SUMARIO
Invitación al acto cívico conmemorativo del XI aniversario luctuoso del maestro Jesús Silva Hersog. Se designa comisión
Oficio de dicha comisión, con el que remite informe sobre el proceso de desincorporación de activos de la petroquímica secundaria de pemex. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación. Política de la Cámara de Diputados.
Oficio del Congreso estatal, con el que remite punto de acuerdo referente a la investigación del accidente aéreo ocurrído en el aeropuerto de Piedras Negras, Coahuila. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal ;con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Cuarenta y un oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos: José Vicente Arau Cámara, Jacobo Osorio Herrera, Miguel Pizarro Arzate, Jorge Alberto Cárdenas Cantón, Juan Manuel de la O González José Armando Tamayo Casillas, Germán Redondo Azuara, José Enrique Ortega Iniestra, Genaro Sánchez Rodríguez, Virgilio Daniel Méndez Bazán, Sergio Bautista Cárdenas, Mauricio Sánchez Bravo, Audomaro Martínez Zapata, Felipe Alfredo Velasco Zanella, Evodio Aquino Maldonado, Jesús Hernández Ojeda, Gustavo Adolfo Guevara Martínez, César Jiménez López, Sergio Gustavo Flores Martínez, Nicolás Raúl Sánchez Azuara González, Fedor Lopez Pineda, Homero Elpidio Blanco Rodarte, Alfredo Navarro Lara, Heliodoro Guerrero Guerrero, Virgilio Anastasio López Vargas, Constantino Herón Cossío García, Rafael Alfonso Luciano Santana Mondragón, Rodolfo Lerma Shiumoto, Angel Aguirre Colina, Roberto Bernardo Huicochea Alonso, José Gutiérrez Villar, Antonio Delgado Quiroz, Rodrigo Isidoro Alcaraz Leyva, Simón Arias Villalvazo, José Enrique de Ia Vega; Romero, Gabriel Ochoa Busto, Andrés Vicente Ruiz Celio, Miguel Angel Patiño Canchola, José Candelario Jaime Contreras López Jerónimo Terrones Juárez; y Manuel Martínez Olívares, para los efectos de la fracción Vll del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Cámara de Senadores.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María de Carmen Serra Puche, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para :que; el ciudadano Roberto Miranda Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Es de primera lectura.
Once dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Francisco José de los Angeles Matu Buenfil, Jorge de Jesús Wabi Rosel, Arturo Galindo Romero, Carlos Ponce Partida, Felipe Cruz Marín, Mario Pedro Juárez Navarrete, Rafael Acuña García, J. Jesús Verduzco Montaño, Héctor Nazario Meza Barajas, Agustín Villegas Sánchez y Germán Trejo Zozaya. Son de segunda lectura.
Aprobados los dictámenes, se turnan al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de segunda lectura. Se reserva para su Votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión. con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Carlos Salomón Cámara y José Jesús Torres Murillo, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de esa República. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos David Moreno Gutiérrez y Conrado Gabriel Aparicio García, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el ;gobierno de esa nación. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los, permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos José Angel Gurría Treviño y Pedro González-Rubio Sánchez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de ese país. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Fernando AImada López, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesarío para que el ciudadano José María Peréz Gay Pérez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Es de segunda lectura. Se Reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decreto. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica, presenta punto de acuerdo respecto a la desincorporación de plantas petroquímicas. Se turna a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Sobre el mismo tema hacen uso de la palabralos legisladores:
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
Arturo Nava Bolaños
José Trinidad Lanz Cárdenas
Amado Jesús Cruz Malpica, para rectificar hechos.
Se refieren al tema los legisladores:
Gaspar Eugenio Ortiz Walls
Mario Vargas Aguilar
Gaspar Eugenio Ortiz Walls, para rectificar hechos.
El diputado Pedro René Etienne Llano, presenta propuesta referente a problemas de comunidades indígenas en esa entidad. Se turna a las comisiones de la Reforma Agraria y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Se refieren al caso del municipio de Coyuca de Benítez, los legisladores:
Félix Salgado Macedonio
Israel Soberanis Nogueda
Francisco José Peniche y Bolio
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
Rectifican hechos los Legisladores
Alejandro González Alcocer
Guadalupe Gómez Maganda
Pedro René Etienne Llano
José Trinidad Lanz Cárdenas
Félix Salgado Macedonio
Pedro René Etienne Llano
El senador Félix Salgado Macedonio, se refiere a la situación laboral en dicha empresa
La diputadaMaría del Rosario Elena Guerra Díaz, presenta pronunciamiento firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios.
De la próxima sesión.
Informe de la Comisión de Enérgeticos.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 31 legisladores, señor Presidente. Hay quorum.
El Presidente (a las 11:12 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 6 de marzo de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XI aniversario luctuoso del maestro Jesús Silva Herzog, tendrá lugar el 13 de marzo a las 10:00 horas.
Comunicación de la Comisión de Energéticos.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cuarenta y uno, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos José Vicente Arau Cámara, Jacobo Osorio Herrera, Miguel Pizarro Arzate, Jorge Alberto Cárdenas Cantón, Juan Manuel de la O González, José Armando Tamayo Casillas, Germán Redondo Azuara, José Enrique Ortega Iniestra, Genaro Sánchez Rodríguez, Virgilio Daniel Méndez Bazán, Sergio Bautista Cárdenas, Mauricio Sánchez Bravo, Audomaro Martínez Zapata, Felipe Alfredo Velasco Zanella, Evodio Aquino Maldonado, Jesús Hernández Ojeda, Gustavo Adolfo Guevara Martínez, César Jiménez López, Sergio Gustavo Flores Martínez, Nicolás Raúl Sánchez Azuara González, Fedor López Pineda, Homero Elpidio Blanco Rodarte, Alfredo Navarro Lara, Heliodoro Guerrero Guerrero, Virgilio Anastasio López Vargas, Constantino Herón Cossío García, Rafael Alfonso Luciano Santana Mondragón, Rodolfo Lerma Shiumoto, Angel Aguirre Colina, Roberto Bernardo Huicochea Alonso, José Gutiérrez Villar, Antonio Delgado Quiroz, Rodrigo Isidoro Alcaraz Leyva, Simón Arias Villalvazo, José Enrique de la Vega Romero, Gabriel Ochoa Busto, Andrés Vicente Ruiz Celio, Miguel Angel Patiño Canchola, José Candelario Jaime Contreras López, Jerónimo Terrones Juárez y Manuel Martínez Olivares, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la doctora María del Carmen Serra Puche, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Cuarta Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al general de brigada Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
Dictámenes a discusión Once, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Francisco José de los Angeles Matu Buenfil, Jorge de Jesús Wabi Rosel, Arturo Galindo Romero, Carlos Ponce Partida, Felipe Cruz Marín, Mario Pedro Juárez Navarrete, Raúl Acuña García, J. Jesús Verduzco Montaño, Héctor Nazario Meza Barajas, Agustín Villegas Sánchez y Germán Trejo Zozaya.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Orden del León de Oro de la Casa de Nassau, que le confiere el Gran Ducado de Luxemburgo.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos Salomón Cámara y José Jesús Torres Murillo, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en diferentes grados, que les confiere el gobierno de la República de Estonia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor David Moreno Gutiérrez y guardiamarina CG Conrado Gabriel Aparicio García, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Angel Gurría Treviño y Pedro González Rubio Sánchez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Panamá.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Fernando Almada López, para aceptar y usar la condecoración Manuel Amador Guerrero, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José María Pérez Gay Pérez, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Honor para las Ciencias y las Artes, Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Austria.
Comentarios
Sobre las plantas petroquímicas.
Sobre la reforma del Estado a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre caso Guerrero, a cargo del senador Félix Salgado Macedonio y diputados Francisco José Peniche y Bolio y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo, respectivamente.
Sobre problemas de comunidades indígenas del Estado de Jalisco, a cargo del diputado Pedro René Etienne Llano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Departamento del Distrito Federal, Ruta-100, a cargo del senador Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Día Internacional de la Mujer.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con diez minutos del miércoles veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de veintitrés legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico conmemorativo del centésimo sexagésimo séptimo aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Diversas comunicaciones de los congresos de Baja California, Chiapas, Jalisco, Puebla y Tabasco, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
María del Carmen Serra Puche, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Estonia:
Roberto Miranda Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
Se turnan a la Primera Comisión.
La Secretaría da lectura a siete dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gran Ducado de Luxemburgo:
Mariano Isidro Lizárraga Fernández, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Venezuela, Cuba y Perú:
Carlos Fernando Almada López, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Panamá:
Manuel Alvarez Bravo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Portugal:
Salvador Campos Icardo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Reino de Marruecos:
Juliana Bolaños Meade, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México:
Irma Gloria Moncayo Rodríguez, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Se da segunda lectura y se someten a discusión diez dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo que ratifican los grados militares a los ciudadanos Arturo Torres Alarcón; Héctor Alfredo Monroy Plascencia; Gilberto Renato García González; Jorge Pérez Toledo; Raúl Orozco Sánchez; Rubén Martínez Ortega; Jorge Baca González; Gustavo Enrique Núñez Saavedra; Miguel Elías Leyva García y Armando Domínguez Mendoza.
Se aprueban en una sola votación y se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Se someten a discusión y sin ella se aprueban por treinta y cuatro votos, cinco dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Ia República Federativa del Brasil:
Santos Humberto Gómez Leyva, pueda aceptar y usar el gafete y condecoración que le confiere la Junta Interamericana de Defensa en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América:
Alejandra Beatrice Calderón Gerling, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México:
Edna Irene Berentsen Cárdenas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Jamaica en México:
Martha Eugenia Aguilar Borbolla, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Malasia en México.
Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Para referirse a diversos pronunciamientos hechos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, hacen uso de la palabra los legisladores: Fernando Pérez Noriega, del Partido Acción Nacional; Angel Sergio Guerrero Mier, del Partido Revolucionario Institucional y para rectificar hechos, los legisladores: Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional; Sami David David, del Partido Revolucionario
Institucional y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo.
Se refieren al transporte interfronterizo con los Estados Unidos de América, los legisladores Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo que se turna a las comisiones solicitadas y Mario Vargas Aguiar del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Etienne Llano hace uso de la palabra para solicitar que la intervención del senador Vargas Aguiar, se turne a las mismas comisiones.
Hacen uso de la palabra para expresar sus opiniones respecto del problema de Aguas Blancas, Guerrero, los legisladores Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática; Guadalupe Gómez Maganda, del Partido Revolucionario Institucional; Gaspar Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, quien en la primera acepta una interpelación de la senadora Gómez Maganda y la segunda para rectificar hechos; Netzahualcóyotl de la Vega García, del Partido Revolucionario Institucional; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, quien acepta una interpelación del senador Soberanis Nogueda; José Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Pedro René Etienne Llano, del mismo partido, para rectificar hechos; Gloria Sánchez Hernández, del mismo partido y en el mismo sentido.
También para rectificar hechos, en dos ocasiones, solicita la palabra el legislador Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, a quien en la segunda, el Presidente le indica que tendrá que rectificar hechos de la legisladora Sánchez Hernández, de acuerdo con el Reglamento. Desde su curul, el senador Salgado Macedonio insiste en solicitar el uso de la palabra y apoyo para exhibir un documento que, según su dicho, ilustra el debate.
El Presidente ordena que se consulte a la Asamblea si está de acuerdo en que se presente cualquier otro documento y la Asamblea se pronuncia en contra en votación económica, por lo que el Presidente da por concluido el debate.
El senador Salgado Macedonio insiste en solicitar el uso de la palabra para lo que llamó el caso Aguas Blancas y el Presidente le explica que se encuentra en dos supuestos, primero que ya hizo uso de la palabra dentro de su turno de oradores y, segundo, que solamente se la puede conceder para rectificar hechos de la oradora que le precedió, término este último que acepta el senador Salgado Macedonio, quien durante su intervención es interrumpido por el legislador Becerril Straffon, quien propone una moción de orden que hace suya el Presidente, quien ordena que deben retirarse de la zona de curules las personas que no sean legisladores miembros de la Comisión Permanente, por lo que termina la intervención del senador Salgado Macedonio.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a lo que llamó inseguridad y violación de los derechos humanos en diversos organismos no gubernamentales. Se turna su intervención a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El Presidente concede el uso de la palabra al legislador Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, quien se refiere a los aumentos de salarios.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
Hace uso de la palabra el legislador Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, quien comenta problemas de seguridad pública en el Estado de Jalisco y se turna su intervención a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Se refiere a la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, el legislador Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Hace uso de la palabra para referirse a lo que calificó de preliberación de Joaquín Hernández Galicia, el legislador Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Para referirse al problema de ex trabajadores de Ruta-Cien, hacen uso de la palabra los legisladores Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones y Carlos Humberto Aceves del Olmo, también en dos ocasiones, las dos segundas, para rectificar hechos.
Expresan sus opiniones respecto a los problemas que afronta la República de Cuba, los legisladores: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo; Enrique Franco Muñoz, del Partido Acción Nacional; Esteban Maqueo Coral, del Partido Revolucionario Institucional y Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática.
Solicita y se le concede el uso de la palabra a la diputada Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien expresa sus puntos de vista sobre los discapacitados. Se turna a las comisiones solicitadas por la legisladora.
Para el mismo tema, hace uso de la palabra la legisladora Guadalupe Gómez Maganda, del Partido Revolucionario Institucional.
Solicita la palabra para rectificar hechos el legislador Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que la Secretaría dé lectura a un documento de habitantes del municipio de La Unión, Guerrero. El Presidente accede y se turna a las comisiones de Ecología de ambas cámaras.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles seis de marzo de mil novecientos noventa y seis, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Se va a dar lectura a una invitación.
«Ciudadano diputado Humberto Roque Villanueva, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XI aniversario luctuoso del maestro Jesús Silva Herzog, que tendrá lugar ante la tumba que guarda sus restos, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo, el día miércoles 13 de marzo a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa al senador Rodolfo Becerril Straffon.
COMISION DE ENERGETICOS
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Se va a dar lectura a un oficio.
«Licenciado Humberto Roque Villanueva, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presente.
En atención al turno que la Presidencia de la Cámara de Diputados diera el 26 de octubre de 1995, se integró una subcomisión para analizar y evaluar el proceso de enajenación de activos de la petroquímica secundaria de la empresa Petróleos Mexicanos.
Una vez concluidos los trabajos de esta subcomisión y con base al artículo 79 fracción III de la Constitución General de la República me permito enviar a usted el informe que la Comisión de Energéticos aprobó en sesión celebrada el día lunes 4 de marzo del presente año para su conocimiento y efectos correspondientes.*
Atentamente.
México, D.F., a 5 de marzo de 1996.- El presidente de la Comisión de Energéticos, diputado Francisco Curi Pérez Fernández.»
Túrnese el informe a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.*
*Este informe se encuentra en el apéndice al final de la presente sesión.
ESTADO DE COAHUILA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo.- Poder Legislativo.- Congreso del Estado de Coahuila.- LIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
El honorable Congreso del Estado de Coahuila, a través de su diputación permanente, en sesión celebrada el pasado 13 de febrero del año en curso, ha emitido el siguiente
ACUERDO
Unico. Se pide el apoyo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que requiera a la Dirección General de Aeronáutica Civil nos envíe información sobre el estado que guarda la investigación del accidente aéreo ocurrido en las proximidades del aeropuerto de Piedras Negras, Coahuila, en el que participó un avión de la empresa TAESA.
Para el cumplimiento del presente acuerdo, envío a ustedes su contenido.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 21 de febrero de 1996.- El presidente de la diputación permanente, diputado Germán Froto Madariaga.»
Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos comunicar a ustedes que con fecha 15 de enero del presente año, la LIV Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, clausuró su primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de su ejercicio. Habiendo quedado integrada e instalada su diputación permanente, que fungirá del 15 de enero al 31 de marzo de este año, de la siguiente manera:
Presidente, Joel Ramírez Díaz; vicepresidente Miguel Angel Martínez Navarro; secretario Juan Raúl Acosta Rodríguez y suplentes: Rafael Turrubiates Macías y Eduardo Muñiz Werge.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
San Luis Potosí, SLP, 15 de enero de 1996.- Diputado Juan Raúl Acosta Rodríguez, secretario de la diputación permanente.»
De enterado.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
«Escudo Nacional.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión- México, D.F.
Con fundamento en las disposiciones internas que rigen las actividades legislativas de este honorable Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria celebrada este día, fueron electos los legisladores Lamberto Rocha Gómez y Ranulfo de Jesús Pérez Ruiz, como presidente y suplente, respectivamente para integrar la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos del mes de febrero del actual.
Sin otro particular, nos es grato reiterar nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 30 de enero de 1996.- Diputadas secretarias: María Doris Hernández Ochoa y María Dolores Salomón Villanueva.»
De enterado.
ESTADO DE YUCATAN
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
«Escudo Nacional.- LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 70 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que, con esta fecha se clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de ejercicio de la LIV Legislatura. Asimismo, se eligió la mesa directiva de la diputación permanente, que comprenderá del 11 de enero al 15 de marzo de 1996, integrada de la forma siguiente:
Propietarios: presidente, Salvador Rafael Camino Mediz; secretario, Santiago Leonel Rosado Mena y vocal, Ricardo Gutiérrez López; suplentes: presidente, Orlando Alberto Paredes Lara; secretario, Fernando Sauri Valdez y vocal, Leopoldo Humberto Morales Hernández.
Protestamos a VH, nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No reelección.
Mérida, Yucatán, 11 de enero de 1996.- Los diputados secretarios de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado, Víctor Rafael Martín Castillo y Miguel A. Gutiérrez Machado.»
De enterado.
GRADOS MILITARES
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
Se va dar lectura a 41 oficios de la Secretaría de Gobernación.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 19 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM José Vicente Arau Cámara (5629771), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección.General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 19 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Jacobo Osorio Herrera (6416832), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 15 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Miguel Pizarro Arzate (5003749), que en 17 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 16 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Jorge Alberto Cárdenas Cantón (5629683), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 18 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Juan Manuel de la O González (5629655), que en 16 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona, lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación con fecha 18 del actual, enviándoles los anexos que en el mismo se citan:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM José Armando Tamayo Casillas (6103853), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 23 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Germán Redondo Azuara (5528022), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 26 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM José Enrique Ortega Iniestra (6416837), que en 14 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento y fines legales procedentes, a continuación les transcribo a ustedes oficio número 848 que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación con fecha 26 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Genaro Sánchez Rodríguez (5629733), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 26 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Virgilio Daniel Méndez Bazán (6416784), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 26 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Sergio Bautista Cárdenas (4525204), que en 17 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Envío con el presente el anexo que el mismo se menciona, lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 26 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Mauricio Sánchez Bravo (6103968), que en 16 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 27 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Audomaro Martínez Zapata (6416999), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 29 de enero último:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier intendente DEM Felipe Alfredo Velasco Zanella (5629662), que en 16 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior para los fines legales procedentes, envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional en oficio de fecha 31 de enero próximo pasado, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Evodio Aquino Maldonado (5629790), que en 16 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al hacer de su conocimiento lo anterior, adjunto remito la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio de fecha 1o. del mes en curso, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Jesús Hernández Ojeda (4749035), que en 17 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio de fecha 2 del mes en curso, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Gustavo Adolfo Guevara Martínez (4749008), que en 16 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio de fecha 3 del mes en curso, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta dependencia, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM César Jiménez López (6103969), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes enviándoles con el presente la hoja de servicios que el mismo se cita.
Reiterándoles a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta de Gobernación, con fecha 17 del actual. Envío a ustedes con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier DEM Sergio Gustavo Flores Martínez (3467740), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 17 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier Nicolás Raúl Sánchez Azuara González (495652), que en 13 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con oficio No. 657, de fecha 20 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier Fedor López Pineda (495411), que en 17 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 20 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió oficio a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier Homero Elpidio Blanco Rodarte (4176890), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 23 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier Alfredo Navarro Lara (499467), que en 14 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 23 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió oficio a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier Heliodoro Guerrero Guerrero (2829026), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 26 del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier intendente Virgilio Anastasio López Vargas (4748943), que en 14 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior, envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 17 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier ingeniero industrial Constantino Herón Cossío García (2955915), que en 13 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, a continuación transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 1o. del actual, anexando al presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier médico cirujano Rafael Alfonso Luciano Santana Mondragón (4655026), que en 12 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio de fecha 9 del mes en curso, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier médico cirujano Rodolfo Lerma Shiumoto (4748832), que en 14 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional en oficio de fecha 12 del actual, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier de justicia militar y licenciado Angel Aguirre Colina (5528040), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio de fecha 29 de enero próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de grupo PADEMA Roberto Bernardo Huicochea Alonso (6911907), que en 16 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes. Envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, a continuación transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 1o. del actual, anexando al presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general del grupo PADEMA José Gutiérrez Villar (4753162), que en 16 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional en oficio de fecha 1o. del actual, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general del grupo piloto aviador DEMA Antonio Delgado Quiroz (6114685), que en 13 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al hacer de su conocimiento lo anterior, adjunto la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, a continuación transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 15 del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada DEM Rodrigo Isidoro Alcaraz Leyva (3467473), que en 16 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarle a ustedes lo anterior. Envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 24 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 16 del actual la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general de brigada intendente DEM Simón Arias Villalvazo (488579), que en 15 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que se menciona.
Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 24 de enero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional en oficio de fecha 2 del mes en curso, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del coronel de infantería DEM, José Enrique de la Vega Romero (4778612), que en 14 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al hacer de su conocimiento lo anterior, adjunto la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, a continuación transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 13 del actual, anexando al presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del coronel de infantería DEM, Gabriel Ochoa Busto (6416537), que en 16 fojas útil es se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional en oficio de fecha 6 del actual, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del coronel de infantería DEM, Andrés Vicente Ruiz Celio (6222894), que en 14 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al hacer de su conocimiento lo anterior, adjunto la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional en oficio de fecha 9 del actual, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del coronel de infantería DEM, Miguel Angel Patiño Canchola (6459702), que en 14 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al hacer de su conocimiento lo anterior, adjunto la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, a continuación transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 12 del actual, anexando al presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del coronel de infantería DEM, José Candelario Jaime Contreras López (6459684), que en 12 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio de fecha 6 del mes y año en curso, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del coronel de infantería Jerónimo Terrones Juárez (5528078), que en 14 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al hacer de su conocimiento lo anterior, adjunto la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, a continuación transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 9 del actual, anexando al presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a ustedes tengan a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del coronel de infantería Manuel Martínez Olivares (5528052), que en 12 fojas útiles se adjunta para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Cámara de Senadores.
REPUBLICA DE ESTONIA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María del Carmen Serra Puche, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Cuarta Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Serra Puche, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Cuarta Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de febrero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández, Carlos Aceves del Olmo; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE PANAMA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el general de brigada Roberto Miranda Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al general de brigada Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de febrero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández, Carlos Aceves del Olmo; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno.»
Es de primera lectura.
GRADOS MILITARES (II)
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Francisco José de los Angeles Matu Buenfil, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejercito y Fuerza Aérea mexicanos, como cadete numerario, el 1o. de enero de 1957 y el 1o. de enero de 1960, fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 38 años, 11 meses y 28 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial y se le comunicó su aceptación como legionario.
De la revisión del expediente y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Francisco José de los Angeles Matu Buenfil.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a l4 de febrero de 1996.- Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano, Eugenio Ortiz Walls; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Jorge de Jesús Wabi Rosel, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1955 y el 1o. de enero de 1958 fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 41 años y cuatro días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial y Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jorge de Jesús Wabi Rosel.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a l4 de febrero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano, Eugenio Ortiz Walls; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Arturo Galindo Romero, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1959 y el 1o. de enero de 1962 fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 10 meses y un día y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión, expidió en favor del ciudadano Arturo Galindo Romero.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a l4 de febrero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano, Eugenio Ortiz Walls; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Carlos Ponce Partida, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1957 y el 1o. de enero de 1960 fue ascendido a subteniente de artillería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Carlos Ponce Partida.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano, Eugenio Ortiz Walls; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Felipe Cruz Marín, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1954 y el 1o. de enero de 1957 fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 41 años, 11 meses y 18 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión, expidió en favor del ciudadano Felipe Cruz Marín.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 7 de febrero de 1996.-Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano, Eugenio Ortiz Walls; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda y Auldarico Hernández Gerónimo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Mario Pedro Juárez Navarrete, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1960 y el 1o. de enero de 1963 fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 35 años, 10 meses y 29 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mario Pedro Juárez Navarrete.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda, Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Raúl Acuña García, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar el 1o. de enero de 1956 y el 1o. de enero de 1959 fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años, 11 meses y 27 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se la ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Raúl Acuña García.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda, Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor J. Jesús Verduzco Montaño, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1958 y el 1o. de enero de 1961 fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 11 meses, 29 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano J. Jesús Verduzco Montaño.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda, Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier ingeniero constructor Diplomado de Estado Mayor Héctor Nazario Meza Barajas, como general de brigada ingeniero constructor Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cabo mecánico de cuarta, el 1o. de noviembre de 1955 y el 1o. de febrero de 1957 causa alta como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar y el 1o. de enero de 1960 ascendió a subteniente de artillería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 40 años, un mes y 28 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda clases, así como la de Perseverancia Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada ingeniero constructor Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada ingeniero constructor Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Héctor Nazario Meza Barajas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda, Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo.. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo Agustín Villegas Sánchez, como general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, como alumno el 1o. de septiembre de 1958 y el 1o. de julio de 1961 fue ascendido a subteniente de aeronáutica piloto aviador, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, cuatro meses, tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente y la hoja de servicios del nombrado general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Agustín Villegas Sánchez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda, Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1995, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Germán Trejo Zozaya, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1958 y el 1o. de enero de 1961 fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 11 meses, 29 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Germán Trejo Zozaya.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de febrero de 1996.- Senador Benigno Aladro Fernández, presidente; Netzahualcóyotl de la Vega García, secretario; senadores: Israel Soberanis Nogueda, Laura Pavón Jaramillo, José Antonio Valdivia, Guadalupe Gómez Maganda, Auldarico Hernández Gerónimo; diputados: Luis Garfias Magaña, Pedro René Etienne Llano y Eugenio Ortiz Walls.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuníquense al Ejecutivo.
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración Orden del León de Oro de la Casa de Nassau, que le confiere el Gran Ducado de Luxemburgo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Orden del León de Oro de la Casa de Nassau, que le confiere el Gran Ducado de Luxemburgo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de febrero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier, José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE ESTONIA (II)
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Carlos Salomón Cámara y José Jesús Torres Murillo, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grados de Segunda y Cuarta clases, respectivamente, que les confiere el gobierno de la República de Estonia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Salomón Cámara, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Jesús Torres Murillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Cuarta Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de febrero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor David Moreno Gutiérrez y guardiamarina del cuerpo general Conrado Gabriel Aparicio García, puedan aceptar y usar la Medalla del Pacificador y la condecoración Marinha Do Brasil, respectivamente, que les confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor David Moreno Gutiérrez, para aceptar y usar la Medalla del Pacificador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Artículo segundo. Se concede permiso al guardiamarina del cuerpo general Conrado Gabriel Aparicio García, para aceptar y usar la condecoración Marinha Do Brasil, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de febrero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE PANAMA (II)
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Angel Gurría Treviño y Pedro José González Rubio Sánchez, puedan aceptar y usar la condecoración Orden Manuel Amador Guerrero, en grado de Gran Cruz, que les confiere el gobierno de la República de Panamá.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración Orden Manuel Amador Guerrero, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
Artículo segundo. Se concede permiso al embajador Pedro José González Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración Orden Manuel Amador guerrero, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de febrero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier y José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Fernando Almada López, pueda aceptar y usar la condecoración Manuel Amador Guerrero, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Carlos Fernando Almada López, para aceptar y usar la condecoración Manuel Amador Guerrero, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 22 de febrero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier, José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE AUSTRIA
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José María Pérez Gay Pérez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Honor para las Ciencias y las Artes, Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Austria.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor José María Pérez Gay Pérez, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Honor para las Ciencias y las Artes, Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Austria.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de febrero de 1996.- Diputado Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; senador José Trinidad Lanz Cárdenas, secretario; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Angel Sergio Guerrero Mier, José Natividad Jiménez Moreno; diputados: Fernando Pérez Noriega, Jesús Ortega Martínez, Josué Valdés Mondragón, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Carlos Aceves del Olmo.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
El Presidente:
Permítame la Secretaría. Ruego a la Oficialía Mayor establezca que en la sala exclusiva para legisladores queden efectivamente legisladores, en ese sentido están y pueden seguir estando los legisladores locales. Rogamos al resto de las personas nos permitan continuar la sesión. Las personas que no sean legisladores desde luego pueden permanecer en el salón, pero en la parte destinada a los invitados.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente: se emitieron por los proyectos de decreto 34 votos en pro y por el artículo 1o. del cuarto proyecto de decreto 33 votos en pro y uno en contra.
El Presidente:
Aprobados los proyectos de decreto en la forma descrita por la Secretaría.
