SUMARIO
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, respecto a una solicitud del diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, presenta iniciativa de reformas al artículo 26 constitucional. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Consuelo Botello Treviño, para rectificar hechos.
Iniciativa de reformas a los artículos 5o. y 6o. de dicho ordenamiento, enviada por el Congreso del Estado de Yucatán. Se turna a la Comision de Comercio.
Punto de acuerdo enviado por la Comisión de Gobierno, de ese cuerpo colegiado, donde solicita reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la del Distrito Federal.
El diputado Eduardo Arias Aparicio, presenta iniciativa de reformas a dicho ordenamiento. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Dictamen de la Comision de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Cruz Román Fernández, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe Raúl Valdés y Aguilar, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luciano Eduardo Joublanc Montaño, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ezequiel Padilla Couttolenc, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese Reino. Es de primera lectura.
Dictamen de la Cornisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge tlumberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Javier Villanueva Guerrero, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Corrales Dórame, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Marcela Téllez Recinas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa República en Méxlco. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernacion y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Pauline Joan Nielsen, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese Reino en México. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Esperanza Gómez Salas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
Se aprueban este dictamen y los anteriorrnente reservados. Se turnan al Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
La diputada María del Rosario Robles Berlanga, presenta punto de acuerdo. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertacion Política.
La diputada María del Carmen Segura Rangel, presenta punto de acuerdo respecto a la seguridad pública. Se aprueba.
Para referirse a asuntos políticos con respecto a propaganda, hace uso de la palabra el diputado Manuel Arciniega Portillo.
Para rectificar hechos hacen uso de la palabra los diputados:
Jaime Mariano del Río Navarro
José Alejandro Zapata Perogordo
El diputado César Raúl Ojeda Zubieta, presenta pronunciamiento firmado por diputados de todas las fracciones parlamentarias representadas en la LVI Legislatura.
Denuncia hechos relacionados con el proceso electoral de esa entidad, el diputado José Alberto Castañeda Pérez.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados:
Eric Eber Villanueva Mukul
Luis Felipe Mena Salas
Eric Eber Villanueva Mukul
Tuffy Gaber Arjona
José de Jesús Zambrano Grijalva
José Alberto Castañeda Pérez
El diputado Carlos Núñez Hurtado, da lectura a un ocurso remitido por diversas etnias de esa entidad, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León.
El diputado Gerardo de Jesús Arrellano Aguilar, informa que su Instituto polttico, inició juicio en contra de las reformas a dicho ordenamiento.
Apoya la acción a nombre de su grupo parlamentario, el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera, se refiere a problemas laborales en esa empresa.
El diputado Rafael Jacobo García, presenta punto de acuerdo respecto a la materia agropecuaria incluida en la firma de este tratado. Se turna a la Comision de Agricultura.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado
Alejandro Moreno Berry
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia.
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Hay una asistencia de 277 diputados. Hay quorum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11:23 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Se va a dar lectura al orden del día, para la sesión ordinaria de este día, 30 de marzo de 1995.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.
30 de marzo de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Guanajuato.
Comunicación de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
De reformas al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De reformas a los artículos 5o. y 6o. de la Ley de las Cámaras de Comercio y de la Industria de la Transformación, del Congreso del Estado de Yucatán.
Solicitud de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
De reformas al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Arias Aparicio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Carlos Cruz Román Fernández, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Felipe Raúl Valdez y Aguilar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Luciano Eduardo Joublanc Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la orden al Mérito de la República de Hungría, en grado de Media Cruz con Estrella, que le confiere el Gobierno de Hungría.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Ezequiel Padilla Couttolenc, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Especial de la Junta Interamericana de Defensa, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Javier Villanueva Guerrero, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Francisco Corrales Dórame, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Marcela Téllez Recinas, para prestar servicios como secretaria administrativa, en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Pauline Joan Nielsen Jaubert, para prestar servicios como asesora comercial, en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Esperanza Gómez Salas, para prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Proposición con punto de acuerdo, relativa al Sistema de Planeación, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Proposición de punto de acuerdo, relativa a la Seguridad Pública en el Distrito Federal, a cargo de la diputada María del Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre asuntos políticos del Distrito Federal, a cargo del diputado Manuel Arciniega Portillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Régulo Pastor Fernández Rivera:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la Sesión de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado
Froylán Velázquez Hernández
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y nueve minutos del martes veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de trescientos veintinueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que con un comentario del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se aprueba en votación económica.
Se da cuenta con la solicitud de licencia del diputado Marcos Carlos Cruz Martínez y la Asamblea aprueba el punto de acuerdo respectivo.
Una comunicación del Congreso del Estado de Campeche, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Carlos Cruz Román Fernández, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América y
Felipe Raúl Valdés y Aguilar, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Otro oficio de la misma Secretaría, comunicando que el ciudadano Julio Bonifaz Rodríguez, ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Dos minutas de la Cámara de Senadores, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Luciano Eduardo Joublanc Montaño, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Hungría y
Ezequiel Padilla Couttolenc, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley del Notariado para el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
Un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las obligaciones denominadas unidades de inversión, y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Es de primera lectura.
La Asamblea dispensa la segunda lectura y la Presidencia concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Gabriela Leñero Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la comisión, fundamenta el dictamen.
A discusión en lo general, hace uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, quien motu proprio se pronuncia en contra y, posteriormente, pasan a la tribuna, para expresar sus opiniones en pro, los diputados: Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Ayala López, del Partido Acción Nacional; José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática; Oscar Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional; Taide Aburto Torres, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del mismo partido; Alfonso Molina Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional; José de Jesús Preciado Bermejo, del Partido Acción Nacional, y Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y no habiendo reserva de artículos para la discusión en lo particular, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y tres votos contra uno. Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a un punto de acuerdo, firmado por los grupos parlamentarios integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura, a fin de que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dictamine diversas iniciativas presentadas por legisladores.
Fundamentan su postura al respecto, los diputados: Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional; Alfonso Reyes Medrano, del Partido Revolucionario Institucional y Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo.
Se da primera lectura a seis dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América;
Javier Villanueva Guerrero, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México;
Francisco Corrales Dórame, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México; Marcela Téllez Recinas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México;
Pauline Joan Nielsen Jaubert, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México y
Esperanza Gómez Salas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos en contra del ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón, Guerrero y, posteriormente, también al diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a un punto de acuerdo, que la Asamblea aprueba en votación económica.
Para referirse al desfile obrero conmemorativo del primero de mayo, hace uso de la palabra el diputado Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.
Para referirse a lo que calificó de fraude en las elecciones municipales en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, hace uso de la palabra el diputado Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Pasa a la tribuna el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos en el Reclusorio Norte. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Para dar lectura a un recorte periodístico relacionado con la conmemoración del primero de mayo, pasa a la tribuna el diputado Manuel Marcué y Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar, quien se refiere al impuesto al valor agregado y al amparo que en contra del mismo ha interpuesto.
Pasa a la tribuna el diputado Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional, quien solicita que se excite a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que dictamine una iniciativa de su partido, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Planeación. El Presidente hace la excitativa.
Para presentar un punto de acuerdo respecto a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, hace uso de la palabra el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Para referirse a la reforma constitucional en materia electoral en el Estado de Sinaloa, hacen uso de la palabra los diputados Alejandro Higuera Osuna, del Partido Acción Nacional y Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática.
Desde su curul, el diputado Sánchez Ochoa, solicita que se verifique el quorum y el Presidente ordena que se pase lista de presentes, acción que es interrumpida por el diputado Moreno Collado, quien presenta moción de orden y el Presidente, con base en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, instruye a la Asamblea para que continúe la sesión y concede el uso de la palabra, para rectificar hechos o contestar alusiones personales, a los diputados: Rafael Núñez Pellegrín, del Partido Acción Nacional; Jorge Abel López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Higuera Osuna, del Partido Acción Nacional; Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; José Carmen Soto Correa, del Partido Revolucionario Institucional y Gonzalo Alarcón Bárcena, del Partido Acción Nacional.
A solicitud de los diputados Soto Correa y Alarcón Bárcena, se eliminan de las versiones estenográficas, las frases que pudieran ser ofensivas para el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León y el ex candidato del Partido Acción Nacional, a la presidencia de la República, Diego Fernández de Cevallos Ramos.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas, citando para la que tendrá lugar el jueves treinta de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE GUANAJUATO
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Secretarios .- Cámara de Diputados.- México, D.F.
La diputación permanente del honorable LVI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión celebrada en esta fecha, abrió su segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al primer año de su ejercicio legal; designando la mesa directiva de la siguiente manera: presidente, Francisco Alejandro Lara Rodríguez; vicepresidente, Facundo Castro Chávez; primer secretario, Abel Lira Ramírez; segundo secretario, José Raya Rodríguez y prosecretario, J. Cruz González Granados.
Asimismo se les comunica que con fecha 16 del propio mes y año se clausuró dicho periodo.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 10 de marzo de 1995.- Abel Lira Ramírez, y José Raya Rodríguez, diputados suplentes.»
De enterado.
PRESOS POLITICOS
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
«Secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Por este conducto nos permitimos someter a su distinguida consideración, la reposición del turno de la propuesta del diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, "para que los ciudadanos Demetrio Hernández Rojas y Félix Hernández Estrada, sujetos a proceso, por hechos vinculados con el EZLN, gocen de los beneficios de la ley de amnistía (anticipada), para los presos relacionados con el conflicto chiapaneco", enviada a estas comisiones unidas el pasado 9 de marzo.
Debemos señalar, primero, que el turno original del Presidente de la mesa directiva, conforme a la versión estenográfica respectiva, fue "a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política". En segundo lugar, una posible ley de amnistía deberá ser una normatividad cuyo ámbito personal de validez sea genérico y no individualizado, caso aquél por el que se obliga o faculta a todos los comprendidos dentro de la clase designada por la norma, mas no a miembros individualmente determinados.
Finalmente, con objeto de no desatender la proposición del diputado Rascón Córdova, nos permitimos recomendar que su solicitud sea turnada a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Agradeciendo el favor de su atención, manifestamos a ustedes las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
México, Distrito Federal, a 28 de marzo de 1995.- diputado Dionisio E. Pérez Jácome, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; diputado Fernando Pérez Noriega, presidente de la Comisión de Justicia.»
El Presidente:
Túrnese la proposición presentada el día 9 de marzo del presente año, por el diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Zeferino Torreblanca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para dar lectura a una iniciativa de reformas al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo:
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores; secretarios de la Cámara de Diputados:
«De conformidad con los artículos 71, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentamos la siguiente iniciativa de decreto que reforma los párrafos tercero y cuarto del artículo 26 y la fracción 29 inciso d, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la institución conductora y coordinadora de la actividad económica nacional es el Estado. El ejercicio de esta función implica la corresponsabilidad del Poder Ejecutivo y el Legislativo, así como la participación de los distintos niveles de gobierno de la Federación.
La planeación ha sido reconocida como un medio indispensable para orientar el desarrollo nacional, dirigida a fortalecer la soberanía y la independencia de la nación. Por medio de la planeación se debe de buscar que el crecimiento económico sea estable y sostenido, ampliando el bienestar social y cerrando la brecha de la desigualdad.
