SESION DE CONGRESO GENERAL
SUMARIO
Para expresar las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios, hacen uso de la palabra los diputados:
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo.
José Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.
Ricardo Francisco García Cervantes, delPartido Acción Nacional.
Fructuoso López Cardenas, del Partido Revolucionario Institucional.
Para informar del estado general que guarda la administración pública del país, hace uso de la palabra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de Leon.
Hace uso de la palabra la diputadaMaría del Rosario Elena Guerra Díaz, Presidenta del Congreso de la Unión.
Se levanta la sesión.
Presidencia de la diputada
María del Rosario Elena Guerra
Díaz
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga de nuestro conocimiento el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario diputado Lorenzo Chávez Zavala:
Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 350 diputados.*
La Presidenta:
Gracias.
Le ruego al Secretario de la Cámara de Senadores, haga de nuestro conocimiento el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los senadores.
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
Señora Presidenta, la Secretaría informa que, con base en el registro de la asistencia de la Oficialía Mayor, se encuentran presentes 126 senadores de la República.
La Presidenta (a las 9:10 horas):
Hay quorum de Congreso General, se abre la sesión de Congreso General.
El secretario senador Enrique Franco Muñoz:
Por instrucciones de la Presidencia, se suplica a todos los presentes ponerse de pie.
DECLARATORIA DE APERTURA
La Presidenta:
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1o. de septiembre de 1995, el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LVI Legislatura."
De conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se va a entonar el Himno Nacional.
COMISIONES DE CORTESIA
La Presidenta:
En virtud de que cada una de las cámaras al instalarse designó a las comisiones de cortesía a que se refiere la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, esta Presidencia ruega a los legisladores integrantes de las mismas procedan, en su oportunidad, a cumplir con el cometido asignado por sus cámaras.
ARTICULO 8O. DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta:
Sírvase la Secretaría dar lectura al artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario diputado Lorenzo Chávez Zavala:
" Artículo 8o. El 1o. de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.
Antes del arribo del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de 15 minutos.
El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.
Las cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias, en política interior, política económica, política social y política exterior.
Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al Presidente de la República, para su conocimiento."
INTERVENCIONES PARTIDISTAS
La Presidenta:
Harán uso de la palabra los siguientes diputados: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del PT; Jesús Ortega Martínez, del PRD; Ricardo García Cervantes, del PAN y Fructuoso López Cárdenas, del PRI.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras diputadas; señores diputados; mexicanos:
El presidente Ernesto Zedillo presentará en unos minutos más el I Informe de Gobierno; desafortunadamente lo hará en circunstancias dramáticas para la enorme mayoría de los mexicanos, donde se rinden cuentas a la nación en un clima de expectación e incertidumbre...
La Presidenta:
Permítame, diputado. Dígame, diputado.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):
Pido que se ponga atención al orador y orden en el salón.
La Presidenta:
Por favor, pedimos a quienes están en los pasillos se sirvan tomar sus lugares, a efecto de poder desempeñar nuestros trabajos legislativos con orden. Ruego, por favor, a los que están en el pasillo, pasen a ocupar sus lugares. Continúe usted, diputado.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
A escasos 10 meses de su mandato, el país enfrenta una crisis inédita en su historia moderna, en el cual se entrecruza la agonía del régimen corporativo y del monopolio del poder por un solo partido, con el derrumbe de la producción, el empleo y el nivel de vida de las grandes mayorías de la población.
En consecuencia, la sociedad no sólo padece la corrupción y los sangrientos ajustes de cuentas entre los grupos de poder, sino también la generalización de la delincuencia callejera, alimentada por el hambre.
Esta compleja problemática que agobia a la nación, tiene su origen en el carácter cupular y excluyente de la modernización que ha venido verificándose en el país en los últimos 12 años.
En dicho proceso, los grupos de interés postergaron la reforma política, divorciándola de su contraparte económica. En consecuencia, se debilitó institucionalmente el país al carecer de un estado de derecho e instrumentos efectivos de gestión social y económica.
A su vez, los frutos de la transformación económica se concentraron en una nueva oligarquía, aumentando la debilidad del sistema y comprometiendo gravemente su capacidad de crecimiento a largo plazo.
Para sacar a México de esta difícil situación y hacer frente a los nuevos e inesperados quebrantos que comenzaron el pasado diciembre, el Partido del Trabajo considera que es preciso darle un carácter integral a la modernización y garantizar la participación de todas las fuerzas sociales y políticas en la búsqueda de soluciones para reformar el Estado y el sistema político en su conjunto.
Pero estas dos condiciones serán insuficientes si el Poder Ejecutivo no cumple los compromisos que adoptó en su toma de posesión.
En el proceso tendiente a renovar la dinámica del cambio y negociar una transición pacífica y ordenada, el Ejecutivo no es el único agente posible, pero por la naturaleza de nuestras instituciones, está destinado a jugar un papel crucial.
A continuación pasaremos a cotejar las palabras y las obras de las máximas autoridades con la verdad de los hechos y los sentimientos ciudadanos, con el fin de contribuir al esfuerzo para encontrar una solución al peligroso impasse que afecta al país.
Pese a su complejidad, esta crisis tiene salida, porque el país cuenta con una sociedad políticamente madura y con importantes, aunque desiguales logros en la modernización de su planta productiva. Sin embargo, el gobierno que encabeza el Presidente, no ha podido cumplir el papel de promotor en la búsqueda de soluciones concertadas a la crisis política, al compromiso de hacer avanzar la construcción de un estado de derecho ni asegurar un mínimo de bienestar social al pueblo mexicano.
El diálogo nacional está peligrosamente empantanado. La administración de justicia y los cuerpos de seguridad siguen igualmente cuestionados y persisten las dudas de que el Gobierno esté dispuesto a realizar las rectificaciones económicas que requiere la salud de la planta productiva y el restablecimiento del nivel de vida de los mexicanos.
Pese a que se han dado pasos positivos, que reconocemos y apoyamos, como el respeto a decisiones especiales de la Comisión de Derechos Humanos o de las instancias de administración de justicia, en el plano de la reforma política el presidente Zedillo se ha limitado hasta ahora a sostener su oferta pasiva de diálogo y concertación, sin plantear iniciativas positivas que destraben el proceso de búsqueda de soluciones de fondo.
En condiciones de crisis social, extrema pobreza y desprotección que viven sectores cada vez más amplios de la población, la falta de soluciones institucionales de fondo al régimen electoral, está dando lugar a una nueva forma de desnaturalización del sufragio, que ocupa el lugar del fraude a la antigua. Nos referimos a la compra de votos que ha jugado un papel decisivo en elecciones, como las de Tabasco y Yucatán. Algo parecido está sucediendo en Chiapas, en donde, debido a la falta de soluciones definitivas al conflicto que desangra abiertamente al Estado desde hace casi dos años, estamos asistiendo a un proceso escandaloso de compra de conciencias y derrama arbitraria de fondos públicos.
Este tipo de utilización fraudulenta de recursos tiene lugar precisamente cuando se disminuye el gasto público para las obras y prestaciones que requiere el aparato productivo y la economía de las familias mexicanas.
Por lo que se refiere a la reforma judicial, puede decirse algo parecido. El Gobierno ha manifestado buenas intenciones e impulsado reformas positivas, hizo algo impensable en épocas anteriores, como la cesión de la Procuraduría General de la República al Partido Acción Nacional.
Pero sea por decisión expresa del Presidente o por el boicot de grupos embozados, lo cierto es que la mano negra sigue estando presente en los ámbitos más vitales de la vida jurídica de la nación. Al dudoso manejo de las investigaciones sobre los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu y del cardenal Posadas, se le han agregado los escándalos en el máximo tribunal de justicia, el asesinato del magistrado Polo Uscanga o la manipulación de la quiebra de Ruta-100, con propósitos políticos y antisindicales.
El caso de Ruta-100 es particularmente ilustrativo, porque muestra la parcialidad y el carácter de clase en el manejo actual de la justicia. En lugar de investigar y encarcelar a los miembros de las sucesivas administraciones priístas que saquearon y quebraron a la empresa, los tribunales renovados del Distrito Federal se dedicaron a encarcelar a los dirigentes de un sindicato independiente y hacer caer sobre los trabajadores e incluso sobre los usuarios, las consecuencias de la quiebra de la paraestatal.
El programa de austeridad forzada que estableció el Gobierno actual desde comienzos del año, aunque estabilizó el tipo de cambio y garantizó los intereses de los acreedores internacionales al precipitar a la economía a una recesión mucho más profunda de lo que esperaban las autoridades, ha creado más dificultades por sus implicaciones sociales y políticas, es mucho más grave que lo que pretendió resolverse contrayendo el crédito y recortando el gasto público.
Los trabajadores del campo y la ciudad y sus familias, no sólo están pagando el costo de los errores macroeconómicos de 1994 y años anteriores, sino también el rescate de los bancos, de los consorcios azucareros y carreteros. Los asalariados más afortunados que habían experimentado una modesta recuperación de sus percepciones en años anteriores, prácticamente viven peor que hace décadas, debido a la inflación y a la inequitativa política del Gobierno para distribuir equitativamente los efectos de la crisis.
La pérdida del empleo entre los sectores de la población que ya vivían de manera precaria, está provocando fenómenos de regresión social de consecuencias sumamente peligrosas a mediano y largo plazos. La conjunción entre recesión y contracción del crédito le ha dado una nueva configuración al problema de cartera vencida, que arrastramos desde fines de 1992. Las posibilidades de pago de millones de mexicanos, sean jefes de familia o pequeños o medianos empresarios del campo o la ciudad, se ha desplomado junto con su ingreso, provocando entre ellos cuantiosas pérdidas patrimoniales que suman decenas de millones de nuevos pesos.
Nuestro país ha llegado a esta situación desesperada, donde para resolver la crisis cambiario-financiera ha tenido que sacrificarse al conjunto de la población, no sólo por la comisión de graves errores en el manejo de la economía, sino también, por la persistencia de graves desequilibrios estructurales prácticamente imposibles de resolver dentro del marco de modernización adoptada en el sexenio anterior.
El manejo de la economía quedó determinado por acuerdos cupulares en beneficio de una nueva oligarquía financiera, quedando relegado el proyecto para desarrollar un nuevo tipo de gestión social y económica de tipo no burocrático. La ausencia de políticas activas de fomento, dejaron a la pequeña o mediana empresas prácticamente en calidad de rehén de los grandes consorcios en cuyo beneficio directo se privatizó y desreguló la economía.
En medio de esta regresión, el Gobierno se ha obstinado en mantener una asombrosa pasividad, semejante a la que norma su enfoque de la reforma política, habituándose a reaccionar sólo cuando los problemas económicos amenazan el precario equilibrio de poder en el cual se sustenta.
El Partido del Trabajo, en su opinión, considera que la solución a esta compleja crisis, se encuentra en la estrecha articulación de respuestas de tipo político, económico y social. Para atender urgentemente la grave crisis que padece el país debe insistirse en la búsqueda de una transición pacífica y ordenada, centrada en la reforma del Estado, conforme a los puntos previamente consensados, que son:
1o. Reforma electoral:
2o. Auténtica división de poderes:
3o. Federalismo y reforma del gobierno del Distrito Federal:
4o. Apertura a la participación ciudadana:
5o. Reforma integral del sistema de impartición de justicia,:
6o. Respeto de los derechos humanos.
Consideramos que ningún acuerdo posterior entre las fuerzas políticas tendiente a retomar el proceso de diálogo, debe reinterpretar estos acuerdos con el fin de excluir a cualquier interlocutor o establecer candados para predeterminar el resultado de la negociación política global.
Del mismo modo, para que el diálogo sea viable a largo plazo, se requiere que el Presidente cumpla un papel distinto al que ha jugado hasta ahora. Debe abandonar la pasividad y aparente neutralidad, asumiendo un papel activo basado en el establecimiento de garantías fundadas en el estado de derecho.
Si se garantiza la continuación de la reforma del Estado conforme a los cinco ejes fundamentales antes señalados, será posible dar una solución adecuada al conjunto de conflictos producidos por la existencia de las viejas reglas del juego y de los procedimientos del orden político que hoy se colapsa, como son, principalmente, Chiapas, Tabasco y Guerrero.
El esclarecimiento de los asesinatos políticos y la rectificación de las injusticias cometidas en el caso de Ruta-100.
En lo económico, consideramos que deben estar presentes dos tipos de medidas: unas de tipo estructural que atañen a la rectificación de la modalidad de modernización, para dotar a ésta de un sentido de justicia, democracia y equidad y hacer posible un crecimiento sustentable a largo plazo. Las otras medidas son de tipo coyuntural y buscarían resolver la actual crisis social.
La política de choque que demostró ya ser totalmente contraproducente, debe ser sustituida por un plan de alivio a la planta productiva y al empleo, basada en el aumento del gasto público y el abaratamiento del crédito.