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
PETROLEOS MEXICANOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a las plantas petroquímicas.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
En principio de cuentas quisiera señalar o clarificar algunas cuestiones que tienen qué ver con el dictamen o con las recomendaciones o conclusiones que recientemente ha emitido la Comisión de Energéticos en el asunto de las petroquímicas. La primera de ellas es en lo que respecta a la posición política del Partido de la Revolución Democrática, sus militantes, sus legisladores y naturalmente quienes integramos la Comisión de Energéticos de esta Cámara, nos hemos pronunciado abierta y terminantemente en contra de la privatización de la llamada petroquímica secundaria.
En segundo lugar, quisiera señalar que el documento de que se trata, en ninguno de sus párrafos menciona en sus puntos conclusivos que se autorice la enajenación o la venta de la llamada petroquímica secundaria. El documento contiene algunos puntos de vista comunes por lo que respecta a lo que el Gobierno debe hacer en el asunto de las petroquímicas, pero de ninguna manera habla de que éstas deban enajenarse.
Hechas estas precisiones que a mi juicio han estado recogiéndose de manera más o menos disímbola en los medios informativos, quisiera pasarme a referir al punto central de la controversia de la llamada venta de la petroquímica secundaria y que tiene qué ver con la constitucionalidad que, según algunos diputados de la mayoría priísta, asiste para realizar esa venta y según otros diputados, entre los que se cuentan los del Partido del Trabajo, los del Partido de la Revolución Democrática y algunos diputados priístas, no es así.
Pero antes de entrar en esta materia, quisiera señalar que el día de hoy una consultoría, Baker y Asociados, de manera muy precisa establece que la única facultada o con capacidad para determinar la legalidad o ilegalidad del proceso de la desincorporación de las petroquímicas es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por su parte, la fracción obrera priísta de la Cámara de Diputados ha externado su apoyo al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que se oponen a la venta de la llamada petroquímica secundaria, a pesar de que la Comisión de Energéticos de este órgano colegiado la considera legal.
Así es que entonces, señores diputados, está permeando en todo este asunto una cuestión de constitucionalidad o no de la desincorporación del llamado proceso de la petroquímica secundaria. Yo quisiera apuntar aquí lo que un distinguido diputado del PRI, el diputado Oscar Cantón Zetina, dijo en el seno de la Comisión de Energéticos a este respecto.
El diputado Oscar Cantón Zetina, dijo lo siguiente: "Esto de la interpretación definitiva en cuanto a la constitucionalidad o no, eso le compete única y exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
Yo creo que nosotros estamos empezando muy bien cuando en el punto 11 decimos que se han expresado preocupaciones sobre la fundamentación que al respecto cabe hacer las siguientes aclaraciones:
Estamos haciendo las consideraciones nada más, de lo que fuimos averiguando y a lo mejor habría que ser un poquito con más fuerza, cuando se dice que el fundamento para llevar a cabo la enajenación, se encuentra en el artículo 134 y decir que eso no es sólo parte de lo que pudiéramos pensar como diputados, sino parte de un análisis jurídico que aquí está la fundamentación.
O sea, no es inventada ni es por creencia nada más, que los representantes populares, pero en el fondo está en que nosotros no podemos tomar a rajatabla una decisión y una condena y enjuiciar y determinar que es inconstitucional esto.
A mí me preocuparía profundamente, porque no siento que sea nuestro papel, creo que lo que estamos haciendo en términos del punto 12, de lo que estamos diciendo al Ejecutivo para que tome especial y rápida atención a estas cuestiones y que estamos condicionando que se haga dentro de las disposiciones legales, como se hizo el último agregado, creo que ahí marca muy claramente nuestra posición.
Pero yo sí y con esto termino mi intervención si me lo permiten, que tuviéramos mucho cuidado de que no tuviéramos de verdad ninguna suspicacia por parte de la opinión pública, ninguna rendija en donde se nos acusara que estamos siendo más papistas que el Papa; que estamos condenando, que estamos enjuiciando, que estamos sentenciando sin tener ninguna atribución legal para ello.
Y de que si es compleja nuestra posición, nuestra posición es compleja cuando una facultad que está debidamente señalada para el Poder Ejecutivo, estamos interviniendo. Lo que hacemos en función de ser representantes populares. Pero no estrictamente porque tenga que venir del Poder Legislativo desaprobar o no esto.
Entonces que tuviéramos cuidado, ese cuidado de la interpretación de que en la resolución última de una controversia constitucional, de una interpretación constitucional ya deberá ser resorte de otro poder.
Eso fue lo que nos hizo favor de opinar el diputado Oscar Cantón Zetina, en el seno de la Comisión de Energéticos.
¡Qué bueno que el señor diputado Oscar Cantón Zetina, se está preocupando por los puntos constitucionales del proceso y por reconocer que ahí existe una controversia que no corresponde a este poder el resolver en definitiva!
Por eso no consideramos muy congruente el que haya votado a favor del punto 11 de los conclusivos, que precisamente declara en forma tajante la constitucionalidad del llamado proceso de desincorporación.
Al respecto y en este mismo orden de ideas, quisiera rogar a la Presidencia, que instruyera a la Secretaría para que diera lectura al documento de esta fecha, dirigido al señor Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, al diputado José Ramírez Gamero, coordinador de la diputación obrera y al diputado Francisco Curi Pérez Fernández, presidente de la Comisión de Energéticos y que han enviado cuatro legisladores del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que tengamos unos antecedentes claros sobre este asunto que nos ocupa, para poder continuar con esta argumentación.
El Presidente:
La secretaría.
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
«El diputado Humberto Roque Villanueva, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y presidente de la Comisión Permanente; diputado José Ramírez Gamero, coordinador de la diputación obrera; diputado Francisco Curi Pérez Fernández, presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados:
Los suscritos, diputados federales priístas del sector petrolero de la República Mexicana, independientemente de considerar inexactos los razonamientos de índole económica, sustentados en el dictamen de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados del 4 de marzo del año en curso, en relación a la oposición que manifestamos en dicha sesión respecto a la fundamentación establecida en el punto 11 y en especial a la afirmación que no existe impedimento constitucional para la desincorporación y enajenación de los activos de la petroquímica secundaria, venimos a precisar en el orden jurídico nuestro rechazo a la argumentación del mismo, basados en las siguientes consideraciones:
1o. No es exacto que la desincorporación de la llamada industria petroquímica secundaria, sea competencia exclusiva del Ejecutivo, supuesto que a éste, conforme al artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le incumbe sólo la tarea de ejecutar las leyes del Congreso y de proveer en la esfera administrativa, s exacta observancia.
2o. Sostener que el proceso de desincorporación que se pretende, no requiere fundamentarse en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es buscar la forma de incumplir con lo que éstos terminante y expresamente prohiben, es decir, llevar a cabo la venta de los bienes de propiedad exclusiva de la nación, mediante actos contrarios a nuestra Ley Suprema y soslayar el juramento sacramental pronunciado al asumir los cargos, tanto al Presidente de la República, como a los miembros del Congreso, de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
3o. En el caso, no se trata de una desincorporación de activos, sino de la venta de plantas petroquímicas completas con todos sus bienes y derechos y los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, terminante y expresamente prohiben la venta de los bienes de propiedad exclusiva de la nación.
4o. Es falso que la Constitución autorice la enajenación de las plantas de petroquímica secundaria a particulares. La Constitución no establece distinciones para esos efectos, antes bien, lo prohibe.
5o. Es falso también que la Constitución delegue a las leyes reglamentarias o secundarias, la posibilidad de establecer esas diferenciaciones, en contra del texto constitucional y la posibilidad de enajenar las plantas de petroquímica.
6o. La argumentación de que el proceso de desincorporación no se fundamenta en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino del artículo 134 de la misma, no es válida para apoyar la venta de las plantas petroquímicas. Una cosa es la venta de bienes y otra cosa muy distinta es el procedimiento a seguir en los casos de venta de bienes mediante licitaciones a que se refiere el artículo 134. Si la Constitución permite la venta, podrá hacerse la licitación, pero si la Constitución prohibe la venta de los bienes de propiedad nacional, no podrá efectuarse el procedimiento de venta por la licitación a que se refiere el artículo 134 de la Constitución.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nuestro voto es que sí existe impedimento constitucional para la desincorporación y enajenación que se pretende.
México, Distrito Federal, a 4 de marzo de 1996.- Firman: diputados Jorge Wade González, Fernando Pacheco Martínez; Calixto Javier Rivera y Jesús Olvera Méndez.»
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Muchísimas gracias, diputada Secretaria; entonces, compañeros diputados:
Este asunto de la constitucionalidad, de la llamada desincorporación, de la desincorporación de la llamada petroquímica secundaria, está en el ánimo de un conjunto de legisladores y curiosamente aún de aquellos que votaron en favor de esa conclusión que tajantemente pretende resolver el asunto.
Por ello es que a mí me parece prudente el someter a consideración de ustedes, un punto de acuerdo en los términos siguientes:
«De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 79 constitucional, en relación con el 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores abajo firmantes, solicitamos a esta Comisión Permanente se turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, la siguiente propuesta de
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en los términos del inciso c de la fracción I del artículo 105 constitucional, estima procedente plantear una controversia constitucional contra todos los actos procedentes del Poder Ejecutivo Federal, dictados directamente o a través de sus dependencias o entidades paraestatales, cuyo objeto sea la desincorporación de actividades y/o bienes de la paraestatal Petróleos Mexicanos y/o Pemex-petroquímica que disminuyan, alteren o modifiquen las funciones que el Estado mexicano ejerce de manera exclusiva en el área de la petroquímica básica.
Segundo. En consecuencia, se instruya al Presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, que promueva a nombre y en representación de este órgano legislativo, la controversia constitucional a que se refiere el resolutivo anterior.
Firman: el señor diputado Pedro Etienne y quien les habla Amado Cruz Malpica.»
Entonces este asunto de las petroquímicas, realmente, a mi juicio, está apenas concluyendo una fase en el Poder Legislativo. Porque hay algunas otras tareas en el Poder Legislativo que estarán pendientes de realizarse, que todavía no se han realizado y que esto no es como quisieran algunos partidarios a ultranza de privatizarlo y enajenar bienes nacionales, el principio del final, sino más bien seria el final del principio.
Yo rogaría a la Presidencia el acuerdo correspondiente sobre el punto de acuerdo propuesto.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese para lo que proceda a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En el uso de la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señor Presidente:
De nueva cuenta nos encontramos ante una situación que va a dar mucho de que hablar, va a dar mucho de discusión, de análisis y de debate, para poder determinar con perfecta claridad, la conducencia o no de la constitucionalidad de caminar en el sentido de privatizar y enajenar los bienes de la petroquímica secundaria.
Como ya lo ha mencionado el compañero legislador que me antecedió en la palabra, es un asunto que indudablemente tendrá que dilucidarse en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto es así porque en México la nacionalización de la industria petrolera fue el recurso empleado para fortalecer la soberanía nacional, ante el embate de los grandes consorcios transnacionales, sirviendo para garantizar el uso exclusivo por parte del Estado de los recursos naturales e impulsar el desarrollo económico de la nación.
Sin embargo, desde hace más de 10 años, el replanteamiento de los que se consideran como sectores estratégicos para nuestro desarrollo, han modificado la política comúnmente desarrollada, dando paso a diversas privatizaciones. En ese contexto se está dando la desincorporación de la industria petroquímica secundaria, que se caracteriza por ser uno de los puntos más sensibles de la discusión de la vida política y económica de la nación. Diversas voces se pronuncian en pro y en contra de dicho proceso.
Entre los argumentos que se presentan para defender la privatización de la industria petroquímica se señala la escasez de recursos económicos para llevar a cabo su modernización. Sin embargo, se ignora el proceso previo de descapitalización, instrumentado deliberadamente por el Estado en dicha industria y la severa sangría a la que fue sometida por parte del fisco, convirtiéndose ambos en los elementos determinantes de la actual situación de la industria a la que hacemos referencia.
Al mismo tiempo, existen diversos estudios que demuestran que los requerimientos financieros para volver competitivas las plantas petroquímicas son muy inferiores a los recursos destinados por el Gobierno mexicano, por ejemplo, para el rescate del sector bancario.
Para el Partido del Trabajo, el proceso de desincorporación comenzó en los dos sexenios anteriores, con la reclasificación de más de 50 productos que se trasladaron de la industria petroquímica básica a la industria petroquímica secundaria, una medida administrativa que hoy permite su privatización, según lo consideran algunos sectores. Pero pensar que los inocultables signos de corrupción en las diversas áreas de la industria petrolera, son un elemento que apoya a la política privatizadora puesta en marcha, es, en primer término, no asumir la responsabilidad implícita de este fenómeno y al mismo tiempo, hacer gala de un singular reconocimiento de la incapacidad del sector público para erradicar este tipo de prácticas, decidiéndose por la solución más simple y que responde a las exigencias de los grandes capitales internacionales.
Las bases jurídicas del proceso de desincorporación de la industria petroquímica secundaria, se han convertido en elemento de fuerte discusión.
En el informe de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, dado a conocer el día 4 del presente, destaca el incumplimiento de algunos requisitos legales para la licitación del complejo petroquímico de Cosoleacaque, lo que demuestra la superficialidad con que se ha manejado un proceso que afecta a todos los mexicanos y al desarrollo económico. Al respecto, el punto 12 de ese informe de la Comisión de Energéticos, dice lo siguiente:
"Punto 12. En el caso de la convocatoria de la licitación del complejo de Cosoleacaque, existe controversia debido a que en la Ley General de Bienes Nacionales se expresa para desincorporar bienes del dominio público, se requerirá autorización de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y de la emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los decretos presidenciales en los que se autorice la desincorporación y enajenación. Por ello, no conociéndose a la fecha que existan los citados documentos, se recomienda que para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales, el Ejecutivo disponga su atención inmediata."
Sin embargo, para nosotros, lo que actualmente se discute no se reduce al cumplimiento de las normas jurídicas para decidir la suerte de la industria del petróleo. Creemos que es necesario, en primer término, que la población mexicana conozca la información verdadera de la operación que se está realizando, para que exprese su opinión sobre la desincorporación de la industria petroquímica secundaria.
A nuestro partido le preocupa que los mismos argumentos que se esgrimen para la privatización puedan ser utilizados para que las otras áreas de la industria petrolera sigan el mismo camino.
Proponemos que lejos de ser desincorporada, la industria petroquímica debe quedar sujeta a la ejecución de un plan de desarrollo a largo plazo, el cual considere la importancia de los productos generados por la industria petroquímica en la cadena productiva nacional, los cuales son utilizados por más de 6 mil empresas de por lo menos 70 ramas de la industria manufacturera, además de reconocer la importancia de la industria petroquímica en el desarrollo del sector agrícola, debido al uso del amoniaco en la elaboración de los fertilizantes.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra sobre el mismo tema, el señor senador Arturo Nava Bolaños.
El senador Arturo Nava Bolaños:
Buenos días con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
No quisiera entrar en el aspecto jurídico del debate sobre la constitucionalidad de la venta de las empresas petroquímicas, eso tiene puntos a favor, puntos en contra y habría que llevarlo a un terreno de mayor precisión jurídica.
Sin embargo, a mí me preocupa el fondo de la industria petrolera y en este sentido no podemos ignorar que el tema del petróleo tiene una importancia para nuestro país fundamental, no solamente porque es la fuente de energía que mueve toda la República, sino también que es un enorme potencial de recursos fiscales y que gran parte del presupuesto federal se soporta en el petróleo.
Sin embargo, esta explotación debe ser racional y asegurar no solamente el funcionamiento fiscal del presupuesto federal, sino también asegurarnos el suministro de energéticos para el futuro y también asegurarnos de la permanencia de estos recursos finitos. Por eso consideramos que al hablar de interés estratégico nacional se habla en términos de dependencia, en términos de vulnerabilidad, en términos de expectativas en el futuro y a nosotros nos parece que estos aspectos se están descuidando actualmente.
No existe la suficiente inversión en exploración y desarrollo de nuevos campos petroleros y están descendiendo en forma preocupante las reservas probadas.
A nosotros nos parece que de seguir la tendencia de aumento en el consumo que se tiene actualmente y la tendencia en la plataforma de exportación en un futuro, no podemos precisar de cuánto, pero es un futuro que nos podría alcanzar en el próximo siglo, México podría convertirse en un importador neto de hidrocarburos, de no revertirse la tendencia actual, de seguir disminuyendo las reservas probadas y de no hacerse importantes inversiones en este renglón.
Decía Rockefeller "que el mejor negocio del mundo era una empresa petrolera y que el segundo mejor negocio del mundo, era una empresa petrolera muy mal manejada", nosotros creemos que Pemex entraría en este segundo renglón.
Ha sido tan noble negocio Pemex, que no sólo ha dado para soportar el presupuesto federal por décadas, sino que también ha sido un botín de grupos que se han despachado con la cuchara grande; de contratos que han hecho empresas multimillonarias y han convertido a líderes sindicales en auténticos zares que determinan de una manera directa o indirecta el funcionamiento de Pemex y de algunas de sus plantas.
No podemos ignorar que detrás de muchas de las posiciones del sindicalismo se encuentra el afán de mantener esos cotos cerrados de poder y no hablo aquí únicamente por considerar que el sindicalismo podría ser un mal para el país, un mal para Petróleos Mexicanos, por supuesto que es un bien; sin embargo, hay que hablar de esos líderes que se han convertido en auténticos zares y que gozan de privilegios desmedidos; prueba de ello es que la productividad de Pemex está muy por debajo de la productividad de empresas petroleras internacionales de clase mundial que comparado por ejemplo, con las japonesas andamos del orden de 30 ó 40 veces menos nuestra productividad y comparado inclusive con empresas petroleras nacionalizadas del mismo continente americano, nuestra productividad está por debajo y esto definitivamente es fruto de ese sindicalismo corrupto al cual hay que ir saneando.
Si Pemex requiere de una revisión de estratégias, hay que hacer un planteamiento a futuro de cuál sería la estratégia de Pemex para asegurar su supervivencia como empresa fundamental del país.
De seguir la actual tendencia de explotación y de no inversión en la exploración de nuevos campos, si no hay una reinversión en las plantas de refinación, cada vez tendremos plantas más antiguas con problemas de mantenimiento y de costos más altos y una obsolescencia y dependencia tecnológica que va a ser imposible manejar en poco tiempo, es por eso que se requiere que Pemex no sea únicamente visto como la gallina de los huevos de oro sino que vuelvan a Pemex los recursos importantes, parte de lo que genera, para que puedan ser renovadas sus plantas y para que pueda ser actualizada su tecnología.
Y en el proceso de la privatización de la petroquímica, definitivamente no podemos oponernos a que ese proceso se dé en principio, porque el Estado debe permitir que los particulares que puedan hacer mejor lo hagan, aplicando el principio de subsidariedad, que solamente el Estado haga aquello que los particulares no pueden hacer.
A lo que nos oponemos es al proceso de privatización con una discrecionalidad y corrupción como ha sucedido en el caso de la venta de los bancos y de Teléfonos de México. La venta de la petroquímica no puede ser una venta de garage, no puede ser unicamente un remate al mejor postor, sino que tiene que obedecer a una estratégia nacional de saber cuáles son nuestras prioridades a mediano y largo plazos, tiene que ser evaluada en términos de qué beneficia a la industria nacional, qué beneficia a integrar las cadenas productivas que aumenten el valor agregado de la producción nacional, no puede ser únicamente una venta de chatarra para ver quien se queda con las plantas, podríamos llegar a extremos de que empresas trasnacionales compraran plantas petroquímicas en México para después cerrarlas, porque les conviene más importar los productos terminados del extranjero de sus propias plantas que tienen una capacidad ociosa en estos momentos.
Y como queremos evitarlo, nosotros proponemos que Petróleos Mexicanos presente un plan congruente, un plan consistente de desarrollo petroquímico y no solamente las propuestas de ver quién se queda con estas plantas, sino qué va a ser el futuro de la petroquímica en México.
México tiene una vocación clara en el área de petroquímica, podría convertirse en uno de los líderes mundiales, tenemos los recursos naturales, tenemos las posibilidades de hacerlo, hemos desarrollado tecnologías nacionales importantes y yo creo que con una visión patriótica, con una visión de administración se podría constituir en uno de los pilares más solidos de la economía.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el señor José Trinidad Lanz Cárdenas, para referirse al mismo tema.
El senador José Trinidad Lanz Cárdenas:
Con la venia de la Presidencia:
Me he inscrito sobre este tema que han abordado desde el punto de vista de la constitucionalidad, los dos primeros de los legisladores que me antecedieron y de una manera soslayada el último, porque creo que son temas en los que existen diferentes posiciones que pueden conducir desde esta tribuna, a confusiones entre la opinión pública.
Dejo a salvo mi principio de congruencia en relación con la carencia de facultades de esta Comisión Permanente, para abordar un tema tan trascendente; y dejo la constancia también de que ni siquiera el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, es de la competencia del Congreso de la Unión.
Desde un inicio, cuando tuve la oportunidad de conocer la información que se ha proporcionado por los distintos medios de comunicación, sobre la intervención de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, me ha llamado poderosamente la atención con qué facultades ha intervenido esta comisión en este tema de tanta trascendencia.
Resulta curioso que se venga a hablar de inconstitucionalidad, usando procedimientos inconstitucionales. No tiene facultades el Congreso de la Unión y menos aún esta Cámara o camarita, entre comillas, que es la Comisión Permanente, para abordar temas sobre constitucionalidad o sobre inconstitucionalidad, ni menos aún para intervenir en desincorporación de activos o de bienes de la nación, que en los términos de la Ley General de Bienes Nacionales, son privativos del Poder Ejecutivo Federal, respetándose los procedimientos que la propia legislación prevé.
Dejando a salvo esta situación, sí quisiera hacer algunas consideraciones sobre esta supuesta inconstitucionalidad que se ha venido a mencionar en esta tribuna, entre comillas.
Es cierto que en un país libre todo el mundo puede interpretar lo que mejor convenga a su criterio, a su razón y a su interés personal, pero la constitucionalidad, como se ha dicho ya y se ha admitido en esta tribuna, sólo corresponde determinarla con carácter obligatorio y con criterio firme e incuestionable, al Poder Judicial de la Federación, en una primera instancia en los juicios de amparo, por los jueces federales y en una segunda instancia de los mismos juicios, parcialmente por los tribunales colegiados de Distrito y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en única instancia, a la Suprema Corte y ésta es la interpretación única que de manera inveterada se ha hecho al contenido del artículo 94 de la Constitución General de la República.
No quisiera dejar pasar algunas afirmaciones antes de entrar al análisis detallado y pido la tolerancia de la Presidencia para abordar el tema específico de la petroquímica, algunas de las cosas que se expresaron por el distinguido senador que me precedió.
Rechazo categóricamente que Petróleos Mexicanos sea un botín de nadie. Petróleos Mexicanos es la palanca de la energía y la palanca de la economía de esta nación. Vino como consecuencia de una medida de un patriota como fue el general Lázaro Cárdenas y se ha venido manejando para beneficio de la nación.
Advierto posiciones encontradas cuando se habla de que si se privatiza o no se privatiza, si se sustraen bienes de Petróleos Mexicanos o no, los cuales deben quedar para reflexiones posteriores.
He leído con un gran interés el dictamen suscrito por la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados. Debo confesar y admitir que es un dictamen hecho a conciencia aun sin tener facultades constitucionales, sin embargo es un estudio que honra a los diputados que lo hicieron.
No voy a referirme a las razones económicas, a las políticas ni menos aún a las ideológicas que sobre el particular se han expuesto, sino exclusivamente a las jurídicas y de inicio manifiesto mi oposición a que se trate de una controversia constitucional.
Los señores legisladores, comenzando con el primero que lo planteó como un punto de acuerdo y con total independencia que la Presidencia de esta Comisión lo haya turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para la posibilidad de una controversia constitucional, debo decir categóricamente que esto no tiene ningún fundamento.
Las controversias constitucionales están previstas en el artículo 105 de la Constitución y solamente se refieren a conflictos de competencias entre los tres niveles de gobierno y la propia Constitución en los distintos incisos de la fracción I del artículo 105, va diciendo cuáles son estos conflictos de competencia y yo me pregunto y translado a la reflexión de ustedes este problema de la desincorporación de la petroquímica secundaria, ¿cuál es la controversia que lo ha originado? ¿Entre qué niveles de gobierno?, ¿en cuál de los supuestos a que se refiere el 105 encaja un problema de esta índole, para que la Suprema Corte de Justicia pueda intervenir dirimiendo una controversia constitucional?
No hay la menor controversia, no es más que una opinión dada por unos diputados y tal vez por algunos senadores, sobre si algo es constitucional o no, pero la Suprema Corte de Justicia no interviene en los conflictos que la Constitución le confiere competencia para hacerlo, en circunstancias al capricho o al deseo de cualquiera.
Solamente podría intervenir la Suprema Corte de Justicia en este tema que ahora nos convoca en esta tribuna, si se interpusiera un juicio de amparo en contra de la resolución que decretara la desincorporación y por parte interesada con interés jurídico directo y no indirecto, como lo establece de manera categórica la ley reglamentaria del Amparo, que reglamenta específicamente los artículos 103 y 107 de la Constitución.
Por tales circunstancias no quería dejar pasar este planteamiento sobre una controversia constitucional, que no se da el más mínimo supuesto constitucional para que pueda ser planteada y se expondría en el supuesto sin conceder de que lo planteara así el Congreso, a una situación de desechamiento que pondría en términos de tela de juicio la seriedad del Congreso de la Unión.
Concluyendo esta primera fase de mi intervención. La constitucionalidad o la inconstitucionalidad de algo no es a capricho de quien piensa o quien determina; es a criterio exclusivo y privativo del Poder Judicial de la Federación.
Ni el propio Congreso ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores pueden hacer una declaratoria de inconstitucionalidad. Solamente mediante el juicio de amparo, dadas las circunstancias, podría intervenir el Poder Judicial y confirmo esta situación de que ni siquiera el Congreso puede declarar algo inconstitucional porque esa resolución del Congreso puede ser cuestionada en un juicio de amparo y la Suprema Corte decir que está equivocado el Congreso y declarar inconstitucional una ley emitida por el propio Congreso.
Ese es el orden jurídico nacional y a ése nos debemos atener.
Veamos ahora qué pasa con la petroquímica. Alguno de los legisladores hizo referencia y voy a ser congruente con ese documento, que lo hizo suyo al pedir que se leyera, planteado por algunos diputados sobre supuesta inconstitucionalidad de la desincorporación de la petroquímica.
Se hace referencia específicamente a tres preceptos de la Constitución: se refiere al 25, al 27 y al 28.
Desafortunadamente desde mi punto de vista, que es un punto de vista particular, como el de ustedes, legisladores, que no obliga a nadie, pero que tengo el compromiso y la honestidad profesional de plantearlo, no se da sobre este particular, porque ese planteamiento en un ejercicio de hermenéutica jurídica, que es la ciencia de la interpretación del derecho, nos lleva a conclusiones totalmente diferentes de la que se plantea en este documento de los diputados.
Se dice que el artículo 25, el 27 y el 28 no solamente no permiten, sino que prohiben la venta de los productos del petróleo. Nada más lejos de la verdad y basta remitir a una simple lectura del texto del 25, del 27 y del 28 y conste que yo no me referiré a los aspectos ni políticos ni económicos ni si es conveniente vender o no la petroquímica secundaria, simplemente me referiré a la precisión de los temas constitucionales y de los temas jurídicos, lo demás queda a la responsabilidad del Ejecutivo y en dado caso a las responsabilidades que pudiera derivarle el Congreso, pero no de manera previa, como ahora se pretende establecer, no es derecho del Congreso autorizar o no esta medida y lo vuelvo a repetir, ésta es una facultad del Ejecutivo de la Unión en los términos de la Ley General de Bienes Nacionales.
Que nos dice el 25 sobre el particular, en la inteligencia de que éste es un precepto que fue totalmente fraseado en el año de 1983, no existía antes, nos habla de la exclusividad de las áreas estratégicas. Nos dice en su texto, párrafo cuarto: "El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 párrafo cuarto de la Constitución: "...manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan".
Este artículo no está prohibiendo que se vendan activos de la nación, lo único que está diciendo en términos tan categóricos que no admiten ni siquiera ambigüedad e interpretación, es que las áreas estratégicas son del exclusivo manejo del Gobierno Federal y que los organismos que las manejen, siempre se conservarán en el Gobierno Federal, no se está refiriendo a la petroquímica, únicamente está hablando de áreas estratégicas.
¿En dónde están definidas las áreas estratégicas? En la reforma que también se hizo en 1983. Hay cuarto párrafo del artículo 28 constitucional en donde, en origen, exceptuando la reforma que se hizo el año pasado, se hablaba de 13 áreas estratégicas y entre una de ellas está por vez primera en el texto constitucional y legal también el término de "petroquímica básica". No habla de cualquier petroquímica, dice petroquímica básica y de manera muy curiosa en la legislación nacional, ni en la legislación secundaria ni en la reglamentación se habla de petroquímica básica.
Se define lo que es petroquímica, se dan áreas exclusivas en determinados productos de la petroquímica, pero no se da una definición legal de qué es petroquímica básica, definición, señores legisladores, que tampoco podemos encontrar ni siquiera en la más amplia enciclopedia del mundo. ¿Por qué? Porque éste es un concepto legal, específico, del derecho mexicano.
