SUMARIO
El asambleísta Salvador Abascal Carranza, informa de trabajos propios de la I Legislatura de ese órgano colegiado. De enterado.
Comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicaciones del Congresc estatal, con las que remite punto de acuerdo en contra de rumores que desestabilizan la economía nacional. De enterado.
Comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicta el pérmiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional, del 24 de enero al 4 de febrero de 1996, para realizar visitas al Reino de España, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a la República Italiana y a la Santa Sede, así como para participar en la plenaria del Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza.
Se dispensan todos los tramites. Aprobado, se turna al Poder ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese Reino. Se dispensan todos los trámites, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Se dispensan todos los trámites, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita ei permiso constitucional necesario para que la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese Reino. Se dispensan todos los trámites, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decreto. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Silvia Hernández Enríquez, Jaime Zabludovsky Kuper y Mima Esther Hoyos Schlamme, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de ese país. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Angel González Félix, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Se turna a la Primera Comisión.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de desreto con el que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rubén Molina Lizaola pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano César Humberto Solis Ortegón, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ana Pricila Sosa Ferreira, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de esa República, en Cancún, Quintana Roo. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Francisco Falcón González, Alfonso Madiedo Lomelí y José Tomás Sánchez Pérez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Vicente Paulino Lima
Cisneros, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que concede los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Lucía Villarreal Chávez Camacho y Lizette Olinda González Leal, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de esa nación en Monterrey, Nuevo León. Es de primera lectura.
Dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos José Angel O Gurría Treviño, Juan Rebolledo Gout, Ricardo Francisco Galán Méndez, Jorge Eduardo Chen Charpentier, Víctor Manuel Rodríguez García, Pedro González Rubio Sánchez, Oscar Espinosa Villarreal, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de esa Repúblíca. Es de segunda lectura.
Expresan sus opiniones al respecto los legisladores:
Félix Salgado Macedonio
Humberto Mayans Canabal
Félix Salgado Macedonio, para rectificar hechos.
Aprobados.
Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictámenes de la Primera Comision, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Andrés Leopoldo Valencia Benavides, Jorge Eduardo Loreto Miranda, Emilio José Giliy Hernández, Luis Enrique Franco Diaz de León y María del Carmen Aguirre Le Vinson, puedan aceptar y usar las condecoraciones que le confiere el gobierno de esa República. Es de segunda lectura.
Aprobados. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
El senador José Benigno Aladro Fernandez, se refiere al deceso del ciudadano Juan Landarreche Obregón.
Expresan sus opiniones acerca de la aprehensión y deportación del narcotraficante Juan García Abrego, los legisladores:
José Jesús Ortega Martínez, quien propone punto de acuerdo.
Félix Salgado Macedonio
Amador Rodríguez Lozano
Para rectificar hechos los legisladores:
ernando Pérez Noriega
Alfonso Primitivo Rios Vázquez
Pedro René Etienne Llano
José Jesús Ortega Martínez
José Natividad Jiménez Moreno
Angel Sergio Guerrero Mier
Pedro René Etienne Llano
Félix Salgado Macedonio
Desechado el punto de acuerdo.
Para referirse a la militarización de la frontera sur de ese país, hacen uso de la palabra los legisladores:
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
Luis Garfias Magaña
Comenta la situacion laboral de los trabajadores de esa empresa, el legislador Félix Salgado Macedonio, quien solicita excitativa respecto a solicitud de juicio político en contra del jefe del Departamento de Distrito Federal.
Para rectificar hechos los legisladores:
Carlos Humberto Aceves del Olmo
Felix Salgado Macedonio, para rectificar hechos.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Se va a pasar lista de asistencia.
Hay una asistencia de 24 legisladores. Hay quorum.
El Presidente (a las 11:10 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario senador José Manuel Toraya Baqueiro:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 17 de enero de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tamaulipas.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional del 24 de enero al 4 de febrero de 1996, a fin de que realice visitas al Reino de España, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a la República italiana y a la Santa Sede, así como para que participe en el foro económico mundial en la ciudad de Davos, Suiza.
Dos, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar las condecoraciones Orden de Isabel la Católica, en grado de Collar, que le confiere el gobierno del Reino de España y Nacional de la Orden Manuel Amador Guerrero, en grado de Collar, del gobierno de la República de Panamá.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, pueda aceptar y usar la condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Banda de Dama, que le confiere el gobierno del Reino de España.
Tres, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Silvia Hernández Enríquez, Jaime Zabludovsky Kuper y Myrna Esther Hoyos Schlamme, puedan aceptar y usar las condecoraciones Orden Estonia de la Estrella Blanca, en diferentes grados que les confiere el gobierno de la República de Estonia.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el embajador Miguel Angel González Félix, pueda aceptar y usar la condecoración Orden Francisco de Miranda en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al capitán de corbeta G. Rubén Molina Lizaola, para aceptar y usar la medalla al Logro Naval, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano César Humberto Solís Ortegón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Ana Pricila Sosa Ferreira, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile en Cancún, Quintana Roo.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Francisco Falcón González, Alfonso Madiedo Lomelí y José Tomás Sánchez Pérez, para prestar servicios en la Embajada de la República de Argentina en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Paulino Lima Cisneros, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Lucía Villarreal Chávez Camacho y Lizette Olinda González Leal, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Angel Gurría Treviño, Juan Rebolledo Gout, Ricardo Francisco Galán Méndez, Jorge Eduardo Chen Charpentier, Víctor Manuel Rodríguez García, Pedro González-Rubio Sánchez y Oscar Espinosa Villarreal, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que les confiere el gobierno de la República de Estonia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Andrés Leopoldo Valencia Benavides, José Eduardo Loreto Miranda, Emilio José Gilly Hernández, Luis Enrique Franco Díaz de León y María del Carmen Aguirre Le Vinson, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en diferentes grados, que les confiere el gobierno de la República de Estonia.
Comentarios Efemérides sobre Juan Landerreche Obregón, a cargo del senador Benigno Aladro Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre Juan García Abrego, a cargo del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.
Sobre neoliberalismo, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el aniversario de la Comisión de Concordia y Pacificación en el Estado de Chiapas (Cocopa), a cargo del diputado Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Pronunciamiento sobre hortalizas, a cargo del senador José Manuel Toraya Baqueiro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre la militarización de la zona fronteriza, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre el Departamento del Distrito Federal, Ruta-100, a cargo del senador Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diez de enero de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con trece minutos y con una asistencia de treinta y un legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con la solicitud de licencia del diputado Jesús Salvador Hernández Vélez y en votación económica se aprueba el punto de acuerdo respectivo. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Una invitación del Congreso del Estado de México, a la sesión solemne en la que el gobernador rendirá el informe sobre el estado que guarda la administración pública de esa entidad. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Una comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Diversas comunicaciones del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando de actividades de su ramo. De enterado.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la solicitud del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional a fin de asistir a la ceremonia de trasmisión de poderes en la República de Guatemala. La Asamblea dispensa todos los trámites y la Secretaría recoge la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria por treinta y siete votos. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dos oficios de la misma Secretaría, solicitando los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Beatriz Blanca Amores y Marco Antonio Coronado, puedan prestar sus servicios en la oficina de comercio de la Embajada Británica, en Monterrey, Nuevo León. Se turnan a la Primera Comisión.
Ocho oficios de la misma Secretaría, con los que se remiten las hojas de servicios de igual número de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
José Angel Gurría Treviño, Juan Rebolledo Gout, Ricardo Francisco Galán Méndez, Jorge Eduardo Chen Charpentier, Víctor Manuel Rodríguez García, Pedro González Rubio-Sánchez, Oscar Espinosa Villarreal, Andrés Leopoldo Valencia Benavides, José Eduardo Loreto Miranda, Emilio José Gilly Hernández, Luis Enrique Franco Díaz de León y María del Carmen Aguirre Le Vinson, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Estonia.
Son de primera lectura.
Se somete a discusión y sin ella se aprueba en votación económica, un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo con el que se ratifica el nombramiento que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, hizo en favor del ciudadano Ismael José Gómez Gordillo y Ruelas, como procurador fiscal de la Federación Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Para referirse al fallecimiento del ex presidente de Francia, Francois Mitterrand, hacen uso de la palabra los legisladores: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo; Laura Pavón Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional; Gaspar Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional y José Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.
Debaten sobre la reforma política en el Distrito Federal, los legisladores: Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional; José Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática y Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la legisladora Guadalupe Gómez Maganda, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace un pronunciamiento respecto a la liberación del autotransporte en la frontera norte.
Comentan el mismo tema, los legisladores: Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un punto de acuerdo que se turna a las comisiones de Comercio y de Comunicaciones y Transportes de ambas cámaras, para lo que proceda; José Benigno Aladro Fernández, del Partido Acción Nacional y Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional para rectificar hechos.
Exponen sus opiniones respecto al conflicto entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas, por las aguas de la presa El Cuchillo, los legisladores: Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo.
Hace uso de la palabra el legislador Raúl Juárez Valencia, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere a Prisciliano Sánchez, iniciador del federalismo en Jalisco y primer gobernador de esa entidad.
Sube a la tribuna el legislador Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos que calificó como delictuosos en contra de trabajadores de la empresa Ruta Cien y anuncia la solicitud de juicio político en contra del jefe del Departamento del Distrito Federal. Se turna a diversas comisiones.
Para referirse al mismo asunto, hace uso de la palabra el legislador Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional y, para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los legisladores: Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, en cuatro ocasiones; Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Claudia Esqueda Llanes, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con veintitrés minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles diecisiete de enero de mil novecientos noventa y seis, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
Se encuentra en este recinto una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, para rendir un informe sobre el periodo ordinario. Se designa para acompañarlos a los siguientes legisladores: Sebastián Lerdo de Tejada y Carlos Aceves del Olmo.
Tiene la palabra el asambleísta Salvador Abascal Carranza.
El asambleísta Salvador Abascal Carranza:
Con su autorización, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
En representación de la I Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, tengo el alto honor de venir a informar a esta soberanía nacional de la conclusión de los trabajos del primer periodo del segundo año de ejercicio de dicho órgano de representación popular.
Entre las tareas cumplidas por esta I Legislatura en el periodo que concluyó el 23 de diciembre de 1995, se encuentran algunas que hasta hace poco se encontraban reservadas a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión.
A este respecto es interesante señalar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió, entre otras, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Distrito Federal; la Ley de Transporte del Distrito Federal; la Ley de Proceso Administrativo; la Ley y el Reglamento de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; la Ley de Discapacitados y la Ley de Desarrollo Urbano.
Entre ellas cabe hacer mención que las que se refieren al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, a los discapacitados y la Ley de Desarrollo Urbano, fueron aprobadas por unanimidad. Por lo mismo, no en todos los casos se lograron los mejores ordenamientos jurídicos posibles, porque históricas herencias de inconvenientes urgencias legislativas impidieron en la discusión y aprobación de algunas de estas leyes, los consensos que sin duda contribuyen a fortalecer la legitimidad de los procesos legislativos.
Mucho camino queda todavía por andar, no sólo en lo que atañe a la regulación de la vida pública de la ciudad, creando lo que hace falta para producir el orden deseado, sino también en lo que toca al desbrozamiento de la intrincada maraña de disposiciones legales que merman el orden social y la justicia y contribuyen a la corrupción administrativa, al caos económico y a la desmoralización social.
Son tiempos éstos interesantes en los que podemos hacer camino al andar. En ello estamos empeñados los representantes de la gran ciudad capital y seguramente lograremos abrir los espacios públicos, tarea ineludible de la política responsable, en los que quepan todos los habitantes de esta muy leal y muy noble Ciudad de México, con la sola condición de ponernos por entero al servicio de los intereses de la sociedad y no al servicio de los intereses del poder.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Señor asambleísta Salvador Abascal Carranza a nombre de los integrantes de esta Comisión Permanente, le ruego trasmita un afectuoso saludo y una felicitación a los señores asambleístas.
Se ruega a la comisión designada acompañar a la comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, cuando deseen retirarse.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ESTADO DE CAMPECHE
El secretario senador José Manuel Toraya Baqueiro:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Campeche.- LV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes la clausura de su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, 31 de diciembre de 1995.- Diputados: Vicente Castellot Castro y Marta Irene Novelo Lara, secretarios.»
De enterado.
«Escudo.- Poder Legislativo.- Campeche.- LV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes la instalación de la diputación permanente, que funcionará durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional; habiéndose integrado de la siguiente manera:
Diputados: presidente: Ramón Félix Santini Pech; secretaria: Margarita Rosa Alfaro Waring y vocal: José Ignacio Seara Sierra.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, 31 de diciembre de 1995.- Diputados: Vicente Castellot Castro, Marta Irene Novelo Lara, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE CHIHUAHUA
El secretario senador José Manuel Toraya Baqueiro:
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado.- Chihuahua.- Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En sesión verificada por este alto cuerpo colegiado el pasado 9 de noviembre del año en curso, se emitió acuerdo No. 9/95 I PO, mediante el cual se solidariza con el titular del Poder Ejecutivo Federal, honorable Congreso de la Unión y demás instituciones republicanas, que por décadas han mostrado su lealtad, patriotismo y su amor por México y que en fechas recientes, se ha tratado de poner lo anterior en tela de duda. Anexo copia para su conocimiento y efectos consiguientes.
Sin otro particular de momento, aprovecho la oportunidad para reiterarles mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, a 23 de noviembre de 1995.- El presidente del Congreso del Estado, diputado Oscar René Nieto Burciaga.»
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado.- Chihuahua.- Secretaría.
En sesión celebrada el pasado 9 de noviembre del año en curso, el diputado Pedro Domínguez Alarcón, manifestó ante el pleno de esta legislatura su preocupación en el sentido de que de unos días a la fecha, nuestro país se ha visto convulsionado por una serie de rumores que causan daño a nuestra economía nacional. Solicitando se emitiera un punto de acuerdo mediante el cual esta Asamblea se solidarice con las instituciones republicanas que por décadas han demostrado su lealtad, patriotismo y su amor a México: propuesta que fuera secundada por el diputado Fernando Palma Gómez.
Somos testigos de que algunos medios noticiosos internacionales pretenden que la comunidad internacional y nosotros mismos creamos que estamos viviendo situaciones insalvables, lo que traería como consecuencia un golpe de Estado.
Consideramos que esta soberanía no debe poner oídos sordos o permanecer impasible ante una situación de esta naturaleza.
Por lo que este cuerpo legislativo se solidariza con las instituciones republicanas que por décadas han demostrado su lealtad, patriotismo y su amor a México, y que algunos pretenden poner en tela de duda.
Por todo lo anterior la LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, reunida en su primer periodo de sesiones ordinarias, dentro del primer año de ejercicio constitucional.
Tiene a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
Primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, se solidariza con el titular del Poder Ejecutivo Federal. Honorable Congreso de la Unión y demás instituciones republicanas, que por décadas ha mostrado su lealtad, patriotismo y su amor por México y que en fechas recientes algunas personas pretenden poner lo anterior en tela de duda.
Segundo. Exhórtese a las legislaturas de los estados para que se unan a lo anterior y se solidaricen con nuestras instituciones republicanas, haciendo lo propio e implementemos acciones que nos permitan frenar este tipo de rumores que tanto daño le están ocasionando a nuestra nación.
Tercero. Del presente acuerdo deberán expedirse 35 ejemplares, de los cuales 31 serán remitidos a las legislaturas de los estados, uno a la Cámara de Representantes del Distrito Federal, otro al titular del Poder Ejecutivo Federal, otro más al honorable Congreso de la Unión y el último para la memoria del Congreso del Estado de Chihuahua.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los nueve días del mes de noviembre de 1995.- Diputados: Oscar René Nieto Burciaga, presidente; Jesús José Díaz Monárrez, Rogelio Loya Luna, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE OAXACA
El secretario senador José Manuel Toraya Baqueiro:
«Escudo Nacional.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a los preceptos legales, comunicamos a ustedes que la LVI Legislatura Constitucional del Estado, en sesión extraordinaria efectuada hoy, clausuró el primer periodo de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio legal, dejando integrada su diputación permanente en la forma siguiente:
Herminio Manuel Cuevas Chávez, Leopoldo de Gyves de la Cruz, Jorge Samuel Vargas Guzmán, Teódulo Domínguez Nolasco y José Isaac Jiménez Velasco; suplentes: Miguel Angel Medina Morales y José Benito Hernández Altamirano.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a 15 de diciembre de 1995.- Diputados: Luisa Cortés Carrillo y Jorge Walberto Carrasco Silva, secretarios.»
De enterado.
«Escudo Nacional.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LVI Legislatura Constitucional del Estado, recibió con fecha 16 de diciembre del presente año, la renuncia del doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, como Oficial Mayor del honorable Congreso del Estado y habiendo sido aceptada, esta Presidencia de la Gran Comisión, tuvo a bien designar al licenciado Domingo Clavel Nicolás, como encargado de la Oficialía Mayor.
Lo que me permito comunicar a ustedes para su conocimiento, reiterándole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a 18 de diciembre de 1995.- El presidente de la Gran Comisión, diputado Sadot Sánchez Carreño.»
De enterado.
ESTADO DE PUEBLA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado.- Puebla.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Orgánica; 25 y 48 del Reglamento Interior, ambos del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar que el LII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, tuvo a bien clausurar su tercer periodo de sesiones ordinarias correspondiente a su tercer año de ejercicio legal.
Así mismo se eligió a los integrantes de la Comisión Permanente, que actuará en el periodo de receso comprendido del 16 de diciembre de 1995 al 14 de enero de 1996, quedando integrada de la forma siguiente:
Presidente: Miguel Quiros Pérez; miembros: Mario Alberto Tedy Recio, José Luis Ayala Corona, José Luis Abed Cesin, Felipe Minor Hernández, Jorge Méndez Spínola, Francisco Javier Arrubarrena García, Edilberto Castillo Castillo y secretaria María del Rocío García Olmedo.
Lo que hacemos del conocimiento por disposición de esta legislatura para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heróica Puebla de Zaragoza, diciembre 14 de 1995.- Diputados: Antonio Medina Ramírez y Andrés García González, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE QUERETARO
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo.- Querétaro.- Congreso del Estado.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LI Legislatura Constitucional del Estado, hace de su conocimiento que:
Con fecha 8 de diciembre de 1995, ha rendido protesta como diputado Mario Pérez Mata, quien en su calidad de suplente, sustituye al diputado Eduardo Francisco Marquina Rendón, que falleció el día 29 de noviembre del presente año.
Lo que comunicamos para los fines legales procedentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Querétaro, Querétaro, a 8 de diciembre de 1995.- Diputados: Raúl Crescencio García Martínez, presidente; Eduardo León Chaín, vicepresidente; Mario Ochoa Parra y Miguel Rodríguez Maciel, secretarios.»
De enterado.
«Escudo.- Querétaro.- Congreso del Estado.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LI Legislatura constitucional del Estado, hace de su conocimiento que con fecha 31 de diciembre de 1995 clausuró el primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio legal y comunica que los diputados que han sido elegidos para integrar la diputación permanente, por el lapso de tiempo comprendido del primero de enero al 30 de abril del año en curso son:
Diputados: Francisco Javier Perrusquia Nieves, presidente; Gaudencio Bravo Sánchez, vicepresidente; Manuel Enrique Ovalle Araiza, Eligio Arnulfo Moya Vargas, secretarios y Martha Aurora Pérez Said, secretaria suplente.