La planeación es una acción deliberada y racional que se instrumenta por medio de las instituciones del Estado. Debe ser entendida como un ejercicio de previsión y acción ordenada, democráticamente asumida y expresada, que permita la consolidación de una nación soberana, que ejerza plenamente su dominio sobre sus recursos naturales y humanos, permitiendo la distribución equitativa y justa de la riqueza nacional, y que le facilite su relación, en igualdad de condiciones, con la comunidad internacional. Constitucionalmente está definido de dicha planeación será democrática.
Para que esto suceda realmente, es necesario que sea en verdad una práctica descentralizadora, garantizando la participación de toda la sociedad, en los diferentes ámbitos administrativos y territoriales, con el objetivo de superar los obstáculos que frenan o distorsionan el desarrollo nacional.
2. Con la reforma constitucional del año de 1983, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, se establece la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. En ese mismo año se promulgó la Ley de Planeación, reglamentaria del artículo 26 de la Constitución.
Atendiendo a dichas disposiciones legales es que en México se han promulgado el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y el de los años 1989-1994. La experiencia de los últimos dos gobiernos es ilustrativa al respecto y nos señala las limitaciones que el actual marco legal aún contiene, para que la planeación sea un genuino instrumento del desarrollo y de la acción democrática.
En los últimos 12 años se ha presentado una gran incongruencia entre los objetivos señalados en los planes y la política económica y social practicada por los gobiernos de esos años.
Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 planteó dos líneas principales de acción: la reordenación de la economía y el cambio estructural, entendiéndose por esto último, aquel que "da prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías y al fortalecimiento del mercado interno, fundamentalmente en alimento, vivienda, educación, salud y asistencia social, transporte colectivo, recreación y calidad de la vida".
Los saldos del Gobierno de Miguel de la Madrid demostraron que los objetivos del plan no sólo fueron incumplidos, también se agudizaron los fenómenos que se buscaba atender.
Así, hubo una severa contracción del mercado interno, producto de la política de contención salarial, la liberación de precios y el incremento del desempleo abierto de la población. En el plano más amplio, las condiciones generales de vida de la mayoría de la población sufrieron también un brusco deterioro, reflejándose en los niveles de servicios y asistencia social que el citado Plan Nacional de Desarrollo pretendía encarar.
En el Gobierno anterior fue más evidente la contradicción entre la política económica vigente y los objetivos constitucionales, establecidos en el artículo 26, primer párrafo de la Carta Magna, que a la letra dice: "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación".
La actual situación de emergencia económica que vive el país nos habla de la debilidad de una conducción económica excesivamente centralizada, además de ser la demostración palpable de la insuficiencia de la política económica del régimen anterior.
México requiere de fortalecer los instrumentos constitucionales que hoy tiene a la mano para encontrar un rumbo económico que sea sólido, sustentable y que arroje beneficios a la mayoría de la población. Al mismo tiempo, requiere que esos instrumentos sean un reflejo fiel del pluralismo político y del avance democrático.
No hay, por lo tanto, argumento legal ni económico alguno que pueda justificar la existencia del predominio del Poder Ejecutivo en la denominada planeación democrática.
3. La democratización real del proceso de planeación debe de verse no como un asunto exclusivamente económico, de suyo importante, sino ante todo como una parte muy importante del proceso de reforma del poder. También debe de ser un elemento fundamental de la corresponsabilidad que debe de existir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
La planeación democrática debe de ser un proceso organizado de descentralización, en donde la acción corresponsable del Ejecutivo y el Legislativo permita la aprobación, ejecución y vigilancia de lo establecido por el plan nacional.
La corresponsabilidad implica una reforma del artículo 26 constitucional vigente, en su párrafo tercero, para otorgarle mayores facultades al Poder Legislativo en la aprobación del plan y la determinación de los órganos responsables del proceso de planeación en su conjunto, hoy reservada de manera exclusiva para el Ejecutivo Federal.
Con esta modificación deberá de modificarse, además, el actual párrafo cuarto del citado artículo, que establece, de manera ambigua e insuficiente, el papel destinado al Congreso.
Con el nuevo párrafo cuarto se garantiza que el Congreso apruebe, en definitiva, el Plan Nacional de Desarrollo. Esta es una cuestión fundamental para garantizar el equilibrio de poderes y una verdadera participación del Congreso en las tareas de planeación.
De ser aprobada esta iniciativa, el Congreso de la Unión deberá proceder a la reforma de la ley secundaria, para precisar en su letra las facultades relativas a cada uno de los poderes, las cuales se modifican con la actual iniciativa de reforma.
Por las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS PARRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTICULO 26 Y LA FRACCION XXIX-D DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo primero. Se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"La ley facultará a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, para que establezcan los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y determinen conjuntamente los criterios para la formulación, instrumentación control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones para su elaboración y ejecución."
"Corresponde al Congreso de la Unión la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo."
Artículo segundo. Se modifica la fracción XXIX-D del artículo 73 constitucional para quedar como sigue:
" Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a XXIX-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXIX-D. Para examinar y en su caso, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y expedir las leyes sobre la Planeación Nacional de Desarrollo Económico y Social."
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrara en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 será formulado y aprobado conforme a las normas de este decreto. El Congreso de la Unión expedirá una nueva ley de planeación en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto."
Rúbricas.»
El Presidente:
Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Para hacer unos comentarios tiene la palabra la diputada Consuelo Botello.
La diputada Consuelo Botello Treviño:
Señor Presidente; señores diputados:
Dada la importancia de esa iniciativa que acaba de presentar nuestro compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática, no quise dejar pasar este momento para hablar acerca precisamente, hacer una aclaración a este respecto.
De veras, es tan importante que el Congreso, el Poder Legislativo tenga más que ver respecto a la formulación del Plan Nacional del Desarrollo, que mis compañeros senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional, en la sesión de ayer de la colegisladora, presentaron precisamente una iniciativa de modificaciones al artículo 26 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y quiero entonces enfatizar, no voy a leer por supuesto la iniciativa, que tiene mucha semejanza con la que hoy posteriormente presenta aquí en nuestra Asamblea el Partido de la Revolución Democrática, pero sí quiero enfatizar algunos aspectos que planteamos en esta iniciativa de nuestros compañeros senadores.
Planteamos la cuestión de que el artículo 26 establece la facultad del Estado, no del Presidente de la República, de establecer la planeación democrática y en la fracción IV de esta iniciativa nosotros establecemos, a través de los senadores, que los tiempos actuales demandan una mayor participación y corresponsabilidad entre los poderes de la Unión, para intervenir en los asuntos y decisiones públicas que redundarán en beneficio del pueblo de México.
La naturaleza centralista del sistema político ha causado el retraso y falta de una democracia política; es necesario transformar el ejercicio del poder para servir efectivamente a los ciudadanos y dentro de estas transformaciones incluimos la de disminuir las facultades del Poder Ejecutivo y ampliar las del Legislativo, para que funcione como contrapeso del Ejecutivo y para que el pueblo, a través de su representación, diputados y senadores, intervenga en los asuntos y decisiones públicas.
En la fracción V de nuestra iniciativa, nosotros consideramos que el Partido Acción Nacional en la campaña de 1994 presentó una plataforma política llamada 1994-2000 y en ella establecemos precisamente la urgente necesidad de reformar el artículo 26, para que no sea el Congreso, la Cámara de Diputados, únicamente la que dé una opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo, sino que establezca las prioridades que la comunidad exige para poder lograr un desarrollo verdaderamente democrático y aceptable.
De acuerdo con eso, la iniciativa nuestra establece también reformas al artículo 26 en el párrafo cuarto donde considera que el Presidente de la República remitirá el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión, para su examen, discusión y en su caso aprobación. En el ejercicio de sus atribuciones y en las diversas ocasiones previstas por la ley, el Poder Legislativo formulará asimismo las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución y revisión del propio Plan Nacional de Desarrollo y también hacemos una modificación a la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución, donde consideramos que el Congreso no solamente debe ver y opinar, sino examinar, discutir y en su caso aprobar lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo o establecer las modificaciones pertinentes.
Por esta razón y dada esta presentación de la iniciativa de nuestros compañeros senadores, yo quisiera pedir a la Presidencia que se adjunte a la propuesta ante la iniciativa que ha hecho el PRD, para que también sea estudiada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el momento que se estudie ya la mencionada del PRD. La dejo aquí.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a desahogar la solicitud de la diputada Botello y desahogar el orden del día.
LEY DE CAMARAS DE COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- LIII Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Secretarios de la Cámara de Diputados, México, D.F.
En sesión de fecha 21 de febrero de 1995, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, en uso de las facultades que le otorgan la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acordó enviar al honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de reformas a los artículos 5o. y 6o. de la Ley de las Cámaras de Comercio y de la de Industria. Se adjuntan los siguientes documentos:
1. Copia certificada constante de cuatro fojas útiles, del escrito de fecha 15 de junio de 1994, que el diputado al Congreso del Estado, Carlos Castillo Solís, dirigió a esta cámara del Estado de Yucatán.
2. Copia certificada del dictamen de fecha 20 de febrero de 1995, signado por los diputados: Roque Castro González, Rolando Bello Paredes, Rodolfo Menéndez Menéndez, Jorge Isaac Sabido Castillo y Jorge Carlos Ramírez Marín, integrantes de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, de la LIII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Yucatán.
3. Copia certificada del acuerdo de fecha 21 de febrero de 1995, que emitió el honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, que aprobó e hizo suya la iniciativa dirigida al Congreso de la Unión, a fin de que se reformen los artículos 5o. y 6o. de la Ley de las Cámaras de Comercio y de la de Industria.
4. Un ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, No. 27806, de fecha 24 de febrero de 1995, en el cual se publica el acuerdo; de enviar la iniciativa que nos ocupa, al Congreso de la Unión.
Ruego a ustedes que en términos del artículo 71 ya invocado, previo los trámites de ley, se turne esta iniciativa de la legislatura del Estado de Yucatán a la comisión que corresponda.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Relección.
Mérida, Yucatán México, 6 de marzo de 1995.- Diputado Roque Castro González.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Comercio.
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
La secretaria Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Asamblea de Representantes del Distrito Federal.- I Legislatura.
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Por este conducto, nos es grato comunicar a usted que el pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura. En la sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, acordó un punto de acuerdo propuesto por los miembros de la Comisión de Gobierno de este cuerpo colegiado, representantes Manuel Jiménez Guzmán, María Dolores Padierna Luna, Francisco González Gómez, Jorge Emilio González Martínez, Amado Treviño Abatte, Luis Velázquez Jaacks y Paloma Villaseñor Vargas, por el que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, hace una respetuosa solicitud al honorable Congreso de la Unión, para que, con base en sus atribuciones, practique las reformas necesarias al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para aplazar la fecha de las elecciones de los consejos de ciudadanos, así como la instalación de los mismos.
Al comunicar a usted lo anterior, mucho le agradeceremos su valiosa intervención, a fin de que se pueda dar cumplimiento a la solicitud de este órgano de representación ciudadana.
Atentamente.
México D.F., a 30 de enero de 1995.- Por la mesa directiva: representantes Eduardo Morales Domínguez, presidente; Mario Valentín Pérez Ponce y Javier Salido Torres, secretarios.»
«Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se solicita al honorable Congreso de la Unión reformas al Estatuto del Gobierno del Distrito Federal.