La petroquímica en todas las latitudes del mundo es una auténtica cadena productiva, desde su inicio hasta su fin. No hay petroquímica básica ni petroquímica secundaria ni terciaria, como ahora se habla también de ella y después me voy a referir a las diferencias entre las tres, pero esto proviene de una interpretación de la legislación secundaria.
El único concepto constitucional es la enumeración como área estratégica de la petroquímica básica, pero en la reforma que se hizo en el año de 1982, en el debate de ambas cámaras del Congreso, cuando se discutió esta reforma, no hubo la más mínima referencia ni en la exposición de motivos ni en los dictámenes legislativos ni en los cuestionamientos hechos en las tribunas de qué se entendía por petroquímica básica y petroquímica secundaria. Es decir, si estamos hablando, compañeros legisladores, de inconstitucionalidad, para que haya inconstitucionalidad tiene que haber contravención con la Constitución, no por cualquier ley, no por cualquier reglamento, no con cualquier disposición o circular administrativa, la inconstitucionalidad no es más que el choque abierto entre un acto de autoridad y el texto de la Constitución General de la República.
Si se está hablando de desincorporación, de petroquímica secundaria, ¿en dónde está la inconstitucionalidad? ¿En dónde está la contravención al texto de la Constitución? Cuando que lo único que establece la Constitución y la Constitución, compañeros legisladores y los que son abogados tal vez lo conozcan mejor que yo, no da definiciones; simplemente enumera situaciones jurídicas. Y en el caso del 27 constitucional, que yo había dejado deliberadamente en el tintero, hace referencia al petróleo y a los hidrocarburos.
Nos dice así el párrafo sexto del texto constitucional, haciendo la aclaración que los hidrocarburos están en el párrafo cuarto y en el párrafo sexto nos dice terminantemente: "En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, los dos, el cuarto y el quinto el -cuarto que habla de los hidrocarburos, del petróleo, líquidos y gaseosos; y el quinto, que habla de las aguas de la nación, nos dice categóricamente la Constitución-, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas, conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes".
¿En dónde está la categórica prohibición? Si lo lleváramos esto al absurdo, como lo reconoce el propio dictamen y los debates que tuvieron los diputados sobre el particular, llegaríamos a la posición, a la tenencia de hidrocarburos, pero no los podríamos tocar, no los podríamos vender jamás y entonces ¿para qué le servirían a esta nación dentro de una interpretación tan restrictiva y tan absurda?, toda la venta que se haría de las gasolinas sería inconstitucional, ¿por qué? Porque es inalienable, porque no se puede vender.
Seriedad, señores, para interpretar la Constitución. La Constitución no es un tratado de sindéresis gramatical, la Constitución es la única norma que no tiene base legal, la Constitución se basa en la historia, en la economía, en el derecho, en la política y hay que tocar a la Constitución con mano temblorosa, como decía un ilustre pensador, vamos a interpretarla, pero en función de lo que significa y no sustentar que es inalienable lo que la misma Constitución está remitiendo a concesiones.
Desde ese punto de vista es contradictorio el texto constitucional, si por un lado dice que es inalienable y por otro dice que se puede concesionar, entonces ¿cuál es la expresión de la Constitución que puede tener valor?
Pero continuamos con su redacción, porque tiene otro agregado específico en relación con el petróleo. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva.
Si la propia ley reglamentaria del 27 constitucional, en materia del petróleo, permite la disposición, la explotación, la circulación, el transporte de derivados del petróleo y mencionemos dos que serían los más interesantes para nuestro particular: el gas y la petroquímica. Están establecidos en la ley reglamentaria, no con el concepto clarísimo de petroquímica básica. Lo repito, señores legisladores, ese concepto no está en los textos legales, surgió por vez primera en el año de 1960 cuando con base en el reglamento de la explotación del petróleo en su Capítulo VII, que se refería a la petroquímica, autorizaba al Ejecutivo para hacer la clasificación de cuáles eran los productos que debía explotar el Estado por un lado y que estaban sujetos a la explotación de los particulares por el otro.
Y por vez primera se utiliza en una expresión oficial, en ese acuerdo presidencial de enero de 1960, se utiliza la expresión "petroquímica básica" y se hace un enumerado, enumerado que es posteriormente modificado ya con base en el reglamento específico en materia de petroquímica, que fue expedido en el año de 1971. Se derogó aquel capítulo del reglamento anterior y se reglamentó de manera específica; pero a pesar de que en 1960 ya se utilizaba la expresión oficial en un acuerdo presidencial de petroquímica básica, 10 años después este reglamento no utiliza esta expresión, sino simple y sencillamente define lo que se entiende por petroquímica, pero al hablar de petroquímica usa casi el término enciclopédico de la palabra, es utilizar la química en el petróleo para todas las derivaciones que se pueden conseguir de la multiplicidad de productos que hay en el medio usual, inclusive ya ni siquiera el industrial. Cuántas de las cosas, hasta nuestras camisas son petróleo, en función de toda esa enorme gama y derivación que tiene la química en el petróleo.
Pero lo que sí hizo este reglamento fue precisar de una manera específica aquellos productos del petróleo que empezó a utilizar la expresión que se usaran de primera mano y como base de industrias posteriores o elaboraciones posteriores y esto es lo que nos viene dando, señores legisladores, el concepto de esta clasificación sui generis del derecho mexicano entre petroquímica básica, petroquímica secundaria y petroquímica terciaria y ahí vamos a la diferencia, la básica es la que únicamente puede ser explotada por el Estado mexicano a través del organismo descentralizado creado para ello que es Petróleos Mexicanos y sus filiales.
La secundaria es en la que pueden convenir los dos, pueden intervenir, en los términos en que lo establece el 25 constitucional cuando habla de la combinación del sector público con el sector privado, ya no como área estratégica que la establece el 28, sino como área prioritaria que establece el 25 y la Ley Federal de Entidades Paraestatales y en las últimas reformas de la Ley General de Bienes Nacionales.
Y la terciaria es en la que ni siquiera se necesita permiso de nadie para explotar los productos. Y este reglamento al que hago referencia establece que será la comisión de petroquímica, la que hará las clasificaciones. De ahí viene la de 1986, que es distinta a la de 1960, 26 años antes, la de 1989 y la de 1992 que actualmente nos rige.
¿Cuál es el criterio, compañeros legisladores, para determinar qué es petroquímica básica? ¿Qué es petroquímica secundaria y qué es petroquímica terciaria?
Los fundamentos que se den en estos acuerdos están basados en motivaciones muy claras sobre la necesidad de ir abandonando criterios hasta cierto punto anquilosados y superados con la técnica que siempre crece de manera vertiginosa por encima del derecho. Lo que era primario en una condición, puede no serlo después; los químicos sabrán mejor lo que estoy diciendo sobre el particular.
Antes se hablaba de moléculas; ahora se habla de átomos y de circunstancias nucleares, los protones, los neutrones, muchas circunstancias que en la química y en la física y en la ciencia, nos llevan a situaciones totalmente diferentes según la tenología vaya avanzando.
Conste que no me estoy refiriendo ni me voy a referir a las razones económicas que se analizan en el dictamen. No estoy capacitado para cuestionarlas. Pero creo que mi experiencia como abogado y como ejercitado en el arte de la interpretación jurídica, me puede llevar de manera muy clara a la interpretación que estoy sosteniendo.
La Constitución no prohibe y sin embargo como se dice en el propio dictamen, en el 134 sí establece la posibilidad de la venta de los bienes del Estado en los términos de la legislación reglamentaria, previa la desincorporación, ya se trate de bienes de dominio público, ya se trate de bienes de dominio privado.
Resumiendo en pocas palabras, señores legisladores, no hay inconstitucionalidad. Ese es mi punto de vista personal. Ojalá que se encuentre a los que están inconformes con esto, el camino para que sea la Suprema Corte la que sustente el criterio definitivo. Pero desde hoy advierto: no es la controversia constitucional. Habría que acudir a algún otro de los procedimientos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.
En resumen, señores legisladores, mi opinión es que hay que respetar la Constitución. Mi opinión es que hay que interpretarla adecuadamente y no es con sofismas, con falsas premisas, en donde podría llegarse cómodamente a conclusiones totalmente paradójicas, como puede sostenerse que algo es inconstitucional por el simple hecho de no coincidir con una apreciación muy personal que se haga al respecto.
Respetemos la Constitución. Ese es mi punto de vista y lo concluyo con una cita que me fascina desde el punto de vista profesional: en el vestíbulo superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe uno de los murales más bellos de José Clemente Orozco, que se llama: "Las Riquezas Nacionales" y en su parte de abajo lleva una lapidaria frase en latín que algunos atribuyen al poeta Horacio y otros al abogado por excelencia, de toda la historia, Marco Tulio Cicerón: Suprema legis servus sumus pos ser libere es et posimus. Seamos esclavos de la Ley Suprema, para poder ser libres.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Sí, diputado, ¿para rectificar hechos? Tiene usted la palabra hasta por cinco minutos, diputado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Muchas gracias, señor Presidente:
Ojalá y los cinco minutos sean como los 15 minutos del señor senador. Pero bueno. Yo quisiera referirme a varios puntos que se han tocado aquí en la tribuna y el primero de ellos, el que tiene qué ver con que como el propio senador ha reconocido, no es la sede de este poder a quien corresponde la definición última de la constitucionalidad o no. Eso es precisamente lo que argumentamos algunos diputados en la Comisión de Energéticos.
Sin embargo, algunos señores legisladores del PRI, insistieron en dar un espaldarazo amplio a la constitucionalidad en las recomendaciones o conclusiones de que se trata. Por eso yo comparto plenamente muchas de las posiciones a las que se ha referido el señor senador.
Naturalmente que el problema de la constitucionalidad tiene varios perfiles a los que yo pasaré a referirme. Sin embargo, habría que apuntar que la Comisión de Energéticos conoció del asunto de la desincorporación de la llamada petroquímica secundaria, por instrucciones del pleno. Pero hay algo que aún falta por hacer en la Cámara de Diputados a este respecto. Si nosotros revisamos la versión estenográfica del 19 de octubre de 1995, vamos a encontrar, entre otras cosas, que el asunto fue turnado a dos comisiones: a la de Energéticos y a la de Ecología y Medio Ambiente.
La de Energéticos, de alguna forma ha establecido ya sus resultados. Estamos pendientes de ver cuándo los señores de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente cumplirán con el mandamiento del pleno, para que también se ocupen de este asunto, desde la perspectiva de la ecología y el medio ambiente. Quiero apuntar que la comisión respectiva, se formó inclusive una subcomisión para atender este asunto y que por razones que desconocemos, pero que ojalá los señores integrantes de esa comisión nos puedan aclarar, hasta la fecha no ha habido ningún trabajo a pesar de que está creada una subcomisión y personal y seguramente ésta es una preocupación de muchos legisladores que así mandataron en el pleno, pues vamos a estar interesados en conocer sus trabajos y sus resultados.
Para terminar de redondear esta idea, debería de apuntar que en el Diario de los Debates, al consultar la intervención del 19 de octubre de 1995, relativa a este tema, por razones que yo no tengo claras pero que probablemente sean atribuibles a "los duendes" de las imprentas, aparece turnado a la Comisión de Energéticos y a la Comisión de Hacienda y no a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, como en su momento tuvo a bien dictar el señor Presidente de la Cámara de Diputados.
Ese es un tema que dejo ahí, porque seguramente va a ser motivo de reflexión y de análisis en breve tiempo.
Ahora bien, siguiendo la lógica que el señor senador ha expuesto en esta tribuna, lo menos que podríamos hacer es estar completamente de acuerdo con él en que será en la sede del Poder Judicial Federal donde se resuelva en última instancia, como intérprete supremo de la Constitución, el problema de las petroquímicas. Pero aquí valdría la pena hacer algunas reflexiones sobre el asunto de la petroquímica.
Como bien reconoce el orador que me precedió en la palabra, fue en 1983 cuando el Poder Constituyente Permanente incorporó como área estratégica la petroquímica básica. Naturalmente que los conceptos constitucionales deben ser debidamente dimensionados en la ley reglamentaria de la Constitución correspondiente, en el caso que se trata en la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo.
Pero como bien reconoce el senador, en esa ley no se previene ningún criterio o ningún listado definitivo de productos petroquímicos o básicos, pero apunta algo importante en su argumentación el senador, que yo quiero recoger. Dice que la petroquímica es esencialmente petróleo más química y resulta que en estos momentos los llamados petroquímicos básicos, en su parte fundamental provienen no de la intervención de la química en el petróleo, sino de la separación física de los gases. Por lo que en realidad se trata de petrolíferos o hidrocarburos en estado natural.
Otra cuestión, que naturalmente está en el centro de este debate y por lo cual valdría la pena solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es si un concepto constitucional cuyas fronteras no están apuntadas en la ley reglamentaria respectiva, es susceptible de ser acotado, dotado de contenido, de alcance y de operatividad, sin estar reglamentado en una ley por el señor titular del Poder Ejecutivo Federal.
A mi juicio, el artículo 89 fracción I de la Constitución General de la República, que previene la exacta observancia de la ley en el ámbito administrativo, no faculta al Presidente de la República para que acote los términos de un concepto constitucional como la petroquímica básica.
Yo creo que las preguntas que de inmediato saltan en este orden de ideas es el saber si el Poder Ejecutivo Federal tiene facultades constitucionales para delimitar per se, el alcance de una área estratégica que el Constituyente Permanente introdujo en 1983.
Y cuando el Constituyente Permanente de 1983 lo incorporó, seguramente tuvo a la vista el listado de petroquímicos básicos que en aquel momento existían. Y una buena mañana nos desayunamos con que el señor Presidente de la República, por conducto de alguno de sus departamentos, había reclasificado y disminuido el alcance de la petroquímica básica. ¿Tiene facultades el señor Presidente de la República para acotar y dotar de alcance a un precepto constitucional incorporado por el Constituyente Permanente y cuyas fronteras no se delimitan en la ley reglamentaria respectiva?
Creo que el señor senador ha dado en el justo clavo cuando reconoce que no hay ninguna disposición que sirva de frontera y que por tanto la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo está en entredicho.
Si tenemos el cuidado de dar lectura al punto de acuerdo que me he permitido someter a consideración de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, encontraremos que el motivo será precisamente el que tiene que ver con la petroquímica básica. E insistimos, esta situación no se encuentra delimitada en la ley reglamentaria del petróleo, pero sí se encuentra reglamentada, no podría decirlo de otra forma la Constitución, por el señor Presidente de la República, en lo que atañe a este tema.
¿Tendrá facultades el señor Presidente de la República para decir qué es y hasta dónde llega el alcance de una área estratégica que el Constituyente Permanente estableció en la Constitución y cuya frontera no se apunta en la ley reglamentaria respectiva? He ahí el punto central del debate.
Quisiera recoger, ya para finalizar, algunas cuestiones que tienen que ver con el pronunciamiento de varios legisladores. Todos están preocupados por la constitucionalidad y la sede eficaz para delimitar el alcance de un concepto constitucional como el de petroquímica básica, es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quisiera cerrar esta argumentación, recordando que la primera clasificación de petroquímica de 1960, contiene como petroquímicos básicos a varios productos que hoy son considerados secundarios, pero hay algo muy curioso ahí, ninguno de los que aparecen en ese entonces está considerado en los hoy llamados petroquímicos básicos, ¿por qué?, por la sencilla razón de que se trata de petrolíferos o hidrocarburos en estado natural y ahora nos quieren vender la idea de que esos hidrocarburos en estado natural son petroquímicos básicos, cuando en realidad son materia prima para elaborar petroquímicos básicos; he ahí el punto de la cuestión y he ahí donde está clavado el punto de inconstitucionalidad a mi juicio.
Muchas gracias, señor Presidente.
REFORMA DEL ESTADO
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, el diputado Eugenio Ortiz Walls, para referirse a la reforma del Estado.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:
Con el permiso del señor Presidente; señores senadores; señores diputados:
El tema de la reforma del Estado a que hemos aludido en algunas ocasiones desde esta tribuna, se ha convertido en un cajón de sastre, es decir, en que en lo que todo cabe y de todo se puede hablar.
En su último informe de gobierno, el ex presidente Calles, afirmó que México dejaba atrás la etapa del caudillismo y que entraba a la de las instituciones. Poco después, a instancias del propio general Calles, se creó el Partido Nacional Revolucionario, que postuló al ingeniero Pascual Ortiz Rubio en 1929. Vasconcelos y muchos mexicanos han dado testimonio de esa época y modo de actuar del Partido Nacional Revolucionario. La prensa de la época, tanto nacional como extranjera, realmente pueden consultarse para quienes no vivieron esa época.
Pocos años después el PNR se transformó en el PRM con las características que señaló el jefe máximo de la revolución y posteriormente el PRI fue creado en 1945 de acuerdo a las características señaladas por el ex presidente Avila Camacho.
El presidente del Partido Revolucionario Institucional, el domingo pasado, hizo una alusión a los 67 años de habernos propuesto satisfacer las legítimas demandas populares de igualdad y de justicia en la democracia y en la legalidad, el partido del PRI continúa recibiendo un firme apoyo de la mayoría del electorado y etcétera; en realidad creo que el PRI se aumentó algunos años y se aumentó algunos años porque en realidad ustedes saben que hay momentos en la vida de los hombres y de los pueblos en que vale la pena peinar canas.
El artículo 41 de nuestra Constitución nos señala lo que es un partido político, los partidos políticos son entidades de interés público y además dice que tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre y secreto, secreto y directo.
La reforma del Estado y el cambio, el problema de México desde hace mucho tiempo también tiene quizá, algunos años más que el PRI, el problema de México es precisamente el anhelo presente, constante de los mexicanos de transitar por el camino de la democracia, ése es el cambio que ha querido el pueblo de México.
Y así como en 1910, un grupo de mexicanos encabezó al pueblo para cambiar la dictadura, el pueblo mexicano se organizó en este siglo para acotar al partido del poder, no al partido en el poder sino al partido del poder, al partido que nace cobijado por el Gobierno y que pensábamos que habida cuenta de la experiencia y de las circunstancias, los miembros del PRI deseaban convertirse en un auténtico partido democrático y transitar junto con las demás fuerzas políticas el camino para el advenimiento pleno de la democracia en México.
El presidente del Partido Revolucionario Institucional, el domingo pasado, pronunció una frase que vale la pena comentar: dirigiéndose al presidente Zedillo, dijo: "...el PRI, su partido señor Presidente, está firme, está dispuesto para luchar por la recuperación y crecimiento duradero, por su desarrollo social que a cada mexicano asegure bienestar y libertad y así garantice a la nación prosperidad, identidad y soberanía".
Volvemos pues a esa simbiosis de partido-gobierno, retornamos y ésa es la decisión de los miembros del Partido Revolucionario Institucional en esta época de reforma y de cambio que se pregona a los cuatro vientos, esa es la decisión del PRI en 1996, no porque esté cerca del Siglo XXI, en realidad el tiempo lo mide el hombre y podríamos estar cerca del XXII o entrar al XVII, no importa, la verdad es que a unos cuantos años en que vamos a tener más que 67 años todos los que estamos en esta sala, en un país de mujeres y de jóvenes que están hartos del caudillismo, que están hartos como en 1929 cuando el PNR acusaba a la oposición de autorizar que las mujeres participaran en política.
Vean las caricaturas de aquel tiempo, del periódico oficial, del periódico del Gobierno. Decían "aquí está el artículo, no tienen derecho las mujeres de participar y menos los jóvenes". En un país aquí y ahora en que la exigencia es más grande que nunca porque tenemos un mayor número de mexicanos, hemos crecido, quizá no nos hemos desarrollado como debiéramos pero hemos crecido en número los mexicanos y el promedio de vida, el promedio de edad, es de jóvenes y hay más mujeres que entonces.
Para qué sirve la política, para qué sirve la libertad política, para qué sirve la legalidad, para qué sirve la tolerancia y para qué sirve el diálogo. Para qué se invita a la participación ciudadana si queremos ser iguales que nuestros abuelos, para qué invitamos a que el pueblo de México cambie sus estructuras políticas, sociales y económicas si queremos permanecer en la inamobilidad y en el orgullo de que somos los únicos benefactores y que somos los únicos intérpretes de la Revolución.
El término cambio, es para que pensemos que ni el poder por el poder, ni el cambio por el cambio. Es necesario reflexionar porque la palabra es consecuencia del pensamiento, porque la palabra debe llevar a los corazones, si no toda la verdad, parte de una verdad y debe ser punto de despegue, de motivación, de proceso y de objetivo, a efecto de que ese cambio sea una realidad en el corazón, en la mente y en los actos de los hombres.
El entorno nacional de ahora es crítico y no quiero usar crisis, porque casi todos los que están aquí hemos, desde niños, oído que México está en crisis, siempre está en crisis y siempre está el mismo Gobierno.
Nuestro entorno nacional es crítico y la descomposición política, económica y social del país es evidente, su alto grado agrava la crisis moral que agobia al país.
En política, se reitera la identificación de Gobierno con partido y más bien con el grupo en el poder, más bien con el grupo del poder se reitera la base corporativa del partido del Gobierno.
Los gobernadores del partido del poder, en su mayoría extreman su acoso a la oposición y se retorna a las viejas formas de simulación electoral. El gobernador Bartlett actúa como si hubiéramos olvidado su responsabilidad en la caída del sistema, en la campaña electoral en 1988.
En economía, ya ni siquiera podemos hablar de carestía, de inflación, es poco eso, hay escasez de productos, de productos básicos.
En lo social, se agudiza el desempleo y los sueldos cada día son insuficientes. Falta vivienda digna para los mexicanos, independientemente de que en forma declarativa aparezca en la Constitución como un derecho.
Los servicios básicos que debe prestar el Gobierno son deficientes a nivel municipal, a nivel del Estado y a nivel Federal.
Y los mexicanos se preguntan: hacia dónde vamos, hacia dónde vamos en un momento en que hasta los propios miembros del Partido Revolucionario Institucional, hablan de que la actual realidad del país ha desbordado las fórmulas tradicionales de compromisos y acuerdos entre los actores políticos y sociales.
Y efecto y causa a la vez de una sucesión de acontecimientos, surgen nuevas demandas y se desencadenan problemáticas desconocidas para la opinión pública, pero latentes por años, emergen fuerzas insospechadas que reclaman un lugar en el concierto nacional.
Reforma del Estado, reforma de México, más bien reforma de hombres, reforma de hombres que logren...
El Presidente:
Señor orador ¿Permitiría usted...
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:
No lo acepto.
El Presidente:
No acepta. Adelante, señor orador.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:
Reforma de hombres a efecto de ser congruentes, que hablen de democracia los que sean demócratas, que hablen de libertad los que quieran libertad para el pueblo de México, que hablen de justicia quienes no se enriquecen a la sombra del poder, los que no se asocian con los empresarios para hacer negocios a la sombra del poder.
Si un solo señor puede tener 67 millones en Suiza ¿Cuántos señores tendrán tantos millones en otros bancos y en ese país.
Y la gente quiere ya no palabras ni discursos, quiere hechos, quiere ver cambios de verdad, de que estas reformas se traduzcan con una reforma de las personas, para que haya reforma de las estructuras políticas, sociales y económicas como las quiere México en 1996.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el senador Mario Vargas Aguiar.
El senador Mario Vargas Aguiar:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores:
Efectivamente, como aquí constatamos, la reforma del Estado se ha convertido en un cajón de sastre. Se ha hablado de muchas cosas.
Yo quiero plantear, de entrada, que todos los partidos políticos, su razón de ser es presentar propuestas, planteamientos, programas a la ciudadanía y obtener su voto, obtener el poder para que a través del poder seguir sirviendo cada vez mejor al pueblo de México. Yo voy a entrar al tema al que me inscribí, a la reforma del Estado y he de decirles que recuerdo muy bien que al tomar posesión como Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, reconoció que los avances democráticos hasta este momento han sido insuficientes, que es el momento de sumar nuestras voluntades, sin sacrificar nuestras diferencias y también habló de la necesidad de impulsar el federalismo y el equilibrio entre los poderes.
Hoy, el centro del debate nacional está en la discusión de un nuevo proyecto de reforma y la convocatoria está abierta a través de mesas a través de foros a todas las fuerzas políticas.
Como todos sabemos, están sujetos a revisión tanto en el seno de la Secretaría de Gobernación como en las comisiones plurales de las cámaras legislativas, entre otros puntos: autonomía fortalecida de los órganos electorales, reglamentación y fiscalización del financiamiento a los partidos, designación del director del Instituto Federal Electoral, topes y auditorías a gastos de campaña, acceso equitativo a medios de comunicación y otros y también como legisladores, nuestro poder estudia mecanismos para su fortalecimiento y se llevan a cabo discusiones, auspiciados por las cámaras, en el caso concreto por el Senado de la República para la nueva distribución de facultades y de recursos. Estamos empeñados con la seriedad de la reforma del Estado.
Constitucionalmente el sistema político mexicano está definido como una democracia representativa, republicana y federal; sin embargo y es evidencia el debate que se da en estos momentos, las elecciones y la integración de los poderes públicos son todavía fuente de estas discusiones.
Ha habido intentos y avances, pero hay que reconocerlo con seriedad, con responsabilidad, hay que profundizar en la transición pactada hacia el perfeccionamiento de nuestra democracia.
Por ello coincidimos con Ernesto Zedillo, el único camino legal y democrático para evitar hechos de inconformidad no es denostando ni descalificando a los contrarios ni a las otras fuerzas políticas, para evitar hechos de inconformidad es necesario discutir, es necesario con seriedad emitir nuestras opiniones y realizar una reforma electoral que se sume a los avances ya obtenidos y lograr nuevos acuerdos, que estoy seguro pueden lograrse.
Debemos, pues, construir una reforma del Estado que sea definitiva, porque lo requerimos para avanzar en la estabilidad. Las discusiones, los debates, la inestabilidad política no nos ayudan a los mexicanos para avanzar en algo que debemos hacer: superar el nivel de vida de nuestros connacionales. Por eso la reforma electoral es fundamental para fortalecer las contiendas y éstas se den de manera pacífica y plural. Esto es lo que quieren los mexicanos, que las contiendas políticas y los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad, de estabilidad y de normalidad democrática.
¿Cómo podemos evitar la concurrencia de conflictos que nos desgastan en tiempo y en concentración, para dedicarnos a avanzar productivamente? Los conflictos poselectorales evidencian la necesidad de la conveniencia de la reforma electoral y de su urgencia.
Se ha planteado que por dictámenes de tribunales locales electorales se detiene la discusión de la reforma política. Debemos de recordar que con la instalación de los tribunales electorales se dio un paso más en la institucionalización de nuestra vida política, pero si estamos de acuerdo, si podemos platicar, si podemos dialogar que tenemos que dar un paso más, ¿por qué no hacerlo?
Si la manifestación de los tribunales electorales locales no coincide con el criterio de los partidos políticos yo creo que podemos encontrar fórmulas adecuadas para que éstas puedan revisarse y en un momento dado, dentro de nuestra legislación, con la facultad que tenemos como legisladores, poder encontrar la fórmula jurídica para dirimir esos conflictos, pero eso, amigas y amigos legisladores, sólo podemos hacerlo no denostando, no descalificando a los otros partidos políticos, no criticando, porque todos los partidos políticos procuran llegar a la simpatía de los ciudadanos y buscar el acceso a las fuentes del servicio público. Porque la democracia mexicana no nació en un acontecimiento o en un momento determinado y no es monopolio de nadie, sino que al ser producto del esfuerzo de todos los mexicanos, de su pasado, de su presente, seguramente seguirá transformándose y seguirá evolucionando.
El PRI ha contribuido a ello y en México se han dado muestras recientes de avances y de reconocimientos.
El día de ayer, en el recinto senatorial, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que México es un valioso socio en promover el esfuerzo de democratización.
Yo creo que con nuestras experiencias y con la voluntad de seguir mejorando las normas, procedimientos y condiciones equitativas para la competencia electoral, se seguirán perfeccionando nuestras instituciones, nuestros procesos electorales y se seguirá fortaleciendo nuestro régimen democrático.
Por eso la exhortación permanente, respetuosa y cordial a las fuerzas políticas nacionales a las organizaciones sociales a participar en la reforma electoral, sin anteponer los problemas coyunturales que además pueden y deben ser resueltos definitivamente por la propia reforma electoral, porque yo estoy seguro que podemos llegar a fórmulas jurídicas para que el proceso electoral tenga una última definición y que en un momento dado si los procesos electorales locales se pueden llegar a contaminar como lo afirman algunos legisladores, poder tener una instancia jurídica legal dentro del estado de derecho, pero todo platicado, todo consensado en esta reforma política, en esta reforma del Estado que todos debemos construir con serenidad.
Es nuestra responsabilidad, compañeras y compañeros legisladores, edificar una democracia plena y todos debemos tomar parte con respeto a la pluralidad, con ánimo incluyente, con buena fe, como lo ha solicitado el presidente Ernesto Zedillo.
Todos los mexicanos debemos compartir la responsabilidad de consolidar nuestras instituciones y construir un estado de derecho fortalecido que debe beneficiar también a todos los mexicanos.
Por su atención, muchas gracias.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificación de hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificación de hechos, diputado Ortiz Walls, hasta por cinco minutos.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:
Con el permiso del señor Presidente; señores senadores; señores diputados:
Ciertamente la democracia no es monopolio de nadie, el poder tampoco es monopolio de nadie en la democracia. Y el señor senador Mario Vargas Aguiar, me extrañó con algo y vengo no a rectificar sino a señalar este hecho de que ahora Boutros Ghali nos da el certificado de buena conducta.