La rehabilitación del salario debe constituir una norma que integre los acuerdos obrero-patronales bajo los principios de una nueva cultura laboral.
Para resolver los acuciantes problemas de crédito, debe realizarse una reforma integral del sistema bancario y financiero, que permita terminar de manera definitiva con la actual estructura oligopólica y obligue al Estado a realizar una verdadera fiscalización y supervisión de los agentes prestadores de los servicios crediticios.
Rechazamos la solución puramente circunstancial y transitoria de los problemas de cartera vencida, ya que éstos sólo podrán ser atacados de manera efectiva si las normas de regulación bancaria son reformadas a profundidad.
Los mexicanos demandamos empleo y mejor ingreso familiar, legalidad, justicia y paz, democracia y soberanía nacional.
Usted, señor Presidente, tiene la palabra. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez.
El diputado José Jesús Ortega Martínez:
Muchas gracias, señora Presidenta:
Les rogaría, si son tan amables, un momento de su atención. Señoras y señores legisladores; señoras y señores:
El país vive uno de los momentos más críticos de su historia contemporánea, ello debería obligar a que los hombres del Gobierno actuaran en consecuencia y que con el ejemplo de Juárez, enfrentaran con decisión, con audacia y con patriotismo, la grave emergencia que experimenta la nación.
No es así. Desafortunadamente no es así. Por el contrario, los que en sus manos tienen el timón, más bien pareciera que conducen a que el país encalle, se destroce en mil pedazos y continúe hundiéndose en la ingobernabilidad, en el extravío y en la pérdida de nuestra identidad nacional.
La infausta experiencia del salinato, no ha sido asimilada por quienes ahora gobiernan y con la misma necedad que raya en soberbia, mantienen invariable el rumbo que tantas desgracias ha causado ya al pueblo mexicano. No se quiere virar el timón, a pesar de que la nación reclama, exige cambios. No es sólo un partido el que demanda tales cambios, basta leer alguno de los diarios para reconocer que son la mayoría de las organizaciones de empresarios, que son los sindicatos, aun los oficialistas, que son las organizaciones campesinas del más diverso signo político, que son las más amplias agrupaciones civiles, que son los militantes y dirigentes de todos los partidos políticos, incluido el propio partido del Gobierno; es la sociedad la que con urgencia reclama corregir el rumbo.
Y desde aquí, desde el recinto de la representación popular y nacional, pensamos y decimos que ha llegado el momento de que el poder escuche y atienda la demanda de la sociedad, ahora que todavía se quiere hacer escuchar con la voz.
No es prudente, aún más, sería criminal esperar hasta agotar la paciencia del pueblo, como ya sucede en algunas regiones del país, en donde, infortunadamente, se han llevado las cosas al límite y la voz ha sido acallada con el ruido del fusil.
¿Qué no bastó Chiapas? ¿Qué será necesario que la indignación ante la miseria y la injusticia hagan explosión en Guerrero, o en Oaxaca, o en Hidalgo? ¿No es suficiente que la violencia recorra impunemente las calles de la ciudad de México o las de cualquier otra ciudad del país? ¿No resulta ya indispensable el cambio cuando tan solo en los nueve meses del actual gobierno han sido despedidos más de 2 millones de trabajadores? ¿Hasta qué grado de insensibilidad política se pretenden repetir las mismas acciones del gobierno salinista, cuando tan solo de diciembre de 1994 a agosto de 1995 ha aumentado en 19 millones la cifra de mexicanos que viven en la extrema pobreza?
¿Cuál es la esperanza de mejoría de esos compatriotas y cuál es la de los 40 millones que viven en la pobreza y cuál la esperanza de los mexicanos, paradójicamente privilegiados, que milagrosamente mantienen un empleo, pero que tan sólo en 1995 su salario se ha reducido en más del 25%? ¿Cuál es la esperanza de todos estos compatriotas, si durante este año el país tuvo un decrecimiento del 10.5% en el PIB?
¿Hasta dónde, pregunto, y les pregunto a ustedes, señoras y señores legisladores, el Gobierno está dispuesto a estirar la cuerda, cuando tan sólo en este año más de 300 mil jóvenes que terminaron la primaria les estará vedado continuar sus estudios y para colmo también les estará impedido obtener un empleo? ¿Hasta qué punto el Gobierno seguirá jugando con fuego, si hoy sabemos que millones de campesinos, los más pobres entre los pobres, han dejado de cultivar en tan sólo seis años el 52.7% de la superficie habilitada en el país y que la cartera vencida en el campo llega hoy a la fantástica suma de 7 mil millones de nuevos pesos?
¿Qué más debemos observar, si ahora hay más de 3 millones de mexicanos que están en cartera vencida, que quieren pagar, pero no pueden porque sobre su desgracia, ocasionada por el Gobierno, se aprovechan los vampiros usureros de la banca.
En fin, ¿cuántas horas necesitamos en esta tribuna para recordar las cifras, que desnudan al país y que demuestran el rotundo fracaso de las políticas neoliberales?
¿Cuántas horas hay que hablar para demostrar que el neoliberalismo que insiste en aplicar el actual Gobierno, sólo ha conducido al país a su desgracia y al malestar en grado extremo de las familias mexicanas?
Como verán, ni siquiera se requieren horas, tan sólo se necesita de algunos minutos y de elemental honestidad, para que confrontando estas descarnadas cifras con los discursos triunfalistas del Gobierno, lleguemos fácilmente a la conclusión de que no hay racionalmente ninguna posibilidad de defender la actual política económica.
El Gobierno, sin embargo, nos dice y seguramente lo repetirá en unos minutos, que la recuperación, si se mantiene el rumbo, vendrá en poco tiempo. ¿Pruebas de ello? ¿Los índices macroeconómicos.
Y entonces nos hablan como única gracia, de que ahora tenemos superavit primario, pero no dicen que éste en su mayor parte, se destina al pago de la deuda externa y, a pesar de ello, para vergüenza de aquellos que festinaron demagógicamente que el problema de la deuda estaba resuelto, ahora, a junio de 1995, la deuda externa pública del país es ya de 96 mil millones de dólares.
En un país con tanta pobreza y con millones de personas en la miseria, tenemos que pagar por concepto de deuda externa casi 23 mil millones de dólares anualmente y, en el colmo, el Gobierno destinó durante este año, 21 mil 400 millones de nuevos pesos para salvar de la quiebra a unos cuantos dueños de bancos; cantidad, que obsérvese bien, equivale al 86% de las participaciones federales que reciben los estados y municipios del país.
¿Informará, me pregunto, de todo esto el Presidente?
¿Acaso nos dirá en su informe que el narcotráfico se ha convertido virtualmente en un poder paralelo y que peligrosamente ha infiltrado la estructura financiera del país y corrompe cada vez más los cuerpos policiacos? Para muestra, apenas un botón basta: según estudios especializados de la UNAM, el narcotráfico paga anualmente 500 millones de dólares por concepto de "mordidas". ¿Nos informará el encargado del Ejecutivo Federal de la magnitud del delito del lavado de dinero y en qué instituciones bancarias y financieras se realiza?
¿Podremos saber algún día si recursos del narcotráfico se han destinado para la creación de complejos turísticos o para la creación de complejos financieros? ¿Podremos saber de donde se obtuvieron los 247 millones de nuevos pesos que se gastaron por un candidato a gobernador de Tabasco.
Estas son preguntas que requieren inmediata respuesta, pues en ello va la salud pública de la nación y la preservación de sus instituciones.
Todo esto evidentemente erosiona la convivencia nacional y aún conduce a que la inestabilidad siente sus reales en nuestra vida cotidiana, pero de igual manera resulta indispensable que la sociedad conozca por fin, las causas, las razones y, sobre todo, los autores intelectuales de los asesinatos políticos que durante 1993, 1994 y 1995 hieren la conciencia nacional. Mientras la sociedad no tenga respuestas claras y no se tenga certeza sobre una investigación seria de la razón de estos lamentables sucesos, entonces no será creíble la expresión de que en México no hay intocables y ello mismo debe aplicarse frente al señor feudal de Tabasco, que recurre a la soberanía estatal para precisamente violentarla y tampoco la sociedad estará plenamente satisfecha hasta que se castigue a todos los responsables de la trágica matanza de Aguas Blancas.
Como verán, señoras y señores legisladores, a la gravísima situación económica le acompaña un clima de inseguridad pública y de impunidad, que como ninguna otra cosa, golpea lo más profundo del sentir ciudadano; por ello mismo, también los cambios no pueden esperar.
El país se encuentra en un cruce de caminos, y de cuál camino escojamos, dependerá que el país tenga futuro y que nuestra convivencia sea civilizada.
El viejo sistema político y el antiguo pacto social que le dio norma a nuestras relaciones, está fatalmente agotado. La alternativa que tenemos como país, no es por supuesto intentar levantar el viejo sistema moribundo y pretender apuntalar sus gastadas formas con pequeños cambios "gatopardescos", ello sólo se alargaría su agonía, pero ocasionaría grandes costos al país.
Por el contrario, el único camino que tenemos todos los mexicanos es el de entender y asumir la necesidad del cambio profundo y ayudar a bienmorir a ese viejo sistema, para que con el concurso de todos los actores políticos, económicos y sociales, construyamos el nuevo México, a partir de un nuevo sistema político democrático, tolerante, justo y libertario.
La transición hacia el nuevo sistema democrático, es inevitable, las mejores fuerzas de la sociedad empujan enérgicamente hacia ello y cualquier resistencia contra ese cambio será finalmente vencida; sin embargo, lo deseable y lo que quiere todo mexicano patriota es que esa transición sea pacífica, sea con estabilidad y se dé en el marco constitucional; para ello es indispensable que el poder o quienes detentan el poder, se dispongan a dar pasos hacia la transición.
Eso es lo que desea el Partido de la Revolución Democrática y por ello, hace apenas unos días, nuestro Partido resolvió llevar, y hoy lo reiteramos, a todas las fuerzas políticas, a los partidos, a las organizaciones sociales, aun a aquellas que han dicho basta y que se han levantado en armas, a las organizaciones civiles y de empresarios, del campo y de la ciudad y de manera particular al Gobierno, a que en el marco de un amplio diálogo nacional busquemos y encontremos los instrumentos, las reformas y los compromisos que den cauce al cambio democrático y pacífico que el país reclama.
El PRD no pretende erigirse como único autor de los cambios, el PRD con sinceridad quiere ser parte de la gran corriente nacional democrática por el cambio.
Queremos dialogar y participar para que de una vez por todas superemos todos los rezagos en la economía, que provocan la insultante riqueza y la vergonzosa miseria; una economía que garantice justicia social y una vida digna para todos los mexicanos. Queremos participar para construir un estado de derecho que castigue la violación a la ley, la impunidad y que preserve para los mexicanos la justicia.
Queremos participar en la construcción de un sistema político auténticamente democrático, pluripartidista, que deje atrás, por fin, el sistema de partido de estado, que impida todo signo de autoritarismo, que concede toda violencia contra la voluntad ciudadana y toda forma de discriminación por razones de pensamiento político y un sistema que garantice por fin autoridades y gobiernos plenamente legítimos.
Queremos impulsar la construcción de un sistema político auténticamente republicano y fielmente federalista, que deje para la historia el presidencialismo omnímodo, que garantice un verdadero equilibrio entre los poderes de la Unión con un Poder Legislativo fuerte, respetable y respetado y un Poder Judicial independiente; un federalismo que garantice la soberanía de los estados y los municipios y que propicie una equitativa distribución de nuestra riqueza entre las partes de la República; queremos que en este nuevo federalismo se garantice la vigencia plena de los derechos, la justicia y el bienestar para nuestros compatriotas indígenas, cesando todo tipo de discriminación. Proponemos la creación de las regiones étnicas que garanticen la preservación de sus riquezas naturales y de su cultura original.
Queremos, por último, un país que con dignidad se presente en el escenario internacional, que sea capaz de defender su independencia, su soberanía, un país que sea respetado porque es competente para defender sus riquezas naturales y los derechos de sus conacionales.
En fin, que con nuestro esfuerzo, queremos aportar para la construcción de un México diferente, democrático, de libertad, de dignidad para todos, de paz, un México como lo imaginaron nuestros héroes, hombres y mujeres, cuyos nombres aparecen escritos en letras de oro en este recinto.
Esto es compañeras y compañeros legisladoras y legisladores, lo que les proponemos. Esperamos con urgencia su respuesta, el país la espera también. Gracias por su atención.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Honorable Congreso de la Unión; distinguidos invitados; señoras y señores:
Sería reiterativo venir a insistir en las razones y en el origen de nuestros males. Acción Nacional lo expresó desde 1939.
Caro hemos pagado los mexicanos la implantación de una política social que no abatió la pobreza por no reconocerle al ciudadano, con su dignidad plena, el papel de protagonista central de nuestro sistema político.