CONSIDERANDO
I. Que de acuerdo al artículo 122 fracción IV inciso g, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Asamblea es competente para legislar en materia de participación ciudadana;
II. Que el artículo 73, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al honorable Congreso de la Unión la facultad de expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994 y legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo las materias expresamente conferidas a la Asamblea;
III. Que los artículos 42, fracción IX en relación con el 126 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, reiteran a la Asamblea de Representantes la facultad para legislar en materia de participación ciudadana;
IV. Que el decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, en su artículo sexto transitorio indica que los consejos de ciudadanos se elegirán e instalarán en 1995, conforme a las disposiciones del propio estatuto;
V. Que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su artículo 125, establece que la elección de consejos de ciudadanos deberá celebrarse en el mes de junio y su instalación en el mes de agosto de 1995;
VI. Que la convocatoria de la Asamblea de Representantes del D.F. para la celebración del primer periodo de sesiones extraordinarias establece, entre otros puntos a tratar, el relativo a la iniciativa de ley de participación ciudadana del Distrito Federal;
VII. Que los trabajos conjuntos de los diversos grupos partidistas representados en esta Asamblea en tomo de la iniciativa de ley de participación ciudadana, buscan establecer consensos; en este orden de ideas estimamos de gran importancia dejar que dichos trabajos avancen al ritmo que requieran las diversas fuerzas políticas para ello;
VIII. Que el proyecto de iniciativa de ley de participación ciudadana, aún no ha sido concluido;
IX. Que del análisis en torno del proyecto de ley de participación ciudadana, que se ha venido realizando ante diversas instancias, existe un consenso mayoritario en el sentido de aplazar la discusión y aprobación, en su caso, de dicha ley, a fin de permitir que la misma contemple amplios consensos entre los diversos grupos partidistas que participan;
X. Que con fecha 25 de enero de 1995, la mesa para la reforma política del Distrito Federal, emitió una convocatoria para que la ciudadanía y las organizaciones de la ciudad participen en los foros públicos de consulta sobre la reforma política para el Distrito Federal, mismos que se han estado realizando y que concluyen el 14 de marzo próximo;
XI. Que los resultados de esos foros serán analizados por la mesa y sus conclusiones podrán incluirse en la legislación del Distrito Federal y
XII. Que por las anteriores razones, los integrantes de la Comisión de Gobierno de esta Asamblea que suscribimos este acuerdo, estimamos necesario que se aplacen las fechas de la elección e instalación de los consejos de ciudadanos, a fin de contar con más tiempo para la preparación y organización del proceso electoral de los consejos de ciudadanos.
En virtud de lo anterior, la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, tiene a bien suscribir el siguiente
ACUERDO
Primero. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, hace una respetuosa solicitud al honorable Congreso de la Unión, para que, con base en sus atribuciones, practique las reformas necesarias al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para aplazar la fecha de las elecciones de los consejos de ciudadanos, así como la instalación de los mismos. Este aplazamiento tiene como objetivo encontrar los acuerdos indispensables para garantizar elecciones transparentes y representativas.
Segundo. Toda vez que la iniciativa de ley de participación ciudadana, en la que han trabajado todos los grupos partidistas representados en esta Asamblea, aún no se encuentra concluida, se determina posponer su discusión y aprobación, en su caso. Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Gobierno el 30 de enero de 1995.-Representantes: Manuel Jiménez Guzmán, María Dolores Padierna Luna, Jorge Emilio González Martínez, Luis Velázquez Jaacks, Francisco González Gómez, Amado Treviño Abatte y Paloma Villaseñor Vargas.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.
LEY DE PLANEACION
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eduardo Arias Apariciod, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Eduardo Arias Aparicio:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
«Los que suscriben, diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta cámara, la presente iniciativa para adicionar dos párrafos al artículo 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, con base en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Considerando
1o. Que el artículo 74, fracción IV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben dictarse para cubrirlos."
2. Que una de las responsabilidades más importantes de la Cámara de Diputados, es la indicada en el artículo 74 ya mencionado.
3. Que es de todos conocido que en el lapso de tiempo en que es entregado el proyecto de egresos de la Federación y su aprobación por esta cámara, es imposible cumplir responsablemente con lo que establece el párrafo cuarto del artículo 74 de la Constitución.
4. Que en las dos últimas legislaturas, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública ha reconocido que no es posible proponer modificaciones al proyecto de presupuesto entregado por el Ejecutivo, ya que no se tienen elementos para poder analizar las consecuencias que tendría el hacer disminuciones o aumentos en cualesquier de los ramos que integran el presupuesto.
5. Que lo anterior ha sido indicado en los dictámenes que han elaborado las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, por ejemplo:
a) Dictamen presentado el 21 de diciembre de 1990 por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LIV Legislatura.
"Los integrantes de la comisión manifiestan el propósito que la Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus atribuciones, incida en mayor medida en la definición de la magnitud y orientación del presupuesto; para lo cual acuerdan establecer un sistema de trabajo interno de la propia comisión, que le permita allegarse la información para hacer análisis más de fondo de los principales programas.
Este análisis debe permitir que la comisión durante el proceso de estudio y aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para 1991, en su caso, proponga al pleno de la Cámara de Diputados, modificaciones en las asignaciones presupuestales a fin de privilegiar programas prioritarios y reducir en paralelo erogaciones que no tengan un efecto tangible en el bienestar social y en el desarrollo nacional."
b) Dictamen presentado el 17 de diciembre de 1991, por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LV Legislatura:
"Con objeto de seguir con el análisis en cuanto a la factibilidad de mejorar en tiempo y forma la presentación del proyecto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, se estima pertinente integrar dentro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, un grupo de trabajo pluripartidista que realice los estudios procedentes y, en su oportunidad, presente las conclusiones y recomendaciones conducentes a dicha comisión."
c) Dictamen presentado el 14 de diciembre de 1992, por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LV Legislatura:
"Finalmente, los diputados participantes consideraron la conveniencia de estudiar la posibilidad de que la Cámara de Diputados, a través de la presidencia de esta comisión, solicite del Poder Ejecutivo, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el intercambio de ideas y opiniones en torno de la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, previo a su presentación a la Cámara de Diputados en la fecha prevista por la Constitución.
Asimismo, se planteó la necesidad de establecer mecanismos de comunicación con las áreas del ramo para obtener oportunamente la información adicional que solicite la propia comisión. Todo ello permitirá contar con mejores elementos para cumplir la función que le compete en materia presupuestal."
6. Que lo anterior se ha quedado en "buenas intenciones", pero no se ha hecho nada en la práctica.
7. Que por los sucesos económicos de los últimos meses, ha quedado demostrada la necesidad de que la Cámara de Diputados, tenga una intervención más decisiva en los planes económicos del Ejecutivo y cuente con el conocimiento total de cómo fue elaborado el proyecto de presupuesto y pueda hacer modificaciones o adecuaciones tanto en la magnitud como en la orientación del presupuesto.
Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adicionan dos párrafos al artículo 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, para quedar como sigue:
" Artículo 11. La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, intervendrá en el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, integrando grupos de trabajo con las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conocer y analizar los anteproyectos de presupuestos de cada entidad indicadas en el artículo 17 de esta ley, y así estar en posibilidades de proponer modificaciones en las partidas presupuestales.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, elaborará el mecanismo para que las correspondientes comisiones de la Cámara de Diputados, relacionadas con las entidades en el artículo 17 de esta ley, colaboren en lo indicado en el párrafo anterior.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará obligada a proporcionar, a solicitud de los diputados al Congreso de la Unión, todos los datos estadísticos e información general que puedan contribuir a una mejor comprensión de las proposiciones contenidas en el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación."
TRANSITORIO
Unico. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados Eduardo Arias Aparicio, David Vargas Santos, Manuel Beristáin, Marcos Efrén Parra Gómez y Kurt Thomsen D'Abbadie.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Gerardo Macario Rodríguez Rivera:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Carlos Cruz Román Fernández, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Carlos Cruz Román Fernández, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de marzo de 1995.- Diputados Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Leonel Godoy Rangel, * Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Víctor Samuel Palma César, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez y Eugenio Ortiz Walls.»
Es de primera lectura.
__________ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
REPUBLICA DE COLOMBIA
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe Raúl Valdés y Aguilar, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Felipe Raúl Valdés y Aguilar, para aceptar y usar la condecoración de la orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de marzo de 1995.- Diputados Dionisio E. Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero, Oscar Villalobos Chávez, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, * Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Víctor Samuel Palma César, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda y Eugenio Ortiz Walls.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE HUNGRIA
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano embajador Luciano Eduardo Joublanc Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República de Hungría, en grado de Media Cruz con Estrella, que le confiere el Gobierno de Hungría.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Luciano Eduardo Joublanc Montaño, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República de Hungría, en grado de Media Cruz con Estrella, que le confiere el Gobierno de Hungría.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de marzo de 1995.- Diputados Dionisio E. Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, José Castelazo y de los Angeles, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ernesto Luque Feregrino, Isidro Muñoz Rivera, Ignacio Ovalle Fernández, Francisco José Peniche y Bolio, José Ramírez Gamero, Oscar Villalobos Chávez, Salvador Beltrán del Río, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, * Saúl González Herrera, Ignacio González Rebolledo, Franciscana Krauss Velarde, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Víctor Samuel Palma César, Fernando Pérez Noriega, Píndaro Urióstegui Miranda y Eugenio Ortiz Walls.»
Es de primera lectura.
__________ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
REINO DE LOS PAISES BAJOS
El secretario Abel Eloy Velasco Velasco:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Ezequiel Padilla Couttolenc, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al embajador Ezequiel Padilla Couttolenc, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de marzo de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa>, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, * Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez y Eugenio Ortiz Walls.»
Es de primera lectura.
__________ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
La secretaria Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Especial de la Junta Interamericana de Defensa, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Especial de la Junta Interamericana de Defensa, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Eugenio Ortiz Walls, Ricardo García Cervantes, Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, * Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Ignacio valle Fernández, Víctor Simule Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
__________ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario Gerardo Macario Rodríguez Rivera:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Javier Villanueva Guerrero, pueda prestar servicios como auxiliar administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 23 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como auxiliar administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Javier Villanueva Guerrero, para que pueda prestar servicios como auxiliar administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, *Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez y Eugenio Ortiz Walls.»
Es de segunda lectura.
__________ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 14 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Corrales Dorame, pueda prestar servicios como supervisor de programa en el departamento de agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 23 de marzo, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certifica del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como supervisor de programa en el departamento de agricultura, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Corrales Dórame, para prestar servicios como supervisor de programa en el departamento de agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, * Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez y Eugenio Ortiz Walls.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE SUDAFRICA
El secretario Régulo Pastor Fernández Rivera:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 22 de marzo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Marcela Téllez Recinas, para que pueda prestar servicios como secretaria administrativa, en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 23 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México, serán como secretaria administrativa, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Marcela Téllez Recinas, para prestar servicios como secretaria administrativa en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfías Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, *Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez y Eugenio Ortiz Walls.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
__________ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
REINO DE DINAMARCA
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 22 de marzo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Pauline Joan Nielsen Jaubert, para que pueda prestar sus servicios como asesora comercial en la Embajada del Reino de Dinamarca en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 23 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada del Reino de Dinamarca en México, serán como asesora comercial, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Pauline Joan Nielsen Jaubert, para que pueda prestar sus servicios como asesora comercial en la Embajada del Reino de Dinamarca en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, * Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez y Eugenio Ortiz Walls.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (III)
El secretario Abel Eloy Velasco Velasco:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 22 de marzo del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Esperanza Gómez Salas, para que pueda prestar servicios como Auxiliar Contable en la Embajada de los Estados Unidos de América en la ciudad de México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 23 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la ciudad de México, serán como auxiliar contable, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Esperanza Gómez Salas, para prestar servicios como auxiliar contable en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de marzo de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, * Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez y Eugenio Ortiz Walls.»
