SUMARIO
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
El diputado Francisco Andrés Bolaños Bolaños, presenta iniciativa de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de territorios indígenas. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Asuntos Indígenas.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Guillermo Beistegui Landa y Bernard-Marie Joseph Luquet Pommel, puedan aceptar y usar la condecoración que les confiere el gobierno de esa República. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de dicha ley. Se dispensa la segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen, a nombre de la comisión, hace uso de la palabra el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez.
Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos.
A discusión en lo general, expresan su opinión los diputados:
Joaquín Humberto Vela González
Ifigenia Martha Martínez Hernández
Gustavo Gabriel Llamas Monjardín
José Rosas Aispuro Torres
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
José de Jesús Preciado Bermejo
Miguel Angel García García
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Víctor Cruz Ramírez
Salvador Mikel Rivera
Víctor Manuel Quintana Silveyra, para rectificar hechos.
A discusión en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados:
Manuel Beristáin Gómez, quien presenta proposición.
Jesús Rodríguez y Rodríguez, en contra de la proposición.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales los diputados:
Juan Antonio García Villa
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Gustavo Gabriel Llamas Monjardín
Propone reformas el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
Jesús Rodríguez y Rodríguez, en contra de la proposición.
Saúl Alfonso Escobar Toledo, para rectificar hechos.
Suficientemente discutido. Aprobado.
Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, que remite iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto, que reforma la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ramo del petróleo. Se turna a la Comisión de Energéticos.
La diputada María Virginia Betanzos Moreno, presenta denuncia con respecto a conflictos laborales en esa entidad.
Para rectificar hechos los diputados:
Raúl Ríos Magaña
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Para referirse a las explosiones sufridas en Guadalajara, Jalisco, en 1992, se concede el uso de la palabra a la diputada Emma Muños Covarrubias. Se guarda un minuto de silencio.
Para comentar los problemas y el plantón que trabajadores de esa empresa sostienen frente al Palacio Legislativo, hace uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Para rectihcar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, los diputados:
Ana María Adelina Licona Espínola
Luis Sánchez Aguilar
Sebastían Lerdo de Tejada Covarrubias
Luis Sánchez Aguilar
Joaquín Humberto Vela González
Comenta los hechos relacionados con el diálogo para la paz en esa entidad, el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe, se refiere a las elecciones extraordinarias en ese estado.
Zaida Alicia Lladó Castillo, para rectificar hechos.
Pasa a la tribuna la diputada María del Rosario Robles Berlanga, quien hace una proposición respecto del diálogo para la paz en esa entidad.
Tito Rubín Cruz, para rectificar hechos.
Martín Gerardo Longoria Hernández, para rectificar hechos.
El Presidente turna la solicitud presentada por la diputada Betanzos Moreno, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se desecha la propuesta presentada por la diputada Robles Berlanga.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado
Alejandro González Alcocer
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia
El secretario Manuel de Jesús Espino Barrientos:
Señor Presidente, hay una asistencia de 309 diputados, por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 11:33 horas):
Se abre la sesión.
Se ruega a los diputados tomar sus asientos.
ORDEN DEL DIA
El secretario Manuel de Jesús Espino Barrientos:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.
21 de abril de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Yucatán.
De reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de territorios indígenas, a cargo del diputado Francisco Andrés Bolaños Bolaños, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Juan Guillermo Beistegui Landa y Bernard-Marie Joseph Luquet Pommel, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado
Florentino Castro López
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas del jueves veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de trescientos cuarenta y siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California y Campeche, con los que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Juan Guillermo Beistegui Landa y Bernard-Marie Joseph Luquet Pommel, puedan aceptar y usar la condecoración que les confiere el Gobierno de la República Francesa. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La misma Secretaría da lectura a un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es de primera lectura.
También se da primera lectura a dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto, con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Oses Clement Cole e Isunza, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Guatemala, en Mazatlán, Sinaloa y
José Alberto Cisneros Luna, Margarita Campuzano Godínez y Yolanda Valderrama Cerón, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Son de primera lectura.
Se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace un pronunciamiento respecto de los becarios nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Para rectificar hechos al respecto, pasa a la tribuna el diputado Francisco Patiño Cardona, del mismo partido.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Fernando Salgado Delgado, del Partido Revolucionario Institucional, quien a su vez hace un pronunciamiento respecto de los líderes obreros encarcelados en la República de Bolivia y propone un punto de acuerdo condenatorio.
Se concede el uso de la palabra al diputado Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos al respecto.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace un pronunciamiento respecto del atentado sufrido por el líder del Partido Popular Español.
Pasa a la tribuna el diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita la comparecencia del gobernador del Banco de México, a fin de explicar la política que sigue esa institución, en relación con la economía del país. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Hace uso de la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien a nombre de otras legisladoras y del suyo propio, solicita que se realicen las gestiones necesarias, a fin de que el pectoral de sor Juana Inés de la Cruz, que permanece bajo custodia de particulares, sea entregado a la Cámara de Diputados, para conservarlo en un museo. Se turna a la Comisión de Cultura.
Para referirse a los diversos problemas suscitados en la quiebra de Autotransportes Ruta Cien, hacen uso de la palabra los diputados: Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática y Jaime Mariano del Río Navarro, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos al respecto, abordan la tribuna los legisladores: Raúl Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Viniegra Zubiria, del Partido Acción Nacional; Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; Amado Jesús Cruz Malpica y René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática y Jaime Jesús Arceo Castro, del Partido Revolucionario Institucional.
Para denunciar lo que calificó como excesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en relación con los líderes obreros de Ruta Cien, hace uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Expresa su opinión al respecto, el diputado Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Luis Sánchez Aguilar, en dos ocasiones y Sebastián Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional.
Para condenar el atentado dinamitero en un edificio gubernamental de la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos de América y hacer una proposición, pasa a la tribuna el diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados: Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática; Gloria Sánchez Hernández y Carlos Núñez Hurtado, del Partido de la Revolución Democrática y Fernando Orihuela Carmona, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa de Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Para referirse a problemas laborales en la Universidad Autónoma de Puebla, hace uso de la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con veinticuatro minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, viernes veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse nanifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE YUCATAN
El secretario Eusebio Moreno Muñoz:
«Escudo del Estado.- LIII Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Secretarios de la Cámara de Diputados.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 38, 68, 70, 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, me permito comunicar a usted que, con esta fecha, se clausuró el cuarto periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al ejercicio constitucional de la LIII Legislatura. Asimismo, se eligió la mesa directiva de la diputación permanente que comprenderá del 16 de marzo al 15 de mayo de 1995, de la forma siguiente:
Propietarios diputados: Carlos Castillo Solís, presidente; Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario; Miguel González Jiménez, vocal; suplentes: Roque Castro González, presidente; Roger Torres Peniche, secretario; Luis Alvaro Gamboa Pacheco, vocal.
Protestamos a V.H., nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, 15 de marzo de 1995.- Los secretarios diputados de la mesa directiva: Elmer Coronado Alamilla y Jorge Isaac Sabido Castillo.»
De enterado.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente:
Señores diputados, esta Presidencia exhorta, con toda la atención debida, que tomen sus lugares.
En seguida, en el orden del día, tiene la palabra, el señor diputado Francisco Andrés Bolaños Bolaños, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de territorios indígenas.
El diputado Francisco Andrés Bolaños Bolaños:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
México es una nación multicultural conformada originariamente por diversos pueblos indígenas. Dichos pueblos forman parte de nuestra historia, así como del futuro de nuestra patria.
Debido a que muchos de los actuales pueblos indígenas que se encuentran en el territorio nacional, aún conservan enraizadas tradiciones de convivencia comunal que los hace organizarse de manera diferente al resto del país, es por lo tanto importante en primer lugar, reconocer ese hecho y en segundo, siendo uno de los fines del Estado la convivencia entre todos los sujetos que lo integran, buscar una mejor coexistencia entre todas las formas de organización que se dan en la sociedad mexicana.
Por tal motivo y en reconocimiento a la lección dada por algunos pueblos indígenas el 1o. de enero de 1994, el Estado mexicano, buscando la concordia entre todos sus gobernados, se debe dar a la tarea de una verdadera reconciliación y convivencia entre los diferentes sectores de la sociedad. Es así que se plantea la creación, dentro del marco legal del Estado mexicano, de territorios indígenas.
Los territorios indígenas al constituirse, atienden al ya mencionado reconocimiento y respeto de la pluralidad que existe dentro del territorio nacional, toda vez que los pueblos que las conformen poseen características culturales e históricas propias.
Es importante dejar claro que con la creación de territorios indígenas no se está fraccionando la integridad del territorio nacional, ni se pone en peligro la soberanía sobre el mismo; es simplemente atender a las demandas de importantes sectores de nuestra sociedad que muchas veces han sufrido la incomprensión de autoridades ajenas a sus problemas y necesidades.
Es por lo tanto el señalar sus propias autoridades, una de las características de tales territorios.
En México, ya han existido varios territorios, aunque no con la denominación de indígenas, que se han convertido en entidades federativas, tal es el caso de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nayarit, anteriormente Tepic. De hecho desde nuestra Constitución de 1824, se crearon los llamados territorios, esto demuestra que dicha división territorial no es ajena a nuestra historia constitucional y por lo tanto no debe causar asombro alguno.
También existen en varios estados divisiones territoriales que contemplan la figura de los territorios indígenas, como lo son Nicaragua y Colombia y en muchos otros existe una figura de las autonomías locales, como lo son Rusia y España.
La creación de dicha figura deberá tener claramente sus bases dentro de la Constitución Federal, además de que deberá de existir una ley reglamentaria, que de manera particular señale el procedimiento de creación y operación de dichos territorios.
Por tal motivo, se sugiere modificar el artículo 115 de nuestra Carta Magna o bien crear una segunda parte. La modificación al 115 pretendería rescatar dicha institución y adecuar al marco para la nueva figura. Para esto hay que recordar que el municipio es indudablemente una forma de descentralización. Se debe ante todo, a que constituye una forma espontánea y primaria de organización comunal que el estado autocrático puede pretender, ahogar, pero que al estado democrático sólo corresponde reconocerla e incorporarla a su estructura.
En esa zona se refugia lo más elemental de las libertades individuales y de grupo y por eso sólo puede ser mientras exista como municipio una zona descentralizada. Lo es precisamente por su contenido permanente de libertad que en la época de autocracia se pone en pie de guerra.
La modificación sería agregando un apartado al final del artículo.
En opinión de los diputados de la fracción perredista, resulta preferible crear otro artículo. De cualquier modo, sea la modificación del artículo 115 o la creación de otro artículo, los territorios indígenas, para que realmente funcionen, deberán de gozar de una verdadera autonomía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 7o. fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales durante la LVI Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente
«INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL
Unico. El honorable Congreso de la Unión decreta: se reforma el artículo 115 constitucional, adicionando una segunda parte para quedar como sigue:
Artículo 115. (Modificación). Los pueblos indígenas con características históricas, étnicas y culturales, podrán constituirse en territorios autónomos con arreglo a lo previsto en este artículo y los respectivos ordenamientos legales.
Corresponde al pueblo indígena presentar la iniciativa de creación del territorio ante la legislatura local, previo plebiscito a la población indígena interesada. Además, tendrá que llevarse a cabo una consulta popular que deberá contar con la aprobación de las dos terceras partes del o los municipios en donde se desee crear el territorio indígena.
Una vez cumplidos esos requisitos, la iniciativa será presentada ante la legislatura local, la cual, con la aprobación en mayoría simple de sus miembros, creará el territorio indígena y aprobará el estatuto correspondiente.
La iniciativa, en caso de no prosperar, sólo podrá reiterarse pasados dos años contados a partir de su presentación ante la legislatura local.
Los estatutos serán la norma básica de cada territorio indígena y deberán estar de acuerdo con la Constitución Federal, así como con la Constitución de la entidad federativa respectiva. El Estado lo reconocerá como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
Los estatutos deberán contener:
a) La denominación del territorio:
b) La delimitación del territorio que se hará con participación de las autoridades de los pueblos indígenas:
c) La denominación, organización y sede de sus instituciones:
d) Las competencias asumidas dentro del marco de la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas, y e) La reforma a los estatutos se realizará conforme al procedimiento establecido para su creación.
El español es el idioma oficial de México. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. Se fomentará que la educación en los territorios indígenas sea bilingüe.
Los territorios indígenas tendrán las mismas facultades que otorga la Constitución Federal a los municipios y además tendrán competencia exclusiva en las siguientes materias:
a) En la elección y organización de sus autoridades:
b) La forma de producción y desarrollo económico, acorde con sus intereses y los de toda la nación:
c) La conservación y protección de su entorno ecológico:
d) El fomento a su cultura, lengua, tradiciones y costumbres dentro de su territorio, y e) La protección de su patrimonio.
Las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución, ni a las leyes de la República.
La ley establecerá las formas de coordinación de esa jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
Las autoridades indígenas tendrán la autoridad de dictar normas de aplicación en los territorios bajo su jurisdicción, que deberán apegarse a la Constitución Federal y local respectiva. En caso de conflicto prevalecerán las normas de la Federación, en primer lugar y en segundo, las de las entidades federativas, sobre las del territorio autónomo.
En ningún caso se podrá admitir unión o asociación de ningún tipo entre diferentes territorios indígenas.
En caso de suspensión o desaparición de autoridades en los territorios indígenas, la legislatura local convocará a elecciones dentro del territorio, siempre y cuando el estatuto del mismo no señale otro procedimiento.»
Por lo que solicitamos al Presidente de la mesa directiva del pleno de la cámara, lo turne a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, a fin de que se estudie y dictamine su conveniencia de ser sometida a la consideración de esta soberanía.
Presentan esta iniciativa los diputados: Antonio Tenorio Adame, Everardo Martínez Sánchez, Francisco Andrés Bolaños, Hildiberto Ochoa Samayoa y Froylán Velázquez.»
El Presidente:
Túrnese la iniciativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas.
REPUBLICA FRANCESA
El secretario Fernando Jesús Flores Gómez González:
«Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se sirven solicitar el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Guillermo Beistegui Landa y Bernard-Marie Joseph Luquet Pommel, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero y de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de la República Francesa, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Juan Guillermo Beistegui Landa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Bernard-Marie Joseph Luquet Pommel, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de abril de 1995.- Diputados Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
El Presidente:
Señores diputados, el siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario José Antonio Hernández Fraguas:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, con base en lo dispuesto en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sometido al honorable Congreso de la Unión una iniciativa de ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
A esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, fue turnada para su estudio y dictamen. Después de diversas reuniones, incluyendo una con la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, los miembros de esta comisión, con fundamento en los artículos 43, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a su consideración el siguiente
DICTAMEN
Antecedentes
Desde el surgimiento de leyes reguladoras del sistema financiero, se han establecido funciones de supervisión y control por parte de la autoridad, las que en términos generales han creado instituciones específicas encargadas de tales funciones. Estas instituciones y sus funciones reflejan el objetivo del Gobierno Federal de propiciar el sano y equilibrado desarrollo de las entidades financieras y proteger los intereses de los particulares.
El marco normativo bajo el cual operan las entidades financieras en nuestro país, se ha adaptado periódicamente con la finalidad de estar al paso de la dinámica observada en los campos de la economía y de las finanzas. En estas circunstancias, se ha fortalecido la tendencia hacia la desregulación del sistema financiero y el establecimiento de un esquema de banca universal, al permitir la prestación conjunta de una gama muy amplia de servicios, a través de entidades financieras pertenecientes a un mismo grupo.
Un antecedente de la creación de órganos de supervisión, está en la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1924, que creó la Comisión Nacional Bancaria como órgano de inspección y vigilancia.
En 1946, mediante reforma a la Ley General de Instituciones de Seguros de 1935, se especificaron tareas de supervisión a través de la Comisión Nacional de Seguros.
En 1946, mediante decreto presidencial, se crea la Comisión Nacional de Valores, para vigilar el funcionamiento del mercado de valores, proteger a los tenedores y propiciar el ahorro.
Es importante señalar que las mayores responsabilidades de supervisión sobre el sistema financiero han recaído en la Comisión Nacional Bancaria, referencia obligada del resto de la legislación que reguló a las demás instituciones de vigilancia.
En 1970 le fueron otorgadas las facultades de supervisión de las instituciones de seguros y fianzas, para propiciar un enfoque armonizado de dichas tareas y una mejor utilización de las facilidades administrativas y técnicas, concentrando esfuerzos y capacidades para contribuir a un sano desarrollo del sistema financiero, denominándose desde entonces y por mucho tiempo, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
En 1982, con la nacionalización de la banca, el sistema financiero requirió importantes modificaciones, desde la elevación a rango constitucional del servicio de banca y crédito otorgado por el Estado, hasta transformaciones al sistema de supervisión y fiscalización de sus operaciones, para garantizar que, en su nueva situación, mejorara su papel como instrumento de desarrollo. Ello quedó plasmado en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de ese año.
En 1984, el honorable Congreso de la Unión aprobó un paquete de disposiciones jurídicas que dio un nuevo marco al sistema financiero nacional. En ellas se precisaron funciones de las comisiones y se fortalecieron acciones de coordinación entre la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y la Comisión Nacional de Valores.
A finales de 1989, derivada de la evolución en las operaciones de seguros y fianzas y la especialización en sus mercados e instituciones, se tomó la decisión de crear la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Durante el periodo referido, las acciones de supervisión y el apoyo del Gobierno Federal han salvaguardado la estabilidad y la seguridad del sistema financiero, de tal suerte que ninguna institución de crédito ha ido a la quiebra.
Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, da cuenta de que el Ejecutivo Federal plantea una propuesta para consolidar en un solo órgano a la Comisión Nacional Bancaria y a la Comisión Nacional de Valores.
Ello obedece a la necesidad de integrar la supervisión de las instituciones que actúan cada vez más como grupo financiero en los mercados financieros y de manera interrelacionada.
Debe observarse también el mayor número de entidades financieras que están participando dentro de nuestro sistema, incluyendo a filiales de instituciones financieras del exterior, de acuerdo a las acciones de apertura que han derivado de nuestra política económica.
Todas estas nuevas circunstancias traen consigo la necesidad de fortalecer las acciones de supervisión y de realizarlas de tal forma que se pueda medir en forma consolidada la situación en que se encuentran las instituciones financieras, tanto en lo individual, como formando parte de grupos.
La banca está atravesando por momentos de gran dificultad. Las medidas de liberalización y desregulación trajeron consigo un incremento en el monto de los créditos otorgados. Al deteriorarse la situación de la economía nacional, se fueron elevando los porcentajes de cartera vencida y, después de la devaluación de diciembre de 1994, al elevarse de manera importante las tasas de interés, se han multiplicado los casos de incumplimiento.
Todo ello está implicando requerimientos de mayores reservas que inciden en los niveles de capitalización de la banca. Este entorno requiere reforzar las acciones de supervisión y vigilancia que debe realizar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se está proponiendo constituir para preservar la sana operación del sistema financiero.
Además, como se expresa en la exposición de motivos de la iniciativa de ley, se han registrado actos de abuso y corrupción por parte de los administradores que comprometen la salud de las instituciones y dañan el buen nombre del sistema financiero, por lo que la comisión que dictamina está plenamente de acuerdo con el Ejecutivo Federal en el objetivo tendiente a: "...redoblar los esfuerzos de supervisión y a castigar con todo el rigor de la ley a quienes disponen indebidamente de los recursos de las instituciones".
La configuración del nuevo órgano desconcentrado, daría un enfoque integral de supervisión y regulación a las entidades financieras y buscaría mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.
Este enfoque integral de supervisión procuraría evitar riesgos de contagio entre instituciones de un grupo financiero cuando una de ellas empiece a manifestar problemas. La experiencia reciente confirma que los problemas de un intermediario muy frecuentemente acaban por afectar a otros de su grupo, lo que puede tener implicaciones para el sistema financiero no sólo nacionales, sino internacionales.
Esto permitiría además estar atentos al desenvolvimiento de aquellas entidades financieras nacionales que realizan operaciones en el exterior, conforme a leyes de terceros países.
La importancia que a nivel mundial han adquirido las funciones de los organismos supervisores y reguladores justifica que en nuestro país se fortalezca el papel de las autoridades en la materia. Los mercados financieros son cada vez más complejos y, en consecuencia, el conocimiento y la medición de las operaciones de riesgo demanda mayor calificación y competencia de quienes deben efectuar dichas tareas. De ahí que la dictaminadora está de acuerdo en que la nueva estrategia se haga efectiva al través de la aprobación de una ley sobre la materia y no de modificaciones a las disposiciones relativas, tanto de la Ley de Instituciones de Crédito como de la Ley del Mercado de Valores.
La comisión supervisaría de manera más eficaz a las entidades financieras con objeto de evaluar sus riesgos, sus sistemas de control y la calidad de su administración; dichas tareas habrán de efectuarse evaluando de manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales.
De manera destacada se está introduciendo el concepto de regulación prudencial para esta nueva etapa de la comisión, la cual podría emitir normas orientadas a preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de los intermediarios.
La iniciativa de ley dispone que la prevención y corrección se lleven a cabo mediante el establecimiento de programas de cumplimiento forzoso para las entidades financieras, tendientes a eliminar irregularidades. Asimismo, prevé que dichos programas se establezcan cuando las entidades presenten desequilibrios financieros que puedan afectar su liquidez, solvencia o estabilidad, pudiendo en todo caso instrumentarse mediante acuerdo con las propias entidades.
La comisión dispondría de una nueva facultad para suspender las operaciones de las entidades financieras cuando la gravedad o persistencia de las infracciones a las leyes que las rigen lo haga necesario.
También se preservan las facultades para disponer la intervención administrativa o gerencial de las entidades con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez.
Esta comisión que dictamina reitera la importancia de apoyar una iniciativa como la presentada. La adecuada función del organismo supervisor se vincula con la sana, transparente y eficaz operación del sistema financiero, condición esencial para el adecuado funcionamiento de la economía.
Conviene; sin embargo, precisar la necesidad de fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se propone, en la atención a los cada vez más numerosos asuntos que somete a su consideración el público usuario de los servicios financieros. Es muy frecuente que no encuentre respuesta plena a sus planteamientos ante instituciones que les dan un tratamiento inadecuado aprovechando las ventajas de su tamaño y capacidad de gestión frente a la relativa indefensión de los particulares. De ahí que esta dictaminadora recomiende la conveniencia de que la nueva comisión fortalezca sus estructuras para dar una mayor atención al público usuario y que extienda su cobertura regional para estos propósitos.
La iniciativa propone que la administración de la comisión se haga a través de una junta de gobierno y del presidente de la comisión, en forma similar a como lo vienen haciendo las actuales comisiones.
Asimismo, establece condiciones de capacidad, honorabilidad y experiencia para desempeñar el cargo de presidente de la comisión y para sus principales niveles de administración.
Finalmente, se destaca que la comisión tendría a su cargo la supervisión de todas las instituciones del sistema financiero, con excepción de las correspondientes al sector asegurador y afianzador, las cuales se mantienen bajo la vigilancia de su actual supervisor por sus particularidades y especialización.
CONSIDERACIONES
Primera. El Ejecutivo Federal, destaca la necesidad de supervisar de manera más eficaz a las entidades financieras a efecto de evaluar adecuadamente los riesgos que enfrentan, sus sistemas de control y la calidad moral y técnica de sus administradores, para lo cual presenta la iniciativa que tiene por propósito crear la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consolidando en un solo órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las funciones de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores.
Segunda. Por la importancia de las labores de supervisión en el sistema financiero, la modificación implicaría la aprobación de una ley específica que dé origen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en vez de modificar los capítulos relativos de las leyes de Instituciones de Crédito y del Mercado de Valores.
Tercera. La nueva comisión comprendería dentro de sus atribuciones, a todas las instituciones del sistema financiero, con excepción de las correspondientes al sector asegurador y afianzador que por sus particularidades y especialización quedarían bajo la vigilancia de su actual supervisor.
Cuarta. Una de las nuevas facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sería la de establecer programas preventivos y de corrección para eliminar irregularidades, de cumplimiento forzoso para las entidades financieras.
Asimismo, estos programas podrían ser establecidos cuando las entidades presenten desequilibrios financieros que puedan afectar su liquidez, solvencia o estabilidad, pudiendo instrumentarse mediante acuerdo con las propias entidades.
Quinta. El incumplimiento de los programas correctivos podría dar lugar a la intervención administrativa o gerencial de las entidades.
Sexta. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitiría normas de carácter prudencial orientadas a preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de las entidades financieras.
Séptima. La administración de la comisión estaría a cargo de una junta de gobierno y del presidente de la comisión en forma similar a las actuales comisiones supervisoras. La iniciativa de ley establece las condiciones para ser presidente de la comisión, a fin de asegurar la competencia, experiencia y honorabilidad de su titular, así como de sus principales niveles de administración. Es de destacar que se prevé la inclusión de la contraloría interna de la comisión dentro de la iniciativa de ley.
MODIFICACIONES
Como resultado de sus deliberaciones, la comisión dictaminadora considera conveniente hacer algunas modificaciones a la iniciativa para enriquecer su texto y precisarlo.
Así, para delimitar en mayor medida la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se estima conveniente precisar dentro de sus facultades, la de atender las reclamaciones de los usuarios de servicios financieros; la de suspender operaciones de las entidades financieras, en los términos de la propia ley; la de investigar actos de personas físicas, así como de personas morales, que no siendo entidades financieras hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades y dejar explícita en la ley la facultad de aplicar la ley reglamentaria de la fracción XIII-bis del apartado B, del artículo 123 constitucional, por lo que se propone modificar las fracciones X, XIV, XVI y XXXVII del artículo 4o., para quedar como sigue:
"X. Dar atención a las reclamaciones que presenten los usuarios y actuar como conciliador y árbitro, así como proponer la designación de árbitros, en conflictos originados por operaciones y servicios que hayan contratado las entidades con su clientela, de conformidad con las leyes correspondientes:
XIV. Ordenar la suspensión de operaciones de las entidades de acuerdo a lo dispuesto en esta ley:
XVI. Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables:
XXXVII. Las demás facultades que le estén atribuidas por esta ley, por la ley reglamentaria de la fracción XIII-bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por otras leyes."
Para evitar interpretaciones sobre la necesidad del auxilio de la fuerza pública en el ejercicio de las facultades a la comisión a que se refiere el artículo 8o., se elimina del texto el que lo pueda hacer "...cuando lo estime pertinente", por lo que quedaría como se cita a continuación:
" Artículo 8o. La comisión a efecto de llevar a cabo visitas de inspección en los términos de la fracción XVI del artículo 4o., así como de cumplir eficazmente las resoluciones de clausura, intervención administrativa o gerencial, que emita en ejercicio de sus facultades, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública."
Se propone modificar el segundo párrafo del artículo 11 para aclarar el nivel jerárquico dentro del servicio público que deberán tener los vocales propietarios y suplentes de la junta de gobierno de la comisión, de la siguiente manera:
"Por cada vocal propietario se nombrará un suplente. Los vocales deberán ocupar, cuando menos, el cargo de director general de la administración pública federal o su equivalente."
Para mantener las facultades de la junta de gobierno en lo referente a la aplicación de sanciones a los funcionarios de las entidades se modifica para incluir la amonestación en la fracción II del artículo 12, que quedaría como sigue:
"II. Determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión, veto o remoción y, en su caso, inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, funcionarios y demás personas que puedan obligar a las entidades, de conformidad con lo establecido en las leyes que las rigen."
Con respecto al presidente de la comisión, esta dictaminadora estima conveniente no limitar la edad de la persona que pueda ocupar el cargo y precisar que éste y los vicepresidentes, contralor interno y directores generales deberán ser ciudadanos mexicanos. Por ello, se propone modificar la fracción I y el último párrafo del artículo 15 de la iniciativa de ley, como a continuación se indica:
"I. Ser ciudadano mexicano:
A los vicepresidentes, contralor interno y directores generales les será aplicable lo establecido en las fracciones I y III a V de este artículo."
En correspondencia con la modificación que se propone a la fracción II del artículo 12, se elimina la fracción II del artículo 16 para suprimir la facultad del presidente de la comisión de amonestar a los funcionarios de las entidades; este artículo quedaría como sigue:
" Artículo 16. Corresponde al presidente de la comisión:
I. Tener a su cargo la representación legal de la comisión y el ejercicio de sus facultades, sin perjuicio de las asignadas por esta ley u otras leyes a la junta de gobierno:
II. Declarar, con acuerdo de la junta de gobierno en su caso, la intervención administrativa o gerencial de las entidades con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de las leyes que las rigen o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven:
III. Designar interventor en los casos previstos en las leyes que regulan a las entidades:
IV. Imponer las sanciones que corresponda de acuerdo a las facultades que le delegue la junta de gobierno, así como conocer y resolver sobre el recurso de revocación, en los términos de las leyes aplicables y las disposiciones que emanen de ellas, así como proponer a la junta la condonación total o parcial de las multas:
V. Autorizar, suspender o cancelar la inscripción de valores en la sección de valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios:
VI. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno:
VII. Informar a la junta de gobierno, anualmente o cuando ésta se lo solicite sobre las labores de las oficinas a su cargo y obtener su aprobación para todas las disposiciones de carácter general que crea pertinentes:
VIII. Presentar a la junta de gobierno informes sobre la situación de las entidades, sistema y mercado financieros, así como respecto del ejercicio que haga de las facultades señaladas en las fracciones IV y V de este precepto, los artículos; 4o. fracciones XIV, XV, XVII, XXIV y XXXV y 7o. de esta ley; 2o., último párrafo y 16 de la Ley del Mercado de Valores:
IX. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los casos concretos que ésta le solicite:
X. Informar al Banco de México, sobre la liquidez y solvencia de las entidades:
XI. Formular anualmente los presupuestos de ingresos y egresos de la comisión, los cuales una vez aprobados por la junta de gobierno, serán sometidos a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
XII. Proveer lo necesario para el cumplimiento de los programas y el correcto ejercicio del presupuesto de egresos aprobado por la junta:
XIII. Informar a la junta de gobierno, sobre el ejercicio del presupuesto de egresos:
XIV. Proponer a la junta de gobierno, el nombramiento y remoción de los vicepresidentes y contralor interno de la comisión, así como nombrar y remover a los directores generales y directores de la misma:
XV. Presentar a la junta de gobierno, proyectos de disposiciones relacionadas con la organización de la comisión y con las atribuciones de sus unidades administrativas, y
XVI. Las demás facultades que le fijen esta ley, otras leyes y sus reglamentos respectivos.
El presidente ejercerá sus funciones directamente o, mediante acuerdo delegatorio, a través de los vicepresidentes, directores generales y demás servidores públicos de la comisión. Los acuerdos por los que se deleguen facultades se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Son facultades indelegables del presidente las señaladas en las fracciones II a XV de este artículo y, según corresponda en el ámbito de su competencia, las contenidas en las fracciones XII, XIV, XVII, XXII, XXIV y XXXV del artículo 4o. de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, el presidente podrá delegar en otros servidores públicos de la comisión el encargo de notificar los acuerdos de la junta de gobierno.
En las ausencias temporales del presidente, será suplido por el vicepresidente que designe al efecto." En consecuencia a la modificación de este artículo, por haberse corrido la numeración de las fracciones es necesario modificar la referencia a las fracciones de este artículo, en los artículos 12, fracción VII y al artículo quinto transitorio en su último párrafo. En el primer caso, para referirse a la fracción VIII en vez de la IX y en el segundo a la fracción III en vez de la IV.
Por último, se propone extender el beneficio de absolver posiciones o rendir declaración en juicio por escrito a los vicepresidentes, prerrogativa que está conferida al presidente en el último párrafo del artículo 17, que se propone redactar de la siguiente manera: "El presidente y los vicepresidentes sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, en representación de la comisión o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, mismo que contestarán por escrito dentro del término establecido por dicha autoridad."
RECOMENDACIONES
Los integrantes de esta dictaminadora, consideran conveniente recomendar la aprobación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, por los avances que significa en relación a la supervisión y operación del sistema financiero mexicano pero, al hacerlo, nos permitimos recomendar:
Primera. En atención a que la actual situación económica ha propiciado circunstancias que exigen redoblar la supervisión del Estado sobre las entidades financieras dado el aumento de quejas de los usuarios de los servicios bancarios, se recomienda que se fortalezca la estructura administrativa de la comisión para brindar orientación y asegurar la atención justa y expedita de las quejas que les presenten los usuarios de los servicios financieros. Asimismo, que se amplíe la cobertura regional de la comisión para que se pueda disponer de suficientes oficinas en la República, para atender los problemas de los usuarios del crédito con las entidades financieras.
Segunda. Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito, se asegure que los nombramientos de los consejeros, directivos, funcionarios y demás personas que puedan obligar a las entidades con su firma, recaigan en personas de reconocida capacidad moral y amplia experiencia en materia financiera y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esté atenta a que los administradores de las entidades cumplan con dicho requisito para el desempeño de sus funciones, promoviendo su remoción en los casos en que no reúnan estos requisitos.
Tercera. Que entre los comités con fines específicos previstos en la ley, y en el espíritu del comité consultivo que se contempla en la Ley del Mercado de Valores que se modifica, se puedan establecer comités consultivos que comprendan otros sectores del sistema financiero, además del mercado de valores, en que se considere la participación de los distintos agentes y usuarios de los servicios financieros.
Cuarta. Que por su importancia, el Ejecutivo Federal proceda a elaborar lo antes posible el reglamento a que se refiere el artículo 5o. de la iniciativa de ley.
Honorable Asamblea, esta comisión dictaminadora pone a su consideración este dictamen y la iniciativa de
LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
TITULO PRIMERO
De la naturaleza, objeto y facultades
CAPITULO I
De la naturaleza y objeto
Artículo 1o. Se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de esta ley.
Artículo 2o. La comisión tendrá por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.
También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero.
Artículo 3o. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:
II. Junta de gobierno o junta, a la junta de gobierno de la comisión:
III. Presidente, al presidente de la comisión, y
IV. Entidades del sector financiero o entidades, a las sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, especialistas bursátiles, bolsas de valores, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, instituciones para el depósito de valores, instituciones calificadoras de valores, sociedades de información crediticia, así como otras instituciones y fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y respecto de los cuales la comisión ejerza facultades de supervisión.
CAPITULO II
De las facultades
Artículo 4o. Corresponde a la comisión:
I. Realizar la supervisión de las entidades, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero:
II. Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán las entidades:
III. Dictar normas de registro de operaciones aplicables a las entidades:
IV. Fijar reglas para la estimación de los activos y, en su caso, de las obligaciones y responsabilidades de las entidades, en los términos que señalan las leyes:
V. Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente las entidades:
VI. Emitir disposiciones de carácter general que establezcan las características y requisitos que deberán cumplir los auditores de las entidades, así como sus dictámenes:
VII. Establecer los criterios a que se refiere el artículo 2o. de la Ley del Mercado de Valores, así como aquellos de aplicación general en el sector financiero acerca de los actos y operaciones que se consideren contrarios a los usos mercantiles, bancarios y bursátiles o sanas prácticas de los mercados financieros y dictar las medidas necesarias para que las entidades ajusten sus actividades y operaciones a las leyes que les sean aplicables, a las disposiciones de carácter general que de ellas deriven y a los referidos usos y sanas prácticas;
VIII. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia financiera:
IX. Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan al sistema financiero, que las entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, en los términos y condiciones concertados, con los usuarios de servicios financieros:
X. Dar atención a las reclamaciones que presenten los usuarios y actuar como conciliador y árbitro, así como proponer la designación de árbitros, en conflictos originados por operaciones y servicios que hayan contratado las entidades con su clientela, de conformidad con las leyes correspondientes:
XI. Autorizar la constitución y operación, así como determinar el capital mínimo, de aquellas entidades que señalan las leyes:
XII. Autorizar o aprobar los nombramientos de consejeros, directivos, comisarios y apoderados de las entidades, en los términos de las leyes respectivas:
XIII. Determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión, veto o remoción y, en su caso, inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, funcionarios y demás personas que puedan obligar a las entidades, de conformidad con lo establecido en las leyes que las rigen:
XIV. Ordenar la suspensión de operaciones de las entidades de acuerdo a lo dispuesto en esta ley:
XV. Intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven, en los términos que establecen las propias leyes:
XVI. Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables:
XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas:
XVIII. Investigar presuntas infracciones en materia de uso indebido de información privilegiada, de conformidad con las leyes que rigen a las entidades:
XIX. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, entidades y personas sujetas a su supervisión, así como a las disposiciones que emanen de ellas:
XX. Conocer y resolver sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de las sanciones aplicadas, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas:
XXI. Intervenir en los procedimientos de liquidación de las entidades en los términos de ley:
XXII. Determinar los días en que las entidades deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones:
XXIII. Elaborar y publicar estadísticas relativas a las entidades y mercados financieros:
XXIV. Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales con funciones de supervisión y regulación similares a las de la comisión, así como participar en foros de consulta y organismos de supervisión y regulación financieras a nivel nacional e internacional:
XXV. Proporcionar la asistencia que le soliciten las instituciones supervisoras y reguladoras de otros países, para lo cual en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, podrá recabar respecto de cualquier persona la información y documentación que sea objeto de la solicitud:
XXVI. Intervenir en la emisión, sorteos y cancelación de títulos o valores de las entidades, en los términos de ley, cuidando que la circulación de los mismos no exceda de los límites legales;
XXVII. Aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su participación accionaria y de las instituciones de banca de desarrollo, las disposiciones, así como las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que correspondan a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia ley, compete aplicar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo:
XXVIII. Llevar el registro nacional de valores e intermediarios y certificar inscripciones que consten en el mismo:
XXIX. Autorizar, suspender o cancelar la inscripción de valores y especialistas bursátiles en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así como suspender la citada inscripción por lo que hace a las casas de bolsa:
XXX. Supervisar a los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, respecto de las obligaciones que les impone la Ley del Mercado de Valores:
XXXI. Dictar las disposiciones de carácter general relativas a la forma y términos en que las sociedades emisoras que dispongan de información privilegiada tendrán la obligación de hacerla de conocimiento del público:
XXXII. Expedir normas que establezcan los requisitos mínimos de divulgación al público que las instituciones calificadoras de valores deberán satisfacer sobre la calidad crediticia de las emisiones que éstas hayan dictaminado y sobre otros aspectos tendientes a mejorar los servicios que las mismas prestan a los usuarios:
XXXIII. Emitir reglas a que deberán sujetarse las casas de bolsa al realizar operaciones con sus accionistas, consejeros, directivos y empleados:
XXXIV. Autorizar y vigilar sistemas de compensación, de información centralizada, calificación de valores y otros mecanismos tendientes a facilitar las operaciones o a perfeccionar el mercado de valores:
XXXV. Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores, cuando en su mercado existan condiciones desordenadas o se efectúen operaciones no conformes a sanos usos o prácticas:
XXXVI. Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que esta ley y demás leyes le otorgan y para el eficaz cumplimiento de las mismas y de las disposiciones que con base en ellas se expidan, y
XXXVII. Las demás facultades que le estén atribuidas por esta ley, por la Ley Reglamentaria de la fracción XIII-bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por otras leyes.
Artículo 5o. La supervisión que realice la comisión se sujetará al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal y comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que le confieren a la comisión esta ley, así como otras leyes y disposiciones aplicables.
La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas, sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la supervisión se evaluarán de manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, así como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero.
La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que se encuentran estas últimas.
La vigilancia se realizará por medio del análisis de la información económica y financiera, a fin de medir posibles efectos en las entidades financieras y en el sistema financiero en su conjunto.
La prevención y corrección se llevarán a cabo mediante el establecimiento de programas, de cumplimiento forzoso para las entidades financieras, tendientes a eliminar irregularidades. Asimismo, dichos programas se establecerán cuando las entidades presenten desequilibrios financieros que puedan afectar su liquidez, solvencia o estabilidad, pudiendo en todo caso instrumentarse mediante acuerdo con las propias entidades. El incumplimiento de los programas podrá dar lugar al ejercicio de la facultad contenida en la fracción XV del artículo 4o. de esta ley, sin perjuicio de las sanciones contempladas en el artículo 108 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La supervisión que efectúe la comisión respecto de las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, tendrá por propósito que tales personas observen debidamente las citadas leyes, así como las disposiciones que emanen de ellas.
Artículo 6o. Para los efectos de la fracción II del artículo 4o., la comisión, de conformidad con lo que establezcan las leyes relativas al sistema financiero, emitirá normas de carácter prudencial orientadas a preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de las entidades financieras.
Artículo 7o. La comisión, en uso de la facultad a que se refiere la fracción XIV del artículo 4o., podrá ordenar la suspensión temporal de todas o algunas de las operaciones de las entidades financieras cuando infrinjan de manera grave o reiterada la legislación que les resulta aplicable, así como las disposiciones que deriven de ella. Dicha facultad no comprenderá la suspensión de operaciones que de conformidad con las leyes corresponda ordenar al Banco de México.
Artículo 8o. La comisión a efecto de llevar a cabo visitas de inspección en los términos de la fracción XVI del artículo 4o., así como de cumplir eficazmente las resoluciones de clausura, intervención administrativa o gerencial que emita en ejercicio de sus facultades, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 9o. El ejercicio de la facultad prevista en la fracción XXV del artículo 4o., se sujetará, en su caso, a los términos del acuerdo previamente suscrito al efecto, con las entidades supervisoras y reguladoras de otros países y siempre que prevalezca el principio de reciprocidad.
La comisión podrá solicitar a otras autoridades y dependencias nacionales, la información y documentación que obre en su poder, a fin de atender las solicitudes de asistencia correspondientes.
TITULO SEGUNDO
De la organización CAPITULO I
De las bases de la organización
Artículo 10>. La comisión, para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus facultades, contará con:
I. Junta de gobierno:
II. Presidencia:
III. Vicepresidencias:
IV. Contraloría interna:
V. Direcciones generales, y
VI. Demás unidades administrativas necesarias.
CAPITULO II
De la junta de gobierno
Artículo 11. La junta de gobierno estará integrada por 10 vocales, más el presidente de la comisión, que lo será también de la junta y dos vicepresidentes de la propia comisión que aquél designe. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público designará cinco vocales; el Banco de México tres vocales y las comisiones nacionales de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro, un vocal cada una.
Por cada vocal propietario se nombrará un suplente. Los vocales deberán ocupar, cuando menos, el cargo de director general en la administración pública federal o su equivalente.
Artículo 12. Corresponde a la junta de gobierno:
I. Autorizar o aprobar los nombramientos de consejeros, directivos, comisarios y apoderados de las sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de banca múltiple y casas de bolsa, en los términos de las leyes respectivas;
II. Determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión, veto o remoción y, en su caso, inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, funcionarios y demás personas que puedan obligar a las entidades, de conformidad con lo establecido en las leyes que las rigen:
III. Acordar la intervención administrativa o gerencial de las entidades, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de las leyes que las rigen o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven, en los términos que establecen las propias leyes:
IV. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, entidades y personas sujetas a la supervisión de la comisión, así como a las disposiciones que emanen de ellas. Dicha facultad podrá delegarse en el presidente, así como en otros servidores públicos de la comisión, considerando la naturaleza de la infracción o el monto de las multas. A propuesta del presidente de la comisión, las multas administrativas podrán ser condonadas parcial o totalmente por la junta de gobierno:
V. Autorizar la constitución y operación y, en su caso, la inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, de aquellas entidades que señalan las leyes:
VI. Autorizar ia inscripción en la sección especial del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, de valores emitidos en México o por personas morales mexicanas, para ser objeto de oferta en el extranjero:
VII. Examinar y, en su caso, aprobar los informes generales y especiales que debe someter a su consideración el presidente de la comisión, sobre las labores de la propia comisión, la situación de las entidades, sistema y mercados financieros, así como respecto del ejercicio de las facultades a que se refiere la fracción VIII del artículo 16 de esta ley:
VIII. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como los informes sobre el ejercicio del presupuesto:
IX. Aprobar el nombramiento y remoción de los vicepresidentes y contralor interno de la comisión a propuesta del presidente:
X. Aprobar disposiciones relacionadas con la organización de la comisión y con las atribuciones de sus unidades administrativas:
XI. Aprobar las condiciones generales de trabajo que deban observarse entre la comisión y su personal:
XII. Constituir comités con fines específicos:
XIII. Nombrar y remover a su secretario, así como a su suplente, quienes deberán ser servidores públicos de la comisión:
XIV. Resolver sobre otros asuntos que el presidente someta a su consideración, y XV. Las demás facultades que le confieren otras leyes.
Artículo 13. La junta de gobierno celebrará sesiones siempre que sea convocada por su presidente y por lo menos se reunirá una vez cada dos meses.
Habrá quorum con la presencia de por lo menos siete miembros de la junta. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
CAPITULO III
De la presidencia
Artículo 14. El presidente es la máxima autoridad administrativa de la comisión y será designado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 15. El nombramiento del presidente de la comisión deberá recaer en la persona que reúna los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano:
II. Haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera:
III. No desempeñar cargos de elección popular, ni ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de las entidades.
No se incumplirá este requisito cuando se tengan inversiones en términos de lo dispuesto por el artículo 16-bis-7 de la Ley del Mercado de Valores:
IV. No tener litigio pendiente con la comisión, y
V. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito intencional que le imponga más de un año de prisión y si se tratare de delito patrimonial, cometido intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena, ni inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano.
A los vicepresidentes, contralor interno y directores generales les será aplicable lo establecido en las fracciones I y III a V de este artículo.
Artículo 16. Corresponde al presidente de la comisión:
I. Tener a su cargo la representación legal de la comisión y el ejercicio de sus facultades, sin perjuicio de las asignadas por esta ley u otras leyes a la junta de gobierno:
II. Declarar, con acuerdo de la junta de gobierno en su caso, la intervención administrativa o gerencial de las entidades con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de las leyes que las rigen o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven:
III. Designar interventor en los casos previstos en las leyes que regulan a las entidades:
IV. Imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a las facultades que le delegue la junta de gobierno, así como conocer y resolver sobre el recurso de revocación, en los términos de las leyes aplicables y las disposiciones que emanen de ellas, así como proponer a la junta la condonación total o parcial de las multas:
V. Autorizar, suspender o cancelar la inscripción de valores en la sección de valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios:
VI. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno:
VII. Informar a la junta de gobierno, anualmente o cuando ésta se lo solicite sobre las labores de las oficinas a su cargo y obtener su aprobación para todas las disposiciones de carácter general que crea pertinentes:
VIII. Presentar a la junta de gobierno informes sobre la situación de las entidades, sistema y mercados financieros, así como respecto del ejercicio que haga de las facultades señaladas en las fracciones IV y V de este precepto, los artículos; 4o. fracciones XIV, XV, XVII, XXIV y XXXV y 7o. de esta ley, 2o., último párrafo y 16 de la Ley del Mercado de Valores:
IX. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los casos concretos que ésta le solicite:
X. Informar al Banco de México, sobre la liquidez y solvencia de las entidades:
XI. Formular anualmente los presupuestos de ingresos y egresos de la comisión, los cuales una vez aprobados por la junta de gobierno, serán sometidos a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
XII. Proveer lo necesario para el cumplimiento de los programas y el correcto ejercicio del presupuesto de egresos, aprobado por la junta:
XIII. Informar a la junta de gobierno, sobre el ejercicio del presupuesto de egresos:
XIV. Proponer a la junta de gobierno el nombramiento y remoción de los vicepresidentes y contralor interno de la comisión, así como nombrar y remover a los directores generales y directores de la misma:
XV. Presentar a la junta de gobierno, proyectos de disposiciones relacionadas con la organización de la comisión y con las atribuciones de sus unidades administrativas, y
XVI. Las demás facultades que le fijen esta ley, otras leyes y sus reglamentos respectivos.
El presidente ejercerá sus funciones directamente o, mediante acuerdo delegatorio, a través de los vicepresidentes, directores generales y demás servidores públicos de la comisión. Los acuerdos por los que se deleguen facultades se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Son facultades indelegables del presidente, las señaladas en las fracciones ll a XV de este artículo y, según corresponda en el ámbito de su competencia, las contenidas en las fracciones XII, XIV, XVII, XXII, XXIV y XXXV del artículo 4o. de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, el presidente podrá delegar en otros servidores públicos de la comisión el encargo de notificar los acuerdos de la junta de gobierno.
En las ausencias temporales del presidente, será suplido por el vicepresidente que designe al efecto.
Artículo 17. Para los efectos de la fracción I del artículo 16, el presidente estará investido de las más amplias facultades que para ese caso exigen las leyes, comprendiendo las que requieran cláusula especial conforme a las mismas.
En los procedimientos judiciales, administrativos o laborales en los que la comisión sea parte o pueda resultar afectada, el presidente directamente o por medio de los servidores públicos de la propia comisión que al efecto designe en los acuerdos delegatorios, ejercitará las acciones, excepciones y defensas, producirá alegatos, ofrecerá pruebas, interpondrá los recursos que procedan, podrá presentar desistimientos, y en general realizará todos los actos procesales que correspondan a la comisión o a sus órganos, incluyendo en los juicios de amparo la presentación de los informes de ley.
El presidente y los vicepresidentes sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, en representación de la comisión o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, mismo que contestarán por escrito dentro del término establecido por dicha autoridad.
TITULO TERCERO
De las disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Artículo 18. Las entidades del sector financiero, sociedades emisoras, personas físicas y demás personas morales sujetas conforme a ésta y otras leyes a la supervisión de la comisión, deberán cubrir los derechos correspondientes en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Los derechos a que se refiere este artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la comisión.
Si al finalizar el ejercicio presupuestal, existiera saldo proveniente de los ingresos por concepto de derechos, el presidente transferirá la parte no comprometida del presupuesto a una reserva especial, la que será destinada a la cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios.
Artículo 19. Las entidades del sector financiero sujetas a la supervisión de la comisión, estarán obligadas a proporcionarle los datos, informes, registros, libros de actas, auxiliares, documentos, correspondencia y en general, la información que la misma estime necesaria en la forma y términos que les señale, así como a permitirle el acceso a sus oficinas, locales y demás instalaciones.
Artículo 20. Las relaciones laborales entre la comisión y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en el apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del artículo 123 constitucional.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el 1o. de mayo de 1995.
Segundo. Se derogan el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley de Instituciones de Crédito; los artículos 40, 41 fracciones I, II, III, IV, VI a VIIl, XI a XXII y último párrafo y 42 a 46 de la Ley del Mercado de Valores y la fracción V del artículo 29 de la Ley de Sociedades de Inversión.
Tercero. La Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores se transforman en el órgano desconcentrado a que se refiere esta ley.
Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno Federal, que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren asignados a la Comisión Nacional Bancaria y a la Comisión Nacional de Valores, se asignarán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cuarto. Los derechos y obligaciones de los trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores, que en virtud de esta ley se transforman en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no sufrirán por ese acto modificación alguna.
Quinto. Las referencias que otras leyes, reglamentos o disposiciones hagan respecto de la Comisión Nacional Bancaria o de la Comisión Nacional de Valores, se entenderá que se hacen respecto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Asimismo, cualquier referencia a los titulares o demás servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria o de la Comisión Nacional de Valores, se entenderá hecha al presidente y demás servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las referencias previstas en el artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores a las fracciones VII y VIII del artículo 41 del mismo ordenamiento, se entenderán hechas a las fracciones XV y XVII del artículo 4o. de la presente ley, respectivamente. A su vez, la referencia contenida en el artículo 40 de la Ley de Sociedades de Inversión a la fracción IV, del artículo 45 de la Ley del Mercado de Valores, se entenderá hecha a la fracción III del artículo 16 de esta ley.
Sexto. Los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores, continuarán en el desempeño de sus funciones y ejerciendo sus respectivas atribuciones, en tanto se expiden los nombramientos correspondientes.
Séptimo. Hasta en tanto se expidan los acuerdos delegatorios previstos en el antepenúltimo párrafo del artículo 16 de esta ley, continuará en vigor, en lo conducente, el Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de 4 de agosto de 1993, así como los acuerdos delegatorios expedidos por los órganos de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores.
Octavo. El reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en materia de inspección, vigilancia y contabilidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de 24 de noviembre de 1988, continuará en vigor hasta que se expida el reglamento a que se refiere el artículo 5o. de la presente ley.
Noveno. En tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dicte las disposiciones de carácter general a que se refiere esta ley, seguirán aplicándose las expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores con anterioridad a la vigencia de la misma en las materias correspondientes.
Décimo. Las autorizaciones otorgadas y los demás actos administrativos realizados con fundamento en las leyes relativas al sistema financiero, que conforme a lo dispuesto en la presente ley corresponda llevar a cabo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, continuarán en vigor hasta que, en su caso, sean revocados o modificados expresamente por dicha comisión.
Decimoprimero. Cualquier procedimiento en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores, o en el que participen dichos órganos desconcentrados, ya sea judicial, administrativo o laboral, se continuará por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos de esta ley y de las demás leyes y disposiciones aplicables.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 20 de abril de 1995.- Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Jorge Padilla Olvera, Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Saúl Escobar Toledo, secretarios; Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto R. Campa Cifrián, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Lemus, Jorge Kondo López, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levín Coppel, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, Dionisio Pérez Jácome, J. de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Antonio Sánchez Gochicoa, Dulce María Sauri Riancho, Víctor Manuel Silva Tejeda, David Vargas Santos y Joaquín Vela González.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:
Vamos a ver el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la iniciativa de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Esta es una de las instituciones que a diferencia de otros casos en que se nos critica, que llegamos tarde a la creación de ciertas iniquidades, aquí México se adelantó hace muchos años, en el establecimiento de un órgano de supervisión y vigilancia sobre entonces, incipiente sistema bancario.
En efecto, desde 1924, por un decreto del presidente Calles, por cierto en uso de facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, lo que entonces no era extraordinario, sino que era la práctica común de estas facultades extraordinarias, emitió el decreto en donde se creaba la Comisión Nacional Bancaria.
Fue una etapa, si ustedes la recuerdan bien, la etapa, la primera etapa constructiva después de la Revolución, con gran imaginación el gran estadista Calles creó una serie de instituciones, Banco de México, Dirección de Pensiones, Dirección de Irrigación, para señalarles algunas, y en lo bancario, la primera Ley de Bancos y Establecimientos Bancarios, después de la Revolución.
La primera Comisión Nacional Bancaria y el decreto que crea esta comisión. Desde entonces y a través de una serie de vicisitudes y de muchos años de trabajo y de experiencias, la Comisión Nacional Bancaria se ha constituido en uno de los órganos de más prestigio en el país. Yo creo que pocas son las entidades públicas, o las dependencias de cualquiera de los ramos administrativos que hayan alcanzado el prestigio de esta comisión.
Esta comisión, que por cierto se estableció también en el histórico y ya casi legendario salón panamericano de Palacio Nacional, inmediatamente en enero de 1925, bajo la presidencia de un distinguido mexicano, don Fernando González Roa, internacionalista, jurista de primera, tuvo desde un principio la fortuna de ir constituyendo un cuerpo de funcionarios que fueron adquiriendo gran experiencia y sobre todo una gran probidad.
Yo no recuerdo, puede ser que no conozca todos los casos, pero yo no recuerdo un caso en México en el cual se haya acusado a un funcionario de la Comisión Nacional Bancaria, de falta de probidad o de tentativa de extorsión o de cohecho y vean ustedes que es un campo realmente muy atractivo desde ese punto de vista; sin embargo, siempre conservó y ha conservado un gran prestigio, debido a la calidad de sus empleados y funcionarios que se han constituido en un verdadero cuerpo de carrera.
La Comisión Nacional de Valores, ya que vamos a hablar de la función de ambos cuerpos, tiene una historia más cercana, primero, porque en realidad el mercado de valores viene a constituirse en México, en forma real, quizá, en la década de los setenta; sin embargo, ya en 1939, por una ley de 30 de diciembre de ese año, se establecen los requisitos para la venta al público de acciones de sociedades anónimas. Fue la primera reglamentación, podemos decir, en materia de valores y fue la primera que se empezó a vigilar, primero a través de Hacienda, porque no había otra institución especializada y después en 1946, ya por la Comisión Nacional de Valores. Se creó en ese momento, en febrero de 1946, formalmente, la Comisión Nacional de Valores, con, entre otras facultades, la de aprobar o vetar la inscripción en bolsa de títulos y valores y determinar, que eso era en ese momento muy importante, los títulos y valores que pudieran ser adquiridos por compañías de seguros, fianzas y bancos de capitalización.
Salían unas listas, no diría interminables, porque la verdad es que había pocos valores, sobre todo de renta variable, en ese momento, pero sí todas las posibilidades de inversión de estas instituciones tenía que aprobarlas la Comisión de Valores.
Estamos hablando necesariamente de un México diferente, de un sistema financiero y de un mercado de valores que apenas empezaba a estructurarse, sobre todo el mercado de valores. Ya el sistema bancario sí estaba bien formado en esa época, pero lo de valores eran una bolsa con unas cuantas operaciones al día, con unos cuantos emisores y con muy pocos también inversionistas.
Pero ya con el curso de los años, tanto la Comisión de Valores, por su parte, como la bancaria, entraron a problemas mayores, según la economía mexicana iba creciendo; tan mayores que conocemos casos desafortunados, todos ellos, de malos manejos de entidades financieras y hablo en general de entidades, porque podían darse o en casas de bolsa o en arrendadoras financieras o en compañías de seguros o de fianzas, pero como cada una tenía su propio sistema de vigilancia y de supervisión, por mejores que fueran éstos, podían darse casos en los cuales no se detectaban en el momento oportuno estas irregularidades que en definitiva a quien perjudicaban era al usuario del crédito y al inversionista.
Por eso, en este momento y sobre todo después de la creación de los grupos financieros que permiten que con excepción... claro, los grupos pueden tener a las compañías de seguros, pero los grupos que pueden tener casas de bolsa, arrendadoras financieras, casas de factoraje o bancos mismos múltiples, pero a la vez tiene la necesidad de emitir, de invertir también, pues lo importante o lo muy importante de esta iniciativa y que creo que por eso es indiscutible su bondad y su necesidad, es reunir o fusionar los dos sistemas de control y vigilancia, que insisto, los dos han trabajado muy bien por su cuenta, pero que en ocasiones esta falta de conexión por más que la hubiera entre los dirigentes de estos dos cuerpos, impedía la detección a tiempo de las irregularidades, por eso hoy se propone que se cree esa comisión nacional bancaria y valores, que seguirá siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, con facultades especiales que son, diría yo, mezclar las dos, pero con dos que sí quisiéramos anotarlas como algo especial.
Ante las experiencias tenidas se ha pensado que si bien hay una desregulación en lo general en el sistema financiero, que ha sido útil para el crecimiento mayor de éste, vale la pena y así se expone en la exposición de motivos y en el articulado mismo de la ley, que esta comisión pueda establecer regulaciones prudenciales.
La expresión es un poco vaga, pero sí puede irse acotando en sus términos, sobre todo cuando se dice, con toda razón, que no es una facultad discrecional o arbitraria, sino que va a entrar a campos en los cuales, sin poder prever antes de que pasen las irregularidades, vale la pena ante cualquier situación anormal o que pueda convertirse en anormal, dar ciertas reglas generales para evitarlas.
Lo mismo, también se establece la posibilidad de que se ordene el cumplimiento de programas de prevención y corrección de prácticas insanas financieramente.
Creo que tal como viene la ley, en las muchas, son 37 facultades las que le señala a la comisión, que pueden ser distribuidas entre lo que puede ser el pleno propiamente y el presidente de la Comisión Bancaria, tenemos un campo de vigilancia y de supervisión que sí puede compararse y creo que mejora lo de muchos países.
Piensen ustedes que en países que siempre señalamos como con una gran experiencia en estas materias, estas regulaciones están encomendadas a una serie de organismos de toda especie. Nada menos y nada más que en el sistema tan complejo como en el de Estados Unidos, tiene en materia bancaria no menos de seis entidades que regulan las instituciones o los diferentes tipos de entidades; en materia de valores saben ustedes que existe una comisión semejante, también especial, que en materia de seguros hay una serie de comisiones estatales o comisionados estatales, lo cual nos permite a nosotros llevar ventaja en cierta forma en esta supervisión.
De ahí que la exposición que yo pueda hacer, es que además está completa y muy bien expuesta en el dictamen, solamente me lleva a solicitar a ustedes la aprobación de esa ley, ya que no tiene sino ventajas para supervisión, que en el fondo es lo que hemos deseado y peleado, que el sistema financiero, no sólo los bancos, sino todo el sistema financiera, sirva a dos destinatarios, por una parte al usuario del crédito y por otra parte al inversionista; que tenga todas las seguridades de que la actuación de las instituciones, en lo posible, se den siempre en forma legal y sujetas a sanas prácticas financieras.
No oculto, sería un poco querer ocultar el sol, que en los últimos tiempos ha habido escándalos de dirigentes bancarios muy graves, que ha habido actos ilícitos y en eso sí también es justo hacerlo notar, que han sido detectados de inmediato y sujetos a procedimientos administrativos y después penales, precisamente por la actuación de la Comisión Nacional Bancaria, con el apoyo de la de valores cuando están separadas y con la de seguros en casos en que hubo también conexiones entre unas y otras instituciones.
De modo, señor Presidente, que yo le ruego a usted que se someta en su momento oportuno a votación y a los señores diputados que voten en favor de esta iniciativa. Muchas gracias.
El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
Permitame, señor diputado, todavía no se pone a discusión el tema. En cuanto entremos a la discusión. Esta es la fijación de la posición por parte de la comisión.
El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):
Pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Una vez que estemos en discusión, habrá hechos, señor diputado.
Tiene la palabra por cinco minutos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los dictámenes de la Comisión de Hacienda, por regla general son desorientadores y éste que nos presenta el licenciado Rodríguez y Rodríguez no escapa esa regla.
El texto que se nos ha distribuido y lo que él ha expuesto aquí, tiene mucha palabrería y desde luego grandes sofismas.
De lo que se trata y ésta es la invariable regla, es de justificar y aceptar todo lo que el Ejecutivo ordena y como el Ejecutivo hoy ordenó la fusión, aquí se nos impone la fusión. Si hubiera ordenado el Ejecutivo todo lo contrario, el señor diputado hubiera argumentado en el sentido preciso.
Nos dice el señor Rodríguez y Rodríguez, como una gran aportación al debate parlamentario, que éste es un ejemplo de como no estamos tarde, dice él "no llegar tarde". Nosotros señalamos que no se trata de llegar antes, sino de llegar a tiempo y además de arribar al lugar y en la forma adecuados.
Nos dice el señor Rodríguez y Rodríguez, que la Comisión Bancaria es una de las más prestigiadas entidades mexicanas, que nunca se ha recluido en prisión a ninguno de sus dirigentes.
Nosotros tenemos fundada duda de ese prestigio, cuando esa misma comisión es la que ha prohijado, ha permitido, por negligencia o por lenidad, para no ir muy atrás, los recientes escándalos de los señores Mariscal, conocidos defraudadores del Grupo Havre. Sí, ésos que vendieron miles de microbuses a la regencia en el régimen anterior.
Es la misma entidad, que ni vigiló, ni supervisó al conocido platanero Cabal, que luego se encumbró por su amistad con el doctor Aspe y adquirió los bancos Cremi y Unión y luego defraudó a los depositantes.
Nos parece también, que esa comisión no estuvo a la altura cuando permitió que los señores Rodríguez de Mexival Banpaís, también incurriesen en excesos, por decirlo de la manera más suave. Hoy, el señor Rodríguez algo debe, porque radica en Chile.
Entonces, ponemos en duda la calidad de estos funcionarios, por lo menos en el sentido de su atingencia y de su eficacia.
Nos dice el señor Rodríguez y Rodríguez, que es prudente hoy, valga la redundancia, adoptar un sistema de desregulación prudencial. Aportación al lenguaje.
Nosotros pensamos que hoy lo que necesita el sector financiero es cualquier cosa, menos una desregulación prudencial, que él llama útil. Nosotros sostenemos que ese sector financiero, imprudente, usurero y voraz, lo que necesita es una regulación precisa, eficaz, estricta, draconiana.
Creemos que en el razonamiento del dictamen de la Comisión de Hacienda hay un error de concepción fundamental. Se trata de dos ámbitos diferentes, compañeros diputados: una cosa es el mercado de valores, que es un mercado eminentemente especulativo y otra cosa es el mercado bancario, que es eminentemente de seguridad.
Lo que buscan los inversionistas en el mercado accionario, es la más alta ganancia en el menor tiempo, con un gran factor de riesgo. Lo que busca el depositante del sistema bancario es tranquilidad, seguridad, de que mes tras mes, año tras año, se le cubra su principal y su interés.
Nosotros pensamos que no deben fusionarse esas dos entidades, porque equivaldría a facilitarle el trabajo a los especuladores. Nosotros sostenemos que en lugar de unir dos débiles comisiones como hoy lo son, la de valores y la de bancaria, deberían mantenerse dos comisiones fuertes e independientes, tal como se diseñaron en los Estados Unidos, donde los miembros de esta comisión, los herederos de Ortiz Mena, los pollitos del desarrollo estabilizador, suelen aprender sus técnicas.
Yo los remito a ley "Glass Steagal", la que opera en Estados Unidos, que prohibe terminantemente que una casa de bolsa sea propietaria de un banco o viceversa, a través de los llamados grupos financieros...
El Presidente:
Señor diputado, se le ha terminado el tiempo.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Por tanto nosotros exhortamos a los compañeros diputados a rechazar este dictamen, y a remitirlo nuevamente a análisis, un análisis más serio, profundo y responsable y si se negare la Comisión de Hacienda a trabajar de nueva cuenta, los invitamos nosotros a emitir un voto en contra. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado. En consecuencia está a discusión en lo general el dictamen.
Esta Presidencia informa que por acuerdo de los grupos parlamentarios, se han hecho tres rondas de oradores: la primera, hasta por 15 minutos y las otras dos, por 10 minutos.
En la primera ronda se han inscrito los diputados: Joaquín H. Vela González, del Partido del Trabajo; Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional y José Rosas Aispuro Torres, del Partido Revolucionario Institucional.
Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Joaquín H. Vela González.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
El Partido del Trabajo, reconoce en esta iniciativa de fusión, de las comisiones Nacional Bancaria y Nacional de Valores, la voluntad de racionalizar la supervisión y el control de entidades financieras, que en el proceso de reestructuración del conjunto del sistema financiero nacional, están cada vez mas íntimamente relacionadas. De la misma forma, nos parece positivo, que existan disposiciones tendientes a fortalecer la aplicación de la ley en contra de personas, que como accionistas, consejeros o funcionarios de instituciones financieras, disponían debidamente de los recursos de las mismas.
Más relevante aún nos parecen las disposiciones relativas a que los nombramientos de los consejeros, directivos, funcionarios y demás personas, que puedan obligar a las entidades con su firma, recaigan en personas de reconocida capacidad moral y amplia experiencia en materia financiera. Esto representa un reconocimiento de que en el reciente proceso reprivatizador de la banca, estos criterios no fueron tomados siempre en cuenta, con las escandalosas consecuencias de las que todos tenemos conocimiento.
En el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, se hace alusión a estos aspectos, en los cuales estamos de acuerdo, al igual que en sus recomendaciones.
Sin embargo, el Partido del Trabajo desea enfatizar ante esta Asamblea, las observaciones que realizó ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que no se están tomando las medidas suficientes de protección a los usuarios de las instituciones financieras, contra prácticas negativas que aún son más graves que la falta de prestación de un servicio contratado o la aplicación de un cobro indebido, nos referimos a las evidentes prácticas oligopólicas ejercidas por las instituciones de crédito, a los escandalosos márgenes financieros de carácter usurario y a otras prácticas que de manera indirecta afectan a los usuarios tarde o temprano.
Nos referimos, en suma, a las prácticas bancarias sobre las cuales existe el mayor número de quejas e inquietud social expresadas de muy diversas maneras por los pequeños y medianos empresarios, usuarios del crédito bancario privado y también por los usuarios de las tarjetas de crédito y de los que tienen créditos hipotecarios y otros tipos de instrumentos de créditos al consumo.
Para no realizar las modificaciones a la ley que permiten corregir esta situación, en esta ocasión se aduce que las atribuciones para supervisar la operación de las instituciones financieras corresponden al Banco de México y las atribuciones para evitar prácticas monopólicas corresponden a la Comisión Nacional de Competencia Económica y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le compete exclusivamente supervisar el sano desarrollo de las instituciones financieras y con ello la protección de los recursos del público depositados en ellas.
Nosotros preguntamos: ¿Acaso no ha sido la imposición de altísimos márgenes financieros por encima de la media mundial la que ha provocado la imposibilidad de pago de las tasas activas de interés por un número creciente de usuarios?, ¿y no ha sido acaso ésta la razón de que las carteras vencidas de los bancos llegaran a representar dramáticamente más del 80% del capital contable de los seis grupos bancarios más grandes del país?, esto quiere decir que las prácticas oligopólicas y usurarias, además de afectar al conjunto de la sociedad muy rápidamente se han revertido contra la salud financiera de las propias instituciones, poniendo en riesgo los recursos de sus depositantes.
Y esto quiere decir también que la prevención y el correctivo de esa grave situación no sólo deberían ser atribuciones del Banco de México y de la Comisión Nacional de Competencia Económica, sino también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De la misma forma, la práctica negativa de préstamos preferenciales de algunos bancos a las empresas no bancarias que forman parte de su grupo empresarial y que tienden a convertirse en préstamos renovables al infinito, repercuten a la larga en contra de la salud financiera de la institución bancaria y de los recursos de sus depositantes. También en estos casos debe tener injerencia la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ya no es posible seguir eludiendo una situación que tiende a agravarse a cada momento y que, aunque por lo pronto se les obliga a aumentar sus reservas preventivas volverá a deteriorarse de persistir la práctica oligopólica y usuraria; es necesario reconocer que todas las instancias de supervisión financiera con las que cuenta el Gobierno deben y deberán participar en la corrección de este tipo de prácticas.
De nuevo, debemos reconocer que se logran avances, pero éstos son insuficientes mientras no exista una voluntad política de atacar el problema de fondo y de proteger al conjunto del aparato productivo nacional y al conjunto social de usuarios de los servicios bancarios.
Por ello, el Partido del Trabajo seguirá insistiendo permanentemente en las reformas del sistema financiero nacional que son necesarias para que cumpla cabalmente con sus funciones sociales y económicas, mismas que desde la privatización bancaria están siendo relegadas a la voracidad e ineficiencia de unos cuantos banqueros privados. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
En el orden tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Voy a hacer mi intervención alrededor de dos puntos introductorios al debate, que tratarán de explicar nuestro voto razonado para la aprobación de esta iniciativa de unir la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores. Los puntos a los que me voy a referir son:
Primero: el carácter y naturaleza de la función de intermediación financiera que requiere fortalecer la regulación y vigilancia del Estado.
El primer punto, decía, es sobre el carácter y naturaleza de la función de intermediación financiera.
El segundo punto se refiere al uso equivocado que la política monetaria y financiera de México le ha dado a la tasa de interés, que la ha hecho disfuncional a su labor fundamental de canalizar ahorros hacia la inversión productiva y que es en gran parte la responsable de la situación crítica en que se encuentra el país en materia de liquidez en estos momentos.
Las instituciones de intermediación financiera desempeñan una función vital en el desarrollo económico de un país, al transferir el ahorro de una sociedad hacia fines productivos al precio determinado por la tasa de interés. Es un factor primordial en el fomento al ahorro y en la asignación productiva de los recursos excedentes del consumo en un momento dado.
Como tal, debe captar ahorros, manejar riesgos, evaluar proyectos, sopesar garantías y colaborar con las autoridades monetarias para lograr esta función a niveles crecientes de transacciones productivas, con lo cual aumenta la riqueza social.
El objetivo de política económica alternativa que sustenta mi partido, es el de que México debe lograr la tasa máxima de desarrollo compatible con la estabilidad financiera.
Entonces ustedes ven que en este propósito fundamental de la política económica, se requiere no sólo poner atención sobre las fuerzas y agentes productivos de lo que se conoce como economía real; es decir, los sectores estratégicos agrícola, industrial, de servicios, tecnología, investigación científica etcétera, sino también un funcionamiento eficiente de la intermediación financiera para lograr esta estabilidad que garantizará ya nada más con lograrlo, garantizará la estabilidad de los precios; es decir, evitará la inflación y evitará también el desequilibrio externo.
Si éste es el desiderato, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país, que estamos más lejos de eso que nunca? Yo quisiera decir que el servicio se puede considerar la actividad bajo dos perspectivas: en la primera perspectiva el servicio de banca y crédito es un servicio público concesionado por el Estado que debe vigilarse. Esta es la característica que tenía nuestro sistema anterior a la nacionalización de la banca de 1982. En 1982, lo que se hizo, fue elevar este precepto con el que se manejaba la banca, elevarlo a rango constitucional y darle la exclusividad de este servicio al Estado.
Así, pues, leo lo que decía la Constitución de esa época:
"El servicio de la banca y crédito, será prestada exclusivamente por el Estado a través de instituciones, en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que también determinará las garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquéllas en apoyo de las políticas de desarrollo nacional. El servicio público de banca y crédito, no será objeto de concesión a particulares."
Esta fue la intención. A nosotros siempre nos pareció que era innecesaria, pero que en cambio sí era necesario vigilar el funcionamiento de este sector e inclusive fortalecerlo.
Pero de todas maneras, esto nada más quedó en buenas intenciones y en el papel, porque inmediatamente que entró al Gobierno Miguel de la Madrid, permitió que un 30% de las acciones se compraran o se vendieran a accionistas privados. De manera que si bien siguió siendo manejada por el Estado, sí tenía y tenían participación en la propiedad de los bancos, los particulares.
En 1988, empieza lo que se conoce como la desincorporación bancaria y en un breve lapso se venden 18 bancos nacionales, y el Gobierno se queda sin ningún banco, de la banca comercial, y simplemente conserva lo que se llama la banca de desarrollo, como banca de segundo piso, sin poder hacer transacciones directas con el público, como era la banca comercial.
Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó ya con la banca en manos privadas?, pues yo creo que aquí todos tenemos que estar conscientes de los enormes privilegios de que ha gozado la clase bancaria, o sea, los bancos, y de la tremenda especulación a que ha dado lugar de por sí, por un lado, el aumento tremendo en la liquidez que hubo, derivado del auge petrolero.
Ahí empezaron las cosas. Con el auge petrolero aumento la liquidez y el renglón de las tasas de interés dentro del producto interno bruto, pasó de representar en 1974 un 2%, para 1981 ya era de 7%; para 1986 es cuando las tasas de interés alcanzan su máximo nivel. Este renglón representó el absurdo de un 24.5% del producto interno bruto, igual al de toda la nómina de sueldos y salarios, dos veces mayor que los impuestos federales, del 11%.
De manera que esta gigantesca liquidez que en parte produjo, primero, el auge petrolero y después la política de elevación de tasas de interés en un sistema de restricción y de sofocamiento de la tasa de interés, provocó muchas perversiones y le dio liquidez a los banqueros, primero, para que con ese dinero ellos compraran sus propios bancos y ahora alegan que se los vendieron muy caros. Pero ¿cuál es el problema, si los compraron con créditos oficiales también.
Y después a que pudieran, a que se pudiera desarrollar en la época en que estuvo la banca nacionalizada, se desarrollaron las casas de bolsa, o sea, una banca paralela, se fortalece todo el mercado financiero, se facilita el acceso de los pequeños y medianos ahorradores a la bolsa de valores, cuando se requiere como requisito para ingresar a ella, sólo 500 mil pesos, se hace una tremenda absorción de los ahorros de los pequeños y de los medianos ahorradores, se van los precios de la bolsa hasta arriba, y viene el crac de 1987.
En 1987 es obvio que los que perdieron fueron unos, los más, pero todos los que perdieron tienen por el otro lado de la moneda a los que ganaron, volvieron a ganar los especuladores, volvieron a ganar aquellos que estaban en conocimiento de la operación del mercado de valores y del sistema bancario y que así obtuvieron liquidez para después comprar la banca.
Compran la banca y entonces se viene una segunda ola especulativa de la bolsa de valores, la ola especulativa con motivo de la corporativización de Teléfonos de México, que fue la operación que dio mayores utilidades en el más breve plazo y que incluso México fue denotado por esta característica.
Entonces ustedes vean, la banca privatizada deja de ser una actividad de servicio público para tornarse en una actividad lucrativa, que es el carácter que tiene ahorita, una actividad lucrativa, en donde trata de obtener el máximo beneficio en el menor plazo posible; obviamente dándole esta función a los que tienen el poder de crear dinero y de estar enterados de cómo se maneja este dinero y cómo puede ser más eficiente, pues no está dando el servicio que debe al desarrollo económico.
Muy lejos está la banca actual de ser aquella que con todo y sus defectos sirvió al desarrollo económico de México. Muy lejos está el director actual del banco central, del Banco de México, el que ya tiene la vergüenza de que van dos veces, dos veces que se le va la reserva, de compararse con don Rodrigo Gómez, que fue un banquero nacionalista, sin doctorado, pero que cuando menos tenía idea de lo que necesitaba el país.
Entonces, aquí nosotros votamos a favor porque tenemos esperanza y lucharemos porque esa mayor regulación y mayor vigilancia nos lleve a ser nuevamente realidad el concepto de banca mixta, en donde pueda haber una banca oficial, una banca nacional que sirva para participar en el uso de los ahorros que necesita el país y para quitarle el carácter altamente lucrativo y especulativo que ha tenido la banca actual.
Quisiera también mencionar otra característica y es que los banqueros han sido una clase social extremadamente consentida. Todavía ahorita con las dificultades que tienen, todavía hay esquemas: uno, para capitalizarlos; dos, para comprarles la cartera vencida con una tasa de intereses del 4% anual, que se compara muy desfavorablemente con la tasa del mercado a la cual le están cobrando las deudas vigentes.
Rápidamente, porque ya se me acaba el tiempo, quisiera entonces mencionar el segundo factor que había dicho, o sea, el de la disfuncionalidad de la tasa de interés. Esto tiene que ver con la idea totalmente equivocada que ha seguido la política monetaria de las autoridades, léase Secretaría de Hacienda y Banco de México, no de este año, sino del año pasado, sino ya desde hace algún tiempo, concretamente desde que entró el neoliberalismo como un sistema pervertido de nuestra economía, donde entro y entonces se eleva la tasa de interés en función de regular los movimientos de capital, suben las tasas de interés para evitar fugas de capital; suben la tasa de interés para atraer capitales del exterior; ahí tenemos nosotros el ejemplo del año pasado, en 1994, ¿cuál fue la función de la tasa de interés?, sino pagarles a inversionistas extranjeros tres y cuatro veces la tasa de interés del mercado internacional, tres y cuatro veces y garantizarles la conversión, sin riesgo cambiario, la conversión de esa inversión de deuda interna que ahora aquí se ha dictaminado que se pueda convertir a deuda externa.
Entonces, yo sí quisiera sumarme a quienes aquí han dado un voto de censura al manejo de la política monetaria y financiera del país y a decir que esto y nuestro voto es siempre con la esperanza de que nos lleve a un cambio, un cambio de sensatez, un cambio de racionalidad en donde la intermediación financiera vuelva a ser considerada como servicio público y que pueda servir con rentabilidad, no estoy hablando también aquí de tener pérdidas, porque los banqueros nunca las tienen, con rentabilidad al desarrollo económico y a la generación de empleos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada. En el turno, tiene la palabra el diputado Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
La privatización de la banca, así como la creación de las agrupaciones financieras, marcan un nuevo concepto técnico de evolución bancaria, así como del sistema financiero mexicano en forma integral.
En julio de 1990 se aprueba la privatización bancaria de la banca, así como la constitución de los grupos financieros, con objeto de que las instituciones se consolidaran a través de grupos y así proporcionar servicios integrales en un esquema específico, grupos que podrían estar integrados por bancos, por casas de bolsa, por casas de cambio, arrendadoras, empresas de factoraje, compañías aseguradoras y afianzadoras.
Ante el nuevo concepto de organización algunos participantes del sistema financiero confundieron el sentido de responsabilidad y de actuación, donde el que era casabolsero se convirtió en banquero y donde la filosofía de invertir a largo plazo con márgenes precisos de utilidad se modificó por el intento ligero de recuperar en un muy corto plazo las inversiones realizadas sin entender el comportamiento de los ciclos económicos.
El Gobierno actuó proteccionistamente en amparo de sus nuevos socios, los banqueros y en perjuicio de los usuarios, esos usuarios que se conformaban con recibir migajas como rendimiento de las inversiones realizadas y de los depósitos realizados en la banca y que a su vez pagaban altas tasas de interés por los préstamos obtenidos.
Es a toda luz conocido que las tasas de intermediación de los bancos en los últimos años fueron altamente productivas para los banqueros y bastante onerosas para los usuarios. El diferencial entre las tasas activas y pasivas así lo demuestran.
La crisis de un Gobierno con gran facilidad para construir castillos en el aire que con mentiras conformó un emporio político y que con evasivas de decir la verdad ocasiono el desequilibrio económico actual, ha dejado desamparados a sus ex amigos banqueros, quienes en un momento, a través de uno de sus representantes lanzó al aire la argolla del matrimonio de compromiso ineludible y de incondicionalidad inmoral al establecer que la estabilidad económica y específicamente la monetaria estaría segura con la presidencia del representante del partido oficial al que suponemos el señor Roberto Hernández le ha de deber muchos favores.
A pesar de la humillación de algunos banqueros la actuación del Gobierno fue con beneficios unilaterales, el Gobierno prefirió salvarse de su hundimiento en perjuicio del sistema financiero mexicano y del desarrollo económico nacional; el Gobierno heredó a los hoy dudosos amigos una banca protegida excesivamente por algunos años y que actualmente se encuentra en la incertidumbre de asegurar su permanencia, ya que también recibió como regalo la estructura administrativa ineficiente que hoy le representa grandes costos a esta banca y pérdidas operativas, así como una cartera vencida muy superior a la que las reservas propias de las instituciones de crédito podrían absorber.
Los usuarios del sistema financiero, siguiendo los criterios de política económica del Gobierno, decidieron invertir en México usando el crédito bancario con expectativas de tasas de interés del 18% anual para 1995, con una inflación del 4%, con un 0% de devaluación, con un crecimiento del PIB del 4%, con expectativas de generación de 700 mil empleos durante 1995; sin embargo, las mentiras de un Gobierno con el único objeto de engañar al pueblo con el crecimiento económico y así poder lograr el triunfo electoral de 1994, presenta una realidad totalmente diferente, con intereses anuales superiores al 100%; con inflación que se estima superior al 50%; con una devaluación del 100% en sólo cuatro meses; con un decrecimiento del producto interno bruto estimado en el 4%; con aproximadamente un millón de desempleados adicionales a los que existen en 1994; incremento del 50% en forma inmoral al impuesto al valor agregado e incrementos en servicios públicos hasta el 45%.
El Gobierno se fue solo con su partido. La inmoralidad la van a pagar muy caro. Ante todo esto el Gobierno se extraña del porqué de las carteras vencidas. Señores banqueros, no sólo ustedes fueron engañados; el pueblo de México además de haber sido engañado, fue defraudado, ofendido, humillado y hoy este pueblo es responsable de pagar con hambre y marginación las facturas de la ineptitud, de la ineficiencia y de la corrupción del sistema.
Ante esta realidad existió la urgencia de revisar la Ley de Instituciones de Crédito, del mercado de valores y la Ley de Agrupaciones Financieras, con objeto de fortalecer su estructura de capitalización a través de una mayor participación de inversión extranjera y mexicana, cuidando en todo momento conservar el control de pagos en manos de mexicanos.
Este reto, adicionado del ejercicio de las actividades financieras por los grupos consolidados, hoy requiere de un marco de vigilancia y supervisión acorde, donde las funciones que un grupo financiero actualmente desarrolla no puedan quedar separadas de los órganos de vigilancia.
Con la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se pretende ser congruentes con la estructura de las instituciones y grupos financieros actuales, a través de una más amplia, segura y eficiente supervisión y regulación, que redondee en su correcto funcionamiento, fomentando ante todo el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero mexicano en su conjunto, en protección de los intereses del público en general.
Esta iniciativa para conformar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pretende consolidar funciones de dos organismos dispersos, el de la antes y de ahora, Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, contemplando atribuciones de supervisión y vigilancia de todas las instituciones del sistema financiero, a excepción de las aseguradoras y afianzadoras, que por sus características técnicas requieren de un organismo especializado.
Se plantea que las comisiones se fusionen en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que sea un organismo desconcentrado y técnicamente independiente; esta comisión estaría facultada para suspender total o parcialmente las operaciones de las entidades financieras cuando se presenten infracciones graves o reiteradas.
Asimismo, dicha comisión estaría en condiciones de dictar normas prudenciales orientadas a fortalecer el sistema financiero mexicano.
Dentro de las discusiones establecidas en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, se realizaron propuestas que complementan la iniciativa de la ley que permiten entablar un marco legal y operativo más adecuado para el funcionamiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de las que destacan las siguientes disposiciones: la nueva comisión, además de actuar como arbitro y conciliador en conflictos entre entidades financieras y los usuarios, se adiciona la responsabilidad específica de dar atención y respuesta a las reclamaciones y quejas de los usuarios.
La comisión podrá investigar exclusivamente los actos de personas físicas y morales que no son entidades del sector financiero, que hagan suponer operaciones violatorias a la ley. La iniciativa contempla requisitos exclusivos para los vocales suplentes miembros de la junta de gobierno, no siendo así para los propietarios, por lo que se realizaron las modificaciones pertinentes a efecto de hacer congruente los requisitos para ambos vocales miembros de la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Se eliminan atribuciones excesivas del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que ahora únicamente, en el dictamen que se presenta, la junta de gobierno puede determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, veto, suspensión y remoción, así como inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados fiduciarios y apoderados de las entidades financieras.
Asimismo se incluye dentro de las recomendaciones del dictamen, el supervisar con mayor fuerza a las entidades financieras, como consecuencia del aumento de quejas de los usuarios, solicitando la atención justa y expedita de las quejas formuladas por los usuarios, ampliando la cobertura nacional de la comisión, con suficientes oficinas en territorio nacional.
Se recomienda que se fortalezcan los procedimientos que permitan que los nombramientos de los consejeros, directivos, funcionarios, recaiga en personas con alta calidad moral y técnica. Se recomienda a la comisión que se creen comités consultivos, considerando la participación de los usuarios y de los distintos agentes financieros, con objeto de fortalecer el desarrollo operativo de los mercados financieros.
Se recomienda en forma especial al Ejecutivo Federal, elabore, a la brevedad posible, el reglamento que determinará el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y corrección, que le corresponderán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Sin embargo, este dictamen muestra insuficiencias que impiden lograr la diafanidad y completa transparencia de las operaciones realizadas por dicha comisión, considerando la necesidad de que los auditores externos, así como los responsables de la verificación de la adecuada ejecución de los actos legales, sean nombrados por un poder independiente al Ejecutivo Federal, con objeto de otorgar seguridad e independencia plena en la fiscalización; sin embargo, en este primer paso de fiscalización, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentará una propuesta específica para integrarla en el Título Tercero, relativo a las disposiciones generales, en la que se solicita que los estados financieros auditados de la comisión, los presupuestos de ingresos y egresos, así como los ejercicios de dichos presupuestos, se presenten dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio anual, ante la comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara de Diputados. No puede quedar al margen la fiscalización de este organismo.
Consideramos inconveniente la facultad del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de proponer el nombramiento y revocación del contralor interno, ya que bajo este esquema, la función única que le queda es la de revisión, ya que no se acepta una mayor fiscalización y permitiría que esta revisión interna en forma operativa y administrativa, quedara subordinada incondicionalmente a la presidencia, lo que rompe con la transparencia y confidencialidad de la fiscalización. No se puede ser ejecutivo y a su vez nombrar al revisor, esto rompe cualquier esquema de fiscalización y el grupo parlamentario de Acción Nacional está en contra de esta posición.
Cabe aclarar que esta naciente Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es parcialmente independiente, por lo que debe de ser un paso para buscar una absoluta emancipación, donde los integrantes de la comisión puedan no ser exclusivamente miembros de la administración pública, como sucederá en este momento, ya que en el sector privado se pueden encontrar expertos en las funciones financieras, que pudieran aportar conocimientos y capacidades profesionales comprobadas, así como independencia mental, que en el ejercicio externo les ha permitido observar un diferente panorama del desarrollo del sistema financiero nacional.
Adicionalmente, se requiere hacer una definición clara y precisa de las funciones de la dirección general de banca múltiple de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su caso otorgar mayores funciones administrativas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, evitando duplicidades que son cargas administrativas para los contribuyentes y para los usuarios del sistema financiero.
Señoras y señores diputados, creemos que se está dando un paso adelante en materia de vigilancia y regulación de las actividades financieras, a través de la constitución de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Creemos que este avance redunda en beneficio de los usuarios y del público en general.
Consideramos que con esta ley, damos un espacio más de seguridad al desarrollo económico nacional y con esta ley reforzamos la estructura financiera de nuestro país.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, emitirá su voto a favor del dictamen, con la salvedad de la necesidad de fortalecer el sistema de fiscalización de esta nueva comisión.
Señores diputados, tenemos el reto de fiscalizar y de buscar una diafanidad en dicha comisión. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
En su turno, tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro Torres, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Rosas Aispuro Torres:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo en representación de la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, para apoyar la iniciativa de ley, enviada por el presidente Ernesto Zedillo y dictaminada por esta Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que plantea la propuesta de consolidar en un solo órgano la actual Comisión Nacional Bancaria y la Comisión de Valores, iniciativa enviada por el presidente Ernesto Zedillo y que hoy se somete a la consideración de esta Asamblea por conducto de la Comisión de Hacienda de la propia cámara. Esto en base a la necesidad de integrar la supervisión de las instituciones que actúan cada vez más como grupo en los mercados financieros y en forma interrelacionada y por el mayor número de entidades financieras que están participando dentro del sistema, incluyendo a las filiales de instituciones financieras del exterior, de acuerdo a las acciones de apertura que han derivado de la política económica.
Debo señalar que los antecedentes de la idea de unir las comisiones Nacional Bancaria y de Valores, viene desde hace varios años atrás. Con motivo de la creación de los grupos financieros a través de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se empezó a concebir como una posibilidad esa idea; sin embargo, en aquellos momentos, ante la escasa experiencia de cómo funcionarían entre sí los grupos financieros, fundamentalmente las interrelaciones que surgirían entre las casas de bolsa y los bancos, pero que hoy en día, dada la integración que se da en estos intermediarios financieros, hace evidente la necesidad de crear un órgano con mayor capacidad de supervisión, ante la compleja problemática que enfrenta el sistema financiero en su conjunto y que ha dado como consecuencia la necesidad de mejorar el servicio profesional, ante la incapacidad a veces para resolver los problemas que enfrentan los usuarios de la banca particularmente.
Por lo que coincidimos con el jefe del Ejecutivo Federal, en el sentido de que en los casos de abuso y corrupción por parte de los administradores, que comprometen la salud de las instituciones y dañan el buen nombre del sistema financiero en redoblar los esfuerzos de supervisión y castigar con todo el rigor de la ley a los que disponen de los recursos de las instituciones en perjuicio del público ahorrador.
Es por ello, que consideramos que este nuevo órgano sea un instrumento de la mayor importancia para que los usuarios del servicio financiero tengan mayor confiabilidad y garantías para proteger sus intereses.
A continuación, quiero señalar algunas de las razones por la que apoyamos esta iniciativa de ley, que hoy nos ocupa.
1o. Con la expedición de la nueva Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, existirá una congruencia legislativa con la Ley de Agrupaciones Financieras, la cual fue modificada recientemente por esta soberanía.
2o. Porque existirá un órgano de supervisión y regulación del sistema financiero para que haya uniformidad de criterios en la supervisión y regulación del sistema financiero.
3o. Protege los intereses del público usuario de los servicios financieros al tener en un solo órgano a quien acudir en caso de inconformidad de las operaciones de crédito o la prestación de servicios financieros.
4o. Se crea un solo órgano normativo en materia financiera evitando duplicidad normativa o discrepancia de criterios al emitir, en el ámbito de su competencia, la regulación prudencial a que se sujetarán las entidades.
Expedir normas respecto a la información que deberán pedirle periódicamente las entidades; emitir disposiciones de carácter general que establezcan las características y los requisitos que deberán cubrir los auditores de las entidades, así como sus dictaminadores y establecer los criterios de aplicación general en el sector financiero.
5o. Se crea un solo órgano también de autorización para la constitución y operación, así como de determinar el capital mínimo de aquellas entidades que señalen las leyes y autorizar o aprobar los nombramientos de consejeros normativos y comisarios de las entidades en los términos de las leyes respectivas.
6o. Ejerce funciones sancionatorias al determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión, veto o remoción y, en su caso, inhabilitación de los consejeros directivos, comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, funcionarios y demás personas que puedan obligar a las entidades.
7o. Ejerce funciones de investigación al verificar actos de personas físicas, así como de personas morales que, no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias a las leyes que rigen a las entidades financieras.
8o. Se da una utilización racional de los recursos humanos y materiales, constituyendo un ahorro para este nuevo organismo, al fusionar las dos comisiones que hasta este momento están vigentes.
Sin embargo, mi partido considera importante la necesidad de fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que está a consideración de esta Asamblea, en atención a los cada vez más numerosos asuntos que se someten a su consideración por parte del público usuario de los servicios financieros, por lo que pedimos que esta comisión fortalezca sus estructuras para dar una mayor atención al público usuario y que extienda su cobertura para estos propósitos, con el fin de que todos los ciudadanos, todos los usuarios de los servicios financieros y particularmente de la banca, sepan que hay un intermediario, un interlocutor que va a defender los derechos de ellos para poder llegar a una conciliación entre el usuario y la institución financiera.
Por todo lo antes señalado y en base a que los partidos políticos aquí representados, tuvimos la oportunidad de analizar ampliamente esta iniciativa que enviara el jefe del Ejecutivo Federal, para nuestra consideración y que hemos visto que se han tomado en cuenta varias de las sugerencias que hemos hecho los partidos políticos, pido a mis compañeras y a mis compañeros diputados, que demos nuestro voto aprobatorio para crear la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Gracias, por su atención.
El Presidente:
Gracias, diputado.
Se han inscrito para dos rondas hasta por 10 minutos, los siguientes diputados: Tonatiuh Bravo Padilla, José de Jesús Preciado Bermejo, Miguel Angel García García, Saúl Alfonso Escobar Toledo, Víctor Cruz Ramírez, Salvador Mikel Rivera, Manuel Beristáin Gómez, para hacer una proposición.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, diputado Presidente de la mesa directiva; compañeras y compañeros diputados:
Tratando de hacer un esfuerzo porque nos pongamos un poco más de atención en las intervenciones y más en éstas que son un poco desoladas, reproduje el documento que voy a leer, con el propósito de aportar algunos elementos al análisis del sistema bancario mexicano en la actualidad, por lo cual todos ustedes podrán seguir mi intervención, a través de las copias que se entregaron y los que no lo tengan pueden acudir al pasillo central y ahí podrán encontrar algunas reproducciones.
La iniciativa de ley para fusionar la Comisión Nacional Bancaria con la Comisión Nacional de Valores, nos permite hacer una breve reflexión en torno al cómo se encuentra en estos momentos el sistema bancario de nuestro país. Lo anterior, con la finalidad de medir los alcances que puede tener la aprobación de la misma.
Principales problemas del sistema bancario mexicano
1o. Cartera vencida bancaria
La recesión en la que cayó el aparato productivo y el incremento de las tasas de interés provocaron un fuerte repunte de la cartera vencida de la banca comercial, que al cierre del primer trimestre de este año, se elevó hasta 80 mil millones de nuevos pesos. Dicho saldo representa un aumento de 83.72%, respecto al de diciembre de 1994.
Al finalizar en 1994 el monto de los créditos vencidos de la banca privada, ascendió a 43 mil millones de nuevos pesos, lo cual significa que en sólo tres meses la cartera vencida creció en poco más de 36 mil millones de nuevos pesos, un repunte sin precedente en la historia bancaria del país.
Comparado con el de marzo de 1994, el saldo actual de la cartera vencida es 123% superior, pues, pasó de 35 mil millones de nuevos pesos, a los 80 mil. La cartera vencida representa alrededor del 15% de la cartera total y 1.5% de los créditos en insolvencia pueden ser considerados irrecuperables. Los clientes en cartera vencida son aproximadamente el 70% de los usuarios de la banca.
Así, los bancos deberán enfrentar el problema de la cartera vencida, con la complicación extra de generar reservas preventivas, aspectos que en conjunto representan una fuerte presión de capitalización para los mismos. Debido a ello, es posible que en el transcurso de los próximos meses, el sistema bancario mexicano viva un acelerado proceso de fusiones y alianzas estratégicas con instituciones extranjeras, que aprovecharán los castigados valores y las urgencias, para alcanzar los índices de capital o reservas exigidos por la autoridad en un contexto de deterioro creciente de sus activos financieros.
Un ejemplo de lo anterior ya lo vemos en el caso de Mercantil-Probursa que enfrenta problemas de capitalización, por lo cual el banco español Bilbao-Vizcaya, según ha trascendido, podría hacerse del control del 60% de las acciones de esa institución en breve.
Este grave problema de la cartera vencida tiene su origen en la reforma financiera realizada durante el sexenio anterior, que incluyó la privatización de la banca comercial e implicó la liberación y desregulación del sector financiero, lo que permitió un crecimiento desmedido del crédito privado interno y externo provocando un sobre endeudamiento de las empresas y de los consumidores. Esta situación aunada a la desaceleración de la economía, al alza de las tasas de interés activas que siguió a la devaluación, el repunte de la inflación, la contención salarial, la pérdida en el ingreso real de la población y el aumento del desempleo provocaron un incremento sin precedentes en la cartera vencida.
2o. El problema de la capitalización y eficiencia de los bancos La Comisión Nacional Bancaria (CNB), solicitó a los bancos el 22 de febrero pasado, crear provisiones para riesgo de crédito de hasta 60% de su cartera vencida y 4% de la cartera total. Al mismo tiempo, el movimiento del tipo de cambio propició que la cartera en dólares de los bancos se incrementara en términos de nuevos pesos; lo anterior, junto con los problemas de insolvencia por las carteras vencidas y las altísimas tasas de interés, han elevado considerablemente los activos de riesgo y con ello los requerimientos de capital adicional.
Así, se creó el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), el cual está diseñado como medida de urgencia para rescatar a los bancos que requieren apoyo financiero temporal. El capital que el Gobierno Federal ha inyectado a seis bancos a través de este programa, ha sido de 6 mil 488 millones de nuevos pesos. Esta cantidad equivale en promedio al 70.78% del capital contable de cada una de esas instituciones de crédito, aunque en casos como el Banorie, los fondos recibidos representan 127% de su capital.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria (CNB), el Banco de México y grupos financieros privados, la cantidad de recursos que recibieron los bancos a través del Programa de Capitalización Temporal (Procapte) llega, en algunos casos, a rebasar el monto, a precios actuales, en que fueron compradas al Gobierno esas instituciones.
El 31 de marzo, Serfín, Inverlat, Internacional, Bancen, Confía y Banorie decidieron adherirse al Procapte, de esta forma, Serfín fue capitalizado por el Gobierno con 3 mil 200 millones de nuevos pesos; Inverlat con 1 mil 400 millones; Internacional con 700 millones; Bancen con 452 millones, Confía con 425 millones y Banorie con 311 millones de nuevos pesos, cantidades que en conjunto suman 6 mil 488 millones de nuevos pesos.
Los 3 mil 200 millones de nuevos pesos que recibió Serfín a través del Procapte equivalen al 70.71% del capital contable que tenía ese banco en diciembre de 1994. Además, esta cantidad representa 41 veces las utilidades que obtuvo esta institución en 1994 y cubre el 3.91% de sus activos en riesgo.
De acuerdo con informes de la Asociación de Banqueros de México, los 3 mil 200 millones de nuevos pesos que recibió Serfín, el tercer banco del sistema por su importancia, superan, a precios actuales, en 20.87% el monto en que fue comprado al Gobierno en enero de 1992. Esta institución de crédito fue adquirida por operadora de bolsa en 2 mil 82.7 millones de nuevos pesos, que a precios de diciembre de 1994, equivalen a 2 mil 649.3 millones de nuevos pesos, obviamente es una cantidad inferior en 552.63 millones de nuevos pesos, a lo otorgado por el Procapte.
De esta manera, hacemos el análisis a continuación de lo que sumó y lo que implica para el Banco Inverlat, cuyo accionista mayoritario es Agustín Legorreta y cuánto recibió este banco por concepto del Procapte. Igualmente, el tercer banco en mayor importancia respecto de los recursos que se le han proveído, es el Banco Internacional. Posteriormente el Bancen, después Confía para terminar finalmente con el caso del Banco del Oriente, que ha sido capitalizado en un 127.77% de su capital contable.
Como lo ilustran fehacientemente las anteriores cifras, vivimos en una increíble paradoja: en tanto los bancos obtienen ganancias extraordinarias a tasas estratosféricas de intermediación, el Gobierno adopta política de desregulación y no intervención en el sistema bancario; sin embargo, cuando la situación económica se torna difícil, el Gobierno entra a rescatar a los bancos con recursos del erario impulsando todo un nuevo esquema de regulación e intervención.
El banco que podía resultar más atractivo, sobre todo para los extranjeros, sería Serfín, dado el tamaño, el número de cuentas que son un poco más de 2 millones y la red de 561 sucursales con que contaba en diciembre pasado.
3o. Alto riesgo de incobrabilidad en el sistema bancario A continuación ponemos en base a un estudio ponderado sobre los datos que ha proporcionado la Comisión Nacional Bancaria, la lista de los bancos y los riesgos de incobrabilidad que éstos tienen, explicados cada uno de ellos.
Como podemos observar la situación que actualmente presenta el sistema bancario en nuestro país, no es nada halagadora, la ineficiencia, la ineptitud, la costumbre de altos y fáciles márgenes de ganancia, pero sobre todo, las estratosféricas tasas de interés vigentes, tienen al aparato productivo y a la banca al borde de un precipicio y muy cerca de la aceptación forzada a la asociación con la banca privada extranjera.
Por ello, hay que decirlo con toda objetividad, el presente proyecto de decreto es digno de apoyo no porque contribuya significativamente a resolver los problemas a los que aquí nos hemos referido, sino porque opera en sentido contrario a la desregulación y puede ser la base para la total reestructuración que necesita con urgencia el sistema bancario de nuestro país.
Junto a la presente ley, consideramos absolutamente imprescindible reformar y modificar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores.
Finalmente, he incluido en esta intervención dos páginas de un informe que el Banco de México presentó en semanas anteriores, en semanas pasadas en los Estados Unidos, a una reunión de empresarios. Quise ponerles la carátula y después la hoja número cuatro. Si ustedes se fijan en la última frase de la hoja número cuatro y si mi modesto inglés no me falla, lo que dice el tercer párrafo dice textualmente: "el costo de la operación de rescate de los bancos, será absorbido por la política fiscal". Es la primera vez que yo veo un documento oficial en el que una instancia de nuestro país, obviamente el documento es mucho más amplio, pero es la primera vez que de manera abierta se reconoce por una instancia oficial como lo es el Banco de México, que la política fiscal de nuestro país servirá para rescatar a los bancos de la situación en la que actualmente se encuentran.
Bien vale la pena que les digamos y les expliquemos hoy, ahí tienen ustedes señores diputados los elementos, para que nuestros electores y el pueblo de México, sepa de manera oficial que el alza de impuestos en nuestro país, aprobada recientemente, servirá precisamente para que la política fiscal sirva para las operaciones de rescate de los bancos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
En su turno tiene la palabra, el señor diputado José de Jesús Preciado Bermejo, del Partido Acción Nacional.
El diputado José de Jesús Preciado Bermejo:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
La historia del sistema financiero mexicano de los últimos 14 años, podría ser resumida de una forma muy simple: bancos privados-crisis; bancos estatizados, inversionistas resentidos-crisis; bancos privados crac. Nuevas fortunas, nuevos banqueros-crisis.
Pareciera que para México la conformación de verdaderas instituciones financieras será un sueño inalcanzable. Desde la conformación misma del Banco de México, la banca de fomento, los bancos estatales, las reformas a las leyes de inversión, las comisiones de valores y las comisiones de seguros y fianzas.
Cuando en la época de Calles, Manuel Gómez Morin hablaba de la falta de planeación y de control en el sistema financiero, se refería ciertamente a que el Estado no había sido capaz de fijar un marco legal, un marco lo suficientemente competitivo y claro, para que todos los participantes de este sector, pudieran crecer armónicamente sin la necesidad de estar por encima de la ley.
Después de 64 años, el crecimiento armónico es inexistente; el sistema financiero mexicano es ineficaz. En el sentido que opera, con elevadísimos costos, es, además, ineficiente por llevar los recursos de manera justa para el fortalecimiento del aparato productivo y es asimismo ineficaz para generar ventajas competitivas que indudablemente lo están desplazando de sus propios mercados.
Sin embargo, el problema no necesariamente es responsabilidad de los banqueros. Ya nosotros en muchas ocasiones hemos sostenido que las dificultades económicas de nuestros días se deben a una apertura al exterior acelerada en algunos sectores, fragmentada en otros y la cerrazón en los menos.
En el caso del sector financiero, las autoridades optaron por la protección de los nuevos banqueros, lo que se tradujo en crédito escaso por tanto cargo.
El sector productivo quedó sin opción alguna de financiamiento competitivo, mientras que los señores del dinero acumulaban cada vez más ganancias en una estructura oligopólica y facciosa, donde el único perdedor era el sector productivo de nuestro país.
No nos extrañe entonces El Barzón, la cartera vencida, las intervenciones administrativas y gerenciales a la banca, así como las órdenes de aprehensión a altos funcionarios y directivos de ésta. Havre, Cremi-Unión y Banpaís, no son casos fortuitos. La irresponsabilidad en el manejo de los recursos, la política de simulación, los prestanombres, la grave situación económica, la falta de credibilidad, son parte viva de las instituciones financieras mexicanas.
Así, según el Banco de México, la cartera total es de 600 mil millones de nuevos pesos, y probablemente ya estemos por encima del 10% de cartera vencida, que día a día se transforma en apremiante situación para acreedores y deudores.
El atraso en la puesta en funcionamiento de las famosas Udis, rescate moral de las instituciones financieras, pone en riesgo a infinidad de empresas y bancos; la falta de confianza hacia la autoridad, hace evidente la necesidad de renovar la institución de servicio, muy en especial para estos tiempos de crisis. La renovación es imperativa en la globalidad del sector financiero.
Es tiempo de transformación. Las instituciones deben renovarse para servir o morir como resultado de su inutilidad. La presente iniciativa no es otra cosa que la adecuación del marco jurídico a las nuevas necesidades. Podría ser de gran utilidad, pero también podría representar una institución más.
En este sentido, el consolidar funciones de organismos dispersos, como la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, traerá consigo mayor y mejor supervisión y vigilancia a todo el espectro financiero. No obstante, no marca una diferencia significativa entre la forma de hacer las cosas. Entonces ¿por qué no aprovechar esta oportunidad y hacer una verdadera institución, donde no haya duda alguna del verdadero sentir de servicio que como dependencia debe de cumplir.
Por ejemplo: ¿por qué mantener la contraloría de la comisión dentro de la misma y dependiente de lo que disponga el Presidente de la junta de gobierno? Debemos de entender que mucho de lo que adolecen las instituciones financieras del país es debido a la poca claridad en sus manejos internos, la cultura del privilegio y el contubernio entre el poder político y el económico, que difícilmente se podrá eliminar si en la ley mantenemos la posibilidad de dejar al margen mecanismos de fiscalización eficientes, transparentes y dotados de una auténtica autonomía frente a los fiscalizados.
Aquel verdadero milagro mexicano de los años cincuenta se debe en gran parte a la fortaleza de sus instituciones. De hecho, aquéllas son prácticamente las mismas de hoy, pero con un deterioro de casi cinco décadas, varias malas administraciones, desconfianza y desprestigio.
En el fondo la presente iniciativa representa una independencia parcial, por lo que debe de significar dar un paso hacia adelante en busca de su absoluta emancipación, donde los integrantes de la junta de gobierno de dicha comisión no sean exclusivamente miembros de la administración pública; con ello se buscará promover la participación del sector privado, donde también existen expertos en materia financiera.
Ahora bien, para Acción Nacional el cambio apenas comienza; continuaremos con el espíritu modernizador del sistema financiero. No podemos detenernos hoy hasta que en su conjunto el funcionamiento del sistema pueda ser capaz de generar confianza y certidumbre, como base para promover la generación del ahorro y de créditos accesibles a todo el sector productivo.
La historia hoy nos habla de un continuo ir y venir en los ciclos de una economía poco estable, que no ha fijado sus bases de desarrollo financiero en una estructura jurídica real y de acuerdo a los tiempos. Lo reiteramos de nueva cuenta, esta iniciativa que hoy se aprobará, es el comienzo de lo que podría representar un camino ascendente, donde al final podremos equilibrar el desempeño y actuación del sector financiero en beneficio de la sociedad.
El voto es a favor de una institución que deberá de fortalecerse en su actuar dentro de la norma jurídica y la transparencia en su ejecución en la toma de decisiones. El voto es a favor de la institución, no para una simple comisión. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado.
En el turno tiene la palabra el diputado Miguel Angel García García, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Angel García García:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores.
Honorable Asamblea: el dictamen que hoy se somete a la consideración de este pleno para consolidar en un solo órgano la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores, refleja la necesidad de agrupar áreas de supervisión y vigilancia de los mercados financieros, a través de un organismo autónomo en la toma de decisiones y desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La evolución que ha tenido el sistema financiero obliga a contar con esquemas de supervisión globales o consolidados, donde se tenga la posibilidad real de prevenir la existencia de riesgos y afrontarlos con oportunidad y celeridad.
Hoy el concepto tradicional de supervisión, más allá de la regulación excesiva y de la vigilancia del cumplimiento de los reglamentos, debe orientarse a medir con precisión y con gran sensibilidad financiera los riesgos en que incurran las entidades bancarias o bursátiles, al utilizar instrumentos de un mercado en constante cambio, con transacciones muy sofisticadas, donde los usuarios cada vez más demandan mayor flexibilidad en sus operaciones.
Este tipo de supervisión no implica que se abandone la verificación de disposiciones legales y reglamentarias, sino que además de ello se dimensionen las condiciones del mercado de la economía de los escenarios posibles, para evitar que las entidades financieras incurran en casos de insolvencia o falta de liquidez.
Esta dinámica en los servicios financieros obliga a que la mayor parte de las operaciones de los intermediarios estén muy desreguladas, que a partir de sus propios análisis de riesgos las instituciones financieras atiendan a sus clientes con amplia libertad.
Es precisamente con la fusión de las comisiones Bancaria y de Valores como se pretende asumir funciones integrales de supervisión y vigilancia de los grupos financieros en su totalidad para evaluar en una amplia perspectiva el desarrollo del sistema financiero nacional, asimismo asegurar eficiencia, competitividad y cumplir con las necesidades de financiamiento y apoyo al desarrollo económico del país.
Ahora bien, la liberación operativa de las entidades federativas está acompañada, como se aprecia en el artículo 16 fracción II de la iniciativa, de una facultad expresa que la ley otorgaría al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para intervenir administrativa o gerencialmente a aquellas entidades financieras que presenten problemas de estabilidad, solvencia o en su caso violen las leyes que la rigen y aquí en este sentido es importante señalar que es a propuesta del presidente de la Comisión Nacional Bancaria, que la junta de gobierno aprobaría al contralor interno; no es una atribución del presidente, sino que tiene que ser sometida a la junta de gobierno.
También se ha señalado aquí la preocupación por un problema que a todos nos atañe, que es la crítica situación por la que atraviesa la banca, el pago de los altos intereses y el de las carteras vencidas. En este contexto es importante comentar que las leyes de apertura financiera esperamos que eleven la participación de la banca extranjera, por lo que lograríamos reducir la posible quiebra de los bancos.
Asimismo esperamos presenciar un proceso acelerado de fusiones y alianzas estratégicas que aumenten la competitividad y eficiencia.
En cuanto a lo que aquí se ha comentado del Procapte, contrariamente a lo que algunas voces han señalado, no creo yo que se trate de un retorno silencioso del Gobierno a la banca privada ni tampoco de una situación de pre-estatización disfrazada de los bancos; por el contrario, creo que es un problema de emergencia de garantizar temporalmente capital a bancos viables con problemas de liquidez, debido a que la insolvencia manifiesta que enfrentan se ha derivado de una crítica situación, que todos conocemos, de sus activos y pasivos frente a la devaluación del peso, también por el abultado crecimiento de la cartera vencida y de un fuerte crecimiento de sus pasivos vencidos y asimismo porque se están perdiendo importantes líneas de crédito internacionales por parte de la banca.
Por otro lado, la iniciativa presenta también con mucha precisión la intervención de la comisión, en caso de existir malos manejos de algunos funcionarios. No existe pues una actitud desregulatoria irresponsable; por el contrario, se busca supervisar de manera eficaz a las entidades financieras, para evaluar oportunamente sus acciones, sistema de control y la calidad moral y técnica de sus administradores.
Una facultad expresa que la comisión tendrá, a partir de esta iniciativa, es la de establecer programas preventivos y correctivos para eliminar irregularidades. De la misma manera la comisión tiene atribuciones para recibir reclamaciones de los usuarios de servicios financieros y puede actuar como conciliador y árbitro.
También del cuerpo del dictamen, y ya se ha señalado aquí, se desprende el denominado concepto de regulación prudencial, que significa el tratar de prevenir problemas de liquidez, estabilidad o solvencia, a través de un esfuerzo constante de la comisión por advertir los riesgos en que incurren las entidades, para sugerir su diversificación, evaluación de mercados y en su caso actualización constante del valor de sus activos.
Esto obviamente busca otorgar tranquilidad en las operaciones financieras, aspira en el futuro a consolidar un sistema financiero altamente desarrollado que no esté sujeto a especulaciones de capitales, por ejemplo, de corto plazo. Desde luego, en este propósito que se enuncia en la iniciativa, será importante que se justiprecie aquí el que estemos atentos como legisladores.
Considero que debemos estar también atentos para consolidar este tipo de regulación prudencial que se propone el Ejecutivo a través de la comisión.
Otro aspecto importante del dictamen que quizá se ha discutido poco, es que con la fusión propuesta por el Ejecutivo se logre juntar la experiencia de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores, en la supervisión y medición de operaciones. También permite homologar criterios de análisis y evaluación de riesgos financieros; además posibilita ahorrar en gasto corriente al quedar una sola estructura administrativa, lo que en la práctica en cierta forma venía sucediendo a través de las reuniones mensuales entre estas comisiones y la de seguros.
Hoy se plantea una comisión que redundará en el establecimiento de criterios únicos, tanto contables como de auditorías y para efectos regulatorios. Precisamente en medio de la crisis financiera, la homologación de principios de supervisión que se busca con la fusión de éstas dos instituciones centrales del ámbito financiero, se traducirá en información de calidad para la toma de decisiones y el perfeccionamiento de las labores que desarrollará la nueva comisión.
Coincido con los compañeros diputados y con el texto del dictamen que se refiere a la necesidad de que la comisión establezca una ventanilla de atención al publico usuario de los servicios financieros en todas las entidades, este propósito de acercar el servicio a la gente, que todos los mexicanos estamos esperando, para la banca.
Una ventanilla que se coordine con el área de cajas de esta honorable cámara, para que juntos, sociedad y legislativo, hagamos un frente común para enfrentar la angustia de muchos compatriotas que día con día enfrentan la amenaza de perder su patrimonio familiar.
Es mucho lo que tendrá que avanzarse a partir de esta original ley, principalmente lograrconsolidar un sistema de supervisión eficiente y moderno que permita a las entidades financieras responder con eficiencia y eficacia a las demandas del desarrollo nacional, que contribuyan también a consolidar el ahorro interno para combinarlo de la mejor manera con la inversión extranjera directa.
Finalmente, es también una preocupación que aquí se ha manifestado y que compartimos los diputados de la fracción priísta, el que el sistema financiero nacional se encuentre en las mejores manos, en mexicanos capaces, altamente capacitados, pero ante todo, poseedores de una gran solvencia moral.
La iniciativa de ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está orientada a este propósito; votemos en favor de ella y estaremos atentos a su cabal cumplimiento. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
En su turno, tiene la palabra el diputado Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Vivimos hoy una crisis económica caracterizada por la inflación y la recesión; es decir, vivimos en el peor de los mundos posibles desde el punto de vista económico. Esta situación de inflación con recesión, ha llevado a una insolvencia prácticamente generalizada que se manifiesta tanto internamente como al exterior.
Esta insolvencia interna se refleja en una situación crítica de los bancos, que ya ha sido señalada aquí: altos pasivos de los bancos en moneda extranjera, aumento en la cartera vencida, problemas de liquidez y capitalización, caída de utilidades, deterioro de los activos y un costoso sondeo de los recursos de la banca.
Del lado de los deudores esta situación de insolvencia se manifiesta y se agrava por la recesión y la falta de créditos frescos. Por ello el Partido de la Revolución Democrática considera que para enfrentar esta crisis que se está reflejando en la insolvencia de los bancos y de los deudores, se requiere no sólo una mayor regulación como la que plantea la iniciativa que hoy comentamos, sino dos cuestiones fundamentales más.
Primero, cambiar la política económica para darle énfasis al crecimiento y no a la recesión; y segundo, revisar a fondo el sistema financiero mexicano, que está sufriendo un verdadero terremoto y que según la Asociación de Banqueros de México, el señor Madariaga, llevará y cito: "a actos desesperados de los bancos, a reestructuraciones, fusiones y a asociaciones con el exterior".
Por lo tanto, nuestro partido considera que es indispensable una revisión exhaustiva, una nueva estrategia y una nueva reforma a las leyes bancarias, para asegurar que el sistema financiero sirva al desarrollo económico del país y se garantice la soberanía nacional.
No es, señor legislador del PRI que me acaba de anteceder en la palabra, vendiendo los bancos al extranjero, como usted lo propuso en esta tribuna, como vamos a resolver la quiebra y el deterioro financiero y de la banca nacional; no es así y esperamos que el PRI no nos venga a proponer la venta masiva de los bancos al extranjero.
Lo que necesitamos es, en cambio, fortalecer la soberanía nacional, fortalecer la banca de desarrollo, una nueva estrategia que se refleje en una nueva legislación bancaria.
Discrepamos por ello en que en el dictamen se diga que no es necesario un cambio en las leyes bancarias. Desde nuestro punto de vista sí se requiere este cambio, se requiere un exhaustivo estudio de la legislación y no es con esta ley como se van a resolver plenamente los problemas que vive nuestro país actualmente.
Paso muy rápidamente a plantear el problema de la legislación. Como es sabido, pasamos de una regulación del sistema financiero mexicano muy restrictiva, como la que había antes de 1982, a un proceso de desregulación ahora excesiva, a partir de la privatización de los bancos.
¿Qué nos propone ahora esta iniciativa? Nos propone volver al camino de la regulación. En ese sentido estamos de acuerdo y votaremos a favor en lo general, aunque con reservas a favor de esta iniciativa.
Pero lo que verdaderamente estamos discutiendo con esta ley, producto de la crisis que estamos viviendo, es que el fracaso es el fracaso de la privatización de los bancos. Lo que esta ley nos está demostrando, la necesidad de que se haya planteado por el Ejecutivo y apoyada por el PRI esta ley que estamos hoy discutiendo, es que el proceso de privatización bancaria fracasó. Por eso lo que requerimos ahora es sacar lecciones de ese fracaso y hacer una revisión de conjunto de nuestro sistema bancario y de nuestro sistema legislativo.
No se alcanzaron los objetivos de un proceso eficiente de financiamiento y de dar una orientación social y productiva al sector financiero. Por ejemplo, cuando se habló de la privatización de los bancos, se dispuso una cláusula que exigía que éstos fueran vendidos a personas con autoridad moral y profesional reconocida en el sector financiero. ¿Y qué sucedió? Ahí está en el dictamen: corrupción, como la que encontramos en los grupos Havre y Cremi-Unión.
La desregulación en el sistema produjo una serie de problemas y de elementos de caos en el sistema financiero, que hoy tratan de ser revertidos tímidamente con esta ley que estamos comentando.
Pero no sólo eso, por otro lado en esta ley se habla por ejemplo de un esquema de banca universal, sin embargo este concepto, en la medida en que no está regulado por la ley, sólo crea confusión y crea también ambigüedad en lo que estamos comentando, puesto que nuestro sistema financiero no es como el que existe en Europa, un esquema de banca universal por el que se le permita prestar a una institución de crédito una amplia gama de servicios financieros.
En México existen instituciones financieras completamente diferenciadas por funciones y regidas por leyes particulares que responden a distintas orientaciones, integradas, eso sí, en grupos financieros.
Hay, y ésta es una de las críticas que queremos hacer, con esta iniciativa un empalme de leyes y una confusión legal que en lugar de resolverse se va a agravar.
Por ejemplo aquí se habla de que hay una regulación prudencial, sin embargo esta regulación prudencial no se encuentra legislada, no se encuentra en ninguna ley y por lo tanto no se sabe exactamente a qué se refiere este concepto de regulación prudencial.
En el artículo cuarto de la iniciativa se habla de que la comisión tiene facultades para emitir regulación prudencial, fijar reglas, expedir normas, emitir disposiciones, establecer criterios de aplicación general, dictar disposiciones etcétera, pero no hay desde este punto de vista una unidad jurídica, en un solo término, que dé claridad a la legislación.
En otro sentido también en esta ley que comentamos hay nuevas facultades, por ejemplo para las casas de bolsa y lo que tiene qué ver con el mercado de valores, que no están contempladas en la Ley del Mercado de Valores; entonces se superpone una ley a la otra, dando pie a la confusión, al encimamiento legislativo y a que el mercado se regule ahora con mayor dificultad y con menos claridad.
En este mismo sentido hay una serie de críticas que sería muy largo comentar aquí por el tiempo que tenemos, pero que sí creemos que el problema está en que no avanzamos en una mayor claridad de las leyes, sino en una mayor confusión.
Por eso nosotros creemos que es indispensable avanzar en una revisión legislativa del conjunto de la legislación y en una nueva revisión de las leyes, en una nueva legislación bancaria que apenas aquí se está apuntando.
Paso ahora al segundo problema, el problema de la situación crítica de los bancos, el problema de las carteras vencidas. Los candidatos a la presidencia de la República, y me refiero a nuestro candidato, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hicieron propuestas en torno a la situación financiera antes del crac que estamos viviendo ahora, pero no los hizo sólo nuestro candidato, también el licenciado Zedillo habló de la necesidad, y lo cito de un texto oficial: "de crear un fondo de inversión para otorgar garantías a los proyectos de inversión para que obtengan financiamiento a tasas y tiempos acordes con su rendimiento y plazos de maduración".
¿Y qué resulta hoy? Que la política económica no tiene nada que ver con las promesas del candidato Zedillo. Desde este punto de vista el candidato Zedillo se está dando de patadas con el presidente Zedillo. No hay congruencia entre los planteamientos del candidato y las acciones del presidente.
Sin embargo y aunque no concordamos del todo con las propuestas del candidato, sí coincidimos en la necesidad de crear este fondo de inversión y nosotros hemos propuesto justamente la creación urgente de un fondo nacional para la protección de la planta productiva y el empleo, que pudiera atacar directamente el problema de dar créditos frescos para alentar el crecimiento y por otro lado resolver el problema de las carteras vencidas.
Es fondo que hemos expuesto aquí varias veces, estaría en condiciones de darle un cambio a la política económica vigente y resolver el problema del crecimiento que hoy está siendo completamente marginado y en cambio nos estamos enfrentando a una política de recesión aguda, que lo único que está creando es un mayor deterioro de los bancos y un crecimiento sin límites de la cartera vencida.
Por esta razón, compañeros legisladores, consideramos que hay que aprobar esta ley con reservas, fundamentalmente en estos dos sentidos. En primer lugar, la necesidad de un cambio en la política económica que incluya por lo tanto la creación de un fondo de inversión como el que hemos propuesto y cuyos lineamientos también están en el programa del candidato Zedillo, no así en el del presidente Zedillo; y por el otro lado en un cambio en la legislación que dé más claridad al asunto.
Termino con un último tema. Así como nos encontramos en una confusión legislativa y legal en la normatividad del sector financiero, nos encontramos también con la normatividad de la regulación laboral.
Resulta que nos encontramos con una situación en la cual hay trabajadores bancarios que se encuentran en el apartado A, trabajadores bancarios que se encuentran en el apartado B, una Comisión Nacional Bancaria que no se sabe por qué razones tiene injerencias en la regulación de las relaciones laborales.
Y también aquí hay un batidillo legal y legislativo que no tiene claridad, que no tiene pies ni cabeza.
Refrendamos aquí la idea de que el conjunto de los trabajadores bancarios deberá ser regido por el apartado A y de que deberá atenerse a los tribunales como el resto de los obreros y trabajadores mexicanos, sin ninguna intervención de la Comisión Nacional Bancaria, puesto que no hay ninguna justificación para que esto ocurra.
Por lo tanto, el voto del PRD, será un voto a favor, pero con reservas en torno al cambio de la política económica y por una nueva revisión de la legislación bancaria y una nueva estrategia financiera para el país que sirva para el desarrollo y la soberanía nacional.
El Presidente:
Gracias.
En turno, tiene la palabra el diputado Víctor Cruz Ramírez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Cruz Ramírez:
Señor Presidente; señoras y señores diputados; pueblo de México:
El sistema financiero mexicano por años ha padecido deficiencias, tanto operativas como de políticas equivocadas, que han provocado que operaciones financieras saludables se conviertan en quiebras o en desaparición de negocios sanos y rentables.
A fines de los ochenta, proliferaron en las principales ciudades del país casas de bolsa, en donde casi cualquier inversionista podía operarla, sin tantos condicionamientos y requisitos por parte de la Comisión Nacional de Valores.
Con el paso del tiempo, varias de estas casas de bolsa sufrieron el embate de fraudes por parte de sus empleados y, por qué no decirlo, hasta de algunos accionistas.
El paternalismo del Gobierno, que por muchos años tuvo vigencia en el sistema financiero, propició que se vislumbrara cierta seguridad. El inversionista jugó las reglas con la esperanza de obtener una ganancia real; sin embargo, algunos de ellos sufrieron la frustración al haber perdido el poco o mucho patrimonio que apostaron a esa confianza.
La privatización de la banca dio nuevos visos de mejoría; sin embargo, los banqueros se apartaron de darle un verdadero sentido social al servicio que se prestó.
Las inversiones efectuadas para esta privatización, se trataron de recuperar en corto tiempo, dejando la carga financiera al usuario de los servicios y así vemos cómo a la fecha las carteras vencidas han aumentado sin que los deudores tengan capacidad de pago.
Es lamentable que además de las deficiencias del sistema financiero, la crisis económica ha venido a rematar con la falta de capacidad de pago de los deudores, por lo que con esta nueva fusión de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional y de Valores, se tendrá forzosamente que supervisar más de cerca las operaciones financieras, así como darle seguridad a quien busca invertir, sabiendo que su dinero se maneja en instrumentos financieros que tarde o temprano van a tener que ser auditados y en cuyo caso la responsabilidad del control y manejo será a cargo de la junta de gobierno, quien, con las facultades que le otorga la nueva ley, deberá estar atenta a cualquier anomalía, para que presente normas que garanticen medidas en forma y tiempo, a fin de evitar problemas futuros.
El Partido Acción Nacional, se pronuncia por fomentar el ahorro interno, para financiar el desarrollo de la nación, donde participen el sector productivo y financiero. Asimismo considera que el crédito no debe ser caro, escaso y elitista, como ha sido hasta la fecha, además de los altos intereses y plazos cortos frente a la competencia internacional.
La apertura comercial y de servicios no ha sido acompañada de un apertura financiera, lo que se traduce en crédito caro y escaso, que obstaculiza la reconversión de la planta productiva, agrícola e industrial y propicia además inaceptables rentas oligopólicas en el sector bancario.
El Gobierno deberá tomar las medidas a su alcance, para que concurran a la actividad bancaria y financiera el mayor número de actores nacionales y extranjeros. Deben crearse los mecanismos que permitan reducir el costo del crédito y financiar la modernización de la planta productiva, garantizando la seguridad del ahorro y la inversión. Esta nueva ley también debe garantizar que se eviten las prácticas especulativas, que resultan en detrimento del ahorrador y del inversionista.
En el marco internacional México debe afrontar con entereza y con la realidad de la economía mexicana, aquellas operaciones financieras que sean de beneficio para el país, sin que por ello se comprometa la independencia de la nación y además deberá estar atento a que no se violen nuestras leyes actuales.
Mucho quehacer tendrá la nueva Comisión Nacional Bancaria y de Valores y como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá cumplir los objetivos previstos en la misma ley, que consisten principalmente en supervisar y regular a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, siempre procurando proteger los intereses del público en general.
Las recién creadas Unidades de Inversión, las Udis, representan una alternativa para algunos deudores, que condicionados a ser operativos y rentables serán los sujetos de esta preferencia. Es muy importante que se diseñen normas claras y fáciles de aplicar, y que en su momento sean supervisadas y evaluadas por la nueva Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previendo evitar manejos discrecionales, elitistas o preferenciales, que puedan perder el objeto principal para el que fueron creadas.
En el Partido Acción Nacional, nuestro voto a favor, va en el sentido de un estricto apego a que las disposiciones legales para el sistema financiero, sean aplicadas para garantizar y dar confianza a todas y cada una de las operaciones financieras que se realicen, sin perder en ningún momento el sentido de servir a la sociedad con justicia. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado. En su turno tiene la palabra el diputado Salvador Mikel Rivera, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Salvador Mikel Rivera:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hoy, hemos continuado aquí un debate que iniciamos hace algunos días en el seno de la Comisión de Hacienda, donde juntos todas las fracciones parlamentarias revisamos, analizamos, hicimos propuestas sobre la naturaleza y los alcances de la iniciativa de ley para fusionar en un solo órgano a las comisiones Nacional Bancaria y de Valores para consolidarlas en un solo órgano de vigilancia.
Un propósito común ha orientado esta discusión y es ¿cómo lograr que el sistema financiero y los bancos cumplan con sus propósitos que están señalados en la propia ley?, que es: apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional fomentando el ahorro en todos los sectores; pero, sobre todo, algo que animó a todas las fracciones parlamentarias en el debate, es cómo establecer mejores mecanismos que permitan proteger los intereses de los usuarios del servicio.
Es público y notorio, como aquí se ha expresado por los compañeros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, que más allá de explicaciones técnicas y de análisis, el sistema financiero atraviesa por un problema que es necesario enfrentar y darle salida y que requiere también en este enfoque integral encontrar elementos e instrumentos para el sector productivo y en general para los usuarios, para evitar que los altos costos de operación, las altas tasas de interés que han provocado que un número importante de mexicanos hayan incurrido en cartera vencida, tenemos que darle una salida integral para que todos podamos contribuir a esta nueva transformación y construcción de un sistema financiero mexicano bajo otras premisas, bajo otros sustentos que pueda cumplir cabalmente con sus funciones.
Y también tenemos que reconocer que este acelerado proceso de desregulación y flexibilización que pretendió desburocratizarlos, bajar sus costos de operación y hacerlos más competitivos, en la práctica no fue así, hizo más difícil y compleja la supervisión y el control y, en la práctica, los mecanismos que estaban diseñados fueron rebasados por la propia dinámica del sistema.
Tenemos que reconocer también, como aquí se ha hecho, que los bancos mexicanos registran problemas de baja productividad, de insuficiente grado de penetración, de altos costos de operación y, sobre todo, de una capacidad disminuida de reacción para diseñar mecanismos distintos ante escenarios cambiantes y ante problemas que se han venido enfrentando en los últimos meses.
Por eso, desde el inicio del Gobierno se han ido tomando una serie de decisiones, ésta es una de ellas, que tienden a ir perfilando y construir un nuevo sistema financiero que pueda ser adecuado y acorde a las necesidades que hoy impone la situación del país y, que sobre todo, pueda impulsar a la planta productiva, pueda generar un ambiente de certidumbre y confianza en todos los agentes financieros y lo más importante, esquemas que permitan a todos los usuarios del servicio, poder cumplir puntualmente con sus obligaciones.
Por eso, inicialmente aquí mismo en esta Comisión de Hacienda, en esta Asamblea plenaria, fueron aprobadas leyes para capitalizar los bancos, alentar la inyección de capital fresco y propiciar una mayor competitividad.
Posteriormente, aquí también discutimos y fueron aprobados sistemas como las Udis que tenían como propósito fundamental captar recursos para alentar el ahorro interno y, sobre todo, poder diseñar un esquema de conversión de deuda que pudiera desahogar y pudiera sobre todo alentar a la planta productiva y sobre todo a aquellos usuarios que no han podido cumplir con sus obligaciones.
Pero de nada servirían estas decisiones que hemos tomado aquí en el Congreso, de nada servirían estos mecanismos que hemos tratado de ir incorporando al sistema financiero, si no mejoramos los instrumentos y los mecanismos a través de los cuales el Estado ejerce su rectoría financiera.
Resultaría estéril que este enorme esfuerzo que hoy estamos realizando todos, las sociedad, sobre todo, para fortalecer el sistema financiero, si no va acompañada de medidas que permitan tener una supervisión de distinta manera más moderna, más eficiente, más oportuna, sobre la operación del sistema, este esfuerzo pudiera irse por la borda y sobre todo no cumpliría con su propósito fundamental de poder ir mejorando, modernizando nuestro sistema financiero y, sobre todo, para evitar que estos problemas se vuelvan recurrentes y que puedan venir a surgir en los próximos meses, en los próximos años problemas similares que nos hagan otra vez estar pensando en otro tipo de medidas.
Por eso esta fusión de estos órganos para crear un solo mecanismo de supervisión y vigilancia, permitirá reforzar la capacidad de supervisión y de vigilancia con un enfoque integrado de conjunto que permita actuar más con sentido preventivo y para tomar medidas que permitan evitar conductas ilegales o prácticas viciadas, pero con medidas correctivas, con medidas que nos permitan adelantarnos a que estos problemas estallen y no únicamente con medidas que sancionen o con medidas que como se dice en el adagio popular, "tapen el pozo después del niño ahogado".
Por eso ahora, tanto el propio órgano, como su marco normativo pone acento en la función o regulación prudencial para poder evaluar con oportunidad riesgos, evitar el contagio de problemas entre organismos y entre instituciones financieras y que un problema no se extienda fácilmente a las demás instituciones del propio sistema.
Por ello, necesitamos mejorar los sistemas de control y establecer medidas que permitan verdaderamente lograr una mayor eficiencia en el servicio y, sobre todo, una mayor oportunidad en la operación del sistema.
Tenemos con estas medidas que reducir las conductas erráticas que a veces han incurrido en su operación algunas instituciones financieras y evitar que estas insuficiencias sean trasladadas al público mediante costos crecientes.
Con el nuevo órgano se busca fortalecer las funciones de normatividad, regulación y supervisión. Hacerlo, repito, como un sistema integral que nos permita adelantarnos, que evite que sucedan fenómenos, que podamos tomar con tiempo medidas correctivas para evitar que hagan crisis y que tengamos otra vez que estar diseñando una serie de mecanismos.
El esfuerzo que ahora corresponde a la propia banca como respuesta a este esfuerzo que se está realizando; es reducir sus costos de intermediación, mejorar la calidad de sus servicios, contar con un sistema de información interbancaria en beneficio de los propios usuarios. Tenemos que evitar que la dispersión y la poca flexibilidad de los controles, vayan a generar otra vez problemas de cartera vencida y que tengamos nosotros problemas que se van a manifestar en la planta productiva y, sobre todo, en la incapacidad de los propios deudores para poder cumplir con sus obligaciones.
Por eso, tenemos que trabajar para que mediante estos mecanismos, mediante este nuevo marco, elevar los márgenes de seguridad, solvencia, rentabilidad y liquidez de las instituciones bancarias en beneficio de los usuarios.
Se trata de poder recuperar un concepto clave para todo sistema financiero y para toda operación bancaria que es la confianza y la certidumbre.
Por eso con las medidas que hoy se proponen y que en principio estamos todos de acuerdo, queremos avanzar en un sistema más moderno, más flexible, más oportuno, para poder tener mecanismos que nos permitan calificar el comportamiento de la cartera, que permita actuar con prontitud, que evite que posteriormente se vuelva a poner en peligro la propia viabilidad del sistema financiero.
Tenemos con estos instrumentos que impulsar dentro de todo el sistema financiero, una mayor rentabilidad y solvencia fundada en la competitividad, pero una competitividad que esté también, no solamente centrada o sustentada en menores costos unitarios, sino en la calidad y oportunidad de los servicios y, sobre todo, en una relación más equilibrada entre los banqueros y los usuarios.
Resulta necesaria y así lo recomienda la propia comisión en su dictamen, buscar sistemas más ágiles al alcance del usuario para lograr la corrección de anomalías o subsanar conductas alusivas que lesionan los intereses de los propios usuarios de la banca.
Por ello, consideramos y coincidimos con las fracciones parlamentarias, con los compañeros diputados que nos han antecedido en el uso de la palabra, que éste es un mecanismo para que juntos podamos ir construyendo un nuevo sistema financiero, más ágil, más productivo, que sobre todo proteja de mejor manera y con mejores instrumentos, al ahorrador y sobre todo, que sea sustento para apoyar un ciclo de crecimiento y sobre todo, para que la planta productiva pueda bajar sus costos financieros y pueda cumplir con su finalidad fundamental que es generar empleo, que es generar riqueza y sobre todo, una mejor distribución del ingreso.
Por eso consideramos que con esta iniciativa se mejora y se fortalece la rectoría financiera del Gobierno y por ello, pensamos que resulta a todas luces conveniente el apoyo que aquí hemos manifestado públicamente para que la sociedad y en general, el Gobierno, cuente con un sistema más moderno y más flexible, de rectoría que permita tener una mejor vigilancia sobre el sistema financiero mexicano.
Y por último, al revisar el documento que hizo el compañero diputado Tonatiuh Bravo, que es una muy buena síntesis, una serie de información, creo yo muy valiosa para la propia comisión, nada más que veo algunos datos que no coinciden con los que nosotros tenemos, como, por ejemplo, en el dato del, Procapte, de la página tres, no equivale al 70.71% del capital, sino solamente al 32% del capital neto.
Entonces, creo que éste es un esplendido documento que debiéramos trabajarlo más en comisiones; que pudiéramos enriquecerlo y que nos pudiera servir a todos, pero sí valdría la pena que revisáramos los números, que pudiéramos conciliar algunos datos que no coincidan y a partir de ahí, contar con un instrumento adicional de trabajo que nos permita en la comisión, desarrollar de mejor manera nuestras funciones y poder seguir trabajando en el fortalecimiento y sobre todo, en mejores sistemas de supervisión y vigilancia de nuestro sistema financiero. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Quintana, de la fracción parlamentaria del PRD.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Reconociendo que la ley de fusión de las comisiones Nacional Bancaria y de Valores representa algunos avances, no puedo dejar de emitir aquí la opinión de las organizaciones de usuarios de la banca, en el sentido distraído o aburrido quorum, en el sentido de que esta ley no deja de ser un parche que no resuelve de fondo el problema de los usuarios de la banca.
Estamos aquí, participando en esta sesión o en el socialito, legislando cuando el país está llegando a su punto de ebullición, porque se está dando la más espantosa expropiación de la riqueza o del patrimonio de las familias.
Día a día se siguen sucediendo los embargos, los remates, los procedimientos judiciales en contra de los deudores de la banca. La banca con la complicidad de los jueces y la policía está realizando un enorme proceso de expropiación masiva y más IVA, de la riqueza de las familias. La banca y los jueces están despatrimonializando, están despatriando a México.
Un ejemplo: una persona que pidió un crédito de 100 mil nuevos pesos, en el mes de septiembre recibió, ese mismo mes, únicamente 90 mil, porque le quitaron 10 mil de los costos del préstamo. El primer mes pagó un abono de 2 mil 400 pesos, así fue el segundo y así continuó el tercero. Pero luego vino la devaluación y para el mes de abril esta persona tuvo que pagar 7 mil pesos de abono mensual y de estos 7 mil los pagó y así me lo dijo que lo dijera en tribuna, 1 mil los pagó con dedicatoria a los diputados de la fracción que aquí aprobó el aumento el impuesto al valor agregado. ¡Toda esta gente, compañeros diputados, cada vez que les llega una cuenta y le aumentan el IVA a su adeudo, esta gente se acuerda mucho de todos ustedes!
¿Cómo es posible que se dé esta alquimia que ya hasta los alquimistas electorales envidian, esta alquimia que transforma en miles de millones de pesos las deudas de los productores y de las familias? ¿Cómo es posible que en base a una decisión tomada por un muchachito que acaba de llegar de Harvard, un hijo de papá o un sobrino de tío que se creyó lo que le dijeron en la escuela en Estados Unidos, que por una decisión de él las familias pierdan su casa, los productores pierdan sus tierras, los industriales pierdan sus fábricas? ¿Cómo es posible, como dijo el compañero Tonatiuh, que la política fiscal salga en rescate de los bancos y a los deudores, a la ciudadanía mexicana se le deje inerme.
Las carteras vencidas, compañeras y compañeros, se ha demostrado aquí una y otra vez, lo dijo la maestra Ifigenia, las carteras vencidas no son en su mayoría atribuibles a los deudores, son causas exógenas, son causas externas a ellos, es la caída en la rentabilidad del campo, son las importaciones indiscriminadas, son las alzas de tasas de interés, ¡no es atribuible a los deudores!, y ¿por qué a los deudores se les carga todo el peso del pago.
Nosotros exigimos que veamos mecanismos de socialización de estos costos, que el Gobierno y la banca se hagan corresponsables con las carteras vencidas. No podemos seguir legislando así, compañeros, es un triste espectáculo para la nación que mientras la gente no duerme, mientras la gente se suicida porque van a perder su patrimonio, estemos con discolerías en esta Cámara de Diputados. ¡No podemos continuar así!, ¡no podemos irnos tranquilos de esta sesión!...
Señor Presidente, se me acabó el tiempo, ya lo sé. Quiero renegociar con usted un minuto de tiempo y espero que no me cuente y me deje concluir.
El Presidente:
Tiene un minuto para redondear su intervención, señor diputado.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Es necesario, compañeras y compañeros, que saquemos un punto de acuerdo que urja a la Secretaría de Hacienda, que se establezca de inmediato un organismo que con la participación de los usuarios y los deudores de la banca, examine y vea las soluciones eficaces para la solución de este problema.
No podemos irnos de aquí el 30 de abril sin haber echado a volar nuestra imaginación jurídica y legislativa y haber sentado las bases para una solución, al menos en el ámbito de nuestra competencia, de este tan doloroso problema.
Compañeras y compañeros: no nos conformemos con ser la legislatura de los parches, seamos la legislatura de las reformas profundas que favorezcan a la ciudadanía de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que se ha agotado el turno de oradores para la discusión en lo general, por lo que consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario José Antonio Hernández Fraguas:
En en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sirvanse manufestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular el Titulo Tercero, por parte del diputado Manuel Beristáin; el artículo 14, por parte del diputado Tonatiuh Bravo, y ha pedido la voz el diputado Rodríguez y Rodríguez en esta intervención.
En cosnsecuencia, consulte la Secretaria a la Asamblea si autoriza para su votación nominal, en lo general y en lo particulas, en un solo acto al finalizar la discusión de los artículos reservados.
El secretario José Antonio Hernández Fraguas:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
El Presidente:
En consecuencia, para la discusión en lo particular tiene el uso de la voz el diputado Manuel Beristáin, respecto al Título Tercero de la ley.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados.
El grupo parlamentario de Acción Nacional por mi conducto hace una proposición por escrito para adicionar el Título Tercero, que habla de las disposiciones generales con un artículo que vendría siendo el número 21 del dictamen que esta soberanía hoy discute y en su caso pueda aprobar.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a lo que señala el artículo 2o. del propio dictamen, menciona que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que tiene por objeto supervisar y regular las actividades de las entidades financieras. Esto constituye una función por sí misma de derecho público, porque corresponde precisamente al Estado llevar a cabo esta función, ya que ningún particular podrá realizar la función de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Quisiera acotar lo siguiente; menciona el texto mismo del dictamen que el presupuesto de egresos que manejará esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, será integrado o cubierto con los derechos que paguen las instituciones de acuerdo a lo que señala el artículo 18 de la misma, que dice a su letra lo siguiente:
"Las entidades del sector financiero, sociedades emisoras, personas físicas y demás personas morales sujetas conforme a éstas y otras leyes, a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cubrir los derechos correspondientes en los términos de las disposiciones legales aplicables. Cabe señalar que en esta parte del dictamen, señala o se señala un principio de legalidad; es decir, que esos derechos podrán hacerse efectivos a los efectos pasivos que reciban servicios por parte de la comisión solamente estando integrados en ley.
Los derechos a que se refiere este artículo, se destinarán a cubrir el presupuesto de gastos de la comisión y también se entiende que forman prácticamente el ingreso de la propia comisión; por lo tanto, si habla que son derechos, me voy a permitir remitirme al Código Fiscal de la Federación, que en su artículo 2o. define qué son las contribuciones, así como su clasificación.
El artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, señala que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, y en su fracción IV, especifica los derechos y los define de la siguiente manera: "Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público", tal es el caso de los servicios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por lo tanto, en principio, podemos concluir que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ingresa contribuciones a través de los derechos que cobra de acuerdo a la propia definición del Código Fiscal de la Federación y que por lo tanto, si esos derechos cubren su presupuesto de gastos, tanto los ingresos como los gastos son gastos públicos, ya que provienen precisamente de recursos públicos cobrados a los que reciben en servicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero cabe señalar que lo importante, lo toral, que no contiene este dictamen, es que tanto los ingresos como los egresos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores están fuera del presupuesto de la Federación; es decir, no forman parte tanto de la Ley de Ingresos por un lado, como del presupuesto de egresos por otro lado.
Y, ¿qué queremos decir con esto?, que no está por lo tanto al alcance de la fiscalización de esta soberanía a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, como órgano técnico para poder fiscalizar únicamente la cuenta pública, ya que las facultades específicas las encontramos en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución de nuestro país.
Por lo tanto, al no estar dentro del presupuesto de la Federación, no está sujeta a una fiscalización directa por parte del órgano técnico que esta soberanía tiene, que es la Contaduría Mayor de Hacienda.
En ese sentido, creemos que la única manera de poder garantizar la fiscalización externa, por auditores externos, es que sea este Poder Legislativo quien pueda hacerlo. Sabemos también que es un primer intento en la unificación de las dos comisiones, tanto la Comisión Nacional Bancaria como la Comisión del Mercado de Valores, pero no sobra y creo que es oportuno al estar discutiendo el dictamen, que se adicione el Título Tercero con un artículo que vendría siendo el número 21, en los siguientes términos, que el grupo parlamentario hace en la siguiente
PROPOSICION
«Presidente de la Cámara de Diputados.- Presente.
Los suscritos, diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos permitimos proponer, con motivo del dictamen relativo a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la adición de un artículo 21 a ésta, en los términos siguientes:
Artículo 21. Dentro de los 90 días naturales siguientes a la terminación de cada ejercicio, la comisión remitirá sus estados financieros auditados a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. Asimismo enviará, en el mismo plazo, los presupuestos e informes a que hace referencia el artículo 12 en su fracción Vlll.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 21 de abril de 1995.- Firman: diputados Manuel Beristáin Gómez, Gabriel Llamas Monjardín, Víctor Cruz Ramírez, José Preciado Bermejo, Juan Antonio García Villa y David Vargas Santos.»
Dejo en la Secretaría esta proposición por escrito, en el sentido claro que los recursos que manejará la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, están fuera de fiscalización, porque no están integrados en el presupuesto, y urge, por lo menos, reivindicar a este Poder Legislativo, para que tenga oportunidad de garantizar, por lo menos en el inicio de este intento de una ley que hoy podemos aprobar, garantizar esa fiscalización transparente al manejo de los recursos, tanto de ingresos como de gastos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Para hablar a favor del dictamen en lo particular, se ha inscrito el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:
Vengo a oponerme a la posible adición de este artículo que presenta una de las fracciones parlamentarias, porque supone, para empezar, una excepción a otras excepciones. Realmente se está a través de esto, desde ese artículo se pretende aun reformar la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, ya que se propone, para mí, lo acabo de oír, lo estoy revisando, se propone que la comisión remita sus estados financieros a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Realmente, si se hubiera propuesto que se remitiera a la Contaduría Mayor de Hacienda, pues podría tener, si no lógica, cuando menos serían otras las observaciones, pero aquí la primera es que con esto se está modificando o pretendiendo modificar también a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que en su artículo 10 señala, con mucha precisión, las atribuciones de la Comisión de Vigilancia.
No sé por qué, aquí siento cierta proclividad de esa fracción parlamentaria, de hacer crecer a la Comisión de Vigilancia en forma supra, supralegal, está dándole facultades que no tiene, por eso hace unos días estábamos oyendo que se quieren hacer auditorías también, pues no diré sin ton ni son, pero si más allá de las que señala un programa normal y racional de auditorías.
De modo que de principio, esta adición yo la descalificaría, porque está remitiendo o pretendiendo remitir cuentas a una Comisión de Vigilancia de la cámara; es decir, no al órgano sustantivo, sino al órgano de esta cámara. No somos nosotros competentes, nosotros no vemos la cuenta pública de origen, sino la vemos a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, quien se la entrega o se la transmite a la Comisión de Vigilancia.
Por otra parte, también, indudablemente, y en eso estoy de acuerdo con el orador el señor diputado Beristáin, sí son facultades estatales definitivamente. Es lo que el derecho administrativo llama la "policía financiera", reconocido hace muchos años en todo el derecho administrativo mundial. Eso es lo que hace al hacer esta vigilancia o esta supervisión, de otra manera estaría también la administración pasando o actuando ilegalmente.
Pero de ahí también no se desprende que las cuotas que pagan los bancos sean cuotas que van al presupuesto de la Federación. Daré un argumento legal.
El artículo 124 de la Ley de Instituciones de Crédito, expresamente dice que las cuotas que pagan los bancos no formarán parte de los ingresos del Gobierno Federal, ni figurarán en sus presupuestos. Creo que este argumento es definitivo, para señalar a ustedes que en todo caso habría un conflicto de leyes, pero aquí está una ley muy precisa.
Pero voy a otra. Además de esto, nosotros tenemos que regimos indudablemente por la Ley de Ingresos de la Federación y la de presupuesto. La Ley de Ingresos de la Federación señala en su artículo 13, cuáles son las entidades diferentes a secretarías que pueden ser auditadas o que forman parte de la Cuenta Pública y no está la Comisión Nacional Bancaria ni de Valores.
Y en el artículo 11 del presupuesto igualmente se señala cuáles son las entidades no secretarías que forman parte de la administración pública y que están sujetas a la cuenta pública. Esas dos listas hoy deben ser 15 entidades distintas a secretarías con la división que se hizo de las entidades de Pemex. No existía en el presupuesto, sino hasta el año yo creo que 1964, no me atrevo a afirmar la fecha porque no la tengo precisa, pero sí esto fue un avance que se fue haciendo paulatinamente para vigilar más ingresos del Estado que no van a secretarías directamente o a tesorería.
Se fueron aumentando; hoy, insisto, son 15. Es muy importante. Un día revisaremos esto, cuando deseen los señores legisladores revisaríamos estas listas de la Ley de Ingresos y del presupuesto, pero hoy por hoy no están. En cambio sí les diré a ustedes y lo saben muy bien y además lo señaló también el diputado Beristáin y algún otro de los compañeros diputados que hablaron, que la Comisión de Bancos y de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, la que tiene las facultades digamos primarias sobre ella, la que vigila y fiscaliza su actuación y se hace a través de los órganos normales de la contraloría administrativa.
Por una parte también en la ley lo aprobamos, hay un contralor interno, pero además la Secretaría de Contraloría y de Desarrollo Administrativo tiene permanentemente un auditor externo en la Comisión Bancaria, de modo que decir un poco ligeramente que no están fiscalizados los manejos presupuestales, es una afirmación, insisto, un poco ligera. Están perfectamente documentados y además ustedes también tienen que pensar que los señores banqueros y quienes pagan cuotas están pendientes del manejo.
Pero por otra parte hay una total fiscalización, de modo que por esas razones, señor Presidente, yo le pediría a usted que se votara en contra de esta adición que se propone.
El Presidente:
Gracias, diputado.
Ha solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Juan Antonio García Villa, de la fracción parlamentaria del PAN.
El diputado Juan Antonio García Villa:
Señor Presidente; señoras y señores diputados.
He solicitado el uso de la palabra para rectificar algunos hechos derivados de las afirmaciones que aquí acaba de hacer el señor diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez.
En primer lugar, él asegura que si se adiciona esta facultad que estamos proponiendo, mediante la inclusión de un artículo 21 a esta ley, de manera tal que los estados financieros auditados se envíen a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, dice: "Porque entonces se violarían las disposiciones establecidas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda". Lo que ocurre es que nada impide que en una ley se le adicionen facultades a un órgano de la Cámara de Diputados, como es la Comisión de Vigilancia, que por lo demás sería exclusivamente de la recepción de sus estados financieros.
Hay que recordar que en la técnica legislativa mexicana, cuando se enuncian las facultades de un órgano del Estado, siempre la última dice: "Y las demás que les atribuyan otros ordenamientos jurídicos aplicables". Ese sería exactamente el caso, señores diputados.
Por lo demás, ha quedado claro porque, por otro lado, no lo desmintió don Jesús Rodríguez y Rodríguez, lo que aquí señaló el diputado Manuel Beristáin.
Ha quedado claro que esta nueva Comisión Nacional Bancaria y de Valores, va a recibir contribuciones, porque ésa es su naturaleza jurídica y constitucional, contribuciones, y que por lo tanto sí van a formar parte del presupuesto y en su momento al aplicarse esas contribuciones quedarán las aplicaciones tipificadas como gasto publico.
Entonces, señores diputados, estamos ante un caso de ingreso público y de gasto público no incluidos uno y otro en el presupuesto, y se rompe por tanto la unidad presupuestaria, que es una de nuestras bases constitucionales en materia presupuestal, además la doctrina lo recoge. No puede haber en un Estado varios presupuestos.
De tal manera que el artículo 124, de la Ley de Instituciones de Crédito, que invocó aquí el diputado Rodríguez y Rodríguez, en lugar de ser un argumento a favor de lo que él alega, es francamente un contraargumento, porque en todo caso ese artículo 124 sería francamente inconstitucional.
Dice don Jesús, que son muchos los órganos desconcentrados, y que mediante esta propuesta se daría solución para sólo uno de ellos. De acuerdo. Vamos, en el futuro, como él mismo propone, a dar una solución de carácter general para todos estos órganos desconcentrados, porque queda claro que manejan contribuciones, que son contribuciones en los términos del artículo 31 constitucional y que se aplican a funciones de derecho público que lleva a cabo el Gobierno y que deben estar en el presupuesto en los términos de la fracción Vll del artículo 73 constitucional y de la fracción IV del artículo 74. Esta omisión es muy grave, señores.
Y para concluir. No estamos nosotros afirmando que no haya un control de las operaciones y de las informaciones financieras de estos órganos. Estamos afirmando que no hay un control externo, el control de la Cámara de Diputados, que tenemos como facultad exclusiva, porque ni siquiera compartimos esta atribución con el Senado de la República, y la idea es reivindicar, como ya lo señaló el diputado Berinstáin, para el Congreso de la Unión y concretamente para la Cámara de Diputados, funciones que por su naturaleza le corresponden.
Voy a señalar por último una afirmación hecha aquí, ojalá y tenga valor de argumento, cuando menos político, por el actual Presidente de la República, en su toma de posesión, que dijo: "Me propongo trabajar respetuosa y concertadamente con el Congreso, por eso apoyaré, entre otras medidas, que la Cámara de Diputados fiscalice mejor cómo gasta el Gobierno el dinero del pueblo y se cerciore que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad, honestidad y eficacia".
Simplemente pregunto a la luz de esta afirmación hecha en esta tribuna por el doctor Zedillo, ¿de qué manera vamos a cumplir mejor esta labor de fiscalización, si los órganos desconcentrados están por completo ajenos al control externo de esta cámara que es, reitero, constitucionalmente el único y verdadero control, el interno, el de la Secodadm no es el auténtico control en esta materia.
El Presidente:
Gracias, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez (desde su curul):
Para alusiones.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señores legisladores:
El señor diputado García Villa con su elegante e inteligente dialéctica jurídica y conocimientos, nos trata de convencer, pues, a través de argumentos muy bien expuestos, pero no tan certeros o tan claros o tan definitivos en su finalidad, de que podemos reformar cualquier ley a través de otras leyes, que es el caso del artículo 21. El artículo 21 está dándole a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, una competencia que no tiene hoy.
De modo que esto indudablemente habría una forma, efectivamente se pueden modificar tácita o expresamente las leyes, pero no creo que sea lo que deseemos nosotros, por un lado.
Por otro lado...
El Presidente:
Señor diputado, le quieren hacer una interpelación, ¿la acepta usted.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Como no, con mucho gusto.
El Presidente:
Adelante, diputado García Villa.
El diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul):
Señor diputado, la actual Ley del Banco de México establece en su artículo 50 como usted perfectamente sabe, una facultad con relación al control y fiscalización del propio banco central, que no está exactamente comprendida en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, ni en la Ley Orgánica del Congreso.
A la luz de su argumento, ¿significa que esta facultad que tiene la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en la Ley del Banco de México, es ilegal o inconstitucional? Gracias por su respuesta.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
No, nunca llegaría a un extremo de afirmar eso, lo que afirmaría yo es que el Banco de México, sí es una entidad autónoma, nacida de la Constitución directamente, no una organización desconcentrada, se requería y así se hizo en la ley especial del Banco de México, una posibilidad de fiscalización diferente, digamos, a la normal.
En este caso, la Comisión Nacional Bancaria, es un órgano, insisto, creo que es el argumento definitivo, desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, a través también de la Vigilancia de la Secretaría de Hacienda, se vigila o puede la Comisión de Vigilancia revisar la actuación patrimonial de la Comisión Bancaria; no en el caso del Banco de México en que efectiva y conscientemente todos nosotros aprobamos una ley especial, por el carácter tan especial casi de poder, se dijo en ese momento, de lo que es el Banco de México.
El otro argumento en cuanto a que se modifican o se cambian los conceptos aún doctrinarios del presupuesto, de la unidad presupuestal, no lo puede aceptar porque el presupuesto, la ley que aprobamos también, vamos a hablar de fiscal de 1995, pero que todos los años se repite, insisto, a partir de 1964, se señala expresamente: "artículo 11. Las erogaciones previstas para el año de 1995 correspondientes a las entidades cuyos programas están incluidos en este presupuesto...", en la Ley de Ingresos, dice lo mismo en su artículo 13; es decir, se señalan expresamente, hay otras que quedan fuera, no es exacto que todo fondo federal o que todo recurso federal siga los mismos lineamientos, puede haber regímenes de excepción, pero no los inventemos aquí para un caso concreto.
Me dice y puede tener razón de fondo, eso será lo que discutiríamos ya, esta cámara en plenario y en otras condiciones; que, quizá haya que aumentar o agregar a esta lista, efectivamente, esta lista, insisto, se hizo en 1964, si mal no recuerdo, con 10 entidades, ahorita vamos en 15 entidades. Se hizo mejorando, sí, la administración y los controles de fondos públicos. Todos estamos de acuerdo en que deben verse con lupa el manejo de los fondos públicos.
El PRI es el primero que lo ha pedido y ha insistido. Lo que no podemos es inventar auditorías particulares, excepcionales o sin un programa bien establecido. Las cosas se hacen racionalmente o no se hacen, no se hacen por vía de excepción o por vía de corazonadas. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Gabriel Llamas Monjardín, para rectificar hechos.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Estamos totalmente de acuerdo que los recursos que utiliza o que va a utilizar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son recursos públicos donde algunos usuarios van a pagar derechos por la prestación de ciertos servicios, que de conformidad con la ley están comprendidos en el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación; adicionalmente están totalmente reforzados con lo que establece el artículo 18 de la Constitución.
Todo esto cumple los requisitos de legalidad; sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el esquema actual de la ley no existe una sola forma de fiscalización. El Banco de México, en su ley, en el artículo 50 establece que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, después de recibir las propuestas y la designación que haga el Secretario de Hacienda, ratificará el nombramiento de los auditores externos.
Los estados financieros del Banco de México, deberán de presentarse ante esta comisión; sin embargo, hoy nos dejan ante la tibieza, nos dejan ante la inexistencia de un órgano de control. ¿Por qué no quieren que se fiscalice?, ¿por qué no quieren que se controle.
Señores: estamos a la luz del Siglo XXI y seguimos tratando de defendernos unos a otros con oposiciones meramente partidistas.
Nosotros no queremos defender de alguna manera o de otra, una mala administración de la comisión y si ha habido banqueros, como han dicho los señores del partido oficial, que han manipulado y mal administrado los recursos de la nación, pues igual puede haber señores que son de la Secretaría de Hacienda, designados por ésta en la comisión, mal administrando los recursos del pueblo de México.
Es inaceptable que se vaya esta ley sin un órgano de fiscalización y es por eso que dándole la atribución correspondiente, entregue estados financieros auditados dentro de los 90 días correspondientes posteriores al cierre del ejercicio a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, adicionado del Presupuesto de Ingresos y de Egresos, así como del ejercicio del gasto.
Señores, en su responsabilidad queda librar de cualquier fiscalización a este órgano, cualquier falla administrativa que exista quede en las manos del PRI. Su mayoría lo único que va a demostrar es negligencia, incompetencia por el bien de la definidad política. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo, que reservó el artículo 14 de la ley.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me ha solicitado expresar nuestro acuerdo con la propuesta que ha hecho aquí el diputado Beristáin en el sentido de que se adicione un artículo más a la ley que estamos discutiendo.
Igualmente deseo leer una propuesta relacionada con el artículo 14. En el artículo 14 de la ley que estamos discutiendo, se establece que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, será designado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Después de leer las argumentaciones expresadas en la parte primera del decreto que nos ocupa, en el que se hace alusión a la corrupción, a la ineficiencia en la que ha incurrido el sistema bancario o algunos bancos en lo particular y después de escuchar la argumentación que esgrime este decreto para conjuntar y fusionar dos comisiones que siempre han operado separadas, en realidad no me queda más que concluir que el presidente de esta comisión con todas las atribuciones que este proyecto de decreto le da, tendrá un enorme poder sobre el sistema bancario y de valores.
Esa es la razón fundamental por la cual consideramos la conveniencia de que el presidente de esta comisión sea designado con el beneplácito del Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores.
Si el procurador fiscal de la Federación y otros funcionarios de diversas secretarias del Poder Ejecutivo por la importancia de su función y por la importancia del poder que conjuntan para el cumplimiento de las tareas que le encomienda legalmente, no solamente la Constitución, sino los demás ordenamientos derivados de la misma, son nombrados con el beneplácito de la Cámara de Senadores, consideramos que éste no debe ser la excepción para el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque incluso y permitanme aquí argumentar, consideramos que es de fundamental importancia que en este caso se aplique plenamente la corresponsabilidad del Poder Legislativo tal y como el propio presidente Zedillo se ha comprometido en diversos casos, a sumar y a tomar en consideración la política y la argumentación del Poder Legislativo, aumentando el nivel de corresponsabilidad necesario e indispensable para estos casos.
Por esa razón quisiera proponer otra redacción para el articulo 14, la cual dice a la letra lo siguiente:
"El presidente es la máxima autoridad administrativa de la comisión y será designado por la Cámara de Senadores o, en los periodos de receso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público."
De ser aprobado por la Cámara de Diputados, pasaría como minuta al Senado y obviamente ellos se ocuparían de hacer las modificaciones pertinentes a las leyes y normatividad, de tal manera que el Poder Legislativo por conducto de la Cámara de Senadores haga la corresponsabilidad en esta importantísima tarea de gran poder para el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta es la propuesta. La entrego aquí en la Secretaria.
Por último, quisiera solamente aclarar, agradecer la intervención del diputado Mikel. El porcentaje de la página tres, que se refiere al Procapte, en el caso del Banco Serfin, se está refiriendo al porcentaje respecto al capital contable y no respecto del capital total, en el cual ciertamente, como él lo ha mencionado, comparto su argumentación. Efectivamente, no es el porcentaje al que el documento se refiere, pero agradezco cumplidamente sus comentarios.
Esta es la propuesta y está a consideración de todos ustedes. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar a favor del dictamen, tiene la palabra el diputado Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
No cabe duda que rectificar es de sabios. Hace unos momentos nos habían circulado el proyecto de este artículo, por el señor diputado que lo apoya o que lo presentó, diciendo que la Cámara de Diputados, sería la que aprobaría este nombramiento. Le doy el beneficio del cambio, y acepto que ahora se presente como de la Cámara de Senadores.
Nada más que ahí sí yo siento, por una parte, que estamos cometiendo un poco de cierta descortesía parlamentaria con la colegisladora, en cuanto que le estamos señalando ciertas competencias, porque parece discrecional hacerlo, porque parece que es interesante hacerlo.
Ustedes recuerdan que como facultades exclusivas de senadores, en el artículo 76, están: la ratificación de altos funcionarios, de miembros del Ejército, altos funcionarios de Hacienda, que viene desde la Constitución del 1924.
No sé si se quiso equiparar o se quiere equiparar por nuestro compañero, al presidente de la bancaria con un alto funcionario de Hacienda. Ya se insistió, desde luego, que es un órgano desconcentrado y parece, realmente parece que es una falta de atención o de consideración a la colegisladora, pedirle que nombre, como se dijo aquí, al presidente de la Comisión Bancaria y de Valores. Realmente estamos haciendo un superfuncionario de él; realmente la expresión que leí, es que designe la Cámara de Senadores al presidente de la Comisión Bancaria, a propuesta del Secretario de Hacienda. Creo que eso es desorbitado. Ya si son deseos de inventar instituciones, de inventar fórmulas administrativas nuevas, no es tan importante el presidente de la bancaria. Es un funcionario muy importante, pero no vamos a pedirle a nuestra colegisladora, porque además, insisto, no sería ni procedente ni racional doctrinariamente o administrativamente, que la Cámara de Senadores nombre al presidente de este órgano desconcentrado, que tiene importancia, pero que, por un lado, no es alto funcionario de Hacienda ni es... ¿están señalando que es la hora o que no se oye.
El Presidente:
No, están pidiendo la palabra. Continúe el orador.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Entonces, por eso señores yo creo que debe desecharse esta propuesta.
El Presidente:
Desean hacerle una interpelación diputado. ¿La acepta usted? Es del diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Con gusto.
El Presidente:
Está aceptada diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):
De un servidor, Tonatiuh Bravo, diputado. Solamente para hacerle el comentario de que cuando fui a consensar con algunos de sus compañeros diputados de partido, ellos me sugirieron que fuera a la Cámara de Senadores y no a la de Diputados, y precisamente por considerar que fue consistente la argumentación de sus compañeros de partido, por eso cambié la propuesta señor, pero en aras de escuchar y de consensar lo que tenemos que hacer aquí.
Y la segunda cuestión, es que me parece que su argumentación no rebate la necesidad de que haya corresponsabilidad del Poder Legislativo en esta materia. Muchas gracias.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
En realidad no hay más qué contestar. Gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Solicitó la palabra para rectificar hechos, el diputado Saúl Escobar.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, señor Presidente:
Simplemente para aclarar dos cosas. La primera, es que no es una descortesía respetar la Constitución, porque en el artículo 76, fracción II, dice que: "son facultades exclusivas del Senado: fracción II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los ministros, agentes, diplomáticos, funcionarios generales, empleados, empleados superiores de Hacienda"; incluye empleados superiores de Hacienda.
Si la Constitución considerara como facultad también de la Cámara de Diputados este tipo de nombramientos no tendríamos que acudir al Senado, pero es la Constitución la que nos está obligando a llevar esta propuesta al nivel del Senado de la República y no de la Cámara de Diputados entonces, no es una descortesía, simplemente es atenernos al texto constitucional.
En segundo lugar, yo quisiera recordar el Capítulo lll, de la iniciativa que estamos comentando, que se refiere justamente a la presidencia. El artículo 14 dice: que el presidente es la máxima autoridad administrativa. El artículo 15 señala los requisitos. El artículo 16 de las facultades del presidente y el artículo 17 dice algo muy interesante, dice: "en los procedimientos judiciales, administrativos o laborales en los que la comisión sea parte o pueda resultar afectada, el presidente directamente, por medio de los servidores públicos de la propia comisión que al efecto designe en los acuerdos delegatorios, ejercitará las acciones, excepciones y defensas, producirá alegatos, ofrecerá pruebas, interpondrá los recursos que procedan, podrá presentar desistimientos y en general realizará todos los actos procesales que correspondan a la comisión o a sus órganos, incluyendo en los juicios de amparo la presentación de los informes de ley".
Pero dice: "el presidente sólo estará obligado a absolver posiciones o rendir declaración en juicio en representación de la comisión, o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, mismo que contestará por escrito dentro del término establecido por dicha autoridad".
Yo creo que esto le da al presidente de la comisión un carácter especial de una alta autoridad de la Secretaría de Hacienda y en este caso como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos parece que le da fuerza a nuestra argumentación, en el sentido de que el Congreso, en este caso, por parte del Senado, intervenga en el nombramiento del presidente; es decir, no se trata de cualquier funcionario, es un funcionario que se le dan ciertas características, ciertas facultades, cierta personalidad, que por lo tanto nos parece que es muy importante que no quede simplemente al libre arbitrio del Secretario de Hacienda, como está contenido en otro artículo de la ley que estamos comentando, sino que sería muy importante que interviniera el Congreso.
Entonces, esto simplemente para insistir en la necesidad de la participación del Senado por la investidura que tendría el presidente de esta comisión. Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.
El secretario José Antonio Hernández Fraguas:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Esta honorable Asamblea autorizó la votación en un solo acto en lo general y en lo particular de este dictamen.
Por economía propone la Presidencia que también se incluya en la votación las proposiciones derivadas de los artículos reservados para que en un solo cuerpo votemos las tres cosas.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza esta votación
El secretario José Antonio Hernández Fraguas:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea, si es de aprobarse la propuesta de la Presidencia.
Los diputados que estén por la afirmativa, sirvanse maifertarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sirvanse maifertarlo... Aprobada la propuesta de la Presidencia
El Presidente:
En consecuencia se solicita que se vote en lo general y en lo particular y a favor o en contra de las proposiciones hechar por los diputados Manuel Beristáin y Tonatiuh Bravo.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, respecto a las proposiciones en un solo acto.
El secretario José Antonio Hernández Fraguas:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular y respecto de las proposiciones en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación)
El secretario José Antonio Hernández Fraguas:
Aprobado en lo general y en lo particular por 372 votos en pro y un voto en contra. Y en relación a las propuestas, 114 en pro, 258 en contra.
El Presidente:
Fueron desechadas las propuestas y aprobado en lo general y en lo particular por 372 votos el proyecto de ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
El secretario José Antonio Hernández Fraguas:
Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTLTUCLONAL
El Presidente:
Señores diputados, en el transcurso de la sesión se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo. Se ruega a la Secretaría dar cuenta de él.
El secretario Horacio Pereznegrón Pereznegrón:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por instrucciones del Presidente de la República, me permito enviar a ustedes, Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo de petróleo, documento que el propio Primer Magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reeleción.
México, D.F., 21 de abril de 1995.- Por acuerdo del secretario, el director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Nuestro proyecto nacional, explícito en la Constitución General de la República, establece el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos existentes en mantos, campos o yacimientos en el territorio nacional, incluida la plataforma continental.
Este principio con solidas bases jurídicas, políticas y económicas, se entronca con el propósito permanente de preservación de la soberanía nacional y con los objetivos de desarrollo y bienestar. Es por ello, un principio que todos los mexicanos comprenden, comparten y sostienen.
En observancia del mandato constitucional, la industria petrolera, que entre otras actividades comprende la exploración y la explotación del gas, se ha encomendado a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, como organismos públicos mediante los cuales la nación lleva a cabo la explotación de los hidrocarburos, en ejercicio de los derechos de exclusividad que la propia Constitución le otorga.
México se encuentra inmerso en un proceso de cambio estructural, orientado a elevar la competitividad de la planta productiva, crear empleos permanentes y mejor remunerados, y elevar la calidad de vida de sus pobladores. El sector de la energía es pieza clave en este proceso, pues proporciona insumos básicos a todos los procesos productivos.
En la actualidad, además de llevar adelante la modernización de la actividad petrolera, es indispensable desarrollar una industria del gas que asegure una oferta suficiente, oportuna y competitiva, de combustibles limpios para satisfacer las demandas de la planta productiva y de la generación de la energía eléctrica y que amplíe la disponibilidad de materias primas para la eleaboración de petroquímicos. Una industria del gas en rápida expansión, congruente con la amplia disponibilidad de reservas con que cuenta el país, estimularía notablemente la inversión y el empleo.
El aprovechamiento de los hidrocarburos, sobre todo el petróleo, ha sido uno de los principales impulsores del desenvolvimiento industrial de México. La industria del gas debe complementar de manera dinámica esta contribución. El desarrollo general del país exige su fortalecimiento a través de un aprovechamiento racional, ordenado y oportuno, tanto del gas asociado, que en 1994 representó más de cuatro quintas partes de la producción total del gas del país, como del gas seco. La disponibilidad de reservas permite y las previsiones de demanda reclaman un vigoroso desarrollo de los campos gasíferos del país.
Se prevé un rápido crecimiento de la demanda interna de gas, sobre todo a partir de 1998, cuando entrarán en vigor las normas de protección ambiental que obligarán a sustituir por gas el combustóleo utilizado en la generación de energía eléctrica en las zonas ambientalmente criticas. Por otra parte el crecimiento y la competitividad de la industria demanda el suministro oportuno de este combustible y la disponibilidad de gas como materia prima para procesos industriales. Esta creciente demanda de gas tendría que satisfacerse mediante importaciones, si no se emprenden de inmediato las acciones orientadas a establecer en México una industria del gas moderna y competitiva.
En efecto, las normas mexicanas en materia ecológica obligarán, a partir de 1998, a reducir drásticamente la utilización de combustóleo en la generación de energía eléctrica o a utilizar con ese fin sólo combustóleo con casi nulo contenido de azufre. La industria petrolera tendrá la oportunidad de, al dejar de producir combustóleo, agregar valor y eficiencia en la refinación de otros petrolíferos. El cumplimiento de la normatividad ecológica y la modernización de los procesos de refinación sólo serán posibles si se cuenta con oferta suficiente de gas que sustituya el combustóleo. De no ser así habría necesidad de dedicar recursos considerables a la importación de gas o de combustóleo limpio, o bien a procesarlo internamente, con altos costos y baja rentabilidad para la industria petrolera nacional.
La experiencia internacional indica que la disponibilidad de gas, en volúmenes suficientes y a precios competitivos, genera vastas reacciones en cadena en diversas ramas industriales, tanto en las que lo aprovechan como insumo, especialmente en el caso de la petroquímica secundaria, como en las que lo utilizan el combustible industrial de mayor conveniencia por costo y condiciones de operación.
Como ha ocurrido en otros países, esa disponibilidad puede convertirse en detonadora de amplios procesos de transformación industrial y de mejoramiento sustantivo de la capacidad competitiva internacional de la industria mexicana.
Adicionalmente, la operación de una vigorosa industria del gas permitirá la exportación de los excedentes. En un amplio horizonte temporal, puede contemplarse que México se convierta en un exportador importante de gas en el mercado regional de Norteamérica, ante la declinación esperada en algunas de las zonas productoras tradicionales.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en especial Pemex Exploración y Producción y Pemex Gas y Petroquímica Básica, son piezas claves en el programa de desarrollo de la industria del gas en México. A ellos corresponden las actividades estratégicas de exploración, explotación y procesamiento del gas. La atención y los recursos de Pemex deben concentrarse en estas actividades, que les corresponde realizar de manera exclusiva.
Otro elemento central de ese programa es la participación de los sectores social y privado en las actividades conexas de transporte, almacenamiento y distribución de gas. De esta participación se esperan importantes aportes en materia de recursos de inversión; tecnologías modernas de operación de ductos y sistemas de distribución, incluyendo instrumentos y mecanismos de medición y control. Estas aportaciones complementarias, permitirán concentrar los recursos públicos en el segmento estratégico de la industria del gas.
Se obtendría de este modo, una complementación dinámica: el organismo estatal, con pleno apego a las disposiciones constitucionales, ejercería las prerrogativas de Estado como propietario de los recursos, controlando y operando en exclusividad la exploración, la explotación y el procesamiento del gas, al tiempo que los particulares podrían invertir en instalaciones para el transporte, almacenamiento y distribución de este combustible. El sano desarrollo de la industria del gas, demanda el fortalecimiento de estas actividades conexas, a fin de permitir el mejor aprovechamiento de la producción y hacerla disponible a los usuarios en forma oportuna, suficiente y competitiva.
Se requiere también contar con la participación del sector privado, para facilitar la distribución de gas para uso domestico mediante redes de ductos de baja presión, que sustituya los esquemas de distribución por vías de superficie en tanques y recipientes, los que implican riesgos, resultan ineficaces y tienen efectos secundarios en el transito de vehículos y en la contaminación ambiental.
Las actividades conexas de transporte, almacenamiento y distribución de gas, deben realizarse conforme a regulación que asegure su eficiencia y competitividad y que permita su aprovechamiento general de manera indiscriminada y en condiciones de equidad por todos los usuarios.
En la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del articulo 27 constitucional en el ramo del petróleo que se somete a su consideración, se busca:
1o. Reafirmar el carácter estratégico, exclusivo del Estado, de la exploración, explotación y elaboración de gas, así como el de las actividades de transporte, almacenamiento y distribución que son inherentes a dichas actividades.
2o. Definir con claridad el transporte, el almacenamiento y la distribución del gas, para permitir la participación de los particulares en la construcción, propiedad y operación de ductos y otras instalaciones. sujetos al marco regulador que establezca esta ley y sus disposiciones reglamentarias.
3o. Establecer el alcance y contenido de este marco regulador, para garantizar su operación, en condiciones de eficiencia y competitividad, así como el mejor aprovechamiento de sus servicios y productos por los usuarios finales.
4o. Otorgar el carácter de utilidad pública a las actividades de construcción de gasoductos.
5o. Promover la participación privada en las actividades de transporte por gasoductos, para constituir nuevos campos de inversión y empleo y para fortalecer la industria del gas y la actividad productiva en general.
Es intención del Ejecutivo Federal que Petróleos Mexicanos conserve la propiedad de los gasoductos que actualmente le pertenecen, sujetando a los que se utilicen para el transporte posterior a la venta de primera mano, a la regulación de carácter general para esta actividad, garantizando la competitividad con los otros agentes económicos que intervengan en este servicio.
Con base en lo anterior se proponen reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo como sigue:
a) Modificar el artículo 3o. para establecer con mayor claridad las distintas actividades que comprende la industria petrolera y precisar las actividades de transporte y almacenamiento de gas que forman parte de ella.
b) Modificar el articulo 4o., preservando la explotación de la industria petrolera en sus tres ramas como actividad estratégica en los términos del artículo 28 párrafo cuarto de la Constitución y ratificando la exclusividad para la nación de su explotación por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Adicionar el propio articulo 4o. para definir como actividades susceptibles de operación por los sectores público, social y privado, el transporte, el almacenamiento y la distribución del gas, sujetándolos a la rectoría del Estado y a las disposiciones reglamentarias y de regulación que se expidan para el efecto.
c) Modificar el artículo. 9o. para señalar que las actividades a que se refiere el artículo 4o. son, como las de la industria petrolera, de la exclusiva jurisdicción federal y, en consecuencia, competencia exclusiva del Gobierno Federal para decretar las disposiciones técnicas reglamentarias y de regulación que las rijan. Eliminar de este dispositivo la referencia a la exclusividad del Gobierno Federal para establecer los impuestos que graven cualquiera de sus aspectos, en virtud de que, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pueden estar sujetas a ciertos gravámenes de carácter estatal y municipal en los términos de la legislación local respectiva.
d) Definir en el artículo 13, los objetivos, ámbitos y alcances del marco regulatorio al que se sujetarán las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas.
e) Establecer en el artículo 15, las competencias en la aplicación de la ley.
Finalmente, se propone modificar el régimen de sanciones aplicables a las infracciones a la ley y su reglamento, fijando los montos en indicadores que permitan su actualización automática; se actualizan asimismo, las denominaciones de dependencias públicas conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente y el alcance de la aplicación supletoria de las disposiciones del código civil en materia.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO
Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, para quedar como sigue:
" Artículo 3o. La industria petrolera abarca:
I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento. la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación.
II. La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables para interconectar su explotación y elaboración.
III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas.
Artículo 4o. La nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o., que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28, párrafo IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Salvo lo dispuesto en el artículo 3o., el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.
Artículo 5o. La Secretaría de Energía asignará a Petróleos Mexicanos los terrenos que esta institución le solicite o que el Ejecutivo Federal considere conveniente asignarle para fines de exploración y explotación petroleras.
El reglamento de esta ley establecerá los casos en que la Secretaría de Energía podrá rehusar o cancelar las asignaciones.
Artículo 7o. El reconocimiento y la exploración superficial de los terrenos para investigar sus posibilidades petrolíferas, requerirán únicamente permiso de la Secretaría de Energía. Si hubiere oposición del propietario o poseedor cuando los terrenos sean particulares, o de los representantes legales de los ejidos o comunidades, cuando los terrenos estén afectos al régimen ejidal o comunal, la Secretaría de Energía, oyendo a las partes, concederá el permiso mediante reconocimiento que haga Petróleos Mexicanos de la obligación de indemnizar a los afectos por los daños y perjuicios que pudieren causarle de acuerdo con el peritaje que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales practique dentro de un plazo que no excederá de un año. pudiendo entregar Petróleos Mexicanos un anticipo, en consulta con la propia comisión.
Artículo 9o. La industria petrolera y las actividades a que se refiere el artículo 4o., segundo párrafo, son de la exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación que las rijan.
Artículo 10. La industria petrolera es de utilidad pública preferente sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, incluso sobre la tenencia de los ejidos o comunidades y procederá la ocupación provisional, la definitiva o la expropiación de los mismos, mediante la indemnización legal, en todos los casos en que lo requieran la nación o su industria petrolera.
Son de utilidad pública las actividades de construcción de gasoductos. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y las empresas de los sectores social y privado estarán obligados a prestar a terceros el servicio de transporte y distribución de gas por medio de ductos, con las excepciones y en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias.
Artículo 12. En lo no previsto por esta ley, se consideran mercantiles los actos de la industria petrolera y las actividades a las que se refiere el artículo 4o. segundo párrafo, que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.
Artículo 13. La regulación de las actividades a que se refiere el articulo 4o., segundo párrafo, y de las ventas de primera mano de gas, tendrá por objeto asegurar su suministro eficiente y comprenderá:
I. Los términos y condiciones para:
a) El otorgamiento, la transferencia y la revocación por incumplimiento de los permisos:
b) Las ventas de primera mano:
c) La prestación de servicios de transporte, almacenamiento y distribución:
d) El acceso no discriminatorio y en condiciones competitivas a los servicios de transporte, almacenamiento y distribución por medio de ductos, y
e) La presentación de información suficiente y adecuada para fines de regulación.
II. La determinación de los precios y tarifas aplicables, cuando no existan condiciones de competencia efectiva, a juicio de la Comisión Federal de Competencia. Los sectores social y privado podrán solicitar a la mencionada comisión que se declare la existencia de condiciones competitivas.
III. El procedimiento de consulta pública para la definición de criterios de regulación, en su caso.
IV. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas en los permisos y de las normas oficiales mexicanas aplicables.
V. Los demás instrumentos de regulación que establezcan las disposiciones aplicables.
Artículo 14. Las infracciones a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias podrán ser sancionadas con multas de 1 mil a 10 mil veces el importe del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha en que se incurra en la falta, a juicio de la autoridad competente, tomando en cuenta la importancia de la falta.
Artículo 15. La aplicación de esta ley corresponde a la Secretaría de Energía, con la participación que esté a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, en los términos de las disposiciones reglamentarias."
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en este decreto.
Tercero. Las disposiciones reglamentarias serán expedidas dentro de los 180 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto.
Reitero a ustedes, señores secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional. México, D.F. a 21 de abril de 1995. El Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Energéticos.
ESTADO DE QUINTANA ROO
El Presidente:
Han solicitado el uso de la voz, la diputada Emma Muños Covarrubias y la diputada Virginia Betanzos Moreno.
¿Con qué objeto diputada.
La diputada María Virginia Betanzos Moreno (desde su curul):
Para hacer unos comentarios sobre conflictos laborales de Quintana Roo.
El Presidente:
En primer término hará uso de la voz la diputada Virginia Betanzos Moreno, para comentarios sobre conflictos laborales en el Estado de Quintana Roo.
La diputada María Virginia Betanzos Moreno:
Gracias, señor Presidente; honorable Cámara de Diputados, compañeras y compañeros diputados:
He pedido hacer uso de la palabra para informar a ustedes de un grave problema que se esta dando en el Estado de Quintana Roo.
Desde hace varios meses los obreros y campesinos de Quintana Roo, que militan en la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de ese estado, a la cual orgullosamente formo parte de la directiva, hemos sido objeto de persecuciones, de amenazas, de encarcelamiento, de lesiones físicas y lamentablemente esto continúa.
Es verdaderamente lamentable y vergonzoso para el movimiento sindical de México, que el secretario general de la CROC, Humberto Juárez Blancas, esté promoviendo estas políticas de agresión, de división y gangsterismo; independientemente de lo grave que es esto, es todavía más grave que el gobernador del estado, Mario Villanueva Madrid esté apoyando esas agresiones con acciones que violan flagrantemente todos los acuerdos firmados por México ante la Organización Internacional del Trabajo. Plasmadas estas leyes mexicanas que hablan de la protección de los derechos sindicales de los trabajadores, Mario Villanueva Madrid, ha ordenado allanar nuestros locales sindicales y en unos casos para introducir dinamita y bombas molotov e inculparnos a los trabajadores y en otros casos para abrirle el paso a los golpeadores de Juárez Blancas, para que éstos agredan con toda impunidad y ante la complacencia de la policía, a trabajadores y campesinos y en otros casos ha ordenado clausurar con bloques las puertas y ventanas de nuestros centros de cultura como lo es la escuela de capacitación y educación para adultos y que a la vez es también museo sobre la vida y obra del Benemérito de las Américas, Benito Juárez.
Como en la época de la inquisición, en este centro donde se forma y se capacita a los trabajadores, el gobernador mandó a la policía para desalojarnos de él y clausurarlo para que según él no se siguiera conspirando, ni se siquiera pensando a la luz de las ideas de nuestro indio inmortal de Guelatao.
Mario Villanueva, ha estado fabricándonos diversos delitos con los que ha girado órdenes de aprehensión y encarcelado a varios dirigentes, principalmente a nuestro compañero Secretario General de la CROC, de Quintana Roo, y secretario de Relaciones Internacionales del Comité Nacional, Salvador Ramos Bustamante, contra quien pesan serias amenazas de encarcelamiento y agresión físicas que para evitar que él regrese a Quintana Roo a defenderse de las acusaciones y de las agresiones.
Pero hay todavía algo mucho más grave y es el hecho de que Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo ha amenazado personalmente a los dirigentes con encarcelarlos, involucrarlos con el tráfico de drogas o incluso de asesinarlos si no se desisten de su lucha justa en la CROC, de Quintana Roo.
Estas amenazas me las ha hecho a mí de manera personal, me las ha estado reiterando a través de distinta gente olvidándose que por el voto popular soy diputada federal por el II distrito de Quintana Roo y estas amenazas no solamente ofenden a una mujer de origen humilde, formada en una organización democrática, sindical y participativa que hoy la vida y la democracia de México me ha permitido venir a esta universidad política donde confluyen corrientes partidistas e ideológicas, diversos representantes que representan la pluralidad del pueblo mexicano y donde cada uno bajo su propia óptica con su verdad, con sus mejores intenciones, con sus mejores valores, está luchando en esta tribuna y en esta gestoría para transformar este país, en un país más justo y democrático.
Por eso venir a esta tribuna a narrar lo que pasa en Quintana Roo, en el que no solamente están sufriendo los trabajadores la agresión del gobernador, sino toda la ciudadanía de Quintana Roo en la que se encuentran más de 5 mil trabajadores del volante de Cancún y Cozumel que se les llama "martillo", quienes son explotados por una mafia a la que protege el gobernador.
Los campesinos de la zona maya y los colonizadores que llegaron en los setentas a Quintana Roo, tienen cancelados todos los programas sociales, pero a cambio reciben una represión sistemática y creciente por parte del gobernador del estado.
Los empresarios también son agredidos, les invaden sus terrenos, les cancelan sus concesiones, les ponen trabas a sus inversiones, incluso los presidentes municipales de los distintos municipios, se quejan de cómo el gobernador les tiene controlados los escasos recursos. Cómo se mete en las decisiones que a ellos les corresponde y cómo les tiene impedido ejercer sus funciones como presidentes municipales.
Aquí hay problemas con periodistas y con políticos de distintos partidos que discienten con él, aunque sean de otro partido o aunque sean de nuestro propio partido.
Quintana Roo, era hasta hace unos meses, una zona pacífica donde sus grande bellezas de mar y selva, donde sus vestigios de cultura maya y donde la pluralidad de su población estábamos luchando por construir un lugar digno donde vivir, pero hoy el gobernador ha creado un clima de violencia, está alimentando odios y rencores, frustraciones y desesperación de la población que ponen a Quintana Roo en la zona del conflicto del sureste impulsada desde el gobierno del estado en una clara oposición a la política pacifista y a los esfuerzos que realiza el presidente Ernesto Zedillo, para que México resuelva sus problemas en el marco del derecho, la libertad y el desarrollo.
El Estado de Quintana Roo tiene el nivel nacional, el mayor ingreso de divisas por concepto de turismo, pero la imagen de tranquilidad que ha existido la ponen en riesgo, pequeños grupos caciquiles que se sienten dueños del estado, por eso le pido a este honorable Congreso un punto de acuerdo para que una comisión plural de esta cámara, se traslade a Quintana Roo a escuchar las quejas de la ciudadanía e investigar las graves violaciones que hace el gobernador en contra de los trabajadores, para evitar que ese estado pueda ser escenario, que en futuro cercano, de hechos violentos de los que tengamos que lamentar todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada.
Ha solicitado para rectificar hechos, el uso de la voz el diputado Raúl Ríos Magaña, por cinco minutos.
El diputado Raúl Ríos Magaña:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es la primera vez que hago uso de esta tribuna, y la verdad, en un momento muy delicado y muy penoso, por las situaciones y circunstancias que se están viviendo en Quintana Roo y en especial en Cancún: el conflicto obrero de la CROC, ha resurgido, porque el Poder Ejecutivo ha tenido inmiscusión en él. Lo que acaba de expresar la compañera Virginia Betanzos, aún falta mucho más por las arbitrariedades que el Poder Ejecutivo ha realizado en Quintana Roo.
Es por eso que desde esta tribuna, nosotros en Acción Nacional vemos que desde su fundación, mi partido, Acción Nacional, ha luchado por la autonomía sindical y ha exigido que el sindicato sea, en la teoría y en la práctica, una institución para defensa de los trabajadores.
Es contradictorio que el gobierno, en sus tres niveles, estatal, federal y municipal, hablen de un estado de derecho, cuando estamos viendo que él mismo se inmiscuye en la autonomía sindical, como es el caso que acaba de exponer la compañera del PRI.
Cancún, centro turístico internacional, que en los últimos meses se ha venido dañando su imagen por cuestiones como la antes mencionada, reprobamos nosotros contundentemente las acciones del Poder Ejecutivo Estatal.
Acción Nacional, reprueba la interferencia del Ejecutivo Estatal en la organización sindical, y exige se respete la autonomía de los trabajadores.
Señoras y señores, el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, es un Poder Ejecutivo tiránico y yo lo puedo acusar de nepotista, tengo pruebas para demostrarle al señor gobernador de su nepotismo y la diputada Virginia Betanzos aquí no lo expresó pero yo lo voy a decir, se le violó su derecho constitucional, su autonomía constitucional, su fuero constitucional.
Estas acciones no pueden seguir así, compañeros diputados, si eso le hacen a una diputada del Partido Revolucionario Institucional, ¿qué no le hará el gobernador a un partido de oposición?, yo les pregunto a ustedes y le exijo desde esta tribuna al gobernador de Quintana Roo, saque las manos de los conflictos internos que tiene la CROC y respete la autonomía del sindicalismo. Gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Con su permiso, señor Presidente:
En opinión de la bancada parlamentaria del PRD, son sumamente graves las acusaciones que se han hecho aquí por parte de la diputada Virginia Betanzos, por la intromisión en la vida sindical de la CROC de Quintana Roo, del gobernador Mario Villanueva Madrid, quien ha utilizado actos típicamente gansteriles en contra de los trabajadores de Quintana Roo.
La bancada parlamentaria del PRD, solicita al señor Presidente de esta cámara, que haga un enérgico pronunciamiento en defensa del fuero constitucional de los derechos de la diputada Virginia Betanzos, quien ha delatado en esta tribuna las arbitrariedades del gobernador Mario Villanueva.
A nosotros nos parece que deben respetarse los derechos laborales, que debe respetarse la autonomía sindical de los sindicatos, pertenezcan a la central que pertenezcan. Es importante que si se está pregonando que en México hay un respeto al estado de derecho, se respeten esos derechos laborales de los trabajadores de Quintana Roo.
Es sumamente grave que a un dirigente como el compañero Salvador Ramos Bustamante se le hagan acusaciones infundadas, se le encarcele, se le calumnie en aras de arrebatarle los contratos colectivos de la CROC en Quintana Roo. Por esos motivos la fracción parlamentaria del PRD demanda al Presidente de esta cámara haga un pronunciamiento enérgico en defensa del fuero constitucional de la diputada Virginia Betanzos y se une para que a la demanda de que se forme este grupo plural de diputados que vaya al Estado de Quintana Roo, haga una investigación y venga a dar su dictamen a esta soberanía. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Para hacer una proposición, tiene la palabra la diputada Emma Muños Covarrubias.
La diputada Emma Muños Covarrubias:
Gracias señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Paso a esta tribuna para recordar que el día de mañana, 22 de abril, se cumplen tres años de los trágicos sucesos ocurridos en Jalisco, que causaron dolor y muerte a muchos conciudadanos.
Hago propicia la ocasión, independientemente de la excitativa firmada por las fracciones parlamentarias el 18 de abril del año en curso, para la reapertura y consecución del caso y que las autoridades responsables lleguen hasta sus últimas consecuencias. Por tal motivo solicito respetuosamente a esta honorable Asamblea, guardemos un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida en este infausto suceso.
El Presidente:
Se invita a que todos se pongan de pie.
(Minuto de silencio.)
Gracias.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):
Señor Presidente, no dio el trámite al asunto de la diputada Betanzos.
El Presidente:
Pensaba hacerlo al final, pero esta Presidencia toma nota de la violación del fuero constitucional en agravio de la diputada Betanzos y tomará las medidas adecuadas. Cuando se presente por escrito la petición, se dará el trámite correspondiente.
AUTOTRANSPORTES URBANOS RUTA-100
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para referirse al problema de Ruta-100.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Seremos breves, dado lo avanzado de la hora. Debo recordarles a ustedes que hace ocho horas se instalaron aquí enfrente cerca de 1 mil trabajadores de Ruta-100, para venir a pedir la solidaridad de ustedes, compañeros representantes del pueblo, a sus justas demandas, que son: la libertad de sus dirigentes presos ilegalmente; a Ricardo Barco no se le aprehendió con orden o mandato judiciales; a Ricardo Barco, en contra de lo que dijo ayer aquí Moreno Collado, no se le trató bien, fue golpeado.
Cuando el diputado Moreno Collado dice que la policía hoy es muy decente, que no arresta a nadie en su domicilio en la noche, pues simplemente ignora que todo aquel que se siente acosado, el único lugar donde no pernocta es en su propia casa.
El señor Barco, ha hecho ya estas denuncias y constan en las actuaciones judiciales correspondientes.
Pero queremos, para no alargar aquí esta disposición, sólo informar a ustedes que al igual que en Quintana Roo, como aquí se acaba de denunciar, en el Distrito Federal también hace aire; aquí también ya la policía política infiltró provocadores en la mañana, en el módulo número 34 de Ruta-100, en La Pastora, La Villa, Delegación Gustavo A. Madero, hicieron detonar dos bombas molotov. Hubo enfrentamientos y hace unos minutos, en las calles de Mazatlán, otro grupo de provocadores infiltrado hirió a compañeros de Ruta-100 y fueron agredidos también periodistas y finalmente en la trifulca agentes del "orden".
Tenemos frente a nosotros un problema que no puede ser soslayado. No podemos mantener aquí una cómoda actitud en estas curules y poltronas muy cómodas, cuando en lo general el país es entregado a intereses del exterior y en lo particular, muy cerca de nosotros, estos compañeros sufren una agresión sistemática.
Nosotros queremos desde esta tribuna exhortar a la compañera Ofelia Casillas, presidenta de la Comisión de Gestoría y Quejas, que realice, de acuerdo a la responsabilidad que le ha conferido esta cámara, una verdadera labor de intermediación para el diálogo, ahora que aún hay tiempo.
Reiteramos nuestra concepción que los perros de la represión ya están sueltos. En las cercanías del 1o. de mayo, el gobierno erróneamente cree que no participando con el oficialismo sindical en la celebración del Día del Trabajo, mataría por inanición, por vacío, a la movilización popular, sobre el particular está rotundamente equivocado, no ocurrirá tal cosa porque habrá marcha de los independientes, una provocación o una represión podría llevar al país a una situación de violencia física irreversible.
Pido, compañeros diputados, su solidaridad para los compañeros trabajadores de la Ruta-100 y sus justas demandas.
Pedimos de las autoridades del Distrito Federal una verdadera disposición al diálogo, con emisarios con capacidad decisoria, no como a un colaborador, digo de segundo nivel, porque así es, no es el primero, no es el jefe, no lo digo peyorativamente, sin ninguna capacidad decisoria o resolutiva, que se instaló aquí esta mañana en un cuarto que da a la avenida Congreso de la Unión.
Pedimos, sobre todo a los diputados de la fracción priísta-Distrito Federal, a su coordinador el señor Levín Coppel, que se involucre por la paz y la tranquilidad sociales y, finalmente, por el bien de México. Muchas gracias compañeros.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Sobre el mismo tema y también por 15 minutos, ha pedido el uso de la voz, la diputada Ana María Licona Spínola.
La diputada Ana María Adelina Spínola:
Los priístas no vamos a permitir ni podemos estar a favor de grupos con intereses muy particulares, de sobra sabemos nosotros y es conocido lo que hay detrás del problema de Ruta-100. Sabemos nosotros que existen una serie de falsos redentores, falsos redentores con intereses muy particulares, y más aún los que se suscitaron esta mañana, efectivamente como así se comentó, en la Gustavo A. Madero, cuando 300, podemos decir integrantes del Movimiento Popular Independiente, se presentaron al módulo seis y al módulo 30 de dicha delegación.
Efectivamente ahí se presentaron, ahí estuvieron armados con palas y piedras, en contra de que salieran las unidades de Ruta-100 a prestar el servicio a quienes más lo requieren. Un servicio que la ciudadanía reclama que tenga eficiencia, que tenga eficacia y por supuesto que atienda a nuestras clases más desprotegidas.
Pero si hacemos la reflexión y nos vamos a los hechos, nos vamos a dar cuenta que dentro de todo esto, después de esa reyerta, en la cual hay 10 detenidos en el Ministerio Público, que están ahí declarando, en el cual tuvieron a bien los incitadores destruir cinco patrullas, dañar dos autos particulares, lesionar a 10 policías, encontrarse dentro de esos 10 detenidos curiosamente dos extranjeros. Uno de nombre Apolo Martí Dulguan de 28 años de edad, de nacionalidad filipina, con 18 meses de estancia en nuestro país y otro de nacionalidad africana, de nombre Omeasiki de 31 años de edad y que además para más sorpresa de nosotros, quizá ya no tenemos tantas sorpresas día con día.
Estos señores, su ocupación es: misioneros religiosos y en base a esto, provocan a quienes trabajan para la ciudadanía y a quienes prestan el servicio de Ruta-100 en momentos emergentes y en momentos en que debemos de luchar por nuestras clases más desprotegidas.
Es ahí cuando nos damos cuenta que no podemos admitir que se diga que se golpea a un líder supuesto, lo cual está constado en actas que no fue en ningún momento golpeado. No hay represión; hay cumplimiento de la ley, hay acatamiento al derecho; sólo respetando la norma se respalda la armonía en la convivencia. Tenemos nosotros preocupación, preocupación porque se respeten los derechos laborales de los trabajadores; pero no a base de inestabilidad causada por oscuros intereses infiltrado de origen externo. Eso es lo que todos los mexicanos no debemos permitir y debemos estar unidos para poder nosotros decidir, definir y defender que lo que suceda en México es de los mexicanos y que no podemos permitir que intereses externos infiltrados vengan a tratar de estabilizar nuestra ciudad capital con oscuros fines; que nosotros todavía vamos a esperar que se sepa qué es lo que ellos buscan y por qué están tratando de esta manera de desestabilizar más el problema complejo al cual desde el primer momento en que se dio nos hemos abocado, porque en eso, los diputados de la fracción priísta no nos hemos mantenido al margen, como se decía aquí en esta tribuna, no nos hemos hecho a un lado.
Los diputados del Distrito Federal hemos estado desde el primer día al lado de nuestras autoridades platicando y trabajando para beneficio de los derechos laborales de los trabajadores y para el beneficio de nuestra ciudadanía.
Creo que aquí debe haber una corresponsabilidad de todas las fracciones para trabajar, pero apoyar a quienes efectivamente se merecen el trabajo y a quienes deben y necesitan de ese empleo digno para llevar a sus hogares su economía y de la misma manera también debemos todos de abocarnos por apoyar a los trabajadores de Ruta-100, a quienes efectivamente tengan el derecho y la razón les asista para que puedan ir a trabajar y a seguirse desempeñando sin hacer a un lado a sus familias.
También debemos de tener en cuenta que es la ciudadanía la que aquí sale perdiendo, debemos nosotros de ser en esto razonables, cautelosos y solicitar que sea la ciudadanía, quien más golpeada puede estar por prescindir de este transporte, quienes no deben y no se vale que nosotros estemos apoyando estos intereses para que ellos no puedan disfrutar de tener un transporte digno.
Debemos nosotros de tener y la hemos buscado y tomaremos una decisión a fondo, para buscar la eficiencia a favor de la población y también tomar una decisión de fondo para garantizar y consolidar el bienestar de los trabajadores. No nos estamos haciendo a un lado, los priístas no estamos de acuerdo con la violencia; nos pronunciamos por el respeto absoluto a los derechos laborales y la sensibilidad necesaria para orientar la solución a este problema.
Creo que lo que debemos hacer aquí es estar todos unidos para trabajar por quienes tienen derecho a vivir en esta ciudad con libertad y sin violencia. Gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada.
El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto diputado.
El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):
Para hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Compañeros diputados:
Hace 62 años en el Reichstag alemán, un trío de fascistas nazis Göering, Hess y Borman, subieron a aquella tribuna para decir algo muy semejante a lo que nos acaba de recetar la diputada priísta. Subieron a leer un texto redactado por los jefes del partido; un texto que hoy seguramente proviene de las oficinas de cómodas sillas, mullidas alfombras del regente. Se nos vino a leer la verdad oficial; se nos vino a decir que las policías del Distrito Federal, los delegados, los procuradores, son damas de la caridad, que el pueblo es el malo, el maldito.
Nos vienen, en pocas palabras, a querer decir que la ley de la gravedad ha sido abrogada; sólo que la realidad los derrota. Pero debo decir con toda responsabilidad, compañeros diputados, que por lo menos a la fracción Social Demócrata, le parece muy preocupante que hoy se esgriman aquí argumentos propios del terrorismo de estado, porque así ha empezado toda ofensiva fascista, empieza con falsos argumentos, cito textual: "oscuros intereses externos", sólo que la compañera diputada o no tuvo la información o el valor civil de decirnos qué tan oscuros son; negros, negros, grises; qué tan externos, de muy lejos diputada, de Ucrania, de Chechenia, de Australia, de Bijrkina-Faso ¿sabe adonde queda?, ¿verdad?, o Somalia, Dahomey, Kotigua, no sabe.
También nos dice que hay por ahí unos extranjeros filipinos, misioneros religiosos. Que yo sepa México sigue aceptando turistas visitantes de todas partes y si están ilegales que nos diga la señora diputada que están indocumentados y que procedan en consecuencia. Pero que no nos venga a decir la compañera priísta que no permitirán. Ese es el autoritarismo: ¡no toleraré, no permitiré! Voces priístas muy conocidas por intolerantes en esta cámara se expresan así por carecer de argumento y de sustento.
Vino a decir aquí que los líderes del SUTAUR-100 y el SUTAUR-100 mismo, son líderes y gremio malos que porque hay detrás intereses, sólo que tampoco nos dijo cuáles y no nos ha podido decir, ni ha presentado prueba alguna, y yo ayer dije que soy testigo de los allanamientos y cateos a los recintos sindicales y afirmo que los cateadores ilegales no han podido demostrar, no han podido probar ni encontrar prueba alguna que vincule financieramente a Marcos con el SUTAUR-100 y no será ningún hallazgo que digan que hay simpatía de los trabajadores de Ruta-100 por el movimiento zapatista, porque ése es el derecho de todo ciudadano: cuestión humanitaria y si no lo encontraron, si no han hallado esas pruebas tras 15 días de allanamientos, persecuciones, quiere decir que no existen y si mañana aparecen, será porque las inventaron.
El PRI, compañeros legisladores, es tan ingenioso, tan imaginativo, que cuando la oposición no existe, la inventa y cuando es real, la decapita y lo mismo hace con los sindicatos. Es, en términos de Vargas Llosa, la dictadura perfecta.
Pero hoy comienza la imperfección, porque empieza a inventar el enemigo interno, el que se opone según ellos a los objetivos del Estado...
El Presidente:
Permítame, señor diputado, atentamente se les suplica a los señores diputados, mantengan la atención al orador.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Yo les ruego, compañeros del coro, que son tan cobardes como para desde el anonimato entonar canciones, que tengan un mínimo de cordura ante un problema de seguridad nacional, porque esto es lo que está en juego.
Termino, señor Presidente. No necesito más tiempo para acallar la falta, no sólo de respeto, sino de ideas y de argumentos de ésos que en lugar de venir aquí a defender con gallardía y valor cívil sus ideas, se dedican a silbar y a abuchear, como ese señor que está ahí y que dice: "¡Tiempo!", porque no tiene otra idea en la cabeza. Está agotado su cerebro, compañero. ¡Fatiga intelectual! En el régimen Social Demócrata, tendremos un trabajo preciso para usted. Espere usted y verá.
Termino, compañeros. Se está ya asomando aquí la cola del terrorismo de Estado, del esquema autoritario de un régimen que no tolera la disidencia ni del exterior, ni del interior, como estos diputados priístas que empiezan a achacarle a todo aquel que piensa diferente, todos los males del país, males de los cuales el PRI-Gobierno es, si no el único, el principal causante. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el diálogo en el Estado de Chiapas, tiene la palabra el diputado Salvador Martínez... Perdón, para rectificar hechos, antes tiene la palabra el diputado Sebastián Lerdo de Tejada.
El diputado Sebastián Lerdo de Tejada:
Con su permiso, señor Presidente:
¿Ya empezó otra vez? ¡Ay, diputado! Bueno, muy rápido. Los asuntos a los que ha hecho referencia, tanto el diputado como la diputada, revisten de la mayor seriedad. Ciertamente son temas delicados de la ciudad capital de la nación y se debieran tratar justamente con seriedad. No, quedamos que no era irónico el diputado, no con posiciones ligeras, no con posiciones que de manera totalitaria descalifican acciones que según nos informan, se han procedido conforme a derecho.
Los acontecimientos de hoy en la mañana, que ya describía la diputada Licona y que fue más allá de los detenidos que conforme a derecho se encuentran en estos momentos en el Ministerio Público, reviste una particular importancia por los dos extranjeros, el señor Omiasiky, de origen africano, de Zaire y el señor Apolo Martín, de origen filipino; ambos extranjeros, misioneros de la iglesia Divina Pastora.
Parece ser que el diputado Sánchez Aguilar, no conforme con lo que ya comentamos ayer, parece ser que no conforme con su uso, bastante regular de esta tribuna, recurre también a las manifestaciones que se plantan frente a este recinto, a hacer uso de la palabra, arriba de un camión, a azuzar a la gente que ahí se aposta. Pero yo quisiera darles un dato adicional, según la información que tenemos.
Estos dos extranjeros, el señor Apolo Martín, de 28 años de edad, con domicilio en Cuauhtémoc 19, colonia La Pastora, de nacionalidad filipina, con una estancia en el país de dos años, con tipo de residencia FM3 y el señor Omiasikui, de 30 años de edad, con domicilio en Cuauhtémoc 119, colonia La Pastora, procedente del país de Zaire, con una estancia de 12 meses en el país, con tipo de residencia FM3, ciertamente yo creo que la opinión pública habrá de estar muy interesada en que se nos explique qué hacían estos dos hombres en este evento matutino, que ciertamente nos inquieta y que corresponderá a la instancia judicial resolver, aclarar y notificarnos a todos.
Tan malo es quien todo lo defiende sin argumentos como quien todo lo ataca y lo distorsiona. Tan malo es hablar sin información y sin poder sustentar justamente estos acontecimientos intentándolos vincular con críticas ligeras y poco sustentadas, como quien sin tener la información pretendiera defenderlo. Vamos a dejar a las instancias judiciales que actúen conforme a derecho, vamos a dejar que nos informen estas instancias judiciales precisamente en qué camino van y vamos a dejar a la autoridad del Distrito Federal el camino para resolver problemas de fondo y no conflictos coyunturales. Vamos a entrarle de fondo, como lo hemos hecho en este diálogo respetuoso con las autoridades del Departamento del Distrito Federal, para que podamos hacernos de la información en este caso tan preocupante y ojalá que no se pervierta este asunto con actitudes francamente ligeras y demagógicas, que pretenden confundir aún más y que no aclaran nada.
Vamos a tocar los asuntos de la ciudad que revisten la mayor seriedad, justamente con el más elemental sentido de seriedad en el seguimiento de estos asuntos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Sánchez Aguilar.
El diputado Sánchez Aguilar:
Señor Presidente; compañeros legisladores:
Yo confirmo mi sospecha anterior, este diputado Lerdo pierde el debate desde que viene aquí y con tono quejumbroso dice: ¡Ay!, diputado no sé que le duele y además no sé si es un: "ahí", "ahí" castizo de posición topológica o es una interjección de sufrimiento.
Desde luego el ligero y el demagogo es él, porque él no vino aquí a probar absolutamente nada, se fue por la tangente, le ordenaron venir aquí a defender al jefe, no vaya a ser que lo depongan y viene sólo a decir que hay extranjeros en la ciudad de México. En Londres hay extranjeros, yo he visto mexicanos allá, fíjense nada más; y en París, fui extranjero en esa ciudad cuatro años y el libre tránsito mundial sigue siendo permitido.
Yo creo que lo único importante que vino a decir aquí el señor diputado fue un regaño, se atrevió a regañamos a los diputados, ¡fíjense nada más por qué!, por venir a la tribuna, por hacer uso de ese derecho que está aquí y que además es una obligación. A mí me asombra cómo de 300 diputados priístas a 290 no se les ve por acá, ¡nunca!, y si no se les ve aquí menos se les va a ver afuera defendiendo la causa del pueblo..., luego viene a decirnos que hay extranjeros, yo también les quiero recordar compañeros, como decía Cicerón, Magistra vitae es la historia, la Historia del incendio del Reichstag, Hitler lo mandó quemar, ¿por qué y para qué? Para consolidar la dictadura, para echarle la culpa a los comunistas extranjeros, diputado Lerdo, dijo que habían venido desde Moscú unos predicadores, también predicadores, la ideología se predica y que se habían coludido con comunistas alemanes, piromaníacos que le pusieron, fuego al recinto, aquí también ya hubo alguna vez una cosa semejante, fue una intentona, dicen que la tercera es la vencida.
Entonces resulta que con la ligera afirmación de que hay extranjeros deambulando por la ciudad, eso implica la conjura internacional. Esa teoría de la conjura mundial, diputado Lerdo, es la misma que usó Díaz Ordaz para justificar su acción genocida contra cientos y miles de jó-venes estudiantes que fueron masacrados en las históricas jornadas de 1968 ya la Historia decretó, que eso fue un alzamiento intelectual con raíz, y origen propios, pero los régimenes fascistas suelen decir que hay inspiración del exterior. En 1968 circuló aquel famoso documento llamado La Máquina Infernal de la División Leclerc de Francia que se distribuía en todo el mundo propalando la misma teoría: los movimientos de liberación son producto de la conjura comunista y deben ser reprimidos, teoría de seguridad nacional, Foster Dulles.
Ahora vuelven a eso y ya por lo menos el PRI fracción Distrito Federal con su jefe el señor Espinoza Villarreal, está manejando las mismas tesis.
Yo creo, compañero diputado Lerdo, que mientras no se reforme esta Constitución que no nos prohibe hablar aquí ni afuera, los representantes populares estamos en la obligación de atender las demandas del pueblo, corresponder a sus llamamientos, porque quiero que sepa diputado Lerdo, que en este caso, además del interés que el de la voz pueda tener por las causas sociales y populares, el que habla no anduvo de ofrecido, fuimos invitados desde el origen y en varias ocasiones por los compañeros trabajadores agredidos, a atestiguar la ofensiva represiva que en su contra ha desencadenado el regente, y que responsabiliza al encargado del Ejecutivo.
Es propio de las regencias gobernar en el periodo infantil de los soberanos y aquí ocurre que se le considera al pueblo soberano del D.F. infante, en tanto se le reconoce su soberanía y creemos que las movilizaciones que hoy el pueblo realiza en defensa de sus intereses harán muy pronto que se rescate la soberanía para el pueblo de la ciudad de México y desde luego, finalmente para el pueblo de México entero. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Para rectificar hechos, ha pedido la palabra el diputado Joaquín Vela.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Muchas gracias, señor Presidente:
Verdaderamente es preocupante este problema que se ha venido discutiendo aquí y que yo quisiera que efectivamente lo pudiéramos discutir en serio.
Todos sabemos que las empresas paraestatales que cumplen una función social algunas de ellas, evidentemente por el tipo de función social que cumplen tienen pérdidas; ahora nos sorprende o les sorprende a las autoridades del D.F., que Ruta-100 tenga pérdidas pero ha tenido pérdidas en los últimos cinco o siete años. Es totalmente ilegal el procedimiento de quiebra en el que ha establecido el planteamiento y pretenden solucionar el problema, es totalmente incorrecto, porque con esta misma lógica pueden hacer quebrar a la Comisión Federal de Electricidad en cualquier momento, porque tienen números rojos.
Desde esta lógica en realidad el que tiene la responsabilidad de administrar los recursos del pueblo que esta cámara aprobó para ese subsidio a Ruta-100, son los administradores de Ruta-100 no son los dirigentes sindicales señores y yo no he escuchado aquí, a ningún diputado del PRI pedir que se realice la investigación de los malos manejos de los administradores de Ruta-100, a ellos señores, si realmente les preocupa que tenga una solución el problema, tenían que hacer una investigación a fondo del manejo de los recursos del pueblo que hicieron los administradores de Ruta-100. Si ellos tuvieron algún acuerdo con diligencias del sindicato, es un asunto que en principio atañe al administrador, porque él es el responsable de la administración de esos recursos y, esto señores, aquí no ha sido planteado.
Segundo, es totalmente ilegal el planteamiento de quiebra porque, repito, entonces, al rato nos van a decir que está mal la Comisión Federal de Electricidad y ahí que el pueblo se arregle, pero la Ley de Quiebra obliga a la empresa que está en quiebra a proporcionar el servicio que estaba estableciendo y, señores, actualmente de las 207 rutas que Ruta-100 cubría, solamente se están cubriendo 85; es decir, no se está cumpliendo con el estado de derecho que se dice que se viene a defender, porque no está cumpliendo con eso y el afectado es la población del Distrito Federal.
En nada ayuda tener un funcionamiento totalmente incompleto de este servicio para la población, porque a todo mundo le queda perfectamente claro que una familia que gastaba 2 ó 3 pesos en el transporte del conjunto de su familia ahora tiene que pagar 15 o más nuevos pesos, que es una parte bastante significativa de su salario.
Por ello señores, si realmente queremos buscar solución al problema, entremos con los administradores, pidamos que les hagan un verdadero análisis del manejo que hicieron y que si son culpables sean encarcelados, porque ellos son los verdaderos responsables y lo del sindicato, señores, independientemente..., si existen elementos, que se analice, pero no debemos permitir como diputados ninguna afectación a los intereses de los trabajadores, señores.
Y si los trabajadores se manifiestan, están en pleno derecho, porque los están afectando, los están afectando y tienen en todas las manifestaciones que hagan tienen el pleno derecho de hacerlo y nuestra obligación es apoyarlos para que ellos efectivamente puedan restituir sus condiciones laborales mínimas establecidas en su contrato colectivo.
Por ello, concluyo, señalando que debemos pensar seriamente, pedir el análisis y las responsabilidades de todos los administradores de Ruta-100 y no de los trabajadores, porque si no estamos desviando la atención y decimos oscuros intereses ¿cuáles? Oscuros intereses yo entiendo que los trabajadores tienen un interés de conseguir su salario, su estabilidad en su empleo y eso no son oscuros interés de ninguna manera.
Cualquier trabajador en este país y en cualquier país del mundo, tiene todo el derecho de buscar las mejores condiciones laborales y en principio su empleo, por ello, como Partido del Trabajo nosotros apoyamos a los trabajadores de Ruta-100 y pedimos que se haga la investigación y se enjuicie a los responsables que han sido los administradores que han manejado los recursos de la nación y que seguramente muchos de ellos al hacer la investigación no van a salir bien librados. Muchas gracias.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente:
Para hacer comentarios en torno al diálogo en el Estado de Chiapas, tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, hasta por 15 minutos.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Roca:
Pasado el 9 de febrero con los acontecimientos que todos conocemos, don Víctor Flores Olea señalaba en un artículo en el periódico La Jornada, "incapacidad y estupidez", entonces resulta que hoy sí el subcomandante Marcos es un delincuente del orden común, porque se encuentran a sus partidarios dos risibles arsenales cuando el mundo entero conoce sus miles de hombres armados en la selva.
Dónde está..., decía Flores Olea, el cambio cualitativo de la situación que lo convierte en un perseguido de la justicia cuando hace apenas unas cuantas semanas se nombra una comisión de la cámara para tratar con él, cuando se reconoce una comisión de intermediación, cuando se entrevista con él el Secretario de Gobernación, cuando el propio Presidente de la República como candidato a la presidencia y como eventual Presidente le envía cartas conciliatorias.
Al mismo respecto por esas fechas, decía don Carlos Fuentes: "Y en qué momento se convirtieron los representantes zapatistas, de dirigentes dignos de sentarse a negociar, en delincuentes dignos de ser exterminados por el Gobierno, si son ciertos los informes de ejecuciones sumarias en Chiapas, las declaraciones de tortura de mujeres zapatistas, a las que las confesiones les fueron arrancadas con amenaza y toques eléctricos".
Y en un artículo, El Financiero, miércoles 12 de abril de 1995, se señala que a los encarcelados se les hicieron los siguientes procedimientos legales: "tehuacán por la nariz, inmersión en agua hasta casi el ahogamiento, desnudar dentro de una cobija mojada, toques eléctricos en genitales, música a todo volumen para evitar el sueño, bolsa de plástico en la cabeza, cordel apretado al cuello a punto de estrangulamiento, repetidos golpes con una tabla en los glúteos, esposas o cuerdas muy apretadas hasta sangrar las muñecas, culatazos, cachazos, golpes con las dos palmas en el oído, puntapiés, sus pensión de brazos y piernas en el aire con un peso encima, traslado en piso de vehículos con bultos o personas encima, arrastre en el suelo por los cabellos o de las esposas, simulacros de ejecución y amenazas de muerte a familiares, escuchar la tortura contra otros compañeros en celda.
Por estas razones, compañeros diputados, por estas razones y por otras más que por el tiempo no puedo decir, pero que todos las conocemos, se discutió en esta cámara una Ley General para la Concordia, el Diálogo y la Paz, ojo, la Paz digna en Chiapas.
En el mismo momento en que se aprobó esa ley, nosotros nos preguntábamos ¿cómo se puede aprobar una ley siguiendo a Carlos Fuentes, siguiendo a Víctor Flores Olea, una ley general, en donde en ningún artículo se tipifica al EZLN como delincuente, cuando al mismo tiempo se tiene en el Reclusorio Norte, en Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez, a individuos, a ciudadanos acusados de zapatistas? ¿Dónde está la congruencia.
Ante esta situación, propusimos una Ley de amnistía anticipada para liberar a los presos y que el diálogo no fuera como dice Fucó, Michel Fucó define el diálogo como la condición que el vencedor le impone al vencido, primero te rompo la crisma y luego dialogamos.
Queríamos un diálogo para una paz digna, propusimos la ley de amnistía anticipada.
Leo las palabras de un diputado que minutos después de que a nombre del PRD presenté la ley de amnistía, señaló un respetado diputado: "Con su permiso, señor Presidente, seré breve; compañeras y compañeros diputados:
Un país no puede vivir en la zozobra, pero tampoco con sus hijos en las cárceles, sobre todo aquellos que luchan por ideas políticas.
Podemos no estar de acuerdo con los métodos de lucha de diferentes organizaciones políticas, pero jamás estaremos de acuerdo en encarcelar a los que luchan por ideas y principios.
Las ideas, decía este diputado, son la libertad y el alma de México, las ideas son uno de los patrimonios más poderosos del pueblo mexicano. Por eso, a nombre de la fracción priísta, quiero dejar constancia de nuestra simpatía a la iniciativa de amnistía parcial para los dirigentes y luchadores sociales que actualmente se encuentran en prisión, por lo que solicitamos se le dé a dicha iniciativa el trámite de ley, en las comisiones correspondiente".
Esta actitud de los priístas, decía Jaime Martínez Veloz, nace de sus propias convicciones, del profundo respeto que tenemos a nuestros principios y a los de los demás; esta posición expresa la sensibilidad de millones de priístas, que luchan, al igual que miembros de otros partidos, por ensanchar los caminos de la libertad y de la dignidad en Chiapas y en el país.
Pasó un mes y un día y las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia no se reunían.
Por tal razón, el 10 de abril, presenté y leí en esta cámara, en esta cámara, un punto único en donde se exhorta a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia, para que dictaminara a la brevedad posible el proyecto de ley de amnistía anticipada para la liberación de los presos políticos, acusados de acciones relacionadas con el EZLN, misma que fue presentada y apoyada por todas las fracciones parlamentarias, el pasado 9 de marzo de 1995. Por el PT, diputado Oscar González Yáñez, por el PRD, diputado Salvador Martínez Della Rocca, por el PAN, diputado Pérez Noriega y por el PRI, diputado Dionisio Pérez Jácome.
Me pregunto, compañeros diputados, porque ahorita se está discutiendo con qué artimaña política se dice hoy que el proyecto que presentamos el 9 de marzo de 1995, ahora resulta que es contradictorio con la ley general que aquí mismo aprobamos.
Hoy, compañeros diputados, quiero informales a los compañeros del PRI, les quiero informar que hoy se dice por boca de alguno de sus dirigentes compañeros del PRI, hoy se dice, que lo que Martínez Veloz dijo aquí no es la opinión de toda la fracción, pero resulta que no sólo lo dijo Martínez Veloz, lo firmó el punto de acuerdo Dionisio Pérez Jácome.
Hasta antier se reunió la famosa Comisión de Justicia y Gobernación y no hubo quorum y anoche tampoco hubo quorum y ahorita están reunidos. Les pregunto una cosa amablemente compañeros, amablemente ¿Vale su palabra empeñada en esta tribuna? ¿Amablemente vale su firma estampada en puntos de acuerdo? ¿Valdrá su palabra, su firma en los acuerdos de paz, cuando se nos ha propuesto en esta tribuna alianzas con nosotros? ¿Cómo se pueden hacer alianzas cuando no sólo se viola la palabra que se viene a plantear aquí, sino que no les importa la firma que dejan estampada algunos de sus dirigentes en puntos de acuerdo de esta cámara?
¿Será señores del PRI, ustedes dijeron en boca del compañero diputado Dionisio Pérez Jácome, en la comisión de concertación y Puntos Constitucionales que una vez que se sienten a negociar le damos salida a la iniciativa y la iniciativa no sólo no se le va a querer dar salida, sino que hoy se pretende que esa iniciativa es contradictoria con la ley general y que por lo tanto, esta iniciativa debe ser desechada.
Hoy compañeros diputados, se suspendieron las pláticas en Chiapas. Creo que debemos exigir, como parlamentarios serios, como gente representante de la opinión nacional, debemos exigir: uno, que se apruebe de inmediato la ley de amnistía anticipada que presentamos aquí y que fue apoyada por todos ustedes y que tengo las pruebas, los documentos, en donde hubo un compromiso político y que debemos aprobar esa ley, como decía en el punto de acuerdo, para pavimentar el camino hacia el diálogo, para participar en el proceso de distensión en Chiapas. Eso es lo que tenemos que hacer.
La primera exigencia que hago a esta cámara pues, es que se apruebe la ley que aquí nos comprometimos a sacar adelante. La segunda exigencia compañeros, debemos desde el Congreso, porque ese diálogo en Chiapas está siendo gracias a una ley que emanó de este Congreso, que fue aprobada en este Congreso, debemos exigir que el diálogo se reanude inmediatamente, que no debe haber pretextos secundarios bajo concepto alguno, para suspender el diálogo en Chiapas.
¿Cuáles son los argumentos que se nos están dando por parte de algunos miembros representantes del Gobierno y encargados del proceso de diálogo en Chiapas? Que llegaron 10 mil indígenas, que los 10 mil indígenas no están permitiendo que se haga el diálogo.
Compañeros, ¿qué mejor condición para tener un diálogo, qué mejor garantía, qué más seguridad se puede tener para establecer un diálogo, llevar a cabo un diálogo, rodeado, compañeros, de puros compatriotas? ¿Cómo se utiliza esto, como si 10 mil indígenas fueran una amenaza para el diálogo.
Yo pido, compañeros diputados, amablemente a esta cámara, exhorto:
1o. A que se apruebe la ley de amnistía de inmediato para sacar a los presos y decirle al EZLN: hay voluntad política en hechos.
2o. Que como esa ley, con base en la cual se está desarrollando el diálogo, emanó de esta cámara, que inmediatamente esta cámara apruebe mandar un comunicado para exigirles a todas las partes que se sienten a dialogar y a los compatriotas que están alrededor del lugar del diálogo, que se hable con ellos, que se les reubique, que se les invite, pero que el diálogo, compañeros, no se puede suspender bajo pretexto alguno, porque el interés de la nación es primero.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
ESTAD0 DE VERACRUZ
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre las elecciones extraordinarias federales en Veracruz, tiene la palabra la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados:
Como es del conocimiento de todos ustedes, el domingo 30 de abril venidero, se realizarán las elecciones federales extraordinarias para elegir diputados a esta cámara, en los distritos electorales federales IV de Puebla y XXII de Veracruz, respectivamente, en donde fueron anuladas las elecciones federales ordinarias, celebradas el pasado 21 de agosto.
En esta ocasión me referiré particularmente a la elección que se celebrará en el distrito XXII del Estado de Veracruz, que tiene como cabecera distrital al municipio de San Andrés Tuxtla y que comprende además los municipios de Lerdo de Tejada. Tlacotalpan, Santiago Tuxtla, José Azueta, Angel R. Cabada y Saltabarranca, donde persisten actitudes y conductas que no contribuyen en nada a la tan anhelada transparencia electoral que requiere nuestra nación.
Lo anterior queda demostrado con los siguientes hechos:
1o. El día 17 de abril del presente año, se celebró en el salón de fiestas Corona, del municipio de Lerdo de Tejada, un desayuno organizado por el presidente municipal Eduardo García Delgado y el oficial mayor del ayuntamiento, Juan Carbajal y de la segunda regidora, Eli del Carmen Herrera Díaz, en honor del candidato a diputado del Partido Revolucionario Institucional, Gastón Rodríguez Fariña, quienes promovieron durante el evento entre los comensales la candidatura de dicho aspirante priísta.
2o. En la congregación de San Isidro, Texcaltitlán, municipio de San Andrés Tuxtla, la ciudadana Guadalupe Fontes, presidenta del DIF municipal y esposa del edil Enrique Huber Fonseca, en unión del director del DIF del mismo municipio, licenciado Roberto Virgen Riveroll, están solicitando las credenciales de elector con fotografía a los ciudadanos que realizan el trámite de registro y obtención de sus actas de nacimiento.
Es preciso informar aquí que en estos municipios, como en algunos otros del Estado de Veracruz, muchos de los hoy ciudadanos, no fueron registrados legalmente por sus padres ante el propio Registro Civil, por lo que existe un programa para que obtengan su acta de nacimiento expedida por dicho organismo, labor que se realiza por medio del DIF, deteniéndoles sin ninguna causa o motivo legal alguno dicha identificación electoral, aduciendo que les será entregada el propio día 30 de abril a las 10 de la mañana, precisamente el día de la jornada, lo que igualmente se presenta en aquellas congregaciones donde el gobierno ha detectado una fuerte presencia perredista.
3o. En la congregación de Ranchoapan, municipio también de San Andrés Tuxtla, hemos detectado la participación de servidores públicos, adscritos al ayuntamiento que realizan acciones pendientes a promover el voto en horas de trabajo y en favor del candidato priísta a la diputación federal del distrito XXII.
4o. Por otro lado y esto nos parece sumamente grave, se ha estado distribuyendo masivamente en los municipios que conforman dicho distrito electoral federal, una denuncia apócrifa con el sello y firma de supuestas autoridades judiciales, en donde se trata de vincular a nuestro candidato, doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, con actos delictuosos, con la finalidad perversa y baja de nivel político de quienes tratan de desprestigiarlo ante la ciudadanía.
Señoras y señores, todo lo anteriormente expresado y otros elementos más que hoy no me correspondería abordar, nos preocupa seriamente, porque en los hechos ya mencionados, existe la concurrencia de conductas tipificadas en la legislación penal, como delitos electores, pues se están realizando con la participación de funcionarios públicos que, entre otras cosas, incurren en lo siguiente:
El abuso de sus funciones obligando a sus subordinados a promover al candidato del partido oficial, incurriendo presumiblemente en el desvío de fondos que tenía a su disposición en virtud de su propio cargo, tales como vehículos, inmuebles, equipos y demás.
Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio en favor del Partido Revolucionario Institucional, tal y como lo establece el artículo 407 fracciones II y III del Código Penal Federal vigente.
Por lo que nuestro partido interpondrá, en tiempo y en forma, las denuncias penales correspondientes, con la finalidad de que se investigue a fondo y de acuerdo con el proceso a seguir, se deslinden responsabilidades. Esperamos que en esta ocasión la Fiscalía Especial de Delitos Electorales actúe apegada estrictamente conforme a derecho y cite en su momento a los ciudadanos mencionados en esta intervención.
Me parece importante también destacar que el nivel de competencia política en pos de la diputación federal, que demuestra el candidato priísta y quienes acuden a apoyarlo, como recientemente lo hiciera el diputado Guillermo Zúñiga Martínez, no garantizará el triunfo que pretenden, pues se han empeñado en sostener o alentar campañas de desprestigio en contra de nuestro candidato, quien dicho sea de paso, goza por su esfuerzo personal y profesional, de un gran prestigio en la región y que no puede, ni podrá ser borrado por actitudes que por su raquítico soporte caen por su propio peso.
Finalmente, invitamos a la reflexión a los diputados priístas y en su conjunto al Poder Legislativo, sobre la importancia de no permitir que se violente una vez más el proceso electoral en el distrito XXII.
En su oportunidad la ciudadanía y mi partido lograron acreditar que el fraude y la violencia no constituyen el camino para transitar a un orden distinto. Por eso vamos a participar en estricto apego a derecho en los comicios extraordinarios.
Recordemos que a finales del año pasado, también en el proceso local, en Veracruz, el gobierno de Patricio Chirinos, violentó el proceso para elegir presidentes municipales en la cabecera del distrito que nos ocupa. El PRD no necesita ni requiere la violencia, el PRD quiere transparencia en el proceso electoral extraordinario y reafirma públicamente en esta instancia, su compromiso de respetar el triunfo de quienes legalmente, además legítimamente resulten triunfadores.
La condición, es el respeto al derecho ciudadano, de elegir a quien lo representará como integrante de este Poder Legislativo. Para nosotros, no hay otro camino.
El Presidente:
Gracias, diputada. Para rectificar hechos, la diputada Zaida Lladó Castillo.
La diputada Zaida Alicia Lladó Castillo:
Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas y diputados:
Efectivamente el próximo 30 de abril habrá elecciones extraordinarias en los distritos IV de Puebla y XXII en Veracruz con cabecera en San Andrés.
Los organismos electorales han realizado acciones muy importantes para garantizar la claridad de los comicios y para evitar conflictos pre y pos electorales. Se ha incluido la fotografía del elector en la lista nominal; se espera el trabajo muy comprometido, muy serio de los consejeros ciudadanos; se utilizará un sobre cerrado y foliado para guardar el voto. Todo esto orientado para ofrecer una contienda de calidad que exige calidad también de parte de todos los contendientes.
Partidos políticos, instancias electorales y electores estamos haciendo el mayor esfuerzo. para garantizar una contienda digna de los ciudadanos poblanos y veracruzanos.
En el proceso electoral del 30 de abril todos los partidos políticos y, lo repito, hemos construido mediante el consenso los mecanismos que ofrezcan las condiciones propicias para que la jornada transcurra en paz, tranquilidad y estricto apego a la ley. Por eso mi partido, el PRI, igualmente desde esta tribuna reitera su compromiso y exhorta a todos los participantes de todos los partidos para mantener este ánimo de respeto y armonía y exhortamos también a que cualquier acto que pretenda enturbiar estas condiciones sean denunciadas y sustanciadas ante las instancias correspondientes Finalmente yo me quiero permitir y quiero mencionar que no debemos de aceptar que hechos aislados manchen este proceso, que todo este esfuerzo no se vaya por la borda. Si permanece este ánimo constructivo habremos de estar satisfechos al final, de todos quienes contribuyamos al mismo.
Yo quiero hacer referencia de algunos comentarios que hace la diputada Rosa María Cabrera. Por una parte, el desayuno al cual hizo referencia fue organizado y convocado por la Unión Nacional de Productores de Azúcar, CNC en apoyo a la campaña de nuestro candidato, situación que es válida totalmente, porque también ustedes están haciendo actos de proselitismo en favor del propio.
La promoción del voto desde luego. compañera, el partido en Veracruz cuenta con una estructura muy fuerte, sólida y afortunadamente segura y estamos realizando todas las acciones para poder nosotros alcanzar el triunfo y el resultado desde luego que nosotros deseamos, que es el triunfo en esta contienda.
Asimismo tengo en mi poder también, y aquí está el panfleto que su propio partido o no sé quién lo haya sacado, pero lo tengo para quien lo desee leer, no lo voy a leer aquí, pero sí lo firma la corriente democratizadora del PRD, en Los Tuxtlas. No sé si exista o no exista, porque además no es problema de mi partido el tratar de aclararlo o descubrirlo.
Por último, compañeros, el triunfo o la derrota dependerá pues de la capacidad, de la inteligencia de los candidatos y partidos para convencer a los electores de que voten por la opción que ellos consideren que es la mejor. De verdad lo deseo: que gane el mejor; por nuestra parte, los priístas nos preparamos para ganar en las urnas limpiamente y con apego a la ley, como ya lo hicimos el 21 de agosto. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada.
ESTADO DE CHIAPAS (IL)
El Presidente:
Para hacer una proposición y por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Rosario Robles Berlanga.
La diputada María del Rosario Robles Berlanga:
La posibilidad de la paz que hasta hace apenas unas cuantas horas veíamos con esperanza la mayoría de los mexicanos, está a punto de ingresar por una ruta incierta y poco favorable.
La representación gubernamental ha aducido para suspender el diálogo en Chiapas, que los acuerdos firmados en San Miguel están siendo violentados por la movilización pacifica de miles de indígenas que han acudido al lugar a expresar su apoyo a una solución digna.
Nuevamente se esgrimen argumentos similares a los que se han manejado a lo largo de la historia en relación a las rebeliones indígenas. Hoy también se habla de manipulación y acarreo en una visión extremadamente racista que le niega a los indios la capacidad de decidir y de pensar por sí mismos.
Se olvida una vez más que la pobreza, la marginación y la exclusión han sido parteras de las rebeliones indígenas a lo largo de la historia y se pretende maniqueamente a través de los medios masivos de comunicación, orquestar una ofensiva que legitime la cancelación del diálogo, la exclusión de la Conai y tal vez la tan acariciada acusada ambición del Procurador de la República, de exhibir tras las rejas como un trofeo, no a Carlos Salinas de Gortari, como esperaríamos todos los mexicanos, sino a don Samuel Ruiz.
Esta situación debería de preocuparnos extremadamente a nosotros los legisladores. No podemos aceptar que en la televisión y la radio particularmente en el noticiero Hechos del Canal 13 y en el de 24 Horas del Canal 2, se pretenda manipular a la opinión pública y desprestigiar la labor importante de la Conai y sobre todo, obstaculizar el tan ambiciado diálogo.
Para muestra basta un botón, el día de hoy en Radio Fórmula, en un programa en el que habitualmente participa Jesús González Schmall, le fue condicionada su intervención sólo si aceptaba acusar a don Samuel Ruiz de propiciar la movilización en Larráinzar. Obviamente se negó; obviamente no habló. Igualmente preocupantes fueron los señalamientos hechos en la televisión privada, las pruebas de la manipulación fueron unas armas muy poderosas llamadas walkie talkies que portaban algunos de los participantes en la movilización, lo que de facto, según la visión occidental de estos comunicadores, significa que no se trataba de indios, porque sólo los blancos, los güeritos, sabemos usar los walkie talkies y tenemos acceso a la tecnología, seguramente pensaban estos comunicadores.
Otro argumento es el del temor y la desconfianza y esto también es inaceptable. ¿Se puede temer a los zapatistas, si desde el 12 de enero no han disparado ni una sola bala? ¿Se les puede temer si tuvieron por más de un mes en sus manos a Absalón Castellanos, acusado él sí de violencia, despojo y asesinato y respetaron su vida? ¿Se puede desconfiar cuando negociaron públicamente con Camacho en San Cristóbal y en la selva con el mismo regente, con Esteban Moctezuma, con Mario Luis Fuentes y todos gozan de cabal salud? ¿Se puede acusar a los zapatistas de las movilizaciones en San Andrés, cuando todos sabemos que están arrinconados en la selva por la acción militar del 9 de febrero.
No, compañeros; los mexicanos hemos visto que la violencia no ha venido precisamente de la selva, y nosotros no podemos aceptar que el objetivo superior, que es el de la paz, se vea empañado; no se puede utilizar el pretexto de la movilización pacífica para suspender un diálogo, un diálogo que exigimos todos los mexicanos.
Nos corresponde a nosotros hacer un llamado para que no se imponga la miopía y la cerrazón de los sectores más duros que han hecho todo lo posible para llevarnos por el camino de la guerra. Y porque queremos la paz, una paz justa y digna, consideramos sumamente importante que esta Cámara de Diputados haga un llamado a las dos partes para que, como ellos mismos firmaron, se aclaren las diferencias mediante consultas previas, y cito aquí el artículo 4o. del protocolo del dialogo: "Que superen los incidentes que pueden interrumpir u obstaculizar el diálogo..." y cito el artículo 5o.: "Pero que sobre todo, se dé la continuidad del diálogo y la negociación, por encima de cualquier otra consideración, evento, incidente o desavenencia".
Esta honorable Cámara de Diputados, y hago esta propuesta, debe hacer un llamado urgente a las partes y a nuestros representantes en la Comisión de Concordia y Pacificación, para que de manera inmediata se inicie el diálogo con el objetivo de llegar a una paz justa y digna. Ese debe ser nuestro llamado, el llamado de nosotros los legisladores que a través de nuestra participación hemos expresado nuestra voluntad de expresar un consenso respetando la diversidad y la diferencia, pero que sobre todo, estamos convencidos de que a la pobreza, a la humillación y a la exclusión no se les puede combatir con la guerra. Gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada.
Ha solicitado el uso de la voz, para rectificar hechos, el diputado Tito Rubín.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Con su permiso, señor Presidente: compañeras y compañeros diputados:
Hemos estado sumamente preocupados los chiapanecos que vivimos en Chiapas, que tenemos a nuestras familias en Chiapas y vemos los escenarios que día a día se van planteando para que la paz se nos regatee. Un año, tres meses, 21 días de espera.
Si a alguien le duele lo que está sucediendo en nuestras tierras, es a nosotros, como lo hemos pronunciado aquí, como hemos reclamado aquí al pacto federal, la atención a nuestro estado; el reparto equitativo de nuestra riqueza, esa riqueza que la compartimos con todos ustedes, con todos los estados de la República. La hemos reclamado permanentemente y hemos exigido un nuevo pacto federal con la Federación, pero no podemos pasar desapercibidos los días de la guerra, los días difíciles; estos días de angustia, estos días de aflicción en cada uno de los hogares de los 3 millones 200 mil chiapanecos que vivimos allá.
Por supuesto que estamos de acuerdo con Salvador; que estamos de acuerdo con Rosario, que se sienten a platicar las partes. Pero no los que estén alrededor de las partes, se quieran llevar la tajada de león. Aquí no hay tajada, aquí hay la paz y la dignidad de los chiapanecos. A eso vengo a esta tribuna, a decirle al pueblo de México, a decirles a mis paisanos, a los chiapanecos que en estas horas de aflicción están pidiéndole en quien creen, que retorne el diálogo para que llegue la paz digna y con justicia para los chiapanecos.
Y hemos dicho aquí, y lo reitero en esta tarde, ¡fuera manos de chiapanecólogos!, ¡aquellos que se quieren atribuir el derecho de decidir por quienes y con quienes nunca han vivido ni saben ni sienten el dolor de todos los chiapanecos! ¡Bienvenido sea en el seno de esta cámara un punto de acuerdo para que las partes se sienten a dialogar y como decía Salvador, para que esos grupos de campesinos, esos miles de campesinos, 4 ó 5 mil campesinos sean reubicados, para que estén observando dentro de la prudencia y dentro de un espíritu propositivo, objetivo, claro y definido, esperando los puntos de solución que iban a ver en estos días, ayer y hoy, sobre la distensión de la zona y la agenda de trabajo!
¡Claro que si, que venga la paz, que venga la paz pero de los chiapanecos! Gracias.
El Presidente:
Señor diputado, quieren hacerle una pregunta, ¿acepta usted.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Sí.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul):
Una pregunta muy breve, diputado. Me faltó nada más hacer un comentario sobre una propuesta. ¿Está usted de acuerdo en que salgan los presos.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Yo estoy hablando... Yo ya agoté mi tema.
El Presidente:
Ha pedido la palabra para rectificar hechos, el diputado Martín Longoria, del PRD, por cinco minutos.
El diputado Martín Gerardo Longoria Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Las palabras del compañero diputado Tito Rubín nos hacen pensar que si todo fuera tan sencillo como pensar que el problema desatado en Chiapas desde el año pasado es un problema de resolución exclusiva de los chiapanecos, pues la obvia resolución debiera ser que debiera sacar sus manos de ahí Gobernación, debiera de salir el Ejército federal y hubiera de entrar el Senado a tratar de dar solución a una cuestión que hoy por hoy es un problema nacional. Es un problema nacional y lo está mostrando la cerrazón que el día de hoy está mostrando un Gobierno que es federal y que tiene la obligación de responder a la situación que se vive en el propio Estado de Chiapas.
Desde los acontecimientos del 9 de febrero hay una visión, una opinión que a través del uso abusivo de los medios de comunicación está buscando generar una corriente de interpretación distorsionada y dolosa de lo que está pasado en el Estado de Chiapas. Según esta versión el fenómeno zapatista va a terminar cuando se pueda aislar a la dirección no indígena, ahora se dice a los no chiapanecos, de la base tzeltal, tzotzil, tojolabal, chol y mestiza del Ejército Zapatista.
Para ellos la solución era muy sencilla: habría que detener a unos cuantos delincuentes, habría que denunciar la manipulación de las fuerzas extrañas, las fuerzas externas, entre las que se incluyen la diócesis de San Cristóbal.
Pero reflexionemos. La presencia de miles de campesinos en San Miguel Ocosingo, en donde se tomaron los acuerdos a los que acaba de aludir textualmente la diputada Rosario Robles, y de miles en San Andrés Larráinzar, nos está recordando a todos nosotros y a la nación, que el fenómeno zapatista tiene que ver con un reclamo secular de los pueblos indios, de verdadera justicia; ellos, empobrecidos al máximo, pero con la evidente voluntad de estar presentes en donde se discute una parte de su destino, con las libertades restringidas pero ejerciéndolas, a través de una muestra de su voluntad.
El comunicado de la Secretaría de Gobernación el día de hoy a la 1:00 de la tarde, en el que se dice que no se están cumpliendo cabalmente los acuerdos de San Miguel, no está diciendo algo correcto, no es cierto y cuando se dice que se fijen, que se reiteren los contingentes supuestamente organizados por el EZLN y la Conai y que por lo tanto se retiren a San Cristóbal de las Casas para dar el tiempo y en los hechos suspendiendo el diálogo, desde nuestro punto de vista puede ser un gravísimo error político, no sólo porque se está sumando a la campaña de acusaciones sin comprobar en los medios de comunicación y en los círculos oficiales, sino porque además se está empezando a evidenciar una voluntad cerrada al diálogo y a la solución.
Sentarse a hablar, a dialogar, exige demostrar que se quiere y se pueden superar las condiciones presentes, como lo es la presencia de decenas de miles de efectivos del Ejército federal, y como lo es la existencia de miles de campesinos indígenas interesados en lo que ahí se está discutiendo. Significa reconocer la existencia de una voluntad cívica, pacífica, demandante de una salida democrática que de ninguna manera puede confundirse y hacerlo, muestra dolo y mala fe con el EZLN y la Conai.
Si se investigan las cosas tendrá que conocerse la verdad, se tendrá que reconocer la dimensión y la calidad de los acontecimientos en curso, la actitud reticente a escuchar los reclamos sociales, la actitud de rechazar como si fuera una ofensa la presencia ciudadana, de llamar manipulados y buscar manipuladores en quienes acuden por su voluntad a hacerse presentes en San Andrés, nos hace pensar solamente en prejuicios y en pretextos.
Es una obligación de nosotros, Cámara de Diputados, que emitimos una ley para la concordia y la pacificación, velar de que esa ley tenga buen término. Tendrá que saberse si hay o no violentación de los acuerdos de San Miguel, por lo menos nosotros creemos que no lo hay, tendrán que aclararse las acusaciones que se hacen contra la Conai y en su caso se tendrá que reconocer y rectificar las falsas acusaciones contra Raymundo Sánchez Barraza, Gonzalo Ituarte y Miguel Alvarez, que se han esta- do planteando en los medios de comunicación, pero nada se puede anteponer al mandato legal.
Por estos hechos, por los argumentos que he dicho, solicito de manera formal a la Presidencia de esta cámara, que se actúe conforme al Reglamento de Gobierno del Congreso, toda vez que esto que está discutiéndose y que ha planteado la compañera Rosario Robles, es de urgente y obvia resolución.
Tenemos que hacer un llamado, creo que en eso hemos coincidido con lo que ha planteado el compañero diputado Tito Rubín, quizá por distintas razones, pero lo que importa es la urgencia de lo que es clamor nacional y que se expresó en la ley, es, el diálogo no puede suspenderse por incidentes o por situaciones secundarias, lo principal es el diálogo, lo principal es la paz. Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que en relación a las últimas intervenciones, se ha recibido por escrito el punto de acuerdo presentado por la diputada Virginia Betanzos Moreno, para la investigación de los hechos laborales sucedidos en Quintana Roo y la violación a su fuero constitucional.
Entonces se instruye que este asunto pase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social con la especial encomienda de que se vigile y se investigue la violación al fuero constitucional de la diputada, en virtud de que es una obligación de esta Presidencia y un mandato del artículo 61 constitucional.
Respecto a la petición de la diputada Rosario Robles Berlanga una vez que se ha presentado por escrito, con todo gusto se turnará a la Comisión de Concordia y Pacificación, de acuerdo al Reglamento.
En virtud de que se está recibiendo por escrito, se le va a dar el trámite que se acordó. En este caso tendríamos que pedirle a la Secretaría que consulte a la Asamblea si considera que es de obvia e inmediata resolución este asunto y por otro lado diría yo que no está ni firmado este escrito, por lo que pediría yo la formalidad simplemente para darle trámite, ¿Verdad?..
Es claro el artículo 58 del Reglamento, en donde dice que debe venir por escrito y firmado por sus autores; simple y sencillamente estamos tratando de que no haya ninguna violación al Reglamento.
Si los diputados firman el escrito así como está, yo sometería a la consideración de la Asamblea, en términos del artículo 59 del Reglamento, si se considera que es de obvia e inmediata resolución, se requiere las dos terceras partes de los individuos de esta cámara para considerarlo así.
Entonces, proceda la Secretaría por favor a consultar a la Asamblea si considera de obvia resolución este asunto.
El Secretario Manuel de Jesús Espino Barrientos:
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si considera que es de obvia y urgente resolución el asunto que está discutiéndose en este momento.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se rechaza la propuesta.
El Presidente:
Sí, no es de urgente y obvia resolución, pero le vamos a dar el trámite a la comisión, diputada. Agote los asuntos en cartera la Secretaría, por favor.
ORDEN DEL DIA
El Secretario Manuel de Jesús Espino Barrientos:
Se va a dar lectura al orden día para el próximo lunes 24 de abril de 1995.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.
24 de abril de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la I Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Hidalgo.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Ley de Aviación Civil.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente: (a las 17:38 horas)
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el lunes 24 a las 10:00 horas.
| Bancen | SNC Banco del Centro, Sociedad Nacional de Crédito |
| Banorie | Banco del Oriente |
| CNB | Comisión Nacional Bancaria |
| CNC | Confederación Nacional Campesina |
| Conai | Comisión Nacional de Intermediación |
| Cremi | Crédito Minero |
| CROC | Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos |
| D.F. | Distrito Federal |
| DIF | Desarrollo Integral de la Familia |
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| Inverlat | Inversiones Latinoamericanas |
| IVA | Impuesto al valor ágregado |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PIB | Producto interno bruto |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Probursa | Promoción Bursátil |
| Procapte | Programa de Capitalización Temporal |
| PT | Partido del Trabajo |
| Secodam | Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo |
| Serfin | Servicios Financieros Integrados |
| SHCP | Secretaria de Hacienda y Crédito Público |
| Udis | Unidades de Inversión |