Caro hemos pagado los mexicanos el que se haya creído que se podía avanzar en lo económico, postergando la reforma política, al no comprender lo que el Partido Acción Nacional ha denominado el primado de lo político.
Insistimos una y otra vez: lo que México requiere es un auténtico régimen democrático, que sólo se podrá alcanzar cuando se dé la representación legítima por su origen, la que se obtiene mediante procesos electorales justos, limpios y equitativos.
Caro hemos pagado los mexicanos que desde el poder se nos haya escamoteado el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos.
No es esta tribuna lugar de lamentaciones estériles, ni foro de elogios comprometidos recíprocamente entre poderes. Venimos aquí con el mismo espíritu que nos ha animado desde 1946, cuando llegaron a este Congreso los primeros legisladores de Acción Nacional, siendo hoy, y lo digo con orgullo, el partido que más iniciativas ha presentado en toda la historia parlamentaria de México.
Consta en el las más de 600 iniciativas que han buscado fortalecer el federalismo, vigorizar el Poder Legislativo en sus facultades para ejercer un verdadero y auténtico control presupuestal; para impulsar una reforma político-electoral que simplemente les de a quienes ejerzan el poder, credibilidad y generen confianza en sus gobernados; para reconocerle los derechos políticos plenos a la mujer; para defender el municipio libre e impulsar la equidad en la distribución de recursos en los tres niveles de gobierno; para que se le otorgue a los trabajadores la participación de utilidades y su acceso a la propiedad y a la gestión de las empresas; para darle certidumbre a la moneda, como lo vislumbró Gómez Morín, vigorizando la autonomía de la banca central; iniciativas que han buscado conformar un marco jurídico al mercado, para sustentar una economía que haga posible la promoción del bien común y seguimos continuando, como decimos los panistas, siempre congruentes con nuestros principios de doctrina, haciendo propuestas que permitan a la nación conformar un auténtico estado de derecho.
México está en crisis. Nuestro primer deber en estas circunstancias es no olvidar que la tolerancia, que es un valor de la cultura democrática, tiene una finalidad que es el conocimiento de la verdad. La tolerancia también tiene un límite, que es el interés general; tolerancia de gobernantes y gobernados que tiene un marco que la regula: el estado de derecho.
México no debe permitir que, cobijándose en la bandera del federalismo, se protejan deshonestidades o autoridades despóticas y arbitrarias que resucitan las viejas figuras del caciquismo.
México tampoco puede permitir que el narcotráfico, fenómeno complejo que enajena a nuestra juventud y pervierte las estructuras económicas, políticas y sociales, se beneficie de un falso concepto de soberanía que impida su combate eficaz.
Las palabras tienen peso, se refieren al honor de quien las usa, encierran intenciones, promesas y se manchan y son estigmas cuando se quedan solamente en palabras.
En ceremonias como ésta, hemos escuchado discursos que al final de cuentas no resisten el simple cotejo con los hechos y al paso de los años solamente se convierten en mentiras históricas o bien en anuncio de otros males más profundos. Palabras de concordia se escucharon en 1968 y días después, el pueblo de México se estremeció con los acontecimientos del 2 de octubre. "La Procuraduría investigará los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971", se nos dijo aquí y nunca aquellos hechos fueron esclarecidos.
"Preparémonos para administrar la abundancia", se dijo en tono de fiesta, para después hundirnos con el colapso de nuestra economía. "Instrumentaremos una renovación moral hasta sus últimas consecuencias", fueron palabras que también se quedaron en el aire. Se ofreció una reforma estructural de transición hacia la democracia, que dejara atrás la etapa del partido casi único y se dio un autoritarismo vertical que negó en los hechos, nuevamente, lo que las palabras habían ofrecido.
Apenas hace unos meses se dijo que se conservaría una sana distancia entre el partido en el poder y la Presidencia de la República y que se instrumentaría la política del bienestar de las familias; hoy ya estos propósitos se han diluido frente a la realidad que nos oprime.
Cobra vigencia lo que el Partido Acción Nacional propuso desde 1939, lo que ratificó en 1988, haciendo un llamado a un diálogo nacional para instrumentar la transición a la democracia, para alcanzar la necesaria conformación de los pactos fundamentales que nos den las bases del entendimiento del que hablaba Efraín González Luna, cuando manifestó en 1942, cito: "Será bienvenida la crisis si es capaz de imponernos prácticamente la necesidad de elaborar la doctrina política nacional que nunca hemos tenido y que necesitamos con anhelante urgencia, una doctrina política construida sobre un concepto pleno y claro de la persona humana, del deber de los mexicanos y de misión del Estado, una conjunción de principios universales con datos concretos de nuestra realidad, una verdadera columna vertebral".
En otras palabras, el acuerdo en lo fundamental, con actitud honesta, abierta y de buena fe, la tendremos que alcanzar entre todos, en todos los órdenes ciertamente: una Presidencia ajustada a las facultades constitucionales, acotada, sí, no agotada; un Poder Legislativo deliberante que sea escenario del gran debate nacional, pero del que emanen normas justas que se observen y se respeten; una nación que no le niegue a sus hijos posibilidades reales de acceso a los bienes culturales, materiales y espirituales, que como seres humanos tienen derecho.
Se requiere lo mejor de nosotros mismos, porque en este proceso de transición tal vez para infortunio de México, pueda ser verdad lo que se dijo en esta tribuna al reconocer que la patria podría deshacerse en nuestras manos. ¿Puede acaso concebirse una solución a nuestra problemática económica, olvidando nuestras grandes carencias políticas? ¿Puede acaso diseñarse una política para el campo, que atraviesa el momento más dramático en toda la historia de México, haciendo a un lado el marco jurídico que brinde certidumbre y confianza y que estimule la inversión productiva? ¿Puede acaso exigirse mayor sacrificio, la más rigurosa disciplina, la entrega más absoluta al trabajo, el prescindir de bienes indispensables, si por añadidura se niegan los derechos electorales y los más elementales servicios de seguridad pública?
¿Puede acaso una revolución considerarse vigente después de 85 años, si la mitad de la población permanece en la pobreza? ¿Puede acaso hablarse de justicia social cuando sigue concentrado el saber, el tener y el poder en unos cuantos? La democracia implica la distribución equitativa de los bienes públicos; por ello, la única opción para México es que juntos y entre todos diseñemos y demos vigencia a un nuevo sistema político, auténticamente democrático.
Aquí y ahora está claro que no hay para México soluciones parciales. La tarea demanda participación de todos. Nadie debe desentenderse de sus deberes ni ser marginado en el ejercicio de sus derechos y esto implica que también acabemos con dudas añejas, con debates estériles sobre aspectos intrascendentes o con relaciones no transparentes.
Hay que legislar sobre el derecho a la información, que todos los mexicanos tengamos acceso al conocimiento de los hechos. Hay que hacer eficaz la libertad de expresión terminando con la relación viciada entre el poder público y los medios de comunicación, que se respete el derecho de que cada quien pueda decir su verdad, pero que se respete también el derecho de que la contraparte pueda decir la suya.
Solamente así se puede concebir la bilateralidad de la norma jurídica que implica derechos y deberes, pues si solamente se privilegia lo primero, caemos en el libertinaje y si solamente se privilegia en los deberes, caemos en el autoritarismo.
El fortalecimiento de un auténtico régimen de partidos y el desempeño eficaz de las distintas agrupaciones sociales son elementos necesarios que estimulan la vida plural y democrática, cada uno de acuerdo a la naturaleza y fines que le dan razón y sustento.
Acción Nacional surgió de la ciudadanía misma, con independencia de cualquier poder o facción y con una clara orientación doctrinaria, hoy más vigente que en ningún otro momento de nuestro pasado histórico, se sustenta en una auténtica cultura democrática y acata las decisiones de sus miembros.
El gran reclamo no es politizar la ética, sino moralizar la política; ambas nos remiten a valores, y el principal valor, lo hemos dicho siempre, es el hombre, entendiéndolo en su concepción integral; esto es, en su dimensión individual y social, con respeto a su dignidad, en un contexto social que le permita alcanzar su desarrollo pleno.
En el hombre hemos centrado nuestras preocupaciones fundamentales, por eso enarbolamos el humanismo político como nuestra tesis fundamental.
Hoy se inicia un periodo de sesiones, habremos de discutir aquí los grandes temas nacionales. Acción Nacional tiene especial interés en que se discuta con la mayor responsabilidad y esmero, para impulsar una auténtica reforma equitativa, su proyecto de Ley Federal de Trabajo.
Desde siempre lo hemos sostenido, es menester precisar los derechos de los trabajadores, no tan sólo frente al patrón, sino frente a su organismo sindical, que muchas veces, en lugar de protegerlos, los oprime y les condiciona sus derechos políticos a través de estructuras corporativas.
Habremos de renovar nuestro federalismo identificándonos fundamentalmente con un profundo proceso de descentralización nacional.
En este acto ratificamos nuestro apoyo y reconocimiento al alcalde juarense, Francisco Villarreal, quien ha tomado la vieja estafeta del Partido Acción Nacional, en buscar un auténtico federalismo y procurar el fortalecimiento del municipio libre.
Habremos de discutir también la reforma del Estado, para darle la responsabilidad y las tareas que la nación le demanda, precisando en forma clara sus limitaciones, para que respete siempre al hombre y sus derechos.
Poder público y sociedad no deben estar confrontados, así lo exige el más elemental sentido común. El poder público se legitima al actuar al servicio de la sociedad.
Discutiremos también sobre una reforma política que se ha calificado ostentosamente como definitiva. Ello implica que no habrá de quedar resquicio de duda alguna de que hay una definida voluntad para darle a los ciudadanos posibilidades de contienda equitativa, lo cual va desde la prohibición de los usos de los símbolos patrios en los emblemas partidistas, hasta el acceso a los medios de comunicación y a la obligatoriedad del debate público.
Si tenemos el compromiso de registrar una propuesta de Gobierno ante los órganos electorales, tengamos también la congruencia de defender nuestras verdades dando la cara a la nación.
Hoy reiteramos que es indispensable, vital para la vida de la República, superar todo escollo que impida o retarde elecciones pulcramente organizadas y plenamente liberadas de toda aquella iniquidad que finalmente mancha la imagen de la autoridad y el nombre mismo de México.
Es por eso urgente la designación de un director del Instituto Federal Electoral, dotado, por su designación de consenso, de la autoridad moral necesaria para garantizar los principios rectores de los procesos electorales consignados en nuestra Constitución.
Ha habido una tendencia en nuestra historia: resolver los problemas a través de leyes y las leyes no siempre han demostrado su eficacia. Ello se debe a que en algunas ocasiones las leyes se han hecho más por deficiencias derivadas de la precipitación o por acatamiento acrítico por parte del grupo mayoritario, de las iniciativas que el Ejecutivo envía al Congreso.
En otras ocasiones, por desgracia las más de las veces, porque la autoridad no ajusta su conducta a los ordenamientos jurídicos.
Lo hemos dicho, y lo reiteramos ahora: el problema de México es la auténtica voluntad política, comprometida con la democracia; es de búsqueda permanente de soluciones que impulsen un desarrollo justo.
No podemos hablar de progreso cuando una élite financiera concentra el ingreso nacional; no podemos hablar de una administración eficaz, cuando en el proceso de desincorporación de empresas paraestatales, surgen dudas fundadas de cómo y a quiénes se adjudicaron los bienes.
La transparencia de la vida pública es una condición de la democracia y una exigencia ciudadana.
Acción Nacional en esta ocasión reitera su compromiso con el pueblo de México, de confirmar en los hechos la congruencia con sus principios; de proponer e instrumentar soluciones viables, posibles y eficaces para superar nuestra crisis actual, con la finalidad siempre de construir una economía social de mercado que genere empleo y bienestar a la comunidad; de seguir siendo un partido que sostiene que a través de la participación política responsable, se encontrarán vías de solución a los problemas nacionales; de que seguirá permanentemente haciendo un ejercicio de educación cívica para vigorizar en los mexicanos la solidaridad social que se requiere en estos momentos de crisis nacional; de defender sus triunfos con lealtad a la verdad; de enriquecer la vida parlamentaria de México, presentado a esta Asamblea propuestas de soluciones que vayan conformando una mejor convivencia social en el marco de un verdadero estado nacional y de derecho.
Acción Nacional ha demostrado que sabe gobernar. Es probable que al ejercer el poder que el pueblo nos va encargando cometamos errores, pero en la misma medida que nosotros debemos aprender a ser gobierno, otros grupos políticos deben aprender a ser oposición. Con ello, todos contribuiremos a construir la democracia, con estilo de vida y forma de gobierno.
Acción Nacional ratifica hoy sus tesis vigentes y su compromiso con la sociedad; de seguir siendo una organización de ciudadanos comprometidos con México, con un cambio democrático, con el respeto a la ley, con la paz social que promueve el bien común. No puede México vivir permanentemente en crisis ni recaer cíclicamente en colapsos económicos.
