SUMARIO
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación de la colegisladora, con la que informa de su programa de sesiones para Ios próximos días. Se aprueba.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, presenta iniciativa de reformas a dicho ordenamiento. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Presenta iniciativa de reformas a dichos ordenamientos, el diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza. Se turna a la Comision de Comercio.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan José Leaño Espinosa, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de esa República en Guadalajara, Jalisco. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de dicho ordenamiento.
A discusión en lo general se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez.
Aprobado, se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
De la que funcionará del 15 al 30 de abril.
Expresan sus comentarios los diputados:
Alejandro Díaz y Pérez Duarte
Alfonso Molina Ruibal
Rafael Ayala López, para rectificar hechos.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, con proyecto de ley. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Presenta pronunciamiento sobre dicha empresa el diputado Jaime Jesús Arceo Castro.
Expresan sus opiniones los diputados:
Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos.
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, para rectificar hechos.
José Luis Torres Ortega
Para rectificar hechos hacen uso de la palabra, los diputados:
Florentino Castro López
René Arce Islas
Salvador Othón Avila Zuñiga
Everardo Martínez Sánchez
Raúl Armando Quintero Martínez
Presenta punto de acuerdo el diputado Jorge Kondo López. Se turna a la Comisión de Comercio.
Presenta punto de acuerdo el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Para referirse a la posible desaparición de algunas secretarías de Estado, expresa sus comentarios el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Para hacer comentario en el LXXVI aniversario luctuoso, hace uso de la palabra el diputado Rafael Jacobo García, quien presenta punto de acuerdo. Se turna a la Comision de Régimen Interno y Concertación Política.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado
Saúl González Herrera
ASISTENCIA
El Presidente:
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
El secretario Armando Gamboa Enríquez:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia.
El secretario Gerardo Macario Rodríguez Rivera:
Señor Presidente, se informa que hay una asistencia de 345 diputados, por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11.37 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Gerardo Macario Rodríguez Rivera:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.
10 de abril de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Campeche.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
De reformas al artículo 59 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio, a cargo del diputado Mauro González Luna Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Dictamen de primera lectura De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Juan José Leaño Espinosa, para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Uruguay en Guadalajara, Jalisco.
Dictamen a discusión De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que reforma los artículos 2o. 18, 55 y se adicionan los 54-bis, 59 y 60 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales.
Elección de mesa directiva.
Comentarios sobre el foro nacional para un auténtico federalismo, a cargo del diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Pronunciamiento sobre la quiebra de la empresa Autotransportes Urbanos Ruta 100, a cargo de diversos diputados del Distrito Federal.
Comentarios sobre la reanudación del diálogo en Chiapas, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Armando Gamboa Enríquez:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves seis de abril de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado
Armando Octavio Ballinas Mayes
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veintiocho minutos del jueves seis de abril de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de trescientos veinticinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del septuagésimo sexto aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Se designa comisión.
Se da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Pasa a la tribuna el diputado Salvador Fernández Gavaldón, del mismo partido, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Ecología.
La Secretaría da lectura a una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan José Leaño Espinoza, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Uruguay, en Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales. Es de primera lectura.
Un dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de sor Juana Inés de la Cruz. Es de primera lectura.
La Asamblea le dispensa la segunda lectura y para referirse a este dictamen hacen uso de la palabra los diputados: Regina Reyes Retana Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, quien lo fundamenta; Serafín Núñez Ramos, del Partido del Trabajo; Marta Alvarado Castañón, del Partido de la Revolución Democrática; Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, del mismo partido, para presentar una proposición que se turna a la comisión que dictaminó sobre el asunto a discusión; José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional; Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos, y Maricela Cerón Nequiz, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintidós votos en pro y uno en contra. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Para expresar sus opiniones sobre el diálogo que debe establecerse entre el Gobierno Federal y miembros del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hacen uso de la palabra los diputados: Manuel Marcué y Pardiñas, Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, y Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, así como el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.
La Secretaría da lectura a una proposición del diputado Guerra Ochoa, se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una denuncia respecto a los problemas de la estación emisora Radio UNAM. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Trabajo y Previsión Social.
Para denunciar hechos en una empresa transnacional en mil novecientos noventa y tres hace uso de la palabra el diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática quien se refiere a las carteras vencidas y hace una denuncia.
Pasa a la tribuna el diputado Carlos Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a la denuncia que su instituto político hizo en contra del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y, para rectificar hechos al respecto, el diputado Alejandro Rojas Díaz Durán, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional, quien presenta un informe de la Comisión de Comercio, respecto de las solicitudes e iniciativas presentadas por la diputada Martina Montenegro, del Partido Revolucionario Institucional.
Debaten sobre el proceso de reforma electoral en el Estado de Zacatecas, los diputados: Javier Ortega Espinoza, del Partido Acción Nacional; Eustaquio de León Contreras, del Partido Revolucionario Institucional y Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional.
La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y, agotados los asuntos en cartera, el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con veintisiete minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo lunes diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE CAMPECHE
El secretario Régulo Pastor Fernández Rivera:
Se va a dar lectura a dos comunicaciones:
«Escudo del Estado.- Poder Legislativo.- Campeche.- LV Legislatura.
Diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes que en sesión previa de carácter extraordinario, fueron electas: la directiva que coordinó los trabajos de dicha sesión y la directiva que funcionará durante el primer mes del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional; quedando integradas de la siguiente manera:
Directiva de la sesión previa.
Diputados Emilio Lara Solís, presidente; Víctor Ramón Castro Fuentes, vicepresidente; Armando Toraya Lara y Yanuario García Cambranis, secretarios.
Directiva para el mes de abril.
Carlos Miguel Aysa González, presidente; Carlos Alberto Canul Martínez, vicepresidente; Marta Irene Novelo Lara y Adolfo Cab Poot, secretarios.
Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, 22 de marzo de 1995.- Diputados Armando Toraya Lara y Yanuario García Cambranis, secretarios.»
De enterado.
SENADO DE LA REPUBLICA
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
Se dará lectura a una comunicación:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos que establece el artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 27 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, por el digno conducto de ustedes, comunicamos a ese cuerpo colegiado que las próximas sesiones de la Cámara de Senadores se llevarán a cabo los días 10 y 18 del actual.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, hacemos propicia la ocasión para reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Atentamente.
Senadores Jesús Orozco Alfaro y Ernesto García Sarmiento, secretarios.»
En votación económica se consulta a la Asamblea si se otorga el consentimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 68 constitucional.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se aprueba, señor Presidente.
LEY DEL SERVICIO EXTERIOR
El Presidente:
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, ha solicitado la palabra para presentar una iniciativa de reformas al artículo 59 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Tiene la palabra el diputado José de Jesús Sánchez Ochoa.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:
Señoras y señores diputados:
Los legisladores estamos llamados a observar con atención la realidad social, económica, cultural y política de nuestro país, a fin de tener la capacidad para interpretar objetivamente las exigencias del bien común. En la actividad legislativa hemos de ocuparnos de los grandes temas nacionales que hoy son objeto de nuestra reflexión profunda, sistemática y constante, como de las muchas imperfecciones que hay en nuestras estructuras legales, a fin de perfeccionar nuestras leyes y adecuarlas cada día más a las exigencias de la justicia.
Es costumbre en nuestros cuerpos legislativos atender con prontitud las iniciativas de ley enviadas por el Poder Ejecutivo y mantener en el olvido las iniciativas presentadas a este pleno por sus integrantes en lo individual o algunos grupos de legisladores en lo particular, contribuyendo así al debilitamiento de la función legislativa tan trascendente para la existencia y funcionamiento eficaz de un auténtico sistema democrático.
El esfuerzo pequeño que hoy como diputado hago para presentarme ante este pleno, quiere ser una cordial invitación a todos mis compañeros diputados para que asumamos con entusiasmo nuestra gran tarea legislativa y nos demos todos a la misma, seguros de que si así lo hacemos, lograremos ofrecer a nuestra nación marcos jurídicos inspirados en la equidad, la verdad y el amor a nuestro pueblo, del que hemos surgido por su voluntad política, para representarlo con la misión de regenerar los cimientos legales de nuestra convivencia.
Muchos diputados ya están en esa posición de vanguardia que la nación nos exige, creando y ofreciendo nuevas estructuras jurídicas, pero otros muchos permanecemos callados y marginados, permitiendo a quienes tienen de hecho el poder, manipular nuestra representación y nuestra capacidad para apuntalar estructuras políticas, ya obsoletas y desajustadas en relación a la vida nacional. Es urgente que esa sabiduría y experiencia de todos ustedes, señoras y señores diputados, venga a enriquecer nuestra actividad legislativa. No permanezcamos callados y marginados, pues mantenernos así equivaldrá a olvidar nuestra misión; pongamos todos nuestro granito de arena, para levantar la nueva edificación jurídica que reclama nuestro pueblo. Nosotros por mandato de ley somos representantes de una nación que angustiada reclama una vida política nueva.
En esa perspectiva me presento respetuosamente ante esta Asamblea de mis pares con una sencilla iniciativa y con la esperanza firme de que la misma no será enviada a la congeladora de las comisiones, para que muera aprisionada por el hielo del olvido y la indiferencia legislativa. Tengo confianza de que habrá receptividad y buena voluntad para dictaminarla. Además, esta iniciativa es una modificación que no aspira a grandes cambios para el ejercicio del poder, sino a lograr sólo un ajuste a la discrecionalidad en el ejercicio de la autoridad de algunos funcionarios públicos en un específico campo del poder.
Uno de los temas más críticamente comentado en esta tribuna es la "discrecionalidad en el ejercicio del poder", que es considerado fruto maduro del árbol del autoritarismo político, por lo que, puesto a la mesa de nuestra convivencia, ha alimentado muchas corruptelas, desaciertos e injusticias. La modificación que ante ustedes hoy propongo, es una cafiaspirina para curar algún dolor que pueda surgir en el cuerpo social generado por uno de los miles de estímulos bacterianos que lo enferman. Por ahora no soy el médico que pretende una cirugía mayor. Soy apenas un aprendiz de enfermero, pero que con amor a mi nación quiero también contribuir a su salud jurídica.
Quiero presentar ante ustedes una modificación al artículo 59 de la Ley del Servicio Exterior, en su párrafo segundo. En efecto, dicho artículo está conformado por cuatro párrafos. El primero dice así: "en el caso de las faltas previstas en las fracciones I, IV, VI y VII del artículo anterior, procederá la destitución del miembro del servicio exterior". En el párrafo segundo del mismo, textualmente establece: "en el caso de la fracción "V" procederá la suspensión, misma que podrá prolongarse hasta el término del proceso. En esos casos la Secretaría podrá autorizar, cuando la familia carezca de otros medios de subsistencia, que se le cubra el 50% de sus percepciones. Se le cubrirá el total de ellas si fuere absuelto".
La frase de este párrafo "podrá autorizar" es la que yo quiero poner a su consideración. El verbo "podrá" hace potestativo para la Secretaría el pago a la familia del funcionario castigado. El texto vigente deja al libre arbitrio de la Secretaría el pagar, pues cuando dice "podrá" equivale a dejar en la voluntad de funcionarios competentes de la misma la decisión de si pueden o no pueden pagar. La familia del servidor público suspendido queda así a expensas de la buena voluntad de quienes actúen a nombre de la Secretaría. Sabemos que toda ley debe ser clara y definida, y aquí aunque es clara, queda en la indefinición, pues deja a la decisión de los funcionarios competentes de la Secretaría el pagar o no pagar. Toda norma debe generar certidumbre, y aquí la expresión "podrá" arroja a las susodichas familias en la incertidumbre de la buena voluntad. Esta expresión "podrá", es a mi manera de ver una de las muchísimas manifestaciones del espíritu de discrecionalidad que permea muchas de nuestras leyes y cuya raíz se hunde en la concepción autoritaria del Estado. La expresión comentada hace insegura la aplicación general de esta norma concreta, afectando su generalidad.
Sabemos que toda norma confiere derechos e impone deberes y que su cumplimiento no es potestativo. La norma comentada en su actual texto de hecho deja a la Secretaría en libertad de acatarla, pues es quien decide si puede o no pagar las percepciones, dado el supuesto jurídico de que la familia sólo cuente para su subsistencia con el salario del funcionario suspendido.
Una norma para que sea válida tiene que exigir un proceder intrínsecamente valioso, y el garantizar el sustento de una familia mexicana lo es. El Estado mexicano ha de garantizar directamente el legítimo sustento de las familias de sus servidores e indirectamente de todos los mexicanos, por lo que no puede suceder que una sola familia de quienes por oficio sirven al Estado, pueda quedar expuesta a no recibir lo necesario para su sustento.
Por lo expuesto y para hacer posible la modificación pretendida del párrafo segundo del artículo 59 de la Ley del Servicio Exterior, y en uso de las facultades que nos otorgan el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República y la fracción II del artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta honorable Asamblea proponemos el siguiente
«PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 59 de la Ley de Servicio Exterior, para quedar como sigue:
Artículo 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de la fracción V procederá la suspensión, misma que podrá prolongarse hasta el término del proceso. En estos casos la Secretaría autorizará, cuando la familia carezca de otros medios de subsistencia, que se le cubra el 50% de sus percepciones. Se le cubrirá el total de ellas si fuera absuelto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de abril de 1995.- Diputados: José de Jesús Sánchez Ochoa, Miguel Alberto Segura Dorantes, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Alejandro González Alcocer, Miguel Hernández Labastida, Juan Manuel Pérez Corona y José Pedro Sánchez Ascencio.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEL CODIGO DE COMERCIO
El Presidente:
El diputado Mauro González Luna, ha solicitado la palabra para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y del Código de Comercio.
Tiene la palabra, el diputado Mauro González Luna.
El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:
«Secretarios de la Cámara de Diputados:
1o. Con el esfuerzo familiar de años, millones de mexicanos de ingresos medios, trabajadores y empleados, pequeños empresarios, fueron haciéndose de un modesto patrimonio.
2o. La aplicación de políticas económicas equivocadas, aunadas a la crisis política y moral que caracteriza a un sistema autoritario, nos han envuelto en una grave situación que nos coloca al borde del abismo, abismo que amenaza tragarse la nación y que es necesario llenarlo con toneladas de justicia.
3o. En la propaganda gubernamental que llama al pueblo a contribuir a la superación de la crisis y que habla del sacrificio de todos, hay una falsedad. Lo que está pasando es, a la manera de aquel juego infantil, sólo unos cuantos ganan y la gran mayoría pierde y sale pagando.
4o. La mayoría paga altos intereses bancarios, se ve despojada de la casa, el auto, que es embargado y rematado a satisfacción de su acreedor; soporta, cada vez con mayor coraje, los salarios de hambre, el 15% del IVA, la desocupación; pierde la parcela y los bienes más queridos con los que solía ganarse la vida.
5o. Ya no importa que el artículo 4o., constitucional hubiese otorgado a todos los individuos el derecho a la protección de su salud y a disfrutar de una vivienda digna. Menos aún, que los padres ya no puedan preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y la salud física y mental.
Ha llegado el tiempo de andar otros caminos, de atemperar la opulencia que se funda en el empobrecimiento constante y sistemático de la mayor parte de la población.
El servicio de la deuda no puede ser satisfecho al precio de la asfixia de la economía de la gente. Ningún banco puede en justicia exigir de sus deudores privaciones incompatibles con la dignidad de las personas. En razón de su posición privilegiada los bancos tienen una responsabilidad mucho mayor que deben reconocer y aceptar.
Señoras y señores diputados: este es el momento de legislar como lo aseveró el siervo Morelos, pues efectivamente "como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto".
Por todas las anteriores consideraciones, hoy presentamos la primera de una serie de iniciativas dirigidas a combatir la usura, la ganancia desmedida; encaminadas también a dar un marco jurídico cierto que posibilite la renegociación de la cartera vencida en condiciones tales que los deudores puedan recuperar su bienestar.
Con fundamento a lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, sometemos a la consideración de esta cámara, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION ALCONSUMIDOR Y DEL CODIGO DE COMERCIO
Artículo primero. Se reforman los artículo 5o., y 68 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 5o. Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley, los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo y los profesionales que no sean de carácter mercantil.
Artículo 68. Los intereses vencidos y no pagados, las comisiones y cualquier otro tipo de cargo no devengarán intereses. Las partes no podrán, bajo pena de nulidad, convenir de antemano en su capitalización.
Se declaran nulos de pleno derecho los acuerdos o convenios que contrarien lo aquí dispuesto.
Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 y se reforma el artículo 363 del Código de Comercio, para quedar como sigue:
Artículo 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando una de las partes, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios, éste derecho durará un año.
Artículo 363. Los intereses vencidos y no pagados, las comisiones y cualquier otro tipo de cargo no devengarán intereses. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano en su capitalización.
Lo dispuesto en este artículo se considera de orden público.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Firman la presente iniciativa. Rúbricas.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Comercio.
REPUBLICA DEL URUGUAY
El secretario Gerardo Macario Rodríguez Rivera:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 4 de abril del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Juan José Leaño Espinosa, para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Uruguay en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 6 de Abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno del Uruguay, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del Apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso para que el ciudadano Juan José Leaño Espinosa, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Uruguay en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 7 de abril de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera*, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
__________ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES
El Presidente:
El siguiente punto en el orden del día es la segunda lectura del dictamen relativo al proyecto de decreto para reformar los artículos 2o., 18, 55 y adicionar los artículos 54-bis, 59 y 60 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consultar a la Asamblea si se dispensa esta segunda lectura.
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue remitida para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto, para reformar los artículos 2o., 18 y 34 y agregar el 54-bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, presentada a la Asamblea de la Cámara de Diputados, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Para emitir su dictamen la comisión que suscribe ha tomado en cuenta algunos antecedentes significativos respecto a los símbolos patrios y los considerados que se reseñan a continuación.
ANTECEDENTES
La actual Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales entró en vigor el 24 de febrero de 1984, abrogando su precedente Ley sobre las Características y el uso del Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, del 23 de diciembre de 1967, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 17 de agosto de 1968. La nueva ley de 1984 precisó con gran claridad la enumeración de los símbolos patrios y las características de cada uno de ellos; incluyó la regulación para el uso y difusión de los mismos, el listado de las efemérides en que deben rendírsele honores especiales a la Bandera Nacional y aquellas fiestas cívicas o rememoraciones luctuosas en que proceda izar respectivamente a toda asta o a media asta el lábaro patrio, como muestra de veneración que los mexicanos rinden a los hechos históricos que han contribuido a la conformación del país y a la identidad y orgullo nacionales.
Con sentido moderno la ley vigente regula también las formas de presentación de nuestros símbolos y las prohibiciones de su uso indebido, así como el comportamiento que debe seguirse por alumnos y autoridades escolares en planteles educativos, por los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de los símbolos e igualmente determina lo que corresponde al abanderamiento y honores a la bandera en las instituciones y edificios públicos.
El propio ordenamiento legal comentado incluye con precisión letra y música del Himno Nacional en dos de sus preceptos y, aunque la materia de que trata es de orden nacional y Federal, responsabiliza a los gobiernos de los estados y los ayuntamientos de la República para la promoción, en las esferas de su competencia, del culto a los símbolos patrios y del deber de auxiliar a la Secretaría de Gobernación en la vigilancia del cumplimiento de la propia ley.
No obstante lo anterior, la ley no precisa algunas incidencias surgidas de la reproducción y uso de la bandera y escudo nacionales, precisión que debe establecerse en el propio texto legal y desarrollarse en un reglamento de la ley que esta comisión juzga indispensable para asegurar su adecuada aplicación.
Por otra parte, establecida por la costumbre desde el siglo anterior, la banda presidencial se ha utilizado inveteradamente por los presidentes de la República para simbolizar el ejercicio institucional del Poder Ejecutivo de la nación. La ley vigente la considera y regula como una forma de presentación de la bandera, sobresaliendo su carácter legalmente reconocido de emblema del Poder Ejecutivo Federal, único de los tres poderes de la Unión que poseé este distintivo normativamente regulado.
La banda que usa en forma exclusiva el Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 34 de la ley, posee los colores de la bandera nacional, se ordenan en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, diferentes a los del lábaro patrio, que consiste en tres franjas verticales de medidas idénticas. El artículo 3o. de la ley determina igualmente que en su franja blanca y al centro de la misma la bandera tiene el escudo nacional, mientras que en la banda presidencial el escudo se coloca sobre los tres colores.
Es criterio de esta comisión, por las razones anteriores, que debe dejarse a la iniciativa del Ejecutivo Federal cualquier cambio en la presentación y característica de su propio emblema, de manera que no se considera procedente reformar el artículo 34 de la ley, a fin de que se determine sea el color rojo el que corresponda a la franja superior, pues está visto que el susodicho emblema no es la Bandera Nacional, sino sólo una forma de presentación de la misma.
Es convicción de los suscritos, asimismo, que un cambio en el articulado de la ley invocada debe servir al propósito, como lo afirman los autores de la iniciativa, de estimular la veneración a nuestros elementos de identidad "con una clara conciencia de la nacionalidad", que permite a los símbolos objetivar el amor a la patria y sintetizar el anhelo colectivo que nos hace guardar un profundo respeto "al contemplar el lábaro patrio".
Lo anterior se hace aún más patente en el caso en que el lábaro patrio deba ser destruido y reemplazado, de manera que regular un proceso de esta naturaleza realizado por personas pertenecientes a la sociedad civil, debe conciliarse con el elevado interés de todos los mexicanos de venerar patrióticamente a sus símbolos y someterse por ello a reglas de solemnidad indispensables, tales como las propuestas por la iniciativa en dictamen.
La comisión que suscribe es también del criterio de que conviene incorporar al texto de la ley algunas otras especificaciones, producto de la experiencia de 10 años en la aplicación de la norma vigente, como sería el caso de ordenar la expedición del Reglamento de la propia ley, en el que se determinaran las atribuciones que correspondan a cada dependencia del Gobierno Federal y la coordinación entre éste y los gobiernos del Distrito Federal, los estados y los municipios.
En consecuencia de todo lo anterior y,
CONSIDERANDO
Primero. Que toda reproducción del escudo nacional debe ajustarse estrictamente a los términos del artículo 2o. de la ley, procede establecer, siguiendo el espíritu, aunque no el texto de la iniciativa que se dictamina, que las mismas características se reproduzcan cuando aquél aparezca en el reverso de la Bandera Nacional, salvo la posición de las garras que obviamente tendría que ser la contraria a la dispuesta actualmente por la ley.
Es indispensable aclarar que esto deberá acatarse sólo en el caso de que el reverso de una bandera sea específicamente elaborado y no el producto de una trasparencia, en cuyo caso, el perfil y la orientación de las garras serán necesariamente las contrarias.
Segundo. Que con fecha 3 de septiembre de 1993, entró en vigor la reforma al artículo 65 de la Constitución General de la República, para determinar que los periodos de sesiones ordinarias del Congreso se inician el 1o. de septiembre y el 15 de marzo, por lo que es oportuno reponer, como fechas en que debe izarse a toda asta el lábaro patrio, el 1o. de septiembre y el 15 de marzo de cada año.
Tercero. Que la banda presidencial es el emblema del Poder Ejecutivo Federal y que éste se deposita en un solo individuo, que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como que dicho distintivo poseé características propias que más que identificarlo, lo diferencian de la Bandera Nacional, en razón de lo cual los suscritos consideran improcedente hacer una reforma a un precepto, cuya modificación debería contar necesariamente con la opinión del Presidente de la República.
Cuarto. Que la experiencia de los últimos 10 años, lapso en el que ha estado vigente la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, se incorporó por decreto presidencial del 21 de noviembre de 1991, la declaración del Día de la Armada de México, señalando para el efecto, el 23 de noviembre de cada año, festejo y fecha que merecen incorporarse al texto de la ley; así como que, en esos 10 años se ha probado que materias como la incineración, el abanderamiento deportivo y ejecución del Himno Nacional en diversos encuentros de esta naturaleza y la reproducción para efectos comerciales de la bandera y el himno, requieren de una normatividad suficientemente específica y flexible y por lo mismo de que la facultad reglamentaria que corresponde al Ejecutivo Federal se materialice para facilitar la aplicación de la ley y el alcance de sus objetivos y propósitos.
Quinto. Finalmente y con el propósito de reiterar el carácter ejemplar que deben asumir los órganos del Estado frente a la exaltación de los valores patrios, esta comisión hace una atenta recomendación a las directivas de las cámaras del honorable Congreso de la Unión, a fin de que, en apego al artículo 42 de la ley en comento, se ejecute el Himno Nacional en todas las sesiones de Congreso General, sean éstas de apertura o clausura. Lo anterior en virtud de la relevancia de las mismas, a las que debe dárseles la solemnidad que ameritan, pues como lo determina la propia ley, son actos solemnes de carácter oficial, correspondientes a la elevada función del Poder Legislativo de la Unión.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se modifican los artículos 2o., 18 y 55 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando el escudo nacional se reproduzca en el reverso de la Bandera Nacional, el águila mexicana se presentará posada en su garra derecha, sujetando con la izquierda y el pico la serpiente curvada.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 de marzo.
Apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.
15 de abril. (derogado.)
1o. de septiembre.
Apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.
1o. de noviembre. (derogado.)
23 de noviembre.
"Día de la Armada de México"
Artículo 55. Compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta ley; en esa función serán sus auxiliares todas las autoridades del país. Queda a cargo de las autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos. Lo anterior se llevará a cabo de conformidad con los reglamentos correspondientes.
Artículo segundo. Se adicionan los artículos 54-bis, 58 y 59, en los siguientes términos:
Artículo 54-bis. Cuando se requiera destruir alguna réplica de la Bandera Nacional, se hará mediante la incineración, en acto respetuoso y solemne, de conformidad con las especificaciones que el reglamento correspondiente determine.
Artículo 58. En encuentros deportivos de cualquier índole, que se celebren dentro del territorio nacional, el abanderamiento y la ejecución del Himno Nacional, así como el uso de la propia bandera, se ajustarán a las determinaciones del reglamento respectivo.
Artículo 59. Los accesorios en que se reproduzcan, para efectos comerciales, la bandera o el himno nacionales, deberán cumplir con los requisitos que determine el reglamento respectivo, con arreglo a los preceptos de este ordenamiento.
TRANSITORIOS
Primero. Las presentes entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las réplicas de la Bandera Nacional que existan actualmente en las dependencias de los poderes federales, estatales, municipales, escuelas, institutos de educación públicos y privados, o en poder de particulares, que contengan el escudo nacional en forma distinta a lo preceptuado por el artículo 2o. de esta ley, podrán seguir honrándose hasta que sea necesaria su destrucción, misma que deberá llevarse a cabo como lo indica el artículo 54-bis.
A partir de la fecha en que entran en vigor las presentes reformas, la elaboración de réplicas de la Bandera Nacional se apegará fielmente a lo preceptuado en esta ley.
Tercero. El Ejecutivo Federal expedirá el reglamento de esta ley, en el que determinará las atribuciones que corresponden a cada dependencia del Gobierno Federal y la coordinación entre éste y los gobiernos del Distrito Federal, los estados y los municipios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo de 1995.- Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Octavio Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, Mauro González Luna, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Está a discusión este dictamen, en lo general y en lo particular; es el relativo al proyecto de decreto que reforma, como antes se dijo, los artículos 2o., 18, 55, y se adicionan los artículos 54-bis, 58 y 60 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales.
Se informa a la Asamblea que se ha registrado solamente para hablar en lo general y en pro del dictamen, el diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez.
Tiene la palabra el diputado Rojo Gutiérrez.
El diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez:
Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados:
Coincidiendo con la exposición temporal que de los símbolos patrios se está llevando a cabo en el recinto de esta Cámara de Diputados, me toca el honor de entrar al debate del dictamen que sobre la iniciativa de modificación y adición a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, por mi conducto presentó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el 22 de noviembre de 1994.
Cuatro fueron los motivos que nos llevaron a la formulación y presentación de la iniciativa en comento como sigue:
1o. La necesidad de modificar la ley en aspectos sustantivos que permanecían fuera de la norma.
2o. Adecuar el calendario en el cual debe izarse la Bandera Nacional a toda asta.
3o. Corregir el error en la portación de la banda presidencial por parte del titular del Poder Ejecutivo.
4o. Debatir sobre un tema que uniera a los miembros del Congreso de la Unión de su LVI Legislatura.
Considero que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales hizo un esfuerzo tratando de lograr una mejoría y enriquecimiento a la iniciativa presentada a su dictamen, lo cual lo podemos observar al hacer adiciones e incluyendo nuevas normas para el mejor uso de nuestros símbolos patrios y que podamos hacer mejor los honores como es debido.
Sin embargo, los esfuerzos desarrollados no culminaron en el total acuerdo de corregir el error que existe en el artículo 34 de la ley, pues en su considerando tercero el dictamen expresa que la banda presidencial es el emblema del Poder Ejecutivo Federal, y que éste se deposita en un solo individuo, que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como que dicho distintivo posee características propias que más que identificarlo, lo diferencian de la Bandera Nacional, en razón de lo cual los suscritos consideran improcedente hacer una reforma a un precepto cuya modificación deberá contar necesariamente con la opinión del Presidente de la República.
En su oportunidad, creo y estoy seguro, que en armonía y unidad se logrará un avance en este sentido.
En virtud de que el decreto contempla necesariamente nuevas disposiciones, también se señala la necesidad de una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, para evitar que se hagan distorsiones y actos fuera de lo que de esta ley se está aprobando.
Pido a todos ustedes, compañeros diputados, que aprobemos este decreto, ya que definitivamente es el resultado de un esfuerzo que hicieron todos los miembros y que además es uno de los anhelos de todos nosotros, para tener una ley que realmente cubra las necesidades con respecto a nuestro Escudo, la Bandera y el Himno nacionales. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
En virtud de que no hay la solicitud de ninguna otra intervención, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente considerado y discutido en lo general y en lo particular.
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recibir la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 351 votos en pro y cero en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 351 votos, el proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 18, 55 y adiciona los artículos 54-bis, 59 y 60 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales.
El secretario José Noé Mario Moreno Carbajal:
Se pasa al Senado para los efectos constitucionales.
ELECCION DE MESA DIRECTIVA
El Presidente:
Señores diputados, con esta sesión concluye el primer mes del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional de la LVI Legislatura.
Ha sido un trabajo intenso, en que ha habido intensa participación también de todas las fracciones parlamentarias representadas en esta cámara, para el tratamiento de asuntos del mayor interés nacional.
En el tratamiento de estos asuntos se manifestó a plenitud la diversidad del pensamiento político nacional y en ese sentido fue una jornada importante en la vida colectiva del país.
Compartiendo la responsabilidad nuestra en la conducción, estuvieron los diputados Armando Ballinas Mayes, María del Carmen Segura Rangel, Froylán Velázquez Hernández y Alejandro Moreno Berry, a quienes reconocemos de manera expresa su colaboración, como lo hacemos también con respecto a los diputados que desempeñaron la Secretaría, así como al personal de apoyo de esta cámara y a los medios masivos de información, que supieron dar una información correcta y veraz de los trabajos realizados en la cámara durante este mes.
Ahora, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso, se va a proceder a la elección de la mesa directiva que funcionará del 15 al 30 de abril, durante este segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional de esta legislatura.
El secretario Gerardo Macario Rodríguez Rivera:
Se ruega a los diputados pasen a depositar su cédula conforme se mencione su nombre.
(Votación)
Esta Secretaría informa el resultado del escrutinio: se emitieron dos votos en contra, cuatro votos de planillas diversas, cuatro abstenciones, y 325 votos a favor de la planilla integrada por los diputados:
Sofía Valencia Abundis, presidenta; Florentino Castro López, Alejandro González Alcocer, Anselmo García Cruz y Ezequiel Flores Rodríguez, vicepresidentes; José Antonio Hernández Fraguas, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Manuel Alberto Coronel Zenteno, secretarios; Horacio Pereznegrón Pereznegrón, Eusebio Moreno Muñoz, Fernando Flores Gómez González y César Humberto González Magallón, prosecretarios.
El Presidente:
En consecuencia, se hace la siguiente declaración integrar la mesa directiva, que funcionará del 15 al 30 de abril, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura, los siguientes diputados:
Sofía Valencia Abundis, presidenta; Florentino Castro López, Alejandro González Alcocer, Anselmo García Cruz y Ezequiel Flores Rodríguez, vicepresidentes; José Antonio Hernández Fraguas, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Manuel Alberto Coronel Zenteno, secretarios; Horacio Pereznegrón Pereznegrón, Eusebio Moreno Muñoz, Fernando Flores Gómez González y César Humberto González Magallón, prosecretarios.
FORO NACIONAL HACIA UN AUTENTICO FEDERALISMO
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre el foro nacional hacia un auténtico federalismo, ha pedido la palabra el diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte; asimismo, el diputado Rafael Ayala López, ambos del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra el diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Los tres últimos días de marzo se realizó en Guadalajara el foro hacia un auténtico federalismo, donde se ordenó un debate que legítimamente debe darse en el Congreso de la Unión, pero que por distintas razones lo hemos eludido o no lo hemos profundizado suficientemente. El foro fue un evento que convocó a académicos y funcionarios públicos de distintas corrientes del pensamiento, todos ellos conscientes de la importancia del federalismo e interesados en que la rectoría, dé pasos a acciones que coadyuven a llegar a él, por considerarlo pilar de la transformación de México.
Fue un elemento no partidista, porque la lucha por el auténtico federalismo no es una lucha de un solo partido; es una lucha porque puedan coexistir distintas soluciones en las distintas regiones del territorio nacional.
Las difíciles y cruentas luchas de centralistas y federalistas del siglo pasado, deben ser recordadas para evitar que el federalismo sea motivo de división entre los mexicanos. Debemos de aprender de ellas para evitar dolorosos errores y llegar más rápidamente a mejores niveles de vida para todos los mexicanos.
Debemos recordar que si bien Miguel Ramos Arizpe y fray Servando Teresa de Mier, aportaron las ideas federalistas que se sobrepusieron a las centralistas de Lucas Alemán y Carlos María de Bustamante, en el propio Congreso constituyente de 1824, sus pensamientos no han sido prácticas hasta nuestros días, porque el conflicto entre federalistas y centralistas fue muchas veces aprovechado para satisfacer intereses personales entre políticos, que no vacilaron en utilizar soluciones armadas. Algunas llegaron en nombre del federalismo a convocar a la revolución contra el centralismo, para implantar un régimen aún más autoritario. Como comentario en su ponencia el senador Eloy Cantú, se vivió un federalismo formal y un centralismo real, a lo que yo agrego, que por mucho que nos duela decirlo, aún perdura en nuestros días.
Desgraciadamente ni la Revolución Mexicana de 1910 ni la Constitución de 1917, cambiaron suficientemente el camino de México hacia un federalismo real, con el agravante de que las más de 120 reformas constitucionales habidas desde su promulgación, han concentrado el presidencialismo y debilitado el auténtico federalismo.
Actualmente el Gobierno central, el que solamente de nombre es federal, acapara excesivamente la agenda política, recauda más del 98% de los recursos fiscales y concentra más del 80% de los dineros que gastan las tres instancias de gobierno. Ya es tiempo de enderezar el rumbo, y compete a esta soberanía comenzar a debatir sobre cambios, propuestas y modificaciones.
Esta no es una lucha de un partido contra otro, todo lo contrario. Estamos llamando a los demás grupos parlamentarios para que se sumen a esta lucha, que exige de todos los mexicanos su aportación a la construcción del auténtico federalismo.
Por esta razón, el foro lo convocaron gobernadores del PRI y del PAN, con una visión pluralista se invitó a personalidades de los cuatro partidos y a estudiosos de distintas corrientes ideológicas, para que aportaran sus puntos de vista.
Ahora desde esta tribuna, invitamos a los distintos grupos parlamentarios, a que se unan al debate por un auténtico federalismo y continuemos el esfuerzo comenzado en Guadalajara.
El propio Presidente de la República, en el discurso inaugural del foro, expresó: "El centralismo es simiente de un verticalismo autoritario y soberbio que riñe con el despliegue de la democracia y de la participación social. El centralismo coarta el desenvolvimiento equilibrado de las regiones del país, al concentrar recursos y riqueza, oportunidades e iniciativas, decisiones y estímulos. Hoy en México el centralismo es opresivo y retrógrado, socialmente insensible e ineficiente. Es mi convicción de que el Gobierno Federal debe ceder espacios reales de acción gubernamental a los estados y municipios, y que ello no significa debilitamiento de la autoridad. Es precisamente en este Congreso de la Unión donde debemos discutir tiempos y formas de esa cesión de espacios; no eludamos nuestra responsabilidad y contribuyamos a esa tarea de construir un México pluralista, moderno, eficiente y federalista." Debemos legislar para que estados y municipios cuenten con recursos para cumplir su misión, pero también tenemos que decidir qué atribuciones adicionales a las que actualmente tienen deben ser efectuados por otros niveles de gobierno. Debemos de señalar dónde hay duplicación de funciones entre Federación y estados, o entre estados y municipios, mismas que pueden ser obviadas mediante la definición constitucional o la asignación de presupuestos.
¿Cuáles facultades deben de ser transferidas porque estados o municipios las pueden realizar más eficientemente?, entre otras cosas porque no es práctico que una autoridad central decida sobre cuestiones locales que suceden a miles de kilómetros de un escritorio. No pueden tener ni sensibilidad ni una adecuada supervisión.
Debemos definir si todas las secretarías federales deben subsistir como las conocemos o si deberán continuar siendo solamente normativas, para que las secretarías estatales del mismo rubro sean las operativas y las que ejerzan un único presupuesto, hasta ahora ejecutado totalmente por la Federación o en algunos casos compartido entre las dos instancias de gobierno.
Hay secretarías de la Federación a las que seguramente nadie propondrá retirarles facultades, porque son inherentes a su ser de secretarías nacionales: Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Hacienda y Crédito Público; hay otras que ya han comenzado a federalizarse y pueden ser transferidas a los estados sin mucha discusión, como son las de Educación Pública y Salud; pero existe un buen número de ellas, nueve para ser exactos, a las que tendremos que dedicarles muchas horas para considerar qué es más conveniente: ¿transferir sus facultades íntegras a los estados o dejar que las secretarías federales sean exclusivamente normativas y en todo caso, correctoras de iniquidades entre las diferentes regiones del país?, mientras que sean las secretarías estatales las encargadas de ejecutar el presupuesto de obra pública y de operación del área.
Y aquí quisiera yo enfatizar en el principio de subsidiaridad, una regla de oro de la administración pública, que a veces se nos olvida. A pesar de que tiene más de 600 años de que fuera expresada y hoy encuentra su aplicación en problemas en muchas entidades federales tan complejas como la unidad europea, la subsidiaridad parece no ser conocida por muchos de ustedes. El principio es muy sencillo, que el ente superior no realice lo que puede hacer el ente inferior. Como dijo un amigo en la campaña presidencial de 1988: que haya tanto municipio como sea posible y sólo tanto estado como sea necesario.
En la Constitución está claramente expresado el principio de subsidiaridad, aunque no con esas palabras; pero está clara la exigencia de que los municipios sean la base de la distribución territorial y de la organización política y administrativa de los estados. Es una base sólida de una pirámide nacional, sobre ella se construyen las unidades federativas que posteriormente se constituyen en federación. No es constitucional la pirámide parada de cabeza sobre la cúpula presidencial. La subsidiaridad escalonada está como exigencia de sentido común, de sentido jurídico y de la Constitución, aunque no sea explícita en ese nombre.
Para poder decidir responsablemente sobre la correcta distribución de funciones entre los distintos niveles de gobierno, tendremos que escuchar opiniones versadas sobre cada una de ellas, tanto por parte de especialistas como de ciudadanos preocupados por asuntos específicos; tendremos que decidir qué nivel de gobierno puede ser más eficiente en cada rubro y considerar cuál lo puede hacer mejor. Sólo con suficientes elementos de información podremos tomar las decisiones políticas en forma acertada, pues ninguna decisión de redistribuir funciones depende de principios de doctrina; depende de qué nivel de gobierno lo pueda hacer mejor, más eficientemente en términos de costo y de respuesta a las demandas de los ciudadanos. Aunque pudiera pensarse que el convenio de coordinación fiscal es lo único que habría que corregir para llegar a un auténtico federalismo, la verdad es que tendrá que ser el último eslabón que deberemos enmendar.
Está claro que tiene que ser corregido para que los tres niveles de gobierno puedan cumplir la nueva asignación de tareas, ya que es a todas luces inequitativo que en los Estados Unidos Mexicanos, la Federación maneje el 80% de los recursos fiscales, cuando en muchos otros países federales del mundo, el gobierno central no maneja más allá del 50% de ellos. Pero también hay que decirlo claramente, el problema del escaso federalismo en México se muestra numéricamente en la distribución fiscal, pero abarca todos los campos de la administración pública.
El federalismo sin embargo, no solamente implica cambios legislativos; implica cambios de actitud de gobernantes y gobernados. Debemos llegar como puntual investigador del ITAM Alonso Lujambio, en su exposición a un federalismo promotor de tolerancia y pluralidad políticas. O como apuntó Ernesto Ruffo, gobernador de Baja California: debemos ir de la periferia al centro, del municipio al Estado, de los estados a la Federación.
Y más aún, como expresara Norma Samaniego, secretaria de la Contraloria: el fortalecimiento municipal constituye una piedra angular para sustentar un nuevo federalismo. Implica desterrar actitudes paternalistas tradicionales y dar cauce a la creatividad y a las propuestas de las comunidades.
Y aún más, lo que propuso la alcaldesa de Atoyac de Alvarez, del Estado de Guerrero: un consejo de ayuntamientos en cada estado, instancia de relación horizontal con el Ejecutivo y el Legislativo.
Avancemos por esta ruta; única ruta que nos permitirá transitar en paz, pues habiendo más centros de decisión, ésos estarán más cerca de la gente, de los ciudadanos, facilita la comunicación entre Gobierno y gobernados y son de suma positiva; es decir, pueden ganar todos y esto lo dijo en contraposición de los juegos de suma cero a los que tanto nos han acostumbrado en que lo que gana un participante lo pierde otro. En el federalismo todos podemos ganar.
El federalismo hace posible que alguna solución viable en una región del país no sea impuesta a otra, sino que obligue a buscar y a encontrar soluciones locales a los problemas regionales.
Reiteramos la convocatoria a todos los diputados a unirse a esta lucha por el federalismo; por el bien de su municipio y de sus regiones. Llevemos los comentarios y opiniones válidas a la práctica; que nos comprometamos a hacer realidad un auténtico federalismo.
Y como dijera el Secretario de Gobernación en la clausura: pasemos de las palabras a los hechos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, sobre este mismo asunto, el diputado Alfonso Molina Ruibal.
El diputado Alfonso Molina Ruibal:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nuevamente el tema del federalismo fiscal ocupa la atención de esta legislatura. Lo celebro y a nombre de la diputación priísta expreso desde luego el apoyo irrestricto a un tema que interesa a la nación.
Deseo; sin embargo muy brevemente, hacer algunos comentarios muy respetuosos a lo que hace un momento manifestó aquí coincidiendo por cierto en mucho de lo que él expresó, con el señor diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte.
Asistí, junto con algunos compañeros de mi propio partido, al extraordinario foro celebrado en la ciudad de Guadalajara y que en efecto, fue convocado por gobernadores y alcaldes de los diversos partidos políticos. Lo hice, por cierto, en compañía del presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Suárez y Dávila, quien también participó en ese debate.
La riqueza conceptual de las exposiciones, la profundidad del propio debate, la fuerza de las argumentaciones, merecen, sin duda, un análisis detenido y a fondo, que seguramente esta propia legislatura hará en su momento.
Habremos de participar, quienes hemos expresado interés en el tema; pero sobre todo, quienes recogimos a lo largo y ancho del país, en los diferentes distritos de los que provenimos, de las diferentes entidades federativas a las cuales representamos en un tema tan importante para ellas. Lo haremos también al revisar la angustiosa situación económica que aquí se ha dicho, de la que aquí se ha hablado, de entidades federativas y del municipio. Todo esto no está a discusión. Existe consenso sobre el tema; existe consenso sobre la necesidad del nuevo federalismo. Pero lo que habría que revisar con cuidado es precisamente que no se pretenda convertir al tema del nuevo federalismo, como bandera exclusiva de uno u otro partido político. Expresar así aquí, a veces, no en el caso del señor diputado que me antecedió, con una expresión casi heroica, como si la lucha por el federalismo fiscal hubiera iniciado hace apenas algunos años.
Y me remito a los hechos, a la historia propia de la coordinación fiscal que está registrada en documentos, en memorias, en documentos públicos, que pueden ser revisados por quien así lo desee.
No quiero, no pretendo hacerlo, el interés que a través de muchos años el partido al cual pertenece el diputado que me antecedió en la palabra, ha manifestado sobre este tema. También hay constancias de este interés, de este partido. Pero, venir a decir que prácticamente comienza el nuevo federalismo, bueno, en el foro de Guadalajara y con la lucha de Acción Nacional, es no concordar con la propia historia de una lucha que se remonta a muchos años, de entidades y municipios, por acabar con el centralismo en nuestro país. De alguna manera es querer forzar los hechos. Desde luego, a veces de buena fe y en otras veces, con fines políticos y partidistas.
Hay constancia, en efecto, de que los estados y municipios del país, desde hace muchos años, hemos planteado con fuerza, con firmeza y con convicción, la necesidad de un nuevo federalismo. Revisemos simplemente los últimos 25 años del Sistema de Coordinación Fiscal, en el seno precisamente de la Comisión Permanente, de funcionarios fiscales. Ahí están los reclamos, los debates de entidades federativas por recuperar facultades y recursos y esto, desde luego, mucho antes de que otro partido que no fuera el mayoritario, estuviera gobernando alguna entidad federativa o incluso algún municipio de particular importancia en el país. Revisemos, por ello, con objetividad, sin pasión partidista, los planteamientos de muchos de nosotros como candidatos, de cientos de candidatos de diferentes partidos que a lo largo y ancho del país, en sus campañas, plantearon esta necesidad.
No entraré al debate, insisto que no es el momento. Además el tono del señor diputado que me antecedió, fue particularmente respetuoso.
Sabemos de las fallas del sistema de coordinación fiscal. Tenemos que reconocer las fallas y lagunas y desde luego también ¿Por qué no?, sus innegables logros y aciertos.
Coincidimos en que se agoto su vigencia, que es urgente modificarlo, que debemos devolver a estados y municipios las facultades y los recursos que les corresponden y encontrar, desde luego, el sano equilibrio entre entidades de alta capacidad de desarrollo y regiones de nuestro país con menor potencial.
Todos estos temas, por cierto, fueron abordados en el foro de Guadalajara. Hay que retomarlos. Pero respetuosamente solicito que por encima de los intereses que cada uno de nosotros como partidos políticos tenemos, nos vayamos precisamente al fondo del asunto. Que no pretendamos acaparar la paternidad de un asunto que interesa a la nación.
Desde nuestras propias barreras ideológicas, desde nuestras propias posiciones partidistas, si no existe flexibilidad, seguramente no encontraremos el consenso que requerimos. Si mezclamos el debate con acontecimientos lamentables en alguna entidad o en algún municipio que ha tenido a lo largo de estos años enfrentamientos con o sin fundamento con el Gobierno central, sería enfrascarnos en el tema, revisándolo desde el punto de vista del propio pasado.
Por eso he venido a esta tribuna, con mucho respeto, para pedir que veamos mejor hacia adelante. Que las coincidencias superen las divergencias y aquí se comentó, que el propio presidente Ernesto Zedillo, en el foro de Guadalajara al que asistió y que fue también por cierto clausurado por el Secretario de Gobernación, ambos plantearon la urgencia de este nuevo federalismo. Reclamo por cierto, que el propio Presidente hizo público y se comprometió con él desde su campaña política.
Ya está, pues, clara la voluntad política; encontremos entonces cómo revisar precisamente las facultades de las secretarías, de las delegaciones y posteriormente cómo armonizar el poder del Gobierno del estado, el poder central dentro de una entidad federativa, con el auténtico también reclamo de municipios en el país.
Señoras y señores diputados: vayamos por lo tanto juntos hacia este nuevo federalismo. Tomemos la opinión de quienes de esto saben: de los propios gobernadores, independientemente del signo ideológico; de presidentes municipales, de intelectuales, de teóricos sobre la materia. Analicemos la experiencia efectivamente de otros países y veamos, juntos, hacia este nuevo federalismo que es reclamo de toda la nación.
Por cierto, con motivo del Plan Nacional de Desarrollo habrá diversos temas en los cuales este asunto en particular será abordado. Deseo por cierto invitar al señor diputado Díaz y Pérez Duarte al foro que tendrá lugar, precisamente, en la sede o en la entidad de la que provengo, en Hermosillo, la próxima semana y donde también, por cierto un distinguido diputado panista sonorense participará como ponente.
Es decir, en resumen, creo yo que podemos juntos encontrar, por encima de intereses partidistas, la estrategia adecuada para atender el reclamo del país.
Así como en otros temas, esta legislatura ha sabido cumplir con su responsabilidad histórica, estoy seguro, estoy cierto y creo que coincidimos todas las fracciones parlamentarias, que en este tema de interés para la nación, también estaremos a la altura de nuestra responsabilidad. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, el diputado Rafael Ayala López, para rectificar hechos por cinco minutos.
El diputado Rafael Ayala López:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nos parece de capital importancia el que al menos en forma colateral a los trabajos de este día, se mencione un tema tan importante como es éste que está ahorita a debate, el tema del federalismo.
Mi compañero Alejandro Díaz y Pérez Duarte, en tono muy coloquial, muy asequible, menciona la forma como se desarrollaron los trabajos en este foro sobre federalismo, en el que el propio señor Presidente de la República, el propio Secretario de Educación, estuvieron tan interesados que asistieron a la apertura y a la clausura.
Yo también asistí al foro y me consta que fueron trabajos que se desarrollaron en un clima de mucha altura, en un clima, casi pudiera decir yo académico, en un clima en donde se puso en el tapete de la discusión, por supuesto, los distintos puntos de vista de los expositores, en el que desde los señores diputados de todos los partidos, los senadores de todos los partidos, gobernadores de distintos partidos políticos, académicos europeos etcétera, platicamos sobre el tema y, después de la exposición un tema muy rico en la forma, en los términos de recoger las conclusiones, con mucha aportación y con mucha sencillez, pero con mucha profundidad en los mismos.
Yo quisiera decirle a mi amigo el diputado Alfonso Molina, que estamos de acuerdo en que el tema del federalismo no es un tema exclusivo de un solo partido, es un tema que interesa a todo el pueblo de México, a toda la sociedad. Lo que sí creemos que es exclusivo es por qué se origina el tema del federalismo. Pues, por supuesto, porque es exclusivo de los gobernantes emanados de un partido político, la centralización y el acaparamiento del tema, sobre todo en materia fiscal.
Hay otra realidad también, compañeras y compañeros diputados y es que el tema del federalismo, sobre todo del federalismo fiscal, es un tema que se empieza a ventilar, es un tema que sale a discusión nacional a partir de que algunos gobiernos de oposición empujan este asunto, porque se empiezan a dar cuenta de lo duro y difícil que es mantener un esquema de Gobierno con los esquemas fiscales de las participaciones.
Yo recuerdo que en su campaña política, el candidato Colosio toma el tema de federalismo. El doctor Zedillo en su campaña política también toma el tema del federalismo fiscal, del federalismo en su conjunto, pero toca el tema del federalismo fiscal y esto nos lleva a la conclusión de que, en efecto, se ventila este tema a raíz de que los gobiernos de oposición, no partidisados, sino porque son institucionalmente gobiernos, sacan el tema a ventilar en la opinión pública nacional y lo retoman las distintas fuerzas políticas. ¡Qué bueno que así sea!, nos congratulamos por ello y estamos muy satisfechos de que, en efecto, exista la voluntad política de que este asunto en lo futuro no se partidice y se siga continuando en el esquema de hacerlo un tema abierto, un tema central del debate, con el mejor ánimo de encontrar lo mejor para todos.
El federalismo no solamente es el tema fiscal, hay otros temas: el tema educativo, el tema de las competencias constitucionales, el tema de la distribución de recursos, de los desarrollos regionales; tantas cosas que hay que decir sobre esta materia.
Quisiéramos también puntualizar que federalismo es pluralismo y que la competencia política finalmente es la que puede llevar a cabo el que discutamos, comentemos y acordemos temas que son de interés general que en el pasado y hay que admitirlo diputado Molina, estos temas no se ventilaban y no se ventilaban porque no habla precisamente quién lo pusiera en el tapete de la discusión.
Finalmente, sin ánimo de polemizar y tratando de rescatar la idea que se sembró en este foro de Guadalajara, quede constancia de mi partido que existe la mejor voluntad política de que, en efecto, estos temas que son ríspidos y difíciles, pero no por ello imposibles de abordar, se sigan buscando en el futuro con la mejor de las voluntades políticas por el bien de México. Muchas gracias.
LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
El Presidente:
Se acaba de recibir en esta Presidencia un oficio de la Secretaría de Gobernación.
Se ruega a la Secretaría dar lectura a ese documento.
La secretaria Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del Presidente de la República y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes iniciativa de Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Documento que el primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F. 10 de abril de 1995.- Por acuerdo del Secretario. El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En virtud de los procesos de reforma e integración a nivel mundial que nuestra economía ha vivido en los últimos años, se han aplicado diversas medidas con objeto de desarrollar un sistema financiero más eficiente y competitivo, capaz de responder de mejor manera a las necesidades de nuestro país. Entre estas medidas, destacan el restablecimiento del régimen mixto de banca a través de la desincorporación de las instituciones de banca múltiple, la configuración de grupos financieros y nuevas entidades, así como la apertura del sector financiero a una mayor competencia, tanto interna como del exterior.
En su dinámica, nuestro sistema financiero se ha orientado hacia lo que se conoce como un esquema de banca universal, al permitir la prestación conjunta de una muy amplia gama de servicios, a través de entidades financieras pertenecientes a un mismo grupo.
También se han otorgado autorizaciones para la constitución y operación de bancos, casas de bolsa y otros intermediarios financieros, aumentando significativamente el número de entidades que ofrecen productos y servicios financieros, para atender las crecientes demandas de financiamiento de nuestra economía. Adicionalmente, se ha permitido la entrada a México de instituciones financieras del exterior, cuyas inversiones y desarrollo tecnológico habrán de contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema y de coadyuvar a la satisfacción de las necesidades crediticias de la planta productiva nacional.
