SUMARIO
Comunicacíón del diputadoRoberto Robles Garnica, con la que solicita licencia para separarse de su cargo. Aprobado. Comuniquese a la Cámara de Diputados.
Oficio del senador con licencia Víctor Manuel Tinoco Rubí, con el que informa su decísión para separarse definitivamente de su cargo por haber sido electo gobernador del Estado de Michoacán. De enterado. Comuniquese a la Cámara de Senadores.
Oficio del Congreso estatal, con el que invita a la sesión solemne de toma de protesta del gobernador electo de dicha entidad. Se designa comisión.
Comunicacion del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio de la Secretaria de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, nombró como magistrados de la sala superior del Tribunal fiscal de la Federación, a los ciudadanos: María del Consuelo Villalobos Ortiz, Luis Carballo Balvanera y como magistrados en otras salas a los ciudadanos: Rosa María del Pilar Fajardo Ambía y Rafael Sandoval Giles. Se turna a la Tercera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se informa el nombramiento de Mario Mejía Guízar, como administrador general de auditoría fiscal federal de esa dependencia. Se turna a la Tercera Comision.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Carlos Salomón Cámara y José Jesús Torres Murillo, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de esa República. Se turnan a la Primera Comisión.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernacion, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos David Moreno Gutiérrez y Conrado Gabriel Aparicio García, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de esa República. Se turnan a la Primera Comisión.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernacion, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos José Angel Gurría Treviño y Pedro González-Rubio, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de esa República. Se turnan a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José María Pérez Gay Pérez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Se turna a la Primera Comisión.
Diez oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Roberto Miranda Sánchez, Alfonso Hernandez Morales, Manuel Sánchez Aguilar, Pedro Héctor Hirata Vaquera, Jorge Islas Marroquín, Enrique Pareyón Salazar, Arturo Olguín Hernández, Samuel Moisés Jiménez Migueles, Eddie Amado de Jesús Rosado Moguel y Conrado Armenta Castro, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Cosío Vidaurri, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Es de primera lectura. Se dispensa la segunda lectura. Aprobado. se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Santos Humberto Gómez Leyva, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere ese organismo. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Edna Irene Berentsen Cárdenas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Es de primera lectura.
Diez dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Manuel Fernando Vadillo Trueba, Hugo Alfredo Matero a Cedillo, Lucino Carlos Piedra Lezama, Eulalio Fonseca Orozco, Edmundo Antonio Paredes Espinosa de los Monteros, Francisco Fernández Solís, Salvador Alvarez Nahara, Oscar Bernal Rovira, Delfino Mario Palmerí Cordero y Fernán Pérez Casanova. Es de segunda lectura.
El diputado Luis Garfias Magaña, se refiere al ciudadano Manterola Cedillo.
Aprobados. Pasan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Enrique Vilatela Riva y Rafael Tovar y de Teresa, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de ese Reino. Es de segunda lectura. Se reserva para su votacion nominal en coniunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que el ciudadano José Angel Gurría Treviño, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de esas naciones. Es de segunda lectura. Se reserva para su votacion nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Salvador de Jesús Arriola Barrenechea, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos ccnstitucionales.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio realiza una semblanza en homenaje póstumo del licenciado Rosas Magallón, militante de su partido político.
Amador Rodriguez Lozano para rectificar hechos.
Se refieren a la situación política surgida a raíz de la toma de instalaciones de Petróleos Mexicanos en esa entidad los legisladores:
Gloria Sánchez Hernández
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
Angel Sergio Guerrero Mler
Félix Salgado Macedonio
Para rectificar hechos, los legisladores:
Humberto Mayans Canabal
Gloria Sánchez Hernández
El diputado Amado Jesus Cruz Malpica, se refiere a las agresiones sufridas por diputados miembros de su grupo parlamentario. Se turna a los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno, comenta las elecciones efectuadas en el municipio de Huejotzingo, Puebla.
Expresa sus opiniones el diputado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández
Jorge Andrés Ocejo Moreno, para rectificar hechos.
Realiza diversos comentarios el diputadoGaspar Eugenio Ortiz Walls.
El senador Félix Salgado Macedonio, se refiere al conflicto laboral de dicha empresa.
Sobre el mismo tema hace uso de la palabra el diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica, se refiere a la presencia de un observador extranjero en el conflicto surgido en esa entidad. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.
El senador José Natividad Jiménez Moreno, se refiere a la situacion laboral de cañeros en México. Se turna a la Comisión de Agricultura.
Sobre el mismo tema hacen uso de la palabra los legisladores:
Samuel Aguilar Solís
José Natividad Jiménez Moreno, para rectificar hechos.
El senado Félix Salgado Macedonio, se retiere a los hechos ocurridos en el municipio de Coyuca de Benítez el 28 de junio de 1995.
Expresan sus opiniones los legisladores:
Píndaro Urióstegui Miranda
Félix Salgado Macedonio, para rectificar hechos.
Guadalupe Gómez Maganda, para rectificar hechos.
Félix Salgado Macedonio, para rectificar hechos.
María Claudia Esqueda Llanes, para rectificar hechos.
De la proxima sesión.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 36 legisladores. Hay quorum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11:10 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.-Primer Receso.-Segundo Año.-LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 14 de febrero de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de legisladores.
El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano Víctor Manuel Tinoco Rubí, rendirá protesta como gobernador constitucional del Estado, la que tendrá lugar el 15 de febrero a las 10:00 horas, en el teatro José María Morelos, declarado recinto oficial.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Guerrero y Jalisco.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, nombró como magistrados de la sala superior del Tribunal Fiscal de la Federación, a los ciudadanos María del Consuelo Villalobos Ortiz y Luis Carballo Balvanera y en las salas metropolitanas a los ciudadanos Rosa María del Pilar Fajardo Ambía y Rafael Sandoval Giles.
Por el que se comunica que el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracciones IV y XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nombró al licenciado Mario Mejía Guízar, como administrador general de Auditoría Fiscal Federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la propia Constitución.
Dos, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos licenciados Carlos Salomón Cámara y José Jesús Torres Murillo, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la "Orden Estonia de la Estrella Blanca", en diferentes grados, que les confiere el gobierno de la República de Estonia.
Dos, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que el teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor David Moreno Gutiérrez y guardiamarina CG Conrado Gabriel Aparicio García, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Dos, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que el licenciado José Angel Gurría Treviño y el embajador Pedro González-Rubio, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Panamá.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el doctor José María Pérez Gay Pérez, pueda aceptar y usar la condecoración de la "Cruz de Honor para las Ciencias y las Artes, primera clase", que le confiere el gobierno de la República de Austria.
Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Roberto Miranda Sánchez, Alfonso Hernández Morales, Manuel Sánchez Aguilar, Pedro Héctor Hirata Vaquera, Jorge Islas Marroquín, Enrique Pareyón Salazar, Arturo Olguín Hernández, Samuel Moisés Jiménez Migueles, Eddie Amado de Jesús Rosado Moguel y Conrado Armenta Castro, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, para aceptar y usar la condecoración "Orden del Quetzal", en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al contralmirante de aeronáutica naval piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, para aceptar y usar la Medalla Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Santos Humberto Gómez Leyva, para aceptar y usar el Gafete y la Medalla Especial que la Junta Interamericana de Defensa en Washington, DC le otorgó.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Edna Irene Berentsen Cárdenas, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica en México.
Dictámenes a discusión
Diez, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Manuel Fernando Vadillo Trueba, Hugo Alfredo Manterola Cedillo, Lucino Carlos Piedra Lezama, Eulalio Fonseca Orozco, Edmundo Antonio Paredes Espinosa de los Monteros, Francisco Fernández Solís, Salvador Alvarez Nahara, Oscar Bernal Rovira, Delfino Mario Palmerín Cordero y Fernán Pérez Casanova.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Enrique Vilatela Riba y Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar las condecoraciones "Encomienda de Número del Mérito Civil", que les confiere el gobierno del Reino de España.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos: del Reino de España, de la República de Nicaragua y de la República Oriental del Uruguay.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al embajador Salvador de Jesús Arriola y Barrenechea, para aceptar y usar la condecoración Orden del Libertador, en grado de Gran Cordón, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Comentarios
Semblanza de Salvador Rosas Magallón, a cargo del diputado Francisco Peniche y Bolio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre la situación política en el Estado de Tabasco, a cargo de los diputados Gloria Sánchez Hernández y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo.
Sobre posible violación al fuero constitucional de legisladores, en el Estado de Tabasco, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre las elecciones en el municipio de Huejotzingo, en el Estado de Puebla, a cargo del diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre la reforma del Estado, a cargo del diputado Eugenio Ortiz Walls, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre la Ruta-100, a cargo del senador Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Denuncia de observador extranjero en el conflicto tabasqueño, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la situación de los cañeros en México, a cargo del senador José Natividad Jiménez Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles siete de febrero de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con trece minutos del miércoles siete de febrero de mil novecientos noventa y seis y una asistencia de treinta y dos legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo sexagésimo quinto aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
La misma Secretaría, da lectura a las siguientes comunicaciones:
Oficio del Congreso del Estado de Coahuila, con el que informa de la clausura del segundo periodo de sesiones ordinarias y la instalación de la mesa directiva de la Comisión Permanente. De enterado.
Oficio del Congreso del Estado de Coahuila, en el que transcribe un punto de acuerdo relativo a la entrega en depósito de los bienes del grupo Aztlán. De enterado y se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Oficio del Congreso del Estado de Coahuila, en el que transcribe un punto de acuerdo con el que solicita apoyo e intervención para que las ciudades de Piedras Negras y Acuña, sean reclasificadas en el área geográfica "A", con el salario mínimo general establecido para esas regiones. De enterado y se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que informa de la instalación de su Comisión Permanente. De enterado.
Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, en el que transcribe un punto de acuerdo censurando la autorización que dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al aumento del veinte por ciento de los servicios locales, comerciales y de larga distancia, que presta la compañía Teléfonos de México. De enterado y se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Oficio del Congreso del Estado de Puebla, informando la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias y la elección de la mesa directiva. De enterado.
Oficio del Congreso del Estado de Tabasco, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dos oficios del gobernador del Banco de México, a los que se adjunta la exposición sobre política monetaria que propone para el ejercicio de mil novecientos noventa y seis; y el informe sobre el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física de la institución, para el mismo ejercicio fiscal. Se turnan a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional del trece al diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y seis, para realizar una visita a la República de Panamá y asistir a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México en San José, Costa Rica.
La Asamblea le dispensa todos los trámites y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por treinta y cinco votos en pro y uno en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Tres oficios de la misma Secretaría, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Guillermo Cosío Vidaurri, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Guatemala:
Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil:
Santos Humberto Gómez Leyva, pueda aceptar y usar la condecoración de la Junta Interamericana de Defensa. Se turnan a la Primera Comisión.
Diez oficios con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turna a la Segunda Comisión.
También se da lectura a un ocurso de la ciudadana Edna Berentsen de Debler, con el que solicita el permiso constitucional necesario para prestar sus servicios en la Embajada de Jamaica en México.
Se turna a la Primera Comisión.
Para continuar con el orden del día, se da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de la República del Perú y de la República Federativa del Brasil, respectivamente.
La Asamblea le dispensa todos los trámites y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por treinta y cinco votos en pro y uno en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Se da primera lectura a seis dictámenes más de la misma comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Enrique Vilatela Riva y Rafael Tovar y de Teresa, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España.
José Angel Gurría Treviño, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos del Reino de España, de la República de Nicaragua y de la República Oriental del Uruguay.
Salvador de Jesús Arriola Barrenechea, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Alejandra Beatrice Calderón Gerling, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Marta Eugenia Aguilar Borbolla, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Malasia en México.
Se someten a discusión ocho dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Silvia Hernández Enríquez, Jaime Zabludovsky Kuper y Mirna Ester Hoyos Schlamme, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España, Pedro González-Rubio Sánchez, Juan Rebolledo Gout, Javier Treviño Cantú, Guillermo Ortiz Martínez, Herminio Blanco Mendoza, Carlos Fernando Almada López y José Luis Barros Horcasitas, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España:
Luis Téllez Kuenzler, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos del Reino de España y de la República de Estonia:
Roberto Miranda Sánchez, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos del Reino de España y de la República de Guatemala:
Miguel Angel González Félix, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Venezuela:
Guadalupe Martín Vázquez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Mérida, Yucatán:
Marco Antonio Coronado Lozano y Beatriz Blanca Amores, puedan prestar sus servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Monterrey, Nuevo León:
Julieta Huerta Mendizábal y Liliana Estela Fuentes Ramos, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América y en el Consulado General de ese mismo país en Monterrey, Nuevo León.
La Secretaría recoge la votación nominal de éste y los anteriormente reservados, misma que resulta aprobatoria por treinta y tres votos en pro y uno en contra. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Para expresar sus opiniones respecto al viaje del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, a Europa, se concede el uso de la palabra a los legisladores Sami David David, del Partido Revolucionario Institucional; José Benigno Aladro Fernández, del Partido Acción Nacional; Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo.
Sube a la tribuna el legislador Fernando Pérez Noriega, quien da lectura a un informe de la Comisión de Concordia y Pacificación del Estado de Chiapas, firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios de esta legislatura.
Solicita y se concede el uso de la palabra al legislador Amador Rodríguez Lozano, quien informa que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, demandará la declaración de procedencia a fin de que le sea retirada la protección constitucional al senador Auldarico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática.
Expresan sus opiniones al respecto los legisladores: Pedro René Etienne Llano y Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, este último en dos ocasiones y quien durante su primera intervención fue interrumpido por el diputado Prisciliano Gutiérrez Hernández, quien desde su curul le exige respeto para la Asamblea y el Presidente le solicita al orador que retire las palabras que pudieran considerarse como insultantes; y para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los legisladores: Gaspar Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional; José Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Humberto Mayans Canabal, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo:
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones.
Desde su curul, el diputado José Jesús Ortega Martínez, hace referencia a una proposición del diputado Cruz Malpica y el Presidente le concede el uso de la palabra, para presentar una declaración.
El Presidente hace aclaraciones y la turna a la mesa directiva de la Comisión Permanente para su consideración.
Para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los legisladores: Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional y Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta otra redacción a la proposición, misma que se aprueba en votación económica.
Para denunciar hechos sobre la venta de petroquímica secundaria, que calificó como violatorios a la Constitución, hace uso de la palabra el diputado Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores: José Manuel Medellín Millán, del Partido Revolucionario Institucional; Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática y Félix Salgado Macedonio, quien solicita que la Secretaría dé lectura a una carta que dijo estar firmada por Joaquín Hernández Galicia.
Hace uso de la palabra el diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere al conflicto de Ruta Cien.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más quien haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con once minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
LICENCIA DE DIPUTADO
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo.-LVI Legislatura.-Cámara de Diputados.
Diputado Humberto Roque Villanueva, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la -Unión. Presente.
Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido como diputado federal para ocupar el cargo de Secretario de Salud Pública, del Estado de Michoacán.
Agradeciendo por su atención, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, 12 de febrero de 1996.-Diputado Roberto Robles Garnica.»
El Presidente:
De conformidad con lo que establece el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo:
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Está a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia al diputado Roberto Robles Garnica, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública del gobierno del Estado de Michoacán, a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
SENADOR QUE OPTA POR OTRO CARGO
La secretaria diputada María ClaudiaEsqueda Llanes:
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
En la elección del 12 de noviembre de 1995, fui electo para desempeñar el cargo de gobernador del Estado de Michoacán.
El día 20 de diciembre de 1995, la Comisión Estatal Electoral, me otorgó constancia de mayoría por haber obtenido el triunfo en dichas elecciones.
Posteriormente, en sesión solemne de Colegio Electoral, el Congreso del Estado calificó las elecciones para gobernador, aprobando el dictamen correspondiente y concediéndome la constancia de gobernador elector para el periodo 1996-2002.
Una vez que el pueblo de Michoacán me ha favorecido con tan honrosa distinción y para estar acorde con lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución General de la República, me permito informar a esa soberanía que optó por el cargo de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, por lo que solicito se me conceda la separación definitiva de mi cargo de senador de la República.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para renovar a ustedes las seguridades de mi más distinguida consideración.
Atentamente.
Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 1996.- Víctor Manuel Tinoco Rubí.»
De enterado y comuníquese a la Cámara de Senadores.
ESTADO DE MICHOACAN
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
La LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, invita a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano Víctor Manuel Tinoco Rubí, rendirá ante esta soberanía protesta como gobernador constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 15 de febrero a las 10:00 horas en el teatro José María Morelos, de esta ciudad, declarado recinto oficial.
Morelia, Michoacán, febrero de 1996.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: senadora Guadalupe Gómez Maganda y diputado Josué Valdés Mondragón.
ESTADO DE CAMPECHE
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones:
«Escudo.-Poder Legislativo.-Campeche.-LV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
La LV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes la apertura y clausura del primer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional; así como la elección de la mesa directiva que coordinó las actividades legislativas, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente: Alvaro Arceo Piña; vicepresidente: Víctor Ramón Castro Fuentes; secretaria: Carmen Guadalupe Fonz Sáenz y vocal: Adolfo Cab Poot.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, 26 de enero de 1996.-Diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, secretaria y diputado Adolfo Cab Poot, secretario.»
De enterado.
ESTADO DE GUERRERO
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo.-Guerrero.-LIV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
Para los efectos procedentes, me permito comunicar a usted, que previas las formalidades de ley, la LIV Legislatura, en sesión ordinaria de esta fecha, tuvo a bien elegir a los diputados Lucardo Cortes Hernández, Santiago Salazar Bautista y Martín Gandarilla Landa, como presidente y vicepresidentes (primero y segundo) del Congreso del Estado, respectivamente, quienes fungirán del 15 de enero al 15 de febrero del presente año, dentro del primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Guerrero, a 10 de enero de 1996.-El oficial mayor del Congreso del Estado, licenciado Emilio I. Ortiz Uribe.»
De enterado.
ESTADO DE JALISCO
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.-Gobierno de Jalisco.-Poder Legislativo.-Secretaría del Congreso.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
Para los efectos del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a ustedes que en sesión de fecha 23 de diciembre de 1995, quedó legalmente instalada la diputación permanente de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, que fungirá del 23 de diciembre de 1995 al 31 de enero de 1996 y la forma de como quedó integrada su mesa directiva:
Presidente: Raúl Eduardo Vargas de la Torre; secretarios: Daniel Gutiérrez Amezcua y Arnulfo Villaseñor Saavedra; prosecretarios: Francisco Javier Arrieta García y Juan José García de Quevedo Baeza; primer vocal: Héctor Pérez Plazola y segundo vocal: Salvador Vera Luna.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 3 de enero de 1996.-diputados secretarios: Daniel Gutiérrez Amezcua y Arnulfo Villaseñor Saavedra.»
De enterado.
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le concede el artículo 3o. y de conformidad con los artículos 4o., 12 y 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, ha tenido a bien nombrar como magistrados a la sala superior a los ciudadanos: María del Consuelo Villalobos Ortiz y Luis Carballo Balvanera; para cubrir la plaza que deja la magistrada Villalobos Ortiz en una de las salas metropolitanas y la que ya se encuentra vacante en otra de estas salas, a los ciudadanos: Rosa María del Pilar Fajardo Ambía y Rafael Sandoval Giles.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución General de la República, acompañando con el presente los datos curriculares de los citados servidores públicos.
Aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de febrero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público, se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Me permito informar a ustedes que el Presidente de la República tuvo a bien designar, en esta Secretaría, al licenciado Mario Mejía Guízar, como administrador general de auditoría fiscal federal.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 fracciones IV y XVI y 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del acuerdo que señala los nombramientos de empleados superiores de Hacienda, que requieren de la ratificación del Senado de la República o de la Comisión Permanente expedido por la Cámara de Senadores y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1987, ruego a ustedes se sirvan someter dicho nombramiento a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales correspondientes."
Al comunicar a ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, envío con el presente los datos curriculares del ciudadano Mejía Guízar.
Aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de febrero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
REPUBLICA DE ESTONIA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
Con fecha 31 de enero próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"El licenciado Carlos Salomón Cámara, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la 'Orden Estonia de la Estrella Blanca', en grado de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de febrero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 9 del actual:
"El licenciado José Jesús Torres Murillo, coordinador administrativo de la zona arqueológica de Teotihuacán, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la 'Orden Estonia de la Estrella Blanca', en grado de Cuarta Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de febrero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
En oficio fechado el día 9 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"El teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor, David Moreno Gutiérrez, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la Medalla del Pacificador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunica que le otorgarán la medalla relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de febrero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación:
"El guardiamarina CG Conrado Gabriel Aparicio García, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración Marinha Do Brasil, que le confiere el gobierno de dicho país.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de febrero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DE PANAMA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha de hoy:
"El secretario de Relaciones Exteriores, Angel Gurría, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración 'Orden Manuel Amador Guerrero', en grado de Gran Cruz, que el gobierno de la República de Panamá le confiere.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 7 de febrero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 9 del actual:
"El embajador Pedro González-Rubio, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración 'Orden
Manuel Amador Guerrero', en grado de Gran Cruz, que el gobierno de la República de Panamá le confiere.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de febrero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DE AUSTRIA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
En oficio fechado el día 31 de enero último, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"El ciudadano José María Pérez Gay Pérez, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la 'Cruz de Honor para la Ciencias y las Artes, Primera Clase', que le confiere al gobierno de la República de Austria.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 1o. de febrero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
GRADOS MILITARES
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 9 del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez (6103958), que en 14 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 17 de enero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 6 del actual: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Alfonso Hernández Morales (465350), que en 20 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de enero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
Con fecha 6 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Manuel Sánchez Aguilar (4454548), que en 21 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de enero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
Con fecha 9 del actual la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió oficio a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada ingeniero industrial Pedro Héctor Hirata Vaquera (481174), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 17 de enero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 11 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada médico cirujano Jorge Islas Marroquín (489841), que en 14 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes. Envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 17 de enero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 11 del actual, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada de justicia militar y licenciado Enrique Pareyón Salazar (483679), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 17 de enero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
En oficio fechado el día 12 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Arturo Olguín Hernández (5528028), que en 17 fojas útiles se adjunta para efecto de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 17 de enero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
A continuación transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 12 del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada ingeniero constructor Samuel Moisés Jiménez Migueles (446200), que en 14 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 17 de enero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, a continuación les transcribo a ustedes oficio número 431 que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación con fecha 15 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier Eddie Amado de Jesús Rosado Moguel (3467682), que en 12 fojas útiles se adjunta, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
En oficio fechado el día 6 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor, Conrado Armenta Castro (3176411), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de enero de 1996.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REPUBLICA DE GUATEMALA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Guillermo Cosio Vidaurri, pueda aceptar y usar la condecoración Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, para aceptar y usar la condecoración Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.-México, Distrito Federal, a 8 de febrero de 1996.-Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier, José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández, Carlos Aceves del Olmo.»
Es de primera lectura.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 13 votos por la negativa y 23 votos por la afirmativa.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por 23 votos.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL (II)
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el contralmirante de aeronáutica naval piloto aviador Diplomado de Estado Mayor, Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, pueda aceptar y usar la Medalla Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al contralmirante de aeronáutica naval piloto aviador Diplomado de Estado Mayor, Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, para aceptar y usar la Medalla Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.-México, Distrito Federal, a 8 de febrero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de primera lectura.
JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, Santos Humberto Gómez Leyva, pueda aceptar y usar el Gafete y la Medalla Especial que la Junta Interamericana de Defensa en Washington, DC, le otorgó.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, Santos Humberto Gómez Leyva, para aceptar y usar el Gafete y la Medalla Especial que la Junta Interamericana de Defensa en Washington, DC, le otorgó.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.-México, Distrito Federal, a 8 de febrero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de primera lectura.
JAMAICA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en escrito fechado el día 13 de noviembre de 1995, la ciudadana Edna Irene Berentsen Cárdenas, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 7 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de Jamaica en México, serán como recepcionista:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, la comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Edna Irene Berentsen Cárdenas, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.-México, Distrito Federal, a 8 de febrero de 1996.-Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de primera lectura.
GRADOS MILITARES (II)
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Dictámenes a discusión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Manuel Fernando Vadillo Trueba, como general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heróico Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1953 y el 1o. de enero de 1956, fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 42 años, nueve meses y 28 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la de Perseverancia Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división de Diplomado de Estado Mayor se deduce que reune los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión, expidió en favor del ciudadano Manuel Fernando Vadillo Trueba.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.-México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahulcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 9 de febrero de 1995, por el Presidente de la República, en favor del extinto coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor, Hugo Alfredo Manterola Cedillo, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de octubre de 1969 y el 1o. de septiembre de 1973, fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 25, cuatro meses y 10 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Quinta, Cuarta, Tercera y Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier, Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del extinto Hugo Alfredo Manterola Cedillo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.-México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Pedro René Etienne Llano (abstención), Luis Garfias Magaña y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Luis Garfias.
El diputado Luis Garfias Magaña:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
He pedido la palabra brevemente para hablar de este caso que es un caso singular, es un ascenso concedido póstumamente a un coronel que murió el 9 de febrero del año pasado.
No deseo hablar de la medida política, no quiero entablar en este momento alguna discusión o abrir una polémica sobre un asunto político como fue lo que ocurrió el 9 de febrero del año pasado, pero sí quiero hacer hincapié en este caso de este coronel que murió en el cumplimiento de su deber, es un caso singular en la historia del Ejército mexicano en estos años, creo que el coronel Manterola conquistó su ascenso con su vida y esto es muy importante recalcarlo, creo que el coronel Manterola murió como deseamos morir todos los militares, en el cumplimiento de su deber y con las botas puestas.
Al decir esto, quiero también hacer un breve recuerdo a algunos soldados que murieron también en estas condiciones. El que habla, era comandante de la 23a. zona militar en Tlaxcala y ahí me tocó enviar un batallón, el 80 batallón de infantería, con matriz en Mazatláhuac, Tlaxcala, el día 10 de enero del año pasado en 1994, a Chiapas, esa unidad llegó a Tuxtla Gutiérrez a las 4:30 de la tarde y aproximadamente a las 7:30 llegó un convoy a Rancho Nuevo en San Cristóbal, eran 11 vehículos y les hicieron fuego y el noveno, décimo y undécimo recibieron ese fuego y murieron cinco soldados de ese 80 batallón de infantería que era un batallón que había estado a mis órdenes.
Tres días después, en el Aeropuerto de Huejotzingo me tocó recibir los cadáveres de esos cinco soldados, esos cinco soldados como el coronel Manterola y otros más eran estos cinco soldados era gente humilde, era gente indígena, era gente tan mexicana como los del otro lado y murieron, señoras y señores, en el cumplimiento también de su deber.
Por eso quise aprovechar esta oportunidad de hacer un breve recuerdo a los soldados que murieron por la paz de México, murieron por la estabilidad de las instituciones gubernamentales y murieron en última instancia por su país, por México.
Muchas gracias.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 26 de noviembre de 1994, por el Presidente de la República, en favor del teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor, Lucino Carlos Piedra Lezama, como corones de caballería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, el 1o. de septiembre de 1970 y el 1o. de septiembre de 1974, fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 25 años, dos meses y 17 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Quinta, Cuarta, Tercera y Segunda clases, así como la del Mérito Facultativo de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel de caballeria Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de coronel de caballeria, Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Lucino Carlos Piedra Lezama.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Géronimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortíz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente en hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Eulalio Fonseca Orozco, como general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 11 de abril de 1951 y el 1o. de enero de 1954 fue ascendido a subteniente de artillería, por acuerdo del secretario del ramo;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 44 años, siete meses, 21 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos; de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del Eulalio Fonseca Orozco.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, Distrito
Federal, a 31 de enero de 1996. Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Edmundo Antonio Paredes Espinosa de los Monteros, como general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1953 y el 1o. de enero de 1956 fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 42 años, 10 meses y ocho días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial y Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Edmundo Antonio Paredes Espinosa de los Monteros.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Audarico Hernández Gerónimo; diputados Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Francisco Fernández Solís, como general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingreso al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario el 1o. de enero de 1951 y el 1o. de enero de 1954 fue ascendido a subteniente de zapadores, por acuerdo del secretario del ramo;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 44 años, 11 meses, 11 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Francisco Fernández Solís.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 31 de enero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Salvador Alvarez Nahara, como general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1950 y el 1o. de enero de 1954 fue ascendido a subteniente de artillería, por acuerdo del secretario del ramo;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 45 años, 11 meses y siete días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como las de Perseverancia Especial, Extraordinaria e Institucional y la de servicios distinguidos.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Salvador Alvarez Nahara.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 31 de enero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo Oscar Bernal Rovira, como general de división piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejercito y Fuerza Aérea mexicanos como cadete, el 18 de agosto de 1954 y el 1o. de agosto de 1957 fue ascendido a subteniente de aeronáutica piloto aviador, por acuerdo del secretario del ramo;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 41 años, tres meses, 25 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente y la hoja de servicios del nombrado general de división piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Oscar Bernal Rovira.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 31 de enero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Delfino Mario Palmerín Cordero, como general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1955 y el 1o. de enero de 1958 fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 40 años, 11 meses, y cinco días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Delfino Mario Palmerín Cordero.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 31 de enero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Fernán Pérez Casanova, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1954 y el 1o. de enero de 1957 fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 41 años, 10 meses y 14 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de
Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fernan Pérez Casanova.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 31 de enero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario, senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuniquese al Ejecutivo.
REINO DE ESPAÑA
El secretario diputado Alejandro González Alcocer:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Enrique Vilatela Riba y Rafael Tovar y de Teresa, puedan aceptar y usar las condecoraciones Encomienda de Número del Mérito Civil que les confiere el gobierno del Reino de España.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Enrique Vilatela Riba, para aceptar y usar la condecoración Encomienda de Número del Mérito Civil, que le confiere el gobierno del Reino de España.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar la condecoración Encomienda de Número del Mérito Civil, que le confiere el gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 1o. de febrero de 1996.-Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno, diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REINO DE ESPAÑA (II), REPUBLICA DE NICARAGUA Y REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación para que el ciudadano José Angel Gurría Treviño, pueda aceptar y usar las condecoraciones Gran Cruz de Isabel la Católica, la orden José Dolores Estrada, en grado de Gran Cruz y la Medalla de la República Oriental del Uruguay, que le confieren los gobiernos del Reino de España, de la República de Nicaragua y la República Oriental del Uruguay, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración Gran Cruz de Isabel la Católica, que le confiere el gobierno del Reino de España.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José Dolores Estrada en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la Medalla de la República Oriental del Uruguay, que le confiere el gobierno de la República Oriental del Uruguay.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 1o. de febrero de 1996.-Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno, diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE VENEZUELA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano embajador Salvador de Jesús Arriola Barrenechea, pueda aceptar y usar la condecoración "Orden del Libertador", en grado de Gran Cordón que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Salvador de Jesús Arriola Barrenechea, para aceptar y usar la condecoración "Orden del Libertador", en grado de Gran Cordón, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 1o. de febrero de 1996.-Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
(Votación.)
Señor Presidente, se otorgaron por el dictamen del señor Gurría, 23 votos en pro y 14 en contra y por el resto de los dictámenes, 36 votos en pro y uno en contra.
El Presidente:
Aprobados los proyectos de decreto por 36 votos, con la aclaración hecha sobre el decreto específico.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
SALVADOR ROSAS MAGALLON
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Peniche y Bolio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una semblanza de Salvador Rosas Magallón.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Vengo a desempeñar una honrosa, mas no por eso menos dolorosa, comisión cual es hacer la semblanza en homenaje póstumo de quien en vida respondía al nombre de Salvador Rosas Magallón.
Rosas Magallón era oriundo de la ciudad de Tepic, Nayarit, donde nació el 9 de agosto 1916, viviendo los primeros años en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Cuando contaba apenas con 11 años de edad, se traslada a Guadalajara, en donde asiste a la escuela secundaria y a la preparatoria, para iniciar más tarde sus estudios como abogado en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
El ambiente político de aquella universidad, francamente dominado por la corriente izquierdista que en la década de los años treinta había adquirido preponderancia bajo el amparo del régimen cardenista, ante el cual el entonces estudiante universitario revitalizó su convicción humanista, impidiendo que don Salvador concluyera sus estudios en esa universidad.
Rosas Magallón pasa a formar parte del gremio estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1940 y accede al título de abogado el 9 de mayo de 1941. Aquí empieza la dualidad formidable del ilustre mexicano que hoy rendimos homenaje póstumo, dualidad consistente en su actividad política, conjugada con su actividad profesional de abogado que más tarde analizaremos en el mensaje político que al terminar se emita.
Como abogado ejerció más de 50 años su actividad profesional. Siendo estudiante asistió a los trabajos preparatorios para la fundación del Partido Acción Nacional, en la Ciudad de México; recibió de don Manuel Gómez Morín la encomienda de fundar los comites de Acción Nacional en todos aquellos lugares donde fuera posible. Era pues, un misionero de la palabra política del Partido Acción Nacional a través del territorio de la patria, el moderno fray Junípero Serra, que llevaba el mensaje de la democracia, de la dignidad humana hasta los más apartados rincones de nuestro país.
Al trasladarse a Baja California en 1945, establece su despacho en Mexicali, al tiempo que también funda el comité del PAN en esa ciudad. Sigue unida su actividad profesional de abogado con su vocación partidista de Acción Nacional.
En 1946 se traslada a Tijuana, en donde además de instalarse como abogado postulante, también funda el comité del PAN. En los años siguientes funda el comité en Ensenada y después participa en la fundación de Acción Nacional en San Luis, Río Colorado.
A partir de 1946, Acción Nacional participó en todas las campañas electorales federales y locales, postulando candidatos propios, con la participación siempre constante en todas ellas, del señor licenciado Salvador Rosas Magallón, quien uniendo su esfuerzo al de otros voluntarios, impulsó el crecimiento permanente del partido en Baja California, hasta hacer de ese Estado un auténtico bastión del PAN en la República.
De 1953 a 1958 publica el periódico semanario El Debate. En ese órgano de prensa don Salvador actuó como director general, como reportero, linotipista etcétera y en 1953 fue candidato a diputado al Congreso Constituyente del Estado de Baja California.
En 1958 fue candidato a diputado federal por Mexicali, elección en la cual obtuvo más votos que ningún otro candidato de Acción Nacional en el país. En esa ocasión el consejo nacional del PAN decidió no aceptar ninguna de las diputaciones que el régimen quiso reconocerle luego de que se ejecutó un enorme fraude electoral.
Rosas Magallón, siempre institucional, siempre leal, siempre firme en las posturas y en las filas del partido, acató institucionalmente las decisiones de las directivas de Acción Nacional y permaneció en ellas hasta su muerte, como siempre fue su deseo.
Desde 1958 Rosas Magallón se encarga de la defensa de los colonos de Río Tijuana, a quienes el gobierno pretendía despojar de sus posesiones a costa de lo que fuera. Ya desde entonces se le llamaba a Salvador el "abogado del pueblo".
En 1959, don Salvador fue candidato a gobernador de Baja California. Ante el triunfo del pueblo el régimen recurrió al fraude electoral, al robo de ánforas, a la violencia y a la persecución.
Además de las actividades político-electorales, don Salvador tuvo que dedicarse también a la defensa de los panistas que entonces fueron injustamente encarcelados y torturados, hasta que logró la libertad absoluta de ellos.
Ante esa injusta persecución el mismo hubo de asilarse en San Isidro, California. En aquella época don Salvador fue acusado del delito de disolución social, se le imputó que trataba de organizar una revolución en Baja California, que tenía un arsenal de armas, que también contaba con guerrilleros en la Sierra de Juárez y hasta con un submarino en la bahía de Ensenada y por eso se libró orden de aprehensión en su contra.
En 1964, Rosas Magallón presenta su candidatura a la Presidencia de la República, contendiendo con el licenciado José González Torres, quien al final fue el candidato presidencial del PAN.
En ese mismo año don Salvador fue candidato a diputado federal por Tijuana, cargo que desempeñó honrosamente. Como diputado, en beneficio de Baja California y de México, señores legisladores, presenta iniciativas de gran importancia y trascendencia, entre ellas, la nacionalización del golfo de California, que fue obsesión de Rosas Magallón en toda su vida activa: la nacionalización del mar de Cortés, del golfo de California.
Mediante la reforma al artículo 27 constitucional a los códigos de procedimientos penales tendientes a erradicar la tortura como medio para obtener la autorización de los acusados, el proyecto de Ley para Garantizar la Libertad Personal ante distintas arbitrariedades y un proyecto de Ley para Abatir el Monopolio del Ministerio Público cuando éste negare el ejercicio o se desistiere de la acción penal, a pesar de que hubiera elementos jurídicos suficientes para su ejercicio.
En 1968 Rosas Magallón es candidato a diputado local por el VIII distrito de Tijuana. El triunfo claro y contundente que entonces obtuvo fue arrebatado por el régimen, que no sólo no deseaba reconocer las victorias de Acción Nacional, sino que además experimentaba pánico al imaginar la actuación del abogado del pueblo en la Cámara de Diputados.
En 1970, contendiendo con Efraín González Morfín, fue precandidato a la presidencia de la República y en 1971 fue nuevamente candidato a la gubernatura de Baja California.
Para exigir reformas a la ley electoral del Estado, mediante las que se garantizara el proceso electoral y el respeto al voto de los ciudadanos, Rosas Magallón encabeza una caminata en la que lo acompañaron un sinnúmero de panistas; salieron desde Ensenada y pasaron por Tijuana y por Tecate. Luego de descender por La Rumorosa, fueron recibidos por miles y miles de ciudadanos de Mexicali.
La caminata culminó en un grandioso mitin que se celebra en las afueras del antiguo palacio de gobierno, en el que por cierto no se encontraba el gobernador quien, por placer o por temor, prefirió irse a Caléxico.
Esa caminata atrajo la atención de la opinión pública, no sólo nacional sino internacional.
La lucha de don Salvador Rosas Magallón por México fue incesante; su participación por ello en el PAN, también fue incesante.
En 1976 fue precandidato a la presidencia de la República. En aquella ocasión Acción Nacional no postula candidato presidencial; sin embargo, la presencia de don Salvador como precandidato en las dos convenciones que entonces hubo, impidió que el partido se convirtiera en un mero grupo de presión al servicio del poder económico.
Para llevar el mensaje profundo de Acción Nacional, de nuevo se presenta a la convención de 1987 como precandidato presidencial, contendiendo con Manuel J. Clouthier, quien a la postre fue el candidato cuya campaña todos recordamos con profundo afecto.
En 1988, Rosas Magallón es candidato al Senado y además en el PAN don Salvador fue consejero nacional por Baja California hasta 1986 y consejero estatal hasta 1991.
Paralelamente a sus actividades políticas en Baja California, participó como miembro fundador del Colegio de Abogados de Mexicali, del Colegio de Abogados de Tijuana, al cual perteneció hasta que ese organismo desapareció y luego fue también miembro fundador de la Barra de Abogados de Tijuana.
Don Salvador nunca se ocupó en un puesto directivo dentro de Acción Nacional, sin embargo, desde el principio se empeñó en hacer creer, en atraer más y más activistas a su seno y en lograr más y más adeptos a su causa.
En esa labor, Rosas Magallón siempre estuvo al frente, como un fiel consejero, un guía incansable, un líder, que con su grandeza de alma enseñó que la tarea de hoy consiste en rescatar el prestigio de Acción Nacional, que con desamor manifiesto otros han dilapidado.
Señores legisladores, han escuchado ustedes una apretada síntesis de los datos biográficos de don Salvador Rosas Magallón.
El mensaje que un servidor considera que dejó el eterno ausente, es, a mí juicio, el que entra a formar parte de las filas de los grandes hombres de nuestro país que conjugan esplendorosamente el ejercicio de la abogacía con el ejercicio de la política. No sembró Rosas Magallón solamente fuera del zurco, a la vera del terreno; su semilla fue aprovechada porque cayó en el zurco. La cizaña no acabó con el trigo y prueba de ello es que actualmente en Baja California tenemos un gobernador panista y prueba de ello es también que su preocupación por la reforma relativa a la acción jurisdiccional para combatir las decisiones del Ministerio Público, cuando se abstiene de ejercitar la acción persecutoria o se desiste de ella, fue recogida esa idea como el presidente Zedillo, como recordarán ustedes, en la iniciativa presidencial presentada el 5 de diciembre de 1994 en el seno de la Cámara de Senadores como Cámara de origen y que se conoce comúnmente por la reforma judicial, fruto del pensamiento jurídico de nuestro homenajeado.