Por eso, en la tarea de construir una patria ordenada y generosa, convocamos a un gran esfuerzo de reflexión para restaurar el hogar común que merecemos los mexicanos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Fructuoso López Cárdenas.
El diputado Fructuoso López Cárdenas:
Señora Presidenta; honorable Congreso de la Unión; señoras y señores:
Hemos escuchado con atención y respeto lo expresado en esta alta tribuna de la nación, por distinguidos miembros de partidos de oposición. Lo hemos hecho con la vocación democrática inspirada en los principios que dan fuerza y vigor a nuestro partido y al avance político del país.
Por supuesto coincidimos con algunos conceptos expresados aquí y discrepamos de otros, porque algunos de ellos los consideramos impregnados más por estrategia partidista, que por argumentos sólidos; sin embargo, éste es el resultado del México plural que por fortuna vivimos.
Los miembros del Partido Revolucionario Institucional no ignoramos lo sucedido en estos meses, mismos que han transcurrido en una crisis económica sin paralelo, que ha impactado de una forma u otra a todos los mexicanos.
Reconocemos que la situación económica que ha vivido nuestra patria no la hubiéramos querido tener jamás. Nadie puede estar contento con la crisis, a todos nos lastima, pero el espíritu de los pueblos se templa en la adversidad; sólo los seres humanos que confían en su propia capacidad y sacan fuerza de su historia, pueden revertir el estado de cosas que les toca vivir y construir con esfuerzo sostenido un mejor futuro para los que vienen detrás.
Es innegable que vivimos una gran crisis, pero también es cierto que ella no inhibe las iniciativas para elaborar, rediseñar y operar nuevas formas para el desarrollo del país. Las dificultades que afrontamos nos han impuesto graves costos y los resultados no nos satisfacen todavía, menos aún a los sectores de la población que padecen limitaciones y rezagos que en ocasiones se vuelven desesperanzadores.
Los priístas aceptamos con sereno realismo nuestra corresponsabilidad con el Presidente de México, Ernesto Zedillo, corresponsabilidad derivada de un compromiso partidista, que necesariamente se origina en principios y afanes que nos son comunes.
Nuestras decisiones entrañan una grave responsabilidad por obligada ética en el ejercicio del poder. Hemos actuado y lo reconocemos, con detrimento aún de imágenes personales y partidistas. Las medidas fueron necesariamente drásticas y las apoyamos por el tiempo indispensable para su eficacia.
El presidente Zedillo actuó con serenidad, rapidez, honestidad, inteligencia y firmeza. Nos alienta la certeza de que la omisión hubiese traído mayores trastornos económicos para la vida de la nación, aceptamos esta afirmación por el conocimiento de signos favorables que nos permiten afirmar que vamos en la dirección correcta.
A seis meses de iniciado el programa de emergencia económica, los resultados están a la vista. Las cuentas externas son favorables, la inflación tiende a la baja, los mercados financieros y cambiarios muestran estabilidad y las tasas de interés han descendido. No estamos satisfechos, pero tenemos coraje para aportar nuestro esfuerzo y nos anima el clima que hoy vivimos de diálogo, acuerdo, debate e iniciativas. No podemos aflojar el paso, pues echaríamos por la borda el esfuerzo de miles de mexicanos y de nada valdría el sacrificio de estos meses.
Tenemos que hacer un sereno y objetivo análisis. Una tarea harto difícil cuando por las circunstancias de la propia crisis los juicios, las más de las veces, acaban siendo prisioneros de la adversidad.
Cuando tuvimos el honor de fijar la posición de nuestro partido ante la calificación de la elección presidencial dijimos: "La fracción priísta asume, desde ahora, que la reforma electoral es un proceso permanente que a todos nos corresponde impulsar, mejorar y perfeccionar. Juntos seguiremos haciendo de la certidumbre un factor de concurrencia. Juntos haremos del perfeccionamiento de nuestras instituciones y procesos electorales la mejor respuesta al anhelo siempre vigente y compartido de la democracia".
El imperativo de una reforma electoral definitiva es impostergable para consolidar la constitución democrática de los gobiernos y la superación definitiva de los conflictos electorales. No hay duda, queremos que las elecciones y no las negociaciones, sean el método para resolver la competencia política.
Los acontecimientos nacionales nos llevan a constantes desafíos, pero la respuesta la debemos asumir todos los partidos, no hay cabida para las vacilaciones y es en el diálogo donde podremos concretar esta reforma.
Hoy reafirmamos que estamos listos para buscar y encontrar la reforma electoral definitiva. El PRI cumplirá su compromiso.
Como legisladores entendemos y apoyamos el diálogo nacional, porque ésta es la mejor vía para llegar a estadios de mayor certidumbre política; diálogo donde las reglas sean claras y respetadas y, constituyan también el soporte en que los mexicanos desarrollemos nuestra vida política. En el PRI nos anima la convicción de seguir transformando la vida democrática de México. Queremos estar presentes en la reforma del Estado y contribuir a convertir esta reforma en fuente inspiradora de nuevas políticas y nuevos métodos de acción que resuelvan nuestros problemas y pongan ante nuestros ojos la expectativa de un porvenir más promisorio para la nación.
Para todo ello, debemos propiciar un ambiente de diálogo respetuoso que evite la cerrazón y la intransigencia como formas de fijar posiciones partidistas. No permitamos que posturas inflexibles en un afán sólo de oposición se conviertan en murallas insalvables. Tenemos una enorme responsabilidad con el pueblo de México.
He de recordar aquí a don Jesús Reyes Heroles, quien decía: "Rigidez ante la realidad es dogmatismo; la flexibilidad es necesaria para andar un camino que sólo los simplistas suponen recto", y es un camino sinuoso lleno de recovecos que exige avances, consolidación y a veces repliegues; un camino con complicaciones que impone de por sí la complicada realidad.
La reforma del Estado sólo se podrá conseguir cuando dejemos a un lado posiciones de inmovilismo que atan y detienen su camino. Los legisladores de las diversas fuerzas políticas tenemos la gran oportunidad de dignificar al Congreso. Todos podemos aportar algo a la dignificación del Congreso. Los priístas concebimos la reforma del Poder Legislativo, como una nueva forma de regulación de las prácticas parlamentarias democráticas. Pero también, como una forma real y efectiva para hacer más eficiente la relación entre partidos y las acciones con quienes ejercen el gobierno; queremos una reforma que contemple un proceso ordenado y con tiempos una reforma consensada que vigorice al Poder Legislativo.
Tenemos que considerar que los legisladores para cumplir en forma adecuada nuestras obligaciones, debemos analizar sin premuras las iniciativas de ley, para tener mayor claridad en cuanto a su contenido y alcance. Por eso es importante la agenda legislativa. Los legisladores estamos conscientes de la importante función que desempeñan los miembros del Poder Ejecutivo, en la conformación de las propuestas de iniciativas de ley. Pero consideramos que una expresión inequívoca de una nueva relación de mayor respeto y equilibrio entre los poderes, será la diversidad de orígenes de las iniciativas de ley, tal y como lo dispone la Constitución.
Los miembros del Poder Legislativo priístas aceptamos que en cuanto a procuración de justicia, se dieron los primeros pasos en la reforma judicial aprobada, pero estamos obligados a terminarla a través de las leyes secundarias que permitan su cabal cumplimiento.
La fracción priísta comparte con el jefe de las instituciones nacionales, nuestro compañero Ernesto Zedillo, su preocupación en la procuración de mayor justicia para el bienestar y la seguridad del pueblo de México.
Múltiples serán las inercias que habremos de romper para darle un verdadero sentido de mayor respeto a la relación de los poderes. Construir un nuevo equilibrio entre los poderes, desde la perspectiva de un fortalecimiento de los poderes Legislativo y Judicial, permitirá una mejor expresión de los intereses ciudadanos y su cabal manifestación en las políticas públicas.
La renovación de nuestro federalismo es el instrumento para una vida nacional que se nutra de la iniciativa de las comunidades, de la gran riqueza de los municipios, del potencial de los estados y de la fuerza de las regiones. En la búsqueda de la conformación de un nuevo federalismo, estamos comprometidos todos y aspiramos a nuevas leyes que permitan que los estados y los municipios verdaderamente se fortalezcan.
Los priístas estamos resueltos a demostrar que somos capaces de construir acuerdos que conviertan las aspiraciones de la sociedad en prácticas de gobierno.
El PRI acepta el cambio, por eso estamos haciendo también nuestra reforma; con ella damos fe de nuestra honda convicción para fungir como partícipes en el proceso transformador del país. Tenemos enormes retos, estamos comprometidos con las causas populares.
Aquí expresamos categóricamente, que el presidente Zedillo cuenta con su partido, porque aquilatamos su enorme esfuerzo para superar la emergencia económica, por su decisión para abrir nuevos cauces en el camino de la democracia, por su tenacidad por encontrar solución a los problemas que hoy palpitan en el corazón de todos los mexicanos, mirando siempre por el bien de la República. Apoyo consciente y razonado.
Es el momento que prevalezcan los intereses de la nación sobre los intereses personales o de grupo. Es el momento en que los intereses de cada uno de nosotros converjan en tareas que beneficien a todos y no tan sólo a unos cuantos.
Honorable Congreso de la Unión; señoras y señores: evoco aquí las palabras que en memorable ocasión expresara don Ponciano Arriaga: "Es menester -decía-, hacer reinar la igualdad ante la ley, la libertad sin desorden, la paz sin opresión, la justicia sin rigor, la clemencia sin debilidad, demarcar sus límites a las autoridades supremas de la nación; combinar éstas, de modo que su unión produzca siempre el bien y haga imposible el mal. Arreglar la marcha legislativa, poniéndola al abrigo de toda precipitación y extravío. El pueblo cree, el pueblo espera. No burlemos su fe, no hagamos ilusoria su postrera esperanza".
Muchas gracias.
RECESO
La Presidenta (a las 10:30 horas):
Se declara un receso, en espera del señor Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.
(Receso.)
La Presidenta (a las 10:57 horas):
Se reanuda la sesión.
Se ruega a todos los presentes ocupar sus lugares.
Ruego, por favor, despejar el pasillo central.
(Honores de ordenanza.)
I INFORME DE GOBIERNO
La Presidenta:
Continuamos con nuestro orden, y tiene la palabra el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Ernesto Zedillo Ponce de León.
El Presidente de la República,
Ernesto Zedillo Ponce de
León:
Honorable Congreso de la Unión:
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 69 constitucional, presento a esta soberanía un informe por escrito sobre el estado general que guarda la administración pública del país.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por recibido el informe por escrito que nos entrega en esta ocasión.
El Presidente de la República,
Ernesto Zedillo Ponce de
León:
Agradezco a las señoras y a los señores legisladores, la muy honrosa oportunidad de hacer uso de esta alta tribuna. Siempre consideraré un privilegio y una gran responsabilidad el dirigirme al Congreso de la Unión en su propia sede.
En vez de sintetizar el informe escrito que en cumplimiento del artículo 69 constitucional acabo de entregar, quiero aprovechar esta invaluable ocasión para hablar de los tres temas que hoy más nos preocupan a todos los mexicanos: la situación económica, la justicia y el avance democrático del país.
Las condiciones económicas de los últimos nueve meses han sido particularmente adversas, muy distintas de lo que la generalidad de los mexicanos esperaba el pasado 1o. de diciembre. La crisis financiera y económica que emergió a fines de 1994, ha deteriorado severamente los niveles de vida de la población y puso en riesgo mucho de lo construido con el trabajo de millones de mexicanos a lo largo de años.
El desaliento que esta nueva crisis financiera provocó en los ciudadanos se agudizó, porque el esfuerzo realizado para transformar nuestras estructuras había alimentado la expectativa de crecimiento, multiplicación de empleos estables e ingresos crecientes. Los mexicanos se esforzaron a la espera de un crecimiento que no llegó.
Hoy podemos apreciar que la crisis se fue gestando durante mucho tiempo, su naturaleza y su magnitud no pueden ser atribuidas a un solo hecho o a una determinada decisión de política económica.
Ciertamente hubo razones para que la crisis estallara con tanta fuerza, una de ellas fue que durante muchos años un fuerte y creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se financiara con entradas de capital volátil. También influyó que se financiaran proyectos de largo plazo con instrumentos de corto plazo; que se permitiera, más allá de lo prudente, la apreciación real del tipo de cambio y que frente a cambios drásticos en las condiciones internas y externas, las políticas financieras hayan reaccionado lentamente o en un sentido muy riesgoso, como en la dolarización de la deuda interna que supuso el crecimiento de los Tesobonos.
Es preciso reconocer, sin embargo, que algunas de las circunstancias externas e internas que influyeron en la gestación de la crisis, no se habían presentado nunca antes; por lo mismo, la fuerza con que irrumpieron era impredecible.