Antier estábamos enojadísimos porque el presidente Clinton nos había dado el diploma de buena conducta por la cosa del narcotráfico y ahora estamos felices porque nos da el diploma de buena conducta democrática el señor Boutros Ghali.
Para que vea, señor senador, que esto de la reforma del Estado verdaderamente es un cajón de sastre.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Pedro Etienne Llano, para hablar sobre comunidades indígenas del Estado de Jalisco.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su autorización, diputado Presidente:
Me dirijo a esta soberanía para presentar información sobre la situación que prevalece en la zona indígena de Manatlán y la costa sur de Jalisco, en donde se presentan hechos delictuosos y violación de los derechos humanos que afectan a las comunidades indígenas de esa región, quienes enfrentan una impresionante presión sobre sus derechos agrarios y legítimas posesiones.
En el corazón de la reserva de la biosfera, sierra de Manatlán, se ubica la comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco. Tiene una superficie de más de 52 mil hectáreas, de las cuales 15 mil están pendientes de ejecución. Cuentan además con una ampliación de 10 mil hectáreas ubicadas totalmente en la zona-núcleo de la reserva de la biosfera.
Hoy en día y en el contexto de la problemática de límites que se sostiene entre Jalisco y Colima, la empresa minera Benito Juárez, de Peña Colorada, ha ocupado ilegalmente una superficie aproximada de 600 hectáreas, de las cuales 300 las ha destinado a la extracción del mineral de fierro desde hace más de 16 años y el resto lo ha convertido en un tiradero de desechos industriales conocido como terreros.
En diciembre del año pasado ocupó otra superficie para exploraciones, de la misma comunidad indígena, todo ello con respaldo del gobierno de Colima y del gobierno municipal de Cuautitlán, Jalisco y con la tolerancia del gobierno del Estado de Jalisco.
La población indígena ha realizado gestiones de carácter agrario y jurídico y ha obtenido diversas resoluciones favorables a su problemática de la Suprema Corte de Justicia, para que se cumpla plenamente la resolución presidencial, para lo cual tienen una ejecutoria favorable y de la Comisión de Derechos Humanos que emitió la recomendación 12295, que hasta la fecha no ha sido aceptada por los gobiernos de Jalisco y Colima, encontrándose serias reticencias para aplicar esta recomendación de la comisión.
La respuesta a estas determinaciones jurídicas ha sido de mayores violaciones a los derechos humanos, incluyendo los asesinatos de indígenas el 12 de diciembre de 1993 a manos de las fuerzas de seguridad pública del Estado de Jalisco y el 2 de noviembre de 1995 a manos del personal de la empresa, actos que han quedado impunes.
Ahora se ha pasado a otra etapa con la fabricación de delitos en contra de los pobladores y dirigentes indígenas, con expedientes amañados, detenciones ilegales, amenazas de muerte, privaciones de derechos agrarios y la imposición de autoridades municipales.
En este orden de ideas y dada la gravedad ancestral de la problemática que se vive, se ha planteado por algunas fuerzas la formación de un municipio indígena en la sierra de Manatlán.
La riqueza biótica de esta región privilegiada por la naturaleza, ha sido la causa de sus desgracias, la lucha por el control de los recursos naturales que en ella existen, ha sido cruenta y larga. Primero, lucharon desde los años cuarenta hasta 1987, en que se decretó la reserva para lograr la conservación de sus bosques y hoy día la empresa minera Peña Colorada, pretende despojarlos de sus recursos minerales. Luchas que han cobrado infinidad de vidas, desintegrado familias y encarcelado inocentes.
Por otro lado, en la zona que comprende la parte costera del municipio de La Huerta, Jalisco, con base en el predio de la ex hacienda de Apazulco y su anexo, el 6 de abril de 1960 se emitió un acuerdo presidencial para adquirir del banco de crédito agrícola, aproximadamente 179 mil hectáreas que fueron adjudicadas en pago para entregarlas al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el que debería destinarlas para dotaciones y ampliaciones, así como para la creación de centros de población, que satisficiera las necesidades y demandas agrarias de la zona.
Pero en esta zona se ha venido montando una red de corrupción, con el objetivo de desvirtuar el cumplimiento de este acuerdo presidencial y favorecer los intereses de consorcios turísticos y de empresarios extranjeros, como Sir James Goldsmith, Luis de Rivera, el grupo SlDE, el club mediterranée, El Tecuán, Careyes y el Tamarindo, entre otros, que de manera ilegal y fraudulenta desviaron los alcances de este acuerdo para figurar como propietarios particulares en estas tierras que debieron destinarse a los ejidos.
En esta red han estado involucrados personajes políticos, secretarios de gobierno en el Estado de Jalisco, delegados agrarios, presidentes municipales y sobre todo, altos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria y militares como el capitán Horacio Montenegro, recientemente destituido como director de seguridad pública del Estado. Para no variar, se encuentran también incluidos miembros de la familia Salinas de Gortari.
Destaca el caso de James Goldsmith y Luis Rivera, que con la protección policiaca y militar de Horacio Montenegro, tienen un imperio en esta zona con pistas de aterrizaje, helipuertos, avionetas, con protección de fuerzas públicas a su servicio y grupos de civiles armados con los cuales amedrentan a las comunidades vecinas de Ley Federal de Reforma Agraria, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Morelos y Campo Acosta.
Han llegado a desalojar violentamente y quemado poblados como el Valle de Allende, distorsionando y utilizando para su beneficio la figura de la reserva de la biosfera de Cuitzamala, promovida por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Estas personas se han apoyado en la red de corrupción montada y con la participación principalmente de autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria han desvirtuado totalmente los expedientes instaurados y los justos reclamos de estas comunidades, para quedarse con sus tierras y aumentar sus propiedades con más de cinco kilómetros adicionales de playa en el predio piratas de Apazulco.
Para ello, han obtenido la firma del doctor Arturo Warman, secretario de la Reforma Agraria en un plazo definitivo que se basó en un plano cancelado por el cuerpo consultivo agrario desde 1964 y violentando con ello las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia en favor de los núcleos agrarios.
Además de los despojos y arbitrariedades es notoria la sospecha de que estas personas, con apoyo de fuerzas públicas, se encuentran involucradas en actividades de lavado de dinero y narcotráfico, ligadas con los hermanos Arellano Félix, destacándose la circunstancia de que al efectuarse un operativo nacional reciente, también fueron revisadas las instalaciones de Goldsmith y Luis Rivera por los militares.
Por último, en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Zihuatlán, Jalisco, los campesinos cuentan con una superficie de 7 mil 746 hectáreas de la ex hacienda de Melaque, ejecutada totalmente desde el 7 de diciembre de 1960. Sin embargo, en los años de 1961, 1962 y 1963, pretendieron desalojarlos de sus tierras con fuerzas públicas y militares para favorecer intereses turísticos como los del hotel Melaque, playas del paraíso y hotel Dorado, porque la ubicación de su poblado incluye superficies aledanas a las playas de Melaque, Coastecomates y El Palmito.
Los intentos de despojo fracasaron y la comunidad mencionada obtuvo un fallo de la Suprema Corte de Justicia en el año de 1972 que dejó firme tanto su resolución presidencial como la ejecución total. Sin embargo, desde 1990, a raíz de la declaratoria del proyecto de costa alegre impulsado por el entonces gobernador Cosío Vidaurri, se empezaron a fabricar ilegalmente documentos falsos para despojarlos de más de 4 mil hectáreas de terreno donde se ubican las playas mencionadas; actos en los que se encuentran involucrados los ex delegados agrarios Salvador Rizzo Ayala, Alejandro Díaz Guzmán y el actual coordinador agrario.
Además que desde diciembre de 1994 se pretende ocupar por un grupo de civiles armados el predio de El Palmito, aledaño al proyecto de Tamarino y se les han fabricado expedientes penales amañados a los representantes ejidales que se encuentran, la mayoría de ellos, sujetos a proceso.
A partir de las reformas legales que modificaron la ley de reforma agraria en 1992, ahora estos intereses económicos se encuentran en una nueva etapa pretendiendo hacerse de estas tierras de las comunidades indígenas, ahora por la vía de la adquisición y llevando a otros extremos la presión sobre estas codiciadas tierras turísticas.
La situación anterior consideramos que amerita la atención de los representantes populares para el efecto de que mediante una comisión plural, se aboque a la investigación, inspección y seguimiento de la problemática que presenta esta importante región de la tierra pródiga y realizar sobre todo, las gestiones sin ningún interés partidista, para garantizar el respeto a los derechos de las comunidades mencionadas.
Por ello, con fundamento en la fracción lll del artículo 79 constitucional y en las disposiciones del artículo 179 del Reglamento Interior del Congreso General, solicito atentamente a esta Presidencia, turne a las comisiones de Reforma Agraria y Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, para su estudio y análisis, la siguiente
PROPUESTA
Unico. Se propone la integración de una comisión plural de diputados de ambas comisiones para conocer de los hechos denunciados y considerar los aspectos que se precisan a continuación:
Primero: un análisis exhaustivo y el deslinde de responsabilidades sobre el reparto agrario en la costa sur de Jalisco y la sierra de Manatlán del Estado del mismo nombre, con énfasis principal en los municipios de Cuautitlán, la Huerta, Zihuatlán y Tomatlán, solicitando el respeto a los derechos de las comunidades mencionadas.
El seguimiento de la recomendación número 12295, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
Tercero: La clareación y diagnóstico de la situación ambiental y de derechos humanos prevaleciente en la actualidad entre las comunidades y núcleos agrarios de esta zona.
Solicito a la Presidencia el turno de esta propuesta que nos permitimos presentar un servidor, diputado Pedro René Etienne y el diputado Amado Cruz Malpica.
El Presidente:
Túrnese para lo que corresponda a las comisiones indicadas por el señor diputado.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para referirse al caso Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Estamos aquí diputados federales, diputados locales, viudas y dirigentes campesinos, en un ayuno de 12 horas, en un ayuno que demanda respeto a los derechos humanos en Guerrero, un ayuno que protesta por la impunidad que hay en nuestra pequeña entidad suriana.
Ayer escuchamos con atención el discurso del doctor Ernesto Zedillo. Tengo que confesar que no creía que era Zedillo. Reconozco sus palabras, su discurso y ahora esperamos la congruencia. Esperamos que así sea.
Decía Lenin que a un pueblo se le puede incendiar siempre que no se viera el humo. Pero aquí en Guerrero el humo negro expandido por la constante violación a los derechos humanos, Figueroa no pudo ocultarlo, por más que quiso, por más que pretendió engañar a la opinión pública, engañar al Presidente de la República, engañar a todo mundo, no pudo lograrlo.
Opacó el sol de la esperanza y enlutó la vida del pueblo de Guerrero. Sin embargo, el clamor de justicia del reclamo nacional, avizora respiro desde hace apenas unas horas cuando el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, anunció que la petición del Presidente de la República, Ernesto Zedillo, era de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, investigara la muerte de los 17 campesinos, ocurrida el 28 de junio del año pasado en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Esta ha sido una demanda reiterada de todos nosotros, de los que queremos que haya justicia. Nosotros demandábamos la intervención de la Suprema Corte de Justicia y había aquí quienes se oponían a ello. Ahora, yo creo que seguramente opinarán lo contrario y apoyarán la propuesta del Ejecutivo Federal, según las facultades que le confiere el artículo 97 de la Constitución.
Las circunstancias nos obligan a reconocer la reciente intervención del presidente Zedillo, donde el discurso comienza con nuestro clamor constante, nos alienta que el primer mandatario repruebe la violencia, provenga de quien provenga y rechaza, como hecho, la violación a los derechos humanos y más aún, la pérdida de la vida y es que desde hace tiempo, hemos hecho ese llamado de SOS al doctor Ernesto Zedillo, a que hiciera una condena pública de las matanzas en Guerrero, a que se deslindara del supuesto compadrazgo que tiene con Rubén Figueroa y de no hacerlo, pasaría a ser automáticamente cómplice del más negro y perverso sexenio que hemos tenido en Guerrero.
Qué bueno, qué bueno que el doctor Zedillo ha escuchado ese clamor popular y ha hablado y ha condenado la violencia y lo que más estimula de sus palabras, es que abriga esperanza de la justicia desaparecida hasta ayer en Guerrero, en donde el Ejecutivo subraya: "que los hechos son más penosos si en ellos intervienen quienes tienen la responsabilidad de vigilar el orden público y proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de los ciudadanos".
Y tal vez por prudencia, al Presidente le faltó mencionar a la figura protagónica, sangrienta, del máximo culpable de lo ocurrido en Aguas Blancas, que es Rubén Figueroa Alcocer.
Hubo voces, entre ellas las de un destacado diputado del PRI de Guerrero, que dijo: "que a la mejor no se refería el Presidente al caso Guerrero. A la mejor estaba hablando de otra parte, pero no de Guerrero y que condenaba la impreparación policiaca" y ahí empezó a cantinflear con sus palabras, porque están buscando el interinato en Guerrero. Dice: hemos buscado policías preparados, le hemos hablado a los de Canadá, a los suizos y no quieren venir.
Meses largos, de espera inconsolable de todo un pueblo, que jamás pudieron amedrentarlo en su lucha. A pesar de los oídos sordos, de los discursos aberrantes que desde este mismo escenario pretendieron apabullarnos, bajo la aberración servil de defender lo indefendible para violar preceptos tan sagrados como es el respeto a la vida.
Pero hoy, no es tiempo para detenernos en recuentos menores, porque la justicia verdadera no da cabida a revanchismos inútiles y tal vez sí a aceptar el arrepentimiento oportuno del equívoco injustificable. Pero para lo que sí la real justicia no admite compasiones, es para aquellos responsables directos e indirectos que se confabularon, dictaron órdenes y ejecutaron la masacre de nuestros 17 hermanos campesinos, a quienes la única causa que los llevó a la muerte fue su incansable batallar por el derecho a la vida.
Nos toca, así, rememorar lo que hemos venido denunciando: ¡la violencia inexorable que enlutó a Guerrero, con el arribo al poder de Rubén Figueroa desde el 1o. de abril de 1993! Porque no es menos cierto que si bien el crimen de Aguas Blancas estremeció a México y al mundo, las violaciones a los derechos humanos precedentes a este hecho y las que se fueron sumando hasta los días de hoy, bajo el amparo de la impunidad, puso en función el método más eficaz de exterminio de pobres para la siembra despiadada del luto y la pobreza.
Compañeros legisladores: en este momento histórico ya no venimos tan sólo a reclamar justicia, en este duro bregar en el que pretendieron aislarnos, junto a los hombres, mujeres y niños vilipendiados de Guerrero, por mucho tiempo sin voces; las nuevas circunstancias nos dan brío y fuerza para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la devolución íntegra de la esperanza, aparentemente perdida en Guerrero.
La paciencia agotada colmó y derramó el vaso. Y así, junto a las viudas de los campesinos de todos los guerrerenses caídos, codo a codo con los huérfanos y las madres dolientes, exigimos desde esta tribuna el juicio primero en este proceso, que por su trascendencia deberá ser profundo, pero muy por encima de todo que sea un juicio patriótico. Tendrá que iniciarse este juicio contra el máximo responsable: ¡Rubén Figueroa Alcocer! y de manera simultánea que caiga todo el peso de la ley contra su séquito servil, que ciegamente cumplió las órdenes del omnipotente mandatario, quien personificó a Hitler, con la más despiadada actuación histriónica en el escenario triste de Guerrero.
Compañeros legisladores: ¡en estos momentos en que la esperanza de justicia comienza a alentarnos, no nos sentemos apacibles a aguardar por ella! ¡Actuemos hoy con más fuerza para exigir la entrega de la justicia perdida y esta justicia sólo podrá lograrse con la desaparición de poderes en Guerrero, con el juicio político y penal a Rubén Figueroa y a los responsables de la matanza de Aguas Blancas y con el establecimiento de un gobierno verdaderamente justo y democrático, que desean y reclaman los guerrerenses!
¡Por el bien de Guerrero y de México, que la justicia dignifique nuestro corazón y nuestra historia: que renuncie Figueroa!
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el senador Israel Soberanis Nogueda, sobre el mismo tema.
El senador Israel Soberanis Nogueda:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Los legisladores priístas, fundamentalmente los guerrerenses, siempre nos hemos manifestado, entre otros aspectos, por el esclarecimiento de los hechos de Aguas Blancas, por el respeto al federalismo, por un estado de derecho. Hemos reconocido la competencia del fuero común y hemos manifestado nuestra confianza en las autoridades para la investigación y el esclarecimiento de Aguas Blancas.
Nos hemos opuesto a prácticas que violentan un estado de derecho. Nos hemos opuesto a vulnerar la soberanía y autonomía del Estado de Guerrero y de sus instituciones. Nos hemos opuesto a politizar los lamentables sucesos de Aguas Blancas.
Los acontecimientos de violencia ocurridos en el Estado de Guerrero, que han enlutado a todos los mexicanos, nos tienen profundamente consternados. Estos sucesos vulneran el estado de derecho y ofenden la convivencia pacífica y civilizada del pueblo de Guerrero.
La fracción priísta hemos manifestado el más enérgico rechazo a cualquier violación a nuestras leyes y hemos exigido que en estricto apego a derecho se castigue con todo rigor a quienes resulten culpables de los hechos ocurridos en Aguas Blancas.
El abatimiento de la impunidad es la mejor vía para fortalecer el estado de derecho. Por eso, la procuración y la administración de justicia han de ser expeditas, imparciales y eficaces. La mejor defensa de la ley es su cumplimiento. La vigencia de la ley se profundiza cuando ella se aplica con todo rigor a quienes la violan.
Aspiramos a un régimen donde los individuos y las autoridades se sometan a los mandatos de la ley y cuando esto no acontezca se sancione a los infractores, un régimen donde la calidad de los juzgadores y sus resoluciones estén por encima de toda sospecha.
En el caso Aguas Blancas, cuyo resultado dio a conocer el fiscal especial, quien fuera designado por el Congreso del Estado de Guerrero, representado por todas las corrientes ideológicas, de ninguna manera constituye carpetazo a la búsqueda de la verdad.
Las evidencias actuales de la investigación del fiscal especial, señalan como presuntos responsables a 43 servidores públicos del gobierno del Estado de Guerrero, acusados por los delitos de homicidio, abuso de autoridad, lesiones, contra la administración de justicia, entre otros. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que surjan nuevas evidencias que permitan continuar las investigaciones hasta su esclarecimiento.
La averiguación que nos ocupa no puede decirse que está concluida y menos cerrada, pero lo que sí puede afirmarse es que el Fiscal ha determinado no tener por el momento más diligencias que desahogar. A criterio del fiscal especial ya fueron celebradas las actuaciones necesarias con base en las evidencias e indicios existentes; no obstante ello, no se puede afirmar en forma categórica que la averiguación previa este concluida; sin embargo en aquellos casos en que existieron elementos de prueba y se pudieron establecer las responsabilidades, se procedió conforme a derecho a las consignaciones respectivas, en caso de encontrarse nuevas evidencias de esta misma averiguación, se podrán derivar tantas actas y consignaciones como sean necesarias, lo que se conoce como desglose.
Hagamos de esta causa una causa de derecho y no una causa política, seamos artífices de la justicia, no de la injusticia y no queremos convertir a este cuerpo legislativo en un tribunal y mucho menos en juez, dejemos que la representación social actúe en términos de nuestras leyes, para eso existe una Constitución.
Ha sido clamor general el lograr que el sistema de procuración e impartición de justicia alcance los niveles óptimos de eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus atribuciones legales como única vía para mantener la vigencia del orden jurídico. En tal sentido se ha manifestado el presidente Zedillo, quien ejerciendo una facultad constitucional consagrada en el artículo 97 y con el propósito de dejar totalmente esclarecidos los hechos ocurridos en Aguas Blancas, ha tenido a bien solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que averigüe en relación con estos sucesos.
En sesiones anteriores la fracción priísta optamos por no ejercer la facultad consagrada en el artículo 97 constitucional, párrafo segundo. En respeto al proceso de la averiguación en los momentos en que se solicitaba la participación de la Suprema Corte de Justicia en Guerrero, se llevaban a cabo las investigaciones sobre el caso de Aguas Blancas en apego a la Constitución del Estado, solicitar que de un plumazo se descalificara a las investigaciones del fiscal especial era prejuzgar a la misma investigación.
Hoy, el momento procesal es distinto, la Suprema Corte de Justicia no actúa como órgano de la Federación sino como salvaguarda de la Constitución, en este sentido no es una intervención del centro para resolver problemas de los estados sino que todos los niveles de gobierno deben reconocer en la Constitución el espacio de su actuación y es en este mecanismo la intervención de la Corte Suprema, en el estado actual del proceso, lo que conviene para hacer justicia, para seguridad en el proceso judicial y respetar las competencias de la comunidad de Guerrero.
En el momento de la presentación de la solicitud a la Cámara de Senadores para la intervención de la Suprema Corte de Justicia debo recordar que es la autoridad responsable de la investigación. El fuero común, actuaba con apego a la ley y al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que se consignan 15 recomendaciones, es decir, el momento procesal estaba siendo agotado por el fiscal especial, por lo que resultaría una duplicidad inconsistente jurídica y técnicamente.
Una vez concluida la investigación del fiscal especial y rendido el informe de su actuación y toda vez que éste ha generado inconformidad y a la luz de posibles nuevas evidencias es que el Ejecutivo de la nación ha decidido ejercer la facultad antes mencionada.
Los legisladores debemos actuar con serenidad, con firmeza, pero con juicios apegados a la ley y con actitud honesta y juiciosa en la búsqueda de la verdad. Ante la voluntad política y de absoluto respeto al estado de derecho que ha mostrado la autoridad, hago énfasis ante la voluntad política y de absoluto respeto al estado de derecho que ha mostrado la autoridad es inadmisible hacer imputaciones sin fundamento y señalar culpables a priori.
Vivimos en un régimen de derecho en el que prevalece la supremacía de nuestra Constitución, en donde se precisan las facultades y la esfera de acción de los distintos órganos de gobierno y de las diversas autoridades. No se puede alegar razones de orden histórico, social, político o filosófico para pretender ampliar sus atribuciones.
El estado de derecho es la única vía para preservar la seguridad de la convivencia, la norma es el vínculo social que hemos de fortalecer para mantener la confianza entre los mexicanos.
Señoras y señores legisladores, en Guerrero, los sucesos de violencia que tanto nos preocupa y que traen consecuencias tan desastrosas para nuestros ciudadanos, exigen el riguroso cumplimiento de la ley. Más que nunca la procuración y la administración de justicia, deben ser el cauce adecuado y eficaz para reparar las ofensas y vigorizar el estado de derecho.
Ante los hechos de violencia sucedidos en Guerrero, profundicemos la cultura de la legalidad, opongamos la fuerza de la ley a la arbitrariedad de la violencia.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco José Peniche y Bolio, sobre el mismo tema.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio:
Con su permiso; señor Presidente; señoras y señores legisladores, señoras y señores que nos acompañan en esta sesión:
Frente a lo inesperado e insólito de la solicitud que hiciera apenas hace unas cuantas horas el Presidente de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que interviniera en la averiguación de los hechos acaecidos en Aguas Blancas y que produjo una matanza de campesinos en aquel lugar, no podía faltar en esta tribuna de la Comisión Permanente, la voz de Acción Nacional que por mi conducto pretende sentar la posición de mi partido respecto de la exégesis del artículo 97 constitucional.
Agradezco desde luego a mis compañeros de partido, en particular a mi coordinador, que haya depositado en un servidor su confianza para ser quien pueda redactar la exégesis del artículo 97 constitucional que ha servido de base a la Suprema Corte de Justicia para poder intervenir en los hechos de Aguas Blancas.
La figura que se contempla en el artículo 97 constitucional, no tiene un letargo de 50 años, como expresara el Secretario de Gobernación, sino que el letargo en lo que se refiere a esta figura, es de 80 años.
Debemos recordar que desde 1916, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, en su proyecto de constitución, presentó por primera vez en México la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviniera cuando hubiera violación a las garantías individuales o cuando, por motivo de procesos electorales, pudiera haber también necesidad de que interviniera la Suprema Corte.
Posiblemente el error cometido de pensar que fue un letargo de 50 años y que ha despertado ahora insólitamente, se deba a que fue en 1946 cuando por primera vez figuró esta institución de gran trascendencia para la vida democrática del país.
Sin embargo, es preciso considerar que el sueño que había guardado la facultad de la Suprema Corte para intervenir a solicitud del Presidente de la República, entre otras autoridades, consignada en el artículo 97, empezó a regir desde 1917 al promulgarse la Constitución que hoy nos rige.
La cuestión era que originalmente se encontraban en el mismo párrafo, el que pudiera intervenir la Suprema Corte de Justicia, tanto por hecho o hechos que constituyeran una grave violación a alguna garantía individual, como por hechos que constituyeran también la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiese ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección.
Originalmente Venustiano Carranza presenta su proyecto y durante muchos años estuvo contenido en el mismo párrafo la facultad de la Suprema Corte para intervenir, tanto por violación de las garantías individuales por hecho o hechos, como por la violación de esas garantías en las elecciones.
El caso es que el recuerdo que se tiene más remoto de la aplicación del 97 constitucional, es trayendo a la mente lo acaecido en León, Guanajuato en enero de 1946.
Mejor que un servidor, es preciso hacer una brevísima referencia a lo que en aquel entonces, hace 50 años, acaeciera en León, Guanajuato y en las memorias del PAN, escritas por ése gran historiador que respondía al nombre de Luis Calderón Vega, comentó los sucesos acaecidos el 2 de enero de 1946 en León, Guanajuato, bajo la presidencia de Manuel Avila Camacho. Y narra:
"El 28 de noviembre anterior, León hervía en coraje ciudadano, una huelga de electricistas fue motivo artificial, había sido vencida más por la tenacidad y capacidad de resistencia de la ciudad, que por la intervención de la autoridad administrativa.
Al calor de la lucha civil, nace la unión cívica leonesa. En esa reunión se postula como candidato a la presidencia municipal de León, a Carlos Obregón.
El domingo 16 fue el fraude vil, violento y jactancioso; el jueves 20 debería haberse reunido la computadora integrada por todos los presidentes de las casillas. El partido oficial, con risible minoría de presidentes simula una computadora y la unión cívica reúne muchos más presidentes, cuyos paquetes electorales contengan votos en aplastante mayoría para Carlos Obregón.
El día 2, León entero quiso concentrarse en la plaza para hacer patente su protesta. La tropa, al mando del coronel Pablo Cano Martínez, se lanza contra el pueblo inerme, haciendo una espantosa carnicería. La orden de disparar la dio el coronel Emilio Olvera Barrón y el primero en cumplirla fue el teniente coronel Jesús Hernández Orozco.
En el Hospital Civil fueron registrados 26 muertos y 30 heridos graves; en otros tres sanatorios particulares se registraron más defunciones.
El procurador militar declararía después que los primeros disparos contra la guardia fueron hechos por gente desconocida, y narra Luis Calderón Vega: "el enriquecido y perpetuo secretario general de la CTM, Fidel, en declaraciones hechas en Monterrey en ocasión del III Congreso del STIC, donde se pretendió derrotar a Cantinflas y a Negrete, babeó podredumbre al decir que los soldados hicieron bien en disparar sobre el pueblo de León, ya que habían sido insultados por largo lapso".
La CTM haría estas declaraciones que expresan el impulso turbio, canallesco y desvergonzado que daba el tono al mundo oficial.
El día 2 el pueblo de León, al reunirse públicamente en la Plaza de Armas, fuerzas federales, ilegítimamente obtenidas mediante combinaciones repugnantes, dispararon deliberadamente sobre el pueblo sin razón y sin necesidad alguna.
En aquél entonces, era presidente del Partido Acción Nacional su fundador don Manuel Gómez Morín. Acción Nacional se dirigió oficialmente al Presidente de la República en los siguientes términos de serenidad ejemplar: como todo el pueblo mexicano -dijo Gómez Morín-, hemos seguido con profundo interés el curso del esfuerzo que los ciudadanos de León, Monterrey y otras ciudades de la República están haciendo para lograr una renovación indispensable.
Resumo, el Gobierno Federal -excitó Gómez Morín al Gobierno Federal-, está obligado y tiene la posibilidad inmediata de intervenir, de garantizar el derecho ciudadano y de impedir la subversión de nuestras instituciones.
El Ejecutivo Federal puede y debe pedir la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 97 constitucional y de acuerdo con los resultados de la investigación proceder al restablecimiento del orden constitucional violado y a la aplicación de las sanciones justas que la ley establece.
Se estrenaba por primera vez en México la posible intervención de la Suprema Corte de Justicia, derivada a un acto electoral.
Es interesante saber como concluyó este episodio. El 7 de enero, la Corte determina abrir la investigación y llevarla a cabo, enviando para ello a los ministros Roque Estada y Carlos Angeles. Al día siguiente el Presidente de la República solicita de la Comisión Permanente la declaración de desaparición de los poderes del Estado de Guanajuato.