Lo que comunicamos para los fines legales procedentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Querétaro, Querétaro, a 31 de diciembre de 1995.- Diputados: Raúl Crescencio García Martínez, presidente; Eduardo León Chain, vicepresidente, Mario Ochoa Parra y Miguel Rodríguez Maciel, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Con fundamento en las disposiciones normativas internas que rigen a este Poder Legislativo, en junta previa celebrada este día, fueron electos los legisladores Felipe Garza Narváez e Isidro Ruiz Sandoval, como presidente y suplente, respectivamente, para integrar la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante los primeros 15 días del mes de diciembre del actual.
Sin otro particular, nos es grato reiterar nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 6 de diciembre de 1995.- Diputados: Yehude López Reyna y Horlando Hinojosa Peña, secretarios.»
De enterado.
«Escudo Nacional.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Con fundamento en las disposiciones normativas internas que rigen a este Poder Legislativo, en sesión pública ordinaria celebrada este día, fueron electos los legisladores Juan Alonso Camarillo y Gelacio Márquez Segura, como presidente y suplente, respectivamente, para integrar la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante la prórroga del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la LV Legislatura constitucional del Estado; continuando en sus funciones como diputados secretarios, los legisladores Yehude López Reyna y Horlando Hinojosa Peña.
Sin otro particular, nos es grato reiterar nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 12 de diciembre de 1995.- Diputados: Yehude López Reyna y Horlando Hinojosa Peña; secretarios.»
De enterado.
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PERMISO PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente iniciativa de decreto por el que se solicita autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 enero al 4 de febrero de 1996, a fin de que realice visitas al Reino de España, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a la República Italiana y a la Santa Sede, así como para que participe en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza.
Documento que el propio Primer Magistrado de la República somete a la consideración de esa Comisión Permanente.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 15 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Su majestad Juan Carlos I, Rey de España; John Major, primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Oscar Luigi Scalfaro, presidente de la República Italiana, han formulado invitaciones al titular del Ejecutivo Federal para visitar sus respectivos países. Asimismo se recibió la invitación para participar en la sesión plenaria del Foro Económico Mundial, a realizarse del 2 al 4 de febrero próximo, en la ciudad de Davos, Suiza. Por consiguiente, solicito a esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la autorización constitucional correspondiente para ausentarme del territorio nacional del 24 de enero al 4 de febrero de 1996.
En materia de política exterior, la actual administración tiene como uno de sus objetivos, la promoción de un ámbito internacional acorde con nuestras transformaciones internas. Igualmente, se ha propuesto favorecer el desarrollo de consensos internacionales sobre temas tan importantes como la estabilidad financiera internacional, el libre comercio, el respeto de los derechos humanos y la democracia, el combate al narcotráfico y al terrorismo, así como la protección del medio ambiente.
Con tales objetivos, nos hemos propuesto recuperar y hacer valer la nueva estatura política y el mayor peso económico de nuestra nación, en los centros de la economía mundial al igual que en los foros internacionales.
La diversificación de nuestros vínculos políticos, económicos y comerciales constituye uno de los principales ejes que nos permitirá la consecución de los objetivos mencionados. Su instrumentación nos permitirá fortalecer la capacidad de negociación del Estado mexicano, desarrollar nuestros vínculos con países extracontinentales, complementar y equilibrar las relaciones con nuestros principales socios internacionales, a la par que procuramos mayores apoyos para el cambio estructural de México.
En ese contexto, Europa se ha convertido en una región prioritaria, por el gran potencial de complementación, intercambio y cooperación que compartimos con ella.
Las grandes transformaciones por las que atraviesan los países europeos ofrecen a México nuevos campos de acción a nivel internacional. Estas transformaciones son el resultado del nuevo esquema geopolítico que se ha conformado en los últimos años como consecuencia de la desintegración de la ex Unión Soviética, que trajo consigo la concepción de una mayor responsabilidad por parte de la Unión Europea, tanto en el ámbito regional como en el plano mundial, no sólo como un actor económico de indiscutible importancia, sino también como un gran proyecto integrador de innegable influencia política y militar.
Es por eso que este viaje a Europa resulta de gran importancia para promover nuevas formas de cooperación con dicha región, para incrementar el diálogo con los diversos interlocutores europeos, así como para incidir en el debate mundial en torno a la reestructuración del sistema financiero internacional.
Las visitas a España, Gran Bretaña e Italia permitirían afianzar la excelente relación que mantenemos con dichas naciones, e indudablemente coadyuvarían a alcanzar nuestros objetivos en materia de política exterior.
La visita de Estado a España, durante los días 25 y 26 de enero, tendría como objetivo consolidar el papel de México y España como interlocutores entre América latina y Europa, respectivamente. Además, procuraría ampliar el diálogo político al más alto nivel entre los dos estados; se tratarían temas cuya relevancia amerita un examen pormenorizado durante la celebración de la IV Comisión Binacional, además de entablar un acercamiento con el medio empresarial y financiero español que promueva mayor inversión hacia nuestro país.
Para tal efecto, de otorgarme la autorización constitucional, sostendré encuentros con el Rey Juan Carlos I, con el presidente Felipe González y con los líderes de los gobiernos de Galicia, Cataluña y del País Vasco, así como con representantes de los principales medios de comunicación españoles.
La visita oficial al Reino Unido, durante los días 29 y 30 de enero, tendría como fin el fortalecer el diálogo político con el jefe de gobierno de dicho Reino, el primer ministro John Major, a quien extenderemos una invitación para que visite nuestro país.
También se ampliaría el diálogo con los diversos interlocutores de la vida política británica, que permita revisar los temas de actualidad mundial y regional de interés para ambos países. Examinaríamos el desarrollo de la iniciativa latinoamérica 1995, que ha instrumentado Gran Bretaña. Buscaríamos consolidar nuestros contactos con representantes del empresariado y sector financiero británico, para impulsar los vínculos económicos entre ambos países. Además, nos acercaríamos con los medios de comunicación de mayor influencia en el Reino Unido, con el fin de proporcionarles información directa sobre las expectativas de la política y de la economía mexicanas, para que así puedan hacerlo del conocimiento del mundo.
La visita oficial a Italia, programada para los días 31 de enero y 1o. de febrero, buscaría establecer un diálogo político al más alto nivel del gobierno de ese Estado, entre otros fines para conocer las perspectivas respecto de la presidencia del consejo de ministros de la Unión Europea, que dicho país encabezará durante el primer semestre del año en curso. En ese sentido, el apoyo italiano a la negociación del nuevo acuerdo que México está por suscribir con la Unión Europea será de gran importancia.
Igualmente, se ofrecerá a los jefes de Estado y de gobierno italiano el apoyo de México como interlocutor, para respaldar sus esfuerzos en favor del fortalecimiento de los contactos italianos con la región latinoamericana, durante su gestión al frente del consejo de ministros de la Unión Europea.
Esta visita permitiría, además, un mejor conocimiento de las transformaciones que vive el sistema político italiano. Las entrevistas con el presidente Oscar Luigi Scalfaro y con el presidente del consejo de ministros, Lamberto Dini, así como el encuentro con miembros de las cámaras legislativas, representan una vía de comunicación política con diversos sectores de esa nación.
También impulsaríamos la realización durante el presente año de la primera reunión de la Comisión Binacional México-Italia y refrendaríamos la invitación para que el presidente Oscar Luigi Scalfaro visite México.
Durante mi estancia en Italia, aprovecharía para realizar una visita privada a la Santa Sede, que permitiera evaluar las relaciones bilaterales entre los dos estados.
El foro económico mundial que cada año se efectúa en Davos, Suiza, se ha convertido en una de las principales instancias para la búsqueda de soluciones a los problemas económicos que enfrenta la sociedad internacional. En él participa un grupo muy destacado de jefes de Estado y de gobierno, así como representantes de los sectores económico y financiero mundiales. Es por ello que dicho foro constituye una inmejorable ocasión para presentar ante la comunidad internacional las perspectivas económicas que México ofrece en los meses y años por venir.
De acudir al referido foro, podríamos fortalecer el contacto directo con importantes actores económicos globales e identificar sus posiciones en relación con la necesidad de reestructurar el sistema financiero internacional.
Conjuntamente con el consejo mexicano de inversiones, se realizaría un esfuerzo de difusión sobre las condiciones de la economía mexicana y del importante papel que en ella desempeñan las inversiones fijas de capital extranjero. Por otra parte, la ocasión permitirá establecer contactos con firmas interesadas en conocer, de primera fuente, las ventajas de realizar inversiones directas en nuestro país.
Estos objetivos podrían alcanzarse con la participación del titular del Ejecutivo en dos eventos del foro: en una conferencia durante la sesión plenaria sobre las reformas a las instituciones de Bretton Woods, así como en la comida organizada por el consejo mexicano de inversiones a 150 participantes del foro.
Asimismo, la presencia del Ejecutivo de la Unión en Davos ofrece la oportunidad de celebrar entrevistas bilaterales con otros jefes de Estado y de gobierno que asistirán al foro económico mundial.
Por los motivos señalados y con fundamento en los artículos 71 fracción I y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la elevada consideración de esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 de enero al 4 de febrero de 1996, a fin de que realice visitas al Reino de España, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a la República Italiana y a la Santa Sede, así como para que participe en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 15 de enero de 1996.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
El Presidente:
De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría, consulte a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensan todos los trámites.
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 de enero al 4 de febrero de 1996, a fin de que realice visitas al Reino de España, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a la República Italiana y a la Santa Sede, así como para que participe en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente:
Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario senador José Manuel Toraya Baqueiro:
Se emitieron 35 votos en pro y ninguno en contra, señor Presidente.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por 35 votos.
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
REINO DE ESPAÑA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Se va a dar lectura a varios oficios.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha de hoy:
"El Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración 'Orden de Isabel la Católica', en grado de Collar que el gobierno del Reino de España le otorgó." Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 10 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario, el director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
REPUBLICA DE PANAMA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día de hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"El ciudadano Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración nacional de la 'Orden Manuel Amador Guerrero', en grado de Collar, que el gobierno de la República de Panamá le otorgó. Mucho le agradeceré que el permiso correspondiente se tramite con carácter de urgente."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario, el director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
REINO DE ESPAÑA (II)
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 16 del actual:
"La ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración Orden de Isabel la Católica en grado de Banda de Dama, que le confiere el gobierno del Reino de España.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario, el director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
El Presidente:
De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensan todos los trámites.
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración "Orden de Isabel la Católica", en grado de Collar, que le confiere el gobierno del Reino de España.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración nacional de la "Orden Manuel Amador Guerrero", en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, para aceptar y usar la condecoración "Orden de Isabel la Católica" en grado de Banda de Dama, que le confiere el gobierno del Reino de España.
No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento.
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
(Votación.)
Señor Presidente: se emitieron 36 votos en pro y cero en contra.
El Presidente:
Aprobados los proyectos de decreto por 36 votos.
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
REPUBLICA DE ESTONIA
El secretario senador José Manuel Toraya Baqueiro:
Se va a dar lectura a varios oficios.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 4 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"La ciudadana Silvia Hernández Enríquez, Secretaria de Turismo, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la 'Orden Estonia de la Estrella Blanca', en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 10 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario, el director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 21 de diciembre próximo pasado:
"El ciudadano Jaime Zabludovsky Kuper, subsecretario de negociaciones comerciales internacionales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la 'Orden Estonia de la Estrella Blanca', en grado de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 4 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario, el director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 3 del actual:
"La ciudadana Myrna Esther Hoyos Schlamme, secretaria general de gobierno del Estado de Yucatán, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración 'Orden Estonia de la Estrella Blanca', en grado de Segunda Clase, que el gobierno de la República de Estonia le otorgó.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta de la interesada dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 10 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario, el director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DE VENEZUELA
El secretario senador José Manuel Toraya Baqueiro:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 8 del actual:
"El embajador Miguel Angel González Félix, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración 'Orden Francisco de Miranda', en grado de Primera Clase, que el gobierno de la República de Venezuela le otorgó.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 23 de noviembre de 1996.- Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el capitán de corbeta CG Rubén Molina Lizaola, pueda aceptar y usar la Medalla al Logro Naval, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al capitán de corbeta CG Rubén Molina Lizaola, para aceptar y usar la Medalla al Logro Naval, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 2 de enero de 1996. Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DEL PERU
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano César Humberto Solís Ortegón, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por servicios distinguidos, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano César Humberto Solís Ortegón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por servicios distinguidos, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 2 de enero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE CHILE
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 24 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ana Pricila Sosa Ferreira, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile en Cancún, Quintana Roo.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 20 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia solicitante prestará al gobierno de Chile, en Cancún, Quintana Roo, serán de carácter estrictamente consular:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Ana Pricila Sosa Ferreira, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile, en Cancún, Quintana Roo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 2 de enero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE ARGENTINA
El secretario senador José Manuel Toraya Baqueiro:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 6 de diciembre de 1995, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Francisco Falcón González, Alfonso Madiedo Lomelí y José Tomás Sánchez Pérez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República de Argentina, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 20 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República de Argentina, en México, serán de carácter administrativo:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Francisco Falcón González para prestar servicio como chofer, en la Embajada de la República de Argentina, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Alfonso Madiedo Lomelí, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Argentina, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano José Tomás Sánchez Pérez, para prestar servicios como mensajero, en la Embajada de la República de Argentina, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F. a 2 de enero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 23 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Vicente Paulino Lima Cisneros, pueda prestar sus servicios como jardinero, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 20 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como jardinero:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Vicente Paulino Lima Cisneros, para prestar servicios como jardinero, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a D.F., a 2 de enero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de primera lectura.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficios fechados el 30 de noviembre y 4 de diciembre de 1995, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Lucía Villarreal Chávez Camacho y Lizette Olinda González Leal, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 20 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, serán de carácter administrativo:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Lucía Villarreal Chávez Camacho, para prestar servicios como empleada de la sección comercial, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Lizette Olinda González Leal, para prestar servicios como especialista en información, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 2 de enero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE ESTONIA (II)
El secretario senador José Manuel Toraya Baqueiro:
Dictámenes a discusión.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los licenciados: José Angel Gurría Treviño, Juan Rebolledo Gout; embajadores: Ricardo Francisco Galán Méndez, Jorge Eduardo Chen Charpentier, Víctor Manuel Rodríguez García, Pedro González Rubio Sánchez y licenciado Oscar Espinosa Villarreal, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que les confiere el gobierno de la República de Estonia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al licenciado José Angel Gurría Treviño, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Artículo segundo. Se concede permiso al licenciado Juan Rebolledo Gout, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Artículo tercero. Se concede permiso al embajador Ricardo Francisco Galán Méndez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Artículo cuarto. Se concede permiso al embajador Jorge Eduardo Chen Charpentier, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Artículo quinto. Se concede permiso al embajador Víctor Manuel Rodríguez García, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Artículo sexto. Se concede permiso al embajador Pedro González Rubio Sánchez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Artículo séptimo. Se concede permiso al licenciado Oscar Espinosa Villarreal, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 4 de enero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto.
Tiene la palabra el senador Félix Salgado Macedonio, para hablar en contra.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Compañeras y compañeros legisladores:
Me parece un exceso de cinismo el que se pretenda condecorar a algunos personajes de nuestro país, cuando muchos de ellos gozan de muy negros antecedentes y para no referirme a todos, solamente quiero destacar aquí a una troica infernal, como es el señor Oscar Espinosa Villarreal, el señor José Angel Gurría Treviño y Juan Rebolledo.
Yo pregunto a toda la Asamblea y espero que mi pregunta no quede en el aire, ¿cuáles son los criterios que se usan o que se han usado para que este honorable Congreso de la Unión otorgue el permiso para recibir las condecoraciones a mexicanos propuestos por otros países?
La orden de Estonia pretende ser colocada a estos tres pillos. Creo sinceramente, compañeras y compañeros, que no existe razón de ser.
Más adelante hablaremos de un tema muy importante para todos nosotros y para la nación, el conflicto que vive Ruta-100 y el gobierno capitalino, que dirige precisamente este señor, don Oscar Espinosa Villarreal, a quien hemos demandado aquí juicio político. Este señor está involucrado en crímenes, en crímenes políticos; este señor en toda su trayectoria es conocido por fraudes, por desfalcos y por llevar una carrera política negra y nefasta que poco ayuda en estos momentos. Nosotros, la fracción parlamentaria del PRD, votaremos en contra.
Gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, el senador Humberto Mayans.
El senador Humberto Mayans Canabal:
Con su permiso, señor Presidente; compañero Félix Salgado Macedonio:
Yo creo que confundió usted los términos, no es trunca, ha de ser trinca lo que usted quiso decir. A mí me parece, en primer lugar, mi querido senador Salgado Macedonio, que cuando usted señala que le parece un cinismo el hecho de que se le otorgue una condecoración y el colmo de los cinismos a estos tres señores: José Angel Gurría, Juan Rebolledo Gout y a Oscar Espinosa, habrá que tomar en cuenta que no es una condecoración ni mucho menos que otorga el Gobierno mexicano; esta la otorga el gobierno de la República de Estonia en una decisión unilateral y soberana de dicha República quien decide a qué ciudadano, de qué parte del mundo, le hace un reconocimiento o le otorga una condecoración de este nivel.
Entonces, que quede claro, es una decisión unilateral y soberana de la República de Estonia.
En segundo lugar, es importante precisar el hecho que analizar y juzgar aquí la política exterior que está siguiendo el Gobierno mexicano, como usted insinuó o bien el hecho de juzgar la actuación en particular del secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría o bien del subsecretario Juan Rebolledo Gout, me parece que no es el lugar apropiado, dado que las facultades para analizar, hacer el seguimiento y juzgar la política exterior de México y el desempeño de los funcionarios, corresponde como usted sabe bien, estrictamente al Senado de la República.
Y ya en el mes pasado de diciembre tuvimos una comparecencia muy amplia, en donde usted participó en el seno del Senado, en donde compareció el canciller Gurría y donde se discutió más de cinco horas la política exterior de México y efectivamente entre otras cosas el desempeño del canciller y de su equipo de trabajo.
Incluso hubieron algunas propuestas y por eso señalo este hecho, en términos de que algunos senadores, incluso de partidos de oposición, en esa ocasión y en otras han propuesto que este tipo de trámites en conceder la autorización para aceptar y portar una condecoración, no son del hecho fundamentales e importantes como para que sean del conocimiento del pleno del Senado y se ha propuesto incluso, insisto, por legisladores de fracciones parlamentarias de oposición, el que se integre una comisión que conozca de dichas autorizaciones para conceder este tipo de permisos.
Yo creo, señor senador, que los antecedentes profesionales, éticos y morales del señor José Angel Gurría, del señor subsecretario Rebolledo Gout, así como también de Oscar Espinosa, los hacen funcionarios dignos mexicanos, funcionarios públicos merecedores, a nuestro juicio, de ésa y otras condecoraciones tantas como los gobiernos extranjeros consideren pertinente otorgar.
No veo en la conducta pública ni privada de ninguno de ellos, antecedentes que nos obliguen a considerar, aquí a esta Comisión Permanente, el hecho de no hacerlos merecedores de dicha autorización, por lo tanto yo convocaría a los señores diputados y a los señores senadores, que votemos en pro de conceder esta autorización de esta condecoración que otorga el gobierno de la República de Estonia, que lo ha hecho a este país, fundamentalmente su Presidente, que acaba de hacer una visita reciente a México, por primera vez un país báltico lo hace, de estrechar aún más las relaciones con nuestro país, de profundizarlas y de obtener un intercambio comercial económico importante con nuestro país, lo han hecho con la mejor buena fe y con la mejor disposición para que estas relaciones bilaterales se perfeccionen y se profundicen, como es la estrategia definitivamente del Gobierno mexicano hacia el exterior, la diversificación de su política exterior.