No había precedentes, por ejemplo, del origen no bancario de gran parte de los flujos de capital que llegaron al país durante varios años y que a la postre exacerbó su volatilidad. Tampoco tenían precedente los hechos de violencia que enlutaron a la nación durante 1994. Con absoluta convicción, sin embargo, afirmo que la crisis nunca habría ocurrido con tal gravedad aun en presencia de muchos de los factores adversos señalados, de no haberse descuidado la generación de ahorro interno.
Mientras que en 1988 los mexicanos ahorrábamos 22% del producto nacional, esa proporción fue reduciéndose año tras año hasta llegar a menos del 16% en 1994. A pesar de que en esos años contamos con la mayor disponibilidad de recursos financieros externos en la historia del país, la falta de ahorro interno provocó que la inversión productiva no tuviera el dinamismo deseable.
La caída del ahorro interno en condiciones de déficit en cuenta corriente cada vez mayores, cubiertos por fuertes entradas de capital financiero, explica en última instancia el bajo crecimiento económico. Por falta de ahorro interno, de inversión y crecimiento del producto interno bruto, la economía mexicana se hizo vulnerable a los movimientos de capital de corto plazo. Esa vulnerabilidad aumentó por los hechos trágicos de 1994 y por el alza de las tasas de interés en el exterior.
Al agotarse los estrechos márgenes que podría haber permitido corregir gradualmente el grave desequilibrio acumulado, estalló la crisis; súbitamente el país perdió todo acceso adicional a los recursos financieros antes disponibles y además se inició un retiro masivo de esos recursos.
Súbitamente México dejó de contar en su ingreso nacional con el cuantioso ahorro externo que había tenido en los años anteriores y además, las inversiones acumuladas durante ese periodo, comenzaron a salir de nuestra economía. No obstante que se realizó un ineludible ajuste cambiario y que las tasas de interés registraron un alza significativa, la pérdida de recursos continuó haciéndose cada vez más grave.
En los primeros días de 1995, el retiro masivo de inversiones puso al país al borde del colapso financiero y productivo; en esos momentos la tarea fundamental fue evitar que cayésemos en un estado de insolvencia absoluta que habría quebrantado por completo a la economía nacional. La crisis debía afrontarse con rapidez y determinación. Estoy convencido de que de haberse adoptado medidas gradualistas, o peor aún, de haber caído en la inacción, de inmediato se habrían perdido millones de empleos y se hubiera desmantelado una parte muy considerable del aparato productivo del país.
La recuperación hubiese tomado años, quizá lustros. Frente a esa amenaza, no dudé en tomar todas las decisiones que consideré indispensables para evitar que se cristalizara el peor de los escenarios. El programa de ajuste debía cumplir objetivos inmediatos fundamentales, era preciso alejar el riesgo de la insolvencia total, creando condiciones que detuviesen la pérdida masiva de capitales y restableciesen una mínima estabilidad en los mercados cambiario y financiero.
Era igualmente importante corregir rápida y ordenadamente el grave desequilibrio acumulado en la cuenta corriente de la balanza de pagos, con los menores costos posibles sobre la planta productiva y el empleo; asimismo, era indispensable evitar que la inflación, causada por la devaluación, se volviese incontrolable.
Para lograr esos objetivos, el programa de ajuste incluyó medidas drásticas, ciertamente dolorosas, para fortalecer las finanzas públicas, incluyó también el diseño y la negociación de una estrategia de financiamiento externo para compensar y revertir la pérdida de capital de corto plazo que había sufrido el país. Además, se dio una gran importancia a la aplicación de programas especiales para atenuar los impactos recesivos e inflacionarios.
Para lograr el fortalecimiento de las finanzas públicas, se recortó fuertemente el gasto público programado para el presente ejercicio fiscal que a su cierre registrará una disminución de 10% en términos reales respecto al año anterior. Con el mismo propósito se modificaron los precios y tarifas del sector público y la tasa general del impuesto al valor agregado.
Sin estas medidas, la devaluación, el desempleo y la inflación, habrían sido más graves y habrían demandado de todos un sacrificio aún mayor.
El retiro masivo de inversiones, fue el factor más severo de presión sobre el tipo de cambio y las tasas de interés y constituyó también el mayor riesgo para el aparato productivo y financiero del país.
Para calibrar su gravedad, conviene saber que durante los tres primeros meses del año, el país sufrió una pérdida de recursos varias veces mayor que el impacto de la crisis de la deuda de 1982 o la crisis del petróleo de 1986. El problema se hizo aún más difícil por la naturaleza de los flujos de capital externo que estaban en juego; en esta ocasión los inversionistas no eran acreedores bancarios, sino miles de ahorradores del extranjero que invirtieron en instrumentos financieros de alta liquidez; por eso resultaba materialmente imposible recurrir a una negociación crediticia tradicional.
Ante la complejidad y el apremio de la situación, era crucial encontrar mecanismos alternos que lograsen el mismo efecto económico de una renegociación crediticia, además era indispensable concretarlos en un plazo sin precedentes por su brevedad.
Con ese propósito y en el marco de la nueva relación que permite el Tratado de Libre Comercio, se negoció con el Gobierno de los Estados Unidos, una línea de crédito por 20 mil millones de dólares; asimismo, con el apoyo de los organismos multilaterales de los que México es Estado miembro de pleno derecho y con países amigos y socios comerciales, se convinieron otros compromisos de respaldo financiero para construir un paquete financiero por cerca de 50 mil millones de dólares.
Las negociaciones de todos los empréstitos que configuran dicho paquete financiero, fueron invariablemente conducidas bajo los principios de respeto a la soberanía nacional y a la dignidad de los mexicanos. Nunca se negoció nada a espaldas de los mexicanos. Los apoyos fueron obtenidos y se han aplicado en los términos dispuestos por este Congreso. Los fondos obtenidos contribuyeron a despejar la amenaza de insolvencia, a estabilizar los mercados cambiario y financiero y a respaldar un proceso de ajuste lo más breve posible.
La negociación del paquete financiero se realizó en condiciones de emergencia sin precedentes y logró, en muy pocos meses, lo que antes se renegociaba en el curso de varios años.
Debo insistir en que los fondos que integran el paquete financiero, no significan un endeudamiento adicional del país; son líneas de crédito que han permitido transformar pasivos de corto plazo y alto costo, en pasivos de largo plazo y costo menor.
La totalidad de los recursos del paquete financiero utilizados hasta hoy, se han aplicado a liquidar deuda de corto plazo y a fortalecer las reservas internacionales de México. Al día de hoy, del paquete negociado, se han desembolsado 23 mil 902 millones de dólares; en contrapartida, el saldo de los Tesobonos que en diciembre de 1994 alcanzaba 29 mil 206 millones de dólares y fue un elemento central en el estallido de la crisis, ha disminuido a 3 mil 173 millones; es decir, que ese saldo de deuda se redujo a 26 mil 033 millones de dólares.
Otras obligaciones de corto plazo con el exterior, públicas y privadas, tanto bancarias como no bancarias, se han reducido en más de 8 mil millones de dólares. Además, al día de ayer, las reservas internacionales del Banco de México se ubicaron en 15 mil 073 millones de dólares, lo que implica un aumento de casi 9 mil millones de dólares, respecto al saldo del pasado 31 de diciembre.
También el desequilibrio de las cuentas con el exterior se ha corregido sustancialmente. Durante los primeros siete meses del año, gracias principalmente al aumento de las exportaciones, la balanza comercial acumuló un superávit de 3 mil 690 millones de dólares, que mucho contrasta con el déficit de 10 mil 393 millones, registrado en el mismo lapso de 1994.
La cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo en el primer semestre una corrección en su déficit de casi 13 mil 200 millones de dólares; a su vez, la inflación mensual, que llegó a ser de 8% en abril, muestra desde entonces una clara tendencia decreciente. Para agosto se estima ya menor al 2%.
El tipo de cambio que superó los 7.50 nuevos pesos por dólar el pasado mes de marzo, ha promediado 6.19 nuevos pesos durante los últimos tres meses. La tasa de interés interbancaria, que llegó a casi 110% también en marzo, se ha reducido a menos del 40%, si bien continúa siendo elevada.
Los objetivos iniciales del programa de ajuste se han logrado, se ha disipado claramente la amenaza de colapso financiero que existió durante los primeros meses del año. Estos primeros resultados han sido posibles gracias a la valerosa determinación de los mexicanos de salir adelante; la solidaridad y el esfuerzo de los campesinos, de los obreros, de los empleados, de los empresarios, han hecho efectivos los propósitos del programa de ajuste.
Por su magnitud e intensidad, la crisis ha tenido consecuencias graves para la población. El país dejó de percibir recursos externos que significaban más del 7% del ingreso nacional. Esta pérdida se ha traducido en una disminución del ingreso de las empresas y las personas y eso a su vez, en una fuerte caída del consumo y de la inversión. Con ello se ha agravado el impacto recesivo de la crisis.
Durante el primer semestre del año, el producto interno bruto tuvo una disminución del 5.8% respecto al primer semestre de 1994. Esos fenómenos, en su conjunto, han significado una disminución en el valor real de los salarios y sobre todo en el nivel de empleo. La tasa de desempleo que era del 3.2% en diciembre de 1994 llegó al 6.6% el pasado mes de junio.
En los primeros siete meses del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una pérdida de 824 mil afiliados.
Los costos de la crisis han sido muy grandes y dolorosos, pero habrían sido mucho mayores de no haberse adoptado el programa de ajuste económico. Más aún, no tendríamos ahora frente a nosotros la perspectiva de la recuperación.
Desde el inicio de la crisis se han emprendido acciones y programas para atenuar los costos sociales y aliviar los efectos de la recesión económica. Se han puesto en marcha programas viables para proteger el empleo e incluso generarlo ahí donde las consecuencias de la crisis han sido más graves.
A medida que el programa de ajuste ha dado resultados, se han intensificado los programas sociales.
En concertación con los gobiernos estatales, se estableció un programa especial de empleo temporal, con una aportación federal de un mil 700 millones de nuevos pesos; adicionalmente con una inversión de 300 millones de nuevos pesos se puso en marcha un programa especial de conservación de caminos rurales. Ambos programas están generando más de 710 mil plazas temporales de trabajo.
Se ampliaron significativamente en 40% las metas de los programas de capacitación para trabajadores, desempleados y en activo, que beneficiarán este año a 700 mil personas. Se amplió de dos a seis meses la cobertura de los servicios de salud del Instituto Mexicano del
Seguro Social para aquellos asegurados que han perdido su empleo. Gracias a esta medida han sido atendidas 684 mil personas y más de 1 millón 500 mil familiares suyos.
En coordinación con gobiernos estatales, se estableció el programa de alimentación y nutrición familiar, dirigido a las regiones con los índices más agudos de pobreza. En el marco de este programa se distribuyen mensualmente un millón 224 mil despensas, que benefician a casi 6 millones de personas con graves carencias nutricionales. Asimismo, se incrementó en 250 mil el programa de desayunos escolares, con el fin de llegar en 1995 a una distribución diaria de un millón 500 mil desayunos.
A través del programa del subsidio al consumo de tortilla, se atiende a 2.8 millones de familias de escasos recursos y mediante el programa de abasto social de leche, a 5.5 millones de niños diariamente.
La infraestructura de abasto se ha incrementado hasta contar con cerca de 21 mil tiendas comunitarias, en su mayoría ubicadas en el medio rural. El sistema de distribución y abasto comunitario en las regiones más apartadas del país, atiende ya a casi 29 millones de personas.
En algunos estados de la República, los efectos de la crisis se han sumado a los estragos de una prolongada sequía. Para atender a las regiones más gravemente afectadas se puso en operación un programa emergente, con una asignación de 746 millones de nuevos pesos.
Los diversos apoyos comprendidos en este programa beneficiaron a 3 mil 274 comunidades y a más de 480 mil productores.
En apoyo al campo también se han aumentado otros subsidios, como los dirigidos a la energía eléctrica para uso agrícola y los que apoyan el precio de los fertilizantes.
A partir del marco jurídico renovado y de los programas de apoyos directos que este año proporcionarán más de 6 mil 300 millones de nuevos pesos, el Gobierno Federal ha seguido una estrategia para incrementar la productividad y la rentabilidad de las actividades agrícolas y ganaderas y así mejorar el ingreso de los productores.
Está también en marcha un esfuerzo de negociación de los adeudos financieros para los productores. Estamos trabajando también en un programa que nos logrará cambiar la vocación de la tierra para fines productivos y que proporcionen a estos productores un ingreso real más elevado.
En 1996 iniciaremos en el campo un amplio proceso de inversión en capital humano, infraestructura y tecnología; reforzaremos la regularización agraria y realizaremos un esfuerzo sin precedentes de capacitación y organización de productores.
El sistema financiero rural, será reestructurado para adecuarlo a las necesidades productivas del sector.
Reafirmo mi compromiso con el campo mexicano.