La tarde de ese mismo día -sigue contando Calderón Vega-, 8 de enero a las 14:00 horas, se abre la sesión del Senado y designa gobernador de Guanajuato nada menos que al licenciado Nicéforo Guerrero, ministro de la Corte. Cayó así, por histórica decisión de la Corte y fallo del Senado, el gobernador de Guanajuato, don Ernesto Hidalgo."
Hasta aquí la rememoración de los sucesos acaecidos hace 50 años en León, Guanajuato, y que traigo a colación porque fue el que sirvió de sustento al Secretario de Gobernación cuando presentó ante las cámaras de televisión la solicitud del Ejecutivo Federal a la Suprema Corte, para que interviniera ahora en la matanza de Aguas Blancas.
Como ustedes ven, en la maraña del artículo 97 constitucional, que contiene una serie de disposiciones administrativas protocolarias y de reglas, hasta la forma en que deben de rendir protesta los ministros de la Corte, en esa maraña de disposiciones secundarias se encierran dos joyas preciosas de nuestro derecho constitucional, cobijadas ambas por el mismo estuche. Una, la violacion de garantías individuales y otra, la violación del voto público. No se había dado hasta hoy el caso de la violación de las garantías individuales, se dio hace 50 años como consecuencia de unas elecciones municipales.
Por eso es insólito, inesperado, que el Ejecutivo Federal hubiera acudido en esta ocasión a la Suprema Corte de Justicia en demanda de que, si le parecía bien, porque es facultad de la Suprema Corte, mas no obligación, interviniera designando ministros para la inspección, averiguación, indagación de los hechos ocurridos en Aguas Blancas.
El tiempo se me acorta y realmente es un tema que es imposible poderlo tratar en un cuarto de hora.
Existe jurisprudencia vastísima de la Suprema Corte de Justicia sobre la legitimación activa para poder mover a ese alto cuerpo colegiado del Poder Judicial de la Federación en la averiguación de hechos que traigan consigo consecuencias como que, en el caso de León, Guanajuato, ocurriera la desaparición de poderes y la sustitución del gobernador.
Una cosa si es importante mencionar, dilucidar y dejar sentada. Hasta 1946, cuando ocurrió lo de Guanajuato, las violaciones al voto público podían ser tanto para elecciones locales como para elecciones federales. En 1977 se reforma la Constitución y en esa reforma se suprime la posibilidad de acudir a la Suprema Corte para que averigüe hechos derivados de elecciones de tipo locales y se deja únicamente reservado al supremo tribunal del Poder Judicial de la Federación su intervención en materia de elecciones federales.
Con esta mutilación que en 1977 se hizo bajo la presidencia de López Portillo quedaron sesgadas las violaciones cometidas en elecciones locales de presidencias municipales de toda la República. Esto bien lo han aprovechado algunos gobernadores de estados de la República Mexicana para poder, desalmadamente, impunemente, cometer violaciones en perjuicio de la ciudadanía. Dígalo si no, los Bartlett en Puebla, que en el reciente caso de Huejotzingo tuvimos oportunidad de demostrar palpablemente en el seno de esta Comisión Permanente el ilícito cometido por el Tribunal Electoral de aquella entidad. Y díganlo si no, los Figueroas en Guerrero, los Cerveras Pacheco en Yucatán y tantos y tantos otros caciques que reinan en las entidades federativas, al amparo de la impunidad que ahora tienen que aunque se comenta violaciones de garantías individuales derivadadas de elecciones, ya no puede la Suprema Corte intervenir.
Una de las dos joyas ha perdido color; una de las dos joyas tan preciadas que tenía el artículo 97, han perdido lo priístico que las mismas tenían cuando nación en el seno del Congreso Constituyente de Querétaro en 1916.
Limitadas a solamente elecciones federales y ello cuando pongan en peligro la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión.
Esta expresión y esta separación del párrafo segundo del artículo 97, fue producto de la legislacion de 1977 en que se mutiló el precepto constitucional que ahora estamos analizando brevemente, como lo exige el reglamento, para poder llegar a concluir en que si de las averiguaciones que practiquen los señores ministros a quienes se les ha encomendado la tarea de averiguar los hechos acaecidos en Aguas Blancas, pudiera resultar de ello causa de desaparición de los poderes del Estado de Guerrero, habría que ejercer la facultad por el Senado de la República para tal hecho y nombrarse consiguientemente al gobernador sustituto.
Insólito, inesperada la reacción del Ejecutivo Federal; más insólito hubiera sido que la Suprema Corte de Justicia no hubiera atendido el encargo del señor Presidente.
Los mexicanos esperamos el resultado de la averiguación que practiquen los señores ministros de la Corte; y esperamos también que, de existir realmente responsabilidades penales cometidas por el titular del Ejecutivo estatal, opere la causal de la desaparición de poderes de Guerrero y tenga ese pueblo un nuevo gobernador.
Acción Nacional, pues, se felicita de que en esta ocasión haya cobrado vida esa figura que había estado durmiendo como una bella durmiente en el bosque de nuestro derecho positivo, un sueño casi sin fin del que ha despertado después de 80 años para hacerse realidad.
Señores, por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, sobre el mismo tema.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; ciudadanos que nos acompañan:
La solicitud del titular del Ejecutivo de la Unión, para que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución, intervenga la Suprema Corte de Justicia para el esclarecimiento del asesinato de 17 campesinos guerrerenses, constituye un avance en el establecimiento de una investigación genuinamente imparcial y a fondo de los hechos.
Saludamos con profundo beneplácito esta decisión.
La decisión del Ejecutivo responde a la profunda indignación que los mexicanos hemos sentido ante tan graves hechos. El Partido del Trabajo expresa su acuerdo ante la decisión tomada; sin embargo, hay que señalar que la decisión presidencial ya había sido sugerida por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Si recordamos en la sesión de la Comisión Permanente, celebrada el 5 de julio del año de 1995, cito: se dispuso turnar a esta comisión y a su similar de la Cámara de Senadores, un punto de acuerdo, en cuyo primer punto se establece lo siguiente: que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se reuna a la brevedad posible y se mantenga atenta a la evolución de las investigaciones, solicite entrevistas con autoridades estatales, se traslade al lugar de los hechos y en su oportunidad rinda un informe.
Este informe fue rendido el día 18 de julio de 1995 al senador Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente en aquél entonces. Este informe consta, entre otras cosas, de ocho observaciones y me referiré a la segunda de ellas.
"Segunda. De las diversas opiniones recabadas en varias entrevistas realizadas por integrantes de esta comisión, tanto con autoridades estatales y federales, así como con ciudadanos de dicho Estado, consideramos que atendiendo al principio elemental de justicia de que nadie puede ser juez y parte al mismo tiempo y tomando en cuenta las exigencias de la opinión pública, en el sentido de que se efectúe una investigación de los hechos imparcial y fondo, planteamos que las investigaciones judiciales de los hechos que nos ocupan, sean efectuadas por autoridades distintas de la Procuraduría de Justicia estatal.
Lo anterior con la finalidad de garantizar la profundidad e imparcialidad de las citadas investigaciones, más aun cuando las declaraciones oficiales acerca de los hechos, discrepan radicalmente de las versiones de la presidenta municipal de Atoyac de Alvarez y de los campesinos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos.
La garantía de que un tercero ajeno e imparcial investigue los hechos es fundamental para que la investigación llegue a todos los niveles, con el fin de deslindar responsabilidades.
Lo anterior podría lograrse mediante la aplicación al presente caso del párrafo segundo del artículo 97 constitucional y cuyo texto es el siguiente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o algunas de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigue algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.
También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal."
Por idénticas razones sugerimos se observe el comportamiento del juez que conoce de la causa penal del caso que nos ocupa, con el fin de garantizar su imparcialidad.
Esa observación fue, repetimos, turnada a la Comisión Permanente, el día 18 de julio de 1995 y lo firmaron los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, su presidente el diputado Oscar González Yáñez; diputada Alicia González Cerecedo, secretaria, del PRI; el diputado Antonio Tallabs Ortega, secretario, del Partido Acción Nacional y el diputado Edgard Sánchez Ramírez, integrante de esta comisión.
Lamentablemente las valiosas y acertadas recomendaciones de esta comisión legislativa no fueron escuchadas por la mayoría imperante en esta Cámara. Es así como siete meses después la Presidencia de la República asume esta sugerencia, guiada en lo fundamental por el reclamo de todos los mexicanos por acabar con la impunidad y restablecer el estado de derecho. El Gobierno, a través de la Suprema Corte de Justicia tiene una prueba que le obliga a entregar resultados justos e imparciales.
La decisión hoy tomada, hay que decirlo, constituye sólo un primer paso en el largo camino por hacer justicia al pueblo guerrerense. Esta medida debe ser acompañada por otras acciones políticas, ya que la valiosa intervención de la Suprema Corte de Justicia puede verse entorpecida y obstaculizada por las presiones políticas del gobernador del Estado de Guerrero, por lo que el Partido del Trabajo considera sano y necesario que Rubén Figueroa solicite licencia con objeto de facilitar la investigación que está por iniciarse.
No podemos dejar de apoyar el ayuno que desde el día de hoy y hasta el 8 de marzo está realizando la presidenta municipal de Atoyac de Alvarez, María de la Luz Núnez Ramos y los miembros del cabildo, en el Zócalo de esta ciudad, clamando justicia, respeto por la vida y los derechos humanos, exigiendo democracia y justicia social para el Estado de Guerrero y para todos los mexicanos.
El mensaje del ayuntamiento, entre otras partes, menciona lo siguiente: "la preservación de la vida, de la seguridad y de la justicia en México padece una situación muy grave, el país se puede envolver en una ola de violencia que nos conduzca a un callejón sin salida. Estamos obligados a evitarla. Es lo menos que debemos intentar por nosotros, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos. México, nuestro gran país, nos reclama entrega y amor a la vida.
Protagonizamos los días del sacrificio cívico, estamos en pie de lucha. Ayunemos por la vida, por los derechos humanos, por la democracia y por la justicia. Ayunemos por el amor entre los hombres, por la paz. Ayunemos para seguir viviendo. Ayuna con nosotros. Estaremos en el Zócalo de la Ciudad de México del 6 al 8 de marzo de este año".
Este es un documento suscrito por el cabildo de Atoyac de Alvarez. Consideramos también que paralelamente a la investigación que llevará a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la autoría intelectual de los hechos de Aguas Blancas, es indispensable que, como en su momento lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se avance de manera sustantiva en la reestructuración de los cuerpos de seguridad y se agilice la entrega de recursos para enfrentar satisfactoriamente la lacerante pobreza en que viven los campesinos de la región mencionada.
Muchas gracias.
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado González Alcocer.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Vengo aquí para dejar claro y refrendar nuestra condena a la actitud de los legisladores de Acción Nacional, que siempre se ha mostrado no sólo con declaraciones o palabras, sino en la actuación en el caso de Aguas Blancas.
Vengo a hacer patente nuestro rechazo a todo tipo de violencia y en especial a los crímenes cometidos en Aguas Blancas y además por el esclarecimiento total, por lo que estamos de acuerdo en la intervención de la Corte y que le hemos pedido incluso en otras ocasiones en que no ha querido sistemáticamente, no había querido la Corte participar.
Ojalá y que esto sea un retomar las facultades que otorgó el Constituyente de 1917 y que casi nunca se han usado, aunque como decía bien el diputado Peniche y Bolio, ahora esté cercenado el artículo 97 que antes tenía y daba mucho más facultades.
Estamos aquí ante un hecho concreto en donde en 50 años no se había dado, la intervención de la Corte y la cuestión que nos preguntamos nosotros es: ¿por qué no ahora que estamos en la reforma del Estado, en el fortalecimiento del Poder Legislativo, por qué nosotros no fuimos los que iniciamos esta petición a la Corte, a la que también tenemos derecho.
Y quisiera nada mas recordar para refrendar también nuestra actuación en pro del esclarecimiento del asunto de Aguas Blancas en las comisiones, porque aquí el PRD presentó una demanda de juicio político en contra del gobernador Rubén Figueroa y en comisiones se dijo principalmente por los diputados del PRI, que no había y no se podía entender como una violación de garantías lo que se presentó en Aguas Blancas.
Y el hecho concreto es que nosotros estamos renunciando a una facultad que tiene el Congreso, para darle su independencia y tuvo que ser el Ejecutivo quien empleara esta facultad para hacer intervenir a la Corte.
Aquí se negó a asumir el papel del Legislativo en aquel juicio político que desechó la mayoría en comisiones, para asumir el papel que realmente le corresponde al Legislativo y ésta es la cuestión de crítica.
Rechazamos cualquier tipo de violencia y condenamos y esperamos que se esclarezca hasta sus últimas consecuencias sea quien sea el esté atrás de esto.
Lo que sí esperamos es que no se convierta este asunto en un asunto político; que la Corte intervenga y haga justicia como es su misión al hacer el análisis y la investigación referida.
Ojalá que esto que representa en realidad un avance, la intervención de la Corte, una esperanza, como aquí ya se ha dicho, no se convierta en una burla más a la verdad y por supuesto que no sirva para que haya más represalias por los coletazos de los caciques que aunque estén en desgracia todavía son peligrosos; que la Corte refrendó, haga justicia y no política.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra la senadora Guadalupe Gómez Maganda, para rectificar hechos.
La senadora Guadalupe Gómez Maganda:
Con su venia, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores; paisanos guerrerenses:
El reclamo de que se haga justicia; el pleno esclarecimiento de los hechos; la identificación y la sanción a los responsables de los incalificables acontecimientos del 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, Estado de Guerrero, han sido la demanda intransigente de la fracción priísta de esta Comisión Permanente y de eso queda constancia en el Diario de los Debates.
En diversas ocasiones condenamos la violencia, los hechos que segaban vidas o bien, que afectaban a familias de nuestra entidad y más cuando quienes tenían o tienen la obligación de preservar la seguridad y la paz pública, son quienes llegan a infringir la ley. Por eso también hemos subrayado que la confrontación es estéril, que la agresión verbal y la ofensa, no conducen a nada y que optar por la desestabilización de las instituciones nos regresa a condiciones que durante lustros sólo nos dejaron miseria, atraso, pugna, que consumieron la energía social, la iniciativa y el empeño que pudo ponernos en la senda del progreso.
Dijimos en esas ocasiones a que me refiero, que sin instituciones estables, aunque perfectibles, no hay futuro promisorio que compense el esfuerzo diario, la esperanza de miles de guerrerenses que anhelan, algún día cercano, salir de penosas condiciones de vida en las que se debaten.
Nos hemos opuesto a que en razón de intereses partidistas se atente en contra de gobiernos legítimamente constituídos, para caer una vez más en un proceso marcado por sucesivas desapariciones de poderes, que con su secuela sólo dejan desorganización, conflictos, autoritarismo, violencia y abandono.
Es innegable que en el caso de Aguas Blancas hechos recientes generaron inconformidad en la opinión pública, por lo que se ha acudido a otras instancias para profundizar la investigación, preservar el estado de derecho y el país de leyes e instituciones que anhelamos todos los mexicanos.
En consecuencia, porque el reclamo es que se haga justicia, que ésta sea expedita e imparcial, nos satisface que el titular del Poder Ejecutivo, presidente Ernesto Zedillo, en uso de la facultad que le confiere el artículo 97 párrafo segundo de la Constitución General de la República, haya solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designar comisionados especiales para averiguar hechos que pudieran constituir violación a garantías individuales. La participación de la Suprema Corte de Justicia, por su prestigio, por su autoridad moral, habrá de despejar dudas y sospechas; que se esclarezcan los hechos que han motivado la indignación y la condena social, que no queden impunes, que se haga justicia, es reclamo de guerrerenses y de mexicanos.
Por eso propongo, con la mejor intención, que los partidos políticos nos abstengamos de estrategias que exacerben a la sociedad y de conductas que pretenden manipular el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos. Dejemos que la Suprema Corte cumpla sin presiones con la solicitud presidencial, para que se sancione la violación a los derechos humanos y las garantías individuales, desterrando impunidad y violencia.
Celebro que asistan a esta reunión, familiares de las víctimas del incalificable acontecimiento del 28 de junio y lo hago porque eso me permite aclarar una imputación que hace una semana, en la sesión anterior de esta honorable Comisión Permanente, me hiciera el senador Félix Salgado Macedonio, en el sentido de atribuirme frases calumniosas, frases agresivas en contra de aquellos que perdieron la vida el 28 de junio de 1995. Entre su expresión infundada, le solicité respetuosamente que pudiera probar su dicho. El comentó que se encontraban en los diarios de los debates del Senado de la República. Yo quiero dejar constancia que ello no es así y que fue una falsedad y una malintencionada atribución que pretendió hacerme.
Por eso quiero, señor Presidente, dejar aquí las copias de los diarios de los debates del Senado de la República y asimismo de mis intervenciones en esta Comisión Permanente, para que se pueda constatar la falsedad de esa imputación y, por el contrario, mi solidaridad con los familiares de las víctimas de ese atentado.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Pedro Etienne.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su venia, diputado Presidente:
Hemos escuchado con atención las intervenciones de los compañeros senadores y diputados que han hablado sobre este particular, existiendo prácticamente un consenso de todas las fuerzas y grupos políticos sobre lo importante de esta decisión, para que sea la Suprema Corte de Justicia quien realice una investigación sobre estos lamentables hechos.
Nosotros también lamentamos que esta decisión haya tardado ocho meses, porque fue precisamente la propuesta concreta que en la sesión del 5 de julio de 1995, hiciera el diputado Antonio Tenorio Adame, miembro del PRD y cito textualmente:
"Petición a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que se someta a consideración del pleno la propuesta basada en el artículo 97 párrafo segundo de la Constitución, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigue los hechos ocurridos en el municipio de Coyuca de Benítez, el día 28 de junio de 1995."
Esta fue la propuesta que hizo el PRD en la Comisión Permanente, durante la sesión que se celebró el 5 de julio de 1995.
Por eso cuando se vuelve a aludir o a insistir sobre hacer a un lado el interés partidista o cuando escuchamos el llamado de la senadora Guadalupe Gómez Maganda para que los partidos políticos nos abstengamos de estrategias que exacerben, yo quisiera responderle que por nuestra parte el Partido de la Revolución Democrática desde esa fecha propuso esta investigación con la participación directa de la Suprema Corte de Justicia e invocamos, en esa ocasión, el artículo 97 de la Constitución General de la República.
Es para nosotros lamentable que se hayan perdido estos ocho meses y que sea ahora, más que nada también cuando es insostenible mantener estos hechos con la investigación del fiscal especial, que no tuvo en ningún momento la imparcialidad que se requiere y cuando ante la opinión pública es también insostenible cómo se presentaron y se alteraron elementos de prueba, como el video, intentando una gran manipulación informativa para desvirtuar el fondo de esa masacre, hoy no podemos menos de señalar nuestro beneplácito porque se haya tomado esta disposición, esta medida y no podemos tampoco dejar de señalar la actitud que hoy conocemos, tanto de legisladores del PRI como también del Partido Acción Nacional, para apoyar esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 97.
Solamente volvemos a decir que se perdieron ocho meses y que desde un principio ésta fue la propuesta que hiciera el PRD, para lograr una investigación que no quedara entrampada en los intereses locales; pero al mismo tiempo una investigación que, dada la magnitud de los hechos y la gravedad de estos sucesos, pudiera permitirle, no sólo a los deudos sino a la opinión pública nacional, de que se va a conocer la verdad y de que incluso se va a castigar a los responsables de estos hechos y a quienes después han tratado de maquillar la verdad y han realizado actos de una manipulación inaceptable en nuestros tiempos.
Saludamos que ahora haya este consenso y lamentamos que se tenga nuevamente que esperar a que sea el Ejecutivo quien proponga esta medida, para verla aprobada.
Gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el senador Lanz Cárdenas.
El senador José Trinidad Lanz Cárdenas:
Con la venia de la Presidencia:
Solamente para hacer algunas precisiones de algunas cosas que se han comentado en esta tribuna.
En primer lugar, para abundar un poco sobre la exégesis que hizo nuestro amigo el diputado Peniche y Bolio. Esta facultad que hoy por hoy tiene la Suprema Corte de Justicia, aun con las modificaciones que se le han hecho a los párrafos segundo y tercero del 97 constitucional, no existía en la Constitución mexicana ni en el régimen constitucional mexicano. Se ha pretendido encontrar algunos antecedentes históricos, ya que cuando lo planteó Venustiano Carranza en el Congreso Constituyente de Querétaro, no dio suficientes razones para entender cuál era la causa de que se facultaba a la Suprema Corte para intervenir, por un lado en violación de garantías, por otro lado en el respeto al derecho del voto y, por otro lado, para la investigación de la conducta de algún juez o magistrado.
Según una expresión que utilizó Tena Ramírez, que es uno de los pocos juristas que han analizado este tema, ésta es una facultad que cayó como un aerolito sobre el derecho público mexicano a partir del año de 1917. Algunos constitucionalistas le han buscado un antecedente histórico y unos se han reportado a la tesis de la incompetencia de origen, que se sostuvo desde los años 1870 y tantos, en la Suprema Corte de Justicia, ya que se vino sosteniendo invariablemente que no procedía el juicio de amparo en actos de incompetencia de origen.
Algunos otros constitucionalistas, a nivel de conjetura, han sostenido que el origen de esta facultad se origina en un hecho histórico que sucedió el 24 y el 25 de junio de 1879, cuando el vapor Libertad, de la Armada Nacional, fue abordado por unos civiles y se apoderaron de este buque y alguien informó a don Porfirio Díaz que estaban tratando de derrocar su régimen y en aquella época hay un cuestionado telegrama que todos conocen en la historia nacional, que supuestamente decía: "¡Mátalos en caliente!", que fue dirigido por Porfirio Díaz al gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán.
Con base en eso se detuvo a nueve personas, de las cuales seis fueron pasadas por las armas de manera inmediata y fue la valentía de un juez de distrito, en aquella época, en la ciudad de Veracruz, llamado don Rafael de Zayas Enríquez, quien intervino y les salvó la vida a los otros tres que estaban condenados. El propio juez de distrito pidió a la Suprema Corte que interviniera e intervino la Suprema Corte instada por el fiscal, el ministro fiscal, como existía en aquella época la estructura de la Corte, llamado José Eligio Muñoz, quien planteó la necesaria intervención de la Suprema Corte para evitar estos hechos sangrientos que violentaban garantías individuales. La Suprema Corte, presidida en aquella época por el ilustrísimo don Ignacio Luis Vallarta y Ogazón, acordó su intervención y exigió al Gobierno Federal que cesará en este tipo de ataques. El secretario de Gobernación en aquella época, don Protasio Tagle, negó la intervención y la facultad de la Suprema Corte, sin embargo intervino para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnara a un gran jurado el problema de "mátalos en caliente". Este jurado que se constituyó en aquella época liberó de los cargos al gobernador de Veracruz y acordó que se mandara el expediente al secretario de Guerra y Marina para que consignara a los responsables, cosa que no sucedió. Este es el antecedente histórico que los constitucionalistas le han dado a esta facultad que surge en la Constitución de 1917.
Algún jurista respetabilísimo, como fue don Hilario Medina, que fue Constituyente de Querétaro y que fue después presidente de la Suprema Corte de Justicia, en algún ensayo que hizo posteriormente por ahí del año de 1919 ó 1920 sostuvo que esta facultad que nunca había existido en la Constitución mexicana se originaba en las instituciones inglesas, que era una vieja costumbre en el parlamento inglés que se interviniera a nivel de los tribunales cuando se tratara de violaciones a garantías o a derechos humanos.
Hay algunos análisis sobre el particular y me refiero al único jurista que de una manera sistemática ha estudiado estas facultades de investigación de la Suprema Corte en un trabajo que se hizo en el año de 1979 y por lo tanto está libre de toda sospecha de lo que pudiera pensarse que se interpreta por las circunstancias actuales, me refiero al doctor Jorge Carpizo McGregor, en su obra "Estudios Constitucionales", donde hace el análisis completo de esta facultad de investigación de la Corte y que me conduce a hacer algunas precisiones respecto a lo que se ha manifestado aquí en la tribuna saludando la intervención del Presidente de la República y de alguna manera criticando la tardanza en hacerlo y por qué la Suprema Corte en otros casos no ha intervenido.
En este análisis podemos ver que no es una instancia procesal, no es una tercera instancia encimada en la de las autoridades del fuero común ni en las federales; es una vía constitucional, como lo es el juicio de amparo, como lo es el juicio político, como es la controversia constitucional, según categóricamente lo ha sustentado el maestro Fix Zamudio en estudios vastos a este respecto.
Son cuatro los sujetos, los únicos que pueden pedir esta intervención de la Suprema Corte desde su redacción original hasta la fecha actual: la propia Suprema Corte, es decir, de motu proprio lo pueden hacer los propios ministros de la Corte o a petición de tres autoridades exclusivamente: Presidente de la República, alguna de las cámaras, y esto va en relación con lo que decía Etienne, y tercero a petición de algún gobernador. No está reglamentado esto en ninguna ley y es discrecional para los ministros de la Suprema Corte establecer el procedimiento y quién deba intervenir. Invariablemente la Corte, siguiendo una expresión de Guizot, el gran historiador francés y político francés, se negaban a que la Suprema Corte, interviniera en situaciones que tuvieran repercusiones políticas; así don Felipe Tena Ramírez, evocando estas sabias palabras de Guizot, decía: "la política electoral no tendrá nada qué ganar y la justicia tendrá mucho qué perder cuando se mezclan situaciones jurisdiccionales con situaciones políticas".
El criterio que se ha dado y lo ha venido sosteniendo la Corte invariablemente, es que cuando lo pide cualquier particular, cualquier partido político, es potestativo para la Corte intervenir, es decir, porque la propia Constitución no les da el derecho a los particulares ni a ninguna corporación de pedir la intervención; lo que puede suceder es que de motu proprio, la Corte cobije la petición de un particular y la haga suya para intervenir y esto fue lo que sucedió en el caso relatado por el diputado de Acción Nacional cuando se intervino en el año de 1946 en un acto de elección.
Segunda circunstancia que debe precisarse: el tiempo en que se ha pedido. Se habla de que se han perdido ocho meses, lo cierto es que no estamos ante tiempos fatales ni ante las mismas circunstancias hace ocho meses que las que privan en la actualidad. En la actualidad, según las razones que expresó el señor Secretario de Gobernación, el informe que rindió el fiscal especial generó inquietud e intranquilidad a nivel nacional y consecuentemente se hizo uso de esta facultad excepcional y que los propios juristas que lo han analizado dicen que no se debe usar de ordinario, tal vez por eso los 80 años a que se refería Peniche y Bolio, es una facultad que debe ejercitarse por caso excepcional.
Es la excepción lo que caracteriza esto, porque si se hiciera ordinario convertiríamos esta vía constitucional en una especie de tercera instancia y que además, por la vía de excepción que lo establece la Constitución, iría infringiendo manifiestamente el principio federal que es una de las decisiones fundamentales de la nación mexicana.
Entonces en realidad no es que no haya ejercido esa facultad el Presidente motu proprio o hace ocho meses por una circunstancia excepcional de lo que sucedía, debemos estar conscientes, y esto es una circunstancia que no es desconocida para nadie, que coincidieron, lamentablemente, dos circunstancias: una, la exhibición de un video público, en un canal de televisión de muchísima audiencia, que iba en contra de que el mismo día el fiscal especial por su parte rendía un informe y esa contradicción entre el informe y lo que se dio a la luz pública y vio toda la nación mexicana, en gran mayoría generó un malestar a nivel nacional que hacía necesario encontrar una fórmula que permitiera la recuperación de la tranquilidad y de la gravedad de tipo nacional.
Ya no se trata exclusivamente del problema de Aguas Blancas, con todo lo lamentable de las muertes que en este hecho sucedieron, sino se trata de un recurso constitucional que permite recuperar para la nación mexicana rasgos de tranquilidad perdidos. Eso es lo que establecieron los juristas que han estudiado esto, se debe hacer excepcionalmente, es una facultad exclusiva; recordemos inclusive en países anglosajones, también se ha acudido a este procedimiento.
Cuando el asesinato de John Fitzgerald Kennedy fue pedido a la Suprema Corte de los Estados Unidos y vino el famoso informe Warren, que era el presidente de la Corte. Este es un hecho que de algún modo viene a corroborar el origen anglosajón de este tipo de instituciones.
Otra precisión que vale la pena decir en relación con lo que se ha planteado aquí, la facultad para pedir la intervención de la Suprema Corte, de ninguna manera es de la Comisión Permanente, la Constitución dice alguna de las cámaras y cuando se planteó aquí ante la Comisión Permanente el año pasado, la Comisión Permanente carecía totalmente de facultades para dirigirse a la Suprema Corte de Justicia, a fin de que practicara una investigación como la que apoya el artículo 97 constitucional.
¿Qué es lo que en dado caso debió haberse planteado sin equivocar los caminos?: convocar a un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, para que ahí se discutiera si se hacía o no la petición a la Suprema Corte de Justicia.
Y una última consideración que no quisiera dejar en el tintero: cuáles son los efectos de esta investigación de la Suprema Corte de Justicia. Indebidamente se ha analizado por ahí que va a juzgar sobre la conducta del gobernador, que esto va a significar un jurado de responsabilidades, que esto va a conducir a una desaparición de poderes.