A mí se me antoja que Rosas Magallón, pasa lista de presente con todos esos egregios juristas que a la vez imparten la buena nueva de la política sana; de la política constructiva; del quehacer en el orden común y en el bien público. Pasa revista desde Luis Cabrera, desde Luis Cabrera con sus seudónimos de Blas Urrea, de Lucas Rivera y que fue a la par de un extraordinario jurisconsulto que se las vio con el cuadrilátero huertista integrado como ustedes recuerdan por García Naranjo, Olaguibel, Querido Moheno y Lozano, la palabra de Luis Cabrera fue siempre escuchada con el sarcasmo, la ironía y el buen humor que caracterizaban al inolvidable sujeto.
Heredero de esa tradición no podemos menos que mencionar la figura de nuestro fundador, Manuel Gómez Morín pasa también lista de presente entre la conjunción formidable que se puede dar entre el derecho y la política y abogados políticos y políticos abogados. De eso hay innumerables ejemplos en Acción Nacional. No es que nos sintamos maniqueístas. Pero también en la península del sureste emergen figuras como en la península de California de Rosas Magallón y en la península de Yucatán tenemos a los Lanz Duret, a los Castellot.
Y en el Estado de Yucatán a los Correa Rachó y a los Molina Font y para seguir la semblanza todavía hace poco conmemorábamos el deceso de Abel Vicencio Tovar, que también reunía en su persona la dualidad formidable del buen jurista y del buen político. De Preciado Hernández, que en la tribuna de la Cámara, se opuso a la ocupación militar del campus universitario durante el gobierno de Díaz Ordaz.
Y así y así podríamos seguir y seguir enumerando egregias figuras del campo del derecho y del campo de la política.
Salvador Rosas Magallón, forma parte de esa caravana que no termina su misión porque la misión del buen gobernante, del buen político, como la del buen jurista, no tiene fin; su horizonte es infinito; infinita también, fecunda en sus logros, con las decepciones propias que tiene la actividad política en México; con los triunfos propios que tiene la actividad jurídica en México.
Seguirán habiendo esos personajes que dignifican la tarea del abogado, acompañada y unida a la tarea del político. Salvador Rosas Magallón estará siempre presente en el corazón de todos nosotros.
¡Descanse en paz el abogado del pueblo! Como fue Gómez Morín el abogado de la cultura mexicana, así a Salvador Rosas Magallón le tributamos este humilde y modesto homenaje al abogado del pueblo. ¡Que así sea!
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos el senador Amador Rodríguez Lozano.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Gracias, señor Presidente:
Como bajacaliforniano no puedo dejar pasar este momento también para expresar mis condolencias y reconocimiento por la pérdida de Salvador Rosas Magallón. Conocí a Rosas Magallón; compartíamos semanalmente las páginas editoriales en el Semanario "Z". de Baja California o conocí también por su fogosidad, su talento, su caballerosidad; fue un hombre bueno que trabajó constantemente buscando que sus ideales se concretizaran.
Perteneció a un partido diferente al mío; crítico con mi partido, crítico con mi gobierno, leal a sus principios, Salvador Rosas Magallón no solamente criticó al PRI-Gobierno, como él le llamaba, sino también fue un crítico de su propio partido y fue un crítico de su propio gobierno donde también señaló en múltiples ocasiones, el llamado PAN-Gobierno, como él lo denominó. Rosas Magallón, un hombre bueno, una persona leal a sus principios, congruente con sus ideas, que nos demostró que es capaz de criticar no solamente al gobierno de un partido opositor al de él, sino congruente con sus propios principios criticó severamente las desviaciones del Partido Acción Nacional en el gobierno de Baja California. Por eso vengo a rendir un reconocimiento a un hombre noble, a un gran luchador social como fue Rosas Magallón.
Muchas gracias.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente:
Tiene la palabra la ciudadana diputada Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación política en el Estado de Tabasco.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El domingo 21 de enero del presente año, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, miles de hombres y mujeres que habitan en ese Estado, y que han sido víctimas del centralismo, la corrupción, la defraudación y la exclusión, decidieron, de manera pública, abierta y pacífica, acentúo "pacífica", tomar una serie de medidas para reivindicar sus derechos económicos, sociales y políticos.
Dos de los antecedentes más relevantes para poder entender la magnitud de la protesta y las razones de las tabasqueñas y los tabasqueños, se encuentran en la larga historia de impunidad y explotación irracional de los recursos naturales de ese Estado, particularmente por Petróleos Mexicanos, por un lado y el descomunal fraude y dispendio electoral que le otorgó un cuestionable triunfo electoral al señor Roberto Madrazo, el 20 de noviembre de 1994.
Las demandas de campesinos, ejidatarios, pescadores y comuneros, sobre la afectación de sus tierras por la actividad productiva y contaminante de Pemex, vienen por lo menos de 1964. Desde entonces se han ido reeditando las denuncias y los reclamos, expresándose también las formas de organización de los tabasqueños para hacer frente a la destrucción de los sistemas lacustres y pantanosos, a la contaminación de las costas y a la severa crisis de la actividad pesquera.
Estas denuncias y reclamos provocaron la recomendación número 100 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fecha 21 de mayo de 1992.
Como sabemos, la desatención y la irresponsabilidad de las autoridades federales y de Pemex, afectan no sólo a Tabasco. La misma semana pasada se pudo conocer, a través de los medios de comunicación, de otras demandas también con su propia historia de desdén y prepotencia oficiales:
Una, en el Estado de Campeche, ante el propio Presidente de la República, que habla de la afectación a los pescadores por parte de Pemex.
La otra en Veracruz, avalada por el grupo ecologista internacional Green Peace, en donde se reitera la necesidad de que Pemex se responsabilice de los daños ecológicos en estados y municipios.
Es, en efecto, un problema de dimensiones nacionales que está afectando al patrimonio, la salud y el desarrollo de muchísimos mexicanos, cuando podría ser Pemex fuente poderosa para lograr un desarrollo sustentable, si actuara con apego a los requerimientos ecológicos indispensables.
Son asuntos de trascendencia nacional, ubicados ya en la agenda de la reforma del Estado.
Por ello, nuestro grupo parlamentario quiere ser enfático: los temas relacionados con la construcción de un auténtico federalismo, que tienen qué ver con una nueva relación entre las instituciones gubernamentales, los estados y los municipios y con una nueva forma de redistribución de los ingresos públicos, son cuestiones que atañen a todos los mexicanos.
Si algo exhibe hoy el conflicto tabasqueño son las secuelas de la imposición centralista, que han producido el deterioro ecológico e irónicamente el empobrecimiento acelerado de regiones ricas en recursos humanos y naturales.
No hay duda alguna. Es indispensable construir un nuevo sistema de redistribución de los ingresos producto de la explotación y venta del petróleo. Es indispensable construir nuevos esquemas para el ejercicio del gasto público federal, lo que implica una nueva forma de ver y hacer la distribución de las participaciones federales a los estados y municipios. Ello pasa necesariamente por reformas legales y constitucionales que debe aprobar el Congreso.
Las diputadas y los diputados del PRD participamos en el actual proceso de discusión en torno a la reforma del Estado para que estos temas, entre muchos otros, realmente se atiendan y redunden en el desarrollo de una nación que respete el pluralismo y estimule la expansión sana de las regiones y de las localidades.
La otra fuente de la irritación social tabasqueña es la del largo litigio electoral derivado del escandaloso despilfarro de los grupos apoyadores a Roberto Madrazo. El gobernador en Tabasco es el principal responsable de ese delito. Gastó, como ya ha demostrado el PRD, 247 millones de pesos en su campaña electoral y no contento con eso ha convertido a la quinta Grijalva en un auténtico bunker, en donde ha invertido, de acuerdo con información presentada en distintos medios, 15 millones de pesos para su seguridad personal.
Madrazo ha violentado el Estado de derecho y se ha convertido en un artífice de la resistencia de los peores representantes del autoritarismo.
Con su intransigencia obligó a la ruptura del diálogo político nacional hace un año, subordinó los intereses del Estado y del Gobierno Federal a los de un grupo de caciques y políticos, defensores de la imposición y de la impunidad.
¡No sólo eso; se enfrentó al propio titular del Ejecutivo y al Procurador General de la República! ¡Con tal desfachatez e ignorancia que ahora tiene que enfrentar la resolución en su contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación!
¿Hasta dónde llegará esa línea atrasada de ostentar el poder? ¿Cuántos perjuicios más asestará en su resistencia a cambiar?
Con la resolución aludida de la Suprema Corte, es evidente que ocupa indebidamente el gobierno de Tabasco ese señor. Pero esa resolución nos debe llamar la atención, sobre todo, hacia lo que hace falta para que en México las reglas de la competencia electoral sean claras, imparciales, objetivas y respetadas por todos.
Por eso estamos participando también en el diálogo para la reforma del Estado. Pugnamos por una reforma electoral que dé certeza, claridad, a todo proceso electivo; que termine con el fraude, con la impunidad, con el despilfarro, los abusos y las componendas.
La situación en Tabasco, frente a la voz moralmente autorizada de la resistencia civil, se ha ido conduciendo peligrosamente por el camino de las trampas pretendidamente legales, la descalificación desde las altas esferas oficiales, la aplicación de la violencia y el encarcelamiento de campesinos e indígenas, la agresión a líderes, diputadas y diputados federales de nuestro partido, en una escalada que tiene que ser detenida cuanto antes para dar paso a la política y a una solución justa del conflicto.
El 2 de febrero comenzaron los desalojos, la violencia y los encarcelamientos. Es lamentable la actitud de las autoridades cuando compañeras y compañeros diputados federales del PRD, así como dirigentes nacionales de nuestro partido, quisieron dialogar con el subdirector de Pemex, Humberto Lira Mora, fueron víctimas de agresiones o fueron tratados con engaños. ¿Ese es el equilibrio de poderes que se quiere desde el Gobierno Federal? ¿Se trata de perpetuar la imposición del Ejecutivo, la subordinación o el desconocimiento de las funciones del Poder Legislativo? ¿Acaso el derecho constitucional de audiencia ya fue abrogado.
El PRD y su grupo parlamentario están empeñados en que exista un auténtico equilibrio de poderes en México y si bien hoy la ley ofrece ambigüedades al respecto, estamos comprometidos a fortalecer el papel del Congreso y las funciones de los legisladores, para poner fin a la prepotencia del Poder Ejecutivo.
Los enemigos de la reforma del Estado, que cada día muestran más su verdadero rostro, se equivocan, no cancelarán el pluralismo y la expresión de las voces de la inconformidad social y ciudadana de los representantes de la lucha por la democracia y la civilidad en nuestra patria. Si se actúa con responsabilidad y de acuerdo a derecho, la infundada petición de desafuero al senador Auldarico Hernández Gerónimo no prosperará, pero si en el Congreso mexicano se impone la violación a la ley, la imposición de la mayoría, la persecución y la intransigencia, será un acto de vergüenza histórica y de atropello a los derechos ciudadanos de incalculables consecuencias políticas y sociales.
A pesar de esas señales los esfuerzos en favor del diálogo y la negociación continúan y en ello está comprometido nuestro grupo parlamentario.
El día de ayer los campesinos e indígenas que realizan actos de resistencia civil pacífica en el Estado de Tabasco, acordaron retirar durante todo el día de hoy los bloqueos a distintas instalaciones de Petróleos Mexicanos en esa entidad, como prueba de voluntad para llegar a un acuerdo con el Gobierno Federal y para facilitar las tareas técnicas de mantenimiento requeridas.
Después de 15 días de bloqueos pacíficos a 60 pozos e instalaciones de la paraestatal, de contar ya con 107 detenidos y de haber sido víctimas de agresiones físicas, una vez más el movimiento tabasqueño demuestra su voluntad por encontrar una salida pacífica que atienda las reivindicaciones de los chontales y por extensión las de todos los connacionales que nos sabemos dueños del petróleo al servicio de la patria.
Si en las pláticas en Gobernación, que hoy continúan y a las que asiste nuestro compañero coordinador del grupo parlamentario del PRD, diputado Jesús Ortega Martínez, se entiende y se atiende este mensaje, se estará abonando el camino del cambio democrático, del respeto a la participación social y ciudadana, de la consolidación del pluralismo político en la sociedad y en el Congreso, con lo cual podrán detenerse las voces de la impunidad y la soberbia que quisieran, por ejemplo, que la legislatura continuara siendo el lugar de la docilidad y del silencio, de la subordinación al Ejecutivo.
Dejamos claro entonces nuestra inquebrantable voluntad por defender los legítimos reclamos de los chontales de Tabasco, al tiempo que defendemos la necesidad de construir un poder legislativo plural, democrático, autónomo y con capacidad de contribuir a la transición democrática que requiere nuestra nación.
Así también hacemos votos por el acuerdo de esta respetable Comisión Permanente del miércoles anterior en el sentido de que las soluciones a la problemática tabasqueña se encuentren por la via del diálogo responsable y civilizado, en aras de lograr la concordia y la paz con dignidad para todos los mexicanos. Democracia ya, patria para todos.
El Presidente:
Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señor Presidente:
Para el Partido del Trabajo los bloqueos realizados por los campesinos, pescadores e indígenas tabasqueños a 61 pozos petroleros, son expresión del rezago social que agobia a todo el país y que en este caso se profundiza por la actividad depredadora de Pemex. La entidad paraestatal, lejos de responsabilizarse del daño ecológico que produce a tierra y mar, que impide las tareas productivas de miles de mexicanos, hace mutis y no responde claramente a las demandas de los afectados; por cierto, habría que recordar que la propuesta de reforma de ley en materia ecológica que actualmente se discute en comisiones, incorpora un principio básico promovido por diversas organizaciones ecologistas que descarga el costo del daño ambiental sobre quien lo produce, principio ético y político que no debemos hacer a un lado.
Pero, sobre todo, es necesario señalar que los acontecimientos del Estado de Tabasco se suman a la larga lista de problemas que desde hace más de un año afectan esa zona del país, que han pasado desde la ilegítima e inequitativa elección del gobernador hasta querellas de orden judicial sobre las distintas competencias de los diferentes niveles de gobierno. Tabasco, debemos aceptar, se debate entre la ilegitimidad de su gobierno y la ingobernabilidad que afecta la vida de todos sus habitantes.
Aunque las acciones mantenidas por Ios campesinos tabasqueños son pacíficas y forman parte de una resistencia civil legítima, no por ello dejan de afectar la actividad productiva de Pemex y por extensión de la economía nacional, por lo que resulta totalmente urgente que el Gobierno Federal resuelva las justas demandas de amplios sectores de aquellos pobladores en aquella entidad del país.
A estas alturas del conflicto no valen más espaldarazos que fortalecen autoritarismos porque sólo se profundizaría la descomposición y encono en que viven los actores políticos del Estado; lo que requiere Tabasco, son soluciones de fondo que garanticen el tránsito a la democracia, restablezcan la gobernabilidad y promuevan el bienestar de su población, todo ello con apego al estado de derecho y recuperando el principio de la aplicación oportuna de la ley.
Lamentablemente, contrario a lo que necesitan los tabasqueños, ha prevalecido la cerrazón y represión por parte de los gobiernos estatal y Federal; de parte del partido en el Gobierno sólo muestras de endurecimiento como lo expresa la solicitud de desafuero promovido por los legisladores priístas. A ello hay que sumar la cancelación de la presentación del Programa de Protección Ambiental de Pemex ante la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados el martes 12 de este mes. Este pudo haber sido un foro adecuado para abordar algunos de los problemas implicados en la situación de Tabasco o ¿será acaso que Pemex rehuye responder a los cuestionamientos que la población le hace en torno al grave daño que hasta ahora han causado sus actividades en diversas regiones del país y del manejo oscuro de los recursos que supuestamente deatina para indemnizar a los particulares afectados y para corregir el daño ecológico? Situaciones como ésta en nada contribuyen a la solución de los problemas y tienden a enardecer el descontento social.
Ante la delicada situación que guarda el Estado de Tabasco, el Partido del Trabajo se manifiesta para resolver las demandas de los campesinos pescadores e indígenas tabasqueños, que la Secretaría a cargo de la ciudadana Julia Caravias realice en un tiempo establecido el estudio de los impactos ambientales de la actividad de Pemex en la zona, que establezca los daños causados para que se puedan definir costos y medios para atender el problema con los recursos aportados por Pemex al Estado tabasqueño y con recursos extraordinarios del Gobierno Federal y de la propia paraestatal.
Que la mesa de coyuntura de la reforma del Estado continúe realizando acciones que ayuden a su pronta solución, sugiriendo acciones coordinadas de las diversas secretarías, Pemex, gobierno estatal y los afectados; que el director de Pemex asista cuanto antes a las comisiones respectivas del Senado y de la Cámara de Diputados para presentar su programa de protección ambiental y se discutan las medidas de largo plazo que eviten y prevengan problemas similares.
Que se acelere la investigación sobre los recursos económicos usados durante la campaña del hoy gobernador del Estado y se actúe en consecuencia para restablecer la legitimidad y gobernabilidad perdidas.
Para el Partido del Trabajo es importante destacar la disposición mostrada por la Secretaría de Gobernación al recoger la petición de los grupos parlamentarios de esta Comisión Permanente de instalar la mesa de coyuntura para atender la delicada situación de Tabasco. Asimismo, tenemos que reconocer y alentar la voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos expresada por las partes en conflicto, hacemos votos porque el diálogo fructifique y se llegue a la mayor brevedad a los acuerdos de fondo que reclama la entidad, la nación así lo demanda.
La nueva cultura política para tratar conflictos regionales con repercusión nacional hoy está a prueba y aquí el Gobierno Federal no puede eludir su responsabilidad que es grande, sumamente grande.
Muy amable. Gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el senador Angel Sergio Guerrero Mier.
El senador Angel Sergio Guerrero Mier:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Quiero antes que nada llamar la atención del pleno de la Comisión Permanente respecto a algunas consideraciones de tipo jurídico que considero es elemental hacer para diferenciar y más que nada para precisar las diferencias que existen entre diversos conceptos que se han venido expresando en torno del conflicto que se afronta en el Estado de Tabasco.
Creo que es muy importante que reiteremos la necesidad de esclarecer plenamente lo que es el fuero constitucional y lo que es la inmunidad procesal. Se ha hablado y se sigue hablando de un juicio de desafuero, no existe ni en la Constitución General de la República ni en las leyes secundarias que reglamentan el aspecto de responsabilidades de los servidores públicos federales, ningún juicio de desafuero.
El fuero constitucional no es más que la inviolabilidad de que gozan los senadores y diputados integrantes del Congreso de la Unión para no ser reconvenidos ni recriminados por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus cargos. Esto es algo que data desde el derecho parlamentario del siglo pasado en cuanto a la necesidad de investir al legislador de una protección constitucional que lo pusiera a salvaguarda de cualquier intento de vedar su derecho de libre expresión y de vedar o impedir el ejercicio pleno de sus opiniones políticas, económicas, sociales o jurídicas.
Y se ha mantenido en el derecho constitucional moderno, precisamente como una necesidad evidente que sobre todo los integrantes del Poder Legislativo deben tener para gozar de esta inviolabilidad y de ahí se deriva también la inviolabilidad de los recintos parlamentarios.
Entonces el fuero constitucional es esa facultad y es esa potestad de que disfruta no cualquier funcionario, exclusivamente los diputados y los senadores y termina desde luego con el propio encargo o se suspende cuando existe alguna de las cuestiones que se contemplan a propósito de la inmunidad procesal, pero no hablemos del juicio de desafuero, no hay juicio de desafuero, el desafuero es esa facultad implícita al ejercicio del cargo de legislador.
De lo que si debemos hablar es de la inmunidad procesal, ésa es otra cuestión jurídica que surge no del 61 constitucional, surge del 111 de la Constitución, que sí corresponde a las responsabilidades de los servidores públicos federales y esta inmunidad procesal, solamente a través del procedimiento denominado, valga la redundancia, declaración de procedencia, que es una facultad de la Cámara de Diputados, es como puede levantarse como puede suspenderse o puede levantarse, para el efecto de que el funcionario al que se le retira la inmunidad procesal, pueda ser sujeto de un procedimiento de tipo penal. Esa es la esencia constitucional y jurídica de la inmunidad procesal.