Avanzaremos a una política integral de desarrollo rural que promueva el empleo, aliente la producción, fortalezca la comercialización y modernice la estructura agropecuaria.
Se ha hecho un esfuerzo extraordinario para extender hacia regiones de pobreza extrema los servicios de salud. La inversión en este aspecto fundamental de la política social se concentró en la conclusión de obras en proceso, la construcción de unidades médicas en zonas de altísima urgencia y el mantenimiento de la infraestructura existente.
Se ha puesto especial cuidado para mantener una operación adecuada de los servicios médicos y hospitalarios públicos, que durante estos meses atendieron a 42 millones de mexicanos.
Se ha cuidado que la difícil situación económica no detenga el avance educativo del país. La educación es el medio más eficaz para construir una sociedad más libre, más justa, más participativa, más democrática y más próspera.
En el ciclo escolar que terminó en julio pasado, se avanzó hacia el propósito fundamental de lograr la cobertura universal de los servicios de educación básica para los niños y jóvenes de cuatro a 15 años.
El índice de atención aumentó en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Mejoraron también los índices de aprobación, retención y eficiencia terminal en la primaria y la secundaria, proceso que habrá de sostenerse en el presente ciclo escolar.
Se avanzó en la consolidación de la reforma integral de contenidos y materiales educativos. Esta semana, con una puntualidad sin precedente, se están distribuyendo 140 millones de libros de texto gratuitos para los niños de primaria.
Gracias al interés de los maestros y el enorme apoyo de su sindicato, se avanza en la actualización y en la capacitación del magisterio.
Para lograr mayor justicia educativa se ha puesto especial énfasis en extender la atención hacia los grupos y regiones con mayor rezago. Se le ha dado un gran impulso a los programas compensatorios, llevándolos a partir de este ciclo escolar a 23 estados de la República, en beneficio de más de 3.7 millones de educandos.
Se ha hecho un gran esfuerzo para seguir extendiendo la educación hacia los otros niveles.
Hoy en día, más de 23.5 millones de niños y jóvenes reciben educación en planteles públicos de todos los niveles educativos.
Para mejorar el bienestar social de todos los mexicanos y alentar una convivencia fincada en la democracia y en la justicia, requerimos alcanzar un crecimiento económico y vigoroso.
El esfuerzo hecho hasta ahora para superar la emergencia económica, constituye sólo la primera parte de una estrategia más amplia que nos llevará a alcanzar el crecimiento económico sostenido y sustentable.
En esta primera fase nos hemos concentrado en corregir los desequilibrios que precipitaron la crisis; disipar con claridad el riesgo de colapso financiero y productivo del país e ir fincando las condiciones que nos permitan emprender sobre bases sólidas, la recuperación económica.
Ha sido en esta primera fase cuando se han sufrido los mayores costos de la crisis financiera.
Gracias al esfuerzo realizado y a los resultados obtenidos, ahora podemos acentuar las acciones que alienten la recuperación económica.
A este propósito mucho servirán las reformas legales tendientes a impulsar la inversión social y privada en ferrocarriles, telecomunicaciones, aviación civil y transporte, distribución y comercialización de gas natural, que ha dispuesto este honorable Congreso a propuesta del Ejecutivo Federal.
Hacia el mismo objetivo de promover la creación de fuentes de empleo, se orienta el programa de desregulación, que hará más ligera la gravosa carga de trámites que deben cumplir las empresas micro, pequeñas y medianas, tanto en su instalación como en su operación cotidiana.
El compromiso es contar con una normatividad que se concentre en la protección de los consumidores y en promover la actividad de los particulares, en lugar de obstruirla.
Por su repercusión en el empleo y en la satisfacción de una necesidad básica, se le ha asignado una alta prioridad a la reactivación del sector de construcción de vivienda.
Está en marcha un programa que permitirá esa reactivación a través de la reestructuración de los créditos hipotecarios existentes, del aumento sustancial para los créditos nuevos, la ampliación de las metas de los organismos impulsores de la vivienda de interés social y la simplificación de trámites y la reducción de costos indirectos y de titulación.
El programa especial de vivienda, se diseñó para generar 200 mil empleos adicionales a partir de la segunda mitad del año.
Otra fuente importante de impulso a la recuperación económica, será la inversión pública que crecerá significativamente durante los próximos meses.
En congruencia con la marcada austeridad que tuvo que darse en el primer semestre del año, casi tres cuartas partes de la inversión pública federal programada se erogarán durante el segundo semestre, favoreciéndose la recuperación de la demanda y del producto interno bruto.
Para 1996 se elaborará un calendario del ejercicio del gasto que dé continuidad en el primer semestre a la recuperación de la inversión pública.
Con el mismo propósito, se ha iniciado desde ahora la preparación de proyectos para que su ejecución pueda iniciarse en cuanto se cuente con los recursos presupuestales comprendidos en ese presupuesto.
Una infraestructura adecuada, moderna y suficiente, es un requisito fundamental para el crecimiento económico.
Superar las deficiencias que en este aspecto tiene nuestro país, exige que la inversión pública se complemente con la privada. Con este propósito, este mismo mes se creará el fondo de inversión en infraestructura, con una aportación inicial de recursos públicos por 1 mil 600 millones de nuevos pesos.
Este fondo, mediante la participación con capital de riesgo o emitiendo garantías, permitirá traer sobre bases sanas, recursos privados para la construcción de infraestructura básica en favor de un desarrollo regional más equilibrado.
Otro motor muy importante de la recuperación económica, será el alivio en la situación financiera de las empresas y de las familias, que aún antes de que se iniciara la crisis, habían acumulado gravosos niveles de endeudamiento. De ahí que en la medida en que los resultados positivos del programa de ajuste le han abierto al Gobierno márgenes de acción, estos se han utilizado para promover y dar viabilidad a los programas de reestructuración de pasivos de empresas, productores y familias, con la banca comercial y con la banca de desarrollo.
En un marco de responsabilidad fiscal y monetaria y bajo la premisa de preservar la solvencia de las instituciones que guardan y remuneran el ahorro de los mexicanos, el Gobierno Federal ha comprometido parte de su capacidad financiera para contribuir a resolver el agobio de la mayor parte de los deudores del país, particularmente de los de menores recursos.
El programa de alivio a deudores comprende reducciones en los pagos por intereses, condonación de intereses moratorios, topes a las erogaciones que habrán de hacer los deudores por sus pasivos reestructurados, treguas judiciales y limitaciones a las garantías adicionales que puedan solicitar los bancos.
La disminución de la carga financiera tanto para las familias como para las empresas, dará mayor holgura a sus presupuestos y representará un estímulo muy importante para recuperar los niveles de consumo e inversión, en beneficio de la economía en su conjunto.
Tengo plena confianza en que al cierre del tercer trimestre y más señaladamente, durante el cuarto trimestre del año, comenzará a percibirse la tendencia a la recuperación económica del país. A diferencia de lo ocurrido en los dos primeros trimestres, en el tercer y cuarto trimestres de este año, el producto interno bruto comenzará a crecer, aunque moderadamente respecto a los periodos inmediatos anteriores.
Esto será resultado de la estabilidad en los mercados financieros, la baja en las tasas de interés, el alivio a los deudores, la reanimación del sector de la vivienda, el aumento programado en la inversión pública, la expansión de las exportaciones y la reanudación de la inversión extranjera directa.
La reactivación económica no significará de modo alguno el relajamiento de la disciplina económica. Para que la recuperación ocurra sobre bases sólidas, deben mantenerse invariablemente finanzas públicas sanas, una política monetaria congruente con la necesaria reducción de la inflación y una política cambiaria que aliente permanentemente al sector exportador.
Con este último propósito continuaremos negociando con otros países y regiones, acuerdos de liberalización comercial.
Habrá de ser 1996 el año en que la recuperación se generalice y en el que se consoliden las bases para el crecimiento dinámico y sostenido que nos proponemos alcanzar en los años subsiguientes.
Como lo propone el Plan Nacional de Desarrollo, es indispensable que una vez superada la crisis financiera actual y consolidada la recuperación económica, se alcancen tasas sostenidas de crecimiento económico superiores al 5% anual. Sólo así se lograrán abatir los rezagos históricos y un mejoramiento continuo en las oportunidades de empleo.
Con ese objeto conferiremos un ímpetu renovado a las políticas orientadas a elevar la productividad, mediante la capacidad laboral y la actualización tecnológica de las empresas.
También se promoverán los acuerdos que permitan emprender las reformas necesarias para estimular un mayor número de empleo de mano de obra en los procesos productivos.
El mayor reto de la política económica será lograr que, una vez iniciada la recuperación, se sostenga y se consolide. La creación adicional de fuentes de empleo requiere de inversión y ésta depende de los recursos disponibles para su financiamiento, que provienen del ahorro interno y del externo. Consecuentemente la clave para alcanzar el crecimiento económico sostenido y evitar la reaparición de las crisis financieras que han afectado a México durante las últimas dos décadas, está en el aumento del ahorro interno. A mayor ahorro interno, mayor inversión y más empleos; además, con una economía en crecimiento será posible absorber el ahorro externo productivamente y sin riesgo alguno de insolvencia, para así contar con todavía más inversión y más generación de empleos.
El Plan Nacional de Desarrollo ha delineado los principios de una estrategia integral para el fortalecimiento del ahorro interno; en ella, revisten especial importancia la reforma del sistema tributario y la transformación de los sistemas de contribución para pensiones y vivienda. La reforma del sistema tributario debe darse en varias fases, acompasadas a las posibilidades que otorgue la recuperación económica.
Propongo trabajar con este honorable Congreso en este mismo periodo ordinario, en una primera etapa de la reforma que se ocupe del marco institucional del sistema tributario, de su administración y simplificación y de la seguridad jurídica de los contribuyentes. En etapas subsecuentes, se abordarían los cambios más significativos en la estructura tributaria.
También pongo a la consideración de esta soberanía que se legisle para definir un nuevo sistema de contribuciones para el retiro y la vivienda. Un sistema que estimule permanentemente el ahorro personal y familiar, que amplíe significativamente las posibilidades de construcción de vivienda y que asegure pensiones dignas.
En la tarea de alcanzar el crecimiento sostenido que genere los empleos bien remunerados que con toda razón demandan los mexicanos, emprenderemos todas las reformas económicas indispensables y nos aseguraremos de su ejecución exitosa.
Ninguna estrategia de crecimiento económico, sin embargo, podrá darnos los resultados que queremos y que México necesita, si al mismo tiempo no logramos garantizar la vigencia del estado de derecho y la seguridad pública. La ciudadanía sigue siendo víctima de la distancia que existe entre la palabra de la ley y su observancia; entre las normas y su aplicación; entre las fórmulas de la justicia y su impartición. La sociedad está profunda y justificadamente agraviada.
En muchos lugares es indignante la amenaza cotidiana a las personas, a su familia y a su patrimonio. La ciudadanía vive preocupada por la inseguridad en las calles, los caminos y los sitios públicos. La ofende la frecuencia de los delitos y la impunidad de quienes violan la ley. Con toda razón se exaspera al comprobar que en muchos casos son los propios encargados de garantizar el orden y procurar la justicia quienes la atropellan.
Arrastramos una fuerte desconfianza, muy justificada hacia las instituciones, los programas y los responsables de la seguridad pública. Estamos viviendo las consecuencias de muchos años de medidas insuficientes, negligencia y omisiones en los sistemas de procuración de justicia y de seguridad pública en el país, que han dañado seriamente la convivencia social.
Con toda franqueza reconozco que el retraso y la magnitud de este problema son graves, mucho muy graves. Para que la ley sea la norma efectiva de nuestra convivencia social, política y económica, es indispensable que avancemos en una profunda transformación de los sistemas de justicia y de seguridad pública. Esa transformación no puede ser completada de la noche a la mañana. Es una tarea ardua y prolongada, en que inevitablemente habrá momentos de prueba, habrá éxitos y ocasiones amargas. Es una tarea cuyos mejores frutos tardarán en madurar. Es una tarea de tal trascendencia para nuestra vida social, que ocupará mi atención cada día de gobierno.
La transformación de nuestro sistema de justicia sólo tendrá solidez, legitimidad y viabilidad, si es realizada a partir de la Constitución y el reforzamiento de las leyes. Por eso, el primer paso fue enviar a esta soberanía una iniciativa de reformas constitucionales; antes de ser aprobada por el Constituyente Permanente, dicha iniciativa fue debatida intensamente y sustancialmente enriquecida por el Congreso de la Unión.
La reforma constitucional promulgada en diciembre pasado, sienta las bases para que el Poder Judicial sea independiente; sea un poder imparcial, de probidad transparente, crecientemente profesional y mejor capacitado para cumplir sus responsabilidades.
Por primera vez en nuestra historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano genuinamente autónomo, electo por el Senado de la República. Reitero, que se acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del Presidente de la República en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se han ampliado las atribuciones de la Suprema Corte para vigilar la constitucionalidad de las leyes y resolver las controversias entre los distintos órdenes de gobierno.