Eso es todo, muchas gracias.
El Presidente:
Si, senador, ¿con qué objeto?.. Para rectificación de hechos, tiene la palabra el senador Félix Salgado por cinco minutos.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Hemos estado acostumbrados a hacer de estas comisiones permanentes una mera oficialía de charolazos, de chapas, de partes, como la que hoy pretendemos hacer.
Yo pregunté y no me contestó el senador, ¿cuáles son los criterios que tiene o que usa esta Comisión Permanente para otorgar ese permiso a los señores antes señalados?.. Y bueno, si pueden decirme las facultades que tienen las comisiones y que tiene esta comisión, que me digan en dónde están.
El dice que ésta es una decisión de aquel país y si ésta es una decisión de aquel país entonces nosotros ¿para qué servimos?, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos cuestionando a tres ciudadanos y uno de ellos está demandado precisamente aquí, en esta Cámara de Diputados, no entiendo por qué se le pretende condecorar, cuando más bien debería otorgársele la medalla a Oscar Espinosa de "sir aguinaldo", o "la flor del aguinaldo"... Son gente que ha traicionado a la patria, que ha traicionado a la sociedad y creo que por moral, pública y política, debemos de oponernos a que los condecoren.
Por culpa de Oscar Espinosa, ahí afuera, allá, más de 12 mil trabajadores de Ruta-100 tienen a sus familias y a sus hijos en el desamparo, que se están muriendo de hambre,... ¡ah! y el señor va a ser condecorado y con la aprobación de esta plenaria. Repito pues, nosotros nos oponemos a ello. Esto es consigna, o somos o no somos soberanos.
El Presidente:
No habiendo en el orden de oradores nadie pendiente, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
El secretario senador José Manuel Toraya Baqueiro:
Se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron por los artículos 1o. y 7o., 19 votos en pro y cuatro votos en contra, por el artículo 3o., 4o., 5o. y 6o. se emitieron 29 votos en pro y un voto en contra; por el artículo 2o., 26 votos en pro y cuatro en contra.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
REPUBLICA DE ESTONIA (III)
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Andrés Leopoldo Valencia Benavides, José Eduardo Loreto Miranda, Emilio José Gilly Hernández, Luis Enrique Franco Díaz de León y María del Carmen Aguirre Le Vinson, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en diferentes grados, que les confiere el gobierno de la República de Estonia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1o. Se concede permiso al licenciado Andrés Leopoldo Valencia Benavides, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Artículo 2o. Se concede permiso al licenciado José Eduardo Loreto Miranda, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Tercera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Artículo 3o. Se concede permiso al licenciado Emilio José Gilly Hernández, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Tercera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Artículo 4o. Se concede permiso al licenciado Luis Enrique Franco Díaz de León, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Tercera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Artículo 5o. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Aguirre Le Vinson, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Cuarta Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 4 de enero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, José Natividad Jiménez Moreno y Angel Sergio Guerrero Mier; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Josué Valdés Mondragón, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es dictamen de segunda lectura.
Está a discusión en consecuencia el proyecto de decreto...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal...
(Votación.)
Se emitieron 35 votos en pro.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
EFEMERIDES
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra, para efemérides sobre Juan Landerreche Obregón, el senador Benigno Aladro Fernández.
El senador José Benigno Aladro Fernández:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Agradezco a nombre de mi partido, de su grupo parlamentario, el que se me permita hacer una breve semblanza sobre quien fuera diputado federal en tres ocasiones y que falleció el sábado próximo pasado: don Juan Landerreche Obregón.
Con Juan Landerreche Obregón parte a la posteridad un fragmento de lo más noble de nuestra historia política. Nacido en 1914 en la Ciudad de México, Juan Landerreche estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde más tarde accedió al doctorado.
Miembro de la Barra de Abogados y de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, don Juan se caracterizó por ser una de las pocas personas que llevaron a la práctica aquella tan usada palabra de solidaridad.
Hombre de gran trascendencia, integridad moral y poseedor de un sentido de familia, donde la biblioteca, los estudios, la plática y su partido, eran parte de la cotidianidad.
Casado con Gabriela Gómez Morín, fue padre de 10 hijos.
En sus años de joven dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, Landerreche fue parte del grupo de estudiantes que se vinculó con el maestro Manuel Gómez Morín, cuando fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la época por la lucha de la autonomía, por el respeto y por la libertad.
De aquel periodo, don Juan Landerreche destacaría que además de la libertad, de la importancia nacional en cuanto a la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, la defensa de la Universidad, de la libertad de espíritu, el movimiento tuvo ese sentido de los estudiantes que se unieron a la tarea con el entusiasmo y con la seguridad de sus principios tradicionales y modernos, aplicables a los problemas anteriores y del momento, para resolver realmente la situación de las clases desvalidas, de las clases que requieren y tienen la necesidad de la justicia social y que claman por ella.
Activo impulsor del Partido Acción Nacional, fue miembro fundador e integrante permanente del Comité Ejecutivo Nacional y del consejo nacional. Fue considerado don Juan, por su preocupación por los derechos de los trabajadores, como la columna vertebral de las propuestas panistas, encaminadas a lograr que el trabajo obtuviera reconocimiento material, exigía su dimensión de acto humano, pleno y lleno de dignidad. Frente a este tema, en 1960 don Juan diría: "El trabajo no es una mera actividad mecánica, sino que requiere ambiente y trato acordes con la dignidad del trabajador, además de que éste debe tener interés en las labores que desarrolla y estímulos para lograr y realizar, mejorar su esfuerzo y mejorar su propia situación moral, social y económica".
En torno al mismo tema, años después afirmaría que el problema de la creación de la riqueza por el empresario no se agota en la producción de esta riqueza, sino que exige como parte complementaria y fundamental, atender con justicia el problema de la distribución de la riqueza creada, que ciertamente se debe compartir entre el empresario y el personal que contribuyó a tal creación.
Don Juan Landerreche tuvo una gran vocación académica y formativa que lo llevó a impulsar la Editorial Jus, con objeto de publicar libros y documentos que hicieran un aporte intelectual y ético a México y en especial a las jóvenes generaciones. Entre sus valiosos textos destacan el de Expropiación Bancaria y Control de Cambios y la Participación de los Trabajadores en la Utilidad de las Empresas.
Igualmente se desempeñó don Juan como presidente de la comisión de estudios del PAN, dedicándole días completos a analizar, interpretar y proponer soluciones a los graves problemas de desarrollo social que sufría el país.
De la misma manera sus compañeros de partido guardamos el recuerdo de sus profundas ponencias entre las que destacaron la cuestión agraria, la reforma social, el trabajo, el problema del trabajo y tantas otras que enmarcaron su preocupación ante la crisis social de México.
Candidato a diputado en siete ocasiones, defendió ardientemente los votos de cada una de esas candidaturas. Sin embargo sólo se le reconocieron tres, estando presente en la XLVI, XLVIII y Ll legislaturas, destacando siempre entre sus compañeros de bancada y los mismos opositores por su compañerismo, dedicación, voluntad de diálogo, intelecto y gran preparación académica para enfrentar las labores que demandaba la propia Cámara.
De esos periodos parlamentarios trascendieron sus propuestas acerca de la incorporación del Golfo de Baja California al mar territorial mexicano, reformas a la Ley Sobre la Propiedad de la Tierra, reformas a la Ley Laboral, reformas al Código Penal, su participación en la comisión negociadora con el presidente Díaz Ordaz para solucionar el conflicto del 1968, sus aportes a una nueva Ley Electoral y tantos otros proyectos, frutos de una constante dedicación legislativa.
Como abogado y erudito, don Juan no permitía que dentro del debate político se mal utilizaran conceptos, que entre otras cosas colaboraban al desprestigio de personas, ideas y organizaciones. Paulatinamente se transforma en una de las personas claves que desde las tribunas legislativas y editoriales defiende la posición de Acción Nacional de dialogar, aclarando las diferencias entre un gobierno de hecho y un gobierno legítimo, situación que le valió hacerse de adversarios, pero que ante todo lo colocó en el prestigioso sitio de aquellos hombres que con altura de miras, pero con mucha humildad, saben reconocer la situación nacional y actuar dirigidos por una conciencia política clara y no por ambiciones ni personalismos.
Juan Landerreche Obregón fue un político bueno, bueno de corazón, que hizo de su partido, su familia y su país su vida. Hace algunos años, refiriéndose a Gómez Morín, decía que dejó con su vida y con su obra un ejemplo de como aun dentro de las más difíciles y nefastas situaciones, puede realizarse una tarea constructiva y de beneficio y servicio para el bien de la comunidad.
Palabras que sin duda alguna deben ser un eco dirigidas a él en un justo homenaje del Congreso de la Unión y del país entero.
Descanse en paz don Juan Landerreche.
Muchas gracias por su atención.
JUAN GARCIA ABREGO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre Juan García Abrego.
El diputado José Jesús Ortega Martínez:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Más que hablar sobre Juan García Abrego, mi intervención tiene el propósito de hablar sobre el comportamiento del Gobierno en la detención de Juan García Abrego.
Después de varios años, compañeras y compañeros legisladores, de que este capo del narcotráfico fue nota de la prensa nacional y de la prensa internacional y que fue considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país, el domingo fue detenido este delincuente por policías de la Procuraduría General de la República y particularmente por elementos del Instituto Nacional Contra las Drogas.
Este acto, la detención de García Abrego, que bien pudo haberse convertido en una demostración del interés gubernamental por aplicar las leyes y por hacer valer la justicia en nuestro país, lamentablemente, y subrayo lamentablemente, se transformó rápidamente en una incongruencia más del actual Gobierno y lo más grave: fue un evento marcado por la ilegalidad y por la subordinación de nuestro país a los intereses del gobierno norteamericano.
En un breve comunicado de la Procuraduría General de la República y en otro más breve de la Secretaría de Gobernación, se informa a la opinión pública que el narcotraficante fue detenido por elementos del Instituto Nacional Contra las Drogas y que fue expulsado del país por juzgar inconveniente su permanencia en él.
Es del dominio de todos ustedes y del país en su conjunto que García Abrego tiene por lo menos cuatro órdenes de aprehensión pendientes relacionadas por delitos contra la salud y asesinato. El boletín de prensa oficial no nos explica a la opinión pública nacional el porqué de la detención del capo de la droga, mucho menos aclara si se procedió atendiendo a cualquiera de las órdenes de aprehensión que antes señalamos.
Si éste fuera el caso, si el narcotraficante fue detenido como consecuencia de una de las órdenes de aprehensión que fueron giradas en su contra, García Abrego debió de haber sido presentado ante el juez que expidió la orden y por lo tanto ser juzgado de acuerdo a las leyes de nuestro país.
Otra posibilidad es que hubiese sido detenido en flagrancia de delito, lo cual no aconteció así según las autoridades gubernamentales. Pero si fuese ésa la situación, invariablemente también debió de haber sido presentado ante un juez correspondiente.
García Abrego no fue presentado ante la justicia mexicana y peor aún, fue expulsado o deportado o extraditado del país. Eso habrá que dilucidarlo.
La única posibilidad de que el Gobierno Federal hubiera actuado apegado a la ley con la expulsión del país del jefe del llamado cártel del Golfo, es que no hubiera cometido delitos en México o que dichos ilícitos no se estuvieran persiguiendo.
No es el caso y por lo tanto estamos ante un acto claramente ilegal del Gobierno Federal.
Los argumentos, compañeras y compañeros, para intentar justificar la expulsión, los argumentos del Gobierno, son realmente endebles.
Por supuesto no se trata, como afirmó el Secretario de Gobernación, de que el artículo 33 de la Constitución está por encima del Código Penal y no se trata de eso porque hay otras disposiciones constitucionales que el Gobierno soslayó y no atendió.
La Constitución de nuestro país señala en el artículo 16 lo siguiente: "La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal".
Tampoco se atendió al artículo 21 constitucional, que señala: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial".
Y por si no fuera suficiente, las autoridades gubernamentales de México ignoraron lo establecido en el artículo 102 de nuestra Carta Magna, en particular los párrafos segundo y quinto, que señalan lo siguiente:
"Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita...".
Y lo que establece el párrafo quinto es indispensable que sea tomado en cuenta, ahora que ha incurrido el Gobierno en esta conducta ilegal y de subordinación a los intereses norteamericanos.
En ese párrafo se asienta claramente: "El Procurador General de la República será el consejero jurídico del Gobierno. Tanto él como sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley, en que incurran con motivo de sus funciones".
Como ven, hay una abierta subordinación a los intereses del gobierno norteamericano y si hubiese necesidad de evidenciarla aún más, sólo bastaría revisar algunas de las declaraciones oficiales de funcionarios del gobierno norteamericano para confirmar que para ellos lo que sucedió fue la extradición de García Abrego.
Ni siquiera se guardaron las formas. La expulsión, como dice el Secretario de Gobernación, nunca se dio en tanto que las autoridades mexicanas entregaron al delincuente a las autoridades norteamericanas en Houston, Texas.
Ahora los mexicanos permanecemos a la expectativa de que al jefe del cártel del golfo se le juzgue en Estados Unidos mientras que los distintos delitos que cometió en nuestro país, en nuestro país en donde fue capturado, quedarán impunes y por más que el Secretario de Gobernación, y eso merece cuando menos risa, diga que no se extingue la acción punitiva del Estado mexicano contra García Abrego.
El Secretario de Gobernación dice que seguirán persiguiendo, para aplicarle la justicia a García Abrego y el Secretario de Gobernación es el que lo entrega a las autoridades norteamericanas.
El cónsul mexicano en Houston, Texas, para más ridículo por un lado e indignación por el otro, pide a las autoridades norteamericanas que las instituciones de procuración de justicia de nuestro país, de México, pudieran asistir como observadores y como testigos del juicio que ante los tribunales norteamericanos se sigue o se seguirá contra García Abrego.
Esto es, insisto, verdaderamente ridículo, declaraciones como las del cónsul mexicano en Houston, Texas y como las del propio Secretario de Gobernación.
Agencias informativas como ASP mencionan que García Abrego tiene doble nacionalidad, pero también menciona que fue extraditado del país y el señor McCurry, portavoz del presidente de los Estados Unidos, dice lo siguiente: "La extradición o el arresto mismo fue un importante golpe de los funcionarios del orden mexicano para el esfuerzo antinarcóticos, que hemos estado siguiendo en colaboración con el Gobierno mexicano". El portavoz del presidente de los Estados Unidos dice que la entrega de García Abrego a las autoridades norteamericanas fue una extradición.
La procuradora norteamericana se ha permitido felicitar al canciller y al Procurador de Justicia de nuestro país por lo siguiente: "Por la forma expedita en que el Gobierno de México ejecutó el traslado de García Abrego a los Estados Unidos".
De esta manera los mexicanos lamentablemente estamos observando que la aplicación de la justicia contra delincuentes, que cometen ilícitos en nuestro país, no la hacen las autoridades mexicanas, sino vergonzosamente la hacen autoridades norteamericanas.
Y por supuesto no se trata de sostener la dudosa explicación de que García Abrego es ciudadano norteamericano, de que se encontró el acta de nacimiento que demuestra que nació en los Estados Unidos y es tan frágil esta explicación porque hoy mismo en la primera plana de los diarios, sale una copia certificada del acta de nacimiento de García Abrego, demostrando que nació en Tamaulipas, esto es, que nació en México.
Pero suponiendo que fuese norteamericano, que fuese extranjero, por supuesto que no es válida la explicación del Secretario de Gobernación, diciendo que porque es extranjero se le manda a las autoridades norteamericanas, porque estaríamos en el absurdo de que todo extranjero norteamericano, francés, panameño o de cualquier nacionalidad, que cometiera delitos o asesinatos en este país, entonces con esta explicación del Secretario de Gobernación inmediatamente se procedería a expulsarlo de nuestro país en lugar de que esos extranjeros pagaran por los delitos que han cometido en el nuestro. Por lo tanto es absolutamente frágil y no tiene ninguna asidera la explicación del Secretario de Gobernación, de que se le expulsó por el solo hecho de ser extranjero.
¿Cuáles fueron entonces, compañeras y compañeros, las verdaderas razones? ¡Eso es lo que tenemos que explicarnos! Y con dignidad el Poder Legislativo, como representante de la nación y como representante popular, debería de hacer el máximo esfuerzo para explicarnos cuáles fueron las verdaderas razones y las verdaderas causas para que el Gobierno mexicano cometiera tal ilegalidad y cometiera tal cesión de soberanía a favor de los intereses norteamericanos.
¿Los compromisos del Gobierno mexicano de carácter económico son de tal magnitud que no puede el Gobierno mexicano soportar presiones, como la exigencia de la entrega de García Abrego por sobre las leyes mexicanas? Esto es, ¿hay razones de compromisos de carácter económico del Gobierno mexicano con el gobierno norteamericano o cuáles son las explicaciones para intentar explicar o justificar tal acción ilegal de nuestro Gobierno?
Yo pienso que por salud de la nación es indispensable que conozcamos las verdaderas causas y yo pienso que por salud de la nación también es indispensable que si funcionarios mexicanos violaron la ley en este delicado proceso de la aprehensión de García Abrego y de estar sujeto a las leyes mexicanas, si hay funcionarios mexicanos que violaron la ley por salud de la nación deben ser castigados y para ello necesita dilucidarse claramente ante la opinión pública nacional este tan delicado asunto.
En consideración a lo anterior y también en consideración al papel que el Poder Legislativo debe jugar en asuntos tan importantes como éste que conocen todos ustedes y que me permito recordar, es que les propongo, compañeras y compañeros legisladores, que aprobemos un punto de acuerdo para que de acuerdo a nuestras facultades constitucionales el Congreso, a través de sus respectivas comisiones, convoque al Secretario de Gobernación, al Procurador General de la República y al Secretario de Relaciones Exteriores, para que expliquen a esta soberanía las razones, el proceso y el procedimiento en su conjunto de la detención de este delincuente traficante de drogas.
Va a ser fundamental que ustedes acepten esta propuesta, porque revaloraremos el papel de los legisladores como representantes populares y así lo espero, contribuiríamos realmente a que México, como creo que lo deseamos todos nosotros, sea auténtica, verdaderamente un país de leyes.
No nos conformemos con las palabras, con la demagogia, con los dichos de que México es un país de leyes, actuemos en consecuencia y creo que ésa es parte de nuestra responsabilidad fundamental.
Les agradezco su atención.
El Presidente:
En virtud de que la propuesta del diputado Ortega se asimila a lo especificado en el artículo 58 del Reglamento, pregunto a la Asamblea si hay quien quiera sostener o fundamentar la propuesta del diputado Ortega.
Tiene la palabra, señor senador Salgado.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Para fundamentar lo expuesto aquí por el compañero diputado Jesús Ortega.
Hay un boletín de la PGR, aquí está el boletín, le voy a dar lectura y dice así:
"México, D.F., a 16 de enero de 1996. Boletín No. 042/96. Juan García Abrego. "En contra del jefe del cártel del golfo, Juan García Abrego, existen las siguientes causas penales iniciadas por autoridades judiciales del Estado de Tamaulipas, México, que dieron origen a las respectivas órdenes de aprehensión:
1o. El 9 de noviembre de 1990, el juez quinto de distrito en materia penal, radicado en el Estado de Tamaulipas, giró orden de aprehensión contra García Abrego, por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de estupefacientes, cocaína y mariguana, con base en la causa penal auxiliar 35/90. De la averiguación previa iniciada con anterioridad y que dio origen a la causa penal respectiva, se desprende que en las oficinas de la empresa Fletes Uribe-Alaniz, ubicada en las calles de Sendero Nacional y Valle Alto, propiedad del narcotraficante, fueron encontradas cocaína y una pistola calibre 38. Asimismo en su rancho "El Centenario", localizado en el municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, fueron descubiertas diversas cantidades de mariguana.