Se habla también, creo yo, que a veces contribuyendo a confundir mucho a la opinión pública del juicio político y de la declaración de procedencia como cuestiones similares. Tampoco lo son y eso tenemos que dejarlo muy claro. El juicio político, conforme al 108 y al 109 constitucional, es un procedimiento que se inicia en función de actos u omisiones cometidos por un funcionario público, no solamente legisladores, sino que habla de funcionarios del Ejecutivo, de funcionarios del Poder Judicial, de los gobernadores y de los congresos locales, pero por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho y la ley secundaria ahí precisa en ocho causales, con toda claridad, cuándo se causan perjuicio a los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho.
Entonces el juicio político va con otro enfoque, con otros propósitos, con otros objetivos y también definido por otras causales jurídicas que se tienen que dar para su procedencia.
¿Por qué se acude, lo decíamos en alguna ocasión desde esta tribuna con tanta asiduidad al juicio político? No obstante que éste es por estos actos u omisiones, exactamente detallados y especificados en la ley secundaria y que son materia de un procedimiento en el que se tiene que demostrar por el denunciante cuáles son estos actos u omisiones que constituyen la justificación del despido de un funcionario público, porque ésa es la sanción que lleva el juicio político, no lleva ninguna sanción de juicio penal, lleva la destitución del funcionario a quien se encuentra culpable de estos actos u omisiones o su inhabilitación para el desempeño de cualquier otro cargo público.
El juicio político se dice que a veces irresponsablemente o superficialmente es desechado desde la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados, integrada, como sabemos por diputados de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, sin entrar al fondo del análisis de los hechos denunciados y es que en esto esta comisión, esta subcomisión de examen previo y después si pasara también a la sección instructura de la propia Cámara de Diputados, debe ser materia de evidencias, de pruebas que demuestren el acto u omisión sancionable por parte del funcionario que es sujeto a juicio político. Si no se aportan pruebas y evidencias, es lógico que la subcomisión de examen previo carece de materia para poder pretender que sí es procedente un juicio político y que por lo tanto el pleno de la Cámara de Diputados, como jurado de acusación, lo turne al Senado para que actúe como jurado de sentencia. Es otra cosa el juicio político.
La declaración de procedencia en la que estamos, la declaración de procedencia sí lleva desde luego el requerimiento y la necesidad jurídica indispensable de que exista antes la denuncia de un hecho penal o de que se ejercite la acción penal por parte de la autoridad del Ministerio Público Federal, encargada constitucionalmente del ejercicio de esta acción, pero la declaración de procedencia no significa tampoco el desafuero del legislador; significa exclusivamente que si se encuentra procedente de acuerdo con los elementos que aporte la propia autoridad encargada del ejercicio de la acción penal, con base en esas pruebas o en esas presunciones, pueda encontrarse la procedencia del retiro de esta inmunidad procesal, y el retiro de esta inmunidad procesal, no conlleva tampoco un cese o una separación fulminante y categórica del legislador o del funcionario público de que se trate, para separarlo, para cesarlo inmediatamente de su encargo.
No, conlleva primero una suspensión, mientras dura la tramitación del respectivo proceso penal, el cual si concluye con sentencia absolutoria, implica el inmediato regreso al ejercicio de sus funciones del funcionario acusado y solamente en el caso de ser declarado culpable, pierde precisamente la inmunidad procesal y queda definitivamente sujeto y separado de su encargo.
Estas son cuestiones que a veces parecen baladíes, pero es muy importante porque todos los días vemos en medios de comunicación declaraciones que se vierten en función del desafuero.
El desafuero desde luego va implícito, pero va implícito como consecuencia precisamente o del juicio político o del término del encargo para el que fue elegido un representante popular o para el que fue designado un funcionario del Poder Ejecutivo y lógicamente termina esa inviolabilidad de emitir sus opiniones sin estar sujeto ni poder ser reconvenido por ello.
Estas creo que son precisiones muy importantes, importantes en función de que no se pretende en ninguna forma cuando se inicia un juicio de declaración de procedencia, el actuar como una espada de Democles que va a cortar la cabeza del legislador o del funcionario público de inmediato o como consecuencia de una decisión política. Nada más lejos de la verdad; ni de una decisión política ni de un acto voluntarista que signifique solamente el buscar una revancha, el buscar un castigo o el buscar inclusive una venganza de tipo políticoelectoral ni mucho menos. Depende de un procedimiento jurídico que es precisamente el procedimiento de tipo penal y que depende también del Poder Judicial de la Federación en materia de las autoridades que actúan y conocen de los procesos.
Esto creo que es necesario puntualizarlo, como también es conveniente el que hagamos alguna reflexión en torno de situaciones que a veces se pretenden hacer aparecer como conflictivas en materia de legalidad y en materia de justicia.
Ciertamente ha habido a lo largo del proceso legislativo de todos los países del mundo, a veces leyes injustas, pero en estas leyes injustas hay los medios correctivos en función de los recursos que las propias leyes conceden para definir la injusticia o la ilegalidad propia misma de una ley, valga la redundancia, pero el pretender aparecer como una contradicción que evita o que debe evitar el cumplimiento de la ley por tratarse de acciones justas en materia de reivindicaciones sociales o en materia del ejercicio de un derecho, es algo que no puede ser contradictorio en un estado de derecho.
Cualquier régimen político en el mundo actual tiene que sustentarse esencial y fundamentalmente en un estado de derecho. Si este estado se violenta, se rompe, se cae en la anarquía y se cae en el caos.
Yo no quiero ni descalificar apriorísticamente el ejercicio de una reivindicación social que nos puede parecer justa, en materia de daños, de deterioros, en materia de la supuesta prepotencia y soberbia de una empresa paraestatal que no ha tenido la capacidad de atender los problemas sociales derivados de la explotación del petróleo, pero sí quiero puntualizar y hacer un llamado en materia de que no se vale, con base en argumentos de revindicación o de lucha social, violentar el estado de derecho, porque entonces se cae en la comisión de un delito.
Y si en nuestra legislación, con normas jurídicas de tipo general, que deben ser cumplidas y sobre todo aquellas normas de carácter penal, que señalan lo que debe ser o lo que no debe hacerse so riesgo de ser acreedor a una sanción económica o corporal, del tipo que queramos, pero de las que señala la ley, entonces estaríamos cayendo francamente en una violación de lo que debe ser conforme a un estado de derecho la prevención y la sanción de los ilícitos que se cometen y consecuentemente poner en tela de duda todo un estado de derecho.
Yo creo que los argumentos relativos a reivindicaciones y a luchas sociales se deben realizar y qué bueno que vemos acciones en el momento actual, que vemos el deseo de concertación política, que vemos que a través del diálogo, que a través del entendimiento se van resolviendo, confiamos en que así siga y en esto resulte la solución de problemas, para evitar precisamente el que en ejercicio de acciones legales se hable de represión o se habla inclusive hasta de supuesta violencia institucional.
No se puede tampoco pensar que a la luz de nuestro derecho positivo y en especial el de carácter penal, podamos establecer en nuestras disposiciones, en nuestras normas jurídicas del Código Penal Federal, excepciones a la regla general.
¿Se pretendería acaso decir, el delito de sabotaje se comete por aquellos que atentan contra instituciones públicas, contra los bienes de la nación o empresas estatales etcétera, ah, en aquel caso de movimientos sociales no se comete el delito? Eso llevaría a un absurdo, a un total absurdo que desquiciaría y distorsionaría completamente todo lo que es un sistema de derecho.
Yo creo que estas reflexiones no son en justificación desde luego, ni de deficiencias, errores, inclusive injusticias que se hayan cometido en materia de la explotación del petróleo. Yo creo que existe la voluntad política, que existe la decisión en el Gobierno de la República de corregir esas situaciones, pero también, que se entienda, no se puede invocar una reivindicación social para violar el derecho.
Vivimos, quiérase o no, en un régimen de legalidad y si no se actúa conforme a la norma jurídica aplicable al caso, violentamos ese estado de legalidad, distorsionamos el estado de derecho.
Reflexionemos todos juntos en estas cuestiones. Es una gran responsabilidad para el país. Ciertamente no se puede atentar contra la vida económica de la nación, que es una de las condicionantes para que puedan configurarse jurídicamente los elementos del tipo penal en el caso del delito de sabotaje. No está todavía comprobado. ¿Será materia de un procedimiento judicial, en su caso o será materia de otro tipo de acciones que en el ramo de procuración o de administración e impartición de justicia se lleguen a dar? Pero tampoco no nos desgarraremos las vestiduras. No es ni el fuero ni la inmunidad procesal, no es una patente de impunidad, es sólo eso: el que se tengan que cumplir requisitos jurídicos previos para que un legislador, para que un funcionario de los demás poderes pueda ser sujeto a juicio penal. Nada más, pero nada menos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra sobre el mismo tema el senador Félix Salgado Macedonio.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Gracias, señor Presidente:
Este día, 14 de febrero, es un día muy especial para los mexicanos, es el día del amor y la amistad. Por eso, vamos a ser más flexibles en esta intervención.
¿Saben ustedes que en la Secretaría de Gobernación hay pláticas entre Pemex, funcionarios del Gobierno Federal y la dirigencia de nuestro partido? Creemos que se está avanzando en la plática, se está avanzando en la negociación.
Ojalá que llegáramos a un acuerdo, a un consenso para que pudiéramos resolver este penoso conflicto de Tabasco.
Estuve, junto con más compañeros diputados y senadores, en Tabasco, visitamos los accesos a los pozos petroleros, recorrimos carreteras y comunidades y observamos como la gente, los campesinos, están firmes y convencidos en que es de esta forma pacífica y organizada como puede escuchar esta prepotente empresa Pemex sus demandas y consecuentemente resolverlas.
Estuvimos en Huatacalca, en Oxiacaque, en Belén y observamos la miseria en que viven, chozas de palma sobre pantanos, pantanos pestilentes. Hay mucha contaminación; ha afectado bastante Pemex el medio ambiente; su siembra se está perdiendo y observamos como el Gobierno Federal está completamente desentendido de este problema.
El compañero Andrés Manuel López Obrador, invitó, en declaración pasada, al presidente Ernesto Zedillo a que haga un recorrido por Tabasco o a que se designe una comisión del Gobierno Federal para que visite el lugar en conflicto, que vayan. Necesitan ir para poder entender si hay razón o no hay razón de este movimiento, pero habría que estar allá, habrá que ir.
Ustedes recuerdan que los compañeros tabasqueños hicieron una marcha, un éxodo de la Ciudad de México, de Tabasco a la Ciudad de México, demandando varias cosas; se firmó un documento el 8 de junio entre los campesinos de Tabasco y Pemex.
Ellos exigen pago inmediato a pescadores libres, de las lagunas contaminadas de Julibá, Santa Anita y Sánchez Magallanes. Exigen pagos pendientes por afectaciones con motivo de la explosión de gasolinoductos en plátano y cacao el 16 de febrero de 1995. Pagos individuales de daños pendientes que dejó la Ciar 100 que como ya se dijo fue un instrumento de corrupción y de hecho no resolvió ni la tercera parte de los problemas de afectación. Pago inmediato y revisar y corregir pagos incompletos o no hechos a extrabajadores de Pemex, a los que se han violado sus derechos laborales.
Esto ya data de hace mucho tiempo y solamente así, mediante la movilización ahora son escuchados.
No podemos seguir permaneciendo indiferentes o seguir sosteniendo argumentos pueriles o deshonestos; el tiempo apremia; las soluciones a los dramáticos problemas del Estado de Tabasco, deben buscarse de manera inmediata.
Yo me pregunto: ¿Por qué tanto afán de sostener el gobierno espúreo de Roberto Madrazo?, nos preguntamos ¿Por qué? Roberto Madrazo, ha convertido a Tabasco efectivamente en un edén para él, un edén de la corrupción. Hay muchos ciudadanos del PRI, que pueden ocupar esa investidura que tiene Madrazo. Que el Senado de la República pudiera designar un gobernador interino, un gobernador que armonice el Estado, que concite a todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales y partidos políticos a trabajar para sacar del atraso al Estado de Tabasco.
Sin embargo, se le sigue sosteniendo; se le sigue defendiendo. ¿Por qué el propio Ernesto Zedillo, en lugar de conducirse como Presidente de los mexicanos actúa como cómplice de quienes han burlado la honra del pueblo tabasqueño? Nos preguntamos: ¿Por qué actúa de esa manera Ernesto Zedillo? ¿Por qué los militares allá? ¿Por qué los policías judiciales? ¿Por qué los policías estatales echando mano a la represión?.
Estamos en espera de un respuesta a estas interrogantes y muchas más. Pero tal parece que el Gobierno Federal se ha propuesto escarmentar a los ciudadanos de aquel Estado con una política de cerrazón, para advertir a todos los mexicanos que el Gobierno está dispuesto a llegar, incluso, a las soluciones de fuerza más extrema con tal de solapar una imposición, el saqueo y la depredación de un pueblo entero y sobre todo, no perdonar el gran desafío que han significado los cerca de 10 años de lucha de un pueblo al que ni le vence, ni se le rendirá jamás. Un pueblo que ha resistido la represión y cuyos dirigentes han sido capaces de sortear los más difíciles obstáculos impuestos por el Gobierno.
En Tabasco se pone al centro la lucha por resolver los principales problemas que aquejan a la nación. Ahí, el régimen político ha encontrado severos cuestionamientos. El respeto a la voluntad popular se ha convertido en una demanda generalizada que exige resolución inmediata.
La lucha política ha lanzado a miles de ciudadanos a la calle en busca de satisfacción a sus justas demandas. El federalismo ha dejado de ser objeto de discusión para convertirse en la voz actuante de miles de ciudadanos que exigen equidad en los beneficios de una política petrolera que aporta enormes recursos al Gobierno y que sin embargo a ellos sólo les causa depredación, saqueo y miseria.
La lucha indígena se ha convertido en uno de los principales soportes del movimiento popular tabasqueño. La acción cívica de decenas de miles de ciudadanos en contra de las afectaciones derivadas de las operaciones de Pemex, habla de un gran movimiento por recuperar los espacios naturales indispensables para la vida.
En Tabasco se concentran en un solo as, los grandes problemas de la nación. Hoy, de lo que pase ahí, dependen cuestiones trascendentales para el país. La lucha contra la impunidad, la limpieza electoral, la impartición de justicia, el saneamiento de la administración pública, la corrección de las graves desproporciones del ingreso, la libertad a los presos políticos, el respeto al medio ambiente son, entre otros asuntos, pendientes en la tierra de los tabasqueños y en muchos otros lugares del país. Pocos se han atrevido a negar que el movimiento social de Tabasco sea justo. Sin embargo, la táctica del Gobierno, ha sido la de tratar de introducir la división y sembrar la desconfianza hacia sus dirigentes naturales mediante la calumnia, las amenazas y la represión. Han intentado socavar la impresionante fuerza desplegada por decenas de miles de campesinos pobres sin lograr su objetivo.
Nosotros, los legisladores perredistas, frente a la histeria con que se ha conducido el Gobierno y la bancada del PRI en contra del pueblo tabasqueño y sus dirigentes, les decimos: "ante las provocaciones mantendremos una actitud firme y decidida en defensa de la justa lucha que hoy enarbolan nuestros hermanos. No nos dejaremos amedrentar por las amenazas de desafuero al senador Auldarico Hernández Gerónimo ni por las órdenes de aprehensión en contra de nuestro dirigente moral Andrés Manuel López Obrador y otros dirigentes del movimiento".
Compañeros del PRI: creo que es necesario que abandonen su actitud arrogante. Desde esta tribuna les decimos que si luchar al lado de los indígenas y los campesinos desposeídos es para ustedes un delito que amerite nuestro desafuero, estamos dispuestos a afrontar las consecuencias que de ello se derivan. Si luchar contra un gobierno espurio significa transgredir el orden constitucional, nos declaramos culpables. Si mantener la dignidad de nuestro pueblo en alto es para ustedes una violación a la ley, estamos dispuestos a declararnos culpables, como ya lo hemos hecho, ante la misma Procuraduría General de la República.
Se ha trasladado al espacio de la reforma del Estado, la búsqueda de una solución a la problemática planteada; los avances no están a la vista, por el contrario, las cárceles se siguen llenando de luchadores sociales y los actos de represión, abuso y autoritarismo, se multiplican.
Permítannos decirles que se requiere de una gran voluntad para lograr una solución justa y pacífica a las demandas del pueblo tabasqueño. Difícilmente realizaremos el tránsito a la democracia si no se establecen las bases mínimas de respeto y acuerdo para darle cauces de solución al conflicto en Tabasco.
La reforma del Estado sólo será una mascarada si no es capaz de excluir las soluciones de fuerza por parte del Gobierno.
Demandamos inmediata solución a las justas demandas del movimiento de resistencia civil y pacífica y libertad a los presos políticos en Tabasco.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, el senador Humberto Mayans.
El senador Humberto Mayans Canabal:
Con su autorización, señor Presidente:
Muy breve, tomándole la palabra al senador Félix Salgado Macedonio, en términos del día de la amistad y de la fraternidad, también seremos prudentes, en términos de todo el debate de Tabasco que ya le hemos dedicado mucho tiempo y varias sesiones, y sobre todo con el afán de contribuir prudentemente a que avance la mesa que tiene el peso específico de desahogar los conflictos que se están dando en Tabasco y en la región y que está sesionando el día de hoy en Gobernación. Precisamente, el que esta mesa exista y el que se estén dando en estos momentos el diálogo, que según, las propias declaraciones de muchos legisladores del Partido de la Revolución Democrática van por buen camino, tanto en la televisión, como en la radio, como en los medios impresos el día de hoy y lo dicho precisamente por el senador Salgado Macedonio, nos demuestra que no es cierto que el Presidente de México, Ernesto Zedillo, sea cómplice de la represión y de los hechos que se están dando en Tabasco.
Primero, porque creo que no ha habido represión y en segundo lugar, porque el presidente Zedillo ha sido el primer interesado y ha dado instrucciones precisas para que se instalara la mesa de coyuntura, en donde se tratará específicamente el asunto de Tabasco.
Pero no solamente por este hecho, que es relevante en términos de Tabasco, del conflicto de la toma de pozos petroleros y desde luego de las instalaciones petroleras en la entidad, que muestra la voluntad de diálogo de concertación del Presidente de la República, que entiende que el único camino para salir adelante de este conflicto es el diálogo y la tolerancia.
¡Por eso negamos categóricamente que el Presidente esté avalando en ningún momento acciones que puedan romper el diálogo o que lleven a violentar la situación en la entidad!
Yo creo que esto es muy claro, pero también muestra de ello, de esta voluntad de diálogo y de concertación, es que el Presidente está empeñado en llevar a cabo la reforma de Estado, en donde participen absolutamente todos los partidos políticos y todas las fuerzas políticas de este país.
Existe la otra mesa, que ya señaló aquí la diputada, que es la de reforma del Estado, en donde, de común acuerdo con todas las fuerzas políticas, lograremos transitar hacia lo que el propio presidente Ernesto Zedillo ha llamado la normalidad democrática, que no es otra cosa que una democracia plena, sustentada en el Estado de derecho.
Yo creo que la muestra clara de voluntad de cambio, de transformación, de diálogo, de generar condiciones de estabilidad social y de paz del Ejecutivo Federal es clara por todos estos hechos y no solamente por la mesa de coyuntura y la situación que se está dando en la entidad, donde yo reitero que no ha habido realmente condiciones de represión por parte de las autoridades federales o estatales.
Por otra parte, es pertinente también señalar que el propio Presidente acaba de estar por ejemplo en Guanajuato, Estado gobernado por la oposición, en donde envía un mensaje de aliento a la nación en términos de la reforma de Estado y del federalismo mexicano, que va efectivamente en el sentido que la propia diputada aquí ha señalado en su documento, del fortalecimiento del Estado mexicano, de sus instituciones y de la desconcentración de funciones en términos del fortalecimiento de estados y municipios, en donde ahí encontraremos muchas de las respuestas que aquí se han señalado en esta tribuna.
¡Queda pues manifiesta la voluntad del Ejecutivo Federal, del doctor Ernesto Zedillo, del diálogo, la concertación, la tolerancia, como única vía para resolver los problemas regionales y coyunturales del país y de la nación toda!
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
Con el mejor ánimo, compañeras y compañeros diputados:
No cabe duda que Tabasco es una controversia que ha hecho crisis. Escuché con suma atención la intervención del senador Angel Sergio Guerrero Mier.
Yo creo que desde el punto de vista estrictamente jurídico, técnico, sus conceptos son válidos. Pero creo que desde el punto de vista de la realidad social, nosotros, el Poder Legislativo, estamos atrasados. Es decir, hay leyes que aunque estén vigentes son injustas. No puede ser correcta una ley que está ensuciando la casa, que está deteriorando el ambiente, que está destruyendo la naturaleza. Por lo tanto hay que hacer modificaciones.
Y cuando la sociedad se mueve y nos llama la atención, no tenemos más que recoger esas inquietudes y modificar las leyes. Si estoy en un error yo quisiera que me corrigiera el senador y por cuanto a lo que dice el senador de Tabasco, de que no cree que ha habido represión, con todo respeto, compañero, no sé si usted vio las noticias, pero está filmada la represión, están filmados los golpes, están filmadas las heridas y están los compañeros en la cárcel; eso se llama represión.
Ahora, si el Ejecutivo está dispuesto y está dando muestras de que se abran mesas de diálogo y demás, en buena hora, ésa es su área, es el Ejecutivo. Hagamos lo nuestro, conjuntemos esfuerzos pero acotemos cuando se esté abusando del poder.
Reitero, la posición del Partido de la Revolución Democrática es en el sentido de buscar soluciones pacíficas, civilizadas y legales a los conflictos sociales tan graves que ha venido acarreando el neoliberalismo, que ha provocado tanta pobreza, tanta marginación y tanta desesperación.
Gracias.
FUERO CONSTITUCIONAL DE LEGISLADORES
El Presidente:
Para tratar un asunto relacionado con el fuero constitucional a legisladores en el Estado de Tabasco, tiene el uso de la palabra el diputado Amado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Una excitativa a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Señores legisladores: en la situación de Tabasco nuestro grupo parlamentario ha decidido intervenir activamente en busca de una solución política, reivindicando el valor del diálogo para resolver este conflicto. Sin embargo, las respuestas de distintas autoridades federales y estatales, así como de cuerpos policiacos agrupados en la llamada base de operaciones mixtas y peor aún, por cuerpos de seguridad vestidos de civil y no identificados, ha sido contraria a ese propósito.
Queremos señalar aquí un acto a todas luces violatorio de la Constitución, suscitado el pasado 8 de este mes, cuando un grupo de dirigentes nacionales de nuestro partido, así como de legisladoras y legisladores federales, intentaron entrevistarse con el subdirector ejecutivo de Pemex, Humberto Lira Mora.
Las diputadas y diputados federales Víctor Quintana Silveyra, Raúl Livas Vera y Rosario Robles Berlanga, fueron objeto de agresiones verbales y físicas por cuerpos de seguridad que estaban presentes en las oficinas de Petróleos Mexicanos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Nuestros diputados acudieron allá a entrevistarse con el citado funcionario, quien previamente se había comprometido a una reunión con ellos, pero lejos de cumplir el compromiso, nuestros legisladores fueron víctimas de estas agresiones en donde, insistimos, hubo golpes contra los representantes populares.
Los diputados federales del PRD intentaron hacer valer su calidad de representantes populares y fueron insistentes en su interés en abrir un diálogo con el señor licenciado Humberto Lira Mora, buscando coadyuvar a la distensión y a la construcción de salidas pacíficas y justas a las demandas de los campesinos tabasqueños.
La violencia física ejercida en su contra es altamente preocupante, máxime cuando ahora estamos en esta misma soberanía en una tarea de reivindicar el papel del Legislativo y el equilibrio de poderes; éste se da, entre otras formas, en una relación respetuosa y de iguales entre los representantes de los distintos poderes.
Lo ocurrido el pasado jueves en Villahermosa demuestra el gran desprecio que aún existe entre distintos funcionarios del Gobierno hacia la legislatura. Ante esta situación que no puede terminar en la indiferencia, ya que existen mandatos constitucionales claros al respecto en el párrafo segundo del artículo 61 de la Carta Magna que a la letra dice: "El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma", nos impone solicitar una excitativa al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que de conformidad con lo establecido por la Constitución General de la República, se pronuncie públicamente en defensa del fuero constitucional y garantías constitucionales de los diputados federales que hemos señalado, quienes pertenecen al grupo parlamentario del PRD y solicite, en todo caso, una investigación en torno a los motivos de la agresión y en su momento tome las medidas legales pertinentes.
Muchas gracias.
El Presidente:
Trasládese lo anteriormente señalado por el diputado, a los señores presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, para lo que proceda.
ESTADO DE PUEBLA
El Presidente:
Para hablar sobre elecciones en el municipio de Huejotzingo en el Estado de Puebla, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores.
El PAN viene a denunciar hoy por mi conducto, algunos hechos que dejan en entredicho primero, las expresiones del Presidente en sus discursos en el extranjero sobre la supuesta legalidad de los procesos electorales. En segundo término, qué pasa con tantas declaraciones y posturas sobre la reforma electoral definitiva y sobre la reforma del Estado.
Yo creo que hay que empezar hoy por cumplir y no seguir resolviendo recursos por parte de los tribunales estatales electorales, en este caso el de Puebla, en forma amañada y dolosa como ha sucedido en el caso de la elección municipal de Huejotzingo, Puebla. Recuerden bien, señores, sobre todo del PRI, primero fue Chiapas, luego Tabasco, luego Yucatán, hoy Puebla y desgraciadamente mañana podemos estar viendo asuntos de igual naturaleza en Baja California, en Quintana Roo, en Hidalgo. Yo creo que no podemos seguir bajo este camino.
Para muestra sólo basta un botón y voy a documentar mi dicho: ¿por qué consideramos amañadas y dolosas las resoluciones del tribunal estatal electoral en las elecciones en Huejotzingo, Puebla, que le quitan un amplio triunfo al PAN para dárselo por sólo una diferencia de 28 votos al PRI, buscando anular una cantidad de casillas que permitieran cambiar el sentido del voto de los ciudadanos? El 12 de noviembre de 1994 se llevaron a cabo las elecciones en Puebla, el PAN obtuvo el triunfo en 23 municipios, uno de ellos Huejotzingo, de aproximadamente 50 mil habitantes, en donde existe un aeropuerto internacional que forma parte, junto con San Martín Texmelucan, también municipio ganado por el PAN, de un corredor de carácter industrial denominado "Quetzalcóatl", que según decreto del Ejecutivo estatal publicado el 28 de noviembre en el periódico Oficial, permite al Gobierno apropiarse de 2709 hectáreas con objeto de hacer este corredor industrial. Ahí hay intereses muy importantes y hoy viene el acaparamiento de tierras del gobierno, por parte del gobierno, para después poder negociarlas en lugar de dejar que si se va a hacer un corredor lo hagan los particulares entre sí y vendan los particulares a los demás.
Se da un acto de expropiación por utilidad pública en la cual la única utilidad pública es la parte de carretera que se tiene que poner y lo demás simplemente es acaparamiento de tierras para después realizarlas en beneficio del gobierno del Estado vendiéndola a particulares.
Pues bien, en este municipio los resultados según cómputo final del acta levantada el 15 de noviembre fueron los siguientes: 5835 votos para el PAN; 4928 votos para el PRI; 907 votos de diferencia. El PRI y el Frente Cardenista, el Partido del Frente Cardenista presentaron ambos en el mismo sentido impugnación de 13 casillas de las 44 instaladas; el PAN presentó su escrito en tiempo y forma en el carácter de tercero interesado manifestando que no procedía la nulidad en las casillas impugnadas.
Finalmente, después de una ola de rumores vertidos en los diarios locales que se revertirá el triunfo a favor del PRI, el tribunal estatal electoral en su última sesión que llevó a cabo y en el último punto del orden del día, decide por unanimidad declarar la nulidad en 11 casillas y robarle el triunfo al Partido Acción Nacional para entregarlo ilegalmente al PRI, basándose en la anulación de 11 casillas que modificaron el resultado en la siguiente forma:
Anularon en esas 11 casillas, 1,109 votos del PRI y 2 044 del PAN y esto le permite tener al PRI una victoria por escasos 28 votos. Pero, decimos que el carácter doloso se encuentra bajo las siguientes apreciaciones: de las 11 casillas anuladas todas las ganó el PAN por una diferencia mucho mayor a 28 votos, lo que significa que con una sola de ellas que no se hubiese anulado, de cualquier manera seguiría siendo el triunfador el Partido Acción Nacional.
De las 11 casillas anuladas existen diversas en donde se muestra claramente una situación parcial del Tribunal Estatal Electoral. Voy a exponer dos ejemplos a continuación:
La casilla 660 básica: el PAN 160 votos y el PRI 74; el PRI se quejó de que la casilla se instaló a las 8:20 horas y que aparece como segundo escrutador el ciudadano Pedro Morales Ceinos, quien firma acta de escrutinio e incidentes violentando las disposiciones de la Ley Electoral. El PAN contesta que el segundo escrutador que actuó en esa casilla es la persona autorizada por ley, que si bien existe una diferencia en el apellido materno asentado en el espacio donde se transcribe el nombre completo del funcionario de la casilla, sólo obedece a una imprecisión en la transcripción del mismo, nuestro dicho lo sustentamos anexando las actas levantadas en la mesa de la casilla el día de la jornada electoral, así como la credencial original de elector, del señor Pedro Morales Corona, para que se analizara la firma con las asentadas en las actas; todas ellas coinciden plenamente y por ende no se satisface el hecho de que actuó persona no autorizada.
El tribunal sin embargo resolvió que es fundado el agravio que se relaciona en la casilla 660 básica, la cual fue instalada a las 8:20 horas y actuó como segundo escrutador Pedro Morales Ceinos, persona que no estaba autorizada para fungir como tal pues la publicación oficial aparece como segundo escrutador respectivamente Pedro Morales Corona y José Silvino Camacho Moreno.
Y en esas condiciones resuelve el tribunal: es procedente decretar la nulidad de la votación recibida.
Un segundo caso que les planteo, de la casilla 655 contigua: PAN 203 votos, PRI 131 votos. El PRI pone una queja de que se cometieron irregularidades, irregularidades porque actuaron cinco personas como funcionarios pretendiendo acreditar su dicho argumentando que en el acta de instalación aparece como primer escrutador el ciudadano Arturo Núñez Ramírez y que en el acta de escrutinio aparece la firma del nombre anterior pero además la del ciudadano Gelasio Núñez R., lo que hace presumir que hubo dolo.
El Partido Acción Nacional demuestra con documentos suficientes que es la misma persona, que el señor que aparece como Arturo Núñez Ramírez es Gelasio Arturo Núñez Ramírez; muchos de nosotros tenemos dos nombres y a veces no utilizamos uno de ellos y por lo mismo desde nuestra demostración resulta improcedente la anulación de esta casilla, sin embargo el tribunal estatal resuelve que como aparecen dos firmas distintas, una del escrutador Arturo Núñez Ramírez y otra la de Gelasio Núñez y con esto actuaron cinco personas, se viola el principio de certeza, además se menciona que la credencial de elector que se anexó es insuficiente para determinar que ambas personas son las mismas y que el hecho indebido consiste como aparecen dos firmas, actuaron personas contra lo establecido por la ley. Se anula la votación.
Pero muy bien, decimos que hay dolo porque para ese mismo día también el mismo tribunal estatal electoral resuelve otro caso también, pero de otro municipio, con las mismas consideraciones pero nada más que resuelve en sentido diferente. ¿A qué se debe esto? Es decir, por ejemplo, en las elecciones del municipio de Huauchinango se muestra una demanda, una denuncia en contra del PAN, una de las casillas, la 599 básica, argumentando que en el acta de instalación y clausura, el funcionario que actuó como presidente no coincide en ninguna de las referidas actas, por lo que se trata de personas diferentes.
El PAN sustentó que no eran personas diferentes y que era una imprecisión en la transcripción; sin embargo el tribunal que antes resolvió que no se podía con las pruebas que habíamos presentado en los casos por ejemplo de Huejotzingo, en este caso resuelve ese mismo día, el mismo día que resuelve el de Huejotzingo el de Huauchinango y dice: como se aprecia, en ninguno de los documentos electorales suscritos por los funcionarios de las mesas directivas de casilla impugnada, coincide con el nombre del presidente de la misma, con el publicado; empero, de todos estos datos se infiere fundamentalmente que sólo se trata de un error en el llenado de esas constancias; el hoy actor, PRI, no ofreció prueba alguna para acreditar que varias personas ajenas con nombres similares actuaron durante diversos momentos de la jornada electoral.
Por tanto, de la confluencia de estos elementos de convicción, resulta infundado el agravio aducido en cuanto a esa casilla se refiere.
Dos casos idénticos resueltos con dos medidas idénticas, en uno la anulación de la casilla y en el otro la no anulación de la casilla. Existe desde nuestra parte, desde nuestro punto de vista, precisamente cuál es la interpretación que se tiene que dar a la ley, cómo se está manejando una ley electoral. Obtengan ustedes sus propias conclusiones, señores.
Finalmente cabe señalar que el tribunal ni siquiera verificó que el cómputo municipal realizado el 15 de noviembre fue correcto, ya que independientemente de la anulación de las 11 casillas, el Partido Acción Nacional sigue siendo el partido que obtuvo el mayor número de votos de la elección y esto se desprende de la razón que la suma de votos en cada una de las actas de escrutinio y cómputo, da un total de 5,934 votos y no de 5,835, es decir, 99 votos más; sin embargo el tribunal no toma en cuenta la suma precisa de los votos que se habían dado al Partido Acción Nacional por parte de los ciudadanos.
Pero por otro lado todavía resulta más grave el que los magistrados del tribunal estatal electoral, emitan decisiones de esta naturaleza, cuando no habían sido ya ratificados. El artículo 183 del Código Electoral del Estado de Puebla, establece que los magistrados durarán en su cargo, y así está textualmente, el año de la elección ordinaria o durante el tiempo que se fijare para las extraordinarias. La elección fue en el año 1995 y no ha habido ninguna ratificación para que ellos puedan actuar a partir de enero de 1996. En consecuencia, los magistrados no tienen ni siquiera las facultades para haber dado esos dictámenes en las fechas de enero, podrían haberlo hecho, en su caso, hasta el 31 de diciembre, sin embargo, se están considerando válidas todas estas situaciones.
Lo único que nos queda por decirles, señores, es ¿qué está pasando? ¿vamos a seguir así? No podemos dejar de señalar que éstos son sucesos lamentables, precisamente en los momentos en que estamos buscando acuerdos para lograr una reforma electoral que satisfaga condiciones justas y equitativas en la competencia.
Señores diputados, señores senadores: si no existe voluntad real para dejar atrás este tipo de prácticas viciadas y atropellos a la voluntad ciudadana, no podrá haber una auténtica reforma política. Que lástima que en los estados se sigan teniendo estas conductas tan irregulares.
El Presidente:
Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Prisciliano Gutiérrez Hernández.
El diputado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Por existir hechos fundados en diferentes preceptos vigentes del Código Electoral del Estado de Puebla, el Partido Revolucionario Institucional impugnó, como ya se ha dicho, 11 casillas electorales con base en dos supuestos jurídicos principales:
Primero, fueron instaladas en lugar distinto al autorizado por el decreto oficial; y segundo, actuaron como funcionarlos de las mismas personas distintas a las señaladas en los listados aprobados por el consejo municipal electoral.
El 15 de noviembre el comité municipal electoral de Huejotzingo, perteneciente al VII distrito con cabecera en San Martín Texmelucan, sesionó para realizar el cómputo de las elecciones del ayuntamiento, cómputo que concluyó el día 16 del mismo mes, resultando como se ha dicho también y coincidimos con las cifras, 5835 votos al Partido Acción Nacional y 4928 al Partido Revolucionario Institu-cional.
En función de que las disposiciones electorales contenidas en la Constitución Política del Estado de Puebla y en su Código Electoral, se fundan en principios rectores del régimen jurídico que sustenta el sistema de partidos y los procesos electorales, principios que son: imparcialidad, certeza, transparencia y equidad, las fuerzas políticas, los actores políticos que participaron en los recientes comicios locales en el Estado, actuaron con la finalidad de asegurarse de que el proceso estuviera en todo momento apegado a derecho y a los principios antes enunciados. No obstante lo anterior, pudieron acreditarse pruebas fundadas, pruebas fundadas reitero, de validez plena, según lo establece la propia ley electoral; se probaron diversas irregularidades en las casillas enunciadas.
El PRI consideró que se violentaban claramente tales principios normativos y que esto desvirtuó uno de los propósitos de la reciente reforma electoral en Puebla, propósitos y valores democráticos como el de la confiabilidad, como la agilidad en el proceso de votación de la ciudadanía. Estimamos pues que las anomalías detectadas y, repito, debidamente comprobadas, propician claramente la confusión y en todo caso el abstencionismo.
En este tenor, el 19 de noviembre el PRI interpuso recursos de inconformidad contra el cómputo de la elección de ayuntamiento, que también fue impugnada por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y que el propio tribunal ordenó acumular en un solo expediente, ya que se referían a los mismos actos. Aún habiendo interpuesto por diferentes partidos políticos en términos de la ley, el tribunal se consideró competente para conocer estos recursos y después de un análisis amplio con el desahogo correctamente realizado en tiempo y forma de las pruebas de cada quejoso y del Partido Acción Nacional, determinó la nulidad de la votación en 10 casillas, lo cual modificó el resultado final conforme lo determina que declara legal y legítimamente la Ley Electoral.
En el propio tribunal estatal electoral de Puebla y en el Congreso del Estado ha quedado sentado en sendas publicaciones, el proceso jurídico realizado para resolver esos recursos y que llevaron a la anulación de la votación en las casillas que ya se dijo por los supuestos también antes mencionados.
Cabe hacer notar que de los 11 agravios esgrimidos por el PRI, el tribunal electoral declaró infundado uno de ellos y en el caso de los ocho interpuestos por el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional declaró tres de ellos infundados. Para ambos casos se presentaron pruebas, pruebas documentales públicas y privadas que desde luego en el caso de las primeras, esto es documentales públicas, está la certificación del secretario del ayuntamiento de Huejotzingo que hace constar que cinco casillas fueron instaladas en lugar distinto del autorizado por el comité municipal electoral, así como el acta levantada por el Ministerio Público de la localidad, que da fe de esas ubicaciones incorrectas, siendo de valor probatorio pleno el documento, de acuerdo con lo establecido por el artículo 201 del Código electoral local que se comenta.
Entre las documentales privadas se encuentran múltiples fotografías donde constan las ubicaciones anómalas y que fueron certificadas por notario público. No obstante la claridad de estas irregularidades, el Partido Acción Nacional difundió un panfleto donde falsea los hechos y trata de rebatir lo que en términos de ley es definitivamente irrebatible. Cuestiona la estructura jurídica y electoral del Estado y, obcecado, llegó al extremo de ofender públicamente en la máxima tribuna del Estado a los magistrados y amenazar también en sus hogares y por teléfono a los mismos funcionarios.
También los diputados recibieron amenazas. Esta es una actitud que siempre hemos entendido como intolerante, que vulnera lo que debe ser un público compromiso: respetar la ley, respetar la ley siempre, no únicamente cuando el contenido de ésta nos beneficia.
Esto es particularmente evidente cuando se llega a afirmar que un candidato obtuvo una cantidad de votos que no concuerda con la realidad. El PRI, compañeras, compañeros de partido, el PRI, compañeros legisladores, el PRI sólo exige que se aplique cabalmente el derecho y que así como admitió su derrota en otros importantes municipios del Estado de Puebla y de otros estados, se reconozcan cabalmente los que la ley y la votación ciudadana le han otorgado y que es plenamente válida la revocación de la constancia de mayoría que la autoridad electoral había expedido originalmente, porque la propia ley prevé la posibilidad de interponer recursos y que éstos modifiquen el resultado si con ello se resarce la imparcialidad y la justicia.
No está en entredicho de ninguna manera la supuesta legalidad, no está en entredicho desde luego la reforma electoral definitiva ni la voluntad política para reformar el Estado de manera integral. No existe presunción alguna de ilegalidad en los estados de Baja California Sur, que todos sabemos cuáles han sido y de qué manera se llevaron a cabo. No existe presunción de ilegitimidad en Quintana Roo y mucho menos en mi Estado, el Estado de Hidalgo. No existen de ninguna manera fundamentos para adjudicarnos calificativos de amañadas y dolosas a unas elecciones que se han ajustado al mandato del estado de derecho.
Si bien es cierto que aquí se ha mencionado que existen intereses o acumulamiento de tierras por parte del Gobierno, eso definitivamente no forma parte de la litis que en este momento se discute. Es un asunto al margen.
Se habla de que existen diferencias en el apellido materno y que se han probado una seria de circunstancias, esto es, desde el punto de vista de quien así lo estima, pero la autoridad competente ya decidió: el cambio de apellido materno hace que una persona sea diferente.
Cuando se afirma que existen dos casos idénticos, es una falta de respeto al principio lógico, supremo de identidad. No existen dos casos idénticos, podrán existir casos similares, análogos, pero nunca idénticos.
En cuanto a la personalidad de los magistrados. Si ésta no fue impugnada en tiempo y forma no se pretende, no se pretenda a toro pasado hacer una impugnación que no se realizó cuando la propia ley pudiera haberlo previsto.
Por otra parte, el día de hoy están apostadas en Huejotzingo 200 personas aproximadamente, encabezadas por la señora Ana Teresa Aranda, dirigente panista, con el propósito de tomar el palacio municipal. En su mayoría son personas que provienen de otros municipios, como Cholula, San Martín Texmeculan y Atlixco. El gobierno del Estado está gestionando una solución pronta a esta situación tensa, a través del diálogo, para no tomar medidas legales que estipula el propio orden jurídico para preservar la seguridad pública.
Queremos hacer un llamado a la cordura, un llamado a permitir la vigencia del estado de derecho.
Dos, son las condiciones para que exista claridad en los planteamientos, para que exista claridad en los procesos electorales:
Primero, reglas del juego claras; segundo, voluntad institucional de que estas reglas sean respetadas.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Tiene usted el uso de la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
Con su permiso, señor Presidente; señores legisladores:
Muy bien todo lo que ha expresado aquí el diputado que me antecedió en la palabra, nada más que volvemos a recurrir, a demostrar que no son hechos idénticos, pero que son similares, estoy totalmente de acuerdo, en donde en una persona existen las mismas características, un segundo apellido, y en un caso el tribunal lo resuelve a favor y en el toro en contra. Quisiera saber ¿Cuáles son las decisiones o cómo se toman esas decisiones si los dos casos tienen la misma configuración que aparece una persona que el segundo apellido, en el caso de Huejotzingo, se trata de una persona, María del Consuelo Vargas Valderrábano y que aparece María del Consuelo Vargas Maldonado, en el caso de Huachinango? Y en ese caso se demuestra con los documentos fehacientes que son la misma persona y que ha habido un error en la transcripción porque en las actas de instalación y de clausura, en las hojas de incidentes y en el acta de escrutinio y cómputo viene María del Consuelo Vargas V. (uve chica), y en cambio, en una de las actas, por error le ponen María del Consuelo Vargas Maldonado. Ahí el tribunal resuelve que no es procedente.
En el otro, en el señor de Pedro Corona Seinos y Pedro Morales Seinos o Pedro Morales Corona, es la misma, la idéntica situación. A dos situaciones iguales corresponden dos decisiones diferentes. Luego, sí, consideramos y seguimos diciéndolo, amañada y dolosa, no la elección, la actuación del tribunal estatal electoral.
Y después, también el diputado dice que no se vale porque no, en su momento nos inconformamos ante la posibilidad de que estuvieran actuando los magistrados. No, señores; es que mientras no sean ratificados no pueden actuar, si no tiene que ser a toro pasado, pues a toro pasado también están revirtiendo una votación de los ciudadanos de Huejotzingo. Simple y sencillamente si el señor no estaba ratificado, no era magistrado y las decisiones que tome por ley no le están permitidas, así de sencillo. No necesariamente tiene que ser por el recurso de que alguien se inconforme, sino que por ley el señor no está nombrado como magistrado y en consecuencia no puede estar decidiendo sobre una situación en la que él no está, por ley, definido como la persona que puede actuar en este caso. Podía actuar hasta el 31 de diciembre. Después del 31 de diciembre cualquier resolución de esos magistrados resulta totalmente nula.
REFORMA DEL ESTADO
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para tocar el tema de la reforma del Estado, el diputado Eugenio Ortiz Walls.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:
Con el permiso del Presidente; señoras senadoras y senadores, señoras diputadas y diputados.
"Vamos a buscar entre las asociaciones políticas la mejor de todas para los hombres que pueden vivir a medida de su voluntad". Aristóteles. La Política; Libro Segundo, Capítulo I.
"No se trata solamente de saber cuál sea la mejor constitución, es necesario ver cuál es la más practicable, de aplicación más fácil y que más se acomode a todos los estados". Aristóteles. La Política, Libro Cuarto, Capítulo I.
Parecería pedante citar a Aristóteles, pero realmente lo tomé de una tesis profesional de un mexicano conocido por todos ustedes, una tesis profesional de 1944, que la tituló su autor Tendencias Actuales del Estado y el autor es Jesús Reyes Heroles.
Los mexicanos a través de nuestra historia nos hemos empeñado a veces en una búsqueda en ocasiones dramática del entorno jurídico-político que nos permita la convivencia digna, libre, ordenada y justa.
En 1824 abanderando el federalismo se creó la República; en 1936 los centralistas también hicieron lo suyo; en 1957 con la reforma se delimitó el estado moderno mexicano y en 1917, posterior a la Revolución, se promulgó el 5 de febrero la Constitución vigente que tiene 79 años.
Hablamos ahora de reforma del Estado, unos le entienden como un nuevo pacto social, otros como un ajuste democrático urgente y necesario de las instituciones del Estado mexicano.
Hay alguien que habla del proyecto de nación. Con todo respeto yo creo que la nación no es un proyecto, sino que la nación mexicana es una realidad, lo que se necesita es reorganizar al Estado, que es la expresión jurídica y política de la nación. Para ello tenemos que hacer algunas consideraciones: el contexto y la dimensión de la reforma; los requisitos y el consenso en la reforma. Como se quiera que se vea y entienda, esto, la reforma del Estado aquí y ahora y siempre tendrá que incidir en cambios constitucionales que deberán realizarse en los términos del artículo 135 constitucional, donde jugará un papel importante más que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo que se deposita en un Congreso de la Unión integrado por las cámaras de Diputados y Senadores.
Esta reforma del Estado que incide en la reforma, en reformas constitucionales, está fundamentalmente sobre los hombros de los senadores y diputados que constituyen esta LVI legislatura. Salvo que se piense que la urgencia es para que sea en el año 2000 y que el advenimiento del 2000 entonces sea recibido por los mexicanos con una nueva Constitución o tal vez con un proyecto de nación o un proyecto de país que no me interesa, ni creo que les interesa a los mexicanos de aquí y ahora.
El futuro del país como estado nacional, está vinculado al futuro de la democracia y el futuro de la democracia a la estructura de pensamiento y a la conducta de nosotros los mexicanos. Siendo una cuestión de circunstancia y de necesidad es ante todo una cuestión ética, es decir de valores y acciones trascendentes que no esperan, que no tienen tiempo.
Norberto Lechner, un tratadista político en su disertación sobre la cultura política y gobernabilidad democrática, asentó que todo análisis de la cuestión democrática hoy en día ha de tener en cuenta las grandes transformaciones en curso: transformaciones de carácter social, económico, político y cultural que están a nuestra vista aquí en México y en el mundo.
Yo no me atrevería a hacer un diagnóstico. Pero la erosión de los códigos interpretativos, el redimensionamiento de los espacios, la descomposición de la temporabilidad y la pérdida de conducción política obligan a los mexicanos a tomar en cuenta con seriedad y responsabilidad esto.
Sobre todo a quiénes el pueblo en una o en otra forma nos ha conferido el cargo de sus representantes en este Congreso y digo en este Congreso porque la Comisión Permanente es la representante del Congreso, actúa precisamente, es decir, en lugar del Congreso.
El presidente Zedillo en su discurso de toma de posesión y en el mismo Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, ha venido insistiendo en mantener una nueva relación sana y respetuosa con el Congreso de la Unión. Lo anterior, aunado al clamor de los legisladores de oposición sobre la necesidad de que nuestro país cuenta con un auténtico y fortalecido Poder Legislativo, ha hecho que se incluya dentro de las mesas y de la amplia agenda de la reforma del Estado, el tema de equilibrio de poderes y el fortalecimiento del Poder Legislativo.
El hecho de insistir sobre este tópico, es precisamente con mis respetos al señor senador Salgado Macedonio, que a veces ha colgado su hamaca aquí para insistir sobre la Ruta-100. Yo quisiéra que colgáramos todos nuestra hamaca para insistir en la reforma, en serio, del Estado, para que esta Permanente, los que integramos esta Permanente, sintamos la obligación ante México, de una reforma profunda y verdadera del Estado. Se ha realizado ya la instalación de algunas mesas, creo que en el Senado y aquí en nuestra Cámara de Diputados, pero no es solamente la instalación de la mesas. Tenemos que hacer una agenda de trabajo y trabajar con ahínco y con responsabilidad. Los tiempos, señores legisladores, no los define el decreto, ningún decreto. Los tiempos son parte de la historia. Esperamos que estos tiempos y esta parte de la historia que nos toca representar, sean en beneficio del país para mañana y no para pasado mañana.
Muchas gracias.
AUTOTRANSPORTE URBANO RUTA-100
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para hablar sobre Ruta-100, el senador Félix Salgado Macedonio.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Compañeras y compañeros legisladores:
Hoy ya no escucharon las voces afuera de este recinto parlamentario, las voces del reclamo, dice el señor Núñez, de Gobernación, las voces de la industria de la reclamación. Está muy de moda esa palabra y es que muchos ya formamos parte de la industria de la reclamación, la reclamación de nuestros derechos. Hoy esas voces, que son miles, 12 mil gargantas están haciendo un plantón frente a la sede del Departamento del Distrito Federal, un plantón activo, un plantón de protesta, porque el regente Oscar Espinosa Villarreal no ha buscado la forma de solucionar este conflicto. Ni siquiera les ha concedido el privilegio de reunirse con ellos. Don Oscar Villarreal, el que va a ser condecorado por Estonia, yo creo que en Estonia no lo conocen el tipo de sátrapa que es, es un señor muy prepotente que no quiere recibir a la comisión de Ruta-100 para platicar, ni para eso. Nosotros fuimos, una comisión de legisladores del PRD, diputados, senadores y asambleístas y tampoco nos quiso recibir, nos mandó al secretario de su secretario. No entendemos de dónde le viene tanta prepotencia a este señor. ¿Quién se la da? ¿Quién se la otorga? ¿Se la otorga solo o se la otorga el señor Zedillo, que dice que hará de México un país de leyes?
Yo debo reconocer el entusiasmo que están poniendo aquí los diputados Ofelia Casillas, de la Comisión de Gestoría y Quejas; el diputado Sebastián Lerdo de Tejada y Carlos Aceves del Olmo porque se dé el encuentro entre el Departamento del Distrito Federal y Ruta-100.
Estamos enterados de que el día de mañana en el Reclusorio Oriente se van a reunir miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se van a reunir integrantes del SUTAUR-100 incluidos los presos políticos y el Departamento del Distrito Federal, representado por el señor Jiménez Brito.
Pero quiero acotar que han sido tres veces ya las que se ha cancelado este encuentro. Yo espero que mañana no se cancele. Espero que se dé esa reunión, ese encuentro. Que se dé en buenos términos y que se encuentre la solución negociada.
El domingo aparecieron declaraciones de Oscar Espinosa Villarreal diciéndole al SUTAUR-100 que le ofrece ¡vaya, hasta que por fin se dignó abrir la boca y referirse al SUTAUR-100! de 10 empresas, le ofrece dos. En cada empresa tendrán cabida 1 mil 500 trabajadores, lo que sumaría 3 mil trabajadores en dos empresas de las 10. ¿Y el resto qué? ¡Si estamos hablando de 10 mil 400 trabajadores de Ruta-100!
Esto puede ser orquestado de manera maquiavélica por parte de Oscar Espinosa, para dividir el movimiento. Hay un adagio que dice: "divide y vencerás". ¡Pero queremos decirle a Oscar Espinosa Villarreal que "no va a dividir este heroico movimiento de Ruta-100, que lo sostiene su dignidad y su convicción":
En esa declaración se volvió a sentir su prepotencia. Otorga dos empresas y les dice: "la toman o la dejan" o "la beben o la derraman".
¡Ojalá que el día de mañana la entrevista se dé en buenos términos y que haya avances en este penoso caso!
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Sebastián Lerdo de Tejada.
El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Llama la atención que por un lado se busquen las vías y los mecanismos y los puentes y los consensos, para encontrar soluciones pactadas; y por otro lado, con absoluta frivolidad política se siga adjetivando al jefe del gobierno capitalino, de una manera que en nada contribuye para poder acortar las diferencias y ampliar los consensos.
Lo hemos dicho varias veces: "la ley no se negocia: o se cumple o se infringe, pero no se negocia". Hay, sí, en la mesa de las negociaciones un paquete de ofertas para los ex trabajadores de la Ruta-100. Muchas de ellas que han sido rechazadas, al parecer a priori, por esta organización. Otras, quiero pensar están en análisis y en discusión al interior de esta propia organización.
No es el entusiasmo el que nos empuja a la diputada Casillas, al diputado Aceves del Olmo y a un servidor como lo reconoce en la tribuna el senador Félix Salgado Macedonio, sino la responsabilidad de ser representantes populares electos en la capital de la República y el compromiso claro que tenemos con sus habitantes, el que nos ha empujado a ayudar en la medida de lo posible a consolidar estos puentes de consenso.
Más allá de polemizar con el multiadjetivador senador, yo simplemente diría dos cosas: hay una vía jurídica, agotémosla; hay una vía política, usémosla.
Pero sí quisiera dejar claro que el jefe del Departamento del Distrito Federal, Oscar Espinosa Villarreal, cuenta con el respaldo no sólo de los legisladores de su partido, sino con un amplio sector de habitantes del Distrito Federal.
El problema de Ruta-100 es grave, es serio. Sin embargo, la ciudad es tan compleja y tan difícil que son muchos más los problemas que le aquejan. Y me da la impresión de que el gobierno de la ciudad se está ocupando de resolver problemas de fondo y no sólo en atender conflictos.
Ojalá que la resolución de este problema de fondo la podamos ver de manera pública, lo antes posible.
Estoy seguro que se hará mañana, el día de mañana una reunión importante, a la que hacía referencia el señor senador y dice que se ha cancelado tres veces y me da la impresión de que tampoco es precisa la cifra. Sin embargo, la reunión de mañana ciertamente, por la información que tenemos nosotros, está confirmada y esperaremos llegue a feliz término.
Así es que, haciendo alusión al día que el senador refirió en la tribuna, vamos por esa vía y vamos a resolver. No caigamos otra vez en la diatriba, en el espiral de adjetivos que nada resuelven y que sí empantanan algunas de las negociaciones. La disposición está de manera muy clara por parte de nosotros, para poder servir de puente y ojalá que no caigamos en discusiones estériles que no tienen ningún sentido.
Muchas gracias, señor Presidente.
ESTADO DE TABASCO (II)
El Presidente:
Para referirse a un observador extranjero en el conflicto tabasqueño, tiene el uso de la palabra el diputado Amado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente.
La política económica impuesta a México por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el gobierno estadounidense, consentida, tolerada y alentada por algunos sectores gubernamentales, entrañan no sólo el desmantelamiento del Estado nacional previsto en la Constitución de la República, por la vía de la incautación patrimonial de sectores prioritarios y estratégicos, sino además cesión de soberanía.
Hace un año, en el mes de febrero de 1995, el Gobierno de México firmó el denominado Acuerdo sobre el Esquema de Ingresos Petroleros, dicho documento previene, entre otras cuestiones, las siguientes:
Primero. Sujetarse, como si se tratara de un contrato entre empresas mercantiles y no de dos naciones soberanas, a las leyes norteamericanas y a la interpretación que de ellas haga en forma irrevocable y exclusiva la Corte del Distrito de Manhattan, de tal forma que nuestro país ha quedado sometido a las leyes y tribunales de un gobierno extranjero.
Segundo. Renunciar a modificar libremente su marco jurídico interno, ya que México y Pemex deben no emprender ninguna acción o proceso legal que pudiera de alguna manera cuestionar, revocar o rescindir en todo o en parte las leyes y procedimientos bajo las cuales se ha ejecutado, cumplido o reclamado el acuerdo.
Tercero. Renunciar a determinar libremente el nivel de sus exportaciones de petróleo, ya que el compromiso asumido es mantener el volumen y valor de las exportaciones petroleras a ciertos niveles mínimos relacionados con el alcanzado en 1994, lo que significa exportación de petróleo crudo de 1 millón 140 mil barriles diarios y exportaciones totales no inferiores a 6 mil millones de dólares.
Cuarto. Obligarse a entregar información al gobierno estadounidense sobre sus estrategias de operación y expansión, incluidos los planes de desarrollo de campos petroleros, producción, compras, ventas, ingresos previstos, estados financieros etcétera etcétera; esto deviene en el compromiso de entregar información estratégica sobre el desarrollo petrolero.
Lo anteriormente mencionado, que debe complementarse con la llamada Carta de Intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional, compromete gravemente la soberanía y la seguridad nacional de México. No sólo esto, señores legisladores, los acuerdos de la llamada garantía petrolera resultan violatorios de las normas constitucionales y el artículo 28 constitucional de manera destacada previene que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de manera inalienable e imprescriptible; esto es en esencia la historia de la garantía petrolera suscrita por México hace un año.
Más todavía, en el memorandum de política económica se impone a México la privatización de puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y petroquímica, en este escenario se contrastan intensamente dos acontecimientos de esta semana; de una parte, la presentación del programa del sector de energía 1995-2000 presentado por el Presidente de la República, donde declaró que con ese programa el Gobierno formula una política energética para apoyar y ejercer la soberanía nacional, afirmaciones éstas desmentidas por los compromisos con el capital financiero internacional por el asedio privatizador y en general por posiciones discursivas acerca de los intereses nacionales y hechos de extranjerización de nuestro patrimonio histórico.
Y por otro, que debe ser materia de la mayor preocupación del Poder Legislativo la visita a Tabasco de un observador del gobierno estadounidense, para seguir de cerca los acontecimientos en ese Estado que todos conocemos perfectamente, según ha revelado un distinguido medio informativo ante el silencio inexplicable del Gobierno Federal.
Cuando se presentó el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Estado de Chiapas, se hicieron esfuerzos desde el Ejecutivo para que el asunto no trascendiera las fronteras nacionales presentándolo como un asunto interno y evadiendo la posible participación de instancias ajenas al país en este asunto; sin embargo ahora, sin pena ni gloria, se permite que con una evidente concepción patrimonialista un observador norteamericano se presente a Tabasco en una actitud propia de la que asumiría el dueño virtual del petróleo y de la petroquímica mexicana.
Esta situación resulta contraria a una política exterior de principios como la que aspiramos tener en nuestro país. ¿Cuál es la misión de este observador? ¿Estaremos en presencia de un moderno pretor designado desde Washington para México? ¿Se inscribe la presencia del observador en una política de injerencia en asuntos internos de nuestro país? ¿Además de realizar acciones para preservar intereses comerciales norteamericanos, tendrá alguna función política en Tabasco? ¿Considera Estados Unidos en riesgo sus intereses financieros por las manifestaciones de la población del Estado de Tabasco? ¿Tiene reconocimiento del gobierno estadounidense y/o del mexicano el misterioso visitante? Nuestro país tiene triste memoria de las funciones de fiscalización de intereses ajenos con esas visitas en las figuras de los visitadores de la Nueva España.
En el grupo parlamentario del PRD consideramos de la mayor importancia que el asunto de Tabasco se resuelva mediante negociación política de cara al reconocimiento de las demandas del pueblo tabasqueño, no queremos y no debemos permitir, por elemental respeto a la Constitución, que personeros de transnacionales o gobiernos extranjeros tengan injerencia en el reclamo social tabasqueño.
Por las anteriores consideraciones y dada la importancia que tiene para la seguridad nacional y la adecuada convivencia entre México y Estados Unidos, solicito a la Presidencia que con fundamento en el artículo 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turne el asunto a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores para que de conformidad con sus facultades, recabe la información necesaria y se entreviste con José Angel Gurría, secretario de Relaciones Exteriores, a fin de corroborar la información aquí vertida y de resultar cierta, dicha comisión se pronuncie al respecto.
También hago la solicitud para que este asunto sea despachado de acuerdo con los artículos 85 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente:
Túrnese la intervención del diputado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, para lo que proceda.
INGENIOS AZUCAREROS
El Presidente:
En el uso de la palabra el señor senador José Natividad Jiménez Moreno, para referirse a la situación de los cañeros en México.
El senador José Natividad Jiménez Moreno:
Gracias Presidente; honorable Asamblea:
De los 51 ingenios azucareros que existen en el país, 22 de ellos o sea el 40%, se encuentran asentados en el Estado de Veracruz, con el consecuente volumen de producción azucarera; el resto se encuentra distribuido en los Estados de Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Puebla, entre otros, por tal circunstancia es en el Estado de Veracruz, sin que sea exclusivo, donde se ha manifestado con mayor fuerza una inconformidad ciudadana generada por la renovación de las uniones locales de cañeros al limitarse su participación y registro como aspirantes por los motivos que originan la presente denuncia en esta tribuna.
Resulta que en el sector cañero de este país, necesaria y obligadamente se debe ser militante del Partido Revolucionario Institucional para aspirar a formar parte de los órganos de gobierno y organizaciones de uniones de cañeros a la cual pertenezcan y éstas deben pertenecer a la CNC o CNPP, las que también obligadamente deben pertenecer al Partido Revolucionario Institucional.
Lo anterior se prueba, ya que así se desprende de los siguientes documentos:
1o. Convocatoria a la Unión Nacional de Productores de caña de azúcar, CNC, lanzada para la renovación de los comités ejecutivos de las uniones de productores de caña de azúcar que en su base tercera inciso c, se establece como requisito para el registro de planillas o candidatos ser productor de caña y estar afiliado en el padrón cañero cenecista y en su base cuarta establece como documentos necesarios para su registro en el inciso c, constancia del Presidente del Partido Revolucionario Institucional municipal o estatal y en su inciso g, la excluyente, no haber sido candidato ni representante de ningún otro partido.
Según la convocatoria referida, la fecha de elección se fijó para el día 14 de enero del presente año en los lugares asignados previamente según las costumbres.
2o. Documento de lineamientos que establecen las bases a que deberán sujetarse las relaciones entre los ingenios y sus abastecedores de materia prima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. inciso b del decreto de 30 de mayo de 1991, que declara de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar y que en su artículo 6o. establece: "las organizaciones nacionales de productores de caña de azúcar deberán estar debidamente registrados en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras".
Para su debida legalización deberán exhibir dos copias del padrón de productores asociados que deberán actualizarse anualmente. La certificación del padrón se basará en el registro de afiliaciones que implementará la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras; deberán exhibir igualmente dos copias de su acta constitutiva y de sus estatutos debidamente sancionados por la Confederación Nacional Campesina (CNC) y/o la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad y contar con más de 15 afiliados en la mitad más uno de los estados productores de caña de azúcar.
En el artículo 10 fracción I, párrafos segundo y tercero de estos mismos lineamientos se establece que las organizaciones representadas deberán estar afiliadas a las organizaciones nacionales cañeras pertenecientes a la Confederación Nacional Campesina y/o a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad.
Cuando en un ingenio no exista o no esté debidamente regularizada alguna de las organizaciones cañeras locales a las que se refiere el párrafo anterior, el comité de producción cañera se integrará con la organización existente.
Es necesario mencionar también que estos lineamientos se desprenden del decreto de 31 de mayo de 1991 y realmente nos parece inconstitucional, ya que el Ejecutivo Federal delega funciones legislativas en una comisión intersecretarial, tal como lo establece el artículo 4o., que a la letra dice: El comité de la agroindustria azucarera tendrá las siguientes funciones:
a) Coadyuvar al estricto cumplimiento del presente decreto y de todas las disposiciones que de él emanen;
b) Formular los lineamientos relativos a las características de la caña como materia prima y las bases que regulen las relaciones entre los ingenios y sus abastecedoras de materia prima y los referentes a las cañas contratadas no industrializadas; y
c) Formular todas aquellas reglas, definiciones y disposiciones que contribuyan a la instrumentación del presente decreto.
Es decir, el Poder Ejecutivo Federal delega en esta comisión intersecretarial las facultades que necesariamente le corresponden al Congreso de la Unión, toda vez que el Ejecutivo Federal tiene como facultad, según el artículo 89 fracción I de la Constitución, solamente proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las disposiciones que el Congreso de la Unión emita, sean disposiciones constitucionales o mediante leyes reglamentarias y aquí, como acabamos de ver, estos lineamientos están excediendo la ley y el reglamento que se refiere al sector cañero.
Como documento número tres está el contrato de asociación civil número 1250, pasado ante la fe del notario público licenciado José Luis Leal Sanabria, asociado al titular número 74 metropolitano de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del día 4 de octubre de 1985, en la que comparecieron los señores licenciado José de Jesús González Gortázar y 12 personas más, que de acuerdo al permiso que les fue concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en oficio número 31646 de fecha 28 de mayo de 1985, se establece en la sección de los estatutos, Capítulo I, de la denominación, domicilio, objeto y duración, artículo 2o.: la denominación de la asociación es Unión Nacional de Cañeros, seguida de las siglas CNPP-CNOP y por ende pertenecerán sus afiliados al Partido Revolucionario Institucional.
Y en el artículo 7o. se establece que la duración de la unión será de 99 años.
Señores legisladores, todo lo anterior tiene que ver con la estructura social organizativa del país, con cuestiones de dignidad y de respeto a las ideas y a la libertad de los ciudadanos y desde luego, toca una de las principales aristas de la reforma del Estado y cuestiona sobre el avance democrático del país.
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o. párrafo quinto, el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio, que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa; y en el artículo 6o. se establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral o los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.
Es decir, que toda la instrumentación respectiva a este tema, es exclusiva y excluyente por el solo hecho de pensar diferente, de tener y manifestar ideas diferentes.
Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, señala en su artículo 20: "toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación".
Señores legisladores, esta situación no puede seguir así. En estos días el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión están planteando la reforma del Estado, una reforma política, la reforma electoral, precisamente por la amplia participación y exigencia ciudadana de vivir en una auténtica democracia.
Creo que la reforma del Estado no será tal, mientras sigan subsistiendo este tipo de condiciones que limitan la libertad y participación de los ciudadanos.
Por esta razón el Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz, ante la convocatoria del gobernador Patricio Chirinos, se ha retirado de la mesa del comité técnico consultivo para la reforma de aquel Estado desde el día 7 de febrero del presente año.
Por eso mismo, señores legisladores, les preguntamos y nos preguntamos: ¿estos hechos nos hablan de una actitud e intención verdaderamente democrática? ¿Limitar los derechos fundamentales del hombre es un inicio creíble para proseguir la reforma del Estado? ¿Las estructuras sociales, económicas y políticas reflejarán los acuerdos de la reforma política emprendida.
Acción Nacional ratifica su disposición de estar a favor de una reforma democrática de estructuras, pero verificable en los hechos, que produzcan y nos produzcan a todos los ciudadanos la confianza de que verdaderamente estamos construyendo las bases de un México nuevo y no sólo una maquillada a las viejas estructuras de un partido hegemónico.
En Acción Nacional afirmamos que una forma de hacer tejido social es fomentar, promover y fortalecer la creación de organizaciones intermedias que deben buscar fundamentalmente el mejoramiento de sus agremiados y los partidos políticos no deben mediatizarlas o incorporarlas como entidades, lo cual es voluntad individual y personal, decisión de cada quien.
Señor Presidente, el Congreso de la Unión debe tomar nota de estos hechos y estas reflexiones para revisar y producir las reformas legales que propicien la garantía de libertad ciudadana en lo general y en particular el asunto motiva esta denuncia, por tal motivo solicito atentamente que la versión estenográfica de mi intervención, junto con las fotocopias de los documentos que he mencionado y que ahora en estos momentos entregaré a la Presidencia, se turnen a las comisiones de Agricultura tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores y se revise el marco jurídico del tema aquí planteado, independientemente de las propuestas que el grupo parlamentario de Acción Nacional realizaremos.
Gracias por su atención y hago entrega de la documentación.
El Presidente:
Túrnese lo solicitado por el senador a las comisiones indicadas.
Tiene el uso de la palabra el senador Samuel Aguilar, sobre el mismo tema.
El senador Samuel Aguilar Solís:
Con su venia, señor Presidente:
Hemos escuchado con atención el tema aquí tratado sobre el proceso de renovación en las uniones locales de los productores de caña de azúcar, que se viene realizando en el país. Pero quiero mencionar que específicamente el motivo que ha animado seguramente a nuestro compañero senador a tratar este asunto en tribuna, tiene que ver con un hecho presentado en el Estado de Veracruz.
Por lo aquí señalado y porque anteriormente también otro orador del Partido Acción Nacional había expresado de manera textual de que el PAN tiene muy buenos abogados, entonces seguramente sabrán que les queda en todo caso en ese tema en particular, el recurso de amparo.
Sin embargo quiero señalar que César Leal Angulo, presidente estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz y que ha sido el que se ha retirado, junto con la representación de Acción Nacional de la mesa de diálogo sobre la reforma electoral en el Estado de Veracruz finalmente lo que existe atrás es un conjunto de intereses económicos.
César Leal Angulo es empleado y esposo de la señora Maribel Porres Porres. La señora Maribel Porres Porres, su hermano es el dueño de los ingenios Huixtla, San Sebastián y Santa Clara, en el Estado de Veracruz y casualmente este señor Jaime Porres, dueño de estos ingenios y el señor Rodolfo Perdomo, presidente del consejo de administración del ingenio San José de Abajo, fueron los que se opusieron al incremento del precio de la caña que habría que pagar a los productores en esa región.
Como todos sabemos, desde el mes de agosto del año pasado se inició un proceso de liberación del precio del azúcar, que en este mismo sentido la Unión Nacional de Productores de Caña inició, como siempre ha sido la constante de la Unión Nacional durante hace muchos años, la lucha por la defensa de sus agremiados para incrementar el precio de la caña que se habrá de entregar a los ingenios.
Resultado de esas justas demandas de los propios productores, en virtud del nuevo precio de la caña y de la lucha de la propia unión, se logró que se incrementara en 36.18% el precio de la caña de azúcar, pero los señores Jaime Porres y Rodolfo Perdomo, uno cuñado directamente de César Leal Angulo, presidente del PAN estatal en Veracruz, fueron los que se opusieron a pagar el incremento en el precio del azúcar.
Hay aquí pues, compañeros legisladores, un conflicto de intereses, de intereses económicos, que en el fondo es justamente eso, el reclamo justo de los productores de caña que han encabezado y se ha logrado ese incremento por parte de la Unión Nacional de Productores de Caña y por otro, aquellos que aun cuando el precio del azúcar ha aumentado, querían hacer el gran negocio de su vida queriendo seguir pagando el precio de la caña al precio anterior.
Esto creo que vale la pena señalarlo aquí para que tengamos plena claridad de lo que aquí se ha tratado.
También hay que decir que no es extraño ni ha sido en este momento cuando la Unión Nacional de Productores de Caña ha iniciado la lucha para conseguir un incremento a los productores de caña, sus afiliados, porque justamente la Unión tiene una gran historia de lucha en defensa de sus agremiados y esa lucha de la defensa de sus agremiados apenas en el mes de diciembre también se vio reflejada para que la nueva Ley del Seguro Social contemplara en función de esos mismos decretos que durante años han luchado para mantener también la seguridad social, quedaran incluidos.
Es pues una historia de lucha de la defensa de los productores de caña lo que existe en la Unión Nacional de Productores y son sus propios estatutos, su afiliación voluntaria, la que hace que en este proceso de renovación es la que se esté dando en el país.
Por lo demás quiero decirles que en Aguascalientes no hay ningún ingenio.
Muchas gracias.
El Presidente:
Señor senador, tiene usted el uso de la palabra para rectificar hechos hasta por cinco minutos.
El senador José Natividad Jiménez Moreno:
Gracias, señor Presidente:
Solamente quiero manifestar que aquí el problema o el fundamento del problema es de que las facultades que se le están delegando a la comisión intersecretarial exceden y son facultades que se le están delegando de tipo legislativo, lo cual no debe ser y que es inconstitucional por tanto el decreto y las disposiciones que en forma de lineamientos establece la comisión intersecretarial y que la hace precisamente por estas facultades excesivas llevarla a condicionar la participación de los ciudadanos en la CNC o en la CNPP.
Por otro lado, que ése es precisamente el punto fundamental de esto. Y el senador que me antecedió en el uso de la palabra, él maneja algunos argumentos que ya en un desplegado en los diarios de Jalapa, Veracruz, produjo el secretario general, Manuel Pérez Bonilla, titular del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar y que son los mismos argumentos que han estado manejando, solamente para enrarecer el ambiente y no entrar al fondo del asunto.
Por otro lado, quiero manifestar que no es precisamente ese tipo de manejos que hace el senador, porque ya anteriormente ha habido manifestaciones de ciudadanos en el sentido de que está causando precisamente una situación difícil el mencionado decreto.
Y sólo diré que hay un escrito de fecha anterior, firmado por Angel Martínez Fernández, en cuanto secretario de organización de una unión de cañeros de azúcar, dirigida al entonces secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank González, en la que precisamente denuncian y señalan y sólo leeré el punto primero de la exposición del envío y entrega que hizo esta persona, que dice: "... lo antes expuesto lo fundamentamos en lo siguiente:
Primero. Aun cuando el decreto del 30 de mayo de 1991 y el decreto del 21 de julio de 1993 nos encierran y tratan de obligarnos a pertenecer única y exclusivamente a las organizaciones CNC o de la CNPP, nos acogemos al artículo 9o., Capítulo IX de las garantías individuales de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos brinda el derecho de una libre asociación. Adjuntamos copia de los decretos que se mencionan con el anexo uno". Y menciona precisamente en relación a este tema la argumentación que ya había mencionado.
Por esa razón, no es nuevo pues el problema y se esta recrudeciendo. Por ese motivo es de que solicitamos la intervención de las comisiones, tanto de Cámara de Diputados y Senadores para revisar el marco jurídico y que precisamente alguna reforma que realicemos a la Ley de Asociaciones Agrícolas, pueda quitarse esta situación de inconstitucionalidad que está causando este tipo de problemas.
El senador Félix Salgado Macedonio (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
ESTADO DE GUERRERO (II)
El Presidente:
Tiene usted la palabra, hasta por cinco minutos.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Gracias, señor Presidente; compañera Secretaria:
Hago uso de esta tribuna, nuevamente para llamar la atención de ustedes, compañeros legisladores, sobre lo que acontece en nuestro Estado de Guerrero.
Hace unos días, declaró el fiscal para el caso Aguas Blancas, el señor Alejandro Varela, lo siguiente: "... que de la reconstrucción ministerial de los hechos se desprende que no hubo enfrentamiento, como se quiso hacer creer en un principio, pues los campesinos no estaban armados, sino que las armas les fueron sembradas y sus cadáveres fueron movidos para manipular los sucesos".
El asunto de Aguas Blancas es de todo mundo conocido, de eso estamos hablando, de la matanza del 28 de junio.
Al mismo tiempo, dijo, no hay ningún elemento que apunte hacia Rubén Figueroa, al cual también le dieron información mal, aunque aclaró que mientras no concluya la indagatoria, ni el gobernado ni ningún otro funcionario está exonerado.
Los funcionarios que han sido detenidos, todos coinciden en señalar que obedecieron la instrucción del gobernador Rubén Figueroa de ir al vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, para solicitarle a los campesinos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, se desistieran de efectuar un mitin en Atoyac de Alvarez.
Esto lo declaran los funcionarios y el funcionario que más recientemente lo declaró, dijo que desobedeció las instrucciones de Rubén Figueroa, que Figueroa les dijo: "deténgalos, platiquen con ellos, dialoguen y busquen la manera de que regresen a sus pueblos". Y este señor, Rosendo Armijo de los Santos, subsecretario de protección y vialidad, dice que desoyeron esa recomendación del señor gobernador, por lo tanto, reconocen su culpabilidad.
Pero todas, pero todas las declaraciones de los funcionarios detenidos, apuntan hacia Rubén Figueroa que recibieron una instrucción del gobernador Rubén Figueroa, de detener por la vía del diálogo a los manifestantes campesinos de la OCSS.
Está grave el asunto en Guerrero como lo hemos planteado aquí reiteradamente. No hay gobierno en Guerrero; hay ingobernabilidad. Si es cierto que hay una mano dura; allá se gobierna mediante la metralleta; impera la ley de la bala; hay impunidad; cada quien hace lo que quiere en Guerrero. Esto demuestra que los funcionarios menores hacen y deshacen en nuestro sufrido Estado y no al margen de Figueroa, lo hacen al amparo de Rubén Figueroa.
Está clara la autoría intelectual de este señor; está bastante clara. El fiscal desde luego que recibe los recursos de Rubén Figueroa, para la investigación y para todo el personal que tiene ahí en su oficina tiene como consigna exonerar a la cabeza principal, al autor intelectual. Esa es la consigna del fiscal.
Por eso nosotros seguimos insistiendo en que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que tenga que designar un perito, un investigador en este caso y a petición del Senado de la República, quien tiene facultades expresas para ello.
No nos vamos a mover de ahí, es cierto que hay funcionarios menores en la cárcel, es cierto; policías y jefes policiacos, pero no es suficiente; falta que vaya a prisión el secretario de gobierno José Rubén Robles Catalán, al que están candidateando para presidente de Acapulco y que por cierto le quiere quitar la candidatura a mi amiga Lupita Gómez Maganda. Este señor debe de ir a prisión, porque las fuerzas policiacas de Guerrero dependen directamente del secretario de gobierno. La famosa policía motorizada, la que masacró en "Aguas Blancas", depende del secretario de gobierno, el que estaba en el operativo; había judiciales también al mando del procurador de Justicia Antonio Alcocer Salazar, al que también no le ha alcanzado la investigación. Esos dos cabecillas deben de ir a prisión y obviamente se debe de continuar la investigación porque, seguimos insistiendo, en que el responsable de todo esto se llama Rubén Figueroa. Ese señor que tiene en la cabeza una enfermedad por la guerrilla, tiene un trauma, como su señor padre vivió la época de la guerrilla de Lucio Cabañas, entonces, este señor le quedó el trauma y padece de ese virus.
Figueroa a todo campesino pobre lo ve guerrillero. Echaron a andar operativos deteniendo a campesinos, les ponían capuchas y les exigían que se declararan zapatistas a golpes; metió mucho campesino a la cárcel, afortunadamente algunos ya han salido; gente humilde, gente pobre.
Figueroa es un hombre que está enfermo de poder, es un hombre que no está en sus completos cabales.
Señor, disculpe el exceso, pero esto también es parte de la industria de la reclamación diputado.
No está bien, ha formado escuadrones de la muerte, los que operan en Guerrero, los que operan en la montaña y en la tierra caliente. En la costa chica acaban de darle muerte a otro compañero en el poblado del Coyul, municipio de Metlatono, el compañero Francisco Andrés López fue asesinado a tiros y a mansalva por órdenes del alcalde priísta del lugar. Este es el más reciente de los compañeros asesinados. En Cutzamala de Pinzón, no para la represión.
Aquí está una comisión de Cutzamala, aquí está, encabezada por nuestra compañera diputada Guadalupe Guilus, la que anda huyendo porque está amenazada de muerte.
Hace unos días nos mataron a nuestra compañera: Martha Morales, también ex candidata a diputada federal, la que vino aquí a buscar protección y encontrar eco en nuestra denuncia y encontró la muerte en las puertas de su casa, por pistoleros de Rubén Figueroa, esos escuadrones de la muerte que existen. Y así la compañera diputada hoy anda refugiándose, anda huyendo porque puede ser asesinada, junto con nuestro compañero, consejero nacional del PRD: Martín Mora.
Están amenazados, el compañero: Andrés Rosales Aguirre, que fue presidente del comité municipal del PRD, en Cutzamala, el que fue herido en las puertas de su casa; el compañero Esteban Mireles Martínez, presidente del PRD actual; también está amenazada de muerte, su esposa Alfonsina Romero Delgado y hace unos días circuló una lista negra de los que se van a morir y estaba ahí el compañero Celestino Hernández Gutiérrez, a quien ya le dieron muerte, un compañero de cuadrilla nueva; su hijo, Claudio Hernández Palacios, llegaron a su casa y también lo hirieron con cuernos de chivo, sujetos que van a bordo de autos con vidrios polarizados y portando armas largas.
Eso habla de la impunidad que hay en Guerrero. Eustolfio Bazán Túnez, también otro compañero que estaba en la lista negra y que también ya ha sido asesinado; Apolinar Rodríguez Mendoza, amenazado; Raúl Cortés Ocampo, también amenazado; Raúl Palacios Avellaneda, Nicolás Jurado, Raúl Hernández Alejo, Elías León Ruiz y Andrés Jurado, esta es la lista de compañeros que forman parte de la lista negra de un escuadrón de la muerte que tiene Rubén Figueroa en Tierra Caliente, de Guerrero, una de las regiones donde existe más perredismo.
Por eso seguimos demandando la intervención de la justicia federal, a fin de que se ponga coto a la impunidad y a la arbitrariedad que estamos viviendo en Guerrero, de parte de uno de los más sanguinarios gobernantes que hemos padecido como lo es Rubén Figueroa. Ojalá que los senadores y diputados guerrerenses que están aquí, tengan la sensibilidad política para hacerle un llamado a la cordura a ese mal gobernante y para que respalden que en Guerrero se privilegie la verdad y se castigue a los responsables de este horrendo crimen como fue la matanza de Aguas Blancas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Píndaro Urióstegui Miranda.
El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:
Señor Presidente:
Nos preocupa la presencia aquí de nuestros paisanos de Tierra Caliente, en especial de Cutzamala. Y quisiéramos sumar esfuerzos los diputados y los senadores guerrerenses, para que escuchándolos, conociendo con detalle algunos de los planteamientos que traigan, sintieran de inmediato nuestra comprensión y nuestro mejor propósito de coadyuvar con ellos en la medida de nuestras posibilidades en la solución de los problemas que traigan.
Yo quisiera que dilucidáramos, dividiéramos con toda claridad, lo que es este problema que hoy traen los estimados amigos de Cutzamala. Verlo de una manera separada y distinta del que hizo ya casi de una manera patológica la presentación de nuestro estimado amigo el senador Salgado, a otros acontecimientos pasados.
Sucesos como los de Aguas Blancas, en los que en reiteradas ocasiones hemos no solamente reiterado nuestra preocupación a lo ahí sucedido a 17 paisanos, que perdieron la vida en un problema del que nos estamos olvidando: ¡Es consecuencia de un problema interno, interpartido PRD!
¡Nosotros censuramos y buscamos y pedimos también la investigación a fondo de dichos sucesos! ¡No solamente el PRD! ¡Nosotros en las áreas estrictas de nuestro partido, ante las autoridades competentes, en el Congreso Federal, en el Congreso del Estado, a través de los diputados locales, para que esa investigación se llevara a fondo! ¡Se cambió por tres ocasiones al fiscal, dentro de ese órgano plural como lo es el Congreso del Estado! ¡Hasta que finalmente parece que se ha llegado ya a una conclusión, a una terminación de dicha investigación, dentro de la cual forzosamente tiene que haber criterios distintos, criterios políticos de partidos distintos! ¡No es posible que exista un tribunal para cada partido, el cual actúe y resuelva en función de los intereses políticos de cada partido, sino que se tiene que resolver en función de la ley, en función de un marco de legalidad al que todos, partidos, ciudadanos, autoridades, tienen que sujetarse!
Finalmente, creo que se ha llegado a ese punto. ¡Lo que nos queda es respetar cual es esa solución, a qué conclusiones llegó el fiscal especial y dejar en manos de la autoridad competente, del Poder Judicial del Estado en este caso el juez tercero de lo penal en Acapulco, cuál es, cómo va a juzgar esos informes y qué resolución cree conveniente conforme a derecho!
¡Pero si en cada caso, de acuerdo con los intereses de cada partido, vamos a estar exigiendo se creen fiscales especiales, se creen jueces especiales! ¡Se esté actuando por un lado, mientras nos conviene, dentro de la ley y por otro buscando negociaciones al margen, de manera distinta!
¡Lo único que estamos haciendo es un caos! ¡En lo que la autonomía de los poderes se va convirtiendo en un mito y todo queda al capricho, más que de los partidos, de los dirigentes de los partidos; que es todavía peor en este caso!
¡Nos estamos olvidando en el caso de Aguas Blancas, que esos compañeros, que esos paisanos bajaban a reclamarle a una autoridad municipal en Atoyac: 200 toneladas de fertilizante! ¡Que venían a tomar el ayuntamiento de una autoridad municipal en manos del PRD!
¡Y nos estamos olvidando también que esa organización campesina es una organización afiliada, identificada, con el PRD! ¡Y nos estamos olvidando que después del 28 de junio, el 30 ó 31, Cuauhtémoc Cárdenas estaba en Coyuca de Benítez, en una concentración de perredistas, excitando y exhortando a incendiar al palacio municipal, como ahí se hizo!
Queda pues, únicamente para terminar...
El senador Félix Salgado Macedonio (desde su curul):
¡Señor Presidente!
El Presidente:
Dígame, senador.
El senador Félix Salgado Macedonio (desde su curul):
Quiero hacerle una pregunta al orador:
El Presidente:
¿Acepta usted una pregunta del senador.
El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:
Sí, como no.
El Presidente:
Adelante, senador.
El senador Félix Salgado Macedonio (desde su curul):
Diputado Píndaro Urióstegui, ¿con esos argumentos que usted da, entonces acepta que hayan matado a los campesinos?
El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:
Bueno, pues ¡Evidentemente para eso se nombró un fiscal especial para investigar la muerte de 17 campesinos, sus autores y todo!
¡Eso es precisamente lo que estamos diciendo, para eso fue nombrado el fiscal, si no no hubiera habido nada qué investigar!
Se llegó ya a un final de esa investigación, ya en estos días está por entregarse o se va a entregar. Lo que nos queda a todos es acatar y respetar a los órganos encargados de administrar, de investigar la justicia correspondiente.
Por lo que corresponde a los compañeros de Cutzamala, creo interpretar el sentir de mis compañeros diputados y senadores, ojalá podamos escucharlos, ojalá podamos compartir sus problemas y participar en la medida de nuestra posibilidad en la solución de esos mismos problemas.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Félix Salgado Macedonio, para rectificar hechos hasta por cinco minutos, recalco, cinco minutos.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Gracias, señor Presidente:
Como ustedes pueden escuchar la intervención del compañero Píndaro, que conste que es uno de los más moderados y uno de los más destacados tribunos, ha venido aquí a reconocer la acción del gobierno local, ha venido aquí de hecho a justificar la acción grotesca de las fuerzas policiacas. Dice él que venían campesinos de la sierra a tomar el ayuntamiento de una autoridad del PRD. El sabe que los compañeros campesinos iban a tomar el ayuntamiento de Atoyac. ¿Cómo sabe?, ¿Cómo sabían? Quiere decir que ya con días de anticipación el gobierno sabía que los campesinos de la Organización de Campesinos de la Sierra del Sur iban a tomar el palacio municipal de Atoyac y por ende tenían que tomar las precauciones.
¡Un ayuntamiento del PRD! ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo a los señores del gobierno del PRI que fueran con sus bayonetas, que fueran con sus policías a detener a compañeros campesinos que exigían la entrega de fertilizante y la presentación de un desaparecido? ¿Quién les dijo? ¿Por qué estuvieron tan comedidos a impedir que los campesinos llegaran al ayuntamiento del PRD.
En su intervención acepta que impidieron a toda costa la llegada de los campesinos. ¡Fíjense bien lo que el señor legislador está diciendo! Y no es un asunto del PRD, dice que no alcanzarían los tribunales para ponerle a cada partido político. Esto no es un asunto del PRD, esto es un reclamo de la sociedad entera. ¡El fiscal acaba de decir que los campesinos iban desarmados! ¡Figueroa se mandó a hacer un video, ahí llevaban todo preparado, hasta un filmador llevaban ahí en la matanza! ¡El señor que disparó hacia la camioneta donde venían los campesinos, toda la emboscada preparada! ¡Figueroa hizo una conferencia de prensa para decir que no había culpabilidad en los policías, fue el primero que salió a la defensa de los policías, Figueroa!
Aquí está muy claro, en la intervención del diputado Píndaro, de que se justifica la acción represiva del gobierno de Rubén Figueroa, así como lo oyeron. ¿Qué acaso, diputado Píndaro, no hay en este país derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de manifestación? ¿No podían los campesinos reunirse, asociarse e ir a reclamar lo que estaban solicitando a un edificio público?
¡Por favor! ¿En qué cabeza cabe que nuestros campesinos no tenían derecho a ello? No tienen escapatoria, compañeros defensores de Rubén Figueroa.
Figueroa tiene que ser enjuiciado penal y políticamente, no tiene nombre lo que hizo, de ahí pues que seguimos insistiendo en que se vaya a profundidad en esa investigación.
En cuanto a los compañeros de Cutzamala, el diputado Píndaro Urióstegui forma parte de una comisión investigadora y coadyuvante en el caso de Cutzamala, éste fue un punto de acuerdo aprobado el 28 de marzo de 1995, forman parte de esta comisión Antelmo Alvarado, Leticia Burgos Ochoa y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, compañeros que están aquí presentes, quienes aseguran que los diputados del PRI no han querido escucharlos, no han querido reunirse con ellos y no han querido dar la información que tienen que dar en la plenaria de la Cámara de Diputados.
Qué bueno que hoy conminan a nuestros compañeros que vienen de Cutzamala a que por separado se atienda su caso, ojalá que así sea.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos, la senadora Guadalupe Gómez Maganda.
La senadora Guadalupe Gómez Maganda:
Con su permiso, señor Presidente:
No cabe duda que mi compañero senador Félix Salgado es muy hábil, hábil para pretender atribuirle al diputado Píndaro Urióstegui algunas afirmaciones que él no ha hecho, yo creo que todos los que integramos la Comisión Permanente de todas las fuerzas políticas pues estamos muy atentos al debate. Píndaro Urióstegui no ha dicho lo que expresa aquí Salgado Macedonio y lo que seguramente a él le hubiera gustado que dijera.
Lo que comentó mi compañero diputado está en las versiones de quienes resultaron involucrados en los hechos, están también los medios de comunicación y quiero tan sólo decir que es falso lo que él afirma en ese sentido, como es falso también lo que expresa en torno al trabajo serio, responsable, que el fiscal Varela está realizando. Resulta curioso que él venga aquí a decir algo que contradice lo que allá han reconocido los legisladores locales del honorable Congreso local y me refiero a los legisladores de su partido, el de la Revolución Democrática, han dicho que el fiscal Varela se ha desempeñado atinadamente con apego a la ley y que están pendientes como nosotros los priístas, y como todos los guerrerenses en general, del fallo que oportunamente habrá de rendir para que sea ya en un proceso judicial dentro del marco de la ley el que lleve hasta sus últimas consecuencias este penoso asunto de Aguas Blancas y que resulten sancionados con gran severidad todos aquellos responsables materiales o intelectuales.
Tiene él una obsesión, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, insiste neciamente en que hay ingobernabilidad en la entidad y en que desaparezcan los poderes. En varias ocasiones también se han estrellado estas pretensiones; primero en el Senado de la República, él insistía en que hubiera desaparición de poderes, ahí se aclaró que el Senado de la República, de acuerdo con sus facultades, no puede proceder a ello en ningún caso, no me refiero tan sólo él de Guerrero, sino que el Senado de la República tan sólo tiene que estar atento por si hubiera la desaparición fehaciente de poderes en una entidad para declararlo así.
Ha insistido en que sea la PGR la que asuma la investigación del asunto de Aguas Blancas, ya también la Procuraduría determinó que no tiene competencia para ello y ahora inclusive se sabe que van a instancias internacionales con esto que es una obsesión y que de ninguna manera va a tener los resultados que él pretende.
Todos estamos atentos a que el señor fiscal especial termine con su trabajo, este fiscal ha expresado que en todo momento ha sentido no sólo facilidades sino todas las garantías de acuerdo a la ley para que él pueda llevar a cabo sus funciones. El único obstáculo, y así lo ha dicho, que ha encontrado en el desempeño de su trabajo es el que interpuso el diputado Rangel Hernández al oponerse a que se hiciera la exhumación de los cadáveres.
En fin, no vale la pena aquí estar haciendo un análisis que no nos corresponde tan sólo quiero decir aquí al señor senador que la comisión a la que aludió, que se creó en torno al asunto de Cutzamala, sabemos que cumplió con sus funciones, que inclusive ya quedó liquidada en el sentido de que era para ver lo del asunto relativo al presidente municipal que ya salió y que hay otro que usted reconoció en alguna sesión pasada que está cumpliendo, como es el compañero Reynaldo Echeverría y quiero decirle, señor senador, que Rubén Figueroa gobierna y gobierna bien a pesar de lo que usted venga aquí a decir, que no somos defensores de Rubén Figueroa, sino de las instituciones y de la ley, aunque a usted le pese, aunque usted se ría y le digo también que el llamado a la cordura se lo hago yo a usted con todo respeto, vamos respetando la ley, vamos esperando a que termine sus funciones el señor fiscal especial para que estemos atentos a que se haga justicia en la entidad, todos, no sólo los perredistas como usted pretende, el reclamo de justicia es de todos los guerrerenses.
Gracias.
El Presidente:
¿Si, señor senador Salgado?.. Para rectificar hechos tiene la palabra hasta por cinco minutos.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Lamento, compañeros, el retraso para la comida hoy en este día del amor y la amistad, seguramente ya todos tienen compromiso.
Bueno, cada vez que tocamos el caso Guerrero pues siempre sube la compañera Lupita Gómez Maganda obviamente y con lo mismo, a defender lo indefendible, a querer defender lo que no se puede defender; no pudo defenderlo el mejor tribuno que han tenido los diputados del PRI, no se puede defender este caso, no se puede justificar la matanza de Aguas Blancas.
Nosotros, en sesiones anteriores en el Senado hemos solicitado que conforme al artículo 97 de la Constitución sea la Suprema Corte de Justicia la que envíe un perito e investigue este caso. Se los voy a leer, un párrafo: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o designar uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual".
Esto es lo que nosotros estamos solicitando porque se violentaron las garantías individuales en Guerrero y porque se siguen violando esas garantías.
Ustedes reconocen, sus legisladores de Guerrero del PRI, que hay muertos en Guerrero, muchos muertos, muertos del PRI, muertos del PRD, policías emboscados, campesinos emboscados, hay mucha violencia en Guerrero, nadie responde por nadie, eso ustedes lo reconocen, no es cierto ese agregado de la senadora, con todo respeto, no es cierto de que Figueroa gobierna bien, no, Figueroa gobierna con la pistola en la mano, gobierna con la ley de la bala, con la represión; la obsesión enfermiza de Figueroa no tiene límites, eso podemos verlo, constatarlo a diario como se desarrollan los hechos en Guerrero.
Es falso que los legisladores del PRD de Guerrero estén avalando el trabajo del fiscal, eso es completamente falso, pretende aquí la compañera senadora distorsionar; los diputados del PRD de Guerrero han cuestionado el trabajo del fiscal y no lo reconocieron, se opusieron a ese nombramiento por considerarlo inconstitucional. De ahí pues que, compañeras y compañeros legisladores, seguiré en lo sucesivo llamando su atención, me da mucha pena pero tengo que seguirlo haciendo porque de otro modo Rubén Figueroa seguirá gobernando y aplicando la ley de la selva.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra la diputada Claudia Esqueda Llanes.
La diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Gracias, señor Presidente:
Yo espero que esta vez agradezca el senador Salgado Macedonio que no sea la senadora Gómez Maganda o el mejor tribuno, sino una diputada que no es de Guerrero quien venga a hablar sobre este asunto.
Otra vez escucha lo que quiere escuchar, senador, nadie ha justificado la matanza de Aguas Blancas, en ningún momento, en todo el proceso desde que estos penosos hechos se dieron hasta el día de hoy y en esta tribuna, nadie ha justificado este hecho.
Dice usted que tiene claro en su primera intervención que todo apunta hacia el gobernador. A mí lo que nunca me queda claro, y yo estoy segura que a la mayor parte de mis compañeros de la Comisión Permanente tampoco debe quedarles, es lo que usted viene a decir a esta tribuna, permanentemente mezcla un asunto con otro, hoy me extraña que aquí no haya hablado en este momento de Ruta-100, porque generalmente cuando habla de Ruta-100 habla de Guerrero, entonces esto es para mí sorprendente.
Sin embargo, lo que a mí sí me queda claro es que el sentido de que usted permanentemente venga a esta tribuna para tratar los mismos asuntos, y debo coincidir con mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, se debe a una obsesión sin lugar a dudas, como ellos lo han mencionado.
No me queda claro lo que dijo, no sé si quiso venir finalmente a hablar del conflicto en Cutzamala o del conflicto en Aguas Blancas, porque ha mezclado los asuntos y finalmente se ha quedado usted en la idea de que no hay gobernabilidad en Guerrero.
Yo no soy de Guerrero, insisto y repito, yo no he vivido nunca en Guerrero, sin embargo entiendo y parece ser que conozco más que usted este asunto, entiendo que el señor gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, nunca ha visto atrás de un campesino a un guerrillero, sino por el contrario, ha visto a un ciudadano, un ciudadano que merece respeto, un ciudadano que merece también ser parte del progreso del Estado, ser parte del progreso que requiere el país y el asunto es que en Guerrero hay gobierno, hay gobernabilidad, contra lo que usted dice.
Usted habla ahora de que no es cierto que los diputados locales de su partido en Guerrero han avalado lo que el fiscal especial para este asunto ha venido diciendo y ha venido realizando en su trabajo para esclarecer el problema; sin embargo, otra vez estamos en contradicción y otra vez todo lo que usted ve es negativo, todo lo que usted ve es contradictorio y desdice los hechos reales que se han dado en el Estado de Guerrero.
Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.-Primer Receso.-Segundo Año.-LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 21 de febrero de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del LXXXIII aniversario luctuoso del licenciado José María Pino Suárez, que tendrá lugar el 22 de febrero a las 10:00 horas.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CDLXXI aniversario luctuoso del último emperador azteca Cuauhtémoc, que tendrá lugar el 28 de febrero a las 10:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California y Quintana Roo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Mariano Isidro Lizárraga, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Venezuela, Cuba y del Perú.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manuel Alvarez Bravo, pueda aceptar y usar la Condecoración "Gran Cruz de la Orden del Mérito", que le confiere el gobierno de Portugal.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano embajador Salvador Campos Icardo, pueda aceptar y usar la condecoración del Wissame El Aloui, en la categoría de Gran Cordón, que le confiere el Reino de Marruecos.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Juliana Bolaños Meade, pueda prestar servicios en la Embajada Británica en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Irma Gloria Moncayo Rodríguez, pueda prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a las solicitudes de permiso de los ciudadanos licenciados Carlos Salomón Cámara y José Jesús Torres Murillo, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones de la "Orden Estonia de la Estrella Blanca", en diferentes grados que les confiere el gobierno de la República de Estonia.
De la Primera Comisión, relativo a las solicitudes de permiso de los ciudadanos teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor David Moreno Gutiérrez y guardiamarina CG Conrado Gabriel Aparicio García, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Primera Comisión, relativo a las solicitudes de permiso de los ciudadanos José Angel Gurría Treviño y embajador Pedro GonzálezRubio, para que puedan aceptar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Panamá.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano José María Pérez Gay Pérez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la "Cruz de Honor para las Ciencias y Artes, Primera Clase", que le confiere el gobierno de la República de Austria.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Salvador de Jesús Arriola y Barrenechea, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Guatemala.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Enrique Buj Flores, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Turquía.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Raphael Steger Cataño, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la Comunidad de Australia.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativo a los nombramientos que el Presidente de la República hizo en favor de los ciudadanos María del Consuelo Villalobos Ortiz, Luis Carballo Balvanera, Rosa María del Pilar Fajardo Ambias y Rafael Sandoval Giles, magistrados en la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación y en las salas metropolitanas, respectivamente.
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento que el Presidente de la República hizo en favor del licenciado Mario Mejía Guízar, como administrador general de auditoria fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo al nombramiento que el Presidente de la República hizo en favor del ciudadano Mario Gabriel Budebo, como director general de política de ingresos y asuntos fiscales internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 15:40 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 21 de febrero a las 11:00 horas.
Se pasa a sesión secreta.
| CG | Cuerpo general |
| CNC | Confederación Nacional Campesina |
| CNPP | Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad |
| DC | Distrito de Columbia |
| D.F. | Distrito Federal |
| OCSS | Organización Campesina de la Sierra del Sur |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| SUTAUR-100 | Sindicato Unico de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta-100 |