Gracias a las reformas promovidas, ahora los municipios y los estados, el Distrito Federal y la Federación, pueden dirimir ante la Corte sus controversias mediante procedimientos bien reglamentados. Además, la tercera parte de un órgano legislativo puede impugnar la inconstitucionalidad de una ley, con el efecto de que se suspenda su aplicación. Al haber ampliado estas atribuciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fortalece el equilibrio entre los poderes del Estado y se garantiza que nuestra vida política y social, esté ceñida a la Constitución.
La reforma aprobada por el Constituyente Permanente creó un órgano de administración, disciplina y gobierno del Poder Judicial. Se han sentado las bases para que los jueces y magistrados tengan las garantías de independencia y estabilidad para actuar imparcialmente y con estricto apego a la ley, con honestidad y prontitud.
Son bases para que la ciudadanía adquiera la certeza de que la justicia no se inclinará a favor de quien esgrima influencias políticas o poder económico.
En México, el juicio de amparo es el principal medio para la protección jurídica de las garantías de los ciudadanos frente a los actos de una autoridad. Durante el periodo de sesiones que hoy comienza, enviaré a consideración del Congreso una iniciativa de nueva Ley de Amparo. Esta iniciativa propondrá un procedimiento ágil y sencillo, para facilitar a la ciudadanía el uso de este valioso instrumento.
En cierta medida, la proliferación de actos delictivos es resultado de factores económicos y sociales. Pero la grave incidencia que registran en nuestro país, también es producto de la obsolescencia y limitaciones de nuestros órganos de prevención y persecución de los delitos.
Un obstáculo especialmente grave para lograr una eficaz persecución de los delitos, estriba en que los delincuentes han avanzado en su capacidad organizativa y en el uso de los recursos ilícitos. En cambio, los cerca de 2 mil cuerpos policiales que actúan en todo el territorio nacional lo hacen sin una coordinación efectiva, con procedimientos y medios técnicos muy heterogéneos, con entrenamiento y capacitación desiguales, con prioridades y programas frecuentemente desarticulados.
En este sentido, con la reforma constitucional hemos dado un primer paso al establecer fundamentos jurídicos claros, para aplicar en todo el país, una política integral de seguridad pública y procuración de justicia; una política para emprender un combate sistemático, articulado y a fondo, contra la delincuencia y el crimen organizado.
Durante este periodo de sesiones someteré a la consideración del Congreso de la Unión una iniciativa de ley que norme la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, para conformar con toda solidez jurídica un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicha ley será un instrumento que permita a los tres órdenes de gobierno diseñar y aplicar conjuntamente, una política integral de seguridad pública, ya que preverá el funcionamiento de instancias de coordinación en distintos niveles, desarrollará los principios de formación y desempeño de los miembros de las corporaciones policiales y, regulará los instrumentos para sistematizar la información relevante sobre seguridad pública.
Con el Sistema Nacional de Seguridad Pública conjuntaremos esfuerzos para establecer un marco regulatorio y adoptar medidas efectivas en los distintos ámbitos de gobierno, que aseguren, la depuración, profesionalización y mejoramiento de la capacidad técnica de los cuerpos policiales.
En virtud de la capacidad e incidencia criminal de las bandas de delincuentes, es preciso contar con un ordenamiento complementario que permita combatir con eficacia el crimen organizado.
Hoy, un enemigo terrible de toda la sociedad es el narcotráfico. El narcotráfico se ha convertido en la más grave amenaza a la seguridad nacional, a la salud de la sociedad y a la tranquilidad pública. Es también una amenaza a la convivencia, los valores y tradiciones de los mexicanos.
Los mexicanos confiamos que cada nación cumpla su responsabilidad y nos sumaremos al esfuerzo global a través de una más efectiva operación internacional. Pero en cualquier caso seguiremos combatiendo el narcotráfico con todos los instrumentos a nuestro alcance.
Para reforzar el combate a este mal que vulnera la voluntad de las personas, lesiona la solidez y credibilidad de las instituciones y prohija la corrupción, enviaré a esta soberanía una iniciativa de ley federal contra la delincuencia organizada.
Paralelamente a los avances legislativos que están en marcha y ante la magnitud y complejidad del problema de seguridad pública y procuración de justicia, se ha iniciado la reestructuración completa de las procuradurías, General de la República y del Distrito Federal.
Se han dado apenas los primeros pasos. Pero la tarea que tenemos por delante reclama la participación activa, resuelta y perseverante de los tres poderes de la Unión, de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto.
Con todo respeto invito hoy al Poder Legislativo a que intensifique su participación en la transformación del sistema de impartición y procuración de justicia, coadyuvando en la formulación de las iniciativas y verificando sus resultados.
Desde el inicio de las investigaciones sobre los crímenes cometidos contra distinguidas figuras de la vida pública del país, se evidenciaron las deficiencias, limitaciones y falta de credibilidad social en la persecución de los delitos. ¡Ante estos acontecimientos y en todos mis actos como Presidente, la guía y objeto único de mi lealtad es la Constitución de la República:
En sus artículos 17, 21 y 102, la Constitución establece que la persecución de los delitos federales incumbe al Ministerio Público, presidido por el Procurador General de la República; que la administración de justicia corresponde a los tribunales y que la imposición de penas es propia y exclusiva del Poder Judicial, a éste corresponde determinar la pertinencia, el rigor y calidad de los elementos y pruebas que aporta el Ministerio Público. Por tanto, fue mi convicción desde el inicio, que la mejor manera de cumplir mi responsabilidad, consistiría en promover la independencia y el fortalecimiento del Poder Judicial y en nombrar a un procurador cuya libertad de criterio y de acción, estuviera fuera de toda duda.
He promovido las reformas constitucionales y legales que refuerzan la autonomía y atribuciones del Poder Judicial. Asimismo, para subrayar la independencia que para perseguir los delitos debe tener quien preside el Ministerio Público Federal, designé Procurador General de la República a un destacado integrante del Poder Legislativo y miembro de un partido político distinto al que yo pertenezco.
El Procurador General de la República sabe que debe llevar a cabo sus tareas con absoluta libertad, sin más límites que la ley y sin reparar en presiones de ninguna índole. Mi única instrucción ha sido buscar la verdad y lograr la justicia, cumpliendo, eso sí, estrictamente con la Constitución y con las leyes.
Como Presidente de la República, mi obligación es atenerme a las investigaciones que con entera independencia conduzca la Procuraduría General y también respetar, en todo momento, las resoluciones del Poder Judicial. Exhorto a la sociedad y señaladamente a los medios de comunicación, a que sin menoscabo de sus garantías y libertades, respalden la independencia de los trabajos de procuración e impartición de justicia, evitando sensacionalismos, rumores y presiones.
Exhorto a todos los mexicanos a seguir trabajando en la construcción de un país de leyes, de un estado de derecho que garantice la justicia sin excepción, sin privilegios, sin impunidades. Una vida social regida por el derecho y la participación ciudadana, es la base para el crecimiento económico y una auténtica democracia.
Al rendir mi protesta como Presidente de la República, sin que mediaran presiones o pactos previos, convoqué a la democratización integral de la nación a partir de la reforma del Estado, una reforma que fortalezca el equilibrio entre los poderes, edifique un nuevo federalismo y promueva una normatividad electoral definitiva.
Antes de trabajar directamente con el Congreso de la Unión en la reforma, propuse comenzar por lograr acuerdos con las dirigencias de los partidos aquí representados, para en seguida construir consensos más amplios y perfeccionar propuestas con la participación de otras organizaciones sociales. Sin embargo, posiciones y prioridades muy respetables, así como causas particulares de los partidos, han impedido un avance mayor por esa vía.
Debemos estar conscientes de que el desarrollo democrático no puede restringirse a un solo cauce; de hecho, nuestra vida institucional está demostrando que existen diversos cauces legítimos para avanzar en la democratización integral del país. Sigo considerando que un primer paso preferible es el acuerdo con las dirigencias de los partidos, pero estaré abierto a todas las vías legales y políticas que genuinamente impulsen el desarrollo democrático con la celeridad, transparencia y eficacia que demandan los mexicanos.
En este sentido, la legitimidad, la representatividad y el pluralismo del honorable Congreso de la Unión, ofrecen un camino democrático y promisorio para impulsar el progreso político del país. El Congreso ha forjado nuestras leyes e instituciones, ha debatido con apertura y pasión las ideas de ayer y hoy para el México del mañana, ha consolidado nuestra pluralidad política y está llamado a tener un papel central en el desarrollo democrático para el Siglo XXI.
En el marco de la Constitución, estoy decidido a impulsar una nueva relación entre los poderes que asegure un equilibrio claro y efectivo. De parte del Ejecutivo esa construcción debe partir de un ejercicio de la Presidencia siempre apegado a la ley, que haga uso exclusivamente de las facultades que ésta confiere y sujetando todos sus actos al escrutinio ciudadano.
El equilibrio republicano exige que tanto el Judicial como el Legislativo sean poderes fuertes. Las reformas que promoví ante esta soberanía en diciembre pasado, fortalecen la independencia del Poder Judicial y desde el inicio de mi responsabilidad he procurado una nueva forma de trabajo con el Poder Legislativo.
Con regularidad he sostenido encuentros con legisladores de todas las fracciones parlamentarias para discutir con franqueza, con respeto y ánimo constructivo, los asuntos de interés nacional. Con toda honestidad afirmo, que este diálogo republicano me ha sido muy benéfico y me propongo intensificarlo.
El fortalecimiento del Poder Legislativo es esencialmente responsabilidad de las cámaras que lo integran. He expresado mi compromiso de respetar y alentar toda iniciativa que consolide al Legislativo como un poder más fuerte, respetado y coadyuvante activo en las tareas nacionales.
De ahí que el Ejecutivo Federal colaborará en los términos que estimen pertinente los legisladores, para avanzar hacia una reglamentación moderna y acuciosa de los procedimientos, plazos y modalidades para el envío, análisis, discusión y en su caso aprobación de las iniciativas, o leyes, o los proyectos de reforma.
Una medida fundamental para fortalecer el equilibrio entre los poderes, estriba en el control y la fiscalización sobre el Ejecutivo; en este sentido el Ejecutivo Federal está listo para enviar y discutir una iniciativa para que la fiscalización pase a ser responsabilidad exclusiva de un órgano del Poder Legislativo.
Propongo crear en el seno del Poder Legislativo una auténtica auditoría superior de la Federación. Como dije antes, presentaré a consideración de esta soberanía, una iniciativa de reforma constitucional para establecer en el Congreso de la Unión, ese órgano colegiado de auditoría superior, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidades técnica y profesional autónomas, con autoridades para controlar, vigilar, verificar y corregir la gestión y el ejercicio de recursos públicos.
La creación de una auditoría superior de la Federación, que sea parte del Congreso de la Unión, corregirá la errónea práctica de que quien es fiscalizado, también sea fiscalizador; propiciará una rendición de cuentas a la nación que sea imparcial, transparente, convincente y confiable y, será, un paso decisivo en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Con el examen y las propuestas de los señores legisladores a esta iniciativa, daremos un paso de gran trascendencia para vigorizar el equilibrio y los contrapesos entre los poderes a partir del fortalecimiento real del Legislativo, éste será un elemento fundamental de la reforma del Estado.
El ideal federalista tiene raíces profundas en nuestra historia, que se conjugan con las primeras aspiraciones de independencia y con la lucha originaria por la soberanía nacional.
La organización de la República en una Federación, inspiró hechos heroicos y exigió el mejor talento de grandes mexicanos. Es preciso reconocer que más de siglo y medio después la realidad de nuestro federalismo todavía no corresponde a aquel ideal, a aquellas hazañas, a aquellos mexicanos. En muy buena medida, los estados y los municipios, sus mujeres y hombres siguen padeciendo las consecuencias del centralismo. Debemos proponernos iniciativas claras e inmediatas para construir un nuevo federalismo que fortalezca la democracia, que nutra la unidad de la nación con nuestra diversidad y que impulse un desarrollo más equilibrado y justo.
En la construcción de ese nuevo federalismo es imperativo llevar a cabo una profunda redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los gobiernos estatales y municipales. Esa redistribución es esencial para vencer los vicios e inercias centralistas y avanzar por aproximaciones constantes y sucesivas al federalismo que queremos para el siglo venidero.
Avanzaremos apoyados en la Constitución y las leyes, a un nuevo pacto federal que responda mejor a los intereses y demandas de los ciudadanos de las comunidades, los municipios y los estados. Avanzaremos cuidadosa, continua, sistemáticamente y sin arriesgar la unidad de la nación; avanzaremos atendiendo las desigualdades y compensándolas para procurar equidad y justicia. El nuevo federalismo debe ser construido en el marco de la reforma del Estado, pero podemos forjar consensos inmediatos para emprender acciones firmes.