Es de segunda lectura.
_________ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
__________ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario Gerardo Macario Rodríguez Rivera:
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 293 votos en pro, ninguno en contra.
El Presidente:
Se han aprobado los proyectos de decreto por 293 votos.
El secretario Gerardo Macario Rodríguez Rivera:
Pasan al Senado y al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Rosario Robles Berlanga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, relativo al sistema de planeación.
La diputada María del Rosario Robles Berlanga:
Compañeras y compañeros diputados:
Mucho se ha discutido últimamente sobre el papel y el carácter del Legislativo, su autonomía y su participación en las grandes decisiones nacionales. No sin significativos tropiezos, esta LVI Legislatura ha intentado inaugurar una nueva relación con el Ejecutivo. Ahí está la importante experiencia de la Comisión para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas, sus logros no son de poca monta, hablan sobre todo de la posibilidad de encontrar nuevos caminos en el marco de la pluralidad y la diversidad, hablan de la posibilidad de fincar sólidos consensos que no significan de ninguna manera subordinación, sino relación entre pares y entre iguales...
El Presidente:
Permítame, señora diputada.
Nueva y respetuosamente nos permitimos hacer la exhortación a los señores diputados para poner atención a la oradora.
La diputada María del Rosario Robles Berlanga:
Decíamos que hoy los diputados tenemos un nuevo reto enfrente. En los próximos días se iniciará una etapa de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que el Ejecutivo habrá de presentar al Congreso de la Unión, el 31 de mayo. En este proceso queremos participar de manera decidida, pero sobre todo en una condición que nos permita incidir, integrar y sancionar el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso nos interesa hacerles una propuesta, que garantice una participación efectiva, democrática y acorde con las nuevas formas y la nueva cultura política que a gritos reclama la nación y que implique ir más allá de la consulta, pues todos estamos de acuerdo que, como legisladores, nuestro papel no es exclusivamente el de ser consultores o coorganizadores de foros.
Además de convocar y organizar conjuntamente la consulta, queremos asegurar la incorporación efectiva de las propuestas de dicho proceso, en el Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, es fundamental nuestra participación en la integración de dicho plan.
En consecuencia, queremos proponerles la conformación de una comisión legislativa integradora del Plan Nacional de Desarrollo, que participe conjuntamente con la establecida por el Ejecutivo, en su formulación.
Hacemos esta propuesta, porque estamos convencidos de que los diputados no sólo debemos conocer el Plan Nacional de Desarrollo, sino que con miras a fortalecer el ámbito parlamentario, debemos discutir y en su caso modificar o aprobar dicho plan.
En síntesis, estamos interesados en participar en un verdadero proceso de planeación democrática que implica desde la elaboración hasta el seguimiento y la evaluación de las políticas que en todos los ámbitos se ponen en marcha desde el gobierno.
Esta es, a nuestro juicio, la única posibilidad de convertir en realidad el llamado presidencial a participar y, sobre todo a recuperar nuestra historia para repetir aciertos, pero sobre todo para evitar cometer los mismos errores. El momento actual del país así lo demanda, nuestra dignidad como legisladores también. Por ello, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, les hace a todos ustedes la siguiente propuesta de punto de acuerdo:
Esta Cámara de Diputados, acuerda constituir una comisión legislativa cuyas tareas estarán encaminadas a coordinar la participación de dicha instancia en la consulta y en la integración del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Muchas gracias.
El Presidente:
Se toma nota de la proposición de la diputada Robles y se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra, a la diputada María del Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo.
La diputada María del Carmen Segura Rangel:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La reforma al artículo 21 de la Constitución General de la República, que fue aprobada el pasado mes de diciembre de 1994, dispone en su párrafo final que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.
Lo anterior fundamenta la posibilidad de crear el sistema general de seguridad pública del Distrito Federal, que de manera coordinada y metodológica haga frente a la delincuencia y provea mecanismos efectivos que permitan conservar el orden y la tranquilidad social, a través de la definición de una política criminológica integral.
Es importante que la Cámara de Diputados, en funciones de Congreso local, ejercite con oportunidad su competencia en esta materia por sus repercusiones en la convivencia social.
Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad, también tienen competencia en la materia, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados someten a este honorable pleno la siguiente propuesta de
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Justicia y del Distrito Federal inviten al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como al Secretario de Seguridad Pública, para que comparezcan ante el pleno de las mismas, con el objeto de que de manera conjunta con esta representación popular establezcan los lineamientos del Sistema General de Seguridad Pública en el Distrito Federal.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 30 días del mes de marzo de 1995.- Firman los siguientes diputados: Jesús Ortega; Ricardo García Cervantes; Miguel Hernández Labastida; Joaquín Vela; Patricia Garduño; Graciela Rojas; Marco Rascón; René Arce; Manuel Arciniega; Eugenio Ortiz Walls; Alejandro González Alcocer; Ramón Sosamontes; María Elena Alvarez de Vicencio; Luz de Jesús Salazar; Roberto Campa; Oscar González Yánez; Tarcisio Navarrete; Gabriel Llamas; Cecilia Romero; Kurt Thomsen; Irma Cedillo; Florentino Castro; José Castelazo; Ofelia Casillas; Martha Patricia Mendoza; Régulo Pastor; David Vargas y la de la voz, María del Carmen Segura Rangel.»
Solicito, señor Presidente, que se le dé el trámite que prevé el artículo 59 del Reglamento Interior y dejo la propuesta en esta Secretaría. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Para acogerse a lo que dispone el artículo 59 del Reglamento, suplico a la Secretaría consulte a la Asamblea si el asunto se considera de urgente y obvia resolución. En votación económica.
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que esté por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El Presidente:
Sírvase la Secretaría preguntar a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.>
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Señores diputados, se pregunta a esta honorable Asamblea si están de acuerdo en el punto de acuerdo, presentado en esta tribuna.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
DISTRITO FEDERAL (II)
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Arciniega Portillo, del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios en torno a asuntos políticos del Distrito Federal.
El diputado Manuel Arciniega Portillo:
Señor Presidente; estimados colegas:
Es increíble el mimetismo de los diputados del partido oficial, al hacer caso, pero omiso, del sentir de sus electores para el voto en contra del aumento del IVA y, por el otro lado el aceptar la reducción de nuestras dietas.
El diputado Campa, para limpiar sus culpas, ahora nos quiere hacer pagar los errores de su fracción a todos los diputados.
Señores: los legisladores de Acción Nacional sí cumplimos con nuestros electores; somos leales con nuestros representados; nosotros sí hacemos nuestro trabajo y por eso consideramos que es una medida populista y demagógica para limpiar los jitomatazos y las verduras que les han caído últimamente, para limpiar las torpezas y las tropelías, que acostumbran. ¡Para muestra, basta un botón!
El 16 de febrero, en el área de fotocopiado de esta cámara, encontré reproduciéndose material y propaganda política del PRI, del Distrito Federal. Esta propaganda, señores, éstas son las pruebas fotográficas y dos testigos presentes de este tipo de asuntos que pensamos que ya habían quedado en el pasado. Bastante malita la propaganda, por cierto; esta propaganda ya se ha repartido en mi distrito, lo que es la Roma, la Condesa y es Ernesto Zedillo, falta que... bueno.
Señores, esto es intolerable, es inadmisible, es dinero del pueblo, son recursos públicos que se están utilizando con fines partidistas. No podemos tolerar.
Señores diputados del PRI: es tiempo que aprendan a ser un partido político, dejen de creer que son un partido de Estado.
Exigimos, colegas, todos una investigación exhaustiva, una comisión plural que investigue este asunto y exija al Comité de Administración que se levante una demanda penal contra quien resulte responsable de haber autorizado estas copias, fueron miles y miles de copias.
Asimismo, desde esta tribuna exhorto a todos los empleados públicos de todas las dependencias, de todos los organismos, de todas las delegaciones y ayuntamientos, para que denuncien públicamente a través de los comités distritales y estatales de Acción Nacional, sobre todo este tipo de actividades que se están haciendo en toda la República Mexicana.
Existen mejores alternativas y más realistas para la reducción de los gastos. Dejo las pruebas aquí en la Secretaría, para que se lleve a cabo la investigación y espero que no se rompa el hilo por lo más delgado, como siempre.
El Presidente:
Un momento, señor diputado.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles (desde su curul):
Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al orador.
El Presidente:
Diputado Arciniega, el diputado José Castelazo desea hacerle una pregunta. ¿La admite usted, señor diputado?
El diputado Manuel Arciniega Portillo:
Claro que sí.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles (desde su curul):
Nos puede usted decir la fecha y el número de oficio en donde se solicitaron sacar estas copias dentro de la Cámara de Diputados.
El diputado Manuel Arciniega Portillo:
La fecha es el 16 de marzo, aproximadamente a las 11 de la mañana. Yo soy testigo presencial; yo solicité al fotógrafo que tomara las placas y además existen otros testigos.
El número de oficio, es un documento... espero que no se pierda, la autorización.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles (desde su curul):
¿La orden de trabajo?
El diputado Manuel Arciniega Portillo:>
Es parte de la investigación que tiene que hacer el Comité de Administración.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles (desde su curul):
Me parece muy débil esa denuncia.
El diputado Jaime Mariano del Río Navarro (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Jaime Mariano del Río Navarro:
Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:
Simplemente para puntualizar que mi partido está de acuerdo en que se haga la investigación que proceda, respecto de la denuncia que ha presentado aquí el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Sin embargo, yo llamo a la reflexión a mi compañero el diputado preopinante, a efecto de que cuando suba a esta tribuna, lo haga con la responsabilidad que su cargo le exige y si hace denuncia, que pruebe y si no, que se trague su mentira.
Por otro lado, le queremos pedir que cuide las formas. Se trata de plantear asuntos con seriedad, para que tengan resultados para todos. Ha sacado un tema al que en días pasados, como fracción partidista de manera contundente explicamos. No le busque vueltas, es un mensaje de solidaridad al pueblo de México. Si todos nos tenemos que amarrar el cinturón, los diputados del PRI también estamos de acuerdo en formarnos en la fila, que conste.
El que no lo quiera hacer, y lo dijo en ese momento, Sebastián Lerdo de Tejada, que lo rechace. Qué lamentable es ver que hay quien acude a esta tribuna a hablar de patriotismo, y el patriotismo se acaba cuando le tocan el bolsillo. Ojalá sirva esto para reflexión. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Del Río.
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Alejandro Zapata.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
De acuerdo a lo que dijo la persona que me antecedió en el uso de la palabra, debe ser precisamente esta tribuna donde se haga la congruencia de la responsabilidad en el hablar, pero también debe existir el espíritu patriótico a que se refirió anteriormente.
