Presidencia del diputado
Alejandro González Alcocer

ASISTENCIA

El Presidente:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia

El secretario Fernando Jesús Flores Gómez González:

Señor Presidente, hay una asistencia de 270 diputados. Hay quorum legal.

El Presidente (a las 11:55 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Fernando Jesús Flores Gómez González:

Se va a dar lectura a la orden del día de la sesión.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVI Legislatura.

28 de abril de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo.

Que adiciona la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.

De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Elección de miembros de la Comisión Permanente.

Designación de comisiones reglamentarias.

Proposición a cargo del diputado Rodolfo Elizondo Torres, respecto al trato preferencial en zona fronteriza.

Proposición del diputado Eugenio Ortiz Walls, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Comité de Biblioteca e Informática.

Intervención de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Solicitud del diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Solicitud del diputado Eduardo Arias Aparicio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se excite a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Comentarios sobre la movilización obrera, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado
Florentino Castro López

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos del jueves veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de trescientos diez diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.

Una comunicación del Congreso del Estado de Oaxaca, con el que se informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Se da lectura a una minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

También se da primera lectura a un dictamen de la misma comisión, con proyecto de Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

En virtud de que el dictamen de la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo veintisiete constitucional, en el ramo del petróleo, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.

Para presentar una moción suspensiva, hace uso de la palabra el diputado Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que la votación de esta solicitud se realice nominalmente.

En contra de la moción, el diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaría recoge la votación nominal solicitada, misma que resulta desaprobatoria por cuarenta y cinco votos en pro y trescientos catorce en contra. Se desecha la moción suspensiva.

Hace uso de la palabra el diputado Servando Andrés Díaz Suárez, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la comisión dictaminadora, fundamenta el dictamen.

Para hacer precisiones, en su calidad de presidente de la Comisión de Energéticos, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática y, para presentar el voto particular de ese grupo parlamentario, el diputado Raúl Gonzalo Castellanos Hernández.

A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados: César Humberto González Magallón, del Partido del Trabajo, en contra; Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Carlos Alfonso Nuño Luna, del Partido Acción Nacional, en pro; Luis Sánchez Aguilar, en contra; Oscar Cantón Zetina, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta a una interpelación del diputado Díaz y Pérez Duarte; Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; José Jesús Durán Ruiz, del Partido Acción Nacional, en pro; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Jaime Jesús Arceo Castro, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta a una interpelación del diputado Escobar Toledo; Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y, en el mismo sentido, el diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional.

Culminan el debate los diputados: Everardo Martínez Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Luis Priego Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Para rectificar hechos, pasan a la tribuna las diputadas del Partido de la Revolución Democrática: Carlota Angela Rosa Botey y Estape y Marta Alvarado Castañón.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general, y el Presidente informa que se reservaron, para ser discutidos en lo particular, los artículos tercero, cuarto, nono, décimo y décimo tercero.

Con la anuencia de la Asamblea, se reserva para ser votado en lo general y en lo particular en un solo acto, al terminar el debate de los artículos reservados.

Expresan sus opiniones respecto de los artículos reservados y hacen diversas proposiciones, los diputados: Everardo Martínez Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el artículo cuarto; José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el artículo tercero; Luis Alberto Rico y Samaniego, del Partido Acción Nacional, sobre el artículo trece; Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, sobre los artículos décimo y decimotercero; Servando Díaz Suárez, del Partido Revolucionario Institucional, para apoyar las propuestas del diputado García Villa; José Carmen Soto Correa, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace una proposición que se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y María Leticia Calzada Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el artículo décimo.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y aprueba que se tome la votación nominal en un solo acto, en lo general, en lo particular, y de las proposiciones hechas durante el debate, misma que arroja los siguientes resultados:

En lo general y en lo particular, así como por las proposiciones el diputado García Villa que hizo suyas la comisión, respecto de los artículos décimo y decimotercero;, trescientos sesenta votos en pro y sesenta y seis en contra; por las demás proposiciones hechas por el Partido Acción Nacional, noventa y dos votos en pro y trescientos treinta en contra y por las del Partido de la Revolución Democrática, cincuenta y seis votos en pro y trescientos sesenta y seis en contra.

Desde su curul, el diputado Ojeda Zubieta, hace aclaraciones respecto a su voto y el Presidente declara que se tomarán en cuenta. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Jesús Pacheco Arjona, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo respecto del artículo veintisiete constitucional, firmado por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. En votación económica se aprueba.

Para expresar sus opiniones respecto a la iniciativa de Ley de Amnistía Anticipada, se concede el uso de la palabra a los diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición; Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales; Dionisio Eduardo Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional; y para contestar alusiones personales o rectificar hechos, a los diputados: Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Dionisio Eduardo Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Pérez Noriega, del Partido Acción Nacional; Manuel Marcué y Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática y Javier González Garza, del mismo partido.

La proposición del diputado Martínez Della Rocca, se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Para solicitar la integración de una subcomisión investigadora de las condiciones en las que trabajan los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Jalisco, hacen uso de la palabra los diputados: Juan Manuel Pérez Corona, del Partido Acción Nacional e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición que se turna a la Comisión de Salud.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, pasan a la tribuna los diputados: Alejandro Iván Audry Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones y acepta una interpelación del diputado Urdapilleta Núñez y otra del diputado Pérez Corona; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Everardo Martínez Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática y María Rosa Márquez Cabrera, del mismo partido.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta solicitud de excitativa al Procurador General de la República, para dar trámite a la demanda penal en contra del ciudadano Carlos Salinas de Gortari.

El Presidente solicita al orador que se apegue al tema para el que solicito la palabra y el diputado Guerra Ochoa, desde su curul, propone una moción de orden. Se turna a la Comisión de Justicia para su análisis.

Da lectura a un pronunciamiento de solidaridad con la República de Cuba, la diputada María Claudia Esqueda Llanes, del Partido Revolucionario Institucional y, para rectificar hechos, el diputado Cristian Castaño Contreras, del Partido Acción Nacional.

Para hacer comentarios y expresar sus opiniones a lo que calificaron como conservación del patrimonio cultural en Teotihuacan, hacen uso de la palabra los diputados: Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita una excitativa a la Comisión de Cultura y que se envíe el expediente a la Comisión de Educación; Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión de Cultura; Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del mismo partido, para rectificar hechos; Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales y Everardo Martínez Sánchez, para rectificar hechos.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintidós horas con cincuenta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, viernes veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El secretario Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:

Se va a dar lectura a una comunicación.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.

Presidente de la Cámara de Diputados.- Palacio Legislativo.- México, D.F.

La VII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por este medio, se permite comunicar que en sesión solemne celebrada el día 26 de marzo de 1995, abrió su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente a su tercer año de ejercicio constitucional. En junta previa de la diputación permanente, se eligió la mesa directiva, quedando integrada de la siguiente manera:

Diputados: presidente, Agapito Magaña Sánchez; vicepresidente, Enrique Zurita Priego; secretario Manuel J. Tacu Escalante y secretario suplente, Margarito Albornoz Cupul.

Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 28 de marzo de 1995.- El Oficial Mayor del Congreso del Estado, Angel de Jesús Marín Carrillo.»

De enterado.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente:

Señores diputados, se suplica pasen a tomar sus lugares a efecto de atender a los oradores que enseguida entrarán.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca:

Señor Presidente; amigos diputados:

La reforma constitucional que presento, tiene como propósito armonizar y reforzar recíprocamente los conceptos de derechos humanos, régimen democrático con el de soberanía del Estado.

La iniciativa como se constatará en mi intervención, pretende que el ejercicio soberano de la autoridad pública tenga como filosofía política y límite legal al régimen democrático y el respeto a los derechos humanos, estableciéndolo así en los principios de política exterior de la Constitución Política de México.

En una palabra, que la facultad soberana de los estados no sea más mal entendida como un cheque en blanco, para que los gobiernos pisoteen los derechos humanos impunemente.

Sean mis palabras, un modesto gesto homenaje a aquellos seres humanos que han sufrido una dictadura militar o política, persecución, atropellos, cárcel, sentencias ilegales, por gobiernos que se apoyaron en una doctrina de la soberanía absurda, injustamente...

El Presidente:

Permítame señor diputado, permítame un segundo. Señores diputados, esta Presidencia les ruega pasen a ocupar sus lugares y despejar los pasillos guardando la atención debida al orador. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca:

Gracias... injustamente soberana, perversamente soberana.

«Proyecto de reforma constitucional al artículo 89 fracción X relativo a los principios de política exterior de México.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los derechos humanos y la democracia, dentro de un Estado y su sistema político, son de suma importancia para el desarrollo equilibrado y pacífico de cualquier sociedad. En la actualidad se constata que tienen cada vez una mayor vinculación con las relaciones internacionales contemporáneas, y la imagen exterior del país.

En sí mismos, la democracia y los derechos humanos son áreas que están estrechamente relacionados. De tal forma que si se deteriora la democracia, los derechos humanos difícilmente serán respetados. En contraparte, sin la observación de los derechos humanos no puede existir un sistema democrático.

La soberanía como teoría y como facultad que el pueblo posee para autodeterminarse, escoger y modificar libremente la forma en que ha de ser gobernado, ha ido evolucionando empujada por la ciencia y la economía y cada vez son más concurrentes e interdependientes la legislación internacional y las legislaciones nacionales.

La soberanía es el supremo poder de mando en una sociedad y en un sistema político. Es el elemento constitutivo del Estado como ordenamiento jurídico. En este sentido, el Estado en el mundo moderno se ve compelido a hacer restricciones en su tradicional libertad en aras de una comunidad de naciones cada vez más desarrolladas y de un conjunto de libertades públicas de reconocimiento universal.

Para que el Estado fortalezca su soberanía y autodeterminación, debe velar por la inviolabilidad de los derechos humanos, parte fundamental de un reclamo compartido en el derecho internacional que va desarrollando órganos cada vez más facultados. Estos preceptos de observancia obligatoria y universal, van constituyéndose en la forma práctica de legitimar el ejercicio del poder público.

La soberanía sólo puede mantenerse como concepto jurídico aceptable, si se usa en el sentido de libertad de acción de un país que vela por el interés, no del grupo gobernante, sino por el interés de la nación y nadie puede justificar violaciones a los derechos humanos amparado en una errónea aplicación de la autodeterminación del Estado o en la idea de una soberanía sin restricciones.

Para México, los principios de política exterior elevados a rango constitucional en la década de los ochenta, siguen siendo el baluarte que nuestro país proclama en este mundo abierto y regionalizado. No obstante, ante la evolución doctrinal y práctica que han alcanzado los derechos humanos y la democracia, se hace necesario incorporarlos como concepto constitucional y doctrinario en el catálogo de principios de política exterior, en un primerísimo término dada su relevancia. De esta forma se exalta el principio original de que la soberanía reside en el pueblo y que a éste lo que más le interesa es contar con gobiernos que respeten sus derechos.

A nadie escapa que los procesos de transformación de nuestra democracia conlleva responsabilidades en el nivel nacional e internacional. Asumirlos de la forma en que aquí proponemos, supone la necesidad de encarar nuestras obligaciones y adaptación al mundo en que vivimos.

Se constata que en otras regiones del mundo, la pertenencia a un bloque económico o político, se justifica y alcanza sólo si se observa "la cláusula democrática" por la cual, un Estado se compromete a velar por un régimen democrático y un estado de derecho basado en los derechos humanos.

Así lo expresa el preámbulo del Acta Unica Europea de 1987, que establece que los estados miembros de la Comunidad Europea: "Reafirmarán los principios de la democracia y el respeto del derecho y de los derechos humanos que ellos propugnan, a fin de aportar conjuntamente su propia contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales." Por lo tanto, se propone en esta iniciativa, una reforma a la fracción X del artículo 89 constitucional, que exija de manera expresa someter el ejercicio soberano del Estado mexicano a la vigencia de los derechos humanos y la promoción de la democracia. Es así como se logra expresar la unidad que en las relaciones internacionales ha alcanzado la política exterior y la política nacional de cualquier estado democrático contemporáneo.

Esta reforma contribuirá en buena medida a fortalecer la imagen de nuestro ordenamiento jurídico en el exterior, pues además la realidad demuestra que inevitablemente cada vez son más fiscalizados y observados los gobiernos, por la sociedad internacional de naciones mediante organismos que los propios estados han creado y reconocido. Es el caso del campo de los derechos humanos que recientemente, como resultado de la Conferencia Mundial de Viena en 1993, creó un alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas.

En el futuro próximo, la soberanía de los estados se irá cada vez más condicionando a la vigencia de un sistema basado en la democracia y en los derechos humanos. Las relaciones exteriores entre los países se verán más determinadas por la exigencia de que sus régimenes internos sean democráticos.

Por lo expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, Tarcisio Navarrete Montes de Oca en mi carácter de diputado federal, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional someto a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente

INICIATIVA DE REFORMA QUE ADICIONA EL ARTICULO 89 FRACCION X DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes

I............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la promoción del régimen democrático y el respeto a los derechos humanos, observándolos dentro de su jurisdicción, como límite y principio rector a su ejercicio soberano; la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad nacionales.

XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSITORIO

Unico. Esta reforma entrará en vigor a partir del siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 28 de abril de 1995.- Diputados Tarcisio Navarrete Montes de Oca y Ricardo García Cervantes. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: diputados Francisco Peniche, Salvador Beltrán, Eugenio Ortiz y Gerardo Arellano; Comisión de Derechos Humanos: diputados Antonio Tallabs, Audomaro Alba, Horacio Gutiérrez, Jorge González, Macario Rodríguez y Luis Felipe Mena S.»

Solicito se turne a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para presentar una iniciativa que limita las facultades y prerrogativas del Presidente de la República.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Venimos hoy a proponer un nuevo esquema constitucional que limite las facultades y prerrogativas del Presidente de la República. Las facultades de que hoy disfruta el titular del Ejecutivo, harían palidecer al zar de Rusia, al káiser de Alemania, al cha de Irán, a los emires o a los jeques en conjunto. Somos gobernados por un autócrata; vivimos en la dictadura. No somos desde luego ingenuos. El proyecto que aquí expondremos es el de una nueva Constitución que en su momento habría de adoptar una nueva asamblea constituyente.

Sin embargo, la fracción Social Demócrata considera su deber plantear hoy esa iniciativa relacionando una serie de dispositivos que reduzcan el papel dictatorial del que hoy disfruta el Presidente de la República.

No pretendo dar lectura íntegra al documento, son 30 cuartillas a renglón seguido. Nos limitaremos a dar lectura a las partes fundamentales de la exposición de motivos y de los principales artículos que proponemos sean reformados, adicionados o derogados.

«Escudo del Partido.- Partido Social Demócrata.

Secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Con la presente nos complace hacer llegar a ustedes texto de la iniciativa de ley para limitar las funciones del Presidente de la República, dentro del nuevo Gobierno nacional.

De no existir inconveniente, ruego a ustedes inscribir la iniciativa de referencia en la agenda correspondiente, a efecto de que se nos asigne turno para darle lectura ante el pleno de esta Cámara de Diputados.

Aprovecho la oportunidad para manifestarles las seguridades de nuestra más atenta consideración.

México, D.F., a 3 de noviembre de 1994.- Luis Sánchez Aguilar, diputado federal Social Demócrata, Alianza Democrática Nacional (ADN)/PRD-PSD.»

«Iniciativa de decreto para limitar facultades y prerrogativas del Presidente de la República.

La reforma del Estado: hacia el nuevo Estado socialdemocrático

El suscrito, diputado independiente (fracción Social Demócrata), a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo prescrito en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 55, fracción II y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto para reformar los artículos 5o.; primer párrafo; 9o.; 25; 26; 27, quinto y sexto párrafos, y fracciones I, segundo párrafo, IV, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, y XIX; 28, cuarto, sexto, séptimo, décimo y decimosegundo párrafos; 29; 35, fracción I; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 54 primer párrafo, y fracciones I, II, III y VII; 55, fracciones IV y V; 61; 63; 64; 65; 67; 70, primer párrafo; 71; 72; 73, fracciones V, VIII, XII, XVI-4a., XXVI, y XXVII; 78; 79; 80; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 101; 105; 108, primero y segundo párrafos; 109, fracción I; 114, primer párrafo; 116, fracción II, segundo párrafo; 127; 134; y 135; y para reformar la denominación de los capítulos I y II, de los Títulos Segundo y Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, para adicionar al artículo 35, las fracciones VI y VII; y para adicionar al Título Segundo y al Título Tercero, del citado ordenamiento, los capítulos III, y IV, y III, IV y V, respectivamente. De igual manera, para derogar los artículos 26, segundo, tercero y cuarto párrafos; 55, fracciones III, segundo párrafo, y VII; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 66; 68; 69; 73, fracciones III, punto quinto, VI y XVI-1a.; 74; 76; 77; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91; 96; 100; 102; 110; 111; 112; 122; 128 y 131, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México todas las decisiones sobre la vida de sus habitantes no las toman éstos, sino los gobernantes, en virtud de que las constituciones federal y estatales establecen que son gobiernos representativos. Es decir, constitucionalmente sólo los diputados, senadores, gobernadores y los presidentes de la República y municipales, son los únicos que pueden disponer de vidas y haciendas de los mexicanos.

Sin embargo, esta lista se reduce al Presidente de la República por el control "legal" que éste tiene de la mayoría de votos en los órganos electorales, que le permite imponer a su propio sucesor y, mínimo, a la mayoría absoluta de los diputados y senadores, independientemente de que nombra a todos los ministros de justicia y funcionarios del aparato ejecutivo; además, designa por "dedazo" a los gobernadores de los estados. Así, el Presidente de la República es un dictador y los gobernadores igual en sus respectivos estados, bajo el mismo mecanismo que el federal.

Este sistema establecido por el grupo encabezado por Plutarco Elías Calles en 1929, ha permitido que sus descendientes detenten el poder ostentándose como gobernantes y que, al haber eliminado a la sociedad civil en la elección de sus representantes, decidan espuriamente el destino del país.

Lo anterior creó un sistema centralista que destruyó al federalismo, en donde el Presidente de la República decide por sí y ante sí, el destino de casi 100 millones de mexicanos.

En consecuencia, se ha destruido también el concepto del Estado nacional mexicano, a grado tal que está en grave peligro su supervivencia.

Es imperativo, pues, limitar las facultades y prerrogativas del Presidente de la República, lo que implica reformar al Estado mexicano para rescatar a la nación del vacío en el que se encuentra.

En México, el Presidente de la República tradicionalmente ha ejercido no sólo las funciones del Poder Ejecutivo, señalados en la Constitución, sino además, las funciones de otros poderes y otras responsabilidades, que, en la teoría del Estado democrático, no le corresponden.

A dicho ejercicio se le mal denomina presidencialismo. En rigor, debe llamársele dictadura, ya que una sola persona es la que ejerce en la realidad todos los poderes.

Lo anterior ha ocurrido por virtud de una serie de preceptos contemplados en la Constitución, y en diversas leyes, y por una serie de hechos que violan la propia Constitución y su cuerpo normativo.

Para evitar que una sola persona física o moral ejerza la dictadura, son necesarias reformas constitucionales específicas, sobre las funciones del Presidente de la República y de los titulares de otros poderes y de los órganos del Estado, y las reformas a las leyes secundarias correspondientes.

Al efecto, el punto de partida debe ser la reforma del Estado en el texto constitucional, contemplando entre otros, los siguientes puntos:

Prohibición absoluta a cualquier persona o corporación, para dirigir o controlar más de un poder del Gobierno, o más de un órgano del Estado; a cualquier poder, para dirigir o controlar cualquier otro poder u órgano del Estado; y a cualquier órgano del Estado, para dirigir o controlar cualquier otro órgano del Estado, o cualquier poder del Gobierno.

Los titulares de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y de cualquier otro órgano del Estado, en lo federal o local, en cualquier nivel, durante su ejercicio no podrán tener ningún cargo ni representación partidistas, ni podrán participar en ninguna campaña electoral pública.

El órgano del Estado, competente para conducir la planeación económica, será el consejo nacional de planeación, y no el Presidente de la República.

El consejo de la propiedad nacional de nueva creación, como órgano de Estado y no el Ejecutivo Federal, será quien disponga concesiones y autorizaciones sobre los recursos o bienes propiedad de la nación. También será la suprema autoridad agraria, basado en el espíritu de la legislación anterior en la materia, que se reintroduce en esta iniciativa.

El sector paraestatal será dirigido no por el Presidente de la República, sino por una entidad estatal distinta del Gobierno.

Será un consejo de Estado, no el Presidente de la República, quien pueda, en su caso, suspender las garantías individuales.

Es necesario introducir en la Carta Magna una definición concreta de la estructura del Estado mexicano, sus órganos, sus funciones específicas y las titularidades del Gobierno y del Estado.

En ningún caso se facultaría al Presidente de la República para legislar.

Los procesos electorales serán materia exclusiva de la sociedad civil, a través de los partidos, con el apoyo de un órgano de Estado, distinto del Gobierno.

El Distrito Federal, convertido en el estado de Anáhuac, ya no tendrá como gobernante al Presidente de la República, sino a un gobernador electo directamente por sus habitantes. La ciudad más grande del mundo debe tener su propio gobierno, pues los ciudadanos del Distrito Federal no son menores de edad, ni el resto de sus habitantes, retrasados mentales, para tener una regencia como ha existido hasta la fecha.

Los cargos de jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de circuito y de distrito, serán por la vía electoral y no por designación del Presidente y podrán ser reelectos. En caso de serlo en cuatro ocasiones consecutivas, serán inamovibles.

Bajo ningún concepto se autorizará discrecionalidad al Poder Ejecutivo, para decidir sobre montos, bases, intereses, comisiones, y sujetos, que comprometan la deuda nacional.

Bajo ninguna circunstancia se le autorizarán al Presidente de la República, facultades de las que se deriven acciones para aprobarse a posteriori.

Cuando sean acusados por cualquier delito, el Presidente de la República o cualquier titular de otro de los poderes del Gobierno o de los órganos del Estado, el juicio a que sean sometidos, en ningún caso se denominará político, para no confundirlo con la expresión de las ideas políticas.

La responsabilidad penal en que incurra el Presidente de la República o cualquier titular de los otros poderes del Gobierno o de los órganos del Estado, será exigible en un plazo de prescripción que nunca será inferior a 10 años.

Para evitar que el Presidente de la República pueda impedir por la vía administrativa a cualquier persona dedicarse a la profesión que le acomode, a ésta sólo podrá privársele por resolución judicial; y por ningún motivo se podrá impedir a ciudadano alguno el derecho a asociarse u organizarse para constituir libremente partidos políticos o cualquier otro tipo de organizaciones políticas.

El Presidente de México, entre otras facultades violatorias de la Constitución, tiene la de decidir solamente él, por sí y ante sí, el destino de los mexicanos, al definir unilateralmente cuál debe ser el desarrollo del país, de acuerdo a los artículos 4o., 5o., y 7o. de la Ley de Planeación vigente.

En efecto, dichos artículos por un lado son anticonstitucionales, ya que la Carta Magna, en sus artículos 25 y 26, establece que es el Estado y no el Presidente de la República, el facultado para regir el desarrollo nacional y de organizar un sistema de planeación. El Presidente de la República no es el Estado.

Por otro lado, los artículos de la ley en cuestión son una franca burla, pues tratan de hacer creer que en la planeación nacional del desarrollo participan democráticamente los grupos sociales del país, lo cual es absolutamente falso.

Más grave, ni el Congreso de la Unión tiene facultad alguna para poner o cambiar un punto o una coma a dicho plan. La mayor atribución del Congreso en esta materia es la de opinar sobre un plan ya elaborado por el Presidente de la República y de observarlo una vez puesto en ejecución, de acuerdo al artículo 5o, de la ley de la materia.

Por otra parte, no es correcto que el artículo 25 de la Constitución Política establezca que el Gobierno Federal sea el propietario y controlador de las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28. Debe establecerse en la Constitución y leyes correspondientes que el propietario de dichas áreas es el pueblo, y que es el propio pueblo quien debe controlarlos a través de los organismos que autorice.

En una democracia los ciudadanos son los únicos que tienen, en cualquier tiempo, el derecho de determinar, sin intermediarios ni representantes, la forma de su Estado, de su Gobierno y de su proyecto económico, político, y social, como nación. El pueblo mandata a sus representantes sólo para que ideen las mejores maneras y diseñen los mejores caminos, para conseguir los fines previamente establecidos por el pueblo mismo en referendum o plebiscitos; elige a quienes elaboren las leyes, y sus reformas, en su caso y a quienes las hacen cumplir; y a quienes dirimen las controversias.

Pero éstos, que son los servidores públicos o gobernantes, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia deben alterar la forma del Estado, del Gobierno, ni del proyecto nacional mexicano. Hasta ahora, el PRI-Gobierno, violando incluso la Constitución Federal, se ha arrogado la facultad, a través de los congresos federales y estatales, de elaborar leyes y reformas a éstas y a las constituciones, cambiando sustancial, constante e ilícitamente el proyecto nacional mexicano.

En consecuencia, es imperativo precisar en el texto constitucional, qué órganos y cuáles funcionarios del Estado deben tener la competencia y la responsabilidad para elaborar, aprobar y ejecutar, los planes del desarrollo nacional. Asimismo, debe quedar claro que los objetivos de dichos planes deben supeditarse a aquellos fijados por el propio pueblo, a través del plebiscito o el referendum y no por sus representantes, quienes son mandatarios de aquél sólo para normar procedimientos y ejecutar acciones tendientes a lograr los objetivos populares. Igualmente, que la nación tiene el dominio y control exclusivos de los organismos que manejan las áreas estratégicas del país.

Por ello debe definirse que la soberanía reside esencial y únicamente en el pueblo y no originariamente, pues éste concepto implica que la soberanía puede subrogarse. El pueblo es el único soberano. Debe también quedar claro, por tanto, que la República Federal mexicana además de representativa, es popular. Así, sus representantes serán sólo eso, representantes con mandatos específicos, por lo que se propone una nueva estructura del Estado mexicano compuesto por 10 ministerios independientes entre sí y coordinados por el Presidente de la República como jefe del Estado, mas no del Gobierno, para que se garantice la separación real de los poderes públicos y a la par un correcto equilibrio y coordinación entre ellos.

Así, el vigilante no será el vigilado; un órgano del Estado no traslapará sus funciones con otro, y dichos órganos tendrán fortaleza y legitimidad al conformarse por ciudadanos electos democráticamente, por vía directa en unos casos, e indirecta en otros, bajo el sistema de dos vueltas en ambos casos.

La sociedad civil tendrá intervención directa en la planeación económica y en el control de la propiedad nacional.

Para optimizar los procesos electorales y reducir costos, se concentra la mayoría de ellos en una sola fecha y se propone que el Congreso sea unicamaral, eliminando al Senado y en lugar de diputados plurinominales, diputados de partido.

Para fortalecer el federalismo deben ser los estados los que conduzcan las elecciones de sus diputados al Congreso de la Unión, un juez a la Corte de Justicia y los jueces de circuito y de distrito que le correspondan en lo federal.

Para agilizar y mejorar la administración pública del Estado cualquier funcionario de elección popular podrá ser reelecto excepto el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, y el contralor; cualquier servidor público puede tener encargos o comisiones no remunerados con previa licencia; el Congreso tendrá tres periodos de sesiones ordinarias. Para ser miembro de un órgano del Estado deberá certificarse una salud física y mental excelente.

El Presidente de la República, de acuerdo a los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución vigente, puede ser sometido primero a juicio de desafuero y después, en su caso, a juicio en el Senado de la República, sólo por el delito federal de traición a la patria o por delitos graves del orden común. Esto permite que el titular del Ejecutivo tenga la prerrogativa indebida de no ser sujeto de juicio ni sanción algunos cuando cometa cualesquiera delitos leves o graves del orden federal, excepto el de traición ya señalado.

No es correcto ni lógico que el titular del Ejecutivo Federal, que maneja exclusivamente asuntos del orden federal, esté exento de juicio precisamente sobre los delitos federales.

Además, no obstante que el artículo 111 referido establece con claridad que el Presidente de la República debe ser juzgado en los términos del artículo 110 y éste consigna a los servidores públicos sujetos a juicio político y, por ende, sujeta al propio Presidente a dicho juicio, esta Cámara de Diputados, más por servilismo que por razones jurídicas, ha dictaminado en varias ocasiones que el Presidente de la República no es sujeto de juicio político.

En esta materia existe también un tratamiento discriminatorio improcedente entre el Presidente de la República y los titulares de los otros órganos del Estado, por lo que deben nivelarse, dado que ningún poder público constitucional es superior a otro, sino iguales entre sí.

En consecuencia, todos los titulares de los órganos del Estado deben ser sujetos de juicio para la comisión de cualquier delito federal o del fuero común, incluyendo, por supuesto, al Presidente de la República. En especial, debe quedar expreso en la Constitución que el Presidente es sujeto de juicio político.

El adjetivo de político para el juicio al cual deben someterse los altos servidores públicos, es equívoco, por lo que debe sustituirse por una denominación unívoca adecuada. En efecto, la frase de juicio político se puede interpretar como si un funcionario estuviere sujeto a un juicio por sus ideas políticas, y no es así. El juicio político como se sabe es sólo el procedimiento para determinar si se desafuera o no al servidor público que goza de protección constitucional, para someterlo al tribunal correspondiente por la comisión de delitos, o para sancionarlo por la comisión de faltas administrativas, y no por pensar de una manera determinada.

Por razones de técnica constitucional lo consignado en el artículo 110, 111 y 112 de la Constitución debe agruparse, en torno al tema que le es propio sobre el juicio de desafuero, en la fracción I, del artículo 109, de la Carta Magna.

Para efectos de simplificación es conveniente que la definición del servidor público sea genérica y precisa a la vez, así como el cambio de nomenclaturas de los servidores públicos para no incurrir en confusiones ni repeticiones innecesarias.

Por lo anterior, los socialdemócratas, presentamos el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., primer párrafo, primero, segundo y cuarto párrafos; 9o.; 25; 26; 27, quinto y sexto párrafos, y fracciones I, segundo párrafo, IV, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, y XIX; 28, cuarto, sexto, séptimo, décimo, y decimosegundo párrafos; 29; 35, fracción I; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 54, primer párrafo, y fracciones I, II, III, y VII; 55, fracciones IV y V; 61; 63; 64; 65; 67; 70, primer párrafo; 71; 72; 73, fracciones V, VIII, XII, XVI4a., XXVI, y XXVII; 78; 79; 80; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 101; 105; 108, primero y segundo párrafos; 109, fracción I; 114, primer párrafo; 116, fracción II, segundo párrafo; 127; 134; y 135; y para reformar la denominación de los capítulos I y II, de los títulos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, para adicionar al artículo 35, las fracciones VI y VII; y para adicionar al Título Segundo y al Título Tercero, del citado ordenamiento, los capítulos III y IV y III, IV y V, respectivamente. De igual manera, para derogar los artículos 26, segundo, tercero y cuarto párrafo; 55, fracciones III, segundo párrafo, y VII; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 66; 68; 69; 73, fracciones III, punto quinto, VI, y XVI1a.; 74; 76; 77; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91; 96; 100; 102; 110; 111; 112; 122; 128; y 131, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo primero. Se reforman y se adicionan los artículos constitucionales señalados en el párrafo anterior para quedar como sigue:

Artículo 5o, primer párrafo. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo, que le acomode, siendo lícitas. El ejercicio de esta libertad así como el producto de la misma podrán privarse sólo por resolución judicial, en los términos que prevea la ley.

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto. En asuntos políticos, sólo participarán los ciudadanos de la República, organizados libremente en partidos o en cualquier otro tipo de organización.

Artículo 25. El Estado será el rector del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral; preservar la soberanía de la nación y su régimen democrático; distribuir justamente, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y el ingreso y la riqueza; y para proteger el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, que consagra esta Constitución. El Estado planeará el desarrollo nacional a través del consejo de planeación, el cual deberá someter, cada cuatro años, a la aprobación del Congreso de la Unión, la iniciativa de ley correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo respectivo. El plan será ejecutado por medio del gabinete; y lo coordinará el consejo de Estado.

Los objetivos de la planeación nacional serán determinados por los principios de esta Constitución y por los que en el futuro señale la nación a través del plebiscito o referendum. El procedimiento para alcanzar tales objetivos, y la determinación de los objetivos de un plan específico, será regulado por la ley del plan en curso, para lo cual el jefe del Ejecutivo mediante convenios con las entidades federativas inducirá y concertará con los particulares las acciones a realizar para la ejecución del plan.

Artículo 26. El Estado tendrá a su cargo exclusivo las áreas estratégicas señaladas en el artículo 28, párrafo cuarto, de esta Constitución, manteniendo siempre la nación la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Artículo 27, quinto párrafo. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el consejo de la propiedad nacional podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas al igual que para las demás aguas de propiedad nacional.

Sexto párrafo. En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el consejo de la propiedad nacional, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes... El consejo de la propiedad nacional tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas y hará las declaratorias correspondientes en los casos y condiciones que las leyes prevean.

Fracción I, segundo párrafo. El consejo de la propiedad nacional, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, previa solicitud fundada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conceder autorización a los estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los poderes federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.

Fracción IV. Las sociedades comerciales por acciones, no podrán adquirir, poseer o administrar fincas rústicas. Las sociedades de esta clase que se constituyeren para explotar cualquier industria fabril, minera, petrolera, o para algún otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos indicados, y que el consejo de la propiedad nacional, o de los estados, fijarán en cada caso.

Fracción VI. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV y V, así como de los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o de los núcleos dotados, restituidos o constituidos en centro de población agrícola, ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí bienes raíces de los edificios sobre ellos, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la institución.

Fracción VII. Los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que, por límites de terrenos comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población. El consejo de la propiedad nacional se abocará al conocimiento de dichas cuestiones y propondrá a los interesados la resolución definitiva de las mismas.

Si estuvieren conformes, la proposición del consejo nacional de la propiedad tendrá fuerza de resolución definitiva y será irrevocable; en caso contrario, la parte o partes inconformes podrán reclamarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin perjuicio de la ejecución inmediata de la proposición del consejo de la propiedad nacional. La ley fijará el procedimiento breve conforme el cual deberán tramitarse las mencionadas controversias.

Fracción X. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr la restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con tierra y aguas suficientes para constituirlos, conforme a las necesidades de su población, sin que en ningún caso deje de concedérseles la extensión que necesiten, y al efecto se expropiará, por cuenta del Estado, el terreno que baste a ese fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a los pueblos interesados.

Fracción XI. Para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo, y de las leyes reglamentarias que se expidan, se crean:

a) El consejo de la propiedad nacional, que tendrá el control sobre los recursos naturales y bienes, propiedad de la nación, y será la suprema autoridad agraria.

b) Una comisión mixta compuesta de representantes iguales de la Federación, de los gobiernos locales y de los campesinos, cuya designación se hará en los términos que prevenga la ley reglamentaria respectiva, que funcionará en cada estado, con las atribuciones que las mismas leyes orgánica y reglamentaria determinen.

c) Comités particulares ejecutivos para cada uno de los núcleos de población que tramiten expedientes agrarios.

d) Comisariados ejidales para cada uno de los núcleos de población que posean ejidos.

Fracción XII. Las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas se presentarán en los estados directamente ante las comisiones mixtas, las que sustanciarán los expedientes y emitirán dictamen a más tardar 30 días posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. El dictamen será remitido a los gobernadores de los estados para implementar, en su caso, la orden de posesión inmediata de las superficies que procedan, y turnar los expedientes al consejo de la propiedad nacional para su resolución.

Fracción XIII. El consejo de la propiedad nacional dictaminará sobre la aprobación, rectificación, o modificación de los dictámenes formulados por las comisiones mixtas.

Fracción XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo.

Los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la indemnización correspondiente. Este derecho deberán ejercitarlo los interesados dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha en que se publique la resolución en el Diario Oficial de la Federación. Fenecido ese término, ninguna reclamación será admitida.

Fracción XV. Las comisiones mixtas, los gobiernos locales y las demás autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, no podrán afectar, en ningún caso, la pequeña propiedad agrícola o ganadera en explotación e incurrirán en responsabilidad, por violaciones a la Constitución, en caso de conceder dotaciones que la afecten.

Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de 25 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.

Para los efectos equivalentes se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero en terrenos áridos.

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, las superficies que no excedan de 50 hectáreas en terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; 40 cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodón, si reciben riego de avenida, fluvial o por bombeo; de 75, en explotación, cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta 100 cabezas de ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.

Cuando, debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la que se le haya expedido certificado de inafectabilidad, se mejore la calidad de sus tierras para la explotación agrícola o ganadera de que se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de afectaciones agrarias, aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.

Fracción XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones expedirán leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, y para llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes, de acuerdo con las siguientes bases:

a) En cada estado se fijará la extensión máxima de tierra de que pueda ser dueño un solo individuo, o sociedad legalmente constituida.

b) El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propietario en el plazo que señalen las leyes locales, y las fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que aprueben los gobiernos de acuerdo con las mismas leyes.

c) Si el propietario se opusiere al fraccionamiento se llevará éste a cabo por el gobierno local, mediante la expropiación.

d) El valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen capital y réditos, a un tipo de interés que no exceda de 5% anual.

e) Los propietarios estarán obligados a recibir los bonos de la deuda agraria local para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto, el Congreso de la Unión expedirá una ley facultando a los estados para crear su deuda agraria.

f) Ningún fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan quedado satisfechas las necesidades agrarias de los poblados inmediatos. Cuando existan proyectos de fraccionamiento por ejecutar, los expedientes agrarios serán tramitados de oficio en plazo perentorio.

g) Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno.

Fracción XVIII. Se declaran revisables los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído como consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad, y se faculta al consejo de propiedad nacional, para declararlos nulos cuando implique perjuicios graves para el interés público.

Fracción XIV. Son jurisdicción federal todas las cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades.

Artículo 28, cuarto párrafo. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas siguientes: correos, telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación por satélite; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles; puertos; aeropuertos; bancos; arrendadoras; aseguradoras; casas de bolsa; almacenes de depósito; empresas de factoraje; casas de cambio; siderurgia; fertilizantes; y las demás actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

Sexto párrafo. El Estado, a través del consejo de la reserva federal garantizará la estabilidad del poder adquisitivo y la paridad fija de la moneda nacional.

Séptimo párrafo. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El consejo de la reserva federal, en los términos que establezcan las leyes regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia.

Décimo párrafo. El consejo de la propiedad nacional, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso o aprovechamiento de bienes de dominio de la nación, salvo excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán necesidades y condiciones que aseguren.

Decimosegundo párrafo. El Ejecutivo podrá otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Congreso vigilará su aplicación y evaluará los resultados de esto.

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el consejo de Estado podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fueran obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo.

Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el jefe del Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

Artículo 35, fracción I. Votar en elecciones, referendum y plebiscitos populares.

Fracción VI. Postular candidatos de elección popular directamente o a través de partidos políticos.

Fracción VII. Organizarse libremente en partidos políticos. Estos tendrán personalidad jurídica cuando se constituyan 100 personas ante notario público para manifestar su voluntad de asociarse en torno a una ideología política, y a una estructura determinadas por ellas mismas.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO I

De la soberanía nacional

Artículo 39. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República democrática, popular, representativa, y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

La soberanía nacional reside esencial y únicamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo, el inalienable y exclusivo derecho de alterar o modificar, sin representantes, la forma del Estado mexicano, de su Gobierno, y sus objetivos nacionales.

El pueblo ejerce su soberanía directamente con la elección, el plebiscito, y el referendum, e indirectamente por medio de sus representantes en los órganos del Estado nacional mexicano en el caso de la competencia de éste y por los de las entidades federadas, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos establecidos por la presente Constitución Federal, y por las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal. Los representantes populares sólo podrán normar procedimientos, y reformarlos cuando sea necesario, y ejecutarlos, para lograr los objetivos nacionales.

CAPITULO II

Del Estado mexicano

Artículo 40. Los órganos para la administración pública del Estado mexicano, que se denominarán ministerios, son: de elección, el consejo federal electoral; de previsión, el consejo de planeación, el consejo de la reserva federal, y el consejo de la propiedad nacional; de gobierno, el Legislativo, el Ejecutivo, y el Judicial; de control, el consejo de seguridad nacional, y el consejo de la contraloría; y el de coordinación, el consejo de Estado.

Los órganos del Estado señalados en el párrafo anterior son autónomos e independientes entre sí, por lo que ninguno de ellos controlará ni dirigirá las decisiones de otro de ellos; excluyendo a los de gobierno. Podrán usar sólo las siglas Confel, Coplan, Copronal, Consenal, Coco y Conesta, respectivamente; en su materia son la máxima autoridad siendo ésta la de unos frente a otros, funcional.

Para ser miembro de un órgano del Estado deberá certificarse una salud física y mental excelente.

Todos los miembros de los órganos del Estado se denominarán funcionarios y tendrán voz y voto; podrán desempeñar comisión, encargo, o empleo de la Federación no remunerados, con licencia previa del ministerio correspondiente, o del Congreso en el caso de los ministros; al entrar a ejercer el cargo, protestarán guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen ante el ministro del órgano respectivo, o ante el Congreso en el caso de los ministros; tendrán fuero constitucional y sólo podrán ser privados de su cargo y ser procesados en los términos del Título Cuarto de esta Constitución; podrán gozar de licencia para ausentarse de sus labores, por un plazo nunca mayor de tres meses, en un año, siendo sustituidos en el periodo de ausencia por el suplente respectivo; sesionarán en el domicilio del órgano respectivo al menos una vez al mes; sus reuniones serán públicas, excepto las de los consejos de la reserva federal, de seguridad nacional, y de Estado, y serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, y sus acuerdos por consenso o, en su defecto, por mayoría simple, con excepción de los que reformen la Constitución, que deberán tomarse por las dos terceras partes de los miembros del Congreso. El que preside tiene voto de calidad.

Las funciones y los funcionarios de un órgano del Estado no podrán serlo de otro, a excepción de los ministros, para el único objeto de conformar el consejo de Estado junto con el Presidente de la República, bajo la coordinación de éste.

El primer domingo, y segundo en su caso, de octubre de cada tres años, toda entidad federativa, en elección popular local elegirá los diputados federales que le corresponda al Congreso de la Unión y, cuando haya la vacante, jueces de distrito, de circuito, unitario o colegiado, y un juez a la Corte de la Nación.

CAPITULO III

De los ministros

Artículo 41. Los titulares de los órganos del Estado presidirán éstos y se denominarán ministros; serán electos, como el resto de los integrantes de dichos órganos, excepto los del gabinete, directa y secretamente, por mayoría absoluta en primera vuelta, o en su defecto, una semana después, por mayoría relativa en segunda, participando en ésta sólo los dos primeros lugares de aquélla y si se presenta un solo candidato será electo en la primera con mayoría relativa; nombrarán al personal ejecutivo y administrativo adecuado para desahogar los trabajos respectivos; no podrán tener cargo partidista ni participar en campaña electoral pública; la responsabilidad penal en la que incurran será exigible en un plazo de prescripción nunca inferior a 10 años; podrán ser reelectos, en cualquier tiempo, a excepción de los del consejo de Estado, del gabinete y de la contraloría, quienes serán elegidos popularmente en voto nacional el primer domingo, y segundo en su caso, de octubre de cada seis años, siendo el primero el jefe del Estado, con el nombre de presidente de los Estados Unidos Mexicanos o de la República, el segundo el jefe del Ejecutivo con el nombre de canciller, y el tercero el auditor nacional, con el nombre de contralor. El canciller informará al pueblo, ante el Congreso de la Unión, del estado que guarda la nación el primer día hábil de cada año.

El Congreso elegirá a los ministros de los consejos de planeación, de la propiedad nacional, de la reserva federal, y de la seguridad nacional, a los 30 días siguientes a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de la legislatura correspondiente. Al efecto, en los dos primeros casos los diputados propondrán los candidatos; y en los últimos, el Presidente de la República propondrá una terna, a más tardar 30 días antes de la fecha de la elección.

Los diputados federales, los jueces de la corte, y los consejeros electorales elegirán a sus respectivos ministros en su primera reunión de cada tres años.

Para ser elegible ministro se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de padres mexicanos por nacimiento:

II. Tener, al menos, 35 años cumplidos al tiempo de la elección;

III. Haber residido en el país durante el año anterior al día de la elección:

IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto:

V. En los casos de Presidente de la República, canciller y contralor, no estar en activo del servicio público cuando menos seis meses antes al día de la elección:

VI. En el caso del ministro electoral, no pertenecer a ninguno de los partidos en contienda.

Los ministros de elección popular entrarán a ejercer su encargo el 1o. de diciembre, durarán en él seis años y en el caso de su falta absoluta ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en colegio electoral y nombrará un ministro interino; el consejo federal electoral expedirá, dentro de los 10 días al de la designación del interino, la convocatoria para la elección del ministro que debe concluir el periodo respectivo, debiendo mediar, entre la fecha de la convocatoria y la que señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de 14 meses, ni mayor de 18.

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego un ministro provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso, para que éste, a su vez, designe al interino y el consejo federal electoral expida la convocatoria a elecciones en los términos del párrafo anterior.

Cuando la falta ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al ministro sustituto que deberá concluir el periodo; si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en colegio electoral y haga la elección del sustituto.

Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el ministro electo, o la elección no estuviere hecha y declarada en la fecha que esta Constitución establece, cesará, sin embargo, el ministro cuyo periodo haya concluido, y se encargará desde luego del ministerio en calidad de interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en este artículo.

Cuando la falta sea temporal, y por más de 30 días y, el Congreso de la Unión no estuviese reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que éste resuelva sobre la licencia y nombre, en su caso, al ministro provisional.

Si la falta, de temporal, se convierte en absoluta, se procederá como dispone este artículo.

Artículo 42. El cargo de ministro de la República, de cualquier índole, sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia, con excepción del ministro electoral quien lo hará ante su respectivo consejo.

Todos los ministros, al tomar posesión de sus cargos harán ante el Congreso de la Unión, o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro agregando en seguida la denominación específica, que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande".

Ningún ministro podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión, o de la Comisión Permanente, en su caso.

CAPITULO IV

De las partes integrantes de la Federación, del territorio nacional, y de la denominación

Artículo 43. El Distrito Federal deja de ser territorio federal y se convierte en el estado de Anáhuac. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Anáhuac, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La ciudad de México, en el estado de Anáhuac, es sede de los poderes de la Unión, y capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo éste el nombre oficial de la República Federal Mexicana.

Los estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión.

Artículo 44. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados.

TITULO TERCERO

CAPITULO I

Del consejo del Estado

Artículo 45. El consejo de Estado coordinará el desarrollo económico, social y político de la nación; y elegirá a los consejeros de la reserva federal, de seguridad nacional y a los de la contraloría, así como al secretario técnico del consejo federal electoral dentro de los 30 días siguientes a su primera sesión ordinaria.

El ministro del consejo de Estado, como Presidente de la República tiene la facultad para dirigir la política exterior basada en los principios de autodeterminación, no intervención, igualdad entre los estados y en la lucha por la paz; para declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa Ley del Congreso de la Unión; conceder, de acuerdo a la ley, indultos a los reos sentenciados por delitos federales y para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores, o perfeccionadores de algún ramo de la industria, ciencia o tecnología.

CAPITULO II

De los órganos de previsión

Artículo 46. El consejo de planeación planeará el desarrollo económico, social y político del país; estará integrado, conforme a la ley correspondiente, por los representantes de las organizaciones nacionales de empresarios, estudiantes, artistas, obreros, campesinos, académicos, escritores, jubilados, artesanos, profesionistas, empleados, ecologistas y gremiales, y por los de las entidades federales, dirigidos por el ministro correspondiente.

El consejo de la propiedad nacional diseñará las políticas de conservación y mejoramiento de los recursos naturales y materiales, así como de las empresas paraestatales, que maneje la Federación; otorgará, en su caso, las concesiones para el uso, explotación o aprovechamiento de dichos recursos; será la suprema autoridad agraria; y se integrará en los términos del párrafo anterior.

El consejo de la reserva federal proveerá la moneda nacional; promoverá el buen funcionamiento del sistema de pagos; asesorará al Gobierno en materia económica, en particular en la financiera; regulará la intermediación y los servicios financieros; y participará en los organismos de cooperación financiera internacional que no lesionen el interés nacional.

CAPITULO III

De los órganos de control

Artículo 47. El consejo de seguridad nacional tendrá a su cargo la seguridad del Estado; y definirá las políticas y dictará las normas necesarias para que el Estado mexicano preserve su integridad y su funcionamiento.

El consejo de la contraloría conducirá el sistema de control y evaluación de la administración pública del Estado; asesorará y apoyará a los órganos de control interno de los ministerios de la República; investigará las conductas de los servidores públicos que constituyan responsabilidades administrativas y aplicará la sanción correspondiente y hará, en su caso, las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

Estos consejos y el de la reserva federal estarán integrados por sus titulares y por cinco consejeros que serán electos por el consejo de Estado.

CAPITULO IV

Del consejo federal electoral

Artículo 48. El consejo federal electoral estará integrado por un representante de cada partido político y por uno de cada candidato postulado directamente por un grupo de ciudadanos, que participen en cualquiera de las elecciones de un periodo comicial, en los términos de ley, llamándose el primero consejero de partido y el segundo consejero cívico; expedirá las convocatorias para elecciones populares ordinarias, y extraordinarias, y para los plebiscitos y referendum; preparará, desarrollará, vigilará y calificará la validez de dichos procesos; y otorgará las constancias respectivas a los candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos.

La calificación y las constancias señaladas en el párrafo anterior podrán ser impugnadas ante la Corte de Justicia en los términos de ley. En materia electoral, la interposición de recursos no producirá efectos suspensivos del acto o resolución impugnados; realizará los convenios necesarios con las entidades federativas para coordinar los recursos materiales y humanos y para usar los padrones estatales, en las elecciones federales.

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio de la función pública, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto, y directo.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales; y al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la ley.

En los procesos electorales federales los partidos políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular y la ley establecerá las reglas a que se sujetarán su funcionamiento y sus campañas electorales.

CAPITULO V

De los órganos del Gobierno

Artículo 49. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.

LIBRO I

Del Legislativo SECCION PRIMERA

De la elección e instalación del Congreso

Artículo 50. El órgano Legislativo se deposita en una cámara que se denominará Congreso General, integrado por representantes del pueblo electos en su totalidad cada tres años a quienes se llamará diputados. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.

Artículo 54, primer párrafo y fracciones I, II, III, y VII. El Congreso estará integrado por 300 diputados electos por votación mayoritaria mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados electos por representación proporcional mediante el sistema de asignación partidista, sujetándose la elección de estos últimos a lo que disponga la ley y a las siguientes bases:

I. Un partido político, para obtener diputados de asignación deberá participar con candidatos de mayoría en por lo menos 200 distritos uninominales:

II. Todo partido político que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida en la elección de diputados de mayoría tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados de asignación:

III. Al partido que cumpla con lo dispuesto en las dos bases anteriores, adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le será asignado, por el principio de representación proporcional, de acuerdo a la votación nacional emitida, el número de diputados que le corresponda. Las personas que desempeñen las diputaciones asignadas serán nombradas por el partido al que se le asignaron:

VII... se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en proporción directa con...

Artículo 55, fracciones IV y V.

Fracción IV. No estar en activo del servicio público cuando menos tres meses antes al día de la elección:

Fracción V. Los gobernadores de los estados no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Artículo 61. Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente del Congreso velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros del mismo y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Artículo 63. El Congreso debe instalarse el primer día hábil del año posterior al de la elección, para celebrar el primer periodo de sesiones ordinarias, hasta el 1o. de marzo siguiente y los presentes, en su caso, deberán compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen, se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante ese puesto y se convocará a nuevas elecciones. El segundo periodo ordinario será del 15 de mayo al 15 de julio, y el tercero del 1o. de octubre al 1o. de diciembre, de cada año.

Las vacantes de los miembros electos de la Cámara de Diputados, por el principio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por aquellas personas del mismo partido después de habérsele asignado los diputados que le hubiesen correspondido.

Artículo 64. Los diputados que, sin causa justificada, o sin el previo permiso o licencia del Presidente del Congreso, no concurran a una sesión, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día que falten, o los que, en los términos anteriores, falten 10 días consecutivos, concurrirán hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.

Artículo 65. En los periodos de sesiones ordinarias del Congreso, los diputados estudiarán, discutirán y votarán las iniciativas de ley que se les presenten y de los demás asuntos que les competan y se ocuparán preferentemente de los asuntos que señale la ley orgánica respectiva.

Artículo 67. El Congreso se reunirá en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente y, sólo se ocupará del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiere a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.

Artículo 70, primer párrafo. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Estos, firmados por su Presidente, y su secretario, se comunicarán al Ejecutivo para su promulgación en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: texto de la ley o decreto".

SECCION SEGUNDA

De la iniciativa y formación de las leyes

Artículo 71. Las iniciativas de leyes o decretos competen a los ministros de la República, a los diputados del Congreso de la Unión y a los de los estados. Las que presentaren éstos o los ministros pasarán, desde luego, a la comisión correspondiente. Las que presentaren los diputados del Congreso de la Unión se sujetarán a los trámites del reglamento de debates.

Artículo 72. Las votaciones sobre proyectos de ley o decreto serán nominales. Aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo, quien las publicará inmediatamente. Si algún proyecto fuese desechado no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. En el caso de que el proyecto fuere aprobado parcialmente, los diputados pueden expedir ley o decreto con los artículos aprobados y reservar los adicionados o reformados para su examen o votación en las sesiones siguientes. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

SECCION TERCERA

De las facultades del Congreso

Artículo 73, fracción V. Para cambiar la residencia de los órganos del Estado.

Fracción VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún préstamo podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen durante alguna emergencia declarada por el consejo de Estado en los términos del artículo 29.

Fracción XII. Para acordar la guerra, en vista de los datos que aporte el Presidente de la República.

Fracción XVI-4a. Las medidas que el Departamento de Salubridad haya puesto en vigor...

Fracción XXVI. Para conceder licencia a los ministros de la República, excepto al ministro electoral, quien deberá solicitarla a su consejo respectivo; y constituirse en colegio electoral para designar a los ciudadanos que deben sustituir a los ministros de elección popular, ya sea con el carácter de provisional, interino, o sustituto.

Fracción XXVII. Para aceptar la renuncia de los ministros de la República, excepto del ministro electoral.

Fracción XXXI. Vigilar, por medio de una comisión de su seno, el exacto cumplimiento de la contaduría mayor, y nombrar a los jefes y demás empleados de esa oficina.

Fracción XXXII. Examinar y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto. Dichas partidas las emplearán los ministros por acuerdo escrito del Presidente de la República.

La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda, aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.

Fracción XXXIII. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores a que se refiere el artículo 109, fracción I de esta Constitución.

Fracción XXXIV. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el propio Ejecutivo rindan al Congreso.

Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República; y ratificar los nombramientos que este funcionario haga de agentes diplomáticos y cónsules generales, o en su defecto la Comisión Permanente en los términos que la ley disponga.

Autorizar al Presidente de la República para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas mexicanas.

Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, fijando la fuerza necesaria y en sus recesos, la Comisión Permanente.

Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Congreso a propuesta en terna del Presidente de la República, y en los recesos, por la Comisión Permanente. El funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere.

Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Congreso o cuando, con motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de armas. En este caso el Congreso dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del estado. La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.

Otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia por más de 30 días, y a las renuncias, de los ministros de la República, excepto a las del ministro electoral.

En el caso de licencia por más de 30 días a los ministros electos popularmente, nombrar al provisional que supla esa falta.

SECCION CUARTA

De la Comisión Permanente

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta por 30 diputados electos la víspera de la clausura de los periodos de sesiones ordinarias. Para cada titular se elegirá un suplente.

Artículo 79. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, en los casos de que habla el artículo 73, fracción XXXIV, cuarto párrafo:

II. Recibir, en su caso, la protesta de los ministros de la República:

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión, las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a la Cámara, y turnarlas para dictamen a las comisiones correspondientes, a fin de que despachen en el inmediato periodo de sesiones:

IV. Acordar la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias:

V. Otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia hasta por 30 días, y a las renuncias de los ministros de la República, excepto a las del ministro electoral:

VI. En el caso de licencia hasta por 30 días a los ministros electos popularmente, nombrar el provisional que supla esa falta:

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga,:

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores federales.

LIBRO SEGUNDO

Del Poder Ejecutivo

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión en un gabinete, compuesto por 14 secretarías: Relaciones Exteriores; Gobernación; Defensa Nacional; Finanzas; Energía, Minas e Industria Paraestatal; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura y Recursos Hidráulicos; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Salud y Ecología; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria; Turismo y Pesca y los titulares serán designados por el ministro canciller.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Ejecutivo son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia:

II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, al Procurador General de la República, y nombrar y remover libremente a los demás empleados del Ejecutivo cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes:

III. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, con arreglo a las leyes:

IV. Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación:

V. Conducir la política exterior.

VI. Facilitar a todos los ministros los auxilios que necesiten, para el ejercicio de sus funciones:

VII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación:

VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

IX. Comparecer ante el Congreso para dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el 15 de noviembre de cada año.

X. Presentar la cuenta pública del año anterior ante el Congreso, dentro de los primeros 15 días del mes de marzo.

Artículo 90. La administración del Ejecutivo Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios de su orden administrativo que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos coordinados por el ministro canciller y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Para ser secretario del despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos.

Artículo 92. Todos los reglamentos, acuerdos, y órdenes del Ejecutivo, deberán estar firmados por el ministro canciller y por el secretario de Estado o jefe de departamento administrativo al que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

Artículo 93. Los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos. El Congreso podrá citarlos a ellos, al titular del Ejecutivo y a los directores y administradores de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

El Congreso tiene la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones y la aplicación de sanciones en su caso, se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal, y del consejo de la propiedad nacional.

LIBRO TERCERO

Del Poder Judicial

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte de Justicia, en tribunales de circuito, colegiados y unitarios, y en juzgados de distrito.

La Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 32 jueces y funcionará en pleno o en salas. En los términos que la ley disponga, las sesiones del pleno y de las salas serán públicas y por excepción secretas, en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Corte, su funcionamiento en pleno y salas, la competencia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

El pleno de la Corte estará facultado para emitir acuerdos generales a fin de lograr, mediante una adecuada distribución entre las salas, de los asuntos que competa conocer a la Suprema Corte de Justicia, la mayor prontitud en su despacho.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación, sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

Artículo 95. Para ser electo juez se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles:

II. Tener al menos, el día de la elección, 35 años para la Corte, 30 para el circuito y 26 para el distrito;

III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cuatro años, título profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello:

IV. Gozar de excelente reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal:

V. Haber residido en el país durante los últimos cinco años.

Artículo 97. Todos los jueces durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren reelectos en cuatro periodos consecutivos, serán inamovibles.

La Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio las averiguaciones de algún hecho que constituya la violación al voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso respectivo. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes.

La Corte vigilará la conducta de los jueces de circuito y de distrito, y recibirá las quejas que hubiera contra ellos.

La Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás empleados que le correspondan, con estricta observancia de la ley respectiva; en igual forma procederán los de circuito y de distrito por lo que se refiere a sus respectivos secretarios y empleados.

Artículo 98. Los jueces de la Corte de Justicia de la Nación serán suplidos en sus faltas temporales por su respectivo secretario.

Si faltare un juez por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente de la Corte lo comunicará al ministerio electoral para que éste expida la convocatoria a la elección de quien deba cubrir la vacante.

Los secretarios que suplan a los jueces, permanecerán en el desempeño del cargo hasta que éstos regresen, al vencimiento de su licencia, o hasta que tome posesión el nuevo juez que cubra una vacante.

Artículo 99. La renuncia de los jueces de la Corte de Justicia solamente procederá por causas graves y será sometida al pleno de la misma.

Artículo 101. Los jueces de la Corte, de circuito, y de distrito y sus respectivos secretarios, no podrán, en ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. La infracción a esta disposición será castigada con la pérdida del cargo.

Artículo 105. Corresponde sólo a la Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más estados, entre los poderes de un mismo estado, sobre la constitucionalidad de sus actos; y de los conflictos entre la Federación y uno o más estados, así como de los electorales de aquéllas en que la Federación sea parte en los casos que establezca la ley.

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputará como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal de cualquier órgano del Estado, quien será responsable por los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus funciones.

El Presidente de la República, los titulares de los órganos del Estado, así como el resto de los integrantes de dichos órganos, podrán ser acusados por cualquier falta administrativa o cualquier delito.

Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales superiores de Justicia locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las constituciones de los estados de la República precisarán en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios.

Artículo 109, fracción I. El pleno del Congreso de la Unión, mediante juicio de desafuero, erigido en jurado de sentencia, sancionará, de acuerdo a la legislación penal vigente, al Presidente de la República y a los titulares de los órganos del Estado por la comisión de cualquier delito y sancionará a todos los integrantes de dichos órganos por las faltas administrativas en que incurran, con su destitución e inhabilitación para desempeñar función, comisión, empleo o cargo público, de cualquier naturaleza; declarará, erigido en jurado de procedencia, si ha o no lugar a desaforar a los integrantes de órganos del Estado que no sean el Presidente de la República y ministros, por la comisión de cualquier delito y, en su caso, los separará de su encargo para consignarlos a los tribunales ordinarios.

En el caso de juicio a estos últimos funcionarios por faltas administrativas y en el del Presidente de la República, los ministros, por la comisión de delitos y faltas administrativas, la sección instructora se erigirá en jurado de procedencia, para declarar si ha o no lugar a desaforarlos, y, en su caso, consignarlos ante el pleno del Congreso.

Para la aplicación de las sanciones señaladas en el párrafo anterior, la sección instructora del Congreso procederá a la acusación respectiva ante el pleno del mismo, después de haber sustanciado el procedimiento correspondiente y con audiencia del inculpado o imputado. Conociendo de la acusación el pleno mencionado, erigido en jurado de sentencia, una vez practicada la diligencia del caso y con audiencia del acusado, aplicará la sanción que corresponda en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

También estarán sujetos a juicio de desafuero los gobernadores de los estados, diputados locales y jueces de los tribunales superiores de Justicia locales, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales. En este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que procedan como corresponda.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa, en el caso de responsabilidad penal, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación, por la comisión del delito, continúe su curso cuando el imputado haya concluido su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara de Diputados, o su sección instructora, declaran que ha lugar a proceder, es decir, a desaforar, el sujeto quedará separado de su encargo y a disposición de la autoridad competente. Si la sentencia de ésta es absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función; si la sentencia fuese condenatoria, no se concederá al reo la gracia del indulto.

Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados son inatacables.

No se requerirá declaración de desafuero en demandas del orden civil que se entablen contra los servidores públicos a que se hace referencia en esta fracción, ni cuando éstos cometan un delito durante el tiempo en que se encuentren separados de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los considerados en el primer párrafo de esta fracción, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en la misma.

Artículo 114, primer párrafo. Tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, la sanción deberá graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. Las sanciones económicas serán hasta tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 116, fracción II, segundo párrafo. Los órganos electorales de los estados, de acuerdo a las leyes locales, declararán la validez de las elecciones de los diputados y jueces federales; otorgarán las constancias respectivas de candidatos o de fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos, y harán la asignación correspondiente, de los diputados de partidos federales, conforme al artículo 54 de esta Constitución y a la ley respectiva. Las resoluciones anteriores podrán ser impugnadas ante los tribunales.