Como primer paso para crear un nuevo sistema de coordinación hacendaria, propongo revisar la actual distribución de potestades tributarias entre los distintos órdenes de gobierno, a fin de ampliar las bases gravables al alcance de las entidades federativas, fortaleciendo sus ingresos propios.
Una parte esencial del nuevo federalismo es la descentralización, entendida como la transferencia de funciones y medios de las dependencias federales hacia los estados y los municipios. Propongo que profundicemos en la federalización educativa, extendiéndola a la educación media superior, superior y a la construcción de escuelas; impulsaremos la descentralización definitiva de los servicios de salud, a fin de que los gobiernos locales aseguren una atención más ágil, oportuna, humana y eficaz de clínicas y hospitales.
Realizaremos una amplia descentralización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, e iniciaremos el traslado a los estados de importantes funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Promoveremos también la descentralización de aspectos sustantivos de la política ambiental y de manejo del agua. Con la descentralización llevaremos la capacidad institucional a donde se viven los problemas, se generan las demandas y deben aplicarse las soluciones.
Adicionalmente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1996, se propondrá descentralizar casi dos terceras partes del ramo 26, que ejerce la Secretaría de Desarrollo Social, para entregar esos recursos a los municipios a través de los gobiernos estatales.
He propuesto un nuevo federalismo, porque es la mejor alternativa para propiciar el desarrollo integral de la nación, fundado en la suma de regiones prósperas, estados y municipios fuertes; un nuevo federalismo que impulse la unidad, respetando la diversidad geográfica, social y cultural; un nuevo federalismo que efectivamente combata rezagos y mitigue contrastes.
Todos los mexicanos hemos reconocido los rezagos y los contrastes, las condiciones de injusticia y pobreza que prevalecen en Chiapas.
Al asumir la Presidencia de la República, afirmé que en Chiapas, sólo es posible alcanzar la paz con dignidad y justicia, mediante el diálogo y la negociación en el marco de la ley, sin violencia y sin extender el conflicto.
Hoy en Chiapas existe una clara distancia respecto a las condiciones que predominaron el año pasado; se han reducido los hechos violentos y se han comenzado a extender a todas las regiones, aunque incipientemente, programas esenciales de salud, nutrición, educación y servicios básicos.
Hoy está en marcha un esfuerzo de negociación arduo, con tropiezos y asperezas que, sin embargo, está dando algunos resultados, aunque muy lentamente.
Mucho ha significado la presencia de las instituciones de la República en todo el territorio chiapaneco, para el inicio y la continuidad del diálogo. En especial, debemos reconocer que en buena medida las negociaciones son resultado del enorme esfuerzo del honorable Congreso de la Unión. En un acto de corresponsabilidad sin precedente entre el Ejecutivo y el Legislativo, se expidió la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que ofrece un cauce constitucional y políticamente legítimo para llegar a una solución justa y definitiva.
Hago un reconocimiento a la labor mediadora y sustantiva, orientada siempre por el interés de la República, que han realizado los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por la pluralidad del Poder Legislativo.
En Chiapas debemos continuar el diálogo con un lenguaje de paz, no de guerra, con un lenguaje de reconciliación, no de amenaza, con un lenguaje de esperanza, no de rencor. En particular, debemos consagrar el diálogo a la solución de las causas reales de la miseria, el atraso y la falta de oportunidades y no desperdiciar el tiempo en cuestiones de procedimiento y formalidades secundarias. De lo que se convenga en Chiapas podrá surgir un programa integral para atender las necesidades de desarrollo social y promover los derechos indígenas.
Propongo que utilicemos el diálogo para encontrar la solución a los problemas agrarios e impulsar la economía campesina de Chiapas. propongo que a partir de la experiencia del diálogo y la negociación, el Legislativo, junto con el Ejecutivo, elaboremos un proyecto de ley de derechos indígenas, que reglamente en lo concerniente el artículo 4o. constitucional. Es tiempo de definir una nueva relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas, para que éstas sean protagonistas de su propio desarrollo, en el marco de la Constitución General de la República.
Partiendo de esa nueva relación, fortaleceremos la coordinación y orientación de las acciones federales en materia de bienestar y desarrollo, corregiremos inercias, repararemos agravios y multiplicaremos oportunidades.
Invito muy respetuosamente a este honorable Congreso a que intensifique, profundice su participación en el proceso de paz con dignidad y justicia.
La paz duradera que reclama Chiapas, debe ser edificada entre todos. Nadie debe escatimar su voluntad para que unidos logremos superar agravios y vencer rezagos.
La inmensa mayoría de los mexicanos simpatiza con las razones de la inconformidad y se indigna ante la injusticia, pero también rechaza la violencia; exige que nuestras diferencias se resuelvan a través de una democracia plena.
La democracia no se agota en los procesos electorales, pero se funda en ellos. La democracia electoral no está hoy paralizada. En los pasados meses, mientras en algunas esferas se debate si se condiciona o se posterga la responsabilidad de construir una democracia plena, el avance democrático ha residido básicamente en la ciudadanía.
Desde febrero de este año se han celebrado elecciones locales en 10 entidades federativas para la renovación del Ejecutivo, de los congresos estatales o de los ayuntamientos. Estos procesos electorales se han realizado con una intensa atención y presencia ciudadana y, en la mayoría de los casos, bajo nuevas legislaciones electorales notablemente avanzadas.
En muchos estados de la República, comicios altamente competidos, procesos electorales pacíficos y resultados que corresponden a la voluntad ciudadana, constituyen ya parte de una vida política caracterizada por la normalidad democrática. Este no es un logro del Gobierno o de ningún partido; es un paso firme e irreversible de todos hacia un cabal desarrollo democrático que se está edificando desde las bases mismas de la sociedad, lo está construyendo la ciudadanía.
Por eso hoy reafirmo mi determinación de trabajar al lado de los ciudadanos mexicanos de todas las corrientes ideológicas, de todos los grupos sociales, de todas las regiones del país, en la construcción de la democracia que queremos para el Siglo XXI.
De tiempo atrás, el Gobierno Federal está preparado para discutir con seriedad las transformaciones que exige el pleno desarrollo democrático de México. Un elemento primordial es una reforma electoral que sea definitiva, no por negar futuras adecuaciones, sino por terminar ya con la insatisfacción y las controversias sobre lo esencial. Esa reforma debe garantizar autonomía plena de los órganos electorales y condiciones de equidad en la competencia; esa reforma no puede construirse sobre los vicios del viejo autoritarismo ni contraviniendo la ley para satisfacer reclamos particulares. Debe responder a la creciente complejidad y diversidad de nuestra vida social, a la más intensa competencia política, a la madurez organizativa de los partidos y a la vigorosa presencia ciudadana.
Ciertamente la reforma electoral obedece al interés de los partidos y de diversas organizaciones, pero también responde a una profunda convicción que he acreditado con hechos, y a un firme compromiso que sabré cumplir con los mexicanos.
Ese compromiso, es que el proceso electoral federal de 1997, se realice bajo normas que aseguren legalidad, equidad, transparencia y confiabilidad.
Al rendir a esta soberanía mi Segundo Informe de Gobierno, deberá estar definido el nuevo marco normativo.
Para honrar ese compromiso, confío en que la reforma electoral será, primero, producto del consenso entre las dirigencias partidistas, y después, resultado del esfuerzo corresponsable de un Poder Legislativo más fuerte y activo.
Hoy vuelvo a convocar a todos: al Congreso de la Unión, a los partidos políticos, a las legislaturas de los estados, a los gobiernos estatales y municipales y a las organizaciones sociales, para sumar voluntades en la construcción de un pleno desarrollo democrático.
Honorables legisladores, señoras y señores: vivimos tiempos que nos ponen a prueba, momentos que exigen decisión y claridad. Hoy más que nunca debemos todos buscar la fuerza de nuestra unión.
Nuestra unión es la mejor garantía para preservar y fortalecer la soberanía nacional; unidos reafirmaremos la voluntad de todos los mexicanos de engrandecerla, defendiendo nuestra identidad y cultura, nuestra pluralidad e instituciones.
Los valores de nuestra soberanía, son la independencia y la libertad, la justicia y la democracia: una historia común. La soberanía es el sustento de nuestro derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la igualdad de oportunidades.
Queremos un México más democrático y más justo; queremos hacer valer la razón histórica de nuestro federalismo, vivir más seguros, ver que el esfuerzo productivo rinda frutos para todos.
Trabajemos arduamente para conseguirlo; trabajemos con determinación para vencer la adversidad.
Hemos superado el peor momento de la crisis, y los próximos años serán de crecimiento económico y multiplicación de empleos. Estamos sentando las bases para fortalecer nuestro estado de derecho. Hay un firme impulso social para el avance político del país.
No es tiempo de reposo, sino de esfuerzo; no es tiempo de egoísmo, sino de entrega; no es tiempo de violencia, sino de paz.
En el esfuerzo, en la entrega, en la paz, en la unión, daremos firmeza y certidumbre al desarrollo de México. Ese México de progreso, más democrático, más justo, exige la suma de nuestras voluntades y el vigor de nuestro afán.
Hagamos nuestra tarea para cumplirle a nuestros hijos. Hagamos nuestra tarea para cumplir con México.
Muchas gracias.
RESPUESTA
La Presidenta:
Ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; ciudadano Vicente Aguinaco Alemán, Presidente de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación; honorable Congreso de la Unión; señoras y señores:
Conforme lo dispone la Constitución, el Presidente de la República ha presentado un informe escrito en tres tomos y algunos anexos que haremos llegar a los legisladores, sobre el estado general que guarda la administración pública del país. Corresponde a las cámaras analizar dicho informe en los términos de ley.
La presencia de secretarios de Estado en este proceso, permitirá precisar y analizar las acciones emprendidas y las decisiones adoptadas, así como definir los mejores caminos para transitar en esta etapa de construcción de la nación.
Esta práctica republicana resalta la voluntad política de enmarcar la división de poderes de la Unión, en una interacción que fortalezca el diálogo, respetuoso y eficaz, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Hoy es indispensable continuar y profundizar el diálogo iniciado en la presente gestión gubernamental.
Por mandato constitucional, por nuestra historia republicana y por convicción, las cámaras condensan las expresiones de la pluralidad política y los legisladores estamos empeñados en una resuelta y constructiva participación para impulsar el desarrollo con equidad.
Examinaremos propuestas y trabajaremos en las transformaciones que aseguren la superación de la crisis y conduzcan a una economía que garantice el crecimiento, que genere empleos, que recupere el poder adquisitivo de los salarios, con ingresos dignos para los mexicanos de todas las regiones, de todos los grupos sociales, de todas las edades.
Perfeccionar el sistema de impartición y procuración de justicia, para edificar un estado de derecho a la altura de nuestra tradición jurídica, que garantice la convivencia armónica entre los mexicanos, será materia de nuestra agenda legislativa, que se vislumbra como muy abundante.
En el marco de nuestras facultades atenderemos el reclamo de garantizar la seguridad pública de las personas, su patrimonio y sus actividades productivas.
El Congreso de la Unión tiene la obligación y la firme determinación de impulsar la reforma del Estado.
Asumiremos nuestra responsabilidad en los avances de los consensos partidistas y en las adecuaciones legales, para que la competencia electoral esté sustentada en la equidad, la transparencia y la imparcialidad y deje de ser motivo de enfrentamientos, divisiones y enconos entre los mexicanos.
El avance a un nuevo federalismo que promueva la justicia social mediante el genuino desenvolvimiento de los estados y los municipios y la eficaz atención a sus comunidades, será tarea prioritaria de nuestro quehacer legislativo.
Ante la nación refrendamos y profundizamos nuestra aportación, para construir una paz con dignidad en Chiapas y todo un nuevo marco normativo que respete y aliente el desarrollo integral de las comunidades indígenas.
Asumimos el compromiso de fortalecer un equilibrio republicano entre los poderes de la Unión, consolidando las facultades y tareas del Legislativo, incluida desde luego la de fiscalización.
En toda la reforma del Estado seremos exigentes, estaremos vigilantes y actuaremos con patriotismo e independencia para preservar la soberanía nacional.
El Congreso de la Unión estará a la altura de los retos; sabrá representar las voces de la nación y sumará su voluntad soberana y sus consensos, a las aspiraciones de un México próspero, justo y democrático. Ratificará así su compromiso indeclinable con la República.
Se ruega a los asistentes ponerse de pie para que se le rindan los honores de ordenanza a Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la República.
Se ruega a la comisión designada para acompañar al Presidente de la República al retirarse de este recinto, cumpla su cometido.
Se levanta la sesión de Congreso General. (A las 12:40 horas.)
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PIB | Producto interno bruto |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| Tesobonos | Bonos de la Tesorería de la Federación |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |
*Aclaraciones:
Página 10
"mordidas": pagos ilegales que se hacen a una autoridad, para la obtención de un beneficio.
Página 11
"gatopardescos": expresión usada como sinónimo de oscuro.