Estamos convencidos de que precisamente somos nosotros los que debemos poner el ejemplo, y no es bueno el utilizar y desviar recursos públicos, por más menores que sean, para favorecer a un instituto político. Es precisamente la responsabilidad de los diputados, la que nos debe conllevar a ese actuar con congruencia y patriotismo, a esa seriedad que debe prevalecer. No son las copias que se sacaron, es el hecho que ha prevalecido durante muchos años en nuestro México y que ahora nos tiene hundidos.
Es ahora donde debemos unirnos, pero unirnos en lo positivo, es ahora donde debemos trabajar precisamente a favor de México y no a favor de los institutos políticos que en no pocas ocasiones han dañado a nuestra patria. Y saben precisamente a dónde me refiero, y saben precisamente cómo se han dado las circunstancias a través de la historia, y ahora nos hablan de que se tienen que hacer denuncias con seriedad y con pruebas.
Compañeros: ése es un hecho público y notorio. Eso ha sido a través de los años una cultura que se ha dado en México, y que es precisamente ahora los diputados los que tenemos que romper con ella. Y se ha hablado en esta tribuna de corrupción, y se ha hablado de desvío de fondos y se ha hablado de muchas otras cosas. ¿Y hasta cuándo, compañeros? ¿Hasta cuándo vamos realmente a asumir la responsabilidad que como diputados nos corresponde y como patriotas es una exigencia? Gracias.
BECARIOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado César Raúl Ojeda Zubieta, para referirse a un tema relativo a los becarios en el extranjero.
El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:
Muchas gracias, señor Presidente:
Este es un pronunciamiento que un grupo de legisladores de distintas corrientes políticas queremos presentar ante esta honorable cámara.
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LVI Legislatura, manifestamos nuestra honda preocupación por la reciente intención del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de reducir la asignación económica correspondiente al Programa Controlado de Becas que beneficiará estudiantes mexicanos residentes en el extranjero.
Consideramos que la medida no es congruente con la insoslayable necesidad de formar recursos humanos de alto nivel que a través de su formación especializada coadyuven al desarrollo de la economía, la tecnología, la ciencia y la cultura. En un país en vías de cambio no se puede disminuir el apoyo a lo indispensable: el derecho a aprender y la facultad para crear soluciones.
La educación en México es una de las herramientas esenciales para fortalecer nuestra capacidad para afrontar las dificultades que nos ha traído la emergencia financiera; al mismo tiempo, es la garantía primera con la que los mexicanos podremos desplegar nuestras aptitudes y libertades para transformar en un marco de democracia y justicia el sistema político y el modelo de nuestra economía.
Uno de los deberes del Poder Legislativo es cuidar que la enseñanza sea un derecho para todos los ciudadanos. Esta tentativa de reducción nos permite insistir en que las condiciones de emergencia no deben reflejarse en los ramos presupuestarios vinculados con la construcción de infraestructura, salarios de los docentes, gastos para la enseñanza, fomento a la cultura, apoyo a la investigación científica o en la formación de profesionistas de alto nivel.
El país siempre se ha distinguido por la vocación de sus habitantes para preservar su cultura y garantizar el acceso a la educación. Exhortamos por ello a las autoridades competentes para que no se consideren medidas de restricción que atenten contra las oportunidades de desarrollo de la educación y la ciencia, porque de ellas también depende la viabilidad futura de la nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo.
Con la lista de los diputados que firman el presente pronunciamiento: Zeferino Torreblanca, Serafín Núñez, Alejandro Higuera, Rodolfo Elizondo, Leonel Cota Montaño, Francisco Peralta, Armando Quintero, José Castelazo, Luis Priego, José de la Cruz Martínez, Samuel Palma, Miguel Angel García, José Luis Flores, Dulce María Sauri Riancho, Ramón Sosamontes, Adolfo Aguilar Zinser, René Arce, Tonatiuh Bravo, José Luis Soto, Salvador Martínez de la Roca, Jorge Padilla, Carlota Botey, Rodimiro Amaya, Antonio Tenorio Adame, Francisco Peniche y Bolio, Lidia Zarrazaga, Prisciliano Gutiérrez, Jaime Martínez del Río, Carlos Flores Vizcarra, Alejandro Rojas Díaz-Durán, Rosa María Cabrera, Jaime Rodríguez, Jesús Salvador Hernández, Jorge Ocejo Moreno, María de la Luz Lima, Jaime Martínez Veloz, Ana Lilia Cepeda y Jorge Castillo. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
La diputada Graciela Rojas tiene la palabra para hacer un pronunciamiento.
La diputada Graciela Rojas Cruz (desde su curul):
Declino.
El Presidente:
Declina la diputada Graciela Rojas.
ESTADO DE YUCATAN
El Presidente:
El diputado José Castañeda, del PAN, para formular una denuncia.
El diputado José Alberto Castañeda Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna para resaltar algunos aspectos relativos al proceso electoral en Yucatán actualmente en desarrollo.
Hay que ver el panorama no como blanco o como negro; tiene diferentes tonos de gris. Podemos resaltar algunos aspectos positivos: la legislación electoral fue aprobada por consenso entre los partidos políticos representados en el consejo local. Se consiguió una distritación electoral mejorada y más representativa.
El Instituto Electoral del Estado se crea como un organismo público, autónomo y permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Consejo Electoral Estatal tiene independencia, al menos en teoría, del Ejecutivo estatal.
Se designa a siete consejeros ciudadanos al consejo estatal por consenso entre cuatro quintas partes del congreso. Existe hasta ese momento un esfuerzo muy grande de concertación política que ha alcanzado a los consejos distritales y ha alcanzado también a algunos consejos municipales.
Cabe también señalar como aspecto positivo, que se sustituyó al primer secretario técnico del consejo estatal, al proponer como coordinador de organización a un reconocido "mapache".
Sin embargo, están por verse algunas otras situaciones. Las condiciones de equidad durante la campaña y los medios de comunicación, algunos propiedad del gobierno.
La actuación de la Sedesol está por verse, al implementar un programa que generará 130 mil empleos eventuales por seis meses a partir de abril. Sin embargo, no de esto vengo a tratar en este momento. Existen otros problemas.
Los partidos políticos no han recibido las partidas económicas que por ley les corresponde para los años de 1994 y 1995; suponemos que esta situación no es sólo del Partido Acción Nacional.
El presupuesto para la elección presentado por el Instituto Estatal Electoral, fue recortado drásticamente y los consejeros han solicitado fondos adicionales a la Secretaría de Gobernación, mediante la presentación de un estudio bastante profundo, comparativo y de las necesidades que requieren para funcionar.
La falta de dinero afecta a todo el proceso; por ejemplo, y a pesar de las fallas en la capacitación de funcionarios electorales en el pasado proceso federal, los actuales capacitadores perciben sueldos del 50%. Consideramos también que las percepciones de algunos funcionarios electorales, son insuficientes, como por ejemplo, no creo que los consejeros ciudadanos estatales sean de calidad inferior 10 veces con respecto a los del IFE, y sí reciben 10 veces menos.
La falta de recursos puede impedir que se implemente el programa de resultados electorales preliminares, que sería un elemento más para la transparencia y tranquilidad de todo el electorado.
Concluyendo, las promesas del Presidente, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León y del gobernador del Estado, el ingeniero Federico Granja Ricalde, se pueden quedar sólo en buenos deseos; si no hay el apoyo económico, se pone en peligro toda la elección, y ¿cómo es posible la independencia y autonomía de un órgano electoral, sin recursos suficientes?
Por lo tanto, compañeros de este honorable Congreso, compañeros de todos los partidos políticos aquí presentes, solicito a ustedes que apoyemos la gestión de esos fondos adicionales que realizan ante la Secretaría de Gobernación los consejeros estatales y el mismo gobernador del Estado.
Finalmente, el pueblo de Yucatán, como todos los mexicanos, ante la falta de cumplimiento de las promesas de bienestar para la familia, del candidato del PRI, quiere ver en los hechos el apoyo económico para cumplir la actual promesa presidencial de elecciones libres y transparentes, y sobre todo, compañeros, incuestionables. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos y por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Eric Villanueva.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor Presidente.
Quiero expresar mi total apoyo y aprobación a la última parte de la intervención del diputado Castañeda, que me antecedió. Es decir, el Partido de la Revolución Democrática apoya que efectivamente el Consejo Electoral Estatal de Yucatán, cuente con los recursos suficientes para que el proceso de ciudadanización de los órganos electorales, sea realizado en las mejores condiciones y que no vaya a utilizarse el argumento de que los ciudadanos no pueden organizar las elecciones.
En ese punto estamos en total acuerdo. Si el presupuesto estatal del gobierno de Yucatán no permite un apoyo suficiente, yo creo que el gobierno Federal debe de entrar a apoyar esta iniciativa, para avanzar en un proceso de democratización del país. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Quiero denunciar aquí, en esta tribuna, que no avanzamos precisamente en el rumbo adecuado o como quisiéramos ver la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos. El día de ayer la Comisión Electoral del Estado, el Consejo Electoral Estatal, desechó la aprobación de la lista de candidatos plurinominales del Partido de la Revolución Democrática, con argumentos de tipo legal, con la presión del representante y de los consejeros ciudadanos comprometidos con el partido oficial, con el PRI, y con el apoyo vergonzante de Acción Nacional.
No es posible entonces hacer política de doble cara. Creo que Yucatán es el único lugar en la República o es de los pocos lugares, porque no existe la legislación federal, donde a los candidatos se les pide que presenten la carta de antecedentes no penales. Ese documento únicamente lo emite la Procuraduría del Estado, y cuando menos en cuatro distritos uninominales no pudimos cubrir a tiempo ese requisito; porque es obvio que la procuraduría no nos los entregó a tiempo y fue hasta el día de ayer cuando nos fueron entregados.
Quiero decir y quiero denunciar también, porque tenemos que ser y actuar con criterios independientemente de la posición que estemos, la actitud del presidente de la comisión distrital del distrito II, de extracción panista, que a todas luces está tratando con argumentos legales de nulificar un distrito uninominal, con lo que en cascada significaría no tener derecho a diputados plurinominales.
Y que sería por la vía de las argucias legales que se permitiera, como hoy ocurre en el actual Congreso local, que las 10 diputaciones plurinominales sean divididas entre el PRI y el PAN.
No estoy de acuerdo en que el proceso de aprobación de la ley local, el proceso de la elección de los consejeros ciudadanos y el proceso de redistritación en Yucatán, haya sido por consenso. Fue una negociación estricta, incluso hasta mercantil, intercambiando posiciones entre el PRI y Acción Nacional. ¡No se puede plantear esta cuestión!
¡Acción Nacional, bajo el supuesto de que podría ganar varios distritos urbanos de Mérida, cedió posiciones que son de gravísima repercusión para el proceso democrático de Yucatán! Quiero solicitar, efectivamente, que esta cámara supervise que los recursos lleguen a la comisión electoral para garantizar que existen los recursos adecuados para el desarrollo del proceso democrático de Yucatán, pero también que se supervise cómo se da cada una de las etapas de ese proceso electoral.
¡Estamos ante la posibilidad de que en acuerdo PRI y PAN, nos dejen fuera de las listas uninominales, sin dejar que sean los electores los que decidan quiénes van a la cámara por la vía de los votos! Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Mena Salas.