Si bien, de esta estructura derivan importantes ventajas tales como economías de escala, sinergias, así como la concepción de nuevas y sofisticadas operaciones y servicios dentro de un sector más competido, por otra parte, implica la necesidad de contar con mejores organismos y procedimientos de supervisión, en particular, aquellos que permitan medir en forma consolidada el estado en que se encuentran las instituciones en lo individual o formando parte de grupos financieros. Así, se hace necesario supervisar de manera más eficaz a las entidades financieras, a efecto de evaluar adecuadamente los riesgos que enfrentan sus sistemas de control y la calidad moral y técnica de sus administradores.
Los actos de abuso y corrupción por parte de los administradores de las entidades financieras, comprometen la salud de las instituciones que dirigen y dañan el buen nombre de nuestro sistema financiero, por lo que deben ser prevenidos y sancionados.
Recientemente, algunos grupos financieros han sido afectados seriamente por sus propios administradores, lo cual derivó en intervenciones gerenciales por parte de las autoridades, a fin de restablecer su correcto funcionamiento y con ello proteger los intereses del público y del sistema financiero en su conjunto; sin embargo, el saneamiento de dichas entidades trae consigo inevitables costos. Ello nos obliga a redoblar los esfuerzos de supervisión y a castigar con todo el rigor de la ley a quienes disponen indebidamente de los recursos de las instituciones.
Por todo ello, me permito someter a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de ley, cuyo propósito es consolidar en un solo órgano, desconcentrando las funciones que hoy corresponden a la Comisión Nacional Bancaria y a la Comisión Nacional de Valores.
La nueva Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendría por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.
Esta nueva comisión aglutinaría las funciones y facultades que actualmente corresponden a la Comisión Nacional Bancaria y a la Comisión Nacional de Valores y comprendería en su esfera de atribuciones a todas las instituciones del sistema financiero, excepción hecha de las correspondientes al sector asegurador y afianzador, que por sus particularidades y especialización es conveniente mantenerlas bajo la vigilancia de otro órgano supervisor.
Por otra parte, el citado órgano desconcentrado conservaría plenamente las facultades de autoridad que actualmente tienen las comisiones supervisoras, complementándolas con la de establecer programas preventivos y de corrección, de cumplimiento forzoso para las entidades financieras, tendientes a eliminar irregularidades. A su vez, dichos programas se establecerían cuando las entidades presenten desequilibrios financieros que puedan afectar su liquidez, solvencia o estabilidad, pudiendo en todo caso instrumentarse mediante acuerdo con las propias entidades. Asimismo, se le darían atribuciones a la referida comisión para suspender todas o algunas de las operaciones de las entidades financieras, cuando por infracciones graves o reiteradas a las leyes que las rigen o a las disposiciones que deriven de ellas sea necesaria dicha medida.
Adicionalmente, conforme a lo previsto en las leyes que regulan al sistema financiero, la comisión podría dictar normas prudenciales orientadas a preservar la liquidez, la solvencia y la estabilidad de los intermediarios. Tales regulaciones prudenciales son, entre otras, las que se refieren a diversificación de riesgos, capitalización y creación de provisiones preventivas.
La administración del nuevo órgano estaría conferida a una junta de gobierno y a un presidente, que funcionaría en términos similares a los vigentes para las comisiones supervisoras existentes.
Finalmente, el nuevo órgano contaría con una estructura que aproveche la especialidad y experiencia alcanzadas en ambas comisiones y que responda a los objetivos de austeridad planteados por mi administración, de particular trascendencia dada la actual situación económica del país.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente:
INICIATIVA DE LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
TITULO PRIMERO
De la naturaleza, objeto y facultades CAPITULO I
De la naturaleza y objeto
Artículo 1o. Se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de esta ley.
Artículo 2o. La comisión tendrá por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.
También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero.
Artículo 3o. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; II. Junta de gobierno o junta, a la junta de gobierno de la comisión; III. Presidente, al presidente de la comisión, y
IV. Entidades del sector financiero o entidades, a las sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, especialistas bursátiles, bolsas de valores, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, instituciones para el depósito de valores, instituciones calificadoras de valores, sociedades de información crediticia, así como otras instituciones y fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y respecto de los cuales la comisión ejerza facultades de supervisión.
CAPITULO II
De las facultades
Artículo 4o. Corresponde a la comisión:
I. Realizar la supervisión de las entidades, así como de las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero;
II. Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán las entidades;
III. Dictar normas de registro de operaciones aplicables a las entidades;
IV. Fijar reglas para la estimación de los activos y, en su caso, de las obligaciones y responsabilidades de las entidades, en los términos que señalan las leyes;
V. Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente las entidades;
VI. Emitir disposiciones de carácter general que establezcan las características y requisitos que deberán cumplir los auditores de las entidades, así como sus dictámenes;
VII. Establecer los criterios a que se refiere el artículo 2o. de la Ley del Mercado de Valores, así como aquellos de aplicación general en el sector financiero, acerca de los actos y operaciones que se consideren contrarios a los usos mercantiles, bancarios y bursátiles o sanas prácticas de los mercados financieros y dictar las medidas necesarias para que las entidades ajusten sus actividades y operaciones a las leyes que le sean aplicables, a las disposiciones de carácter general que de ellas deriven y a los referidos usos y sanas prácticas;
VIII. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia financiera;
IX. Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan al sistema financiero, que las entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, en los términos y condiciones concertados, con los usuarios de servicios financieros;
X. Actuar como conciliador y árbitro, así como proponer la designación de árbitros, en conflictos originados por operaciones y servicios que hayan contratado las entidades con su clientela;
XI. Autorizar la constitución y operación, así como determinar el capital mínimo, de aquellas entidades que señalan las leyes;
XII. Autorizar o aprobar los nombramientos de consejeros, directivos, comisarios y apoderados de las entidades, en los términos de las leyes respectivas;
XIII. Determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión, veto o remoción y, en su caso, inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, funcionarios y demás personas que puedan obligar a las entidades, de conformidad con lo establecido en las leyes que las rigen;
XIV. Ordenar la suspensión de operaciones de las entidades;
XV. Intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven, en los términos que establecen las propias leyes;
XVI. Investigar actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables;
XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas;
XVIII. Investigar presuntas infracciones en materia de uso indebido de información privilegiada, de conformidad con las leyes que rigen a las entidades;
XIX. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, entidades y personas sujetas a su supervisión, así como a las disposiciones que emanen de ellas;
XX. Conocer y resolver sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de las sanciones aplicadas, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas;
XXI. Intervenir en los procedimientos de liquidación de las entidades en los términos de ley;
XXII. Determinar los días en que las entidades deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones;
XXIII. Elaborar y publicar estadísticas relativas a las entidades y mercados financieros;
XXIV. Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales con funciones de supervisión y regulación similares a las de la comisión, así como participar en foros de consulta y organismos de supervisión y regulación financieras a nivel nacional e internacional;
XXV. Proporcionar la asistencia que le soliciten las instituciones supervisoras y reguladoras de otros países, para lo cual en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, podrá recabar respecto de cualquier persona de información y documentación que sea objeto de la solicitud;
XXVI. Intervenir en la emisión, sorteos y cancelación de títulos o valores de las entidades, en los términos de ley, cuidando que la circulación de los mismos no exceda de los límites legales;
XXVII. Aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su participación accionaria y de las instituciones de banca de desarrollo, las disposiciones, así como las sanciones previstas en la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos que correspondan a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia ley, compete aplicar a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;
XXVIII. Llevar el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y certificar inscripciones que consten en el mismo;
XXIX. Autorizar, suspender o cancelar la inscripción de valores y especialistas bursátiles en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así como suspender la citada inscripción por lo que hace a las casas de bolsa; XXX. Supervisar a los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, respecto de las obligaciones que les impone la Ley del Mercado de Valores.
XXXI. Dictar las disposiciones de carácter general relativas a la forma y términos en que las sociedades emisoras que dispongan de información privilegiada tendrán la obligación de hacerla de conocimiento del público;
XXXII. Expedir normas que establezcan los requisitos mínimos de divulgación al público que las instituciones calificadoras de valores deberán satisfacer sobre la calidad crediticia de las emisiones que éstas hayan dictaminado y sobre otros aspectos tendientes a mejorar los servicios que la mismas prestan a los usuarios; XXXIII. Emitir reglas a que deberán sujetarse las casas de bolsa al realizar operaciones con sus accionistas, consejeros, directivos y empleados;
XXXIV. Autorizar y vigilar sistemas de compensación, de información centralizada, calificación de valores y otros mecanismos tendientes a facilitar las operaciones o a perfeccionar el mercado de valores;
XXXV. Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores, cuando en su mercado existan condiciones desordenadas o se efectúen operaciones no conformes a sanos usos o prácticas;
XXXVI. Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que esta ley y demás leyes le otorgan y para el eficaz cumplimiento de las mismas y de las disposiciones que con base en ellas se expidan, y
XXXVII. Las demás facultades que le estén atribuidas por esta ley y por otras leyes.
Artículo 5o. La supervisión que realice la comisión se sujetará al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal y comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que le confieren a la comisión esta ley, así como otras leyes y disposiciones aplicables.
La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas, sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la supervisión se evaluarán de manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, así como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero.
La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que se encuentran estas últimas.
La vigilancia se realizará por medio del análisis de la información económica y financiera, a fin de medir posibles efectos en las entidades financieras y en el sistema financiero en su conjunto.
La prevención y corrección se llevarán a cabo mediante el establecimiento de programas, de cumplimiento forzoso para las entidades financieras, tendientes a eliminar irregularidades. Asimismo, dichos programas se establecerán cuando las entidades presenten desequilibrios financieros que puedan afectar su liquidez, solvencia o estabilidad, pudiendo en todo caso instrumentarse mediante acuerdo con las propias entidades. El incumplimiento de los programas podrá dar lugar al ejercicio de la facultad contenida en la fracción XV del artículo 4o. de esta ley, sin perjuicio de las sanciones contempladas en el artículo 108 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La supervisión que efectúe la comisión respecto de las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, tendrá por propósito que tales personas observen debidamente las citadas leyes, así como las disposiciones que emanen de ellas.
Artículo 6o. Para los efectos de la fracción II del artículo 4o., la comisión, de conformidad con lo que establezcan las leyes relativas al sistema financiero, emitirá normas de carácter prudencial orientadas a preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de las entidades financieras.
Artículo 7o. La comisión, en uso de la facultad a que se refiere la fracción XIV del artículo 4o., podrá ordenar la suspensión temporal de todas o algunas de las operaciones de las entidades financieras cuando infrinjan de manera grave o reiterada la legislación que les resulta aplicable, así como las disposiciones que deriven de ella. Dicha facultad no comprenderá la suspensión de operaciones que de conformidad con las leyes corresponda ordenar al Banco de México.
Artículo 8o. La comisión a efecto de llevar a cabo visitas de inspección en los términos de la fracción XVI del artículo 4o., así como de cumplir eficazmente las resoluciones de clausura, intervención administrativa o gerencial que emita en ejercicio de sus facultades, podrá solicitar cuando lo considere pertinente, el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 9o. El ejercicio de la facultad prevista en la fracción XXV del artículo 4o., se sujetará, en su caso, a los términos del acuerdo previamente suscrito al efecto con las entidades supervisoras y reguladoras de otros países y siempre que prevalezca el principio de reciprocidad.
La comisión podrá solicitar a otras autoridades y dependencias nacionales la información y documentación que obre en su poder, a fin de atender las solicitudes de asistencias correspondientes.
TITULO SEGUNDO
De la organización
CAPITULO I
De las bases de organización
Artículo 10. La comisión, para la consecución de su objeto y el ejercicio de su facultades contará con:
I. Junta de gobierno.
II. Presidencia
III. Vicepresidencias;
IV. Contraloría interna;
V. Direcciones generales, y
VI. Demás unidades administrativas necesarias.
CAPITULO II
De la junta de gobierno.
Artículo 11. La junta de gobierno estará integrada por 10 vocales, más el presidente de la comisión, que lo será también de la junta, y dos vicepresidentes de la propia comisión que aquél designe. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público designará cinco vocales; el Banco de México tres vocales y la comisiones nacionales de seguros y fianzas y el Sistema de Ahorro para el Retiro, un vocal cada uno.
Por cada vocal propietario se nombrará un suplente, que deberá ocupar cuando menos, el cargo de director general de la administración pública federal o su equivalente.
Artículo 12. Corresponde a la junta de gobierno:
I. Autorizar o aprobar los nombramientos de consejeros, directivos, comisarios y apoderados de las sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de banca múltiple y casas de bolsa, en los términos de las leyes respectivas;
II. Determinar o recomendar que se proceda a la suspensión, veto o remoción y, en su caso, inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, funcionarios y demás personas que puedan obligar a las entidades, de conformidad con lo establecido en las leyes que las rigen;
III. Acordar la intervención administrativa o gerencial de las entidades, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de las leyes que las rigen o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven, en los términos que establecen las propias leyes;
IV. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, entidades y personas sujetas a la supervisión de la comisión, así como las disposiciones que emanen de ellas. Dicha facultad podrá delegarse en el presidente, así como en otros servidores públicos de la comisión, considerando la naturaleza de la infracción o el monto de las multas. A propuesta del presidente de la comisión, las multas administrativas podrán ser condonadas parcial o totalmente por la junta de gobierno;
V. Autorizar la constitución y operación y, en su caso, la inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, de aquellas entidades que señalan las leyes;
VI. Autorizar la inscripción en la sección especial del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, de valores emitidos en México o por personas morales mexicanas, para ser objeto de oferta en el extranjero;
VII. Examinar y, en su caso, aprobar los informes generales y especiales que debe someter a su consideración el presidente de la comisión, sobre las labores de la propia comisión, la situación de la entidades, sistema y mercados financieros, así como respecto del ejercicio de las facultades a que se refiere la fracción IX del artículo 16 de esta ley;
VIII. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como los informes sobre el ejercicio del presupuesto;
IX. Aprobar el nombramiento y remoción de los vicepresidentes y contralor interno de la comisión, a propuesta del presidente.
X. Aprobar disposiciones relacionadas con la organización de la comisión y con las atribuciones de sus unidades administrativas;
XI. Aprobar las condiciones generales de trabajo que deban observarse entre la comisión y su personal; XII. Constituir comités con fines específicos;
XIII. Nombrar y remover a su secretario, así como a su suplente, quienes deberán ser servidores públicos de la comisión;
XIV. Resolver sobre otros asuntos que el presidente someta a su consideración, y
XV. Las demás facultades que le confieren otras leyes.
Artículo 13. La junta de gobierno celebrará sesiones siempre que sea convocada por su presidente y por lo menos se reunirá una vez cada dos meses.
Habrá quorum con la presencia de por lo menos siete miembros de la junta. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
CAPITULO III
De la presidencia.
Artículo 14. El presidente es la máxima autoridad administrativa de la comisión y será designado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 15. El nombramiento del presidente de la comisión deberá recaer en persona que reúna los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano y no tener más de 65 años cumplidos en la fecha de inicio del periodo durante el cual desempañará su cargo;
II. Haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera;
III. No desempeñar cargos de elección popular, ni ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de las entidades.
No se incumplirá este requisito cuando se tengan inversiones en términos de lo dispuesto por el artículo 16-bis siete de la Ley del Mercado de Valores;
IV. No tener litigio pendiente con la comisión, y
V. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito intencional que le imponga más de un año de prisión, y si se tratare de delito patrimonial, cometido intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena, ni inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano.
A los vicepresidentes, contralor interno y directores generales les será aplicable lo establecido en las fracciones III a V de este artículo.
Artículo 16. Corresponde al presidente de la comisión:
I. Tener a su cargo la representación legal de la comisión y el ejercicio de sus facultades, sin prejuicio de las asignadas por esta ley u otras leyes a la junta de gobierno;
II. Determinar o recomendar que se proceda a la amonestación de los consejeros, directivos comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, funcionarios y demás personas que puedan obligar a las entidades, de conformidad con lo establecido en las leyes que las rigen;
III. Declarar, con acuerdo de la junta de gobierno, en su caso, la intervención administrativa o gerencial de las entidades, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de las leyes que las rigen o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven;
IV. Designar interventor en los casos previstos en las leyes que regulan a las entidades;
V. Imponer las sanciones que corresponda de acuerdo a las facultades que le delegue la junta de gobierno, así como conocer y resolver sobre el recurso de revocación, en los términos de las leyes aplicables y las disposiciones que emanen de ellas, así como proponer a la junta la condonación total o parcial de las multas;
VI. Autorizar, suspender o cancelar la inscripción de valores en la sección de valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios;
VII. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno;
VIII. Informar a la junta de gobierno, anualmente o cuando ésta se lo solicite sobre las labores de las oficinas a su cargo y obtener su aprobación para todas las disposiciones de carácter general que crea pertinentes;
IX. Presentar a la junta de gobierno informes sobre la situación de las entidades, sistema y mercados financieros, así como respecto del ejercicio que haga de las facultades señaladas en las fracciones V y VI de este precepto, artículo 4o. fracciones XIV, XV, XVII, XXIV y XXXV y 7o. de esta ley, 2o., último párrafo y 16 de la Ley del Mercado de Valores;
X. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los casos concretos que ésta le solicite;
XI. Informar al Banco de México sobre la liquidez y solvencia de las entidades;
XII. Formular anualmente los presupuestos de ingresos y egresos de la comisión, los cuales una vez aprobados por la junta de gobierno, serán sometidos a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XIII. Proveer lo necesario para el cumplimiento de los programas y el correcto ejercicio del presupuesto de egresos aprobados por la junta;
XIV. Informar a la junta de gobierno sobre el ejercicio del presupuesto de egresos;
XV. Proponer a la junta de gobierno el nombramiento y remoción de los vicepresidentes y contralor interno de la comisión, así como nombrar y remover los directores generales y directores de la misma;
XVI. Presentar a la junta de gobierno proyectos de disposiciones relacionadas con la organización de la comisión y con las atribuciones de sus unidades administrativas, y
XVII. Las demás facultades que le fijen esta ley, otras leyes y sus reglamentos respectivos.
El presidente ejercerá sus funciones directamente o, mediante acuerdo delegatorio, a través de los vicepresidentes, directores generales y demás servidores públicos de la comisión. Los acuerdos por los que se deleguen facultades se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Son facultades indelegables del presidente las señaladas en las fracciones II a XVI de este artículo y, según corresponda en el ámbito de su competencia, las contenidas en las fracciones XII, XIV, XVII, XXII, XXIV, XXXV del artículo 4o. de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, el presidente podrá delegar en otros servidores públicos de la comisión el encargo de notificar los acuerdos de la junta de gobierno.
En las ausencias temporales del presidente, será suplido por el vicepresidente que designe al efecto.
Artículo 17. Para los efectos de la fracción I del artículo 16, el presidente estará investido de las más amplias facultades que para ese caso exigen las leyes, comprendiendo las que requieran cláusula especial conforme a las mismas.
En los procedimientos judiciales, administrativos o laborales en los que la comisión sea parte o pueda resultar afectada, el presidente directamente o por medio de los servidores públicos de la propia comisión que al efecto designe en los acuerdos delegatorios, ofrecerá pruebas, interpondrá los recursos que procedan, podrá presentar desistimientos y en general realizará todos los actos procesales que correspondan a la comisión o a sus órganos, incluyendo en los juicios de amparo la presentación de los informes de la ley.
El presidente sólo estará obligado a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, en representación de la comisión o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, mismo que contestará por escrito dentro del término establecido por dicha autoridad.
TITULO TERCERO
En las disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Artículo 18. La entidades del sector financiero, sociedades emisoras, personas físicas y demás personas morales sujetas conforme a ésta y otras leyes a la supervisión de la comisión, deberán cubrir los derechos correspondientes en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Los derechos a que se refiere este artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la comisión.
Si al finalizar el ejercicio presupuestal, existiera saldo proveniente de los ingresos por concepto de derechos, el presidente transferirá la parte no comprometida del presupuesto a una reserva especial, la que será destinada a la cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios.
Artículo 19. Las entidades del sector financiero sujetas a la supervisión de la comisión, estarán obligadas a proporcionarle los datos, informes, registros, libros de actas, auxiliares, documentos, correspondencia y en general, la información que la misma estime necesaria en la forma y términos que les señale, así como permitirle el acceso a sus oficinas, locales y demás instalaciones.
Artículo 20. Las relaciones laborales entre la comisión y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en el apartado B, artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 constitucional.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el 1o. de mayo de 1995.
Segundo. Se derogan el Capítulo del Título Séptimo de la Ley de Instituciones y Crédito; los artículos 40, 41 fracciones I, II, III, IV, VI a VIII, XI a XXII y último párrafo y 42 a 46 de la Ley del Mercado de Valores y la fracción V del artículo 29 de la Ley de Sociedades de Inversión.
Tercero. La Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores se transforman en el órgano desconcentrado a que se refiere esta ley.
Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno Federal, que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren asignados a la Comisión Nacional Bancaria y a la Comisión Nacional de Valores, se asignarán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cuarto. Los derechos y obligaciones de los trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores, que en virtud de esta ley se transforman en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no sufrirán por ese acto modificación alguna.
Quinto. Las referencias que otras leyes, reglamentos o disposiciones hagan respecto de la Comisión Nacional Bancaria o de la Comisión Nacional de Valores, se entenderá que se hacen respecto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Asimismo, cualquier referencia a los titulares o demás servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria o de la Comisión Nacional de Valores, se entenderá hecha al presidente y demás servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las referencias previstas en el artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores a las fracciones VII y VIII del artículo 41 del mismo ordenamiento, se entenderán hechas a las fracciones XV y XVII del artículo 4o. de la presente ley, respectivamente. A su vez, la referencia contenida en el artículo 40 de la Ley de Sociedades de Inversión a la fracción IV del artículo 45 de la Ley del Mercado de Valores, se entenderá hecha a la fracción IV del artículo 16 de esta ley.
Sexto. Los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores, continuarán en el desempeño de sus funciones y ejerciendo sus respectivas atribuciones, en tanto se expiden los nombramientos correspondientes.
Séptimo. Hasta en tanto se expidan los acuerdos delegatorios previstos en el antepenúltimo párrafo del artículo 16 de esta ley, continuará en vigor, en lo conducente, el Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de agosto de 1993, así como los acuerdos delegatorios expedidos por los órganos de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores.
Octavo. El reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en materia de inspección vigilancia y contabilidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de noviembre de 1988, continuará en vigor hasta que se expida el reglamento a que se refiere el artículo 5o. de la presente ley.
Noveno. En tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dicte las disposiciones de carácter general a que se refiere esta ley, seguirán aplicándose las expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores con anterioridad a la vigencia de la misma en las materias correspondientes.
Décimo. Las autorizaciones otorgadas y los demás actos administrativos realizados con fundamento en las leyes relativas al sistema financiero, que conforme a lo dispuesto en la presente ley corresponda llevar a cabo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, continuarán en vigor hasta que, en su caso, sean revocados o modificados expresamente por dicha comisión.
Decimoprimero. Cualquier procedimiento en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores, o en el que participen dichos órganos desconcentrados, ya sea judicial, administrativo o laboral, se continuará por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos de esta ley y de las demás leyes y disposiciones aplicables.
Reitero a ustedes secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a los 10 días del mes de abril de 1995.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
El Presidente:
Gracias, señora Secretaria.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
AUTOTRANSPORTES URBANOS RUTA-100
El Presidente:
Con objeto de referirse al problema de la quiebra de la empresa de Autotransportes Urbanos Ruta-100, ha pedido la palabra, el diputado Jaime Arceo Castro.
Tiene la palabra el diputado Jaime Arceo Castro.
El diputado Jaime Arceo Castro:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ante los acontecimientos de los últimos días en que se declaró la quiebra del organismo Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, los que firmamos este documento, diputados de diferentes partidos integrantes de esta LVI Legislatura, nos permitimos hacer el siguiente pronunciamiento:
«La planificación urbana de la ciudad de México y su zona metropolitana, ha sido la promotora de la proscripción de las áreas habitacionales hacia los suburbios o hacia las zonas conurbadas con la consecuencia de incrementar la tendencia de separación de los hogares de los sitios de la actividad económica, social y cultural, constituyendo la causa fundamental en el aumento del tráfico y los tiempos de traslado.
Esto nos ha llevado a un consumo de casi 45 millones de litros de combustible diarios de los cuales más del 50% corresponden al transporte y son los causantes principales de la contaminación atmosférica del valle de México.
Por otro lado, las deficiencias en la vialidad y en el transporte hacen que la ciudad en su conjunto pierda cada día casi 8 millones de horas-hombre afectando no solamente la productividad de las empresas, sino también la posibilidad de utilizar este tiempo en actividades complementarias al desarrollo social y cultural de sus habitantes.
Habría que mencionar también que la planeación y desarrollo del Sistema de Transporte Metropolitano colectivo, de mediana y grande capacidad, se abandonó por soluciones de corto plazo permitiendo el crecimiento irracional del transporte concesionado de baja capacidad que ahora cubre una red de 20 mil 385 kilómetros, sólo por lo que corresponde al D.F., con más de 44 mil unidades, combis o microbuses sin contar los vehículos que circulan con placas duplicadas.
Conviene recordar, que en 1983, el 70% de los 22.4 millones de viajes personadía en la zona metropolitana se realizaban en el transporte colectivo público de mediana y de grande capacidad, de los cuales 6 millones 514 mil considerando los transbordos se hacían en el metro que representaba el 29.08%.
Los autobuses urbanos y suburbanos, casi 9 millones; en automóviles particulares, 4 millones 265 mil; en taxis libres, trolebuses, tranvías y otros modos de transportación, 820 mil. En el presente, la participación de todos los organismos estatales solamente cubre alrededor del 35% del total de viajes realizados y en consecuencia la mayor parte se realiza a través del transporte concesionado de baja capacidad y en automóviles particulares.
En cuanto a la corriente privatizadora que campea en la administración pública, manifestamos que, aunque pareciera que algunos de los servicios públicos prestados por particulares son más eficientes por concentrar más la responsabilidad de quienes toman decisiones y se someten a las presiones del mercado y soportan el riesgo de cancelación de permisos y concesiones, este hecho lo que manifiesta no es una ineficiencia natural de los organismos públicos por razón de su propiedad, sino la ausencia de criterios de responsabilidad de los mismos o en los funcionarios que los administran que den lugar a resultados similares a los de las empresas privadas.
Mientras se continúe nombrando al frente de los organismos estatales a personas que no sean las más adecuadas y no se determinen criterios de responsabilidad, en cuanto a eficiencia de tal forma que los funcionarios soporten los costos de sugestión, los organismos públicos estarán destinados a la ineficiencia con los consecuentes altos costos para su operación y desarrollo.
Con la medida de declarar en quiebra a Ruta-100, se pierde el segundo sistema de transporte en importancia para la ciudad y se deja a la población en manos del sistema de transporte más caro y contaminante: combis y microbuses y el principal culpable de la anarquía vial, por lo cual nos pronunciamos.
1o. Porque el gobierno de la ciudad no abandone su responsabilidad de prestar el servicio público de transporte en el Distrito Federal;
2o. El respeto a los derechos laborales de los trabajadores de Ruta-100, considerando su fuente de empleo y en su caso, la recontratación de dichos trabajadores a efecto de garantizar la eficiencia y excelencia en el servicio; nos pronunciamos también por el respeto a los derechos humanos, sindicales e individuales de los dirigentes sujetos a proceso;
3o. Conservar sin variación la tarifa del transporte en el Metro, transportes eléctricos y en las entidades que sustituyan eventualmente a Ruta-100 hasta que exista un análisis objetivo sobre los costos de operación y la situación económica de los usuarios para transparentar los subsidios y que estos beneficien a los más necesitados; 4o. Nos pronunciamos por un auténtico reordenamiento del transporte público concesionado; 5o. Por el cumplimiento del acuerdo general para el mejoramiento del transporte del servicio público concesionado;
6o. Por que las auditorías que se están llevando a cabo lleguen a su término, se dé amplia información y se proceda de conformidad con la ley;
7o. Porque la investigación a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, esclarezca no solamente los presuntos delitos de carácter económico que afecten el patrimonio de la empesa Ruta-100, de sus trabajadores y del Departamento del Distrito Federal, sino también la muerte del secretario de transportes del gobierno capitalino.
Firman este pronunciamiento, los siguientes diputados: Carlos Reta, Sebastián Lerdo de Tejada, Carlos Flores Vizcarra, María de la Luz Lima, Roberto Campa, Juan José Osorio, Alejandro Rojas Díaz Durán, Eduardo Escobedo, Horacio Pereznegrón, Ofelia Casillas, Florentino Castro, Pascual Juárez, Jaime del Río, Ignacio Contreras, Víctor Manuel Alvarez Trasviña, José Sánchez Juárez, Rogelio Zamora Barradas, Irma Cedillo y Amador, Víctor Manuel Rubio Ragazzoni, Adolfo Flores Rodríguez, Marco Rascón Córdova, René Arce Islas, Graciela Rojas y los diputados del Partido Acción Nacional, por el Distrito Federal.» Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Arceo Castro.
Ha solicitado la palabra para rectificar hechos, el diputado Luis Sánchez Aguilar, se le concede hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con todo respeto consideramos que la argumentación que ha presentado aquí el diputado Arceo a nombre de otros legisladores, no contribuye a esclarecer el fondo del problema, desvía la atención.
Ante el sabadazo antisindical que el Gobierno asestó al Sindicato de Trabajadores de la línea de transporte Ruta-100, el sábado en la madrugada, como suelen hacerlo los golpistas, en la oscuridad, en la tenebra, es preciso señalar de qué se trata. Dialécticamente primero señalaremos de qué no se trata.
Este no es un acto de lucha real contra la corrupción, compañeros diputados; si así fue, deberían hoy ya estar consignados y presos diversos ex directores de esa empresa que la llevaron a la quiebra bajo el argumento oficial; debería estar también preso el ex regente de la ciudad, don Manuel Camacho Solís, quien fuera el instrumentador de las políticas generales de acción de esa empresa paraestatal del Distrito Federal.
Porque, compañeros legisladores, seamos lógicos, no se puede acusar de la quiebra de una empresa sólo a uno de los factores de la producción. Es absurdo señalar que sólo tuvieron culpa los choferes, los operarios, los que lavan las unidades y la gerencia ¿qué?, y los que manejan las inversiones, ¿qué? Todo estudiante preparatoriano sabe que para la producción concurren diversas fuerzas: capital, gerencia, trabajo y aquí olímpicamente se ignora, se deja fuera, se excluye nada menos que a los regentes, a los directores de la empresa, a los secretarios de finanzas, tanto del Distrito Federal, como de la propia empresa Ruta-100.
Segundo. Tampoco es un acto de racionalidad administrativa del Departamento del Distrito Federal. Si así fuere, el regente Oscar Espinosa Villarreal ya estaría despidiendo a los cerca de 20 mil aviadores que cada quincena aterrizan en las generosas nóminas del Departamento, de sus delegaciones y de sus secciones policíacas.
¿De qué se trata compañeros diputados? Esta es una agresión genérica a la economía popular; se pretende eliminar el subsidio a decenas de miles, millones de trabajadores y gente de la clase popular que usa el transporte más barato que hay en la ciudad; se preparan a aumentar los precios. Es también un acto entreguista del gobierno de la ciudad hacia la iniciativa privada, que se prepara para volver por sus fueros e integrar de nueva cuenta el "pulpo camionero".
Es también, y esto a nuestro juicio es lo más grave, una ofensiva para liquidar el sindicalismo libre. En menos de seis meses el zedillismo ya delineó y precisó su política antiobrera; el encargado del Ejecutivo Federal retoma los peores métodos del siniestro Arsenio Farell, ex secretario del Trabajo. Este ideó aquel mecanismo que en lenguaje popular se podría denominar "muerto el perro se acabó la rabia", "cerrada la empresa se acaba el sindicato".
Así se procedió en una época con Uramex, para acabar con el SUTIN; con Aeroméxico, para liquidar a su sindicato; con Cananea, para acabar con la combatitividad de sus trabajadores y ahora se le aplica también a la Ruta-100.
Es una contradicción muy grave venir a hablar aquí de una supuesta política de apertura y de diálogo para la paz en Chiapas, para por otro lado combatir a los organismos que manifiestan simpatía por la lucha patriótica del Comandante Marcos.
La acusación contra Barco, compañeros diputados, a la fecha carece de sustento legal. Se le acusa de un mismo delito, el de hace cuatro años. En su momento....
El Presidente:
Señor diputado, me permito recordarle que ha agotado usted su tiempo. Le suplico concluir su intervención.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Concluimos, señor Presidente.
Hace cuatro años el juez desestimó por falta de méritos la misma acusación, porque Barco demostró que no era miembro del consejo directivo del sindicato, sino asesor legal. Se trata pues de golpear a las organizaciones independientes que hoy enfrentan al Gobierno, como el Movimiento Proletario Independiente, como el Frente Popular Francisco Villa, como la Confederación Nacional de Organizaciones Sociales e Independientes, entre otras.
Compañeros diputados, en 1922 Benito Mussolini, el Duce, tras la marcha sobre Roma, tomó en Italia el poder. Su proclama de campaña parecía democrática, al igual que la de su contemporáneo en Alemania, Adolfo Hitler. Ambos, tras el acceso al poder, incumplieron su palabra y desviaron el curso de la acción y quiero recordarles, compañeros legisladores, que los primeros pasos de ambos directores fue el ataque al sindicalismo, la liquidación de las organizaciones obreras, para finalmente atacar a los partidos y cancelar la libertad de imprenta.
Sostenemos que el régimen se encamina por la misma vía; pretende transitar hacia la dictadura. Hoy, compañeros legisladores, los invitamos a enfrentar al régimen en lo general, para forzarlo a la transición hacia la democracia, y en lo particular a participar hoy en la gran marcha del monumento a los Niños Héroes en el bosque de Chapultepec, hacia el zócalo, para conmemorar no sólo el aniversario luctuoso del general Zapata, sino para demandar el respeto al sindicalismo libre en nuestro país. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente:
El diputado Marcos Rascón Córdova tiene la palabra para este mismo asunto.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Gracias, señor Presidente.
Exactamente con el mismo método en 1958, en un sábado previo a la semana santa, el Gobierno intervino, encarceló, detuvo a los dirigentes ferrocarrileros que en aquel momento habían estallado una huelga legítima en defensa de sus derechos.
La Ruta-100, la ruta de las privatizaciones es la peor ruta, el peor camino que se puede seguir. Ni en Londres, ni en Washington, ni en Nueva York, ni en los centros metropolitanos más importantes, los neoliberales han querido retomar el tema y la ruta de las privatizaciones tratándose del transporte público.
Hay una mentira en la idea de la ineficiencia, de la supuesta ineficiencia de la empresa Ruta-100, que es la siguiente: las aportaciones del Departamento del Distrito Federal en subsidios a Ruta-100 han sido del 76%, pero son del 80% en el caso de los trolebuses, ya van sobre los trolebuses, y el 60% en el caso del Metro, ya van sobre el Metro. Hay una cuestión que es continuar por esta ruta autoritaria, represiva, en contra de los derechos de los trabajadores. Hay un acto de mala fe por parte de las autoridades, de quienes decidieron la declaratoria de quiebra de esta empresa pública y de este servicio público, cuando que los detenidos, y aquí es importante que quede absolutamente claro, que los detenidos no están detenidos en estos momentos por los actos de quiebra de la empresa, sino están por una demanda de particulares.
¿Por qué hasta este momento son detenidos?, ¿por qué públicamente el Gobierno los quiere vincular al problema de la quiebra, a la decisión de la quiebra, y no fue en otro momento tratando de llamarlos a lo que pudiera ser su responsabilidad frente a otro tipo de delitos u otro tipo de responsabilidades entre particulares?
Quisiéramos señalar que en el decreto que da origen a Ruta-100, en el artículo primero se señala: "Se crea un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, que se denominará Autotransportes Urbanos de Pasajeros, Ruta-100, cuyo objeto será la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal y zona conurbada".
En ningún momento un objetivo de Ruta-100 ha sido obtener ganancias, por lo cual la declaratoria de quiebra técnicamente no es procedente, y al mismo tiempo se tuvo que cumplir con el procedimiento jurídico que señala la Ley de Quiebra.
El hecho de no haber atendido todo este procedimiento nos lleva a plantear lo siguiente: la quiebra es un juicio denominado universal, pues comprende al conjunto del patrimonio de un comerciante, que tiene por objeto la liquidación del patrimonio del deudor común para distribuirlo entre los acreedores legítimos en la proporción que les corresponda y la rehabilitación del quebrado, en el caso que proceda de acuerdo con los artículos 380 a 393 de la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos.
Para que proceda la quiebra es necesario el cumplimiento de determinados supuestos jurídicos, como la declaración judicial, misma que a su vez depende de dos requisitos: que se trate de un comerciante, cosa que no es la empresa Ruta-100, y que éste se encuentre en cesación de pago respecto a sus obligaciones, cosa que tampoco existió.
Colateralmente al procedimiento de quiebra, se han puesto en práctica otros de carácter penal que tienden a minar a la organización sindical de este organismo y salen a relucir prácticas intimidatorias, vejatorias, de la dignidad e integridad física de las personas, como en el caso de los líderes y asesores que con independencia en las imputaciones que se les hacen, deben ser tratados con respeto a sus derechos humanos, señalando también que no están vinculados al problema de la quiebra de la empresa, nuevamente ratificamos, sino con respecto a una demanda de particulares.
También se revela una intervención en los asuntos sindicales, en este caso, y es importante señalar, contrariando los deberes que imponen los tratados internacionales en esta materia, lo que se muestra en la declaración del secretario general de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Jesús Salazar Toledano, que afirma que más del 60% de los trabajadores están contra el sindicato.
¿Cuál es el sentido de una declaración a priori y una declaración política o justificadora o tratando de ser una declaración justificadora en contra de los derechos de los trabajadores?
Como la quiebra no lleva necesariamente a la liquidación del patrimonio del quebrado, sino que puede implicar la rehabilitación del mismo, suponiendo que este procedimiento fuere aplicable al organismo Ruta-100, tendría que considerarse al aspecto administrativo de la suspensión del servicio, además del efecto de la quiebra misma que, de acuerdo con el artículo 83 de la ley de la materia, es en esencia la privación del derecho de la administración y disposición de los bienes del quebrado y de los que adquiera hasta finalizar la quiebra misma.
Suponiendo, sin aceptar, que fuera lícito el procedimiento de quiebra aplicado a Ruta-100, con independencia de lo señalado en el anterior punto, también habría que determinar quién es el responsable de la quiebra, si se trata de una quiebra fortuita, sobrevenida por infortunios o estamos en presencia de una quiebra culpable o fraudulenta. Si esto es así, en suma, en Ruta-100 se está llevando a cabo un procedimiento irregular, tendiente a la desaparición de un organismo público, sin cumplirse las formalidades, requisitos y procedimientos que establece la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Se está evadiendo la responsabilidad administrativa, civil y penal de quienes han estado a cargo de este organismo y que deben rendir cuentas; se está poniendo en práctica un expediente irregular para terminar con una organización sindical, no importa el costo de una ruptura de la legalidad laboral que esto implica.
Hoy, por esta determinación, están amenazados en sus empleos más de 12 mil trabajadores y sus familias. El agravio es contra los trabajadores, su organización y sus derechos; el agravio es contra los habitantes e la ciudad de México, a los cuales se les deja en situación de indefensión, quitándoles un servicio público de primera necesidad.
El propósito de Ruta-100 no puede desaparecer; el gobierno de la ciudad debe seguir responsabilizándose del servicio público de transporte, como señala la declaración, el pronunciamiento común que hemos hecho del transporte.
Este pronunciamiento debe ser un exhorto, a fin de que sea revisado el procedimiento de quiebra de la empresa Ruta-100, dadas, las irregularidades que muestra. Deben ser sujetos a vigilancia e investigación también quienes son cabeza del transporte privado en el valle de México, como son el señor Hank González, como son el señor Isidro y Angel Rodríguez, Roberto Alcántara, banqueros vinculados a los líderes transportistas y a los organismos financieros, como Nafinsa y este último, Roberto Alcántara, uno de los patrocinadores de Fernando de la Sota Rodalléguez, que todos recordamos y que todos tenemos en mente. Muchísimas gracias.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos sobre el mismo tema.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Primitivo Ríos Vázquez, para rectificar hechos sobre este mismo asunto, por cinco minutos.
El diputado Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señor Presidente.
La llamada quiebra de Ruta-100 no es más que la forma amañada en que el Departamento del Distrito Federal hace desaparecer el servicio público de transporte que el gobierno de la ciudad ofrecía a sus habitantes.
Desde el inicio del presente régimen el regente, Oscar Espinosa, declaró que era preciso realizar ajustes al servicio de transporte urbano. Entre las propuestas que se plantearon para marzo, cuando se autorizó el alza de las tarifas de los microbuses, quedaba claro que Ruta-100 seguía en la lista de pendientes de la regencia de la ciudad.
El alza de tarifas de los microbuses, los llamados peseros, derivó hacia Ruta-100 una demanda que se calcula en más del doble de la que normalmente satisfacía. La población al subir en un más de un 100% el transporte privado, abarrotó a Ruta-100, sin importar las molestias que en tiempo y en comodidad, les ocasionaba. Recordemos que el gasto en transporte para una familia de corte popular en la ciudad, en promedio representa el 30% de sus ingresos.
La quiebra de Ruta-100 debe entenderse como la incapacidad de la regencia de sostener un transporte público subsidiado en hasta las tres cuartas partes de los ingresos de Ruta-100. En efecto, según datos oficiales, de peso que ingresaba, sólo 25 centavos provenían de los usuarios. Ese subsidio que venía incrementándose de manera importante, seguramente se dispararía al impactarlo la inflación generada por el proceso de ajuste económico que vive el país.
Creemos que esta es la razón fundamental de la quiebra de Ruta-100, que es congruente con el alza a los servicios, que ha propuesto recientemente el Departamento del Distrito Federal.
Lo político del asunto es simplemente aprovechar la coyuntura para hacer ajustes de cuentas entre los funcionarios de la dependencia encargada del transporte urbano, la cual se ha caracterizado siempre por un alto grado de corrupción y de paso golpear al Movimiento Proletario Independiente, organización que dependía en muy buena parte del SUTAUR-100.
El asesinato o suicidio del director de Autotransporte Urbano en la mañana del día de hoy, refuerza nuestra hipótesis al respecto.
La postura del Partido del Trabajo al respecto es la siguiente:
a. Mantener el servicio público gratuito que está ofreciendo la regencia de la ciudad hasta que se ofrezca una alternativa viable y debidamente consensada entre los miembros de esta cámara y la Asamblea de Representantes. Para ello creemos que es indispensable realizar una amplia consulta popular.
b. Mejorar este servicio gratuito, no sólo en términos de unidades automotoras que estén en buenas condiciones y de cobertura amplia de rutas, sino también de satisfacción plena de la demanda en horarios matutinos, nocturno y horas pico.
C. Garantizar los derechos laborales de los casi 16 mil trabajadores de Ruta-100 y su recontratación en el nuevo organismo de transporte que se genere.
D. En tanto que el transporte es un servicio público, el organismo de transporte alternativo deberá contar con la participación mayoritaria del gobierno de la ciudad.
E. Por último, demandamos la urgente comparecencia del Regente de la ciudad ante la Comisión del Departamento del Distrito Federal de esta honorable Cámara de Diputados, para informar ampliamente sobre las medidas que la regencia ha llevado a cabo.
De igual manera, nos manifestamos en contra del hostigamiento y detención de dirigentes del Sindicato Unico de Trabajadores de Ruta-100 y exigimos que sus derechos humanos sean plenamente respetados. Muchas gracias.
El Presidente:
Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado José Luis Torres Ortega, de la fracción del Partido Acción Nacional, para el mismo tema.
El diputado José Luis Torres Ortega:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Acción Nacional desde esta tribuna y en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, desde hace muchos años e insistentemente estuvo denunciado el desorden administrativo y financiero de Ruta-100, y el Departamento del Distrito Federal había venido poniendo oídos sordos a tales afirmaciones.
Dijimos, por ejemplo, el 15 de diciembre de 1994, respecto a la Cuenta Pública de 1993, y cito textualmente: "Por último, en el desempeño programático presupuestal de los ámbitos de transporte, infraestructura urbana, bienestar social, justicia, seguridad pública, ecológico, administrativo, abasto y de comercialización, que se registraron en algunos de ellos variaciones en el cumplimiento de las metas, en el ejercicio de los recursos correspondientes e igualmente se encontraron recursos que no se ejercieron en las acciones para las cuales fueron asignadas originalmente.
Dichas variaciones, desgraciadamente, se han observado con anterioridad en la revisión de cuentas anteriores y han sido materia de recomendaciones año con año, ya que cada vez que se revisa la Cuenta Pública del Distrito Federal, la respuesta de las autoridades se da en el mismo sentido al caer en el mismo error." Y también dijimos, y cito textualmente, donde la recomendación es muy parecida: "que en Ruta-100 y en Industrial de Abastos, los contadores públicos, auditores externos que dictaminaron los estados financieros, establecieron una serie de limitaciones en el alcance.
Después de aplicar los procedimientos que consideraron pertinentes en las circunstancias, no llegaron a conclusión alguna. Esto puede ser por falta de registros contables, por falta de información, por obstaculización en la revisión, y esto es muy grave; sin embargo se deja entre líneas con una frase poética que dice: no pudieron concluir su trabajo. Pero si fueran contribuyentes comunes y corrientes, contribuyentes de los que tienen que trabajar 12 ó 14 horas diarias para poder sacar el sustento todos los días, ellos, de conformidad con el Código Fiscal serán sancionados y serán manifestados como negligentes y violadores de las leyes; serían de alguna manera o de otra inculpados como violadores de la ley y pudieran estar en posibilidades de estar en la cárcel; pero los señores de IDA y de Ruta-100 que no cumplieron reciben el aplauso." Es ahora que irresponsablemente en plena crisis económica que golpea a las clases más necesitadas de esta capital, que el jefe del Departamento del Distrito Federal decide esta quiebra que era necesario realizar no en esta hora de crisis, sino con todos antecedentes que se tenían prácticamente desde 1984, cuando se interviene a la empresa para la liquidación de 10 mil trabajadores que dejaron en ese entonces Ruta-100.
Por lo tanto, la decisión para nosotros aunque acertada en lo general, es inoportuna en el marco de la peor crisis económica del país, pues se deja en la total incertidumbre a 13 mil 822 empleados de Ruta-100 y a millones de usuarios del transporte que no saben qué va a suceder con el mismo. Y nos señala que el gobierno del distrito sólo toma decisiones cuando la situación es intolerable y no hay salida.
Aunado a lo anterior las autoridades del Departamento del Distrito Federal no han atinado en decir qué soluciones y alternativas viables tienen preparados para solucionar este problema en el cortísimo plazo. Y han optado por una solución paliativa transitoria y populista, que ofrece un transporte gratuito que no va a cubrir las necesidades de los habitantes del Distrito Federal. Por ello, Acción Nacional exige:
Uno. Dar a conocer los resultados de las auditorías que se practican pública y oportunamente y en su caso establecer las responsabilidades civiles o penales de los responsables de esta quiebra, investigando no sólo a los líderes sindicales como hasta ahora, sino a los 12 titulares que durante 13 años tuvo Ruta-100, sin que por eso se realice una cacería de brujas.
Dos. Se garanticen los derechos de los 13 mil 822 trabajadores para que sean liquidados conforme a la ley y sean recontratados aquellos que garanticen la eficacia y la eficiencia en el servicio, escuchando en todo momento las demandas de los trabajadores sobre el finiquito de los fideicomisos que tenía el sindicato.
Tres. Se realice verdaderamente un plan maestro del transporte para permitir un reordenamiento integral del transporte urbano del Distrito Federal y del transporte de la zona metropolitana.
Cuarto y último. Se consulte y estudie a fondo en el muy corto plazo, las alternativas para crear un sistema de transporte que garantice eficiencia, eficacia y respeto a la ecología y economía de los ciudadanos del Distrito Federal. ¡No a los monopolios en el transporte! ¡No a un nuevo pulpo camionero! ¡Y no a un organismo público ineficiente como Ruta-100! Muchas gracias.
El diputado Florentino Castro López (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto diputado Castro López?
El diputado Florentino Castro López (desde su curul):
Para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos y por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Castro López, sobre este mismo tema.
El diputado Florentino Castro López:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera retomar el espíritu del documento que firmamos los diputados de los distintos partidos representados en esta cámara y que nuestro origen es la ciudad de México, donde el espíritu del documento está dado en la necesidad de que la ciudad tenga un servicio de transporte eficiente, de precios accesibles para las grandes masas de desprotegidos que hay en la ciudad, donde podamos privilegiar los más colectivos medios de transporte como Metro, como Trolebuses, como Autobuses, que además puedan contribuir a aligerar problemas como el congestionamiento y la contaminación.
Promover también que los derechos de los trabajadores de Ruta-100 sean respetados en términos de las normas laborales y el contrato colectivo que tenían firmado con la empresa; de que los derechos humanos y legales de los detenidos sean estrictamente respetados, de que la Asamblea de Representantes, que es por cierto el órgano con facultades para legislar en la materia, pueda pronto contribuir a un nuevo esquema de carácter legal y de servicio del transporte de la ciudad.
A que fomentemos desde esta Cámara de Diputados una visión metropolitana del problema del transporte en la ciudad, donde como ya se hizo en el Metro, haya una línea, que conecte a la ciudad en el oriente con el municipio de Los Reyes La Paz y pronto habrá una nueva que conecte a la ciudad con la zona conurbada del norte; de que podamos tener mecanismos de transporte que sirvan, tanto a los habitantes de la ciudad como del Distrito Federal, producto de una acción planeada y concertada por los gobiernos de la ciudad y del Estado de México, y no producto de la presión y del desorden con que luego hemos llegado con mecanismos de transporte a la zona conurbada de la ciudad; porque podamos crear una empresa de transporte que no necesariamente tiene que ser privada para ser eficiente, pero sí, aún siendo pública, debía mejorar sus mecanismos de eficiencia, porque esta cámara conoció de la ineficiencia e ineficacia de Ruta-100; porque la propia Comisión de Transporte de la Asamblea de Representantes, que por cierto preside un distinguido asambleísta de Acción Nacional, solicitó a esta cámara su intervención para que el Departamento del Distrito Federal acatara, conociera la Asamblea de Representantes el resultado de las auditorías que a la empresa se le estaban realizando.
Yo creo que en este espíritu de un mejor servicio, en este espíritu de una concepción metropolitana de la solución del transporte, en un espítiru en el que la Asamblea de Representantes debe jugar el papel de legisladora que le corresponde, en ese sentido, a ese espíritu de acuerdo que hiciéramos los diputados del Distrito Federal regresar al documento que originalmente firmamos todas las fracciones de la ciudad y que leyó en esta tribuna el diputado Arceo.
El día de hoy, pues, los diputados priístas del Distrito Federal, reiteramos nuestro deseo, porque haya un mejor transporte en la ciudad, accesible a las clases desprotegidas de la ciudad, porque éste sea producto de un plan integral, eficiente y eficaz.
También nos pronunciamos por el cumplimiento estricto de la ley y de las obligaciones contractuales con los trabajadores de Ruta-100, porque éstos puedan obtener su trabajo en la nueva empresa, con mecanismos claros y transparentes y porque la legalidad y los derechos humanos de los detenidos se respeten. Este fue el espíritu que nos llevó a firmar todos una declaración, éste es el espíritu al que hoy estamos pidiendo regresar en el problema de Ruta-100 y, por supuesto, éste es el espíritu que los diputados del Distrito Federal quisiéramos tener frente a los grandes problemas que esta ciudad tiene. Muchísimas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado René Arce, por cinco minutos.
El diputado René Arce Islas:
Con su permiso, señor Presidente:
Con los argumentos dados y conocidos públicamente en relación a la situación financiera de este organismo, tendríamos que decir que también se hubiera tenido que declarar en quiebra a la administración pública, por el fracaso en materia económica que conocimos todos nosotros hace algunos meses y que después vinieron aquí a decir que había fracasado y a proponernos nuevas formas para salir adelante.
Yo creo que ése no es el argumento. Porque eso se sabía desde hace mucho tiempo: que Ruta-100 no operaba en términos superávitarios, y todas las administraciones no dependían precisamente del sindicato, sino era el titular en turno del Distrito Federal quien nombraba a los administradores.
Pero también se declararon a otras empresas en quiebra, con otros argumentos. Se dijo, por ejemplo, cuando declararon en quiebra a la empresa del sector aéreo, "que no se podía seguir subsidiando algo que servía solamente para aquellos pasajeros que tenían muchos recursos para viajar", y se declaró en quiebra esa empresa.
Ahora, los que usan ese servicio son una gran cantidad de capitalinos y gente del Estado de México de muy pocos, de escasos recursos diríamos, y también se le quebró.
Por cierto la empresa aérea no está hoy en bonanza, sino está también a punto de nuevamente quebrar, a pesar de que se declaró en quiebra hace ya muchos años.
¿Pero qué es lo que está en el fondo de esa situación? En el fondo, compañeras y compañeros, la discusión debería de ser: ¿Se está recurriendo a mecanismos legales para quebrar a empresas? ¿Realmente se están respetando en este país las leyes? ¿No se estará haciendo uso indebido del Poder Judicial para que éstos de la noche a la mañana puedan de manera verdaderamente sin dignidad declarar quiebras a órdenes expresas del Poder Ejecutivo? ¿Y además que este mismo Poder Judicial dicte órdenes de aprehensión para evitar que los trabajadores hagan el justo reclamo y la defensa de sus derechos?
¿Podemos los legisladores dejar de lado esto?, ¿podemos venir aquí a decir exclusivamente que ya habíamos dicho que había problemas financieros? ¿Que ya habíamos dicho que había problemas de auditorías y no meternos al asunto real, que es el asunto de que en este país no se respetan las leyes y menos las leyes laborales? ¿Podemos quedarnos callados cuando dirigentes de diferentes partidos están siendo hostigados por los ejecutivos?, ¿en el caso de Quintana Roo, en el caso de la CROC de Salvador Ramos Bustamante?, ¿el caso de Ruta-100?, ¿el caso de otros sindicatos en donde están siendo hostigados los dirigentes sindicales a veces por no estar de acuerdo con las políticas de los ejecutivos?
¿Estamos regresando a ese expediente negro de lo que se llamó "el farellazo"?, ¿se nos olvidó ya que Farell fue el que hizo una política "perruna" en contra de los trabajadores en este país, para servir a los intereses de los Estados Unidos que pidieron sobre todo seguridad en el área laboral?
Son de las cosas que tenemos que discutir aquí los legisladores y está bien decir, como dice el documento: "que estaremos pendientes de que a los trabajadores no los sigan afectando". Pero el problema es: ¿Hay o no hay respeto en las leyes de nuestro país?
Yo lamento mucho que algún compañero de la Asamblea de Representantes y presidente de una comisión no haya puesto por delante de todo el respeto a las cuestiones jurídicas y laborales. Porque no podemos ocultar que había muchos problemas en esa empresa, de la cual por cierto un secretario general de Gobierno y dirigente de un partido fue director. Pero también no podemos dejar de lado, compañeros, esos derechos.
Tenemos hoy que defender, por encima de todo, las leyes y el espíritu de las leyes y no justificar, a través de medidas como las que se han tomado, la violación a los mismos y el sojuzgamiento de un poder, como es el Poder Judicial, quien ahora lo ha hecho de manera verdaderamente indigna, este tipo de situaciones que tienen presos a un grupo de dirigentes, con los cuales no podemos compartir quizá sus ideas y sus procedimientos, pero la tolerancia debe de ser una de las máximas de la democracia; algo que nosotros no estamos practicando.
Yo llamaría a que todos los legisladores, si realmente lo somos, digamos que la ley está por encima de cualquier cosa, de cualquier interés, incluso de regresarle a la iniciativa privada el monopolio. Porque no nos olvidemos como vivían los choferes hace algunos años, cuando la iniciativa privada tuvo en su poder esto; cómo era el servicio de deficiente.
Y les quiero decir una cosa. Hoy la ciudadanía de esta capital, a quien criticaba era a la iniciativa privada y sobre todo a los microbuseros, por todos los daños y perjuicios que han hecho por querer ganarse el pasaje, no era precisamente a los choferes de la Ruta-100 y podemos decir que hay muchas deficiencias, pero, compañeros, no es con esos métodos como se resuelven las cosas.
¡Yo creo que aquí los legisladores tendríamos que tener muy en cuenta, llámense del PAN, del PRI o del PRD o del PT, que la ley, compañeros, es primero y que no podemos por ningún motivo justificar un acto como el que se acaba de cometer, en el que nuevamente se utiliza el poder para destruir, para destruir un sindicato que tenía una posición diferente, quizá a la de muchos de nosotros, pero que finalmente cabe en este país, caben también esas posiciones; si cabe el comandante Marcos, si cabe el Ejército Zapatista, por qué no va a caber un sindicato que ha mantenido una actitud de lucha, aun cuando no compartamos sus métodos!
Yo llamo, compañeros legisladores, a que no permitamos más este tipo de abusos por parte del Ejecutivo. Yo llamo a que respetemos la ley a que declaremos que esa quiebra es una quiebra más de las fraudulentas e ilegítimas que se han hecho en la historia de este país y a que se destierre para siempre ese sistema del farellazo en contra de los sindicatos. Muchas gracias.
El Presidente:
También para rectificar hechos sobre el mismo tema, ha pedido la palabra el diputado Salvador Avila. La tiene por cinco minutos.
El diputado Salvador Othón Avila Zúñiga:
Gracias, señor Presidente.
Estamos de acuerdo, yo creo que estamos de acuerdo todos los diputados en que debemos respetar el derecho de los trabajadores. También estamos de acuerdo que si Ruta-100 entró en quiebra o en suspensión de pagos los trabajadores son los menos culpables de esta situación. Debemos de llamar a cuentas a los dirigentes de Ruta-100, para que entreguen cuentas de qué hicieron con este dinero y con estos subsidios que finalmente afectaron los bolsillos de todos los mexicanos.
Ruta-100 era hasta el día de hoy, a excepción de las pequeñas penetraciones del Metro y el Tren Elevado, el único servicio subsidiado en el Estado de México. Todos sabemos que en el Estado de México el servicio de transporte, amén de que es muy malo es muy caro y les cuesta a todos los trabajadores mucho dinero el servicio de transporte.
Es por esto que mi pronunciamiento es en el sentido de que continúen los subsidios. Obviamente el transporte colectivo debe de ser subsidiado, pero también nos hemos dado cuenta que el Gobierno es un pésimo administrador y donde se mete la mano, donde se destapa la olla, sale pudrición. Es hora de que se diseñen las rutas, de que las autoridades del Estado de México y del Distrito Federal se sienten en la mesa de una vez por todas, para establecer un sistema de concesiones, para reglamentar el transporte en el Estado de México, en el cual se aprobó una ley; pero no se ha reglamentado aún; es por eso que hay todo ese desorden en el Estado de México.
Debemos de promover a los pequeños empresarios, debemos acabar con el sistema de los controles de combis y microbuses que provocan un alto grado de contaminación a la atmósfera y debemos de volver al sistema de los grandes autobuses; por cada autobús podemos eliminar tres combis o tres microbuses y vamos a reducir en un 60% aproximadamente la contaminacíon.
Debemos, compañeros, hacer un llamado a las autoridades para que se reglamente el sistema de concesiones, para que se den las bases mínimas, las condiciones mínimas de comodidad que requiere el transporte, que se den créditos para que estos trabajadores que hoy van a ser despedidos puedan invertir en un camión a través de créditos blandos; pueda haber una reglamentación adecuada y por fin, tanto el Distrito Federal como la zona conurbada, tengamos un sistema de transporte a la altura de lo que necesitamos.
Los subsidios se deberán dar a los pequeños empresarios que tengan este sistema de transporte y no a las autoridades, que sabemos que sólo sirven para enriquecerse de unas cuantas personas. Muchísimas gracias.
El Presidente:
Del PRD, el diputado Everardo Martínez ha solicitado la palabra para rectificar hechos sobre este mismo asunto. Por cinco minutos diputado.
El diputado Everardo Martínez Sánchez:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El objetivo fundamental que no debemos perder de vista en esta ficticia quiebra de la empresa Ruta-100 y que con toda la publicidad tratar, las autoridades de desviar la atención, son los poderosos intereses económicos de los monopolios del transporte y como aquí se ha dicho, si hay responsables no son exclusivamente los dirigentes sindicales y los trabajadores, si se va a abrir una investigación, es necesario que se abarque a todos los involucrados como los que aquí voy a mencionar.
Es necesario que también se investigue a Carlos Hank González, por sus poderosos intereses en todos los ramos del transporte, promotor de los ejes viales y dueño de fábricas, de camiones marca Mercedes Benz. También que se investigue a Isidoro Rodríguez involucrado hace años en turbios negocios de transporte marítimo petrolero en combinación con el mismo Hank González.
Que se investigue a Angel Rodríguez Sáenz, banquero e hijo de Isidoro Rodríguez, con intereses en Banpaís y Asemex con graves problemas de cartera vencida y relacionado con el Grupo Havre, uno de los principales proveedores y distribuidores de micros.
Que se investigue a Jesús Alcántara, líder de transportistas y hermano de Roberto Alcántara, señalado como quien financió el Grupo Omega, de Fernando de la Sota Rodallesuez, que brindaba protección a Luis Donaldo Colosio durante el crimen de Lomas Taurinas.
Que se investigue a Sergio Pérez Tovar, líder del Sindicato Tornell en Tultitlán, Estado de México, propietario de flotillas de micros y señalado como responsable de grupos de choque que actúan así reprimiendo movimientos sindicales y obreros.
La responsabilidad en créditos de Nafinsa al Grupo Havre, mientras Oscar Espinosa Villarreal, actual jefe del Departamento del Distrito Federal era su director. Todos estos personajes están casualmente ligados al Grupo Atlacomulco, los conflictos previos de Ruta-100 con los flotilleros de micros en el Estado de México son promovidos por los flotilleros y los intereses de éstos en el D.F. y en el Estado de México.
Además se dice que tienen interés en la privatización de Ruta-100 los Zabludovsky, que también deben ser investigados.
Por todo lo anterior, todos los diputados, con una concepción democrática de nuestra responsabilidad, deberíamos condenar abiertamente este tipo de actos en contra de un sindicato combativo e independiente como lo es el de Ruta-100. Muchas gracias.
El Presidente:
El diputado Armando Quintero Martínez, de la fracción parlamentaria del PRD, tiene el uso de la palabra.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La ciudadanía del Distrito Federal se ha hecho una pregunta que ojalá pudiera encontrar una respuesta de parte de las autoridades: ¿Por qué tratar de resolver a patadas un asunto tan delicado, tan serio, que tiene que ver con la economía de millones de mexicanos, particularmente de mexicanos de escasos recursos, particularmente de trabajadores que utilizan el transporte de Ruta-100 como su fuente principal de transporte a sus centros de trabajo y de éstos a sus domicilios?
Quién puede responder de que un asunto tan delicado como el del transporte de la ciudad de México sea resuelto con la absoluta insensibilidad, con la más abierta incompetencia mostrada con los primeros pasos que ahora quisiera yo replantear rápidamente.
El regente de la ciudad dice que la quiebra de Ruta-100 tiene como principal elemento que la organiza, la corrupción en esta empresa. Si es verdad que la corrupción es el problema principal de Ruta-100, caben algunas preguntas de las cuales quisiéramos oír sus respuestas: ¿Quiénes son, quienes han defraudado a Ruta-100?, ¿en qué monto?, ¿Mediante qué forma?
El documento que leyó el licenciado Jesús Salazar Toledano habla de un nudo de prácticas entre empresa y sindicato que permitió las prácticas corruptas; ¿Cómo se expresaban esas prácticas de corrupción?, ¿entre qué funcionarios y de qué nivel y con cuáles líderes del sindicato?, ¿porque no era con todo el sindicato, porque no sería con todos los trabajadores?
El señor regente de la ciudad ha dicho que entre otros elementos había una subutilización del parque vehícular; que de 4 mil 024 autobuses, estaban en circulación 2 mil 081, es decir; el 70% que estaban parados tres de cada 10. Cabe recordar aquí en una paradoja como información a las autoridades del Departamento del Distrito Federal, que cuando se estatizó y se dio paso a lo que ahora conocemos como Ruta-100, el señor Héctor Hernández, representante último de la Alianza de Camioneros de México y los presidentes de la línea se ufanaban de que circulaban en el Distrito Federal 9 mil unidades y decían que la mayoría de sus autobuses estaban en buen estado.
Sin embargo, cuando el Gobierno de la ciudad tomó posesión de las instalaciones encontró un montón de carcachas y de autobuses chatarra, descubrió que en realidad sólo circulaban en la ciudad unos 4 mil camiones y procedió a liquidar los equipos a los empresarios conforme a avalúos y no a los precios que la iniciativa privada decía; es decir, el pulpo camionero, privado, señores diputados, señor regente de la ciudad, no es la solución a los problemas de transporte de nuestra capital.
Se dio paso a la estatización, producto de la anarquía que había en el sector de transportes, producto de la ineficacia que tenía el sector privado, porque que nadie diga: los empresarios y líderes de la vela perpetua, no nos vengan a decir que la iniciativa privada es la solución, porque en el transporte privado en la ciudad de México, ya lo tuvieron y lo hicieron mal, muy mal, a costa de los mexicanos, a costa de la sobrexplotación de los trabajadores, a costa de estar teniendo horarios de 12, 14 horas de trabajo para los operarios y poniendo en riesgo a los ciudadanos que utilizaban estos transportes.
Se nos dice también que ahora mismo se dio un paso muy importante, porque los autobuses de Ruta-100 contaminan. Miren nadamás, para enfrentar la contaminación, pusieron en sustitución de los camiones de Ruta-100, unos nuevos autobuses que están retratados aquí el día de ayer, en circulación, puros camiones chatarra, con camiones lisas, con asientos rotos, con choferes que desconocen la ciudad, con vehículos que no están para dar servicio eficiente y de calidad, que contaminan por lo menos cinco veces más que los de Ruta-100 que estaban en proceso de renovación, como lo informaron los últimos directores de la empresa; es decir, para resolver un problema, dan soluciones que lo agravan.
Se dice que el problema principal está en los trabajadores y el sindicato. Por qué no nos explican los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, por qué 12 funcionarios, por qué el penúltimo director, el señor Julio Scherer Jr., duró escasamente unos 21 días; por qué si él ya conocía de todos estos graves problemas renunció y vino otro director a ejecutarlos.
Hay, compañeras y compañeros, problemas sumamente graves. Se trata de demostrar al sindicato. Se dice que el contrato colectivo de trabajo era muy costoso, que a los trabajadores la empresa estaba obligada a pagarles 12 mil nuevos pesos si hacían aportaciones valiosas, pero por qué no nos dicen a cuántos les pagaron los 12 mil nuevos pesos, para ver el monto efectivó de los pagos o para ver si efectivamente es una falacia.
Se nos dice que al sindicato le entregaban o deberían de entregarle una cauda anualmente de vehículos y camiones, camiones de volteo, de mudanzas, de pipas, de pick ups, por qué no nos dicen cuántos le entregaron al sindicato en los últimos años, para que se pueda cuantificar o para que se muestre su falacia.
Se nos dice, en las 64 recomendaciones que ya se habían hecho por la Contaduría de Hacienda, por qué no nos informan de cuántas se cumplieron, cuántas no se cumplieron y por qué no se cumplieron.
Por qué no se nos informa del adeudo dudoso contraído por Ruta-100 con una empresa denominada Recuperadora R.G.S.A. de C.V., por 1.1 millones de nuevos pesos.
Hay, compañeras y compañeros, una larga lista de problemas que no ha podido explicar el Departamento del Distrito Federal.
Se mezcla en este informe de quiebra técnica, el hecho de que el sindicato apoyaba al Movimiento Popular Independiente y al Frente Popular Francisco Villa? Qué importa para el buen funcionamiento de una empresa si su sindicato tiene relaciones con el MPI o con el Frente Francisco Villa? Ninguna; sólo el afán político de destruir a un sindicato combativo que discrepaba de la política económica y social del régimen.
Hay, producto de esta medida que se tomó, la creación de enormes problemas a trabajadores, porque no llegaron a su centro de trabajo el sábado, porque no pudieron acudir a sus oficinas públicas a trabajar o a sus talleres. Hay en esa decisión, sin lugar a dudas, un problema en el que se hace que paguen los que menos tienen.
Ustedes deben saber que en Huixquilucan, a donde prestaba servicio Ruta-100 por 40 centavos a cada usuario, ahora al no llegar Ruta-100 los usuarios de esta zona, tuvieron que pagar a los microbuses 4.50 pesos. ¿Quiénes viven en la población de Huixquilucan? Los sectores más pobres, los marginados, los que viven con subempleos, los que reciben ingresos menores al salario mínimo o el salario mínimo, pero ellos tienen que pagar 4.50 pesos de transportes. ¡Qué torpeza, qué agresión, qué insensibilidad social para los que menos tienen!
No sólo eso, compañeras y compañeros diputados; en el local del sindicato se presentaron las patrullas 03118, 03132, 03070 y 03042 y ahí capturaron a un vigilante de las oficinas del sindicato, lo sacaron de la oficina, lo tiraron al piso, le pegaron y le quitaron el papel que llevaba consigo. A él y a una muchacha los metieron a fuerza a la patrulla 03118 y pretendieron que los reporteros no se acercaran. Hay testimonios en la prensa nacional de ello.
No podemos callar este sinnúmero de arbitrariedades. Se habla de que hay placas duplicadas. ¿Quiénes pueden autorizar la duplicación de placas?, ¿los choferes, los trabajadores que laboraban en las áreas de mantenimiento de los transportes? ¿Por qué se encarcela a los líderes del sindicato con un artilugio de que hay una acusación en contra de ellos por el manejo de un fondo de pensiones? ¿Por qué se hace en el justo momento en que se declara la quiebra de la empresa? ¿Por qué se hace justo cuando ese sindicato estaba presto a manifestarse combativa y masivamente el próximo 1o. de mayo? ¿Por qué se encarcela a estos dirigentes que han manifestado abierta y públicamente su simpatía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿No son éstas las causas verdaderas? ¿No son éstas las causas reales de por qué se precipitó y se resolvió dar un golpe de mano, en un sabadazo clásico reprobable, igual al que le dieron al movimiento ferrocarrilero que encabezó Vallejo en 1958?
Hay, señoras y señores, una serie de preguntas que nadie hasta ahora ha podido contestar. ¿Dónde está la auditoría en donde se basa el Departamento del Distrito Federal para demostrar el fraude corrupción? ¿Quiénes, cuánto y de qué manera la instrumentaron? ¿Por qué sólo a los líderes del sindicato? ¿Por qué no nos informan de la auditoría que habría que practicarle a los 12 directores de Ruta-100? ¿Por qué ya ejecutada la quiebra llamaron a los asambleístas, a la regencia? ¿Por qué no se llamó a los asambleístas, y a la diputación que tiene qué ver con el Distrito Federal para discutir sobre este problema agudo, que tiene qué ver con los sectores pobres de la capital? ¿Por qué después de consumado el golpe es que se quiere iniciar el diálogo?
El gobierno del Distrito Federal dice que diseñó un programa integral de transporte. Falso, porque al mismo tiempo dicen que en 10 días entregarán ese programa.
Nos han señalado que el valor de los libros es igual a cero, de Ruta-100. ¿Cómo va a ser igual a cero el valor de Ruta-100? ¿No habrá atrás de declarar en valor a ceros Ruta-100 un jugoso negocio en la venta y en la privatización de Ruta-100? ¿No estará atrás el interés de venderla barata a los Hank o a los amigos de los políticos que tienen el poder de decidir estas ventas y estas compras?
Un complicado nudo operativo entre administración y sindicato, ¿cuáles, cómo, quiénes? Normas del 30% de la recaudación entre la recaudación y el depósito bancario. ¿Quiénes, cuándo y cuánto se ha desaparecido en ese 30% y desde cuándo?, ¿por qué no están detenidos los responsables?
Se mantendrá el servicio de transporte a precios accesibles, se nos dice, ¿será a 40 centavos?, es obvio que no, es obvio que es falso el propósito de mejorar el servicio. Lo que está detrás es malbaratar Ruta-100, concedérsela a precios bajos a algún amigo de quien decide las ventas. Está atrás la privatización a los empresarios de la vela perpetua, que creen que la iniciativa privada es santa, que es incorruptible y que es altamente productiva, cuando han demostrado en el caso del trasporte de la ciudad, que fueron ineficientes, que fueron corruptos y que fueron grandes sobrexplotadores de los trabajadores.
Desde 1989, se detectaron diversos y graves problemas. ¿Por qué los callaron? ¿Quién los calló? ¿Por qué no los instrumentó? Se declara la quiebra técnica, pero no se siguió el procedimiento establecido en la ley. ¿Por qué se atropella? ¿Por qué a patadas, señor regente, se resuelven estos problemas?
Quisiera concluir diciendo que nosotros, los diputados de la bancada perredista, nos oponemos a la privatización. No creernos en la iniciativa privada pura, sana y recta; creemos en los mecanismos de vigilancia social participativa que garanticen a una empresa que debe ser de servicio social, que no debe tener como programa principal el lucro, porque por lo demás en todas las ciudades del mundo, en las grandes urbes no hay iniciativa privada detrás del transporte colectivo, porque ha demostrado su ineficacia.
En las grandes urbes el transporte es del Estado, del Gobierno, por ello nosotros debemos trabajar para que se maneje bien, para que haya transparencia, para que si hay responsables de la empresa, y/o incluso del sindicato, son a título individual y se les debe castigar. Nosotros no estamos para solapar corruptelas, pero esas tienen nombres y apellidos y no sólo por cierto están en el lado del sindicato porque quien hacía las compras de gasolina, de motores, de autopartes, de aceite, eran los funcionarios públicos. ¿Por qué detrás de ellos no hay, como debiera suponerse, una investigación y la finca de responsabilidades? Hay en todo esto un interés político.
No permitamos que el revanchismo en contra del sindicato, no permitamos que el revanchismo quizá incluso en contra del ex regente Manuel Camacho Solís, sea lo que predomine en estas arbitrarias decisiones. Que se aclare, si hay responsabilidad en ellos, que se les aplique la ley, pero no como revancha política que daña a la nación, que daña...
El Presidente:
Señor diputado, permítame usted. Se ha agotado el tiempo de su intervención, le suplicamos concluirla.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Voy a concluir.
Por todo esto, compañeras y compañeros, nosotros nos pronunciamos en simpatía con el punto de acuerdo. Nos pronunciamos porque no se cercene el contrato colectivo de trabajo. Nos pronunciamos porque no desaparezca el SUTAUR-100, nos pronunciamos porque los juicios estén apegados a derecho y no haya violación a derechos humanos y sobre todo demandamos que la investigación se enderece a los responsables de Ruta-100 en los últimos años de hacer las compras, de administrarlas, de manejar los recursos financieros y que son en última instancia los responsables de la situación de crisis que hay en esa empresa. Muchas gracias.
El Presidente:
También de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra sobre el mismo tema la diputada Graciela Rojas Cruz... Ha declinado. En esa razón, se concede el uso de la palabra al diputado Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional... Declina también.
IMPORTACIONES AGRICOLAS
El Presidente:
Se concede la palabra, al diputado Jorge Kondo López, para hacer un pronunciamiento.
El diputado Jorge Kondo López:
Compañeros diputados:
En virtud de que están en peligro las exportaciones de tomate de México hacia los Estados Unidos de América, lo cual lo venimos haciendo desde hace aproximadamente 60 años, los dirigentes de las cuatro fracciones parlamentarias, Humberto Roque Villanueva, coordinador del PRI, Jesús Ortega, coordinador del PRD, Ricardo García Cervantes, coordinador del PAN y Joaquín Vela, coordinador del PT, nos han expresado el siguiente punto de acuerdo, asimismo con el apoyo de Rafael Ceballos, presidente de la Comisión de Agricultura, Jorge Ocejo Moreno, presidente de la Comisión de Comercio y otros más diputados de los estados que tienen intereses en este punto.
"Bajo el amparo de la Ley de Comercio de los Estados Unidos de América de 1974, y en atención a la cláusula 201 de dicha ley, los agricultores de Florida le están solicitando al Presidente de los Estados Unidos de América, hacer efectiva su facultad que le permita ordenar impuestos compensatorios para el tomate mexicano, argumentando que se está lesionando su producción doméstica.
Los agricultores mexicanos, vienen exportando desde hace más de 60 años a los Estados Unidos de América, y en los últimos cinco años la producción se ha mantenido estática, tendiendo inclusive a la disminución.
En 1977, los productores de Florida promovieron una acusación de dumping, lo cual los agricultores mexicanos lograron que se resolviera a su favor en los tribunales de los Estados Unidos de América.
Aprovechando los beneficios del TLC, los productores de Florida, Texas y California, estuvieron exportando en los últimos años millones de cajas de tomate al mercado mexicano, afectando en consecuencia los intereses entre otros de los productores del Bajío, Sinaloa, Nayarit y Baja California Norte y Sur.
Es importante mencionar que como consecuencia del TLC se ha fortalecido el interés de los productores de tomate de los Estados Unidos de América de invertir en México, pues de aquellos que se manifestaron reticentes a su creación, son ahora promotores de alianzas estratégicas en la producción de tomate en México, encontrándose que las compañías más importantes de los Estados Unidos de América son ahora socios de productores mexicanos.
Sin embargo, este año la producción de Florida se redujo notablemente, al haberse afectado por imponderables climatológicos extraordinarios, tales como el ciclón Gordo y frentes fríos."
El punto de acuerdo es el siguiente.
Se solicita la intervención del Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos para que ante su homólogo de los Estados Unidos de América, tome una decisión que no afecte de manera injusta los intereses de los productores mexicanos de tomate, dentro de un marco donde nuestro país necesita dinamizar su capacidad exportadora. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado; se turna a la Comisión de Comercio el punto de acuerdo.
LEY DE AMNISTIA ANTICIPADA
El Presidente:
Para formular comentarios sobre la reanudación del diálogo en Chiapas, tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Salvador Martínez Della Rocca:
Apreciables compañeros diputados, voy a presentar aquí un punto de acuerdo.
Los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, representados en esta LVI Legislatura, retomando el espíritu de negociación que privó el día de ayer en el encuentro entre delegaciones del Gobierno Federal y el EZNL y con el fin de contribuir a pavimentar el camino de la negociación y diálogo en el Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, proponemos el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se exhorta a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia a dictaminar a la brevedad posible el proyecto de ley de amnistía anticipada para la liberación de los presos políticos, acusados de acciones relacionadas con el EZNL, misma que fue presentada y apoyada por todas las fracciones parlamentarias el pasado 9 de marzo de 1995.
Atentamente.
Diputados: por el Partido Revolucionario Institucional, Dionisio Pérez Jácome, Jaime Martínez Veloz; por el Partido del Trabajo, Oscar González Yáñez; por el Partido Acción Nacional, Fernando Pérez Noriega; por el Partido de la Revolución Democrática, Salvador Martínez Della Rocca, Cuauhtémoc Sandoval y Juan Nicasio Guerra.» Eso es todo. Muchísimas gracias;
El Presidente:
El punto de acuerdo se turna para su conocimiento a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente:
El diputado Luis Sánchez Aguilar, para hacer un pronunciamiento.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
Con ocasión del aumento al impuesto al valor agregado los dirigentes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, vinieron aquí a decirnos, para convencernos de la bondad de la medida, que a cambio, por decisión del Poder Legislativo, habrían de desaparecer varias secretarías de Estado y se mencionó, entre ellas, a la Secretaría de Turismo.
El diputado Suárez y Dávila, afirmó que con ello habríamos de ahorrar muchos nuevos pesos. Y he aquí, que la semana anterior, la Secretaria de Turismo, doña Silvia Hernández, en declaraciones a la prensa, a la radio y a la televisión, de manera prepotente, por no decir altanera, dijo en sentido figurado: "a mí los diputados me hacen los mandados". Porque doña Silvia dice haber ya ido con el encargado del Poder Ejecutivo Federal, el señor Zedillo y parece ser que ambos ya resolvieron, sin que esta honorable representación nacional haya tenido nada qué ver, que la Secretaría de Turismo se mantiene. Y dijo la señora, está en líneas ágata y en video tapes, que la Secretaría a su cargo es prioritaria. Y dijo don Ricardo Ampudia, subsecretario de Turismo, que se mantiene.
Nosotros venimos aquí a preguntarle al señor Suárez y Dávila, ¿en qué quedó la nueva "corresponsabilidad" del Poder Legislativo? ¿Dónde quedó la autoridad de la Comisión de Hacienda y Crédito Público?, ¿por qué no agregar, la de Programación y Presupuesto? ¿Están los diputados pintados, simplemente? ¿Tienen alguna función real o somos simples títeres y comparsas del Poder Ejecutivo Federal?
Nosotros consideramos que en un asunto tan importante como es éste, una iniciativa por vez primera en décadas de la Cámara de Diputados para cercenar la burocracia federal, para racionalizarla como dijeron aquí los integrantes de la Comisión de Hacienda, ha quedado desestimada en el aire o tirada a la basura.
Por ello nosotros demandaríamos que en la fecha en que lo estime pertinente don Francisco Suárez y Dávila, se nos informe aquí en qué quedó la "valiente, agresiva, decidida intervención de la comisión" que él encabeza, para desaparecer en aras de la racionalidad administrativa, a la Secretaría de Turismo. Esto, sin prejuzgar por parte del de la voz, sobre su viabilidad, importancia o trascendencia.
Estamos analizando aquí una cuestión de principio: la preeminencia del Legislativo o al menos su actuación interpares, vis a vis, al Poder Ejecutivo Federal
También con relación a la Comisión de Hacienda, con ocasión del debate sobre el impuesto al valor agregado, dijimos aquí, así consta en el Diario de los Debates, que el incremento del 50% provocaría, aun antes de ser votado, antes de entrar en vigor y, desde luego, después y durante mucho tiempo, irritación e ira populares.
En efecto, al día siguiente del audaz mayoriteo aprobatorio por parte del partido oficial en esta cámara, Ernesto Zedillo Ponce de León, en gira por Durango, fue agredido por una muchedumbre. Luego en Guadalajara hubo de enfrentar también el encono popular.
Pero, el pueblo, compañeros, afortunadamente es parejo; antier le tocó al Poder Legislativo y he aquí que los compañeros diputados de la Comisión de Hacienda ocurrieron a Acapulco, Guerrero a "defender", el mencionado aumento.
Y tenemos a la vista algunas notas. Para no cansarlos sólo leeremos tres. Dice el periódico La Jornada del día de ayer: "jitomatazos al salir de reunión con empresarios", desde luego los jitomatazos fueron lanzados contra los valientes legisladores de dicha comisión. Y dice la introducción de la nota: "miembros del Frente Cívico de Acapulco agredieron a los diputados federales Francisco Suárez y Dávila, Alfonso Reyes Medrano y Jaime del Río, en protesta porque aprobaron el incremento del 50% al IVA etcétera". Hasta ahí la cita.
Sigue: "los tres diputados federales fueron acosados por alrededor de 50 miembros del Frente Cívico de Acapulco, quienes incluso les lanzaron jitomates". Los inconformes, identificaron en la vía pública a la diputada priísta Mónica Leñero Alvarez, a quien en repetidas ocasiones llamaron, cita textual: "traidora del pueblo", hasta ahí la cita, por haber aprobado el aumento al IVA, aunque salió ilesa de los golpes al correr y refugiarse en un vehículo particular.
Más adelante la nota dice: "fueron cuestionados durante cinco horas sobre los motivos por los que votaron en favor del incremento del 50% al gravamen". Esto por lo que respecta a La Jornada.
El diario La Afición, dice: "al término de una reunión de evaluación de los efectos del IVA entre los sectores productivos de esta ciudad, una multitud de amas de casa, colonos y militantes del Frente Cívico de Acapulco, agredieron a jitomatazos a cinco diputados priístas de la Comisión de Hacienda de la LVI Legislatura Federal, por haberse prestado a la aprobación del 50% de aumento al IVA. Señalaron que está afectando seriamente la economía de diversos sectores".
Por su parte El Financiero, dice: "lluvia de jitomates para diputados en Acapulco". Esta es la cabeza. Cito: "tras escuchar la inconformidad del sector empresarial porteño por las reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tuvieron que soportar una lluvia de jitomates por parte de un grupo de integrantes del Frente Cívico de Acapulco. Con pancartas en las que les tildaban como traidores al pueblo y a la patria y en las que directamente le reprochaban a René Juárez, diputado por el VII distrito de Acapulco, su voto en favor del incremento al IVA, los frentistas demandaron la derogación de dichas medidas". Ahí Francisco Suárez y Dávila, presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara baja, tras afirmar que: "tampoco soy partidario de la política neoliberal" etcétera. Hasta ahí la cita.
No deja de causar hilaridad, por lo menos al de la voz, que don Francisco ahora venga a presentarse como enemigo de la política neoliberal.
Yo me pregunto, ¿qué hacía entonces en los gobiernos del señor De la Madrid y en el del señor Salinas, en cargos que no son cualquier cosa: director del Banco Obrero, subsecretario de Hacienda?; defendiendo precisamente las bondades del liberalismo.
Claro, es comprensible. Desacreditado De la Madrid, denostado Salinas; muerto el rey, viva el rey. Ahora se presenta como enemigo de la política neoliberal.
Nosotros deseamos invitar a la Comisión de Hacienda a que pondere en serio la iniciativa de derogar el incremento al IVA. Nosotros iríamos más allá: ratificamos nuestra convicción de que para el presente ejercicio fiscal, el IVA podría ser llevado inclusive a tasa cero si es que los responsables de dicha comisión, se atreviesen a enfrentar al gran capital, al gran capital que ha explotado a este pueblo secularmente.
Y bastaría con aplicar un impuesto del 50% a la especulación cambiaria y otro tanto a la especulación bursátil, un impuesto a los que más ganan, progresivo del 55%, que afectaría sólo a 125 mil individuos ricos de este país, en cuanto a ingresos. Y otro impuesto sólo del 5% a los que más tienen, como riqueza neta, para poder recaudar, aunado esto al impuesto a la exportación, un 15% sobre 80 mil millones de dólares, una cantidad cercana a los 50 mil millones de dólares. Con eso podríamos perdonarle el IVA y hasta el impuesto sobre la renta a la clase trabajadora durante el presente año.
Esta Fracción Social Demócrata reitera la invitación, repetimos, a los herederos de Antonio Ortiz Mena, que aquí hemos denominado "los pollitos del desarrollo estabilizador" y que pululan en sentido figurado en el corral de la citada Comisión de Hacienda, para que antes de que los jitomatazos se conviertan en balazos, promuevan reformas derogatorias al citado incremento al impuesto al valor agregado y de adopción del paquete alternativo por 45 mil millones de dólares, suficientes para cancelar el paquete financiero, usurero y desnacionalizador, que el binomio Clinton-Rubin nos ha impuesto a esta soberanía. Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
La secretaria Adriana María Luna Parra y Lerdo Trejo:
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
EMILIANO ZAPATA SALAZAR
El Presidente:
Perdón, diputada Secretaria. Hay pendiente un punto de acuerdo al que dará lectura el diputado Rafael Jacobo García.
El diputado Rafael Jacobo García:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En el LXXVI aniversario de la muerte del general Emiliano Zapata, proponemos el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
El espíritu de Zapata y su anhelo de tierra y libertad, hoy está más vivo que nunca. En los pueblos indios y campesinos su ideal tiene una enorme presencia y día con día renace su profundo agrarismo. Por eso hoy, en la crisis en que se debate el campo, el mejor homenaje que se le puede hacer a Zapata, es reconocer la actualidad de su proyecto y llevarlo a la práctica.
Esta crisis del medio rural se manifiesta en una reducción alarmante de los índices de producción y en la falta de crédito y asistencia técnica, en la insuficiencia de insumos e investigación científica. Hechos todos que redundaron en la imposibilidad de que el campesino y el indio pudieran acceder de manera sostenida a una vida digna.
Todos sabemos que es en el campo donde se concentran los mayores índices de pobreza extrema, que es en el campo donde faltan escuelas, hospitales, donde faltan el agua potable y la luz eléctrica; donde se adolece de vías de comunicación y drenaje.
Sin embargo, a pesar de su difícil situación el movimiento campesino sigue estando vivo y expectante, creativo, plural y expresivo. De ahí que sea necesario hoy, más que nunca, construir una nueva relación entre los campesinos y el Estado, una relación en la que el Estado, además de respetar la expresión plural de ese sector, al mismo tiempo fomente su desarrollo, porque queremos un campo próspero, en el que prevalezca además de una mayor justicia, el reconocimiento a la imprescindible participación de los indios y campesinos en la historia del país, desde el movimiento de independencia hasta la Revolución Mexicana y los tiempos presentes es que proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La revisión consciente y reflexiva de la actual legislación agraria, para que con las respectivas modificaciones realmente permita el desarrollo rural y con éste los campesinos puedan tener tierra, crédito y asistencia técnica, medios sin los cuales no pueden generar las condiciones materiales para una existencia digna.
Este es el punto de acuerdo que presentamos y esto está firmado por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por los diputados: Jesús Ortega Martínez, Carlota Botey y Rafael Jacobo García; por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Lauro Norzagaray Norzagaray; por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, José Narro Céspedes; por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, Augusto Gómez Villanueva y Héctor Hugo Olivares Ventura.»
Dejo esto aquí, para que pase a comisiones.
El Presidente:
Se turna la proposición de punto de acuerdo a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Continúe la Secretaría con el desarrollo de los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
18 de abril de 1995
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Secretario de Marina, invita al acto cívico que con motivo del LXXXI aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz, tendrá lugar el 21 de abril a las 13:00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXLI aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo, tendrá lugar el 22 de abril a las 11:00 horas.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Campeche.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Juan José Leaño Espinosa, para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Uruguay en Guadalajara, Jalisco.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 15:59 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el martes 18 de abril a las 10:00 horas.
Sesión secreta.
| Asemex | Aseguradora Mexicana |
| Banpaís | Banco del País |
| CROC | Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos |
| D.F. | Distrito Federal |
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| IDA | Industrial de Abastos |
| ITAM | Instituto Tecnológico Autónomo de México |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| MPI | Movimiento Proletario Independiente |
| Nafinsa | Nacional Financiera, Sociedad Anónima |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| S.A. de C.V. | Sociedad Anónima de Capital Variable |
| SUTAUR-100 | Sindicato Unico de Trabajadores de Autobuses Urbanos Ruta-100 |
| SUTIN | Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |
| Uramex | Uranio Mexicano |