La opinión, no decisión. La Suprema Corte de Justicia, como resultado de su investigación, no va a emitir ninguna decisión de ningún tipo, porque no está facultada para hacerlo; la Suprema Corte de Justicia se pronunciará en una opinión sobre cuáles sean los resultados de su investigación, pero desde el punto de vista constitucional ni vincula ni obliga a autoridad de ninguna especie; claro, está respaldada por el criterio de los más altos jueces de la nación y esa opinión tendrá un peso moral indiscutible y un peso político incuestionable, pero no es una decisión ni es un fallo ni tampoco tiene plazo para hacerlo la Suprema Corte de Justicia.
Que queden estas precisiones, señor Presidente.
El Presidente:
En uso de la palabra para rectificar hechos, el senador Félix Salgado.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Decía José Martí: "Nos trajeron con la mentira y nos obligaron a vivir en ella, por eso nos parece que se hunde el mundo cuando miramos la verdad".
Nadie puede negar que a raíz de la publicación de ese video, publicado precisamente por Televisa, arreció la indignación del pueblo de México. Yo creí que no estaba viendo Televisa cuando vi ese video y me pregunto qué sentiría Figueroa y sus lacayos cuando lo estaban viendo, es que se les estaba hundiendo el mundo, su mundo de mentiras.
Las mentiras que se han dicho aquí en tribuna, de quienes han defendido a Figueroa, ya son mentiras que forman parte del pasado, ya no convencen a nadie, ya están aquí; leer lo que han dicho, me daría mucha vergüenza hacerlo delante de mis paisanos de Guerrero y delante de las mujeres que quedaron viudas y de las madres que quedaron sin sus hijos.
Dice la senadora Guadalupe Gómez Maganda que no hay que politizar el caso y me pregunto ¿quién está politizando el caso de Guerrero, los que estamos reclamando justicia o los que se están peleando el interinato? ¿Quiénes están politizando esto?, o los que están peleando porque continúe el cacique en el poder.
Allá en Guerrero, con todos los recursos del gobierno del Estado, hay muchas marchas, manifestaciones de obligados a apoyar a Rubén Figueroa, convocados a través de la radio y a través de periódicos a salir en defensa de Figueroa.
Figueroa llama prepotente y protagónico al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Figueroa no acepta recomendaciones de nadie. Fue Jesús Reyes Heroles a Guerrero y le recomendó ser tolerante con los disidentes; no le hizo caso.
La virtud que tiene Figueroa es no hacerle caso a quienes piensan más que él y ése es el problema que lo ha perdido y repercute en nosotros, los guerrerenses que tenemos que aguantarlo.
Decíamos que nos congratula que el Ejecutivo Federal haya solicitado que la Suprema Corte de Justicia sea la que investigue el caso Aguas Blancas hasta sus últimas consecuencias, pero vergüenza nos debería dar a nosotros los legisladores, los representantes populares, de que haya sido el Ejecutivo Federal y no nosotros, porque también a nosotros nos compete y éramos nosotros los que debimos haber roto esas inercias de que por más de 50 años no se había visto eso.
¿Por qué no fuimos nosotros, los representantes populares, los que hacemos las leyes y los garantes de ellas, de cuidarlas, por qué no fuimos nosotros, por qué esperamos de manera agachada a que fuera el jefe del Ejecutivo? Esa es otra interpretación también que nosotros tenemos.
¿Qué acaso no lo solicitamos aquí muchas veces y nunca se nos hizo caso? Por eso creemos que un poco tarde pero al fin se ha escuchado el clamor, no de un partido político, sino el clamor del pueblo de México.
No es cierto que se esté politizando el caso de Guerrero, el caso de Aguas Blancas, que es muy penoso. Habemos muchos del PRD, del PT, del PRT, del PAN, de muchas expresiones, que estamos exigiendo justicia y en este llamado nos unimos todos.
Es lamentable que el PRI siga con su doble lenguaje, con su doble discurso. Aquí dicen que saludan la decisión de Ernesto Zedillo y allá en Guerrero ya están enturbiando las aguas. Quieren hacer al estilo Tabasco, apelar a un federalismo equivocado y mal interpretado que lo confunden. Ese no es federalismo, es feudalismo, caciques que hoy sienten que se les cae el mundo, pero ha llegado el momento de unir nuestras voces y de exigir justicia y de que se castigue a los responsables.
Decía el senador Trinidad Lanz Cárdenas, que el gobernador Luis Mier de Terán de Veracruz recibió la orden de Porfirio Díaz de "mátalos en caliente". Se parece mucho aquello con lo que está pasando en Guerrero, donde Rubén Figueroa no dio la orden por telegrama, la dio por walkie-talkie a los jefes supremos de las fuerzas armadas locales, la policía motorizada, para que masacraran impunemente a campesinos indefensos.
Esto no puede quedar así, la verdad ya está a flote y la mentira dura mientras la verdad aparece y ahora, ante ese hecho nos estamos enfrentando ante una verdad conocida por miles y millones de mexicanos indignados.
Hoy la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos o el crédito o el descrédito de la impartición de la justicia.
Quizá fue muy inteligente la decisión de Zedillo de enviar eso a la Suprema Corte de Justicia, y toca ahora a ese órgano colegiado dar un veredicto final. Nosotros no estamos muy confiados en ella. Habrá que recordar que ésta es una Suprema Corte hecha a la semejanza y al estilo de Ernesto Zedillo. Recordamos cómo desapareció a la pasada Corte de Justicia y aquí está ésta.
Recordamos también cómo cuatro o cinco ministros desde un principio se pronunciaron porque fuera la Suprema Corte de Justicia la que investigara los sucesos violentos en Guerrero y la mayoría no lo aceptó, lo desechó, de ahí que nosotros tenemos motivos para estar escépticos, un tanto desconfiados. No nos han dado motivo alguno para creer en ellos, pero hoy es el tiempo, hoy es un momento histórico que tiene la Suprema Corte de Justicia y que tiene el doctor Ernesto Zedillo para hacernos sentir que efectivamente en esas instituciones hay confianza. No siendo así, como ésta última oportunidad que nos toca a los guerrerenses, el pueblo podría hacerse justicia por su propia mano. Nosotros no queremos que así sea.
En Guerrero hay un ambiente difícil, muy difícil. El gobernador ha suspendido sus giras. Tenía una programada en Cutzamala, donde nos han matado a ocho compañeros y la canceló. Tenía programada otra visita a Petacalco con pescadores, municipio de la unión en la Costa Grande y la canceló.
El gobernador sabe que el ambiente está raro, está muy duro, muy difícil, nadie quiere eso.
Mi última visita fue a Cuahuayutla, donde me advertían que no fuera porque podría entrar y no salir. Fuimos y encontramos un ambiente hostil, muy duro en los caciques de esas regiones. De ahí que la situación está muy difícil, una situación muy tensa. Las masacres se siguen dando.
Leí el comunicado del Secretario de Gobernación donde decía que acontecimientos como el de Aguas Blancas no deben repetirse, pero por otra parte deben servirnos para reflexionar sobre el valor y la trascendencia de la justicia que se alcanza sólo a partir del derecho. Pero no nada más estamos hablando de Aguas Blancas. Después de la matanza de Aguas Blancas se dio la matanza en El Paraíso.
Nueve campesinos también masacrados desde las fuerzas policiacas. La diferencia es que en Aguas Blancas los mataron los policías motorizados y en El Paraíso los mataron los judiciales. Siguen las matanzas, siguen los crímenes que están quedando impunes.
Ciento cincuenta secuestros en Guerrero desde que asumió el mando Rubén Figueroa y no hay ningún detenido, porque hay pruebas de que quienes los cometen son los policías forajidos que se refugian en los cuerpos policiacos de Guerrero.
Entendí también en la intervención del senador Soberanis una clara alusión al doctor Ernesto Zedillo, cuando dice que es inadmisible hacer imputaciones a priori; es decir, como que quieren y no quieren hacer sentir aquí su desacuerdo con esa decisión.
Hay quienes quieren que se siga sosteniendo Rubén Figueroa porque conviene a sus intereses muy particulares y de grupo y habemos una mayoría de guerrerenses y de mexicanos que estamos exigiendo ya la salida de Rubén Figueroa.
Se hace necesario que Figueroa solicite una licencia, que se separe del cargo en lo que está la investigación, porque puede contravenir a esa investigación, puede presionar para que no llegue a fondo. Los hechos, los antecedentes, confirman lo que aquí estamos diciendo.
¿Por qué va a intervenir la Suprema Corte de Justicia? Porque no satisfizo el informe del fiscal Varela. ¿Quién le paga los recursos al fiscal Varela para que fuera a torcer la investigación y exonerar a los responsables de la matanza.
Tres fiscales cambiaron coptando a los investigadores y me atrevo a decir que coptando también al fiscal Varela.
Y de seguir Figueroa ahí en el poder, es seguir entorpeciendo la investigación. Hay tiros de gracia. Con el video sale sobrando la exhumación. Ahí se ve que era una trampa, que era una emboscada y que hubo tiros de gracia. Pero si quisieran la exhumación, los familiares de las víctimas estarían dispuesta a ella, siempre y cuando hubiera peritos calificados que fueran imparciales, con observadores nacionales e internacionales y no con peritos comprados por Rubén Figueroa.
El caso Aguas Blancas no es un asunto de un solo partido político, no es un asunto del PRD; el caso Aguas Blancas es un asunto de todos los mexicanos, es un asunto que nos tiene consternados y que debe llegarse a fondo y castigar a los responsables por salud y moral política.
Muchas gracias.
El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Pedro Etienne Llano, para rectificar hechos sobre el mismo tema, Guerrero.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Esta es una intervención realmente muy breve en lo que respecta a las precisiones jurídicas que hizo el senador Trinidad Lanz Cárdenas, creo que tiene razón, efectivamente el de la petición a la Suprema Corte podría haber provenido o de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, yo quisiera hacer dos precisiones estrictamente políticas sobre lo que ha sido nuestra posición en este caso.
Cuando nosotros insistimos en que la investigación de la Suprema Corte era políticamente el camino, no estábamos implicando el pretender politizar este caso, sino simplemente un reconocimiento de que era la única vía viable para dar seguridad de imparcialidad en el conocimiento de los hechos.
Y en esa ocasión se mencionó hasta el cansancio lo que es una situación real, la existencia en el Estado de Guerrero, no de una división de poderes, sino de el Poder del Ejecutivo sobre el resto del Poder Legislativo y el Judicial.
Desde aquella fecha consideramos que la investigación de un fiscal que dependiera de las instancias locales, tendría un resultado totalmente previsible y así están argumentados desde esa sesión del 5 de julio.
La duda nuestra era si el fiscal especial daría un informe burdo o tendría cierta inteligencia para presentar sus conclusiones, pero siempre fue previsible el resultado que tenemos.
Y creo que tampoco hubiera sido necesario esperar a conocer un video difundido por un canal de televisión con mucha audiencia, cuando desde esa misma fecha del 5 de julio y leo la intervención de la diputada Mara Robles: "se estableció que la reveladora fotografía tomada por Martín Gómez, y aún el análisis del videotape que hizo circular el gobierno del Estado de Guerrero, confirman que:
a) Un nutrido contingente policiaco estaba emboscado:
b) Que no hubo tiroteo entre fuerzas campesinas y policiacas:
c) Que se acribilló a los campesinos que estaban arracimados en el camión de redilas:
d) Que además de las pistolas sembradas, los campesinos no contaban con ninguna otra arma de fuego":
Creo pues, que con estas precisiones políticas, sostenemos nuestro dicho, que desde el 5 de julio se pudo haber dado políticamente un camino que fuera garantía por lo menos de imparcialidad.
Efectivamente tiene toda la razón el senador Trinidad Lanz sobre el alcance y la decisión del fallo que tenga esta investigación de la Suprema Corte de Justicia.
Nosotros simplemente decimos, si de esta investigación podemos conocer la verdad de lo que pasó en Aguas Blancas, ni falta hace que tenga este alcance la investigación de la Suprema Corte, las cosas caen por su propio peso.
Muchas gracias.
AUTOTRANSPORTES URBANOS RUTA-100
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el senador Félix Salgado Macedonio, para referirse al tema de Ruta-100.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Gracias, señor Presidente:
Quiero agradecer antes de entrar al tema la presencia de compañeros diputados locales que están aquí presentes, del PRT y del PRD, de las viudas de los campesinos de Aguas Blancas, de las madres de los compañeros asesinados y diferentes dirigentes sociales, me refiero a ellos por haber venido acá solidarios con el ayuno.
Una vez más tocamos el tema de Ruta-100, un tema que es obligado; miércoles con miércoles, estamos hablando de Ruta-100. Y me gustaría que quienes de manera voluntariosa se ofrecieron para hacer puente entre el Poder Legislativo y Ruta-100 y el regente de la Ciudad de México, pudieran aquí ofrecernos mayor información de la que tenemos.
Es vergonzoso este hecho de que no se pueda resolver este conflicto, este conflicto que también arrastra crímenes, sangre, este conflicto que arrastra intereses inconfesables entre los grandes pulpos camioneros y las autoridades del Distrito Federal que están en contubernio.
Hoy nos visitan, una vez más, nuestros compañeros trabajadores y asesores de Ruta-100, que están aquí clamando justicia.
Quiero informar que nuestros compañeros han decidido llevar a cabo una ocupación pacífica del edificio del Departamento del Distrito Federal e iniciar un plantón permanente a partir de las 11:00 horas. Asimismo de llevar a cabo una huelga de hambre, en la exigencia de que se les escuche y se resuelva su conflicto. Se encuentra en huelga de hambre el compañero Jorge García Ramírez, que es uno de los abogados de Ruta-100, que se pone en ayuno en defensa de los intereses de este noble gremio que ha sido golpeado de manera inmisericorde por las autoridades locales.
Y han tomado esa determinación porque no les han dejado otra alternativa, porque están por cumplir 11 meses en la calle y nadie en el Gobierno los escucha; porque, salvo excepciones, han encontrado silencio y sordera de la justicia, incluidos nosotros, miembros de la Comisión Permanente, que a punto está de terminar este periodo y que tampoco nada hicimos para que esta comisión de Ruta-100 fuera, al menos, recibida por el prepotente y corrupto regente de la Ciudad de México, Oscar Espinosa Villarreal.
Ellos quieren recuperar su trabajo con la ayuda y la solidaridad del pueblo; ellos tienen la razón y ésta triunfará tarde que temprano sobre la intolerancia y la injusticia, ellos no van a permitir que sus dirigentes y su asesor jurídico Ricardo Barco siga secuestrado en el Reclusorio Oriente. Ha sido inútil para ellos recurrir a los tribunales judiciales, los que sólo han servido para confirmar su subordinación al Ejecutivo Federal y local; con ello, dicen, confirman la inexistencia del régimen de derecho y la subordinación vergonzosa.
Ellos exigen diálogo con las autoridades del Distrito Federal y esto no ha existido, los acercamientos que ha habido con funcionarios de quinta han sido una farsa y una burla. Ellos quieren diálogo directo con el presidente Ernesto Zedillo, tampoco han escuchado voluntad para ello.
Oscar Espinosa no quiere enfrentar el problema y tampoco quiere diálogo con ellos. Están ahora en una huelga de hambre hasta sus últimas consecuencias y esto agrava más el asunto. Los ofrecimientos que les han hecho han sido ofrecimientos indignos. Ellos sienten el dolor y la esperanza que les invade día a día y eso hace que el dolor los una, como ahora los estamos viendo unidos brazo con brazo y codo con codo y no serán solamente ellos, sino que seremos muchos mexicanos patriotas que sentimos también, en carne propia, lo que la injusticia que se está cometiendo con 10450 familias trabajadoras.
No queremos más presos políticos en las cárceles de nuestro país. Apoyamos, dicen ellos en un mensaje, a los compañeros de Guerrero, a las viudas de Aguas Blancas. Protestamos y gritamos por el sufrimiento de los compañeros de Tabasco, porque se haga justicia a los trabajadores del SITUAM; porque también nuestro dolor, el dolor de los humanos y de nuestros compañeros indígenas de Chiapas.
Porque también estamos en la lucha con el pueblo de Tepoztlán y porque luchamos y lucharemos por un México diferente. ¡Al pueblo no nos vencerán:
Quiero llamar una vez más la atención de todos ustedes, agradecerles su disposición cuando menos a escucharnos aquí, a tolerarnos, aunque no nos hayan ayudado, aunque no nos hayan apoyado.
Quiero reconocer el entusiasmo que puso la diputada Ofelia Casillas, su secretario técnico, su equipo de apoyo. Sintieron los compañeros esa disposición, desgraciadamente nada pudieron hacer ante la prepotencia y ante la intolerancia. De ahí que la lucha de Ruta-100 se ha trasladado a otros niveles y seguiremos adelante hasta alcanzar la victoria. ¡Viva Ruta-100:
Gracias.
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para referirse al Día Internacional de la Mujer, la diputada Rosario Guerra.
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz:
Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:
Quiero dar lectura a un punto de acuerdo que suscribimos hoy: «Las legisladoras y los legisladores de los distintos grupos parlamentarios que conforman la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con motivo del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo viernes 8 de marzo, nos manifestamos en favor de la lucha universal de las mujeres por sus derechos, reivindicaciones y en contra de la violencia y discriminación de la que aún son objeto.
Compromisos expresados en la declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación a la mujer.
"Nos pronunciamos por alcanzar los objetivos de igualdad, justicia, desarrollo y paz para las mujeres de México y del mundo. Y reafirmamos nuestra convicción de defender con hechos y en el marco de la ley, los derechos y la dignidad de la mujer, impulsando su plena participación en la sociedad y el ejercicio total de sus derechos sociales, culturales, políticos, educativos, económicos y jurídicos.
La lucha por la igualdad y la equidad es una demanda legítima de las mujeres que debemos apoyar los mexicanos. En el primer periodo de sesiones ordinarias de esta LVI Legislatura y a propuesta de las diputadas, se aprobó una adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para promover, normar, coordinar y vigilar las políticas y programas de apoyo a la participación de la mujer.
Sumamos nuestras voluntades en una alianza nacional para la igualdad, que haga realidad el desarrollo pleno de la mujer mexicana y garantice, en este fin de siglo, su plena participación indispensable en la consolidación de la democracia y el progreso del país."
México, D.F., Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo 6 de 1996.- Firman este pronunciamiento por el Partido Revolucionario Institucional, los diputados: María del Rosario Elena Guerra Díaz, María Claudia Esqueda Llanes; por el Partido Acción Nacional, Ricardo García Cervantes; por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega y Pedro Etienne Llano; por el Partido del Trabajo, Alfonso Primitivo Ríos; senadores: por el Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe Gómez Maganda y Laura Pavón Jaramillo; y por el Partido Acción Nacional, Arturo Nava Bolaños.»
Muchísimas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 13 de marzo de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes a discusión
Diez, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Enrique Pareyón Salazar, Roberto Miranda Sánchez, Samuel Moisés Jiménez Migueles, Manuel Sánchez Aguilar, Alfonso Hernández Morales, Arturo Olguín Hernández, Jorge Islas Marroquín, Conrado Armenta Castro, Eddie Amado de Jesús Rosado Moguel y Pedro Héctor Hirata Vaquera.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano guardiamarina CG Mariano Isidro Lizárraga Fernández, para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Venezuela, Cuba y del Perú.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manuel Alvarez Bravo, para aceptar y usar la condecoración "Gran Cruz de la Orden del Mérito", que le confiere el gobierno de Portugal.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al embajador Salvador Campos Icardo, para aceptar y usar la condecoración del Wissame El Aloui, en la categoría de Gran Cordón, que le confiere el Reino de Marruecos.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Juliana Bolaños Meade, para prestar servicios en la Embajada Británica, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Irma Gloria Moncayo Rodríguez, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María del Carmen Serra Puche, para aceptar y usar la condecoración Orden de Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Cuarta Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al general de brigada Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero", en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 16:30 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 13 de marzo a las 11:00 horas.
APENDICE
Informe de la Comisión de Enérgeticos.
*Informe de la Comisión de Energéticos, presentado en oficio de la página 557.
«Cámara de Diputados.- Comisión de Energéticos.- Subcomisión de Petroquímica.
Informe sobre el proceso de desincorporación de activos de la petroquímica secundaria de Pemex
CONTENIDO
ANTECEDENTES
1. Introducción
1.1 Hidrocarburos
1.2 Petroquímica
2. La industria petroquímica en México
2.1 Origen
2.2 Situación actual
2.3 Perfil de Pemex-petroquímica
3. Visitas a los complejos petroquímicos
3.1 Complejo petroquímico Morelos
3.2 Complejo petroquímico La Cangrejera
3.3 Complejo petroquímico Pajaritos
3.4 Complejo petroquímico Cosoleacaque
3.5 Complejo petroquímico de Tula
3.6 Complejo petroquímico de Salamanca
3.7 Unidad petroquímica Camargo
3.8 Complejo petroquímico Reynosa
3.9 Complejo petroquímico Escolín
4. Audiencias públicas y puntos de controversia
-La industria petrolera y la petroquímica.
-Justificación del inicio de la petroquímica como industria paraestatal y la necesidad de apertura.
-Clasificación de la petroquímica.
-La petroquímica y el desarrollo agrícola.
-Desarrollo tecnológico.
-Condiciones para la desincorporación.
-Posposición del proceso de desincorporación.
5. Conclusiones y recomendaciones
LA DESINCORPORACION DE ACTIVOS DE PEMEX-PETROQUIMICA INFORME DE LA SUBCOMISION DE PETROQUIMICA
ANTECEDENTES
El 19 de octubre de 1995 se presentó al pleno de la Cámara de Diputados la solicitud para que se integrara una subcomisión plural de diputados que acudiera a los centros petroquímicos instalados en toda la República Mexicana, para recibir el sentir de los trabajadores y la ciudadanía en general y analizar la rentabilidad o no de la petroquímica secundaria de Petróleos Mexicanos.
Por acuerdo del pleno de la Comisión de Energéticos de fecha 26 de octubre de 1995 y en atención al documento turnado por el pleno de la Cámara de Diputados de fecha 19 de octubre de 1995 se constituyó la subcomisión responsable, quedando integrada de la siguiente manera, diputados: Jaime Jesús Arceo Castro, Jorge Cortés Vences, Amado Cruz Malpica, Carlos Nuño Luna, Jesús Olvera Méndez y Jorge Wade González.
El 29 de noviembre de 1995, se reunieron los diputados Jaime Arceo Castro, Amado Cruz Malpica, Carlos Nuño Luna, Jesús Olvera Méndez y Jorge Wade González, con el diputado Francisco Curi Pérez Fernández, presidente de la Comisión de Energéticos, a fin de definir la estrategia general de los trabajos de la subcomisión, acordando nombrar como coordinador de la subcomisión al diputado Jaime Arceo Castro.
Las actividades definidas por los integrantes de la subcomisión de petroquímica de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados se desarrollaron en dos fases, la primera tuvo como objetivo obtener el conocimiento del estado que guardan los diferentes complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos incluyendo toda aquella información técnica, operativa y financiera que pudiera ser relevante para la formulación del informe que al final de los trabajos se rindiera a la comisión y al pleno.
La segunda fase consistió en una serie de audiencias públicas y privadas en las que se recibieron las opiniones de grupos o personas interesados en el proceso de desincorporación de los activos petroquímicos, así como también el sentir de los trabajadores y la ciudadanía en general.
1. Introducción
Aunque la petroquímica, como proceso, no forma parte de la industria petrolera, ésta proporciona las materias primas o precursores que son transformados por aquélla. Por ello, la evolución de la actividad petrolera y en especial, el comportamiento de los mercados mundiales de petróleo y petrolíferos y los altibajos de los precios internacionales de unos y otros, influyen directamente en el desarrollo de la industria petroquímica.
1.1 Hidrocarburos
El más importante de los factores que determina la evolución de la actividad petrolera a escala mundial es, sin duda, el crecimiento mismo de las economías. Tradicionalmente ha habido una correlación positiva entre crecimiento económico y consumo de energía, aunque el índice de elasticidad entre uno y otro es muy variable en función del nivel de desarrollo económico, en particular el grado de industrialización y está sujeto a modificaciones que obedecen a los cambios en el nivel de intensidad energética.
La larga época de precios reales bajos y amplia disponibilidad de suministros petroleros, que se reflejó en elasticidades de demanda muy altos, concluyó con los impresionantes aumentos en los precios internacionales introducidos por la OPEP, influyendo en una desaceleración generalizada de las tasas de crecimiento económico y determinando un cambio radical en los patrones de consumo. Se produjo, por una parte, una acelerada sustitución del petróleo por otras fuentes de energía. Por otra parte, hubo en las economías desarrolladas un esfuerzo sistemático de mejoramiento de la eficiencia en el uso de combustibles y en el ahorro de energía, que produjo un abatimiento radical de la intensidad energética.
A partir de mediados de los ochenta, en especial tras el desplome de los precios internacionales de crudo en 1986, la situación volvió a modificarse. Los mercados petroleros entraron en una época de marcada volatilidad de los precios, con una tendencia de largo plazo a la baja, sobre todo en términos reales. Esta situación desestimuló la continuada sustitución del petróleo por otras fuentes de energía y restó prioridad a los esfuerzos de conservación y uso eficiente de la energía. Las tasas de crecimiento de la economía mundial han mantenido, por encima de movimientos cíclicos, una moderada tendencia creciente, de entre 1.5% y 3% anual promedio y la elasticidad de la demanda de energía ha vuelto a tornarse positiva, aunque sin alcanzar niveles tan elevados como los de antes de los setenta.
En los últimos años ha ganado importancia el factor ecológico: la sustitución de combustibles fósiles, que se ha reanimado en los noventa y los esfuerzos de ahorro y uso eficiente de la energía no obedecen ya a consideraciones de precios relativos, sino cada vez más a motivaciones de cuidado ecológico. Este factor tendrá en el futuro una importancia claramente creciente.
Para el resto de este siglo y el primer decenio del XXI se prevé una fase de crecimiento moderado, pero sostenido de la economía mundial con una tasa de crecimiento promedio de 2.4% para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 1990 y 2010; Europa Oriental, incluyendo los países de la ex Unión Soviética y la República Popular China alcanzarán un crecimiento medio de 2.3% (tasa promedio que oculta la amplia diferencia entre la contracción sufrida por los primeros en los noventa y el muy acelerado crecimiento de la economía china a lo largo del periodo) y para los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), junto con los demás países en desarrollo, se estima una tasa media de crecimiento del orden de 4.2% anual en el mismo periodo, con las mayores tasas concentradas en el sudeste asiático y América latina. Esta evolución implicará, necesariamente, un mayor consumo de energía y por lo tanto, de petróleo crudo y gas natural.
Por lo anterior, se espera que la oferta y la demanda de crudo presenten variaciones moderadas hasta por lo menos el año 2000, de acuerdo a los precios estimados de crudo que se muestran en los escenarios del siguiente cuadro.
Durante 1994, la estructura de reservas probadas de crudo, la encabezó a nivel mundial Arabia Saudita, junto con Iraq, Kuwait, Irán y los Emiratos Arabes Unidos, países que, en conjunto, acreditaron el 64.3% de las reservas probadas de crudo, las que se estimaron en un total de 1 millón 16 mil 816 millones de barriles. La participación de México se valúa en el 4.33% de ese total. Por lo que respecta a la producción, en ese año destacaron Arabia Saudita, Estados Unidos de América, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), Irán, República Popular de China y México, entidades que sumaron el 54% de los 22 mil 036.76 millones de barriles producidos. 2 En 1994 los consumidores más importantes fueron tres de las principales potencias económicas: Estados Unidos, Japón y Alemania, junto con la Comunidad de Estados Independientes y la República Popular de China, grupo de países que superaron el 50% del consumo mundial, que registró un total de 22 mil 801.47 millones de barriles. México participó con el 2.1% del consumo mundial total. 2 Para el gas natural, la reserva mundial probada superó los 4 mil 884 billones de pies cúbicos al 1o. de enero de 1994, destacando por su contribución, con casi dos tercios (62.9%) del total, la Comunidad de Estados Independientes, Irán, Katar y los Emiratos Arabes Unidos. A México correspondió el 13o. lugar, con 70.0 billones de pies cúbicos.
Por lo que se refiere a la producción mundial de gas natural, los países más destacados en 1993 fueron: la Comunidad de Estados Independientes, Estados Unidos y Canadá, que en conjunto produjeron 47 mil 385 miles de millones de pies cúbicos, cantidad equivalente a casi el 64% del total de la producción mundial, en la que México participó con el 1.8%.
Los tres principales países productores registrados en 1993 también fueron los principales consumidores de gas natural, sumando 43 mil 011 miles de millones de pies cúbicos, equivalentes al 60.5% del total. Por su parte, México utilizó el 1.9% del consumo total.
1 Fuente: AIE, International Outlook 1994. 2 1995 Survey of Energy Resources 17th Edition.
Otro aspecto relevante de la industria petrolera lo constituye la capacidad de refinación. En 1993 México participaba, a escala mundial, entre los primeros 15 países de mayor importancia, ya que contaba con una capacidad de refinación atmosférica de 1 mil 524 miles de barriles diarios, equivalentes al 2.1% del total mundial. En lo que corresponde a destilación al vacío, el país alcanzó el 2.9%, equivalente al 8o. lugar mundial, con 712.7 miles de barriles diarios; para craqueo catalítico y reformado catalítico, la capacidad instalada de México respecto del total mundial fue de 2.1% y 1.8%, respectivamente. 3
1.2 Petroquímica En cuanto a la industria petroquímica, con base en la apertura comercial con los mercados de Estados Unidos y Canadá, México juega un papel fundamental a partir de 1994, año en que se comienza a observar de manera más clara el repunte de la actividad petroquímica mundial. Para 1993, considerando una muestra de 60 productos, México ocupó el 15o. lugar a nivel mundial en lo que se refiere a resultados operativos y de comercio de petroquímicos.
Por lo que refiere a México, en forma individual, la capacidad instalada en 1993 ascendió a 9 mil 932.3 miles de toneladas, 1.6% del total mundial para ese año; la utilización de dicha capacidad correspondió aproximadamente al 83%, es decir, la producción fue de 8 mil 229.5 miles de toneladas de productos petroquímicos, cantidad equivalente a 1.7% de la producción en el mundo. El consumo aparente de petroquímicos en el país, para 1993, fue del orden de 8 mil 619.9 miles de toneladas, 4.7% por encima de lo producido y la diferencia se cubrió mediante importaciones, lo que significó un déficit en la balanza comercial de 390.4 miles de toneladas.
3 Secretaría de Energía. México en el Contexto Mundial en 1993. Octubre 1994.
Para fines de 1996 se prevé alcanzar mundialmente, un incremento total en la capacidad instalada de 84.1 millones de toneladas, con la certeza de alcanzar como mínimo el 40% de dicha capacidad de producción para 60 productos seleccionados. No obstante, de conseguirse el ritmo de crecimiento proyectado (4.3%) y de concretarse plenamente los planes de inversión, para 1996, la capacidad mundial instalada de productos petroquímicos alcanzaría 702 millones de toneladas, frente a 617.3 millones en 1993.
En otro escenario, si se consideraran únicamente los proyectos en construcción y una tasa media de crecimiento de 1.8%, la capacidad instalada adicional lograría situarse en 33.7 millones de toneladas, lo que permitiría conformar en 1996 una planta productiva con una capacidad de 651 millones de toneladas.
Actualmente en el mercado petroquímico mundial, se promueven los proyectos destinados a la producción de etileno, metanol, MTBE, ácido tereftálico y polietilenos de alta y baja densidad, incluyendo el lineal de baja densidad. Los países que encabezan estos proyectos, son principalmente: Estados Unidos, La República Popular China, Arabia Saudita, Japón, Indonesia, Taiwan, Tailandia, Corea del Sur y Malasia.
México se encuentra en una coyuntura favorable, ya que cuenta con las materias primas precursoras de la petroquímica, un mercado en crecimiento de productos terminados y una inmejorable posición geográfica desde el punto de vista del comercio internacional. No obstante, para reforzar el desarrollo de la industria se requiere de cuantiosos recursos financieros y una disposición a la apertura de nuevos mercados y nuevas inversiones nacionales o foráneas.
4 Fuente: Secretaría de Energía, posicionamiento de la industria petroquímica de México en el contexto mundial en 1993. Octubre de 1994.
2. La industria petroquímica en México
2.1 Origen
En México la industria petroquímica se inició en 1949 con la instalación de pequeñas plantas para producir 40 toneladas diarias, cuyo propósito principal era sustituir importaciones de formaldehído, resinas plásticas, así como una de amoniaco, cuando el país atravesaba por un periodo de sustitución de importaciones y de crecimiento sostenido a tasas superiores a la de incremento de la población, muy alta en esos años, constituyendo desde entonces, uno de los renglones más dinámicos de la economía.
En 1958 se promulgó La Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y de sus reglamentos, en la que se incorpora la parte correspondiente a la petroquímica. Poco después, en agosto de 1959, se publicó el reglamento que permitía a los empresarios utilizar productos básicos elaborados por Pemex para procesar productos finales, previa autorización de la comisión intersecretarial creada al efecto, la cual se integró por el organismo petrolero y las antiguas secretarías de Patrimonio Nacional y de Industria y Comercio. Mediante esta normatividad, se definió el funcionamiento de la industria y se promovió su desarrollo.
Además de contar con el permiso otorgado por el Gobierno, las empresas privadas que utilizarán materia prima producida por Pemex, deberían de tener por lo menos 60% de capital mexicano. Esta regulación se reforzó con la Ley de Inversiones Extranjeras de 1973.
Los elementos anteriores se precisaron en el reglamento de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero en materia de petroquímica.
En éste se consolidó, además, la separación de la industria petroquímica en dos sectores: el básico, exclusivo del Estado y confiado por éste a Pemex, que comprende la conversión de componentes de gas natural, petróleo y sus derivados en petroquímicos básicos y materia primas llamadas de primera generación, así como la de algunos productos más elaborados; por su parte, el secundario, integrado fundamentalmente por la iniciativa privada y en menor medida por Pemex, se caracterizó por llevar a cabo las transformaciones posteriores de los productos básicos, con lo que se obtiene una gran diversidad de productos petroquímicos intermedios y de uso final.
En febrero de 1983 se reforma el artículo 28 constitucional, delimitando así las áreas que serían manejadas exclusivamente por el Estado. Dentro de estas áreas está la rama del petróleo y demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica. Las actividades coordinadas por parte del Gobierno y la iniciativa privada se apoyaban, en aquella época, en la legislación que divide a la petroquímica en dos grandes grupos: la petroquímica básica, encomendada al Estado y la petroquímica secundaria, a cargo de empresas privadas.
Antes de 1986, cuando la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal reclasificó estos productos, se consignaban 70 productos básicos que comprendían aquellos que producía Pemex o que importaba para su reventa en el mercado interno, tradicionalmente con subsidios.
Aunque la segunda guerra mundial contribuyó a aumentar la demanda de productos químicos orgánicos básicos, en México el arranque decidido de la petroquímica sólo fue posible a principios de los años sesenta. En un primer periodo, que podría denominarse de despegue de la industria, de 1965 a 1975, se amplió el ámbito del monopolio estatal, de conformidad con los objetivos estratégicos de aquellos años. Se trataba de un periodo caracterizado por la sustitución de importaciones, con una protección industrial elevada y subsidios en los insumos. Asimismo, la construcción de plantas presentaba una escala orientada únicamente a satisfacer el mercado interno.
La producción total de petroquímicos aumentó considerablemente al pasar de 0.3% del PIB en 1965 al 0.5% en 1975. El número de empleados creció notablemente, toda vez que la tasa media de crecimiento en el periodo 19701975 fue de 18.1%, muy superior a la del producto interno bruto, a la de la producción industrial y a la del empleo total.
Durante los años setenta y principios de los ochenta, la industria petroquímica transitó por un periodo de crecimiento acelerado (19761985), determinado por fuertes inversiones públicas y privadas. A finales de los setenta, el Gobierno anunció una política enérgica para acelerar el desarrollo de la industria; cuyos objetivos fueron promover la descentralización y las exportaciones. Además, se preveía un impulso de la industria petroquímica básica derivada de los ambiciosos planes de expansión de Pemex en los polos de desarrollo de Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Tampico. Este proyecto se llevó a cabo en paralelo al auge petrolero que experimentó el país en esos años.
En el mismo periodo se construyeron las primeras plantas de escala mundial, como la de etileno en la Cangrejera, con una capacidad nominal de 500 mil toneladas al año, en concordancia con la estrategia de fomentar exportaciones, en paralelo al proceso de sustitución de importaciones en esta industria. Al igual que en los años sesenta, en este periodo, se otorgaban masivos subsidios globales y regionales.
En términos generales, en los años sesenta y setenta la petroquímica fue una industria dinámica, ya que de 1960 a 1979 creció a una tasa promedio anual tres veces superior a la del PIB y dos veces mayor que la del sector industrial en su conjunto. En esos años, la inversión en el sector fue cuantiosa y permitió el desarrollo de proyectos de gran magnitud. Además, los precios de los petroquímicos se elevaron a finales de los sesenta, lo que también coadyuvó al impulso de los proyectos productivos.
No obstante, a fines de los setenta aparecieron algunas limitaciones estructurales del modelo de crecimiento, las cuales se resumen en eslabonamientos incompletos tanto entre la petroquímica básica y la secundaria, como frente a otros sectores; persistentes y significativos déficit comerciales; desarrollo tecnológico limitado, economías de escala insuficientes, infraestructura inadecuada, alta concentración regional y problemas de organización industrial.
Adicionalmente, el auge petrolero terminó a fines de 1982 y algunos objetivos de Pemex no se completaron. Esto resulta importante, toda vez que la industria mexicana, como la canadiense, se desarrollaron en torno al acceso seguro al petróleo y gas natural, además de bajos precios internos de la energía y la expectativa de aumentos de los precios internacionales de los energéticos, que daría a los productores de ambos países ventajas para la elaboración de petroquímicos si se transferían a éstos parte de las rentas obtenidas por la extracción. En particular, en el caso de México, hasta 1983 los petroquímicos básicos se colocaban en el mercado interno a precios considerablemente inferiores a los vigentes en el mercado internacional, las 97 plantas sumaban una capacidad de producción de 15 millones de toneladas al año, en poco más de 40 productos. Sin embargo, no se consideraba prioritario. Los costos de producción y la obtención de utilidades en las plantas petroquímicas, ya que la contabilidad de costos se manejaba en conjunto con todas las actividades industriales de Pemex.
Así, la reducción del precio internacional de los energéticos en los años ochenta y su relativa estabilización con tendencia a la baja durante los años siguientes, redujo el atractivo de amplias reservas de hidrocarburos en las decisiones de inversión y cada vez se otorgó mayor peso a las expectativas de crecimiento de la demanda, lo que explica el surgimiento del sureste asiático, como productor de petroquímicos a pesar de que carece de dichas reservas. A lo anterior habría que añadir que la crisis económica de los ochenta afectó al mercado nacional de los productos petroquímicos que permaneció estancado durante la mayor parte del decenio.
En el periodo de 1986 a 1992, la inversión pública y la privada se estancaron; se eliminaron gradualmente los subsidios y se inició un proceso de liberación y desregulación a efecto de elevar la competitividad de la industria. En 1986, Pemex dejó de importar y por tanto de distribuir con subsidios a las empresas privadas los petroquímicos básicos que no producía o que elaboraba en forma insuficiente. Además, en el mismo año, se redujo la lista de productos básicos de 70 a 36; y tres años más
Reclasificación de Productos Petroquímicos 6 Años
No. de productos Básicos a) No. de Productos secundarios b) 1986
34
36 1989
20
66 1991
19
67 1992
8
13 6 fuente: Diario Oficial de la Federación, varios números; a) Elaborados exclusivamente por Pemes B) Elaborados por Pemex o empresas privadas tarde a 20 productos y a 19 en 1991. En consecuencia, los productos secundarios pasaron de 36 en 1986 y, a 66 y 67 en 1989 y 1991 respectivamente. En adición a lo anterior, se liberó a 500 productos, distintos de los secundarios, del permiso para producirlos. Con estas acciones se eliminó parcialmente el monopolio comercial y productivo en la industria petroquímica.
Las reflexiones consignadas por la SEMIP al presentar estas reclasificaciones señalaban que, a pesar de que la industria petroquímica mexicana era una de las ramas industriales con mayor potencial de desarrollo, requería adecuarse a los cambios tecnológicos y estructurales que se presentaban a nivel mundial, en especial, la necesidad de instrumentar un conjunto de medidas para fomentar la actualización tecnológica.
La estrategia consideraba la articulación de los modelos productivos mediante la incorporación de nuevas tecnologías que permitieran estructurar las cadenas productivas, así como contar con una industria competitiva y rentable que abasteciera la creciente demanda interna y reforzara las exportaciones. De la misma manera, la reclasificación permitiría a Pemex proveer con mayor eficacia, oportunidad y competitividad los productos básicos que se le reservaban con exclusividad.
Durante los años ochenta, la industria petroquímica secundaria o privada, se vio obligada a exportar para compensar el estancamiento del mercado nacional. De 1979 a 1988 este sector prácticamente duplicó tanto su producción como su capacidad productiva. Este resultado equivale a un crecimiento promedio anual de 8%, lo que resulta notable si se considera que la inversión se estancó durante la mayor parte del decenio.
Entre 1989 y 1992, el avance de la petroquímica no registró el dinamismo de los años anteriores, ya que el crecimiento medio anual fue de sólo 4.1%. Asimismo, la tendencia fue decreciente, de tal manera que la variación anual de la industria petroquímica en 1993 fue negativa en 2%, como consecuencia del debilitamiento de la actividad económica nacional e internacional, que afectaron a las industrias manufacturera y química con efectos contraccionistas en la demanda de productos petroquímicos.
Un aspecto que habrá que precisar es el de los rendimientos, puesto que se cree que la petroquímica ofrece grandes utilidades económicas, pero no es así. Conviene señalar que su reductibilidad, con relación a los gastos que demanda para la investigación y la instalación de los nuevos medios de producción, de ninguna manera es superior a la que se obtiene en el resto de la industria química.
También es muy importante observar que la petroquímica es una de las industrias que más puede ayudar a los países en desarrollo, aún a aquellos que no tienen recursos petroleros, si cuentan con un mercado interno suficiente para absorber las capacidades de plantas en una escala más económica.
2.2. Situación actual
Como ya se mencionó, en el año de 1992 se llevó a cabo la última reclasificación registrada hasta la fecha, en la cual se redujo a ocho el número de productos considerados básicos y elaborados exclusivamente por Pemex (butano, etano, heptano, hexano, materia prima para negro de humo, naftas, pentanos y propano) y a 13 los secundarios elaborados por Pemex o por empresas privadas con autorización de la SEMIP. Esta reclasificación fue importante para la integración de cadenas productivas, ya que desde ese año se eliminó la exclusividad de Pemex en la elaboración de productos considerados a nivel internacional como precursores petroquímicos, como son, en el grupo de las olefinas: el etileno, el propileno y el butadieno y en el de los aromáticos: el benceno, el tolueno y los xilenos. Las materias primas básicas para la elaboración de estos insumos son las naftas y el gas natural o gas natural asociado. Dado que no se requiere equipo especial de perforación adicional al del crudo, su costo de producción es relativamente bajo, lo que proporciona una ventaja para el productor integrado verticalmente.
En lo que se refiere a la inversión privada, en el periodo de 1990 a 1993 se observa una tendencia ligeramente creciente hacia 1992 (2.2%) y fuertemente (-21.7%) negativa en el año siguiente. A partir de 1993, la Ley de Inversiones Extranjeras permite que la inversión privada extranjera participe hasta con el 100% en la producción de petroquímicos secundarios.
De 1993 a 1995 se han implementado cambios estructurales en la industria, con objetivos estrictamente económicos y precios internos basados en los costos de oportunidad internacionales. Además, se lleva a cabo la reestructuración de Petróleos Mexicanos y se elimina la restricción que limita la participación de la inversión extranjera en la petroquímica secundaria. Para el año de 1994, con un perfil de la industria, positivo a nivel internacional, la petroquímica en México se recupera y alcanza un crecimiento de alrededor del 8% y una reactivación importante del empleo y de la inversión.
La industria está integrada por productos intermedios, fertilizantes nitrogenados, resinas sintéticas, fibras químicas, elastómeros y negro de humo y 14 especialidades. Para los años 1993 y 1994, los tres primeros concentraron en promedio más del 90% del volumen de la producción petroquímica. La capacidad instalada de la industria pública y privada ascendió en 1994 a 26.4 millones de toneladas y la producción a 21.8 millones.
Con relación al comercio exterior, a pesar del crecimiento notable de las exportaciones, que ascendió a 16.5% anual en promedio, en los años ochenta, la industria consigna déficit importantes en la balanza comercial. En particular, el déficit de resinas sintéticas contribuye con el 66% en promedio del valor del déficit de la industria en 1993 y 1994.
A pesar de que el ciclo económico en la petroquímica a nivel mundial se encuentra en su fase ascendente, la situación estructural de esta industria en México no es la más adecuada, ya que en los últimos años se acentúan los problemas de integración vertical e insuficiencias tecnológicas.
De acuerdo con sus características, el sector petroquímico funciona con economías de escala derivadas de tecnologías que posibilitan que los costos de inversión crezcan en menor proporción que el aumento del volumen de producción. Por ello, la demanda regional puede satisfacerse con un número reducido de plantas, cuya capacidad es la mínima eficiente. A esto se suman también altos costos de transporte, inversamente proporcionales al valor agregado del producto, lo que genera una segmentación regional de mercados.
Por otra parte, en el monto de inversión requerido para la construcción de una planta, alrededor del 64% corresponde a los materiales y equipos que son de importación, el 29% está asociado al pago de la mano de obra y el resto se orienta a gastos de instalación de servicios. En ese sentido, las ventajas con las que México cuenta actualmente en el gasto por mano de obra, compensan los costos por importación de materiales y equipo, por lo que una planta con las mismas características, en términos de capacidad e infraestructura de servicios, requiere aproximadamente el mismo monto de inversión en México o en la costa del golfo de los Estados Unidos.
No obstante, en la operación de las plantas se observan diferencias importantes. Por ejemplo, en México respecto a Estados Unidos, la presencia de bajas tasas de utilización en la producción de propileno a fines de los ochenta y el uso de tecnologías de proceso ineficientes en la de butadieno generan costos mayores. En este último producto, los costos son mayores en alrededor de 50% a los de Estados Unidos a nivel de la planta líder.
En el caso del etileno, que es junto con el amoniaco uno de los principales intermedios precursores de otros petroquímicos, los tamaños de planta son equivalentes a la capacidad mínima eficiente instalada a nivel mundial para procesos basados en el craqueo de etano (500 mil toneladas anuales). Esta situación se encuentra sólo en los complejos de la Cangrejera y Morelos, ya que en las otras plantas productoras de etileno (Poza Rica, Pajaritos y Reynosa) la capacidad es menor.
En otros productos intermedios, como el etilenglicol, Pemex participa con una planta integrada verticalmente al etileno y su utilización de la capacidad instalada es ligeramente inferior a la que usan los productores más eficientes. Las plantas de etilenglicol del sector privado tienen costos mayores a las de Pemex por falta de integración vertical y su reducida escala de producción.
La referencia de precios petroquímicos se determina en la Costa del Golfo de los Estados Unidos, ya que en esa zona se localizan las empresas líderes en términos de costos de producción debido a su integración vertical a nivel de plantas, definida por razones tecnológicas.
En ese sentido, la integración vertical de las empresas puede incrementar los niveles de eficiencia de la industria y mejorar su posición competitiva en los mercados mundiales. Por otra parte, el riesgo de elevar la concentración de la producción no significa mayor poder de mercado de las empresas productoras si se mantiene la política de apertura comercial y se establece una regulación adecuada.
Actualmente, aún con la reclasificación de petroquímicos básicos, los mayores costos de producción que enfrentan algunas empresas petroquímicas se asocian a la imposibilidad de que adopten rutas tecnológicas más eficientes en algunos segmentos del proceso productivo debido a la división entre algunos productos básicos y secundarios.
Tal vez en la única subrama en la que se invierte la desventaja comparativa es en fibras químicas y en particular en la fabricación de fibras acrílicas, en donde el componente de mano de obra es relativamente alto, lo que proporciona a los productores nacionales una ventaja en costos respecto a productores canadienses o norteamericanos. Además, contrariamente a lo que se observa en otras subramas, la integración vertical para la fabricación de fibras en Estados Unidos es reducida.
La presencia de Pemex en la industria petroquímica mexicana es importante desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. El primer criterio se debe a que el organismo es productor monopólico de petroquímicos intermedios básicos o secundarios de gran importancia para las cadenas productivas de todos los petroquímicos restantes.
Además, debido al desarrollo histórico de la industria, Pemex participa con una capacidad instalada y una producción muy significativa del volumen producido en la industria: para 1994, en la subrama de intermedio, que incluye productos básicos secundarios y desregulados y que representa el 67% del volumen de producción de toda la industria, Pemex participa con el 82% de la capacidad instalada total de los intermedios y concentra el 85% del volumen de producción de la subrama. Asimismo, en términos del empleo, los dos organismos subsidiarios que producen petroquímicos representaron el 37% de toda la industria.
2.3 Perfil de Pemex-petroquímica
El 16 de julio de 1992, se constituye Pemex-petroquímica, con el propósito de mejorar las estructuras de producción y comercialización de Petróleos Mexicanos.
La misión que se le asigna es producir, almacenar comercializar y distribuir los derivados de la industria petroquímica, a fin de maximizar el valor económico a largo plazo y el fortalecimiento de la industria petrolera integrada, definiéndole los siguientes objetivos estratégicos: captura de oportunidades de precio; mejoras operativas en las diferentes plantas; detección y aprovechamiento de oportunidades de generación de ingresos; restructuración de la cartera de productos; cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental; certificación de los sistemas de aseguramiento de la calidad en los centros de trabajo y culminación del proceso de auditorías ambientales y firmas de acuerdos ambientales.
La infraestructura con que cuenta el organismo para la producción, almacenamiento y distribución de sus productos es la siguiente: 60 plantas distribuidas en 10 complejos petroquímicos; 14 terminales de almacenamiento, una terminal marítima y un centro embarcador, que se localizan principalmente en el Estado de Veracruz y en las ciudades de Camargo, Reynosa, Salamanca, San Martín Texmelucan (Independencia), Tula y Poza Rica (Escolín).
Durante 1994, la subsidiaria ocupó el 9o. lugar a nivel mundial dentro de las empresas petroquímicas más importantes en lo referente a ventas, con un monto de 2 mil 100 millones de dolares. Al respecto, la posición de Pemex-petroquímica dentro del grupo de las principales empresas de México se ubica en el lugar 17, con ventas por un valor de 7 mil 100 millones de nuevos pesos.
En lo que se refiere a la capacidad de producción (expresada en millones de toneladas), el total nacional asciende a 13.1, entre las que destacan las plantas de Veracruz con 11.5, que representan el 88% del total. (Cosoleacaque con 5.1; La Cangrejera con 3.0; Morelos con 2.0; Pajaritos 1.1 y Escolín 0.3).
Las operaciones productivas se encuentran concentradas principalmente en la cadena del etano, complementada por el gas natural y los productos derivados del petróleo crudo.
Etano: etileno, polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, etilbenceno, estireno, acetaldehído, óxido de etileno, dicloroetano, cloruro de vinilo, glicoles, percloroetileno.
Gas natural: amoniaco, metanol, dióxido de carbono.
Líquidos del petróleo: paraxileno, ortoxileno, tolueno, xilenos, ciclohexano, cumeno, benceno, butadieno, alcohol isopropílico, MTBE, acrilonitrilo, ácido cianhídrico, propileno, polipropileno.
Los productos que comercializa el organismo subsidiario son:
Derivados del metano: amoniaco, anhídrido carbónico y metanol; del etano: acetaldehído, cloruro de vinilo, dicloroetano, etileno, etilenglicol, polietilenos, óxido de etileno, percloroetileno; del propano: ácido cianhídrico, acrilonitrilo, isopropanol, polímero ligero, propileno y polipropileno; aromáticos: aromina 100, benceno, ciclohexano, cumeno, estireno, etilbenceno, fluxoil, ortoxileno, paraxileno, tolueno y xilenos; otros: ácido muriático, ceras polietilénicas, tetracloruro, álico cuatro, aceite lámparas, butadieno, citrolina, gas nafta, gasolina incolora, gasolvente, impregnante, nafta pesada y petróleo incoloro.
La capacidad de almacenaje de Pemex-petroquímica equivale a 355 mil 030 toneladas. La red de ductos utilizada asciende a 1 mil 179.1 kilómetros. Además, para efectos de transportación de productos se dispone de servicio de tren, 300 autotanques y dos buquetanques para transporte de amoniaco con una capacidad de 10 mil 500 toneladas.
El personal ocupado para las labores efectuadas en la empresa asciende a 18 mil 409, de los cuales el 82% son trabajadores sindicalizados, en tanto que el 18% restante son empleados de confianza.
Por lo que refiere a la capacidad productiva, el 80% se encuentra comprometida, destacando los polímeros (polietileno de alta y baja densidad y polipropileno); aromáticos (benceno, paraxileno, ortoxileno, cumeno, estireno y ciclohexano; etileno y derivados; clorados (cloruro de vinilo); derivados del metano (amoniaco), derivados del propileno (acrilonitrilo); solventes (gas nafta, isopropanol, metanol, percloroetileno, tolueno y xileno) y ácido cianhídrico. Los principales grupos privados que adquieren los productos de Pemex-petroquímica son: Grupo Alfa, Celanese Mexicana, Acerero del Norte (agronitrogenados), CYDSA, GIRSA, Ferquimex-Fertimina, Grupo Idesa, Grupo Primex y Grupo Fertinal.
En lo que se refiere a pasivos ecológicos derivadas de las auditorias ambientales existen 1596 recomendaciones, las cuales han sido comprometidas en convenios suscritos por el organismo para ser atendidas en 1 mil 415 acciones de las cuales se comprometieron 227 para 1995, habiéndose ejecutado 362 a noviembre de 1995. Para 1996 se ejecutarán 863 y el resto en 1997. El costo estimado para la atención de las recomendaciones se estima ascenderá a 430 millones de pesos.
El pronóstico de cierre de los resultados de operación para 1995, considerando cifras reales para el periodo enerooctubre, es por 22 mil 293.7 millones de nuevos pesos, por concepto de ventas, las cuales se incrementaron en 116.7% con respecto a 1994 y consignaron un gasto total de 18 mil 346.1 millones de nuevos pesos, dando como resultado una utilidad de operación de 3 mil 947.6 millones de nuevos pesos; una vez descontada la depreciación (1 mil 370.5 millones de nuevos pesos) Pemex-petroquímica estima obtener una utilidad neta de 2 mil 577.1 millones de nuevos pesos. Cabe mencionar que, en contraste, el año anterior presentó una pérdida neta de 2.4 millones de nuevos pesos.
La utilidad o pérdida por centro de trabajo (expresada en millones de nuevos pesos), pronosticada para el cierre de 1995, es la siguiente: La Cangrejera 1 mil 103.8; Morelos 858.9; Cosoleacaque 608.7; Escolín 261.8; Pajaritos 182.7; Independencia 49.8; Camargo 23.2; Tula (-22.7); Salamanca (-2.8); centros embarcadores y otros (-30.4) y oficinas centrales (-455.9).
Entre los resultados de operación por cadena productiva en millones de nuevos pesos para 1995, sobresalen las utilidades del etileno y derivados con 2 mil 498.2, derivados del metano con 815.2 y aromáticos y derivados 335.0.
En contraparte, la pérdida neta se presentó en servicios auxiliares y otros de 603.3 y oficinas centrales con 455.9. La estimación de los subsidios otorgados durante 1995 (periodo eneronoviembre real) ascendió a 1 mil 736 millones de nuevos pesos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 845 millones para el amoniaco; 244 millones para polímeros y 647 millones para otros productos. El monto total de los subsidios equivale al 67% de la utilidad del organismo.
Otros pronósticos de los indicadores de gestión para el cierre de 1995, señalan que la subsidiaria producirá 13 mil 448 miles de toneladas; superior en 2.9% a 1994; las ventas al público serán de 5 mil 699 miles de toneladas, con un valor de 10 mil 037 millones de nuevos pesos, cantidades mayores en 2.6 y 107.2% a las registradas en el año anterior; respectivamente. La balanza comercial volumétrica presentará un saldo positivo de 626 miles de toneladas; cantidad inferior en 27.6% al superávit registrado (865 miles de toneladas) en el año anterior; su valor también será superavitario en 1 mil 251 millones de nuevos; pesos, pero con un crecimiento de 117.6% con respecto a 1994.
Los importantes incrementos registrados en el valor tanto de las ventas internas como de las exportaciones reflejan sobre todo el efecto de la devaluación del peso.
3. Visitas a los complejos petroquímicos
En las visitas a los complejos petroquímicos; la subcomisión obtuvo una información completa sobre el proceso industrial y los principales resultados de operación y financieros de cada uno de los complejos.
En general todos los complejos se encuentran operando; en ningún caso se trata de "fierros viejos" que se tenga que rematar; pero también es cierto que la mayor parte de ellos requiere de inversiones para su modernización y diversificación en la producción para elaborar productos petroquímicos que actualmente se están importando o susceptibles de exportación; un ejemplo de la necesidad de modernización tecnológica lo constituye el hecho de que de 60 plantas; sólo seis de ellas cuentan con "sistemas de control distribuido"; teniéndose erogramado instalar en 21 más dichos sistemas. Otro aspecto es el consumo de materia prima y de energía para la elaboración del producto final; que en muchos de los casos está por encima de los estándares internacionales. Esto se demuestra con los análisis del "Benchmarking operativo para la toma de decisiones"; que nos señala la posibilidad de importantes ahorros en los costos de producción.
La información básica para la elaboración de este estudio sobre la petroquímica secundaria de Pemex la presentamos de manera sintetizada por cada uno de los complejos.
3.1 Complejo petroquímico Morelos
Sus instalaciones se localizan al sur del Estado y ocupan un área de 380 hectáreas. La capacidad de almacenamiento total (en toneladas), asciende a 59 mil 214, distribuida de la siguiente manera: polímeros 16 mil; propileno grado polímero (99.7% de pureza) 2 mil 800; propileno grado técnico (95.0% de pureza) 3 mil 500; acetaldehído 1 mil 400; óxido de etileno 3 mil; amoniaco 970; monoetilenglicol 2 mil 700; dietilenglicol + trietilenglicol 1 mil; acrilonitrilo 2 mil 840; hidrocarburos (propano, butanos, butanobudadieno, butanobutileno, nafta ligera y gasolina de pirólisis) 21 mil 031 y solventes y reactivos (hexano, metanol, ácido sulfúrico y sosa) 3 mil 973.
El volumen de producción, en miles de toneladas, paa 1994 ascendió a 1 mil 609, desglosado de la siguiente manera: etileno 478; oxígeno 318; óxido de etileno 178; glicoles etilénicos 106; acetaldehído 125; polietileno de alta densidad 120; polipropileno 76; acrilonitrilo 54 y otros 154. Al tercer trimestre de 1995, los ingresos por ventas fueron de 2 mil 798 millones de nuevos pesos, de los cuales destacan las ventas nacionales con 1 mil 347 millones (48.1%) y 1 mil 319 millones (47.2%) correspondientes a ventas para exportación. Los egresos fueron del orden de 2 mil 159 millones presentándose los principales egresos en propileno grado Q , gas combustible y etano, arrojando una utilidad de 639 millones de nuevos pesos.
3.2 Complejo Petroquímico La Cangrejera
El complejo ocupa un área de 270 hectáreas y cuenta con una capacidad total de almacenamiento, en miles de barriles, de 208, que se distribuyen en paraxileno 40; tolueno 40; estireno 30; benceno 30; acetaldehído 20; hexanoheptano 13; polietileno 12; ortoxileno 10; cumeno 10 y óxido de etileno 3.
La producción en el año de 1994 fue de 3 mil 722 en miles de toneladas, sobresaliendo los productos: pentanos 822; etileno 511; xilenos 339; tolueno 283; benceno 247; polietileno de baja densidad 270 y paraxileno 226; que en conjunto representan el 72.5% del total.
Al tercer trimestre de 1995, los ingresos por ventas alcanzaron la cifra de 8 mil 642.7 millones de nuevos pesos, de los cuales las ventas nacionales participan con 32.0%; las ventas internas con 49.3%; ventas a Pemex-gas y petroquímica básica 10.7%; a Pemex-refinación 5.5% y para exportación 2.5%. Por su parte los egresos fueron del orden de 7 mil 742.3 millones, de los cuales destacan las erogaciones en compras internas por 4 mil 143.6 millones y las compras de nafta por 2 mil 042.3 millones. La utilidad obtenida es de 900.4 millones, contribuyendo con el 45.3% a las utilidades totales del organismo subsidiario (al cierre de 1995 se espera una utilidad de alrededor de 1 mil 144 millones de nuevos pesos).
En los costos de producción. la materia prima representa un 75% del costo teniéndose un fuerte impacto debido a un aumento considerable en el precio.
Dando como resultado que por lo que respecta a la participación de los productos en las utilidades es muy variable, provocando que mientras que en 1994 el polietileno de baja densidad aportó por cada nuevo peso 63 centavos, en tercer trimestre de 1995 sólo contribuyó con 48 centavos de cada nuevo peso. El etileno participó con 20 centavos de cada peso en 1994 y en 1995 solamente con 7 centavos. El estireno aportó en 1994, 16 centavos mientras que en 1995 alcanzo casi 26 centavos por cada nuevo peso.
3.3 Complejo petroquímico Pájaritos
Es uno de los complejos más antiguos, sin embargo, se encuentra en operación aceptable. La capacidad de almacenamiento en toneladas asciende a 17 mil 950; desagregadas en acetaldehído 2 mil 100; óxido de etileno 500; monocloruro de vinilo 6 mil 400; ácido muriático 850; percloroetileno 1 mil; tetracloruro de carbono 700 y metil terbutil éter 6 mil 400.
El volumen producido durante 1994; en miles de toneladas; fue de 1 mil 222, cuya distribución está compuesta por dicloroetano 356; cloruro de vinilo 212; etileno 164; refinado (II) 214; ácido clorhídrico 141; MTBE 61; acetaldehído 6 y otros 67.
El balance de producción-ventas para el año de 1994 fue de 724 mil 849 toneladas; de ellas 148 mil 250 toneladas (20.5%), se destinaron al consumo interno y las ventas fueron del orden de 576 mil 599 toneladas, que representaron el 79.5% del total producido. Como se puede apreciar el complejo en su conjunto obtiene utilidades, sin embargo, es necesario mencionar que en un análisis más riguroso planta por planta, existen algunas con resultados negativos, los cuales son compensados por las de mayor rendimiento.
También mencionaremos que en los años de 1993 y 1994, los resultados en su conjunto fueron negativos y de acuerdo con el análisis de composición de las utilidades de 1995 estas están influidas más por el factor precio; el cual se elevó considerablemente; que por mejoras en la productividad.
3.4 Complejo petroquímico Cosoleacaque
Las cifras que presentan las variables operativas de mayor relevancia son: producción de amoniaco 2 millones 094 mil 510 toneladas; producción de anhídrido carbónico 2 millones 750 mil 550 toneladas; producción de paraxileno 40 mil; producción de hidrógeno 16 mil 710. Los dos primeros representaron el 98.9% del total en 1994. El consumo de gas fue de 2 mil 680.5 millones de metros cúbicos. Por su parte el número de trabajadores en el complejo ascendió a 2 mil 459 y la superficie del complejo ocupa un área de 107 hectáreas.
En relación al amoniaco, los centros de almacenamiento se localizan en las ciudades de Guaymas, Topolobampo, San Fernando, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Pajaritos; los centros productores en Camargo, Salamanca y Cosoleacaque.
En el periodo enero-septiembre de 1995, los ingresos del complejo ascendieron a 1 mil 508 millones de nuevos pesos, entre los que destacan las ventas a otras empresas por un monto de 1 mil 159 millones (76.8%) y exportaciones de 177 millones (11.7%); en tanto que los egresos alcanzaron la cifra de 1 mil 091 millones, siendo la compra de gas natural y los gastos de operación los que incidieron de manera significativa en este resultado. Con base en lo anterior, la utilidad obtenida fue de 417 millones.
3.5 Complejo petroquímico de Tula
Este complejo ocupa una superficie de 40 hectáreas y produce acrilonitrilo alcanzando un volumen de 44 mil 448 toneladas en 1994 y para 1995 se estima cerrará el año con una producción de 44 mil 946 toneladas. Sus resultados han sido regularmente negativos. La primera planta que se construyó producía 24 mil toneladas al año, saturándose en muy poco tiempo, ahora junto con la de San Martín Texmelucan abastece casi el total de la demanda nacional.
3.6 Complejo petroquímico de Salamanca
Este complejo se encuentra completamente inmerso en la refinería, por lo que comparte gran parte de sus instalaciones y se dificulta encontrar las fronteras entre la petroquímica y la refinería. Produce principalmente amoniaco anhidro y alcohol isopropílico, siendo la única planta que produce este último. La producción de anhídrido carbónico en 1995 fue de 263 mil 142 toneladas de enero a noviembre y de 15 mil 261 de alcohol isopropílico para el mismo periodo. Los resultados de operación han sido negativos alcanzando pérdidas de 26.31 millones de nuevos pesos en 1994 y de 11.5 millones de nuevos pesos en 1995. Su capacidad de producción es de 907 toneladas diarias y se estima que las plantas actuales son para una capacidad de 1 mil 500 toneladas diarias, con lo que se obtienen los rendimientos máximos.
3.7 Unidad petroquímica Camargo
Esta planta que se inició en 1967 produce principalmente amoniaco (132,00 ton/anuales) y tiene una capacidad de almacenamiento de 5 mil 200 toneladas. Está ubicada en una superficie de 146 hectáreas y cuenta con 308 trabajadores. La materia prima para la producción del amoniaco la constituyen: aire, agua y el gas natural. El gas natural es suministrado por la red Reynosa-Chihuahua, el agua se toma de los márgenes del río Conchos y la energía eléctrica es proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad. Abastece de amoniaco para consumo agrícola principalmente a los Estados de Coahuila y Chihuahua.
3.8 Complejo petroquímico Reynosa
Este complejo se inició en 1955 con la inauguración de la planta de absorción, pero fue hasta el 18 de marzo de 1965 cuando se inauguraron oficialmente las plantas de etileno y polietileno, principales productos de este centro. Las plantas primaria, de absorción y de etileno, se encuentran situadas dentro de la refinería que ocupa 95 hectáreas, mientras que la planta de polietileno se ubica en un área de 35 hectáreas, a 10 kilómetros de Reynosa; cuenta con 853 trabajadores, de los cuales 746 son personal sindicalizado de planta. Las materias primas básicas son el gas natural y el aceite crudo, obtenidos en el distrito frontera noreste. El agua proviene de la presa "Marte R. Gómez", a través del Canal Rodhe.
3.9 Complejo petroquímico Escolín
Se localiza en la parte norte del Estado de Veracruz, a 4 kilómetros de la ciudad de Poza Rica. Ocupa una área de aproximadamente 60 hectáreas, tuvo su origen en 1971 con la puesta en operación de la planta de polietileno de baja densidad. En 1978, con la puesta en marcha de las plantas de etileno, polietileno de alta densidad y servicios auxiliares se conformó lo que actualmente es el complejo. El conjunto de las tres plantas tiene una capacidad de producción de diseño de 337 ton/año (181 mil 200 de etileno y 155 mil de polietileno). De acuerdo con la información a octubre de 1995 sólo se habían producido 233 mil 370 toneladas, habiéndose cumplido el 91.4% de lo programado. Se reportan paros fuera de programa en la planta de etileno por restricciones de etano y desplazamiento axial de las turbinas, y la planta de polietileno de alta densidad dejó de operar un tren durante 38 días por paros fuera de programa y seis días fuera de operación por paros de planta de etileno.
4. Audiencias Públicas y puntos de controversia
Por lo que se refiere a la fase de las audiencias, en el curso del mes de diciembre, los integrantes de la subcomisión definimos, los grupos y las personas a las que se invitaría a participar, los lugares en los que se efectuarían dichas audiencias y el correspondiente reglamento para conducir este proceso.
Determinamos que los días 19 y 21 de enero del presente año, llevaríamos a cabo dos sesiones de audiencias públicas, el primer día en el sur de Veracruz, región donde se ubican los principales complejos petroquímicos y el segundo día en la Ciudad de México, en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados. Los participantes fueron integrantes de aquellos grupos de interés que han manifestado de diversas maneras su disposición a externar sus puntos de vista con respecto a la desincorporación de activos petroquímicos de Pemex.
Con el fin de conducir con imparcialidad el proceso de audiencias, incorporamos las diferentes tendencias en cuanto al proceso de desincorporación de activos petroquímicos, evitando que los intereses gremiales o de grupos de presión, obligarán al pronunciamiento en cualquier sentido de los integrantes de la subcomisión. Por ello, tomamos el acuerdo, entre otros, de no externar los integrantes de la subcomisión ninguna opinión personal y nombramos en cada evento a un vocero de la propia subcomisión para dar a conocer a los medios de información los aspectos generales de nuestro trabajo.
Diferentes son los puntos de vista externados en esta audiencia, varios de ellos provocaron controversia y señalaron diferentes visiones sobre el proceso, los principales los podríamos resumir en los siguientes puntos:
La industria petrolera y la petroquímica
El tema de la petroquímica es un asunto de política económica, forma parte de la política de desarrollo y reestructuración del sector energía anunciada en el plan nacional de desarrollo y detallada en el programa sectorial respectivo.
La industria petroquímica es una industria de proceso de gran complejidad en sus operaciones y diversidad en sus productos, estrechamente vinculada, pero diferente de la petrolera; aunque la vinculación histórica de esta industria de proceso con Pemex obliga así a considerarla.
Justificación del inicio de la petroquímica como industria paraestatal y la necesidad de apertura
La industria petroquímica se distingue de otros sectores por el tamaño de sus plantas y su integración en complejos, la economía de escala, utilización apropiada de coproductos y subproductos que se obtienen en los principales procesos.
A ello obedece la existencia de complejos industriales, en los que se encadenan etapas sucesivas de producción para formar sistemas integrados y explica porque en las fases iniciales de su desarrollo, el sector público, especialmente Pemex, jugó un papel fundamental de promotor y disparador del proceso, invirtiendo para garantizar la oferta en volumen y precios adecuados. Después de un crecimiento acelerado, la industria petroquímica empezó a manifestar diversos problemas gestados en su fase expansiva, haciendo crisis en la etapa de estancamiento de la economía mexicana y dando fin al monopolio comercial de Pemex en materia petroquímica.
La petroquímica ha estado sujeta a grandes fluctuaciones en la utilización de la capacidad instalada, los precios de sus productos y su rentabilidad global; en los países desarrollados la rentabilidad media a lo largo de estos ciclos es un poco mayor al costo promedio del capital, sin embargo, las tasas anuales de rentabilidad varían dentro de un rango muy amplio. Como sustento básico del fomento de una industria química, moderna y competitiva que participe a nivel internacional, es necesario garantizar agilidad en las decisiones de inversión y flexibilidad en las operaciones; además, es requisito necesario el acceso oportuno a cuantiosos recursos de inversión y tecnológicos.
En el sector petroquímico no sería el primer proceso de desincorporación. Fibras Nacionales de Acrílico, Tereftalatos Mexicanos, Poliestireno y Derivados, Cloro de Tehuantepec, Hules Mexicanos y Fertimex, son sólo algunas de las empresas privatizadas por el Gobierno Federal de 1988 a la fecha. A pocos años de distancia, las plantas han casi duplicado su capacidad instalada, aumentado considerablemente su producción y exportaciones, reduciendo significativamente los índices de siniestralidad, mejorando su desempeño ecológico, lo que ha hecho posible generar importantes inversiones en cadenas derivadas, como la del plástico y la textil, que han redundado en más y mejores empleos para los mexicanos.
Clasificación de la petroquímica La materia prima para la industria petroquímica es en un 80% el gas natural y en un 20% el petróleo crudo.
La clasificación de la petroquímica en primaria y secundaria no obedece, estrictamente hablando, a criterios técnicos o científicos de la química. En la química orgánica no se distingue petroquímicos básicos o secundarios. La definición de básico o secundario, es una acotación fijada por la Comisión de Petroquímica Mexicana, que obedecen en lo fundamental a criterios de eficiencia económica y ha servido de referencia para implementar estrategias de desarrollo industrial, a través de la participación exclusiva de Pemex, pero que en el resto del mundo no existe como tal.
Los fundamentos para la clasificación fueron los siguientes:
a) Diferenciar productos que para su producción presentan una estrecha vinculación e integración con las plantas de refinación o de procesamiento de gas, por ejemplo, el despuntamiento de crudo para la obtención de la corriente de naftas y su consecuente procesamiento con subproductos que regresan a refinación; otro ejemplo se registra en la separación de precursores petroquímicos de las corrientes de refinación o de los condensados de gas natural.
b) Propiciar la elaboración de productos que se consideran estratégicos para la integración de cadenas productivas, principalmente los derivados del etileno, propileno y los aromáticos.
Múltiples estudios para el desarrollo de la petroquímica señalan que uno de los obstáculos es la falta de eslabonamientos tanto con respecto a la petroquímica del Estado y la petroquímica privada como frente a otros sectores de la cadena petroquímica, lo que ha originado déficit comerciales, un desarrollo tecnológico limitado, economías de escala insuficientes, infraestructura inadecuada y problemas de organización industrial, por lo que como parte de las estrategias de desarrollo industrial se movió la frontera entre la industria estatal y la industria privada para reanimar y diversificar la inversión en la industria, reclasificándose cerca de 60 productos petroquímicos, hasta dejar solamente ocho productos como básicos.
Con este proceso se trató de establecer una clara redefinición de las fronteras y alcances de la participación del Estado en esta industria; sin embargo, no hay claridad si se le refiere al marco constitucional que señala en el párrafo IV del artículo 27 constitucional, que corresponde a la nación el dominio de... "los combustibles minerales, sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos". El punto de controversia deriva que para algunos lo que ahora se denominan petroquímicos básicos son en realidad productos petrolíferos, derivados del petróleo crudo y de la gasolina natural, ya que son obtenidos mediante la separación física del petróleo crudo en su primera destilación (metano, etano, propano, butano y las naftas conformado por el pentano, hexano, heptano) y los productos petroquímicos básicos serían aquellos productos de la primera reacción química de estos petrolíferos, como podrían ser: el etileno, el vinilo, el acetileno, el estireno y los xilenos, entre otros.
Sin embargo, por congruencia, debería existir una sola denominación, "petroquímica" y la discusión estaría si el Estado fijaría fronteras para la participación exclusiva de empresas paraestatales o liberalizarla para la libre participación de empresas privadas.
En términos aún más generales, existe cierto consenso nacional respecto de que, respetando estrictamente los sectores estratégicos establecidos en la Constitución, no resulta conveniente que el Estado mantenga una participación directa como agente económico en actividades que no corresponden a sectores estratégicos fundamentales.
La Petroquímica y el desarrollo agrícola
El acceso a nuevas tecnologías de fertilización de las tierras y el fomento a la capitalización, son esenciales para el desarrollo del campo a través de incrementos de la productividad para aumentar progresivamente el ingreso de los productores ¿Cómo puede alcanzarse lo anterior cuando con la privatización de las plantas petroquímicas secundarias Pemex se desprende de lo que es el detonador principal del proceso productivo de los fertilizantes: el amoniaco.
Cabe mencionar que en la agricultura los fertilizantes constituyen un insumo más. De 1992 a 1994 el producto agropecuario sólo creció 1% en promedio anual, por debajo de la expansión demográfica (2.2%) y del conjunto de la economía (1.5%) y la de semillas mejoradas en alrededor de un tercio. Por ello; el problema estructural del sector se enfrenta, por parte del Gobierno Federal, con una política integral.
Ubicando en su justa dimensión a los fertilizantes, uno de los lineamientos de las licitaciones es el cumplimiento de los contratos de abastecimiento de materias primas, por lo tanto, la producción de amoniaco quedaría garantizada debidamente para la producción de los fertilizantes necesarios para la producción de alimentos; habría que aclarar también, que el amoniaco, como aplicación directa, sólo participa con el 17.7% en la producción de fertilizantes frente al 47.5% de la urea, producto derivado del amoniaco; adicionalmente en México existen 14 empresas productoras de estos insumos que abastecen eficientemente el mercado nacional por lo que el abasto no corre peligro y tampoco existe el riesgo de depender de fertilizantes importados.
En el mismo sentido, es importante señalar que desde hace varios años se registra un ligero excedente productivo de amoniaco, de tal manera que en los últimos tres años se exportó un promedio de 573 mil toneladas, que representan cerca de una cuarta parte de la producción nacional.
En cuanto al riesgo de que sólo empresas extranjeras controlen este insumo estratégico, las autoridades de la Secretaría de Energía afirman que en el caso de la primera licitación para Cosoleacaque, algunas empresas mexicanas o de capital mayoritariamente mexicano han hecho pública su decisión de participar en el proceso.
No obstante, se estima que la combinación que resultaría finalmente, sería la de consorcios que combinen a empresas de capital mexicano con empresas extranjeras que definitivamente configurarían una empresa mixta de capital mexicano y capital extranjero.
Desarrollo tecnológico
La compra de tecnología foránea que durante el último lustro realizaron las empresas mexicanas generó un nuevo patrón de insumos estratégicos externos por alrededor de 75 mil millones de dólares, según datos de FUNTEC. De acuerdo con la misma fuente, como resultado de encuestas realizadas entre empresas, 67% reconoció que la asesoría para la adquisición de tecnología externa fue propuesta por el proveedor de la misma y 3% respondió que la asesoría la adquirió de otras fuentes sin identificar.
Hoy, ante la perspectiva del crecimiento de la petroquímica con fondos privados, grupos significativos de ingenieros que diseñaban maquinaria, productos, sistemas y procesos para un desempeño eficiente y económico quedarán cesantes. Estos grupos, cuyo saber acumulado conjunto tiene el valor de muchos años de experiencia y de millones de dolares en conocimiento científico, individualmente, seguirán la suerte del desplazado, movilidad y recapacitación. Puesto que el capital viene atado a tecnologías y recursos humanos extraños o ajenos.
Para poder asimilar la tecnología foránea, usando los mecanismos de selección, adaptación e innovación, es necesario destinar recursos frescos a los centros de investigación, a las instituciones educativas de nivel superior y a la capacitación.
El ingeniero mexicano no teme a la competencia, cuando ésta es justa; pero no comete la ingenuidad de confundir la globalización económica y tecnológica con la libre competencia. En el caso de la petroquímica, la lógica de explotación es la integración del conocimiento con el capital, sin consideraciones de orden social.
Condiciones para la desincorporación
1o. Que no se busque como fin último la maximización del precio de venta de las plantas, estableciendo un proceso de calificación de los posibles compradores, en función a un plan de desarrollo de la rama industrial de este interés, que de viabilidad a la industria actual en el largo plazo. En este sentido, las empresas oferentes deberán demostrar capacidad de operación y experiencia reconocida en el ramo y en la selección se deberá privilegiar el plan de negocios propuesto para el futuro sobre el precio de compra.
2o. Que no se disloque el sistema industrial que hoy tenemos, permitiendo un proceso de adaptación gradual, en el cual Pemex permanezca como socio minoritario y temporal de las nuevas empresas e incorporando los mecanismos para garantizar que los compradores cumplan con los compromisos establecidos.
3o. Conseguir un pago justo de la venta de los activos.
4o. Integración y fortalecimiento de las cadenas productivas, desincorporando por complejos para preservar las cadenas productivas existentes y con planes de expansión orientados a continuar integrando y fortaleciendo esas cadenas productivas.
5o. Que los adquirientes garanticen nuevas inversiones para reducir y de ser posible eliminar los déficit de materias primas petroquímicas que actualmente importamos.
6o. Atención a los recursos humanos, que es el activo más importante de la industria petroquímica, continuando con el proceso de compactación de personal, con fines de racionalización como un proceso necesario, independientemente de quién sea el propietario de la petroquímica, considerando que lo importante para el empleo es la expansión a través de nuevas inversiones.
Posposición del proceso de desincorporación
El peor escenario para la industria petroquímica y para nuestro país, es que las cosas permanezcan tal y como están ahora, ya que estaríamos condenando a la industria al estancamiento, ante la deficiencia de un proveedor de insumos fundamentales carente de recursos para promover su modernización y desarrollo y por ende el crecimiento de la industria en su conjunto.
5. Conclusiones
Debido a la experiencia de anteriores privatizaciones, el proceso de desincorporación de la petroquímica secundaria de Pemex, por tratarse de un elemento de política económica y de finanzas públicas, por ser una pieza importante del programa de reestructuración y desarrollo del sector de la energía, 1995-2000 y por su vinculación con Pemex, el proceso de desincorporación se ha ubicado como un asunto de debate nacional. Todos estos factores fueron considerados y obligaron a que el trabajo de la subcomisión de analizar la viabilidad de la petroquímica secundaria de Pemex se realizará con la mayor profundidad posible, no sólo para conocer todos los aspectos técnicos, operativos y financieros de la industria, sino también y principalmente los elementos económicos, legales, políticos y sociales del proceso.
Reconociendo que la desincorporación es un asunto de la competencia del Poder Ejecutivo, nuestra labor se orientó más que a la aprobación o no de esa decisión, al conocimiento de todos aquellos componentes que puedan situar al proceso en su justa dimensión, tratar de clarificar las controversias que en materia normativa persisten, así como dar continuidad al trabajo permanente de la Comisión de Energéticos en el análisis de una rama industrial vital para el desarrollo económico de nuestro país. Con base en lo anterior nos permitimos someter a ustedes las siguientes conclusiones:
1. El peor escenario para la industria petroquímica y para nuestro país, es que las cosas permanezcan tal y como están ahora, ya que estaríamos condenando a la industria al estancamiento; continuaríamos con las carencias de recursos para promover la modernización y desarrollo de esta rama industrial con el consiguiente déficit de insumos fundamentales.
2o. Conforme a la información oficial disponible, la rama petroquímica secundaria operada por el organismo tiene una baja rentabilidad en comparación con otras áreas de la empresa representada por el 1% de sus utilidades con el 8% del valor de los activos, destinando por lo tanto recursos que, dentro de la propia empresa, tendrían aplicaciones más rentables obtendríamos una visión más completa si consideramos la participación que ha tenido como abastecedora de insumos fundamentales para la industria química en general en los últimos 15 años.
3o. Los principales obstáculos para el desarrollo de la industria petroquímica son, por un lado, la carencia de recursos de inversión y por el otro, la falta de eslabonamientos tanto de la petroquímica del Estado como de la privada, frente a otros sectores de la cadena de la petroquímica, lo que ha originado déficit comerciales, un desarrollo tecnológico limitado, economías de escala insuficientes, infraestructura inadecuada y problemas de organización industrial.
4o. La carencia de recursos para inversión ha limitado, entre otras, las acciones para el cuidado y preservación del medio ambiente, afectando el desarrollo de las zonas donde operan los complejos petroquímicos.
5o. Cualquier decisión del Ejecutivo debe cuidar que no se afecte negativamente a la economía de las regiones en las que se localizan activos propiedad de la nación. Por ello es preciso garantizar que cualquier proceso de fomento a la inversión en petroquímica, desemboque en el fortalecimiento del desarrollo regional, de las finanzas estatales y municipales y en la generación de empleos directos e indirectos.
6o. La determinación de buscar alternativas de inversión que complementen y modernicen la actual infraestructura operada por Pemex es fundamental si consideramos que la petroquímica es una de las industrias más dinámicas, que exige altas inversiones en capital y tecnología, una gran flexibilidad operativa para responder a un mercado sumamente activo y de competencia internacional.
7o. Las empresas petroquímicas públicas y privadas deben comprometerse a establecer programas específicos de expansión para ampliar sus capacidades productivas y tecnológicas y responder a las exigencias del mercado.
8o. La promoción de la participación de la inversión, si se hace de manera adecuada para no dislocar el sistema industrial que hoy tenemos, deberá impulsar el desarrollo de una industria petroquímica mexicana diversificada, globalmente competitiva y de escala mundial, reduciendo costos hacia el resto de la economía al estar en posibilidad de abastecer de insumos básicos en cantidad, calidad y precios adecuados.
9o. Hay insuficiencia en la información que el Ejecutivo ha dado a la sociedad respecto a los procedimientos, propósitos y beneficios del proceso, motivo de los trabajos de la subcomisión. Por lo tanto es deseable una mayor claridad con el diseño de una estrategia de comunicación.
10. Es conveniente reforzar el marco normativo y estructural que dé garantías por parte del Gobierno y quede debidamente salvaguardado el interés público y no se propicie ninguna práctica monopólica o estrategias que beneficien a intereses extranjeros en perjuicio de los intereses nacionales.
11. Se han expresado preocupaciones sobre la fundamentación constitucional de la desincorporación y enajenación de la petroquímica secundaria, así, como sobre las sucesivas reclasificaciones de los productos petroquímicos entre básicos y secundarios. Al respecto, cabe hacer las siguientes consideraciones:
Los instrumentos legales del proceso de desincorporación no requieren fundamentarse en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos distingue con toda claridad las áreas estratégicas, el alcance del dominio de la nación sobre los recursos y la exclusividad del Estado en materia de petróleo y petroquímica básica.
Las áreas estratégicas que el Estado tiene bajo su responsabilidad en exclusiva por mandato constitucional y que son: el petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica, no están sujetas a éste ni a ningún otro proceso de desincorporación.
Al referirse la propia Constitución a la petroquímica básica, establece el sustento para distinguir otras actividades petroquímicas, que la legislación reglamentaria precisa como petroquímica secundaria.
La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo establece los límites de la exclusividad del Estado.
La Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios establece el objeto de Pemexpetroquímica, cuyos activos son los incluidos en el proceso de desincorporación, consistente en "procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman parte de la industria petroquímica básica...".
El fundamento para llevar a cabo la enajenación se encuentra en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, no existe impedimento constitucional para la desincorporación y enajenación de los activos de la petroquímica secundaria.
12. En el caso de la convocatoria de la licitación del complejo de Cosoleacaque, existe controversia debido a que en la Ley General de Bienes Nacionales, se expresa que para desincorporar bienes del dominio público se requerirá autorización de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y de la emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de los decretos presidenciales en los que se autorice la desincorporación y enajenación. Por ello, no conociéndose a la fecha que existan los citados documentos, se recomienda que para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales, el Ejecutivo disponga su atención inmediata.»
| CG | Cuerpo general |
| CTM | Confederación de Trabajadores de México |
| DEM | Diplomado de Estado Mayor |
| D.F. | Distrito Federal |
| PADEMA | Piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PNR | Partido Nacional Revolucionario |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PRM | Partido Revolucionario Mexicano |
| PRT | Partido Revolucionario de los Trabajadores |
| PT | Partido del Trabajo |
| SIDE | (Sin aclaración) |
| SITUAM | Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana |
| SLP | San Luis Potosí |
| SOS | Llamada de auxilio internacional |
| STIC | (Sin aclaración) |
| TAESA | Transportes Aéreos Ejecutivos, Sociedad Anónima |
| VH | Vuestra honorabilidad |