Artículo 127. Todos los servidores públicos serán remunerados por su función, empleo, cargo, o comisión. Las percepciones correspondientes serán determinadas anual y equitativamente en los presupuestos de Egresos de la Federación o en los de las entidades paraestatales.

Artículo 134, primer párrafo. Los recursos económicos de la nación, que maneje el Estado, se administrarán con eficiencia, eficacia, y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Artículo 135. Conforme al artículo 39 de la presente Constitución, ésta puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas sean parte de la misma, se requiere que sean aprobadas por el Congreso de la Unión en los términos del artículo 40, y por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión, o la Comisión Permanente en su caso, hará el cómputo de los votos de dichas legislaturas y declarará la aprobación de las adiciones o reformas.

Cuando éstas alteren en forma alguna un objetivo nacional, deberán ser aprobadas directamente por el pueblo, mediante plebiscito o referendum. En este caso, los órganos señalados adoptarán de inmediato las reformas y adiciones respectivas, y bajo el mecanismo anotado aprobarán el mejor texto que estrictamente las comprenda.

Artículo segundo.. Se derogan los artículos 26, segundo, tercero y cuarto párrafos; 55, fracciones III, segundo párrafo, y VII; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 66; 68; 69; 73, fracciones III, punto quinto, VI, y XVI-1a.; 74; 76; 77; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91; 96; 100; 102; 110; 111; 112; 122; 128; y 131, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Firma: diputado Luis Sánchez Aguilar, presidente del Partido Social Demócrata (PSD).

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al mismo.

El secretario Manuel de Jesús Espino Barrientos:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.

«Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Dictamen con proyecto de decreto de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Honorable Asamblea: a esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto de Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, aprobada por la Cámara de Senadores el 24 de abril de este año.

Esta comisión, de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 42, 43, fracción II, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes antecedentes:

I. Antecedentes

1o. Conforme a lo dispuesto en los artículos 73, fracciones XVII, XXIX-E, XXIX-F, 25, 27, 28 y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo tiene facultades para legislar en materia de vías generales de comunicación e inversión extranjera, estando contemplados los criterios para tal efecto en las diversas disposiciones citadas, sobre las siguientes materias: soberanía nacional, rectoría del Estado y otorgamiento de concesiones para el uso y aprovechamiento de bienes del dominio público y la prestación de servicios públicos.

2o. En este marco, con fecha 9 de enero de 1995, el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitió a la Comisión Permanente la solicitud para convocar a un periodo de sesiones extraordinarias del honorable Congreso de la Unión para conocer, entre otros asuntos, de la "iniciativa de reformas al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional en materia de ferrocarriles y comunicaciones vía satélite". La Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 79 fracción IV, 89 fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., 24, 69 de la Ley Orgánica y 27, 28 y 35 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el decreto por el que se convocó a un periodo de sesiones extraordinarias y que estableció como fecha de apertura el 17 de enero de 1995.

3o. La colegisladora, en sesión celebrada el día 26 de enero de este año, aprobó la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, mismo que incluyó modificaciones propuestas en sesión conferencial, por los señores senadores y diputados.

4o. En la minuta del Senado se establece que en el dictamen respectivo se destacó que el otorgamiento de "concesiones o permisos no implica en manera alguna una enajenación de las vías generales de comunicación, ya que éstas son en todo momento patrimonio nacional. Tal es el caso de las vías férreas, las frecuencias y las posiciones orbitales, siendo la concesión un régimen jurídico de servicio público que permite su plena explotación por un periodo determinado, sin afectar la integridad de los derechos soberanos y la rectoría del Estado".

5o. Las comisiones dictaminadoras de ambas cámaras estimaron necesario incluir en el artículo 28 constitucional una referencia expresa a que el dominio de las vías de comunicación ferroviarias corresponde a la nación y la vigencia del régimen de concesión en relación con vías de comunicación, en tanto que servicios conexos o de apoyo pueden ser objeto de permisos. Pero la principal preocupación de las comisiones fue garantizar explícitamente que la Reforma Constitucional no pudiera interpretarse en el sentido de permitir la transmisión de la propiedad de vías de comunicación a los particulares, ya que éstos sólo podrán operar por medio de concesión cuando se trate de la explotación directa de las mismas.

6o. De esa manera se aseguró que las vías férreas existentes se mantendrán dentro del dominio de la Federación y las que se establezcan o construyan por parte de los concesionarios se incorporarán de inmediato al patrimonio inmobiliario federal, independientemente de los plazos y condiciones de las concesiones del servicio público ferroviario.

7o. Otro compromiso adquirido mediante la aprobación del dictamen sobre la reforma al artículo 28 constitucional, según lo establece la minuta de la colegisladora, fue que el Estado y en su caso, los concesionarios, garantizarán que los servicios públicos de comunicación ferroviaria apoyen a los centros de población que por su dispersión y características, requieran de manera indispensable de este servicio, independientemente de la rentabilidad del mismo.

8o. Resaltó también el texto del dictamen y así lo consigna la minuta del Senado, la necesidad de proceder cuanto antes a la elaboración de un marco normativo que rija el servicio ferroviario, mismo que deberá regularse en la ley reglamentaria que se expida con fundamento en la modificación propuesta en esa fecha al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional.

9o. Con base en los ordenamientos ya mencionados, el pasado 20 de abril el Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores como cámara de origen, la iniciativa de Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

10. La colegisladora en sesión celebrada el 24 de abril aprobó dicha iniciativa realizando diversos cambios de fondo a la propuesta del Ejecutivo.

11. Los secretarios de esta Cámara de Diputados dieron cuenta, al pleno, de la minuta con proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Senadores en sesión celebrada el pasado 24 de abril del presente año; hecho lo cual, el Presidente de la mesa directiva acordó turnar la minuta en cuestión a esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que sesionó el 25 y 27 de los corrientes, a efecto de conocer, discutir y dictaminar sobre la minuta en estudio.

12. Resulta de particular importancia señalar, que esta comisión, a partir de la aprobación al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, ha mantenido un trabajo permanente participando en la discusión y análisis de los anteproyectos de la iniciativa de Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

13. Se llevaron a cabo tres reuniones plenarias y un importante número de consultas informales, con el sector ferroviario a lo largo de los meses de febrero a abril, y en ellas se realizaron sugerencias y recomendaciones que se detallan en el apartado respectivo del presente dictamen. En dichas reuniones se contó con una asistencia promedio de más de 20 diputados de las distintas fracciones parlamentarias.

14. Asimismo, el pasado 21 de abril se llevó a cabo una reunión conferencia entre las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, Tercera Sección de la Cámara de Senadores y la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta Cámara, de la que se desprendieron propuestas concretas que fueron incluidas por la colegisladora en la iniciativa que se dictamina.

De acuerdo con los antecedentes expresados, esta Comisión de Comunicaciones y Transportes se permite presentar las siguientes:

II. Consideraciones

La reforma estructural en el sector comunicaciones y transportes responde a una estrategia que parte del reconocimiento de que la inversión en infraestructura básica, su fortalecimiento y ampliación, son elementos determinantes en la velocidad del cambio estructural que se debe seguir promoviendo en todos los órdenes de la actividad económica y social.

La calidad de la infraestructura es un indicador crítico para medir la vitalidad de una nación: mejor transporte y mejores comunicaciones son elementos básicos de una economía productiva. Su ausencia o fallas significan más obstáculos para el crecimiento y la competitividad.

Así por ejemplo, mejor infraestructura en comunicaciones y trasportes significa mayor comercio, más capacidad de insertarse en la globalización y mejores oportunidades de incrementar la calidad y eficiencia.

Se busca alentar una estrategia de inversión en infraestructura básica que promueva la complementación de los recursos de inversión pública con la participación privada en renglones económicos prioritarios, tales como infraestructura carretera, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, mismos que inciden particularmente en el crecimiento de la actividad económica. El contar con la infraestructura necesaria, permite incrementar la tasa de retorno de la economía en su conjunto.

La infraestructura así edificada constituye un activo valioso al que se puede revalorizar aún más. Al concesionarla o darla en explotación, dentro del marco previsto por nuestro régimen jurídico, el Gobierno Federal obtiene en el presente los recursos que, de otra manera, recibiría en el transcurso del tiempo, pudiendo destinar desde ahora esos flujos hacia la ampliación de infraestructura o bien le permite liberar recursos para apuntalar el desarrollo social.

En este marco, los criterios fundamentales que deben orientar la acción de la autoridad en materia de la política de inversiones con la participación de recursos públicos y privados son: no afectar los presupuestos de las dependencias o entidades gubernamentales; no incrementar la deuda pública y considerar la viabilidad y rentabilidad de los proyectos, para que funcionen también como unidades económicas generadoras de recursos que permitan recuperar la inversión.

No obstante, el principal reto no es la carencia de capacidad ingenieril o de ejecución de proyectos concretos, sino en resolver de fondo el problema del financiamiento. En efecto, la competencia por recursos con otros sectores en los mercados financieros nacionales e internacionales, obliga a plantear esquemas imaginativos, viables y rentables, para financiar el desarrollo de la infraestructura.

Los retos inmediatos en el sector comunicaciones y transportes, van en el sentido de fortalecer su función de autoridad y sus tareas normativas y de regulación y al mismo tiempo, su papel promotor para impulsar la concurrencia de crecientes inversiones privadas.

Así por ejemplo, culminar y consolidar una política de puertos donde la participación privada vaya en aumento, aunado al diseño e instrumentación de una política integral de ferrocarriles y transporte multimodal, son asignaturas que merecen la mayor atención en lo inmediato.

Un marco regulatorio más acorde a los retos que enfrenta la consolidación y ampliación de la infraestructura del país, para que ésta permita mayores niveles de competitividad y de diversificación de la planta productiva. Se precisa seguir avanzando para, por un lado, fortalecer lo ya hecho, pero por el otro, establecer reglas de juego más claras en aquellos rubros que aún no muestran avances satisfactorios.

En materia de ferrocarriles se tiene que reconocer que la competencia por recursos, en virtud del costo, la ha ganado el autotransporte. En los últimos años, México ha construido un importante número de carreteras y caminos alimentadores, que han desplazado al ferrocarril en el transporte tanto de carga como de pasajeros. Se precisa si no revertir la tendencia, sí que el ferrocarril tome el lugar que le corresponde a través de la participación de la iniciativa privada y social a este sector.

En este contexto, la importancia del ferrocarril se deriva de que:

Actualmente es el transporte más eficiente para cargas masivas y en distancias largas.

Es un transporte seguro y no contaminante.

Se constituye como un eslabón fundamental en la cadena del transporte multimodal.

Es un detonante del desarrollo regional y social.

A nivel internacional la actividad ferroviaria toma un nuevo auge.

Cabe señalar de que el transporte ferroviario en México enfrenta actualmente una baja competitividad y productividad, que ha provocado una reducción importante en la demanda y consecuentemente en los ingresos de la actividad. Esto se ha traducido en el deterioro de la situación financiera de Ferrocarriles Nacionales de México y en restricciones presupuestales para inversiones en infraestructura y equipo, así como en un rezago importante en el mantenimiento de vías y señalización insuficiente.

El diagnóstico que sintetiza la problemática de la actividad ferroviaria en México, tiene las características que a continuación se señalan:

El 50% de las vías se encuentra en condiciones para una operación adecuada y el resto en condiciones que no son las óptimas para aprovechar el gran potencial de este modo de transporte.

Señalización Sólo una porción limitada de la vía cuenta con señalización moderna y eficiente.

Puentes y alcantarillas con baja disponibilidad de carga.

No se cuenta con una disponibilidad adecuada de locomotoras y carros.

Existe astringencia de recursos públicos para impulsar el desarrollo del sector, lo que aunado a los altos costos de la operación ha ocasionado rezagos en inversiones, mantenimiento y en la operación.

La velocidad promedio del equipo ferroviario es de 25 kilómetros por hora.

Sólo se transporta por este medio la quinta parte del total de la carga transportada en el país y ésta permanece el 75% del tiempo en patios.

La falta de una adecuada programación de trenes obstaculiza la velocidad de operación del sistema.

Comercialización

Falta de una orientación comercial adecuada que atienda a criterios de competencia con base en tarifas que reflejen la situación del mercado, que le permitan competir con otros modos de transporte.

Todo lo antes expuesto se refleja en un hecho concreto, el sistema ferroviario del país presente un rezago importante que se manifiesta en que no existen los elementos que permitan considerarlo como un servicio confiable. Para avanzar en la solución de esta problemática, la iniciativa que se dictamina es un paso sustancial que permite contar con un marco legal acorde para ordenar de inmediato las actividades del sector y al mismo tiempo, sentar las bases para un sólido desarrollo en el mediano y largo plazos.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa de ley se caracteriza por utilizar un esquema general, en el que los aspectos técnicos y procedimentales se regularán a través de disposiciones reglamentarias y administrativas. Los contenidos fundamentales son los siguientes:

Capítulo I, disposiciones generales:

El objeto de la ley será regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y los servicios auxiliares.

El Estado mantendrá, en todo momento, el dominio sobre las vías generales de comunicación ferroviaria, actuales y futuras.

El Estado será el rector del desarrollo del servicio ferroviario, protegiendo la soberanía y seguridad de la nación y promoviendo la libre competencia entre los distintos modos de transporte.

Capítulo II, de las concesiones y permisos:

Los particulares podrán participar en la prestación del servicio ferroviario mediante concesión del derecho de vía, las vías, los centros de control de tráfico, los patios y las señales para operación y la prestación del servicio público de transporte; o permisos, de construcción de accesos, terminales, cruzamientos y puentes, según sea el caso. El Gobierno Federal podrá recibir una contraprestación por el otorgamiento de concesiones y permisos.

Las concesiones se otorgarán mediante licitación pública y su plazo puede ser hasta de 50 años y se podrán otorgar prórrogas hasta por otros 50 años.

Las concesiones podrán otorgarse a personas morales mexicanas, en las que se permitirá la participación de la inversión extranjera, la cual no podrá exceder del 49%, salvo autorización expresa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Tratándose de permisos, éstos podrán asignarse a personas físicas y morales.

Se podrán asignar directamente las concesiones a estados y municipios, así como a entidades paraestatales.

El servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares se prestarán a todos los usuarios o solicitantes de manera permanente y en condiciones de igualdad.

Los concesionarios celebrarán convenios entre sí para permitir en los puntos de interconexión, la circulación de sus equipos; así como derechos de paso y derechos de arrastre; en caso de controversia, la Secretaría resolverá lo conducente.

Los concesionarios, previa autorización de la Secretaría, podrán constituir gravámenes sobre los derechos derivados de la concesión.

Al vencimiento de la concesión, los objetos de la misma revertirán a la nación en buen estado operativo, sin costo alguno y libres de todo gravamen.

Capítulo III, de la construcción, conservación, mantenimiento y operación de las vías férreas:

Es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas y para tal fin la Secretaría por sí, o a petición y por cuenta de los interesados efectuará la compraventa o promoverá la expropiación de terrenos, construcciones y bancos de material necesarios. Los terrenos y aguas nacionales podrán ser utilizados para igual fin.

Los centros de control de tráfico, deberán establecerse dentro del territorio nacional.

Se requiere autorización para la instalación de obras en las vías de comunicación ferroviaria, (fibra óptica, ductos, etcétera); para lo cual la Secretaría podrá obtener una contraprestación, diferente a la concesión de la vía férrea.

Si el concesionario no mantiene las vías de comunicación en buen estado operativo, el Gobierno Federal podrá nombrar un verificador especial, por el tiempo que resulte necesario para corregir las irregularidades de que se trate.

Capítulo IV, del servicio público de transporte ferroviario:

El servicio público de transporte ferroviario podrá ser de pasajeros y de carga.

Los concesionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario deberán contar con el equipo y personal adecuados para garantizar la seguridad, eficiencia, rapidez y funcionalidad del servicio.

Se regulará especialmente el transporte de materiales y residuos peligrosos.

Capítulo V, de los servicios auxiliares:

Se requiere de permiso para la prestación de los servicios auxiliares al servicio ferroviario tales como terminales, talleres de mantenimiento, transbordo y transvases de líquidos y centros de abasto para la operación de los equipos.

Los permisionarios deberán contar con la infraestructura y equipo que se requiera para prestar los servicios con seguridad y eficiencia.

Asimismo, deberán capacitar y adiestrar a la tripulación del servicio de transporte ferroviario.

Capítulo VI, de las tarifas:

Las tarifas podrán fijarlas libremente los concesionarios y permisionarios. Sin embargo, cuando se den prácticas que disminuyan, dañen o impidan la competencia de la Secretaría, con la opinión de la comisión federal de competencia, podrá establecer bases de regulación tarifaria.

Capítulo VII, del transporte ferroviario internacional:

Los equipos ferroviarios extranjeros que se internen en el territorio nacional deberán cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en esta ley.

Capítulo VIII, de las responsabilidades:

Es obligación de los concesionarios de transporte ferroviario de personas o de carga, responder por los daños y pérdidas que se puedan ocasionar a los pasajeros y su equipaje, a los bienes y productos que transporten, daños a terceros en su persona y sus bienes y a las vías generales de comunicación.

Capítulo IX, de la requisa:

En caso de desastre natural, de guerra, grave alteración del orden público, o bien cuando se tema algún peligro inminente para la seguridad nacional, el Gobierno Federal podrá, de manera temporal, hacer la requisa de las vías generales de comunicación ferroviaria, de sus servicios auxiliares, accesorios y en general, de todo lo que juzgue conveniente, para salvaguardar la seguridad nacional. En este supuesto, el Estado indemnizará a los afectados pagando los daños y perjuicios a su valor real.

Capítulo X, de la verificación:.

La Secretaría tendrá a su cargo la verificación para garantizar el pleno cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables. Dicha verificación deberá llevarse a cabo en términos de la ley y en lo no previsto, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Capítulo XI, de las sanciones y recursos:

Se conceden facultades a la Secretaría para imponer sanciones en caso de incumplimiento de la ley y demás disposiciones aplicables.

Se establecen sanciones por la invasión o uso indebido del derecho de vía, pudiendo la Secretaría solicitar a la autoridad competente el desalojo de los invasores.

Artículos Transitorios:

Ferrocarriles Nacionales de México continuará operando la totalidad de las vías férreas que hoy maneja, al amparo de su Ley Orgánica, hasta que la Secretaría, en términos de la propia ley cuya iniciativa se comenta, proceda al otorgamiento de concesiones y permisos a particulares, en el entendido de que en la operación y en la prestación de los servicios, le será aplicable lo dispuesto en esta ley.

Los derechos de los trabajadores de activos, jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México, no serán afectados con motivo de la presente ley, los que serán respetados conforme a las disposiciones legales aplicables.

IV. adiciones y modificaciones sugeridas a la iniciativa a lo largo del proceso de discusión y análisis

Como se ha señalado, la elaboración de la iniciativa que se dictamina, contó con amplio periodo de discusión y análisis de los anteproyectos respectivos. Esta dictaminadora ha considerado necesario hacer del conocimiento del pleno las distintas recomendaciones que se realizaron por parte de sus integrantes a lo largo de los trabajos en torno a esta iniciativa.

Las distintas fracciones parlamentarias coincidieron en que el mecanismo establecido para la discusión y análisis de esta iniciativa, ha sido el adecuado y permite fortalecer las relaciones entre los poderes de la Unión.

A continuación se reseñan las aportaciones que los senadores y diputados realizaron a los distintos documentos de trabajo que fueron estudiados:

1o. Se modificó el plazo establecido por el artículo 11, para la duración de las concesiones habiendo sido originalmente en el anteproyecto de 70 años y por petición de los miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, fue disminuido a 50 años, criterio establecido por el artículo vigésimo de la Ley General de Bienes Nacionales.

2o. Se eliminó de una serie de disposiciones de los anteproyectos, la mención a plazos indefinidos para la determinación de una situación jurídica concreta, con lo que se suprimió una posible fuente de conflictos jurisdiccionales y se redujo la esfera discrecional de la autoridad, delimitando los periodos temporales de manera específica.

3o. Se revisaron las multas fijadas sobre las infracciones, ajustándose al perjuicio ocasionado por el incumplimiento o falla que generó su imposición.

4o. Se reiteró la necesidad de incluir en la ley un artículo transitorio que, a fin de no dejar lugar a confusiones, asegurará el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores, pensionados y jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México.

5o. Asimismo se reiteró la necesidad de que la ley contemplara explícitamente la garantía de la libre competencia, a fin de que no se constituyeran monopolios o se permitieran en el sistema de transporte prácticas monopólicas.

6o. Se incluyó la exigencia de no dejar sin servicio ferroviario a las comunidades a las que sólo se puede acceder por medio de esta prestación.

7o. Se revisaron y ajustaron los procesos de licitación pública, para afirmar las funciones de la autoridad y los derechos de los particulares.

8o. Se revisaron y fueron ajustadas las condiciones para la prestación del servicio público ferroviario, privilegiando la satisfacción y seguridad del usuario.

9o. Se revisaron las características que deberá tomar en cuenta la autoridad para el otorgamiento de la prórroga de concesiones y permisos, habiéndose recomendado la verificación sistemática de los indicadores de eficiencia y seguridad de los servicios y la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable, lo que incluye a las normas oficiales mexicanas (NOM), que habrá de expedirse en materia ferroviaria en términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización.

10. Se estableció la necesidad de que el marco normativo recogiera la necesaria coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la autoridad municipal correspondiente, respecto de la necesidad de que los predios colindantes a las vías férreas se acerquen o delimiten, así como en toda obra de infraestructura ferroviaria se respete la legislación en materia de desarrollo urbano y protección ambiental.

11. Se enunció el requerimiento de que se promueva la atención preferente y adecuada en el servicio ferroviario para las personas con discapacidad, de edad avanzada, pensionados y jubilados.

12. Se planteó la necesidad de que en la contratación, conservación y mantenimiento de las vías férreas, como condicionante del contrato de concesión, debe ser obligación del concesionario la ejecución de las obras enunciadas, atento a los planes y programas de desarrollo de los estados y municipios de que se traten.

13. Se propuso que en lo que hace a los servicios auxiliares, a pesar de la obligación que tengan los concesionarios o permisionarios de contar con los elementos técnicos necesarios para que por si, realicen la verificación físico-mecánica de su equipo ferroviario, la Secretaría, debe continuar con la verificación del estado del equipo ferroviario, con cargo al concesionario o permisionario, que garantice la prestación óptima del servicio, como parte de la administración y operación del sistema ferroviario mexicano.

14. Se dijo que sería sano tomar en cuenta de inicio, la opinión de la comisión federal de competencia, para que en base a la experiencia del sector, se establezcan las mínimas y máximas tarifarias.

15. Se propuso que la contratación con terceros por parte de las concesiones, sea bajo vigilancia y condiciones que establezca la Secretaría, la que debe ser notificada en forma preliminar de aquellas actividades cuya ejecución pretendan contratar con terceros.

16. Se recomendó que la operación sólo podría ser llevada a cabo por los concesionarios.

17. Se incluyó la recomendación de que los concesionarios deberán proporcionar un seguro que ampare los daños que pudieren ocasionarse a la carga o bienes transportados.

18. Se propuso establecer que la Secretaría cumpliría con las funciones que tiene asignadas en esta ley con base al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes sectoriales respectivos.

19. Se solicitó que se precisara de manera más clara la facultad reguladora de la Secretaría.

20. Se propuso un cambio en el orden de los ordenamientos supletorios a la ley o tratados internacionales, a fin de que en tercer término se aplique la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

21. Se propuso que se precisará el plazo para expedir la convocatoria para el otorgamiento de concesiones.

22. Se sugirió que se tomara en cuenta la capacidad jurídica entre los requisitos para el otorgamiento de concesiones.

23. Se propuso que la prestación del servicio público se apegue a los principios de regularidad, permanencia, uniformidad, obligatoriedad y generalidad.

24. Se sugirió que la licencia estuviera siempre vigente para el servicio de transporte, así como la obligatoriedad de realizar los exámenes médicos correspondientes.

En síntesis, la ley que se dictamina parte de un intenso proceso de discusión, análisis y concertación, precisa las funciones de la autoridad y promueve de manera fundamental la inversión en los servicios ferroviarios. Asimismo, atiende la seguridad de los usuarios y protege de manera decidida los derechos de los trabajadores. En suma es una ley sin duda perfectible, pero que llena un espacio importante en este sector. Este nuevo marco regulatorio permite contar con reglas claras para todos los actores involucrados en esta actividad. Por ello, la comisión que dictamina, estima que las condiciones actuales del país y la necesidad de contar con una infraestructura sólida y moderna en materia de comunicaciones y transportes, justifica la aprobación de este nuevo marco legal.

No obstante, y con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos estipulados en la misma ley, esta comisión dictaminadora considera indispensable formular las siguientes:

RECOMENDACIONES

Primera. La Cámara de Diputados a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, en términos de los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción III de la Ley Orgánica de dicha contaduría y demás disposiciones aplicables, deberá revisar las concesiones y permisos que otorgue y asigne la autoridad ferroviaria.

Segunda. Los proyectos estratégicos, entendidos como aquellos que comprometen en el largo plazo el desarrollo de los servicios ferroviarios, como pudieran ser, en su caso, los servicios que se llegasen a prestar en el itsmo de Tehuantepec o en la península de Baja California, deberán de ser evaluados no sólo en cuanto a su factibilidad técnica o económica, sino también atendiendo a criterios que garanticen la rectoría del Estado y la soberanía de la nación sobre esta actividad prioritaria. En el caso de la inversión extranjera, se deberá revisar los términos de su participación a la luz de lo establecido en los ordenamientos en la materia.

Tercera. Reafirmado lo que dispone el transitorio quinto de la ley, esta Cámara de Diputados, a través de sus comisiones correspondientes, deberá estar atenta al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia laboral.

Cuarta. El sector social, de conformidad con los ordenamientos vigentes, podrá participar en las licitaciones de los servicios ferroviarios en los términos contenidos en esta ley.

Con base en lo anterior:

CONSIDERANDO

Primero. Que los servicios ferroviarios son componentes estratégicos para el desarrollo eficiente y competitivo de la infraestructura de comunicaciones y transportes de México.

Segundo. Que la ley que se dictamina es resultado de un intenso proceso de discusión y análisis entre los involucrados en el sector.

Tercero. Que la economía nacional precisa de una infraestructura adecuada que se adelante a la demanda y sea el detonante de un crecimiento sano y sustentable.

Cuarto. Que el nuevo marco regulatorio permitirá liberar recursos públicos para atender otras prioridades del desarrollo nacional.

Quinto. Que el Estado mantiene y garantiza su rectoría en la materia y cuenta a través de este ordenamiento, con los instrumentos adecuados para planear y regular esta actividad.

Por todo lo antes expuesto y con base en la minuta enviada por el Senado y en el análisis que esta comisión ha realizado de la iniciativa remitida por el Ejecutivo Federal, nos permitimos someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.

El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad y la soberanía de la nación y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes medios de transporte.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Derecho de vía: la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

II. Equipo ferroviario: los vehículos atractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en las vías férreas:

III. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

IV. Sistema ferroviario: las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares:

V. Servicio público de transporte ferroviario de carga: el que se presta en vías férreas destinado al porte de bienes, incluyendo el servicio de arrastre de vehículos de terceros:

VI. Servicio público de transporte ferroviario de pasajeros: el que se presta en vías férreas destinado al traslado de personas;

VII. Terminal: tratándose del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, las instalaciones en donde se efectúa la salida y llegada de trenes para el ascenso y descenso de pasajeros y, tratándose del servicio público de transporte ferroviario de carga, en las que se realiza la recepción, almacenamiento, clasificación, consolidación y despacho de bienes,:

VIII. Vías férreas: los caminos con guías sobre los cuales transitan trenes, inclusive los que se encuentren en los patios que, a su vez, sean indispensables para la operación.

Artículo 3o. Las vías férreas son vías generales de comunicación cuando:

I. Comuniquen entre sí a dos o más entidades federativas:

II. En todo o parte del trayecto, estén dentro de la zona fronteriza de 100 kilómetros o en la faja de 50 kilómetros a lo largo de las costas, con excepción de las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país y que no operen fuera de los límites de las poblaciones,:

III. Entronquen o conecten con alguna otra vía férrea de las enumeradas en este artículo, siempre que presten servicio al público. Se exceptúan las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país.

Son parte integrante de la vía general de comunicación ferroviaria el derecho de vía, los centros de control de tráfico y las señales para la operación ferroviaria.

Artículo 4o. Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares.

Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley.

En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

Artículo 5o. A falta de disposición expresa en esta ley o en los tratados internacionales aplicables, se aplicarán:

I. La Ley de Vías Generales de Comunicación:

II. La Ley General de Bienes Nacionales:

III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo,:

IV. Los códigos de Comercio; Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 6o. Corresponde a la Secretaría, en materia de servicio ferroviario, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Planear formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo del sistema ferroviario, con base al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes sectoriales respectivos.

II. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta ley, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o terminación:

III. Determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, mediante la expedición de normas oficiales mexicanas:

IV. Verificar que las vías férreas, los servicios públicos de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares cumplan con las disposiciones aplicables:

V. Establecer, en su caso, bases de regulación tarifaria:

VI. Aplicar las sanciones establecidas en esta ley:

VII. Integrar el registro de las concesiones y permisos que se otorguen conforme a lo dispuesto en la presente ley:

VIII. Interpretar esta ley para efectos administrativos,:

IX. Las demás que señalen ésta y otras disposiciones legales aplicables.

CAPITULO II

De las concesiones y permisos SECCION PRIMERA

De las concesiones

Artículo 7o. Se requiere de concesión para:

I. Construir, operar y explotar vías férreas, que sean vía general de comunicación.

Los concesionarios podrán contratar con terceros, la construcción, la conservación y el mantenimiento de las vías férreas, pero, en todo momento, el concesionario será el único responsable ante el Gobierno Federal por las obligaciones establecidas a su cargo en la respectiva concesión,:

II. Prestar el servicio público de transporte ferroviario.

Las concesiones de que trata el presente artículo podrán comprender los permisos para prestar servicios auxiliares, caso en el cual no será necesario obtener el permiso a que se refiere el artículo 15 de la presente ley.

Artículo 8o. Las vías generales de comunicación ferroviaria se mantendrán en todo momento dentro del dominio público de la Federación. Las vías férreas que se construyan al amparo de un título de concesión, pasarán a formar parte del dominio público inmediatamente, con independencia de las condiciones y plazo de la concesión.

Artículo 9o. Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante licitación pública, conforme a lo siguiente:

I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que se presenten proposiciones en presencia de los participantes.

Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo de 180 días naturales, expedirá la convocatoria; o señalará al propio interesado las razones de la improcedencia de su petición, en un plazo no mayor de 60 días naturales:

II. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de la entidad o entidades federativas en donde se encuentren o se hayan de construir las vías férreas:

III. Las bases de la licitación incluirán, como mínimo:

a) Las características, especificaciones y límites de la concesión:

b) En su caso, las características técnicas de la vía férrea o el proyecto técnico, así como los requisitos de calidad de la construcción y operación:

c) En su caso, las especificaciones y características del servicio público de transporte ferroviario objeto de la concesión:

d) El plazo de la concesión,:

e) Los criterios para el otorgamiento de la concesión, entre los cuales se considerarán, según sea el caso, las contraprestaciones ofrecidas al Estado por el otorgamiento de la concesión; la calidad del servicio que se propone; el programa y calendario de inversiones; los volúmenes de operación; las bases para determinar los precios y las tarifas para el usuario y las demás condiciones que se consideren convenientes:

IV. Los interesados deberán demostrar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, debiendo señalar en forma preliminar, aquellas actividades cuya ejecución pretendan contratar con terceros y cumplir con los demás requisitos que se establezcan, Entre tales requisitos, los interesados deberán contar con opinión de la comisión federal de Competencia, respecto de su participación en la licitación de que se trate.

V. La Secretaría, emitirá el fallo con base en el análisis comparativo de las proposiciones recibidas, el cual será dado a conocer a todos los participantes. La evaluación de las proposiciones se hará con base en los criterios contenidos en las bases a que se refiere el inciso e, de la fracción III anterior:

VI. La Secretaría, en su caso, otorgará la concesión dentro del plazo señalado en las bases correspondientes, y el titulo respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del concesionario,:

VII. No se otorgará la concesión cuando las proposiciones presentadas no aseguren las mejores condiciones de eficiencia para la prestación del servicio ferroviario; o la proposición económica no sea satisfactoria a juicio de la Secretaría; o no cumplan con los requisitos de las bases de la licitación. En estos casos, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.

Artículo 10. La Secretaría podrá otorgar asignaciones a los estados, municipios y entidades paraestatales de la administración pública federal, sin sujetarse al procedimiento de licitación a que se refiere esta ley.

Artículo 11. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 50 años y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda de 50 años, siempre que el concesionario:

I. Hubiera cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar:

II. Lo solicite antes de que inicie la última décima parte del plazo de la concesión:

III. Acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría,:

IV. Hubiera realizado el mejoramiento de las instalaciones y la calidad de los servicios prestados durante la vigencia de la concesión, de acuerdo con las verificaciones sistemáticas practicadas conforme a los indicadores de eficiencia y seguridad que se deteminen en los reglamentos respectivos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 12. El título de concesión deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

I. Nombre y domicilio del concesionario:

II. Objeto:

a) La vía troncal, ruta o ramal a cubrir por la concesión:

b) La descripción de los bienes, obras e instalaciones que, en su caso, se concesionan, así como los compromisos de conservación y mantenimiento de los mismos,:

c) Las características y especificaciones del servicio público de transporte ferroviario que, en su caso, se concesiona:

III. Los servicios auxiliares que, en su caso, podrán prestarse:

IV. Los programas de inversión, construcción, explotación, conservación y modernización de la infraestructura:

V. Los derechos y obligaciones de los concesionarios:

VI: Los indicadores de eficiencia y seguridad para la evaluación correspondiente:

VII. El periodo de vigencia:

VIII. Las características y el monto de la garantía que, en su caso, deberá otorgar el concesionario,:

IX. En su caso, forma de pago de las contraprestaciones.

Artículo 13. Los bienes muebles concesionados en los términos de esta ley, podrán enajenarse cuando en razón de su uso o características hayan sido sustituidos, tales como rieles, durmientes y señales.

Los concesionarios, previa autorización de la Secretaría, podrán constituir gravámenes sobre los derechos derivados de la concesión. En las escrituras públicas correspondientes se hará constar que bajo ninguna circunstancia se podrán gravar los bienes del dominio público objeto de la concesión y que al terminar la concesión, por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 20 de esta ley, los bienes de dominio público se reintegrarán a la nación.

Artículo 14. Las vías férreas, el derecho de vía, los centros de control de tráfico, las señales de operación ferroviaria y los demás bienes que se hubieren concesionado, al terminar la concesión, revertirán a la nación en buen estado operativo, sin costo alguno.

El Gobierno Federal, tendrá derecho de preferencia para adquirir el equipo ferroviario y demás bienes que considere necesarios para continuar con la prestación del servicio.

SECCION SEGUNDA

De los permisos

Artículo 15. Se requiere permiso para:

I. Prestar los servicios auxiliares a que se refiere el artículo 44 de esta ley:

II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de las vías férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas, mismas que se podrán construir sin necesidad de concesión o permiso:

III. Instalar anuncios y señales publicitarias en el derecho de vía,:

IV. Construir y operar puentes sobre vías férreas.

En caso de que haya dos o más interesados en construir y operar una terminal, la Secretaría otorgará el permiso respectivo conforme al procedimiento a que se refiere el artículo 9o. de esta ley.

Artículo 16. Los permisos a que se refiere el artículo anterior se otorgarán previo cumplimiento de los requisitos exigidos; por los plazos y con las condiciones que establezcan los reglamentos de la presente ley y en atención a la naturaleza del servicio.

En todo caso, la resolución correspondiente deberá emitirse en un plazo que no exceda de 90 días naturales, contado a partir de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente integrada.

SECCION TERCERA

Disposiciones comunes

Artículo 17. Las concesiones sólo se otorgarán a personas morales mexicanas. La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% en el capital social de las empresas concesionarias a que se refiere esta ley.

Se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión a que se refiere el párrafo anterior participe en un porcentaje mayor. Dicha comisión deberá considerar al resolver, que se propicie el desarrollo regional y tecnológico y se salvaguarde la integridad soberana de la nación.

Los concesionarios deberán dar aviso a la Secretaría de las modificaciones que realicen a sus estatutos, relativas a la disolución anticipada, cambio de objeto, fusión, transformación o escisión. Asimismo, deberán informar el cambio de participación, directa o indirecta, en el capital social de que se trate, cuando dicha participación sea igual o superior al 5%.

Los permisos sólo se otorgarán a personas físicas o morales mexicanas.

Artículo 18. La Secretaría autorizará, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que el cesionario se comprometa a realizar las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que, al efecto, establezca la Secretaría.

Las partes interesadas, previamente a la presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, deberán dar aviso a la comisión federal de competencia.

Artículo 19. Los concesionarios o permisionarios en ningún caso podrán ceder, ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos, así como los bienes afectos a la concesión, a ningún gobierno o estado extranjero.

Artículo 20. Las concesiones y permisos, según sea el caso terminan por:

I. Vencimiento del plazo establecido en la concesión o el permiso o las prórrogas que se hubieren otorgado:

II. Renuncia del titular:

III. Revocación:

IV. Rescate:

V. Desaparición del objeto de la concesión o permiso,:

VI. Liquidación o quiebra de la concesionaria o permisionaria.

La terminación de la concesión o el permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia.

Artículo 21. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No ejercer los derechos conferidos en las concesiones o los permisos durante un periodo mayor de 180 días naturales, contado a partir de la fecha de su otorgamiento;

II. Interrumpir el concesionario la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público de transporte ferroviario, total o parcialmente, sin causa justificada ante la Secretaría:

III. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros concesionarios o permisionarios que tengan derecho a ello:

IV. Incumplir con el pago de las indemnizaciones por daños que se originen en la prestación de los servicios:

V. Aplicar tarifas superiores a las registradas o, en su caso, a las autorizadas:

VI. Si el concesionario o permisionario cambian de nacionalidad:

VII. Ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, en contravención a lo dispuesto en esta ley:

VIII. En su caso, no otorgar o no mantener en vigor la garantía de cumplimiento de las concesiones o permisos, o las pólizas de seguros sobre daños a los pasajeros y a terceros en sus personas o bienes, a la carga y los que pudieran sufrir las construcciones, instalaciones, así como el equipo tractivo y de arrastre,:

IX. En general, inclumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permisos respectivos.

La Secretaría procederá de inmediato a la revocación de las concesiones y permisos en los supuestos de las fracciones I, VI y VII anteriores.

En los casos de las fracciones II y V, la Secretaría sólo podrá revocar la concesión o el permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.

Para los supuestos de las fracciones III, IV, VIII y IX, se requerirá que la sanción se haya impuesto por lo menos en cinco ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.

Artículo 22. El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, estará imposibilitado para obtener, directa o indirectamente, otra concesión o permiso de los contemplados en la presente ley, dentro de un plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

Artículo 23. Para atender necesidades derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor, la Secretaría estará facultada para imponer modalidades en la operación y explotación de las vías férreas y en la prestación del servicio público de transporte ferroviario, sólo por el tiempo y proporción que resulte estrictamente necesario. En su caso, el afectado percibirá la indemnización que corresponda por la afectación habida en virtud de la modalidad impuesta.

Artículo 24. Los servicios ferroviarios se prestarán a todos los usuarios solicitantes de manera permanente, uniforme y en condiciones equitativas en cuanto a oportunidad, calidad y precio.

CAPITULO III

De la construcción, conservación, mantenimiento y operación de las vías férreas

Artículo 25. Es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas.

La Secretaría por sí, o a petición y por cuenta de los interesados o concesionarios, efectuará la compraventa o, en su defecto, promoverá la expropiación de los terrenos, construcciones y bancos de material, necesarios para la construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas, incluyendo los derechos de vía.

Los terrenos federales y aguas nacionales, así como los materiales existentes en éstos, podrán ser utilizados para la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas, y derechos de vía correspondientes, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 26. Los concesionarios de vías férreas contarán con centros de control de tráfico, los que se deberán establecer dentro del territorio nacional.

Artículo 27. Para realizar trabajos de construcción o reconstrucción en las vías férreas concesionadas, se requerirá la aprobación previa de la Secretaría del proyecto ejecutivo y demás documentos relacionados con las obras que pretendan ejecutarse.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los trabajos de urgencia, de mantenimiento y los trabajos menores de construcción que los concesionarios realicen para la conservación y buen funcionamiento de las vías férreas concesionadas, en el entendido de que informarán a la Secretaría en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.

En los casos en que se pretenda que las vías férreas crucen centros de población y otras vías de comunicación, los proyectos respectivos deberán contener las previsiones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes y el funcionamiento adecuado de las vías de comunicación.

Artículo 28. Los concesionarios realizarán la conservación y el mantenimiento de la vía general de comunicación ferroviaria con la periodicidad y las especificaciones técnicas que al efecto establezcan los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 29. Si el concesionario no opera, mantiene o conserva las vías férreas en buen estado, en términos de la presente ley, la Secretaría podrá nombrar un verificador especial por el tiempo que resulte necesario para corregir las irregularidades de que se trate. Los gas- tos que se originen por tal verificación serán por cuenta del concesionario.

Artículo 30. Toda obra que se requiera para la prestación del servicio ferroviario dentro de los límites de un centro de población, deberá cumplir con lo dispuesto en la legislación, programas y zonificación en materia de desarrollo urbano y protección ambiental.

La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, promoverá con los estados, municipios, concesionarios o particulares, la conservación reconstrucción y ampliación de tramos federales y la construcción de libramientos que eviten el paso por las poblaciones.

Artículo 31. Las obras de construcción de los cruzamientos de vías férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo cumplimiento de los requisitos aplicables.

Artículo 32. En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación materia de esta ley, hasta en una distancia de 100 metros del límite del derecho de vía, no podrán establecerse obras o industrias que requieran el empleo de explosivos, salvo previa autorización expresa de la Secretaría.

Artículo 33. La Secretaría en coordinación con la autoridad municipal correspondiente, de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable, podrá requerir que los predios colindantes a las vías férreas, se cerquen o delimiten, según se requiera, respecto del derecho de vía, por razones de seguridad.

Artículo 34. Se requiere autorización de la Secretaría para la instalación de líneas de transmisión eléctrica, fibra óptica, postes, cercas, ductos de petróleo o sus derivados, o cualquiera otra obra subterránea, superficial o aérea, en las vías generales de comunicación ferroviaria, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones aplicables.

En estos casos, el Estado podrá obtener una contraprestación por el aprovechamiento de la vía general de comunicación, sin perjuicio de la contraprestación que pudiere corresponder al concesionario de la vía férrea.

Las dependencias del Gobierno Federal, en coordinación con la Secretaría, podrán realizar cualesquiera de las obras señaladas en el primer párrafo de este artículo, dentro del derecho de vía de las vías férreas, sin pagar contraprestación alguna.

Las obras o instalaciones a que se refiere este artículo no deberán perjudicar las prestación del servicio público de transporte ferroviario o las instalaciones de las vías férreas.

Artículo 35. Los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios, los servicios de interconexión y de terminal requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

En caso de que los concesionarios no llegaren a un acuerdo dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la Secretaría, previa audiencia de las partes, establecerá las condiciones y contraprestaciones conforme a las cuales deberán prestarse dichos servicios.

Artículo 36. Los concesionarios podrán acordar ente ellos derechos de arrastre y derechos de paso, por virtud de los cuales puedan compartir una vía férrea determinada. El concesionario de la vía férrea será el responsable del despacho de los equipos ferroviarios y de la conservación y mantenimiento de la vía.

La Secretaría podrá establecer, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que para tramos determinados se otorguen derechos de arrastre y derechos de paso. Cuando los concesionarios no lleguen a un acuerdo dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que hubieren iniciado las negociaciones, la Secretaría, previa audiencia de las partes, fijará las condiciones y contraprestaciones conforme a las cuales se otorgarán dichos derechos.

Los concesionarios deberán remitir a la Secretaría, copia de los convenios que celebren en términos del presente artículo.

CAPITULO IV

Del servicio público de transporte ferroviario

Artículo 37. El servicio público de transporte ferroviario podrá ser:

I. De pasajeros,:

II. De carga.

Artículo 38. Los concesionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario deberán contar con el equipo adecuado para el tipo de servicio que presten y el personal capacitado para manejarlo y proporcionarlo en condiciones de seguridad, eficiencia rapidez y funcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

Artículo 39. El equipo ferroviario deberá cumplir las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones; con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas y obtener la constancia de aprobación correspondiente.

El equipo tractivo deberá contar con dispositivos de control gráfico o electrónico de velocidad máxima.

Artículo 40. El personal que opere o auxilie en la operación del equipo ferroviario deberá obtener licencia federal ferroviaria que expida la Secretaría y someterse a exámenes médicos.

Los concesionarios estarán obligados a vigilar y constatar que su personal cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 41. Los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario tendrán la obligación, de conformidad con la ley de la materia, de proporcionar al personal a que se refiere el artículo anterior, la capacitación y el adiestramiento que se requiera para que la prestación de los servicios sea eficiente y segura.

La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con otras autoridades federales competentes, determinará los lineamientos generales aplicables para la definición de aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que requieran de certificación, según sea necesario para garantizar la seguridad en la prestación de los servicios. Dicha certificación se sujetará al régimen que las autoridades señaladas establezcan. En la determinación de los lineamientos generales antes citados, las autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las propuestas y operaciones de los concesionarios del servicio público del transporte ferroviario.

Artículo 42. La concesión para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga autoriza a sus titulares para realizar el transporte de cualquier tipo de bienes.

La Secretaría regulará el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en las vías férreas, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Artículo 43. El Gobierno Federal promoverá la prestación del servicio público de transporte ferroviario en las comunidades aisladas que no cuenten con otro medio de transporte al público.

Los concesionarios estarán obligados a proporcionar servicio a dichas comunidades en los términos y condiciones que establezca la Secretaría, lo que deberá establecerse en el título de concesión respectivo. En estos casos, el Gobierno Federal podrá otorgar un subsidio directamente al concesionario.

Los concesionarios deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a los discapacitados y a las personas de edad avanzada.

CAPITULO V

De los servicios auxiliares

Artículo 44. Los permisos que en los términos de esta ley otorgue la Secretaría para la prestación de servicios auxiliares, serán los siguientes:

I. Terminales de pasajeros:

II. Terminales de carga:

III. Transbordo y transvases de líquidos:

IV. Talleres de mantenimiento de equipo ferroviario,:

V. Centros de abasto para la operación de los equipos.

Artículo 45. Los permisionarios, en lo conducente, estarán obligados a contar con las instalaciones que se requieran para garantizar que los servicios se presten con seguridad, eficiencia, higiene, rapidez y funcionalidad.

En el caso de las terminales de carga y de los servicios de transbordo y transvases de líquidos, adicionalmente los permisionarios deberán disponer del personal, equipo e infraestructura adecuados para el tamaño, volumen y características de la carga que se maniobre.

CAPITULO VI

De las tarifas

Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en vigor y colocarse en lugar visible en las terminales en que presten servicios los concesionarios y permisionarios.

Artículo 47. Cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que no existe competencia efectiva, solicitará la opinión de la comisión federal de competencia para que, en su caso, la Secretaría establezca bases tarifarias. Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

Los concesionarios sujetos a tal regulación podrán solicitar a la comisión federal de competencia que emita opinión sobre la subsistencia de tales condiciones.

Se considera que existe competencia efectiva cuando haya por lo menos dos prestadores de servicio ferroviario o dos modos de transporte en la misma ruta o por rutas alternativas, siempre y cuando puedan ser considerados como alternativa viable.

CAPITULO VII

Del transporte ferroviario internacional

Artículo 48. El transporte ferroviario internacional es el que se opera de otro país al territorio nacional, o viceversa y se ajustará a los términos y condiciones previstos en los tratados internacionales aplicables o, en su defecto, a los convenios celebrados entre las empresas ferroviarias participantes.

Artículo 49. Los equipos ferroviarios extranjeros que se internen en el territorio nacional deberán cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por esta ley.

CAPITULO VII

De las responsabilidades

Artículo 50. Las medidas que adopten los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, deberán ser suficientes para garantizar la seguridad e integridad de los pasajeros durante el trayecto, desde que aborden hasta que desciendan del vehículo.

Los concesionarios responderán a los usuarios por los daños que sufran en su persona o en su equipaje en la prestación del servicio.

En todo caso, los concesionarios deberán proporcionar un seguro que ampare los daños que pudieren ocasionarse a su persona y a su equipaje.

Artículo 51. Los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga son responsables de las pérdidas y daños que sufran los bienes o productos que transporten, desde el momento en que reciba la carga hasta que la entreguen a su destinatario, excepto en los siguientes casos:

I. Por vicios propios de los bienes o productos, o por embalajes inadecuados;

II. Cuando la carga, por su propia naturaleza, sufra deterioro o daño, total o parcial, siempre que hayan cumplido en el tiempo de entrega establecido:

III. Cuando los bienes se transporten a petición escrita del remitente en vehículos no idóneos, siempre que por la naturaleza de aquellos debieran transportarse en vehículos con otras características,:

IV. Cuando sean falsas las declaraciones o instrucciones del cargador, del consignatario o destinatario de los bienes, o del titular de la carta de porte, respecto del manejo de la carga.

Artículo 52. En los casos en que el usuario del servicio pretenda que el concesionario responda ante la pérdida o daño que puedan sufrir sus bienes por el precio total de los mismos, inclusive los derivados de caso fortuito o fuerza mayor, deberá declarar el valor correspondiente y, en su caso, cubrir un cargo adicional equivalente al costo de la garantía respectiva que pacte con el concesionario.

Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, la responsabilidad quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por tonelada, o la parte proporcional que corresponda tratándose de embarque de menor peso.

Artículo 53. Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga, garantizar, en los términos que autorice la Secretaría, los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generase por el equipo o por la carga.

Tratándose de materiales, sustancias, residuos, remanentes y desechos tóxicos o peligrosos, deberá contratarse un seguro en los términos que establezca el reglamento respectivo, el que será por cuenta del usuario, salvo pacto en contrario.

Artículo 54. El derecho a percibir las indemnizaciones establecidas en este capítulo y la fijación del monto se sujetará a las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Para la prelación en el pago de las mismas, se estará a lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 55. Las indemnizaciones a que se refiere el presente capítulo, deberán cubrirse en un plazo máximo de 90 días naturales, contando a partir de que se presente la reclamación correspondiente.

CAPITULO IX

De la requisa

Artículo 56. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación ferroviaria, los equipos ferroviarios, los servicios auxiliares y demás bienes muebles e inmuebles y de disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra internacional, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicio a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y, en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje.

CAPITULO X

De la verificación

Artículo 57. La Secretaría verificará el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, los concesionarios y permisionarios estarán obligados a permitir el acceso a los verificadores de la Secretaría a sus instalaciones; a transportarlos en sus equipos para que realicen la verificación en términos de la presente ley y, en general, a otorgarles todas las facilidades para estos fines.

La Secretaría, por sí o a través de los verificadores, podrá requerir a los concesionarios y permisionarios, informes con los datos que permitan a la Secretaría conocer la operación y explotación del servicio ferroviario.

Artículo 58. Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

La Secretaría podrá autorizar directamente a las empresas concesionarias o permisionarias de servicios ferroviarios que puedan contar con los elementos técnicos necesarios y el personal capacitado, para que realicen por sí la verificación físico-mecánica de su equipo ferroviario.

CAPITULO XI

De las sanciones

Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. Prestar servicio público de transporte ferroviario sin la concesión respectiva, con multa de 10 mil a 25 mil salarios mínimos:

II. Prestar servicio público de transporte ferroviario con equipo cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes y demás disposiciones aplicables, con multa de 1 mil a 20 mil salarios mínimos:

III. No mantener las vías férreas en buen estado operativo, con multa de 1 mil a 20 mil salarios mínimos:

IV. Aplicar tarifas superiores a las que, en su caso, se autoricen, con multa de 1 mil a 5 mil salarios mínimos:

V. Tripular en estado de ebriedad o bajo los efectos de enervantes, con multa de 200 a 1 mil salarios mínimos y suspensión de la licencia por un año; por la segunda infracción, cancelación de la licencia.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá un multa de 500 a 2 mil salarios mínimos:

VI. Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con multa al o los responsables de 200 a 1 mil salarios mínimos; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción y cancelación de la misma por la tercera infracción.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de 500 a 2 mil salarios mínimos:

VII. Conducir vehículos de transporte ferroviario sin la licencia que exige la ley, con multa de 200 a 1 mil salarios mínimos.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de 500 a 2 mil salarios mínimos:

VIII. Destruir, inutilizar, desactivar, remover o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías férreas o del equipo ferroviario, con multa de 100 a 3 mil salarios mínimos:

IX. Ejecutar obras que invadan o perjudiquen una vía general de comunicación ferroviaria, con multa de 100 a 3 mil salarios mínimos, además de que será aplicable lo señalado en el artículo siguiente,:

X. Cualquier otra infracción a lo previsto en esta ley, con multa de 100 a 5 mil salarios mínimos.

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.

Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Artículo 60. Las personas que sin contar con la concesión o el permiso respectivo realicen las obras o instalaciones a que se refieren los artículo 7o., fracción I, o 34 de la presente ley o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan una vía general de comunicación ferroviaria, perderán en beneficio de la nación, las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas.

La Secretaría podrá solicitar a las autoridades competentes el desalojo de los infractores y, en su caso, que se realice la demolición de las obras en la parte de la vía invadida y del derecho de vía y que se reparen los daños causados.

Una vez que la Secretaría tenga conocimiento de ello, y en tanto se dicta resolución definitiva, procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas y las pondrá bajo la guarda de un interventor, previo inventario que al respecto se formule.

Artículo 61. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte, ni de la revocación que proceda de la concesión o permiso.

Artículo 62. Para declarar la revocación de las concesiones y permisos; suspensión de servicios; la imposición de las sanciones previstas en esta ley; así como para la interposición del recurso administrativo de revisión, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría dará trámite a las solicitudes a que se refieren los artículos 9o., fracción I y 16, segundo párrafo, de la presente ley, 180 días después de que la misma entre en vigor.

Tercero. Se derogan:

I. Los artículo 1o., fracción V; 9o., fracción I y del 129 al 145 de la Ley de Vías Generales de Comunicación:

II. Los artículos 5o., fracción X y 7o., fracción IV, inciso s, de la Ley de Inversión Extranjera,:

III. Todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Cuarto. Ferrocarriles Nacionales de México, organismo público descentralizado, continuará administrando y operando los ferrocarriles mexicanos al amparo de su Ley Orgánica, hasta en tanto la Secretaría de conformidad con lo previsto en la presente ley, otorgue concesiones y permisos a terceras personas respecto de las vías férreas, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares que actualmente opera dicho organismo.

Lo anterior, en el entendido de que Ferrocarriles Nacionales de México deberá ajustarse a lo dispuesto en esta ley en lo relativo a la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de vías férreas, la prestación del servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares.

Quinto. Las concesiones y permisos que se otorguen con motivo de la presente ley, no afectarán los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, los que serán respetados conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo.

Sexto. Los titulares del los contratos celebrados con Ferrocarriles Nacionales de México para la prestación del servicio de talleres de mantenimiento de equipo ferroviario y de terminales de carga, podrán continuar desempeñando sus actividades en los términos y condiciones pactados.

Séptimo. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias y administrativas a que se refiere la presente ley, se continuarán aplicando las expedidas en la materia con anterioridad a la vigencia de la misma, en lo que no se opongan.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 26 de abril de 1995.- Diputado: Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, presidente; José Alberto Castañeda Pérez, Eric Luis Rubio Barthell, Desiderio Camacho Garibo, Alfonso Molina Ruibal, secretarios; Carlos H. Aceves del Olmo, Jorge Castillo Cabrera, Víctor H. Islas Hernández, Gabriel Escalante Castillo, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo Ordaz Moreno, Cecilio Lepe Bautista, Jaime Jesús Arceo Castro, Ricardo F. Pacheco Rodríguez, Roberto M. Flores González, Israel Reyes Ledezma Magaña, Carlota Vargas Garza, R. Luis Antonio Godina Herrera, Daniel Covarrubias Ramos, Tuffy Gaber Arjona, Miguel Rodríguez Ramírez, Apolonio Méndez Meneses, Eusebio Moreno Muñoz, Jorge Humberto Gómez García, Jesús Durán Ruiz, Martín Hernández Balderas, Alfonso Solórzano Fraga, Carlos Navarrete Ruiz, Ramón Sosamontes Herreramoro y Alejandro Moreno Berry.»

Es de segunda lectura.

El Presidente:

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Roberto Flores González para fundamentar el dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Roberto Flores González:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

La reforma estructural del sector comunicaciones y transportes, responde a la estrategia de que la inversión en infraestructura básica, su fortalecimiento y ampliación, son elementos determinantes en la velocidad del cambio estructural que se ha venido dando y que debe continuar en todos los órdenes de la actividad económica y social de nuestro país.

La calidad de la infraestructura es un indicador crítico para medir la vitalidad de una nación, mejor transporte y mejores comunicaciones significan mayor comercio, más capacidad para insertarse en la globalización y mejores oportunidades de incrementar la calidad y eficiencia, por contra, su ausencia o deterioro, significan serios obstáculos para el crecimiento y la competitividad.

Una estrategia de inversión e infraestructura básica que promueva la complementariedad de los recursos de inversión pública con la participación privada en actividades prioritarias como la ferroviaria es indispensable, a fin de incrementar la actividad económica, el contar con la infraestructura necesaria permite elevar la productividad de la economía en su conjunto.

En este sentido, el sector ferroviario es una de las actividades más importantes para apuntalar el desarrollo económico y social del país, especialmente ante la creciente expansión de nuestro comercio exterior; sin embargo, la problemática de orden estructural que actualmente enfrenta y afecta sensiblemente su confiabilidad es sumamente delicada, distribución espacial obsoleta de la vía, reducción de ingresos, problemas serios de mantenimiento, mala señalización y falta de infraestructura, ello aunado al incremento del flujo comercial internacional, la presión competitiva, la penetración del autotransporte y la racionalización de los subsidios hacen impostergable su reestructuración integral.

De igual manera, es indispensable crear una infraestructura de transporte que promueva la competitividad de la planta industrial y comercial, a través de un intercambio de mercancías eficiente que contribuya al desarrollo regional.

La reestructuración de los ferrocarriles es fundamental para modernizar el comercio interior y eje para aumentar la productividad del sistema del transporte de manera integral.

Sin embargo, la realización de esta infraestructura tan necesaria para los ferrocarriles, reclama montos de inversión muy significativos que el Estado no puede distraer del gasto social que requiere nuestra población.

Con el propósito de que nuestro país cuente con servicios ferroviarios competitivos y una oferta integrada de transporte con capacidad suficiente, de mayor calidad y eficiencia global, el Presidente de la República propuso la modificación al cuarto párrafo artículo 28 de nuestra Constitución Política, para dar a los particulares la oportunidad de participar en la actividad ferroviaria mexicana.

Como resultado de la promulgación de esta reforma, los ferrocarriles constituyen un área prioritaria para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de la propia Carta Magna, al ejercer en ellos su rectoría, el Estado debe de garantizar la protección de la seguridad y soberanía de la nación y al proceder a otorgar concesiones y permisos a particulares, habrá de mantener o establecer el dominio de las respectivas vías de comunicación.

En congruencia con los acuerdos tomados por esta representación en ocasión de la reforma constitucional, hemos recibido para la consideración y análisis de esta soberanía, la iniciativa de Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que, con el propósito de promover un servicio seguro, eficiente y competitivo, promueve el presidente Ernesto Zedillo. Para estar en condiciones de atender las necesidades básicas de la población frente a las condiciones de apertura y globalización económica que imperan en el mundo, resulta fundamental mantener firme el rumbo que se ha definido para el país y garantizar la permanencia de los avances que se vayan obteniendo.

La iniciativa, cuyo análisis nos ocupa, fue elaborada atendiendo a la voluntad de consolidar una relación de genuina autonomía y respeto invariable entre los poderes federales.

Ella recoge diversas consideraciones y propuestas expresadas, tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al dictaminar la reforma del artículo 28 constitucional y busca establecer el marco regulatorio fundamental para la actividad ferroviaria en México, resulta importante destacar que a raíz de la aprobación de la reforma mencionada, la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta cámara, realizó reuniones y un significativo número de consultas de carácter informal con el sector ferroviario durante los meses de febrero y abril.

En ellas se tuvo oportunidad de conocer con mayor detalle la situación actual de nuestro sistema ferroviario, así como el existente en otros países, tales como Colombia, Argentina, Chile, Inglaterra, Suecia, Francia, Bélgica y Nueva Zelandia, países que en estos últimos años han emprendido procesos de reestructuración de sus ferrocarriles, en virtud de las nuevas condiciones del sistema del transporte a nivel mundial.

Asimismo, se conoció de la experiencia de Estados Unidos y Canadá, por la estrecha vinculación que se tiene con estos países a raíz del Tratado de Libre Comercio y cuyos ferrocarriles experimentaron también transformaciones importantes en tiempos recientes.

Por otra parte, se tuvo la oportunidad de conocer diversos anteproyectos de la iniciativa de ley que hoy nos ocupa, lo que nos permitió realizar un sinnúmero de recomendaciones, muchas de las cuales fueron incluidas en esta iniciativa.

Una de las principales preocupaciones de esta comisión, fue el tema relativo a la soberanía nacional, teniéndose especial cuidado en que ésta quedará ampliamente garantizada en este sentido, se propuso que el Gobierno Federal en la programación del desarrollo y regulación del sistema ferroviario, se ajuste al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales respectivos.

De igual forma, hubo un gran interés en proteger y garantizar la seguridad de los usuarios y el respeto a los derechos de los trabajadores pensionados y jubilados.

Otro rubro, sobre el cual esta comisión tuvo especial atención, fue lo concerniente a la necesidad, de que quedara explícitamente garantizada la libre competencia, sin descuidar la protección de los usuarios.

Finalmente, un punto, sobre el cual se reiteró el interés de esta cámara, fue el relativo a los servicios que deberán prestarse a las comunidades aisladas, sin importar la rentabilidad del servicio.

De esta forma, los principios que rigen la reestructuración del sistema ferroviario que se promueve con esta ley, responden a las inquietudes y expectativas de esta comisión, consolidar la soberanía nacional al tiempo que se mantiene la rectoría del Estado y el carácter de servicio público del transporte ferroviario. Contar con un transporte ferroviario eficiente, competitivo, seguro y confiable. Mantener el servicio a las comunidades aisladas y dispersas. Proteger el patrimonio y mobiliario de Ferrocarriles Nacionales de México y salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores.

Algunos aspectos relevantes de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que se proponen en esta iniciativa, son los siguientes.

1o. Las vías generales de comunicación ferroviaria se mantendrán en todo momento dentro del dominio público de la Federación, aquellas que se construyan al amparo de un título de concesión, formarán parte del dominio público inmediatamente, sin menoscabo de las condiciones y plazos otorgados.

2o. Se establecerá un sistema ferroviario que, sin renunciar a la rectoría del Estado o al fortalecimiento de la seguridad y soberanía nacionales, aliente la participación de los particulares en condiciones de certeza y seguridad jurídica para su inversión.

3o. El servicio público de transporte ferroviario se prestará en aquellas comunidades o centros de población, que sin contar con otros modos de transporte al público y por su dispersión o lejanía, requieran de manera indispensable de este servicio.

4o. De acuerdo con el artículo 28 constitucional se prevé que para construir, operar y explotar vías férreas, así como para prestar el servicio público de transporte ferroviario, se requiere concesión del Estado, que se otorgará a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante licitación pública.

5o. En congruencia con el artículo 25 constitucional y con el fin de impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo, el Estado podrá otorgar concesiones a los estados, municipios y entidades paraestatales, sin sujetarse al procedimiento de licitación.

6o. Para promover una mayor inversión en el sistema ferroviario, tanto en la infraestructura como en equipo, a fin de lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio, las concesiones podrán ser otorgadas hasta por 50 años renovables hasta por otro tanto igual.

7. La prestación de los servicios auxiliares a la operación ferroviaria, así como la construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones marginales en el derecho de vía, la instalación de anuncios y señales publicitarias en el derecho de vía y la construcción y operación de puentes sobre las vías, se sujetan al régimen de permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

8o. Las concesiones para construir y explotar vías férreas, así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario sólo se otorgarán a personas morales mexicanas; en el caso de los servicios auxiliares, podrán participar además personas físicas mexicanas. Asimismo, se establecen disposiciones que alentarán la inversión extranjera productiva.

9o. Los elevados montos de inversión requerida para alcanzar los estándares de eficiencia que requiere el país, hace necesario proporcionar seguridad a los inversionistas. Por este motivo, se deja abierta la posibilidad para que, bajo condiciones muy concretas y porcentaje de inversión extranjera supere el 49%. En el otro lado de la balanza, la iniciativa de ley contempla una serie de disposiciones que permiten al Estado mantener y garantizar la soberanía y seguridad nacional, como son las figuras de la reversión, el rescate y la requisa. Adicionalmente, en todo momento se mantendrá el dominio público sobre las vías generales de comunicación ferroviaria, y aquellas que se construyan pasarán de forma inmediata al dominio público sin importar los plazos y condiciones de las concesiones.

10. Al término de la concesión, las vías férreas, el derecho de vía, los centros de control de tráfico y las señales de operación revertirán a la nación en buen estado operativo sin costo alguno y libres de todo gravamen.

11. Los concesionarios sólo podrán usar el derecho de vía para prestar servicios ferroviarios requiriendo autorización específica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otros fines, como el aprovechamiento de la vía para tender redes de telecomunicaciones; en el otorgamiento de estos permisos la Secretaría siempre actuará sobre bases no discriminatorias.

12. Las tarifas podrán ser fijadas libremente por los concesionarios y permisionarios y estarán sujetas a criterios que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia en el marco de las disposiciones vigentes en materia de competencia. Las tarifas deberán de ser registradas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su puesta en vigor.

13. Por tratarse de un servicio público, se establece la facultad del Estado de requisar en caso de desastre natural, guerra, grave alteración del orden público o cuando se tema a un peligro inminente para la seguridad nacional, la paz o la economía del país.

14. Se establecen reglas claras para la prestación del servicio de transporte ferroviario internacional mediante la celebración de tratados internacionales y de acuerdos privados para su ejecución.

15. Se prevé que Ferrocarriles Nacionales de México continuará operando la totalidad de las vías férreas que hoy maneja al amparo de su ley orgánica hasta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en términos de la propia ley, cuya iniciativa se comenta, proceda al otorgamiento de concesiones y permisos a particulares, en el entendido de que en la operación y en la prestación de los servicios le será aplicable lo dispuesto en esta ley.

16. Se establece la obligación de los concesionarios en el sentido de proporcionar al personal operativo la capacitación y el adiestramiento requerido a fin de proveer un servicio seguro en favor de los pasajeros y sus bienes.

17. La autoridad contará con las atribuciones necesarias para regular, vigilar, supervisar, y en su caso, sancionar la operación del servicio de transporte ferroviario a fin de garantizar que su desarrollo se base en criterios de seguridad y eficiencia en el servicio, que tenga como objetivo el beneficio de los usuarios y contribuya a consolidar el sistema de transporte multimodal en nuestro país.

Formulamos, compañeros diputados, algunas consideraciones que dan sustento evidente a la conveniencia de respaldar y promover la aprobación de esta iniciativa de Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Primera. Es necesario promover el desarrollo de un sistema ferroviario eficiente, competitivo, que proporcione un servicio no discriminatorio y que propicie la construcción de la infraestructura complementaria que nuestro país reclama.

Segunda. La inversión y el esfuerzo que el país ha hecho durante más de un siglo en infraestructura ferroviaria se puede perder para siempre, si no se revitaliza y moderniza urgentemente toda la red, para lo que se requieren inversiones colosales. No se pueden tirar por la borda más de 100 años de esfuerzo de los mexicanos.

Tercera. El fortalecimiento de nuestro comercio internacional demanda un transporte ferroviario eficiente para la competitividad de la industria nacional y el potencial económico de los mexicanos.

Las condiciones actuales de nuestro sistema ferroviario no responden a este reclamo, la modernización productiva, la racionalización del uso de energía y la mayor conciencia ecológica, obligan también a un uso más intenso de los ferrocarriles.

Cuarta. El sistema ferroviario tiene un valor económico potencial muy importante que sólo se concretará en la medida en que puedan realizarse elevadas inversiones que lo hagan más rentable y eleven la calidad en el transporte de mercancías.

Quinta. Una mayor participación de los particulares es compatible con el fortalecimiento del Estado para promover el desarrollo de las áreas prioritarias.

La inversión productiva que sólo es viable en un marco jurídico transparente que la promueva y le dé certeza, es también indispensable para contar con un transporte ferroviario moderno, eficiente y de bajo costo que incremente la competencia en el sistema de transporte en general y la competitividad de nuestra economía.

Sexta. La reestructuración de los ferrocarriles permitirá modernizar el comercio interior, abatir costos en el traslado al exterior, estimular el sano crecimiento de la economía, crear fuentes de empleo y fortalecer la cohesión nacional. Adicionalmente favorecerá el crecimiento e integración de aquellas regiones con menos desarrollo y oportunidades.

Séptima. La experiencia internacional muestra que un sistema ferroviario bien administrado y vinculado con el mercado, es el transporte terrestre de menor costo, tanto en el consumo de energía como en infraestructura y equipo. Es más competitivo para largas distancias y cargas masivas. Genera el menor daño ambiental en su operación, expansión y favorece notablemente el desarrollo regional al comunicar y abrir posibilidades de desarrollo a las comunidades.

Octava. El Estado preserva su rectoría y autoridad para asegurar que la prestación de este importante servicio de transporte, se realice en condiciones que garanticen el beneficio de la sociedad y el fortalecimiento de la nación.

Novena. El Gobierno de la República mantiene su compromiso con la labor, dedicación, entrega y experiencia de los trabajadores ferrocarrileros y su sindicato seguirá velando en todo momento por sus derechos laborales.

Décima. El propósito es permitir a la sociedad el acceso a mejores y más completos servicios. No la desincorporación indiscriminada de Ferronales.

Para el Estado, lo importante no es la explotación directa del servicio, sino ofrecer a la población el mejor servicio, para lo cual se requiere que exista un clima de competencia equitativa en un ambiente adecuado, con reglas claras y con un simultáneo fortalecimiento de los instrumentos normativos de regulación y control.

Compañeros legisladores: coincidimos con la exposición de motivos de la iniciativa cuando señala que los actuales, son tiempos para fortalecer nuestros propios valores e instituciones y para consolidar la unidad y la confianza como condiciones indispensables para superar los problemas y retomar el camino del desarrollo sostenido.

Compartimos la convicción de que es necesario consolidar nuestro sistema republicano para que exista un mayor equilibrio y colaboración entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Al igual que otras, esta iniciativa es fruto del intenso trabajo conjunto que desarrollamos los diputados y senadores de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con servidores públicos de la Secretaría del ramo y de Ferrocarriles Nacionales de México.

De la misma forma en este esfuerzo han participado legisladores de todas las fracciones parlamentarias, haciendo posible el diálogo y la colaboración. Las medidas que el Gobierno de la República ha propuesto para profundizar los cambios estructurales en los sectores que requieren una más rápida modernización, reclaman la concurrencia de los esfuerzos de la sociedad en su conjunto y su transformación en una oportunidad de crecimiento sano y sostenido.

El rumbo trazado es para superar la crisis y retomar el crecimiento. La construcción y operación de infraestructura es una condición indispensable para el desarrollo que los mexicanos demandan. Como representantes populares y legisladores, debemos de perseverar en el esfuerzo cotidiano de promover la participación social y la unidad.

Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Para fundamentar un voto particular sobre este dictamen, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra el diputado Jesús Zambrano.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que suscribimos el presente, le solicitamos a la Presidencia, ponga a consideración de la Asamblea el voto particular en contra del dictamen con proyecto de decreto de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, cuya minuta fue turnada a esta soberanía por la Cámara de Senadores y que somete en esta ocasión a nuestra consideración, la comunicación de Comunicaciones y Transportes.

La nueva ley a discusión tiene su antecedente inmediato en la contrarreforma al artículo 28 constitucional, aprobada en el pasado mes de enero, con la que por iniciativa del Ejecutivo Federal, las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles, dejaron de ser áreas estratégicas. El objetivo que hoy queda más claro en el caso del servicio ferroviario, era facilitar la participación privada en esta importante actividad y ofrecer al capital extranjero limitadas posibilidades de inversión, a costa de poner en riesgo la soberanía y seguridad nacionales.

Como lo hicimos notar en su momento, con la citada reforma al párrafo IV del artículo 28 de nuestra Carta Magna, continuó el proceso de sustituir en la legislación los principios de filosofía política del desarrollo económico nacional, por los conceptos neoliberales en voga que le conceden al mercado y a la iniciativa privada, el papel que en otro tiempo jugó el Estado.

Tal y como lo consideró el Constituyente Permanente en 1983, momento en que se incluyó en la Ley Fundamental a los Ferrocarriles como un área estratégica, aquellos principios se correspondían con el régimen de propiedad y las formas de relación entre el Estado y la sociedad que ella determinaba, coincidentes con la necesidad de un desarrollo equilibrado y armonioso.

El anterior, en el marco de las atribuciones que se conferían al Estado en materia de planeación, conducción, coordinación, orientación y rectoría de la economía nacional, así como aquellas de regulación y fomento, delimitando con precisión el ámbito exclusivo del sector público y los alcances de la participación estatal.

También se fundamentaba en ese entonces la existencia de instituciones, organismos y empresas que requiriera el Estado para su eficaz desempeño en las áreas estratégicas y de carácter prioritario. Asimismo, se hizo explícito el régimen de concesiones para la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes dominios de la Federación y los criterios para evitar fenómenos de concentración que contrariaran el interés público.

Es evidente que la nueva redacción del artículo 28 constitucional en su párrafo cuarto, con todo y las salvedades incorporadas durante su discusión en el Senado, ha dado pauta para que ahora en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se intente darle otra dimensión a la participación estatal, limitándola.

Por esta y las razones de peso que en seguida expondremos, el grupo parlamentario del PRD votará en contra de este dictamen.

Uno. De nueva cuenta y a pesar de la búsqueda de consensos, el proceso legislativo adoleció de los defectos que en otro momento hemos criticado: falta de consulta y además apresuramiento. Por si ello fuera poco, hay que agregar que se incumplió el acuerdo parlamentario suscrito en la Cámara de Diputados el pasado 28 de enero, en el sentido de que sería la Cámara de Diputados la de origen de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

El hecho de que fuera el Senado el que recibiese y en un solo día, dispensando la primera lectura, aprobara el dictamen correspondiente, denota que el Ejecutivo tuvo el claro propósito de evitar una discusión más intensa, plural y de mayor trascendencia política para el país.

Dos. El Estado mexicano, según ésta que seguramente será ley, renuncia a la rectoría que le otorga y a la que lo obliga la Constitución, al ceder parte de la soberanía nacional en virtud del otorgamiento de concesiones de las vías generales de comunicación, en su acepción de comunicación ferroviaria, a los particulares y extranjeros, mismas estas vías que no sólo el solo uso de las vías férreas, además de que en los hechos el Estado se desobliga de las acciones correspondientes a la planeación y control sobre el desarrollo del sistema ferroviario.

El Gobierno Federal renuncia a construir, mejorar, conservar y explotar las vías férreas de comunicación, dejando en manos de la iniciativa privada, nacional y extranjera, estas actividades sustantivas.

El hecho de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conserve sólo como atribuciones las de planear, regular, otorgar concesiones y permisos, verificar e interpretar la ley, entre otras, debilita la participación del Estado y anuncia el desmantelamiento inminente de Ferrocarriles Nacionales de México.

Tres. Esta presunción se confirma con la redacción del primer párrafo del transitorio cuarto, en donde se señala que Ferrocarriles Nacionales de México, organismo público descentralizado, continuará administrando y operando los Ferrocarriles Mexicanos al amparo de su ley orgánica, sin necesidad de contar con la concesión o permisos a que se refiere el presente ordenamiento, "hasta en tanto la Secretaría, de conformidad con lo previsto en la presente ley, otorgue concesiones y permisos a terceras personas respecto de las vías férreas, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares que actualmente opera dicho ordenamiento"; es una cita del mencionado transitorio.

La orientación de la ley en este punto conduce a que todas las actividades que ahora y en el futuro realice Ferrocarriles Nacionales de México, puedan ser concesionadas o permisionadas a la iniciativa privada nacional y extranjera.

Cuatro. Varias objeciones de fondo se pueden hacer al régimen de concesiones previsto en el Capítulo II del dictamen de ley.

a) Las concesiones no se sujetan a un plan nacional de desarrollo ferroviario y pueden quedar a expensas de los intereses privados nacionales y extranjeros que no siempre y generalmente no coinciden con el interés nacional y que en varias ocasiones se le han incluso contrapuesto, máxime cuando en el artículo 9o. se concede al interesado el derecho de solicitar la licitación pública de una concesión que considere de su beneficio.

b) El plazo de las concesiones hasta por 50 años prorrogables hasta por un plazo igual, puede dar pie a un derecho casi vitalicio de los particulares, nacionales y extranjeros, a construir, operar y explotar vías férreas y prestar el servicio de transporte ferroviario. Las concesiones en esta circunstancia pueden otorgarse a sus beneficiarios hasta por varias generaciones.

c) Lo que representa uno de los puntos más delicados e inadmisibles de la ley a debate, es el carácter de la participación de la inversión extranjera en esta actividad prioritaria. En el artículo 17 se abre la posibilidad de autorizar a la inversión extranjera una participación mayor al 49% del capital social de las empresas concesionarias del servicio público ferroviario, con la sola autorización de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera.

Este es, a nuestro juicio, un verdadero regalo al capital extranjero que dadas las condiciones de integración económica con Norteamérica y el grado de sometimiento que ha estado teniendo el Gobierno mexicano ante los Estados Unidos, ya podemos adivinar de dónde provendrán estas inversiones.

La frase de un senador del PRI que se manifestó en contra del contenido del artículo 17, al referirse a la mayoría de su partido resume el verdadero sentido de la ley en ese aspecto. Estos, dijo, quieren entregar todo.

Quienes aprobaron el dictamen en el Senado y que firman el dictamen que está a nuestra consideración, no tienen memoria histórica, olvidan que el Gobierno de los Estados Unidos ha codiciado desde el Siglo XIX el control del istmo de Tehuantepec, después de la invasión norteamericana de 1847 durante las negociaciones del Tratado de Paz llamado de Guadalupe Hidalgo, se intentó concretar sin éxito este oprobioso fin, lo mismo ocurrió durante el Tratado McLane-Ocampo suscrito por el presidente Juárez en 1859 en condiciones de extrema debilidad de la República, el cual entre otras cosas concedía a los Estados Unidos en perpetuidad, el derecho de tránsito por el istmo y que por fortuna para nuestro país nunca entró en vigor. Sólo las fuerzas patrióticas nacionalistas han impedido que nuestra soberanía se vea empeñada, fuerzas en las que por cierto no parecen militar ni nuestros gobernantes que nos someten a consideración este dictamen ni quienes lo han estado suscribiendo, ya que en el caso de Ruiz Sacristán, presuroso, antes de que sea aprobada esta ley, ya está promoviendo la concesión del corredor transístmico ante la proximidad del vencimiento de la concesión del canal de Panamá, como él mismo lo declaró a principios de este mes en el Estado de Oaxaca.

d) Asociado al punto anterior, nos fue plasmada en el ordenamiento nuestra solicitud y consideración de que el Estado en caso de interés general, hiciera excepciones en las concesiones que otorga a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal y como lo permite el artículo 28 constitucional en su décimo párrafo.

La propuesta tenía un objetivo central, garantizar que quedara en manos del Estado mexicano la construcción, operación y explotación de proyectos estratégicos de comunicación ferroviaria, como lo serán corredores Salina Cruz, Coatzacoalcos y el de la frontera norte, que como lo reconoce la propia exposición de motivos del Senado, por su naturaleza requieren un tratamiento especial.

Cinco. Dejar al libre juego de la oferta y la demanda la fijación de las tarifas base y renunciar a la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su definición, implica restarle fuerza al Estado en materia de rectoría económica y someter a usuario a las políticas tarifarias de los concesionarios, lo que puede ocasionar atropellos y abusos por parte de éstos, con el peligro de afectar a los usuarios de menores recursos.

La desastrosa política tarifaria sostenida hasta ahora por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que subsidia a los grandes usuarios, es entre otras cosas, la responsable del estado financiero que guarda Ferrocarriles Nacionales de México, organismo que a juicio nuestro, manejado con transparencia podría ser rentable.

Seis. La historia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, sintetiza de alguna forma lo que podríamos llamar el ascenso y la caída del sistema ferroviario. El punto culminante de la organización obrera en esta industria, fue la constitución de su sindicato en 1933, preludio de la nacionalización completa de los ferrocarriles nacionales decretada por el general Lázaro Cárdenas.

A lo largo de los años que nos separan de la fundación del sindicato hasta nuestros días, los trabajadores han librado muchas batallas por su derecho a organizarse, a la huelga y a la contratación colectiva; sin embargo, conviene señalar que los cambios de régimen y las fusiones de las compañías ferroviarias producidas en el pasado, han significado pérdidas de derechos y conquistas contractuales, lo mismo que el otorgamiento de concesiones de talleres de Ferrocarriles Nacionales de México.

Este es un peligro que vuelve a aparecer con la nueva reglamentación. Si bien es cierto que el transitorio quinto dispone que las concesiones y permisos no afectarán los derechos de los trabajadores activos jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México, y que los mismos serán respetados en el marco del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, se omitió hacer una mención explícita al contrato colectivo vigente.

Con ello, pueden quedar desprotegidos 55 mil trabajadores activos y más de 50 mil jubilados y pensionados, frente a las exigencias de los virtuales concesionarios. Vale la pena revisar lo que ha sucedido con las condiciones laborales de los trabajadores empleados en los siete talleres concesionados a la iniciativa privada. Ahí encontraremos, lo dijimos en enero, reducción de salarios y prestaciones y disminución de los puestos de trabajo.

Desde hoy lo anticipamos, de mantenerse la actual redacción del transitorio quinto, su alcance será motivo de conflictos laborales.

Compañeras y compañeros legisladores: el ferrocarril fue uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna; su expansión siempre ligada a los avatares de la historia mexicana, desde el siglo pasado hasta la Revolución de 1910; desde el periodo obregonista, hasta el cardenista; desde la incipiente inversión extranjera, hasta la apertura comercial de la década pasada, empero el sistema ferroviario no tuvo siempre el mismo peso en la economía del país ni la misma importancia en Ia agenda de los gobiernos posrevolucionarios; más aún, su declive, podríamos decir, es obra directa de las administraciones que han estado a cargo de la conducción del país.

Para nuestro grupo parlamentario, cualquier reestructuración del sistema ferroviario pasa por definir el tipo de desarrollo que queremos como nación. Es evidente que en una óptica nacionalista y popular, se requieren entre otras medidas, la construcción de vías dobles, de nuevas líneas, empezando por concluir las que se proyectaron desde el Siglo XIX, como la vía corta México-Tampico, que llega hoy hasta Honey; la vía Durango-Mazatlán, la vía México-Acapulco, construida hasta el río Balsas y la México-Zihuatanejo construida hasta Uruapan.

La electrificación paulatina de la red, sustituyendo las locomotoras diesel eléctricas por locomotoras eléctricas, para abatir la dependencia tecnológica; la simplificación administrativa y la utilización de los sistemas computarizados en los departamentos de Finanzas, Recursos Materiales y Humanos; el impulso de los servicios como el transporte multimodal de puerta a puerta y el uso de mecanismos automáticos para carga y descarga y, por supuesto, erradicar la corrupción imperante en la administración. Todo ello en el marco del respeto irrestricto a los derechos laborales adquiridos por el combativo gremio ferrocarrilero.

La modernización de los ferrocarriles conlleva, para nuestro grupo parlamentario, el impulso al mercado interno y el comercio multinacional, lo que no se garantiza, a nuestro juicio, con el contenido de la ley que se nos propone.

Una ley como ésta, mediante la cual se renuncia a la rectoría estatal, hecha a la medida de los concesionarios, que entrega sin cortapisas a la iniciativa privada nacional y extranjera porciones estratégicas de nuestro territorio, la prestación de un servicio público y la explotación de un bien, que retira al Estado de la construcción y explotación de las futuras vías férreas de comunicación, que pone en entredicho nuestra soberanía nacional, que amenaza con liquidar a Ferrocarriles Nacionales de México, que deja sin la protección suficiente contractual a miles de trabajadores activos jubilados y pensionados, no puede por ello obtener nuestra aprobación.

Por todas las consideraciones anteriores, votaremos en contra de este dictamen, aun cuando es menester reconocer que se recogieron algunas de las observaciones importantes que hicimos a la iniciativa, pero no aquéllas o todas aquellas que consideramos de las más importantes, mismas que sin embargo fueron plasmadas en el rubro de recomendaciones, admitiendo desde luego quienes están presentando este dictamen a nuestra consideración, el valor que las mismas tienen, pero por ello mismo, por no haber quedado en el cuerpo del dictamen de ley que se somete a nuestra consideración, resultan absolutamente insuficientes.

Muchas gracias por su atención y firman varios compañeros integrantes del grupo parlamentario del PRD, integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y otros que no lo son. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

En consecuencia está a discusión en lo general el dictamen y esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en pro, los siguientes diputados: Joaquín Vela González, del Partido del Trabajo; Apolonio Méndez Meneses, del Partido Acción Nacional, Martín Hernández Balderas, del Partido Acción Nacional, Gerardo Ordaz Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, y Tuffy Gaber Arjona, del Partido Revolucionario Institucional; y para hablar en contra, se han inscrito: Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, Luis Sánchez Aguilar y Carlos Navarrete Ruiz, también del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Gloria Sánchez Hernández:

Por la revisión de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con un criterio nacionalista. Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados; señores periodistas, compañeros trabajadores de la cámara y demás asistentes a esta sala, y en especial a los ferrocarrileros preocupados por su futuro:

A partir de los sucesos que están ocurriendo en nuestro país, bajo el esquema neoliberal que se ha impuesto por los grupos de poder político-económico, como alternativa única para la modernización, sin considerar el costo humano y el riesgo de ingobernabilidad que se corre por la agresión que constituye para las mayorías tradicionalmente sacrificadas, pareciera inútil insistir en la urgencia de otros enfoques.

Aquí no cuentan los argumentos, aquí no se respeta al orador, aquí se platica en los pasillos, aquí se hace caso omiso de lo que se trata de sostener. Yo ruego al señor Presidente que tenga la bondad de pedir orden en la sala.

El Presidente:

Cómo no, diputada; señores diputados:

De nueva cuenta rogamos pasen a tomar sus lugares y poner la atención debida al orador. A las personas que no son diputados, sírvanse desalojar los pasillos. Continúe, diputada.

La diputada Gloria Sánchez Hernández:

Aquí, repetimos, cuentan los intereses de esos grupos siempre gananciosos y por supuesto que también cuentan los votos, estos últimos por desgracia para quienes confían en el PRD aún no son los suficientes para inclinar la balanza en otro sentido.

Nos preguntamos con frecuencia hasta dónde tiene objeto continuar así. ¿Qué caso hay en destinar tantas horas de debate a la insistencia de que nuestra Constitución original debe respetarse, a tratar de convencer de que el espíritu social de ese sagrado documento histórico recogió como proyecto de vida los anhelos de un pueblo levantado en armas en búsqueda de justicia y libertad, si prefiguradamente se conocen los resultados finales de la votación de los diputados?

Al remitirnos al estrecho marco en que está convertido el Poder Legislativo, quedan dos interlocutores posibles: la opinión pública que sí se informa y sí se interesa de estas situaciones, y el juicio de la historia basado en el estudio del , aunque queda también la posibilidad de hacer reflexionar a algunos legisladores más.

No se trata pues de estimar inútil toda reiteración de congruencia con lo verdaderamente nuestro; tampoco de sentirnos poseedores de una verdad absoluta, pero sí de no renunciar al derecho conquistado de hacer notar un criterio de las mayorías a las que honestamente estimamos que debemos responder, a esas mexicanas y a esos mexicanos que están siendo despojados de su patria y de su esperanza, desde nuestra óptica, irresponsable, egoístamente, sin conciencia de unidad nacional.

Ya el documento leído por el compañero diputado Jesús Zambrano Grijalva resume los motivos fundamentales que contiene la iniciativa de ley, que son contrarios a lo que consideramos que conviene al pueblo mexicano.

El retiro del carácter estratégico de los ferrocarriles, el poner en riesgo la soberanía y la seguridad nacionales al abrir sin límites las puertas al capital extranjero, la renuncia a la responsabilidad estatal para atender con eficacia esta área, la carencia de sujeción de las concesiones a un plan nacional ferroviario delineado por la autoridad, la posibilidad de generar monopolios abiertos o disimulados, con las graves consecuencias e injusticias que sabemos esto provoca.

La negativa inexplicable de precisar las excepciones en las concesiones reservadas al Estado para los proyectos estratégicos, como la comunicación ferroviaria en el Istmo de Tehuantepec y en las fronteras, máxime ante la proximidad del cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter en el Canal de Panamá; la irresponsabilidad del Estado de no intervenir en la fijación de las tarifas con criterios que eviten afectar a la población de menores recursos, y lo que a nuestro juicio resulta más grave es la desestimación de este elevado número de trabajadores rieleros y de sus familias, que se cuentan por miles y que tal vez serán suplantados más temprano que tarde por mecanismos, o en el peor de los casos por ex tranjeros presumiblemente más capacitados.

Gremio que por otra parte es ejemplo de combatividad y de fraternidad en el esfuerzo por conquistar la democracia en momentos relevantes de nuestra historia reciente. Los he visto recoger en sus manchadas gorras de mezclilla la colaboración para el compañero preso o para el despedido, quitándose el pan de la boca para apoyarse mutuamente, personal que ha dejado su vida en el servicio y en la lucha, víctima de incomprensiones y de represiones.

Ahí está como testigo viviente, Valentín Campa, ejemplo de congruencia y deseos de transformar.

Nadie puede quitar de ese sitio de dignidad y entereza las huelgas de hambre que en la cárcel sostuviera Demetrio Vallejo, preso político por más de 10 años y símbolo que los jóvenes de 1968 recogieran entre una de sus demandas de libertad y de apertura.

Nadie puede olvidar a los despedidos y caídos producto del sindicalismo charro y sanguinario. Nadie puede negar que las empresas y las instituciones florecen o se deterioran en función del justo valor y de la atención que sociedad y Gobierno les presente.

Ni la ineficiencia, ni la inseguridad, ni el atraso son responsabilidad primordial de los operarios; son la mala administración y las demás lacras que el burocratismo, la corrupción y el abandono de los responsables de ofrecer buenos servicios han observado en éste y en otros campos.

Tampoco es la orografía mexicana obstáculo para un desarrollo cabal de un medio como éste, que para transportar carga y comunicar a los pueblos alejados es el más económico.

Modernizar, compañeras y compañeros, no significa entregar, no es sinónimo de desentendimiento y olvido. En estos días de globalización mundial todos necesitamos de todos, pero en condición de iguales, no hay por qué subordinar el propio bienestar a la inversión privada extranjera a como dé lugar y para toda la vida.

Nuestro criterio es el de legislar colocando en primer plano la seguridad y la identidad del país, salvaguardando la conciencia patria, lo mismo en la tenencia y el trabajo de la tierra que en la defensa de nuestros recursos naturales o en la inversión productiva para la autosuficiencia y la competitividad, que en la educación, la cultura y el arte, porque sólo quien tiene independencia económica y seguridad en sí mismo, puede hablar de soberanía, y es ésta precisamente la que posibilita una cooperación internacional con espíritu verdadero de solidaridad, que es a nuestro juicio, la expresión más elevada de identidad entre los seres humanos, su máximo patrimonio como especie.

Cualquier otra forma de relación entre superiores y sometidos podrá calificarse de relación económica necesaria, pero en el fondo será siempre una sujeción indigna, una dependencia, un peligro de comprometer la autonomía individual, la de las naciones y la del propio género humano.

Alguien dijo que pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla.

En el PRD queremos mantener viva la riqueza de una larga y dolorosa experiencia de lucha por la total emancipación de la nación mexicana, para no reincidir en errores.

Ojalá que se entienda, y que cada vez más nos decidamos a votar libremente pensando en nuestra patria y no sólo en el capital o en el compromiso que no trasciende, que es inmediatista.

Demetrio Vallejo coincidiría con nosotros, y por demás está decir cuál era su origen y por quiénes luchó hasta su muerte, desempeñando con decoro su modesto papel de trabajador ferroviario o de avanzado líder sindical incorruptible o como organizador y dirigente de un partido político nacionalista opositor, y finalmente, como diputado de la nación en una de las pocas curules conquistada por la izquierda hace muy pocas legislaturas.

También coincidirán con nosotros esos miles de trabajadores directamente interesados en el tema a quienes no se consultó para emitir la nueva legislación.

Por atención a ellos, por la memoria del compañero Vallejo, por lo que simbolizan los ferrocarriles en la construcción del México actual y en homenaje a tantos otros mexicanas y mexicanos que en su mente y en su corazón han mantenido latente el pensamiento ejemplar de Vicente Guerrero, procuraremos convencer para que esta soberanía en realidad regule los excesos del Ejecutivo que hoy como el de ayer, de nefasta memoria, se encuentra empeñado en deshacerse del patrimonio nacional a toda costa, tal vez convencido de que no existen otros caminos, seguramente sin contar con que existe una reserva popular de nobles sentimientos que saben respaldar a quienes velan verdaderamente por su bienestar, como ocurrió en 1938 durante la expropiación petrolera que encabezara un presidente, al mismo tiempo patriota que internacionalista, un ciudadano del mundo, el general Lázaro Cárdenas. Democracia y patria para todos.

El Presidente:

Gracias, diputada.

En su turno el diputado Joaquín Vela González, del Partido del Trabajo, para hablar en pro.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

El pasado 26 de enero, cuando en esta soberanía se discutió las reformas al cuarto párrafo del artículo 28, nuestro partido, el Partido del Trabajo, definió claramente que en el caso de ferrocarriles era necesario el ingreso de capital privado, no así en el caso de telecomunicaciones, donde votamos en contra.

Nuestro razonamiento en ese entonces y ahora, radica en que ferrocarriles tiene un atraso enorme en su estructura, no ha servido como un elemento detonante del desarrollo económico necesario en nuestro país. Los datos son incontrastables, mientras que en Japón o en Europa los ferrocarriles alcanzan velocidad promedio de 180 kilómetros por hora, en México nuestros ferrocarriles tienen una velocidad promedio de 23 kilómetros por hora.

Realmente esto requiere una explicación y ha sido un abandono total de las administraciones anteriores del Estado mexicano que han dejado a ferrocarriles prácticamente abandonado a su suerte. Todo mundo conoce el dato de que la cantidad de líneas férreas tendidas a la fecha, es prácticamente la misma que heredamos del porfiriato, es decir, todos los gobiernos llamados pos revolucionarios, no se interesaron nunca por desarrollar la infraestructura férrea.

Junto con ello hay un elemento explicativo también fundamental. El Estado mexicano prefirió beneficiar a los consorcios carreteros del transporte privado, y esos fueron los beneficiarios fundamentalmente y a ellos se les concedió la infraestructura, y a ellos se les dio incluso protección, para que pudieran desarrollar este elemento.

Incontrastablemente, sin embargo, los hechos es que hoy los ferrocarriles que son un elemento fundamental para la carga de las mercancías, se han convertido en un obstáculo real al desarrollo económico de México, parte fundamental del elevamiento de los costos de las mercancías y que nuestro país genera y que no las hacen competitivas con el exterior, es el costo que la transportación le aumenta a nuestras mercancías y que en muchos casos, esto trae como consecuencia que no sean competitivas con el exterior, por lo que es necesario desarrollar.

Compartimos la inquietud de que es urgente desarrollar esta infraestructura y que por diversas razones, que ya hemos dicho en ocasiones anteriores, nuestro país en este momento, no cuenta con los recursos necesarios efectivamente para poder hacer frente a una inversión de la magnitud que requiere un país como el nuestro.

En función de ello, nuestro partido y siendo consecuente con lo que hemos sostenido ya en el primer periodo extraordinario, vamos a votar en lo general a favor, pero vamos a desarrollar un conjunto de recomendaciones para que puedan ser incorporadas.

Quiero también señalar que con la Comisión de Comunicaciones y Transportes les hemos hecho propuestas en concreto, algunas de ellas han sido incorporadas, quiero hacer este reconocimiento, pero hay otras sobre las que nos interesa insistir.

Básicamente tres elementos, primero, nuestro país requiere la estructuración de un plan maestro para establecer las prioridades, el tiempo de construcción de las carreteras y su compatibilización con otros sistemas de transporte, de manera tal que exista un proyecto multimodal.

Esto implica que nosotros, como diputados, tenemos la obligación de velar por cuáles son las condiciones del desarrollo nacional. No podemos, de ninguna manera, dejar libremente al interés del lucro de las empresas privadas, que ellas sean las que determinen cuáles son las rutas principales evidentemente, y todos lo sabemos, y ya tenemos experiencia en las carreteras, ellas, las empresas privadas, solamente van a estar interesadas en aquellas que les reditúen ganancias.

Por ello es importante que nosotros, como diputados, antepongamos los intereses de la nación, en un esquema de desarrollo económico integral, y que sea este plan maestro el que determine las prioridades y no quede totalmente sujeto al mercado. A golpes de mercado no se puede generar un plan favorable para todos los mexicanos, y por ello insistimos, señores, necesitamos construir este plan maestro para que todos nosotros podamos de manera efectiva coordinar nuestras prioridades de desarrollo.

Esta es una recomendación que nos parece fundamental. Si le dejamos el capital privado que escoja las rutas, seguramente ellos no van a tener nunca el interés que nosotros como mexicanos sí podemos diseñar. En segundo lugar, el problema de las tarifas, ya hemos tenido experiencias, el caso del sistema financiero tal vez es el ejemplo más claro, más nítido,cuando existe un número reducido de concurrentes, de concesionarios, es innegable que estos se ponen de acuerdo para la fijación de las tarifas y el único perdedor son los usuarios, son los consumidores mexicanos que tienen que garantizar a través de un pago de tarifas altas, acordadas por el número escaso de empresarios, los que tienen que pagar y los que tendrían que pagar el costo de las altas ganancias que estos empresarios privados tradicionalmente están acostumbrados a ganar.

Por ello, aunque en la ley se señalan dos elementos de carácter contradictorio. En el artículo 46 se les otorga la total libertad de establecer ellos las tarifas, en el artículo 47 de esa ley se señala, sin embargo, que si hubiera algún conflicto la Comisión Federal de Competencias establecería las regulaciones y las sanciones correspondientes. Esto no es suficiente, y no es suficiente porque ellos señalan que para que exista competencia efectiva, con dos concesionarios por ruta, con eso se tendría por suficiente. A nosotros nos parece verdaderamente insuficiente, realmente si se establece y si se pretende, y esos son los argumentos de establecer un esquema de competencia real, con el hecho de que existan dos, eso impediría en consecuencia que la Comisión Federal de Competencia entrara y pudiera tener acceso a la determinación de alguna sanción en las tarifas. Nosotros pensamos que no tiene que ser éste el mecanismo, sino que cualquier usuario y cualquier instancia pudiera solicitar la participación de la Comisión Federal de Competencia con el objeto de que efectivamente los intereses de los consumidores y de los usuarios estuvieran a salvo.

Tercera y última propuesta. En realidad la propuesta que nosotros hacíamos el 26 de enero de este año, decíamos que Ferrocarriles Nacionales no tenía por qué abandonar la participación en el sector. Ahora se le conserva como una más de las empresas que eventualmente pudiera ser beneficiaria de las concesiones a otorgar. Este esquema nos parece a nosotros insuficiente en lo particular, porque básicamente requerimos garantizar que la participación del Estado mexicano, a través de la empresa de Ferrocarriles Nacionales de México, esté presente en todo.

Por ello, hemos propuesto desde esa ocasión, y ahora reiteramos, que en cada una de las concesiones que se otorgue se garantice la presencia del Estado con un mínimo de un 20%, es decir, en todas y cada una de las rutas nuevas, el Estado estaría presente de esta manera con una participación de un 20%...

Esto es verdaderamente razonable porque efectivamente se requiere capital y éste tendría oportunidad de participar en un 80%. Pero con un 20% nosotros tendríamos la posibilidad real de que tuviéramos una injerencia y una capacidad real mayor.

Por ello, proponemos que en todas y cada una de las concesiones Ferrocarriles Nacionales sea copartícipe con un 20%. Adicionalmente a ello hemos planteado varias veces una discusión que nos parece que hoy adquiere un rasgo fundamental, y es que hacemos una división entre lo que fue una primera ola privatizadora que si realmente hacemos hoy un freno y hacemos un balance, los trabajadores mexicanos poco, poco, se han beneficiado de todas estas privatizaciones.

Es evidente que ha habido ganadores; han sido algunos pocos concesionarios que han constituido grandes consorcios y ellos han sido los ganadores. Al contrario, los trabajadores mexicanos, cuando se es vendida o privatizada alguna empresa paraestatal, ellos corren el riesgo enorme de ser corridos en buena parte de su fuente de trabajo.

Por ello, nosotros decimos ahora, si por razones de necesidad económica este Congreso se ve obligado a seguir realizando privatizaciones, éstas tendrán que tener un carácter social que no han tenido las privatizaciones anteriores.

Compañeros diputados, es momento de que asumamos de que estos procesos de privatización deben tener beneficios para los trabajadores. Hasta hoy, desde, nuestro punto de vista no han tenido. Por ello proponemos que de ese 20% que en cada una de las rutas tenga el Estado mexicano a través de Ferrocarriles Nacionales de México, una cuarta parte, un 5% sea propiedad de los trabajadores. Con ello estaríamos haciendo copartícipes a los trabajadores de este proceso de desarrollo que tanto venimos a pregonar aquí en la tribuna los diputados de los diferentes partidos.

Y ésta es una propuesta en concreto. Compañeros diputados, démosle un carácter social a las privatizaciones e involucremos a los trabajadores, que ellos, de ese 20% que conserve el Estado mexicano a través de Ferrocarriles Nacionales, un 5% sea para los trabajadores mexicanos. Esos trabajadores mexicanos que han sido prácticamente abandonados en los últimos años en esa empresa, que no han encontrado condiciones dignas de desarrollar su trabajo y que han sido además golpeados.

Por último compañeros y finalmente la propuesta del 20%, tiene un elemento adicional; no podemos entregar al 100% posibilidad que sí está prevista en ley donde dice que la Comisión Nacional de Inversión Extranjera podría autorizar arriba del 49%.

No podemos arriesgar a que eventualmente entregue el 100% carreteras tan importantes como la transístmica o aquellas que se conectan a la frontera norte de nuestro país que simplemente si le autorizaran el 100% serían extensiones de las compañías norteamericanas y entrarían al país y ya serían una extensión.

Por ello es importante que pongamos este elemento de que el Estado mexicano cuando menos en un 20% es copartícipe y eso impediría la existencia de un 100% de capital externo en cualquiera de nuestras vías de comunicación férreas.

Finalmente quiero también reconocer la lucha heroica que dieron muchos sindicalistas ferrocarrileros: el compañero Valentín Campa, el compañero Vallejo. Va nuestro reconocimiento. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

En su turno, para hablar en contra, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente:

No escapa en la forma, compañeras y compañeros diputados, este dictamen, a los que nos tiene ya acostumbrados el poder central de esta Cámara de Diputados. Dictámenes sin mayor profundización y tiempo para el análisis, dictámenes que emergen de la consigna del Ejecutivo, albazos y sabadazos para complacer al binomio Clinton-Rubin, que a cambio de un crédito de 20 unidades y línea de crédito por 50 mil millones de dólares, ha impuesto la privatización de los ferrocarriles, de las comunicaciones vía satélite, de la petroquímica básica y de la petroquímica secundaria.

No escapa tampoco este dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a la ya larga y a la par muy lamentable condición de considerandos falaces. Porque, compañeras y compañeros diputados, se nos ofende a los legisladores cuando aquí se consigna en blanco y negro una serie de dislates. Veamos. Nos dice la comisión que:

"El otorgamiento de concesiones o permisos, no implica en manera alguna una enajenación de las vías generales de comunicación, ya que éstas son, en todo momento, patrimonio nacional."

Luego nos dicen: "que el dominio de las vías de comunicación ferroviarias corresponde a la nación, y la vigencia del régimen de concesión en relación con vías de comunicación, en tanto que servicios conexos o de apoyo, pueden ser objeto de permisos."

Y esta comisión vuelve a la carga. Dice más adelante: "Las vías férreas se mantendrán dentro del dominio de la Federación."

Estamos ante un razonamiento kafkiano, digno de mejor causa, porque, ¿qué fuerza tiene esta argumentación ante el peso de la tecnología de las empresas transnacionales, ante el imperio del dinero de las mismas y ante la supremacía del gobierno imperial, ése de los Estados Unidos que de manera primordial y preponderante ha puesto nuestro país, sus vías de comunicación, en la mira.

Esos conceptos aquí leídos no son más que objetivos fallidos, no son más que buenas intenciones.

¿Qué es lo que está detrás de esta iniciativa desnacionalizadora, desde luego, aparte de la normal intención, voracidad o apetito que tengan las empresas monopolistas del exterior para apropiarse de nuestro sistema ferroviario.

Lo que existe, compañeros, y eso es lo que nos alarma de esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, es el concepto geopolítico que los Estados Unidos finalmente están imponiéndole a nuestro país; es la geopolítica la que hoy gobierna la relación bilateral entre nuestras dos naciones. Esa raíz, en términos geopolíticos, viene de muy lejos, ya al concluir la guerra de 1947 en el Departamento de Estado y de defensa de los Estados Unidos se habían exhibido y constan en los archivos de la librería, biblioteca por mejor decir, del Congreso de los Estados Unidos, los mapas que predecían la partición de México, mexamérica en el norte, y México, sería el México del sur, en donde hoy estamos situados. Ahí se establecía también, y está en los proyectos geopolíticos imperiales norteamericanos, la necesidad de la toma de control del sistema ferroviario, la necesidad de establecer líneas en donde no pudiere haber ninguna excepción para poder acceder a cualquier punto del territorio.

La historia también nos enseña que en los diferendos bélicos que nos costaron territorio, que nos costaron sangre, siempre se planteó la posibilidad de las líneas ferroviarias que cruzaren: una, de Nogales a Guaymas; otra, de Matamoros a Mazatlán y la última, que es hoy el objeto final de esta embestida, la que una los extremos del Istmo de Tehuantepec. El imperio tiene ahí puesta la mira y lo que pretende hoy es, en una primera etapa, construir la denominada línea Alfa-Omega, a base de containers y de líneas férreas. Pero a corto plazo el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya tiene planes contingentes para la construcción ahí de un nuevo canal transoceánico antes del año 2010.

Los proyectos alternativos, el nuevo Canal de Panamá, desechado por falta de condiciones físicas. El proyecto alternativo en los lagos de Managua y de Nicaragua, desechado también, sobre todo por cuestiones políticas que se derivan de la existencia de movimientos rebeldes que los Estados Unidos tras 30 años no han podido controlar y porque con todo y que han dominado permanentemente la política centroamericana, hoy habría que reconocerle a los gobiernos de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, no se diga de Costa Rica, una actitud de mayor firmeza frente a los embates del imperialismo.

En cambio, han encontrado en México al gobierno obsecuente. Que diga si no el propio James Jones en declaraciones que se publican hoy en la prensa, que ellos no han pedido todo eso. ¡Desde luego que sí!, por las vías propias del poder imperialista. ¡Pero también jamás habían encontrado tal debilidad, tal capacidad de entrega, tal disposición a satisfacer el interés del expansionismo norteamericano, como el que hoy han encontrado en Ernesto Zedillo Ponce de León:

Ya el señor Salinas, que había entregado prácticamente la economía de la nación y la soberanía, hoy nos podría parecer más firme ante lo que ha estado ocurriendo aquí y sobre todo, en el recinto del Congreso de la Unión, en el Palacio Legislativo, al tener que aprobar por mayoriteo todas estas imposiciones que poco a poco liquidan la soberanía, entregan la patria a las transnacionales y a los designios imperiales.

Hoy de manera irresponsable se dice que deja de ser estratégico el ferrocarril, hoy de manera irresponsable se pierde el espíritu rector del Estado en estas materias. Habría que contestar que los argumentos que expone este dictamen, como los que han venido a exponer aquí, en la fundamentación algunos diputados. Lamento decir que el compañero Vela, porque le tengo gran respeto, no pueda escapar a los razonamientos de que falta dinero, de que hay necesidad económica, de que hay obstáculos al desarrollo y que el Ferrocarril finalmente es un obstáculo, porque esto no deja de ser la misma argumentación priísta, que insistimos es falaz compañeros. Porque no se puede decir que en este país no haya dinero, está concentrado, es un país que ha producido en los últimos 10 años un club de 28 supermagnates a escala mundial, los 24 de forbes y los cuatro ex presidentes, que yo digo no sólo están vivos sino revivos.

Entre todos ellos han acumulado fortunas en la última década de 60 mil millones de dólares. Aquí hemos dicho que un plan de desarrollo, que un programa de reforma fiscal integral concebido dentro del Plan Nacional de Desarrollo, le puede dar a la economía nacional, no en el año 2000, no en el año 2020, en este sexenio y a partir de este año, en un solo ejercicio fiscal, más de 55 mil millones de dólares para financiar el desarrollo nacional, para financiar la infraestructura carretera, ferrocarrilera, la petroquímica básica, la secundaria para construir gasoductos y oleoductos. De lo que se trata, desde luego, es que no tenemos un gobierno patriota que se atreva a cambiar los objetivos de la nación y que se atreva a promover una reforma económica, una reforma fiscal a fondo para tener los recursos y evitar hoy los ayes lastimeros que se escuchan en esta tribuna por oficialismo cuando dicen: entreguemos todo porque no tenemos recursos ni denarios. Subrayo, eso es compañeros diputados un engaño, es una falacia y no podemos admitir que en este recinto, de la más alta tribuna del país, se venga a mentir de manera tan cínica.

No se le puede mentir así al pueblo. Los recursos están. Hay que ir por ellos y que no se nos diga que también son problemas de coyuntura porque sólo la irresponsabilidad hace que se tomen decisiones de manera coyuntural. Lo que hay que hacer es con serenidad arrancarle al Ejecutivo la capacidad para que esta representación nacional haga el plan de desarrollo 1995-2000, que no sea más el capricho del titular del Ejecutivo, que sea la decisión soberana del pueblo aquí representado y que en ese Plan Nacional de Desarrollo se le dé prioridad a la infraestructura y a las comunicaciones. Que sea ferrocarriles un punto y pivote para enderezar el concepto de soberanía en el transporte.

Mientras no actuemos en ese sentido, seguiremos siendo víctimas en cada debate, de argumentos y ofensas a la inteligencia como esa de que, "no hay de otra compañeros". Podríamos cambiar la divisa que aparece aquí arriba. Porque esta legislatura dominada por el PRI, en lugar de pensar que "la patria es primero", tiene como divisa, "no hay de otra compañeros". Eso es una burla descarada a los intereses populares.

Nuestra posición, se puede sintetizar, primero en que debe elaborarse un Plan Nacional de Desarrollo con base en las deliberaciones de este honorable Congreso de la Unión. No debe ser producto de los ejercicios ante el espejo que solitariamente haga el señor Ortiz Martínez para producir acciones entreguistas. No puede ser facultad del Ejecutivo quien en una frasa nacional está aparentando consultar a la nación. Que sean los diputados, que sean los senadores, los que delimiten y establezcan los objetivos nacionales y los instrumentos de acción capaces de satisfacerlos y de llegar a ellos.

El Presidente:

Señor diputado, se le ha agotado su tiempo.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Termino, señor Presidente.

Y que dentro de ese esquema se otorgue prioridad al desarrollo de la infraestructura ferroviaria, que no se entregue al extranjero. Porque lo que está ocurriendo, compañeros, es consumar la anexión. Este es el paso que ellos deseaban para apropiarse de la vía transistmica y tener, entregar a los norteamericanos la posibilidad del nuevo canal transoceánico.

Nosotros exhortamos a los compañeros del PRI, diputados, si patriotas los hubiere; a los compañeros del PT en quien reconozco, o entre quienes reconozco hombres con espíritu nacionalista, y también en el PAN, a que reconsideren su conducta. De aprobar hoy esta iniciativa, estaríamos dando pie y paso a la entrega de México, al imperialismo y a cerrar, por lo que resta de siglo, la posibilidad de un desarrollo independiente. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para hablar en pro, en su turno, el diputado Apolonio Méndez Meneses.

El diputado Apolonio Méndez Meneses:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados.

El dictamen de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que hoy discutimos como Cámara revisora, tiene su origen en la modificación al artículo 28 constitucional en su párrafo cuarto.

Antes de que el Ejecutivo enviara a la Cámara de Senadores dicha ley para su discusión y aprobación en su caso, los miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de todos los partidos, tuvimos la oportunidad de intercambiar impresiones con los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y aportar nuestras ideas, para ir conformando la ley que hoy tienen en sus manos.

El haber participado activamente en este proyecto, nos da seguridad y confianza de que participamos en un trabajo responsable y serio, mismo que esperamos se traduzca en un ingrediente que también dé confianza a todos los mexicanos para que en el proceso de modernización el sistema ferroviario logre en verdad resurgir a los niveles que a principios de siglo alcanzó, época en la cual era el único sistema de transporte con locomoción.

Para el Partido Acción Nacional, esta iniciativa no es nada nuevo, ya que en otras legislaturas el PAN había hecho propuestas para modernizar el sistema ferroviario. En 1987, el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó una iniciativa en esta materia.

Dichas posturas se han ido adecuando al paso del tiempo a la realidad económica de México. Por ejemplo, en la plataforma política y social de 1982-1988, el Partido Acción Nacional, en su revisión crítica, señalaba que la insuficiencia de transportes deterioraba la capacidad productiva, impidiendo que la oferta respondiera a una demanda, y proponía se incorporaran al control presupuestal todas las empresas paraestatales y descentralizadas; que se cancelaran las muchas que no respondían a programas económicos, sino meramente políticos; se mencionaba que Ferronales se encontraba en atraso tecnológico, comercial y administrativo, por lo que se consideraba necesario se abrieran las posibilidades para que los inversionistas privados pudieran participar en ese renglón tan importante.

Posteriormente, en su plataforma política de 1988-1994, el Partido Acción Nacional proponía: modernizar y hacer eficiente el sistema ferroviario, dándole prioridad sobre otros medios más caros y con mayor costo social.

Esta propuesta se refuerza cuando en 1992, Acción Nacional presenta una iniciativa en la que se suprimía como actividad estratégica del Estado los ferrocarriles.

En esta iniciativa, en su exposición de motivos señala: la presente iniciativa no intenta privatizar la actividad de ferrocarriles, sino que el Estado pueda, con la participación de los sectores privado y social, bajo la rectoría del propio Estado, que estos sectores puedan participar en la concesión para la explotación, aprovechamiento y prestación del servicio publico de ferrocarriles, de tal modo que, al igual que las demás vías generales de comunicación, el Estado mantenga la propiedad del medio de comunicación, pero pueda concesionar, a fin de que logre ampliar y modernizar, tanto su administración como su operación, y por ende, optimizar el servicio, ya sea de carga como de pasajeros. Termina la cita.

Posteriormente, en 1992, el 9 de noviembre, el diputado Fauzi Hamdam Amad de la LV Legislatura, en una iniciativa sobre el mismo artículo 28 constitucional, proponiendo su modificación, en uno de sus párrafos de la exposición de motivos, dice: ninguna justificación histórica, política y mucho menos económica, habría, para seguir manteniendo la actividad ferrocarrilera como exclusiva del Estado; más aún, eliminar dicha actividad como estratégica, es congruente con la política gubernamental que se ha seguido en otros renglones de la economía, y muy particularmente en lo relativo a las vías generales de comunicación. Termina la cita.

Y en lo que se refiere a la propuesta de Acción Nacional en su plataforma política 1994-2000, en su propuesta relativa a la actividad ferroviaria el Partido Acción Nacional propone lo siguiente: "Para que México tenga un sistema ferroviario del Siglo XXI moderno y eficiente, se requiere darle prioridad sobre otros medios más caros y con mayor costo social, al desincorporar los ferrocarriles del sector público y al abrir el servicio a la inversión privada nacional y extranjera". Termina la cita.

Esta plataforma 1994-2000 fue aprobada en convención nacional del Partido Acción Nacional cuando elegimos como candidato a Diego Fernández de Cevallos a la presidencia de la República, y fueron aproximadamente 15 mil miembros activos.

Es interesante hacer el señalamiento de que aquí ya se adiciona el propósito de Acción Nacional de que intervenga la inversión extranjera para la modernización de los ferrocarriles. Esto es, se hace el señalamiento porque esta proposición se ha ido adecuando, dependiendo de las circunstancias tanto económicas como políticas.

Estas razones doctrinarias son las que motivan al Partido Acción Nacional al emitir un voto en lo general a favor.

Ahora vamos a ver las razones económicas. Hay unas razones para nuestro voto a favor de este dictamen en lo general: al hacer un estudio comparativo del presupuesto asignado los últimos seis años de 1989 a 1994, se observa lo siguiente, esto está traducido, le quitaron tres ceros, está traducido a nuevos pesos, aunque lo de nuevos pesos empezó a estar vigente en 1993, por ejemplo en 1989 el presupuesto asignado a Ferronales fue 2 mil 299 millones: en 1990 fueron 2 mil 973 millones, en 1991 fueron 4 mil 033 millones de nuevos pesos; en 1992, 4 mil 945 millones de nuevos pesos; en 1993, 4 mil 908 millones de nuevos pesos; en 1994, 4 mil 548 millones de nuevos pesos y para este año de 1995 está presupuestada la cantidad de 5 mil 192 millones de nuevos pesos.

Esta cantidad con su sistema de operación actual no la recuperan ferrocarriles. Y aún hay más: según datos obtenidos de los archivos, esta empresa está subsidiada desde 1942, pero ese subsidio no ha sido empleado para su modernización, la mayoría o una gran parte, no la mayoría, una gran parte del equipo es chatarra.

Otro de los argumentos o de los fundamentos por los que Acción Nacional apoya este dictamen en lo general, es que estamos conscientes de que en esta ley se asegura el que se mantiene la soberanía nacional, al quedar las vías de ferrocarril dentro del dominio público de la Federación, no obstante que hayan sido construidas por los concesionarios.

Esta ley garantiza y fortalece al Estado en su carácter de garante de la seguridad nacional y como promotor del desarrollo del país, de acuerdo a nuestras leyes y proyectos nacionales.

En cuanto a la seguridad social y jurídica de los trabajadores de ferrocarriles, al menos al parecer, la empresa como tal garantiza por mandato de ley a los 55 mil trabajadores jubilados y a los 50 mil trabajadores activos, sus derechos. Este aspecto es muy importante, debido a que se ha creado incertidumbre en relación al futuro de estos 105 mil trabajadores del ramo.

Esto es, si ustedes analizan el proyecto de ley, no desaparece la empresa ferrocarriles como tal.

Estamos seguros de que va a haber promoción al desarrollo por lo siguiente. Esta ley da garantías jurídicas para la inversión privada en el área ferroviaria, no sólo en el área de transporte de carga y de pasajeros es la que se va a beneficiar.

Cuando esta ley, si es que así lo decide esta soberanía, sale aprobada y se liciten las primeras concesiones para su explotación, a particulares, la primera rama beneficiada de la economía va a ser la del acero, al construirse nuevas vías férreas y cambiar las que están en estado de obsolescencia y también, ¿por qué no?, construir carros de ferrocarril, como ya ha sido factible en otras ocasiones.

También es necesario, compañeros diputados, que veamos a futuro, veamos a un ferrocarril no con las viejas máquinas de vapor o de diesel, lentos y además contaminantes, sino equipos movidos por electricidad, limpios, veloces, no a los 23 kilómetros promedio por hora que tiene nuestro ferrocarril.

Si esto se logra, la industria eléctrica necesariamente también tendrá un auge importante.

Estamos conscientes en Acción Nacional que este proceso no es en forma inmediata, pero este marco jurídico, que si ustedes lo deciden hoy así, va a propiciar que los inversionistas, que el Gobierno, puedan de una vez por todas ayudarnos a salir de este bache y a lograr un futuro más grande para México. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

En su turno, y para hablar en contra, tiene la palabra el diputado Carlos Navarrete Ruiz.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Hoy estamos discutiendo a unas horas de que termine nuestro periodo ordinario, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferrocarrilero, que como todos recordaremos es derivado de la reforma del artículo 28 que llevamos a cabo en enero de este año, en donde las áreas estratégicas que contemplaba este artículo pasaron a ser áreas prioritarias, pero antes de entrar en materia quisiera señalar aquí algo que es necesario lamentar por parte de esta cámara, de sus grupos parlamentarios y de quienes firmaron un documento, en ese 28 de enero, un acuerdo parlamentario, que lamentablemente fue hecho a un lado en la discusión de esta ley reglamentaria y que dice muy mal de las bancadas que hoy están firmando el dictamen a favor, porque me da la impresión que no respetan incluso sus propios acuerdos y sus propias firmas, y me refiero desde luego a las bancadas del Partido Revolucionario Institucional, a la bancada del PAN y la bancada también, lamentablemente, del Partido del Trabajo.

Ese acuerdo parlamentario, compañeros, aprobado el 28 de enero, cuando discutimos el artículo 28 de la Constitución, señalaba que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión asume el compromiso de precisar en las leyes reglamentarias de la materia, las facultades que el Congreso de la Unión debe tener, a efecto de que intervenga en los términos constitucionales en el otorgamiento de concesiones o permisos en las áreas de comunicación vía satélite y ferrocarriles, con objeto de, y aquí quiero subrayar, garantizar la rectoría del Estado, proteger la seguridad y la soberanía de la nación y promover el bienestar social, además de proteger los derechos laborales. Este es el punto de acuerdo, firmado por las bancadas del PRI, del PAN, del PRD y del PT. ¿Por qué se incumplió este punto de acuerdo, compañeros diputados? Y les agradeceré mucho a mis compañeros dirigentes de la bancada del PRI, en particular al diputado Suárez y Dávila y a González Paras, les agradeceré mucho que pudieran atender un momento, por favor, este planteamiento sobre el punto de acuerdo.

¿Por qué lo incumplieron? Todo mundo sabemos, compañeros, que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferrocarrilero no tuvo como cámara de origen a la Cámara de Diputados, sino a la Cámara de Senadores. Y el punto de acuerdo que establecía que aquí realizaríamos las facultades del Congreso en la ley secundaria, prácticamente quedó en la nada al discutirse con una gran rapidez en el Senado de la República los términos de la ley reglamentaria.

Hoy prácticamente discutimos un dictamen, producto de la minuta del Senado, que en 24 horas fue discutido.

Pero pasemos a lo fundamental, compañeros. Lo que de fondo se discute en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferrocarrilero, después entraré en detalles, son dos conceptos que en muchas leyes se repiten y que motivan la votación de la bancada del PRI, pero también la votación argumentada de la bancada del PAN, que el compañero que me antecedió explicó aquí.

Lo que está a discusión en el fondo y que no podemos coincidir, y no lo hemos hecho en esta ley y no lo hemos hecho en otras, y no coincidiremos en otras más, es el concepto de lo que es la rectoría del Estado.

Señor Presidente, me voy a permitir solicitarle respetuosamente que haga una excitativa a nuestro estimado compañero Roque Villanueva y sus compañeros de la mesa directiva, para que puedan terminar pronto la reunión que tiene en los pasillos y yo continuaré después.

El Presidente:

Sí, señor diputado, señores diputados, de nueva cuenta les suplicamos tomar sus asientos y guardar la atención debida al orador, debiendo despejar los pasillos la gente que no es diputada. Continúe usted, señor diputado.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz:

El concepto de rectoría estatal, lo que es la rectoría del Estado, está a lo largo y ancho de los debates de esta cámara, está en la Constitución, está en las leyes reglamentarias. Pero tal vez, compañeros, no hemos tenido tiempo de precisar, qué estamos entendiendo cada bancada por lo que es rectoría estatal.

Es decir, para el gobierno del doctor Zedillo, y eso está muy claro, pero también para nuestros compañeros del Partido Acción Nacional y lo argumentan muy claramente en su plataforma ideológica, el concepto de rectoría estatal contempla que el motor del desarrollo económico del país está en la inversión privada. Inversión sin controles, sin limitaciones, con todas las garantías y todas las facilidades, y que el Estado solamente está para ayudar y colaborar con este objetivo.

Para el gobierno del doctor Zedillo, pero también para nuestros compañeros del PAN, el factor fundamental, o un factor fundamental de la economía es la inversión extranjera; sin ella afirman, nada podemos hacer, la necesitamos como al oxígeno, y lo que hay que hacer es brindarle toda la protección y no acotarla ni en la Constitución ni en las leyes secundarias, porque con ello podríamos provocar que no viniera hacia el país.

Para nosotros, compañeras y compañeros diputados, para los miembros del PRD la rectoría del Estado es otra cosa muy diferente. Y me atrevería a decir primero que, qué no es para el PRD la rectoría estatal, en qué no consiste para el PRD la rectoría del Estado.

Primero, compañeros diputados, para nosotros, la rectoría estatal no es el tapismo llevado hasta sus últimas consecuencias. Tampoco es sólo el monopolio económico del Estado sobre todas las empresas fundamentales de la economía mexicana, pero además debo decir que para nosotros la rectoría estatal tampoco es la satanización de la inversión privada, incluso tampoco la satanización de la inversión extranjera.

Lo digo porque lo que sí queremos precisar es que para nosotros la rectoría del Estado, lo que debe garantizar es la conducción estatal de la economía con la participación del sector público, también del sector privado, y evidentemente del sector social.

Para nosotros la rectoría es inducir la inversión privada para que obtenga ganancias que son legítimas a que aspire tener, pero con el objetivo final de favorecer el desarrollo de la nación y de los mexicanos.

Y la rectoría estatal, compañeros, la entendemos como un principio que impide que el libre juego de la oferta y la demanda, termine produciendo graves injusticias y la explotación de las riquezas nacionales, sólo en favor de los inversionistas privados.

Finalmente, de manera muy rápida, para nosotros la rectoría del Estado es sujetar los criterios de ganancia naturales de quienes invierten y arriesgan a los planes del Estado, para combinar el empuje y la visión empresarial con el interés nacional.

En esta ley, compañeros diputados, como en otras, esas dos concepciones se presentan permanentemente en la tribuna y evidentemente cuando se concretan en las leyes secundarias con el articulado, las cosas difieren, y las votaciones son diferentes, porque tenemos diversos conceptos de lo que es la rectoría que está contemplada en la Constitución.

Yo quisiera preguntarles, compañeros del PRI, del PAN y también del PT, si seis años de privatizaciones sin límite y de inversión extranjera sin controles, han dado resultados que se piensan va a dar la apertura en el sector de ferrocarriles.

Hoy nos podemos preguntar ¿qué pasó con la privatización de todo lo que el Gobierno vendió? ¿Qué pasó con Teléfonos de México? ¿Qué pasó con otras empresas?, que estaba argumentada su privatización exactamente en los términos en que está argumentada esta apertura al capital privado en el sector de ferrocarriles. Hoy podemos fácilmente comparar las intenciones con los resultados. ¿Qué pasó y qué resultados hemos tenido, compañeros diputados con la apertura indiscriminada y sin control al capital extranjero? El 23 de diciembre del año pasado tuvimos una sorpresa de las consecuencias de esta apertura sin controles y todavía estamos sufriendo las consecuencias de ello.

Por eso, nosotros no podemos aceptar, como principio general, que el Estado y su rectoría queden sujetos a meras recomendaciones, como está en el dictamen, o diluidos en pequeños párrafos de la ley que derivan a otros reglamentos de tercer o cuarto nivel. Pensamos que la rectoría estatal lamentablemente no es señalada en toda su precisión en este dictamen y por eso, con nuestro voto particular, hemos establecido nuestra oposición a este dictamen para aprobar la ley reglamentaria.

Quiero poner algunos ejemplos muy breves de los argumentos que he dado hasta este momento. Con los funcionarios de Comunicaciones y Transportes, con los que nos reunimos varias veces, a los que les hicimos recomendaciones en un sano mecanismo de intercambio de borradores que yo quiero reconocer aquí además, como algo nuevo en el mecanismo de intercambio de opiniones con el Ejecutivo, hoy por primera vez, no sé si por primera vez, pero es digno de señalar, hubo durante varios días intercambio de borradores con los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones, de propuestas, de textos, de preocupaciones.

Y una de las cosas que les dijimos a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y al propio jurídico de la presidencia de la República, que estaba colaborando en la elaboración de este proyecto, fue que nos parecía que abrir las concesiones a empresas privadas y extranjeras en materia de ferrocarriles, sin contar con un plan nacional de desarrollo ferroviario, nos iba a llevar previsiblemente a que se impusiera el criterio privatista y de ganancia en las nuevas rutas que se abran y no combinar eso, con un plan que permita desarrollar las zonas marginadas del país.

¿Cómo se concreta esto? Está bien, compañeros, que en una empresa privada solicite la concesión de la línea México-Ciudad Juárez, está bien que gane por la inversión que va a hacer ahí, está bien que eficientice el servicio; pero qué malo que junto con esta concesión de una línea tan importante no sujetemos esa concesión a 40, 50 ó 100 líneas troncales que conecten poblados, zonas importantes que requerimos sean conectadas con el ferrocarril, a cargo de la propia inversión privada nacional o extranjera. Esto no está contemplado en la ley. Cualquier inversionista puede, cualquier interesado dice el proyecto, el dictamen, solicitar la licitación pública de una concesión sin estar sujeto a ninguna condición, a ninguna que preserve el interés social y nacional en ella. Sólo queda el interés privado a final de cuentas en cualquier inversión que se realice en el país.

Les dijimos a los funcionarios: mucho cuidado con el tiempo de duración de las concesiones; 50 años de concesión, prorrogables por otros tantos prácticamente convierten en vitalicias esas concesiones sin que tengamos posibilidades de evaluar y de modificar esas concesiones si los concesionarios no cumplieron con sus obligaciones. Pero en el artículo 17, lo cual es grave, se abre compañeros diputados la posibilidad de la inversión extranjera con una participación mayor al 49% del capital social y sólo limita esta posibilidad a una autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

El Presidente:

Señor diputado, se le ha terminado su tiempo. Si quiere redondear su intervención, por favor.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz:

Señor Presidente, con todo gusto redondearé el tiempo de 15 minutos. Solamente quiero mencionar a usted que el artículo 103 del Reglamento Interno, establece con toda precisión que los discursos de los individuos de las cámaras sobre cualquier negocio, no podrán durar más de media hora sin permiso de la cámara. Trataré de concluir en unos minutos, pero mi derecho reglamentario está establecido en el artículo 103.

Cuando se abre la posibilidad de la apertura al capital extranjero en más del 49%; yo no quiero dar argumentos propios compañeros, quiero simplemente mencionar las razones del senador Fernando Solana, cuando votó en contra en el Senado de la República, por esta misma ley reglamentaria.

Fernando Solana ex secretario de Relaciones Exteriores, algo sabrá en materia de inversión extranjera y de relaciones entre los estados; y cuando el senador Solana dijo: "estos, refiriéndose a los autores de la iniciativa, quieren entregar todo", traía una enorme carga histórica y política que se expresó en ese voto del senador Solana en la cámara colegisladora.

No tengo por qué dar más argumentos que ese.

Pero hay otra parte compañeros que yo quisiera y voy a hacer un intento por no ser estridente en esto, llamar la atención, porque sé que muchos diputados del PRI, del PAN y del PT, comparten una preocupación igual que la compartimos los miembros del PRD.

Y no quiero agitar un fantasma, ni una amenaza, ni nada por el estilo, simplemente una preocupación fundada: le hicimos saber al director de ferrocarriles, al Secretario de Comunicaciones y Transportes, al jefe del jurídico de la presidencia de la República, que no era lo mismo normar las concesiones de cualquier línea ferrocarrilera por el país, hacia cualquier parte del país, que normar la concesión de líneas estratégicas para el país como la línea que puede unir los dos extremos del país en el istmo de Tehuantepec. Siendo una línea corta en distancia, la importancia estratégica de cómo se concesiona, a quién se concesiona; con qué candados y qué condiciones se concesiona y cómo se garantiza el interés nacional en eso, no tiene discusión. No creo que nadie venga aquí a refutar esta preocupación.

La línea transoceánica de Salina Cruz a Coatzacoalcos, que está en la mira de muchísimos inversionistas extranjeros y nacionales no puede ser tomada en cuenta como una línea más o como una inversión más; por todas las implicaciones históricas, económicas, geopolíticas, que tiene evidentemente y lamentablemente, lamentablemente en el dictamen que nos ocupa, esta preocupación quedó solamente a nivel de una segunda recomendación de esta cámara, pero sin que tenga fuerza de ley, obligatoriedad en el texto del propio decreto que se pretende aprobar. Sí se expresa preocupación por ésta y por otra más en la península de Baja California. Pero se deja prácticamente al criterio y al arbitrio del Secretario de Comunicaciones respectivo, para poder contemplar las concesiones y la concesión particularmente, en esta línea.

Nosotros pensamos que aquí los diputados y senadores que van a votar en favor de este proyecto, están incumpliendo obligaciones patrióticas muy graves, compañeros, porque nadie puede garantizar en ninguna de estas curules, que la preocupación que compartimos, sea también una preocupación compartida por el Secretario que firme la concesión en favor de tal o cual empresa en estas líneas y en esos lugares del país. No porque dudemos de los secretarios, pero porque nadie puede garantizar que el interés nacional se preserve cuando se concesionen estas rutas.

Hay otras observaciones pero que yo no quisiera ya abundar, simplemente decir; compañeros:

Los miembros del PRD, también compartimos la necesaria reestructuración del sistema ferroviario; también queremos un sistema moderno que lleve a cabo, entre otras medidas, la construcción de vías dobles; también estamos porque haya nuevas líneas, empezando por concluir las que se proyectaron desde el siglo pasado y que están inconclusas; también queremos que se concluya la vía corta México-Tampico y otras más; queremos un sistema ferroviario con la electrificación paulatina de la red, sustituyendo las locomotoras actuales, por locomotoras eléctricas; queremos una mejoría administrativa y la utilización de sistemas computarizados en los nuevos sistemas; queremos una modernización cabal de nuestro sistema. No estamos satisfechos ni conformes con el actual estado de abandono en el que se encuentra Ferrocarriles Nacional de México.

Pero nuestras diferencias, teniendo las mismas intenciones, estriban, finalmente y, con esto concluyo, en la diferencia fundamental de lo que para ustedes es una rectoría que en los hechos es ficticia, aunque esté en los términos constitucionales y para nosotros es una rectoría que preserve el interés de la nación en la Constitución, en las leyes reglamentarias y en las concesiones que se otorgan y en el comportamiento de las respectivas secretarías. Ahí están nuestras discrepancias de fondo y por eso motivamos nuestro voto en contra. Que se, aunque los llamara, no lo darán, porque ustedes en el PAN y en el Gobierno de la República y en varios priístas, hay una concepción diferente; comparten una rectoría del Estado débil, una rectoría del Estado solamente enunciada pero no concretada, comparten una rectoría que dé al país el motor de subdesarrollo y en la inversión privada nacional y extranjera y eso nosotros no podemos aceptarlo. Muchas gracias por su atención, compañeros.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Para rectificar hechos, ha solicitado el uso de la palabra, el diputado Gabriel Llamas Monjardín.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Me permito usar esta tribuna para hacer algunas aclaraciones sobre los hechos mencionados por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

Hay que analizar en esta Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el estado actual en el que se encuentra este sistema. Un 50% de rezago, con instalaciones no utilizadas. El pueblo de México, muriéndose de hambre y el patrimonio guardado en los parques, sin utilizarse, haciéndose viejos, creando conflictos de transportación de carga y de pasajeros y donde ahora únicamente se utilice servicio en forma limitada, en comparación con otros países, el sistema de pasajeros en transportación, no lo ocupa ni en el 5%, el sistema ferroviario mexicano.

La seguridad en la cual se mueven los ferrocarriles en el país, es inaceptable; no hay señalamientos que puedan permitir una seguridad donde las vías de comunicación estén en libre acceso; pero estamos a favor de que el Estado los siga manejando.

Ferrocarriles Nacionales de México, de 1910 a 1995, no ha tenido ningún cambio sustancial y hoy por hoy, esta empresa, este organismos descentralizado, está para el museo. No sirve para nada, absolutamente para nada y lo único que está provocando es absorber los pocos recursos que quedan para otras situaciones, para poder subsidiar el gasto en esta entidad: 2 mil millones de nuevos pesos, por ineficiencia, por querer mantener un nacionalismo anacrónico equivocado en donde una entidad que no sirve, debe de desaparecer.

Sin embargo, esta iniciativa no contempla la desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México, el Estado va a seguir siendo rector de la economía y va a seguir siendo rector del sistema ferroviario. Lo único que se está permitiendo es inversión adicional, no se va a vender una sola máquina en esta iniciativa, no se van a vender las vías de comunicación, no están en venta ninguno de los activos de Ferrocarriles Nacionales de México en este momento; y sin embargo, si esos activos se vendieran, temo decirles que no tienen valor alguno, por tristeza.

No podemos seguir viendo para atrás, porque cuando uno voltea para atrás se convierte en estatuas de sal y las estatuas de sal no son fértiles ni productivas y voltear para atrás nos hace seguir viviendo en el retraso.

Esta iniciativa...

El Presidente:

Perdóneme diputado, quieren hacerle una interpelación, ¿la acepta usted.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Al final de mi exposición si me lo permite, por tiempo.

El Presidente:

Al final de su intervención, la puede hacer diputado Navarrete.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

No podemos defraudar el futuro de México por el miedo de sentimientos que únicamente permiten manifestar la melancolía de lo que no podemos cambiar.

Estamos de acuerdo en que extranjeros no participen más del 49% y haremos nuestra propuesta en lo particular. Creemos que deben de ser mexicanos los que participen, pero también queremos que mexicanos y extranjeros traigan dinero a este país para salir adelante. El Gobierno mexicano no puede invertir 15 mil millones de dólares en desarrollar el sistema ferroviario mexicano y no podemos aguantar otros 85 años más en subdesarrollo, en melancolía y en sentimentalismos, nacionalismos que no llevan absolutamente a nada. Lo que creemos es que el Estado debe de seguir siendo rector de la economía, pero no dueño de la economía y por eso queremos que la iniciativa privada participe en el desarrollo ferroviario mexicano.

Y en conclusión, de fábula diríamos, que por eso queremos que participen los ciudadanos mexicanos que somos iniciativa, porque en términos de fábula el lobo no es el animal ideal para andar cuidando a los cochinitos.

Acepto la interpelación, señor Presidente.

El Presidente:

Sí, un micrófono por favor, para el diputado Navarrete.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz (desde su curul):

Gracias, diputado.

Yo quisiera preguntarle ¿sí usted podría o estaría en condiciones de mostrar en qué intervención de los diputados del PRD, de los tres que hemos intervenido, puede usted señalar y confirmar que nosotros estamos proponiendo que el Estado mexicano sea el propietario total del sistema ferroviario? y ¿dígame en dónde hemos venido negando la necesidad de la modernización del sistema ferroviario, incluyendo la inversión nacional y extranjera? Porque me da la impresión diputado que no escuchó nuestras intervenciones, su discurso ya estaba prefabricado.

Está contestándole a intervenciones ficticias que nosotros no hemos hecho. Nosotros no estamos hablando de negar la inversión nacional y extranjera, estamos hablando de los términos ¡de los términos de la inversión, de los candidatos del Estado mexicano y de los modos y métodos para el otorgamiento de concesiones para garantizar la rectoría! Por lo tanto, reitero mi pregunta: ¿Puede usted decirnos en dónde escuchó los discursos que usted está refutando en la tribuna.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Con mucho gusto, señor diputado.

Le pediría nada más que revisara su propia intervención, donde con poesía no se pueden hacer cambios de concesión. Sus comentarios son los que van en contra del desarrollo de Ferrocarriles Nacionales de México en este país. Le pediría que revisara sus comentarios que estableció en esta tribuna y creo que de alguna manera o de otra va a entender que su propuesta es probablemente para el año 2456, donde pueda haber una concesión como usted lo manifiesta.

Señor diputado, estamos en posiciones de este momento a hacer cambios sustanciales por el bien de México, no para que sus bisnietos puedan pensar qué se puede hacer por México.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Carlos Navarrete.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz:

Gracias, señor Presidente:

Muy breve. No cabe duda que a veces un discurso machacón y una idea premeditadamente malévola hace estragos en quienes la diseñan, porque aquel diputado que me antecedió vino a decir un discurso para contrarrestar argumentos que nunca escuchó, porque seguramente pensaba que la bancada del PRD iba a venir a decir aquí que queríamos un sistema estatizado, que todo en manos del Gobierno mexicano, que no a la inversión privada, que no a la inversión extranjera y que queríamos modernizar los ferrocarriles sólo con recursos del Gobierno mexicano y no lo escuchó y entonces dio un discurso muy raro, muy esotérico, porque el diputado no entiende, yo quisiera explicárselo brevemente, que el fondo de nuestra argumentación no está en la apertura del capital privado y extranjero en esta materia; no está en contra de la modernización indispensable del sistema ferroviario, no esta en eso, está en otras cosas y pongo un ejemplo muy concreto.

Para el efecto de las concesiones, que habrá, al capital nacional y extranjero evidentemente, nosotros planteamos que el Congreso de la Unión tuviera mayores facultades y no dejáramos al libre albedrío de la Secretaría de Comunicaciones, a quién se le entregan concesiones, cómo se le entregan y con qué condiciones.

Lo que queremos es que el Congreso de la Unión incremente sus facultades constitucionales, que es lo mismo que dice el presidente Zedillo, y lo mismo que dice el PAN, el PT y el PRD, todos estamos de acuerdo con ello, lo que planteamos concretémoslo muy bien, que la concesión en materia de ferrocarriles no solamente se dé en el escritorio del Secretario, que pase por las cámaras del Congreso de la Unión para que podamos preservar el interés nacional, no se aceptó. Nosotros planteamos el plan nacional ferrocarrilero para poder tener una norma que obligue a los concesionarios privados a ganar dinero por su inversión, pero también ayudar al desarrollo nacional, no se aceptó y quedan a nivel de recomendaciones.

Qué lástima que a veces aquí los discursos no son escuchados, es una práctica negativa de este Congreso, pero por lo menos yo le pediría al diputado que con más responsabilidad, cuando vaya a preparar intervenciones deje una hoja en blanco para improvisar lo que escucha de sus interlocutores. Muchas gracias.

El Presidente:

¿Con qué objeto, diputado.

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Gabriel Llamas.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Agradezco señor Presidente; señores diputados:

Antes que nada quisiera pedir probablemente unos 15 días para encontrar un diccionario que diga qué es machacón; no sé si machacón es todo lo que le duele al señor diputado, pero de una manera o de otra creo que el ser claro y conciso permite hablar un poquito con la verdad.

Por lo tanto si le molesta el que es un discurso machacón, pues le voy a decir nada más dos o tres verdades; una de ellas es que efectivamente estamos hablando de modernización y para existir modernización ya tuvimos 85 años y el Estado no lo pudo hacer, vamos a esperar otros 400 para que el diputado esté contento.

Punto número dos. Habla de qué se hizo con los recursos de la privatización, el señor diputado tiene toda la razón, yo sé que los 74 mil millones de nuevos pesos que se obtuvieron de privatizaciones, que se depositaron en un fondo de reserva de contingencia fueron mal utilizados y los responsables en este momento no nos han dicho qué se ha hecho con ese dinero. Eso lo dijo usted en su discurso, lo dijo en su discurso, que efectivamente qué se va a hacer con las privatizaciones. Ferrocarriles Nacionales de México no se va a vender, por lo tanto, usted lo dijo en su discurso y lo atendí.

Tercero. Queremos que el Congreso participe y vamos a participar y espero que participen, porque es obligación de esta honorable Asamblea participar en las decisiones, que se tomen por el bien del país y en el ejercicio de la cuenta pública, en el ejercicio del gasto y en el ejercicio del mismo ingreso y no me permito nada más que concluir, señor diputado, que sus puntos de vista desde el punto de vista poético son muy bellos pero seguimos pensando aquí que efectivamente vamos a ser igual de estériles que las estatuas de sal. Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Siguiendo el turno de oradores, para hablar en pro,... para rectificar hechos, el diputado Tenorio Adame.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Creo que las intervenciones anteriores nos han llevado a un vertedero un tanto difícil y comprometido que puede lesionarnos y, desde luego, pues yo prefiero la poesía a la hipocresía, pero no generalizo, no generalizo porque reconozco cualidades en el diputado Gabriel Llamas, reconozco cualidades personales y valores en la oposición que compartimos y los riesgos que enfrentamos con los compañeros del PAN.

Creo que el debate debió haber sido más en términos de lo que representa, significa la sociedad del Estado y el mercado. El mercado que es el nuevo liebierthan, que nos agobia, nos castiga, nos suprime, nos anula tanto al Estado, al individuo, a la sociedad, como al ciudadano. Creo que es necesario hacer una rectificación de hechos en la concepción de la historia y del tronco común que como nación nos une a todos los que participamos en los partidos, los que no participan en los partidos, a la sociedad, al Estado, para que evitemos que las acciones que desquician y contradicen la posibilidad de la comunidad y los objetivos de la comunidad, pues sean reguladas y sean sometidas en favor del bien común, como dicen ustedes, en favor del interés social, como dice la Constitución, o del bien público como también dice la Constitución.

Considero entonces, que el planteamiento del Partido de la Revolución Democrática es tan modernizador porque sustenta en la estructura y en la columna vertebral de la historia nacional, en los principios que se han defendido; los valores que se han defendido de la justicia social y no es de ninguna manera convertirse en estatua de sal cuando se hacen los reclamos en favor del interés social, del interés de la nación, en favor de los principios que han sido los grandes respiros del pueblo mexicano para hacer sus impulsos en favor del desarrollo.

Ser nacionalista no significa situarse en el pasado. Defender los intereses de la nación no significa ser conservador; en cambio defender los intereses del mercado en términos de las empresas transnacionales, en favor del capital transnacional que es el que va a venir y al que se le va a favorecer, eso significa caer en el colonialismo, significa retraernos a las etapas anteriores a 1810.

Por eso no aceptamos los términos de la argumentación histórica del compañero Llamas Monjardín, a quien admiramos pulcritud, porque conocemos que el día de ayer recorrió todo el edificio de la Cámara de Diputados pidiendo la limpieza, pero yo soy de la idea de que en este... que siempre es bueno que exista limpieza, pero en último de los términos, es mejor que la limpieza esté en... que la basura esté en los rincones y no esté en los corazones. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

En el turno de oradores para hablar en pro, tiene la palabra el diputado Martín Hernández Balderas.

El diputado Florencio Martín Hernández Balderas:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hace varias semanas, los miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Partido Acción Nacional, nos abocamos al estudio y a la recopilación de información, sobre un tema que sabíamos vendría: la Ley Reglamentaria de Ferrocarriles.

Fueron varias reuniones de trabajo en diferentes instancias, con nuestra contraparte en el Senado de la República, con quienes elaboramos un fuerte equipo, con especialistas del ramo, con los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre nosotros mismos. Hoy podemos sentirnos no satisfechos, pero sí tranquilos de que hemos aportado nuestro esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo, para la elaboración de esta ley.

Se hicieron un sinnúmero de conversaciones y de trabajos, propusimos, se trabajaron anteproyectos de ley, se volvieron a hacer propuestas y podemos decir que gran parte de nuestras propuestas están reflejadas y contenidas en la presente ley.

El análisis de la situación que hicimos nos plantea algunos hechos: primero, la realidad de un parque ferroviario a todas luces obsoleto e insuficiente; en el porfiriato había 20 mil kilómetros de las vías férreas; en los últimos 70 años, se han construido tres mil.

Otra realidad es que el Estado mexicano no tenía y no tiene los recursos y tampoco los planes para hacerse cargo, de la manera que lo requiere este sector.

Una gran verdad que nos arrojó este análisis, es que el transporte de carga por ferrocarril tiene varias ventajas respecto a otros medios de comunicación, es un transporte barato y eficiente para cargas pesadas y en trayectos largos, así como para cargas voluminosas.

Es un transporte que afecta menos al entorno, ya que es poco contaminante cuando es bien manejado; es un transporte que cuenta con menor probabilidad de sufrir algún accidente y también es un medio de transporte que impulsa el desarrollo regional, impulsando los sitios por los que cruza, esto entre otras ventajas.

Nos encontramos también con la convicción y la situación jurídica del sector como área prioritaria para el desarrollo, en la que el Estado debe tener la rectoría y garantizar la soberanía y seguridad nacionales y aquí, diputado Navarrete, antes de mencionar sobre lo que dice nuestra plataforma, le recomiendo que lea bien sobre de ella. Nosotros nunca hemos negado ni soslayado la importancia que tiene la rectoría del Estado, hemos mencionado siempre la rectoría del Estado como pivote fundamental del desarrollo económico, con funciones muy determinadas y muy definidas y no de poca importancia, como son la supervisión, la coordinación, garante de que cumpla con un beneficio social cada actividad, funciones de verificación, funciones de control.

Hemos hablado de la participación privada siempre, pero también hemos hablado junto con ella de la participación social, y esto es una forma de ser congruentes a aquellos señalamientos que hemos hecho de un Ejecutivo absorbente y abarcante. Hablamos de la participación como una forma de aportar los valores, las aptitudes y las capacidades que los individuos tienen en el momento de organizarse y de coordinarse.

Nos encontramos también con la grave necesidad de un marco jurídico transparente, que otorgue a la vez certeza y seguridad para poder proporcionar la participación privada y social, no sólo para intervenir en el manejo del parque ferroviario actual, sino para participar activamente en la modernización y crecimiento de él.

Ciertamente las situaciones imperantes en el sector, no son ni con mucho las condiciones que hubiéramos deseado encontrar. Sin duda hubiéramos querido ver mayor inversión en las décadas anteriores. Tres mil kilómetros de vías construídas en los últimos 70 años, frente a los pomposos seis mil kilómetros de autopistas construidas en el sexenio anterior, subutilizadas por el costo que esto representa, así como el hecho de que el ferrocarril transporta el 15% de la carga que en este país se lleva de un sitio a otro, a pesar de las ventajas que mencionamos anteriormente representa este medio de transporte, representa esto sin duda en forma demoledora un desproporcionado balance.

Repito, hubiéramos querido encontrarnos con otras situaciones, pero éstas son las que tenemos y sobre de éstas habría que buscar una ley que manteniendo la rectoría del Estado permitiera a la vez un crecimiento del parque y servicios ferroviarios.

El resultado del trabajo o de los trabajos, arroja una ley que creemos representa un marco que permite cumplir con lo anterior, por un lado otorgar garantías de servicio y seguridad al usuario; presenta una competencia efectiva entre concesionarios, permite la participación del sector social y gubernamental en sus diferentes niveles con prioridad y sienta las bases de licitaciones transparentes.

Con esto no estamos diciendo de ninguna manera que esa ley sea la panacea, no lo es. Sabemos que es una ley que necesitamos estar perfeccionando. En caso concreto habremos de hacer algunos señalamientos en artículos que nos reservaremos para su discusión en lo particular, como son los casos de los artículos 7o. y tercero transitorio.

Consideramos igualmente importante, de gran menester, hacer algunas recomendaciones para tener en cuenta en especial los siguientes puntos:

Primero. Muy particularmente instamos a las autoridades competentes para que celosamente sea vigilado, resguardado y garantizado el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, situación que está considerada en la ley, pero sobre la cual consideramos es importante el hacer una aclaración muy precisa.

Segundo. Instamos también a la Contaduría Mayor de Hacienda a para que sea supervisor, estrecha de los procedimientos en las licitaciones y otorgamiento de concesiones.

Tercero. Apoyamos que se dé una fuerte promoción, en la participación efectiva del sector social, para participar en las licitaciones.

Cuarto. Alertamos a esta cámara para que modifique el marco jurídico complementario, como puede ser la Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México y la misma Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de lograr su adecuación a las circunstancias actuales. Para esto tenemos el compromiso de seguir trabajando.

Quinto. A los sectores que vendrán a participar en la operación y en la prestación del servicio ferroviario.

Consideramos importante se tome en cuenta que la necesidad de contar con un sistema ferroviario requiere hoy en día una eficiencia económica con equidad. Esto es, una eficiencia económica que atienda a principios de bienestar colectivo, pero además hoy en día esto no es suficiente; se requiere además una eficacia en la promoción del desarrollo e integración regional a través de la prestación de este servicio.

Sostenemos que nuestro sistema ferroviario no debe ser compuesto de grandes tendidos que unan las grandes metrópolis y megalópolis; deben ser, por el contrario, generadoras de bienestar por las diferentes regiones que atraviesan, de manera que no se vea solamente pasar a las grandes obras. De esta manera estarán integrando esfuerzo y sumando riqueza y de esta manera y sólo de esta manera, estarán cumpliendo su fin social.

Por lo anteriormente expuesto es que el grupo de Acción Nacional emitirá su voto a favor, con la salvedad de las reservas particulares que más tarde serán expuestas y para las que con anterioridad les solicitamos su apoyo. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

En su turno y para hablar en pro, tiene la palabra el diputado Gerardo Ordaz Moreno.

El diputado Gerardo Ordaz Moreno:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Soberanía nacional y rectoría del Estado han sido específicamente las expresiones que nos han identificado a las fracciones parlamentarias como una preocupación y esto significa bastante de todos y cada uno de nosotros, porque con ello estamos demostrando una responsabilidad patriótica y estamos salvaguardando los principios nacionales.

Al plantear el proyecto de reforma al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, se estimó necesaria la formulación de la legislación complementaria que previera la protección y seguridad de la soberanía nacional. Eso en materia ferroviaria y poniendo las condiciones que garantizaran la libre competencia entre los diferentes modos del transporte.

Asimismo, se estableció la necesidad de que este ordenamiento garantizara la plena rectoría del Estado en la regulación, construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas, así como en el servicio público del transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares.

En este sentido en la iniciativa de ley que nos ocupa la soberanía y la rectoría del Estado se encuentran perfectamente bien salvaguardadas.

Para tal efecto, sin pretender más que un análisis propositivo y no una clase de derecho constitucional, me permití solamente tener a la mano el concepto de "soberanía nacional" que define la propia Constitución en su artículo 39. Me permití solamente recurrir a los conceptos de "rectoría del Estado" que en la propia Constitución se establece y comparé las diversas disposiciones legales que conforman esta iniciativa. Así, se establece que el servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo.

Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad y soberanía de la nación.

De igual forma, se define claramente cuáles vía férreas son vías generales de comunicación, entre las que destacan las establecidas en el perímetro de 100 kilómetros dentro de la zona fronteriza o en la franja de 50 kilómetros a lo largo de las costas, lo cual es acorde completamente en sus términos con el artículo 27 de nuestra Carta Magna.

En consecuencia con lo anterior, la iniciativa señala que son de jurisdicción federal, las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte que en ellas opera y sus servicios auxiliares. Consecuentemente, por disposición de la ley, serán los tribunales federales los que conozcan de las controversias que se susciten, con motivo de la aplicación de esta ley.

En este sentido, y de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos décimo y decimoprimero del artículo 28 constitucional, se establece que se requiere de concesión para construir, operar, explotar vías férreas, así como para la prestación del servicio público del transporte ferroviario.

Esta figura jurídica sirve para garantizar la propiedad de la nación sobre las vías generales de comunicación.

Lo anterior queda aún más claramente garantizado con la previsión que obliga al Gobierno Federal a que realice lo conducente para que las vías generales de comunicación ferroviaria se mantengan en todo momento dentro del dominio público de la Federación, así como el que las vías férreas que se construyan al amparo de un título de concesión, pasen a formar parte de manera inmediata al dominio público de la Federación.

Esto, compañeros diputados, recoge plenamente la preocupación manifestada en esta cámara a la reforma efectuada al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional.

Consecuentes con el régimen de concesión, la iniciativa establece que al término de ésta, las vías férreas, el derecho de vía, los centros de control de tráfico, las señales de operación y demás bienes del dominio público, revertirán a la nación en buen estado y el Gobierno Federal tiene el derecho preferente para adquirir el equipo y demás bienes necesario, para continuar con la prestación del servicio.

A fin de reafirmar más aún la soberanía de la nación, se señala que en ningún caso se podrá ceder, hipotecar, gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso o los derechos en ellos conferidos, a ningún gobierno o estado extranjeros, siendo causal de revocación el incumplimiento de esta prohibición.

Asimismo, las concesiones y permisos se podrán revocar por otros motivos, entre los que destacan: la interrupción de la operación de la vía férrea o de la prestación del servicio público, total o parcial, por el concesionario, sin la autorización, así como el cambio de nacionalidad del concesionario o permisionario.

Por otra parte, se prevén mecanismos importantes, que permiten al Estado en cualquier momento, tomar el control de las vías generales de comunicación ferroviaria, dependiendo de la gravedad, importancia y urgencia de la situación, mismos que consisten en la facultad de que, en caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público, peligro inminente para la seguridad nacional, paz interior o para la economía nacional, el Gobierno Federal podrá de manera temporal hacer la requisa de vías generales de comunicación y equipos, así como también podrá utilizar el personal que esté a su servicio.

En caso fortuito o de fuerza mayor, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estará facultada para imponer modalidades en la operación, sólo por el tiempo y proporción que resulten necesarios. En su caso el afectado percibirá la indemnización que corresponda por la afectación habida y la modalidad impuesta.

Aunado a todo lo anterior y con el propósito de que en todo momento se garantice el dominio de las vías generales de comunicación, la iniciativa de ley establece que los centros de control de tráfico del servicio público ferroviario deberán establecerse dentro del territorio nacional.

Por otra parte, debe tenerse presente que el concesionamiento de las vías férreas en modo alguno concede derechos absolutos sobre las vías concesionadas. Así se establece que cualquier obra subterránea superficial o aérea, tales como la instalación de líneas de transmisión eléctrica o fibra óptica por ejemplo, dentro de los límites de dichas vías, requerirá de autorización, sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos legales, por lo que según sea el caso, deberá de contarse con concesión para llevar a cabo cualquier otro tipo de explotación de dichas vías.

Además el Gobierno Federal tiene la facultad de realizar cualquier tipo de obra dentro del derecho de vía, aun cuando esté concesionado.

En este orden de ideas, compañeros diputados, en la iniciativa se establece que las personas que sin contar con concesión o permiso, realicen obras de las contempladas en la ley o que por cualquier medio invadan u obstruyan una vía general de comunicación, perderán éstas en beneficio de la nación lo invertido, o en su caso si son obstruidos, aplicadas las leyes de la materia.

Asimismo los concesionarios o permisionarios estarán obligados a permitir el acceso a verificadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a sus instalaciones, ello para garantizar el cumplimiento de esta ley, así como para proporcionar datos que permitan a la Secretaría conocer la operación y explotación del servicio ferroviario.

Finalmente, no puede dejar de observarse las facultades que para el cumplimiento de dicha ley se conceden al Ejecutivo Federal. Así éste podrá planear, formular y conducir políticas y programas, además de regular el desarrollo y el servicio del sistema ferroviario. Verificar el cumplimiento de los términos y condiciones contenidos en los títulos de concesión, estableciendo sanciones por infracciones a la ley e incumplimiento de las obligaciones contraídas en la concesión o permiso otorgado, incluso proceder a la revocación si éste fuere necesario.

Compañeros legisladores: debe de reconocerse que del análisis de la iniciativa de ley que hoy nos ocupa, se desprenden claramente que la rectoría del Estado y la soberanía nacional se encuentran plenamente garantizadas en este importante servicio público si se concesiona, por lo que de lo antes expuesto se desprende que es procedente aprobar en sus términos el dictamen que se nos presenta a este honorable Congreso. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Por último, en el turno, tiene la palabra el diputado Tuffy Gaber Arjona.

El diputado Tuffy Gaber Arjona:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Modernizar los ferrocarriles es una necesidad para estar a tono con la globalización que vive nuestro país, pero los priístas no haremos nada al margen de nuestra Constitución.

El pasado mes de enero cuando se sometió a esta soberanía la iniciativa para modificar el artículo 28 constitucional a través de la cual las áreas de ferrocarriles y comunicaciones vía satélite dejarían de ser exclusivas del Estado, para ser consideradas como prioritarias, la fracción de mi partido asumió el compromiso inquebrantable de que a través de las leyes reglamentarias se garantizaría el interés superior de la nación y se aseguraría la protección de su soberanía.

Por eso, hemos puesto un énfasis muy especial en la elaboración de las leyes secundarias respectivas. En lo que respecta a la iniciativa de ley reglamentaria del servicio ferroviario, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes nos hemos abocado desde esas fechas a la realización de una serie de reuniones de trabajo con funcionarios del Poder Ejecutivo y con las áreas involucradas, a fin de participar activamente en la elaboración de la ley, cumpliendo plenamente con nuestra función de legisladores, sin presiones y sin consignas.

El sistema ferroviario es un medio de comunicación de vital importancia para nuestro país. En primer término, ha sido parte fundamental de la historia nacional, puesto que ha estado presente en los grandes movimientos políticos y sociales que hoy nos dan identidad como nación. Asimismo, se distinguen por ser un aspecto neurálgico para el desarrollo nacional, ya que junto con otros medios de comunicación como la aviación, el autotransporte y las telecomunicaciones, son parte de la infraestructura básica con la que todo país moderno debe contar; es decir, son indispensables para propiciar el crecimiento económico, el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población y la creación de fuentes de empleo; además de que representan una base fundamental para la integración y fortalecimiento de la soberanía nacional.

El sistema ferroviario reporta importantes beneficios para la actividad económica en relación a otros modos de transporte, ya que permite transportar grandes volúmenes de carga, principalmente de materias primas que sirven de insumo para el sector industrial.

La mayor capacidad de los vagones y su fuerza de arrastre, permite que los costos de traslado sean significativamente menores, lo que representa ahorros sustanciales a las empresas.

Por otro lado, el transporte ferroviario es en términos generales más seguro, ya que las vías férreas atraviesan en su mayoría zonas apartadas de las zonas pobladas de las comunidades.

Además, produce daños menores en el medio ambiente, ya que en las operaciones de este servicio se producen emisiones tóxicas inferiores en relación al autotransporte.

No obstante los beneficios que representa el transporte ferroviario para la economía nacional, atraviesa actualmente por una situación crítica que se ha reflejado en una disminución de la calidad de servicios y en consecuencia en la demanda de los mismos.

Esto ha generado grandes problemas financieros que han impedido su modernización. Si bien el advenimiento del ferrocarril durante el siglo pasado fue un factor importante para la integración social y política del país, al promover su desarrollo y urbanización, el auge de otros medios de transporte, como las carreteras y la aviación y las grandes inversiones en infraestructura que se han realizado para fomentarlos, detuvieron el crecimiento del transporte ferroviario al grado de que en la actualidad la longitud total de las vías principales es similar a la existente a mediados de este siglo.

Para tener una idea del retroceso que tienen nuestros ferrocarriles, comparativamente con Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales.

Se tiene en vías férreas en los Estados Unidos 182 mil kilómetros y 91 mil kilómetros en Canadá. Los 26 mil 400 kilómetros de vía en México representan solamente un 14% y un 28% respecto a los anteriores.

El número de locomotoras en servicio en México es de 1 mil 575, contra 18 mil 322 y 2 mil 688 de nuestros vecinos. En cuanto a volúmenes de carga, transportamos anualmente 50 millones de toneladas, mientras que dichos países trasladan 1 mil 800 y 189 millones respectivamente.

Los volúmenes de carga y pasajeros transportados en este medio, han perdido también una participación sustancial en los totales nacionales. Actualmente transporta únicamente el 1.5% del total de personas y menos del 15% del volumen de la carga nacional, lo que indica el grado de subutilización de este importante medio de comunicación.

Si lo anterior se compara con el índice alcanzado en otros países como Canadá y Estados Unidos, podremos darnos cuenta que la utilización de nuestro sistema representa sólo el 23% respecto a los mismos.

Los rezagos en materia de infraestructura y equipamiento son notables; una tercera parte de la flota tiene más de 30 años de uso y la mitad de las vías nacionales se encuentran en mal o pésimo estado y solamente está señalizado el 6% de las vías férreas.

La problemática anteriormente mencionada nos ha restado competitividad en términos de tiempo, puesto que la velocidad promedio de nuestros ferrocarriles es de sólo 25 kilómetros por hora. Además de que, la eficiencia y la confiabilidad en el traslado y arribo de mercancías se han visto sustancialmente reducidas.

Es imperativo convertir a la actividad ferroviaria en un sector que proporcione los servicios que el país demanda. Necesitamos modernizar el sistema ferroviario nacional elevando la calidad de su operación, actualizando su tecnología y sobre todo, orientándolo a las necesidades de un mercado más complejo, con vínculos internacionales estrechos.

Para ello, necesitamos contar con un nuevo marco legal que genere las condiciones necesarias para la consolidación y desarrollo del sistema, que permita y aliente la participación de inversionistas privados, que fortalezca la función de rectoría y control del Estado mexicano en esta actividad y, sobre todo, que garantice la eficiencia y competitividad en los servicios que se brinden al público usuario.

El objetivo fundamental que persigue la nueva ley reglamentaria es precisamente el de proporcionar a los usuarios un mejor servicio, que se caracterice por su eficiencia y su seguridad.

Los usuarios del servicio representan el elemento más importante de esta iniciativa que hoy sometemos a su consideración.

En la medida en que cubramos plenamente sus expectativas y necesidades, aumentaremos significativamente la demanda, con el consecuente incremento de los ingresos que se perciban por la utilización del servicio, lo que permitirá reinvertir en la modernización y ampliación de la red existente, introduciéndose adelantos tecnológicos que hagan a su vez más eficiente y rentable la operación del sistema.

Esta cadena productiva que nos permitirá contar con un mejor sistema ferroviario, requiere de un primer paso que genere la confluencia de otros factores encaminados al desarrollo de este importante medio de transporte.

A nosotros, como legisladores, nos ha tocado la oportunidad de dar este primer paso a través de la ley reglamentaria. Es por eso que hoy se ha sometido para su discusión esta iniciativa de ley.

El proyecto de ley que hoy se propone establece reglas claras que permiten generar confianza en los inversionistas para hacer que el servicio ferroviario sea competitivo, productivo, y que por ende, sea rentable. Esto es, garantiza que los concesionarios o permisionarios reciban beneficios económicos justos por el servicio que brinden.

Además de que el Estado mexicano recibirá, al mismo tiempo, una contraprestación por el otorgamiento de las concesiones o permisos, dándole la posibilidad de promover la prestación del servicio en comunidades aisladas que no cuenten con otro medio de transporte público.

En este sentido, los concesionarios tendrán la obligación de proporcionar dicho servicio, lo cual se estipula en el título de concesión correspondiente, pudiendo el Gobierno Federal otorgar un subsidio directo al concesionario, con la finalidad de cumplir con su función social de garantizar el acceso a la comunicación por ferrocarril a centros de población, que por su aislamiento, requieran de manera indispensable de estos servicios, independientemente de la rentabilidad que tuvieran los mismos.

La responsabilidad social del Estado, de garantizar el acceso de este medio de transporte a toda la población, se refuerza con el proyecto de ley a discusión, al disponer que a los estados y municipios se les podrán otorgar concesiones y permisos cuando éstos requieran brindar el servicio ferroviario sin sujetarse al procedimiento de licitación.

Como hemos afirmado anteriormente, el sistema ferroviario además de su función social deberá enfocarse a satisfacer plenamente las expectativas y necesidades del público usuario. Para ello, la iniciativa estipula que los concesionarios deberán contar con el equipo adecuado para el tipo de servicio que brinde y con personal bien capacitado para manejarlo, así como proporcionarlo en condiciones de eficiencia, rapidez, seguridad y funcionalidad.

En virtud de lo anterior, los concesionarios del servicio público tendrán la obligación de proporcionar al personal la capacitación y el adiestramiento que se requiera para que la prestación del servicio sea eficiente y segura.

En lo que se refiere a la seguridad, se estipula que el personal que coopere o auxilie la operación del equipo ferroviario, deberá contar con las licencias...

El Presidente:

Señor diputado, se le ha agotado su tiempo, le suplicamos redondear su intervención.

El diputado Tuffy Gaber Arjona:

Para redondearlo. Muchas gracias.

En lo que se refiere al transporte de carga, los concesionarios serán responsables de las pérdidas y daños que sufran los bienes o productos que se transporten, exceptuando los casos en que la pérdida o daño no sea atribuible a la empresa. Además, el proyecto de ley autoriza a la Secretaría a sancionar al concesionario cuando éste aplique tarifas superiores a las que en su caso se autoricen.

Con la aprobación de esta iniciativa se dará un paso firme para que el sistema ferroviario brinde un servicio de calidad, con eficiencia y equidad que exigen los tiempos actuales, además de que se podrá ampliar y modernizar la red existente al contarse con mayores recursos derivados de la operación eficiente del sistema.

No podemos permitir un mayor deterioro de la actividad ferroviaria, ya que ello traería como consecuencia un grave rezago en la infraestructura básica de nuestro país, lo cual a su vez originaría una serie de obstáculos insalvables para un desarrollo nacional sustentado sobre bases sólidas.

Al aprobarse esta iniciativa de ley, los legisladores estaremos realizando nuestra aportación para dotar al país de un sistema ferroviario competitivo y eficiente, que brinde servicios de calidad a precios justos, que estimule el crecimiento económico y social manteniendo firme el rumbo del país para satisfacer las necesidades básicas de la población bajo el marco de apertura y globalización en el que México se encuentre inmerso, para que de esta manera podamos estar al nivel de competitividad de los países con los que nuestra nación ha suscrito el Tratado Trilateral de Libre Comercio.

Por todo lo anterior, los legisladores priístas integrantes de esta soberanía daremos nuestro voto aprobatorio a este proyecto de ley, plenamente convencidos que estaremos otorgando un voto a favor de México y de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias. Desea hacer alguna moción diputado?

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez (desde su curul):

Deseo solicitarle verifique usted el quorum, porque la sala se encuentra prácticamente vacía, y entonces en este momento no hay quorum para proseguir. Entonces, planteo que se abra un receso o verifique usted el quorum.

El Presidente:

Para verificar el quorum, en términos del artículo 58 de la Ley Orgánica, se procederá a pasar lista.

En virtud de que ya se votó y éstos son dos efectos nada más que señala el 58 y en virtud de que ya fue votada este proposición, tenemos que seguir con el orden del día, señor diputado.

Quiere ser tan amable la Secretaría de leer el artículo 58 de la ley orgánica, por favor.

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

"Artículo 58. El Reglamento Interior de la Cámara de Diputados resultará con fundamento en artículos 71 y 72 de la Constitución, todo lo relativo a las sesiones, debates y votacione. La comprobación del quorum para instalar la sesión o cuando haya de efectuarse una votación podrá llevarse a cabo, en su caso, a través de pasar lista de presentes mediante el previo registro de firmas o por medios electrónicos.

Este último procedimiento podrá utilizarse también para las votaciones."

El Presidente:

Aquí prevén dos casos diputados y no es el caso que ahora nos ocupa, es para cuando se instala la sesión o cuando hay una votación, el pase de lista, entonces necesitamos o requerimos continuar con el orden del día. No es procedente su petición.

Esta Presidencia informa que se han reservado en términos del artícul 134 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, para la discusión en lo particular, los siguientes artículos: Recomendaciones I y II, artículos 1o., 6o., 7o., 8o., 9o., 11, 17, 21, 46, 47, tercero transitorio, apartado 2, cuarto transitorio y quinto transitorio.

El primero para hacer uso de la voz respecto a los artículos reservados, es el diputado Joaquín Vela González, del Partido del Trabajo. Tiene la palabra. Un momento diputado, simplemente por cuestión de trámites, se solicita consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza se reserve para su vogtación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto al finalizar la discusión de los artículos reservados.

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Por instruccciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza se reserve para su votación nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Se autoriza que se reserve para su votación nominal, en lo general y lo particular, en un solo acto, al finalizar la discución de los artículos reservados.

Tiene la palabra, diputado Joaquín Vela.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:

Gracias, señor Presidente:

Bueno, nuestra participación se refiere a varios artículos, el primero, en el artículo 11 está planteada la reglamentación que señala que en una primera instancia la concesión se da en un plazo de 50 años la cual podrá alargarse a otros 50 años.

En realidad, como son inversiones de cuantioso volumen, es tal vez importante hacer una reflexión al respecto; es decir, en realidad nos parece excesivo, en realidad se está autorizando hasta 100 años en la propia ley, que debe estar obviamente sustentado en una argumentación económica que no viene establecida en el propio dictamen.

Nos parece que a esto le falta argumentación para que efectivamente pudiera darse en el caso, por ejemplo de las carreteras, el plazo de la concesión es mucho menor.

El artículo 7o. plantea dos apartados. En el primer apartado se da la posibilidad de construir, operar vías férreas y en el segundo apartado, de prestar el servicio público de transporte. En realidad está el entendido de que las dos actividades van a estar claramente determinadas para una sola empresa, es decir, para que les resulte rentable, una empresa tendrá que hacer el tendido de vías de identificación y esa misma empresa va a ser la que va a prestar el servicio de transporte.

Sin embargo, hay un problema real, nosotros proponemos que sean... que se diferencie esto claramente de manera tal que permita que alguna empresa constituya la construcción y la operación de las vías férreas y que diferentes empresas puedan prestar el servicio público de transporte; es decir, solamente a partir de esto se podría efectivamente pensar y tener un esquema de competencia real.

De otra manera, si la misma empresa que construye y tiende los rieles y construye toda la infraestructura es la que va a operar el servicio público de transporte, pues prácticamente esa empresa va a tener el monopolio del transporte y, por lo tanto, va a determinar libremente, porque así está establecido en el artículo 46, las tarifas. Entonces es importante un artículo 7o., desde nuestro punto de vista separado, las dos actividades: que algunas empresas en lo particular construyan y operen en las vías férreas y otras diferentes pudieran ser beneficiarias con la prestación del servicio público de transporte.

Repito, solamente esto nos podría permitir tener una verdadera competencia. En el artículo 17, el artículo 17 autoriza hasta un 49% de participación de capital extranjero, pero a criterio de la Comisión Nacional de Inversiones Extrajeras, éste podría ampliarse. Esto es particularmente grave porque si esta soberanía cede a una Comisión Nacional de Inversión Extranjera que pueda aportar hasta el 100%, de hecho estaríamos nosotros condicionando y estaríamos creando las condiciones para que efectivamente, como se señala, el ferrocarril transístmico pudiera convertirse en un Canal de Panamá sin canal, porque realmente tendrían ellos el control total si a criterio de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera es viable.

Por ello, nosotros proponíamos que para evitar esto se incorporara un señalamiento en que cuando menos el Estado mexicano, en un 20%, pudiera participar en cada una de las concesiones que se otorgaran. Así como está el artículo 17 permitiría y estaríamos dando nosotros como Congreso, la pauta para que ellos pudieran tener hasta el 100% de participación extranjera.

Esto es particularmente peligroso, repito, en el perfil transístmico, pero también sería peligroso en los ferrocarriles que conectan la frontera norte de nuestro país, porque de hecho con eso las compañías extranjeras de hecho lo único que estarían haciendo es alargar sus sistemas al territorio nacional.

El artículo 46 señala la total libertad a las empresas que adquirirán la concesión para que determinen sus tarifas.

Esto no establece ahí en ningún momento dado, algún mecanismo de regulación de parte del Estado, nosotros pensamos que si bien el Estado no tendría que actuar directamente en la determinación de las tarifas, se tendría que tener un organismo revisor.

Esto es observado en el artículo 47, donde se asienta que para que exista competencia efectiva, con que dos empresas presten el servicio, ya ellos van a considerar que existe competencia efectiva. Esto impediría, en consecuencia, que cualquier persona que considerara que se está cometiendo duopolio u oligopolio, ya no sería tal situación, porque por ley se está estableciendo que al existir dos ya existe competencia efectiva, cosa que es totalmente incorrecta.

Por ello nosotros proponemos que la Comisión Federal de Competencia, ex oficio o a petición de parte, pudiera actuar sobre las tarifas, y que se mantuviera el 46, que efectivamente ellos determinaran las tarifas, pero cualquier violación que tuviera que ver con los costos de operación de la empresa, a petición de parte o ex oficio, pudiera tener injerencia directa la Comisión Federal de Competencia.

Esas son las propuestas que tenemos en estos cinco artículos.

Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

A lo largo de esta sesión se ha analizado una de las iniciativas de ley que, de aprobarse, se sumará a un nuevo marco regulatorio que permitirá contar con una mejor infraestructura que seguramente coadyuvará al desarrollo del país.

Como se afirma en el dictamen presentado por la comisión, la oportunidad de tener la infraestructura adecuada, consiste en que ésta se adelante a la demanda, ir un paso adelante para que el crecimiento de la economía no choque ante obstáculos que bien pueden evitarse, si se toman las decisiones adecuadas en los tiempos precisos.

Como Congreso, tenemos la obligación de trabajar al ritmo que la realidad reclama. Hagámoslo con la responsabilidad y pertinencia. El proyecto de ley que hoy analizamos, es resultado de intensos trabajos, de debates al interior y al exterior de nuestra fracción. Todos los artículos fueron ponderados y se trabajó con el Ejecutivo desde las etapas previas al envío de la iniciativa al Senado como cámara de origen.

Estamos pues ante un proyecto que se consultó en los distintos niveles y con los involucrados en el sector. Muchas horas y esfuerzo están detrás de esta iniciativa. Nos sentimos satisfechos, pero dependerá también de esta soberanía, el estar atentos a que este nuevo marco regulatorio se aplique de la manera más adecuada y puntual.

Quiero, en esta intervención, hacer referencia a una preocupación mal fundada sobre el transporte ferroviario, que va en el sentido de afirmar que éste representa una fuerza monopólica.

Esta concepción debe ser examinada a la luz del porcentaje real de la carga nacional que transporta el ferrocarril. En todos los países el porcentaje de carga transportado por los ferrocarriles es significativamente menor al que transporta el autotransporte. En México el porcentaje de carga que va por ferrocarril, representa actualmente alrededor del 15% del total.

El ferrocarril representa una ventaja competitiva sobre el autotransporte de carga en productos masivos que se transportan a grandes distancias. De acuerdo a las experiencias internacionales, la competencia intermodal ha causado que las tarifas ferroviarias disminuyan.

El fomento de la competencia intermodal ha causado que los ferrocarriles busquen reducir sus costos a través del mejoramiento de la productividad de su operación para ser viables, incluso, los ferrocarriles de propiedad estatal han enfrentado el reto de permitir la inversión privada para mejorar sus servicios, fomentar la competencia intermodal y proveer a sus países de un sistema de transporte adecuado a sus necesidades de desarrollo.

En los Estados Unidos por ejemplo, después de múltiples fracasos financieros de los grandes ferrocarriles privados, el Gobierno se ha visto forzado a desregular el sector a través de políticas que premien la eficiencia.

La experiencia ha demostrado que la regulación debe enfocarse en estándares de servicio y seguridad y dejando la determinación de las tarifas al mercado.

Se busca asegurar que los concesionarios operen en condiciones de sana competencia, con el consiguiente beneficio para los usuarios directos y la economía en general.

Más que intentar imponer una improbable competencia entre ferrocarriles diferentes, se trata de poner a competir en igualdad de condiciones, al ferrocarril con los demás modos de transporte, principalmente el autotransporte. No hay que perder de vista que el ferrocarril, como lo dije antes, solamente representa el 15% del volumen total de carga terrestre en México.

Se pretende que respetando la reglamentación vigente, los particulares establezcan sus propios acuerdos para la operación más eficiente, por ello en la iniciativa se establece la obligatoriedad de prestar los servicios de interconexión y de terminal necesarios para proporcionar el servicio público correspondiente. Sólo en caso de desacuerdo entre las partes, intervendrá la autoridad para fijar las condiciones y contraprestaciones bajo las cuales prestará dicho servicio.

A su vez se otorga al Ejecutivo la facultad de establecer derechos de arrastre o de paso en ciertos tramos de vías, con el fin de contribuir al uso más eficiente de la infraestructura ferroviaria y evitar conductas discriminatorias o monopólicas.

El derecho de paso se refiere a la posibilidad de que un concesionario u operador permita transitar por sus vías a los trenes arrastrados por un tercero, a cambio de una contraprestación negociada.

También se utiliza cuando el concesionario de la operación en un tramo de vía, proporciona las locomotoras necesarias para transportar trenes o carros a cargo de un tercero, a cambio de una contraprestación.

Otro aspecto importante de la competitividad, es la fijación de tarifas que se trata con amplitud en el Capítulo VI de la iniciativa que comentamos.

Al igual que ocurre con la mayoría de los precios de los bienes y servicios, se establece la fijación libre de tarifas por parte de los concesionarios y permisionarios, con la condición de que sean registrados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes de entrar en vigor.

En caso de que la Secretaría considere que no hay suficiente competencia efectiva entre los diferentes modos de transporte, se solicitará la opinión de la comisión federal de competencia, pudiendo en sus casos establecerse bases tarifarias por parte de la Secretaría mientras subsistan las condiciones que dieron lugar a dicha decisión.

Por otra parte, tampoco hay que perder de vista que nuestro país tiene una importante experiencia acumulada en la materia, es por ello que se establece que las concesiones sólo se otorgarán a sociedades mexicanas en las que podrá participar la inversión extranjera.

Los cambios a los estatutos relativos a disolución anticipada, cambio de objeto, fusión, transformación o escisión de la sociedad concesionaria, deberá notificarse a la autoridad correspondiente, al igual que los cambios en la tenencia accionaria de los accionistas que detenten una participación directa e indirecta o mayor al 5%.

Por consiguiente, al tiempo que se otorga transparencia, seguridad e igualdad de condiciones para los inversionistas, la participación de la inversión extranjera se regula por la legislación vigente.

El artículo 17 del proyecto de ley reglamentaria del servicio ferroviario, establece que las concesiones sólo se otorgarán a personas morales mexicanas; en el caso de los permisos podrán otorgarse tanto a personas físicas como a morales, mexicanas, y en ambos supuestos se prevé que podrá participar la inversión extranjera.

Dado que se trata de un servicio publico prioritario de gran relevancia nacional, tanto económica como geográfica, con un alto potencial de desarrollo y debido a los elevados montos de inversión requeridos para alcanzar los estándares de eficiencia que demanda el país, cabe esperar un gran interés de los inversionistas externos para participar en las licitaciones. La experiencia internacional reafirma lo anterior.

Es así que con esta fórmula mixta para permitir la inversión extranjera en la prestación del servicio ferroviario, se busca la promoción de proyectos rentables que impulsen la modernización del sector y que vinculen la adecuada prestación del servicio, con el conocimiento necesario por parte de la autoridad respecto de los aspectos económicos del exterior que intervengan en el desarrollo del sector.

Es importante resaltar que la citada iniciativa de ley contempla una serie de disposiciones que permiten al Estado mantener la soberanía y seguridad nacionales, como son las figuras de la reversión, el rescate y la requisa, la facultad de establecer modalidades en la explotación del servicio ferroviario; la revocación inmediata en caso de que los concesionarios cambien de nacionalidad, y principalmente el que en todo momento se mantendrá el dominio público sobre las vías generales de comunicación ferroviaria, y que aquellas que se construyan pasarán en forma inmediata al dominio público de la Federación, sin importar los plazos y condiciones de las concesiones.

Señoras y señores legisladores, los invito a votar en favor de esta iniciativa, pues se ha manejado mucho la cuestión de los trabajadores, que creo que por ser un punto fundamental se debe retomar, pero los trabajadores ferrocarrileros están ciertos que sus derechos serán respetados, pero además también optimistas de que la mayor inversión en ese sector sea un detonante de la creación de más empleos y permita aprovechar y consolidar la tradición de trabajo serio, responsable y comprometido de los trabajadores de ese sector.

Esperamos más empleos y mejor remunerados, más y mejor capacitación y un sector ferroviario sólido y fortalecido.

Esta ley, repito, refleja intensas horas de trabajo, nos falta sin duda mucho por hacer, pero depende de la voluntad de todos el perfilar y hacer realidad el sector ferroviario que merece nuestro país.

Por último, y para redondear ésta, que ha tratado de ser una explicación demasiado técnica para mí, quiero decir que en la práctica el objetivo fundamental que busca esta iniciativa de ley desde luego es la de consolidar las finanzas nacionales, pero también en gran parte el de crear nuevas fuentes de trabajo que son necesarísimas para nuestro país.

Ojalá, salvando todos los escollos que en el proceso de votación lleve esta iniciativa, se anteponga el interés nacional y pensemos sí en la soberanía, sí en la seguridad nacional, pero también en la creación de fuentes de trabajo.

Estoy seguro que nuestros compañeros del istmo o de la península de Baja California, ven con mucho orgullo la soberanía, pero sienten con mucho dolor a veces el vacío de su estómago.

Nuestra obligación social es crear fuentes de trabajo, y esta iniciativa seguramente que las llevará a cabo. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias.

Tiene la palabra el diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:

Muchas gracias, señor Presidente:

Para hacer algunas propuestas de modificación en lo particular a varios de los artículos que reservamos.

En el artículo 1o. proponemos que se modifique el segundo párrafo para quedar como sigue: "El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad y soberanía de la nación y promoverá el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, que elabore el Poder Ejecutivo Federal con la intervención del Congreso de la Unión".

En el artículo 6o. se adiciona un primer inciso y se recorren los demás. El inciso que proponemos adicionar es. Fracción I: "Construir, mejorar, conservar y explotar las vías generales de comunicación ferroviaria".

En el artículo 8o. adicionar un último párrafo, que diría: "En caso de interés general, el Estado, con sujeción a lo dispuesto en los párrafos quinto y décimo del artículo 28 constitucional, en las concesiones que otorgue a través de la Secretaría, podrá establecer excepciones".

Artículo 9o. Se modifica la fracción VI para quedar como sigue: "La Secretaría expedirá, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, convocatoria pública para que se presenten proposiciones en presencia de los participantes".

Sexta: "La Secretaría en su caso otorgará la concesión dentro del plazo señalado en las bases correspondientes. El resultado de la licitación pública y el título respectivo, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación a costa del concesionario".

Artículo 17. Nuestra propuesta es suprimir el tercer párrafo, que es el que se refiere justamente a la posibilidad de inversión extranjera, más allá del 49%, como se señala actualmente en la Ley de Inversión Extranjera y en el párrafo anterior.

Artículo 21, sobre las sanciones. Se modifica la fracción V para quedar como sigue: "Aplicar tarifas superiores a las autorizadas".

Artículo 41, se modifica, en la última línea, haciendo el siguiente agregado: "...así como de la representación sindical". Es decir, tomando en cuenta las consideraciones de la representación sindical.

Artículo 46, se modifica el primer párrafo para quedar como sigue: "Los concesionarios y permisionarios se sujetarán a las bases tarifarias establecidas por la Secretaría, la que en su definición cuidará la aplicación de los criterios que permitan prestar los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia". Es decir, no dejar solamente al registro, sino al establecimiento de la propia Secretaría de las bases tarifarias que por ella misma se establezcan.

Artículo 47. Se suprime.

Artículo cuarto transitorio. Se adiciona con un segundo párrafo que diría: "De conformidad con los artículos 9o. y 10 de esta ley, la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del corredor Salina Cruz-Coatzacoalcos, serán concesionados a Ferrocarriles Nacionales de México y/o a los estados y municipios que determine la Secretaría".

Artículo 5o., se adiciona en la última línea, con los derechos de los trabajadores, señalando expresamente "...y el contrato colectivo de trabajo vigente".

Esas serían, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados, las propuestas de modificación en lo particular que la bancada del PRD haría a esta iniciativa. Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Miguel Angel García García, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Miguel Angel García García:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Las preocupaciones que se nos han planteado hoy en los artículos reservados por parte de la fracción del PRD, creo que se concentran de una manera muy general en los siguientes aspectos: un primer aspecto es la forma en cómo se concibe la rectoría del Estado, que ya se discutió en lo general; también los términos y plazos referentes a la inversión extranjera, el establecimiento de tarifas y condiciones de competencia, entre otros aspectos, que creo que en la ley están perfectamente precisados y sobre todo se protegen en un marco jurídico, como el que ofrece la Ley de Competencia y la propia Comisión de Inversiones Extranjeras.

Creo que en estos ordenamientos jurídicos se está privilegiando de una manera importante, la forma en como el Estado estará regulando la participación de los particulares en el sistema ferroviario.

Siempre que discutimos en esta honorable Asamblea sobre la privatización o la concesión de servicios públicos, siempre se genera en todos nosotros una enorme y fundamentada preocupación por la soberanía de nuestra nación. Creo que a todos los mexicanos, independientemente de su ideología o de su visión sobre las cosas y los hechos, siempre nos viene a la memoria, que con la inversión extranjera corremos un riesgo de hipotecar nuestro futuro.

Ciertamente la lucha de nuestro país por sobrevivir como nación soberana, no ha sido fácil, pero también yo creo que es importante reconocer que la soberanía del país, del Estado, no sólo se finca en sus vías de comunicación, creo que también la fortaleza de nuestra soberanía reside en la pluralidad de este Congreso, en la consolidación de la reforma al poder político y en la independencia de los estados y municipios, pero creo que sobre todo en el estado de derecho que nos hemos dado a lo largo de nuestra historia.

Ciertamente la rectoría del Estado siempre ha estado presente en la esfera económica y ha sido una constante a lo largo de nuestra historia, sobre todo a partir del Constituyente de 1917.

De 1920 a 1940, presenciamos en nuestro país cómo el Estado consolidó su promoción en el desarrollo nacional como un imperativo para establecer y reordenar nuestra actividad económica a partir de los sucesos del movimiento revolucionario de 1910. Es precisamente en ésta, de 1920 a 1940 cuando se consolida la razón del Estado como pilar del desarrollo económico, es aquí cuando el cardenismo tuvo una tarea importante para que el Estado enfrentara los rezagos que habíamos sufrido todas las economías en desarrollo a partir de la depresión que sacudió al mundo en 1929.

El otro aspecto, el que se refiere a la etapa de 1941 a 1954, en donde después de las condiciones en como quedó la economía del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, obligan de nueva cuenta a que el Estado participe de una manera dinámica en la expansión del sector industrial, en el famoso modelo de sustitución de importaciones.

Cambiaron los procesos de industrialización, las zonas urbanas demandaron inversión pública, principalmente en el sector de comunicaciones y transportes, razón por la cual el Estado se vio obligado a hacer cuantiosas inversiones que obedecían a que en esas áreas de la actividad económica se presenta en ese momento una escasa rentabilidad y con periodos de maduración muy largos, en donde había pocos particulares que quisieran hacer este tipo de inversiones.

Posteriormente, de 1955 a 1969, se distingue el gran impulso que alcanza la inversión pública en organismos y empresas del Estado, así como los apoyos al sector agropecuario y al abasto de productos básicos. Las empresas paraestatales tienen en esta etapa como propósito fundamental el asegurar abastecimiento de producción y servicios como los de la energía, los aceros, los bienes intermedios, que eran absolutamente indispensables para cualquier país en desarrollo.

Una cuarta etapa que pudiéramos identificar en nuestro desarrollo es la que va de los años 1970 a 1982, donde los mexicanos empezamos a enfrentar fuertes problemas en la esfera productiva, una retracción importante de la inversión, un menor crecimiento y aparece el problema de la inflación y, sobre todo, esto se da en un contexto internacional adverso.

El Estado de nueva cuenta se ve obligado a absorber empresas del sector privado con problemas financieros y con enormes deficiencias, con lo cual se inicia un proceso de crecimiento desordenado en la expansión del Estado en la economía.

Esta política de rescate no sólo se aplica en México, sino recordemos que en esta etapa de los setenta, de los ochenta, también en el Gobierno de los Estados Unidos el Gobierno Federal tuvo que intervenir para que la empresa Chrysler no quebrara en ese momento.

Esto desde luego, esta intervención del Estado para rescatar a las empresas pues tuvo un costo implícito para nuestra infraestructura, pues en lugar de invertir en estos cuantiosos recursos en carreteras o infraestructura ferroviaria, estos recursos, de por sí escasos, se orientaron a salvar empresas para evitar desempleo y desajuste en la planta productiva.

A nadie nos es desconocido que en esta época se desarrolla también el despegue más importante del sector público, que es el de la industria petrolera, donde se da una gran ampliación de nuestra plataforma y de la industria de bienes de capital. Aquí la participación del Estado, más extensiva que selectiva, dificulta la coordinación interinstitucional y la asignación de recursos.

Eso aunado a la crisis de 1982, de la cual se presentan severos desequilibrios económicos, acumulación de deuda externa, estancamiento productivo y de nueva cuenta inflación, al mismo tiempo recordemos que enfrentamos el desplome de nuestra principal fuente de divisas, que es el petróleo, obligan a transformar la estrategia económica de los últimos seis años.

Esta crisis de 1982 creo que dejó una lección muy clara a todos los mexicanos: que no necesariamente un Estado propietario, un Estado dueño de empresas, garantiza necesariamente la estabilidad económica o el desarrollo social equilibrado en nuestra sociedad.

Y es precisamente el punto al que yo quiero llegar para señalar que la iniciativa de ley que hoy discutimos, se enmarca en un profundo proceso de reforma del Estado. No creo que como aquí se ha dicho, sea únicamente una actitud de privatizar por privatizar. Hay un marco, un marco profundo de reforma que aunque no se quiera entender así o no se esté de acuerdo con este marco de reforma, se orienta a lograr un Estado que no administre más, sino que continúe gobernando mejor.

Yo no creo, señores diputados, que un sistema ferrocarrilero que viaja a un promedio de 23 kilómetros por hora, garantice la soberanía de nuestro país.

La desincorporación de entidades públicas forma parte de un conjunto de reformas económicas que junto a la reforma fiscal monetaria, la reforma de desregulación entre otros, conforman instrumentos de política económica y no un fin en sí mismos.

Ciertamente el Estado se ha retirado de muchas áreas de la actividad: ferrocarriles, telecomunicaciones, ayer aprobamos la del gas, que permite la participación de particulares en la distribución de este combustible. Pero yo no creo de ninguna manera que ello signifique renunciar a regular y conducir el desarrollo nacional. Por el contrario, creo que el Estado busca concentrar sus esfuerzos para canalizar adecuadamente los recursos de la sociedad en la administración de la justicia, en avanzar en la democracia y en el propio desarrollo social.

A fuerza de ser honestos, debemos de reconocer que los pretextos para invadir a cualquier país no necesariamente tendrían que ser de índole económica, creo que hoy en día han surgido nuevos puntos en la agenda bilateral de nuestro país con el vecino país del norte y temas como los derechos humanos, los asuntos fronterizos, el medio ambiente, pudieran ser pretextos también, ¿por qué no decirlo?, para intervenir.

Yo no creo que únicamente el que los medios y vías de comunicación estén en manos de particulares, ponga en duda la soberanía de nuestro país, puesto que está perfectamente garantizada la participación del Estado en el régimen de concesiones, en vigilar el cómo se aplican estas concesiones.

Pero sobre todo también, deja por ahí muy clara la posibilidad, la atribución por parte del Gobierno para echar a andar alguna requisa en caso de que así sea necesario. Creo pues que está perfectamente protegida esta modificación.

Por otro lado, yo creo que ya lo señalaron por aquí algunos compañeros diputados, los más de 5 mil millones de nuevos pesos que en el presupuesto de egresos de la Federación para este año, que se otorgan de subsidio directo al sistema ferroviario, difícilmente podríamos justificarlos en los próximos años ante la sociedad. Ya se señaló aquí lo obsoleto en que se encuentra este sistema de comunicación.

Además yo creo que este tipo de recursos que pudiéramos ahorrar, en el momento en que el sistema ferrocarrilero, ojalá lo logremos en el corto plazo, porque sabemos que estos proyectos no son de maduración corta, estoy seguro que estos recursos, que casi estos 5 mil millones de nuevos pesos, los podemos aplicar a programas tan importantes, a rezagos tan importantes, a rezagos sociales; casi significan estos 5 mil millones la mitad del Programa Nacional de Solidaridad, y un poco más del 20% de los recursos que se destinan a los subsidios directos al consumo y la distribución de productos básicos.

Hoy el Estado se transforma para fortalecer sus finanzas públicas, para canalizar eficientemente sus recursos, ya de por sí escasos, hacia los sectores menos favorecidos.

Baste mencionar que el gasto social asciende a un poco más del 50% del gasto programable del sector federal.

Por último, debo señalar que en esta iniciativa que hoy estamos discutiendo, el Estado se reserva el derecho de concesión a particulares, y también, como ya dije, el derecho de requisa.

Dejo en ustedes, señores legisladores, estas reflexiones, porque creo que la soberanía no reside exclusivamente en la propiedad de los bienes de la nación, sino en la pluralidad de este nuestro Congreso, para defender en todo momento, nuestro derecho a ser una nación respetada y soberana en el contexto mundial. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Tomando en consideración que han transcurrido más de las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente, hasta la conclusión del orden del día.

Tiene la palabra el diputado José Alberto Castañeda Pérez, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Alberto Castañeda Pérez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; asistentes todos en este Congreso:

Quisiera llamar un momento su atención, por algunos puntos muy importantes, relativos a unos cambios que vamos a proponer a la legislación de ferrocarriles, según dos artículos que nos hemos reservado.

Antes de entrar en materia, quiero hacer un reconocimiento a la nueva manera de legislar, en donde se han logrado amplios consensos, se ha discutido abiertamente en las comisiones, en lo que se refiere a ésta y a otras iniciativas, como fue la de aviación y esperamos que sigamos así, con leyes un poco más complejas, como puede ser la de telecomunicaciones.

He reservado, a nombre de mi partido, el tercer párrafo del artículo 17 y una modificación del apartado segundo del tercer transitorio de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Consideramos estos dos puntos de suma importancia.

Esperamos tener consensos ahora sí, con los diversos grupos aquí representados, porque creemos que realmente vienen a resolver una parte de los problemas y de las inquietudes que todos traemos.

El tercer párrafo del artículo 17, abre la posibilidad para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49%, pudiendo mediante resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, llegar hasta el 100%.

La modificación que propongo al apartado segundo del tercer transitorio de la ley, dejaría vigente el artículo 7o. fracción IV inciso s, de la Ley de Inversión Extranjera, manteniendo la participación extranjera hasta un 49% en los servicios conexos al sector ferrocarriles, que consisten en servicios a pasajeros, mantenimiento, rehabilitación de vías, talleres de reparación de equipo etcétera.

Como está actualmente la ley es posible poner en manos del extranjero un servicio público antes considerado estratégico y reservado de manera exclusiva al Estado. Este servicio queda actualmente definido como actividad prioritaria, sujeta a la rectoría económica del Estado.

Este cambio en la definición para que el servicio ferroviario cambie de estratégico a prioritario, no modifica la realidad, es un hecho que tanto en el pasado como en la actualidad la actividad ferroviaria sigue teniendo una importancia vital y estratégica para todo el país, analizado esto desde una perspectiva social, cultural, económica o política, sea esto en tiempos de paz y sobra mencionar su importancia en un eventual conflicto armado.

No podemos cerrar los ojos y los oídos a esta realidad que puede poner en riesgo la soberanía nacional, la rectoría económica del Estado y la seguridad de México entero. En lo personal prefiero contar con un sistema ferroviario en manos de ciudadanos mexicanos.

Estoy consciente que la crisis económica del país tal vez limite la participación de muchos mexicanos en inversiones de una magnitud insospechada, pero no considero conveniente brincar directamente de un esquema de propiedad del Estado, a un posible esquema 100% extranjero, sin haber pasado previamente por una participación prioritaria nacional en manos de particulares.

De permanecer la legislación sin los cambios que proponemos, daríamos una vuelta de 180 grados, negando una tradición de cautela, que ha sido una constante en nuestro devenir histórico.

Con la aprobación a nuestras propuestas entraríamos en una etapa de transición, dando preferencia a nuestros connacionales sobre los extranjeros en la actividad ferroviaria.

Sabemos que existe el temor de que los mexicanos no participen por falta de recursos. Esta situación puede resolverse de dos maneras:

Primero. Podría definirse un tiempo razonable, digamos 24 meses, para que los empresarios mexicanos interesados en participar en alguna concesión ferroviaria, realicen los trámites exigidos por la ley. Pasado ese tiempo podría abrirse a la inversión extranjera.

Segundo. Los posibles inversionistas extranjeros pueden participar mediante el esquema de inversión neutra que establece el Título Quinto de la Ley de Inversión Extranjera, permaneciendo el control de las empresas ferroviarias en manos mexicanas.

Sabemos que las autoridades hacendarias, encabezadas por el doctor Guillermo Ortiz, anunciaron en la capital de los Estados Unidos de América en enero del 1995, la apertura del sector ferroviario a la inversión extranjera.

Este anuncio se realizó en el extranjero antes que en México, y tenemos noticias de que empresas norteamericanas externaron su interés de participar en las concesiones y podemos sospechar posibles preventas. Este acto es una falta de respeto y un insulto a todos los mexicanos, deja ver una actitud de preferencia a los extranjeros sobre los nacionales que es inaceptable y posiblemente está dando lugar a la aparición de los artículos que estoy solicitando suprimir y reformar.

En conclusión, compañeros diputados, por los argumentos antes expuestos y por los expresados durante el debate, me permito solicitar su voto favorable a mis propuestas, que me permito leer a continuación. "Secretarios de la Cámara de Diputados.- Presente.- Con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes, diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, formulamos y ponemos a su consideración las siguientes proposiciones: se suprime el tercer párrafo del artículo 17 del dictamen que contiene el proyecto de decreto de la ley reglamentaria del servicio ferroviario.

Se modifica el apartado 2 del transitorio tercero del mismo dictamen para quedar como sigue: "2o. El artículo 5o. fracción X. De esta forma, sólo ése se derogaría. Sala de sesiones de la Cámara de Diputados. México, D.F., a 28 de abril de 1995." Dejo en esta Secretaría la propuesta por escrito firmada por los diputados: Martín Hernández Balderas, Apolonio Méndez Meneses, Jorge H. Gómez García y por un servidor. Por su atención muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, del PRI.

El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:

Señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:

Pienso que a estas alturas de la tarde y del debate ya se han desvanecido muchas de las dudas y preocupaciones que con razón despierta un tema de la trascendencia histórica de los ferrocarriles de México.

No diré que nuestra vida o nuestra historia va ligada a la historia de los ferrocarriles, pero sí que en los últimos 100 años, diré, va muy cerca de ella, que ha estado presente en muchas ocasiones y de muy diversas maneras, desde creación de deuda, de deuda ferrocarrilera para establecer los primeros ferrocarriles y que fue tan serio el problema que vino a resolverse hasta el año de 1946, como en la estampa que siempre ahora se ve con cierto romanticismo por televisión y por películas y por canciones de la época de los ferrocarriles, en la época de la Revolución, que desafortunadamente no era tan pintoresca como la queremos ver ahora, con rieleras y con juanes, sino que fue una etapa sangrienta y grave, de la que afortunadamente salimos.

Lo cierto es que sí, los ferrocarriles han estado muy cerca de nosotros y despierta preocupaciones precisamente por eso, porque hubo etapas peligrosas, hubo etapas de corrupción en el siglo pasado, precisamente las concesiones que se otorgaron en algunos casos.

Y en esto quiero recordarle a algunos de los señores legisladores que hoy hablaron, que esta expresión de que el Congreso intervenga en las concesiones, pues entendí que para afirmarlas, pues es una concepción un poco desde la época porfirista en la que los bancos tuvieron que ser algunos establecidos por decreto de Congreso, y así se daban las concesiones; pienso que no es materia del Congreso.

Que nosotros hemos buscado y en esta ley para empezar por esta observación que di esta tarde, que hemos puesto una recomendación muy expresa, por si no fuera suficiente la que ya hay legalmente, de que la Cámara de Diputados, es decir, nosotros o quienes nos sucedan, vigilaremos cómo, o revisaremos concesiones y permisos que se otorguen.

Esa obligación nos va a permitir estar muy cerca de la política ferrocarrilera o mejor dicho, de concesiones o permisos que se llegaran a otorgar de acuerdo con la nueva ley si es que se aprueba.

De modo que no pienso que iremos al extremo de que se firmen las concesiones por el Congreso o que pasen por él. Ya tendremos oportunidad de revisarlo. En cuanto a los otros temas que se han tratado, insisto, pienso que se han desvanecido las dudas sobre de que la inversión en general primero, y concretamente la extranjera, traen grandes males al país.

En esta materia y a quienes hemos vivido, como ustedes y como yo, la historia de los ferrocarriles, en que durante año tras año esa deuda de que les hablo se creó en los principios del siglo para rehabilitar los ferrocarriles, pues yo creo que a partir de no sé, años 1935 ó 1940, yo creo que 1940, cada año encontrábamos o se hablaba de programas para rehabilitar los ferrocarriles, y lo cierto es que como se ha demostrado aquí, la situación de ellos es muy grave, precaria y sí requiere inversiones que el Estado mexicano no puede ni tiene por qué ser el que las haga.

No es cierto que los ferrocarriles hayan sido siempre manejados por el Estado o que ésta sea una obligación a cargo del Estado, las vicisitudes de su historia nos pintan un panorama muy diferente a lo que a veces se da por supuesto o que se piensa sin mayor examen que así han pasado.

Recuerden ustedes solamente que hasta 1937, en que viene la expropiación de los Ferrocarriles Nacionales de México, primero se crea con una confusión, pues explicable, porque no había habido una experiencia previa, el llamado departamento autónomo de los Ferrocarriles Nacionales de México; es decir, se pensó que un... pues esto es un tema que se trató muy ligeramente en el Constituyente de 1917, que había ciertos servicios técnicos que podrían ser mejor prestados por el Estado si lo hacía no a través de las secretarías correspondientes, sino a través de los llamados departamentos administrativos.

Entonces, en 1937 se crea, en julio de 1937, el departamento autónomo de los Ferrocarriles Nacionales de México, pensándose que ésta sería un cumplimiento de un pensamiento del Constituyente, cierto en la teoría y falso en la práctica.

Al año siguiente y precisamente porque el Sindicato de Ferrocarrileros y los ferrocarrileros con toda razón no querían pasar a ser empleados públicos, no era procedente ni conveniente que las finanzas de los ferrocarriles fueran a dar a la Tesorería de la Federación, como todas las finanzas del Estado, que el presupuesto de Ferrocarriles fuera a dar al presupuesto de la nación.

Se vio que no funcionaba esta tesis, insisto equivocada en la práctica, de crear un departamento autónomo en 1937, y en 1938, al año, escasamente a un año que no funciona esto, se crea la Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de México, que tampoco fue un éxito definitivo, hasta que en 1940 se crea ya como establecimiento público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México.

De modo que ni han sido siempre del Estado ni es un área que tenga tal relación con soberanía, que deba verse como algo pues como fue hasta hace poco tiempo, estratégica y se ha quedado en prioritaria.

Nosotros aprobamos esta reforma constitucional y estamos legislando a consecuencia de la misma y creo que legislando bien. Ya en el último momento puesto que más o menos o yo pienso que hemos llegado al conocimiento de que la inversión privada es importante y es necesaria, hay algunas observaciones sobre el monto de la posible inversión extranjera.

Yo en esto casi diría a quienes han sostenido esta tesis, de que pues vamos a ser más consecuentes con tesis que hemos esgrimido aquí.

No nos gusta la inversión extranjera especulativa, creo que hay mucha razón en que no nos guste, sobre todo cuando no se concreta adelante en proyectos serios o definitivos, pero en este caso, si llegara la inversión extranjera, que puede llegar y puede no llegar, porque para eso también está la inversión mexicana preferentemente, como dice la misma Ley de Inversión Extranjera, si llegara la inversión extranjera a proyectos, no a especulación, sino al proyecto equis o zeta, maduro, estudiado y bien examinado por las secretarías correspondientes, no veo por qué esto sea una cosa inconveniente.

Y no digo sólo de hablar del 49%, este régimen de límite 49% que señalaba la Ley de Inversiones Extranjeras de 1993, que aprobamos apenas hace un año y medio, se modifica, como se ha señalado aquí con mucha precisión, a través del artículo transitorio que deroga determinado artículo de la Ley de Inversiones Extranjeras.

Creo que no hay por qué alarmarse demasiado, por qué buscar una etapa que, como se ha dicho aquí, de prueba, de ver si la inversión privada es buena o es mala. Hemos casi, y espero no estar equivocado en mi apreciación, concluido que la inversión privada en sí la necesitamos en ferrocarriles. Por la misma razón, esta inversión privada en una actividad y en un campo que requiere tanto esa inversión, pues bienvenida la extranjera, siempre sujeta, por supuesto, a la ley nacional, y sobre todo a una comisión nacional de inversiones, que yo creo que debemos ser demasiado desconfiados si tememos de antemano que va a actuar siempre en forma, pues yo diría hasta como que se ha querido señalar aquí, poco patriótica.

El artículo 23 de la Ley de Inversiones Extranjeras crea la comisión con nueve secretarios de Estado. Yo sinceramente pienso que es una suspicacia demasiado exagerada, hablar de que esta comisión en que hay nueve secretarios de Estado mexicanos, va a cometer actos poco meditados, inconsultos, o peor aún, poco patrióticos.

De ahí que yo pienso que esta posibilidad, porque no es más que eso, siempre preferiremos y la comisión así lo dice la ley, siempre preferiremos la inversión privada mexicana, pero si llega la extranjera en este campo que tanto la requiere, en mi opinión bienvenida y no hay por qué estos artículos reservados no aprobarlos, porque están los dos indudablemente ligados.

Vean ustedes que en el artículo que se ha señalado, el 17, se hacen salvedades muy importantes de cómo podrá venir esa inversión, deberá siempre la comisión resolver en forma que se propicie al desarrollo regional y tecnológico y se salvaguarde la integridad soberana de la nación. Creo que tenemos funcionarios que lo harán y lo harán con mucho esmero.

Por otra parte, también la Ley de Inversiones Extranjeras tiene un artículo expreso, creo que es el 30, en que se dice que siempre tendrá que verse y aun suspenderse cualquier inversión que atente contra la soberanía nacional.

Por todo esto, señor Presidente, y en vista de los argumentos que se han expuesto aquí con mucha inteligencia por muchos compañeros, le rogaría a usted que se pusieran a votación los artículos reservados.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos.

El Presidente:

Esta soberanía autorizó la votación en un solo acto en lo general y en lo particular de este dictamen. Por economía en el trámite se propone se incluyan en la votación las proposiciones derivadas de los artículos reservados.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que la votación en un solo acto, sea en lo general, en lo particular y de las proposiciones

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

EN VOTACIóN ECONóMICA SE PREGUNTA A LA ASAMBLEA SI SE AUTORIZA QUE LAS TRES VOTACIONES SEAN EN UN SOLO ACTO.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza que las tres votaciones sean en un solo acto.

El Presidente:

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las proposiciones, en un solo acto.

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las proposiciones, en un solo acto.

(Votación)

El secretario Manuel de Jesús Espino Barrientos:

Señor Presidente, se emitieron en lo general y en los particular 344 votos en pro y 39 votos en contra; por los artículos 17 y 21 un voto en contra; por las propuestas del Partido Acción Nacional 108 votos en pro, 275 votos en contra; por las propuestas del Partido de la Revolución Democrática 33 votos en pro, 350 votos en contra; por las propuestas del Partido del Trabajo seis votos en pro, 377 en votos en contra.

El Presidente:

Aprobada en lo general y en lo particular por 344 votos la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

El secretario Manuel de Jesús Espino Barrientos:

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

El Presidente:

Para leer un punto de acuerdo relacionado con este dictamen que acaba de aprobarse, tiene la palabra el diputado Miguel Rodríguez.

El diputado Miguel Rodríguez Ramírez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

«Señores diputados: la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones la iniciativa del Presidente de la República de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Hoy esta cámara ha votado por la aprobación de dicha iniciativa.

Ante la apertura que con esta ley se está dando a la participación privada y social, así como a la inversión extranjera, los grupos parlamentarios representados en esta Cámara proponen el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados de la LVI Legislatura se compromete a legislar lo conducente en la Ley de Inversión Extranjera, a fin de salvaguardar la seguridad y la soberanía nacionales, por lo que corresponda a la interpretación y alcances que deba hacer la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, del tercer párrafo del artículo 7o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el que a la letra dice: Se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para que la inversión a la que se refiere el párrafo anterior participe en un porcentaje mayor.

Dicha comisión deberá considerar al resolver, que se propicie el desarrollo regional y tecnológico y se salvaguarde la integridad soberana de la nación.

La revisión de la Ley de Inversión Extranjera estará orientada por las consideraciones de los intereses y zonas estratégicas, como serían, entre otras, el istmo de Tehuantepec y la península de Baja California, justamente para preservar la seguridad y soberanía nacionales. Que se faculte a la Comisión Nacional de Inversión Extranjera para solicitar la revocación de concesiones donde haya capital extranjero, cuando en su opinión se ponga en riesgo la seguridad y/o soberanía nacionales.

México, Distrito Federal, Palacio Legislativo, 28 de abril de 1995.- Por las fracciones parlamentarias: Partido Revolucionario Institucional, Gustavo Cárdenas Monroy; Partido Acción Nacional, José A. Castañeda; Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano; y PT no firma.

Diputados proveentes del acuerdo, entre otros: Carlos Reta; Ofelia Casillas Ontiveros; José R. Castelazo; César Raúl Ojeda; José Natividad González Paras; Sebastián Lerdo de Tejada; Samuel Palma; Jaime del Río; Miguel Rodríguez; Eduardo Islas; Carlos Aceves; Alejandro Gutiérrez; Salvador Hernández Vélez; Martina Montenegro; José Ramírez Gamero; Rodolfo González Macías; Jorge Moreno Collado; Alejandro Rojas Díaz-Durán y Jaime Martínez Veloz.» Muchas gracias.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente:

Gracias, diputado.

Para hacer comentarios sobre la reforma política del Distrito Federal, tiene la palabra el diputado Miguel Hernández Labastida, del Partido Acción Nacional.

El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Hablar de la reforma política y democrática del Distrito Federal para Acción Nacional ha sido costumbre desde su nacimiento, cuando en sus primeras proclamas ya estaba luchando por rescatar los derechos de los ciudadanos de esta entidad y lo mismo se llegó a pensar desde convertir el Consejo Consultivo en cabildo, como se llegó a pensar en la elección directa de las juntas de vecinos.

Al no haberse hecho eco a ninguna de las propuestas de transformación democrática del Distrito Federal, Acción Nacional realizó foros compartidos de oposición dentro del Distrito Federal y fue así como surgió esa iniciativa de ley presentada en la LIII Legislatura, donde se hablaba de una transformación toral, fundamental de esta entidad; y entre esas propuestas, que no han dejado de estar vigentes, porque no han sido atendidas por el Congreso, está, naturalmente, la lucha fundamental de convertir al Distrito Federal en el Estado 32.

Nosotros no tenemos ninguna complicación ni pensamos que haya contraposición en que esta entidad se convierta en estado, pese a ser la sede de los poderes de la Unión y pese a ser la capital de la República.

Consideramos que así como se ha transformado y reformado el artículo 44 constitucional, estableciendo determinadas condicionantes, en esta ocasión también se pueden establecer sin que necesariamente salgan de aquí esos poderes ni deje de ser la capital de la República, pero se constituya en un estado de la Unión.

Fuimos de ahí a la elección directa de la autoridad máxima, del titular del órgano central de Gobierno.

Nosotros, al transformar esta entidad en estado, estamos pensando en el gobernador de esa entidad y con un mandato de seis años, cuyas causas de remoción estén perfectamente plasmadas en la Constitución al igual que cualquier otro ejecutivo estatal y de donde debe de surgir una redistribución de competencias entre el actual Distrito Federal y la Federación.

Buscamos también, y estamos luchando, por la conversión de la Asamblea de Representantes, que surgió después de presiones de los partidos de oposición y la ciudadanía del Distrito Federal, a convertirse ahora en Asamblea Legislativa, y nosotros seguimos pugnando para que ésta se constituya en el congreso local de ese nuevo Estado 32 y que deje de velar y expresarse ese régimen de facultades, ahora limitadas para la Asamblea, para que ésta se someta a un régimen de facultades implícitas y no explícitas, sobre todo que cuente con facultades legislativas plenas.

En síntesis, Acción Nacional ha pensado que este Congreso de la Unión no lo sea del Distrito Federal, sino de la Unión.

Pensamos que igualmente ese nuevo congreso local tenga las facultades para aprobar al Procurador General de Justicia de esta nueva entidad, así como del jefe de la Secretaría de Seguridad Pública.

De ahí nos vamos a convertir las delegaciones en municipios, en ayuntamiento y en su caso, los consejos consultivos en cabildos y obviamente, quien dirija el Ejecutivo de este ayuntamiento, será electo directamente por la ciudadanía.

Y si pensamos que dentro de este cabildo o consejo de ciudadanos, sus integrantes deben de contar con esa calidad de funcionarios públicos para ser sometidos a la responsabilidad correspondiente y que tengan y cuenten la autoridad suficiente para que puedan tener las decisiones torales de velar por la administración de ese ayuntamiento correspondiente.

Y algo que pretendemos introducir dentro de este cabildo, consejo ciudadano o ayuntamiento es la representación proporcional.

Si ustedes analizan en estos momentos, no hay un órgano de elección popular que no tenga dicha representación popular, los congresos locales, el Congreso Federal. Todos cuentan con la representación proporcional y nosotros insistimos en que esta cabildo igualmente esté integrado básicamente con integrantes electos de mayoría y con integrantes de representación proporcional.

Nosotros también, en esta reforma integral, aspiramos a reformar fundamentalmente el Poder Judicial del Distrito Federal. Y dentro de él ajustarlo a las normas federales, homologándolo, tanto de los nombramientos de los magistrados, como a los procedimientos para los nombramientos de los ministros, buscando siempre la autonomía financiera del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y sobre todo instaurando el servicio civil de carrera para los miembros, tanto del tribunal como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La participación ciudadana no sólo la concebimos en participación electoral, también nosotros plasmamos una ley correspondiente, donde se contemplen las figuras de referendum, plebiscito, consulta pública e iniciativa popular.

Y finalmente, la coordinación metropolitana, para reformar la Constitución, para que ésta obligue a la realización de convenio, sobre todo en los campos del medio ambiente y ecología, abastecimiento, distribución y tratamiento de agua, transporte y vialidad, planeación desarrollo urbano, fomento y desarrollo económico y seguridad pública y de justicia.

Y todo esto, señores, es un proyecto que visualizamos y pensamos que puede traer mejor vida para esta comunidad del Distrito Federal. Y parcialmente nos ha llegado a la Cámara de Diputados una solicitud de la Asamblea, una solicitud de la Asamblea de Representantes, para que reformemos el artículo 125 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y en su caso, aplacemos las elecciones de estos consejos ciudadanos, para otra fecha. A sabiendas de que contamos con un artículo transitorio constitucional que fija dichas elecciones para este año.

Ya en comisiones unidas se nos plantearon algunas alternativas de solución, entre ellas que la elección se realizara en el mes de octubre y la instalación de los consejos se realizara en diciembre. La segunda, que la elección se realizara el 12 de noviembre y su instalación fuera en diciembre. La tercera, que esta modificación fuera a través de un transitorio y no transformando la ley en su contenido que fija para siempre las elecciones de los consejos de ciudadanos para junio de cada tres años.

Y señores, no nos llegó el dictamen. Contra lo que sucedió con otras leyes, aquí hubo tortuguismo y no recibimos el dictamen. Y ya se nos vino el tiempo encima.

Lo que nosotros queremos reiterar es que después de que hizo la excitativa la diputada María Elena Alvarez de Vicencio, el martes, el recordatorio de la diputada Cecilia Romero, no se pudo contar con dictamen.

¿Qué es lo que va a suceder?, que nos vamos de este periodo ordinario sin haber atendido la solicitud de la Asamblea de Representantes. ¿Qué consecuencias hay? Si no se realiza en este momento está el camino para que el dictamen se presente en un próximo e inmediato periodo extraordinario; si no fuese el caso, tendríamos que realizar las elecciones en junio.

Señores diputados: tenemos una alta y gravísima responsabilidad, no es sólo con los ciudadanos del Distrito Federal, es con México, es con esas aspiraciones que ha tenido siempre el pueblo de México para ejercitar sus derechos. Queremos pedirles que no le cortemos esa posibilidad al pueblo de México a elegir esos 520 o los que sean, consejeros ciudadanos y que de una vez por todas, acatemos esa responsabilidad que supo acatar la LV Legislatura al haber presentado el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal con estas disposiciones; que no pudo acatar la Asamblea de Representantes por no haber podido terminar la Ley de Participación Ciudadana.

Creemos que en estos momentos lo que hace falta es voluntad política para salir adelante con una grave responsabilidad y con una esperanza que tiene el pueblo del Distrito Federal. Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor diputado.

Sobre el mismo tema, ha pedido el uso de la palabra la diputada Graciela Rojas Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Graciela Rojas Cruz:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

He leído la propuesta que hizo la senadora María de los Angeles Moreno, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en el sentido de elegir por votación directa, secreta y universal, a la autoridad del Distrito Federal en el año de 1997. Su propuesta incluye, entre otras cosas, la derogación del artículo sexto transitorio del artículo 122 contitucional, para posponer indefinidamente la elección de los consejos ciudadanos que previene tanto la Constitución como el estatuto; pero no ha dejado de sorprenderme que quien hace ahora estas propuestas sea la misma persona que en 1993, al frente de la mayoría de esta Cámara, promoviera la aprobación de la reforma constitucional y del Estatuto de Gobierno.

Ahora bien, ustedes compañeras y compañeros diputados saben que el PRD ha tenido posición invariable, hasta ahora, de promover una reforma política profunda en el Distrito Federal que devuelva, de una vez por todas, sus derechos políticos plenos a los ciudadanos del Distrito Federal.

Consecuentes con esta línea, nos pronunciamos porque este pleno recomiende a la Comisión Permanente incluir en la convocatoria del próximo periodo de sesiones extraordinarias la discusión de la reforma política del Distrito Federal en aspectos como: modificación del Estatuto de Gobierno para que los consejeros ciudadanos tengan carácter de servidores públicos, se integren a través de la participación de los partidos y de los ciudadanos sin partido, así como la vía plurinominal para garantizar la representatividad de todos los partidos por más pequeños que sean. Y además, fijar la fecha de elección como lo establece el artículo sexto transitorio, de la Constitución, porque nosotros consideramos que es contradictorio que se proponga un avance importante y a su vez, derogue indefinidamente la elección de consejeros, por lo que es necesario que en el periodo extraordinario de sesiones debe puntualmente abordar estos aspectos.

Creo que si realmente nos importa la gobernabilidad y democracia, no se debe regatear a los ciudadanos la posibilidad de avanzar, porque gobernabilidad y democracia, ¡vaya que hacen falta en el Distrito Federal!, nada más hay que ver a qué extremos está llegando el señor regente de nuestra ciudad: incremento incesante de la delincuencia organizada, violencia en la calle y en los domicilios de las personas, servicios públicos en franco deterioro, desempleo creciente, deterioro irreversible del medio ambiente, vialidad caótica, manejo torpe e insensible del problema Ruta-100 y además impuestos y más impuestos.

Pero gobernabilidad y democracia no se consiguen con la sola elección popular del jefe de Gobierno de la ciudad de México. Hace falta además reformar la estructura de Gobierno y administrativa de la ciudad, para hacer del Gobierno de la misma, un asunto de competencia de los capitalinos.

Por eso, considero que la elección por voto popular del jefe del Gobierno capitalino, es sin duda importante y tendría más sentido si es el resultado de una reforma política profunda del Distrito Federal, porque así iría acompañada de otras medidas que no sólo la reforzarían, sino podrían ser la base de la gobernabilidad y la democracia que la ciudad reclama.

Hay otros puntos a los que quiero referirme: siempre que se promueve una reforma política de alcance nacional y se incluye en ella al Distrito Federal, éste resulta sacrificado en las negociaciones entre las fuerzas políticas. Por ello, quiero proponer que en esta ocasión se faculte a la Comisión del Distrito Federal de la cámara, para organizar todo lo relativo a esta reforma y que el dictamen sea el resultado de la discusión y los acuerdos de las fuerzas políticas y sociales del Distrito Federal. De esta manera podría haber una cierta garantía de que la reforma política del Distrito Federal avance de verdad.

Por otra parte, la elección del jefe de Gobierno del Distrito Federal, con características de munícipe, como dice la prensa que dijeron algunos dirigentes del PRI capitalino, estaría orientada a dejar intocada la estructura delegacional. Es decir, tendríamos un jefe de Gobierno elegido y unos delegados impuestos con unos consejos ciudadanos limitados.

Compañeras y compañeros diputados: si vamos a hacer reformas en la capital de la República, hagámoslas bien, para que no ocurra que aprobemos unos ordenamientos y antes de confrontarlos con la realidad ya los queramos modificar, como es en este caso.

No estoy planteando que hagamos toda la reforma del Distrito Federal en el periodo permanente y en un solo acto; planteó que revisemos, y si es necesario, avancemos por etapas, pero fijando una fecha límite para dar por terminado el proceso de reforma en esta primera etapa.

Podría también expedirse una ley electoral del Distrito Federal, para que norme la elección del jefe de Gobierno y de los consejos ciudadanos. En una etapa posterior podría darse rango de Congreso local a la Asamblea de Representantes y considerar la posibilidad de estatuir ayuntamientos en lugar de delegaciones y así hasta dar por terminada la transformación política del Distrito Federal y devolver a plenitud sus derechos políticos a los capitalinos.

Así entonces, señor Presidente, señores diputados, reitero mi exhortación para que en este pleno, para que ese pleno recomiende a la Comisión Permanente, la inclusión del tema de la reforma política del Distrito Federal, en la convocatoria al próximo periodo de sesiones ordinarias para la elección del regente, que considero conveniente y políticamente necesaria, sea el resultado de esa reforma y no una acción aislada cuyos efectos políticos no contribuyan a abrir de manera real, paso a la democracia en nuestra ciudad.

Compañeras y compañeros diputados. Nosotros consideramos que es necesario que la reforma política del Distrito Federal, como lo decía, cuando estaba leyendo este documento, se discuta, se procese en la Comisión del Distrito Federal, porque aquí es el lugar donde se hacen las reformas, donde se hacen las iniciativas, donde se hacen las leyes, donde se modifica la Constitución, etcétera, etcétera.

No, yo no estoy en contra de la mesa nacional de diálogo y de la reforma del Estado. Pero considero que estar sacando todos los temas que competen a este Congreso, a esta cámara, es, compañeros, llevar tiempos que nosotros estamos viendo, el PRD está viendo que desde hace va tiempo se firmaron esos acuerdos en Los Pinos y la reforma no avanza; la reforma está estancada. Nos parece que es un gesto de buena voluntad del PRI, de su presidenta decir que están dispuestos a la elección del regente. Pero nos parece también que la reforma del Distrito Federal, tenemos ya, la Comisión del Distrito Federal, que hacernos cargo de ésta nosotros, para que con los sectores ciudadanos sin partido, los sectores organizados de los ciudadanos del Distrito Federal, esa sociedad que todos los partidos reconocemos, esa sociedad civil que es crítica, que es participativa y que tiene propuesta, participe también para que los ciudadanos del Distrito Federal junto con sus legisladores, hagamos una reforma profunda y real. Gracias a todos por escucharme.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Tiene la palabra el diputado René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado René Arce Islas:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Una demanda que desde hace muchos años han venido haciendo los partidos, organizaciones sociales y vecinos de la ciudad de México, finalmente ha sido una demanda escuchada por quienes hasta ahora han representado la mayoría en esta Cámara de Diputados y creo que habría que congratularnos de que finalmente exista la voluntad de que nuestros ciudadanos y esta gran ciudad puedan elegir a quien dirige los destinos políticos y económicos de la misma.

Yo creo que la declaración que el día de ayer la fracción mayoritaria a través de su presidenta nacional ha hecho, es una declaración que puede conducirnos a todos hacia el restablecimiento de una parte de los derechos conculcados a los ciudadanos capitalinos.

Me parece que sería mezquino de nuestra parte no congratularnos de esta declaración. Yo creo que hay que aceptar cuando las declaraciones son positivas para el avance de la democracia, el efecto que puede tener en lo que puede ser una nueva relación entre los partidos políticos, las organizaciones sociales y aquí, en esta cámara, los legisladores; el avanzar un poco más en la democratización de este país y particularmente de esta ciudad.

Nos preocupa, hay que decirlo, que esa declaración pueda ser empañada por la segunda parte de la misma declaración en donde se plantea posponer las elecciones de los consejos ciudadanos.

A mí me parece que también elegir consejeros ciudadanos es parte del avance de la democracia en la ciudad. A mí me parece que sería bueno que todos los partidos políticos y particularmente los legisladores, pudiéramos analizar cómo complementar el asunto de la elección directa del gobernante de la ciudad con la elección de los consejos ciudadanos. Y digo que se puede empañar porque podría prestarse a una interpretación que puede ser en su momento incorrecta, de que lo que la mayoría priísta nos entrega en una declaración como voluntad de avanzar en la democracia, lo restringe con la idea de que hasta 1997 nos vayamos a la elección de los consejos ciudadanos.

Podría creerse que esta declaración es una forma de evadir en este año la manifestación de la voluntad popular en las urnas para elegir a quienes nos representan en estos incipientes órganos que expresarán la voluntad vecinal y creo que no hay que darle paso a esta interpretación. Yo creo que lo mejor que podemos hacer entre todos los legisladores es encontrar los mecanismos adecuados para llegar en 1997 a la elección del jefe de Gobierno, pero también para que en este año podamos dar un ejemplo en la ciudad de México de lo que es un proceso limpio, transparente en cuanto a la elección de los consejos ciudadanos.

Y me parece, y tomo con agrado la declaración del compañero diputado Labastida, en relación a que su partido está de acuerdo en avanzar en la representación proporcional. Yo quiero decirle, y se lo digo muy sinceramente, que me ha preocupado mucho algunas expresiones que he escuchado acerca de que ahora la proporcionalidad únicamente la pudiéramos entender como consejeros ciudadanos de mayoría y de minoría, y no como un avance en la proporcionalidad, que es una de las formas más importantes de la democracia, no tan sólo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo. Me parece que lo otro sería excluyente y no permitiría que las minorías estuvieran expresadas también en esos órganos ciudadanos.

Quisiera que ojalá los priístas, los compañeros del PT, los del PAN y los del PRD, pudiéramos sentarnos a analizar varias cosas. La primera es si tenemos la posibilidad en este próximo periodo de la sesión de nuestra Comisión Permanente, pudiéramos, entre todos, introducir una iniciativa para reformar lo correspondiente al estatuto, lo correspondiente a lo que en las atribuciones de la cámara aún tenemos, para poder avanzar realmente en la democratización de nuestra ciudad. Esto tiene que ver, compañeras y compañeros, con lo que sería los consejos ciudadanos, lo que serían los órganos de vigilancia, preparación, supervisión y calificación del proceso electoral en la ciudad y lo que sería la elección del regente, por supuesto ver el asunto de las delegaciones y ver la dotación de plenas facultades para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Yo creo que estamos avanzando, yo creo que el día de hoy quienes leímos y escuchamos desde por la noche las noticias, manifestamos que finalmente es posible y será posible arribar a acuerdos en la medida en que haya verdadera voluntad para democratizar esta ciudad.

Yo creo que la declaración del PRI nacional y capitalino es un avance, es progresista, pero también creo que no hay que empañarla. Yo creo en la posibilidad del diálogo compañeros, yo creo en la posibilidad de razonar el hecho de regresarle a los capitalinos todos los derechos conculcados desde la época de Obregón y creo que la ciudad importa mucho para todos nosotros.

Puede haber, lo he dicho y lo sostengo, puede haber rebelión en Chiapas y el país puede seguir marchando; puede haber cambio de partido en el Gobierno, en una ciudad tan importante y en un estado tan importante como Jalisco y el país va a seguir marchando. Pero puedo decirles que si la ciudad de México se convulsiona, si la ciudad de México entra en una crisis profunda o en violencia, este país va a tener muy serios problemas, porque desafortunadamente la centralización de las decisiones políticas en este país traerían consecuencias muy difíciles para la marcha económica y política de nuestra nación.

Creo que si entre todos buscamos la posibilidad de evitar lo que empieza a generarse en la ciudad como es la irritación, descontento social, creciente cada día, a través de fórmulas democráticas, a través de búsqueda de un gobierno representativo, a través de que podamos ponernos de acuerdo quienes estamos en esa ciudad haciendo política, podríamos lograr que en ese proceso evitáramos que el día de mañana esta ciudad convulsionada trajera al país una situación muy difícil para todos.

Creo que ése es un paso positivo, yo lo propondría a los miembros del PRI del D.F., a los miembros del PAN y a los compañeros del PT, a que nos reuniéramos lo más pronto posible y la Comisión del D.F. a preparar esa iniciativa que contemple por supuesto los temas que anteriormente yo he manifestado, a que tomemos la palabra a esta declaración, a que si en la mesa nacional se discute el tema del D.F., podamos tener la capacidad de presentar nosotros una iniciativa que también sea tomada en cuenta en esta mesa nacional de discusión para la reforma del Estado.

Yo creo, compañeras y compañeros, que si es genuina, que si es sincera la voluntad política del partido mayoritario en esta cámara, bienvenido sea esta declaración, si no hay atrás de ello simple y sencillamente el ánimo de posponer una elección ciudadana para esperar mejores tiempos, me parece que es un gran avance para la democracia. Así lo creo y espero que en los hechos veamos que las conductas cambian en serio y que no es simple y sencillamente una táctica que distraiga el interés de lo que hoy serían las elecciones de los consejos ciudadanos. En ese sentido va la invitación, ojalá los compañeros de la fracción mayoritaria así lo acepten y podamos ponernos a trabajar los diputados del D.F. en esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Oscar Levín Coppel del PRI.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:

La realidad política y social de nuestra ciudad exige nuestros espacios de participación ciudadana, exige replantear las demandas sobre los derechos de los habitantes del D.F. basados en una representación democrática, libre y directa para elegir a través del voto, al jefe del D.F.

Mucho se ha hablado ya sobre esta exigencia, el debate sobre esta postura viene desde 1824, por lo consiguiente, el PRI, mi partido, asume con responsabilidad y madurez su papel de intérprete fiel de esta necesidad comunitaria y propone la total, plena reforma del D.F., como consecuencia directa de las aspiraciones de los capitalinos por ejercer plenamente sus derechos políticos.

Nuestra líder nacional, María de los Angeles Moreno, con valentía y arrojo supo tomar de la iniciativa de los priístas del D.F., encausados en la consulta por el compañero Campa, consensos, bisensos, acuerdos, desacuerdos y demás.

Esta iniciativa sumatoria de este esfuerzo, representa un paso serio, necesario para solucionar un debate que ha durado más de 169 años. El Distrito Federal necesita de cauces democráticos para la conformación de su Gobierno. Es fundamental ejercer el equilibrio, la estabilidad, para garantizar la coexistencia de los poderes federales y de la ciudad de México. Es tiempo, pues, ya de realizar los cambios.

Es imperiosa la demanda para fortalecer la cohesión y la esterilidad política de las instituciones de nuestra ciudad, es muy sano que esta reforma impulse la participación de la ciudadanía.

Debemos resaltar que la democracia no es una concesión ni una dádiva graciosa, tampoco es la panacea de aquellos que apuestan el todo o nada. La democracia significa respeto a las diferencias ideológicas, expresión y demanda de la solución para los problemas que aquejan a todos. La democracia no constituye un riesgo para las entidades políticas participantes, sino un desafío para garantizar la vida activa de nuestra ciudad capital.

La enorme concentración humana en ésta, no debe afectar la dinámica política. El ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal, debe ser el eje, el motor, que impulse los actos de Gobierno. Por ello, esta iniciativa de elección libre y directa del jefe del Distrito Federal.

Es importante que incorporemos la fuerza ciudadana, la movilización política a través de las instancias que la iniciativa priísta propone es básica para crear el marco democrático. Esto permitirá el desarrollo de nuestra ciudad y de sus habitantes.

Si bien es cierto que el PRI, a quien pertenezco, ha presentado esta iniciativa, como expresión de su raíz histórica, es importante que busquemos el consenso y el apoyo de todos. Los tiempos la imponen, la realidad lo solicita. Más allá de las diferencias ideológicas, más allá de las disputas por el poder, la reforma política del Distrito Federal que se plantea representa la restitución de los derechos políticos de nuestros conciudadanos, significa también el reconocimiento implícito de la condición social que todo ser humano tiene para elegir a sus autoridades gubernamentales.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre. La elección directa, libre, secreta y sin cortapisas de la autoridad, expresa el grado de madurez de la ciudadanía capitalina. Más de 8 millones de ciudadanos tendrán mayor participación social, mayor injerencia en la vida política.

La democracia, hay que insistir sobre ello,...

El Presidente:

Señor diputado, permítame un segundo.

Creo que quieren hacerle una interpelación.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

Me permite que termine, me queda ya muy poquito tiempo. Con mucho gusto.

La democracia, hay que insistir sobre ello, no es más que el espíritu de participación en igualdad de circunstancias de los individuos en una sociedad moderna. Activar la vida política que conduce a fortalecer la participación social como parte de la democracia es nuestro propósito. El viejo debate debe ser ya superado. Abrir estos espacios a la vida democrática es primordial para todos, por ello, compañeros legisladores, debemos buscar el consenso en esta iniciativa para el enriquecimiento por nuestros conciudadanos del Gobierno que el D.F. requiere.

Quisiera comentar aquí y hacer un reconocimiento a la madurez, sensibilidad política de los pronunciamientos que han hecho antes de este diputado, tanto de Miguel Hernández Labastida como de René Arce y Graciela Rojas. Pensamos que la actitud que han tomado en este caso, mesurada, con sus puntos de vista, con la puerta abierta al diálogo y la discusión, es la puerta para llegar a conseguir que esta reforma pueda plasmarse de manera fundamental en la vida democrática de la ciudad de México.

Muchas gracias, compañeros diputados, y con mucho gusto contesto su pregunta.

El Presidente:

Adelante, diputado.

El diputado Manuel Arciniega Portillo (desde su curul):

Señor diputado Levín, usted ha comentado la reforma política integral del Distrito Federal. ¿Considera su partido y usted el Estado 32 en esto.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

No, señor diputado, nosotros hemos dicho muy claro, delante de ustedes en muchas de nuestras mesas, hemos inclusive participado muchos compañeros diputados en las mesas de trabajo, la posición de nuestro partido no es en favor del Estado 32, pero sí es en favor de la democracia plena en la ciudad de México, es en favor de la elección directa de sus autoridades, es en favor de facultades plenas de la Asamblea de Representantes y es en favor de mecanismos de consulta popular, es en favor en general de la mayor parte de los planteamientos que han hecho los compañeros que los antecedieron. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Gabriel Llamas Monjardín.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Efectivamente, desde 1824 ha estado la discusión sobre la vida democrática del Distrito Federal, sobre la elección directa de sus autoridades, pero también es un hecho que en 1928, a los ciudadanos de esta gran ciudad se les quitó el derecho de elegir a esa máxima autoridad que era su gobernante.

Cabe aclarar que no hay ninguna valentía personal de quien lee los periódicos o de quien se roba los discursos de las propuestas de las mesas de reforma política del Distrito Federal, donde cabe mencionar lo que todos los partidos de oposición y los ciudadanos, establecieron y manifestaron su intención de elegir al representante de los ciudadanos del Distrito Federal en forma directa. Esto es un robo de discurso y no se vale hablar de valentía cuando únicamente se copian palabras que los demás pensaron.

Se habla aquí de que el Partido Revolucionario Institucional busca una democracia, pero es una democracia con palabras que no representan la verdad lingüística, una reforma democrática integral donde es realmente una reforma política de conveniencia. Aquí, el señor diputado niega la reforma para establecer el Estado 32, por lo tanto, únicamente quieren dar la reforma que les conviene y al tiempo que les conviene.

El Partido Acción Nacional a toda luz y enfrente del pueblo, ha establecido que buscamos el Estado 32, que queremos la elección de presidentes municipales y de cabildos en forma directa, que buscamos una redistritación y una reestructuración geopolítica del Distrito Federal, que buscamos un congreso local con todas las autoridades y que buscamos, ante todo, la elección directa del gobernante del Distrito Federal.

Aquí se habla de iniciativas que nunca se han presentado y qué tristeza porque entonces se está legislando en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, iniciativa que aquí no se ha presentado.

Asimismo ha habido diferimientos, evasivas y largas a un concepto importante de la cual el diputado Levín Coppel en ningún momento manifestó.

La Asamblea de Representantes en el mes de marzo solicitó a esta Asamblea establecer criterios específicos y resolutivos sobre una propuesta específica, propuesta que el diputado Levín Coppel, presidente de la Comisión del Distrito Federal le dio diferimiento, en ningún momento contestó.

Señores, estamos obligados por una responsabilidad constitucional, a desarrollar elecciones en 1995 y en específico en junio, de conformidad con el artículo 73 fracción VI de la Constitución, por tal motivo queremos que aquí nos contesten el por qué no se ha contestado esa disposición, esa solicitud de la Asamblea de Representantes, el por qué no se quiere tener elecciones en 1995 y no cuáles son las intenciones de presentar futuras iniciativas, que probablemente estén fabricando en el PRI. Queremos respuestas concretas y no respuestas a la ligera.

Adicionalmente creemos que esto tiene que discutirse ampliamente en el periodo extraordinario, porque el Distrito Federal merece ser un conjunto de hechos importantes para manifestar a los ciudadanos que son de primera y no de segunda como aquí lo manifiestan, no como ciudadanos de manipulación.

Queremos que el Distrito Federal sea un estado más de la Federación. El Distrito Federal no puede ser un experimento de inocentes y menos puede ser una plaza de mal intencionados. El Distrito Federal, y así lo queremos, que sea un Estado más de la Federación. Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Se ha anotado con anterioridad el diputado Sosamontes; tiene la palabra.

El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:

Con su permiso; señor Presidente:

Creo que en esta tribuna y antes en Donceles, cuando estaba allá la Cámara de Diputados compañeros diputados y diputadas, el tema del D.F., de su democratización ha sido uno de los más discutidos por muchas legislaturas.

Yo me recuerdo aquí mismo cuando nos decían, cuando presentamos la idea de luchar por el Estado 32 de la Federación que eso no era posible, porque eso era atentar en contra del pacto original de la Federación, porque no era posible instituir una ciudad-Estado en una República como la que tenemos nosotros en nuestro país.

Y eso debatíamos, porque propusimos muchas veces desde la oposición que a lo mejor podía ser la solución para la ciudad de México el que pudiera haber como en otras capitales del mundo, una alcaldía sui géneris, una cosa como en París o Madrid o Buenos Aires. Y se nos rebatió aquí muy duramente, en muchas legislaturas, que era imposible.

Recuerdo aquí en esta misma legislatura a un compañero nuestro, paisano mío, Píndaro Urióstegui, que era uno de aquellos que se oponía entonces, porque decía: "cómo hacer municipios en esta capital cuando podríamos decir, hasta aquí el drenaje en la delegación, Benito Juárez, y al pasar a la Cuauhtémoc era otra cosa distinta".

Recordaba eso hace poco, cuando leí el Diario de los Debates, pero eran otros tiempos, ahora por fin, qué bueno, lo celebramos, que es bien importante para la capital que se acepte por lo menos, que es mucho, que es grande, la elección de los ciudadanos para que tengamos un gobernante propio.

Por fin, porque cambiaron de unas horas para otras, pero qué bueno, y en eso estamos, y vamos para allá, pero no hay que confundir esto simplemente, porque es una parte importante. Importante, pero una parte al fin y al cabo, faltan las otras partes.

La otra, bien decía aquí Oscar Levín, la Asamblea de representantes, plenas facultades, vamos al congreso local, qué bueno. De veras que da mucho gusto y si es histórico que se acepte por la parte mayoritaria del Congreso que vayamos hacia allá, es una cosa de luchas de años, de muchos años contra el autoritarismo presidencial en nuestro país, y ahí vamos, pero falta, faltan los municipios. ¿Cuánto tiempo más para allá, cuánto tiempo más, 20 años, 30 años, 10 años, por una decisión presidencial? Falta esa parte importante porque es la parte ni más ni menos que nos conecta con la acción diaria de gobernar o no gobernar, entre el municipio directamente y la población; la interacción de los municipios y falta esa parte.

Nos decían los priístas en la consulta que hizo Bartlett, tres o dos, no me acuerdo bien, Gutiérrez Barrios después y antes otros, que era imposible una ciudad-estado en este país, y nos recitaban a los constitucionalistas más importantes de nuestra patria, y que era imposible establecer eso, y que no podían hacerle eso, cuando les propusimos que podía hacer eso.

Miguel Hernández Labastida era presidente entonces del PAN, hace unos años, y entonces en el PSUM, yo era secretario general, y otros partidos dijimos: vamos a luchar por el Estado 32. Dijimos: ése es el objetivo, el Estado 32 exactamente. Y nos lanzamos para allá fuertemente, en una unidad que ahora se entiende y ojalá permanezca junto con otros partidos.

Y fuimos para esa acción y pensamos en esa ciudad-estado y nos lo rebatieron los priístas fuertemente aquí, exactamente en esta tribuna, y ahora nos la presentan, y entonces el acta original de la Constitución de nuestra Federación, de los Estados Unidos Mexicanos dónde quedó, está integrada por los estados libres y soberanos que de manera soberana integran esta gran nación.

Vamos para allá, realmente vayamos para allá, no le pongamos peros, vamos hacia allá, es el objetivo principal hacer que aquí, en esta gran capital podamos ser plenos ciudadanos de primera, no de tres cuartos, ni a la mitad, ni ya merito, plenamente de primera. Vamos hacia allá, es posible hacerlo, ya avanzamos, ya están aceptadas las otras partes de elección directa de gobernador, ya la Asamblea de Representantes a congreso local. Vamos pues, no tengamos temor a que ya los ciudadanos de esta capital sean ciudadanos de primera. Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Roberto Campa Cifrián, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Roberto Rafael Campa Cifrián:

Con su permiso, señor Presidente; diputados:

Vengo a esta tribuna buscando el tono ponderado y propositivo del diputado Hernández Labastida, de René Arce, el tono también ponderado de mi compañero Oscar Levín, de Graciela Rojas, pero no con el tono bravucón del diputado contador Llamas Monjardín.

Nosotros no estamos a favor del Estado 32, pero me parece que si somos objetivos debemos aceptar que ni la postura del PRI es hoy idéntica a la que tenía hace algunos años, ni tampoco la postura de la oposición, la de Acción Nacional o de la Revolución Democrática, es idéntica a la de sus partidos hace apenas unos años.

Me parece que hoy están expresadas con claridad en las últimas propuestas de René Bejarano y también las últimas que ha expuesto Gonzalo Altamirano Dimas, los dirigentes locales de los partidos acerca de la reforma política del Distrito Federal, concepciones distintas a las que tuvimos todos hace apenas unos años.

Pero me parece que debemos rescatar lo fundamental y rescatar todo aquello en lo que estamos de acuerdo, que es sin duda mucho, que es a nuestro juicio lo más importante.

El día de ayer, ciertamente, en las oficinas nacionales de nuestro partido, de mi partido, del PRI, se definió nuestra postura con respecto a la reforma política del Distrito Federal como parte de la discusión de la reforma política nacional.

Cuando decidimos sentarnos a la mesa en diciembre, lo hicimos con la expectativa de alcanzar acuerdos, de alcanzar acuerdos en lo interno y también de buscar y de alcanzar acuerdos en lo externo.

Discutimos en las mesas públicas, discutimos en foros internos y en grupos de trabajo y así conformamos un consenso, el consenso es demandar a la mesa de la reforma política nacional la modificación de la manera como se elige al jefe de Gobierno del Distrito Federal, para reivindicar el derecho de los capitalinos para elegir a sus gobernantes.

Debo decir que los cambios que hemos vivido los partidos políticos en México, son también compartidos por cambios en el resto de los países federalistas del mundo. Conviene recordar que todos los países federalistas del mundo nacieron con un Distrito Federal, asiento de los poderes federales, con derechos electorales de sus habitantes distintos en todos los casos a los del resto de los habitantes del país de que se trataba, y debemos aceptar también, si hacemos un análisis objetivo del desarrollo que han tenido los procesos de democratización en esos países, que en todo se ha avanzado paulatinamente en los últimos años, que en todos, no sólo en México, y no sólo en la postura del PRI, los partidos y los gobiernos han avanzado en la búsqueda de conciliación del territorio asiento de los poderes federales con la posibilidad, con la reivindicación de los derechos electorales de los habitantes de ese lugar en particular. No es exclusivo de mi partido.

Debo decir que no estamos de acuerdo con el Estado 32, porque nos parece que no es el régimen municipal el que más puede ayudar a resolver los problemas de gobierno en el Distrito Federal. No creemos que un sistema que pone el énfasis en la autonomía, como es el sistema municipal, sea el que más le conviene al Distrito Federal.

No creemos que un sistema, que un régimen, donde los municipios tengan facultades para hacer reglamentos, para manejar su policía, sus servicios o su hacienda municipal, sea lo que más le conviene a una ciudad, como es el Distrito Federal. Nos parece que debemos buscar un esquema que garantice democracia, pero que también garantice unidad en el gobierno, para ser eficaces en el gobierno.

Pero como digo, no vengo aquí a tratar, a polemizar, me parece que habrá seguramente mucho tiempo en los próximos días para polemizar y espero también para alcanzar acuerdos.

Quiero simplemente para destacar, para terminar, destacar que son hoy muchos más los puntos de conciliación: elección directa del jefe de gobierno fundamental; facultades plenas para la Asamblea de Representantes, plenas, como lo dijo aquí Hernández Labastida, con el mismo esquema que maneja la Constitución para los estados, un órgano de participación, un órgano ciudadano, que tenga posibilidad real de decidir las cosas más importantes en la ciudad, una instancia judicial acorde con los cambios nacionales, esquemas de coordinación metropolitana que resulten eficaces.

Quiero para terminar, decir, que si este tono de conciliación, de búsqueda de acuerdos es el que se mantiene y el que permea, seguramente estaremos cumpliendo con las mejores expectativas de los capitalinos, también de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado. ¿Con qué objeto, diputada.

Para rectificar hechos tiene la palabra la diputada Carmen Segura.

La diputada María del Carmen Segura Rangel:

Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Francamente me sorprende el comentario vertido en las exposiciones, tanto de los diputados Campa, como Levín, en el sentido de que ellos están por la democratización integral.

Me sorprende también el comunicado de prensa que fue girado con fecha 27 de abril de 1995, por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en donde mencionan que el PRI abandera la elección directa de la autoridad de gobierno del Distrito Federal y pugna por la democratización integral del Distrito Federal.

A todos en este recinto, legislatura tras legislatura, nos ha constado que si alguien se ha opuesto a una democratización del Distrito Federal, ha sido el Partido Revolucionario Institucional. Cada vez que los partidos de oposición hemos manifestado la necesidad de reintegrar los derechos ciudadanos locales para los habitantes de esta capital a fin de equipararlos al del resto de las entidades federativas, sistemáticamente se han opuesto. ¿Cómo es posible que en estos momentos vengan sin ninguna vergüenza a decirnos aquí, que pugnan por la democratización integral del Distrito Federal.

Hemos aceptado, quienes compartimos la tesis del Estado 32, que en aras de transitar por los terrenos democráticos, a efecto de mejorar la situación de los capitalinos, vamos a ir evolucionando con una serie de esquemas que mejoran su situación.

Así hemos visto que en 1986, a pesar de que en una mesa de la reforma política que se instaló en la Secretaría de Gobernación, todos sin excepción incluyendo al entonces representante del PRI capitalino, propusimos que se creara cuando menos un congreso local para el Distrito Federal, de momento, de buenas a primeras, Miguel de la Madrid, presenta una iniciativa para crear una Asamblea de Representantes con facultades reglamentarias.

Lo aceptamos en aras de avanzar por los caminos de la democracia; sin embargo, insistimos para que se le dieran facultades legislativas, situación que se logró en la pasada legislatura; sin embargo, creo que ya es tiempo en estos momentos de reflexionar en que la Asamblea de Representantes ha pasado la prueba de su aplicación y que es necesario ya también en estos momentos que se transforme en congreso local para el Distrito Federal.

Es así, que además de una imprecisión en este comunicado y en los puntos de vista vertidos en esta tribuna por los diputados que me antecedieron por el Revolucionario Institucional también se pretende limitar, se pretende adelantar ya y condicionar el sentido del contenido de una reforma política que ni siquiera está concluida en sus trabajos.

Creo que también eso amerita señalar la falta de respeto hacia todos los grupos políticos que hemos estado sumados, convocados por el jefe del Departamento del Distrito Federal para trabajar conjuntamente en esta reforma. Iniciamos los trabajos en diciembre, les consta a los diputados del PRI que el Partido Acción Nacional se sumó a todas las mesas que se conformaron y precisamente a una servidora le tocó participar en la mesa número tres, donde todos los partidos de inicio, por unanimidad, avalamos la elección directa de jefe de gobierno del Distrito Federal, cualesquiera que sea su denominación. No sé por qué ahora se habla de una actitud valiente, de una actitud decidida de María de los Angeles cuando que esto ya fue consensado, de inicio, en un grupo, de la reforma política, en un grupo plural, y ahora estamos en espera de que sea tomado por la mesa general. ¿Por qué se están adelantando estos tiempos?, es el cuestionamiento que nos hacemos los diputados del Partido Acción Nacional. A mi manera de ver, este partido (PRI) sabe que tiene una imagen desprestigiada ante los ciudadanos, sabe que debe de justificar de alguna forma todo lo que ha hecho en contra del pueblo de la ciudad.

Sin embargo, por un lado, está proponiendo la elección directa y, por otro lado, bajo el disfraz de dejar cancelado un transitorio de la reforma aprobada en 1993 en el esquema constitucional, está dejando ante la posibilidad de la indefinición los consejos de ciudadanos; un logro que costó mucho trabajo a los habitantes de esta capital, no fue un logro de los parti- dos políticos de la pasada legislatura.

Y creo que debemos de partir de este hecho para que todos aquellos avances no los vayamos a cancelar. Necesitamos avanzar, sí, pero a partir de la estructuración de los consejos de ciudadanos. Esto puede ser un embrión para que en el futuro sean constituidos los cabildos. Y a mí no me convence la tesis de los priístas, en el sentido de que no podemos transitar a la elección de delegados porque se crearía la anarquía, la ingobernabilidad. No, señores, esto no se ha dado en los estados cuando ha habido un gobierno plural a través del gobierno estatal de un partido y los gobiernos municipales de otros partidos. Hay que aprender a vivir la democracia, en la democracia debe haber pluralidad.

Por último, solicito que sea considerada la propuesta que emanó de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para que nosotros con responsabilidad fijemos la fecha para que en este año se dé la elección de los consejos ciudadanos. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Florentino Castro López:

Gracias, señor Presidente.

Los priístas estamos seguros que al final nuestra propuesta será bienvenida no en una, nosotros esperamos que en todas las fuerzas representadas en esta cámara.

Nuestra propuesta ya cumplió, diputada, su primer propósito: la sorprendimos. No lo hablamos previamente el día que lo haríamos, pero sí lo hablamos antes, diputada, con usted, con los diputados panistas que están en la comisión hicimos un compromiso que se leyó en esta tribuna, de que haríamos un esfuerzo por avanzar en la democracia de la ciudad.

En cumplimiento a ese documento signado por todos los partidos políticos, de que avanzaríamos de una vez por todas en la democracia de la ciudad, es que el día de ayer la presidenta de nuestro partido y senadora del Distrito Federal, hizo una propuesta en la que esperamos encontrar el apoyo, la discusión, la riqueza de todas las fuerzas representadas en esta Cámara de Diputados.

Los priístas hoy, con una actitud distinta a la del pasado, por convicción de partido, de discusión en tema de partido, pero también en atención a las propuestas que las minorías han hecho en la ciudad, hoy estamos haciendo este nuevo planteamiento, que esperamos no sea rechazado, sino por el contrario, pueda ser enriquecido para que podamos avanzar a partir de los planteamientos básicos que hizo nuestra dirigente nacional en el avance de la democracia de la ciudad.

Vamos pues por la elección del jefe del gobierno, del responsable del gobierno de la ciudad. Vamos a consolidar a la Asamblea como órgano legislativo local. Vamos a hacerle caso a los consultados sobre cuál debería ser el mecanismo más adecuado de representación vecinal. En la Asamblea no hubo consenso sobre lo que deberían ser los consejeros ciudadanos y en la consulta a la reforma hubo serias críticas al actual modelo de consejeros, por limitados y porque muchas organizaciones señalaban por excluyentes de los vecinos que no militan en ningún partido.

Por eso, la declaración de los priístas abre la posibilidad de discutir la forma de representación vecinal, la forma de representación ciudadana. Por supuesto que la propuesta del PRI fue producto de ver lo que los ciudadanos dijeron en ésta y en la anterior consulta. Por supuesto que ha sido enriquecida por muchísimas de las fuentes que la democracia de la ciudad nos ha preocupado.

El día de hoy, que no estamos discutiendo ni llegamos a acuerdos, los priístas manifestamos, después de muchos años en que no hemos podido avanzar, elementos para la discusión y para el avance. Ojalá y que podamos encontrar en todos los partidos aquí representados, la posibilidad de hacerlo; si no, quedará constancia que en la ciudad no se puede avanzar y los ciudadanos sabrán quiénes por sorprendidos se negaron a que siguiéramos avanzando. Muchas Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Peniche y Bolio.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Señor Presidente; compañeros legisladores:

Yo creo que solamente puede ser sorprendido el incapaz o aquél a quien las luces no le llegan a su inteligencia y pueda pecar de candor o de inocencia. En Acción Nacional, no podemos llamarnos a sorpresa de las ardides que emplee el partido oficial para eludir la obligación que tiene de constituir a esta entidad en un estado más de la República Mexicana.

Yo estoy en favor, y siempre lo he estado, de que esta entidad, al igual que sus hermanas, de la Federación mexicana, sea un estado más de esa unión, en donde hoy día viven aproximadamente 20 millones de habitantes, que no tienen ni gozan de los derechos que tienen sus conciudadanos del resto de la República.

No existe, no hay ninguna razón ni política, ni jurídica, ni moral, ni cívica, ni de ninguna clase, para que se pueda privar a los habitantes de esta entidad, del derecho congénito que tienen como habitantes de esta región, de que gocen de los mismos derechos y obligaciones de sus demás hermanos en la República Mexicana.

Se ha pretextado, porque no ha dejado de ser más que un pretexto, que por ser la sede de la Federación, por estar en esta región este Palacio Legislativo de San Lázaro y en el zócalo el Palacio Nacional, que casi nunca se ocupa, y el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte, en el propio zócalo, por haber esos tres edificios o inmuebles, y las distintas secretarías de Estado y demás oficinas federales, eso sea impedimento para que esta región, esta población se vea privada del derecho de ser un estado más de la República Mexicana.

En 1919, los más ilustres e insignes pensadores del Partido Liberal, se pronunciaron tajante, expresa, manifiestamente, en favor de que fuera un estado más de la República.

Al azar podemos citar a Guillermo Prieto, a Ignacio Ramírez, a Zarco. Zarco dijo... no resisto la tentación de transcribir de estos tres, aunque sea uno, por la brevedad del tiempo de que dispongo:

"Se ha dicho -decía Zarco-, que es imposible que existan en un mismo punto el Gobierno general y el de un estado, y así se propaga una idea falsa de la Federación y se pinta al Gobierno de la Unión, como una planta maldita que seca y esteriliza cuanto está a su alrededor. Una vez proclamado el derecho del Distrito a existir como los otros estados, no hay motivo para retardar el ejercicio de este derecho que debe de ser efectivo, desde el momento en que se promulgue la Constitución, sin restricciones que no se han puesto, ni a Colima, ni a Tlaxcala".

Ignacio Ramírez, por su lado, también manifestaba, palabra más palabra, menos, la misma ideología y remataba Castillo Velasco, en la misma forma.

En un libro de derecho constitucional, sumamente socorrido, que se llama: Estudios Constitucionales, de don Manuel Herrera y Lazo, recuerdo que hay un capítulo al que denomina "el paria" de la Revolución. Ese "paria" de la Revolución, ha sido, es y todavía va a seguir siendo el Distrito Federal.

Por eso Acción Nacional desde hace muchos lustros, viene luchando incansablemente.

Nosotros sabemos lo que es el tiempo en la historia, nosotros podemos esperar como hemos esperado ya más de 50 años, llegar a las realizaciones a las que hemos llegado. Nueva España tuvo que esperar 300 años para sacudirse el yugo de la dominación española; nosotros apenas llevamos 55 años de batalla y miren lo que ya tenemos. No se trata de hacer cuenta ni contabilidad de ninguna clase para presumir algo que deberíamos de tener y mucho más si se hubiera respetado la votación libre y espontánea del pueblo mexicano.

El Presidente:

Señor diputado, se le ha agotado su tiempo.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Desde luego, mi pensamiento para manifestar a todos los asambleístas que la intención de Acción Nacional sigue y seguirá siendo la erección del Estado 32, que tengamos un gobernador del Estado 32 electo por el pueblo, que tengamos los ayuntamientos que hasta 1928 existían en la ciudad de México y que fue suprimido por Obregón, que tengamos los ayuntamientos con sus regidores y en vez de una Asamblea, como hasta ahorita existe, haya el Congreso del estado, llámese del valle de México, que es el nombre que le dio el Constituyente o cualquier otro, ya que el nombre no hace a la cosa, para que pueda ser esta parte de México igual que la de sus hermanas del resto de la República Mexicana. Por agotamiento del tiempo, muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Castelazo.

El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Reconozco en el maestro Peniche y Bolio su gran erudición y nos hace recordar sobre el gran y largo debate acerca del Estado 32.

Se ha discutido mucho a lo largo de los años, pero hay un hecho real, los capitalinos no quieren dejar de ser capitalinos, estamos orgullosos de ser los habitantes pobladores de esta gran capital. ¡Ah!, pero quieren elegir a su alcalde o jefe de Gobierno. Es un discurso añejo, muy rico por ciertos conceptos jurídico-políticos.

Me acuerdo que en 1985, Hernández Labastida y yo coincidíamos en un programa del Canal 11, donde se preguntaba acerca de la posibilidad de la Asamblea de Representantes. En aquella época coincidimos en que debiera haber una Asamblea Legislativa y en 1995 la tuvimos; finalmente llegó ese avance.

Hemos obtenido más consensos que disensos en este tema. En la mesa sobre la reforma política, junto con José Paoli y la compañera Estrella del PRD, llegamos a cuatro puntos fundamentales: que continúe el Distrito Federal; que el estatuto sea facultad de este Congreso, por lo tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sea un congreso constituido y no constituyente y que hubiese elección directa, secreta y universal, del jefe de gobierno o alcalde de esta ciudad. Es parte de la redefinición del nuevo presidencialismo mexicano.

En la ciudad de México, en la gran metrópoli, que por cierto, maestro Peniche, la metrópoli tiene alrededor de 18 millones de habitantes, pero la ciudad de México quizá llegue a nueve, en esta gran metrópoli se busca funcionalidad, gobernabilidad y coordinación metropolitana. Creo que debemos repensar lo de los consejeros ciudadanos, porque pertenecen a un modelo cuasi parlamentario cuando se aprobó la reforma de 1993.

Hay que discutir la forma y el fondo. La elección del jefe de gobierno de la ciudad implica reconocer la institucionalización de la política entre gobierno, sociedad organizada y ciudadanos. Empezamos con el gobierno a través de la elección directa, y por lo tanto habrá necesariamente una reestructuración de la administración pública, tanto del nivel central, desconcentrado, como son las delegaciones y paraestatal. Ello habrá que discutirlo mucho, precisarlo bien, debemos seguir con la institucionalización de la política en la sociedad organizada y debemos continuar aún con la participación política del ciudadano común.

Si elegimos al jefe de gobierno o alcalde de esta ciudad, debemos revisar lo de los consejeros ciudadanos, puesto que ante una nueva organización gubernamental, quizá la tarea de los consejeros como está concebida actualmente, probablemente no sea la más adecuada. Aceptamos, pues, la necesidad de avanzar con firmeza y seriedad, en la democratización del D.F.

Esperamos el periodo extraordinario y que no se nos olvide, los capitalinos no queremos dejar de ser capitalinos. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

¿Para rectificar hechos, diputado? El diputado Sosamontes para rectificar hechos.

El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:

Gracias, señor Presidente.

En el mismo sentido y tono del compañero Castelazo, se ha aceptado ya y es importante subrayarlo, que hay que ir sobre la democratización del D.F., y efectivamente hay que revisar lo de los consejos ciudadanos, es un hecho por la necesidad de que la capital tenga fuerza propia y sus ciudadanos tengan la representación propia que el resto de los ciudadanos mexicanos.

Luchamos mucho, y lo han de recordar Castelazo y otros compañeros de la bancada del D.F. priísta, contra una idea que es muy propia y todavía por ahí tiene mucha fuerza en el grupo gobernante, que es el gradualismo, y hablo de grupo gobernante, desde los años 1920-1930, en que de alguna manera decían que la transformación de la capital hacia la subdemocratización era poco a poco.

Hay que reconocer que las luchas dadas por todos, digamos, han hecho que ya avancemos en tres cuartos como yo decía, en la anterior intervención mía y eso es importante, porque falta un cuarto para que podamos nosotros llegar a la plenitud plena, perdón por la repetición, de la ciudadanía del D.F. y habría que señalarlo exactamente, tenemos sí el consenso de que en el periodo extraordinario, examinemos a fondo una propuesta, una partida mejor de todos juntos, para la plena democratización del D.F., y efectivamente, llámese como se llame.

Y aquí sí, dentro del estatuto jurídico máximo de nuestro país, de esa acta de unión que tenemos que es la Constitución y es la unión de los estados libres y soberanos, ni más ni menos, ésa es la idea y ése es el objetivo, tenemos pocos días porque parece ser que es el ocho o el nueve, está bien, hagamos el esfuerzo de llegar a los plenos consensos para que haya efectivamente una elección completa de la estructura política, representativa, directa, de la población hacia sus gobernantes.

Yo creo que eso es lo importante y aquí se ha señalado, y lo dicho por el compañero y amigo Castelazo, es que hay que revisar plenamente esto de los consejeros ciudadanos; qué mejor que se convierta en ayuntamiento, en cabildo, con un presidente municipal ad hoc, como en otros países; también es ejemplo de funcionalidad incluso, sin dejar de ser la capital.

Hay que recordar que ya hubo una convivencia plena de los tres poderes fundamentales de México y esa experiencia tenemos que rescatarla, recordemos que en 1916 y en 1917 en Querétaro allí estuvo el Poder Ejecutivo Federal, que hubo un poder estatal y hubo municipio conviviendo plenamente y desde donde, por cierto, salió nuestra magna Constitución, la original, aquella que ahora es muy distinta, pero aquélla de ahí salió, de una convivencia de los tres poderes máximos de nuestro país.

Compañeras, compañeros, vamos ya en la dirección correcta, vamos juntos a hacer ese esfuerzo, yo nada más diría que no hay en el priísmo una negativa plena a que haya ayuntamientos en el Distrito Federal, no lo hay. Hay gente del PRI mismo que luchan por eso y que lo han expresado públicamente en muchos lugares y lo han afirmado, incluso, lo han defendido, recordemos simplemente aquella pregunta hace ya tres, cuatro años que le hicieran a Oscar Levín, delegado, por parte de Rocío Huerta, asambleísta entonces, que le preguntó que si estaría de acuerdo en que hubiera delegados electos, y Oscar Levín delegado entonces, respondió que sí.

Ahí hay pues, ya una conjunción de acuerdo, ahí hay ya un objetivo común y que yo creo que ahora Oscar Levín no se va a echar para atrás, hemos avanzado mucho y hay que seguir avanzando para que este estado efectivamente sea el estado del Valle de Anahúac, el Estado 32.

Vamos bien. Hay que seguirle juntos, vamos, tenemos pocos días, podemos llegar a acuerdos unánimes para que por fin nuestra capital de la República, sin dejar de ser capital efectivamente, tenga en su conjunto ciudadanos libres, que elijan a sus gobernantes plenamente. Gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Alvarez.

La diputada María Elena Alvarez Bernal:

Señor Presidente; señores legisladores:

El grupo parlamentario de Acción Nacional, quiere insistir en este momento en la exigencia de la excitativa que presentamos a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, para que dictaminen la petición de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en el sentido de modificar la fecha de las elecciones de los consejos ciudadanos.

Insistimos en que las comisiones resuelvan de acuerdo a reglamentos, y advertimos que el debate sobre la democratización del Distrito Federal no ha terminado, apenas va a empezar. Los esperamos en el periodo extraordinario.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Presidente:

Ruego a la Secretaría dé lectura a un oficio de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto a las comisiones

El secretario Horacio Pereznegrón Pereznegrón:

«Honorable Asamblea: la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Cámara, en uso de las facultades que le otorgan los artículos: 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54 y 65 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a la consideración de la honorable Asamblea, a los siguientes diputados para adecuar las comisiones y comités para el desempeño de los trabajos de este cuerpo legislativo.

Atentamente.

México D.F., a 28 de abril de 1995.- Humberto Roque Villanueva, por el PRI; Ricardo García Cervantes, por el PAN; Jesús Ortega Martínez, por el PRD y Joaquín Humberto Vela, por el PT.»

Comisión de Agricultura: ingresa el diputado Juan N. Guerra Ochoa, sale la diputada Carlota Botey.

Comisión de Artesanías: ingresa a la diputada Josefina Balleza Sánchez.

Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas: el diputado Martín Hernández Balderas sustituye al diputado César Leal Angulo como secretario.

Comisión de Asuntos de la Juventud: la diputada María Cecilia Hernández Ríos, sustituye al diputado Abel Salgado Peña como secretario.

Comisión de Asuntos Hidráulicos: ingresa el diputado Ismael Orozco Loreto.

Comisión de Asuntos Indígenas: ingresa la diputada Marina Blanco Casco, sale el diputado José Jesús Castillo Cabrera.

Comisión de Atención y Apoyo a Descapacitados: ingresa la diputada Nohelia Linares González, sale el diputado Dante Decanini Livas.

Comisión de Bosques y Selvas: ingresa el diputado Francisco Ledezma Durán.

Comisión de Comercio: ingresa el diputado Rafael Jacobo García, sale el diputado Raúl Livas Vera.

Comisión de Comunicaciones y Transportes: ingresa la diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta, sale la diputada Carlota Vargas Garza.

Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicio: ingresa el diputado Francisco Ledezma Durán, sale el diputado Jorge González González.

Comisión de Energéticos: ingresa el diputado José de Jesús Durán, sale el diputado Fernando Garza Martínez.

Comisión de Fomento Cooperativo: ingresa el diputado Jorge González González.

Comisión de Ganadería: ingresa la diputada Gladys Merlín Castro, sale el diputado Rafael Jacobo García>.

Comisión de Hacienda y Crédito Público: ingresa la diputada Carlota Vargas Garza, sale el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda; ingresa el diputado Raúl Livas Vera, sale el diputado Juan Guerra Ochoa.

Comisión de Justicia: el diputado Felipe Flores Espinoza sustituye al diputado Guillermo Zúñiga Martínez como secretario; ingresa la diputada María Cristina Díaz Salazar, sale el diputado Ernesto de Jesús Luque Feregrino.

Comisión de Participación Ciudadana: ingresa el diputado Carlos Núñez Hurtado, sale el diputado Sabino González Alba.

Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial: el diputado Manuel Arciniega Portillo sustituye al diputado Fernando Garza Martínez como secretario.

Comisión de Población y Desarrollo: ingresa el diputado José Antonio Martínez Torres.

Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía: ingresa el diputado Ismael Orozco Loreto.

Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias: ingresa el diputado Octavio Romero Oropeza como secretario.

Comisión de Salud: ingresa el diputado Juan Noyola Bernal, sale la diputada Gladys Merlín Castro.

Comisión de Vivienda: ingresa el diputado Sabino González Alba, sale el diputado Carlos Núñez Hurtado.

Comité de Asuntos Editoriales: ingresa la diputada Carlota Botey.

Instituto de Investigaciones Legislativas: ingresa el diputado Antonio Tenorio Adame como secretario.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sirvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.

COMISION PERMANENTE

El Presidente:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de los diputados que formarán parte, en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente. Se suplica a los diputados, pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre. Proceda la Secretaría a pasar lista

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Hecho el escrutinio y el cómputo de la votación, éste dio el resultado siguiente:

Primero, dos votos por otra planilla, cinco votos nulos y 301 votos por la planilla integrada por:

Diputados: José Natividad González Paras, Augusto Gómez Villanueva, Dionisio Eduardo Pérez Jácome, Humberto Meza Galván, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Héctor San Román Arreaga, Ricardo Pacheco Rodríguez, Jesús Esquinca Gurusquieta, Manuel Hinojosa Juárez, Marcelino Miranda Añorve, Joaquín Vela González, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco José Peniche y Bolio, Juan Antonio García Villa, Rafael Ayala López, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Antonio Tenorio Adame, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Francisco Curi Pérez Fernández,

Diputados sustitutos: Serafín Núñez Ramos, Martina Montenegro Espinoza, Néstor Molina Martínez, Mario de la Torre Hernández, José Santos Ramos Damián, José Roberto Arreola Arreola, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Víctor Hugo Islas Hernández, Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Agustín Martínez Maldonado, Ana María Licona Spínola, Fernando Pérez Noriega, Salvador Beltrán del Río Madrid, Juan Manuel Pérez Corona, Jorge Dávila y Juárez, Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, Mauro González Luna, Saúl Alfonso Escobar Toledo y Salvador Martínez Della Rocca.

El Presidente:

En consecuencia, se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura, los siguientes diputados:

José Natividad González Paras, Augusto Gómez Villanueva, Dionisio Eduardo Pérez Jácome, Humberto Meza Galván, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Héctor San Román Arreaga, Ricardo Pacheco Rodríguez, Jesús Esquinca Gurusquieta, Manuel Hinojosa Juárez, Marcelino Miranda Añorve, Joaquín Vela González, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco José Peniche y Bolio, Juan Antonio García Villa, Rafael Ayala López, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Antonio Tenorio Adame, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Francisco Curi Pérez Fernández, Sustitutos: Serafín Núñez Ramos, Martina Montenegro Espinoza, Néstor Molina Martínez, Mario de la Torre Hernández, José Santos Ramos Damián, José Roberto Arreola Arreola, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Víctor Hugo Islas Hernández, Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Agustín Martínez Maldonado, Ana María Licona Spínola, Fernando Pérez Noriega, Salvador Beltrán del Río Madrid, Juan Manuel Pérez Corona, Jorge Dávila y Juárez, Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, Mauro González Luna, Saúl Alfonso Escobar Toledo y Salvador Martínez Della Rocca.

RECESO

El Presidente (a las 21:06 horas):

Esta Presidencia informa que en el orden del día existen aún 13 puntos a tratar, pero en virtud de lo avanzado de la hora, en virtud de que el Senado sigue sesionando y en virtud de que así se acordó por los partidos políticos, esta Presidencia declara un receso para reanudar la sesión a las 17:00 horas del día de mañana, para el desahogo de estos puntos del orden del día que están pendientes, mañana 29 de abril a las 17:00 horas, y no se pasará lista de asistencia para que vengan puntuales los señores diputados.

Esto con base en las facultades que me confiere el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, se declara el receso para citarse a las 17:00 horas y continuar con el orden del día y se cita a sesión de Congreso General a las 19:00 horas.

Receso.

Presidencia del diputado
Alejandro González Alcocer

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente (a las 17:00 horas del día 29 de mayo):

Se reanuda la sesión.

Tiene la palabra el diputado Rodolfo Elizondo, del Partido Acción Nacional.

El diputado Rodolfo Elizondo Torres:

Honorables curules; diputadas; diputados:

La grave crisis económica por la que atraviesa el país ha obligado volver la vista a sectores que generan empleo, divisas y que posibilitan en el corto plazo la inversión de capital en desarrollo productivo y sustentable, puesto que el turismo es una de las tres mayores industrias en el contexto del intercambio mundial, una industria que en el mundo entero genera gran competencia por ganar mercados y captar un mayor número de divisas, una industria cuya materia prima son los recursos naturales, históricos, culturales y sociales, que constituyen las dos grandes demandas de la humanidad: la preservación de sus recursos y la utilización responsable de los mismos.

Es industria que en México representa una inversión actual estimada en los 27 mil millones de dólares: establecimientos y hospedaje, establecimientos, alimentación y bebidas, agencias de viaje, arrendadoras de vehículos, autotransporte turístico etcétera. Esta industria genera ventas anuales por 31 mil 800 millones de dólares e impuestos por más de 2 mil millones de dólares.

Proporciona empleo directo a casi 600 mil personas e indirecto a más de 1.5 millones de mexicanos. Se trata de la tercera actividad económica de nuestro país que aporta el 4.6% del producto interno bruto y el 6.8% de la divisas. Significa el 22% de la inversión extranjera directa y ocupa el décimo lugar mundial en turistas e ingresos.

En 1995 se calcula que podrían captarse divisas hasta por 7 mil millones de dólares y generar 30 mil nuevos empleos directos e indirectos. Para lograr esto se requieren condiciones que generen confianza en los inversionistas, así como la promoción de destinos atractivos a los turistas.

Considerando lo anterior, un grupo de diputados integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que hemos sostenido sesiones de trabajo con prestadores de servicios en diferentes destinos turísticos, hemos observado con preocupación la reiterada demanda de encontrar en las autoridades hacendarias un trato equitativo y justo en lo que a materia fiscal se refiere, particularmente en lo referente al impuesto al valor agregado, ya que derivado de las reformas a la Ley del IVA, algunos estados de la República con importantes destinos turísticos, fueron beneficiados al no sufrir variación en la aplicación del IVA, que en dichos lugares sigue siendo del 10%, lo cual provoca que se creen condiciones inequitativas y desiguales en la competencia por atraer inversiones turísticas en zonas donde la aplicación del porcentaje es del 15%.

Es por esta razón que los prestadores de servicios demandan la intervención de los diputados federales para que a través de la Comisión de Hacienda de este recinto legislativo, se transmita al Gobierno Federal su demanda de un trato justo y equitativo.

Por lo anterior, quienes suscribimos el presente documento demandamos lo siguiente:

Que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analice la aplicación del IVA a los estados con destinos turísticos, considerando la importancia que tiene esta industria, la cual inclusive llevó al Presidente de la República a conformar el gabinete turístico y que en caso de existir un trato diferenciado que provoque privilegios y competencia desigual, proponga ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alternativas y disposiciones fiscales que fomenten el desarrollo y la inversión de una industria tan importante como lo es el turismo.

Viernes 28 de abril de 1995, y anexamos las firmas de los miembros de la Comisión de Turismo que apoyan esta propuesta. Le pediría, señor Presidente, que fuera turnada esta propuesta a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda de acuerdo a la solicitud del diputado.

SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición sobre el sistema penitenciario en Mexicali.

El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:

Con su permiso, señor Presidente:

En nuestro país, tenemos un grave problema que aún no hemos podido resolver de manera conjunta como sociedad, como Estado, y es uno de los asuntos más importantes como es el sistema penitenciario en México. Tenemos problemas graves que han hecho que en muchos estados de la República y en su conjunto como país, cualquier problema en un centro penitenciario se convierta en un problema social y político.

Los asuntos en esta materia van desde los excedentes de internos que hacen que haya un excedente del 30% de la capacidad del total de reclusorios, y que nos ha llevado a que se ha rebasado en más de 20 entidades de la República en su porcentaje, siendo en Campeche el problema más extremo, con un sobrecupo del 146%.

La población penitenciaria ha tenido un crecimiento multiplicado durante un decenio en los últimos tiempos, y el cual no hemos podido resolver, porque no basta con hacer más penitenciarías, porque es mucho más el crecimiento de la delincuencia que su readaptación.

Junto a ello, tenemos el problema de que el número de jueces penales no ha crecido al ritmo en que lo ha hecho la población penitenciaria. Los procesados, sobre todo los procesados pobres, han crecido; casi siempre porque no hay una defensa jurídica eficaz y expedita. No bastan los defensores de oficio, porque es una problemática que no hemos podido resolver como conjunto, como sociedad, puesto que no han sido profesionales en su defensoría, no porque muchas veces no quisieran, sino porque no tenemos el número suficiente de esos defensores; hay casos en que un solo defensor de oficio tiene hasta 50 causas a la vez y por lo tanto no hay ninguna eficacia en esto, ni para la sociedad, ni siquiera para el acusado.

Este problema nos ha llevado directamente a ese sobrecupo, y en esto tenemos que algunos procesos, de manera anticonstitucional, se llevan de uno a cinco años y en ocasiones resulta con la famosa frase de "usted perdone", a pesar de que hayan llevado esos cinco años de reclusorio.

Junto a ello y por ese sobrecupo y esa lentitud en los juicios por otras razones, de repente hemos tenido casos tan lamentables como tener en este año más de 700 actos violentos que han vulnerado la seguridad en los reclusorios, poniendo en peligro, con ello, tanto la vida de autoridades penitenciarias como la de internos.

Han habido en este año, 506 fugas o intentos de fuga, 135 motines y riñas, y 71 homicidios, siendo los estados de Sonora y Michoacán, y por cierto ahí con un dato que raya como para que vaya al Guiness, como lo que ha sucedido en la cárcel de Uruapan, donde últimamente, como hemos conocido a través de los medios de comunicación, se han hecho 35 túneles para escapar, y otros estados como Sinaloa y Tamaulipas, y también el grave caso de Guadalajara, Jalisco, donde hubo un motín con dos muertos y cuya disculpa fue, según el gobernador electo, porque había mucho calor.

Junto con ello lo más importante, y es lo que más nos debe ocupar como Cámara de Diputados, como representantes populares: ¿existe o no la rehabilitación social?, puede darse en México o no, ¿han dado resultado las últimas políticas de esto?, ¿ha sido productivo.

Como sociedad podríamos decir que no, por múltiples razones, pero una de ellas desde el punto de vista partidario y personal, es a partir del sistema impuesto en los reclusorios del autogobierno, en donde al final y al cabo, quienes dirigen los reclusorios, en su totalidad, desde la administración misma hasta el tipo sui generis de readaptación, es aquel interno que tiene mucho mayor poder económico e incluso, a través de la fuerza y casi siempre estos internos, muy ligados a la mafia organizada del exterior, quienes han impuesto reglas no escritas y a quienes deben de obedecer a estas reglas los internos que están en cada uno de los reclusorios.

Tenemos que revisar bien cómo está esto del autogobierno, desde la Cámara de Diputados, ¿Por qué?, porque compete bien a la sociedad el que haya esa posibilidad de que aquel que delinque, pueda ser nuevamente reasumido por la misma sociedad, o bien aquel que de plano y por circunstancias propias, no es posible entonces dejarlo al castigo mismo de la sociedad.

Este autogobierno nos ha llevado a que tengamos extremos pavorosos, como aquí en la ciudad de México, Santa Martha Acatitla, en donde de plano manejan desde la propia administración, directa, abierta, para que se gobierne o autogobierne, entre comillas, este reclusorio, esta penitenciaría.

Pero así tenemos otros casos diferentes, ya ha habido las propuestas de los Ceferesos, es decir, de las penitenciarías federales, en donde hay de máxima seguridad, como Almoloya, u otras que están construyéndose y a punto de funcionar, cinco de ellas es el número que se está pensando y en donde deberíamos pensar bien, como Cámara de Diputados, si podemos permitir que eso siga así o no.

Es un asunto, insisto, muy importante. No es un asunto menor, porque siempre, insisto, una problemática que surja en un reclusorio, en una penitenciaría, incluso pone en riesgo la paz social de la misma población en donde se encuentre y también la misma estabilidad estatal y la misma estabilidad de la sociedad. Son un nervio muy importante los reclusorios, son parte de una interrelación de justicia de la cual deberíamos procurar, para que realmente exista al último extremo en el cual la sociedad le da o le puede dar oportunidad a aquel que delinque para volver a incorporarse a las actividades propias civilizadas en cualquiera de sus ramas.

No es pues un asunto fácil. Día con día vemos problemas en los reclusorios, como decía al principio, motines, como decía al principio también problemas para que haya juicios expeditos y juicios justos digamos, en redundancia, pero también necesarios y todo esto tenemos que examinarlo. Como Cámara de Diputados no podemos ser ajenos a ello, es parte de la problemática, porque tenemos que dar un examen a fondo, general, para que podamos proponerle a la misma sociedad cuáles deben ser ahora los acuses para que haya o no una readaptación social, aunque desde luego debe haberla. ¿Cómo hacer que haya una procuración de justicia expedita, rápida, para que, insisto, no existan esos juicios hasta de cinco años y después al final y al cabo el "usted perdone".

Por ello y a nombre de varios partidos aquí representados en la Cámara de Diputados, en consecuencia de todo lo que hemos expuesto y otras cosas mayores que hemos visto diariamente en la prensa nacional y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, sometemos a consideración de esta soberanía la presente propuesta de

«PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución General de la República y su Ley Orgánica, resuelve: las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, se abocarán en el próximo receso legislativo a la elaboración de un diagnóstico integral del sistema penitenciario mexicano, que abordará entre otros los problemas relativos a la rehabilitación y el rezago en los procesos de los internos. Dicho diagnóstico será integrado mediante estudios, consultas e investigaciones jurídicas, con objeto de proponer las modificaciones al régimen jurídico penitenciario, para presentarse en el primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio de esta legislatura.

Firman los diputados Dionisio Pérez Jácome, Oscar González, María del Carmen Segura y un servidor, Ramón Sosamontes.» Gracias.

El Presidente:

Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Ha solicitado el uso de la palabra sobre el mismo tema, la diputada Carmen Segura Rangel.

La diputada María del Carmen Segura Rangel:

Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, no podemos menos que sumarnos a este punto de acuerdo, porque es coincidente con nuestras demandas en diversos foros y plataformas electorales y sobre todo porque estamos conscientes de la necesidad de una revisión integral y profunda al sistema penitenciario mexicano.

Por ello también avalamos, al igual que hoy lo hacemos, en el mes de diciembre de 1994, la reforma al artículo 21 de la Constitución, para la creación de un sistema nacional de seguridad pública, en el que necesariamente deberá integrarse un área de política criminológica.

Aquí también se presenta la oportunidad para que nosotros contribuyamos en el área correspondiente a la definición de una política de readaptación social. El diagnóstico es no sólo urgente, sino también indispensable.

Como ya lo señaló aquí el diputado Ramón Sosamontes, firmamos este punto de acuerdo los diversos grupos políticos aquí representados; y es que éste es uno de los temas en donde encontramos nosotros coincidencias, independientemente de posiciones ideológicas. No podemos dudar del fracaso del sistema penitenciario, ahí coincidimos y tampoco dudamos de cuáles son las razones por las cuales persiste este fracaso.

A nuestro juicio la primera de ellas es que se combate a la delincuencia por sus efectos, más que por sus causas o factores que la generan. Estimamos que se ha utilizado una política represiva, más que preventiva, propia de un estado democrático.

Ya lo decía bien el doctor Luis de la Barrera, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las sanciones que prevén las normas para aquellas conductas graves no son por ahora prescindibles y son un mal necesario y un mal menor y nosotros estamos conscientes de esa situación; sin embargo, se trata de establecer el diseño de una política penitenciaria con racionalidad, propia de un estado moderno, acorde con esa evolución que se ha dado de la defensa, de la protección de los derechos humanos y también acorde con el sentir de muchas sociedades en el mundo, de que hay que buscar la humanización de la pena.

Es pues necesario que en este rubro nos hagamos una serie de reflexiones con miras a establecer un diseño integral en la legislación penal. Es cierto que existe la posibilidad de establecer la pena de muerte. En el último párrafo del artículo 22 de la Constitución es factible, ¿pero será propio de un criterio racional y defensor de los derechos humanos que en los dispositivos penales nosotros pretendiéramos integrar la pena de muerte? ¿Es ahora racional, propio de un estado defensor de esos derechos humanos, la prisión preventiva, que a mi juicio es un castigo adelantado.

Yo creo que si somos honestos responderíamos que no, que es necesario reflexionar en estos temas para determinar no nada más un criterio con racionalidad, sino también con congruencia.

Otra razón por la que persiste el fracaso del sistema penitenciario es precisamente el abuso de la prisión preventiva y de la pena privativa de libertad.

El artículo 18 de la Constitución, establece que sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva; sin embargo, yo lo señalaba, a mi juicio es un castigo adelantado, porque, ¿qué diferencia hay entre la prisión como medida precautoria y la prisión como un castigo, como una sanción en cumplimiento de una condena? A mi juicio no hay ninguna diferencia.

En cuanto a la privación de la libertad, encontramos que a pesar de que se hicieron esfuerzos en 1993 para reformar más de 500 disposiciones de 11 ordenamientos diferentes, no encontramos nosotros que haya habido adelantos; la delincuencia sigue avanzando y los penales siguen sobrepoblados.

Otra causa, ya lo señalaba el diputado Sosamontes, es que no hay readaptación en los penales y aquí entramos en un círculo vicioso: no hay readaptación porque hay sobrepoblación, y hay sobrepoblación porque no hay readaptación. Creo que ya es tiempo de romper con ese círculo.

Otra causa, es que no se cuenta con profesionales del penitenciarismo, ni a nivel directivo, ni de técnicos, ni de cuerpos de seguridad y custodia, a pesar de que muchos estados tienen en su legislación la obligación de que sean profesionales los que dirijan los penales; y también a pesar de que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, establece esa obligación y por eso vemos, como ya lo señalaba Ramón Sosamontes, fugas, motines y riñas.

Otra causa que también aquí ya se dejó asentada, es que no se fomenta el trabajo, sino el ocio y a este respecto encontramos en las diversas visitas de supervisión a los penales, que los talleres están desiertos.

El PAN, ha propuesto en infinidad de ocasiones que se abran con facilidades a la iniciativa privada las puertas de los penales, a efecto de que se pueda estimular al interno. De poco ha servido que exista una Ley de Normas Mínimas que establezca que por cada dos días de trabajo se eximirá uno de condena. Es necesario buscar condiciones económicas atractivas, que se les pague, que no por el pretexto de que están en la cárcel se les explote; que se les pague en igual forma que se les paga por ese mismo trabajo a quienes no están en reclusión.

Otra causa que también ya se señalaba, es precisamente las deficiencias en el esquema de la impartición de la justicia.

Un punto deficiente dentro de este sistema de impartición de justicia lo constituye la defensoría de oficio, aun cuando en la Constitución, como todos ustedes saben, es el único rubro en donde se establece la obligación por parte del Estado para que en caso de que no se tenga un defensor particular, será el Estado mismo el que proporcione un defensor de oficio. La realidad es que no constituye una garantía para el procesado.

Son grandes las deficiencias en esta área y también aquí ya las comentó en detalle el diputado Ramón Sosamontes. ¿Pero qué vamos a hacer? Sabemos que la sobrepoblación es un problema grave y que se continuará agravando. Hay la posibilidad, como todos sabemos, de que internos de los penales norteamericanos, de nacionalidad mexicana, vengan a cumplir sus sentencia a diversos penales de la República. Se habla de que será necesario aproximadamente cinco mil espacios para poder albergar a esa gente. ¿Qué vamos a hacer?.

Yo creo que no se trata de saturar a las diversas ciudades de penales, para que al poco tiempo vuelvan a estar sobrepoblados y tengamos la necesidad de edificar otros.

Por otro lado, también nos encontramos con que cada vez es más peligrosa la delincuencia, cada vez se organiza más. Esto evidencia más que no hay una política criminológica. Lamentablemente también es cada vez más joven esa delincuencia.

Es, pues, urgente sin lugar a dudas, la transformación integral y profunda del sistema penitenciario; no más reformas aisladas, coyunturales, en la legislación mexicana.

Estamos en la obligación de conformar una nueva legislación con otras bases, por eso nosotros apoyamos esta propuesta y esperamos que las autoridades competentes sean maduras y honestas, para entender cuál es la problemática y asuma cada una su responsabilidad, y se sume también a los legisladores en este esfuerzo por transformar el sistema penitenciario mexicano. Muchas gracias por su atención.

El Presidente:

Gracias, diputada.

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO

El Presidente:

Para formular una excitativa, tiene la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio.

El diputado Eduardo Arias Aparicio:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El día 30 de marzo de 1995, a nombre de diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenté ante el pleno de esta cámara una iniciativa de decreto para reformar un párrafo del artículo 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, para darle a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación y Cuenta Pública, facultades para participar en el proceso de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y así estar en posibilidad de hacer un análisis responsable y poder proponer modificaciones, si se consideraba necesario.

Una vez presentada la iniciativa, el Presidente de la cámara la turnó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para que se analizara y se dictaminara.

Desde el día 30 de marzo de 1995 a la fecha, han transcurrido más de cinco días que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concede de plazo a las comisiones de las cámaras para presentar su dictamen en los negocios de su competencia.

Es procedente entonces que la Presidencia de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación expresa en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente.

Así también fundamento mi solicitud en lo dispuesto por el artículo 27 inciso m, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Como es ya un hecho que se convocará a un periodo de sesiones extraordinarias y debido a que en caso de ser aprobada la iniciativa mencionada, sus efectos tendrían lugar a partir del segundo trimestre de este año, es necesario que se agende dentro de los asuntos que se tratarán en dicho periodo de sesiones extraordinarias.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, señor Presidente de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, le solicito se sirva en los términos de los artículos 27 inciso m, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, presentada por diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el 30 de marzo de 1995.

El Presidente:

Gracias, diputado.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese la solicitud a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA UNION

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Eugenio Ortiz Walls, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición sobre el Comité de Bibliotecas e Informática.

El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:

Con el permiso del señor Presidente; honorable Asamblea:

El 24 de noviembre del año próximo pasado, en los términos que establece el artículo 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta soberanía designó a los miembros del Comité de Biblioteca e Informática, como consta en el número 11, año primero, del de esta honorable legislatura.

El Comité de Biblioteca e Informática quedó formalmente instalado el día 29 del mes mencionado; en su tiempo y en su circunstancia, los comités homólogos de la LIV y LV legislaturas de esta honorable Cámara de Diputados, sentaron las bases que realizaron tareas de impulso modernizador y funcionalidad en las áreas que integran la biblioteca del honorable Congreso de la Unión, institución emérita que a partir de su fundación en 1936 sirve a la representación nacional y a la comunidad entera con la supervisión del comité que para tal efecto constituyó la propia Cámara.

El Comité de Biblioteca e Informática designado por el pleno de esta LVI Legislatura, ha recibido además de las instalaciones del acervo y de los recursos técnicos, un haber invaluable de experiencias y logros que se inscriben en el justo equilibrio de cambio y continuidad puestos al servicio del quehacer legislativo y de los usuarios, sin distinción alguna.

Con el propósito de dar cumplimiento a la responsabilidad que nos ha sido encomendada, este Comité de Biblioteca e Informática ha elaborado un plan de trabajo para el trienio 1995-1997, que parte del esquema estructural y funcional de la biblioteca del honorable Congreso de la Unión, mismo que contempla las áreas de la Biblioteca Pública del Centro Histórico ubicado en Tacuba 29 de la ciudad de México y del Sistema Integral de Información y Documentación (SID), ubicado en este Palacio Legislativo y el soporte de apoyo técnico a los servicios bibliotecarios y de información.

Dicho plan de trabajo consta de 17 acciones, algunas por su concreción para su cumplimiento en el corto y mediano plazo y otras por su propia característica, para ser desarrolladas de manera permanente.

En esta ocasión, sólo nos referiremos a dos de ellas. Primero a la que atañe a promoción y desarrollo de actividades culturales y de difusión, por estar relacionada con la colaboración acordada con la Comisión de Cultura, que preside la diputada Dulce María Sauri Riancho, sobre la recepción del archivo de historia oral, que se integra con testimonios de diputados de la L a la LV Legislatura, que esperamos poner al servicio de los usuarios en fecha muy próxima, así como mantenerlo actualizado.

El otro punto se refiere a la constitución de la Sociedad Amigos de la Biblioteca del honorable Congreso de la Unión, concebida como una agrupación de mexicanos interesados en el sano desarrollo y en la optimización de los servicios de nuestra biblioteca.

Por lo expuesto, los suscritos diputados integrantes del Comité de Biblioteca e Informática de la LVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentan a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Con esta fecha, la honorable Cámara de Diputados, crea la Sociedad de Amigos de la Biblioteca del honorable Congreso de la Unión. Son socios fundadores los diputados de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Son socios honorarios los senadores de la LVI Legislatura del Senado de la República.

Segundo. Son finalidades de la Sociedad Amigos de la Biblioteca del honorable Congreso de la Unión:

a) Coadyuvar a los objetivos que le son propios a la biblioteca del honorable Congreso de la Unión.

b) Colaborar en la preservación, restauración y acrecentamiento del acervo bibliográfico.

c) Participar en los proyectos de promoción y difusión de los servicios que presta la institución.

d) Participar en los programas culturales que realice el Comité de Biblioteca e Informática de la Cámara de Diputados.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a 29 de abril de 1995.

Firman esta propuesta 21 miembros diputados integrantes del Comité de Biblioteca e Informática. Y dejo a la Secretaría por escrito nuestra propuesta.

El Presidente:

Gracias, diputado.

MUSEO LEGISLATIVO "SENTIMIENTOS DE LA NACION"

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición sobre el museo legislativo "Sentimientos de la Nación."

La diputada Dulce María Sauri Riancho:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

La visión que uno se forma del mundo y de las cosas a partir de las primeras experiencias, deja una huella indeleble y se vuelve criterio personal y fácil de cambiar al paso de los años. De ahí que resulte explicable la idea predominante que se tiene de los museos como lugares ligados por naturaleza al pasado, rodeados de una atmósfera de pasividad y de nostalgia y destinados a la exposición de objetos antiguos o de cierto valor artístico.

No es éste el origen de los museos. La palabra museo no es una derivación como se piensa, del castellano muestreo, que tenga qué ver con la acción pasiva de exhibir o mostrar. No. El concepto original de los museos fue: lugar de recreación y de arte y se concebía como el espacio ideal para la creación científica y artística con una visión profundamente innovadora y libre.

El concepto museo, deriva del griego moseydon, que quiere decir lugar o templo de las musas. El imperio alejandrino intentó concentrar en Alejandría, en un museo, todo el saber de la época y la mayor cantidad de talento para irradiar desde ahí ciencia y arte para todos.

En los albores de la modernidad, los revolucionarios franceses no quisieron quedar a la zaga de sus antecesores los enciclopedistas, dejando numerosos museos de gran calidad como legado de la revolución, entre ellos el museo central de artes, mejor conocido como el Louvre, fundado en 1793.

El museo legislativo que lleva el nombre del documento primigenio de nuestra nacionalidad "Los Sentimientos de la Nación", fue concebido y realizado con este criterio dinámico, cuenta con una museografía interactiva, que busca involucrar al visitante a partir de sus propios intereses, haciéndolo parte de un proceso cultural vivo y de enorme trascendencia para el país y para todos los ciudadanos, como es el quehacer legislativo.

La elaboración de las leyes, la puesta al día de los sentimientos y de los intereses de la nación.

El museo legislativo "Los Sentimientos de la Nación", fue concebido como centro cultural activo, lugar por excelencia de la cultura política nacional para recrear y difundir el debate y la confrontación de ideas, para recoger y proyectar al país y a los tiempos por venir.

Los momentos trascendentes en el ejercicio del Poder Legislativo y recoger también el desempeño cotidiano de sus protagonistas, los legisladores del pasado y los contemporáneos, en el afán de humanizar y socializar la labor del Congreso y de los diputados.

De manera plástica podríamos decir que nuestro museo pretende encarnar y dar vida al esqueleto que preserva el Diario de los Debates.

Con esta visión dinámica y creativa, entre los fines y las funciones del museo legislativo, tenemos tanto labores de investigación y rescate como programas de difusión y recreación parlamentaria, reservando buena parte de nuestra atención y recursos al registro de lo cotidiano legislativo, especialmente en lo que concierne a los integrantes de cada una de las legislaturas.

A cinco meses de haberse inaugurado el museo legislativo, son tres los programas que hemos puesto en marcha. Dos de ellos son talleres dirigidos a los visitantes jóvenes que pretenden introducirlos en la dinámica parlamentaria y en el ambiente legislativo, a través de la discusión de temas contemporáneos de interés. Estos dos talleres son: "Constructores de la Democracia" y "El Congreso Juvenil", que ha funcionado con éxito creciente.

El tercer programa recientemente iniciado, es la historia oral del Poder Legislativo, narrada por sus propios protagonistas. Hasta ahora contamos con grabaciones de un centenar de ex legisladores, cuyos testimonios transcritos serán entregados al Comité de Bibliotecas de esta Cámara de Diputados.

En el transcurso de la presente legislatura nos hemos propuesto, ambas comisiones, recoger el testimonio oral de más legisladores miembros de esta LVI Legislatura; por lo que solicitamos desde ahora, su colaboración.

Otro programa que hemos diseñado y que pondremos en marcha al inicio del nuevo ciclo escolar, es: "Dirigirte al Congreso de la Unión", en colaboración con la Comisión de Educación, dirigido a escolares de sexto grado de primaria y que pretende explicarles y hacerles vivir las funciones que desempeña el Congreso de la Unión, haciéndolos parte de nuestra experiencia a través de un recorrido por las instalaciones del Palacio Legislativo, que empezaría y terminaría en el local del museo.

El día de hoy, queremos proponer al pleno de esta Cámara de Diputados, la constitución de la Asociación Civil Amigos del Museo Legislativo Los Sentimientos de la Nación, integrada, en principio, por miembros de esta LVI Legislatura, por todos nosotros, que tendría como objetivo central apoyar a nuestro museo en todo lo necesario para el cabal cumplimiento de su labor, manteniendo el perfil de excelencia que ya ha logrado.

El esfuerzo colectivo de esta legislatura servirá, sin duda alguna, para arraigar en la sociedad la conciencia del valor histórico de la Cámara de Diputados y la importancia de labrarle un futuro. En ese objetivo que trasciende nuestro tiempo, el Museo Sentimientos de la Nación, tiene y tendrá un peso decisivo, ¡apoyémoslo:

Entrego, señor Presidente, esta propuesta a través de la Secretaría. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Para dar trámite a las últimas dos proposiciones efectuadas tanto por el diputado Eugenio Ortiz Walls, como por la diputada Dulce María Sauri Riancho, se instruye a la Secretaría a efecto de que en votación económica pregunte a la Asamblea si son de aceptarse y se aprueban.

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban las dos propuestas que han hecho los diputados Eugenio Ortiz Walls y la diputada Dulce María Sauri Riancho.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobadas, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para formular una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

El pasado 6 de abril por mi conducto el grupo parlamentario del PAN presentó ante esta Asamblea soberana la iniciativa de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, que en síntesis abre la posibilidad de que los ingresos captados por la Federación en puentes internacionales de peaje, sean participables hasta en un 100% con los estados y municipios donde existan dichos inmuebles.

No hay justificación válida para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público no haya dictaminado en el plazo reglamentario de cinco días, la propuesta en comento, pues si la hubiera, debió manifestarla a esta cámara en los términos del artículo 91 del Reglamento Interno. Es muy probable que el de la voz por el solo hecho de no formar parte de la bancada mayoritaria no haya captado la suficiente atención de quienes integran esa comisión legislativa o quizás la fundamentación de la propuesta no fue lo convincente que debiera serlo.

Ante esta posibilidad y antes de solicitar en términos reglamentarios que se dictamine la propuesta, me permito con todo respeto para quienes integran la Comisión de Hacienda, reforzar el argumento de mi bancada expuesto hace 22 días con el argumento que a propósito del federalismo que, pretende impulsar la iniciativa, ha expuesto convincentemente el mismo Presidente de México.

En el foro nacional hacia un auténtico federalismo, el pasado 29 de marzo en la ciudad de Guadalajara, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León se puso de lado de quienes proponemos darle vigencia al pacto federal, por lo menos así se expresó, y cito textualmente sus palabras: "Muchos de ustedes provienen de estados y regiones que han padecido las consecuencias nocivas del centralismo, que es simiente de un verticalismo autoritario y soberbio, que arritmie con el despliegue de la democracia y la participación social; el centralismo coarta el desenvolvimiento equilibrado de las regiones del país al concentrar recursos y riquezas, oportunidades e iniciativas, decisiones y estímulos.

Hoy, en México, el centralismo es opresivo y es retrógrado, socialmente insensible e ineficiente, por eso es mi convicción de que en el umbral del Siglo XXI México debe avanzar hacia un renovado federalismo, un federalismo que se traduzca en el ejercicio pleno de la soberanía estatal y de la libertad de los municipios, un federalismo que fortalezca el ejercicio de las facultades de cada gobierno local y que nutra la confianza de cada comunidad en sus autoridades, un federalismo que se sustente en una nueva distribución de recursos, responsabilidades, atribuciones y capacidad real de decisión". Sigo citando: "El federalismo mexicano -enfatizó el Presidente- tiene raíces profundas en nuestra historia que se conjugan con las primeras aspiraciones de independencia y con la lucha originaria por la soberanía nacional.

El nuevo federalismo debe ser vínculo entre nuestra identidad histórica como República libre y democrática, compuesta por estados soberanos y nuestro porvenir como nación integrada por el desarrollo de sus estados y municipios, por el fomento equitativo a las potencialidades de cada región, de cada comunidad". Hasta aquí la cita textual.

Consciente de la urgencia de reformar el Estado mexicano para dar cabida a un federalismo auténtico, el presidente Zedillo aseverá con sobrada razón, y continúo con la cita textual: "...en la construcción de ese nuevo federalismo -dijo-, es imperativo llevar a cabo una profunda redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los órdenes estatal y municipal de gobierno. Es mi convicción -fueron sus palabras-, que el Gobierno Federal debe ceder espacios reales de acción gubernamental a los estados y a los municipios y que ello no significa debilitamiento de su autoridad". Y agregó más adelante: "ello implica que el Gobierno Federal impulse la democratización del crecimiento, el desarrollo municipal, el aprovechamiento del potencial de cada región y la participación ciudadana.

El pacto federal es para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación, nunca para perpetuar contrastes y rezagos; por eso he propuesto un federalismo renovado que sea un eficaz instrumento de redistribución equitativa de los recursos y las oportunidades". Termino la cita.

Como feliz coincidencia geográfica y doctrinal en la Tierra, donde González Morfín concibiera la proyección de los principios de doctrina del Partido Acción Nacional, casi evocando las mismas palabras de don Efraín González Luna, al fin un Presidente de México reconoció, y vuelvo a citar textualmente sus palabras: "...el compromiso con la renovación del federalismo también implica la promoción del municipio como espacio de gobierno vinculado a las necesidades cotidianas de la población.

En el municipio -dijo-, participación política y acción social cobran un significado concreto; el municipio libre fue fortalecido por las reformas al artículo 115 constitucional; sin embargo -reconoció-, aún hay mucho que avanzar por consolidar al municipio como el espacio privilegiado para la participación política y para la búsqueda de soluciones a las demandas sociales." El títular del Ejecutivo abordó lo que es el punto central de nuestra iniciativa, se refirió a lo que en espíritu proponemos, y dijo, vuelvo a citarlo: "...debemos ampliar los cauces para que las comunidades definan los programas socialmente prioritarios de la gestión gubernamental y cuenten con la capacidad de decisión y ejecución correspondiente. La integración plural de los ayuntamientos y la fuerza de la participación ciudadana, constituyen un gran activo para lograrlo. Municipios con mayor libertad y autonomía, serán fuentes de creatividad en nuevas iniciativas; municipios con mayores responsabilidades públicas, serán fuente de mejores gobiernos. Mi gobierno -dijo el Presidente-, está comprometido con un federalismo renovado, donde los estados y municipios sean más fuertes por su capacidad real de tomar decisiones en el concurso y en beneficio de sus comunidades."

Anticipándose a lo que ocho días después vendríamos a manifestar en esta tribuna, el doctor Zedillo propuso, vuelvo a la cita textual: "...es claro que debemos seguir dando pasos inmediatos para vigorizar nuestro federalismo, al tiempo que trabajamos en una reforma de mayor aliento. Hay esferas de acción gubernamental en las que debemos avanzar con determinación; por ejemplo, debe reformarse el sistema de coordinación fiscal -repito sus palabras-, debe reformarse el sistema de coordinación fiscal: para destinar mayores recursos a estados y municipios y simultáneamente emprender una reforma a fondo, que descentralice hacia ellos muchas de las funciones hoy bajo la responsabilidad del Gobierno Federal."

Sigo citando al Presidente: "...también debemos reconocer que los mecanismos para hacer llegar los recursos a los municipios, no son los más eficientes, y que es primordial el fortalecimiento de ese nivel de gobierno, pues al estar más cerca del contribuyente le permite conocer mejor sus requerimientos y demandas.

Las reformas deben orientarse hacia la construcción de una nueva coordinación hacendaria, que otorgue simultáneamente mayores ingresos, atribuciones de gasto a las entidades federativas.

El nuevo sistema de coordinación hacendaria, debe cumplir los objetivos de alentar el federalismo, vincular los ingresos locales a los gastos locales y fortalecer el municipio.

En ese sentido, hoy tiene especial importancia para la salud de nuestro federalismo, el reconocimiento y la solución efectiva de los problemas financieros que enfrentan muchos estados de la República". Hasta aquí la cita.

No cabe duda, compañeras y compañeros diputados, que el Presidente de México tiene claro lo que para todos resulta evidente: se precisa renovar el federalismo. En ello coinciden gobernadores, alcaldes, congresos locales, o al menos diputados a los congresos locales, diputados federales y senadores de la República de todos los partidos políticos y, lo más importante, el pueblo de México lo demanda, así lo ha expresado en diversas formas, hasta hoy pacíficas.

El día de ayer, durante la mañana, por convocatoria del alcalde de Nuevo Laredo, se realizó en aquel municipio una reunión de alcaldes fronterizos de extracción rural, para definir una propuesta a la federación, así como un plan de acción que contribuya a lograr lo que aquí planteamos el 6 de abril. En este contexto de coincidencia en el propósito de gobernantes y gobernados y no en otro, es que pusimos a consideración de esta honorable representación popular, la iniciativa a la que me he referido al principio, y cuyo objetivo ciertamente es parcial, no abarca el propósito amplio del federalismo, pero está orientado en ese mismo sentido.

Los diputados de Acción Nacional, confiamos en el feliz resultado del dictamen que emita la comisión, no sólo porque en ella participan compañeros diputados de mi bancada, que seguramente harán su mejor esfuerzo para que la propuesta sea considerada con seriedad, sino también porque esta Comisión de Hacienda es presidida por un diputado que en el mismo foro de Guadalajara dijo textualmente que el federalismo es históricamente uno de los temas pendientes de la agenda mexicana, y en su mensaje, refirió la intención de fondo que millones de mexicanos hoy reclaman pacíficamente.

Y expresó el diputado Francisco Suárez y Dávila, cito textualmente: "Se trata en esencia de una nueva fundación del Estado mexicano que hoy nos resulta indispensable, se trata de darle mayor fuerza y funcionalidad a nuestro sistema federal y no de debilitarlo".

Celebro que así piense el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, justo cuando el esfuerzo esencial de rescate del municipio y de los estados, es cada día más vigoroso.

Y celebro también que haya diputados de otras fracciones parlamentarias que hayan apoyado la iniciativa a la que me estoy refiriendo, o que están dispuestos, por otro lado, a impulsar el federalismo, como es el caso del diputado Oscar Cantón Zetina, que el día de antier, en esta tribuna, textualmente dijo: "Tenemos que fortalecer, golpe a golpe, a los estados y a los municipios".

El objetivo de la iniciativa ciertamente es parcial, ya lo dije, no abarca el propósito amplio del federalismo, pero está orientado en ese mismo sentido. Hay esperanza en muchos mexicanos de que la iniciativa prospere y con ello se avance en la intención que haya hecho suya el Presidente de México, pues como dijera el maestro don Manuel Gómez Morín, nada mayor puede lograrse si se desdeñan los objetivos menores que llevan el mismo fin.

En tal virtud, solicito a la Presidencia turnar, en los términos del artículo 21, fracción XVI del Reglamento Interno, atenta excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que a al brevedad que exige el contexto social y político que vivimos y de conformidad con la normatividad interna del Congreso General, sea dictaminada la iniciativa de decreto que reforma el artículo 9o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Hago entrega del texto de la petición a la Secretaría, para que se dé el trámite correspondiente. Por su atención muchas gracias.

El Presidente.

Gracias, diputado.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turna la solicitud de excitativa del diputado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CONMEMORACION DEL 1O. DE MAYO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para hacer comentarios sobre la movilización obrera.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hoy solamente venimos a hacer cuatro invitaciones a los colegas diputados, en lo general, y en lo particular a los que integran la fracción obrera de esta cámara, de los diferentes partidos políticos.

La primera, es sumarse a la iniciativa en pro del diálogo entre los dirigentes del Sindicato Ruta-100 y las autoridades del Distrito Federal. La regencia sostiene que ha iniciado un diálogo con los líderes del sindicato. Esto, compañeros, es otra falsedad más a cargo del regente Oscar Espinosa Villarreal, porque cuestionadas las autoridades sobre quién es el emisario, que según ellos es de altísimo nivel que está dialogando con el señor Ricardo Barco, recluido en prisión, contestan que no tiene nombre, es anónimo; contestan que carece de identidad, es un secreto.

El señor Espinosa Villarreal, cual moderno Mandrake el mago, ha logrado crear una nueva figura que es invisible, es transparente, que no tiene presencia y que no da respuesta a la demanda popular, porque ese problema de carácter eminentemente político sea resuelto a la brevedad.

El señor Ricardo Barco, desde prisión afirma, cita textual: "que ante él no se ha presentado nadie a dialogar, que ante él se presentan un día sí y otro también, no uno sino varios, muchos emisarios de Espinosa Villarreal, para intimidarlo, para amedrentarlo".

Al señor Barco se le aplica el terrorismo de Estado, que el régimen zedillista ya ha desencadenado desde el 1o. de diciembre del año próximo pasado.

Al señor Barco se le despierta a las cuatro de la mañana para anunciarle que tiene visitantes del Distrito Federal, quienes le dicen que su problema fiscal es muy grave. No se trata del fiscal del Ministerio Público. Ahora se trata de la Secretaría de Hacienda, que pretende aterrorizarlo con supuestas evasiones tributarias en la declaración personal del impuesto sobre la renta.

Lo mismo se le agrede por delitos inexistentes que sicológicamente, al anunciarle que su caso cada vez se torna más complicado. Al hablar de su caso se refieren a asuntos de índole personal.

Pero no pasa solamente eso con el señor Barco. Ya hemos mostrado en esta tribuna cómo se persigue también a los abogados del Sindicato Ruta-100. Cómo se intervienen sus cuentas bancarias. Cómo se congelan sus inversiones, cuando ellos no han sido acusados ante ninguna autoridad por ningún delito.

Con esta fecha, un grupo de ciudadanos libres le dirige a Espinosa Villarreal la siguiente comunicación. "Señor licenciado Oscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal. Presente.

Muy señor nuestro y amigo. La declaración de quiebra de la empresa de autotransportes Ruta 100 ha desencadenado una grave situación de desestabilización en la ciudad.

Los suscritos, convencidos de que el diálogo es siempre la mejor solución ante conflictos que finalmente son de naturaleza política, rogamos a usted se sirva conceder audiencia a los dirigentes del Sindicato Ruta-100." Atentamente. Vienen la firmas de ciudadanos libres independientes, de diputados de esta LVI Legislatura.

Nosotros invitamos a los compañeros diputados obreros, a que en un acto de independencia de criterio, sin que prejuzguen sobre la legalidad, o ilegalidad de la quiebra, se sumen a esta demanda para una pronta solución a este conflicto.

La segunda invitación, compañeros, es a la magna marcha hacia el zócalo el próximo 1o. de mayo. Esta apuesta también ya la perdió el señor Espinosa Villarreal, así lo hemos afirmado, la perdió también el Gobierno Federal.

Aterrorizado este Gobierno porque le tiene miedo al pueblo y en particular, a la clase trabajadora, decretó, así actúan los gobiernos actuales, que este 1o. de mayo no debe haber celebración del Día del Trabajo.

Desde luego el sentido común impone que no hay mucho que celebrar cuando la política genocida que impone el Congreso, el Congreso de los Estados Unidos, a este Congreso y al Ejecutivo, expropia el salario, expropia el ingreso por la vía de una tributación regresiva, que cobra más impuesto, proporcionalmente hablando, al que menos gana y mucho menos, prácticamente nada a los que más perciben. Ese Gobierno, temeroso de explosiones de ira popular pretendió que no hubiera manifestación el 1o. de mayo.

Qué equivocados están los dirigentes del país. Porque el día lunes habrá una concentración que dejará estupefactos al encargado del Poder Ejecutivo, al regente y a don Fidel Velázquez, será una de sus grandes sorpresas con motivo de su reciente aniversario, porque concurrirán a ella contingentes independientes y concurrirán a ella también aquellos que ya perdieron su empleo. Y son más, camaradas diputados, los que carecen de empleo que los que tienen hoy ese patrimonio.

Y también concurrirán, ¿por qué no decirlo?, esto no será sorpresa para nadie, muchos otros que tienen ya agravio suficiente contra un gobierno entreguista y desnacionalizador. Será una gran concentración que demandará el retorno a un esquema nacionalista, aun en los términos priístas, una manifestación que demandará un nuevo proyecto nacional, contrario al nuevo proyecto liberal, le decimos nuevo porque hay nuevo gobierno, pero es el mismo liberalismo social trasnochado, que pretendió implantar Carlos Salinas de Gortari. Esto es pagatoria en lugar de moratoria. Política fiscal que ataca y confisca el ingreso popular y libera a la oligarquía financiera. Política sistemática de ofensa, agresión, a la clase obrera. Sistemático ataque al sindicalismo libre, como se ejemplifica en el caso del Sindicato Ruta-100.

Esa manifestación rebasará el marco estricto de la reivindicación de Ruta-100, aun de las demandas genéricas de la clase obrera, para reclamar un hasta aquí y un nuevo enfoque en el proyecto nacional mexicano.

Se demandará asimismo la elaboración de un plan de desarrollo con orientación democrática y popular, que sea propuesta y resolución de este honorable Congreso de la Unión, que sea la cosa de los diputados y de los senadores, no los ejercicios solitarios y estériles de la burocracia hacendaria que comanda el señor Guillermo Ortiz Martínez.

La tercera invitación, compañeros diputados, sobre todo de la clase obrera, es a un foro-debate sobre la quiebra de Ruta-100, que habrá de celebrarse el miércoles 3 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana en pleno zócalo.

Ha sido invitado el señor Espinosa Villarreal, el señor Saturnino Agüero, aquel de infausta memoria que pretendió corromper bajo consigna al ilustre magistrado Abraham Polo Uscanga, quien se negó a aceptar la orden terminante de su jefe Agüero Aguirre, para la consignación penal indebida e ilegal en contra de Ricardo Barco; se invitará al juez de lo concursal que indebidamente acepta la quiebra de esa empresa, cuando no es materia de su juzgado, puesto que la empresa Ruta-100 no es un comercio ni empresa mercantil.

Si desaparecerla quería Espinosa Villarreal, debió con toda propiedad y atingencia jurídica promover y publicar un decreto de disolución o extinción de la empresa, como lo ordena la Ley de Entidades Paraestatales.

Se invita también a líderes obreros, incluidos los de la CTM y los del Congreso del Trabajo. También a juristas, a dirigentes partidarios y políticos, para que ahí se dirima si estamos frente a un asunto meramente económico, meramente del orden de una quiebra, como lo alega el Departamento del Distrito Federal, o si estamos ante una ofensiva brutal contra los organismos sindicales que se manifiestan con independencia del Poder Ejecutivo Federal.

La cuarta y última invitación a los compañeros diputados de la fracción obrera de esta cámara, es la siguiente: todos sabemos, compañeras y compañeros, que en enero de 1989, un individuo que se presentaba a la nación como impoluto, Carlos Salinas de Gortari, como encarnación de la legalidad hoy arrastra por el mundo la pena de ser denostado por 100 millones de mexicanos, acusado de todo tipo de delitos y de crímenes, no sólo en contra de la nación, (aquí el de la voz lo denunció como traidor a la patria); hoy el pueblo lo denuncia como inspirador de los delitos que destruyeron la economía de la nación y presuntamente coautor intelectual del magnicidio de Colosio y del de su propio cuñado, el señor José Francisco Ruiz Massieu.

Pues bien, Salinas en aquella fecha decretó la aprehensión del líder obrero Joaquín Hernández Galicia, se le acusó de acopio de armas, imagínense ustedes, 120 metralletas Usi debajo de su cama. Se le acusó de haber dado muerte a un agente del Ministerio Público Federal, que vox populi sosteniene había llegado ya hecho fiambre, como dicen los agentes de la policía, desde cerca de mil kilómetros de distancia.

A Hernández Galicia se le aprehendió en un operativo encabezado por el Ejército...

El Presidente:

Le ruego redondear su intervención, diputado ya terminó su tiempo.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Sí, señor Presidente, terminamos. Se usó indebidamente al Ejército violando el artículo 129 de la Constitución, que establece que el instituto armado en tiempo de paz, sólo puede realizar actividades propias de la disciplina militar y fue usado en tareas policiacas.

Compañeras y compañeros diputados. El tiempo ha comprobado que Hernández Galicia hoy es más bien un preso político, que uno del orden común. Invitamos a la fracción obrera, en las cercanías del 1o. de mayo y esta invitación incluye a los compañeros diputados obreros del PRI, amigos de Hernández Galicia, con quien se retrataron en innumerables ocasiones ante los presidentes de la República, que habiendo compurgado el ex líder petrolero gran parte de la pena y por razones humanitarias, se sumen a la demanda general que hoy se hace, en favor de su libertad. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra la diputada Betanzos.

La diputada María Virginia Betanzos Moreno:

Gracias, señor Presidente; queridos compañeros, diputadas y diputados de las diferentes fracciones partidistas:

Sólo he subido para apoyar las palabras del compañero que me antecedió, para decir que los compañeros de la bancada obrera, ya habíamos decidido hacer un pronunciamiento de esa especie. Se lo pedí a mis compañeros, porque es justo que se considere la libertad de ese luchador social y queremos los sindicalistas que se sigan respetando los derechos de los sindicatos, independientemente de los que vayan a desfilar o no desfilen.

Queremos que los sindicatos tengan el respeto del ejecutivo y tengan el respeto de todos los gobiernos y queremos que los dirigentes, los luchadores sociales, que luchan desde cualquier frente, que luchan desde cualquier trinchera, por los trabajadores que han sido los más afectados de la crisis económica y social del país, tengan el reconocimiento no sólo el 1o. de mayo. Gracias.

El Presidente:

Gracias diputada.

Tiene la palabra, la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En los últimos 20 días hemos sido testigos de múltiples manifestaciones de ciudadanos capitalinos perjudicados por las acciones del gobierno, sobre el transporte urbano, debido, entre otras razones, a que no ha habido congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.

El panorama del transporte en la ciudad de México apenas ha cambiado en una década, cuando las características predominantes eran la lentitud, la insuficiencia, el elevado costo, conductores sin ningún tipo de preparación, pésimas unidades en servicio que contribuyeron, desde entonces, a acentuar los problemas de contaminación que ahora padecemos todos los que en ella vivimos y lo más grave, un pequeño grupo de concesionarios enriqueciéndose sin límite, a costa de millones de usuarios.

Ante esto, en 1981 los gobernantes de esta ciudad capital estatizaron ese transporte con el propósito, dijeron, de brindar a los capitalinos un servicio de transporte suficiente, eficiente y barato, prometiendo de inmediato la entrada en circulación de 10 mi lujosas unidades al servicio de los capitalinos.

Fue evidente para todos, los que por alguna razón vivimos en esta ciudad, que las autoridades no cumplieron con ninguna de sus promesas, la situación del transporte es peor que hace 15 años, el servicio es ineficiente e insuficiente, hay dispendio, corrupción, abusos en la empresa Ruta-100, heredera de alguna manera del mal recordado pulpo camionero y dando como principales razones las que le dieron origen el 8 de abril pasado que se declarara en quiebra la compañía de transporte Ruta-100.

Los argumentos que nos manejaron no son nuevos. El subsidio a Ruta-100 representa el 73% del total del presupuesto: 1 mil 285 millones de nuevos pesos, más del 70% de ese dinero, se destina al pago de nómina; los pagos por horas extras y días de descanso laborados representan una erogación equivalente a 50% del costo de la nómina de los operadores; la tarifa cubre sólo el 33% del costo real de transportación, el servicio abarca únicamente 13% de la oferta total del transporte urbano etcétera etcétera.

Las autoridades informaron además que la empresa está en quiebra desde su origen. La situación es grave debido a los pasivos acumulados y tiende a agudizarse por el despido, el dispendio administrativo, el incremento en los costos de operación y las generosas prestaciones sindicales.

Por todo eso y más, aclararon, optaron por declarar ilegalmente, decimos nosotros, la quiebra de la empresa, con el consecuente despido de sus cerca de 14 mil trabajadores. Pero los problemas aún no han acabado para la ciudadanía, que sigue viendo cómo su deteriorado poder adquisitivo sigue disminuyendo al tener que dedicar una buena parte de su salario para su transportación, ya que el programa emergente de transporte, aunque sea gratuito, hasta ahora no ha sido suficiente, las unidades no son técnicamente las más adecuadas y porque muchos de los operadores no tienen la experiencia del recorrido de las rutas.

De ahí, la multiplicación de las protestas y manifestaciones en la ciudad de México, muchas de las cuales han llegado hasta las puertas mismas de este Palacio Legislativo, ante la indiferencia de la mayoría de los representantes populares.

Los trabajadores de Ruta-100 reclaman que no se cierre su fuente de empleo. Las familias de ellos exigen justicia en el trato del asunto; usuarios de muchas colonias piden que no se suspenda el servicio. Las autoridades en su desesperación por justificar la medida afirman que el problema era más grave de lo que parecía.

Insisten en que la empresa estaba controlada operativa y administrativamente por el sindicato; el sindicato, dijeron, es el que en realidad impone las políticas administrativas y operativas, tiene amedrentados a mandos superiores y medios y son los beneficiarios de alrededor de 80% de los subsidios con los que, vía recursos fiscales, se mantiene en operación la entidad. El problema central es de carácter político, dijeron.

Visto así, pareciera que la medida autoritaria en contra del Sindicato de Ruta-100, está justificada, pero ¿por qué no se actúa así en todo?, en el Metro, por ejemplo.

En el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, se da una situación similar a la que se describe en las autoridades para Ruta-100 y sin embargo nadie dice ni se hace nada para ponerle remedio. Quienes trabajan para este medio de transporte, fundamental para la ciudadanía capitalina, lo hacen en un clima de terror e inseguridad, situaciones que incluso ponen en riesgo la seguridad de millones de usuarios.

En el Metro, dicen sus propios trabajadores, también hay corrupción, dispendio, desvío de recursos, acusaciones de fraude por manejo del fondo de ahorro, concesiones múltiples en favor del grupo que controla el gremio, erogaciones con justificantes inventados, problemas que se agregan a los existentes en el sindicato y que tienen qué ver con la antidemocracia y con la represión y en contra de quienes piensan diferente que el grupo sindical que controla todo, hasta la empresa con todo y sus funcionarios.

Lo que pasa ahí es que el Sindicato del Metro esta controlado desde hace más de 12 años por un ex diputado federal, el cual ha sido objeto de averiguaciones previas que extrañamente no han sido tramitadas, en las que se le acusa, por ejemplo, de haber golpeado en febrero del año pasado, a agremiados al sindicato en pleno zócalo capitalino, por el único delito de pensar diferente a él. Y ¿saben cuál es la respuesta?, no que lo agredieron según las fotos, sino que se cayó.

Con el poder que este personaje ha acumulado en su caciquil gestión, dicen los trabajadores, puede castigar o correr de plano y con la complicidad de la empresa a los empleados que expresen su deseo de lograr mejores condiciones sindicales y laborales. Lo acusan de enriquecerse sin límite con el manipuleo que hace del fondo de ahorro, de lograr que diversas concesiones económicas que la empresa otorga al sindicato, le beneficien a él y a su grupo, de comprar diputaciones en el XXXVII distrito electoral del Distrito Federal, de contratar nuevos trabajadores a condición de que le concedan favores y de que se conviertan en sus incondicionales, de poner y quitar funcionarios y dirigentes sindicales, de comprar inclusive magistrados para que resoluciones judiciales de tipo laboral no le sean adversas, de organizar remedos de congresos sindicales para legitimar sus decisiones.

Se sabe otro ejemplo, que organiza cursos de capacitación de dudosa calidad a conductores del Metro, en los que muchos reprueban pero que él palomea para que aprueben el curso con el único mérito de que le declaren fidelidad eterna. Con este estilo, el patrón, como le dicen al señor Fernando Espino Arévalo, que así se llama, suceden cosas como el alcance de trenes ocurridos en agosto pasado, cuando una conductora "capacitada" en dichos cursos, se equivocó en sus maniobras al conducir el tren y chocó contra otra en la estación del metro Portales.

Ni una llamada de atención recibió gracias al señor Espino. Riesgos de accidentes como el señalado o más graves están a la orden del día, porque como se diagnosticó de Ruta-100, el sindicato es el que en realidad impone las políticas administrativas y operativas, tiene amedrentados a mandos superiores y medios y es el beneficiario de alrededor de 80% de los subsidios a la empresa.

El problema central es de carácter político y, sin embargo, la vara con que miden las autoridades a este grupo sindical es muy diferente de la utilizada en contra del SUTAUR-100, quizá porque el Sindicato del Metro tiene a un diputado, que es del PRI; quizá porque en esta organización priva la antidemocracia y la docilidad al partido de Estado.

El señor Espino Arévalo, lider moral, asesor vitalicio y patrón en el Metro, se ha dado varios lujos: en 1983 prácticamente asaltó el poder en el sindicato, charrificándolo desde entonces, al menos una ocasión se ha reelecto directamente como secretario general del sindicato, cosa ilegal; logró prebendas y complicidades como la que consta en el documento, que solicito ahora al señor Secretario dé lectura. Solicito al señor Presidente instruya al Secretario que dé lectura.

El Presidente:

Proceda la Secretaría a dar lectura al documento que pide la diputada

El secretario Fernando Jesús Flores Gómez González:

«Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.-- Ingeniero Gerardo Fernando Bravo, director general del Sistema de Transporte Colectivo, Metro.-- Presente

Los que firman al calce: Mario Ramírez Vistráin e ingeniero Fernando Espino Arévalo, secretario general y presidente del Comité de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectico, acreditados ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y ante la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, para decidir respecto de los asuntos que por el alto costo de la vida solicitamos cada año, así como cancelar la revisión que anualmente hacen nuestras condiciones generales de trabajo.

Lo anterior lo hacemos para apoyar la política de austeridad de nuestro primer mandatario, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, interpretada fielmente por el máximo lider de nuestra central burocrática, licenciado Germán Parra Prado.

Esperando que nuestro ejemplo de sacrificio sea imitado por las otras organizaciones, hermanas dentro de la FSTSE, ya que es la única manera posible que tenemos los trabajadores del país, para salir de la crisis.

Por razones que usted fácilmente comprenderá, no nos es posible actuar abiertamente, por lo cual solicitamos su comprensión y apoyo durante el tiempo que sea necesario aparentar acciones de lucha. Será el paso del tiempo el que curará a los trabajadores y como el caso del fondo de ahorro, comedores, deposición del Comité de Ariel Macías Valadez, elecciones etcétera, habrá una respuesta fuerte que poco a poco se irá debilitando. De esta manera y de acuerdo a las pláticas previas sostenidas con usted, esperamos se respeten las concesiones que nos otorgan para el manejo de los comedores y se autorice el porcentaje por cada compra que se haga en el país, solicitados anteriormente.

Atentament

Unidad de Servicio. Por el Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo: Mario Ramírez Vistgraín, Secretario General; ingeniero Fernando Espino Arévalo, presidente del Comité General de Vigilancia.

Es todo, señor Presidente

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Y desde entonces es el beneficiario de las concesiones de comedores, compañías de limpieza, fondo de ahorro, cuotas sindicales, plazas laborales, compras diversas realizadas en el país; ha promovido la baja, la agresión física, el encarcelamiento de decenas de trabajadores que se han atrevido a denunciar estas irregularidades. Ha logrado que él y su grupo cobren vía nómina, sin trabajar, sin tener concedidas licencias o permisos de la empresa ha utilizado recursos materiales, económico y humanos del Sistema de Transporte Colectivo, para campañas electorales.

Con todo esto, que no es nuevo, pues debe recordarse que en la legislatura pasada varios diputados solicitaron se discutiera la procedencia o no de un juicio de desafuero en contra de este personaje, pues era diputado. Aunque el asunto de exhortación tras exhortación que se hicieron, nunca se discutió y se ha debido a la impunidad con la que siguen contando muchos influyentes en este país.

Con todo esto, decíamos, nada se hace como se hizo con Ruta-100 ¿Por qué?

Actualmente hay decenas de trabajadores víctimas de esa situación que se han atrevido a denunciar los hechos ante las contralorías del Metro, del Departamento del Distrito Federal también, ante la Procuraduría de Justicia, ante el director del Metro y ante el propio jefe del gobierno del Distrito Federal, y nada se ha hecho además de promesas de atender la problemática.

El Presidente:

Diputada, le ruego concluya su intervención, por favor.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Voy a concluir.

Mientras tanto, decenas de trabajadores están despedidos, castigados o expulsados del fondo de ahorro y las autoridades y el grupo sindical que controla el sistema siguen sin atender peticiones para resolver los problemas; a lo más que han llegado coincidentemente, es a ofrecer que los trabajadores cambiados de rol o de turno y los expulsados del fondo de ahorro sean reintegrados a donde piden, pero condicionadamente a que reconozcan que se equivocaron de sus denuncias.

Por eso decíamos, y concluyo, que lo que hace falta también para que haya menos protestas ciudadanas, es que las autoridades sean congruentes con lo que dicen. La corrupción se debe castigar en todas partes, el dispendio debe acabarse donde quiera que se encuentre; las fugas de dinero, aprovechamiento personal del erario público, deben evitarse y castigarse; que Ruta-100 sea saneado, está bien, nadie se opone, ni los propios trabajadores, pero que también se sanee el Metro y todas las empresas del Estado que finalmente son del pueblo.

Solicito se canalice por lo tanto esta denuncia a las comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Se turna su petición a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes.

Para rectificar hechos solicitó el uso de la palabra la diputada Alicia Céspedes, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Alicia Céspedes Arcos:

Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

A nombre del Partido Acción Nacional respaldamos la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática, que tiene como fin salvaguardar los derechos de los trabajadores, ya que la misma ha sido una demanda añeja del Partido Acción Nacional.

Ya es tiempo de que todo cambie en el país con relación a los trabajadores, para que se pueda actuar de manera imparcial y para lo cual pedimos y estamos dispuestos al diálogo. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Pereznegrón.

El diputado Horacio Pereznegrón Pereznegrón:

Gracias, señor Presidente:

Es realmente desconcertante que por un lado la diputada venga a defender a los trabajadores sindicalistas y por otro lado nos ataque.

Señoras y señores diputados: hago uso de esta máxima tribuna de la nación, para hacer algunas precisiones relacionadas con el tema que acaba de tratar la diputada que me antecedió en la palabra.

A últimas fechas desafortunadamente algunas personas han tratado de sorprender a representantes populares bien intencionados y algunos medios de comunicación, quienes sin un análisis previo, fundado en hechos, pretenden desorientar con fines que ignoramos, a la opinión pública. Estas personas han tratado de desprestigiar el servicio de transportación más importante de esta metrópoli, así como tratar de lesionar nuestra soberanía sindical, por lo cual les manifiesto, en nombre de mis compañeros trabajadores, que por ningún motivo lo permitiremos, por lo que expreso la más enérgica protesta en contra de quienes con dolosas informaciones buscan la forma de inmiscuirse en los quehaceres de nuestro centro de trabajo y de nuestra organización sindical.

Quiero aclararles, señores diputados, que nuestro sindicato encabezado por el compañero Héctor Manuel Zavala, ha respondido oportunamente por escrito tanto a los medios de comunicación como a personas que nada tienen qué ver con nuestras actividades, aclarando todas las dudas que tengan respecto al funcionamiento de este vital medio de transportación que por más de 25 años hemos dado servicio como trabajadores con alta calidad y eficiencia, siendo una dependencia orgullo de México ante el mundo por ser considerada una de las mejores a nivel internacional, por el número de usuarios que transportamos diariamente y que son casi 5 millones, independientemente de las que transbordan en las diferentes líneas que conforman este servicio.

En relación al tema de la seguridad, me permito hacer una breve explicación respecto a esto, para tranquilidad de la diputada y para la gran mayoría de personas que utilizan ese servicio: además de la experiencia, pericia y responsabilidad de nuestros compañeros trabajadores, el Metro cuenta con dispositivos de seguridad en la circulación de los trenes que operan desde el inicio del servicio del primer tren hace ya muchos años y éstos son los siguientes:

Sistemas de señalización. Este sistema está diseñado con seguridad intrínseca que es la base fundamental para la circulación de los trenes, ya que al ir avanzando éste, deja tras de sí dos señales de alto.

Sistema de pilotaje automático. Este es el paro automático, éste se encuentra en los trenes a lo largo de todas las vías y su función es evitar que los convoy rebasen las velocidades establecidas indicadas a lo largo de toda la línea, así como evitar el franqueamiento de señales.

Sistema de mando centralizado. Este equipo electrónico recoge todas las informaciones de energía en toda la línea y la despliega en un centro de operaciones denominado puesto central de control, donde los compañeros reguladores altamente capacitados, que han pasado por todos los procesos escalafonarios, se encargan de la regulación del tráfico bajo consigna de seguridad al frente de cada uno de los tableros del control.

Sistema de telecomunicación. Este se compone de telefonía automática, directa y del tren y todas ellas nos permiten comunicarnos hacia diversos puntos de la red dentro de las estaciones, como en las señales donde haya aparatos de comunicación así como a bordo de los propios trenes.

Ruptores de urgencia. Se encuentran con dos tipos de ruptores, unos están en los extremos y a la mitad de cada andén, en todas las estaciones, Ios cuales al accionarse cortan inmediatamente la energía de alimentación-tracción, otros están localizados al lado de cada una de las puertas de los trenes y al accionarse, indican al conductor que hay anomalías en alguno de los carros del tren, lo que obliga a verificarla, corregirla y continuar la circulación.

Los teléfonos rojos. Estos se encuentran a mitad del andén en cada una de las estaciones a través de las cuales, tanto el personal del Metro como los usuarios pueden comunicarse al puesto central de control para reportar cualquier anomalía en el servicio.

Sistema de red contra incendio. Esta red se encuentra a lo largo de todas las líneas de talleres, edificios, áreas de trabajo y con la cual podemos atender cualquier conato de incendio.

Sistema de herramientas. Este se encuentra ubicado en cada una de las estaciones, mismas que reportan inmediatamente las anomalías del funcionamiento de los equipos más importantes para que el personal de mantenimiento atienda su reparación:

Circuito de seguridad de puertas. No puede circular el tren si las puertas no están completamente cerradas.

El arillo de hombre muerto. Este arillo al ser soltado por el conductor detiene automáticamente el convoy.

Sistema de vigilancia. Este es un equipo de circuito cerrado de televisión, instalado en las instalaciones y correspondencias de la red, con el cual es posible incrementar las acciones de seguridad en forma inmediata, para contrarrestar actitudes de delincuencia o alteraciones de orden.

Independientemente de todos los dipositivos mencionados, se cuenta con personal especializado en diferentes departamentos, así como con las comisiones mismas, como son las de capacitación, seguridad e higiene, reglamentos de energización de vías, manuales de presencia y simulacros, de coordinación con servicios externos del Metro, tales como bomberos, dirección y protección, entre otras acciones establecidas, desde que inició su funcionamiento nuestro Sistema de Transporte Colectivo hace ya más de 25 años, periodo durante el cual hemos transportado cerca de 25 billones de usuarios, con lo que comprobamos una vez más que somos uno de los mejores metros del mundo en cuanto a consigna de seguridad y como ejemplo nos llegamos a asemejar con la organización más importante a nivel mundial respecto a lo mencionado, como es la NASA.

Por lo que podemos ver, que transportar en el Metro a más de 4.56 millones de usuarios diariamente es realmente toda una hazaña de nuestros compañeros trabajadores.

En relación al tema que la compañera diputada tocó, que es el fondo de ahorro, quiero manifestarle que esta prestación con que contamos los que tenemos el honor de trabajar en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, deja patente que no es la primera ocasión que hacemos estas aclaraciones a las dudas que se tienen, no de los trabajadores, sino de gente ajena a la misma que inspirada en falsedades lesiona seriamente la dignidad de nuestro sindicato, así como de nuestra institución manifestando al respecto.

Primero, esta conquista sindical se maneja a través de una comisión mixta de fondo de Ahorros, la que es autónoma y regida por el reglamento que para el efecto se suscribió en forma bilateral entre el sindicato y la empresa, y que en los términos de su artículado se resuelve todo lo relacionado con su funcionamiento, aclarando que la comisión mixta está conformada por tres trabajadores que son electos democráticamente, por el voto secreto, directo y universal de todos los que conformamos nuestro poderoso sindicato, y por tres funcionarios de la empresa que son nombrados por el director en turno.

Igualmente, señalamos que conforme a las normas jurídicas reguladoras del asunto que nos ocupa, este fondo de ahorros es auditado año con año al término de cada ejercicio, lo que se hace a petición de la parte legítimamente interesada del sindicato del titular en turno de nuestro centro de trabajo, a quienes están en aptitud y derecho de plantear su petición a través de su representante en esta comisión de todo lo que señala el reglamento en vigor.

Para el conocimiento de los interesados de nuestra organización sindical, al término de cada ejercicio contable anual, solicita a través de su comisión, la dirección general, la práctica de auditorías correspondientes, a efecto de verificar su transparencia en el manejo de sus dineros, dejando claro que los trabajadores en ningún momento permitiremos que gente extraña a esta querida prestación que es exclusiva de sus integrantes, se inmiscuya en este logro sindical, porque sería tanto como aceptar una temeraria intromisión y violación a nuestro Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como la Carta Magna de nuestro país.

Por lo tanto, no admitiremos que quede en entredicho la actuación responsable de los integrantes de la comisión mixta, de esta prestación lograda a base de esfuerzo y responsabilidad con el trabajo de todos nuestros compañeros.

A mayor abundamiento, señores diputados, les informamos que el fondo de ahorro de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, se maneja a través de la comisión mixta, como lo manifestamos anteriormente, conformada entre empresa y sindicato, para desempeñar tan importantes y delicados cargos, regida, como ya se dijo, por su propio reglamento, cuya vigencia data desde 1976.

Me voy a adelantar un poco porque el tiempo realmente me está...

Quiero hablar sobre el resultado de la auditoría, y aquí le quiero solicitar al señor Secretario que nos haga favor de leer el resultado de la última auditoría que se hizo a esta prestación. Señor Presidente, si me autoriza para que el señor Secretario...

El Presidente:

Adelante, señor Secretario.

El secretario Fernando Jesús Flores Gómez González:

Con su permiso, señor Presidente:

«Sistema de Transporte Colectivo.- México, D.F., a 18 de marzo de 1994.- Dictamen sobre la liquidacion del fondo de ahorro de los trabajadores del Sistema de Transporte, correspondiente al ejercicio comprendido del 2 de noviembre de 1992, al 31 de octubre de 1993.

Hemos examinado la información financiera contenida en la circular emitida por la comisión mixta del fondo de ahorros, con cifras al 31 de octubre de 1993, a fin de constatar el adecuado manejo y entrega a beneficiarios de los recursos provenientes exclusivamente de aportaciones y retenciones efectuadas por el organismo y los trabajadores, durante el periodo del 2 de noviembre de 1992 al 31 de octubre de 1993, así como a los rendimientos obtenidos sobre las inversiones y préstamos al personal, durante el periodo señalado.

Nuestro examen se efectuó en apego a las normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y, en consecuencia, incluyó las pruebas de los registros de contabilidad, así como los estados de cuenta bancarios y los demás procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios, conforme a las circunstancias que prevalecieron en el desarrollo de la revisión.

En nuestra opinión, la liquidacion del fondo de ahorro de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, fue razonablemente correcta, ya que su distribución se realizó en función al total de aportaciones y retenciones, así como al periodo de trabajo durante el ejercicio 1992-1993, según consta en registros contables.

Atentamente.

El contralor interno, Humberto Ríos Picasso.»

Es todo, señor Presidente.

El Presidente:

Continúe, diputado.

El diputado Horacio Pereznegrón Pereznegrón:

Este documento sí es real, está firmado por el contralor de nuestra dependencia.

Aquí nada más quiero hacer referencia al documento que el señor secretario leyó y el que la diputada presentó, es un documento 100% falso, que no tiene ninguna calidad de realidad y que para conocimiento de la diputada, los compañeros que han estado distribuyendo este tipo de documentos en el Metro, alguno de ellos ya hizo algunas aseveraciones a la prensa y este compañero ya fue denunciado y en su momento tendrá la oportunidad de demostrar la veracidad del mismo documento.

El Presidente:

Diputado, le ruego termine su intervención, porque se le ha agotado el tiempo.

El secretario Horacio Pereznegrón Pereznegrón:

Señores diputados, con todo el respeto que me merecen sus atribuciones respecto a la defensa de los intereses del pueblo, me permito exhortarlos para que, siguiendo una conducta imparcial, plena y constructiva, piensen también en los méritos que a través de 25 años de incesante labor ha adquirido el medio de transporte más eficaz, efectivo y moderno, con que cuenta nuestra gran ciudad capital, y estimular su reconocimiento a quienes les sirven con capacidad y amplio sentido de responsabilidad, como son nuestros compañeros trabajadores que integran a la gran familia del Metro, como orgullosamente le llamamos, por su espíritu unitario y su invariable deseo de superación, en aras de un servicio cada vez mejor, en bien de la ciudadanía, no sólo de nuestra capital, sino de la gran población flotante que nos visita durante los 365 días del año.

No es un autoelogio lo que hacemos, sino un reconocimiento a la verdad y un estímulo a la eficiencia que ha caracterizado a la gran masa de trabajadores, razones que los hacen merecedores al reconocimiento de ustedes, que tan eficientemente representan al pueblo al cual nosotros servimos.

Esta situación trae consigo una petición paralela que respetuosamente les hacemos, para que nos ayuden a evitar que elementos ajenos a nuestra organización sindical y a la institución que servimos, traten de inmiscuirse en asuntos que sólo competen a nuestra plena soberanía y de la cual somos celosos defensores.

Por último formulo una atenta invitación a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que si tienen el propósito de ayudar a algunas personas a resolver sus problemas, lo hagan a través de los canales correspondientes, y que jurídicamente están establecidos para estos casos, en la inteligencia de que seremos respetuosos de toda acción que coadyuve al fortalecimiento de nuestro sindicato, que es producto legítimo de los movimientos revolucionarios que han dado origen a tantas conquistas de nuestro país.

Considero que estos problemas y otros que se generen en nuestro país, deben resolverse por la vía de la conciliación, del entendimiento y del respeto al derecho que asiste a todos y cada uno de los ciudadanos y no por espectáculos verbales que no llegan al fondo de los problemas.

Esta será una buena manera de servir a México, en los tiempos de crisis por las que atravesamos, en los cuales se requiere de unidad, comprensión y ayuda solidaria de todos los mexicanos.

Por su atención muchísimas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales ha solicitado el uso de la voz la diputada María Rosa Márquez Cabrera, hasta por cinco minutos.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Es muy interesante saber que el compañero diputado se preparó para podernos, después de 10 años que no trabaja en el Metro, darnos una explicación técnica de como funciona.

Yo creo que ha estado aquí presente la preocupación, como en muchos ciudadanos, del buen funcionamiento del Metro. Hemos escuchado también la preocupación en los derechos a la gran masa de los trabajadores. Precisamente en ese sentido es que venimos a hacer esta denuncia, preocupados por la gran masa de los trabajadores del Metro, precisamente, que viven sojuzgados por su dirigencia sindical.

Y no nos extraña, porque no es nuevo, cuando se plantea que no se permitirán elementos ajenos. En otros momentos se ha dicho fuerzas extrañas, fuerzas oscuras cuando de abordar los problemas, los graves problemas que aquejan a los trabajadores se trata. Yo creo que lo que se requiere aquí es ir a fondo, ir a fondo a resolver los problemas de corrupción.

Efectivamente, lo que queremos es contribuir, es sanear en general el Sistema de Transporte Colectivo. Aquí lo que hemos venido a declarar y a denunciar es la doble política del Gobierno, que para unos hay una cara, hay mano dura, y para otros hay la protección, hay el pago, hay premios con diputaciones. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Pereznegrón.

El diputado Horacio Pereznegrón Pereznegrón:

Compañeros diputados, primeramente quiero manifestarle a la compañera que no tengo 10 años que no trabajo en el Metro.

Yo estoy trabajando desde hace 22 años y en forma permanente estamos sirviendo a esta gran ciudad con este tan importante servicio.

Yo quisiera también decirle a la compañera diputada por Puebla, que yo creo que muy pronto tendrá también la oportunidad de contar con un servicio de esta calidad, que los trabajadores del Metro somos 10 mil trabajadores sindicalizados, y que a mí me gustaría que la compañera diputada, con quien ya en una ocasión nos reunimos y platicamos y le explicamos caso por caso de los que ella nos trató, de la situación de nuestro querido Metro.

Porque nos interesa mucho y porque queremos a nuestra fuente de trabajo, estamos interesados en que las cosas se hagan bien. Creo que todos ustedes, quienes han tenido oportunidad de conocer el Metro, no sé si ella ya tuvo la oportunidad de utilizarlo, se ha dado cuenta de la calidad y del cariño que los trabajadores le ponen a ese tan importante servicio y se lo ponemos porque llevamos puesta la camiseta, porque queremos estar siempre atentos a las necesidades de transportación de todos los compañeros trabajadores de esta gran ciudad y de toda la gente que nos visitan, como les manifestaba.

Yo creo que a la compañera diputada la quiero invitar nuevamente para que, en donde ella guste, podamos platicar, podamos intercambiar ideas, ya que tan preocupada está con los compañeros trabajadores, que según ella han venido a verla.

Yo quiero invitarla y decirle que me comprometo a establecer una relación entre ella y nuestro secretario general, para que se limen estas asperezas y se dé la realidad a quien la realidad le corresponda.

Yo creo que es importante aquí que si en una legislación tenemos derechos y obligaciones, si en condiciones generales de trabajo tenemos derechos y obligaciones, nuestro compromiso como trabajadores es exclusivamente ése, señores, el poder respetar esas condiciones generales de trabajo.

En cuanto a lo que ella llamó líder moral, yo les quiero manifestar que si ellos tienen las pruebas de lo que lo acusó aquí, adelante, que ahora ya no es diputado, ya no tiene fuero constitucional, pues adelante, que lo demanden, porque de lo contrario nosotros sí lo vamos a hacer. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Luis Sánchez Aguilar.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente:

Compañeros, voy a iniciar esta intervención con la frase con la que terminó el diputado priísta su intervención.

El diputado Pereznegrón dice que con el respeto que le merecemos los diputados, así concluye en gran colofón, epílogo, su patriótica intervención.

Yo concluyo, tras haberlo escuchado con toda atención durante 15 minutos, que ningún respeto le merecemos aquí los diputados, menos le van a merecer los usuarios del Metro o el pueblo, porque él viene aquí a descalificarnos a todos los diputados que nos atrevemos a tomar las banderas populares.

Nos llama elementos ajenos. Yo soy elemento ajeno porque me he interesado en el asunto de Ruta-100 y hoy soy elemento ajeno porque me intereso en el asunto del Metro.

Según él, somos desorientadores; obedecemos a fines ocultos que ignoran los del PRI: tratamos de lesionar, imagínense ustedes, la soberanía de la nación, por estar cumpliendo, compañeros diputados, creo yo, nuestro deber. Porque es deber de los legisladores, de los represen- tantes populares, valga la perogrullada, representar precisamente al pueblo.

Nos asombra que el señor diputado del PRI tenga la audacia de venir aquí a comparar al sindicato del Metro nada menos que con la NASA; yo lo compararía más bien con la mafia, porque ahí hay un control vertical, hay un sindicalismo charro. Para saber eso no necesita uno tener información privilegiada, es la vox populi, la información global, la que nos alerta sobre lo que está ocurriendo ahí.

Pero también recibimos desde luego información sobre lo que ahí ocurre y espero que esto no ofenda al señor diputado, porque ha de saber, señor diputado, que en la oficina de la Fracción Social Demócrata, ahí se recibe todo tipo de información, ahí se recibe información nacional y extranjera, se recibe información económica y política y se recibe información sobre los sindicatos.

Y sobre el suyo, sabemos que ahí desde 1983 ese sindicato es tomado por asalto por las fuerzas de Ariel Macías Valadez; sabemos que Fernando Espino Arévalo, desde 1983 impone ahí su voluntad; sabemos que este personaje, violando estatutos que prohiben la reelección, ha logrado establecer ahí un poder permanente y vertical; sabemos que sin lograr en todo su periodo 1987-1990, aparte del 1978-1981, sin haber logrado la toma de nota, logró, valga la redundancia, mantenerse al frente de la organización sindical.

Ahí el único reconocimiento que él ha obtenido es el de la dirección de la empresa, exactamente como ocurre con los sindicatos blancos.

Sabemos, señor diputado, que ahí cada tres años son cesados sistemáticamente los trabajadores que exigen democracia sindical y justicia laboral.

Se nos informa que ahí los cambios obedecen a consigna vertical, que tiene qué ver con la represión mafiosa a todo aquel que osa disentir de la dirigencia gremial.

También es público y no sólo está en la prensa marginal, sino en la prensa nacional, que los manejos que se hacen desde el punto de vista de los recursos, están muy lejos de ser transparentes.

Los resultados de auditoría que aquí se presentan, son parciales, sólo tienden a desorientar. Están fuera de contexto. Nosotros exigimos que se distribuya a esta cámara, señor Presidente, termino, el resultado completo de esa auditoría, para que por conducto de los compañeros diputados podamos analizar la verdad de lo que ocurre en las finanzas de esa empresa.

Y de la información que recibimos, señor diputado, dijo la compañera Cabrera de usted que no trabaja. Yo digo, no trabaja pero sí cobra, diputado, porque aquí en la información que le llega a la oficina de la Fracción Social Demócrata, aparece que usted cobra desde 1973 como analista contable número cinco.

Entonces yo concluyo, señor diputado, que es usted diputado plurinominal. Cobra en varias nóminas y no precisamente para defender la causa de sus agremiados. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Esta presidencia ruega a los oradores se acojan estrictamente al tiempo reglamentario.

Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado Pereznegrón.

El diputado Horacio Pereznegrón Pereznegrón:

Bueno, yo quiero manifestarle al diputado Sánchez Aguilar, de la Fracción Social Demócrata, invitarlo para que hagamos un recorrido en nuestras instalaciones y que conozca la opinión de todos los compañeros. Nada más, señor diputado, que en nuestro centro de trabajo hay talleres, en donde los trabajadores nos llenamos de grasa y usted siempre anda muy bien vestidito y a la mejor eso le puede crear una alteración en su visita.

Quiero decirle, señor diputado, que para sentir el sindicalismo hay que serlo, hay que practicarlo, hay que estar metidos ahí. Y yo quiero, para no alargarme en mi intervención, simplemente decirle, que lo felicito, porque usted, en sus intervenciones anteriores aquí, ha sido una gente de una gran información, que yo lo he comentado con algunos compañeros, es usted gente que sabe manejar la información.

Pero desgraciadamente en esta ocasión, señor diputado, la información de la que usted se allegó, es totalmente falsa, y yo lo invito a que juntos la investiguemos. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:

Compañeras; compañeros:

El asunto no hay que llevarlo a ver si la Cámara de Diputados trata de violentar la soberanía sindical o no, desde luego que no, hay que ser realmente muy respetuosos de esas instituciones, que por fortuna en México existen todavía, esas agrupaciones que pueden defender a los trabajadores y a los obreros de nuestra patria.

El asunto tampoco hay que llevarlo para ver si se hacen giras o no, o entrevistas con el secretario general o de ahí a los talleres del Metro. Efectivamente el servicio del Metro en la ciudad de México, es uno de los mejores transportes en nuestro país; y eso hay que preservarlo y eso incluso a la Cámara de Diputados si le compete, el que haya ese servicio y se mantenga bien y se mejore mucho más.

Y por ello, nosotros tenemos que ver, mientras la ciudad de México se convierta en el Estado 32, mientras eso pasa, tenemos pues competencia, aunque también desde luego la Asamblea de Representantes la tiene mucho más. Pero nosotros, en el ámbito que nos compete, podemos bien ver los asuntos que aquí se han denunciado por parte de nuestra compañera María Rosa Márquez Cabrera, del PRD y que deberíamos verlo con un sentido unitario.

Vamos viendo a fondo lo que ella propone, que es que la comisiones de Trabajo y de Comunicaciones vean ese asunto. Sí nos compete, como diputados que somos todos, no importando del estado del cual provengamos, ni a qué suscripción o qué distrito; nos compete como Congreso, como Cámara de Diputados y es un asunto propio.

Veamos en las comisiones de Trabajo, de Previsión Social y de Comunicaciones, este asunto a fondo y subrayo e insisto, no se trata de violentar la autonomía del sindicalismo y del Sindicato del Metro, sino se trata de preservar y de querer, dentro de los marcos legales, buscar un sindicato democrático, libre, en el Metro, porque efectivamente de repente podemos encontrar que los sindicatos se convierten más por ciertas camarillas en presiones políticas y económicas, más que en buscar el servicio hacia la población y, sobre todo, preservar los derechos laborales de los trabajadores que comprenden ese sindicato.

Esa es la propuesta, hacia ahí hay que ir y en eso tenemos que aceptarlo todos, nos conviene como Cámara de Diputados y mucho más le conviene a la ciudad de México y mucho más le conviene a los trabajadores del Metro.

Es la petición, vamos a las comisiones, juntos veamos lo que se ha denunciado, si es cierto, compongamos las cosas dentro de la competencia nuestra y, si no, veamos cómo resolvemos mucho mejor ese servicio del Metro que, obviamente como dice Pereznegrón, ojalá exista en las grandes ciudades de nuestra nación; pero no se trata tampoco de descalificar a alguien por ser de aquí, de allá, de acullá, porque somos iguales y todos tenemos el mismo interés en esta Cámara de Diputados.

Vamos a las comisiones y ahí estudiemos a fondo y, al final, vengamos en septiembre aquí a la Cámara de Diputados y presentemos un informe muy objetivo para mejorar el Metro y, sobre todo, preservar los derechos laborales de los trabajadores de ese sindicato.

El Presidente:

Gracias, diputado.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente:

Para presentar una denuncia sobre la Unión Popular "28 de Octubre", en Puebla, tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Así es, compañeros, aunque silben, tenemos que aprovechar esta tribuna para denunciar lo que pasa con los trabajadores del Metro, que lo conozco, que me he subido y espero que no me caiga, como los trabajadores que han protestado y también lo que pasa en mi estado, el de Puebla. Entonces, con su permiso, vengo, señor Presidente, a hacer una denuncia.

Una vez más hago uso de esta tribuna para que esta soberanía, en representación de la nación, tenga conocimiento de lo que sucede en mi estado, el Estado de Puebla, donde la barbarie y los abusos del poder en contra de mis conciudadanos se sigue manifestando en el marco del autoritarismo, la falta de voluntad política y de legalidad que ha caracterizado al gobierno poblano.

Estos actos vulneran los principios constitucionales de la libertad de expresión y organización libre, así como los derechos humanos y políticos de los ciudadanos. Ha sido así como la Unión Popular de Vendedores "28 de Octubre" del Estado de Puebla, desde 1989 a la fecha, ha recibido un trato anticonstitucional por parte del gobierno estatal y municipal, que consiste en la implementación de una escalada de hostigamiento político, represión y encarcelamiento en contra de sus agremiados, utilizando la fuerza policiaca y métodos selectivos de amedrentamiento en contra de sus principales dirigentes.

Todo ello con un solo fin: destruir su organización por ser independiente. Las posibilidades de diálogo, como ha sido la voluntad de la organización "28 de Octubre", se han estrellado ante el muro pétreo del autoritarismo y la prepotencia de las autoridades.

En el año de 1989 fueron tomadas por asalto sus oficinas por elementos de la Policía Judicial estatal y Policía Judicial Federal y fueron responsabilizados, como usualmente se acostumbra, por los cargos de asociación delictuosa, posesión de armas, posesión de drogas, robo y otros.

Por esos cargos prefabricados, vale la pena señalar que desde ese año se encuentra detenido su principal líder, el compañero Rubén Sarabia Sánchez Cimitrio, imponiéndole inicialmente una descomunal sentencia de 116 años de prisión, que ni siquiera a un magnicida como Mario Aburto Martínez, se le sentenció. Como resultado de la tenaz lucha de sus compañeros y abogados de Cimitrio, demostrando la ilegalidad y las irregularidades en los procesos, le han sido reducidos magnánimamente a sólo 67. Encontrándose inhumanamente no en el Estado de Puebla, como correspondería, cerca de sus familiares, sino preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde peligra su vida como podemos deducir después de los acontecimientos en ese penal.

A pesar de que la Secretaría de Gobernación entregó una minuta de acuerdo donde el gobierno estatal y municipal de Puebla, se comprometía a reabrir el diálogo y no agredir a los miembros de dicha organización, promovió y realizó un supuesto foro ciudadano, los días 22, 23 y 24 de febrero del presente año, donde solamente participaron un reducido número de organizaciones corporativizadas por el PRI, pertenecientes a la CNC, a la CNOP y organizaciones obreras oficiales. A partir de ello se pretende justificar el enjuiciamiento y represión en contra de la organización de comerciantes "28 de Octubre", como reclamo de la sociedad poblana.

Continuando con esta escalada de agresión, la madrugada del 8 de marzo del presente año, el gobierno municipal de Puebla que preside el licenciado Rafael Cañedo Benítez, tomó violentamente el mercado Hidalgo, movilizando a más de 2 mil elementos de la Policía Judicial estatal, del cuerpo anticonstitucional paramilitar denominado "vía pública" y por el salvaje comando canino de la policía, saqueando, destruyendo e incendiando más de 1 mil puestos y detuvo a 78 ciudadanos que se encontraban laborando en el mercado, cuestión que ustedes recordarán debido a algunos medios que dieron cuenta en la prensa nacional.

Señores diputados, en Puebla quizá movidos por las necesidades históricas o por las razones de Estado, se ha recurrido al uso permanente del comando canino, mecanismo bestial de represión para lanzarlo en contra de la gente humilde e inerme, cuyo único delito ha sido recurrir al uso legítimo del derecho de libertad de expresión, manifestación y reunión, que la Constitución nos confiere a todos los mexicanos.

El uso frecuente del comando canino para garantizar el orden, carece de todo sustento jurídico y moral; nada justifica su reiterada utilización; es un acto irracional que recuerda la histeria anticomunista con que este mismo tipo de comandos a cargo de la Gestapo y SS, fueron utilizados durante el nazismo en contra de los judíos y comunistas. Ningún gobierno civilizado que se precie hoy en día de tener una moral y una ética política, recurre a estos métodos cavernarios que dañan la convivencia humana. Pero en Puebla sí.

Ante tales acontecimientos, el día 17 de marzo una comisión de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes fue recibida por la Secretaría de Gobernación en el Distrito Federal, donde se llegó al compromiso de una pronta negociación para el día 21. Dicho compromiso se ratificó con el licenciado Luis Maldonado, el licenciado Federico Barruetos, Raúl Sifuentes, subsecretario, director general de gobierno y asesor respectivamente. Y sin embargo el día 18 del mismo mes fueron detenidos, golpeados, asaltados, tres integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, por volantear e informar la situación de su organización.

Para el día 20 de marzo, a pesar de que fueron mostrados los recibos que certifican el pago y avalan la propiedad de los locales del mercado "Emiliano Zapata", se movilizó a más de 2 mil granaderos, policías judiciales, elementos de vía pública y maquinaria pesada, para tomar de manera violenta dicho mercado, saqueando, destruyendo e incendiando los locales y la mercancía. También en esta ocasión dio cuenta la prensa nacional.

Por enésima ocasión, el día 22 de marzo fueron nuevamente reprimidos integrantes y simpatizantes de la misma organización. Esta vez por manifestarse en contra de los actos sucedidos la tarde del 20, con granaderos, provocadores y perros del comando canino, lanzando gases lacrimógenos y lastimando, intoxicando a varios integrantes de dicha organización. No obstante, los granaderos declaran haber recibido órdenes superiores para agredir y no tomar conciencia de lo que hacían, por estar bajo los efectos de la droga.

Al mismo tiempo, el honorable ayuntamiento procedió a levantar cuatro denuncias y señaló que se ejecutarán 80 órdenes de aprehensión contra militantes de esta organización.

Es de conocimiento público en mi estado, que la orden para tomar con lujo de violencia y destruir los locales del mercado Emiliano Zapata, fue dada por el presidente municipal: Rafael Cañedo Benítez y avalada, hasta ese momento, por el gobernador de Puebla: Manuel Bartlett Díaz.

En efecto, mientras no haya justicia, el estado se convierte en solapador y complaciente de las injusticias. Ante las injusticias del gobierno y la preocupación de la sociedad poblana por la polarización a que se ha llegado entre las partes y el peligro que existé de generar ahí una situación de inestabilidad política y violencia social, se ha dispuesto intervenir como mediadora entre las autoridades y los comerciantes de la "28 de Octubre", conformando públicamente una comisión llamada de advenimiento, conformada por personalidades del campo académico, intelectual, empresarial y de la comunicación social, quienes han invitado públicamente a las partes a participar en una mesa de diálogo para resolver por la vía pacífica y civilizada, de respeto a las leyes, el problema que se vive en la capital de Puebla.

Sin embargo, tal iniciativa de la sociedad ha sido rechazada despótica y prepotentemente por el licenciado Cañedo Benítez, presidente municipal de Puebla. Se hace necesario, en este contexto, un cambio de conductas institucionales, que basadas en una nueva cultura política, germinen en el cumplimiento de la razón, el respeto a las diferencias y la búsqueda de consensos para resolver los conflictos sociales en esta etapa de crisis política por la que atraviesa nuestro país.

Es necesario, además, caminar hacia nuevas conductas institucionales; de lo contrario, la credibilidad en la justicia y de la preocupación de ésta por la vía institucional, es totalmente inexistente.

Por lo tanto exijo desde esta tribuna, espacio natural de la sociedad, se investigue y enjuicien a los responsables de los actos realizados el 8 y 20 de marzo de 1995, ya que violan los derechos civiles, políticos y humanos de los mexicanos, así como la voluntad política del gobierno estatal y municipal, para solucionar pacíficamente el problema antes planteado.

Solicito, por último, a esta soberanía, se turne esta denuncia a las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Túrnese la denuncia a las comisiones mencionadas.

Tiene la palabra para rectificar hechos, en primer término, el diputado Oscar González, del Partido del Trabajo.

El diputado Oscar González Yáñez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Un servidor ha asistido en tres ocasiones al Estado de Puebla y específicamente a la capital, por solicitud expresa de los compañeros de la "28 de Octubre", para solicitar una verificación visual de los hechos que la compañera diputada del PRD, no quiero repetir para no hacer larga esta intervención y corroborar la existencia de los mismos.

Lo cierto es que la situación actual de la "28 de Octubre" en los mercados Hidalgo y Zapata, un servidor la podría llamar como de estado de sitio, puesto que han sido, no existen las garantías individuales a que tenemos derecho todos los mexicanos que nos da nuestra Constitución; existe una violación flagrante a los derechos humanos; los compañeros no tienen derecho a reunión, un servidor lo pudo constatar cuando en una de las mesas de uno de los comedores del mercado un servidor estaba sentado y no permitió la policía que se sentaran cuatro personas con un servidor.

Hasta ese momento la policía no sabía que era diputado federal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y yo pregunté que por qué no se les permitía y dijeron que estaba prohibido que se reunieran más de cinco, lo cual a mí me extrañó sobremanera.

Después pregunté que por qué había un cordón policiaco y más estricto incluso que el que hizo el Ejército en Larráinzar, más estricto, o sea, existe una distancia de un metro de un granadero a otro en un cinturón que tienen estos mercados.

Después se reunieron algunas personas y la policía no intervino dado que había incertidumbre, no sabían qué estaba pasando. Y los compañeros me pidieron que hiciera una verificación por el mercado; se juntaron alrededor de 100 comerciantes y ya no se les permitió el tránsito, simplemente porque estaba prohibido...

Señor Presidente, no sé si pudiera pedir a la Asamblea que hubiera orden, por favor.

El Presidente:

Sí, señor diputado, ante su exhortación. Se suplica a los señores diputados pasen a tomar sus lugares y despejar los pasillos quienes no son diputados.

Adelante, diputado.

El diputado Oscar González Yáñez:

Gracias, señor Presidente.

Después se prohibió el tránsito por el propio mercado y pude constatar personalmente, por eso solicité pasar a la tribuna, que a la gente que asiste a estos mercados se les revisan sus bolsas a la hora de entrar y a la hora de salir. A un servidor, también mi vehículo fue examinado, pregunté por qué y nunca me lo dijeron.

Después de ahí me dirigí a intentar platicar con el administrador; nunca se encontró el administrador y nunca hubo ninguna explicación.

Después el alcalde, los reporteros, acudieron a él a preguntarle sobre la visita de un servidor y me desconoció como diputado, que porque yo no me había identificado; bueno, en fin, yo no, nunca nadie me pidió que me identificara ni creo por qué cualquiera de nosotros tiene que andar por cualquier lugar que vaya identificándose; para ir a comer a un lugar no creo que nos tuviéramos que identificar como diputados ni para preguntar por qué no nos podemos reunir cinco personas en un lugar.

Bueno, me desconoció, y lo que nosotros solicitamos fue que permitieran a la organización "28 de Octubre", lo único que hicimos fue solicitarle al alcalde que se sentara a platicar con los de la "28 de Octubre" y la respuesta del alcalde, la respuesta que me hizo llegar por los medios fue que me fuera mucho a Chiapas. Yo creo que el compañero era adivino porque en efecto ese día iba a salir a Chiapas, fue la explicación que yo le encontré.

Lo que nosotros detectamos en el municipio de Puebla es que existe una violación flagrante a los derechos humanos y hacemos la exigencia para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos actúe en este sentido, dado que la comisión nacional es incompetente y como la comisión estatal obedece a los intereses del gobernador, por eso no ha intervenido, y le hacemos la petición desde esta tribuna para que la comisión estatal pueda intervenir en estos hechos y pueda volver el estado de derecho que es el que todos queremos en el caso del municipio de Chiapas y en el caso de los compañeros de la "28" y a estos mercados. Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Ricardo Menéndez y Haces, del PRI.

El diputado Ricardo Menéndez y Haces:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Les quiero decir lo que ha pasado en Puebla con esta famosa 28 de Octubre", la cual se adueñó de mercados cobrando copiosas cuotas por darles permiso a comerciantes a vender en dichos mercados. Estos mercados son propiedad del ayuntamiento, es decir, la "28 de Octubre" ha cobrado por muchos años dinero por usar un mercado que no es de ellos así es la "28 de Octubre".

La Comisión Federal de Electricidad cobra fuertes cantidades, mes a mes, al ayuntamiento de Puebla; es decir, los poblanos estamos pagando con nuestros impuestos esa luz y ¿qué hace la "28 de Octubre"?, no paga nada, pero sí cobra por esa Comisión Federal de Electricidad, por esa luz que se usa.

La venta de alcohol y de pulque está prohibida en la ciudad de Puebla, está prohibida por el Reglamento de Policía y el Gobierno, está prohibida por el Reglamento de Mercados. ¡Ah!, pero la "28 de Octubre" permite mediante una corta, que se venda alcohol, que se venda pulque en los mercados, causando con esto graves problemas a las amas de casa, a nuestras esposas, a nuestra familia, que tiene necesidad de acudir a dichos mercados.

En Puebla, señores, hoy en Puebla hay orden en el comercio, hoy en Puebla no hay ambulantes, a los ambulantes de la ciudad de Puebla se les ha reubicado, se les ha reubicado ordenadamente, hoy estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en Puebla a través de estos comerciantes.

Se hizo una consulta popular en el cabildo del ayuntamiento en la ciudad de Puebla, la ciudadanía, ella fue la que pidió que se pusiera orden con estos señores de la "28 de Octubre".

Les quiero decir que al señor Simitrio Sarabia se le acusó por secuestro de un empresario de origen alemán, se le acusó por venta de drogas, se le acusó por acopio de armas, por eso el señor está en la cárcel y estamos muy contentos los poblanos que esté en la cárcel, es donde debe estar un delincuente, señores.

Las horas hombre de la ciudadanía, perdidas por la cantidad de manifestaciones que ha hecho la "28 de octubre", manifestaciones grotescas, manifestaciones que han culminado con ir a romper los hermosos vidrios que teníamos en nuestro ayuntamiento, en nuestro palacio municipal, un palacio del cual estamos orgullosos todos los poblanos, patrimonio de la humanidad; esa Puebla tan hermosa, esos cristales, fueron rotos por una manifestación sin orden de la "28 de Octubre".

Esa es la "28 de Octubre", señores; ¿ésa es la que pretendemos defender?, creo que estamos un poquito desubicados. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Rosa Márquez Cabrera.

Les ruego orden en la sala y se abstengan de emitir comentarios para poder escuchar a los oradores y terminar nuestra agenda.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Muchas gracias, señor Presidente:

Yo entiendo que hay prisa, que algunos diputados entienden esto como un mero trámite; yo entiendo que esta tribuna es para expresar los problemas que aquejan a los mexicanos y en particular a los poblanos.

Yo creo que en la intervención del compañero diputado que me antecedió, refleja fielmente la idea que se tiene del Gobierno, porque pertenece precisamente también a esta idea del presidente municipal que ve como una administración de sus múltiples negocios la dirección de un municipio como es el municipio de Puebla.

No es una empresa, le hemos dicho; el estar en la cabeza dirigiendo un cabildo no es administrar una empresa, no es defendiendo o preocupado por los vidrios del ayuntamiento, sino creemos que hay que estar preocupados por los poblanos, por los intereses legítimos de los poblanos principalmente y no es con la utilización de la fuerza pública...

La diputada Matilde del Mar Hidalgo y García Barna (desde su curul):

Señor Presidente, ¿me permitiría la oradora una interpelación, por favor?

El Presidente:

Perdón, diputada, si es tan amable, le quieren hacer una interpelación, ¿acepta usted.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Sí, cómo no, terminando.

El Presidente:

Terminando.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

No es con la utilización de la fuerza pública, sobre todo, yo diría, del comando canino, del comando canino que ha sido utilizado incluso en contra de niños en la escuela, en la escuela que está en "El Paseo Bravo", en donde precisamente por esta brutalidad se ha atentado contra la salud, contra de los ciudadanos en particular de la "28 de Octubre".

Yo creo que aquí lo que estamos defendiendo es como decía el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que se restituya el estado de derecho, eso es lo que estamos exigiendo y estamos denunciando. Otra cosa son las pruebas. Ya manifestamos, se ha acusado de muchas cosas, de muchas cosas a dirigentes populares, aquí lo que es importante es que se respete las garantías constitucionales que tenemos todos los mexicanos, en particular los poblanos.

Acepto su pregunta.

El Presidente:

Adelante, diputada.

La diputada Matilde del Mar Hidalgo y García Barna (desde su curul):

He puesto mucha atención a lo que usted ha dicho, no estoy de acuerdo con todo, pero sí me interesaría mucho saber, porque yo tengo entendido que un principio en derecho es aquel en el que mis derechos terminan cuando afectan a los demás, eso quiere decir, mientras no afecten a los suyos.

¿No cree usted que más de 10 años de esta situación en la cual los hijos no están en la calle exactamente como unos angelitos, sin estudiar, sino porque no pudieron llegar a sus escuelas, precisamente porque las manifestaciones de la "28 de Octubre" les hacen perder horas de estudio, y de estudio en escuelas de Gobierno, lo cual no es una empresa, señorita, por lo menos así lo tengo entendido; que está afectando también los derechos de las personas que circulamos y que tenemos problemas, inclusive para llegar a un doctor.

¿No es eso afectar los derechos de los demás?, porque si nosotros afectamos sus derechos de manifestación, yo creo que ustedes llevan 10 años afectando mucho y constantemente, a fuerza de golpes y de fuego, en algunas ocasiones, la vida de una población tranquila, serena, hermosa, como se dijo, patrimonio de la humanidad, que está cansada de los redentores. Muchas gracias.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

No hubo ninguna pregunta, pero quiero dar una respuesta.

Este debate de las manifestaciones. de que se está atentando contra derechos de terceros, yo creo que es una discusión que está en todo el país, el porqué no se reprime como muchos quisieran todas las manifestaciones. Esa sería una sola solución, para algunas personas en este país.

Yo diría mejor ¿por qué no se resuelven los problemas a fondo que ocasionan tantos miles y miles de manifestaciones que hay en todo el país, protestando por las injusticias que comete este Gobierno? Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

La diputada estaba contestando una interpelación, por eso no se le estaba corriendo el tiempo.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Islas.

El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Compañeras y compañeros diputados:

Cuando se señala en la tribuna más alta del país que en un estado existen problemas que están violentando los derechos, pudiera pensarse que en la entidad poblana estamos viviendo con el garrote y el fusil.

Y queremos decirles que si hablamos de derechos, valdría la pena preguntarles a tantas organizaciones de comerciantes que durante muchos años estuvieron sufriendo las acciones beligerantes de una organización que, apoyada en ciertos y determinados funcionarios, permitió que durante muchos años se dejaran los derechos de los auténticos comerciantes que habían adquirido sus predios, pagando sus derechos y sus recursos.

No tan sólo como aquí se ha venido a decir, se han sentado a la discusión, han sido un sinnúmero de reuniones en donde incluso se hicieron unos cabildos abiertos para que la ciudadanía pudiera expresar su sentir, en torno a las acciones de la agrupación de la "28 de Octubre". Y ahí están, todavía el pueblo está pagando los mercados vacíos, que no han querido ocupar esas agrupaciones y que se han puesto a la disposición de ellos mismos.

Todavía ahí están las acciones y las reuniones que la semana pasada nuestra compañera diputada tuvo con el secretario de gobierno, y en donde incluso en algunos casos hemos intervenido para tratar de resolver parte de estos problemas, pero no podemos aceptar que una organización se apropie de ciertos y determinados mercados y quiera ella imponer su ley y su justicia.

Valdría la pena preguntarle, compañera, a aquellos compañeros que están todavía con lesiones y en donde hay algunas denuncias contra la "28 de Octubre" que no se han podido realizar, y esto quiero concretizarlo de la siguiente manera: todos los acuerdos que se han tomado han sido acuerdos de cabildo, un cabildo plural en donde incluso compañeros del PRD están participando, y aquí se señala el deseo de crear una comisión de intermediación. Ha habido reuniones y reuniones y no se puede crear comisión tras comisión cuando se afecta el derecho de los demás.

Estamos en la mejor disposición de resolver los problemas, pero hay problemas más graves en Puebla, hay dificultades más graves en Puebla y valdría la pena que pudieran ustedes platicar no con los de ese mercado que fueron, sino con todos los 180 y tantos mercados que hay y les pudieran dar su opinión sobre la "28 de Octubre". Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente:

Para presentar una denuncia tiene la palabra el diputado Mario Rosales Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Mario Alejandro Rosales Anaya:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Seré muy breve en esta denuncia y muy conciso, porque veo que sí tienen prisa.

En Jalisco, el nuevo gobierno panista está emprendiendo acciones graves que ponen en peligro el derecho que la sociedad tiene de estar debidamente informada. ¿O acaso son los primeros pasos de una estrategia que pretende eliminar la información que difunde los errores de un gobierno que parece que todavía no puede agarrar el rumbo.

Al desvirtuar la información de los gastos de publicidad y difusión de los anteriores gobiernos en esos medios, los gobernantes panistas tratan de tejer una falsa historia de corrupción, alianzas inconfesables y relaciones perversas que sólo caben ya en las mentes de la intolerancia a la crítica.

Mañosamente olvida que los gobiernos tienen la obligación de informar a la sociedad de sus actos y que para ello las instituciones gubernamentales se valen de los medios de comunicación.

No se vale que para acallar las críticas del gobierno panista de Jalisco, intente manchar y desprestigiar a la prensa escrita y a los profesionales de la comunicación que me merecen todo el respeto, y para corroborar mi anterior afirmación, bastaría con ojear las páginas de la prensa jalisciense en los últimos días, donde los propios medios justifican que los espacios que vendieron al gobierno anterior están plenamente comprobados con las facturas correspondientes.

Esta práctica, señores del PAN, se da en todos los gobiernos democráticos del mundo. Estamos por lo tanto ante un evidente acto de intolerancia que sólo tiene como objetivo deslegitimar las justas críticas que se vierten y seguirán vertiendo ante el gobierno que el PAN practica en Jalisco.

Se trata pues de establecer una tramposa lógica que se basa en la idea de: critican porque no les pago. ¡Cuánta razón tenían, señores, aquellos sectores y analistas que en Jalisco advertían que los grupos de extrema derecha infiltrados en el PAN practicarían un gobierno de intolerancia si llegaban al poder! Habrá que estar atentos para evitar que en Jalisco el neopanismo como gobierno avance en su pretensión de eliminar aquellos medios de comunicación que le son incómodos.

Tendremos que ser vigilantes para que en Jalisco no triunfe la intolerancia ni se ponga en riesgo el derechode la sociedad a informarse.

Nadie rechaza la necesidad que existe de que la relación prensa-poder se modernice. No podemos oponernos a la idea de que esa relación debe ser de mayor transparencia e independencia, pero hay que tener cuidado para que utilizando como argumento esta necesidad de modernización, no se intente la eliminación de la crítica, como ahora pretenden en Jalisco.

En este sentido, compañeras y compañeros diputados, hacemos un llamado al gobierno panista de nuestro estado, a detener esa injusta e infundada campaña de desprestigio que ha emprendido contra la prensa jalisciense, y aceptar las críticas que el gobierno genera.

Al mismo tiempo ponemos una señal de alerta a esta soberanía, que esté atenta a las pretensiones del PAN hecho gobierno, de eliminar cualquier crítica a sus actos. Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Teresa Gómez Mont.

La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hace sólo unos días explotó otra bomba en la ciudad de Guadalajara, sólo que ésta no victimaba a inocentes, sino que desenmascaraba a quienes voluntariamente o no habían contribuido a la ejecución de prácticas viciadas, cuya larga aplicación ya se había hecho sentir a receptores y donantes, que la aceptación de donativos en calidad de subsidios, a cambio de información satisfactoria para el pasado municipio de Guadalajara, era algo justo, algo natural y a lo que se tenía derecho.

La semana pasada el tesorero del nuevo municipio de la capital del Estado de Jalisco dio a conocer una lista que involucraba a medios de comunicación electrónicos y escritos que habían recibido en calidad de constante, y la mayoría de las veces por adelantado, dinero a cambio de rescatar la imagen de un municipio cuyo desprestigio había tocado fondo.

Oportuno es reconocer que esa estrategia fue insuficiente y poco efectiva, ya que conocido es, y no entraremos al detalle, que los habitantes de Guadalajara no aceptaron refrendar al PRI el derecho a seguir gobernando en esos mismos términos, a la "Perla Tapatía".

Hoy, que esta Cámara de Diputados se ha convertido en convocante a la consulta que pretende poner los factores para intentar legislar sobre los medios de comunicación social, ver que este gobierno municipal se atreve a convertir esas prácticas viciadas que tanto han desvirtuado la función social de los medios, nos permite afirmar que enfrentamos un nuevo reto, que hay autoridades que pretenden buscar nuevas actitudes que respaldan los reclamos de la sociedad y de la verdad, y que la práctica y el derecho a la información y la libertad de expresión no son sólo una máquina, sino una decisión reivindicativa de gobierno.

En Guadalajara el derecho a la información y la libertad de expresión ya son una acción promovida por un gobierno surgido de la base de la ciudadanía y como un proceso democrático.

Como era de esperarse, los medios involucrados, al sentirse cuestionados han respondido, y aquí es importante advertir, se encuentran ante un nuevo reto: cooperar a la construcción de los nuevos tiempos y de los reclamos de una sociedad como la tapatía, que con gran convicción se manifestó por un cambio o sucumbir ante el desprestigio y la censura.

El tiempo, la verdad y la sociedad tapatía reconocerán la acción del tesorero municipal de Guadalajara.

Nosotros, por lo pronto, recibimos con beneplácito esta acción, que alimenta el reclamo social que exige nuevas normas y nuevos comportamientos en los medios de comunicación social. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

También para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Manuel Pérez Corona, del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados.

Es lamentable que se venga a esta tribuna de manera frívola y que no se acepte cuando un gobierno está tratando de hacer las cosas bien y cuando alguien, un servidor público que debe utilizar los dineros del pueblo para regresárselos en bienes y servicios, lo utilice para ocupar espacios en los medios de comunicación, tanto electrónicos, como escritos, para crearse una imagen que no logró con su actuación.

En Jalisco hay medios escritos y electrónicos y serios, para ellos mi admiración y respeto.

Es común que aquel funcionario que ya tuvo un puesto, cuando está luchando por obtener otro, hable de las bondades de lo que hizo y que diga "cuando yo fui presidente hice...", pero el pueblo ve que eso está muy alejado. La realidad es muy distinta.

Ya es tiempo, ya es tiempo de que el buen funcionario, sí, el que el pueblo dice y no el que tiene dinero para pagar un espacio en la televisión o en un periódico.

Le quiero decir al diputado del Partido Revolucionario Institucional que me antecedió, que en Jalisco actualmente la intolerancia, la intolerancia es oposición. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias.

También para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado González Magallón, del PT.

El diputado César Humberto González Magallón:

Compañeras y compañeros diputados:

Efectivamente no se va a negar aquí, un indiscutible triunfo del Partido Acción Nacional en Jalisco. Está fuera de duda. Seguramente errores políticos que históricamente se van a juzgar, van a determinar si el impulso al, bipartidismo burgués beneficia a los trabajadores o los va a sepultar más.

Simplemente quiero venir a esta tribuna a defender el profesionalismo, la honradez, de un conjunto de compañeros trabajadores de los medios de comunicación, que seguramente fueron agredidos al no establecer con exactitud de donde pudiese haber venido una acción incorrecta a la hora de manejarse en la relación con las autoridades municipales de Guadalajara.

Pero yo quisiera preguntarle a los compañeros de Acción Nacional y de manera fraternal: ¿tienen ustedes contabilizado el dinero que otorgó el clero-político a la campaña, para que se estableciera un nuevo gobierno en Jalisco? Esa es una interrogante. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Para rectificar hechos; tiene la palabra el diputado Rodolfo González Macías, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Rodolfo González Macías:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Creo que es importante venir a esta tribuna para hacer algunas reflexiones en torno al tema que nos ocupa; escuchamos con mucho cuidado los comentarios que nuestro compañero de partido, el diputado Mario Rosales Anaya, presentó ante esta soberanía.

Yo quiero dirigirme a ustedes en el más respetuoso, sobre todo a los compañeros de Acción Nacional de los términos. El gobierno del Estado de Jalisco, gobierno panista, lleva al día de hoy 59 días en el ejercicio del poder; quiero aclararles que yo en lo particular respeto al señor gobernador Cárdenas Jiménez, con el cual tuve el gusto de compartir presidencias municipales en diferentes municipios. Creo que es un hombre bien intencionado, dedicado al servicio, con una intención fuera de toda duda y de todo cuestionamiento.

Desgraciadamente los hechos y los eventos que se han dado en nuestro estado, preocupan no tan sólo al Partido Revolucionario Institucional, preocupan en términos generales a la ciudadanía, independientemente del sentido del voto que se haya dado. Es indiscutible e incuestionable que el Partido Acción Nacional triunfó claramente en el proceso del 12 de febrero próximo pasado. Pero, ¿qué está pasando en nuestro Estado.

A 59 días se han dado una serie de eventos, repito, preocupantes. Se dieron incrementos en las tarifas de los autobuses, que por una serie de confusiones de carácter jurídico entraron en funciones fuera de lo que señala la ley. Se recurrió a una serie de aclaraciones en el Congreso del Estado. El asesor político del señor gobernador dijo que eran "novatadas". Creo que los medios independientes, de carácter totalmente neutral, lo señalaron.

Creo que también es importante señalar que hace apenas unos días, los taxistas, problema grave en el Estado de Jalisco, hicieron un plantón en Casa Jalisco y terminó esta situación con una actividad violenta apedreando Casa Jalisco.

Hace apenas 72 horas se dio un motín en el reclusorio de nuestro estado, resultando dos muertos y una gran cantidad de heridos. Esto indiscutiblemente que preocupa, repito, a la sociedad jalisciense.

Pero lo más grave y entendemos que cuando un gobierno entra al poder, inmediatamente se le hacen pruebas, sobre la forma de su comportamiento. Lo que más preocupa ha sido algunas actuaciones al respeto de los poderes en nuestro estado. Es gran preocupación, compañeros, algunas declaraciones del Ejecutivo estatal, en el sentido de violentar al Poder Judicial y al Poder Legislativo.

Creemos una fundamental responsabilidad, independientemente de la militancia partidista que tenemos, hacer llegar desde esta tribuna, un llamado al gobierno de nuestro estado. Nosotros, los jaliscienses, independientemente, repito, del carácter político de nuestros partidos, creemos que debemos de trabajar en conjunto, buscando la unidad y el desarrollo de nuestro estado.

A nadie escapa que Jalisco ha estado atravesando una serie de conflictos y de crisis muy ajenos a nuestro propio estado: las explosiones que tanto se han manejado aquí, del 22 de abril; el asesinato del cardenal Posadas, son eventos que indiscutiblemente son ajenos a la sociedad jalisciense, pero indiscutiblemente que afectan y trastocan la vida diaria de nuestros conciudadanos.

Yo quisiera, en el afán de buscar el mejor camino para el desarrollo de nuestro estado, hacerle llegar, por conducto de la diputación de Acción Nacional, un mensaje a nuestro amigo el señor gobernador del Estado de Jalisco: respetemos los poderes, no busquemos atacar a los magistrados del Poder Judicial; no busquemos invalidar las decisiones del Poder Legislativo en cuanto a las acciones de su contaduría mayor; busquemos hacia el futuro un mejor camino para sacar a Jalisco adelante y que reencuentre el camino que históricamente le corresponde. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

DESNUTRICION EN MEXICO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Alfonso Solórzano Fraga, a nombre de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, para presentar una proposición con punto de acuerdo, sobre un programa de emergencia para el combate a la desnutrición en México.

El diputado José Alfonso Pascual Sólorzano Fraga:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Vengo a esta tribuna a nombre de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, para poner a la consideración de ustedes una propuesta de punto de acuerdo del programa de emergencia para el combate a la desnutrición en México.

El 25 de enero pasado, diputados de los diferentes grupos parlamentarios presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo para que se gestionara ante el Ejecutivo Federal, la formulación de un programa de emergencia para el combate de la desnutrición en México.

La proposición mencionada fue turnada a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, para su estudio correspondiente. Con ello, los integrantes de esta comisión realizamos reuniones técnicas con servidores públicos del sector social y con especialistas en la materia, para discutir sobre el contenido, objetivos y fundamento del programa mencionado.

De manera especial, se realizaron reuniones de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Por lo anterior y considerando que la desnutrición en México es un problema grave que afecta el desarrollo de nuestro país, por lo que es un imperativo enfrentarlo con prontitud y eficacia, a través del diseño y ejecución de un programa integral incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo que combata la desnutrición en México por sus causas y no por sus efectos.

Que se requiere de la formulación de un Programa de asistencia alimentaria y nutricional, dirigido especialmente a la población menor de cinco años y madres en periodo de gestación o lactancia, para evitar el impacto negativo que una alimentación deficiente causa los primeros años de vida.

Que se requiere en los programas de asistencia alimentaria, que sus resultados se midan no por el volumen distribuido de canastas básicas y raciones alimenticias, sino por las que efectivamente recibe la población que más lo necesita. Ello exige una cuantificación de la calidad de sus resultados, que dada la urgencia del problema, resulta positivo el programa de alimentación y nutrición familiar anunciado y puesto en marcha el 16 de febrero pasado por el Ejecutivo Federal, instalando para su ejecución una comisión interinstitucional en la que participen diversas dependencias e instituciones públicas, en la que intervendrá en un futuro inmediato la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, de esta Cámara de Diputados.

Que por la naturaleza del programa es conveniente colaborar en su evaluación permanente y periódica, a través de un órgano independien-te que puede ser esta comisión, haciendo una evaluación por muestreos en las zonas donde se apliquen estos programas; que dicho programa, esperamos, sea el primer paso para formular un plan que coordine al conjunto de programas de asistencia alimentaria y nutricional que actualmente se realizan, con el fin de evitar duplicidad de funciones, exceso en gasto administrativo y que aproveche estructuras ya establecidas en municipios, promoviendo también un auténtico federalismo en este renglón.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita comisión propone a la digna consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente punto de acuerdo del programa de emergencia para el combate de la desnutrición en México.

La Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades acuerda:

Instruir a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, para que en forma prioritaria e inmediata, se constituya en el vínculo interinstitucional y permanente con las dependencias e instituciones públicas involucradas en la materia, con objeto de que intercambien opiniones, experiencias e información en torno de la formulación, ejecución, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, referente a los programas de asistencia alimentaria y nutricional, a fin de que las acciones de los programas lleguen a quien más lo necesita.

Para el cumplimiento de este punto de acuerdo, se designa una subcomisión paritaria en la que participen representantes de los cuatro grupos parlamentarios que forman parte de la comisión. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado.

Antes de dar trámite, ha solicitado la palabra para rectificar hechos, la diputada Leticia Burgos, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Leticia Burgos Ochoa:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Quiero expresar ante ustedes mi beneplácito por este punto de acuerdo, para el combate a la desnutrición en México.

Como diputada e integrante secretaria de la comisión legislativa, quiero destacar la importancia y la trascendencia de ese tipo de resoluciones legislativas, que son en beneficio de la mayoría de los mexicanos, que viven en franca marginación y discriminación social.

Es de suma importancia para el Poder Legislativo, que tomemos en nuestras manos y planteemos alternativas a los graves problemas nacionales, como es la desnutrición y la alimentación, sobre todo cuando enfrentamos una situación económica muy crítica para la mayoría de los mexicanos, cuando con las políticas de ajuste económico ven diariamente afectada su economía familiar.

México es considerado por la UNICEF, por la ONU, como un país que no cuenta con una estrategia adecuada para alcanzar las metas internacionales de disminuir al 20% la desnutrición, para 1995.

Sin embargo, esperamos que se empeñen todos los esfuerzos para que este Poder Legislativo esté a la altura de las exigencias de los cambios que la nación reclama.

Este tema es tal vez de igual importancia que los temas que hemos abordado en este segundo periodo de sesiones que hoy concluimos. Como legisladora estoy segura, al igual que mis compañeros legisladores de esta comisión, que con estas iniciativas estamos respondiendo a la confianza que nos depositaron los electores el 21 de agosto pasado y al conjunto de las familias mexicanas.

Con este punto de acuerdo, los integrantes legisladores de la comisión, reafirmamos nuestra convicción de que de este poder soberano, puede y habrán de exponerse las alternativas y propuestas a los grandes problemas nacionales, como es la desnutrición y la alimentación en México.

Este periodo fue evidente que fue un periodo de mucho encono. Sin embargo creemos que a través de los trabajos de comisiones se habrá de plantear y generar una nueva conducta, una nueva relación, una nueva cultura interparlamentaria; esta comisión es un ejemplo de ello.

En el siguiente periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias, esperamos que el trabajo de comisiones se vea reflejado en el pleno, en esta alta soberanía nacional; en una agenda, una agenda que en lo fundamental sean los temas de las propias comisiones legislativas, la que la conforme. La agenda para la reforma del Estado mexicano tendrá que ser abordada con mucha seriedad y responsabilidad.

Desde el mes de diciembre, el primer periodo pasado, lo aprobamos. Sin embargo, en este segundo periodo, no fue abordado.

Destaquémoslo en primer orden de hoy en adelante.

Por último, compañeras y compañeros diputados, felicitémonos por este punto de acuerdo a favor de la niñez; de nuestras niñas, de nuestros niños, que viven y enfrentan los mayores estragos de la injusticia y la desigualdad económica, social y cultural.

En este día, en que con mucho fervor en nuestro país, en algunos hogares, pero también con mucha tristeza y dolor en otros, se conmemora el día de la niñez en México, seguros de que este punto de acuerdo será en beneficio de ellos. Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Para dar trámite, consulte la Secretaría a la Asamblea si acepta el punto de acuerdo propuesto, en votación económica.

El secretario Manuel de Jesús Espino Barrientos:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.

EFEMERIDES

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jaime Rodríguez López, del grupo parlamentario del PRI, para hacer comentarios sobre la conmemoración del natalicio de Jesús Romero Flores.

El diputado Jaime Rodríguez López:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Esto que vengo a comentar el día de hoy era para ayer y no quise dejar pasar el día de hoy porque creo que es de gran importancia recordar a uno de los grandes constituyentes de México.

Acudo a esta tribuna de la patria para proponer a todos ustedes, en medio de esta intensa actividad legislativa de los últimos días, que hagamos un momento de reflexión para recordar a un gran mexicano que a lo largo de su fructífera existencia, con su quehacer diario supo ser un ejemplo y ganarse un lugar en la historia de México.

Hace 110 años, ayer, en la provinciana ciudad de La Piedad, Michoacán, vio la luz primera Jesús Romero Flores, profesor emérito que al correr el tiempo se convirtiera en el último sobreviviente de los 218 diputados que en fecha histórica muestra un febrero de 1917, en Querétaro surgiera nuestra Constitución Política que actualmente nos rige.

Egresado como profesor del colegio primitivo y nacional de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, cuna de grandes próceres mexicanos, abrevó la filosofía del pensamiento de Hidalgo y de Morelos, misma que se reflejara a lo largo del desempeño de su trabajo en escuelas primarias de La Piedad, Tangansícuaro, Valle de Santiago, en Celaya y en la ciudad de México.

Fiel intérprete de la filosofía de la escuela rural mexicana, fue y sigue siendo ejemplo de vocación magisterial para las nuevas generaciones de maestros mexicanos.

Al triunfo de la Revolución constitucionalista fue designado director general de educación en el Estado de Michoacán durante el gobierno del general Gertrudis G. Sánchez, desde donde impulsó la educación popular convirtiéndose en precursor del normalismo al fundar la Escuela Normal para Maestros.

Posteriormente fue jefe del Departamento de Historia en el Museo Nacional y rector de la Universidad Michoacana, en 1949.

A lo largo de su ejemplar vida magisterial fue profesor en infinidad de escuelas primarias y secundarias. Su permanente preocupación porque la educación llegara a todos los mexicanos lo impulsaron a fundar escuelas para aquellos que no pudieron asistir en condiciones normales. Así, fundó la escuela nocturna "Plan de Ayutla" en esta ciudad capital.

Su prestigio y su actividad social pronto trascendieron los ámbitos nacionales y es invitado por los gobiernos de la Unión Soviética Socialista y de la República Socialista de Rumania.

Perteneció a 14 sociedades científicas y llegó a ser el socio más antiguo de la sociedad mexicana de geografía y estadística.

En su intenso trabajo cultural, nos legó 57 libros sobre historia y literatura y colaboró en diversos periódicos y revistas.

Fue diputado al honorable Congreso Constituyente de Querétaro de 1916 a 1917. Diputado al Congreso de Michoacán de 1922 a 1924; diputado al Congreso de la Unión y senador por Michoacán de 1964 a 1970.

Como un reconocimiento a su incansable labor recibió las más altas distinciones: en 1961, "Medalla al Mérito Maestro Altamirano"; en 1968, doctor Honoris Causa, grado académico conferido por la universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 1965 la condecoración "Generalísimo Morelos", otorgada por el honorable ayuntamiento de Michoacán. En 1966, la "condecoración como veterano de la Revolución", otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

En 1970 fue fundador de la biblioteca de esta Cámara de Diputados. En 1976 recibió la "Medalla de honor Belisario Domínguez" otorgada por el Senado de la República.

Hasta los últimos momentos de su vida, que culminara el 1o. de noviembre de 1987, el profesor Jesús Romero Flores, fue ejemplo de trabajo, de perseverancia y honorabilidad.

Compañeros diputados: como representante popular del distrito de La Piedad, Michoacán, me siento honrado en estos difíciles tiempos de la vida de México, al poder remembrar en este recinto legislativo la obra y el pensamiento de tan ejemplar legislador y legislador michoacano, ligado indisolublemente a la vida de nuestra Carta Magna. Muchas gracias.

INFANCIA EN MEXICO

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Leticia Burgos Ochoa, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la protección a la infancia.

La diputada Leticia Burgos Ochoa:

Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados.

En atención a la visita que nos hiciera un grupo de niñas y niños el pasado 28 de abril, promovimos entre las fracciones parlamentarias el siguiente punto de acuerdo.

El marco normativo que rige la acción social y gubernamental para el desarrollo integral de la niñez, requiere de una evaluación que permita determinar su eficacia y los aspectos que requiere de una reforma o adición.

El Congreso mexicano cuenta con las atribuciones legislativas necesarias para impulsar los cambios que fueren necesarios para hacer efectivos los derechos de los niños y de las niñas, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la recreación, a la alimentación y la cultura.

En consecuencia de lo expuesto y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente proposición de

«PUNTO DE ACUERDO

Unico. Con el fin de impulsar proyectos legislativos que garanticen y hagan factible el acceso de la niñez a la alimentación, salud, seguridad social, recreación y justicia y amplíe las garantías sociales de los menores, las comisiones unidas de Desarrollo Social, de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas, procederán a realizar una revisión del régimen jurídico vigente en materia de desarrollo y protección a la infancia y promoverán las investigaciones y consultas que fueren indispensables.

Los proyectos legislativos que se elaboren, se someterán a la consideración de los grupos parlamentarios para su elemental suscripción y trámite legislativo.

Firman los siguientes diputados: Ricardo Francisco García Cervantes, del PAN; Rodolfo Elizondo, del PAN; Leticia Calzada, del PRD; Ofelia Casillas, del PRI; Maricela Cerón, del PRI; Carlos Núñez, del PRD; Serafín Núñez, del PT; Oscar González Yáñez, del PT; Víctor Quintana, del PRD; y su servidora. Muchas gracias.»

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría a efecto de que consulte a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo

El secretario Manuel de Jesús Espino Barrientos:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

DERECHOS DEL INFANTE

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Victoria Eugenia Méndez Márquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición para crear una subcomisión de estudio de los derechos del menor.

La diputada Victoria Eugenia Méndez Márquez:

Con el permiso del señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Las diputadas de la fracción priísta integrantes de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, 46, 47 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y en el artículo 70 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos a todos ustedes, una propuesta a efecto de constituir una subcomisión transitoria que tendría como objetivo la atención, supervisión y vigilancia de los asuntos relacionados con el menor y sus derechos.

«EXPOSICION DE MOTIVOS

1o. En el ejercicio de sus actividades de gestoría y recepción de quejas de la ciudadanía, la comisión atiende un gran número de casos, asuntos relacionados con los menores y la problemática que confrontan.

Esta, que comprende desde la falta de oportunidades de educación y vida digna, mal trato social y familiar, hasta el incumplimiento y en algunas ocasiones, en muchas también, violaciones a sus derechos humanos.

En razón de lo anterior, con la finalidad de atender con mayor efectividad las quejas y gestiones referentes al menor, se requiere la intervención de diversas dependencias e instituciones tanto oficiales como privadas, lo que hace necesario en cuanto a las atribuciones de esta Cámara de Diputados, la creación de un grupo interdisciplinario que involucre a las diversas comisiones que tienen competencia en el tratamiento y solución de los asuntos relativos a los menores de edad.

2o. Los reportes anuales de la Organización de las Naciones Unidas para la infancia, la UNICEF, son sumamente reveladores de las condiciones deplorables en que subsisten los niños, principalmente en los países en desarrollo, con altos índices de mortandad por enfermedades fácilmente previsibles. Igualmente, sufren desnutrición entre moderada y grave, millones de niños de los cuales dos tercios son niñas; carecen de acceso a la educación primaria, reflejando las estadísticas que aproximadamente 200 millones trabajan para asegurar su propia supervivencia y la de sus familias, a menudo en condiciones de peligro y explotación.

3o. El cumplimiento de los derechos del menor, no recibe la atención requerida por el Estado y por muchas de las organizaciones sociales, incluso aquellas relacionadas con los derechos humanos, resultando que es y ha sido la población infantil a quien le ha tocado pagar el más alto costo de la crisis y del ajuste económico estructural.

En nuestro país, la ley fundamentalmente ha dado rango constitucional a los derechos de la madre y del niño, encontrando normas proteccionistas sobre la madre trabajadora, la formación educativa del menor y su actividad laboral.

México, cuya población está integrada en su mayoría por jóvenes, cuenta en su legislación con numerosas disposiciones jurídicas que se ocupan del adecuado tratamiento de los menores, bajo condiciones especiales, acorde a su minoría de edad, cuyo contenido son normas de gran trascendencia, ligadas con la problemática de los menores. Sin embargo, el cumplimiento de la ley se dificulta y en ocasiones resulta imposible su aplicación.

4o. El problema de la infancia, sin embargo, no se reduce a un aspecto normativo; la discrepancia y la distancia entre la normatividad jurídica y la realidad, son todavía un profundo abismo. A los problemas de condiciones precarias de vida que padece cotidianamente una gran cantidad de niños y jóvenes en este país, se añade la violencia intrafamiliar y la de quienes son responsables de garantizar la seguridad pública, dificultando todo ello la procuración expedita y eficaz de la justicia, por múltiples razones, tanto de carácter técnico-jurídicas, como de estructura burocrática del Estado y de carácter social y humano.

Por lo antes expuesto y fundado, proponemos a esta Asamblea:

Primero. Crear una subcomisión transitoria para el despacho de todos los asuntos relacionados con la atención al menor, integrada por representantes de todos los partidos, de acuerdo con lo establecido por los artículos 42, 46, 47 de la Ley Orgánica del Congreso General, y 70 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

La subcomisión referida, se integraría por miembros de las comisiones de Derechos Humanos, Participación Ciudadana, Desarrollo Social y de esta propia Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la cámara, de la que dependerían para efectos reglamentarios.

A la subcomisión correspondería impulsar y realizar, además de las cuestiones relativas a su denominación, estudios y audiencias públicas, y revisar la legislación actual relacionada con la protección y bienestar de los menores.

Segundo. La subcomisión tendrá, dentro de las principales actividades a desarrollar, las siguientes:

1o. Celebrar en el marco de sus facultades, en coordinación con las dependencias de los niveles de Gobierno Federal, estatal y municipal y con organizaciones no gubernamentales, una consulta nacional para analizar y proponer los mecanismos y acciones que permitan la atención adecuada de la problemática del menor y el cumplimiento de sus derechos.

Con la participación de todas las instancias involucradas, dicha consulta deberá de ser plural, pública y abierta.

2o. Elaborar un diagnóstico general de la situación que ante las disposiciones jurídicas vigentes tienen los menores mexicanos, en materia de salud, educación, empleo, justicia, deporte, turismo, expresiones culturales, entre otras, que surjan de los trabajos presentados en la consulta nacional y en su caso la propuesta legislativa correspondiente.

3o. Realizar los estudios e investigaciones necesarios, así como su propuesta ante la autoridad correspondiente, que permitan establecer o en su caso modificar los procedimientos y trámites, a efecto de atender en forma ágil y oportuna los asuntos relativos al menor y la observancia del pleno ejercicio de sus derechos.

4o. Las demás que por su propia naturaleza deba realizar, producto de la consulta ciudadana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de abril de 1995.- Suscriben el presente documento los diputados: Ofelia Casillas Ontiveros, Josefina Silvia Balleza, Leticia Camero Gómez, Irene Maricela Cerón Nequiz, Anastacia Guadalupe Flores Valdez, Victoria Eugenia Méndez Márquez, Sofía Valencia Abundis, Guadalupe Morales Ledesma, Rosario Guerra, Ana María Licona, Yolanda González, Regina Reyes Retana, Yrene Ramos, Dulce María Sauri, Irma Eugenia Cedillo y Amador, José Castelazo, Jorge Meade y Sergio Ramírez.

Quiero hacer un público reconocimiento a la solidaridad de los compañeros diputados de las diferentes fracciones parlamentarias que signaron este documento con emoción y con solidaridad.

Del Partido Acción Nacional: el diputado Ricardo Francisco García Cervantes, la diputada María del Carmen Segura, diputada Martha Patricia Mendoza, diputada María Teresa Gómez Mont, por el Partido de la Revolución Democrática: el diputado Ramón Sosamontes, diputada Rosario Robles, diputada Leticia Burgos, diputado Alfonso Solórzano Fraga, y, por el Partido del Trabajo, el diputado Oscar González Yáñez.»

Dejo esta propuesta para que sea turnada a la Comisión de Prácticas Parlamentarias.

Compañeras y compañeros diputados, deseo sinceramente que esta propuesta sea aprobada por todos, pues los niños infectados con el virus del SIDA, los niños indígenas perdidos en la serranía y los niños y jóvenes de la calle, esperan con ansia la respuesta de justicia de todos nosotros. Por su atención mil gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Antes de dar el turno correspondiente, solicitó el uso de la palabra para rectificar hechos, la diputada María del Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional.

La diputada María del Carmen Segura Rangel:

Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Qué mejor homenaje para los niños estando cercana la fecha en que se conmemora su día, que presentar un punto de acuerdo como éste.

México suscribió en 1990 la Convención de los Derechos del Niño. En ella se compromete a adecuar su legislación de manera que haya garantías de respeto a su dignidad, entendiendo que el menor recibe una serie de vejaciones en distintos rubros. El menor es explotado en el campo laboral, el menor es maltratado en el ámbito familiar, el menor también tiene que andar deambulando en las calles, sujeto a una serie de influencias como la prostitución, las drogas, el alcohol, y nos encontramos ante una sociedad cada vez más carente de valores, en donde es necesario que reflexionemos para decidir una política integral de atención y tratamiento a menores.

De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, el Estado debe asumir una actitud complementaria y son los padres de familia, los que tienen el derecho primordial de educarlos, de sacarlos adelante en la vida; sin embargo, este postulado, que también es compartido en los principios de doctrina del Partido Acción Nacional, vemos que en la práctica es muy difícil que se pueda realizar.

Cada vez son más menores los que tienen que salir, expulsados por la precaria situación económica familiar, a las calles y tienen que deambular para buscar el complemento al sustento familiar.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, se calcula que aproximadamente 12 millones de niños en el mundo tienen que trabajar, y que de esos 12 millones, 2 millones aproximadamente se encuentran en la República Mexicana, y si lo circunscribimos al Distrito Federal, la situación se torna dramática, porque se calcula que aproximadamente 1 millón de menores laboran. Si a ello le agregamos a los niños de la calle, que son menores que han perdido todo lazo con su familia y que están expuestos a una serie de influencias negativas, encontramos que es necesario hacer algo por todos estos menores.

Precisamente porque estamos conscientes de que se ha adoptado una política paternalista y asistencial, que no es la correcta, que tienen una serie de competencias propias, pero que de manera dispersa las ejercitan diversas instituciones, es que necesitamos adoptar una política integral.

Esa revisión solamente se podrá hacer en el momento en que se conforme una subcomisión como ésta, para poder integrar una legislación que permita que efectivamente nuestros menores sean garantes de una sociedad estable. Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputada.

Túrnese la proposición presentada por la diputada Victoria Eugenia Méndez Márquez, a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Presidencia de la diputada
Sofía Valencia Abundis

COMISIONES REGLAMENTARIAS

La Presidenta:

La mesa directiva, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa las siguientes comisiones reglamentarias:

Para participar que la Cámara de Diputados cerró su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los integrantes de la mesa directiva y los siguientes compañeros diputados: Netzahualcóyotl de la Vega García, Lidia Zarrazaga Molina, Rodolfo Elizondo Torres, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Jaime Jesús Arceo Castro, Ramón Sosamontes Herreramoro, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Daniel Ernesto Trelles, Fernando Salgado Delgado, Serafín Núñez Ramos y Oscar Cantón Zetina.

Para informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los siguientes diputados: Jesús Rodríguez y Rodríguez, Manuel Enrique Russek Valles, José Alejandro Zapata Perogordo, Sergio Inocencio Ramírez Vargas, Leticia Burgos Ochoa, Israel Reyes Ledezma Magaña, Francisco Patiño Cardona, Joaquín Humberto Vela González, Primo Rivera Torres y Aurelio Marín Huazo.

Para informar a la Cámara de Senadores, a los siguientes diputados: Luis Priego Ortiz, Abelardo Carrillo Zavala, María Elena Alvarez Bernal, Rafael Jacobo García, María Elena Yrizar Arias, Ezequiel Flores Rodríguez, Roldán Alvarez Ayala, Carlos Mario de la Fuente Lazo, Leticia Camero Gómez, Jaime Martínez Tapia y Gerardo Ordaz Moreno.

Para informar a la honorable Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a los siguientes diputados: María Carmen Zavala Medel, José Francisco Lozada Chávez, Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, Rosa María Cabrera Lotfe, Gladys Merlín Castro, Sabino González Alba, Oscar González Yáñez, Jorge Abel López Sánchez, Antonio Rivera Barrón, René Arce Islas y José Luis Martínez Alvarez.

AGRADECIMIENTOS

La Presidenta:

Compañeras diputadas y compañeros diputados:

He vivido intensamente el honor de presidir la Cámara de Diputados en esta segunda parte del segundo periodo del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura, al lado de distinguidos compañeros de todos los grupos parlamentarios, que supimos desde el primer instante, la responsabilidad que adquiríamos, desde que se expresó la voluntad de esta soberanía, para que integráramos la mesa directiva.

La trascendencia de los asuntos que formaron los órdenes diarios que tratamos y la conformación de la agenda política, dinamizaron esta cámara y permitieron la presencia en tribuna de muchos diputados, que expresaron sus reflexiones, inquietudes, propuestas e iniciativas, que enriquecieron el debate nacional, para traducirse en el diálogo futuro de los grandes temas que interesan a todos los mexicanos.

Por la variedad de las intervenciones en temas, estilos, tonos, modos y verbo de los diputados, cada uno manifestó su intención, su finalidad, y los objetivos que animan no sólo el hacer parlamentario de cada uno, sino la ideología partidista y la vocación parlamentaria de cada grupo en esta cámara.

He ahí la diversidad y la conclusión que es pluralidad y es unidad, que es diferencia y es consenso, sentido plural y efecto singular que traduce al pueblo. Que debe traducir al pueblo mexicano en su sentir total al actuar como diputados, como representantes populares.

Inscribimos con letras de oro el nombre de sor Juana Inés de la Cruz, unidad de conciencia en torno de la figura, del símbolo de mujer mexicana de todos los tiempos, de muchas palabras.

Revisamos la Constitución y entramos al 27, reglamentamos y surgió la diversidad.

Esta es la cámara, de leyes, todas las que reformamos y las que presentamos como iniciativas. De agendas políticas, de voces populares, chascarrillos y tribunos doctos en materias especiales, que hablan de la otra pluralidad, la del conocimiento, del saber, que también es único, universal.

En el fondo, caminamos. Debemos buscar las coincidencias por el futuro pleno y vigoroso de México, donde cada quien, desde su lugar, apoyamos para avanzar. En la forma iremos cambiando, para dinamizar y precisar trámites reglamentarios de nuestra normatividad interna.

Hacemos un público reconocimiento de la capacidad y voluntad política de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, para que el trabajo se realice en un ambiente de libertad, respeto y cordialidad. Por el apoyo que todos ustedes brindaron a esta mesa directiva, muchas gracias.

A todo el personal de la Cámara de Diputados, Oficialía Mayor, Proceso Legislativo, Apoyo Parlamentario, Crónica Parlamentaria y Secretaría Ejecutiva de la Gran Comisión, gracias por su apoyo.

A los representantes de los medios de comunicación que cubren esta cámara, gracias por ser compañeros inseparables del acontecer nacional y fedatarios de la historia legislativa de México.

Al diputado Florentino Castro López, Alejandro González Alcocer, Anselmo García Cruz, Ezequiel Flores Rodríguez, vicepresidentes; Antonio Hernández Fraguas, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Manuel Alberto Coronel Zenteno, secretarios; Horacio Pereznegrón Pereznegrón, Eusebio Moreno Muñoz, Fernando Flores Gómez González, César Humberto González Magallón, prosecretarios, gracias por su esfuerzo y su manifiesta responsabilidad para el cumplimiento de su deber.

Estimados compañeras y compañeros: para estos tiempos estamos hechos, de lucha por defender nuestros principios, de férreos defensores de la libertad de expresión de las ideas, de profunda definición de convicciones, de lealtades a nuestro origen y de inquebrantable amor a México. Por todo ello, cuidemos esta cámara, porque es patrimonio del pueblo y porque es por este tiempo nuestra responsabilidad, y cuidemos a nuestra patria porque es la única que tenemos y la que heredaremos a nuestros hijos. Muchas gracias.

DECLARATORIA DE CLAUSURA

La Presidenta:

Se ruega a todos los presentes ponerse de pie.

"Hoy, 29 de abril de 1995, la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio". Muchas gracias.

ACTA DE LA PRESENTE SESION

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación

El secretario José Antonio Hernández Fraguas:

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el acta de clausura se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se da por leída, señora Presidenta.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado
Alejandro González Alcocer

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del viernes veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de doscientos setenta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura, al orden del día y al acta de la sesión anterior, que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.

Una comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa que adiciona la fracción décima del artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Derechos Humanos.

Pasa a la tribuna el diputado Luis Sánchez Aguilar, quien motu proprio, presenta iniciativa que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prerrogativas y facultades del Presidente de la República.

Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En virtud de que el dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de ley reglamentaria del servicio ferroviario, ha sido impresa y distribuida entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Gerardo Roberto Flores González, del Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente después, el diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta el voto particular de su grupo parlamentario en contra.

A discusión en lo general, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo, en pro; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, en contra; Apolonio Méndez Meneses, del Partido Acción Nacional, en pro; Carlos Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y, para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados; Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional, quien contesta a una interpelación del diputado Navarrete Ruiz, a quien también se le concede el uso de la palabra; Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional y Francisco Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática.

Para expresar sus opiniones en pro del dictamen, hacen uso de la palabra los diputados Florencio Martín Hernández Balderas, del Partido Acción Nacional; Gerardo Ordaz Moreno y Tuffy Gaber Arjona, los dos del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y, desde su curul, el diputado Quintero Martínez, solicita que se verifique el quorum, por lo que la Secretaría da lectura al artículo cincuenta y ocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente, declara improcedente la solicitud del diputado Quintero Martínez.

En nueva votación, la Asamblea autoriza a que las votaciones en lo general y en lo particular, se realicen en un solo acto, terminada la discusión de los artículos primero, sexto, séptimo, nono, once, diecisiete, veintiuno, cuarenta y seis y cuarenta y siete, así como de los transitorios tercero, cuarto y quinto, que fueron reservados para discutirlos en lo particular.

Debaten sobre los artículos reservados, los diputados Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo, quien hace diversas proposiciones respecto de los artículos séptimo, once, diecisiete, cuarenta y seis y cuarenta y siete; Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional; José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace propuestas sobre todos los artículos impugnados; Miguel Angel García García, del Partido Revolucionario Institucional; José Alberto Castañeda Pérez, del Partido Acción Nacional, quien propone reformas a los artículos diecisiete y tercero transitorio y Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo particular y autoriza a que la votación nominal se recoja en lo general, en lo particular y por las propuestas hechas por los oradores en el debate, misma que arroja las siguientes cifras:

En lo general y por los artículos no impugnados, trescientos cuarenta y cuatro votos en pro y treinta y nueve en contra:

por las propuestas del Partido del Trabajo, seis votos en pro y trescientos setenta y siete en contra:

por las propuestas del Partido de la Revolución Democrática, treinta y tres votos en pro y trescientos cincuenta en contra:

por las propuestas del Partido Acción Nacional, ciento ocho votos en pro y doscientos setenta y cinco en contra.

Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Rodríguez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo firmado por representantes de los cuatro grupos parlamentarios de esta legislatura, con relación al dictamen que acaba de aprobarse.

Para comentar la reforma política del Distrito Federal, hacen uso de la palabra los diputados: Ramón Miguel Hernández Labastida, del Partido Acción Nacional; Graciela Rojas Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; René Arce Islas, del mismo partido; Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Arciniega Portilla y Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a los diputados: Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Roberto Rafael Campa Cifrián, del Partido Revolucionario Institucional; María del Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional; Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional; José Rafael Castelazo y de los Angeles, del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Alvarez Bernal, del Partido Acción Nacional.

Por instrucciones de la Presidencia se da lectura a un oficio de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, proponiendo diversos cambios a las comisiones legislativas. En votación económica se aprueba.

Para continuar con el orden del día, se realiza la elección de los miembros de la Comisión Permanente para el segundo receso del primer año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Después de diversos comentarios, se aprueba por trescientos un votos, la integrada por los diputados: José Natividad González Paras, Augusto Gómez Villanueva, Dionisio Eduardo Pérez Jácome, Humberto Meza Galván, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Héctor San Román Arreaga, Ricardo Pacheco Rodríguez, Jesús Esquinca Gurusquieta, Manuel Hinojosa Juárez, Marcelino Miranda Añorve, Joaquín Humberto Vela González, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco José Peniche y Bolio, Juan Antonio García Villa, Rafael Ayala López, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Francisco Antonio Tenorio Adame, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Francisco Curi Pérez Fernández, con sus respectivos sustitutos, por trescientos un votos.

A las veintiún horas con cinco minutos, el Presidente declara un

RECESO

A las diecisiete horas con tres minutos, del sábado veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco, se reanuda la sesión.

Hace uso de la palabra el diputado Rodolfo Elizondo Torres, del Partido Acción Nacional, quien presenta una proposición sobre la aplicación del impuesto al valor agregado en los estados con destinos turísticos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasa a la tribuna el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición respecto del sistema penitenciario mexicano. Se turna a las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Para expresar su opinión sobre el mismo tema, hace uso de la palabra la diputada María del Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional.

Para solicitar una excitativa a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, hace uso de la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional. Se turna a la misma comisión.

Para proponer la creación de la Sociedad de Amigos de la Biblioteca del Congreso de la Unión, hace uso de la palabra el diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace diversas propuestas respecto del museo legislativo "Los Sentimientos de la Nación".

Ambas proposiciones se aprueban en votación económica.

Para formular una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Presidente concede el uso de la palabra al diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional. Se turna a la comisión mencionada.

Para referirse a la movilización obrera, hacen uso de la palabra los diputados: Luis Sánchez Aguilar; María Virginia Betanzos Moreno, del Partido Revolucionario Institucional; María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una solicitud que se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes; Alicia Céspedes Arcos, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Horacio Pereznegrón Pereznegrón, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.

Para presentar una denuncia respecto a la Unión Popular Veintiocho de Octubre, hace uso de la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos e Información Gestoría y Quejas.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados: Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; Ricardo Menéndez y Haces, del Partido Revolucionario Institucional; María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, quien contesta a una interpelación de la diputada Hidalgo García; Víctor Hugo Islas Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Alejandro Rosales Anaya, quien presenta una denuncia en relación con hechos políticos en el Estado de Jalisco.

Para rectificar hechos, pasan a la tribuna los diputados; María Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional; Juan Manuel Pérez Corona, del Partido Acción Nacional; César Humberto González Magallón, del Partido del Trabajo y Rodolfo González Macías, del Partido Revolucionario Institucional.

Para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre un programa de urgencia para el combate a la desnutrición en México, hace uso de la palabra el diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, del Partido Revolucionario Institucional y para rectificar hechos, la diputada Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo.

Para conmemorar el natalicio del legislador Jesús Romero Flores, hace uso de la palabra el diputado Jaime Rodríguez López, del Partido Revolucionario Institucional.

Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo en relación con la protección a la infancia. Se aprueba en votación económica.

Pasa a la tribuna la diputada Victoria Eugenia Méndez Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una proposición respecto a la creación de una subcomisión de estudio de los derechos del menor.

Expresa su opinión al respecto, la diputada María del Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional y la proposición se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Presidencia de la diputada Sofía Valencia Abundis

La Presidenta, designa las comisiones reglamentarias para informar de la clausura de los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Primera Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Acto seguido, agradece a los legisladores y a los colaboradores administrativos, por el apoyo en las labores de su ejercicio y, puestos todos de pie, declara:

"Hoy, veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco, la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso de la Unión, declara formalmente terminados los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio."

La Asamblea aprueba que el acta de la presente sesión se dé por leída y que copias de la misma se entreguen a los grupos parlamentarios para su corrección y comentarios si los hubiere.

A las veintiún horas con dos minutos del sábado veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco, se levanta la sesión.»

CLAUSURA

La Presidenta (a las 21:02 horas):

Se levanta la sesión de Cámara de Diputados y se ruega a los señores diputados permanecer en sus lugares, a fin de iniciar la sesión de Congreso General.

INDICE DE INTERVENCIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO*

Aburto Torres, Taide
257 a 258

Aceves del Olmo, Carlos
Humberto 54 a 56, 58 a 59, 960 a 962, 1188 a 1190

Aguilar Zinser, Adolfo Miguel
68 a 69

Aispuro Torres, José Rosas
637 a 638

Alarcón Bárcena, Gonzalo
302

Alvarado Castañón, Marta
96 a 98, 407 a 408, 973 a 974, 1066 a 1067

Alvarez Bernal, María Elena
880 a 881, 1214

Arce Islas, René
132 a 133, 471 a 473, 558 a 559, 569 a 570, 1203 a 1204

Arceo Castro, Jaime Jesús
463 a 465, 570 a 571, 1056 a 1058

Arciniega Portillo, Manuel
325 a 326, 1206

Arellano Aguilar, Gerardo de Jesús
334 a 336, 761

Arias Aparicio, Eduardo
144 a 145, 290 a 291, 314 a 316, 1221 a 1222

Audry Sánchez, Alejandro Iván
1086 a 1087, 1088 a 1089, 1089 a 1090

Avila Zúñiga, Salvador Othón
473

Ayala López, Rafael
250 a 253, 453 a 454

Bautista López, Héctor Miguel
172 a 175

Beltrán del Río Madrid, Salvador
101 a 102

Beristáin Gómez, Manuel
62 a 66, 653 a 654

Betanzos Moreno, María Virginia
667 a 668, 1230 a 1231

Bolaños Bolaños, Francisco Andrés
117 a 119, 609 a 612

Botello Treviño, Consuelo
67 a 68, 192 a 193, 279, 297, 311 a 312, 526 a 528, 947 a 948

Botey y Estape, Carlota Angela Rosa
1065 a 1066

Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh
113 a 115, 247 a 250, 515 a 517, 638 a 641, 658 a 659, 660, 1085 a 1086, 1087 a 1088, 1089

Burgos Ochoa, Leticia 1252
a 1253, 1254 a 1255

Cabrera Lotfe, Rosa María
518 a 519, 678 a 680, 689

Calzada Gómez, María Leticia
364 a 365, 1073

Campa Cifrián, Roberto Rafael
94 a 96, 99, 1208 a 1209

Cantón Zetina, Oscar
1047 a 1050

Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo
858 a 860

Castañeda Pérez, José Alberto
328 a 329, 333, 1194 a 1195

Castaño Contreras, Cristian 165,
1094 a 1095

Castelazo y de los Angeles, José Rafael
326, 1212 a 1213

Castellanos Hernández, Raúl Gonzalo
504 a 506, 1033 a 1037

Castro López, Florentino 470
a 471, 1210 a 1211

Catalán Sosa, Jorge Antonio
813 a 816

Cepeda de León, Ana Lilia
368 a 369, 371, 523 a 524

Cerón Nequiz, Irene Maricela
411 a 412

Céspedes Arcos, Alicia
1234

Coello Herrera, Claudio Manuel
86 a 87, 972

Cruz Malpica, Amado Jesús
507 a 509, 557 a 558, 569, 688, 826, 1022 a 1023

Cruz Ramírez, Víctor
647 a 648

De León Contreras, Eustasquio
433 a 434

Del Río Navarro, Jaime Mariano
212, 326 a 327, 564 a 565

Díaz Suárez, Servando Andrés
1025 a 1027, 1072 a 1073

Díaz y Pérez Duarte, Alejandro
96, 448 a 451, 811 a 813, 1049, 1050

Durán Ruiz, José
Jesús 1054

Elizondo Torres, Rodolfo
1217 a 1218

Escobar Toledo, Saúl Alfonso
48 a 54, 258 a 261, 268 a 270, 645 a 647, 660 a 661, 816 a 820, 1055 a 1056, 1058, 1103, 1105 a 1106

Escobedo Miramontes, José Eduardo
747 a 751

Espino Barrientos, Manuel de Jesús
291 a 292, 392 a 395, 578 a 579, 579 a 580, 1225 a 1228

Esqueda Llanes, María Claudia
66 a 67, 1094

Etienne Llano, Pedro René
378 a 379, 896, 946 a 947

Fernández Gavaldón, Matías Salvador
395 a 397

Figueroa Montes, Blas Fortino
208 a 210

Flores González, Gerardo Roberto
1154 a 1158

Flores Rodríguez, Ezequiel
23, 141 a 143, 197 a 198, 754 a 755

Gaber Arjona, Tuffy
332, 1183 a 1185

Galindo Quiñones, Heriberto Manuel
1040 a 1041

García Cervantes, Ricardo Francisco
740, 741 a 742, 963 a 964, 1076 a 1077

García Cruz, Anselmo
386 a 388

García García, Miguel Angel
128 a 132, 643 a 645, 1191 a 1194

García Villa, Juan Antonio
376 a 377, 381, 655 a 656, 657, 1070 a 1071

Godina Herrera, Ricardo Luis Antonio
877 a 879

Gómez García, Jorge Humberto
867 a 869

Gómez Mont y Urueta,
María Teresa 1248 a 1249

Gómez Villanueva, Augusto
953 a 956

González Alcocer, Alejandro
369 a 370, 384 a 385, 434, 767 a 768

González Garza, Javier
362 a 363, 1041 a 1043, 1083

González Luna Mendoza, José Mauro del Sagrado Corazón
253 a 254, 376, 441 a 442, 890 a 894, 1068 a 1069

González Macías, Rodolfo
972 a 973, 1250 a 1251

González Magallón, César Humberto
188, 1037 a 1039, 1249

González Rebolledo, Ignacio
745 a 747

González y Guardado, Guillermo
133 a 135

González Yáñez, Oscar
385 a 386, 568, 861 a 862, 1243 a 1244

Guerra Díaz, María del Rosario Elena
145 a 148

Guerra Ochoa, Juan Nicasio
214 a 217, 294 a 296, 383 a 384, 418 a 421, 743, 962 a 963, 1080 a 1081, 1092

Guízar Macías, Francisco Javier
881

Gutiérrez Gutiérrez, Alejandro
869 a 872

Gutiérrez Vidal, Javier Alberto
19 a 20, 365 a 366

Hernández Balderas, Florencio Martín
510 a 511, 1179 a 1180

Hernández Fraguas, José Antonio
506 a 507

Hernández Labastida, Ramón Miguel
214, 361 a 362, 1199 a 1201

Hidalgo y García Barna, Matilde de Mar
1246

Higuera Osuna, Alejandro
108 a 109, 292 a 294, 299 a 300

Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo
1247

Jacobo García, Rafael
191 a 192, 339, 481

Jiménez Lemus, Luis Manuel
74 a 77

Juárez Cisneros, René
970 a 971

Kondo López, Jorge
105 a 107, 477 a 478, 820 a 821

Leal Angulo, Augusto César
88 a 89

Leñero Alvarez, Mónica Gabriela
238 a 241

Lerdo de Tejada Covarrubias, Sebastián
139 a 140, 212 a 213, 576, 673 a 674

Levín Coppel, Oscar Guillermo
254 a 257, 1204 a 1206

Leyva Acevedo, Efrén Nicolás
278 a 279

Licona Spínola, Ana María Adelina
671 a 672

Lima Malvino María de la Luz
690 a 721

Livas Vera, Raúl Alejandro
79 a 82, 85 a 86, 108

Longoria Hernández, Martín Gerardo
683 a 684

López Barraza, Héctor Humberto
116, 117

López Cárdenas, Fructuoso
41, 134, 827, 956, 957, 958 a 959

López Sánchez, Jorge Abel
123, 298, 299

Lucero Palma, Lorenzo Miguel
117

Luna Parra y Trejo Lerdo, Adriana María
408, 417 a 418, 1095 a 1099, 1104 a 1105

Lladó Castillo, Zaida Alicia
680 a 681

Llamas Monjardín, Gustavo Gabriel
89 a 91, 140 a 141, 270 a 272, 634 a 637, 658, 1175 a 1177, 1178, 1206 a 1207

Marcué y Pardiñas, Manuel
47, 59 a 60, 181 a 185, 285 a 288, 379, 383, 412 a 416, 825, 826, 1082

Márquez Cabrera, María Rosa
336 a 339, 514 a 515, 604 a 606, 1091, 1231 a 1234, 1238, 1241 a 1243, 1245 a 1246

Martínez Della Rocca, Salvador Pablo
22, 92 a 93, 283 a 285, 371, 380 a 382, 478 a 479, 554 a 555, 676 a 678, 683, 1033, 1075 a 1076

Martínez Guerra, Alfonso
77 a 78

Martínez Hernández, Ifigenia Martha
410 a 411, 632 a 634, 723, 1051 a 1053

Martínez Maldonado, Agustín
185 a 188

Martínez Sánchez, Everardo
474, 501 a 504, 1061 a 1062, 1068, 1090 a 1091, 1107

Martínez Veloz, Jaime Cleofas
1079 a 1080

Mena Salas, Luis Felipe
330 a 331

Méndez Márquez, Victoria Eugenia
1255 a 1257

Méndez Meneses, Apolonio
862 a 864, 1169 a 1171

Menéndez y Haces, Ricardo
1244 a 1245

Mikel Rivera, Salvador
112 a 113, 648 a 651

Molina Ruibal, Alfonso
193 a 196, 261 a 263, 353, 451 a 453

Montenegro Espinoza, Martina
205 a 206, 367

Moreno Berry, Alejandro
56 a 57, 131, 132, 281 a 283

Moreno Collado, Jorge Efraín
297, 573 a 575, 743 a 745, 765 a 766

Muños Covarrubias, Emma
669 a 670

Muñoz Rivera, Wilfrido Isidro
345 a 347, 531 a 532

Narro Céspedes, José
71 a 74, 421 a 423

Navarrete Montes de Oca, Ricardo Tarcisio
1112 a 1115

Navarrete Ruiz, Carlos
428 a 429, 1171 a 1175, 1176 a 1177

Nuñez Hurtado Carlos
78a 79, 334, 509 a 510, 580 a 581

Núñez Pellegrín, Rafael
110, 298

Núñez Ramos, Serafín
404 a 407, 525 a 526, 951 a 953

Nuño Luna, Carlos Alfonso
1043 a 1044

Ocejo Moreno, Jorge Andrés
98 a 100, 430 a 431, 1060 a 1061

Ochoa Samayoa, Hildiberto
125

Ojeda Zubieta, César Raúl
327 a 328, 875 a 877, 879, 1074

Ordaz Moreno, Gerardo
965, 960, 981 a 982, 1181 a 1183

Orihuela Carmona, Fernando
581

Ortega Espinoza, Javier
431 a 433

Ortega Martínez, José Jesús
148, 737 a 740 a 741, 742, 824 a 825, 827 a 828, 940 a 943, 947, 948, 959 a 960

Ortiz Walls, Gaspar Eugenio
372, 373 a 374, 689, 950, 1222 a 1223

Ovalle Fernández, Ignacio
121 a 122

Pacheco Arjona, Manuel Jesús
1074

Padilla Olvera, Jorge Humberto
110 a 112

Paoli Bolio Francisco José
166 a 167

Patiño Cardona, Francisco
555 a 556, 1091 a 1094

Peniche y Bolio, Francisco José
226 a 228, 723, 737, 740 a 741, 756, 758 a 765, 1211 a 1212

Pérez Corona, Juan Manuel
1083 a 1085, 1089, 1090, 1240

Pérez Fernández, Francisco Curi
949 a 950, 981, 1027 a 1033, 1059 a 1060

Pérez Jácome, Dionisio Eduardo
44 a 48, 91 a 92, 115, 757 a 758, 763 a 764, 1023 a 1025, 1077 a 1079, 1081

Pérez Noriega, Fernando
379 a 380, 382 a 383, 766 a 767, 1081 a 1082

Pereznegrón Pereznegrón, Horacio
1234 a 1238, 1238 a 1239

Piza Soberanis, Antonio
969 a 970

Preciado Bermejo, José de Jesús
138 a 139, 263 a 264, 641 a 643

Priego Ortiz, Luis
1063 a 1065

Quintana Silveyra, Víctor Manuel
42 a 44, 426 a 428, 577, 579, 651 a 652, 973

Quintero Martínez, Raúl Armando
93 a 94, 206 a 208, 213 a 214, 279 a 281, 423 a 424, 474 a 477, 561 a 564, 565 a 566, 574, 825, 950, 961, 974 a 976, 1186

Ramírez Gamero, José
166

Ramírez Garrido Abreu, Graco Luis
126 a 128, 559 a 561

Rascón Córdova, Marco Antonio
Ignacio 66, 100 a 101, 424 a 426, 466 a 468, 956 a 958, 965, 966

Reyes Medrano, Alfonso
272

Reyes Retana Márquez, Regina
403 a 404, 528 a 529

Rico y Samaniego, Luis Alberto
1069 a 1070

Ríos Magaña, Raúl
668 a 669,

Ríos Vázquez, Alfonso Primitivo
124 a 125, 468 a 469

Robles Berlanga, María del Rosario
57 a 58, 59, 285, 323 a 324, 372 a 373, 374, 681 a 682, 829 a 830, 945

Robles Villaseñor, Mara Nadiezhda
351 a 352

Rodríguez López, Jaime
1253 a 1254

Rodríguez Ramírez, Miguel 864
a 867, 1198 a 1199

Rodríguez y Rodríguez, Jesús
178 a 179, 627 a 629, 654 a 655, 656 a 658, 659 a 660, 1195 a 1197

Rojas Cruz, Graciela
210 a 212, 328, 1201 a 1202

Rojas Díaz-Durán, Alejandro
429 a 430

Rojo Gutiérrez, Jesús Ramón
300 a 301, 446 a 447

Romero Castillo, María Guadalupe Cecilia
147, 382, 943 a 946

Rosales Anaya, Mario Alejandro
1247 a 1248

Ruan Ruiz, Luis
889 a 890

Rubín Cruz, Tito
682 a 683

Rubio Barthell, Eric Luis
872 a 875

Salgado Delgado, Fernando
556 a 557

Sánchez Aguilar, Luis
41 a 42, 119 a 121, 122, 203 a 204, 242 a 244, 288 a 290, 349 a 350, 465 a 466, 479 a 481, 512 a 514, 571 a 573, 575 a 576, 577, 629 a 630,670 a 671, 672 a 673, 674 a675, 882 a 884, 1044 a 1047, 1115 a 1134, 1167 a 1169, 1228 a 1230, 1239 a 1240

Sánchez Gochicoa, Antonio
70 a 71

Sánchez Hernández, Gloria
561, 580, 1162 a 1164

Sánchez Ochoa, José de Jesús
188 a 190, 297, 408 a 410, 439 a 441, 1099 a 1104, 1106 a 1107

Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc
165 a 166, 178, 190 a 191, 223, 277 a 278, 279, 370, 375, 377 a 378, 517 a 518, 669, 688, 956

Sauri Riancho, Dulce María
82 a 85, 264 a 267, 1224 a 1225

Segura Rangel, María del Carmen
200 a 201, 324 a 325, 751 a 753, 1209 a 1210, 1220 a 1221, 1257

Solórzano Fraga, José Alfonso Pascual
136 a 138, 1251 a 1252

Sosamontes Herreramoro, Ramón
20 a 22, 336, 358 a 360, 1207 a 1208, 1213 a 1214, 1218 a 1219, 1240 a 1241

Soto Correa, José Carmen
301 a 302

Suárez y Dávila, Francisco
37 a 41

Tenorio Adame, Francisco Antonio
122, 353 a 354, 366 a 367, 821 a 824, 1178 a 1179

Thomsen D'Abbadie, Kurt Antonio
143 a 144, 688

Torreblanca Galindo, Carlos Zeferino
102 a 105, 309 a 311, 971

Torres Ortega, José Luis
469 a 470

Trejo González, Abel
976 a 977

Trélles Iruretagoyena, Daniel Ernesto
201 a 203

Urdapilleta Núñez, Jorge
1087

Urióstegui Miranda, Píndaro
519, 964 a 965, 966

Vargas Santos, David
115 a 117

Vela González, Joaquín Humberto
60 a 62, 244 a 247, 272 a 273, 630 a 631, 675 a 676, 820, 830 a 831, 1164 a 1167, 1186 a 1188

Villanueva Mukul, Eric Eber
87 a 88, 329 a 330, 331

Viniegra Zubiria, Javier
567 a 568

Ybarra de la Garza, María del Rosario
519 a 520

Zambrano Grijalva, José de Jesús
132, 198 a 200, 332 a 333, 1158 a 1162, 1190 a 1191

Zapata Perogordo, José Alejandro
327, 360 a 361, 374 a 375, 756 a 757, 828 a 829

*La numeración que precede al nombre del legislador, corresponde a la página en donde se encuentra su intervención (en la versión impresa)