El diputado Luis Felipe Mena Salas:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Resulta ilógica la intervención que tuvo el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, puesto que todos los partidos políticos queremos que las elecciones se realicen en un marco jurídico; un marco jurídico en donde la Constitución federal, la Constitución local y la Ley Electoral del Estado fijen los requisitos y condiciones para poder participar en un proceso electoral.
Y en este sentido, en nuestra Constitución estatal se establecen los requisitos para ser candidato al gobierno del estado, para ser candidato a diputado del Congreso del Estado y para ser candidatos a integrar los diferentes ayuntamientos del estado.
En este sentido, única y exclusivamente se procedió con base en derecho, a los requisitos que se exigen. Y si los candidatos del Partido de la Revolución Democrática en ese momento no acreditaron cumplir los requisitos que señalan las leyes, forzosamente, como él mismo reconoce, se atendió a la solicitud jurídica que en esos momentos se planteaba. ¡Estableciendo que el candidato que no pueda cumplir los requisitos que la ley señala, no pueda ser candidato!
Quiero mencionar además, que en este proceso electoral el Partido Acción Nacional> no cedió ninguna posición; simple y sencillamente el Partido Acción Nacional de años atrás venía solicitando una redistribución radial de los distritos electorales. Y en este sentido se dio, considerando que la petición que se ha realizado de años atrás, en esta nueva ley electoral se trataba de fijar los requisitos de equidad, de imparcialidad y de justicia.
Y quiero considerar que el Partido de la Revolución Democrática tiene representantes ante el consejo electoral y en este sentido se sometió a votación y quiero considerar también que la votación no le favoreció para poder considerar lo que solicitaban, inclusive se solicitaba una ampliación para que pudieran presentar el requisito de certificado de no tener antecedentes penales.
Pero así, aún más, considerando que ellos tuvieran el recibo correspondiente de haberlo solicitado en tiempo y forma, quizá la comisión hubiere analizado con mayor profundidad y no hubiese rechazado cabalmente la solicitud de considerar a los solicitantes como candidatos.
Queremos hacer mención de que el Partido Acción Nacional en el Estado de Yucatán se ciñó a la reglamentación jurídica que marcan las diversas disposiciones de la materia y queremos considerar también que el Partido Acción Nacional votó en contra de la admisión por no cumplir los requisitos legales. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Eric Villanueva Mukul, por cinco minutos.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor Presidente.
Yo le diría a los compañeros de Acción Nacional que pues tenemos incluso que cambiar nuestra forma de actuar, es muy terrible, no sólo se vota juntos en las políticas económicas, sino luego se adoptan las mismas posiciones.
El argumento que acaba de presentar el diputado que me antecedió, pues es casi textual al argumento del representante del PRI, y ahí están las versiones y las actas en la comisión electoral el día de ayer. Pero además son medias verdades o medias mentiras, como prefieran; los recibos estaban presentes desde el día 15 de marzo en la comisión electoral y el día de ayer cuando votaron en contra estaban los certificados de antecedentes no penales, estaban todos documentados y cubrían todos los requisitos de elegibilidad. Nada más que debo de aclarar, fueron entregados por la Procuraduría el día de ayer y de eso existen documentos que lo pueden probar.
Pero además hay que decir, el exigir requisitos legales es una manera de darle garantías a la ciudadanía, que los candidatos y las posibles autoridades en sus respectivos niveles reúnen los requisitos de honorabilidad, ciudadanía y elegibilidad para representar adecuadamente a los ciudadanos. Esos requisitos no pueden ser el pretexto para dejar fuera a nadie; por el contrario, el espíritu del Código Estatal Electoral es promover en su artículo 80, promover la participación democrática.
Pero vamos para atrás. En la elección de 1993 uno de los acuerdos que se tomaron fue que la Comisión Estatal Electoral aprobaba en lo general todas las candidaturas y se impugnaba en lo particular aquella que no reuniera los requisitos. Resulta que ahora que vamos hacia el proceso de ciudadanización es más estricto el manejo de esta cuestión.
Pero además hay un elemento: en strictus censu ningún partido entregó a tiempo la documentación. Porque uno de los requisitos establece que hay que entregar, para tener derecho a listas plurinominales, las constancias de aprobación de los candidatos uninominales. Y si fue hace dos días que sesionaron algunos distritos, ¿cómo pudieron el PRI y el PAN tener esas constancias? Y además si fue, de acuerdo a su lectura estricta el proceso de inscripción vencía el día 15 a las 12.00 de la noche, entonces no podemos medir con dos varas y con dos medidas.
Pero si nos vamos para atrás, la entonces candidata de Acción Nacional en elecciones pasadas, ex compañera diputada, no reunía los requisitos de ciudadanía y el PRD entonces se inclinó, aunque no tenía voto en ese entonces, a que se otorgara registro, porque el espíritu de la ley es que participen todos y no dejar a nadie afuera con argucias legales. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Tuffy Gaber Arjona.
El diputado Tuffy Gaber Arjona:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Los yucatecos queremos un proceso limpio y transparente en Yucatán, por eso en diciembre la Ley Electoral del Estado en un consenso en la Cámara de Diputados, fue aprobada por unanimidad, ello ha dado razón para que ahora tengamos en Yucatán una ley muy avanzada y que nos da la seguridad y la certeza de que las próximas elecciones del 28 de noviembre van a ser limpias y transparentes, como lo queremos los yucatecos y como lo queremos todos los mexicanos.
El proceso electoral en Yucatán no va a ser gris, como antes dijo una persona, como antes dijo un diputado. El proceso electoral en Yucatán va a ser limpio, va a ser transparente; pero efectivamente, me solidarizo con el compañero Castañeda y con Eric Villanueva, para lograr que haya recursos suficientes para que puedan los consejeros hacer un papel decoroso y lograr con los recursos que se necesiten que la elección de Yucatán sea lo que queremos los yucatecos.
En relación a que el gobierno del estado de Federico Garza Ricalde y el Gobierno Federal del doctor Ernesto Zedillo pugnan porque en toda la República y porque en especial en Yucatán, en Guanajuato y en los lugares donde este año hay elecciones, sean estas elecciones que queremos todos los yucatecos y todos los mexicanos.
Por eso este apoyo económico que ahora en esta tribuna se ha pedido, los priístas nos solidarizamos con él con esta solicitud para lograr que este apoyo se dé ahora en Yucatán y en los estados en donde vaya a haber elecciones en este año.
No es posible que los consejeros o el contexto de la gente que trabaja en el consejo electoral no cumpla por falta de recursos, es necesario que estos recursos fluyan. Veremos y haremos gestiones como diputados ante el gobierno estatal y haremos lo consecuente si fuera necesario, ante el Gobierno Federal, para que esto se dé y se deseche la idea de que por falta de recursos no vaya a haber unas elecciones limpias y transparentes.
Aquí en esta tribuna consideramos que es tiempo, aún es tiempo que los partidos políticos en los procesos electorales que se van a dar en la República, tengamos la seguridad de que la equidad que va a haber en la distribución de fondos para las campañas, tengamos la seguridad de la limpieza de estas elecciones en todos los estados, para que consecuentemente en la reforma política que se va a hacer en toda la República, tengamos la confianza los mexicanos de que vamos a lograr que nuestra patria salga de cualquier error o cualquier problema que haya habido en relación a otras elecciones.
Estamos conscientes que vamos a seguir luchando, que el trabajo que se debe dar para lograr la reforma electoral única nacional, debe ser consensada y debe ser aprobada en esta cámara, en el Congreso de la Unión, para lograr que los mexicanos tengamos fe, como queremos seguirla teniendo en lo político, para lograr que en estas elecciones del año que ahora se van a realizar en los diversos estados de la República, sean limpias y transparentes como queremos todos los mexicanos. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos y por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nos parece a nosotros que el punto que estamos abordando en estos momentos es de una gran importancia política, porque se da justamente en un momento en el cual se ha anunciado el inicio de una mesa de diálogo para la búsqueda de una reforma democrática del estado y no podemos, a nuestro juicio, en este marco, bajo estas condiciones, ir a contrapelo con acciones que pudieran parecer actitudes de boicot, como si quisieran que transitáramos sobre un camino minado por quienes no quieren realmente ir a una reforma democrática de fondo en las relaciones políticas y en general en la reforma del Estado.
Estamos convencidos de que lo que se está dando en el Estado de Michoacán, constituye un atropello a nuestros derechos constitucionales y legales como Partido de la Revolución Democrática. Nos parece que no se puede, por la fuerza de violentar las disposiciones constitucionales y legales, avanzar hacia la consolidación de fuerzas, de un bipartidismo que estaría por encima de reglas del juego democrático y al margen de ellas.
Como estamos convencidos de esto por lo que aquí ha expuesto nuestro compañero Eric Villanueva, queremos dejar claro que hemos interpuesto los recursos legales correspondientes a que tenemos derecho, para que se nos resarza el daño que se nos ha causado, no por nuestra voluntad, sino por negligencia o dolo de la autoridad correspondiente, que se nos resarza el daño en lo que se refiere a los registros que corresponden a los distritos II, III, VII y XIV locales del Estado de Yucatán y que deben ser resueltos en tiempo y forma por la Comisión Estatal Electoral. Hay tiempo para resarcir el daño y para regresar al marco constitucional y legal, si existe en verdad voluntad política y vocación democrática.
Y queremos establecer además que vamos a interponer, dentro del plazo de las 72 horas a que nos da derecho la Ley Electoral de esta entidad, el recurso también para que el Tribunal Electoral Estatal, resuelva en favor de registrar las listas plurinomimales correspondientes.
Tenemos, insisto y hacemos una exhortación a las autoridades correspondientes y a los partidos representados en esta cámara y que tienen a sus representantes en los organismos electorales, a que se restituya el estado de derecho, que se resarza el daño y que realmente si queremos elecciones democráticas y dentro de un marco de respeto a los partidos políticos, a las fuerzas contendientes y especialmente al estado de derecho, debiéramos también hacer patente con esta voluntad, el compromiso que el día de ayer, en la instalación de la mesa para el diálogo que conduciría la reforma del Estado, podamos también hacerlo patente en el Estado de Yucatán. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos y por cinco minutos, tiene la palabra el diputado José Castañeda.
El diputado José Alberto Castañeda Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Solamente para hacer dos o tres puntualizaciones porque creo que se desvirtuó lo que yo pretendía precisamente en este Congreso.
Primero, rechazo el calificativo de vergonzante que nos hizo el compañero del PRD. Quiero decirle y recordarle que el PRD tiene sus representantes ante el consejo, como los tiene el PRI y como los tiene el PAN y precisamente yo he fungido muchas veces como representante del PAN y lo sigo haciendo ante esas instancias.
El PAN, tanto en Yucatán como en otros lados, hemos apoyado todas las propuestas justas, vengan de donde vengan, así vengan del PRD, como les consta a sus representantes, como yo lo he hecho en apoyo a ellos y también cuando vienen del Partido Revolucionario u otros partidos, apoyamos todas las propuestas justas.
Retomo la propuesta inicial, que se requiere para contar con un mínimo de dinero y de presupuesto necesario para operar este proceso electoral como lo queremos: justo, transparente y democrático, de cara a la crisis, lo necesario al menos para dar este gran paso hacia una auténtica democracia y hacia elecciones, sobre todo incuestionable; que no tengamos ya y desterremos el fantasma de los conflictos poselectorales. Muchas gracias.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra y se le concede, al diputado Carlos Núñez Hurtado, para leer un ocurso.
El diputado Carlos Nuñez Hurtado:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los ancianos, los tatas de los pueblos indígenas de Jalisco, a través de uno de sus representantes me pidieron hace unos momentos aquí, en el propio recinto legislativo, que diera a conocer ante ustedes y también ante la prensa, la carta que han dirigido al señor doctor Ernesto Zedillo, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Considerando la sabiduría, la fuerza, todo lo que representan nuestros ancianos, nuestros ancestros, con mucho gusto le voy a dar lectura y les pido su atención como un respeto también a esa ancestral sabiduría de nuestros pueblos indígenas y dice así:
«Señor doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.- Presente.
Por este conducto los órganos tradicionales de representación y gobierno de las comunidades indígenas en Jalisco, ñahuas de Manantlán y Tuxpan del Sur, y mixaricas del norte del Estado, manifestamos de la manera más respetuosa ante usted nuestra palabra.
Compartimos el sufrimiento de los indígenas en Chiapas, el mismo que padecen todos los pueblos y comunidades indígenas de México.
También nosotros en Jalisco hemos sido despojados de nuestras tierras, han destruido nuestros bosques pudriendo nuestros ríos; nuestros niños están enfermos, los ancianos mueren por falta de alimento y nuestras mujeres lloran un dolor de muy antes que no acaba, que no tiene fin.
El corazón de nuestros pueblos está triste, en nuestro pensamiento está la preocupación por nuestros hermanos indígenas de Chiapas.
Señor presidente Zedillo: no hay camino verdadero sin justicia, no puede haber paz, no puede haber dignidad si no hay justicia. Que la palabra no vuelva a ser rota, que la tregua no vuelva a ser rota; sin compasión, sin lástima, sin perdón, sólo queremos justicia, justicia para los indígenas choles, tzeltales, tzotziles, mayas y de otros muchos pueblos indígenas que habitan en Chiapas y para nosotros: ñahuas y huisaricas o huicholes y para todos los indígenas de México. Este es nuestro pensamiento y esta es nuestra palabra.
Atentamente.
Guadalajara, 24 de febrero de 1995. Y firman: J. Guadalupe de la Cruz Carrillo, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas y se anexan firmas del Consejo de Ancianos del pueblo ñahua de la sierra de Manantlán y del Consejo de Ancianos del pueblo ñahua de Tuxpan del Sur y firma también el ingeniero Rogelio Justo Elías, presidente de la Unión de Pueblos de Manantlán y María de Jesús Patricia Martínez, responsable de salud de la Unión de Comunidades Indígenas Ñahuas de Tuxpan Sur.»
Con mucho honor y mucho gusto he asumido la solicitud de los hermanos indígenas de Jalisco, para darles a ustedes a conocer este mensaje de paz y de anhelo de justicia y de esperanza. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Nuñez.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Gerardo Arellano Aguilar, del PAN, para hacer una proposición.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
Gracias, señor Presidente; señores diputados:
Es pública y notoria la inconformidad de la ciudadanía ante la aprobación que dio la mayoría en el Congreso de la Unión a la iniciativa para aumentar del 10% al 15% la tasa del impuesto al valor agregado.
En efecto, el incremento de los servicios anunciados en días anteriores, más el incremento al impuesto al valor agregado hacen un efecto multiplicador en los ingresos federales y un efecto debilitador en la misma intensidad en el poder adquisitivo de la población en general.
Afirmamos que al aprobarse el incremento de la tasa del IVA del 10% al 15% tendremos automáticamente, a partir del lo. de abril, una inflación adicional de 5%.
El aumento en el costo de los servicios, como son gasolina, diesel y gas, inciden en el gasto de las empresas tanto de transformación como de servicios y esto provocará un efecto multiplicador altamente inflacionario, debilitando el poder adquisitivo y generando más miseria.
Hoy la realidad se impone como una evidencia tal que todos los sectores sociales sienten y viven los efectos de esta crisis, hasta llevarlos a una situación de emergencia en la que el Gobierno Federal, fiel a sus compromisos con grupos financieros internacionales, aplica medidas de carácter fiscal que la ciudadanía rechaza.
Es bueno recordar que en política, y aun en política económica, nadie posee la verdad absoluta; como siempre, la verdadera construcción de la organización social de una comunidad, incluyendo sus leyes y programas de gobierno, se construyen a partir del efectivo ejercicio de la democracia, porque ésta se construye a base de consensos para acercar puntos de vista, aún los más opuestos, y aportando cada quien su cuota de responsabilidad en la búsqueda del bien común.
El pueblo ya pagó su cuota con creces; no más sacrificios. Por el contrario, cuando un pueblo se siente bien gobernado, es capaz de aceptar los mayores sacrificios y afrontar los más grandes desafíos, pero cuando la desconfianza, la imposición y la incomprensión de una medida de gobierno no le convence, simplemente la rechaza.
El efecto social y político del aumento en un 50% más del impuesto al valor agregado será transferido directamente al pueblo, el que tiene que seguir soportando las ineficiencias gubernamentales. Esta medida fiscal esencialmente recaudatoria, puede derivar en consecuencias todavía impredecibles, no sólo por el desaliento al consumo, sus nocivos efectos a la planta productiva, sino particularmente por sus graves repercusiones sociales. Hoy por hoy todos los mexicanos y en especial los diputados al Congreso de la Unión, tenemos que asumir el reto de ser verdaderos representantes populares y ser congruentes con los reclamos sociales.
En el mes de diciembre del año próximo pasado aprobamos una trascendente reforma constitucional para la transformación y reestructuración del Poder Judicial; dentro de ella se modificó el artículo 105 de la Carta Magna a efecto de darle vigencia real a la institución pensada por el Constituyente de 1917 y conocida como controversia constitucional, en la que se introdujeron modalidades importantes ampliando la posibilidad de iniciar ese juicio a diversos actores, entre los que se encuentran los diputados federales.
Esta importante reforma sin embargo, ha sido totalmente inoperante, porque a pesar de haberse aprobado en diciembre de 1994 hasta la fecha, tres meses después, no se ha sometido al Congreso de la Unión la Ley Reglamentaria de este artículo constitucional y por ello no ha podido entrar en vigor la reforma de acuerdo a lo que dispone el artículo octavo transitorio de la misma, haciendo con ello nugatorio el derecho que como diputados tenemos de impugnar por inconstitucional una ley emanada del mismo Congreso de la Unión.
Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, preocupados no sólo por la tardanza en la reglamentación antes aludida, que impide en gran medida el cumplimiento de nuestros derechos y obligaciones, sino además por las graves determinaciones que en materia económica ha impuesto el Ejecutivo y que afectan gravemente a la población, han tomado la determinación de efectuar todo aquello que resulte necesario para dar vigencia a los únicos medios de defensa con que cuenta la población en general.
Es por ello que el día de ayer fue presentada por los legisladores panistas ante la Cámara de Senadores, la iniciativa de ley de procedimientos constitucionales, reglamentaria de los artículos 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que esperamos sea dictaminada dentro de los plazos establecidos por el Reglamento Interior del Congreso General y con la misma celeridad con la que se aprueban las iniciativas del Ejecutivo.
Independientemente de lo anterior, y a efecto de asumir nuestro compromiso histórico y político, los diputados miembros del Partido Acción Nacional, hemos iniciado la formulación de una demanda de controversia constitucional en contra de las reformas y adiciones recientemente aprobadas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por considerar que son contrarias a los principios de proporcionalidad y equidad, previstos por la fracción IV del artículo 31 constitucional.
En virtud de que la acción de constitucionalidad requiere para su ejercicio del 33% de los integrantes de esta Cámara de Diputados, a partir de este momento abrimos un registro público para que aquellos legisladores que estén dispuestos a sumarse en este esfuerzo, expresen su intención suscribiendo esta propuesta, para que en su oportunidad, elaborada que sea la demanda respectiva, la signen en conciencia.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ya tiene 118 firmas, sólo necesitamos llegar hasta 168 firmas y podremos pedirle a la Suprema Corte de Justicia que derogue por inconstitucional la Ley al Impuesto al Valor Agregado, o el aumento. Muchas gracias.
El Presidente:
El diputado Ramón Sosamontes, tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor presidente:
A nombre de la fracción parlamentaria del PRD, queremos decirles que cuentan con todo nuestro apoyo para lograr el número requerido para esta demanda. Lo hacemos conscientes de que lo vivido hasta ahora nos debe llevar a pensar más en México que en el Presidente y que esta acción de constitucionalidad que hoy se presentará con el apoyo de los diputados que ya estamos ahí comprometidos, podrá dar una oportunidad más al Congreso de la Unión para que esta acción, digamos represiva, que se llevó a cabo por instrucciones del presidente Zedillo, sea rechazada y echada atrás.
No merece nuestro pueblo, como bien se ha dicho aquí en las discusiones que hubo, el que siga pagando él todo lo que otros robaron y otros que se llevaron.
Se habló aquí y se habla mucho de que ahora sí hay que estar con el pueblo y se dice incluso que hay que dar parte del salario nuestro, por lo cual no nos negamos, pero sí pensamos que hay que pensar más por México, insisto, y menos, menos, en una sola persona.
La confianza en el Congreso de la Unión se puede restablecer a partir de esta demanda de controversia y es posible que rescatemos la confianza del pueblo de México, para que crea en sus diputados, para que vuelva a creer en nosotros y no sigamos desprestigiados como poder, que queremos ser independientes.
Ojalá la Suprema Corte de Justicia sea atenta y respete la ley. Ojalá el Poder Judicial resuelva de manera independiente a favor de esto y ojalá a partir de esta demanda, podamos nosotros decirle al pueblo de México, que puede contar con sus diputados en defensa de él, del pueblo de México, y no de intereses pequeños y de grupos económicos, que han malgobernado durante más de 12 años este país y que pretenden seguirlo malgobernando por otros 12, como bien lo amenazó el Secretario de Relaciones Exteriores, Gurría.
Qué bueno y enhorabuena de esta demanda. Estamos juntos en esto. Vamos juntos en esto y hay que seguir estando y buscando consensos, para el bienestar de México, para el bienestar de los mexicanos y no de un pequeño grupito o de un solo hombre, por más presidente que sea. Muchas gracias, compañeros.
EMPRESA SOSA-TEXCOCO
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, para formular una denuncia.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Venimos aquí nuevamente a hacer una denuncia, como desde el 7 de julio de 1994, el anterior grupo parlamentario del PRD denunció en esta tribuna un delicado problema que aún no se ha resuelto, se trata del intento de desaparecer la empresa Sosa Texcoco.
Sosa Texcoco fue inaugurado por el presidente Miguel Alemán en 1943, como una empresa privada, con un contrato de concesión del Gobierno Federal, para la explotación de sales del Lago de Texcoco. Se inició como un proyecto del presidente Lázaro Cárdenas, para dar empleo a los exiliados españoles que habían llegado a México.
Sosa Texcoco es una fábrica de elaboración de carbonato de sodio, sal común y cal. En México el carbonato de sodio sólo se producía en dos empresas, una de ellas ubicada en Monterrey, Nuevo León, que produce el 25% de esta sustancia y Sosa Texcoco que elaboraba el 75% restante.
Sosa Texcoco abastecía un mercado de 350 empresas nacionales, entre las que se encontraban fábricas vidrieras, jaboneras, petroquímicas, de resistol, refresqueras, cerveceras y de la industria del papel, entre otras. Sin el carbonato de sodio, para dar una idea de la importancia de la elaboración de esta sustancia, no se puede elaborar ni cristal, ni jabón, ni blanquear al papel.
Además Sosa Texcoco ha sido una fábrica clave para el desarrollo industrial de una zona enclavada en el Valle de México, y ha permitido que esa zona se convierta en una área fabril. Ha servido como fuente de trabajo, por lo menos a tres generaciones de mexicanos, vecinos del área de Santa María, San Cristóbal, Ixtapa, Mexquiquiapan.
Sosa Texcoco estuvo concesionada durante 40 años a la iniciativa privada, con el presidente López Portillo pasó a ser una empresa paraestatal. En 1987 con la reconversión industrial, el Gobierno para hacerla atractiva y para poder venderla, modificó totalmente el contrato colectivo de trabajo y pasó a ser de nuevo una empresa privada. A partir de entonces, los dueños de Sosa Texcoco, son los señores Eduardo Cannavati Nasta, Salim Nasta y Nagib Camel, integrantes del grupo empresarial Proyecto S. de México, S.A. de C.V.
Con el cambio de propietarios, el contrato colectivo de trabajo fue modificado en varias ocasiones. En cinco años, la plantilla de sindicalizados se recortó 50%, los trabajadores se quedaron sin el servicio médico privado que tuvieron durante años en la clínica Mig y Guadalupe Tepeyac; el servicio de transporte fue disminuido, desapareció la tienda sindical que representaba un ahorro de 22% a las familias de los trabajadores; se permitió el contratismo y en 1991 se canceló el derecho del sindicato a involucrarse en la administración de la empresa.
Los 622 trabajadores que sobrevivieron a ese destazamiento del contrato colectivo; sin embargo, permanecieron en la defensa de su fuente de trabajo a pesar de haber perdido prácticamente todas sus prestaciones; empero, el 24 de agosto de 1993, el director general de la empresa presentó la solicitud de suspensión de pagos ante el juez sexto de lo civil de la primera instancia del distrito de Tlanepantla.
Sin mostrar los balances y los libros de contabilidad, el juez declaró el estado de quiebra; los trabajadores aseguran que esta sentencia fue dictada de manera irregular.
El 4 de octubre de 1993 obreros y empleados solicitaron su indemnización conforme al contrato y declararon la huelga. En noviembre de ese año demandaron a la empresa por despido injustificado. El 13 de enero de 1994, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró lícita y existente la huelga; sin embargo, el 18 de marzo, el Diario Oficial de la Federación publicó un amparo de la empresa a pesar de que se presentó fuera de tiempo; no obstante, parece ser que el Tribunal Colegiado de lo Laboral ha negado el amparo.
A partir del cierre de la empresa los obreros llevan 17 meses de huelga, defendiendo su fuente de empleo y demandando la reapertura y la reinstalación de todos los trabajadores. Mantienen en su posesión las instalaciones de la fábrica, desde entonces han recibido varias ofertas de liquidación por parte del sindicato. De acuerdo con la ley, la liquidación representa un monto de 64 millones de nuevos pesos, incluyendo salarios caídos.
Hasta diciembre de 1994, la empresa sólo les había ofrecido 18 millones de nuevos pesos; es decir, el 33% del total que legalmente les correspondía; sin embargo, en el último intento de negociación con la empresa llevada a cabo el 30 de enero pasado, en presencia del subsecretario de Trabajo y Previsión Social, la empresa subió su oferta a 20 millones de nuevos pesos, cifra que asciende únicamente a 34% de lo que la firma adeuda a los trabajadores con todo y salarios caídos.
Los trabajadores demandan, dado que la empresa se ha declarado en quiebra, que se les pague con las instalaciones y maquinaria para que puedan trabajar como cooperativa. Creen que es una posibilidad real, ya que sostienen que la empresa es altamente rentable, productiva, redituable y, sobre todo, necesaria para nuestro país.
Es productiva, porque ha dotado del 75% del carbonato de sodio que necesita el mercado nacional; es rentable, porque en 40 años que ha tenido la concesión ha explotado una materia prima muy extensa: las sales del Lago de Texcoco y para explotarla sólo ha pagado un precio simbólico a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; es redituable, porque en 1, mil 240 trabajadores que la empresa tenía inicialmente, producía 480 toneladas de carbonato de sodio por día, antes de ser cerrada con 622 trabajadores, se producían diariamente 530 toneladas; es decir, la empresa disminuyó su costo en nómina y aumentó su producción.
Además, Sosa Texcoco es una empresa necesaria y hasta podría afirmarse que indispensable para el mercado nacional. Desde que la empresa fue cerrada se están generando importantes fugas de divisas. Desde hace 17 meses las 530 toneladas de carbonato de sodio que producía la firma diariamente, se están importando, lo que significa que sólo por este motivo se están yendo al extranjero alrededor de 40 millones de dólares al año.
Para cerrar, la empresa se declaró en quiebra. Sin embargo, los trabajadores sostienen que se hizo de manera irregular, pues, más que con problemas de insolvencia, la nueva dirección de la empresa se enfrentó con problemas financieros debido a su incompetencia y al posible desfalco de Sosa Texcoco, para favorecer a otras empresas del grupo empresarial "Ese".
Ahora, después de 17 meses de huelga, los 622 trabajadores miembros de la Federación de Trabajadores de México, de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, quieren ver una solución justa al problema laboral; sin embargo, el cierre de "Sosa Texcoco", no sólo ha puesto en riesgo el futuro de 622 familias, ha contribuido también, además, a la incertidumbre económica actual de nuestro país.
Si en México ha existido una empresa productora de carbonato de sodio, que ha satisfecho en gran parte las necesidades del mercado interno, ¿por qué tiene que desaparecer y por qué importar un producto que obreros mexicanos producen con recursos naturales nacionales?
Las últimas crisis económicas que ha sufrido el país, nos han demostrado que México debe empezar a cambiar el modelo económico que ha mantenido en la última década. Ya el endeudamiento externo dejó la lección de que no puede existir crecimiento sostenido con recursos del exterior.
En esta ocasión queremos conminar a que no sigamos perdiéndonos por esta ruta, porque esta ruta ha sido altamente costosa en términos sociales para nuestro país. Si no se fortalece el mercado interno con el incremento de la producción nacional, con la ampliación de empleos, con el aumento de los salarios, con la estimulación de la inversión interna y externa, las súplicas de la salvación hacia el exterior, volverán a repetirse sólo para que llegue otra crisis posterior, porque el dinero que hay en el país en realidad pertenece al extranjero.
El proceso de descentralización impulsado en su mayor parte en el sexenio pasado, fue sinónimo de privatización y monopolización de la economía, lo que no resolvió los problemas ni de empleo, ni de crecimiento, ni de eficientización.
Puede verse claramente que el caso de Telmex, ésta es una oportunidad de corregir ese proceso para no seguir aumentando la concentración de la riqueza, sino dando oportunidad a que grupos de trabajadores se hagan de activos y puedan constituir empresas competitivas que impulsen el desarrollo social. Ello contribuirá en gran medida a la reactivación del mercado interno.
En este sentido existen ejemplos importantes de la clase trabajadora en México, como el de la "Cooperativa Pascual" en manos de sus trabajadores que con su alta productividad ha demostrado ser competitiva, ha dado empleo a cientos de trabajadores mexicanos y ha ayudado a fortalecer el mercado interno.
En julio del año pasado se denunció este caso en esta tribuna, hasta hoy, no se ha dado una solución. Todavía estamos a tiempo de dar cauce a una política social más justa y a una política económica que cree un futuro más sólido en nuestro país. Muchas gracias.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente:
Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Rafael Jacobo García, del Partido de la Revolución Democrática, para formular una proposición.
El diputado Rafael Jacobo García:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo al pleno de esta cámara a proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
El martes 21 del presente mes, compareció ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de esta cámara, el secretario del ramo, el señor Francisco Labastida Ochoa. En su intervención, el señor Labastida Ochoa reconoce la existencia de una situación crítica de empobrecimiento y descapitalización en el campo, de que la negociación del Tratado de Libre Comercio se negoció en condiciones de iniquidad para los productores nacionales y que esta apertura comercial ha agudizado la crisis del sector agropecuario y también recomendó que en el campo se impulsara la producción rentable.
Compañeras y compañeros diputados: el hecho de que el Secretario de Agricultura reconozca la crisis en la que se encuentra el campo, y sobre todo la causa más reciente de su agudización, el Tratado de Libre Comercio es algo que tiene que verse con detenimiento y con seriedad. Ningún gobierno que se precie de patriota, nacionalista, defensor de la soberanía nacional y de los intereses de su pueblo, puede mantener una relación de tratado comercial con sus "socios comerciales" en condiciones de iniquidad y de competencia desleal. Ese es el caso de México.
Nuestro país no puede ni debe continuar atado a un compromiso comercial internacional en el que sus productores no tienen la capacidad económica ni la tecnología para estar a la altura de sus competidores, al menos en los términos en los que está actualmente redactado.
De persistir en el cumplimiento de los compromisos signados en el TLC, significan dos cuestiones:
Una, la bancarrota total del campo y dos, el apoyo crediticio suficiente gubernamental, para que el sector agropecuario pueda estar en condiciones de competitividad en calidad y cantidad.
Como está la situación económica del país, dudamos de la posibilidad de la segunda opción, que sería la viable y recomendable, pero como se carece de un presupuesto suficiente por la falta del dinero en el país, nuestros productores agropecuarios están condenados a vender sus tierras al mejor postor y a convertirse en peones de sus mismas parcelas o a emigrar. Por tal razón, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Esta LVI Legislatura acuerda recomendar al Ejecutivo Federal, el inicio a la brevedad posible, de la revisión en materia agropecuaria y sus anexos correspondientes, del acuerdo comercial signado por nuestro país con los Estados Unidos de América y Canadá.
Atentamente.
Por la fracción parlamentaria del PRD, firma el diputado Rafael Jacobo García.
Voy a dejar esto aquí con la atenta súplica de que se turne el presente punto de acuerdo a la Comisión de Agricultura, para su trámite correspondiente.
El Presidente:
Se recibe la proposición y se turna a la Comisión de Agricultura.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Gerardo Macario Rodríguez Rivera:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.
4 de abril de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero y Puebla.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Carlos Cruz Román Fernández, para aceptar y usar la Condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Felipe Raúl Valdez y Aguilar, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Luciano Eduardo Joublanc Montaño, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de la República de Hungría, en grado de Media Cruz con Estrella, que le confiere el Gobierno de Hungría.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Ezequiel Padilla Couttolenc, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange Nassau, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de los Países Bajos.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 14:39 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 4 de abril, a las 10:00 horas.
| D.F. | Distrito Federal |
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| S.A. de C.V. | Sociedad Anónima de Capital Variable |
| Sedesol | Secretaría de Desarrollo Social |
| Telmex | Teléfonos de México, Sociedad Anónima |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |