SUMARIO
Comunicación del senador Cristóbal Arias Solís, con la que notifica de su reincorporación al desempeño de sus funciones. Comuníquese a la cámara de Senadores.
Invitación al acto cívico conmemorativo del LXXXI aniversario de la expedición de la Ley Agraria. Se designa comisión.
Comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que informa el nombramiento del licenciado Ismael Gómez Gordillo y Ruelas, como procurador fiscal de la Federación. Se turna a la Tercera Comisión.
Doce oficios de la Secretaria de Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos José Angel Gurría Treviño, Juan Rebolledo Gout, Ricardo Francisco Galán Méndez, Jorge Eduardo Chen Charpentier, Víctor Manuel Rodríguez García, Pedro González Rubio Sánchez, Oscar Espinosa Villarreal, Andrés Leopoldo Valencia Benavides, Jorge Eduardo Loreto Miranda, Emilio José Gilly Hernández, Luis Enrique Franco Díaz de León y María del Carmen Aguirre Le Vinson, puedan aceptar y usar la condecoracion que les confiere el gobierno de esa República. Se turnan a la Primera Comisión.
Oficios de la Secretaria de Gobernación, con los que remite las hojas de servicios de los ciudadanos Hugo Alfredo Manterola Cedillo, Manuel Fernando Vadillo Trueba y Lucino Carlos Piedra Lezama, para los efectos de la fracción VII del articulo 79 constitucional. Se turnan a la Segunda Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que la ciudadana María del Carmen Rábago Boschetti, ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Se refieren a los trabajos que se realizan acerca de las diversas propuestas para la reforma política del Estado, los legisladores:
Ricardo Francisco García Cervantes
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
El senador Auldarico Hernández Gerónimo, se refiere a diversos hechos políticos en esa entidad.
Expresan sus opiniones los legisladores:
Humberto Mayans Canabal
Félix Salgado Macedonio, para rectificar hechos
Angel Sergio Guerrero Mier, para rectificar hechos.
Pedro René Etienne Llano, para rectificar hechos
El diputado José Jesús Ortega Martínez, se refiere al cambio de titulares en dependencias y entidades del Gobierno Federal.
Expresan sus opiniones los legisladores:
Rosendo Villarreal Dávila
Alejandro González Alcocer
Píndaro Urióstegui Miranda
El senador Arturo Nava Bolaños, realiza comentarios respecto a los precios y tarifas del sector público.
El diputado Pedro René Etienne Llano, se refiere al alza de precios en los últimos tiempos.
Expresan sus opiniones los legisladores:
Félix Salgado Macedonio
Rodolfo Becerril Straffon
Pedro René Etienne Llano, para rectificar hechos.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 34 legisladores. Hay quorum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11:10 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Se va a dar lectura al orden del día. «Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día Miércoles 3 de enero de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del senador Cristóbal Arias Solís.
El Departamento del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa del LXXXI aniversario de la expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, que tendrá lugar el 6 de enero de 1996, a las 10:00 horas.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Sinaloa.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el Presidente de la República, en uso de la facultad que le confieren las fracciones II, IV y XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, nombró al licenciado Ismael Gómez Gordillo y Ruelas como procurador fiscal de la Federación, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la propia Constitución.
Doce por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Angel Gurría Treviño, Juan Rebolledo Gout, Ricardo Francisco Galán Méndez, Jorge Eduardo Chen Charpentier, Víctor Manuel Rodríguez García, Pedro González Rubio Sánchez, Oscar Espinosa Villarreal, Andrés Leopoldo Valencia Benavides, Jorge Eduardo Loreto Miranda, Emilio José Gilly Hernández, Luis Enrique Franco Díaz de León y María del Carmen Aguirre Le Vinson, puedan aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en diferentes grados, que les confiere el gobierno de la República de Estonia.
Tres con las que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Hugo Alfredo Manterola Cedillo, Manuel Fernando Vadillo Trueba y Lucino Carlos Piedra Lezama, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se comunica que la ciudadana María del Carmen Rábago Boschetti, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Agenda política
Pronunciamiento sobre la reforma del Estado, a cargo del diputado Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios
Sobre el Estado de Tabasco, a cargo del senador Auldarico Hernández Gerónimo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre precios y tarifas del sector público, a cargo del senador Arturo Nava Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre alzas de precios, a cargo del diputado Pedro René Etienne Llano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre cambios de titulares en dependencias y entidades del Gobierno Federal, a cargo del diputado Jesús Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Se va dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con catorce minutos del miércoles veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de treinta y cinco legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión de instalación, que se aprueba en sus términos en votación económica.
La misma Secretaría da lectura a dos invitaciones: una del Departamento del Distrito Federal y otra del gobierno del Estado de México a los actos cívicos conmemorativos del centésimo octagésimo aniversario luctuoso del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón. Se designan sendas comisiones para representar a la Comisión Permanente.
Otra invitación del Departamento del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del septuagésimo segundo aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto. Se designa comisión.
Se da cuenta con la proposición de la mesa directiva respecto de la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente y se aprueban en votación económica.
Siete oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Rubén Molina Lizaola, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América:
César Humberto Solís Ortegón, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República del Perú:
Ana Priscila Sosa Ferreira, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile en Cancún, Quintana Roo:
Francisco Falcón González, Alfonso Madiedo Lomelí y José Tomás Sánchez Pérez, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Argentina en México:
Vicente Paulino Lima Cisneros, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México:
Lucía Villarreal Chávez Camacho, pueda prestar sus servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León;:
Lizette Olinda González Leal, pueda prestar sus servicios en el mismo consulado que la anterior.
Se turnan todos a la Primera Comisión.
Para referirse al centenario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río, hacen uso de la palabra los diputados: Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática y Luis Garfias Magaña, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy, citando para la que tendrá lugar, por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, el miércoles tres de enero de mil novecientos noventa y seis, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
REINCORPORACION DE SENADOR
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Diputado Humberto Roque Villanueva, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Por su amable conducto me permito solicitar tenga usted, a bien, hacer del conocimiento a este cuerpo colegiado, que a partir de esta fecha, se me tenga por reincorporado al desempeño de mis funciones como senador de la República integrante de esta LVI Legislatura, informo lo anterior para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, reciba un apreciable saludo.
Atentamente.
México, D.F. a 3 de enero de 1996.- Senador Cristóbal Arias Solís.»
El Presidente:
Se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas, comuníquese a la Cámara de Senadores.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Ciudadano diputado Humberto Roque Villanueva, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXXI aniversario de la expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, que tendrá lugar en el monumento al primer jefe constitucionalista Venustiano Carranza, ubicado en Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, delegación Venustiano Carranza, el día sábado 6 de enero a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa al diputado Octavio Guillermo West Silva.
ESTADO DE SINALOA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Por medio del presente, nos permitimos comunicar a usted, que la LV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, se declaró legítimamente constituida e instalada y abrió el viernes 1o. de diciembre de 1995, su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional; asimismo, eligió la mesa directiva que fungirá durante el mes de diciembre, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:
Diputados: Gilberto Juárez Carvajal, presidente; Lorenzo Gómez Leal, vicepresidente; José Miguel Luna Ley, vicepresidente; María Elvira Vega Audelo, secretario; Mercedes Murillo Monge, secretario; Víctor Ernesto Meza Chávez, prosecretario; Víctor Navarro Mexia, prosecretario.
Lo que comunicamos a usted para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Culiacán Rosales, Sinaloa, diciembre 10 de 1995.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, José Antonio García Becerra.»
«Relación de diputados integrantes de la LV Legislatura.- 1o. de diciembre de 1995 a 30 de noviembre de 1998.
Mayoría relativa:
Angel René Sarmiento Fierro, I distrito, Choix, PRI; Rumaldo Velázquez Quiñonez, II distrito, El Fuerte, PRI; María Elvira Vega Audelo, III distrito, Ahome, PRI; Jesús Alfredo Quintero Urias, IV distrito, Ahome, PAN; Carlos Ramiro Gamez Sepúlveda, V distrito, Sinaloa, PRI; Pedro Zazueta Burgos, VI distrito, Guasave, PRI; Jesús Burgos Pinto, VII distrito, Guasave, PRI; Gustavo Rojo Gutiérrez, VIII distrito, Angostura, PRD; Gilberto Aguilar Gaxiola, IX distrito, Salvador Alvarado, PAN; Florencio Cazares Niebla, X distrito, Mocorito, PRI; Oscar Lara Salazar, XI distrito, Badiraguato, PRI; Domingo de Jesús Félix Torres, XII distrito, Culiacán, PAN; Guillermo Washington Garza, XIII distrito, Culiacán, PAN; Rosa Elena Millán Bueno, XIV distrito, Culiacán, PRI; María Guadalupe Castro Sánchez, XV distrito, Navolato, PAN; Jesús Hernando Verdugo Sicairos, XVI distrito, Cosala, PRI; Enriqueta Gómez Millán, XVII distrito, Elota, PRI; Gildardo Valverde Bañuelos, XVIII distrito, San Ignacio, PRI; Melecio Gaxiola Zamora, XIX distrito, Mazatlán, PRI; Refugio Martínez Benítez, XX distrito, Mazatlán, PAN; Héctor Velarde García, XXI distrito, Concordia, PRI; Jesús Rigoberto Bueno Flores, XXII distrito, Rosario, PRI; Víctor Navarro Mexia, XXIII distrito, Escuinapa, PRI; Ernesto Rubio Segui, XXIV distrito, Culiacán, PAN.
Representación proporcional:
Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, primera circunscripción plurinominal, PRI; Ernesto Héctor Urtusuastegui Alcaraz, primera circunscripción plurinominal, PRI; Mario Manuel Gutiérrez Orozco, primera circunscripción plurinominal, PRI; Ricardo Luis Mercado Ayón, primera circunscripción purinominal, PAN; Luis Roberto Loaiza Garzón, primera circunscripción plurinominal, PAN; Lorenzo Gómez Leal, primera circunscripción plurinominal, PAN; Mercedes Murillo Monge, primera circunscripción plurinominal, PRD; José Miguel Luna Ley, segunda circunscripción plurinominal, PRI; Alvaro Vega Gaxiola, segunda circunscripción plurinominal, PRI; José Antonio Gutiérrez Román, segunda circunscripción plurinominal, PAN; Bernardo Ruelas Hernández, segunda circunscripción plurinominal, PAN; Fernando Durán Sepúlveda, segunda circunscripción plurinominal, PRD; Gilberto Juárez Carvajal, tercera circunscripción plurinominal, PRI; José Manuel Zamudio Guzmán, tercera circunscripción plurinominal, PAN; Miguel Angel Gutiérrez Sánchez, tercera circunscripción plurinominal, PRD; Víctor Ernesto Meza Chávez, tercera circunscripción plurinominal, PT.
De enterado.
«Escudo Nacional. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Por medio del presente y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en sesión celebrada el día de hoy, el pleno de esta Cámara eligió a los miembros de la Gran Comisión de la LV Legislatura, que funcionará del 1o. de diciembre de 1995 al 30 de noviembre de 1998, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:
Diputados: Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, presidente; Luis Roberto Loaiza Garzón, secretario; Jesús Burgos Pinto, María Elvira Vega Audelo, Fernando Durán Sepúlveda, vocales.
Lo que comunicamos a usted para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Culiacán Rosales, Sinaloa, diciembre 10 de 1995. El presidente del honorable Congreso del Estado de Sinaloa, Gilberto Juárez Carvajal.»
De enterado.
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Por medio del presente nos permitimos informar a usted, que el día jueves 7 de diciembre próximo pasado, la Gran Comisión de la LV Legislatura del honorable Congreso del Estado acordó con fundamento a lo dispuesto en los artículos 58 fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso, nombrar las comisiones permanentes que forman parte de esta Cámara, por lo que remitimos copia de dicho documento.
Lo que comunicamos a usted para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Culiacán Rosales, Sinaloa, diciembre 12 de 1995.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Sinaloa, José Antonio García Becerra.»
«Honorable Congreso del Estado de Sinaloa.- LV Legislatura.- Del 1o. de diciembre de 1995 al 30 de noviembre de 1998.
Comisiones permanentes.
Gran Comisión:
Diputados: Víctor M. Gandarilla Carrasco, presidente; Luis Roberto Loaiza Garzón, secretario; Jesús Burgos Pinto, María Elvira Vega Audelo y Fernando Durán Sepúlveda, vocales.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:
Diputados: Carlos Ramiro Gamez Sepúlveda, presidente; Luis Roberto Loaiza Garzón, secretario; Ernesto H. Urtusuástegui Alcaraz, Jesús Burgos Pinto y Fernando Durán Sepúlveda, vocales.
Comisión de Concertación Política:
Diputados: Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Oscar Lara Salazar, Luis Roberto Loaiza Garzón, Fernando Durán Sepúlveda y Víctor Ernesto Meza Chávez.
Comisión de Hacienda Pública y Tesorería:
Diputados: Melecio Gaxiola Zamora, presidente; Lorenzo Gómez Leal, secretario; María Elvira Vega Audelo, Jesús Hernando Verdugo Sicairos y Rosa Elena Millán Bueno, vocales.
Comisión de Desarrollo Social:
Diputados: Jesús Alfredo Quintero Urías, presidente; Gilberto Juárez Carvajal, secretario; José Manuel Zamudio Guzmán, José Miguel Luna Ley y Rumaldo Velázquez Quiñones, vocales.
Comisión de Administración:
Diputados: Gildardo Valverde Bañuelos, presidente; María Elvira Vega Audelo, secretario; Víctor Ernesto Meza Chávez, Mario Manuel Gutiérrez Orozco y Alvaro Vega Gaxiola, vocales.
Comisión de Educación Pública y Cultura:
Diputados: Víctor Navarro Mexía, presidente; Enriqueta Gómez Millán, secretaria; Guillermo Washington Garza, Carlos Ramiro Gámez Sepúlveda, Mercedes Murillo Monge, vocales.
Comisión de Ecología:
Diputados: Florencio Cázares Niebla, presidente; Gilberto Aguilar Gaxiola, secretario; María Guadalupe Castro Sánchez, Mario Manuel Gutiérrez Orozco y Alvaro Vega Gaxiola, vocales.
Comisión de Desarrollo Agropecuario y Promoción Económica:
Diputados: Pedro Zazueta Burgos, presidente; Alvaro Vega Gaxiola, secretario; Ernesto Rubio Segui, Melecio Gaxiola Zamora y Domingo de Jesús Félix Torres, vocales.
Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas:
Diputados: Luis Roberto Loaiza Garzón, presidente; Florencio Cázares Niebla, secretario; Gilberto Juárez Carvajal, Ricardo Luis Mercado Ayón y José Miguel Luna Ley, vocales.
Comisión de Salud y Asistencia Social:
Diputados: José Antonio Gutiérrez Román, presidente; Víctor Ernesto Meza Chávez, secretario; María Elvira Vega Audelo, Guillermo Washington Garza y Enriqueta Gómez Millán, vocales.
Comisión de la Juventud y el Deporte:
Diputados: Gustavo Rojo Gutiérrez, presidente; Oscar Lara Salazar, secretario; Gilberto Aguilar Gaxiola, Rumaldo Velázquez Quiñones y Jesús Hernando Verdugo Sicairos, vocales.
Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social:
Diputados: José Miguel Luna Ley, presidente; Domingo de Jesús Félix Torres, secretario; Mario Manuel Gutiérrez Orozco, Gildardo Valverde Bañuelos y Refugio Martínez Benítez, vocales.
Comisión de Derechos Humanos:
Diputados: Oscar Lara Salazar, presidente; Mercedes Murillo Monge, secretario; José Manuel Zamudio Guzmán, Rosa Elena Millán Bueno y Angel René Sarmiento Fierro, vocales.
Comisión de Glosa:
Diputados: Gilberto Juárez Carvajal, presidente; Lorenzo Gómez Leal, secretario; Florencio Cázares Niebla, Jesús Burgos Pinto y Gustavo Rojo Gutiérrez, vocales.
Comisión de Vigilancia:
Diputados: Lorenzo Gómez Leal, presidente; Ernesto H. Urtusuástegui Alcaraz, secretario; Víctor Navarro Mexía, Pedro Zazueta Burgos y Miguel Angel Gutiérrez Sánchez, vocales.
Comisión de las Comunidades y Asunto Indígenas:
Diputados: Rumaldo Velázquez Quiñones, presidente; Jesús Alfredo Quintero Urías, secretario; Angel René Sarmiento Fierro, Héctor Velarde García y Bernardo Ruelas Hernández, vocales.
Comisión de Turismo y Pesca:
Diputados: Miguel Angel Gutiérrez Sánchez, presidente; Melecio Gaxiola Zamora, secretario; Jesús Rigoberto Bueno Flores, Refugio Martínez Benítez, Víctor Navarro Mexía, vocales.
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior:
Diputados: Jesús Burgos Pinto, presidente; Carlos Ramiro Gamez Sepúlveda, secretario; Bernardo Ruelas Hernández, Ricardo Luis Mercado Ayón y Jesús Hernando Verdugo Sicairos, vocales.
Comisión de Honor y Justicia:
Diputados: Ernesto H. Urtusuástegui Alcaraz, presidente; Ernesto Rubio Segui, secretario; Mercedes Murillo Monge y Héctor Velarde García, Enriqueta Gómez Millán, vocales.
Comisión Instructora:
Diputados: Rosa Elena Millán Bueno, presidenta; José Antonio Gutiérrez Román, secretario; Jesús Rigoberto Bueno Flores, María Guadalupe Castro Sánchez y Angel René Sarmiento Fierro, vocales.
Culiacán Rosales, Sinaloa, diciembre 7 de 1995.»
De enterado.
PROCURADURIA FISCAL DE LA FEDERACION
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
El doctor Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda y Crédito Público, se ha dirigido a esta de Gobernación manifestando lo siguiente:
Me permito informar a usted que el Presidente de la República, en uso de la facultad que le confieren las fracciones II, IV y XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido a bien nombrar al licenciado Ismael Gómez Gordillo y Ruelas como procurador fiscal de la Federación.
Lo que comunico a ustedes para los efectos de lo dispuesto en el artículo 79 fracción VII de la propia Constitución General, en los términos del acuerdo que con ese propósito expidió la Cámara de Senadores el 3 de diciembre de 1987, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 del mismo mes y año, acompañándoles con el presente los datos curriculares del servidor público arriba citado.
Reiterándoles en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 22 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
REPUBLICA DE ESTONIA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 20 de diciembre próximo pasado:
"El licenciado José Angel Gurría Treviño, secretario del ramo, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 14 del actual:
"El licenciado Juan Rebolledo Gout, subsecretario de asuntos bilaterales de esta Secretaría, solicita se trámite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno,- licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 14 del actual:
"El embajador Ricardo Francisco Galán Méndez, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgaran la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno,- licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 14 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"El embajador Jorge Eduardo Chen Charpentier, director general para Europa de esta Secretaría, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno,- licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 14 del actual:
"El embajador Víctor Manuel Rodríguez García, director general adjunto del protocolo de esta Secretaría, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno,- licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 14 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"El embajador Pedro González Rubio Sánchez, director general del protocolo de esta Secretaría, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa".
Al transcribir a ustedes lo anterior, para su conocimiento y fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno,- licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 27 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"El licenciado Oscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración Orden Estonia de la Estrella Blanca", en grado de Primera Clase, que el gobierno de la República de Estonia le otorgó.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicarles lo anterior para los fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 28 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de Gobierno,- licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 14 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"El licenciado Andrés Leopoldo Valencia Benavides, director en jefe de Asuntos Bilaterales de esta Secretaría, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno,- licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 14 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"El licenciado Jorge Eduardo Loreto Miranda, director para Europa del norte de esta Secretaría, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Tercera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno,- licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio No. PRO 08365 con fecha 14 del actual, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"El licenciado Emilio José Gilly Hernández, director del ceremonial de esta dirección general, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Tercera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al transcribir a ustedes lo anterior, para su conocimiento y fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno,- licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 14 del actual:
"El licenciado Luis Enrique Franco Díaz de León, director de visitas de Estado y de Gobierno de esta dirección general, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Tercera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno,- licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 14 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"La ciudadana María del Carmen Aguirre Le Vinson, coordinadora de eventos sociales de esta dirección general, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Cuarta Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
GRADOS MILITARES
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio de fecha 21 de noviembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del extinto general brigadier DEM Hugo Alfredo Manterola Cedillo (7305341), que en 16 fojas útiles de adjunta, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al transcribir a ustedes lo anterior para los fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones; con fundamento en el artículo 79 fracción VII de nuestra Constitución Política, envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 8 de noviembre último:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de división DEM Manuel Fernando Vadillo Trueba (473594), que en 19 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior y en atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo 79 fracción VII de nuestra Constitución Política, envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de Gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, en oficio de fecha 21 de noviembre próximo pasado, se ha dirigido a esta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del Coronel de Caballería DEM Lucino Carlos Piedra Lezama (6459673), que en 15 fojas útiles de adjunta, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para los fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo 79 fracción VII de nuestra Constitución Política, envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio fechado el día 30 de noviembre último, se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente:
"Me permito hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta Ciudad. Anexa sírvase encontrar la carta de la interesada.
María del Carmen Rábago Boschetti, asistente financiero, de la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese gobierno."
Al comunicar a ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, envío con el presente el documento que en el mismo se cita, reiterándoles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de diciembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
REFORMA POLITICA DEL ESTADO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un pronunciamiento sobre la reforma del Estado.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Muchísimas gracias, con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Agradezco la oportunidad de iniciar esta sesión de la Comisión Permanente, con la opción de presentar ante ustedes, una reflexión que incluye mis mejores deseos para este año que inicia, de 1996. Acudir a la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no significa utilizar los micrófonos instalados en una oficialía de partes ni en una oficina de tramitación cualquiera. Significa acudir a una tribuna que por la naturaleza de la Comisión Permanente, representa la continuidad institucional, jurídica y política del Congreso de la Unión. Decía que es la oportunidad de expresar a ustedes, como un deseo sincero, de que al final de este año que inicia, de 1996, todos los legisladores integrantes del Congreso de la Unión, podamos sentir la íntima satisfacción del deber cumplido; deber frente a nosotros mismos y nuestras convicciones, nuestra concepción del país que queremos, nuestra convicción por el quehacer político como un instrumento de contribución al fortalecimiento de nuestro país y, por ende, el cumplimiento de nuestro deber frente a la patria. Esto es, como veo a la Comisión Permanente; la continuación institucional de la vida jurídica y política, de uno de los poderes de la Unión.
El Poder Legislativo que tiene que reconocer a fuerza de ser honesto y sincero consigo mismo, que el país inicia 1996, frente a una problemática aguda, frente a conflictos sociales y políticos, frente a angustias económicas que representan el campo de trabajo de los legisladores mexicanos, que representan su reto y su compromiso. Mi deseo es, pues, que el final del año de 1996, nos reporte a todos esa íntima satisfacción de haber hecho todo lo que estuvo de nuestra parte, por resolver los agudos y graves problemas que enfrenta el país de todos nosotros.
Es cierto, nadie puede negar, que el desempleo, la inseguridad pública, la pérdida de credibilidad, la caducidad de algunas de nuestras instituciones, su debilitamiento, son temas de lo que se ha venido denominando: "la reforma del Estado". La reforma del Estado sorprende a esta Comisión Permanente, frente a un México, que como ya hemos señalado, es hoy el México de los retos institucionales, de los cambios profundos que exige de una vez por todas, un periodo de reconstrucción altamente responsable, que enfrente en definitiva la realidad del país y de manera colectiva, a través de la política, nos demos a la tarea de recuperar los elementos que hagan posible el fortalecimiento nacional.
A esta Comisión Permanente, como continuación del Congreso de la Unión, no le es ajeno un compromiso que esta intervención tiene como propósito: recordar y exhortar su puntual y pronto cumplimiento.
Un acuerdo mediante el cual nos hemos comprometido como Congreso de la Unión, a través de la creación de comisiones plurales, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados y reunidas ellas como comisión plural del Congreso de la Unión, a enfrentar una agenda que pueda aportar elementos de solución y de conducción nacional en aras de reintegrar a la vida de los ciudadanos mexicanos la confianza y la posibilidad de convivencia pacífica, armónica, en concordia y con posibilidades de desarrollo y progreso.
Si no complementamos, a la mayor brevedad posible y con toda la responsabilidad que la historia nos ha establecido en este momento de México, la instalación de estas comisiones plurales, que están acordadas y votadas por el pleno de sendas cámaras, de la de Diputados y de la de Senadores, como mandato para atender la problemática nacional y hacer así nuestra contribución a la reforma del Estado, reforma de instituciones; reforma que con creatividad, con inteligencia, con generosidad y con honestidad podrá modificar no sólo el marco jurídico que rige la vida nacional, sino también a las propias instituciones que dan soporte al Estado mexicano.
Si no damos pronto señas de que la política no es sólo es discurso, sino la acción, el propio Congreso de la Unión habrá perdido la oportunidad de contribuir en esta reforma del Estado al agotamiento de una agenda tan importante como es el equilibrio de poderes y particularmente el fortalecimiento del Poder Legislativo.
Dejaremos pendiente y en el paso del tiempo promoveremos que se agudice la problemática de los municipios del país, si no abordamos ya a fondo, con sinceridad y con responsabilidad el tema del nuevo y auténtico federalismo, de los derechos indígenas y de las regiones étnicas.
El Congreso de la Unión está obligado a hacer una aportación fundamental, para recuperar la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad y de la justicia.
Es menester que el Congreso haga su aportación a partir de abrir cauces de participación a la sociedad para una nueva relación entre la sociedad y el Gobierno.
Es fundamental que para la solución de los problemas, los medios de comunicación hagan su contribución a partir, primero, de un diseño, de un marco jurídico que les permita asumir la responsabilidad que hoy México reclama de la información y de la opinión pública.
Hoy tenemos de frente procesos económicos que nos permiten a todos dar nuestra opinión y hacer nuestras propuestas.
Que sea, pues, el cumplimiento de este acuerdo el que nos permita contribuir y participar en una auténtica planeación democrática para el desarrollo y la solución de nuestros problemas económicos.
Es este acuerdo el que ha motivado esta intervención, amén de querer desearles personalmente, como un deseo sincero, de que el fin de 1996 sorprenda a México con un Congreso renovado y sus miembros con la satisfacción íntima de haber hecho su mejor aportación por el país.
Agradezco mucho su atención.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores senadores; compañeras y compañeros diputados; legisladores todos:
Mi nombre es Tonatiuh Bravo Padilla, formo parte del grupo de diputados. Como es conocido ya los cinco diputados formamos parte de esta LVI Legislatura postulados como candidatos externos por parte del Partido de la Revolución Democrática, bajo dos compromisos fundamentales: actuar como diputados y aportar creativamente al proceso de transformación democrática de nuestro país.
En nuestro trabajo como legisladores intentamos formar nuestra posición en torno a los diferentes temas nacionales y propuestas legislativas sobre la base de los méritos mismos de cada iniciativa, sin tomar como consideración fundamental el quién las propone. Ello nos ha permitido coincidir transparentemente con fuerzas, posiciones y posturas en el marco de nuestras distintas actividades camarales.
Antes de iniciar esta intervención, deseo hacer un público reconocimiento al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y en particular a su coordinador, el diputado Ricardo García Cervantes, por su generosa iniciativa y hospitalidad al haberme invitado a formar parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en representación de la expresión que significamos el grupo de diputados. Gracias a ellos puedo hoy, a nombre de mis compañeros, presentar ante este órgano representativo del Poder Legislativo, la propuesta de guía analítica para la reforma política del Estado.
En las últimas semanas de 1995 tanto la Secretaría de Gobernación y las dirigencias de los partidos políticos nacionales, como las coordinaciones de los grupos parlamentarios de las cámaras de Senadores y Diputados, suscribieron e hicieron públicas las convocatorias para reanudar el diálogo nacional, con el propósito central de que éste desemboque en una profunda reforma política del Estado.
Quisiera solicitar su autorización, señor Presidente, para que le sea entregado a todos los senadores y a todos los señores diputados, un ejemplar que hemos preparado con el propósito de que lo tengan y lo podamos analizar de manera colectiva.
El Presidente:
Que procedan las señoritas edecanes.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Bien. A fin de contar con un punto de referencia que concentre las diferentes propuestas en los diversos temas elaborados por parte de los distintos actores de la vida política nacional, es que hemos elaborado la presente propuesta de guía analítica para la reforma política del Estado.
A través de un conjunto de matrices se desglosan sintéticamente, por apartados, cada una de las propuestas realizadas hasta ahora por diversos actores, así una variable son los temas y la otra los documentos, discursos, declaraciones, informes y propuestas que desde los llamados 20 compromisos por la democracia hasta las notas periodísticas del 10 de diciembre pasado, registramos analíticamente en el documento que hoy presentamos.
La metodología para escoger los documentos, discursos, declaraciones e informes y registrarlos como actores, se ha basado esencialmente en las propuestas concretas que se incorporan, en la calidad de las fuerzas o ciudadanos que la sustentan y en la oportunidad con que son expresadas.
La propuesta de guía analítica está conformada por cinco apartados. Les pediría, por favor, si nos situamos en la página tercera, en donde dice: contenido.
1o. Matriz de actores y temas de la agenda que trata cada actor.
2o. Las propuestas específicas que cada actor hace sobre cada uno de los puntos de la agenda.
3o. Cuadro analítico de posturas que son coincidentes y discordantes.
4o. Cuadro comparativo de agendas para la reforma política del Estado:
5o. Las metodologías propuestas y una metodología alterna para la realización de los trabajos y las reformas.
En lo que se refiere a la primera parte, empezando en la página número uno, si son tan amables, tenemos la estructura general de la matriz. Por un lado como cabeza 15 documentos, discursos, informes, acuerdos o pronunciamientos de uno o varios actores y por otro, están clasificados en cinco grandes apartados los temas. Evidentemente el tema más denso es el que se refiere a la agenda para la reforma electoral; el segundo, la agenda para la reforma de los poderes públicos; el tercero, la agenda para el federalismo; el cuarto, la agenda para la comunicación social y la participación ciudadana y el quinto, lo que a nuestro juicio son los temas que no están contemplados.
Las subclasificaciones son las siguientes: en la página número uno les pediría que nos ubicáramos, de la agenda para la reforma del Estado el punto número uno son los derechos políticos, subdividido en garantías constitucionales y mecanismos jurídicos de protección, formas de consulta y participación ciudadana indirecta y directa, es decir, el referendum, el plebiscito y la iniciativa popular y el voto de los mexicanos en el extranjero.
En el punto número dos del apartado de la agenda para la reforma electoral, están los órganos y autoridades electorales, que tienen como subtemas la autonomía de la autoridad electoral, es decir, su integración, funciones, responsabilidades, forma de nombramiento de las autoridades y la renovación periódica; la dimensión, financiamiento y patrimonio de los órganos electorales; la calificación de elecciones, el ámbito y rango, el tribunal electoral, integración, funciones, forma de nombramiento de los magistrados, medios de impugnación y términos para su resolución; la fiscalía electoral, el servicio profesional electoral.
En el punto tres está la organización del proceso electoral, lo que se refiere a la cédula de identidad, la credencial electoral, el registro nacional ciudadano y el Registro Federal de Electores, la actualización y confiabilidad del padrón electoral y lista nominal, la geografía electoral, es decir, la distritación y circunscripciones.
En la página número dos, el proceso electoral, selección de funcionarios, capacitación etcétera, luego después la jornada electoral y por último la observación electoral.
En el punto cuatro la competencia electoral, acceso a los medios de comunicación, criterios y reglas de equidad, relación de equidad y libertades políticas etcétera; después las fuentes y límites de financiamiento, la duración de las campañas electorales, la identidad partidista, las encuestas y conteos rápidos, los programas públicos e impacto electoral.
En el número cinco, lo referido al régimen de partidos, los partidos políticos, asociaciones políticas, coaliciones, candidaturas comunes e independientes y las formas de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos.
En el punto número seis, legalidad y representación, es decir, la diferenciación entre ley orgánica del órgano de autoridad electoral, ley de organizaciones y procedimientos electorales, ley de partidos políticos o en contraste mantener la unificación de los tres ámbitos de regulación en un solo código, ventajas y desventajas; principios comunes de la legislación electoral federal y estatal y el sistema mixto de representación.
Como punto número dos genérico, tenemos nosotros la agenda para la reforma de los poderes públicos, subdividida en funciones constitucionales del Estado mexicano, las facultades y responsabilidades en materia económica, las facultades y responsabilidades en materia social.
En el punto número dos tenemos la división de relación entre los poderes, estructura constitucional de las competencias y atribuciones de los poderes públicos, las relaciones y equilibrio entre los poderes públicos.
El número tres, el Poder Ejecutivo; el número cuatro el Poder Legislativo; el número cinco lo que se refiere a la justicia, evidentemente abordando derechos humanos, seguridad pública, la procuración de justicia, la impartición de justicia, perdón, la readaptación social.
Como punto tres genérico tenemos la agenda para el federalismo, subdividida en relación entre el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, el Distrito Federal, el federalismo fiscal, la renovación municipal.
Como punto número cuatro genérico tenemos la agenda para la comunicación social y la participación ciudadana, que como todos sabemos tiene una comisión especial por parte de la Cámara de Diputados, dos comisiones, perdón, que la han abordado hasta ahora y por último tenemos los temas no contemplados hasta ahora enlistados.
Esto es por lo que se refiere al punto número uno.
Como ustedes lo observan, además de dar una visión de conjunto sobre las propuestas, se pretende que este trabajo sea útil para que cada fuerza política no sólo se informe de otras propuestas, sino que pueda evaluar en qué temas no está bien representada, revise los pormenores de sus propias propuestas y afine sus elementos de debate con otras fuerzas políticas.
En la segunda parte se sigue la misma estructura de temas ya descrita, pero se desglosan sintéticamente cada una de las propuestas. Al respecto les pediría que solamente analizáramos la página nueve, con el propósito de abreviar. En esta hoja viene perfectamente dividido de nueva cuenta la agenda para la reforma electoral y respecto de cada uno de los puntos, las propuestas que al respecto se han hecho.
Ahora les pediría que ubicáramos la guía en la página número 27, por favor, con el propósito de obtener una idea global de los temas que aquí se han propuesto. Hay algunas gráficas que lo hacen sencillo y rápido de hacer.
Como ustedes lo observan en la página 27, la proporción de los temas propuestos por los actores para la agenda, nos dice que el 51.1% de las propuestas han versado sobre la reforma electoral. En el caso de comunicación social y participación ciudadana sólo el 7.78%, del federalismo 10.56%, temas no contemplados 15% y reforma de poderes públicos 15%.
Después vienen algunas gráficas que tienen como propósito hacer un comparativo.
Perdón. ¿Hay algunos legisladores en la segunda fila que se les pueda proporcionar? igualmente a los medios de comunicación, una por medio, si son tan amables.
Después vienen el número de propuestas por tema y el número total de puntos por tema. Esto con el propósito simplemente de comparar en cuáles puntos hay más temas y en cuáles temas no hay puntos que hayan sido propuestos para tratar.
Les pediríamos que nos fuéramos a la página 32, en donde se hace una gráfica en la que se comparan los temas propuestos para la agenda de reforma política en diferentes documentos y lo que abarcan los mismos.
Después, en la página 33, podemos observar como hay algunos actores o documentos que sólo abordan un solo tema de la reforma política, como es el electoral y otros que sí han abordado un abanico mucho más amplio de los mismos.
Quisiera que nos fuéramos a la parte número tres, si nos colocamos en la página 38 para ver lo que se refiere a la siguiente parte que es el punto número tres.
En la página número 38 tenemos nosotros un cuadro en el que vienen cinco apartados y este cuadro de cinco apartados nos habla otra vez de los temas principales que se han propuesto, de los actores que coinciden y de los actores que no coinciden en las propuestas y un último cuadro de observaciones de cómo se podrían, a partir de las no coincidencias o de las coincidencias, armar algunas propuestas alternativas. Esta parte tres es muy importante para poder hacer un comparativo valioso de coincidencias y discrepancias.
Si nos vamos a la parte número cuatro, referida en la página número 54, el propósito de esta parte número cuatro es hacer una comparación de la agenda de Gobernación y los partidos políticos y las agendas que han presentado, por un lado la Comisión de Concordia y Pacificación, por otro lado los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y una última entregada a todos los diputados por parte del grupo exhorto.
Estas dos propuestas de agenda pueden ser útiles para comparar en qué términos algunas agendas son más sólidas y más fuertes que otras.
Por último, si nos ubicamos en la página 62 y 63, veremos algunos temas que ninguna de las dos agendas han tocado y los temas que no se contemplan en ninguna de las agendas.
Por último, en la parte número cinco tenemos nosotros una comparación y observaciones de lo que en torno a la metodología de la reforma política del Estado se ha planteado. Tenemos la postura del Partido Acción Nacional en voz de su coordinador de la Cámara de Diputados y posteriormente la postura del Partido de la Revolución Democrática, una postura que consensó la Secretaría de Gobernación y finalmente el resultado de las mismas, a través del primer formato acordado por los partidos y la Secretaría de Gobernación y el segundo formato acordado por las mismas.
Por último, en la página 69 damos cuenta nosotros de una metodología alterna a través de seis puntos que consideramos sería importante se tomaran en consideración para tales efectos.
Deseo señalar que el día 14 de diciembre solicitamos formalmente a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y en este momento al Congreso de la Unión en su conjunto, incluir los siguientes temas en la agenda que a nuestro juicio son de vital importancia: el tema de las relaciones exteriores y la política exterior, el tema de los mecanismos de control y ejercicio de responsabilidades públicas y por último un tema que a nuestro juicio es crucial para nuestro país: el tema de la defensa y la seguridad nacional, que es un tema que pasa a ser fundamental ante el cambio de escenario y la realidad bipolar a la que antes se enfrentaba el mundo, el cambio de la concepción de la seguridad hemisférica y sobre todo de los últimos acontecimientos de los seis o siete años en nuestro país, relacionados particularmente con la política de seguridad nacional.
Esta es la propuesta de guía para la reforma política del Estado. Después de presentarla ante ustedes será entregada a los diversos sectores sociales.
Estamos ciertos de que muy probablemente contiene omisiones, de antemano nos disculpamos si las hay, pero solicitamos a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios, a sus coordinadores, nos hagan llegar las correcciones del caso para incluirlas en las nuevas versiones.
De hecho, pensamos presentar una versión actualizada en cada mes y sobre todo prepararemos una especial al inicio del próximo periodo de sesiones ordinarias. Ahí incluiremos las propuestas hechas por los coordinadores de los grupos parlamentarios en la sesión del día 14 de diciembre y seguramente las que provengan de los grupos parlamentarios del Senado.
Agradezco los documentos entregados por los grupos parlamentarios, por los partidos políticos y los coordinadores y en particular al diputado Humberto Roque Villanueva por el apoyo otorgado para la materialización del presente trabajo.
Asimismo, le solicito atentamente, señor Presidente, autorice usted sea publicado el texto íntegro que en este momento entrego a la Secretaría de esta comisión, en el Diario de los Debates de la Comisión Permanente.
En torno, pues, a los propósitos de reforma que ya han sido expresados aquí por quien me antecedió en el uso de la palabra, éste es nuestro modesto aporte inicial para 1996. Hacemos entrega del mismo a esta honorable Comisión y por su atención, señoras y señores legisladores, muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El año 1996 lo consideramos como definitorio para la reforma democrática del Estado. La situación del país es difícil en lo político, en lo económico y en lo social. Los acontecimientos del año pasado así lo demuestran, por ello la urgente necesidad de concretar los cambios constitucionales e institucionales que hoy requiere México para que por la vía de la legalidad y legitimidad los mexicanos podamos avanzar hacia el bienestar social, la democracia y el respeto a la legalidad actualmente muy maltrechos.
La agenda de la reforma democrática del Estado está determinada. Sus espacios de análisis, discusión y acuerdos están igualmente plenamente determinados. Depende, y éste es el gran reto, de los mexicanos comprometidos con el cambio democrático, marcar con mayor precisión y eficacia los ritmos y tiempos para que la agenda de la reforma democrática del Estado pueda avanzar al ritmo de los acontecimientos que hoy vivimos.
Esto requiere voluntad política de todos los actores involucrados en este proceso de transición democrática para construir los consensos que hoy se hacen indispensables para convertir en realidades los cambios que los partidos políticos, organizaciones políticas y sociales, organizaciones no gubernamentales, han hecho y propuesto al respecto.
Por ello consideramos pertinente que el Congreso de la Unión, a través de los mecanismos establecidos en sus ordenamientos, pudiera iniciar de inmediato los trabajos que de acuerdo a la agenda establecida para la reforma democrática del Estado, le corresponde asumir.
Es el momento en que el Congreso de la Unión responda a la sociedad mexicana con hechos y en este momento uno de ellos es asumir en todas sus consecuencias los trabajos de la reforma del Estado.
Estamos plenamente convencidos que así lo podremos hacer, ya que en los trabajos y en las actividades llevadas a cabo durante los trabajos realizados en lo que va de esta legislatura, se ha podido demostrar que habiendo voluntad y habiendo capacidad se puede avanzar en la construcción de las aspiraciones que los mexicanos hoy requieren.
En ese sentido, reiteramos nuestra propuesta de que este Congreso de la Unión, en su marco establecido, pueda convocar lo antes posible a iniciar los trabajos que la agenda de la reforma democrática del Estado está establecido tratar en este poder.
Muchas gracias.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Auldarico Hernández Gerónimo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al Estado de Tabasco.
El senador Auldarico Hernández Gerónimo:
Muchísimas gracias, señor Presidente:
Quiero referirme a algunos hechos, ya por los medios conocidos, del Estado de Tabasco, en torno al caso de Gurría, del Estado de Tabasco.
Distinguidos miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Antes de morir, Salvador Neme Castillo decidió al parecer llevarse consigo a algunos de los miembros de la inverosímil y corrupta clase política de Tabasco, que hoy mantiene a nuestro Estado sumido en el atraso y autoritarismo.
Neme Castillo dio a conocer una carta en la que aclaraba que la deuda pública que había dejado al gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, era mucho menor de lo que el mismo Gurría Ordóñez reconocía.
No se trata de una disputa de contadores, sino de la desaparición de más de 135 millones de pesos, en nuevos pesos, cantidad que se esfumó de las arcas del erario público de Tabasco, de la contabilidad, del gobierno y de las expectivas que guardan la mayor parte de los tabasqueños de contar con un gobierno que atienda sus necesidades y reclamos más urgentes.
Hoy contamos con pruebas suficientes para demostrar que la Procuraduría General de la República debe proceder de inmediato a investigar el desaforado enriquecimiento del que se hizo Manuel Gurría Ordóñez y varios de los funcionarios que formaron parte de su gobierno.
Gurría Ordóñez apoyó, a través de los recursos del gobierno tabasqueño y de la manipulación de sus instituciones, al prófugo Cabal Peniche para apoderarse de la fábrica de Aceites y Oleaginosas del Sureste.
Gurría Ordóñez desfalcó a la Federación por una cantidad que va más allá de los 400 millones de nuevos pesos, es decir, el equivalente a más 100 millones de dólares, según el tipo de cambio que había en aquellas fechas.
Gurría Ordóñez encubrió a una banda bien organizada de secuestradores y falsificadores de dólares, cheques y tarjetas de crédito, encabezados por su propio procurador de justicia.
Gurría Ordóñez tomó terrenos federales, urbanos y no urbanos, para fraccionarlos y rematarlos a compañías que después hicieron voluminosos negocios en la industria de los bienes raíces y la construcción. Hay prueba de todo ello.
Pero lo más contundente de ello es la carta de Neme Castillo, cuya autenticidad ha sido corroborada por los propios miembros de su gobierno y su grupo político.
Gurría Ordóñez a su vez legó una nueva deuda al actual gobierno, lo asombroso de esta nueva deuda es que el gobierno entrante de Madrazo había recibido de la Federación los fondos necesarios para cubrir el endeudamiento en el que había dejado su gobierno. ¿Qué fue de los fondos destinados en 1994 a cubrir la deuda del Estado de Tabasco y que no sólo no la cubrieron sino que se endeudaron aún más? ¿En qué fueron utilizados esos fondos provenientes de la Federación y que acabaron en manos privadas?
Fueron utilizados para financiar las huestes de Roberto Madrazo para apuntalar un cacicazgo que hoy debe ser mantenido desde la Federación, para impedir el avance de las fuerzas democráticas y que están dispuestas a salvar a Tabasco de uno de los feudos priístas más corruptos que se conoce en el país.
Si no hay inversión en el Estado, la actividad económica se estancará aún más, en consecuencia el gobierno estatal no podrá recaudar impuestos y sin ellos no se podrán pagar las deudas.
Así de sencillo, el saneamiento de las finanzas públicas tabasqueñas comienza por el saneamiento de los manejos de los políticos tabasqueños y sus nexos con la Federación.
Para ello, la Procuraduría General de la República, debe proceder a investigar la complicidad de los actuales gobernantes con el grupo de Salinas y Cabal Peniche, así como los intereses de Hank González.
Tabasco tiene los recursos, la gente y las fuerzas para hacer frente a sus propios problemas, pero el actual cacicazgo que los dirige debe salir de las estructuras básicas del poder. La Federación no puede permitir que un grupo de hampones ponga en entredicho la legitimidad del Estado en su conjunto, para sólo seguir enriqueciéndose de manera privada y cancelando así las expectativas de los tabasqueños de un mejor nivel de vida.
En consecuencia, señores legisladores, el día 27 del mes de diciembre del año pasado, estuvimos varios legisladores ante el licenciado Artemio Meixueiro Sigüenza, oficial mayor, a ratificar dicha demanda, lo que pido a esta soberanía para que se diga: ¡basta ya a más impunidades!, en el que el pueblo, los de abajo somos los que pagamos los platos rotos, de tanta corrupción, de tanto robo y fraude.
Ustedes, los legisladores, están enterados de ello y también algunos legisladores de mi Estado, que escuchan esta denuncia, que no creo que salgan en defensa de alguien que realmente se ha quedado con los dineros del pueblo, ha despojado de terrenos nacionales y del Estado para sus propios negocios.
Estamos en contra de ello y vamos nosotros a seguir esa línea, porque es el reclamo de todo un pueblo que exige justicia.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, ha solicitado el uso de la palabra el señor senador Humberto Mayans Canabal.
El senador Humberto Mayans Canabal:
Con su permiso, señor Presidente; señores diputados, señores senadores:
Yo quisiera iniciar esta reflexión a la intervención del señor senador Auldárico Hernández Gerónimo, representante en el Senado del Estado de Tabasco, señalando y rechazando una de sus afirmaciones fundamentales que ha hecho en su intervención. El ha dicho que toda la clase política tabasqueña ha sido corrupta y ha desviado recursos del erario público en beneficio propio.
Yo lo rechazo, por que no todos los integrantes de la clase política tabasqueña, incluyéndolo a él mismo, que forma parte de un partido, que es el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, es una cosa, pero desde luego es uno de los jóvenes políticos tabasqueños, que está haciendo política en Tabasco todos los días y que estoy seguro que conforme a sus antecedentes y conforme lo acredita también la actividad de muchos otros políticos tabasqueños que forman parte de otros partidos políticos, incluyendo el mío, el Partido Revolucionario Institucional nunca hemos desviado ningún recurso del erario público en beneficio propio. Baste señalar solamente que el aislamiento del Estado de Tabasco hacia los años 50, era tal, que ni siquiera teníamos carretera a través de la cual salir y que los recursos provenientes de los ingresos del petróleo, por ejemplo, que han sido cuantiosos, nos ha permitido a los tabasqueños crear una infraestructura moderna, actual que, desde luego, ha puesto a tiempo con los tiempos de la nación al Estado de Tabasco.
Esos recursos han sido invertidos en esa enorme infraestructura que hemos construido los tabasqueños, el pueblo todo, con transparencia y con honestidad para beneficio de su pueblo; es mucho lo que falta por hacer dado el aislamiento tradicional del Estado, efectivamente; y esto no libra de responsabilidad, desde luego, a uno que otro funcionario público, miembro de algún partido que, efectivamente y los hay en todos, desviaron recursos y que dice el senador Auldárico que posee pruebas suficientes para acreditarlo. Sin embargo, me llama la atención también el hecho de que el senador Auldárico dice que en un periodo determinado se esfumaron y se desviaron recursos del orden de los 490 mil millones de viejos pesos, una cantidad inusitada, mucho muy importante, que si se esfumó, debe estar en alguna parte y él dice poseer pruebas suficientes que acreditan dónde está. Yo creo que las debe de presentar y no solamente pedir juicio político, sino presentar ante la instancia legalmente correspondiente para su investigación.
Y en este punto me llama la atención también el hecho de que afirma que va a acudir ante la Procuraduría General de la República para que proceda la investigación de esos recursos, cuando esos recursos son recursos estatales. Creo que el senador Auldárico se está equivocando entonces de instancia, ello correspondería en todo caso, y para que no pierda tiempo, le sugiero que acuda entonces a la Procuraduría Estatal en Tabasco con sus pruebas para que se proceda en consecuencia y así respetemos la soberanía estatal, porque si se trata de participaciones federales, entonces sería muy delicado que se solicite a la Procuraduría General de la República la fiscalización de recursos estatales. Eso sería un antecedente muy grave para la nación y para el país.
Y si en lo personal el senador Auldárico y el Partido de la Revolución Democrática en Tabasco están luchando por establecer un verdadero federalismo, resulta una contradicción muy delicada y muy grave el solicitar que la federación intervenga en asuntos internos de responsabilidad exclusivamente del Estado. Y me llama la atención también, y aquí quiero entrar en tema, de que el senador Auldárico aporta como prueba fundamental de esa desviación de recursos una carta del ex gobernador Salvador Neme Castillo que gobernó de 1988 a enero de 1992 a Tabasco, fallecido recientemente.
Me llama la atención porque el PRD, en Tabasco y el senador Auldárico Hernández Gerónimo en diversas ocasiones restaron de toda credibilidad y de autoridad moral el ejercicio del gobierno de Salvador Neme Castillo; y ahora resulta que le dan toda la veracidad y todo el peso específico que tiene una aclaración que efectivamente Salvador Neme hace al congreso estatal en diciembre del 1994.
Yo quiero partir de la reflexión de que efectivamente en febrero de 1992 y el Gobierno del Estado a través de las dependencias correspondientes, tienen el sustento y lo podemos demostrar, recibió de la administración de Salvador Neme Castillo y hay un refrán popular que dice: "Que a los muertos hay que dejarlos tranquilos". Y yo voy a mencionar aquí en varias ocasiones al ex gobernador Neme Castillo, solamente con el afán de precisión histórica, ningún otro, objetivamente de precisión histórica; que el Gobierno entonces en febrero de 1992, de Manuel Gurría Ordoñez, recibió una deuda pública heredada, de 323 mil millones de pesos; deuda que habrá que hacer el comentario, no estaba debidamente documentada ni reportada ni mucho menos, en la contabilidad de las finanzas del Gobierno estatal ni previstas en el presupuesto del siguiente año para su pago.
Esta deuda era una deuda a diferentes instituciones bancarias, incluso de deuda con Hacienda de devoluciones por los ajustes entre el Gobierno Federal y el Gobierno estatal en su hacienda; incluso, se le debía también a un sinnúmero, se tienen los listados de cada uno de ellos, contratistas de obra pública y proveedores. Debo decir en descargo de Salvador Neme, que definitivamente él no había previsto su salida en esa fecha, le quedaban todavía tres años más y era probable que hubiese manejado esta deuda adecuadamente, si hubiese concluído su regimen constitucional. Sin embargo, no le dio tiempo de consolidarla, de reportarla y registrarla como legalmente se debió haber manejado. En consecuencia, durante los primeros meses del Gobierno de Manuel Gurría, se documentó, se consolidó y se registró dicha deuda; se hizo, por otra parte, una auditoría por un despacho externo, que así lo acreditó.
Quiero también llamar la atención de ustedes, señores diputados y señores senadores, que en la carta que efectivamente envió Salvador Neme al Congreso del Estado en diciembre 19 de 1994, reconoce compromisos no pagados del orden de los 235 millones 398 mil pesos, deuda directa no contabilizada al 31 de enero de 1992. Es importante subrayar que no hace referencia alguna a la deuda indirecta, es decir, a aquélla en donde el Gobierno del Estado es aval solidario de organismos públicos descentralizados y de ayuntamientos que asumen compromisos con instituciones financieras, fundamentalmente aquéllas destinadas a las obras de beneficio y de trascendencia social, fundamentalmente etiquetadas con Banobras, por ejemplo, para: agua potable, alcantarillado y vivienda, entre otras. Esta deuda ascendía entonces, al orden de los casi 100 mil millones de pesos.
El gobernador Neme Castillo argumenta en su carta que esta deuda sería pagada con las participaciones federales pendientes de cobrar, de diciembre y enero de 1992. Argumenta que la Federación también le debía ajustes cuatrimestrales, que debían ser cobrados por el gobierno sustituto que le sucedió. Y que esas deudas de la Federación, participaciones federales, eran del orden de los 204 mil 688.163 millones de pesos; recursos con los que necesariamente dice el ex gobernador Neme, se debería de pagar la deuda heredada, reconocida en su carta.
En la argumentación que hace en esta tribuna el senador Auldárico Hernández Gerónimo, dice que efectivamente con esos dineros cobrados se debió haber pagado la deuda, conforme lo que especifica el ex gobernador Neme en su carta y que definitivamente fueron desviados dado que esa deuda no se pagó y que adicionalmente el Gobierno del Estado solicitó un crédito adicional por otros 204 mil pesos a la banca privada, subsistiendo entonces todavía la deuda y que esos dineros se esfumaron.
Es pertinente recordarle al senador Auldárico Hernández Gerónimo que las participaciones son un derecho consagrado constitucionalmente en favor de los estados. Las mismas se proporcionan conforme a las liquidaciones que la propia Federación realiza con base en la Ley de Coordinación Fiscal Federal y el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Federación y los gobiernos de las entidades federativas, teniendo como característica fundamental el no estar etiquetados a fin o programa alguno, previamente definido o acordado por la Federación y la entidad.
Las participaciones federales una vez ingresadas y esto es lo importante, en las arcas estatales, se convierten automáticamente, senador, en recursos estatales que han de emplearse y ejercerse conforme a la legislación estatal aplicable, de acuerdo a su vez, a los programas operativos de cada ejercicio fiscal, conforme a las partidas presupuestales, senador, que libremente el Estado decida y no que la Federación imponga y apruebe por el Congreso del Estado.
Por ello, la responsabilidad de fiscalización es del congreso estatal y si hay desviación de recursos es responsabilidad, no de la Procuraduría General de la República, sino de la procuraduría estatal, de supervisarlos.
Una vez aprobado el presupuesto por el congreso estatal del ejercicio respectivo, senador, los recursos deben aplicarse conforme dicha autorización. El desviar esos recursos o usarlos para fines distintos a los autorizados por el congreso, pueden dar lugar, ahora sí, y efectivamente a responsabilidades de carácter administrativo o incluso, en su caso, penales.
Las participaciones federales, a las que alude el ex gobernador Neme y que retoma en su argumentación usted en esta tribuna, corresponden a ingresos del ejercicio fiscal de 1992 y no de 1991 del Estado de Tabasco. Así como la Ley de Coordinación Fiscal Federal lo específica, ya que dichas participaciones fueron cobradas efectivamente senador, nada más que tome nota, por favor, y como lo reconoce el propio ex gobernador Neme en su carta durante los meses de febrero, abril y julio de 1992; como también lo podemos probar.
Entonces los recursos contables, presupuestal administrativa y jurídicamente deben de emplearse conforme al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 1992 y no porque no estaba previsto así en su integridad ni parcialmente, porque además, no existía ni siquiera partida de deuda pública en el presupuesto de 1992, para pagar las deudas que reconoce el ex gobernador Neme de 230 mil millones de pesos aproximadamente y que en realidad ascendieron a 323 mil millones de pesos.
Al no existir entonces en el presupuesto de 1992 la previsión de pago de la deuda pública en el monto señalado y ni siquiera parcialmente, del ejercicio de 1991, no era posible utilizar participaciones federales recibidas de 1992 para el pago de la deuda.
Insisto, lo subrayo, especialmente porque no fue aprobada en forma y tiempo por el congreso estatal, tal como lo determina la Constitución de nuestro Estado, senador, en su artículo 36.
El haberlo hecho sí hubiese significado desviación de recursos, con las consecuentes responsabilidades, como ya dije, para el gobernador y para los funcionarios encargados de la Hacienda Pública Estatal, conforme la ley estatal, que también existe senador, de responsabilidades de funcionarios públicos.
Es importante señalar, por otra parte, que la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece en su artículo 26, que solamente procede hacer pagos con base en un presupuesto anterior hasta el 15 de febrero del año siguiente, por los conceptos efectivamente devengados y siempre que hayan sido debidamente contabilizados. Si el gobernador Gurría tomó posesión a partir del 1o. de febrero de ese año, solamente tuvo 15 días legales para documentar la deuda; y como esta deuda no estaba registrada ni consolidada y se llevó seis meses, no era posible entonces saber el monto de la misma.
A su vez, la propia ley en su artículo 27, faculta al titular del Ejecutivo para hacer asignaciones presupuestales superiores a las programadas en un ejercicio, en el ejercicio presupuestal siguiente, siempre y cuando la obra o el programa de que se trate sea realmente contabilizado y autorizado en su presupuestación por el congreso, en ese ejecicio respectivo.
En congruencia con lo anterior, el artículo 28 de la ley en la materia, senador, establece y precisa que no se podrán otorgar garantías ni efectuar depósitos para el cumplimiento de obligaciones de pago fuera de los presupuestos autorizados por el congreso, sin incurrir en responsabilidades de funcionarios públicos.
Entonces si partimos del hecho, señoras senadoras y señores senadores y diputados, que como lo señalaban con anterioridad, la deuda pública recibida en 1992 de la administración del ex gobernador Neme efectivamente existe, está documentada y sustentada, la obligación entonces del gobierno entrante, del gobierno de Manuel Gurría Ordóñez era deuda de corto plazo, redocumentarla con la banca para conseguir mejores condiciones, condiciones no onerosas que afectaran definitivamente los programas de beneficio social del gobierno del Estado.
La obligación primera del Gobierno era cumplir con el presupuesto de 1992, autorizado por el Congreso, con el programa de 1992 autorizado por el Congreso, por ello se realizó una negociación de esa deuda con la banca; esta negociación autorizada por el Congreso mediante dos decretos, uno de 1993 y otro de 1994, senador, autorizan a contratar créditos con la banca privada, fundamentalmente con Serfin, por el orden de los 240 millones de pesos, 240 mil de los viejos pesos; otro con Internacional, hoy Bital, del orden de los 60 millones de nuevos pesos, 60 mil millones de nuevos pesos, con el objeto de, efectivamente, poder liquidar todo a las otras instituciones financieras, a los proveedores y contratistas que tenían un adeudo heredado de la administración anterior, más los intereses devengados.
Los recursos, senador, para que haya claridad, los recursos cobrados efectivamente en 1992, que corresponden al ejercicio fiscal de 1992, fueron utilizados en los programas operativos autorizados por el Congreso en ese año, no se esfumaron y ni se desviaron. Los créditos obtenidos con dos bancos, que sirvieron para liquidar la multitud y un sinnúmero de créditos pequeños, medianos y grandes, con la banca, proveedores y contratistas durante la administración anterior, sirvieron esos recursos para liquidar esa deuda y esa deuda fue redocumentada a tres años con vencimiento a 1996, debidamente autorizada por el Congreso y conforme una iniciativa del gobierno de Manuel Gurría, se promulgó una ley, ahora sí de deuda pública, para poder sustentar la transparencia y el manejo adecuado de la deuda del Estado y con ello, con esta ley, senador, se autoriza el Congreso, en base a ella, la contratación de estos créditos.
La documentación de la liquidación de esta deuda heredada, está también debidamente sustentada en las instancias correspondientes del Gobierno estatal y no hay ninguna duda de que fueron utilizadas correctamente, señor senador.
Es importante destacar también el hecho de que la administración actual de Roberto Madrazo Pintado, en su primer año de Gobierno, especifica en los anexos de la hacienda pública que hay una deuda, que recibe una deuda del orden de los 495 mil millones de pesos, como usted dice.
Efectivamente, la Ley de Deuda Pública estatal habla de la necesidad, para informar al Congreso y a la opinión pública en los informes refectivos del gobernador del Estado, debe de consolidarla y reportarla, no solamente al Congreso para su seguimiento, control y fiscalización por supuesto, sino también a la cuenta de deuda pública que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cada entidad federativa.
En consecuencia, la presentación de esa deuda estriba en que el actual Gobierno y conforme a esa ley, efectivamente suma la deuda directa heredada de 300 mil millones, el Gobierno anterior pagó 23 mil, más la deuda indirecta contratada por ayuntamientos, contratada por los organismos desconcentrados y descentralizados del propio Gobierno, en donde el Gobierno solamente es aval solidario y entonces se da efectivamente el dato correcto de la deuda integral del Estado.
Es necesario aclarar que esta deuda indirecta es del orden de los 195 mil millones de pesos.
Contando con ello, podemos consecuentemente concluir que para los efectos pertinentes de su intervención, la información que da el gobernador Madrazo a la opinión pública y al Congreso estatal, estriba en una deuda recibida de 495 mil millones de pesos, que a la fecha tiene un saldo insoluto, dado que durante ese año se hicieron liquidaciones de la misma disminuyéndola sensiblemente, de 240 millones en la directa y de 140 millones en la indirecta; ello desde luego contribuye a la disponibilidad de recursos del Gobierno del Estado para poder aplicar estos recursos a programas de beneficio social. Esta deuda fue renegociada en Udis, Unidades de Inversión, durante 1995, logrando plazos de ocho años con dos de gracia.
Espero, señor senador, que esta información, de la cual el Gobierno de nuestro Estado en sus áreas respectivas posee toda la documentación que podrá ser consultado por usted o por cualquier ciudadano que así lo pida, acredita efectivamente que se heredó una deuda, que esa deuda efectivamente fue liquidada, no con las participaciones que se aplicaron al presupuesto de este año, del año 1992, sino con los crédito obtenidos con estos dos bancos, Bital y Banca Serfin y que se redocumentó en beneficio de la población del pueblo de Tabasco, haciéndola menos onerosa, con vencimientos a 1996 y que por último, el actual Gobierno la redocumenta de nuevo vía Udis, logrando plazos de pago a ocho años con dos de gracia y que la disminuye sensiblemente durante el año de 1995.
Todo ello está debidamente documentado y puede ser consultado para que le aclare a usted y a su partido en Tabasco ¿cuál fue el manejo de los recursos del pueblo? ¿Qué ha hecho la administración pasada y la presente?
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para rectificación de hechos, el senador Félix Salgado Macedonio.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Gracias, señor Presidente:
Creo que, con todo respeto señor senador Mayans, confunde usted el término de federalismo con feudalismo. Tabasco otra vez vuelve a ocupar las primeras páginas por los hechos escandalosos de corrupción.
Efectivamente Tabasco es un edén, pero no para todos; para unos cuantos. Un Estado tan rico, con tantas riquezas y con tantos habitantes pobres, padece gobernadores, caciques impuestos desde el centro y cuando el centro los quiere quitar se revuelcan en su supuesto federalismo.
No se ha aclarado todavía la procedencia de los 237 millones de nuevos pesos que gastó el señor Madrazo en su campaña; no se ha aclarado el origen de ese dinero, ¿quién lo financió? ¿Cabal Peniche? ¿El narcotráfico? ¿Las grandes mafias que gobiernan en Tabasco? ¿Quién financió esa campaña? Todavía no salen de ese escándalo y ahora ya tienen encima el otro, la danza de los 400 millones de nuevos pesos.
¿Quién desfalcó el erario público? ¿Quiénes fueron, Madrazo, Gurría, Neme? Dice el senador que no quisiera revivir muertos, ni nosotros tampoco. Aquel señor dejó su carta aclaratoria. Lamentablemente murió. Creo que este muerto se lo vamos a abonar a Gurría Ordóñez.
Se trata, pues, de un acto más de corrupción que enloda a la política mexicana ¡Qué flaco favor le hacen los políticos en el poder de Tabasco al doctor Ernesto Zedillo, en estos tiempos de crisis, de profunda crisis que está viviendo el país!
El senador de Tabasco, Mayans, dice que no puede la Procuraduría General de la República intervenir en este asunto, tiene que ser la Procuraduría local, la de Tabasco. ¿Cuándo han visto que los patos le tiren a las escopetas?, es decir, llevar el caso allá precisamente, donde está el feudalismo, donde está el remolino de la corrupción?
Nosotros pusimos una demanda de juicio político en contra del senador del PRI, Manuel Gurría Ordóñez, aquí la pusimos, aquí está la denuncia y yo solicito muy atentamente a la Presidencia instruya a la Secretaría a que dé lectura a esta denuncia de juicio político, para que todos los miembros de la Comisión Permanente estemos por enterados del caso que aquí se debate.
El Presidente:
Le pediríamos a la Secretaría a dar entrada exclusivamente a la parte inicial del juicio, porque debe ser seguramente un documento muy amplio. ¿Es corto.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Yo estoy solicitando que le dé lectura a la demanda de juicio político. Son 10 cuartillas.
El Presidente:
¿Aceptaría usted que se reparta, señor senador, a efecto de que todos lo conozcan?
El senador Félix Salgado Macedonio:
Aparte, que se reparta.
El Presidente:
Ruego a la Secretaría dé lectura al documento referido.
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:*
______ *Nota: no dejó en la Secretaría el documento al que se dio lectura.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Gracias, señorita secretaria:
Si no mal recuerdo, señor senador Mayans, es usted miembro del grupo exhorto. Yo respetuosamente lo exhorto a que combatamos la corrupción en nuestro país.
Y termino con un estracto de un poema de Machado, que dice: "A la falta de fantasía se miente más de la cuenta; también la verdad se inventa". Y para no caer en inventos y en fantasías, yo dejo aquí mis buenos deseos para que la demanda siga su curso.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificación de hechos, el senador Angel Sergio Guerrero Mier:
El senador Angel Sergio Guerrero Mier:
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores legisladores:
Exclusivamente para hacer algunas precisiones jurídicas en torno al debate que se ha dado en estos momentos en esta Comisión Permanente, en torno a un asunto contemplado desde luego en materia de su presentación y de su conocimiento, tanto en la Constitución General
de la República como en la ley secundaria, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Federales. Creo que es obvio que si está presentada una solicitud de juicio político, debemos esperar a que se realice y se lleve a cabo precisamente el trámite constitucional y el trámite de la ley secundaria que se señala para determinar responsabilidades.
Es en nuestro derecho positivo el juicio político indudablemente, uno de los medios y de los procedimientos que consagra y se estipulan para dirimir precisamente las responsabilidades en que puede incurrir un funcionario, sobre todo, los de carácter federal y que una vez presentada esta solicitud se turna a la subcomisión de examen previo que integran las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados y por eso, en esta instancia es una materia de conocimiento y de competencia exclusiva de las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, quienes determinan la procedencia o improcedencia de una solicitud de juicio político.
Entonces, creo que este trámite se seguirá y será resuelto en términos de la ley, para el efecto de determinar y resolver sobre aquellas cuestiones que han sido materia de comentarios, en materia de responsabilidades, de si se trata de fondos federales o de fondos estatales, pero creo que ha sido de cualquier manera útil para tener un conocimiento previo de lo que constituye la materia con que fundamenta ese juicio político.
Pero yo quiero aprovechar también, muy rápidamente, para algunas reflexiones también muy breves, en relación con lo que viene siendo la utilización del juicio político por parte de las instancias respectivas y en función de las acusaciones que se presentan.
Yo creo que se ha venido operando una desnaturalización del juicio político, al menos como fue concebido originalmente en la Constitución y como está concebido en la Constitución General de la República.
Tal parece y a veces se pregona, que el juicio político constituye la instancia y el procedimiento máximo de castigo para un funcionario que incurre en violaciones graves a la Constitución General de la República que incurre en el desvío de fondos de carácter federal y que el castigo máximo que se le puede imponer a un funcionario que incurre en estas responsabilidades y falta de probidades o violaciones a la Constitución, conforma el castigo ejemplar que se le puede imponer.
Esto ha llevado inclusive, a mí me ha llamado mucho la atención, en opiniones que desde luego no comparto, de algunos distinguidos constitucionalistas que estiman que el juicio político constituye ya una verdadera vacilada. No las comparto, porque creo que mientras sea un procedimiento que nuestra Constitución señala, debe ser respetado y debe de ser seguido en sus términos y en los que señala la ley secundaria.
Pero, sí creo que la sanción que en un momento dado se impone a través del juicio político, cuando se declara por el Senado como tribunal de sentencia, es la destitución del funcionario y su inhabilitación para el desempeño de cualquier otro cargo de carácter público y eso creo que no es la esencia ni debe ser el objetivo fundamental cuando se solicita el castigo ejemplar de quien incurre en violaciones a la Constitución por faltas de probidad.
Esto ha llevado en muchas ocasiones y aquí lo hemos vivido en la Comisión Permanente, a propósito de algunos debates que se dieron en el pasado, cómo se involucra y se inmiscuye lo que constituye al tenor de los artículos 108 al 110 de la Constitución como juicio político y lo que constituye conforme al 111, lo que es la declaración de procedencia, que es precisamente el otro tipo de procedimiento que se señala para poder retirar la inmunidad procesal temporal de que la Constitución enviste a funcionarios tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y Judicial y conlleva los mismos objetivos, el retirar la inmunidad procesal que señala la Constitución a estos funcionarios, los pone a disposición de la autoridad penal federal y además implica la destitución del cargo.
Entonces, yo creo que vale la pena que todas estas circunstancias que se han presentado en los últimos tiempos alrededor del llamado juicio político y al rededor de la declaración de procedencia, debe ser materia de un análisis serio y profundo que en el Poder Legislativo realicemos, ahora que vamos a estar involucrados y que vamos a coparticipar en la reforma del Estado.
Creo que esto, tanto en relación con un acotamiento del poder presidencial, como en relación con las inmunidades procesales que el 111 señala, vale la pena que sea materia de un análisis profundo para convertirlo en un procedimiento eficaz, en un procedimiento que verdaderamente corresponda a las expectativas de la sanción que se debe imponer a quien comete actos u omisiones considerados en el 110 de la Constitución y en la ley secundaria.
Y esto vale también en materia de cuando se presentan solicitudes de juicio político contra gobernadores o ex gobernadores de los estados, porque ¿Cuál es y en qué se traduce?, en última instancia, si acaso un juicio político se declara procedente y es materia de alguna sentencia por parte del Senado, que actúa como tribunal de sentencia, pues la Constitución lo dice muy claramente, sólo tiene efectos declarativos y se debe turnar al Congreso de la respectiva entidad federativa, para que actúe de acuerdo con las propias disposiciones de su propia Constitución y su Ley de Responsabilidades Públicas, ¿y por qué?, sin absoluto respeto a la autonomía interna de las entidades federativas.
Entonces yo no opino en absoluto sobre las cuestiones de tipo político, si procede o no procede, eso le corresponde desde luego a la subcomisión de examen previo, pero sí quiero llamar a una reflexión de veras, sobre las verdaderas consideraciones jurídicas que tenemos que analizar ahora y en el futuro, en materia de darle una verdadera congruencia a estos procedimientos constitucionales, para el efecto de que no se maneje, como lamentablemente se ha manejado a veces en el pasado, situaciones de venganza política, de desquite electoral, sino que correspondan estricta y exactamente, a lo que debe ser conforme a la Constitución General de la República, un juicio político, una declaración de procedencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificación de hechos tiene la palabra por cinco minutos el diputado Pedro René Etienne Llano.
El diputado Pedro René Etiennne Llano:
Con su venia diputado Presidente, compañeros senadores y diputados:
Hemos escuchado con atención las palabras del senador Angel Sergio Guerrero y valoramos que en lugar de tratar de exculpar o de recomendar caminos que efectivamente son una vacilada, como plantear esto ante las autoridades locales de Tabasco, pues nos encontramos ante una consideración de que el procedimiento debe agotarse y de que la demanda de juicio político, por ningún concepto se debe desestimar en forma ligera como lo pretende el senador tabasqueño, sino que debe pasar para ser examinada por las comisiones de examen previo de la Cámara de Diputados.
Efectivamente, hay una demanda, está ratificada y está ratificada por políticos diputados y senadores, que merecen, por lo menos, el respeto de seguir los procedimientos.
Por eso hemos valorado esta intervención del senador Angel Guerrero, que ha puesto en su justo término la demanda presentada de juicio político contra el ahora senador Manuel Gurría.
Sin embargo, la reflexión que él hace sobre el juicio político, nos merece también un comentario, que queremos exponer desde esta tribuna. Efectivamente, hay algunos que opinan, que ha sido una vacilada el juicio político, pero a nosotros nos parece que cuando se habla contra la impunidad, lo que es una vacilada es que en los hechos siempre se encuentran argumentos, para ni siquiera investigar las demandas y las denuncias.
En el caso nuestro, hemos tenido junto y aparejado a las demandas de juicio político, que interponer demandas también de responsabilidad penal contra funcionarios públicos, es el caso de las denuncias contra Carlos Salinas de Gortari, por la venta ilegal y fraudulenta de Teléfonos de México. Y nos parece que esta posición asumida por el Partido de la Revolución Democrática, muestra una decisión clara de no quedar atrapado en los formalismos y de exigir, no sólo en la responsabilidad política, sino también en la responsabilidad penal, congruencia ante lo que se dice y se hace. Congruencia para, efectivamente en los hechos, acabar con la impunidad y que esta frase no se convierta en una más de las demagogias de cada seis años.
Por eso, a la reflexión de Angel Sergio yo le añado, a veces se inicia y se ha interpuesto el juicio político y penal, no por venganza, sino por un elemental acto de congruencia política. Porque es conocida y es pública la posición que el PRD tuvo frente al propio Salinas de Gortari siendo Presidente de la República, ni la hemos cambiado ni se trata de una venganza, simplemente de un ejercicio de elemental congruencia política. Sí pensamos que en las discusiones, sobre todo para fortalecer el papel del Poder Legislativo, en las discusiones para efectivamente enriquecer las formas de combate a la corrupción, hay necesidad de una revisión a fondo de todo el capítulo de responsabilidades de los funcionarios. Esto implica no sólo juicio político, sino también de responsabilidades penales cometidas en el ejercicio de la función pública. Pensamos que ahí también habrá un ejercicio de congruencia para que el combate a la impunidad ya la corrupción se traduzca en hechos.
Muchas gracias.
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al cambio de titulares en dependencias y entidades del Gobierno Federal.
El diputado José Jesús Ortega Martínez:
Gracias, compañero diputado Presidente:
En muchas intervenciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y hoy mismo, en las intervenciones anteriores en esta sesión de la Comisión Permanente, se ha recordado y creo que con justicia, que la situación del país es ahora tan difícil que pensamos los legisladores del PRD que hoy más que nunca la representación nacional y la representación popular debiera, mediante la discusión abierta y el debate franco, intentar encontrar algunas respuestas a ésa tan complicada situación del país. Si ni siquiera intentamos la representación nacional encontrar respuestas a esta difícil situación del país, entonces deberíamos de preguntarnos cuál es el papel que jugamos los representantes de la nación y los representantes populares.
Me parece que también en estas sesiones de la Comisión Permanente, los legisladores debemos de buscar, reitero, a través del debate y la discusión franca esas respuestas, sobre todo ahora en esta situación tan complicada.
No repetiré lo que hasta la saciedad conocemos, no buscaré convencerlos de que ahora mismo el país se debate en situaciones en extremo graves y peligrosas; y no lo intentaré porque bien sé que de ello están en pleno conocimiento todas y todos los legisladores. Pero también sé que por ello mismo, los legisladores de México no podemos permanecer impasibles y solo expectantes, no podemos consentir, so riesgo de fallar en nuestra responsabilidad, que el país se deshaga en las manos de alguien. Y no importa hoy ubicar en las manos de quién se podría deshacer el país, lo que importa sí, ahora, es hacer algo para evitar que esto suceda.
Decíamos que lamentablemente vivimos una situación de emergencia y que para enfrentar de manera eficaz esa situación de emergencia en el país, se requieren decisiones y acciones extraordinarias, audaces y valientes de quienes ahora tienen las riendas del rumbo del país. Y en ese sentido, compañeras y compañeros, pienso que en nada contribuye a enfrentar con exito esta complicadísima situación nacional, la toma de algunas decisiones, de algunas medidas que reciente ha tomado el Presidente de la República y me refiero precisamente a algunos cambios que ha hecho en su gabinete, especialísimamente en algunos casos, particularmente sensibles.
Cuando el país es vasto para el escándalo internacional, resultado de la también escandalosa corrupción gubernamental, cuando los diarios de otros países ubican al nuestro como uno de los más corruptos del mundo, cuando los ciudadanos mexicanos, todos se indignan por la podredumbre que brota de las atarjeas gubernamentales, cuando enfurece e indigna conocer la corrupción en la que participó e incluso promovió el ex presidente de la República y muchos de los funcionarios que participaron en su gabinete, cuando se demanda castigo al ex presidente y a muchos de esos funcionarios que por omisión o por participación forman parte de la corrupción; cuando todo esto, compañeras y compañeros, sucede, es entonces que el actual presidente Zedillo, nombra a uno de esos funcionarios que participaron en el régimen anterior de manera relevante, nombra a uno de esos funcionarios como, fíjense bien, el nuevo encargado de combatir la corrupción. Esto es ¿Cómo podríamos calificarlo? verdaderamente kafkiano y si ello no fuera trágico, la decisión movería sólo a la burla y a la carcajada: Arsenio Farell, el funcionario favorito y privilegiado en el régimen de Salinas.
El régimen de Salinas, el más corrupto de la época contemporánea. Arsenio Farell, el funcionario siempre activo y siempre presente de manera relevante en los dos sexenios trágicos para el país; los del neoliberalismo. Arsenio Farell es ahora el encargado de combatir la corrupción.
Por cierto, debemos de recordar y ustedes seguramente tienen presente el asunto de Banpesca y los créditos de Banpesca a las cooperativas de las que eran socios, reitero, los créditos de Banpesca a las cooperativas de las que eran socios, los hijos precisamente de Farell; cooperativas formadas, obviamente, de manera ilegal, como se demostró en su tiempo y a través del tráfico de influencias en las que participó precisamente el señor Arsenio Farell.
Pero algunos dirán y ya lo comentan algunos columnistas: "Es que se nombró a Arsenio Farell como Secretario de la Contraloría, porque está identificado con su mano dura y con su capacidad de dureza en las decisiones políticas". Y por lo tanto dicen o podrían decir algunos de ustedes: "Para combatir la corrupción se necesita, pues, una mano dura y por lo tanto hay que encontrar la más dura". Y parece que ésa es la de Arsenio Farell.
Pero, compañeras y compañeros, no podemos engañarnos. La dureza de Arsenio Farell está claramente identificada y claramente ubicada para golpear no a los corruptos, sino para golpear a los trabajadores y a los mexicanos más pobres y más desprotegidos.
¡Esa es la característica de Farell y ésa es la cualidad de Farell como hombre de mano dura!
¡No para combatir la corrupción, sino para impedir la protesta social! ¡No para meter a la cárcel a los corruptos, sino para controlar a los sindicatos y que no luchen por mejoras salariales y por mejoras en sus niveles de vida!
¡Esa es la característica que ha signado la trayectoria de Farell en la administración pública!
Y ahora se le nombra, parecería una burla, cuando fue de los principales copartícipes en el régimen de Salinas, como el encargado de combatir la corrupción; en la que seguramente participaron muchos de los funcionarios que eran compañeros de él en el gabinete salinista.
Por lo tanto pensamos que esta decisión significa "poner la Iglesia en manos de Lutero", efectivamente. Cuando seguramente él, incluso él mismo debería de estar sujeto a una investigación por su participación relevante en el régimen de Salinas, el propio Farell es nombrado el funcionario, ahora, para supuestamente combatir la corrupción.
Por lo tanto, nosotros pensamos que este tipo de decisiones para enfrentar con eficiencia la demanda ciudadana contra la corrupción, son decisiones absolutamente erráticas. Como también la es, por ejemplo, nombrar al ex secretario Pichardo Pagaza como probable embajador de nuestro país.
Y ustedes saben que en muchas ocasiones diputados y senadores, oficialistas o de la oposición, hemos rescatado el trabajo del servicio exterior mexicano en otros tiempos, que fue en muchas ocasiones impecable en la defensa de la soberanía y en la defensa del derecho internacional. Y veíamos que este impecable trabajo del servicio exterior mexicano venía deteriorándose y venía pervirtiéndose, cuando algunos Presidentes de la República empezaron a utilizar el servicio exterior mexicano como panteón y como refugio de políticos en desgracia.
¡Y ahora tenemos en muchos países, como representantes del nuestro, a gente que no tiene ninguna experiencia en las relaciones internacionales; pero que han sido nombrados como embajadores para simplemente resolver problemas políticos internos!
Y éste es el caso del secretario Pichardo Pagaza, no encuentran otro lugar qué darle para corresponder con los intereses del grupo político al que pertenece y por lo tanto, la mejor forma, la más sencilla, es nombrarlo, es designarlo al servicio exterior mexicano, para deteriorar aún más esta función tan importante para la preservación de la soberanía de nuestro país.
Entonces, ¿qué es, nos preguntamos nosotros, lo que se presenta en el Presidente de la República para tomar este tipo de decisiones? Algunos dirán: Ese tipo de decisiones son exclusiva responsabilidad del Presidente y allá él, si acierta bueno y si comete errores es decisión de él. El problema, compañeras y compañeros, es que si aplicamos este criterio vamos a seguir experimentando fenómenos y situaciones como los de Salinas de Gortari. Se le dejó toda la responsabilidad a él y hoy el país está en desgracia por decisiones equivocadas del entonces Presidente de la República. Y me parece que la representación nacional, aunque de manera formal no tenga injerencia en ese tipo de decisiones, me parece que cuando menos debemos reflexionar sobre lo erróneo que significan estos nombramientos, porque implican daño al país y finalmente daño a los intereses del pueblo de México.
No son éstas, compañeras y compañeros legisladores, las decisiones más adecuadas y las decisiones más correctas ya no solamente para combatir la corrupción, sino no son las decisiones más adecuadas y más correctas para enfrentar con éxito la complicadísima situación por la que vivimos actualmente los mexicanos.
Por ahí se da una respuesta. El Presidente de la República en su informe nos dijo a los legisladores que iba a promover una iniciativa de ley para crear un órgano superior de fiscalización, como un instrumento viable, eficiente, para vigilar el gasto público y para, de esa manera en algo combatir la corrupción. Y entonces nos preguntamos, después de que el Presidente dijo esto y además dijo que creándose este órgano superior de fiscalización ya no tendría sentido la existencia de la Secretaría de la Contraloría, ¿el nombramiento de Farell? ¿Qué significa?, ¿tapadera para los funcionarios salinistas que pudieron participar en actos de corrupción o significa un paso atrás en la decisión del Presidente de la República de desaparecer la Secretaría de la Contraloría, para darle, como debe de ser, la función de fiscalización del gasto público al Poder Legislativo?
Nos preguntamos eso y sería verdaderamente equivocado y erróneo que el nombramiento de Farell sirviera para cualquiera de esas dos cosas, o para tapar los actos de corrupción de funcionarios salinistas, incluido el mismo Farell; o dos, un paso atrás en la decisión de darle al Poder Legislativo toda la facultad de la fiscalización del gasto público por el Gobierno. Si es alguna de estas dos decisiones, el Presidente de la República estará cometiendo un grave error y me parece que los legisladores, los representantes populares, cuando menos deberíamos de decirlo con toda claridad y con toda franqueza, para advertir al pueblo de México de las consecuencias de ello.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Para el mismo tema, ha solicitado el uso de la palabra el señor senador Rosendo Villarreal Dávila.
El senador Rosendo Villarreal Dávila:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Me quiero referir exclusivamente al tema de la Secretaría de Energía. Uno de los aspectos que requiere más técnica, más tecnología y que está dándose cambios a una rapidez increíble en todo el mundo, es el área de energía y sentimos que nuestro país, por ser uno de los principales productores de petróleo y por otro lado, por tener unas riquezas inmensas para poder producir energía eléctrica, debería manejarse con un cuidado técnico muy grande.
No entendemos francamente el cambio en la Secretaría de Energía, lo entenderíamos si la persona que ahora ocupara esta secretaría, fuera alguien que fuera a aportar a nuestro país realmente por su experiencia, por sus conocimientos, un mejor manejo de la energía en nuestro país.
La energía no la debemos de considerar sólo de que nos vaya bien si Pemex tiene réditos, si Pemex tiene un superávit o si la Comisión Federal de Electricidad tiene también éxito económico, en el manejo de la energía tenemos que pensar en dos situaciones muy importantes, cuidar los recursos para el futuro y creo que la persona, don Jesús Reyes Heroles, que ahora ocupará, no tiene la experiencia para realmente guiar a estas dos grandes empresas, Pemex y la comisión, a buscar un equilibrio para futuro.
Sabemos que las empresas en sí solas, Pemex y la comisión, tienen capacidad, tienen mucha gente, pero normalmente el fenómeno que ocurre es que se orientan a buscar el mejor rédito para las empresas para rendir buenas cuentas desde el punto de vista económico, y por otro lado, buscar la eficiencia y se necesita alguien con la autoridad suficiente como un Secretario de Energía, para poner siempre en cada una de las decisiones el cuidado de decir: ¿Estamos cuidando los recursos energéticos para el futuro? ¿Estamos haciendo las conversiones más eficientes de los recursos que tenemos ahora para convertirlos en gasolina, en gas, o para usarlos como energía eléctrica? ¿Estamos haciendo eso.
Y por otro lado, al estar transformando la energía ¿Estamos cuidando el medio ambiente? Y ahí creo que necesitamos gente con alta capacidad técnica, hay mucho descuido en el medio ambiente de México, lo hemos visto en el sureste principalmente, en el uso a la explotación del petróleo y también tenemos muchas quejas en el manejo de la energía eléctrica, de los residuos que se tiran en algunas de las plantas que procesan, en Coahuila, en algunos otros lugares.
Aquí no entendemos realmente la razón de este cambio, nos gustaría que hubiera habido un cambio, pero que hubiera sido orientado a que con nuevas tecnologías, una persona pudiera dirigir el correcto manejo de la energía de nuestro país y en este punto sí queremos cuestionar al señor Presidente el porqué de este cambio.
Nosotros pensamos que la Secretaría de Energía debe ser manejada técnicamente y con miras a futuro y con miras también a la preservación del medio ambiente y queremos dejar claro la posición de nuestro Partido Acción Nacional, de un cuestionamiento: ¿Cuál es el fin de este cambio? No lo entendemos, lo entenderíamos si fuéramos a una mejora en la capacidad de dirección. Esperamos que se rodee de la gente adecuada en la Secretaría de Energía, porque si no, realmente vamos a seguir nadamás con una Secretaría que no tiene caso de ser, si Pemex y la comisión tienen por sí mismo bastante personal para poder desarrollar sus actividades.
Queremos dejar este punto claro y queremos dejar claro que para Acción Nacional esta Secretaría debería de cuidar tanto el medio ambiente, como los recursos que les vamos a dejar a los futuros mexicanos y que creemos que este cambio no va orientado a esto.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para referirse al mismo tema, tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Yo voy a referirme exclusivamente a uno de los nombramientos que es el del licenciado Arsenio Farell, aunque ya se ha hablado de esta designación en esta tribuna.
Yo no voy a objetar ni a poner en duda la facultad constitucional que tiene el Presidente de la República para hacer las designaciones y hacer sus nombramientos; tampoco me meteré en la vida como funcionario de este doctor en derecho, Arsenio Farell, y mucho menos voy a meterme con su reconocida capacidad de jurista, de gente, de funcionario público; simplemente creo yo que es una inquietud lo que nos anima a la gente de Acción Nacional, de nosotros cuestionar, de ver y examinar los mensajes que con esto está mandando el Presidente de la República, por los mismos cuestionamientos que se hace la ciudadanía en general de por qué obedecen estos cambios o a qué obedecen los cambios que está haciendo el Presidente de la República, y yo creo que ya es de dominio común, de pregunta común el de que extrañó bastante el nombramiento del doctor Arsenio Farell, en virtud sobre todo del momento político en el que estamos viviendo.
Ya se mencionaba aquí que en el tintero del Congreso, en la Cámara de Diputados está pendiente la iniciativa que envió el Ejecutivo para la creación del órgano superior de fiscalización y que se ha venido manejando como el regreso a una facultad que desde el Constituyente de 1917 se le asignó al Congreso para reivindicar el derecho del Congreso para fiscalizar al Ejecutivo y que precisamente por eso se debía minimizar la actuación, si no desaparecer, minimizar sí, la actuación de la Secretaría de la Contraloría, porque no obedece ni al espíritu del Constituyente ni a nuestra realidad; que el mismo Ejecutivo se revise, eso simplemente quedaría para una auditoría de las dependencias federales y así debería de funcionar y por eso extraña el nombramiento de Arsenio Farell cuando se dice que va a reforzar la fiscalización, que va a tener mano dura, como aquí se ha mencionado, para combatir la corrupción.
Yo creo que para ser congruentes, debería de haberse en todo caso, dejado de ser Secretaría de Estado y pasarse a otro nivel, mientras está en discusión el órgano superior de fiscalización en el Congreso.
Está pendiente de dictaminar y discutir esa iniciativa del Ejecutivo y creo que no es ni con mucho, no obedece ni refleja lo que la población quiere y la población se pregunta ¿por qué los cambios?, ¿por qué la salida de Norma Samaniego si ella en algunos momentos se le ha señalado como, por lo menos, encubridora de actuaciones anteriores? y ¿por qué en este momento la salida de ella sin explicación alguna?, ¿que es lo que demanda el pueblo de México.
Por otra parte, el licenciado Arsenio Farell, hubo un comunicado de la Presidencia de la República donde se da a conocer el cambio de funcionario y para nada se menciona aquí en su curriculum el que fue designado como el titular de la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación y yo creo que esto obra en su expediente, en el que en ningún momento se informó de la actuación de la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, se creó patrimonio propio de esa coordinación, qué actuó y qué no actuó y dónde quedó ese patrimonio, que a través de la ley que nosotros aprobamos de Coordinación de Seguridad Pública, en su artículo sexto transitorio desaparece esta coordinación, pero jamás se ha informado qué pasó con esta Coordinación de Seguridad Pública que él dirigía y dónde quedó el patrimonio de ella, por lo que esto habla muy mal del licenciado Arsenio Farell para encabezar ahora la Secretaría de la Contraloría.
En fin, lo que nos preguntamos nosotros es: ¿Por qué razón en este momento, en que todavía no se discute el órgano superior de fiscalización, por qué no se clarifica ante la población el motivo de los cambios, por qué en este momento se nombra una gente con las características del licenciado Arsenio Farell, que ya se ha expresado aquí, de mano dura, que ha sido caracterizado siempre por un buen litigante? Y que esperamos nosotros también, y ojalá que así sea, que no sirva para impedirle a la oposición el acceso a documentos, para impedirle incluso a la Contaduría Mayor de Hacienda el acceso a expedientes y que sirva así, en todo caso, para sacar o destapar lo que en el pasado está ahí expresado en documentos y en expedientes que hasta la fecha no han salido.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Píndaro Urióstegui Miranda.
El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:
Señor Presidente; honorable Asamblea:
Creo que como nunca, el Congreso de la Unión ha sido, es, el escenario principal del debate nacional sobre los grandes problemas del país. Todos, como se ha señalado aquí, estamos conscientes de la difícil situación que afrontamos y frente a la cual no somos expectantes, sino actores dinámicos, participativos, para encontrar por la vía de la legalidad y no de la violencia, ni de la confusión, las mejores soluciones en lo económico, en lo político y en lo administrativo.
Creo que todos estamos contra la corrupción, contra la deshonestidad, contra la impunidad, contra el autoritarismo, contra toda expresión de injusticia, por grande o pequeña que sea.
Advertimos en estos nuevos funcionarios una probada capacidad profesional e institucional. Creo que en buena medida estamos adelantando juicios. No se pretende burlar a nadie. Creo que existe una seria reflexión en las nuevas designaciones dentro de un marco de legalidad y siento y aprecio también en los oradores y voceros de los partidos que me han precedido, aportaciones valiosas, con un profundo sentido de colaboración, sanas y que seguramente serán positivas en los trabajos futuros de este Congreso en la reforma de Estado y en el fortalecimiento del Poder Legislativo.
Es cierto, como aquí se ha señalado, no podemos poner en tela de juicio, de duda, la facultad constitucional del Presidente de la República para nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho y demás empleados de la Unión y también de que este poder supremo se divide para su ejercicio en tres poderes.
No podemos pues confundir nuestro régimen presidencial con un régimen parlamentario, del que independientemente de lo positivo de uno y de otro, en nuestra Constitución está perfectamente verificada nuestra forma de Gobierno.
No pretenden ser estas palabras, estas reflexiones, un apoyo al presidencialismo, sobre todo un presidencialismo añejo y fuera de la época, fuera de las exigencias y reclamos populares de nuestros tiempos, pero sí de un profundo respeto para mantenimiento de nuestro orden constitucional, del régimen presidencial que rigen los destinos de nuestra nación y lo hacemos así, porque estamos seguros que a través de ello estaremos fortaleciendo la división de poderes y a través de ellos, un sistema de partidos que en un futuro lo más inmediato posible garantice y también dé una mayor fortaleza a nuestras instituciones democráticas y republicanas.
No pretendemos defender a funcionarios en lo particular, sino a las instituciones y a quienes las van a presidir y serán responsables del desempeño de sus tareas. Todo ello, claro está, dentro de un estricto marco constitucional. ¿Qué se buscó con estas nuevas designaciones? Hacer coincidir, compaginar, tanto las facultades constitucionales con reclamos, con señalamientos, con exigencias, tanto de carácter popular como del avance y perfeccionamiento de la administración pública.
Yo pienso que en buena medida se buscó con estos cambios un respeto y transparencia mayor en las relaciones del poder público, con los medios de comunicación para servir mejor a la sociedad.
Advierto que el Ejecutivo Federal no tiene interés en ocultar, en disimular o deformar acciones de su Gobierno ni conductas personales; su compromiso de servicio al país es invariable durante el periodo de su mandato.
El presidente Zedillo sabe que será a base de prudencia, de buena fe, de eficiencia y de honestidad, adecuadamente informadas éstas, como se fortalecerá la confianza popular, ciudadana, en las instituciones de la República.
Advertimos también un propósito, un empeño de expandir la industria petrolera como uno de los pilares fundamentales de nuestro crecimiento económico.
Advertimos también un propósito, un empeño de vigilar mejor el manejo de los fondos públicos y evaluar más detalladamente el comportamiento de sus responsables, de una mejor coordinación con otras dependencias judiciales y una relación más profesional y adecuada con el Poder Legislativo, mientras, mientras se crea el referido órgano superior de fiscalización del que se ha venido hablando a últimas fechas.
La designación de un nuevo titular de la Secretaría de la Contraloría, pienso, no creo que encierre una tapadera a algo incorrecto, sino a una obligación que señala la ley de la administración pública. No puede quedar acéfala. Puede reformarse la ley y desaparecer dentro del procedimiento existente esta dependencia. Pero por ahora existe y esa dependencia existe con la responsabilidad de desempeñar determinadas funciones de carácter administrativo y de gran trascendencia dentro del desarrollo nacional.
Veamos las cosa sin pasión partidista y aprovechemos experiencias de éstos, de anteriores, de nuevos funcionarios que puedan seguir aportando materiales, trabajos, esfuerzos, empeños por perfeccionar la administración pública y de esta suerte servir de la mejor manera a la nación mexicana.
Muchísimas gracias.
SECTOR PUBLICO
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para hacer comentarios sobre precios y tarifas del sector público, el señor senador Arturo Nava Bolaños.
El senador Arturo Nava Bolaños:
Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores y con el permiso de la Presidencia:
Necesitamos referirnos un poco a los principios de economía social de mercado que nuestro partido señala, en la cual la ley de la oferta y la demanda señala los límites de los precios, señala el nivel de los precios en el mercado. Sin embargo, la economía social de mercado reconoce que hay límites éticos y que no nada más es un simple juego de la ley de la oferta y la demanda ¿Cuáles son estos límites éticos que establece la economía social de mercado.
Uno de ellos es que exista realmente una competencia efectiva dentro de ese mercado y esto de alguna manera es reconocido en nuestra Constitución en el artículo 28, donde se establece la prohibición de los monopolios. Y también se establecen límites éticos a algunos precios, por ejemplo, el salario mínimo, que se considera no puede ser sujeto como cualquier mercancía a la ley de la oferta y la demanda y por eso se estableció la consideración de un salario justo, equitativo y esto se denominó salario mínimo. Sin embargo, veamos en la realidad como han quedado distorsionados estos conceptos.
Los monopolios del Estado, algunos de ellos que han sido privatizados, han quedado ahora como monopolios privados. Y estos monopolios privados están de alguna manera poniendo los precios a su antojo, sin tomar en cuenta las condiciones de la sociedad.
Y por esa razón, queremos señalarnos a lo que está pasando actualmente en relación a los precios y tarifas del sector público y también a los precios y tarifas de algunas entidades que fueron privatizadas.
Estamos en un escenario de crisis que todos reconocen y de la cual no hemos salido aún. No podemos cantar victoria aún a pesar del aumento en la bolsa de valores del día de ayer, esos cambios pueden ser ilusiones, pueden ser espejismos y nos podemos enfrentar a una realidad, que puede darse en los términos de la misma de la inflación que tuvimos en 1995.
Y al hablar de una crisis de bajo crecimiento o crecimiento nulo o crecimiento negativo y una inflación no controlada, en este escenario donde la inflación se convierte, como todos conocen, en el impuesto más injusto, porque afecta a los más pobres, en este escenario resulta que el Gobierno cuando establece un pacto, cuando se ha hablado de estos pactos, en los cuales se congelan únicamente los ingresos de las clases menos favorecidas y todos los demás se dejan libres, el Gobierno lleva la mano, lleva la delantera a la inflación y él siempre se cobra por anticipado con los impuestos, con los servicios públicos, que se indexan a la inflación o bien, son aumentos bruscos, en los cuales él de antemano ya está protegiéndose contra el efecto inflacionario. Desde la misma emisión de la moneda, el Gobierno va a mano contra la inflación, porque él emite el circulante y cuando lo recibe y es porque ya ese billete que circuló vale menos, el Gobierno va por delante.
Y por esa razón a nosotros nos parece que es ético señalar desde esta tribuna, nos parece correcto señalar que los aumentos de precios de las entidades públicas son desproporcionados y son inconsistentes con una política que tienda a bajar la inflación. Aumentar y permitir los aumentos en los precios de tarifas y servicios públicos, es como echarle gasolina a la hoguera, con eso no se puede reducir la inflación.
Pero sí es doloroso ver como el Gobierno es insensible ante el aumento de tarifas en la gasolina, la corriente eléctrica, el gas, es verdaderamente injustificado, insoportable ver como se ha permitido que una empresa que antes fue pública y ahora es privada, como el caso de Teléfonos de México, ha manejado los aumentos sin ninguna relación con la economía general del país y para esto vamos a dar algunos datos que de acuerdo a las cifras que proporciona la misma empresa y que se han presentado en la bolsa de valores, aparecen como sigue:
En el año de 1992 Teléfonos de México tuvo ventas en millones de nuevos pesos de 23 mil 950, una utilidad neta de 9 mil 225 millones y un porcentaje sobre ventas del 38.5%. En 1993, tuvo unas ventas de 26 mil 335 millones de nuevos pesos, con utilidades de 9 mil 637 y una utilidad sobre ventas del 36%.
En el ejercicio de enero a septiembre de 1994, esta misma empresa tiene una utilidad declarada de 30 mil 666 millones de nuevos pesos, una utilidad de 10 mil 252 y un porcentaje sobre las ventas de 33% y el año pasado, pese a la crisis que todo el país soportó, pese a la quiebra de miles de pequeñas empresas, frente a la insolvencia de muchas familias, Telmex sin ser una empresa exportadora, obtuvo una rentabilidad del 26%. Además, Teléfonos de México ha tenido ingresos muy importantes que le han permitido hacer gran parte de sus nuevas inversiones a través de adjudicarse a partir del 1o. de enero de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1995, el 65% del impuesto sobre la prestación de servicios telefónicos; es decir, existió un impuesto que añadían a su facturación para dar el precio final de la tarifa cuya tasa es del 29%, pero de este 29% ellos pudieron acreditarse el 65% contra las inversiones hechas durante el ejercicio, lo que llevó a esta empresa a adjudicarse la nada despreciable cantidad de 8 mil 800 millones de dólares de 1990 a 1995, que obviamente fueron impuestos regalados a esta empresa privada y que no se usaron en el gasto social ni en la inversión pública, sino en las inversiones propias de Teléfonos de México y que por supuesto hoy puede presentar unos balances extraordinarios que son envidia de muchas empresas de comunicaciones en el mundo, porque muy pocas empresas pueden darse el lujo de tener la rentabilidad que tiene Teléfonos de México.
Y por supuesto, no estamos en contra, que quede claro, de que las empresas privadas ganen, porque para eso están, tienen un fin de lucro, sino el problema es que es una empresa monopólica y que todo el lucro que tiene Teléfonos de México son recursos que se le están quitando a la empresa nacional y a los usuarios nacionales.
Por supuesto que estamos seguros que una empresa privada tienen que tener utilidades y tiene que reinvertir y tiene que manejarse correctamente; sin embargo, yo creo que en un año de crisis como el que vivimos, de ninguna manera podemos aceptar que haya empresas monopólicas que estén ganando estos niveles de rentabilidad mientras los millones de mexicanos se nos pide que nos "apretemos el cinturón". Yo creo que aquí tenemos que "apretarnos el cinturón" todos parejos. No puede haber una ley del embudo donde nada más sea la parte angosta para el ciudadano y la parte amplia para el sector público o para aquellos amigos que tienen "palancas", prebendas y puestos cercanos al poder público y en este caso todos sabemos la relación que hubo entre el ahora ex presidente de la República, Carlos Salinas y sus amigos en Teléfonos de México y esto pues no es algo que podamos ocultar.
Pero, además, pocos se dan cuenta que se ha autorizado un aumento de dos pesos por renta básica en el servicio telefónico y que esto al año va a dar un incremento de 24 pesos; muchas veces esta pequeña cantidad es casi otro tanto de lo que se paga ahora de renta por servicio mínimo; quiere decir que a las personas de menos ingresos, a las personas que tienen su teléfono y que lo usan poco, que es el gasto mínimo, les está pegando casi al 100%.
Yo creo que si somos consistentes con una política económica que pretenda el bienestar para las mayorías, como se pregona, no podemos aceptar esto. Por supuesto que tampoco estamos apoyando medidas populistas. Durante los sexenios de López Portillo y de Echeverría, el Estado pretendía introducirse en toda la vida económica del país; el Estado pretendía controlar todo y fueron dos sexenios en los que abundaron los controles de precios y los subsidios. No queremos nosotros, por supuesto, que se regrese a esa política de controles de precios y de subsidios; porque tanto los controles de precios como los subsidios, deben ser manejados como excepción y no como regla.
Y se habla que el ejercicio fiscal de 1995 nos dejó un superávit de 15 mil millones de nuevos pesos. Aquí nosotros queremos comentar que nos parece una tremenda inconsistencia hablar de un excedente de 15 mil millones de nuevos pesos cuando tenemos los problemas de empobrecimiento del campo, la insuficiencia de los servicios de salud y de educación, de problemas graves de infraestructura y un problema de cartera vencida de muchos pequeños empresarios, de muchos ciudadanos, de muchas familias que están en completa insolvencia. Yo creo que el discurso oficial debe de ser congruente con la realidad, con lo que ha predicado en la campaña. Que realmente se vean los beneficios del Gobierno para la mayoría de las familias de los mexicanos.
Muchas gracias.
INFLACION ECONOMICA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Pedro René Etienne Llano, para referirse a las alzas de precios.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Compañeros legisladores:
En tiempos de crisis, muchas veces las frases tradicionales quedan en desuso ante la realidad y así me sentí estos últimos días cuando al desear feliz navidad y próspero año nuevo, la mayoría de los mexicanos o esbozaban una sonrisa o algunos hasta reían con un gesto de incredulidad y es que el fin de 1995 y el principio de 1996, efectivamente han golpeado nuevamente la economía de la mayoría de los mexicanos, con las alzas de tarifas y también de precios. A partir del sábado 16 de diciembre, el pasaje del Metro, trolebús y tren ligero, aumentó su precio a un nuevo peso. Esto podría parecer un aumento mínimo, pero se trató de un incremento del 150% en las tarifas del transporte. Pero además, éste no fue el único aumento considerado en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, porque la Ley de Ingresos para 1996, incluyó aumentos hasta del 50% en toda la expedición de licencias, derechos y permisos, además, otros incrementos registrados fue el aumento del 7% a las gasolinas y el 7% también para la energía eléctrica.
Con los salarios tan deprimidos y con estos incrementos ya mencionados, se está dando un fuerte golpe a la economía familiar de los mexicanos, cuyos ingresos se ven menguados más cada día. Para hablar tan sólo de los incrementos en el Distrito Federal, la tercera parte de los capitalinos percibe ingresos de entre sólo uno y dos salarios mínimos, es decir, entre 20 y 40 pesos diarios.
Al margen de los argumentos esgrimidos por la autoridad, es indudable que estos incrementos constituyen un nuevo factor de irritación para una sociedad de por si golpeada por el desempleo, por las altas tasas de interés, por la inflación y por los incrementos en otros servicios. Quiero precisar que no se trata tan sólo de incrementos de los bienes y servicios decretados por el Gobierno, sino que también empresas privadas que prestan servicios públicos, han entrado en esta carrera de incrementos. Destaca el caso de Teléfonos de México que abrió el año de 1996, efectivamente, como se ha mencionado, con un incremento del 19.5% en las tarifas de larga distancia y con dos pesos mensuales en la renta básica. Parecería mínimo y disfrazado este incremento, pero se traduce en un aumento del 51.3% durante 1996, ya que la renta pasará de 46.60 pesos a 70 pesos mensuales, más el impuesto correspondiente.
Los mexicanos cautivos de este monopolio seguiremos pagando cada mes y durante muchos años la corrupción del siglo, la privatización más llena de irregularidades, ilegalidades y corruptelas, que fue el caso de la privatización de Teléfonos de México, pues se utilizó un mecanismo mediante el cual una estratégica y rentable empresa estatal fue transferida a un grupo de privilegiados, socios y cómplices, de las más altas esferas del poder.
Cabría preguntarnos ¿Si estos aumentos se tratan de un capítulo más de la política del neoliberalismo? Pero si observamos más a fondo no sólo los indicadores económicos, sino también la actitud y el sentimiento de los mexicanos, podremos concluir que nos encontramos ante problemas recurrentes y, sobre todo, ante un elemento político que es necesario valorarlo.
En la gente, en la mayoría de los mexicanos, en los que trabajan para sobrevivir, hay desánimo y hay desaliento ante las crisis. Hay un sentimiento de volver a empezar, sin que se puedan observar cuales fueron los avances reales de los sacrificios anteriores. Hay un verdadero desánimo y desaliento en la mayoría de los mexicanos.
Y para muchos, esta crisis recurrente ha significado un franco retroceso en la creación de sus patrimonios, de sus fuentes de trabajo, de sus empresas.
Por eso, pensamos que no nos encontramos ante un capítulo más del proyecto neoliberal, sino ante el agotamiento de un proyecto económico que no puede resolver problemas estructurales y que, por ello, se convierte en un problema de naturaleza política eminentemente.
Como legisladores, como diputados y senadores, no podemos permanecer ajenos o pasivos ante este problema. Cuando las políticas económicas no logran reactivar la economía y durante 1995 se reconoce que cerraron más de 15 mil empresas y que aumentaron los desempleados en más de 2 millones de mexicanos, el problema adquiere una magnitud que lo convierte en un asunto político.
Cuando la privatización de empresas y en particular las instituciones bancarias se tradujeron también en ineficiencia y corrupción, yo diría alta corrupción privada y habría que recordar el caso de Cabal Peniche, de Angel Rodríguez y otros. En síntesis, cuando un sistema financiero está atrapado en sus propias especulaciones desmedidas, no le sirve ni le responde a las necesidades de la producción, del comercio y de los servicios, porque las desmedidas cargas de las tasas de interés hunden a cualquier empresa, nos enfrentamos a un círculo vicioso que se convierte en un problema político.
Y como prueba está el surgimiento de una fuerza mayoritaria en nuestro país que tenemos que valorar también políticamente. Esta fuerza mayoritaria es la de los deudores de la banca; la mayoría de los mexicanos productivos están atrapados en este círculo vicioso de los deudores de la banca y la crisis y los problemas de estos deudores pueden ser también la crisis y la quiebra de este sistema financiero y por eso hablamos de un asunto eminentemente político.
Por estas razones, valoramos que el acuerdo de los grupos parlamentarios para el diálogo nacional, para la reforma democrática del Estado, incluyera la propuesta insistente de considerar como un punto especial de la agenda la reforma económica y social, porque compañeros, a este debate de las políticas económicas no hay que sustraerle el elemento político fundamental: cómo han golpeado y cómo siguen golpeando a la mayoría de los mexicanos; este es un problema del cual no podemos desentendernos.
Y aquí cabe una precisión necesaria. En este proceso del acuerdo de los grupos parlamentarios, nadie puede sustituir la responsabilidad de los actores, es decir, de los partidos políticos y menos suplir el método fundamental, que es el diálogo, la búsqueda del consenso y el acuerdo entre las partes por otro tipo de métodos o mecanismos; fundamentalmente, el diálogo requiere de la discusión y la participación de los partidos políticos para encontrar las mejores respuestas a la reforma democrática del Estado, que no puede, que no debe agotarse a la simple reforma electoral, que debe necesariamente incluír también el debate de la reforma económica y social; por ello, en buena hora la discusión y el debate de la reforma económica y social se trae al seno del Congreso.
La abdicación durante los últimos años en favor de los tecnócratas ha sido funesta para el país, como evidencia plena, basta ver la realidad en la que nos encontramos hoy en día. Es por eso necesario retomar la responsabilidad de los políticos, para que los representantes de la nación, diputados y senadores, participemos en la definición de las políticas económicas, para lo cual se requiere, sobre todo, pensar en el país y pensar en la mayoría de los mexicanos, valorar el país y valorar a la mayoría de los mexicanos por encima de las recetas neoliberales; en buena hora este debate se traiga nuevamente al seno del Congreso.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el señor senador Félix Salgado Macedonio:
El senador Félix Salgado Macedonio:
Gracias, señor Presidente:
Sobre el tema de la alza de precios, la alza de aguinaldos y las quiebras.
Y cómo no van a estar los precios por las nubes, cómo no vamos a tener una gran carestía, si nuestros funcionarios de primer nivel se dan los aguinaldos que quieren. Ahí tenemos al moderno Santa Claus del D.F., el señor Oscar Espinosa Villarreal, quien según versiones periodísticas y de ellos mismos, hace gala de su generosidad navideña al entregar a sus 4 mil 200 funcionarios de nivel medio y superior y a un grupo selecto de empleados de confianza, aguinaldos y bonos que sobrepasan los 20 mil millones de nuevos pesos.
La distribución desorbitada de aguinaldos y gratificaciones tuvo una distribución de acuerdo a las categorías de los funcionarios, así un delegado político recibió 210 mil nuevos pesos; un subdelegado 108 mil nuevos pesos; secretarios generales 400 mil y el titular; el señor Oscar Espinosa, recibe 700 mil nuevos pesos, el equivalente a 100 mil dólares.
Este señor, no obstante de que debe ser investigado, sino que va a ser premiado, lo van a condecorar, aquí estoy viendo el orden del día, donde dice que el señor José Angel Gurría Treviño, de triste memoria, y el señor Oscar Espinosa Villarreal, entre otros tantos, solicitan el permiso constitucional para usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca; es decir, van a ser condecorados estos señores. Vivales. Cómo no va a estar todo caro.
Quiero entrar más a profundidad, haciendo un balance sobre la política zedillista de 1995.
Todos nosotros, incluidos los legisladores del PRI, hubiéramos querido asegurar a la nación que este año nuevo iba a dar sus primeros pasos con una política efectivamente nueva.
El resumen de 1995 lo ha extraído la opinión pública y el sentido común de los mexicanos, nadie puede recordar en nuestra historia contemporánea, un año como el que acabamos de padecer. Tener la memoria de la catástrofe de 1929 o probablemente de mayores y más crueles años en la vida de nuestro país, como los que siguieron inmediatamente a la era de la lucha armada. México se halla de facto en una economía de guerra, sólo que la guerra no es contra un invasor extranjero, sino es una guerra económica que el Gobierno decide emprender contra el propio pueblo.
Cómo se le puede llamar a una economía basada en el aumento de impuestos, la discriminación del gasto social, el desempleo rapante y la inflación creciente. Ernesto Zedillo impulsó un modelo económico en el que no existe lógica económica ni racionalidad alguna que no sea la de una economía de guerra; es una economía donde la abrumadora mayoría de los ingresos gubernamentales, están destinados a pagar la deuda externa. La guerra económica que conduce el gobierno de Ernesto Zedillo, dejó víctimas indecibles, saldos devastadores y agravios de una crueldad todavía inconmensurable.
Qué más quisieran decir a la nación en este inicio de 1996, que la crisis terminó, que el Gobierno ha recapacitado finalmente y que ha escuchado, incluso, a sus asesores neoliberales, que le recomienda olvidar por un lado la inflación, retomar el crecimiento y fincar las bases de una economía social que desarrolle el mercado interno.
Pues no es así, el año podrá ser nuevo, pero la política del PRI y su presidente siguen siendo lo mismo, el Gobierno continuará aumentando los precios de sus productos y servicios y seguirá imponiendo un régimen salarial suicida para el mercado interno y la inflación continuará creciendo.
¿Pero no acaso el propósito central de esta política era detener un proceso inflacionario? ¿Lo han logrado? La demagogia neoliberal nunca tuvo mucha cabeza pero sí muchos pies, pies que hoy se pasean impunemente en Canadá, en Suiza y tal vez en un futuro en los propios Pinos.
Las víctimas de esta guerra económica son los millones de desempleados, millones de analfabetas y millones de mexicanos que tienen que emigrar en búsqueda de trabajo.
Qué hizo el pueblo de México para merecer un Gobierno que en el último sexenio fue dirigido por un grupo de hampones y hoy es dirigido por un grupito que se derivó de aquél, sin responsabilidad histórica alguna frente a sus antecesores y el destino de la nación.
Y ahí tenemos el caso muy claro del recientemente nombrado contralor de la Federación, el señor Arsenio Farell Cubillas. ¿Quién es este señor? De todos ampliamente conocido. Se ha puesto en esa Secretaría para tapar la corrupción que en otros países se está destapando, y para que no quepa duda alguna de los vínculos entre Farell Cubillas y Carlos Salinas de Gortari quiero decirles que es precisamente el hijo de Farell Cubillas el que está llevando el divorcio del señor Carlos Salinas de Gortari.
Hace unos días el Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, citó en sus oficinas a la ex secretaria de la Contraloría, la señora María Elena Vázquez Nava, para que explicara sobre el escándalo en Suiza; y ¿de quién fue acompañada esa señora? Precisamente fue acompañada por don Arsenio Farell Cubillas. ¿Quién le va a creer a Zedillo? Esto está pactado señoras y señores, entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, nos están engañando, quieren tapar el sol con un dedo y no lo van a lograr.
No nos merecemos en este año nuevo, la continuación de la estrategia del avestruz, que no ve ni oye y que proviene de la Presidencia; México ya no puede tolerar un Gobierno que ha emprendido una guerra económica contra su propio pueblo, pero hay víctimas que no han sido silenciosas, que han tomado las calles para impedir que este economicidio continúe adelante.
Nadie podrá decir que no hubo quienes no intentaron modificar la política del Gobierno para orientarla a satisfacer las necesidades de la mayoría de los mexicanos y no me refiero a los legisladores del PRD y a unos cuantos miembros del mismo partido oficial, que desafortunadamente todavía son marginales; me refiero a los movimientos sociales que han luchado denodadamente por imponer no sólo sus demandas particulares y gremiales, sino un nuevo rumbo al conjunto de la nación. Me refiero, por ejemplo, a la organización El Barzón que acaba de sufrir en la persona de sus dirigentes, una de las mayores tropelías que haya cometido el Gobierno, al detenerles arbitrariamente y también me quiero referir, por supuesto, a los miembros del sindicato de la Ruta-100, el SUTAUR-100, que hoy se encuentra en el más absoluto desamparo, sin empleo y sin perspectivas para una comunidad de 13 mil trabajadores y sus familias.
Creo que los detalles del movimiento de resistencia del SUTAUR-100 han sido suficientemente documentados por la opinión pública y los trabajadores mismos. La quiebra de la empresa fue hecha con recursos y artimañas que cada día muestran su carácter ilegal y la bestialidad de las autoridades del Distrito Federal, encabezadas por don Oscar Espinosa Villarreal.
¿Podría don Oscar explicar por qué se atribuye 700 mil nuevos pesos de aguinaldo o de bonificación? ¿Será acaso el premio por haber desmantelado al organismo descentralizado Ruta-100? ¿Será acaso el pago tardío de una muerte anunciada de aquél señor magistrado don Polo Uscanga? ¿De qué es este dinero?
Las negociaciones, que en principio nunca las hubo, fueron una táctica para tratar de desmantelar el movimiento. La detención y el encarcelamiento de sus principales dirigentes es una mancha en el Gobierno actual que permite a la familia de Salinas y a Córdoba Montoya, verdaderos artífices de la actual debacle, pasearse como si nada por todo el mundo, mientras que reserva la cárcel para quienes luchan por sus derechos constitucionales, como lo es el derecho al trabajo.
En esta tribuna alzamos nuestra voz en defensa de los 13 mil trabajadores que han perdido el empleo y el sustento para sus familias, la perspectiva de una vida digna porque defendieron sus puestos de trabajo.
El neoliberalismo es realmente como se premia a quienes han fraguado la política de un economicidio que ha accesado con cientos de miles de empleos. Se encarceló a quienes defienden su derecho al trabajo.
Ya sabemos en qué terminó el eficientismo neoliberal. Ernesto Zedillo no parece haber aprendido la lección: año nuevo política vieja; año nuevo gabinete viejo. Ese es el mensaje presidencial, ésa es la realidad que nos depara la política presidencial actual.
Otra vez el Gobierno no escucha y no ve, pero no sólo a los miembros del PRD, sino a los 13 mil desempleados del SUTAUR-100, a los miembros de El Barzón, a los campesinos que luchan por sobrevivir, a las asociaciones civiles que reclaman poner fin a la crisis política empezando por el juicio a Carlos Salinas de Gortari, a los banqueros quebrados, no ve y no escucha tampoco a la clase media que se debate en la zozobra.
Es más, no ve y no escucha a sus propios asesores, que le advierten de esta terrible debacle.
Hacer frente al problema del SUTAUR-100, decretar una amnistía para sus líderes, sería una manera concreta y visible de anunciar que efectivamente se está por una política nueva, como según lo propuso el propio Ernesto Zedillo en su mensaje de diciembre.
Evadir el drama del SUTAUR-100 es continuar con una política que entrega nuestros principales recursos y fuerzas a la banca internacional, dejando sólo retórica, esquemas vacíos a la mayoría de los mexicanos.
Es cierto que la Asamblea de Representantes está llevando y siguiendo el caso de SUTAUR-100, pero el caso de SUTAUR-100 debe ser tema y formar parte de la agenda de este honorable Congreso de la Unión.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el señor senador Rodolfo Becerril Straffon.
El senador Rodolfo Becerril Straffon:
Con su permiso, señor Presidente:
Qué duda cabe que la economía es política concentrada y que quien sabe sólo economía, sabe poca economía. La economía estrechamente vinculada con lo social y lo político es hoy nuevamente tema de reflexión de la Comisión Permanente. Enhorabuena, como señalaba el diputado Etienne.
Quizá debamos, sin embargo, cuidarnos de no politizar en exceso lo económico, como también cuando hablamos de política no atribuirle a ésta como causa de sus dificultades, las dificultades económicas.
Tenemos que distinguir cuando hablamos de economía política o cuando estamos refiriéndonos a problemas económicos específicos, en un contexto desde luego de efervescencia política y social.
No han pasado más de 30 días cuando en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados sostuvimos debates en torno al proyecto económico, en torno a las visicitudes económicas del país durante 1995 y ya estamos nuevamente lloviendo sobre mojado, una vez que ha transcurrido la tregua navideña estamos nuevamente en las andadas.
Inevitable, pues, el tema económico ahora y en las sucesivas reuniones.
Creo que el escenario de hoy, enero de 1996, es totalmente distinto al que privaba en enero de 1995. Entonces, teníamos un déficit cercano a los 30 mil millones de dólares, que representaban el 8% del producto interno bruto y que al corregirse, como ocurrió, provocó y hay que decirlo, una enorme caída del consumo, de cerca de 14%, una inflación superior al 50%, el despido masivo de más de un millón de trabajadores, una caída de la inversión de más de 25% y desde luego, un decremento en el producto cercano al 7%.
Hoy, enero de 1996, tenemos prácticamente superado el déficit en cuenta comercial, incluso somos superavitarios con aquellos países con los que sostenemos los principales flujos y corrientes de comercio y de inversión.
Hemos logrado volver a los mercados de capitales, han sido aceptados en los mercados internacionales emisiones de bonos en yenes, en dólares y en marcos y la perspectiva económica de 1996 es de crecimiento. Ciertamente un crecimiento modesto, modestísimo frente a las enormes desigualdades del país y a los enormes rezagos acumulados y acentuados por la crisis; 3% de crecimiento no es suficiente. Una economía como la nuestra necesitaría estar creciendo a tasas superiores al 6%, al 7% para poder absorber al grueso de la población que se incorpora al mercado de trabajo y a todos aquellos que desplazados inclusive de modificaciones estructurales en la economía están hoy en el desempleo.
Pero alcanzar una tasa de 8% y 7%, no es un problema de voluntarismo, no es un problema de declaración anímica, tiene que ver con coordinadas económicas, tiene que ver con los números éstos que a veces detestamos. Y me parece que en las condiciones en las que estamos, una vez recuperado relativamente la estabilidad en los mercados, es viable pensar, como de hecho lo hace la política económica para 1996, en un repunte, en un crecimiento moderadísimo, pero al fin crecimiento del empleo y de la inversión.
Que el ajuste fue lastimoso, ¡qué duda cabe! Pero que hoy el ajuste de proseguir será menor al de 1995, también me parece que no caben dudas.
Las exportaciones crecieron en 1994 en 20%, en 1995 en más de 33%. Suponer hoy que nuestras exportaciones crezcan en 17% y 18%, como lo señalan los documentos de política, no me parece descabellado.
Y este crecimiento del sector externo, que representa el 26% del producto nacional, ¿va a significar, por sí sólo, un crecimiento en la economía de 1.8?, más el que derivará del aumento del consumo y del aumento de la inversión, lograremos, nos permitirá alcanzar, un crecimiento piso cuando menos del 3%, que para ello hubo que aceptar un crecimiento de precios, parece inevitable.
El arranque de 1996 se inaugura con aumentos de precios, no sólo los que son temporales y que están vinculados en la llamada cuesta de enero, son precios que se conversaron, en algunos casos, se consensaron, en otros, se señalaron en otros más, para lograr que las cuentas nacionales pudieran ajustarse debidamente.
Los precios han crecido no sólo en el sector público, han crecido desusadamente en el sector privado y nuestra bancada en su oportunidad, en el Senado y en la Cámara de Diputados, señaló su preocupación por este crecimiento de los precios que básicamente afectaba a la canasta básica, es decir, al ingreso de los trabajadores de menor ingreso relativo.
Reconocemos, pues, que estamos frente a una situación todavía difícil; reconocemos que no podemos cantar victoria, pero así como reconocemos las dificultades que enfrentamos, me parece de justicia reconocer que el escenario económico, incluso diría yo el político y el de economía política, son hoy, en enero de 1996, bastante más alentadores que aquellos que existían en enero de 1995.
Aquí, junto con Benedetti, habría que decir que contra el optimismo no hay vacunas. Me parece que suponer que somos el país más corrupto del mundo, el suponer que los mexicanos somos ineficaces e incapaces de diseñar nuestro proyecto económico, es al menos un despropósito o una desmesura.
Creo que al inicio de este año de 1996 tenemos que renovar los ánimos y un poco el horizonte con mayor entusiasmo y en cierto modo tolerancia entre nosotros.
No vamos a superar fácilmente las dificultades económicas que, por otro lado, no son inherentes sólo a la economía mexicana, si no logramos justipreciar adecuadamente los rezagos, las faltas, como también los avances y los logros.
En este 1995 que acaba de transcurrir, muchas cosas hicimos todos en el Legislativo, en el Ejecutivo, en la procuración de justicia. Debemos hacer aún más, y debemos hacerlo, me parece, con certeza en que nuestras instituciones y el trabajo plural de todos está contribuyendo debidamente a esclarecer los problemas y en consecuencia a más fácilmente encontrar soluciones.
Dejo para otra ocasión la discusión a la que nos invita el senador Nava, respecto a lo que él denomina economía social de mercado.
A mí me parece que estamos, sólo lo anuncio, inscritos en un esquema capitalista de acumulación privada que en circunstancias específicas concretas se orientan hacia el mercado interno o hacia el mercado externo, con mayor o menor participación del Estado en función de las propias leyes de la dinámica capitalista.
No conozco con precisión, confieso mi ignorancia, cuáles son los asideros teóricos de este llamado capitalismo social de mercado o capitalismo con rostro humano o como se le quiera llamar en la denominación política.
Económicamente hablando, tenemos un problema de crecimiento, de desempleo al que tenemos que hacer frente con los instrumentos variados de la política económica, pero sobre todo, una férrea voluntad en que nuestro país habrá de salir adelante.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para, rectificar hechos, el diputado Pedro Etienne por cinco minutos.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Diputado Presidente y espero que sí sea por menos de cinco minutos.
Qué bueno que la discusión y el debate sobre la política económica y sobre todo sus efectos, vaya a ser uno de los temas de esta Comisión Permanente, porque creo que va a responder a una expectativa que hay fuera de la Cámara y que se da en muchos mexicanos que ven las políticas económicas, no tanto en términos de las cifras o de las estadísticas, sino de la repercusión que tiene diariamente en sus actividades cotidianas.
Y hablamos no sólo del trabajador, hablamos también del empresario, hablamos del comerciante, del prestador de servicios, de los profesionistas, a quienes ahora no pueden sustraerse de ver como las políticas aprobadas o aplicadas por el Gobierno repercuten en su actividad diaria.
Creo que ha sido cauto el senador Becerril Straffon, pero que la cautela no llega a desestimar un optimismo, que desde nuestro punto de vista debería fundare también. Es decir, la simple reiteración del optimismo como una posición de principio, es cuestionable ante políticas que han dado otros resultados.
Ojalá y tuviéramos un crecimiento, aunque fuera discretísimo del 3%, el problema es que estas políticas han dado un crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto. Ojalá y las políticas pudieran reactivar una actividad económica que está cada vez en muchos sectores, paralizada y agobiada por estas políticas. Ojalá y le atinaran al pronóstico de inflación y que fuera solamente un 20.3%. Ojalá y fuera uno entre los muchos años, en donde los pronósticos de los tecnócratas han fallado.
Creo que muchos de nosotros quisiéramos que este año de 1996 trajera un cambio y las proyecciones de los tecnócratas empezaran a verse en los hechos.
Y por otro lado, tenemos estadísticas que tampoco podemos desestimar. De acuerdo con la CEPAL, México es uno de los cuatro países de América Latina, que incrementó significativamente sus índices de pobreza, lo que nos interesa en el debate, por lo tanto, es contrastar estas proyecciones, éstos, a veces buenos deseos, a veces magníficos planteamientos, con la realidad que vive la mayoría de los mexicanos. Ojalá y empezara a atinarle a los pronósticos.
Pero creo también podemos con hechos sacar una conclusión. Tienen varios sexenios fallando las políticas económicas y hoy hay una prueba evidente ante esto, que es la situación que vivimos el país y la mayoría de los mexicanos y ojalá y pudiéramos aceptar este otro pronóstico que del trasfondo está en la intervención del senador Becerril de que ya tocamos fondo, de que ya llegamos al piso.
Por eso yo he hablado de las crisis recurrentes y del verdadero desánimo que hay en muchos de los mexicanos; porque se dice que tocamos fondos y los hechos demuestran que a veces se sigue tocando con un mayor deterioro, con una mayor pérdida del poder adquisitivo, con una mayor disminución de la actividad económica y, a veces, con un crecimiento negativo del producto interno bruto.
Habrá, pues, tiempo para el debate, habrá tiempo para referirnos a esta otra propuesta hoy formulada por el Partido de Acción Nacional, habrá tiempo para ver las diferencias de esta propuesta con la posición que el PAN sostuvo durante los seis años anteriores; habrá, pues, oportunidad de abrir un amplio debate sobre el rumbo económico del país.
Efectivamente éste no es un tema que se agote en la discusión de las leyes de Ingresos y de Egresos, debe ser una responsabilidad permanente y en hora buena se traiga este debate al seno de la Comisión Permanente.
ORDEN DEL DIA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en carta. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. Primer Receso. Segundo Año. LVI Legislatura.
Orden del día
10 de enero de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Beatriz Blanca Amores y Marco Antonio Coronado, puedan prestar servicios en la oficina de comercio, en la Embajada Británica en Monterrey, Nuevo León.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Liliana Estela Fuentes Ramos, pueda prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Ocho con las que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Francisco Fernández Solís, Edmundo Antonio Paredes Espinosa de los Monteros, Salvador Alvarez Nahara, Eulalio Fonseca Orozco, Delfino Mario Palmerín Cordero, Oscar Bernal Rovira, Arturo Torres Alarcón y Fernán Pérez Casanova, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 15:10 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de enero a las 11:00 horas.
| Banobras | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos |
| Banpesca | Banco Nacional Pesquero y Portuario |
| Bital | Banco Internacional, Sociedad Nacional de Crédito |
| CEPAL | Comisión Económica Para América Latina |
| DEM | Diplomado de Estado Mayor |
| D.F. | Distrito Federal |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| Serfin | Servicios Financieros Integrados |
| SUTAUR-100 | Sindicato Unico de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta-100 |
| Udis | Unidades de inversión |