2o. El 7 de marzo de 1990, el juez sexto de distrito, radicado en el Estado de Tamaulipas, giró orden de aprehensión contra Juan García Abrego, dentro de la causa penal 8790.
De las declaraciones ministeriales de Enrique López Ocampo, Elías García García y Carlos Orduña Luke, miembros del cártel del golfo, se desprende que Juan García Abrego era quien encabezaba esta organización criminal y quien recibía cocaína procedente de Colombia, para trasladarla y comercializarla en Estados Unidos. El juez sexto de distrito en el Estado de Tamaulipas, consideró que existían suficientes elementos contra García Abrego, por lo cual le giró orden de aprehensión. El mismo juez sexto de distrito emitió la causa penal 35/94 y ordenó la detención de García Abrego, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, en su modalidad de aportación de recursos económicos o de cualquier especie, para la ejecución de delitos contra la salud y homicidio. El llamado jefe del cártel del golfo, es inculpado de ordenar los asesinatos de Américo Barrera Caballero y la menor Beatriz Adriana Galván Orozco, según dijeron Armando Becerra Caballero y Enrique López Ocampo, ex trabajadores del narcotraficante. López Ocampo, quien sirvió como guardaespalda de José Pérez de la Rosa, alias "El Amable", dijo que convivió con el grupo delictivo y constató que García Abrego es el jefe máximo de la banda de narcotraficantes.
López Ocampo aceptó haber coordinado la llegada de los vuelos con cargamentos de cocaína, procedentes del cártel de Cali, Colombia y agregó que por disposición de García Abrego, Matamoros era su centro de operaciones en donde conoció a otros integrantes del grupo delictivo. Estamos hablando de Tamaulipas.
En la causa penal 47/94, se estableció que García Abrego es el jefe de la organización delictiva. Lo anterior se refuerza con las declaraciones ministeriales de Elías García García, Carlos Orduña Luke, Sebastián de los Reyes Guerrero, alias "El Sebas" y Enrique López Ocampo, ex integrantes de esa banda, quienes ante las autoridades judiciales ratificaron que García Abrego era el cabecilla de la banda de narcotraficantes. Es decir, atrás de García Abrego existe una gran banda, banda de narcotraficantes.
Aquí se ha hablado de que no habrá intocables, de que éste será un país de leyes y las aplican cuando les conviene y cuando no les conviene se hacen los occisos. Está en duda si García Abrego es mexicano o es estadounidense y bueno, ya el compañero Ortega ha documentado aquí, ha precisado nuestra posición en torno a este bochornoso caso y consideramos que si bien le asisten las facultades discrecionales al Ejecutivo para aplicar el 33, pero él, fíjense bien, él debió abstenerse de llevarlo a cabo, ya que existían órdenes de aprehensión en contra de García Abrego y no lo decimos nosotros, lo dice la PGR.
El señor Chuayffet dice que se le expulsó por ser un extranjero indeseable, nada más. Creo que atrás de García Abrego hay una estela de delitos graves que han trastornado la vida política y social de nuestro país. ¿Cómo que le tienen muchas ganas a los narcos y que los quieren encarcelar y cuando los agarran los dejan ir?, ¿cómo está eso?
¡Yo no me explico cómo gente humilde y campesina está pudriéndose en las cárceles, purgando supuestos delitos relacionados con el tráfico de drogas y los poderosos gozan de esas prerrogativas! ¿Acaso Zedillo defiende a capos de la droga? ¿Acaso aquí hay un trueque con Bill Clinton, García Abrego para allá y Ruiz Massieu para acá? ¿Qué se trae entre manos nuestro Gobierno? ¿Qué pasa?, ¿por qué se le da la prerrogativa de impunidad a dicho narcotraficante que ha dejado en nuestro país una estela de muertes?
Su sede de operaciones era Tamaulipas y miren qué curioso, precisamente muchos de Tamaulipas fueron señalados como responsables de la muerte de Ruiz Massieu, ¿ya no lo recuerdan? ¿Acaso este capo de la droga no estará vinculado a los asesinatos de Ruiz Massieu, de Luis Donaldo Colosio y del Cardenal Posadas? ¿Por qué lo dejaron ir?
Porque si canta aquí en México, se descubre la verdad y el fuego, la lumbre podría llegarle hasta Los Pinos. Bien que saben lo que hacen. Ni el mejor jurista de los que están aquí sentados y que sabe quién es, podrá venir a darnos una explicación de tan descabellada decisión del Ejecutivo Federal.
Por eso, nos pronunciamos por la comparecencia inmediata de los tres secretarios que aquí el compañero Jesús Ortega ha mencionado."
Muchas gracias.
El Presidente:
De acuerdo a la aplicación el artículo 58, procede un orador en contra. Para este efecto se ha inscrito el senador Amador Rodríguez.
Ruego a quienes también deseen participar en este debate, una vez que concluya el pro y el contra, se inscriban para rectificar hechos y con todo gusto tendrán el uso de la palabra.
Tiene la palabra el senador Amador Rodríguez.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores, miembros de la Comisión Permanente.
Primeramente quiero destacar algo que definitivamente no debemos de ocultar y por lo tanto debemos aplaudir y reconocer, el logro indiscutible del Gobierno de México, de las autoridades de la Procuraduría General de la República en el combate frontal a la delincuencia.
Aquí se olvida que éste es el hecho relativo más importante que debemos comentar, que éste es uno de los golpes más serios y más importantes que se le ha dado al narcotráfico en los últimos años, que fueron policías mexicanos, la operación, ejecución y estrategia fue llevada a cabo por policías mexicanos, por primera vez no se compartió información con agencias extranjeras para que no fuera a fracasar el operativo y luego fracasara y le echaran la culpa a la policía mexicana.
Por lo tanto el PRI quiere hacer un reconocimiento a este golpe duro que se le ha dado a la delincuencia organizada en nuestro país y también delincuencia internacional.
Por ello se debe reconocer el esfuerzo del Gobierno del presidente Zedillo para enfrentar directamente y combatir con todos los recursos legales de que dispone el Gobierno de la República a este cáncer que amenaza no solamente a México sino a la comunidad internacional. Al haber detenido a García Abrego el Gobierno de la República tenía dos opciones; una, ponerlo a disposición de las autoridades judiciales en virtud de las distintas órdenes de aprehensión que aquí ya se han comentado, cuatro para ser precisos; o bien aplicar el artículo 33 constitucional. Optó por la segunda de estas posibilidades y lo hizo porque tuvo en consideración el interés y la seguridad nacional. Se ha comentado aquí que el artículo 33 y su aplicación es ilegal, ningún artículo constitucional y hay jurisprudencia de la Corte en este sentido, es ilegal por el sentido de la supremacía constitucional.
Se ha dicho también que va en contra de otros artículos constitucionales y se comentó el artículo 16 y el artículo 21, en ambos casos es un sofisma; primero, porque en el supuesto caso de que hubiera contradicción, que no lo existe, y les voy a leer jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en este caso específico, pero en el supuesto caso de que existiera contradicción entre dos artículos constitucionales, tendríamos que acudir a las reglas generales del derecho, a las reglas de la interpretación jurídica y en este caso priva la norma especial sobre la norma de carácter general.
Por lo tanto la aplicación del artículo 33 constitucional no es ilegal, no se viola ningún precepto del orden jurídico mexicano. Este artículo constitucional nos viene de la Constitución de 1817 y para ser más precisos se aprobó el 18 de enero de 1917, ahí se presentó un voto particular de Múgica que era presidente de la Comisión de Constitución y de Román, con el propósito de querer limitar la facultad exclusiva del Presidente para que no fuera tan discrecional y se presentó una serie de disposiciones con el propósito de que el presidente no tuviera esta facultad tan amplia; este voto particular fue rechazado por la asamblea constituyente y por lo tanto se debe de entender al contrario sensu que hubo el criterio, la opinión, el voto, de los constituyentes de 1917 de otorgar una facultad plena, discrecional, exclusiva al Presidente de la República.
Pero independientemente de este espíritu del constituyente, existe jurisprudencia de la Suprema Corte en firme, desde 1918 ó 1924 y no se ha modificado en el sentido que yo me estoy aquí refiriendo y con el propósito de ilustrar a la Asamblea, yo le quisiera pedir al señor Presidente, en los términos del artículo 105 del Reglamento, autorice al secretario para que dé lectura a algunos textos.
El Presidente:
Proceda la Secretaría como solicita el orador.
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Artículo 33 constitucional: otorga al Ejecutivo de la Unión la facultad exclusiva y discrecional de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia en el país juzgue inconveniente.
Cuando el Ejecutivo de la Unión hace uso de la facultad que este artículo le otorga, tiene en consideración la inconveniencia de que el extranjero o extranjeros de que se trate permanezcan en el país.
La inconveniencia a que se refiere la tesis que antecede, resulta de los perjuicios y daños que sufre la sociedad y el Estado con la permanencia del extranjero o extranjeros en el país.
La disposición del artículo 33 constitucional en el sentido de la facultad que concede al Presidente de la República para expulsar inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero a quien juzgue pernicioso, es tan terminante que no admite interpretación alguna.
No puede admitirse el que las facultades del Presidente de la República para expulsar a los extranjeros perniciosos estén limitadas o restringidas en determinado sentido, pues si se admitiese se sustituiría el criterio de los tribunales federales ante el Presidente de la República, cosa contraria a lo que el artículo 33 constitucional establece.
Conforme al precepto 33 constitucional, otra tesis: basta que el Presidente de la República lo juzgue necesario para que proceda la expulsión del territorio de cualquier extranjero que no convenga y la aplicación de tal precepto no viola el contenido del artículo 16 de la Constitución.
Otra tesis. Daños y perjuicios: Para tener por plenamente probados los que causa la permanencia del extranjero o extranjeros en el territorio nacional, basta la sola determinación del Ejecutivo sin que sea lícito sujetarlo a prueba especial y sin que autoridad alguna pueda hacer indagaciones respecto de ellos, puesto que se trata de una facultad discrecional y exclusiva del mismo Ejecutivo de la Unión.
Otra tesis. Extranjeros perniciosos: Conforme al artículo 33 constitucional, el Presidente de la República tiene la facultad exclusiva de hacer abandonar el país inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente y contra el ejercicio de esa facultad es improcedente conceder la suspensión, porque se trata del cumplimiento de un precepto constitucional del que puede hacer uso discrecionalmente el Ejecutivo, siendo la detención en tal caso sólo una medida para cumplimentar las órdenes dadas en virtud de esa facultad.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Muchas gracias, señor Secretario:
Como vemos compañeras y compañeros, de la lectura de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que todos sabemos muy bien que es el órgano intérprete de la Constitución, el que dice lo que dice la Constitución, la última palabra en interpretación constitucional ha señalado con precisión que es una facultad exclusiva del Presidente de la República, discrecional, que ninguna autoridad, fíjense bien, ninguna autoridad y en esto quiere decir ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial pueden hacerle ninguna interpelación respecto a la aplicación del artículo 33 constitucional.
Por lo tanto queda perfectamente claro que fue en ejercicio estricto de las facultades constitucionales que le establece el artículo 33 constitucional.
El artículo 21 constitucional aquí también se comentó, desgraciadamente se hizo referencia a una Constitución seguramente antes de la reforma de 1994, en la cual nosotros fuimos partícipes y fue muy relevante el hecho de que fue decisión de las comisiones del Senado de la República, después se presentó a consideración del Senado y luego del Constituyente Permanente, que el Procurador General de la República dejara de ser consejero del Presidente, ya no es consejero del Presidente, ahora para no cometer estas pifias hay un sistema de cómputo donde nos permite conocer de manera actualizada y evitar este tipo de errores, que definitivamente dejan mucho que desear en un debate de esta naturaleza.
No, no fue extradición, no hay que creerle todo lo que digan los periódicos ni tampoco todas las informaciones de los funcionarios norteamericanos; no fue tampoco expulsión, aunque desde el punto de vista literal se puede entender que fue expulsión, fue solamente hacerlo abandonar el país. La extradición es un proceso jurídico totalmente distinto, que tiene su base en un tratado internacional, es un procedimiento jurídico formal, a través del cual las autoridades de un país le hacen del conocimiento de otro la necesidad de detener a tal o cual persona, requiere de identidad de persona, de identidad de normas y que la conducta se adecúe al tipo penal. Este no es el caso, están equivocados los funcionarios norteamericanos, es el ejercicio de la facultad constitucional del artículo 33 de hacer abandonar a un extranjero por considerarlo indeseable.
Ahora bien...
El Presidente:
¿Aceptaría el orador una pregunta de parte del senador Félix Salgado.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Aunque el senador Félix Salgado Macedonio, tiene la norma de no aceptar interpelaciones, y en reciprocidad yo debería de actuar de la misma naturaleza, pero con mucho gusto le acepto todas las interpelaciones que quiera.
El Presidente:
Proceda, senador Salgado.
El senador Félix Salgado Macedonio (desde su curul):
Gracias, señor senador, es usted muy amable:
Solamente es una pregunta, dice usted que no fue extradición, se le sacó solamente del país y que esto fue apegado al ordenamiento del artículo 33, entonces podemos presumir que existe una orden del Presidente, una orden de expulsión o un decreto de expulsión ¿Tenemos ese documento, señor senador? ¿Fue Zedillo el que ordenó la salida del capo?
El senador Amador Rodríguez Lozano:
De acuerdo con la conferencia de prensa dada por el Secretario de Gobernación, es un acto del Presidente ejecutado por la Secretaría de Gobernación, dispénseme, señor senador, pero el señor Presidente de la República no realiza sus actos por decreto, imagínese usted, paralizaríamos a todo el Poder Ejecutivo si todos los actos del Presidente tuvieran que realizarse por decreto, solamente el Poder
Legislativo realiza sus actos por decreto o leyes, las leyes son de carácter general, los decretos son de carácter particular e individual.
Sin embargo, compañeras y compañeros, no fue un acto que no esté justificado y que no esté motivado, no es un ejercicio arbitrario de una facultad constitucional, sino es un acto de Estado razonado, con base en el interés y la seguridad nacional, ¿por qué razón?
Compañeros, nunca en la historia de este país habíamos detenido a un narcotraficante de la peligrosidad y los alcances de Juan García Abrego, los anteriores eran sólo pequeños aprendices frente a la organización tan terrible económica, financiera, posiblemente política, policiaca, la capacidad de corrupción, las armas que utilizaba, la red tan terrible que tenía García Abrego.
Se dice que tiene una fortuna de entre 15 y 20 mil millones de dólares. ¡Fíjense ustedes que cantidad tan enorme! Es imposible calcularla. Más que las reservas actuales de divisas de nuestro país, una cantidad terrible.
El grado de peligrosidad de García Abrego es una de las características que se tomaron en cuenta para poder determinar la aplicación del artículo 33 constitucional. Tiene un ejército privado. Para poder trasladarse de un lugar a otro, mandaba primeramente a todas sus guardas como un verdadero estado mayor presidencial, que peinaban toda la zona para que después llegara el señor perfectamente custodiado. Armas de alto poder; la capacidad económica es increíble.
En los últimos meses hemos conocido como aviones 7-27 que valen 25 a 30 millones de dólares, fueron sepultados o quemadas ante la posibilidad de ser detenidos. La capacidad de corrupción es verdaderamente increíble. Es una gente con una gran capacidad de violencia y así lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que en 1984, cuando fue detenido por las autoridades norteamericanas, asesinaron a los 10 testigos de cargo; es una gente con una verdadera capacidad de violencia.
Esta es una de las razones por las cuales se consideró que era necesario aplicarle el artículo 33, pero además y he oído muchas críticas, en la Permanente incluso, de que no debemos dejar que en el caso de México se llegue al caso colombiano, donde se asesinan jueces, donde se asesinan policías, donde se amedrenta a todo el sistema de procuración de justicia, donde se desequilibra el sistema penitenciario. Con una gente de esta capacidad financiera, con esta capacidad económica, definitivamente tendríamos serios problemas en nuestro sistema actual penitenciario.
Por esa razón se le quiso sustraer de su área de influencia, porque dirán ustedes: bueno, pues en los Estados Unidos de todos modos va a tener el mismo poder; no, no va a tener el mismo poder y es muy claro.
Cuando a este señor se le detuvo, amenazaba de muerte a todos los que lo llevaban detenidos, pero en el momento que supo que lo llevaban a Estados Unidos y las imágenes de la televisión no me dejan mentir, forcejeó y lo tuvieron que llevar prácticamente cargado para meterlo al avión, porque se dio cuenta que en esos momentos su capacidad económica, su influencia, sus recursos gatilleros y violentos, no le iban a servir de nada.
Esa es otra de las razones por las cuales es plenamente justificable la aplicación del artículo 33 constitucional.
Pero se dirá: no se atiende al interés mexicano de la justicia. Sí, sí se atiende al interés mexicano de la justicia, porque el bien jurídicamente tutelado de una norma de tipo penal, es aislar al delincuente, castigarlo con una sanción de prisión para que purgue su sentencia. Se trata de aislarlo de la sociedad y proteger a la sociedad y en este caso las autoridades norteamericanas han dado las seguridades a México, de que a través de estos 26 cargos que existen en su contra en los Estados Unidos, es probable que pueda tener una sentencia de casi 300 años, por lo tanto se consigue el propósito de la norma penal mexicana de que se aisle y que se proteja a la sociedad mexicana de hombres de esta naturaleza.
Pero he oído muchas argumentaciones también: no se quiere que hable, se trata de proteger a funcionarios mexicanos, está vinculado al asesinato de Luis Donaldo Colosio... Hoy, García Abrego es responsable prácticamente de todo lo malo que pasa en el país; ya nada más falta que se diga que también es el culpable de que la Selección Nacional falle los penalties o que también es responsable de la contaminación en el Distrito Federal.
No se trata de ocultar absolutamente nada, es sabido por todos nosotros, lo vemos a través de la televisión, que las audiencias y los procesos judiciales norteamericanos son públicos, que si el señor tiene información, que si el señor sabe lo va a decir ante la televisión norteamericana. Ahí tenemos el caso de O. J. Simpson, tan famoso en la televisión mundial. Por lo tanto todo lo contrario, el hecho de que se envíe a los Estados Unidos de ninguna manera significa que México quiere ocultar información, al contrario.
La Procuraduría General de la República el día de hoy envió un comunicado a la procuradora Reno donde le pido que se le envíe toda la información que se recabe respecto a delitos cometidos en territorio nacional y segundo, que haya un funcionario de la Procuraduría General de la República presente en los interrogatorios de García Abrego.
Por lo tanto, no existe, es falaz este argumento, no hay ninguna intención del Gobierno mexicano de ocultar información.
Pero también es importante que se vaya a los Estados Unidos por otras razones. Las experiencias en estos casos nos determinan que la mayoría de estos capos prácticamente no declaran nada a las autoridades judiciales.
Si se diera en México esa situación vendría el argumento contrario: no está diciendo nada, no hay declaraciones sensacionalistas, están desviando la investigación; ya negociaron con García Abrego; se trata de que no diga nada. Ese es otro de los argumentos que se caen porque en Estados Unidos no se podrá argumentar esta situación de las autoridades judiciales mexicanas.
Pero hay algo también que es muy importante. Es el primer narcotraficante norteamericano que es detenido en prisiones. ¿Cuándo han oído ustedes de un traficante norteamericano? Hay colombianos, bolivianos, mexicanos, pero nunca de un norteamericano.
Con la publicidad que seguramente va a tener este hecho, seguramente llamará la atención internacional de que este problema no es un problema solamente de los países productores o distribuidores, sino es un problema verdaderamente internacional y esto me lleva también a otra consideración, que también es muy importante.
Definitivamente que éste es un logro de la cooperación internacional en materia de narcotráfico. Ahora los narcotraficantes se darán cuenta que no se enfrentan solamente a un país, sino se están enfrentando al mundo, se están enfrentando a la comunidad internacional y este precedente de García Abrego es muy importante en ese sentido.
Pero también tiene otro efecto, tiene otro efecto muy importante para nosotros, que dejemos de ser el centro de la atención de los debates electorales norteamericanos, que constantemente nos quieren echar la culpa de todo lo que pasa en materia de narcotráfico.
Hoy hay una prueba fehaciente de que México tiene la autoridad moral, tiene la autoridad legal y la estrategia para atacar de frente el fenómeno del narcotráfico. Este seguramente tendrá efectos importantes en el debate electoral norteamericano, que lo hemos visto en el caso del transporte, lo veremos después en el caso del tomate, que se nos está utilizando en estos momentos como un argumento y ya basta de que México sea utilizado como argumento en los debates electorales internos de los Estados Unidos.
Creo, en resumen, compañeras y compañeros, que está plenamente comprobada la aplicación del artículo 33 constitucional, no viola ninguna ley, es en ejercicio de una facultad constitucional, existen las razones fundadas y motivadas, pero además es importante dejar claro que sí es norteamericano.
Tengo aquí elementos que quiero presentar a la consideración de todos ustedes y los medios de comunicación para que quede fehacientemente, para que no haya duda, como aquí se ha venido a expresar, que García Abrego es ciudadano norteamericano.
El hecho de que tenga un acta de nacimiento no prueba la nacionalidad. Hay muchos casos de mexicanos y en la frontera es muy común, que se tenga dos actas de nacimiento, aunque es ilegal o bien se tenga doble nacionalidad, pero a la llegada de la mayoría de edad, se debe decidir por una nacionalidad.
Juan García Abrego efectivamente tiene un acta de nacimiento de Matamoros, pero si ustedes la revisan, en 1944, en septiembre nace, y es hasta julio de 1945 cuando lo registran, es un acta extemporánea, de ésas que ya no se aceptan ahora en los registros civiles de los municipios mexicanos.
Pero independientemente de esta circunstancia, a la edad de 21 años, en 1965, comparece ante las autoridades norteamericanas, lleva a su madre para que declare ante un notario de que el señor nació en Palomas, en Texas, lleva el acta de bautismo, que fue bautizado en Camerón, Texas y lleva también una copia de su primaria, también en Texas.
Esto, compañeros, es una prueba fehaciente de su decisión de ser ciudadano norteamericano, cosa que el funcionario norteamericano acredita y le otorga el documento que lo acredita como ciudadano norteamericano.
Con posterioridad, en Brownsville, en 1978, es detenido por el robo de un automóvil y ahí mismo él acredita y aquí está su firma, misma que se puede comparar y yo le pido por ahí a mis colaboradores que sean tan amables de distribuirles este documento, es la misma firma que aparece en 1965 y la de 1978.
Por lo tanto, es la misma persona y hay una declaración de él, de ser considerado como ciudadano norteamericano; tiene nacionalidad norteamericana. Ayer mismo, ante la juez, declaró que es norteamericano. Por lo tanto, no sé por qué hay una serie de defensores gratuitos que tiene en México el señor García Abrego, que sí tal parece que preocupa que sea extranjero y deseable, tal vez algunos quisieran que fuera extranjero deseable.
Compañeras y compañeros, las facultades del Presidente las realizó en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución, es perfectamente legal, la captura es un logro de las autoridades mexicanas que debe de reconocerlo así, tanto México como la comunidad internacional.
Por todas estas razones, señor Presidente, compañeras y compañeros, consideramos que no es de aprobarse el punto de acuerdo en el sentido de que se llame al Secretario de Gobernación y al Secretario de Relaciones Exteriores.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Se ha inscrito para hacer uso de la palabra por la vía de hechos, el diputado Fernando Pérez Noriega.
El diputado Fernando Pérez Noriega:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención, me gustaría solicitarle, tomando en consideración que tengo cinco minutos para mi intervención, se me otorgara un poco más de tiempo en el caso de que me exceda, trataré de hacerlo lo más sencillo posible.
Gracias, señor Presidente.
Creo que antes de entrar a un debate jurídico, sobre cual artículo constitucional debe de aplicarse en este caso y si los mismos son aplicados en forma adecuada, creo que es necesario recordar, por lo menos que el año pasado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados organizó una consulta nacional para el combate al narcotráfico.
De esa consulta nacional se llegó, entre otras conclusiones, a la necesidad de que existiera un esfuerzo internacional para combatir al narcotráfico. El narcotráfico no es un problema de un solo país, el narcotráfico es un problema que trasciende las fronteras, en este caso de México y se ha debatido en muchos foros, como combatir en forma eficiente el narcotráfico.
En algunos lugares se ha comentado que si un país liberaliza el uso de la droga no se podrá atacar el narcotráfico, porque una acción unilateral no funciona en estos casos. Es decir, se necesita un esfuerzo internacional, se necesita que todos los países estén comprometidos con el combate al narcotráfico.
México ha sostenido en diversos foros internacionales su compromiso de combatir en forma eficiente, en forma eficaz el narcotráfico. Y se quiere mandar un mensaje muy claro, México no es un paraíso de narcotraficantes, en México no pueden actuar con impunidad los narcotraficantes.
Por lo tanto, creemos que esta detención de Juan García Abrego, es un hecho que no tiene antecedentes en México y que demuestra que nuestra policía puede ser eficiente, que nuestros investigadores pueden llevar a cabo investigaciones adecuadas y lograr en su momento la detención de los grandes capos del narcotráfico.
Es decir, en México no existe impunidad para ningún narcotraficante, no es el primer narcotraficante de alto nivel que se detiene, si es el más importante, pero hoy tenemos detenidos a Caro Quintero, Fonseca, al Chapo Guzmán, algunos otros que están en diversas prisiones federales.
De ahí que no es cierto que un narcotraficante como es éste que ha sido detenido tenga su sede de operaciones en un lugar determinado. No podemos decir que un narcotraficante de este nivel, opere en una sola ciudad, en un solo Estado o inclusive solamente dentro de la República Mexicana. Su trabajo es e incluye a muchos países de América latina, entre ellos México.
Ahora bien, pasemos al debate constitucional. Se han analizado en esta tribuna algunos artículos constitucionales y a mí me gustaría iniciar con el artículo 1o. constitucional, del cual no se ha hecho referencia.
El artículo 1o. constitucional establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Se establece una norma general en el artículo 1o. constitucional, de que las garantías individuales se aplican a todo individuo nacional y extranjero.
A su vez, el artículo 16 constitucional que ha sido citado, establece una garantía individual, la garantía individual de poner a disposición en forma inmediata de un juez a persona que ha sido detenida. Y así lo establece el artículo al decir: "la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal". He ahí la garantía individual que tenemos, garantía individual que el artículo 1o. extiende a todos.
Sin embargo, el mismo artículo 1o. establece que puede haber casos de excepción, siempre y cuando se establezcan en la misma Constitución y he ahí el caso del artículo 33.
El artículo 33 que ha sido leído establece en su parte general: "son extranjeros los que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero de la presente Constitución". Y ahí viene la parte importante del artículo para este debate. Pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.
De ahí que tenemos que interpretar estos preceptos constitucionales no en forma aislada como se ha pretendido, sino en una forma integral. Debemos entonces de ver que el artículo 16 no puede aplicarse en forma aislada, igual que el 21 y el 102, sino deben aplicarse en relación con el artículo 33.
El artículo 33 es un artículo de excepción, que establece una regla de excepción y bajo el principio jurídico de que la regla especial deroga la general. Debe ser aplicada en este caso la regla especial.
Por otro lado, este artículo 33 no establece delimitantes, una limitante de tiempo, desde cuándo debe operar esa facultad del Ejecutivo. Podríamos aquí discutir si el artículo 33 no puede aplicarse cuando se inicia una averiguación previa o no puede utilizarse cuando se consigna un expediente a un juez de distrito o cuando el juez de distrito dicta una orden de aprehensión o cuando se detiene el presunto responsable, en el proceso o cuando se dicta la sentencia o cuando se está purgando la misma. No hay ninguna limitante de tiempo y por lo tanto al no establecerse ninguna puede aplicarse el artículo 33 en cualquier momento.
El artículo 33 ha sido también analizado por la doctrina; por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ya se han comentado aquí algunos precedentes jurisprudenciales o jurisprudencias en su caso. A mí me gustaría comentar dos de ellas, la primera que se refiere a extranjeros perniciosos y en la cual se establece en su parte conducente, voy a leerla toda porque sería más fácil de entender. "La Suprema Corte ha sostenido en diversas ejecutorias, que las disposiciones del artículo 33 constitucional, son tan terminantes que no se prestan a interpretación alguna ni puede admitirse que la facultad concedida al Ejecutivo de la Unión
para expulsar del país a los extranjeros perniciosos, pueda ser limitada o restringida en determinado sentido, pues de admitirse así, sustituiría el criterio de los tribunales federales al del Presidente de la República, cosa contraria a lo que establece el artículo 33 constitucional".
La aplicación de que este precepto se haga a un extranjero, no constituye una violación de garantías constitucionales, sino una limitación a ellas, autorizada por el artículo 1o. constitucional que dispone que dichas garantías pueden restringirse y suspenderse en los casos que la misma Constitución previene.
Son por lo tanto yo creo que sofistas los argumentos de quienes invocan que el artículo 16 debe imperar en lugar del artículo 33. Tampoco son aplicables los artículos 21 y 102 que han sido mencionados por algunas personas, en virtud de que no tienen relación al caso que nos ocupa; no tiene nada qué ver con las órdenes de aprehensión que fueron dictadas por un juez de distrito, por la ejecución de las mismas que fueron ejecutadas por la Policía Judicial; tampoco tiene nada qué ver con la aplicación del artículo 33.
Creemos nosotros necesario que los señores legisladores estén debidamente informados de lo que está sucediendo en la lucha contra el crimen organizado. Pero debemos tener mucho cuidado que esa información no vaya a traer como consecuencia que no se pueda conducir en forma adecuada una investigación contra otros miembros de la banda, hay que recordar que aquí estamos hablando ante crimen organizado, ante bandas, no ante una sola persona y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos con la información que se presente.
En nuestra opinión creemos que la comparecencia del Procurador General de la República o el Secretario de Gobernación en pleno, no serviría de mucho, toda vez que el Procurador General de la República tiene la obligación de guardar la reserva que establece el Código Federal de Procedimientos Penales; no va a poder decirnos nada en especial y creo que lo que podríamos hacer nosotros, para estar debidamente informado, es que la Primera Comisión de Trabajo: de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, tuviera entrevistas con dichos funcionarios, para que guardando la reserva correspondiente y el secreto, por parte de los señores legisladores, se puedan comentar estos temas, porque en materia de narcotráfico, debemos todos apoyar a nuestras instituciones.
Creo que esta tribuna debería servir para apoyar a la Procuraduría General de la República y a todos aquellos que están combatiendo al narcotráfico, que están combatiendo al crimen organizado. No creo que esta tribuna deba de ser utilizada para politizar un proceso en contra de narcotraficantes. Debemos todos estar unidos en contra del crimen organizado, en especial contra el narcotráfico, que tanto afecta a nuestro país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Primitivo Ríos.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Nuevamente un hecho del Gobierno mexicano sorprende al pueblo de México, con la ya habitual mezcla de elementos prometedores, procedimientos confusos y resultados lamentables.
La detención de Juan García Abrego, por elementos de la PGR, es evidentemente un hecho de gran importancia y un hecho altamente significativo de esa dependencia en su lucha contra las mafias constituidas en torno al narcotráfico. Pero la resolución que dio el Gobierno al problema del necesario encarcelamiento y procesamiento del delincuente, es insólito y claramente contrapuesto a los intereses políticos y judiciales del país. La actitud del Gobierno mexicano es insólita porque la aplicación del artículo 33 constitucional a García Abrego, carece de sentido sustancial alguno y sienta un procedente en este sentido. El artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un instrumento asignado al Poder Ejecutivo Federal, con el propósito de evitar que extranjeros residentes en el país, puedan utilizar su estancia en el mismo con propósitos que atenten contra la seguridad y el orden jurídico nacional, sin previo proceso y condena; cuando el encarcelamiento, proceso o castigo del infractor es menos importante que su permanencia legal en el país.
Pero esto no se puede decir ni aplicar remotamente a un caso como es el de Juan García Abrego. Este señor no es sólo ni principalmente un extranjero indeseable, es el jefe de una de las principales bandas delictivas que operan en el país, cuya peligrosidad para el mismo, no estriba tanto en sus prácticas comerciales o ilegales o sea, el tráfico del narcotráfico a Estados Unidos, sino en su efecto corruptor de todo el sistema político, judicial, policial e institucional del país y su relación directa con el auge de la delincuencia organizada.
En este crucial sentido, su persona, relaciones y conocimientos, constituyen una pieza fundamental no sólo de la crisis política e institucional del país, sino también de la grave crisis económica, en la medida en que esta última tiene como uno de sus mayores acicates, la inestabilidad e inseguridad político-institucional. Es más evidente que el objetivo fundamental de la captura de García Abrego, no podía ser su expulsión del país, pues las autoridades mexicanas siempre han insistido que se trata de uno de los delincuentes más poderosos que operaban en el país y que por lo tanto no tenía ni necesitaba permanencia legal.
Por el contrario, resulta evidente que de lo que se trataba era de aprovechar la detención del jefe del cártel del golfo, no sólo para desmembrar su organización y reducir sustancialmente el cáncer del narcotráfico, sino también y de manera fundamental, para restablecer la confianza de la sociedad en las instituciones y las leyes de nuestro país. ¿Por qué se dio entonces esta incongruente salida legal que no va de acuerdo a la tradición del pueblo mexicano.
Resulta claro que el recurso del Ejecutivo Federal al artículo 33 constitucional fue para justificar su entrega a la justicia norteamericana, pero aparte de lo inaceptable y poco serio del procedimiento utilizado, tal entrega resulta altamente inconveniente. La única razón que tendría ciertos visos de justificación de la entrega, es que el Gobierno mexicano no estuviera en condiciones de garantizar la detención y el procesamiento de García Abrego en el sistema carcelario mexicano y creyera que éste estaba mucho más seguro en una cárcel del alta seguridad norteamericana.
Existen elementos para pensar que algo de esto pudiera haber pasado, dada la conocida vulnerabilidad del sistema judicial mexicano, policial y del sistema carcelario ante las redes y corrupción del narcotráfico.
Pero para que ese elemento hubiera podido ocupar el principal lugar en la consideración de la política a seguir, hubiera sido necesario que México y Estados Unidos hubieran estado interesados en detener, interrogar y condenar a García Abrego por las mismas o parecidas razones. Igualmente, que México hubiera contado con garantías para poder obtener la información que requería no sólo el Gobierno, sino toda la opinión pública; pero ello no es así, en absoluto, como todos lo sabemos.
Independientemente de cierta coincidencia de intereses en la lucha contra el narcotráfico, ambos países persiguen objetivos claramente diferentes en varias cuestiones. A Estados Unidos lo que le interesa fundamentalmente es la reducción del flujo de narcóticos hacia su territorio. A México terminar con el cáncer interno que implica la existencia y el poder de los cárteles de narcotraficantes y ayudar a despejar el camino a la superación de la crisis política y económica que tanto daña al pueblo mexicano.
Pero además, Estados Unidos ha demostrado fehacientemente que no está dispuesto y muchas veces no puede hacerlo por razones legales y judiciales, a suministrar a México toda la información que requieren el Gobierno y el pueblo mexicano, ello hace que la entrega del jefe del cártel del golfo a la justicia norteamericana sea vista ante todo como un acto de cesión de soberanía del Gobierno mexicano ante los intereses de los Estados Unidos y por ello se convierta en un factor sustancial más de agravamiento de la desconfianza ciudadana en las instituciones y contribuya a reforzar la crisis política en la que se encuentra inmerso nuestro país. Significa renunciar a indagar a fondo sobre los nexos diversos del narcotráfico, pues se pasa por alto en lo inmediato el procesamiento de ese delincuente por los cargos que le imputa la justicia mexicana, de todo ello resulta incluso un debilitamiento de la capacidad de negociación del Gobierno mexicano con su similar norteamericano, no sólo en los diversos conflictos judiciales actualmente existentes, sino también en la mesa general de negociación global.
¿Por qué se hizo lo que se hizo? ¿Para quedar simplemente bien con el gobierno y la opinión pública norteamericana?, ¿para no ir a fondo en la creación de condiciones internas de seguridad en el sistema carcelario, judicial y policial? El pueblo de México requiere explicaciones.
En este sentido nosotros estamos de acuerdo en la propuesta que ha hecho el compañero de Acción Nacional, en el sentido de que la Primera Comisión de esta Comisión Permanente pudiera entrevistarse con el Secretario de Gobernación, el Secretario de Relaciones Exteriores y el titular de la Procuraduría General de la República.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos, el diputado Pedro Etienne.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su autorización señor Presidente; compañeros legisladores:
Quiero empezar mi intervención por precisar, para que no se preste a equívoco, que nosotros también y nuestro Partido consideran que ha sido muy importante la detención de Juan García Abrego, pero que incluso esta importancia nos debe llevar a valorar no sólo este hecho en forma aislada pretendiendo que Juan García Abrego actuaba solo, sino la importancia radica en que es una de las cabezas de lo que se ha llamado crimen organizado y nosotros diríamos crimen organizado y protegido y que por eso la importancia estriba en que a partir de este hilo de la madeja puede descubrirse dónde está enraizado ese cáncer que ha invadido nuestras instituciones y que es necesario detectar para poder actuar en consecuencia.
Hasta qué grado se ha penetrado la corrupción, la connivencia con el narcotráfico y de dónde surge la protección y francamente algunos argumentos de compañeros del PRI no pueden aceptarse con seriedad porque parten de argumentar la incapacidad propia y casi caen en una veneración al vecino país de Estados Unidos y Juan García Abrego es parte de un crimen organizado y protegido no sólo en México compañeros legisladores, sino también en los Estados Unidos de América a donde se le está ahora enviando, allá también ha permeado la corrupción, allá también hay diversas esferas y no sabemos hasta qué nivel que han protegido al narcotráfico, que no ha podido pensarse que han podido operar con esa impunidad sólo porque había corrompido a las autoridades mexicanas, que el tráfico implica pasar la droga por los dos países y en los dos países se ha penetrado la corrupción en los niveles del gobierno. Por eso no podemos aceptar series de argumentaciones superficiales que impugnan, como otras razones, las consecuencias que tendría haber mantenido y procesado aquí a García Abrego y casi suponen que ésas no van a existir al procesársele en los Estados Unidos.
Si tuviéramos alguna duda también sobre el manejo de las autoridades norteamericanas, hay antecedentes relacionados con el propio García Abrego también de corrupción, de connivencia y de protección. Ahora bien en relación a las consideraciones constitucionales, efectivamente cuando se ha esgrimido aquí el artículo 16 de la Constitución, no es solamente para plantearlo en términos de una garantía al individuo, sino fundamentalmente para destacar una responsabilidad y una obligación de la autoridad y la lectura del artículo 16 efectivamente fue reformada, en 1993 este párrafo tercero se incluyó, pero viene retomando lo que eran las disposiciones contenidas en la fracción XVIII del artículo 107 que establece que al ejecutarse la orden judicial de aprehensión deberá ponerse al inculpado a disposición del juez, esto no es sólo garantía, es también obligación de la autoridad.
Y ahora se establece toda una serie de artificios para argumentar lo extranjero de García Abrego y por lo tanto para ponerlo como un carácter de excepción a las garantías, yo diría pero no a la obligación de la autoridad y, por otra parte, se pretende darle un alcance al artículo 33 que no tiene ni en nuestra Constitución ni en la tradición ni en la propia jurisprudencia que se invoca, porque el artículo 33 no puede ser interpretado ni aplicado en forma arbitraria por el Ejecutivo.
Se habla y se dice que es una facultad discrecional pero yo creo que esta facultad discrecional no puede entenderse al grado de estar desconectada con el resto de las disposiciones de nuestra Constitución.
En una primera consideración, habría que ver si este artículo 33 es totalmente aplicable cuando establece que se aplicará a los extranjeros cuya permanencia se juzgue inconveniente,... pero no hemos reparado, no hemos reparado cuál sería el carácter de la permanencia del García Abrego; no es un extranjero que siga impune cometiendo delitos, es un extranjero detenido y por lo tanto sometido a la justicia mexicana; es decir ¿es inconveniente esta detención del principal capo del narcotráfico?.. causa perjuicio al Gobierno y al Estado mexicano la detención y juicio a este extranjero.
Y compañeros, la hipótesis del artículo 33 no puede estirarse para que quede encajonada en el pretexto que se requiere para deshacernos de García Abrego. Yo creo que el juicio a García Abrego por el sistema judicial mexicano, no es sólo una obligación sino es necesaria para poder saber hasta dónde ha llegado esta organización criminal, hasta qué grado ha permeado a las propias instituciones. Se dice en la prensa que tiene controlada a un 20% de la Policía Judicial.
Yo creo por lo tanto que es sofisma decir que este extranjero, sujeto a juicio, causa perjuicio para el país y no deja de ser curioso que se le decrete extranjero hasta el momento que se le detiene; durante toda esta vida ha sido un mexicano jefe de la principal organización de narcotraficantes y ahora algunos de los argumentos para hacerlo extranjero francamente no deberían de utilizarse y faltaría que nos presentaran una acta de bautismo o ahora un acta de primera comunión, para reforzar el dicho de que es extranjero.
Pero más aún, yo me pregunto ¿y si fuera extranjero, qué? ¿Qué acaso se argumenta todo esto sobre la extranjería de García Abrego estableciendo prácticamente ahora un fuero especial para los extranjeros, distinto al de los mexicanos.
Compañeros, ésta no puede ser una razón de Estado para haber abdicado de la responsabilidad de llevar a sus últimas consecuencias el juicio contra García Abrego y el desmantelamiento de toda su estructura criminal.
Se dice, se dice sin embargo que se va a aplicar la justicia mexicana por los canales diplomáticos aun en el supuesto de que sea juzgado y detenido en los Estados Unidos. El argumento no es que sea extranjero, la litis es que es un delincuente que cometió delitos en nuestro país y que por lo tanto debe ser juzgado por la justicia mexicana; ése es el meollo del problema. Aun siendo extranjero, la comisión de delitos en México debe ser juzgada por nuestras autoridades, son competentes y deben de conocer de este juicio las autoridades mexicanas.
Por eso decimos que con la argumentación que ha dado el Secretario de Gobernación se hace un flaco favor al Presidente y se ubica primero en un fuero especial hacia los extranjeros; segundo, en una falta también de respeto a la división de poderes porque con esta decisión el Ejecutivo ha atropellado al Poder Judicial mexicano incluso dudando de la capacidad del Estado y de este Poder Judicial para poder aplicar la ley y sancionar a un delincuente y se han utilizado argumentos que francamente no podemos consentir, el argumento de que la capacidad de violencia y de la capacidad de fuego del narcotraficante, implicaría un Estado inerme, un Estado cobarde que renuncia a su capacidad de aplicar la justicia. Cuando se habla de un ejército privado más fuerte que el Estado, es también inadmisible e inaceptable como argumento para que se le juzgue entonces en el extranjero; y más aún cuando se dice que como no va a hablar, no podemos dejar ahora las dudas sobre nosotros, que es preferible que se haga en Estados Unidos. Compañeros, francamente se tiene una visión denigrante de nuestro país y de nuestro sistema, que se piensa que está totalmente corrompido y en la duda y en la incredulidad, y pensar que al norte del río Bravo sí se puede creer y sí se puede tener un proceso judicial para este narcotraficante.
No hay que olvidar, compañeros, lo que pensamos que es el meollo de la cuestión, estamos ante una organización criminal en Estados Unidos y en México, estamos ante la corrupción del sistema mexicano y también la corrupción del sistema norteamericano, pero lo más importante, estamos ante delitos cometidos en nuestro país y delitos cometidos en Estados Unidos. Juan García Abrego debe ser juzgado por los delitos que cometió en México, sea o no extranjero, que, compañeros, es un simple formulismo, porque en la frontera muchos tienen doble papel, pero sabemos que siempre ha sido mexicano, desgraciadamente y que como tal, no debemos eludir nuestra obligación de juzgarlo.
Ese es el punto y por eso es importante la comparecencia de estos funcionarios, por eso es importante que se precise la información ante la opinión pública, y yo diría simplemente que cuando se den otros argumentos y se llegue a hablar incluso de la razón de Estado, seamos muy cautelososos para no caer en un vituperio a nuestro país y de paso, una alabanza, que también es muy cuestionable al país vecino.
Por esas razones pensamos que fue un error haber sustraído de la acción de la justicia mexicana a Juan García Abrego, argumentar ahora una extranjería que no le confiere fuero especial y por eso pensamos que debe en México de perseguirse y proseguirse hasta las últimas consecuencias los delitos por los cuales están libradas órdenes de aprehensión, como aquí ha quedado demostrado.
Esas son las consideraciones que pensamos deben presidir este hecho importante, pero que no está aislado, paso serio pero que no está desconectado con toda la red criminal que ha formado García Abrego, es necesario que la justicia mexicana conozca de estos delitos y que se evite esta serie de argumentos retorcidos para justificar lo injustificable.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Ortega.
El diputado José Jesús Ortega Martínez:
Me voy a referir particularmente, compañeras y compañeros legisladores, a la intervención del senador Amador, particularmente en algunas consideraciones que hizo en su participación.
Dice el senador Amador: "tomen en cuenta, debemos de tomar en cuenta que García Abrego no es un delincuente común y corriente, es uno de los delincuentes más peligrosos, el más peligroso-dice el senador-,que ha aprehendido la policía mexicana, y por lo tanto-concluye-, no puede juzgarse en México".
Dice el senador: "es un delincuente muy poderoso, es un delincuente extraordinariamente rico, por esas riquezas capaz de corromper a las autoridades mexicanas, pero ese dinero no sirve, con ese argumento, para corromper a las autoridades norteamericanas, por lo tanto se justifica la entrega de este peligrosísimo delincuente a las autoridades norteamericanas".
Ahí tienen, compañeras y compañeros, una primera explicación por qué están llenas las cárceles mexicanas de puros pobres, porque son solamente ellos los únicos a los que se les puede aplicar la justicia en México; a los ricos y a los poderosos no. A ésos hay que entregarlos a otras autoridades.
Con ese criterio del senador Amador, entonces el Presidente Benito Juárez no hubiera fusilado a Maximiliano, sino lo hubiera entregado a las manos de Napoleón, el representante del emperador más poderoso en ese tiempo y del ejército más poderoso en ese tiempo; no habría razón para que el presidente Juárez lo hubiera juzgado y sentenciado.
El Presidente:
Señor diputado, ¿aceptaría usted una pregunta de parte del señor senador.
El diputado José Jesús Ortega Martínez:
Claro que sí.
El Presidente:
Adelante, señor senador.
El senador Amador Rodríguez Lozano (desde su curul):
Solamente, quisiera saber, señor, ¿qué delito cometió Maximiliano en Francia?; sería la primera y segunda, ¿si él sabe que el PRI presentó una iniciativa para crear una defensoría pública porque precisamente sostiene que el acceso a la justicia en México está fundamentalmente señalado por los recursos económicos.
El diputado José Jesús Ortega Martínez:
No me oyó, porque Maximiliano cometió delitos aquí contra la República, como los cometió García Abrego aquí. La diferencia es que el presidente Benito Juárez juzgó aquí y sentenció aquí y juzgó aquí a aquel extranjero que cometió delitos aquí contra la República y no me haga ahora señor senador repetirle todo el cúmulo de delitos que cometió el ejército francés y Maximiliano aquí en México.
Entonces, lo que le trato de explicar y me parece que lo ha entendido, es que no se justifica bajo ninguna circunstancia, que un individuo que comete delitos, por ser poderoso y rico no está sujeto a la aplicación de la justicia y de las leyes en nuestro país.
En segundo lugar, dice el senador que hay una justificación de seguridad nacional y por lo tanto se entrega a García Abrego por la seguridad nacional, por la seguridad del país y yo me pregunto ¿Qué teoría de seguridad nacional puede sostenerse como válida, como justificada, a partir de que se violentan las leyes de este país? Ninguna teoría de seguridad nacional puede sustentarse sobre la violación de las leyes de este país.
Precisamente al contrario, cualquier teoría de seguridad nacional válida, debe tener como principio fundamental respeto a las leyes y ningún presidente ni ninguna autoridad va a ser capaz de preservar la seguridad nacional, si no es en principio capaz de respetar las leyes de este país y por tanto no puede argumentarse bajo ninguna circunstancia que se expulse a García Abrego violentando las leyes por razones de seguridad nacional. Ese me parece un argumento totalmente descalificado.
Yo digo que el Gobierno mexicano o las autoridades mexicanas que hicieron esa acción a juicio nuestro ilegal, actuaron virtualmente como madrinas y ustedes saben lo que son las madrinas. Efectivamente madrinas del FBI, capturar un delincuente, extorcionarlo y no entregarlo a la autoridad correspondiente, para obtener diversos beneficios a través del chantaje y el Gobierno mexicano actuó como madrina cuando captura a un delincuente y no lo entrega a las autoridades correspondientes, es decir, al juez que ordenó la aprehensión de ese delincuente y contra ello lo entrega a autoridades que no tienen ingerencia en este país, como son las autoridades judiciales norteamericanas.
De tal manera que las argumentaciones, por más que se encuentren o se intenten encontrar artificios, no pueden avalar y justificar la actitud incorrecta del Gobierno mexicano.
Y por favor senador, no utilice, porque me parece que baja el debate, el argumento de los defensores gratuitos de Abrego, porque nadie aquí ha planteado ese argumento, al contrario, lo que estamos exigiendo es que si García Abrego cometió delitos en México, como es evidente para todos, debe ser juzgado, sentenciado y castigado en este país.
Los defensores gratuitos o no de García Abrego serían precisamente aquellos que impiden la aplicación de la justicia en nuestro país.
Espero, pues entonces, que con estas argumentaciones quede claro la necesidad de la convocatoria de los funcionarios ya referidos, para que vengan a esta soberanía y nos expliquen las razones de su actitud incorrecta e ilegal.
Gracias, por su atención.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos el senador Jiménez Moreno.
El senador José Natividad Jiménez Moreno:
Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:
El tema que se está debatiendo necesitamos ubicarlo en su justa dimensión. El asunto no es un asunto solamente de tipo doméstico, el asunto por sus implicaciones tiene necesariamente una vinculación de tipo internacional y precisamente para poder entender la situación que se está ventilando necesitamos de alguna manera y creo que es la única justificación que podemos hacernos, atenernos a los argumentos que da nuestro marco, nuestro instrumento legal que es la Constitución.
Estamos hablando no solamente de un delito y de un delincuente de tipo internacional, sino también de un sujeto criminal que tiene la calidad de extranjero y para poder establecer un marco general de condiciones y de motivaciones en que se ha dado esta medida, debemos referirnos en primer lugar a la forma en que la nación mexicana está estructurada con base en la misma Constitución Política. Esa estructura que tenemos en México es de una división del ejercicio del poder, en la que cada uno de ellos, de esos poderes, tiene determinadas facultades expresas. Esto es, estamos ante un régimen en México de facultades expresas de los poderes y además también en otro ámbito, en el de facultades concurrentes, facultades coincidentes en el que se da la cooperación entre los poderes en el ejercicio del poder.
De esta manera, si consultamos el texto constitucional, resulta que en el ámbito Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, independientemente de las facultades conjuntas concurrentes, coincidentes o generales que tienen como poder, también tienen ciertas facultades exclusivas. Esas facultades exclusivas pueden ser ejercidas de forma independiente por cada uno de los poderes.
De esta manera, como en el ámbito legislativo existe este marco de facultades exclusivas en el ámbito del Poder Ejecutivo, también existen en el ámbito económico, en el ámbito de política exterior y en el ámbito judicial o jurisdiccional, cuando recordamos que tiene facultad para la amnistía o el indulto.
En el marco internacional y aquí es donde creo que se puede ubicar de cierta manera importante el tema, los estados, los diferentes estados establecen cierto régimen en sus mismas leyes, en la Constitución, para el trato, la internación a los extranjeros.
En este sentido el Estado mexicano ha establecido su posición ante los extranjeros, de tal manera que los sujeta a un régimen condicionante con ciertas situaciones en las que hace que éstos necesariamente tengan que sujetarse a los términos y condiciones que establece la norma fundamental.
Ya se ha hablado aquí de que el artículo 1o. en materia de garantías individuales, las extiende a todos los individuos que habiten el territorio nacional, incluidos los extranjeros y esto en relación a su forma de establecerse en México y establecer su relación dentro del ámbito comercial o de algún otro tipo en México.
Si este artículo 1o. lo relacionamos con la primera parte del 33 constitucional, resulta que efectivamente esas garantías mismas en términos normales tienen todos los sujetos, incluidos los extranjeros, decimos.
Y este trato condicionante, la Constitución lo establece en el trato a los extranjeros, tanto en materia de propiedad, en el artículo 27 en su fracción I, condicionándolos de alguna forma a qué tipo y en qué lugares pueda tenerse esa propiedad.
En materia política, el mismo texto constitucional establece que no podrá haber participación en materia de asuntos políticos de extranjeros en México.
En materia de tránsito establece una limitante a aquellos sujetos perniciosos para limitar ése mismo en el ámbito del territorio de la República Mexicana.
El artículo 33 constitucional, en su segunda parte, frente al artículo 1o. constitucional, hace una excepción total, es decir, en materia de que cuando un extranjero se juzgue inconveniente su permanencia, esas garantías establecidas en la Constitución y que se extienden en términos normales a todo individuo, incluidos los extranjeros, tiene esta excepción que es total. Así también ésta se extiende a lo manifestado aquí cuando se expresa la relación al 102, párrafo segundo.
Y, bueno, habría que establecer en esta materia, que al estar como una forma de excepción total a las garantías individuales y las garantías fundamentales en este asunto que se discute, son la 16 y 14 constitucional en materia de audiencia y juicio, quedan también desvanecidas y con esa condicionante del 33 constitucional, segunda parte.
Juan García Abrego es un delincuente, pero no es un delincuente cualquiera, es un delincuente de peligro extremo, pero además decíamos en un ámbito de acción internacional y además es un extranjero.
La Procuraduría General de la República ha realizado su función y ha cumplido con su misión y obligación constitucional de perseguir y detener a Juan García Abrego, cumplimentando una orden de aprehensión teniendo como antecedente el hecho de que instrumentó una averiguación, como lo establece la Constitución y lo obliga, solicitó una orden de aprehensión que se concedió y se cumplimentó. Y aquí es donde entra la facultad del Presidente de la República, cuyas notas características de esa facultad del 33 constitucional, es que es exclusiva, esto es, que sólo corresponde ejercitarla al Ejecutivo de la Unión. Tiene la característica también de que debe ser inmediatamente, es decir, sin dilación alguna y también sin necesidad de juicio previo.
No ha distinguido ni la norma ni la interpretación jurisprudencial, sino que la misma jurisprudencia ha establecido firmemente que no puede interpretarse de ningún otro modo el artículo 33 constitucional y además no está sujeta a condicionante de tiempos y no existe también ninguna disposición que reglamente ni contradiga esta norma del 33, porque además no puede ser de otra manera porque es una facultad exclusiva y determinante.
Por esa razón, nosotros consideramos que en el ámbito de la interrelación que puede haber y de cooperación entre los poderes, reiteramos nuestra consideración de que se pudiera tener entrevistas con los funcionarios que han intervenido en este asunto y aclarar algunas dudas, en el sentido de asistir con ellos, estar con ellos para poder establecer este diálogo.
Este es el sentido de esta disposición y consideramos que ha sido ejercida conforme al texto constitucional.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el señor senador Angel Sergio Guerrero Mier.
El senador Angel Sergio Guerrero Mier:
Gracias, señor Presidente; señores legisladores:
Creo que el mérito de no incluir en una repetición de la argumentación jurídica y política que se ha hecho en éste ya largo e intenso debate, debo ser muy preciso en materia de algunas de las cuestiones, que han quedado a mi manera de ver bien definidas en la intervención de mi compañero senador Rodríguez Lozano, pero que de cualquier manera requieren de una ratificación, en función de que no debemos dejar en el aire especulaciones, dudas, confusiones en relación con la aplicabilidad de disposiciones de carácter constitucional y con criterios jurídicos desde luego.
Creo que las cuestiones que en materia constitucional se han dirimido desde esta tribuna, en materia de lo que es el procedimiento penal, consagrado en los artículos 16, 18, 19 y 20 de la Constitución, implica necesariamente la sujeción de todas las leyes secundarias a las disposiciones claras y expresas que en materia de los procedimientos penales señala nuestra Carta Magna.
Y creo que en esto no hay ninguna duda, yo mismo expresaba alguna opinión el día de antier en relación con la competencia de las autoridades judiciales de México, competencia plena y absoluta para conocer sobre la Comisión de Delitos, que se realizan en el territorio nacional independientemente de la nacionalidad de los autores de estos ilícitos.
Y desde luego conforme a esto, no habría ninguna duda en materia de la competencia ni la hay tampoco y no la habría tampoco en materia de la disposición que se debiera de haber hecho de un indiciado, para ponerlo precisamente en la esfera del Poder Judicial o de la autoridad del Poder Judicial que libró una orden de aprehensión. Pero esto definitivamente cambia en materia de su consideración jurídica, cuando el Ejecutivo Federal en uso de las facultades que le confiere el artículo 33, procede, a través de la Secretaría de Gobernación, a hacer abandonar a un extranjero el territorio nacional por considerarlo inconveniente para los intereses del país.
Es decir, no se trata solamente del carácter de extranjero de Juan García Abrego, cuya calificación y cuya ubicación quedó plenamente acreditada en la intervención del senador Rodríguez Lozano, no es nacional ni es ciudadano mexicano. Al haber optado por otra nacionalidad queda, al llegar a su mayoría de edad, quedan perfectamente acreditadas las condiciones de la fracción I del inciso a del artículo 37 de la Constitución, que señala las causas de la pérdida de la nacionalidad por adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera.
Pero no es sólo por el carácter de extranjero que se aplica el artículo 33 por el Ejecutivo Federal, es por considerar inconveniente su permanencia en el territorio nacional y ahí es donde está la segunda condición que configura precisamente la facultad constitucional del Presidente de la República.
Aquí se ha insistido mucho en que por el carácter de extranjero, no, ¡sí!, por el carácter de extranjero pero además porque su permanencia es inconveniente para el país se decreta su expulsión, se declara su expulsión a través de la Secretaría de Gobernación.
Esas son las dos circunstancias jurídicas que encierra el artículo 33. Pero además, tenemos que volver a insistir en que se trata de una facultad absoluta y discrecional del titular del Poder Ejecutivo que no requiere ni de juicio previo, ni requiere de ninguna tramitación procesal, sino exclusivamente la expresión de la voluntad decisiva de este titular del Ejecutivo, para proceder a la expulsión de un extranjero que es inconveniente para nuestro país. Y esto a la luz también de las invocaciones que se han hecho en materia de violación se ha dicho, a los artículos 14 y 21 de la Constitución, creo que también quedó perfectamente definida en la intervención del senador Rodríguez Lozano, cuando existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía, interpreta y señala con toda claridad cómo ejerce esta facultad el Presidente de la República. Y que de ninguna manera puede interpretarse que con esto haya violación a otras disposiciones que ciertamente son autónomas, que corresponden en una esfera al Ministerio Público parte del Poder Ejecutivo, pero que corresponden en el aspecto procesal al Poder Judicial y facultades autónomas y absolutas conferidas al Poder Ejecutivo en el artículo 33.
Ahí está la diferenciación y ahí están las condiciones distintas que se dan en el ejercicio de facultades que no implican violación.
Ahora, cuando se habla de la jurisprudencia, tal parece que se quiere dejar en el ambiente la idea y la sensación de que es la aplicación de alguna jurisprudencia que caprichosamente se haya venido a invocar en esta tribuna. ¡No! Nada de eso, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria conforme a la Constitución y no establece solamente fuentes de derecho, establece normas jurídicas con la misma categoría y la misma condición del texto escrito de nuestras leyes; es obviamente la interpretación y aplicabilidad de la Constitución, que es necesaria en materia de algunos de sus articulados y de alguna de sus prescripciones.
Creo que definitivamente, el aspecto esencial en materia de por qué el Ejecutivo considera inconveniente la permanencia de este individuo en el país, será como se ha dicho aquí ¿Por una sumisión al gobierno de los Estados Unidos? ¿Será por una exigencia que se ha realizado por parte de autoridades de aquel país o el compromiso de compromisos ocultos u oscursos que se hayan podido concertar? ¿O será a caso que se piensa que la incapacidad del sistema de procuración y administración de justicia del país no garantiza el que se pueda procesar y se pueda sentenciar a un narcotraficante de poderío económico, insistimos en eso y de redes tan amplias que abarcan no solamente los Estados Unidos y México, abarcan Colombia, Panamá, Venezuela y otros países. ¡No! yo creo que aquí lo que se trata de preservar precisamente, son cuestiones de la seguridad nacional y en eso permítame que sea insistente, antes de terminar mi intervención, para sujetarme al tiempo establecido, se trata de evitar precisamente todas las cuestiones que todo ese raigambre, que esa enorme estructura económica e inclusive hasta con ramificaciones políticas, ha integrado este capo de narcotraficantes en el país, pueda incicidir en cuestiones que afecten la estructura y la integridad de las instituciones políticas y jurídicas de nuestro país.
Alguien lo ha dicho, yo lo comparto, en la prensa de hoy: ¿Habrá detrás de esto a parte de las consideraciones jurídicas, razones políticas? Yo creo que sí. Yo coincido con este escritor de que sí hay razones políticas, porque no podemos descartar, como tampoco se pueden descartar, es cierto, diputado, en las cárceles o en los tribunales de los Estados Unidos, que puede haber corrupción, pero no podemos descartar la posibilidad de una fuga. Con la enorme, con la estratosférica cantidad de recursos económicos que se manejan, aun la cárcel de Almoloya ¿Será suficiente garantía para evitar una fuga?
Segundo. La posibilidad de una fatalidad; se ha dicho de algunos malestares cardiacos que este indiciado evidentemente mostró durante su detención. Si sufre un infarto en la cárcel mexicana, nadie va a creer que se trató de una fatalidad, sino que se le silenció, precisamente para ocultar otro tipo de informaciones.
Y algo que a mí me preocupa, sinceramente se los digo, la insuficiencia de pruebas; que se puede decir también allá, los tribunales norteamericanos, se puede dar esta insifuciencia. Pero aquí en nuestro país estamos mucho más expuestos a que sabiendo que a la mejor los expedientes relativos no podían estar suficientemente integrados, no en materia de la orden de aprehensión que se dictó o en materia del auto de formal prisión, porque sabemos que para el auto de formal prisión, solamente basta la conformación de los elementos materiales del delito y la presunta, la presunta responsabilidad del inculpado. ¡No!, sino ¿Durante el transcurso del proceso habrá la posibilidad real, estamos hablando de cosas reales, habrá la posibilidad real de integrar las pruebas testimoniales, documentales, suficientes para sentenciar por todos los delitos cometidos a este individuo? Es una pregunta que queda en el aire, pero además, que razonadamente lo traemos ante esta tribuna en función de este debate. Hay también esos riesgos.
Yo quiero recordar, por último, que en 1984, Juan García Abrego fue procesado por el delito de homicidio en los Estados Unidos de América. ¿Y saben ustedes qué sucedió? Que el juez en la sentencia tuvo que decretar su libertad, porque ya no apareció ningún testigo, no apareció físicamente ningún testigo de cargo de los que el fiscal de ese juicio tenía preparados para declarar y comprobar la responsabilidad plena en la comisión de ese homicidio.
Entonces, no son cosas tan fáciles y por eso se habla aquí de que no se trata de un delincuente común y corriente. !No!, se trata de un delincuente que encabeza una intrincada, una amplia, una vasta red de organización de crimen organizado. Pero además yo en esto invoco no la incapacidad de las autoridades de los sistemas de procuración y de administración de justicia en nuestro país, a pesar de los evidentes casos de corrupción que existen y que se habla que inclusive han sido corrompidos por esta persona, !No!, hablo también de lo que nos ha faltado en legislar. Muchas de las acciones del crimen organizado, cuya expresión más nefasta se da precisamente a través del narcotráfico, no están consideradas en la legislación penal mexicana.
Estamos en el análisis y en el estudio de una ley contra el crimen organizado, de una revisión de la legislación sustantiva y adjetiva penal, precisamente porque estos sistemas de organización, estos sistemas de corrupción, estos sistemas que han llegado inclusive a factores sociales y económicos y no dudamos hasta políticos, han rebasado precisamente el marco jurídico de nuestro derecho penal.
Por eso, la inconveniencia de su permanencia en el país yo creo que está plenamente acreditada. No porque hagamos una renuncia de jurisdicción ni porque tengamos tampoco ninguna sumisión. Y aparte no debemos olvidar también un peligro latente que existiría en nuestro país: el chantaje político, el que se puede practicar a través del secuestro, en función del enorme ejército y de las enormes complicidades y de lo que ha significado este enorme monstruo que ha cercenado la honorabilidad de muchos funcionarios del Poder Ejecutivo o Judicial y que además tiene esas ramificaciones de carácter internacional.
No estamos en una cuestión sencilla de cualquier delincuente extranjero que hubiera cometido un robo, que hubiera cometido un delito de lesiones o inclusive un delito de homicidio, que pudiera ser y debe ser juzgado definitivamente conforme a las leyes del país, !No!, estamos en presencia de un fenómeno de otra naturaleza, de otro tipo, que precisa decisiones firmes y convincentes, como la que hizo el presidente Zedillo, ordenar su expulsión del país y desde luego, cuando viene ya la consideración, es que allá lo van a sentenciar a cadena perpetua y ya no habrá posibilidad de que las autoridades mexicanas puedan castigarlo por los delitos cometidos en el país. Bueno, pues la acción penal seguirá vigente, pero no anticipemos vísperas porque eso sería especular. Vamos a seguir manteniendo, como lo dijo el señor Secretario de Gobernación, cuidando la vigencia de esas acciones penales, para evitar caer en la prescripción.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente:
Por último, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Pedro Etienne.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su venia y trataremos de ser más breves:
Vuelven otra vez a argumentarse consideraciones de hecho que son discutibles y sobre las cuales seguramente habrá diversas posiciones y creo que este caso va a dar para más de una sesión de la Comisión Permanente; sin embargo seguimos considerando que al renunciar a la aplicación territorial de las leyes y al darle esta primacía al fuero de las personas estamos sentando un grave precedente.
Diversos tratadistas, entre ellos Lowe en su libro de jurisdicción extraterritorial han establecido que la naturaleza legal o ilegal de un acto, debe estar determinada enteramente por la ley del país donde el acto tuvo verificativo; y es el caso que hemos argumentado, de los delitos cometidos en México, de las violaciones a las leyes mexicanas cometidas por Juan García Abrego y su organización criminal, que debe conocer el Poder Judicial mexicano, que debe conocer el sistema judicial mexicano.
Por otra parte, cuando se vuelve otra vez a mencionar la aplicación de la Constitución, habría que hacer referencia a la Doctrina Calvo, que quedaron sus principios incorporados también en la norma constitucional en virtud de la cual los extranjeros no pueden sustraerse a la aplicación de las leyes mexicanas y mas aún, este caso habría que ubicarlo también en el de la relación histórica de nuestro país con los Estados Unidos. Yo quisiera terminar esta intervención recordando las palabras del presidente Grover Cleveland de los Estados Unidos, quien al comentar el caso Cotting señaló: "Los Tribunales de México no son competentes bajo las reglas del derecho internacional para juzgar a un ciudadano de los Estados Unidos por un delito cometido y consumado en su propio país sólo por el hecho de que el ofendido resulte ser mexicano". Estas palabras deben ser recordadas.
Por último estamos ante un caso en donde no es posible, por decoro, que la nación, que el Congreso sea informado a través de declaraciones periodísticas. Aquí se ha venido a argumentar diversas razones tratando de fundamentar la decisión del Ejecutivo y cuando se ha interpelado para preguntar si se conoce la decisión formal del Poder Ejecutivo, las razones invocadas, las razones por las cuales se considera el perjuicio al país, se ha respondido evadiendo la pregunta. Creo que en el fondo eso es lo que está planteado en la propuesta del diputado Ortega.
Es un caso que requiere una argumentación sólida por parte de la autoridad, es un caso que no puede ser tratado sólo por boletines y conferencias de prensa y es por eso la exigencia de que ante esta soberanía, ante la Comisión Permanente del Congreso se dan las razones y la motivación que tuvo la autoridad para tomar esta decisión.
La diferencia es de fondo cuando aquí se viene a insistir nuevamente en que la facultad del artículo 33 no sólo es discrecional, sino que es absoluta y esta formulación nos lleva efectivamente a una consideración de un presidencialismo omnímodo, de un presidencialismo que tiene capacidades absolutas que choca no sólo con nuestras disposiciones, no sólo con nuestra Carta Magna, sino también con las necesidades que hoy vive el país de un presidencialismo acotado, de un presidencialismo que razona y fundamente sus actos y que trascienda lo que ha sido muy negativo para el país, que es el ejercicio omnímodo del poder presidencial; la concentración del poder presidencial ha causado daños y ésa es la exigencia que hoy tienen no sólo algunos diputados y senadores sino la opinión pública nacional.
Por ello es la propuesta de que ante esta soberanía se conozcan razones, argumentos y se discuta a fondo sobre esta pretensión de considerar un fuero especial para un extranjero y de olvidarnos que antes que esa calidad de nacional es un delincuente que violó nuestras leyes y que debe ser juzgado por el sistema judicial mexicano.
Muchas gracias.
El Presidente:
El diputado Félix Salgado Macedonio ha solicitado en el último momento la palabra para rectificar hechos; le rogamos que se apegue al reglamento.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Con mucho trabajo me hicieron senador, señor diputado.
Ahora sí que estoy espantado ya. Con todo lo que hemos escuchado de los legisladores del PRI, pues hay una confesión de parte, tenemos un Gobierno débil, tenemos un Gobierno incapaz y cobarde, eso es lo que tenemos.
Aquí el compañero senador, Amador, nos repartió unas copias donde se da fe de la nacionalidad de García Abrego y aquí están las huellas digitales, de sus manitas y sus patitas de García Abrego, pero resulta que ahorita en estos momentos está llegando un cable de Texas y seguramente esto va a salir mañana en todos los periódicos donde dice la señora Leticia Ramírez, funcionaria del condado, que se había detectado que el certificado de García Abrego era ilegal y fue cancelado en agosto de 1993, un mes antes de que autoridades federales estadounidenses dictaran acusación formal contra este señor por una veintena de delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Las autoridades federales asumen que García Abrego es de allá, sin embargo los medios de comunicación y las autoridades locales han puesto en duda el origen de García Abrego, quien el 29 de mayo de 1965, según el periódico La Crónica de Houston, obtuvo un acta de nacimiento ilegal. Aquí está el meollo del asunto.
¿Y ahora de dónde es García Abrego? ¿De allá o de acá? Allá también se hacen actas falsas, aquí también se hacen actas falsas y aquí hay mucha experiencia en eso de hacerse actas falsas.
¿Cómo estará la situación de Córdova Montoya? ¿No se acuerdan ustedes de Córdova Montoya?... ése era extranjero deseable, que nos metió en una gran crisis. Es lamentable, mucho muy lamentable que nuestro Gobierno mexicano permita violaciones de esta naturaleza a nuestra soberanía, cómo se añoran aquellos tiempos cuando teníamos presidentes de adeveras como Benito Juárez, como Lázaro Cárdenas y no caricaturas como los que hoy tenemos.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición del diputado Jesús Ortega.
El secretario senador José Manuel Toraya Baqueiro:
En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche la proposición, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (III)
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra para hacer comentarios sobre militarización de la zona fronteriza, el diputado Alfondo Primitivo Ríos Vázquez.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El problema de la migración de nuestros connacionales, no es sino el reflejo de las grandes desigualdades económicas y sociales existentes entre diversos países y regiones.
En México, la falta de un trabajo estable y dignamente remunerado, así como la carencia de expectativas para que amplios sectores de la población mexicana accedan a condiciones de vida digna, ha provocado que históricamente un número considerable de ciudadanos mexicanos emigren hacia el extranjero, principalmente a los Estados Unidos, con objeto de mejorar sus condiciones de supervivencia; sin embargo, la gran mayoría de ellos, en su lucha por mejorar sus niveles de vida, son sujetos día con día a la violencia, discriminación, maltrato y vejación a sus derechos humanos y laborales más elementales, sin que cuenten ante ello con la mínima protección a que debieran tener derecho.
Lamentablemente la protección y defensa de los derechos e intereses de nuestros connacionales en el exterior, ha sido insuficiente, por lo que en la búsqueda de garantías de respeto y seguridad social, se han visto forzados en muchos casos a solicitar la nacionalidad del país en donde se encuentran, con el único objeto de salvaguardar sus derechos más elementales, y de ninguna manera esto debe traducirse como la negación a sus valores culturales y de identidad que poseen.
Desde el punto de vista económico, tiene que reconocerse la incapacidad de los gobiernos mexicanos para crear fuentes de empleo suficientes para toda la población, lo que provoca su migración hacia el país del norte, en donde se ejerce una notable demanda de los trabajadores mexicanos, pero que sin embargo el gobierno estadounidense se niega a reconocer, excluyendo a nuestros connacionales de la protección laboral a que deben de tener derecho.
El acceder a la doble nacionalidad, como en recientes fechas se ha comenzado a discutir, podría abrir la posibilidad de que los trabajadores mexicanos emigrantes accedan a la protección laboral de las leyes estadounidenses y por otra parte, bajo la óptica de que su migración fue producto del deseo de acceder a mejores empleos, se abre la posibilidad de que estos mexicanos puedan incorporarse en un momento dado al aparato productivo nacional estadounidense.
En días recientes, los mexicanos hemos observado con enorme preocupación las diversas declaraciones que han emitido funcionarios públicos del gobierno de Estados Unidos, en relación al ingreso de los trabajadores indocumentados a su territorio. Dentro de ellas, la que ha causado mayor preocupación ha sido la relativa al uso de la fuerza militar para impedir el tránsito de los indocumentados por la frontera norte. La razón de esta medida, esgrimen los funcionarios estadounidenses, es que la migración dentro del primer trimestre del año es muy fuerte, debido a que los indocumentados retornan a Estados Unidos después de pasar las fiestas de fin de año en su patria.
En términos formales y reales, el fenómeno es cierto, diversos estudios sobre la migración indican que el primer trimestre del año el flujo migratorio se incrementa sensiblemente; sin embargo, en este año en particular las medidas se reforzarán aún más; la causa, las elecciones presidenciales del mes de noviembre en el vecino país del norte.
A nadie le resulta ajeno que dentro de la forma especial de elección en los Estados Unidos, el Estado de California es muy importante y en algunas elecciones ha sido el que define el triunfo en una elección presidencial. Por esta razón y no otra, el presidente Bill Clinton ha desplegado una estrategia electoral, dentro de la cual se encuentra sin duda la problemática de los indocumentados, como un elemento estratégico de campaña para ganar los estados sureños y, desde luego, California.
A este eje político-electoral se reduce la embestida del gobierno de los Estados Unidos, sin negar desde luego que existe con vida propia cada vez con más fuerza, una férrea actitud en contra del trabajador indocumentado, pero para nosotros eso no justifica las enormes contradicciones y abusos de la política exterior norteamericana, por el contrario, las fuerzas democráticas de este país debemos pugnar por frenar drásticamente este tipo de medida y demandar de nuestro Gobierno firmeza en la defensa de los derechos de los trabajadores mexicanos indocumentados.
Debemos decirle a los Estados Unidos, con toda claridad, que las fuerzas armadas sólo deben usarse cuando peligre la soberanía de su país. Usar un ejército o la guardia nacional para impedir el tránsito de indocumentados a su país, constituye una violación grave al derecho internacional y además es un acto de franca hostilidad hacia nuestra patria.
¿Habráse visto más desmesura utilizar al ejército para impedir el paso de civiles inermes? Por ello es necesario que nos pronunciemos desde esta tribuna de la nación para exigir de manera tajante, que el gobierno de Estados Unidos retire de inmediato sus tropas de la frontera y conminarlo a que respete los tratados internacionales existentes al respecto.
También es preciso que nos aboquemos a impulsar, partiendo desde este ámbito parlamentario, un foro de discusión para dirimir las cuestiones más candentes de este problema e impulsar las soluciones que al respecto se formulen. Por ello demandamos que en la próxima reunión interparlamentaria con los Estados Unidos y en el marco de las renegociaciones del TLC, el punto sobre la migración y los indocumentados sea tratado de manera prioritaria.
Nuestro país no puede seguir manteniendo una postura a la defensiva, cuando se lesionan de manera grave los derechos de nuestros ciudadanos. El Gobierno, en nuestra opinión, mantiene una actitud tibia frente a esta problemática, si bien no estamos en contra de las medidas que al respecto se han impulsado a través de la cancillería, pero consideramos que hasta hoy han sido insuficientes. En este sentido, repetimos, es necesario que el Congreso de la Unión, en el ámbito de sus facultades, retome la situación de los indocumentados mexicanos y lleve a cabo acciones que les permitan salvaguardar sus derechos inalienables.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Luis Garfias Magaña.
El diputado Luis Garfias Magaña:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Hablaré a ustedes brevemente del asunto de la militarización de la frontera norte y diré a ustedes que como antecedente, no es la primera vez que se intenta o que se lleva a cabo una militarización de la frontera con nuestro país.
En 1910 el gobierno norteamericano desplazó en la frontera norte cerca de 20 mil hombres, cuando se venía la Revolución Mexicana y el gobierno del general Porfirio Díaz.
Posteriormente, durante el transcurso de la Revolución Mexicana se volvió a cerrar la frontera para evitar el paso de armamento hacia México y no solamente la frontera terrestre, sino también existió una militarización y bloqueo a los puertos de Tampico y Veracruz.
Hoy el problema no lleva esas características ni esa situación; es mucho menor. Tenemos que referirnos fundamentalmente, primero coincido con las expresiones que se han dicho aquí por diversas personas, de que éste es un problema fundamentalmente de tipo político. Los estados sureños son muy importantes, siempre lo han sido, para las elecciones presidenciales y el caso de California, Texas, Arizona y Nuevo México son fundamentales en esta situación.
El tema de la migración, no solamente mexicana sino de otros tipos, ha sido un asunto muy delicado en los Estados Unidos por muchas razones: los asiáticos, los centroamericanos etcétera, han sido víctimas de todas las agresiones que ha sufrido también, posiblemente en primer lugar, los mexicanos.
Por otra parte, quisiera yo también decirles a ustedes que la militarización como tal no llega a los excesos que se ha pretendido darle. Tenemos que decir en primer lugar que ésta es la guardia nacional. La guardia nacional es un organismo, una institución estatal, que está a las órdenes de los diferentes gobernadores de los estados; solamente en caso de que fuera federalizada sería otra situación.
La guardia nacional, pues, no es en el cabal sentido de la palabra las fuerzas armadas norteamericanas, el ejército regular; hay, efectivamente, un grupo de tropas regulares del ejército y de la infantería de Marina y de la Armada, por eso se ha creado una unidad que le llaman Join Task Force Six, que ha salido de Fork, pero que se ha explicado que son unidades de tropas especialistas, tropas de zapadores, ingenieros, para la construcción de las mallas, de las paredes, de las bardas que están estableciendo en nuestra frontera.
En realidad desde el punto de vista de fuerzas armadas la presencia es de pocas tropas regulares, yo creo que no llegan a 500 personas.
Por otra parte, el uso de la guardia nacional no es nuevo. Yo estuve de comandante militar en Tecate y en Mexicali y me tocó físicamente ver cuando lo que ellos llamaban la segunda revisión y cuando la persona que se le ordena la segunda revisión pasa a un área en donde se le hace una revisión más detallada a su vehículo y a su persona y esa segunda revisión la hacían elementos de la guardia nacional y perros especializados.
Yo estuve ahí en el año de 1992 y me tocó verlo, a los soldados de la guardia nacional actuar en esa forma.
Por otra parte, tenemos que aceptar que ésta es una medida soberana del gobierno de los Estados Unidos y que tenemos nosotros que buscar, yo ya lo he dicho, medidas para retener a nuestra población en nuestro país.
Creo yo que un esfuerzo realmente grande de las autoridades federales, estatales y municipales y de organismos privados, se puede hacer para buscar y dar en una forma extraordinaria, un esfuerzo extraordinario, darle ocupación a las personas que con justa razón a veces van a buscar nuevos empleos, una nueva vida al otro país y que son sujetas en muchas ocasiones, como a mí me tocó ver, a humillaciones, a presiones injustificables.
También yo estuve presente y aquí posiblemente hay algunos señores diputados, no sé si también senadores, en la entrevista que sostuvimos con el señor William Perry, secretario de la Defensa cuando hizo su visita a esta ciudad y cuando él personalmente nos dijo que mientras él fuera secretario de la Defensa y Clinton fuera presidente, no se militarizaría la frontera. Así lo dijo cabalmente.
Entonces quiero decir a ustedes que sin duda alguna es una medida que lastima las largas y difíciles relaciones que ha sostenido México con los Estados Unidos, y que ojalá y se pudiera desaparecer a la guardia nacional y a la Task Force Six, pero también hay que tener presente, pues, que tenemos que hacer enormes esfuerzos para que nuestra gente se arraigue en nuestro país.
Y entonces concluyendo diría yo que la famosa militarización no es tan grande como se pretende o se dice en los medios de comunicación, es muy reducida desde el punto de vista del ejército o de las fuerzas armadas regulares de ese país.
Por su atención, muchas gracias.
AUTOTRANSPORTES RUTA-100
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre el Departamento del Distrito Federal y la empresa Ruta-100, tiene la palabra el señor senador Félix Salgado Macedonio.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Gracias, señor Presidente.
El Oficial Mayor me recomienda que sea muy breve porque ya tienen hambre los diputados y los senadores, entiendo, pero también pido que se entienda a nuestra gente que está allá afuera, que también tiene hambre y tiene sed de justicia.
Esas voces que se escuchan allá afuera vienen combatiendo desde el 5 de abril del año pasado. De todos es conocido el conflicto que vive Ruta-100 con el Departamento del Distrito Federal, es un problema bastante embarazoso, es un problema de ética y de moral política, dado que quien lo inició es nada menos que el señor Oscar Espinosa Villarreal.
La demanda de los trabajadores es una demanda muy sencilla y muy elemental: que se cumpla con las leyes que la Constitución contiene para proteger los derechos de obreros y trabajadores.
Miles de trabajadores de SUTAUR-100 se han dado cita frente a este recinto para hacer un llamado a este honorable Congreso de la Unión, a la cordura, a la sensatez y a la inteligencia.
Allá están, son miles de ciudadanos, son miles de mujeres y hombres.
Ustedes recordarán que el 10 de este mes estuvimos en la Oficialía Mayor para poner una demanda de juicio político en contra de Oscar Espinosa Villarreal y demás funcionarios y esta demanda de juicio político no es como las otras demandas que se han puesto ni es una demanda común ni es una demanda cualquiera, ésta es una demanda que viene acompañada de gente, de carne y de hueso, que se moviliza, que es gente indeclinable en sus convicciones. Ellos reclaman empleo, ellos reclaman su fuente de trabajo.
El Gobierno parece que quiere resolver este problema liquidando. Ellos reclaman su trabajo.
Se necesita cordura de este Congreso para mantener la paciencia y la civilidad frente a una regencia que ha violado sistemática, radical y manifiestamente, los derechos sindicales que son un patrimonio de la sociedad.
Esa cordura que el licenciado Oscar Espinosa Villarrreal nunca tuvo, pues hoy sabemos que el cargo le fue encomendado y constan testimonios, cartas de intención y otros documentos, usar nuestros impuestos para entregar el mercado del transporte a las redes de poder de Hank González y a las trasnacionales automotrices.
Porque se necesita sensatez soportar la incapacidad y la ineficacia de un regente que es incapaz de ofrecer soluciones, no sólo a los trabajadores del SUTAUR-100, sino al conjunto de los problemas del transporte de la ciudad.
Porque se necesita inteligencia para saber que el SUTAUR-100 y su movimiento social son un frente de resistencia contra el neoliberalismo, ese neoliberalismo que hoy el mismo PRI ha empezado a criticar y a rechazar.
Saludamos la decisión del PRI de emprender la búsqueda de soluciones y opciones que cambien el modelo neoliberal; estamos abiertos al debate, independientemente de posiciones partidistas.
La crítica al neoliberalismo es una tarea de la sociedad en su conjunto, pero no bastan las palabras, queremos ver hechos. Sólo los hechos dirán si la crítica al neoliberalismo del PRI es real y auténtica o un acto de demagogia.
Apoyar el juicio político contra el regente de la ciudad, sería uno de estos hechos.
Es un juicio político contra la política del neoliberalismo privatizador; es un juicio a la herencia del salinismo, que tan importante le es a Oscar Espinosa Villarreal; es un juicio a quienes pisan y violan nuestra Constitución.
Reclamamos un juicio contra el regente por corrupción, por crimen, por abuso de autoridad, por arbitrariedad, pero sobre todo, es un juicio por falta de cordura, por insensatez, por hacer peligrar la estabilidad del país y sobre todo es un juicio en contra de quienes prefieren ser leales a los intereses extranjeros y sacrificar nuestros empleos, nuestros salarios y nuestras empresas por unos cuantos pesos.
Decía que este conflicto de todos es conocido y todo mundo se pregunta por qué tanta marcha en el Distrito Federal. Y marchas y marchas y marchas y el SUTAUR-100 es uno de los sindicatos que en estos momentos reivindican la lucha sindical. El SUTAUR-100 no está solo, al SUTAUR-100 se unen miles de voces y allá afuera no está solo SUTAUR-100, hay muchas organizaciones sociales y sindicales, que están apoyando la demanda de nuestros compañeros trabajadores. Esta es una de las primeras visitas que está haciendo el sindicato de Ruta-100 y habrá muchas más, en la exigencia de que se enjuicie al señor Espinosa Villarreal.
Pero nos asalta una pregunta ¿Por qué Ernesto Zedillo a pesar de las denuncias y desaciertos de Oscar Espinosa Villarreal, le sigue manteniendo al frente del Distrito Federal? ¿Qué es lo que le sabe Espinosa Villarreal a Zedillo para que le aguante tanto.
Señoras y señores legisladores, la legalidad está siendo anulada y la orientación política soberana está siendo secuestrada por funcionarios y mafiosos, dueños tal vez de los secretos existentes en los sótanos de los gobernantes mexicanos.
Esto de Ruta-100 no es un caso común, decimos y sostenemos, que el caso de Ruta-100 es un caso que debe de importar a todos los mexicanos. Allá están 12 mil trabajadores con sus familias muriéndose de hambre, en el desamparo, solamente por un capricho neoliberal, no es justo.
Por eso es que hoy retomo la tribuna nuevamente para apelar de su sensibilidad política a todas las fracciones y por primera vez en la historia podamos ver el enjuciamiento de un prepotente regente de esta capital de nuestro país.
En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 179 y 121 fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a usted, señor Presidente, que en uso de sus facultades efectúe una excitativa, para las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, a efecto de que se aboquen al estudio y resolución del juicio político entablado en contra del ciudadano Oscar Espinosa Villarreal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
De acuerdo a lo solicitado por el señor senador y habida cuenta de que se habrá de revisar el método específico de la subcomisión de examen previo de ser ése el caso, se ruega tener pendiente de este juicio.
Ha solicitado el uso de la palabra para el mismo tema el diputado Humberto Aceves del Olmo.
El diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Por lo que la prensa de hoy dice y lo que decía la de ayer por la tarde, este grupo de respetados compañeros de sector que están manifestándose a las puertas de este recinto, fueron citados para que estuvieran hoy aquí, pensando tal vez que de una sesión de la Comisión Permanente saldría el resolutivo de los problemas que ellos vienen enfrentando en los últimos meses.
Yo creo que el tono que hoy ha dado a su intervención el señor senador Salgado Macedonio, nos indica el camino que debemos seguir, para que los que estamos en alguna de las comisiones a las que será turnado el asunto que aquí se ha tratado, pues pongamos todo el empeño, en que si procede o no, pues se dé la solución que deje satisfechos a todos.
No lo creo, porque éste es un problema, que no es laboral, casi ha perdido totalmente su esencia laboral. Este es un problema que es estrictamente político y de presión.
Sólo que si me quedan algunas dudas en relación al apoyo que ahora se está dando por parte del senador del Partido de la Revolución Democrática a los compañeros no solamente del SUTAUR-100 sino del Movimiento Proletario Independiente y de otras organizaciones.
Cuando hay antecedentes de que en octubre de 1992, el Partido de la Revolución Democrática por algunos de sus líderes se manifestó en contra del MPI por considerarlo que era una organización que hacia manifestaciones a la carta o sobre pedido y que no era nada positivo para el futuro de las clases sociales en México.
Hoy nos enfrentamos a una realidad distinta, cuando menos es el criterio que entiendo del señor senador. Pero sí quisiera muy brevemente decir que estamos muy preocupados porque no se resuelve el problema, pero estamos muy preocupados porque también algunos dirigentes han llevado a este grupo de trabajadores que sí es muy importante, a un callejón que aparentemente no tiene salida, porque pues en México hoy que se ha hecho aquí tanta mención sobre el marco de derecho, pues las cosas se arreglan dentro del marco de derecho y esto se ha salido del derecho; no solamente del derecho jurídico, sino del derecho laboral.
Por eso es que muy atentamente, no a nombre del Congreso priísta, de la fracción priísta, sino de los diputados obreros y sobre todo de los habitantes de la Ciudad de México, yo solicito sus buenos oficios señor senador, para que a la gente se le diga lo que se le tiene que decir y no se le marquen expectativas que después ya no pueden cubrir y entonces se siga haciendo más grande el problema que tenemos en la ciudad. Esta ciudad no solamente tiene problemas en el transporte; tiene graves problemas en la seguridad. Pero también como él mismo lo decía la semana pasada, es un milagro echarla a andar todos los días. Y nos consta que el Gobierno de la ciudad hace grandes esfuerzos diariamente para que haya energía, para que haya agua, para que haya recolección de basura, para que haya todos los servicios que una metrópoli como ésta requiere.
Por eso qué bueno que el tenor de su discurso, qué bueno que el debate se lleve en esos niveles, porque creo que así es como podemos ir encontrando la solución a los problemas que aquejan a toda esta gente.
Reitero, igual lo hice en mi intervención de la semana pasada, porque estoy enterado, éstas son copias de las intervenciones que han tenido ex compañeros, ex trabajadores de Ruta-100 en la Comisión de Gestoría y Quejas de esta Cámara de Diputados, en las que ellos han venido muchas veces a solicitar que se resuelva el problema. Pero también, no es un problema de solución de la Cámara, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, tiene una comisión únicamente dedicada a atender los problemas o las causas que están persiguiendo los compañeros del SUTAUR-100.
Por eso es que yo siento que a pesar de que tenía otro tipo de intervención, el tono lo ha dado el señor senador Salgado y ojalá sea ése el tono de las siguientes intervenciones, porque al principio de la sesión de hoy, me parecía que se le estaba faltando no solamente a la Comisión Permanente, sino también en general al Congreso de la Unión.
Yo lo felicito porque utilice esa forma de manejar las cosas, porque estoy seguro que así sí llegaremos a muchos acuerdos. Independientemente de que a los capitalinos nos interesa mucho resolver los problemas de la ciudad, ésta es la caja de resonancia del país y agradezco como senador de primera minoría, de Guerrero, su intervención en los asuntos de la ciudad, porque necesitamos de la participación de todos, es la capital de todos.
Gracias, señores.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene usted cinco minutos, señor senador Félix Salgado Macedonio.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Qué bueno que el señor diputado reconoce de hecho, que el problema del SUTAUR-100 es un problema político y no laboral, dice el diputado. Porque el problema laboral ya lo liquidaron, según él y ahora que es un problema político.
Bueno, visto así, pues yo creo que efectivamente fue un problema político el que orilló a Oscar Espinosa Villarreal y a Ernesto Zedillo, a aniquilar a Ruta-100.
El cierre es ilegal. Nadie puede decir que es legal. Eso es totalmente falso. Las autoridades del Distrito Federal, mediante el administrador general del organismo paraestatal Auto Transportes Urbanos de pasajeros Ruta-100, sometieron indebidamente a la consideración del juez de lo concursal, una solicitud de quiebra de dicho organismo. Cabe señalar que Auto Transportes Urbanos de pasajeros Ruta-100, no es comerciante ni el servicio público de transporte de pasajeros, en el Distrito Federal y zonas conurbadas, que lleva a cabo este servicio, es un acto de comercio, tanto que es un ente público y no privado, subsidiado por el Estado. Por lo tanto no debe ser sujeto al procedimiento de quiebra, ya que resultaría absurdo que el Estado se declarara en quiebra, máxime cuando el servicio que brinda este organismo no puede dejar de llevarse a cabo, ya que es una obligación del Poder Ejecutivo, del gobierno del Distrito Federal.
A todo lo anterior se suma que dicho organismo no se encontraba en suspensión de pagos ni mucho menos en insolvencia. Por el contrario, le fue asignado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la cantidad de 1 mil 285 millones de nuevos pesos, recursos tales para hacer viable este servicio. Ese mismo órgano legislativo autorizó una partida presupuestaria por la cantidad de 71 millones 339 mil pesos para inversión en varios renglones.
Aun con esos antecedentes, el juez de lo concursal y bajo un procedimiento inédito, ya que acordó a los 10 minutos siguientes de la presentación de la solicitud, el cierre del organismo descentralizado. También en esa ocasión y con 10 minutos de anticipación a la presentación de la solicitud, el Ministerio Público adivinó que se presentaría la misma y le dio el visto bueno. En dicha resolución, el juez de lo concursal determinó, sin tener competencia, que deja de tener vigencia un decreto del Ejecutivo Federal, que sólo puede ser modificado o extinguido por otro decreto. Es decir, hay una serie de violaciones, muchas violaciones a este procedimiento de quiebra de Ruta-100. Se violaron los derechos laborales, se confabularon autoridades, Procuraduría General de Justicia y del Distrito Federal, para someter a dirigentes y asesores de Ruta-100, bajo una sincronía perfecta. El órgano procurador de justicia y el Poder Judicial, encomendados por las más altas autoridades de nuestro país, favorecieron la encarcelación de los líderes del sindicato de trabajadores de Ruta-100, bajo la querella interpuesta por un grupo de trabajadores instigados y presionados por autoridades del Departamento del Distrito Federal; ellos fueron detenidos, diversos trabajadores del organismo descentralizado, así como su asesor jurídico Ricardo Barco.
Todos los miembros del SUTAUR-100 y de otras organizaciones sindicales y sociales, están exigiendo la libertad de sus líderes, la libertad de los presos políticos, solución al conflicto laboral y se está demandando que se enjuicie política y penalmente al jefe del Departamento del Distrito Federal y bueno, la excitativa está. Yo rogaría a todos ustedes que estuviéramos al pendiente y le diéramos seguimiento a este asunto de Ruta-100, que no es un asunto sencillo, que a todos atañe.
Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 24 de enero de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comunicación del Congreso del Estado de Tlaxcala.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al señor Raphael Steger Cataño, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el gobierno de la Comunidad de Australia.
Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al señor Enrique Buj Flores, embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Turquía.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Guadalupe Martín Vázquez, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en Mérida, Yucatán, Tres, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Graciela Bárcenas Ibinarriaga, Julieta Huerta Mendizábal y Liliana Estela Fuentes Ramos, puedan prestar servicios en la Embajada y el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
Cinco, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Felipe Cruz Marín, Gilberto Renato García González, Rubén Martínez Ortega, Miguel Elías Leyva García y Armando Domínguez Mendoza, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al capitán de corbeta y G. Rubén Molina Lizaola, para aceptar y usar la Medalla al Logro Naval, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano César Humberto Solís Ortegón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Ana Pricila Sosa Ferreira, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Chile en Cancún, Quintana Roo.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Francisco Falcón González, Alfonso Madiedo Lomelí y José Tomás Sánchez Pérez, para prestar servicios en la Embajada de la República de Argentina, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Paulino Lima Cisneros, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Lucía Villarreal Chávez Camacho y Lizette Olinda González Leal, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 15:40 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de enero a las 11:00 horas.
| ASP | (Sin aclaración.) |
| CG | Cuerpo General |
| D.F. | Distrito Federal |
| FBI | Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos de América (por siglas en inglés) |
| MPI | Movimiento Proletario Independiente |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| SUTAUR-100 | Sindicato Unico de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta-100 |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |