Presidencia de la diputada
María del Rosario Elena Guerra Díaz

ASISTENCIA

La Presidenta:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

Dígame señor diputado.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Queremos pasar lista en el salón.

La Presidenta:

Fue el acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en el cual están enmarcadas las fracciones parlamentarias, que decidió que fuera por lista, diputado, lo cual hago de su conocimiento para que conozcan esta situación y las listas están situadas afuera, como ustedes las han podido observar, en las mesas donde están sus apellidos por orden alfabético.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

La lista se pasa en el salón, según el artículo 45 del reglamento.

La Presidenta:

No hay ninguna base para su apreciación personal, señor diputado. Lea usted la ley y la ley, diputado, está por encima del reglamento.

En esta Cámara tenemos un problema que usted conoce bien. La ley se modernizó y el reglamento no se ha aparejado todavía, y por lo tanto existen contradicciones. En este caso prevalece lo que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece para la Cámara de Diputados.

Por favor, diputado, le ruego ilustre su criterio.

Proceda la Secretaría.

El secretario Lorenzo Chávez Zavala:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 310 diputados. Por lo tanto, hay quorum.

La Presidenta (a las 11:02 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Lorenzo Chávez Zavala:

Se va a dar lectura el orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.

Miércoles 19 de septiembre de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de diputados.

De Ley General de Protección Civil a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Oficio de la Cámara de Senadores por el que se comunica la mesa directiva que funcionará durante el primer mes del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura.

Comunicación de comisiones.

Dieciocho, con los que se remiten los informes de labores de las secretarías de: Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Comercio y Fomento Industrial; Comunicaciones y Transportes; Contraloría y Desarrollo Administrativo; Defensa Nacional; Desarrollo Social; Educación Pública; Energía; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Marina; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Trabajo y Previsión Social; Turismo y del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al periodo 1994-1995.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rosaura Jaime Cisneros y Sergio Isaías Ramírez Rojas, puedan prestar servicios en la Embajada de Italia, en México.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro Sánchez Aguilar pueda prestar servicios al Gobierno de la República Oriental del Uruguay.

Cuatro, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Kim Soriano Tomka, Martha Patricia Sandoval Fernández, Antonia Alvarez González, Pedro Maldonado Gallegos, Raymundo Julián Navarrete Buenrostro y Hugo Rodríguez Bressant, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y el ciudadano José Sánchez Martínez en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Del ciudadano Alfredo Fuentevilla Ruffo, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de Dinamarca.

De la ciudadana Raquel Martínez Cejudo, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica, en México.

Análisis del I Informe de Gobierno. Política Económica y Política Social.

Sobre el huracán Ismael, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sesión secreta.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión previa de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el jueves treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia de la diputada
Sofía Valencia Abundis

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos del jueves treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco y con una asistencia de trescientos veinticinco diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y de inmediato se realiza la elección de la mesa directiva para el mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Realizado el escrutinio y cómputos correspondientes resultan electos por trescientos ochenta y dos votos, los diputados: María del Rosario Elena Guerra Díaz, como Presidenta; Héctor San Román Arreaga, Miguel Hernández Labastida, Leticia Burgos Ochoa y Alejandro Moreno Berry, como vicepresidentes; Lorenzo Chávez Zavala, Jorge Antonio Catalán Sosa, Héctor González Reyes y Antonio Hernández Cruz, como secretarios y como prosecretarios los diputados Cecilia Hernández Ríos, Alejandro Higuera Osuna, Ramona Carbajal Cárdenas y Oscar González Yáñez, quienes de inmediato toman posesión de sus cargos.

Presidencia de la diputada
María del Rosario Elena Guerra Díaz

Puestos todos de pie, la Presidenta declara:

"La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legalmente instalada para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura."

Por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y a fin de completar en los términos de la ley la integración de la Cámara, la Presidenta designa una comisión para que introduzca en el salón de sesiones a los diputados electos: José Luis Galeazzi Berra, Elías Miguel Moreno Brizuela, Octavio Guillermo West Silva y Carlos Chaurard Arzate, así como a los diputados suplentes: Eduardo Guzmán Ortiz, Rafael Díaz Chávez, Flavio Sosa Villavicencio, Máximo Cagigal Manilla, Pedro Morales Samohano, José Luis González Benavides, Samuel Armando Ayala Luévanos y Margarita Villanueva Ramírez, quienes, puestos todos de pie, rinden su protesta de ley como diputados federales y de inmediato toman posesión de sus cargos.

Con fundamento en el artículo once del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidenta designa las comisiones de cortesía para participar la instalación de la Cámara y que el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a las ocho horas, tendrá lugar la sesión de apertura del Congreso de la Unión, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

De la misma manera se designan las comisiones de cortesía para que, el primero de septiembre, acompañen al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de su residencia al Palacio Legislativo; para recibirlo en el pórtico de la sede del Congreso de la Unión, acompañarlo hasta la tribuna y al término del informe de gobierno, lo acompañe hasta el pórtico del Palacio Legislativo y finalmente, para acompañarlo de este lugar hasta su residencia.

Agotados los asuntos del orden del día la Presidenta levanta la sesión previa a las doce horas con doce minutos y cita a la sesión de Congreso General a las ocho horas del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, sesión en la que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos rendirá el primer informe sobre el estado que guarda la administración pública de la nación, así como a la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el miércoles trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Tengo la duda de que no está considerado en el orden del día lo que mandata el reglamento en el artículo 68 y 69.

La Presidenta:

Está en comunicación de comisiones, de acuerdo a lo que el propio reglamento estipula, de acuerdo a la forma en la cual deben ser tramitados los asuntos en cartera.

Si usted revisa el orden del día, viene comunicación de comisiones. En ese punto se llevará a cabo la presentación del tema a que usted hace referencia.

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

Está a discusión el acta...

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Señora Presidenta, yo no me inconformé porque se haya hecho el registro de firmas en lugar del pase de lista; yo me inconformé porque se hace fuera del salón. Yo lo que he pedido es que se haga en el salón.

Que se asiente así porque así lo manifesté.

La Presidenta:

Nada más con una precisión, diputado: la ley es muy clara cuando dice que este pase de firmas se llevará a cabo en el recinto parlamentario.

El recinto parlamentario, para su ilustración, no se refiere exclusivamente al salón de sesiones, se refiere a todo el conjunto que abarcan los edificios que constituyen la Cámara y de esto, estamos en la responsabilidad como Presidencia de velar por ello. Entonces cuando se toman estas decisiones no se hace en forma arbitraria, diputado, ha sido una decisión conjunta de los grupos parlamentarios y está dentro del registro, tal como lo establece la ley.

No tenemos ninguna necesidad de hacerlo dentro del salón de plenos, como es su pretensión.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Señora Presidenta, con todo respeto, estoy pidiendo que se corrija lo que yo dije, no lo que usted dice.

La Presidenta:

Con mucho gusto, diputado. Se asentará en el acta.

Proceda la Secretaría.

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

Se tomará nota acerca de la aclaración que hizo el diputado Tenorio Adame.

En votación económica se pregunta si se aprueba el acta.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señora Presidenta.

DECESO DE DIPUTADO

La Presidenta:

Ruego a la Asamblea guardar silencio porque tengo la pena de participar a esta Asamblea el fallecimiento de nuestro compañero el diputado Manuel Marcué y Pardiñas.

Han solicitado el uso de la palabra sobre este asunto los siguientes diputados: por el Partido de la Revolución Democrática, Antonio Tenorio Adame; por el Partido del Trabajo, Eduardo Guzmán Ortiz; por el Partido Acción Nacional, Salvador Fernández Gavaldón; por el Partido Revolucionario Institucional, Oscar Villalobos.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras; compañeros:

Parecía yo obsesivo con el reglamento, pero no es así, porque es el que nos da constancia de la legalidad y legitimidad de nuestros actos.

Quiero reconvenir a esta Presidencia que quizá, motivada por los acontecimientos que se desenvolvieron en la primera sesión de instalación y apertura del periodo de sesiones ordinarias, no dio, tengo la impresión, en caso de que no sea así, señora Presidenta, rectifíqueme, no dio cabal cumplimiento o total cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52, que establece de que en caso de que un diputado enfermase, debe integrarse una comisión para que esté atento al estado de salud que guarda.

Acompañé a Manuel en sus últimos días y con lamentable pena me di cuenta de que esta solidaridad, este cuerpo que somos todos, fue precario en su acompañamiento, de que fuimos tardíos en manifestarnos, de que los compañeros del PAN, Gonzalo Alarcón y el compañero Leal, estuvieron con él, como estuvo el compañero nuestro coordinador de fracción. Pero no registré constancia de que una comisión de esta Cámara hubiera dado cumplimiento al reglamento.

Discúlpenme por esta obsesión, pero el reglamento nos da legalidad y somos un solo cuerpo y la muerte de un compañero nos duele por igual a todos.

Es hora de reflexionar sobre la vida de un gran hijo del pueblo de México; un hombre y un político que amó entrañablemente a su país.

La desaparición material de Manuel Marcué y Pardiñas da oportunidad de entender la vida como acción, pensamiento y obra o sea, como historia donde el hombre modifica su destino.

Quiero hacer alusión a la presencia de las hermanas, familiares y amigos que acompañan en esta sesión, familiares de Manuel Marcué.

Continúo: si el tiempo es la reconstrucción de la memoria y la historia es la memoria de las memorias la vida de Marcué es la historia de su pueblo, para que el olvido no destruya sus cimientos.

Arrancado de una familia característica de la Ciudad de México, oriundo de Tepito, Marcué fue un hombre que construyó una vida política comprometida en todo entre lo que pensaba, decía y hacía.

Formado como agrónomo en Chapingo, la escuela de la Revolución Mexicana, fue fiel a su credo cívico.

Gran creador de empresas culturales, como fueron las revistas Problemas Agrícolas e Industriales de México, así como después la famosa Política.

La primera respondió a la esperanza de que el país llegaría a alcanzar su pleno desarrollo y bienestar.

Intelectuales nacionales y extranjeros como Moisés T. de la Peña o Tannebaum: "Con la Lucha por la Paz y el Pan", dejaron testimonio y huella de sus reflexiones y recomendaciones.

Los artículos de fondo dieron cuerpo a la revista, como el El Ejido, Callejón sin Salida, de Manuel Girol, el Aspecto Agrario de la Revolución Mexicana, de Fernando González Roa, o bien la edición del ensayo de Andrés Molina Enríquez, Los Grandes Problemas de México.

Así también ese ensayo que diseñó la política industrial de los años cuarenta: la Revolución lndustrial de México de Sanford Amosk, donde la pluralidad de intelectuales de gran valía vertieron sus análisis, tales como Ricardo Torres Gaytán, Eduardo Suárez, Manuel Gómez Morín, Víctor Urquidi, Jesús Reyes Heroles, entre otros.

Los problemas del petróleo y el capital extranjero se analizaron por Eustaquio Escandón y José Domingo Lavín; El Petróleo y la Revolución Mexicana, escrito por Merril Rippy y el de La Inversión Extranjera, por la Cámara Regional Textil del Norte.

En política la inquietud fue reactivar la Revolución Mexicana, solidarizarse con las luchas obreras y sociales, así como con la independencia de América Latina encabezada por Cuba.

Un distinguido periodista mexicano: Humberto Musaquio, ha dicho que Manuel Marcué y Pardiñas, director de la revista Política, le hacía al país un invaluable servicio. Presentaba los hechos que le ocultaba a la sociedad el periodismo de entonces, sometido casi sin excepción a los dictados, los intereses y el dinero del Gobierno mexicano y del estadounidense.

La revista Política por sí misma contiene la historia política de la izquierda mexicana en la década de los sesenta. Ahí está el testimonio de una lucha que propició el México moderno, la acción de los partidos y el pensamiento de los intelectuales juntos con periodistas en ejercicio pleno de sus derechos, tales como Gómez Abreu, Gómez Lorenzo, Jorge Carrión.

Ahí la tarea periodística de Marcué se vinculó con la mejor tradición periodística mexicana, la cual desde el Siglo XIX ha sido fiel reproductora de la tarea de Lizardi, del Nigromante, Zarco y Guillermo Prieto, al igual de Los Ahuizotes de los hermanos Flores Magón.

Su marcha va unida del brazo de Ricardo Flores Magón al encuentro de su pueblo. Como decía Flores Magón convencido de que la libertad política no da de comer al pueblo, es necesaria la conquista de la libertad económica, base de todas las libertades y sin la cual la libertad política es sangrienta ironía, porque convierte al pueblo rey en un rey de burla, porque si en teoría es libre en la práctica es esclavo.

Marcué luchó contra el olvido porque la memoria es la primera trinchera que toma el imperio y sus aliados. La tarea: rescatar y recuperar la Revolución Mexicana. Manuel Marcué estuvo en el apogeo del fuego revolucionario, en la Tricontinental de 1965 que reunió a los líderes sociales del mundo, pero estuvo también en el refuego, fue llevado a la prisión en 1968 y salvó la vida en los sucesos del 10 de junio de 1971.

A este respecto hay un testimonio de gratitud de las expresas políticas de esos tiempos, donde afirman que el ingeniero Manuel Marcué y Pardiñas siempre tuvo mano abierta y generosa.

Cómo luchó contra las autoridades porque no se nos menoscabaran derechos ni se nos hiciera víctimas de infamias. ¡Cuántas veces!, ¡cuántas veces!, dicen María de Jesús Méndez, Gloria Benavides, Paquita Calvo, entre otras mujeres combatientes.

Marcué nunca pactó desde el acomodado conformismo, fue un rebelde por excelencia a la manera de Camus, porque entendió que ésta era la única forma de ser hombre, el hombre informado y con conciencia.

Manuel fue de aquellos que acampan cada día más lejos del lugar de su nacimiento, de los que arrastran su barca cada día hacia otra orilla y conocen cada día mejor el curso de las cosas ilegibles.

Para Marcué la vida fue una constante lucha. Combatió con denuedo la injusticia, el poder autoritario, de la corrupción y en favor de los campesinos y los obreros, de los pobres de nuestro México.

Su vida está indisolublemente unida a la historia de los años cincuenta y sesenta, de los tiempos de la guerra fría del anticomunismo y la Pax Americana; momentos que los Estados Unidos impulsaron la intolerancia y el odio a los reclamos nacionalistas. Se temía más a un nacionalismo que al comunismo; al nacionalismo no se le pudo derrotar. Desde ahí se incubó lo que sería después la denigración confusa del nacionalismo hasta asimilarlo con el populismo, como ha ocurrido desde 1982 a los tiempos actuales. Se buscó siempre que perdiéramos la brújula del horizonte histórico. Esto no sucederá con los exploradores del futuro, como fue Marcué.

Desde los cincuenta y los principios de los sesenta se vivió una lucha por reinvidicar los derechos fundamentales en México. Existía entonces un régimen de terror, encarcelamientos por disolución social y ciudadanos que ejercían sus derechos desde la clandestinidad, de esa clandestinidad que el diputado Píndaro Urióstegui nos dice que nos han sacado. Fueron ellos quienes con su perseverancia, sin sentimiento de derrota y con generosidad social, quienes más contribuyeron a forjar las instituciones de un México fuerte y respetado.

Marcué fue un visionario. Dijo la legisladora Socorro Díaz: "se adelantó 30 años a las luchas sociales que se darían en el país". Se significó como uno de los principales adversarios del más funesto de los autoritarismos: el de Díaz Ordaz. Con pasión, su quehacer político central fueron los problemas humanos. No fue un santo, tuvo defectos; aunque de Marcué nadie dirá que abandonó la lucha contra la injusticia y el abuso del poder.

El juicio de la historia será categórico: cumplió su deber humano y nada de lo humano le es ajeno a la lucha social. Nada ha sido gratis a la izquierda democrática de México, ésta ha sido el permanente motor del cambio político del país. Una izquierda congruente y valiente, como lo fue Marcué. Ahí estuvo con los mineros de Nueva Rosita, los maestros en sus huelgas y golpizas de granaderos y el encarcelamiento de decenas de miles de ferrocarrileros que siguieron a Demetrio Vallejo.

En el fervor de la utopía de la Revolución encendió los mecheros de la esperanza en la compañía de Lázaro Cárdenas. Recorrió el país y vio de cerca la pobreza de los mexicanos y la grandeza de su esfuerzo y de su trabajo.

En la Nicaragua sandinista y en la Cuba revolucionaria ambicionó el fin de las dictaduras criminales de nuestra América y la alborada de una amerindia independiente, soberana y unida. Así la pensó desde los días intensos de la conferencia latinoamericana por la soberanía, la emancipación económica y la paz, a la que convocara el general Cárdenas con destacadas personalidades de América Latina.

Muchos años más tarde, a la convocatoria del Frente Democrático Nacional, acudió Manuel presto a recorrer el país al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, lo hizo aportando sus propios recursos y su entusiasmo, sin decaer, siempre joven. Así fue dos veces diputado federal, esta ocasión por el Partido de la Revolución Democrática.

La lucha de Manuel Marcué no fue inútil. En la historia de la humanidad ninguna obra es definitiva y acabada. El reflujo de la acción globalizadora auxiliada con el derrumbe del socialismo centralizador promovió la entrega incondicionada de nuestro mercado nacional, como ocurrió con el salinismo. Hubo la precipitada entrega del país a los Estados Unidos. El sofisma de una integración comercial, competitiva y eficiente dio fin en un sexenio a los 80 años de construcción económica y social del país a cambio de mayor pobreza.

El modelo posrevolucionario mexicano, se pensó, sería cambiar sobre la marcha. Al final no se le sustituyó con nada porque el cambio no fue gradual ni selectivamente necesario, menos aún humanizado; Marcué se opuso a él. Murió sin ver el cambio democrático ni la restitución de la soberanía nacional. Sus discursos encendidos fuera del protocolo y del tiempo eran llamados desesperados a salvar la nación, dijo en su momento nuestro compañero Marco Rascón.

La ausencia de Manuel Marcué es una pérdida para la lucha nacionalista en México. Recordamos ahora al diputado Manuel Marcué y aunque su recuerdo es fortaleza, su verdadero homenaje será cuando ningún diputado de la LVI Legislatura ni de las que vengan, se quede callado y venga a vivir a esta tribuna la excelsa gracia de ser tributario de la patria. Ese será el discurso de Marcué, el que resonará más y más, donde encontraremos el clamor de la libertad de expresar y la expresión de la libertad.

El gran homenaje de nuestra legislatura será asumir nuestras facultades constitucionales y ser auténticos legisladores. Marcué nos enseñó a disentir con razón y sin temor. Por eso es cierto lo que menciona Montaigne: "El verdadero espejo de nuestros discursos es el curso de nuestra vida. Porque no basta hablar con la verdad cuando llegan las pruebas, es necesario acotar en consecuencia". Y Marcué habló con la verdad y actuó consecuentemente a lo largo de su vida. El fue un político de la congruencia por encima de las consecuencias, llevó como bandera hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Porque para él hablar con la verdad era respetar la realidad.

Es sobre todo, como lo plantea Rocar, no hablar más que en relación estrecha con lo que se hace. Así diría: "He sido un destructor de sueños. He sido un destructor de ideas al grito de: ¡presten atención, esto no será fácil! De ahí todo se comprende".

Marcué jamás se rindió de antemano porque nunca aceptó en su fuero interno la idea de la derrota . En la antigua Roma no se decía: "este hombre ha muerto", sino: "este hombre ha vivido." ¡Marcué ha vivido y vive en nosotros:

Para el amigo, el compañero, la presencia fraterna queda con su ejemplo en la voz de Miguel Hernández para decir: "yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. ¡No perdono la muerte enamorada! ¡No perdono la vida desatenta! ¡No perdono la tierra ni la nada, que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma, compañero:

Pido a esta honorable Asamblea, se sirva ponerse de pie y guardar un minuto de silencio a la memoria del gran diputado mexicano Manuel Marcué y Pardiñas.

(Minuto de silencio.)

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Señores legisladores:

Hoy venimos a este recinto a despedir a Manuel Marcué y Pardiñas. Lo despedimos hace sólo unos cuantos días de la funeraria y en su sepelio. Conocimos a Manuel Marcué, como muchos otros aquí, hace ya más de 20 años; otros antes y en esta experiencia que fue fructífera para todos nosotros, aun con las diferencias que mantuvimos respecto a muchas de sus posiciones políticas, sacamos siempre provecho y sacamos siempre experiencias y consejos.

Durante casi seis años nos tocó en suerte reunirnos cada semana con él e intercambiar experiencias; había salido de la cárcel y se juntaba con un grupo de jóvenes casi todos los días, todas las semanas durante todo el año, para intercambiar e impulsar con ellos experiencias. Marcué fue un hombre consecuente con lo que pensó, un impulsor de la democracia en nuestro país y un hombre valiente. Constan muchos hechos, muchas situaciones que lo confirman.

Fue un hombre persistente en reivindicar los derechos democráticos de nuestro pueblo, en reivindicar cada año la exigencia del esclarecimiento de los hechos de 1968 y el castigo a los culpables. Jugó su tiempo y lo jugó bien; vivió sus más de 80 años de manera fructífera. Creemos, pues, que esta experiencia la debemos de retomar, la debemos de capitalizar y hacer avanzar. Creemos que así como tuvo aciertos, tuvo errores y si habría que señalarlos, se le señalaron a él y habría que reconocerlos para de ellos también sacar experiencias.

Nuestro partido, el Partido del Trabajo, reconoce en este hombre que dio buena parte de su vida, casi la mayoría de ella en torno a las luchas democráticas, una contribución importante al desarrollo de este país, al desarrollo de la democracia y que hoy muchos de nosotros podamos estar en este recinto, en otras trincheras y en otros lugares, peleando por mejorar el país.

Vaya un reconocimiento leal, fraterno, a Manuel Marcué y Pardiñas, profesor de todos nosotros; con diferencias, con discusiones, pero al fin y al cabo un hombre que fue consecuente y que nos enseñó muchas de las lecciones y del camino que debimos de tomar hoy en día. Vaya, en donde esté, si es que está en algún lado, este reconocimiento a Manuel Marcué y Pardiñas.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Salvador Fernández Gavaldón.

El diputado Matías Salvador Fernández Gavaldón:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Manuel Marcué y Pardiñas, estupendo amigo. era de los hombres a los que se les puede dar la mano sin reservas. Su manera de ser era la de los hombres que hablan con la verdad. Lo admiré porque siempre fue congruente con sus ideas. Puso su inteligencia y voluntad al servicio de la patria a la que amó con apasionado amor. Siempre creyó en la democracia para solucionar los problemas de México. No hace mucho me decía: "me duele la creciente miseria del pueblo de México. ¡Me indigna que haya millones de niños con hambre! ¡Voy a dedicar los últimos días que me queden, para que esto cambie!".

Preso político. En su lucha, Manuel se olvidó de él mismo: ¡soportó el dolor y esperó contra toda esperanza!

¡Qué cierto es que son los muertos los que iluminan el camino de nuestras vidas! Pues bien, Manuel, desde más allá de las estrellas, nos ve, nos contempla, con una sonrisa. ¡Ese hombre que siempre fue joven, que siempre supo ser amigo y que fue un gran patriota! ¡Descanse en paz!

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Oscar Villalobos y la Presidencia quiere hacer una atenta solicitud a los compañeros para que se refieran a la misma en términos de género.

Muchas gracias.

El diputado Oscar Villalobos Chávez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:

He solicitado el uso de la palabra en tribuna para recordar hoy, en nombre de la fracción priísta, a quienes ya no se encuentran con nosotros.

Manuel Marcué y Pardiñas, hombre de controvertida personalidad y generosos y polémicos conceptos.

Lo vamos a extrañar en este recinto. Lo vamos a extrañar en la construcción del México que todos anhelamos y en la que a diario empeñamos nuestro esfuerzo para avanzar.

Su figura y sus conceptos dieron connotación particular al debate legislativo.

Marcué y Pardiñas, el hombre del histórico silencio. Su figura enriqueció el ejercicio de la función pública y, entre otros, el de la LIV y LVI legislaturas. Sus propuestas, sus comentarios, sus decires y posiciones políticas quedan en el libro de los debates de esta Cámara, en la prensa, en innumerables documentos políticos y en la memoria de muchos.

Los diputados de esta legislatura nos empeñamos desde el inicio de nuestra función en plantear con firmeza nuestros argumentos y en un marco de respeto intercambiar razonamientos, debatir y convencer o ser convencidos, siempre buscando el consenso mayoritario y ante todo lo mejor para México.

Así cumplimos, entre otros, con el ordenamiento constitucional de calificar la elección de presidente. Hemos analizado iniciativas, hecho, reformado y actualizado leyes. Reformamos la normatividad del Poder Judicial, del propio Poder Ejecutivo.

En una intensa jornada optamos por la alternativa más viable para que México pudiera enfrentar la severa crisis de diciembre.

La obligada presencia en esta sala, en los trabajos de comisión y el intercambio informal de opiniones y comentarios, originan entre los legisladores sentimientos de identidad o divergencia, coincidencia entre algunos, afectos para otros, pero sobre todo respeto personal entre todos. Por eso, cuando un legislador muere provoca en todos esa reacción tan natural de presuponer que muchos temas y acciones quedan en el tintero.

Los proyectos de legislador los fijamos más allá de lo que sabemos son nuestros límites, incluso pretendemos trascender las fronteras del periodo que nos otorga la Constitución. Así, cuando ocurre la muerte, es seguro que quedan proyectos inconclusos. Los que en esta LVI Legislatura han fallecido, nos dejan ese cúmulo de anhelos que habremos de tomar en las respectivas fracciones parlamentarias.

En una muestra de unidad y congruencia con la ciudadanía que confió en los hombres, deberán de encontrar los respectivos grupos el seguimiento a los proyectos por los que nos han traído a formar parte de esta representación nacional.

El mejor homenaje para esa dualidad de legislador y ciudadanía, es el de concretizar los planes que juntos concibieron como proyecto de actividades para su periodo. En honor para los que hoy han fallecido, pongamos nuestra mejor voluntad y empeño para continuar en esta enorme labor que nos ha sido encomendada. Tomemos la estafeta de quienes ya no están con nosotros, tomemos lo mejor de ello y llevémoslo a concretizar sus sueños.

La especial personalidad del diputado Marcué provocó en esta sala convergencias y divergencias con sus intervenciones. Entiendo que durante su vida fue una constante de sus acciones. Cuando se actúa por convicción nos resulta difícil superar actitudes que suponemos se contraponen a nuestros ideales. Las inquietudes y los ideales del diputado Marcué y Pardiñas quedaron y permanecerán junto con los de otros compañeros de esta LVI Legislatura que se nos han adelantado y de los que hoy conservamos aquí sólo lo mejor de ellos.

Con estas reflexiones, en las que pretendemos rescatar sus figuras y pensamiento, es momento propicio para rendirles el mejor homenaje que como legisladores nos es posible dar. Cumplamos con la patria, con la ciudadanía y con el México de nuestros hijos, que mucho esperan de nosotros. Esforcémonos también en honor a los que hoy hace 10 años murieron bajo los estragos del sismo, por los diputados de esta legislatura que han fallecido, hagámoslo por cada uno de los habitantes de este país, esforcémonos por México.

La Presidenta:

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

LICENCIA DE DIPUTADO

El secretario Héctor González Reyes:

Se va a dar lectura a la siguiente comunicación:

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Ciudadanos secretarios del Congreso de la Unión.- Presentes.

Por este conducto, el que suscribe, diputado federal por el II distrito electoral del Estado de México, me permito, con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitar se me conceda licencia para separarme de las funciones que vengo desempeñando, a partir del 13 de septiembre, con el fin de estar en posibilidad de aceptar un cargo dentro de la administración pública del Estado de México.

Agradezco de antemano la atención que se sirvan prestar a mi petición y reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

México, D.F., a 11 de septiembre de 1995.- Wilfrido Isidro Muñoz Rivera.»

La Presidenta:

En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El secretario Héctor González Reyes:

Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia al diputado Wilfrido Isidro Muñoz Rivera para separarse de sus funciones como diputado federal por el II distrito electoral del Estado de México, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública del Estado de México a partir de esta fecha, durante el tiempo que dure el encargo.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a los diputados si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señora Presidenta.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

La Presidenta:

Tiene la palabra la señora María del Carmen Segura Rangel, diputada del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa de Ley General de Protección Civil.

La diputada María del Carmen Segura Rangel:

«Cámara de Diputados:

Los que suscribimos, diputados a la LVI Legislatura de esta Cámara del honorable Congreso de la Unión e integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11, 26, 73 fracciones XVI, XVII y XXX, 119 y 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa de Ley General de Protección Civil, con objeto de que sea turnada para dictamen a la comisión correspondiente, a fin de que se despache en el actual periodo de sesiones ordinarias.

La iniciativa se presenta con arreglo a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A 10 años de la tragedia sísmica que dejó un saldo de 7 mil muertos, 50 mil heridos y 50 mil personas sin hogar, de acuerdo con cifras oficiales, aún no contamos los mexicanos con un cuerpo normativo federal que concentre disposiciones concretas, referido a la prevención y ayuda a la población, en la eventualidad de un desastre.

De la mencionada tragedia concluimos que a diario debemos tener presentes los riesgos a que estamos expuestos, no para angustiarnos, sino para tomar conciencia de la necesidad de capacitarnos y poder enfrentarlos. También que la protección civil es tarea que involucra y obliga a todos los sectores de la sociedad y la autoridad debe encabezar y orientar las acciones y compromisos que a cada uno corresponden.

Nuestros antecedentes históricos señalan que la función de protección civil no es nueva ya, que muchas de las grandes obras, especialmente hidráulicas de las épocas prehispánica y colonial, tuvieron como razón de ser, por parte del Estado, la protección de los habitantes contra la acción de los agentes destructivos.

En todas las épocas los habitantes de la República Mexicana han sufrido calamidades y es cuando la población crece y se hace más densa que se empiezan a producir desastres y con ellos se inician trabajos de protección civil, otorgándose la atribución a diversas dependencias.

Sin embargo es hasta 1995 cuando la acción solidaria, pero improvisada de los mexicanos, evidencia la necesidad de involucrar a la sociedad, de coordinar y articular acciones preventivas, de auxilio, de apoyo y de crear estructuras profesionales.

De esa necesidad se crea el Sistema Nacional de Protección Civil, diseñado con la aportación de ciudadanos, especialistas y técnicos que integraron la Comisión Nacional de Reconstrucción; en 1988 se crea en la Secretaría de Gobernación la subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social; en 1988 se crea el Centro Nacional de Prevención de Desastres y en 1990 se constituye el Consejo Nacional de Protección Civil.

Y si bien la estrategia original en esta materia fue la articulación de políticas en el interior del Poder Ejecutivo, para luego proyectarlas a los otros poderes federales, estados, municipios y sectores privado y social, lo cierto es que el esfuerzo de casi 10 años poco se ha proyectado a niveles estatal y municipal y poco también ha penetrado en los diversos sectores de la sociedad. Los mexicanos no hemos logrado pasar del concepto de protección civil al de seguridad civil, definida como "la corresponsabilidad del gobierno del Estado y gobernados, para buscar y garantizar su seguridad, la de su núcleo familiar, bienes y entorno, ante fenómenos destructivos de origen diverso".

Lo cierto es que ni gobernantes ni gobernados contamos con una formación que permita tomar conciencia de la situación real a que nos enfrentamos, interesarnos en estar capacitados para hacerle frente y desarrollar acciones para enfrentar los riesgos a que estamos expuestos.

Actualmente hay numerosos ordenamientos legales, acuerdos, decretos y leyes relativos a atribuciones que tienen en esta materia organismos y dependencias de la administración pública federal. Ello provoca dispersión, en las reglamentaciones, reflejada en los tres niveles de gobierno, en la falta de coordinación y de integración entre autoridades y órganos estatales y municipales, para proporcionar ayuda rápida y eficiente. Por otra parte no existe un cuerpo normativo federal que concentre disposiciones concretas, recoja las experiencias de estos últimos 10 años, a partir de los sismos de 1985 y busque articular los esfuerzos de la población y de las autoridades, ante la eventualidad de un desastre.

En la definición de su contenido se ha cuidado que la ley tenga el carácter de nacional, para evitar cualquier posibilidad de invasión de competencias en la materia que los suscritos diputados federales estimamos debe ser local.

Por lo mismo la presente legislación sería de carácter obligatorio y aplicable ante autoridades y espacios federales; conllevaría la obligación de coordinación con las autoridades locales, lo anterior basado especialmente en la idea de que el federalismo, si bien es contrapuesto a toda idea centralista y absorbente, también es cierto que debe implicar una solidaria colaboración entre los tres niveles de gobierno y plantea la necesidad de contar con una articulación ordenada de competencias, atribuciones y facultades, con total respeto a la autonomía local y a la libertad municipal.

Con base en las anteriores consideraciones se elabora la presente iniciativa, cuyo contenido persigue los siguientes objetivos:

1) Garantizar la permanencia del Sistema Nacional de Protección Civil, así como la de los diversos órganos y autoridades que lo integran:

2) Definir competencias y formas de articulación de acciones entre las diversas instancias públicas, privadas y sociales:

3) Dar estabilidad a los programas y subprogramas, definiendo su contenido mínimo:

4) Establecer mecanismos de coordinación entre órganos y dependencias para la ejecución de programas;

5) Dotar de eficacia al consejo nacional y a los consejos estatales y municipales de protección civil, a través de disposiciones jurídicas que garanticen su funcionamiento:

6) Garantizar la inscripción de la protección civil en programas de gobierno como rubro prioritario:

7) Estudiar, desarrollar, aplicar y coordinar tecnologías para la prevención y mitigación de desastres:

8) Garantizar la profesionalización de la protección civil:

9) Definir responsabilidades y acciones de los diversos sectores de la población en caso de declarar el estado de emergencia:

10) Promover la conformación de una cultura de protección civil y

11) Impulsar la participación social en la protección civil.

Los objetivos señalados se encuentran recogidos en el contenido de esta iniciativa, integrada por nueve títulos divididos en capítulos y un total de 93 artículos y tres transitorios.

Es propósito de los diputados de diversos partidos políticos que suscribimos la iniciativa, que contemos con un marco jurídico federal que permita dar certeza, precisión y coordinación a los trabajos de todos los mexicanos, para conformar una real cultura de protección civil en todos los niveles, que garantice su evolución hacia la seguridad civil.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente

INICIATIVA DE LEY GENERAL
DE PROTECCION CIVIL

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1o. La aplicación y observancia de esta ley en toda la República se considera de orden público. Las autoridades federales, militares y civiles y las de los estados y municipios de la República, ajustarán su normatividad y acciones a los preceptos de esta ley. Igualmente será obligatoria para todas las instituciones de carácter privado y social y para todos los habitantes de la República Mexicana.

Artículo 2o. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil, las bases de su funcionamiento y coordinación entre autoridades e instituciones competentes en la materia y regular las acciones de protección civil relativas a la prevención y salvaguarda de las personas y sus bienes, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico en caso de riesgo, siniestro o desastre.

Artículo 3o. El Sistema Nacional de Protección Civil es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados y con las autoridades de los estados y municipios, a fin de efectuar acciones destinadas a la protección de la población contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre.

Artículo 4o. El Sistema Nacional de Protección Civil tendrá las siguientes vertientes:

I. De carácter permanente, cuya finalidad es la prevención en situación normal en materia de protección civil,:

II. De carácter emergente, cuya finalidad es determinar la organización de los elementos humanos y materiales para hacer frente a una situación de emergencia.

Artículo 5o. El Presidente de la República, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales, son los responsables del sistema y programas de protección civil en su respectivo ámbito.

TITULO SEGUNDO

De los órganos del Sistema Nacional de Protección Civil

CAPITULO I

Del Sistema Nacional de Protección Civil

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Protección Civil se integra con los siguientes órganos y autoridades:

1o. El Consejo Nacional de Protección Civil.

2o. Los consejos de protección civil de los estados y del Distrito Federal.

3o. Los consejos de protección civil de los municipios.

4o. Las instituciones privadas y grupos de voluntarios cuyo objeto se relacione con la protección civil y su actividad se encuentre registrada en alguno de los anteriores órganos.

La Secretaría de Gobernación actuará como coordinadora ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil.

Artículo 7o. Las erogaciones correspondientes al funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil serán consideradas de seguridad nacional y previstas en el presupuesto de la Secretaría de Gobernación. El ejercicio presupuestal quedará a cargo de ésta, excepto por lo que se refiere a las erogaciones que específicamente se deban realizar en la ejecución de las decisiones del consejo nacional, las cuales quedarán a cargo y serán comprendidas en los presupuestos de las dependencias federales y de los estados correspondientes.

CAPITULO II

Del Consejo Nacional de Protección Civil

Artículo 8o. El Consejo Nacional de Protección Civil es el órgano superior de consulta y decisiones. Lo presidirá el Presidente de la República y, en sus ausencias, el Secretario de Gobernación, quien será el secretario ejecutivo. Se integrará con los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal que señale el reglamento de esta ley y por las personas y representantes de instituciones públicas y privadas que designe el presidente del consejo.

En dicho reglamento, se incluirán las dependencias y entidades que tengan atribuciones relacionadas con la protección civil, así como a los representantes de los organismos, entidades y agrupaciones públicos, privados y voluntarios, de la comunidad académica y profesional y de los medios de comunicación.

Artículo 9o. En situaciones normales y como actividad permanente el Consejo Nacional de Protección Civil tendrá las siguientes facultades:

I. Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del Gobierno Federal para integrar, coordinar, concertar e inducir las actividades de los diversos participantes e interesados en la protección civil, para garantizar los objetivos del sistema nacional.

Para ello fomentará la participación de los sectores de la sociedad mexicana en la formulación y ejecución de los programas de protección civil:

II. Aprobar y evaluar el Programa Nacional de Protección Civil:

III. Hacer pública, cuando proceda, la declaratoria de emergencia formulada por el Presidente de la República, constituyéndose en sesión permanente e instalando sin demora el centro nacional de operaciones:

IV. Coordinar la ejecución del Programa Nacional de Protección Civil, promoviendo las acciones que se requieran con los poderes Legislativo y Judicial, así como con las autoridades estatales y del Distrito Federal y con las organizaciones voluntarias, privadas y sociales:

V. Coordinar la integración y actualización del atlas nacional de riesgos y aprobarlo y

VI. Promover el estudio, la investigación, capacitación y enseñanza en materia de protección civil.

Artículo 10. De conformidad con la importancia y magnitud de las acciones de protección civil que deban desarrollarse de acuerdo con las circunstancias o ante la inminencia de desastres, el Consejo Nacional de Protección Civil tendrá las siguientes facultades:

I. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la situación, así como los recursos indispensables para ello:

II. Encargar específicamente a los funcionarios del propio consejo nacional o a otros de la Federación, estados, municipios y del Distrito Federal, la ejecución de acciones tendientes a proporcionar el auxilio que proceda a la población civil;

III. Ordenar las medidas necesarias para hacer frente a la situación de emergencia en forma oportuna y expedita, así como para organizar la actividad de las personas y el uso de los bienes en la protección civil. La aplicación de estas medidas deberá ser por tiempo limitado y los ejecutores de las mismas darán cuenta de ellas al Consejo Nacional de Protección Civil:

IV. Las demás que sean necesarias para hacer frente a la situación.

Artículo 11. Corresponde al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Protección Civil:

I. Por instrucciones o en ausencia del Presidente de la República, presidir las sesiones del consejo nacional:

II. Presentar a la consideración del consejo nacional, el proyecto de Programa Nacional de Protección Civil:

III. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del consejo nacional, en ausencia del presidente del consejo nacional:

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos del consejo nacional:

V. Hacer pública, cuando proceda, la declaratoria de emergencia formulada por el Presidente de la República, convocar de inmediato al consejo nacional a sesión permanente y supervisar la instalación sin demora del centro nacional de operaciones y el desarrollo de los trabajos correspondientes:

VI. Las demás funciones que le confieran el consejo nacional o su presidente.

Artículo 12. Para el auxilio en el desarrollo de sus funciones el Consejo Nacional de Protección Civil nombrará un secretario técnico, el cual contará con el número de auxiliares de acuerdo con las previsiones presupuestales.

Artículo 13. El Consejo Nacional de Protección Civil se reunirá en forma ordinaria al menos tres veces por año y en forma extraordinaria a convocatoria expresa del Presidente de la República o por el Secretario de Gobernación, por instrucciones o por ausencia del Presidente de la República. En cada caso se precisarán el día, hora y lugar fijados para la reunión, así como el orden del día correspondiente.

Artículo 14. El secretario técnico coordinará la realización de los trabajos específicos que determine el consejo nacional y los que le sean encomendados por el secretario ejecutivo.

Artículo 15. Las decisiones del Consejo Nacional de Protección Civil serán inmediatamente obligatorias y se publicarán al día siguiente de emitidas en el Diario Oficial de la Federación, para conocimiento de las demás autoridades de la República y de sus habitantes.

CAPITULO III

De los consejos estatales de protección civil

Artículo 16. En cada una de las entidades federativas se creará un consejo estatal de protección civil, como órgano superior de consulta y decisiones.

Artículo 17. Los consejos estatales de protección civil son órganos de coordinación de las acciones de los sectores público, social y privado que tienen por objeto sentar las bases para prevenir los problemas que puedan ser causados por riesgos, siniestros o desastres; proteger y auxiliar a la población ante la eventualidad de que dichos fenómenos ocurran y dictar las medidas necesarias para el restablecimiento, en su caso, de la normalidad en la vida comunitaria.

Artículo 18. En cada una de las entidades federativas, el consejo estatal de protección civil estará integrado por:

1o. El gobernador del Estado, que lo presidirá:

2o. El secretario general de gobierno, quien fungirá como secretario ejecutivo y presidirá el consejo estatal en ausencia o por acuerdo del presidente del mismo:

3o. Un representante de la Secretaría de Gobernación:

4o. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social:

5o. Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

6o. Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional;

7o. El secretario de finanzas del Estado:

8o. El secretario de obras públicas del Estado:

9o. Los presidentes municipales que se convoque para el efecto:

10. Tres representantes de los sectores social y privado, a convocatoria del presidente del consejo estatal.

Cuando lo estime conveniente el presidente del consejo estatal podrán participar dentro del órgano, con voz pero sin voto, autoridades federales, estatales y municipales, representantes de grupos voluntarios y personas que estén en condiciones de coadyuvar con sus objetivos.

Artículo 19. Los consejos estatales de protección civil, tendrán las siguientes funciones:

I. Declarar una situación de emergencia en todo el territorio estatal o en parte de él:

II. Aprobar y evaluar los programas estatales y coadyuvar en su aplicación, procurando su amplia difusión en la correspondiente entidad:

III. Coordinar las acciones de las dependencias del sector público, estatal y municipal, así como de los organismos privados, para el auxilio a la población de un Estado en que se prevea u ocurra algún desastre:

IV. Coordinar la integración y actualización del atlas local de riesgos:

V. Analizar los problemas reales y potenciales de la protección civil promoviendo las investigaciones y estudios que permitan conocer los agentes básicos de las causas de siniestros y desastres y propicien su solución:

VI. Apoyar la creación, desarrollo y consolidación de los consejos municipales, así como de los grupos voluntarios:

VII. Constituirse en sesión permanente en caso de producirse un riesgo, siniestro o desastre, a fin de determinar las acciones que procedan:

VIII. Determinar la permanencia temporal de medidas, razonando particularmente las causas y circunstancias especiales que den lugar a ello.

Artículo 20. El presupuesto del funcionamiento de los consejos estatales de protección civil quedará a cargo del gobierno de los estados, mismo que se asignará y ejercerá de conformidad con la legislación local aplicable.

Artículo 21. Los consejos estatales de protección civil celebrarán sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que se requieran, cuando las convoque su presidente o el secretario ejecutivo.

Artículo 22. El presidente de cada uno de los consejos estatales de protección civil tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Formular la declaratoria de emergencia en el territorio de su Estado o en parte de él:

II. Convocar y presidir las sesiones:

III. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del consejo estatal:

IV. Proponer la celebración de convenios de coordinación con la Federación, los estados o el Distrito Federal, para realizar programas de protección civil:

V. Organizar las comisiones de trabajo que estime necesarias.

Artículo 23. El secretario ejecutivo de cada uno de los consejos estatales de protección civil tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Presidir las sesiones del consejo estatal en ausencia del presidente:

II. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del consejo estatal, en ausencia del presidente:

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos del consejo estatal:

IV. Elaborar los trabajos que le encomiende el presidente del consejo estatal y resolver las consultas que se sometan a su consideración:

V. Las demás funciones que le confieran el consejo estatal o su presidente.

Artículo 24. Para el auxilio en el desarrollo de sus funciones los consejos estatales de protección civil nombrarán un secretario técnico, el cual contará con el número de auxiliares de acuerdo con las previsiones presupuestales.

Artículo 25. El secretario técnico coordinará la realización de los trabajos específicos que determine el consejo estatal correspondiente y los que le sean encomendados por el secretario ejecutivo.

Artículo 26. En el Distrito Federal se creará un consejo de protección civil en la forma y términos previstos por la presente ley para los consejos estatales de protección civil.

CAPITULO IV

De los consejos municipales de protección civil

Artículo 27. Mediante acuerdo con el correspondiente consejo estatal de protección civil, en cada municipio se creara un consejo municipal de protección civil como órgano superior de consulta y decisiones.

Artículo 28. El consejo municipal de protección civil es el órgano de coordinación de las acciones de los sectores público, social y privado, que tiene por objeto sentar las bases para prevenir los problemas que puedan ser causados por riesgos, siniestros o desastres; proteger y auxiliar a la población ante la eventualidad de que dichos fenómenos ocurran y dictar las medidas necesarias para el restablecimiento, en su caso, de la normalidad en la vida comunitaria.

Artículo 29. En cada uno de los municipios de un Estado, los consejos municipales de protección civil se integrarán por:

1o. El presidente municipal, que lo presidirá:

2o. El secretario del ayuntamiento, quien fungirá como secretario ejecutivo y presidirá el consejo municipal en ausencia o por acuerdo del presidente del mismo:

3o. Los regidores y síndicos del ayuntamiento correspondiente:

4o. Un representante de la Secretaría de Gobernación, si lo hubiera en el municipio:

5o. Los representantes de las autoridades federales con residencia en el municipio que fueran convocados para ello:

6o. El jefe de policía y tránsito municipal.

Cuando lo estime conveniente el presidente del consejo municipal podrán participar dentro de ese órgano, con voz pero sin voto, autoridades federales, estatales y municipales, representantes de grupos voluntarios y personas que estén en condiciones de coadyuvar con los objetivos marcados.

Artículo 30. Los consejos municipales de protección civil tendrán las siguientes funciones:

I. Declarar que existe una situación de emergencia en el territorio del municipio:

II. Crear y establecer los órganos y mecanismos que promuevan y aseguren la capacitación de la comunidad, especialmente a través de la formación del voluntariado de protección civil:

III. Fungir como órgano de consulta y de promoción de la participación en la planeación y coordinación de las tareas de los sectores público, social y privado en materia de prevención, auxilio y restablecimiento, ante la eventualidad de algún siniestro o desastre dentro de su competencia territorial:

IV. Constituirse en sesión permanente en el caso de producirse un siniestro o desastre, a fin de verificar la realización de las acciones que procedan:

V. Promover la investigación y capacitación en materia de protección civil, identificando sus problemas y tendencias particulares, estableciendo las normas y acciones que permitan su solución:

VI. Coordinar sus acciones con la del consejo nacional y las del consejo estatal de protección civil:

VII. Promover la cultura de protección civil organizando y desarrollando acciones de educación y capacitación a la sociedad, en coordinación con las autoridades de la materia:

VIII. Coordinar a los grupos voluntarios conforme a la normatividad que emitan.

CAPITULO V

Del Centro Nacional de Prevención de Desastres

Artículo 31. El Centro Nacional de Prevención de Desastres es el órgano desconcentrado del Gobierno Federal coordinado por la Secretaría de Gobernación. Su objeto es estudiar, desarrollar, aplicar y coordinar tecnologías para la prevención y mitigación de desastres, promover la capacitación profesional y técnica sobre la materia, así como apoyar la difusión de medidas de preparación y autoprotección a la población ante la contingencia de un desastre.

Artículo 32. El Centro Nacional de Prevención de Desastres tendrá las siguientes funciones:

I. Investigar, estudiar y observar los peligros, riesgos y daños provenientes de elementos, agentes o fenómenos naturales o humanos que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos, en coordinación con las dependencias responsables:

II. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en la materia de los profesionales, especialistas y técnicos mexicanos:

III. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en la prevención de desastres:

IV. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que realice:

V. Apoyar a otros países en las actividades de capacitación que realicen y sostener relaciones de intercambio con organismos similares locales, nacionales e internacionales:

VI. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la administración publica federal en la prevención de desastres, a través del Sistema Nacional de Protección Civil y con base en convenios a los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como a otras instituciones de carácter social y privado:

VII. Desarrollar investigaciones sobre el origen, causa, consecuencias y comportamiento de los agentes perturbadores que inciden en el país:

VIII. Instrumentar y, en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, en cooperación con las dependencias estatales o federales:

IX. Administrar los recursos que le sean asignados, así como las aportaciones que reciba de otras personas, instituciones o países:

X. Elaborar y mantener actualizado el atlas nacional de riesgos y participar en la elaboración de los programas de prevención y planes de contingencia que al efecto se deban realizar,:

XI. Las demás que el Consejo Nacional de Protección Civil le encomiende.

Artículo 33. El Centro Nacional de Prevención de Desastres tendrá una junta de gobierno, que será presidida por el Secretario de Gobernación e integrada por los titulares de las dependencias y entidades que señale su propio reglamento.

Artículo 34. La junta de gobierno del Centro Nacional de Prevención de Desastres tendrá las siguientes funciones:

I. Establecer, en congruencia con el Programa Nacional de Protección Civil, las políticas generales del centro y definir las prioridades a las que deberá sujetarse en las actividades de investigación, capacitación, coordinación, información, desarrollo de tecnologías, administración, celebración de convenios y asesoría nacional e internacional:

II. Aprobar los programas que establezca el centro para la realización de sus objetivos;

III. Aprobar el reglamento interior del centro, así como sus manuales de organización y procedimientos y su estructura orgánica básica;

IV. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el director del centro:

V. Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación, capacitación y servicio,:

VI. Nombrar al director del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Artículo 35. Una vez que por cualquier medio sea determinado un riesgo de desastre, por cuya magnitud o espacio de afectación sea necesaria la intervención del Gobierno Federal, la secretaria técnica del Consejo Nacional de Protección Civil, con la colaboración del Centro Nacional de Prevención de Desastres, coordinará las acciones necesarias para la elaboración del plan de contingencia, que permita afrontar o aminorar el impacto que pueda producir dicho fenómeno.

CAPITULO VI

De los grupos voluntarios

Artículo 36. Se establecerán grupos voluntarios de protección civil a nivel federal, estatal y municipal dentro de cada marco institucional, con las modalidades que impongan las características del medio y el tipo de desastres a que esté más expuesta la región.

Artículo 37. Los grupos voluntarios estarán formados por personas que debidamente organizadas y preparadas puedan participar con eficiencia en la prevención y atención de los distintos tipos de emergencia, en coordinación con los cuerpos públicos y privados existentes, cuando la magnitud del desastre así lo demande.

Artículo 38. Los grupos voluntarios que deseen participar en las acciones de protección civil, deberán inscribirse en la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en el padrón de grupos voluntarios de protección civil.

Artículo 39. La solicitud de inscripción deberá contener los siguientes datos:

1o. Nombre, domicilio y ubicación del grupo:

2o. Nombre, domicilio y números telefónicos de los integrantes:

3o. Especialización y cursos recibidos por los integrantes del grupo;

4o. Programa de actividades que desean realizar,:

5o. Especificación del equipo de que están provistos.

Los grupos de voluntarios de protección civil en los estados y municipios presentarán su solicitud ante la dirección general de protección civil del Estado o municipio.

Artículo 40. La Dirección General de Protección Civil correspondiente expedirá un certificado en el que se asentará el número de registro, nombre del grupo voluntario, actividades a las que se dedicará y domicilio. El registro deberá revalidarse anualmente.

Artículo 41. Al obtener su registro, los grupos voluntarios de protección civil podrán celebrar convenios con la Dirección General de Protección Civil correspondiente, en los que se establecerán los apoyos y estímulos que otorgará la propia dirección general para facilitar el cumplimiento de los fines constitutivos del grupo voluntario y las obligaciones que éste asuma para coadyuvar en el propósito de proteger a la población frente a riesgos, siniestros o desastres.

Artículo 42. Los grupos voluntarios de protección civil, desempeñarán las siguientes funciones:

I. Capacitar a los voluntarios:

II. Capacitar a la población para que pueda autoprotegerse en caso de desastre:

III. Participar en las diferentes labores preventivas:

IV. Evacuar a las personas de la zona afectada:

V. Buscar y rescatar a los sobrevivientes:

VI. Aplicar los primeros auxilios:

VII. Trasladar a los heridos a hospitales:

VIII. Organizar los albergues:

IX. Trasladar a los damnificados a los albergues:

X. Registrar a las personas alojadas en los albergues:

XI. Realizar campañas para obtener recursos para los albergues, y

XII. Clasificar, almacenar y distribuir los distintos tipos de recursos.

Artículo 43. Los grupos voluntarios de protección civil guardaran estrecha relación con los responsables del área operativa a nivel nacional, estatal y municipal de protección civil, en lo relativo al diseño de las estrategias generales y de abastecimiento de equipo y materiales.

TITULO TERCERO

Del Programa Nacional de Protección Civil

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 44. Las políticas, lineamientos y estrategias que integran el Programa Nacional de Protección Civil, serán obligatorias para el sector público y se concertará su aplicación con los sectores social y privado.

Artículo 45. Corresponde al Consejo Nacional de Protección Civil la aprobación del programa nacional, así como coordinar su ejecución, promoviendo las acciones que se requieran con los poderes Legislativo y Judicial, así como con las autoridades estatales y del Distrito Federal y con las organizaciones voluntarias, privadas y sociales.

Artículo 46. La definición de contenidos del programa nacional mantendrá vigentes el respeto irrestricto a la autonomía estatal y libertad municipal.

Artículo 47. El Programa Nacional de Protección Civil considerará los siguientes contenidos:

1o. La definición de las responsabilidades concretas que a cada dependencia integrante del Consejo Nacional de Protección Civil competan, así como aquellas de carácter genérico que deban ser desarrolladas por el resto de la administración pública federal,:

2o. La precisión de las estrategias y líneas de acción que se llevaran a efecto en el marco de las vertientes obligatoria, de coordinación, concertación e inducción, especificando los mecanismos y medios para su logro.

Artículo 48. El Consejo Nacional de Protección Civil verificará que las dependencias y organismos de la administración pública federal, incorporen el capítulo correspondiente a la protección civil a sus programas operativos anuales, explicitando las metas correspondientes a los apartados de prevención, auxilio y recuperación y asignando las partidas específicas dentro de los presupuestos anuales.

Artículo 49. En los rubros de bienestar social de los programas nacionales de gobierno, se considerará la inscripción de la protección civil, con carácter prioritario.

Artículo 50. Las dependencias y autoridades competentes, incorporarán a los planes de vivienda, alimentación, salud, educación, ecología y desarrollo urbano y rural derivados del Plan Nacional de Desarrollo, capítulos específicos de protección civil, enmarcados en una política de coordinación de acciones.

Artículo 51. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas en el ámbito municipal y estatal, se incorporará el capítulo de la protección civil a los convenios únicos de desarrollo social.

Artículo 52. El Programa Nacional de Protección Civil, comprenderá tres subprogramas:

1o. De prevención:

2o. De auxilio o atención,:

3o. De apoyo.

CAPITULO II

De los subprogramas de protección civil

Artículo 53. El subprograma de prevención agrupará las acciones tendientes a evitar o disminuir los riesgos y los efectos de los siniestros o desastres. Se dividirá en los siguientes rubros:

1o. Prevención contra fenómenos de carácter geológico:

2o. Prevención contra fenómenos de carácter hidrometeorológico:

3o. Prevención contra fenómenos de carácter químico:

4o. Prevención contra fenómenos de carácter sanitario, y

5o. Prevención contra fenómenos de carácter socio-organizativo.

Artículo 54. El subprograma de auxilio o atención, integrará las acciones destinadas a rescatar y salvaguardar, en caso de riesgo, siniestro o desastre, la integridad física de las personas, la salvaguarda de sus bienes y el medio ambiente y coordinar las acciones para la atención de emergencias. Se dividirá en los siguientes rubros:

1o. Alerta:

2o. Evaluación de emergencia:

3o. Planes de emergencia:

4o. Coordinación de emergencia:

5o. Seguridad:

6o. Protección, salvamento y asistencia:

7o. Servicios, bienes y naturaleza:

8o. Salud pública:

9o. Aprovisionamiento:

10. Comunicación social (de emergencia),:

11. Reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad.

Artículo 55. El subprograma de apoyo, integra las acciones de coordinación de actividades entre las distintas dependencias, entidades y organismos del sector público, privado y social, así como la visualización sectorial de sus áreas de responsabilidad. Se dividirá en los siguientes rubros:

1o. Planeación:

2o. Coordinación:

3o. Marco jurídico:

4o. Organización:

5o. Recursos financieros:

6o. Recursos materiales:

7o. Recursos humanos:

8o. Educación y capacitación:

9o. Participación social:

10. Investigación y nuevas tecnologías:

11. Comunicación social:

12. Manutención, conservación y creación de instalaciones de protección civil:

13. Realización de la protección civil,:

14. Control y evaluación.

TITULO CUARTO

Del estado de emergencia

CAPITULO I

De los órganos competentes

Artículo 56. Corresponde al Presidente de la República declarar el estado de emergencia y el término del mismo, en todo el territorio nacional o en parte de él y ordenar el establecimiento del Centro Nacional de Operaciones.

Artículo 57. Todos los habitantes de la República Mexicana estarán obligados a prestar auxilio en caso de ser declarado el estado de emergencia. El auxilio a las víctimas de una catástrofe debe ser expedito y suficiente, por lo que podrá el Consejo Nacional de Protección Civil o los órganos dependientes del mismo, disponer de los bienes y servicios que sean necesarios, atendiendo al estado de la necesidad en que se encuentre la población, considerando la debida proporción entre los requerimientos para proteger la vida y los bienes de las personas y las acciones, que lleve a cabo.

Los demás órganos, integrantes del sistema nacional, en caso de extrema urgencia o cuando aún la ayuda institucional no haya llegado a la zona del desastre y no se haya establecido el centro de operaciones, tendrán las facultades que señala el párrafo anterior. Una vez instalado el centro de operaciones deberán rendir cuenta de las actividades que realizaron en ejercicio de ellas.

Artículo 58. De conformidad con la publicación de las decisiones del consejo nacional y las normas que señale, los habitantes de la República Mexicana pondrán a disposición de las autoridades y personas que se determinen, los bienes, servicios y personal bajo su mando que se requieran.

Los transportistas propietarios de navíos y aeronaves, deberán poner a disposición de las autoridades señaladas por el Consejo Nacional de Protección Civil, la infraestructura, bienes, servicios y personal calificado para su operación, para hacer llegar la ayuda a las víctimas del desastre.

Artículo 59. Los propietarios o poseedores de fincas que gocen de agua, deberán ponerla a disposición de quien sea señalado por el consejo nacional, así como la infraestructura que posean para su extracción y conducción. De la misma manera la energía eléctrica de que dispongan y la maquinaria para su generación.

Todos los propietarios o poseedores de fincas rústicas o urbanas, sin importar su destino, deberán permitir el tránsito que sea necesario para que la ayuda llegue a quien la necesita.

Artículo 60. Según la importancia y la magnitud de las acciones de protección civil que deban desarrollarse de conformidad con las circunstancias o ante la inminencia de desastre, el Consejo Nacional de Protección Civil tendrá las facultades a que hace referencia el artículo 10 de la presente ley.

CAPITULO II

Del Centro Nacional de Operaciones.

Artículo 61. Compete al Centro Nacional de Operaciones:

I. Coordinar y dirigir, técnica y operativamente, la atención de la emergencia:

II. Realizar la planeación táctica en cuanto a los recursos necesarios y acciones y procedimientos a seguir, conformando los planes de atención de la emergencia:

III. Aplicar el Plan de Emergencia asegurando la coordinación de las acciones que realicen los participantes en el mismo:

IV. Hacer cumplir las decisiones del Consejo Nacional de Protección Civil:

V. Administrar los recursos que le sean asignados por el consejo nacional y los demás que se allegue o se le proporcionen por diversos medios.

Artículo 62. El Centro Nacional de Operaciones tendrá un coordinador general, que será el Presidente de la República o la persona que él designe. Estará integrado por los titulares o representantes de las dependencias públicas, de los grupos voluntarios, de los medios masivos de comunicación y de organismos especializados en atención de emergencias, subordinados al coordinador general y designados por el Consejo Nacional de Protección Civil o, si aún no se ha reunido, por su Presidente.

Artículo 63. El coordinador general del Centro Nacional de Operaciones nombrará un administrador de suministros, que tendrá a su cargo la guardia, custodia, conservación, registro y control de los bienes con los que cuente el centro para proporcionar ayuda a la zona de desastre y dar respuesta a la emergencia.

TITULO QUINTO

De la coordinación

CAPITULO UNICO

De la coordinación de acciones

Artículo 64. La Secretaría de Gobernación se encargará de coordinar las acciones que deban realizarse para la integración y operación del Sistema Nacional de Protección Civil. Para ello propondrá a los gobiernos de los estados, con la participación de los municipios, la ejecución de actividades de protección civil en el marco de los convenios unicos de desarrollo social, tendientes al establecimiento y funcionamiento de los sistemas estatales y municipales de protección civil, vinculándolo al sistema nacional.

Artículo 65. Las autoridades civiles y militares estarán obligadas a prestar los servicios y poner los bienes a su cargo a disposición de los consejos en las diversas instancias de los mismos, debiendo, sin embargo, ejecutarse las decisiones de los propios consejos a través de la organización interna de las corporaciones militares y de las autoridades y organizaciones civiles. En las decisiones de los consejos deberán especificarse los requerimientos de personal y bienes necesarios.

Artículo 66. Para el caso de desastre o inminencia de éste, las autoridades militares y civiles y las organizaciones públicas, privadas y sociales, con capacidad de respuesta inmediata, cumplirán con sus programas de atención a la emergencia. Una vez que se declare el estado de emergencia y se instale el Centro Nacional de Operaciones, informarán de sus acciones y de la evaluación que hayan realizado del desastre, mismas que se someterán a las decisiones de dicho centro y del consejo nacional.

Artículo 67. Cuando la zona del desastre comprenda sólo el territorio de una entidad federativa la declaratoria de emergencia se podrá hacer después de la solicitud de ayuda que realice el titular del ejecutivo del Estado o el presidente en funciones del Consejo Estatal de Protección Civil; excepción hecha de que la magnitud del desastre sea tal, que haga obvia la necesidad de la participación del Gobierno Federal.

Artículo 68. Los consejos Nacional de Protección Civil, de Protección Civil para el Distrito Federal, de Protección Civil de los estados y municipios, deberán promover la organización de cuerpos de voluntarios para la protección civil, debiendo utilizar para ello las academias, escuelas y demás elementos para proveer a un adecuado funcionamiento y operación y contemplar las cuestiones correspondientes exclusivamente a la enseñanza y a la dotación de los materiales de operación necesarios, en los presupuestos de operación de los consejos.

Artículo 69. Igualmente los consejos de los estados y del Distrito Federal deberán promover y ordenar, si así fuere el caso, la integración al Sistema Nacional de Protección Civil de las demás entidades gubernamentales o civiles encargadas de algunas labores especiales de protección civil.

Artículo 70. La Secretaría de Gobernación queda facultada para normar y establecer las formas de organización a que se refieren los dos artículos anteriores, pero se observará la adscripción en última instancia de las organizaciones a los consejos respectivos en función del territorio y de la extensión de las actividades.

TITULO SEXTO

De la profesionalización

CAPITULO UNICO

Del Colegio Nacional de Protección Civil

Artículo 71. El Colegio Nacional de Protección Civil es la institución autónoma abocada a impartir cursos teóricos, prácticos y de especialización, para formar, capacitar y actualizar recursos humanos, profesionales y técnicos en la materia, de manera sistemática, concertada e institucionalizada, mediante el establecimiento de mecanismos de profesionalización, acreditación y certificación.

Artículo 72. Los cursos que imparta el Colegio Nacional de Protección Civil buscarán como objetivos la conformación de cuadros técnicamente capacitados, tanto para dar respuesta oportuna y adecuada a las calamidades, como para transmitir sus conocimientos a otros núcleos de la población.

Artículo 73. En la elaboración de contenidos educativos, participará la Secretaría de Gobernación.

Artículo 74. El Colegio Nacional de Protección Civil supervisará y calificará las capacidades de empresas y grupos que ofrezcan y comercialicen servicios de asesoría, capacitación rescate y atención paramédica.

Artículo 75. En materia de cooperación internacional relativa a intercambios científicos y tecnológicos de protección civil, el Colegio Nacional será la instancia que canalice las necesidades nacionales y atienda en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores las peticiones internacionales.

Artículo 76. La Secretaría de Gobernación promoverá fuentes de financiamiento a fin de que el Colegio Nacional de Protección Civil cumpla sus funciones y objetivos.

TITULO SEPTIMO

De la preparación y participación social en la protección civil

CAPITULO I

De la conformación de una cultura de protección civil

Artículo 77. La conformación de una cultura de protección civil que convoque y sume el interés de la población, así como su participación individual y colectiva, es objetivo prioritario del Sistema Nacional de Protección Civil.

Artículo 78. A fin de conformar una cultura de protección civil, las instituciones y dependencias públicas competentes con la participación de instituciones y organismos privados promoverán:

1o. La incorporación de la materia de protección civil a los planes de estudio de todos los niveles educativos públicos y privados en el ámbito nacional:

2o. La realización de eventos de capacitación de carácter masivo, a nivel federal y local, en los cuales se procure llevar conocimientos básicos que permitan el aprendizaje de conductas de autocuidado y autopreparación al mayor número de personas posible:

3o. La realización de simulacros en lugares de afluencia de público por lo menos tres veces al año:

4o. La elaboración, estructuración y promoción de campañas de comunicación social con temas genéricos y específicos con alcance nacional regional y local:

5o. Promover en los medios de comunicación campañas de difusión sobre temas de protección civil que contribuyan a avanzar en la conformación de una cultura, así como a fortalecer la disposición e interés de la población por participar activamente en la materia:

6o. Crear acervos de información técnica sobre problemáticas específicas que permitan a la población un conocimiento concreto de las mismas, así como una adecuada actuación.

CAPITULO II

De la participación social

Artículo 79. Las instituciones y dependencias públicas, con la participación de instituciones y organismos privados, promoverán mecanismos para motivar la participación social, con el propósito de que se traduzca en una contribución activa, real y concreta, independiente pero común en áreas y acciones específicas.

Artículo 80. Con el propósito de integrar, coordinar, concertar e inducir las actividades de protección civil con la participación de los diversos sectores de la sociedad, se crea la Comisión Consultiva y de Participación Social como órgano auxiliar en términos de consulta y planeación del Consejo Nacional de Protección Civil.

Artículo 81. La Comisión Consultiva y de Participación Social se integrará con miembros del sector académico, dirigentes de agrupaciones de profesionales, dirigentes sociales y políticos, representantes del sector privado, grupos voluntarios y especialistas en comunicación social.

Artículo 82. Los integrantes de la Comisión Consultiva y de Participación Social para la Protección Civil serán nombrados por el Secretario de Gobernación y ratificados por el Consejo Nacional de Protección Civil.

TITULO OCTAVO

De los fenómenos de mayor recurrencia

CAPITULO I

De las previsiones para sismos

Artículo 83. La Secretaría de Gobernación gestionará la obtención de recursos financieros suficientes para que, con la concurrencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, procedan al equipamiento y monitoreo permanente de los volcanes activos de la República Mexicana, a efecto de elaborar los mapas de riesgos correspondientes y diseñar el trabajo preventivo necesario.

Artículo 84. La Secretaría de Gobernación, con la participación de las autoridades educativas, de las universidades e instituciones de educación superior y de los colegios y asociaciones de profesionales del país, promoverá el estudio de la geofísica, sismología, vulcanología y en general de las ciencias de la tierra, a efecto de contar con recursos humanos altamente calificados que contribuyan en estudios científicos que sustenten medidas en esta problemática.

CAPITULO II

De las previsiones para inundaciones

Artículo 85. La Secretaría de Gobernación, conjuntamente con la Secretaría de Recursos Hidráulicos y con la Comisión Nacional del Agua, revisarán e instrumentarán los programas de protección civil para presas de alto riesgo, así como los planes para emergencias hidráulicas.

En época de lluvias, la Comisión Nacional del Agua intensificará el monitoreo de los cuerpos de agua e informará a la Secretaría de Gobernación a fin de llevar a cabo el alertamiento oportuno en comunidades que puedan ser afectadas.

Artículo 86. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la de Salud y la Comisión Nacional del Agua, revisará los planes de atención a la salud en casos de desastre hidrometeorológico, con énfasis en el control de calidad de agua potable y en la vigilancia epidemiológica correspondiente.

CAPITULO III

De las previsiones para manejo de materiales peligrosos

Artículo 87. La Secretaría de Gobernación, conjuntamente con la de Desarrollo Social, así como las cámaras industriales, elaborarán un padrón de las empresas que manejan materiales y residuos peligrosos, complementado con un inventario y lista única de los materiales peligrosos que se manejan en México. Asimismo promoverán conjuntamente la adopción de programas de prevención de accidentes, que garanticen la seguridad de la población.

Artículo 88. La Secretaría de Gobernación, conjuntamente con la de Comunicaciones y Transportes, la Asociación Nacional de la Industria Química, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, así como con las cámaras industriales y de servicios involucradas, pondrán en marcha el Sistema Nacional de Emergencia en Transportación de Materiales y Residuos Peligrosos, en términos de la correspondiente reglamentación.

CAPITULO IV

De las previsiones para incendios

Artículo 89. A la Secretaría de Gobernación, con la concurrencia de la de Patrimonio y Fomento Industrial, la de Desarrollo Social, la de Recursos Hidráulicos, la de Comunicaciones y Transportes, la de Salud, Petróleos Mexicanos, así como de los gobiernos estatales y municipales, corresponde la creación de una base de datos computarizada, a fin de que se lleve el registro estadístico de las calamidades en este renglón, la ubicación, conformación y estado que guarden las instalaciones, redes y ductos de gas, las instalaciones y complejos industriales, las redes de distribución y venta de combustible y lubricantes, para prevenir y actuar de manera coordinada tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Artículo 90. La Secretaría de Gobernación, conjuntamente con la de Patrimonio y Fomento Industrial y de Petróleos Mexicanos, promoverán y propiciarán la capacitación y profesionalización de los cuerpos de bomberos del país.

CAPITULO V

De las previsiones para fenómenos socio-organizativos

Artículo 91. La Secretaría de Gobernación promoverá con los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, la formación de planes de acción específicos para agentes destructivos de carácter socioorganizativo.

Artículo 92. Los planes de acción deberán privilegiar la capacitación e información de la población, a efecto de propiciar la adopción de conductas ante la ocurrencia de este tipo de desastres y fomentar una actividad de corresponsabilidad.

TITULO NOVENO

Responsabilidades y sanciones

Artículo 93. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley dará lugar a que se exijan las responsabilidades a quien corresponda y se apliquen las sanciones en los términos de las leyes federales y del fuero común aplicables a los hechos.

TRANSITORIOS

Artículo primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo tercero. Los consejos estatales, municipales y del Distrito Federal, se instalarán en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Rúbricas.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

COMISION PERMANENTE

El secretario Alejandro Higuera Osuna:

Se va a dar lectura a un oficio de la Comisión Permanente.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de esa colegisladora, tenemos el honor de participar a ustedes que, en sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día de hoy, resultaron electos como magistrados de los tribunales agrarios, los ciudadanos licenciado: Jorge Lanz García, como magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario; licenciado Luis Angel López Escutia, como magistrado supernumerario del Tribunal Superior Agrario; Marco Antonio Díaz de León, Eucario Cruz Reyes, Lilia Isabel Ochoa Muñoz y Jesús Villagómez Cabrera, como magistrados numerarios de los tribunales unitarios agrarios.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 2 de agosto de 1995.- Senador Alfredo Ling Altamirano y diputado Héctor San Román Arreaga, secretarios.»

De enterado.

La Presidenta:

¿Dígame diputado.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Señora Presidenta:

Quiero que dé usted cumplimiento al artículo 94 del reglamento, que establece que al abrirse el periodo de sesiones se dará primera lectura a las iniciativas que se presentaron durante la Comisión Permanente y que se relacionen éstas, para que en el turno de la presentación de iniciativas estén dadas de primera lectura.

La Presidenta:

Diputado Tenorio Adame, vemos que hoy está usted muy entusiasta con el Reglamento Interno y le quiero comentar que la Cámara está trabajando y efectivamente las comisiones durante el receso han continuado con el estudio de los asuntos que tienen en cartera.

A esta Presidencia no ha llegado por parte de las comisiones ningún dictamen de primera lectura, por esa razón no está enlistado, diputado.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Que quede asentado en el para que se dé cumplimiento y usted le dé turno en su momento.

La Presidenta:

Y de los asuntos que ha turnado la Permanente, que es su inquietud, a las comisiones, ha quedado esto debidamente registrado a través de la oficialía y las han recibido las comisiones. Es que no le escuchaba yo y esto obviamente quedará asentado en el acta.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Solamente que le dé usted el trámite de que son de primera lectura.

La Presidenta:

Se le dio el trámite por la anterior Permanente y obviamente se ha seguido el reglamento, no hay dictámenes de primera lectura, diputado; no han llegado a esta Presidencia, fueron turnados directamente por la Comisión Permanente a comisiones.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Señora Presidenta, no soy obsesivo con el reglamento, pero dice el reglamento que las iniciativas presentadas en la Comisión

Permanente están dadas de primera lectura, es solamente el trámite que estoy pidiendo.

La Presidenta:

Sí diputado, pero esto es si las comisiones ya dictaminaron y como usted lo sabe, no han dictaminado.

Proceda la Secretaría con los asuntos en cartera.

El secretario Antonio Hernández Cruz:

Se va a dar lectura a un oficio de la Comisión Permanente.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de esa colegisladora; nos permitimos participarles que en sesión celebrada en esta fecha, esta Comisión Permanente clausuró su periodo de sesiones correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 23 de agosto de 1995.- Diputados Antonio Tenorio Adame y Héctor San Román Arreaga, secretarios.»

De enterado.

La secretaria Ramona Carbajal Cárdenas:

Se va a dar lectura a un oficio de la Comisión Permanente.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

En sesión de la Comisión Permanente celebrada el día de hoy se presentó el siguiente informe de actividades de la Comisión Permanente durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura.

Cuatro comisiones de cortesía; un comunicado sobre la opción a otros cargos de elección popular; dos declaraciones políticas; elección de dos magistrados del Tribunal Superior Agrario y cuatro magistrados de los tribunales unitarios; una excitativa a las comisiones de las cámaras; 10 iniciativas presentadas; cinco licencias concedidas a diputados y cuatro a senadores; tres permisos concedidos al Presidente de la República para ausentarse del país; 28 permisos para aceptar y usar condecoraciones; 40 permisos para prestar servicios en embajadas y consulados; cinco permisos para desempeñar cargos de cónsules honorarios; cuatro propuestas; ocho puntos de acuerdo; 42 ratificación de grados militares; 15 ratificaciones de nombramientos de cónsules generales; 16 ratificaciones de nombramientos de embajadores; 18 sesiones realizadas; 306 oradores en tribuna y 87 horas de trabajo en el pleno.

Lo que nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 23 de agosto de 1995.- Diputados Antonio Tenorio Adame y Héctor San Román Arreaga, secretarios.»

De enterado e insértese en el Diario de los Debates.

La secretaria María Cecilia Hernández Ríos:

Se va a dar lectura a un oficio de la Comisión Permanente.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.

Para los efectos de la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento de lo que disponen los artículos 113 de la Ley Orgánica del Congreso General; 180 y 181 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, anexo al presente nos permitimos remitir a ustedes el inventario y los expedientes correspondientes a oficios, comunicaciones y demás asuntos que fueron recibidos por la Comisión Permanente para la atención y conocimiento de la Cámara de Diputados, durante el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LVI Legislatura.

Hacemos propicia la ocasión para manifestarles las seguridades de nuestra alta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, D.F., a 23 de agosto de 1995.- Diputados Antonio Tenorio Adame y Héctor San Román Arreaga, secretarios.»

De enterado.

CAMARA DE SENADORES

El secretario Lorenzo Chávez Zavala:

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de esa colegisladora nos permitimos participarles que en sesión previa celebrada en esta fecha, quedó legalmente constituido el Senado de la República de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio habiendo resultado electa la siguiente mesa directiva durante el primer mes.

Presidente, Eloy Cantú Segovia; vicepresidentes: Mauricio Fernández Garza y Guillermo del Río Ortegón; secretarios: Israel Soberanis Nogueda, Sonia Alcántara Magos, Enrique Franco Muñoz y Auldarico Hernández Gerónimo; prosecretarios: Crescenciano España Morales, Lizandro Lizama Garma, Ramiro Valdés Fontes y Carmen Bolado del Real.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 22 de agosto de 1995.- Senadores Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.»

De enterado.

CUENTAS PUBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1993

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio García Villa, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

El diputado Juan Antonio García Villa:

Señora Presidenta de la Cámara de Diputados; señoras y señores diputados:

A fin de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contaduría

Mayor de Hacienda, en este momento, señora Presidenta, se hace entrega del informe de resultados de la revisión a las cuentas públicas del Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio de 1993.

El informe comprende un tomo ejecutivo y nueve volúmenes anexos, señora Presidenta, que en este momento se entregan a usted por conducto de los señores secretarios de la Cámara, para que se les dé el trámite previsto por nuestro marco jurídico.

Muchas gracias.

La Presidenta:

> Recíbase y túrnese en función de lo dispuesto en ley y reglamento.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Desarrollo Social, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE ENERGIA

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Energía, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995-. Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE GOBERNACION

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por esta dependencia del Ejecutivo, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítanse a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE MARINA

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Marina, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de la Reforma Agraria, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE SALUD

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Salud, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE TURISMO

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de Turismo, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por el Departamento del Distrito Federal, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.

Remítase a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

El secretario Héctor González Reyes:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, el informe de labores realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, correspondiente al periodo 1994-1995.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 7 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.

REPUBLICA DE ITALIA

El secretario Alejandro Higuera Osuna:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fecha 9 del actual la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:

"La Embajada de Italia en México solicitó a esta Secretaría gestionar ante las autoridades mexicanas correspondientes, el permiso a que se refiere en la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos Rosaura Jaime Cisneros y Sergio Isaías Ramírez Rojas, según consta en las copias certificadas de sus actas de nacimiento, puedan prestar sus servicios como empleados locales en la representación italiana. Anexo al presente envío a usted la documentación requerida: cartas dirigidas al honorable Congreso de la Unión por los interesados, curriculum vitae, copia certificada de las actas de nacimiento, copia de una identificación y dos fotografías de cada ciudadano, con la atenta petición de solicitar el permiso mencionado."

Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 31 de agosto de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

El secretario Antonio Hernández Cruz:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 15 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:

"Mucho agradeceré a ustedes, de no mediar inconveniente para ello, tengan a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.

Pedro Sánchez Aguilar, mensajero en la Embajada de la República Oriental del Uruguay."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 31 de agosto de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Luis Maldonado Venegas.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La secretaria Ramona Carbajal Cárdenas:

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 22 de agosto último, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:

"Mucho agradeceré a ustedes, de no mediar inconveniente para ello, tengan a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional al Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto se anexan copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicita se realicen los trámites correspondientes.

Kim Soriano Tomka, asistente comercial, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; Martha Patricia Sandoval Fernández, ayudante en visas en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 4 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del secretario; el director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio de fecha 28 de agosto próximo pasado, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:

"Mucho agradeceré a ustedes, de no mediar inconveniente para ello, tengan a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.

Antonia Alvarez González, secretaria; en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."

Al transcribir a ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, anexo al presente los documentos que en el mismo se citan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 4 de septiembre de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el día 25 de agosto último, la Secretaría de Relaciones exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:

"Mucho agradeceré a ustedes, de no mediar inconveniente para ello, tengan a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.

Pedro Maldonado Gallegos, chofer; en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."

Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 4 de septiembre de 1995.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

«Escudo Nacional- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el 14 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Mucho agradeceré a ustedes de no mediar inconveniente para ello, tengan a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional al Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto se anexan copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.

Raymundo Julián Navarrete Buenrostro, intendencia/mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México; Hugo Rodríguez Bressant como especialista en mercadotecnia agrícola, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; José Sánchez Martínez como empleado consular, en Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua."

Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 31 de agosto de 1995.- El director general de gobierno Luis Maldonado Venegas.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

REINO DE DINAMARCA

El secretario Lorenzo Chávez Zavala:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- México, D.F.

Alfredo Fuentevilla Ruffo, mexicano por nacimiento, mayor de edad y al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, con domicilio en Cisne número 16 fraccionamiento Las Gaviotas en este puerto de Mazatlán, Sinaloa y con domicilio para recibir notificaciones en Heriberto Frías 1509-13 en Mazatlán, Sinaloa, C.P. 82000; atentamente expongo:

Que el Gobierno de Dinamarca tiene la intención de proponer a su majestad, la Reina Margrethe II, que sea yo condecorado con la Orden de Dannebrog en el grado de Caballero; según comunicado de la Embajada real de Dinamarca en la Ciudad de México, con fecha del 17 de agosto del año en curso.

Haciendo uso de los derechos que como ciudadano mexicano me corresponde, me dirijo ante ese honorable Congreso de la Unión, para solicitar en los términos de la fracción III, inciso b, del artículo 37 constitucional, la autorización, de no haber inconveniente, para qué, sin perder la ciudadanía mexicana pueda aceptar dicha condecoración.

Para los efectos anteriores me permito anexar: acta de nacimiento, curriculum vitae, copia simple del comunicado de la Embajada real de Dinamarca con fecha de agosto 17 de 1995, copia simple del oficio número 52II3756 en el cual la Comisión Permanente de ese honorable Congreso me otorgó la autorización para aceptar el cargo de vicecónsul honorario de Dinamarca en Mazatlán, Sinaloa, copia simple de la credencial número H8/85 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que se me acredita con el cargo antes mencionado.

A ese honorable Congreso de la Unión de la manera más atenta le ruego dar curso a esta petición y agradeceré se me dé a conocer en su oportunidad el resultado que se estime conveniente.

Respetuosamente.

Mazatlán Sinaloa, agosto 30 de 1995.- Viceconsulado real de Dinamarca en Mazatlán, Sinaloa, Alfredo Fuentevilla Ruffo, vicecónsul honorario.»

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

JAMAICA

El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Licenciado Artemio Meixueiro, director de Oficialía Mayor.

Estimado licenciado Meixueiro: por medio de la presente y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 37, apartado B, fracción II de la Constitución mexicana, que establece la obligación de todo ciudadano de obtener autorización del honorable Congreso Federal, para presentar servicios a un gobierno extranjero, tengo el honor de solicitar dicho permiso para prestar mis servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica, en esta ciudad.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, quedo a sus apreciables órdenes en los teléfonos expuestos en el membrete.

Atentamente.

México, D.F., a 3 de julio de 1995.- Raquel Martínez Cejudo.»

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

ANALISIS DEL I INFORME DE GOBIERNO POLITICA ECONOMICA

La Presidenta:

Se informa que a la Presidencia se le ha entregado una comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que fija el procedimiento para el análisis del I Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en materia de Política Económica y Política Social.

Dicha mecánica, de debate en pleno, acuerda analizar los temas de política económica y política social, a discutirse en tres horas cada uno. Cada partido tiene 10 minutos para fijar posición al inicio de cada tema en orden de menor a mayor. Cada fracción inscribirá sus oradores por tema, los cuales dispondrán de siete minutos máximo y se intercalarán de menor a mayor.

Sólo los inscritos en la lista entregada a la Presidencia podrán participar en el debate y transcurridas dos horas y media la Presidencia comunicará a las fracciones parIamentarias el tiempo transcurrido, a efecto de que sus oradores puedan elaborar sus conclusiones o aportaciones en tribuna.

En caso de que las fracciones parIamentarias consideren flexibilizar los tiempos acordados a través de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, harán la propuesta a la Presidencia y ésta a la Asamblea.

Al iniciar el debate, cada fracción parlamentaria puede, si lo desea, entregar por escrito a la Presidencia un documento que precise su posición en torno al tema en general, mismo que se insertará dentro del Diario de Debates y se enviará al titular del Ejecutivo Federal para su conocimiento.

En consecuencia, quiero comentar que se han registrado para el tema de Política Económica para fijar posiciones, los siguientes diputados: por el Partido del Trabajo, Joaquín Vela; por el Partido de la Revolución Democrática, Saúl Escobar; por el Partido Acción Nacional, Hugo Meneses y por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Antonio Godina.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Joaquín Vela.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:

Gracias señora Presidenta; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:

A partir de la crisis económica desencadenada en diciembre de 1994, el Partido del Trabajo ha venido reconociendo la necesidad de implementar medidas propias de un periodo de emergencia. Discrepamos sin embargo, con las medidas asumidas por el actual gobierno y con el diagnóstico realizado acerca de las causas que condujeron a la situación económica que hoy padece el país.

Cada día resulta más evidente para más mexicanos que la superación de la emergencia financiera no fue el resultado de la habilidad de los funcionarios públicos en cuanto al manejo de agregados o de productos financieros, sino básicamente de el haber cambiado un tipo de crisis por otra y de haber transferido los costos de un sector de la sociedad a otro.

Reconocer errores es la base para no volver a cometerlos, por ello, en nuestra intervención queremos realizar reflexiones precisas sobre tres temas que nos parecen de fundamental importancia. Estos son: el superávit fiscal; el ahorro interno y la superación de la crisis económica.

Superávit fiscal. En su defensa del ajuste fiscal que comenzó a aplicarse a partir de marzo, el presidente Zedillo señala en su informe, que uno de los elementos más importantes para lograr la estabilización del tipo de cambio y abatir la inflación fue el superávit de las finanzas públicas.

Como se sabe, dicho superávit al primer semestre fue de 15 mil millones de nuevos pesos.

Si bien hemos estado de acuerdo con la necesidad de un ajuste para enfrentar la crisis financiera y cambiaría, discrepamos en cuanto a las bondades de un superávit fiscal en las condiciones no sólo coyunturales, sino estructurales de nuestra economía.

El ajuste fiscal no se limitó a eliminar presiones sobre el mercado cambiario y de dinero restringiendo la demanda del sector público, como afirma el Ejecutivo, sino que fue mucho más lejos al restringir la demanda de otros sectores de la población, o sea, de las familias y empresas en general.

A nuestro juicio, esto último era innecesario, porque al mismo tiempo se estaba contrayendo el crédito interno, lo cual se refleja en el elevamiento de su exponencial de las tasas de interés tanto pasivas como activas y el tipo de cambio se dejó al libre juego de las fuerzas del mercado.

En otras palabras, el Gobieno efectuó un sobreajuste apoyado tanto en mecanismos fiscales como financieros y monetarios.

La corroboración de que se trató de un sobreajuste la brinda la ruinosa caída que experimentó la tasa del producto interno bruto en el segundo trimestre, caída que fue acompañada por una masiva pérdida de puestos laborales.

Por lo tanto, el Gobierno solucionó los aspectos más perentorios de la crisis financiera creando al mismo tiempo una aguda crisis social y productiva.

El haber permutado una crisis por otra, revela que el ajuste fiscal es precario y socialmente inviable y existirán fuertes presiones generadas por la lógica de la propia crisis que tenderá a eliminarlo.

En nuestra opinión, el Gobierno debió haber trabajado con un presupuesto equilibrado o con un superávit moderado. A su vez, como hemos señalado reiteradamente, esta política fiscal alternativa debió ir acompañada de una reestructuración del sistema bancario que implicara primeramente la intervención gerencial temporal de los bancos más débiles.

Esta intervención hubiera tenido dos repercusiones altamente deseables:

1o. Evitar un subsidio exagerado a los accionistas de los bancos que repercutió negativamente en el balance fiscal.

2o. Evitar un crecimiento excesivo de las tasas activas de interés, que sólo fue dictado por la estrategia oligopólica de los bancos.

Queremos remarcar, finalmente, que el establecimiento de un desproporcionado superávit fiscal fue en esencia una imposición de la comunidad financiera internacional que la concibió como una medida disciplinaria. Esta medida disciplinaria nació de las críticas a la actuación de las autoridades fiscales y monetaria de nuestro país durante 1994.

Creemos que esta crítica era justa en la medida que la autonomía del Banco de México demostró ser ilusoria y el Gobierno ciertamente manipuló las cuentas públicas para ocultar una táctica de manejo de la economía con fines electorales.

En esas condiciones, en lugar de aceptar la implementación de un ajuste fiscal exagerado, el Gobierno debió haber negociado una auténtica reforma del banco central que garantizara su autonomía real y generara confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros.

Al mismo tiempo, el actual Gobierno debió haber dado pasos para lograr una administración más profesional del aparato gubernamental, específicamente para evitar el tráfico de información privilegiada.

Dicho tráfico explica en parte el mal manejo de la devaluación de diciembre pasado y permanece como problema aún no resuelto.

Con respecto al ahorro interno, el presidente Zedillo, en su I Informe, señala que la caída del ahorro interno constituyó una de las causas fundamentales de la crisis financiera que sacudió al país.

Afirma que dicha caída se gestó tiempo atrás y produjo otros desequilibrios que afectaron la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos.

Para el actual Gobierno, tal y como lo señaló previamente en el Plan Nacional de Desarrollo, para fortalecer el ahorro interno se requiere de una reforma tributaria y del sistema de pensiones.

Estamos de acuerdo que la caída del ahorro fue una causa de fondo de la crisis financiera, pero sería ilusorio proponer soluciones si antes no se realiza un esclarecimiento exhaustivo de cuáles fueron las causas que produjeron el deterioro de las tasas de ahorro. Desafortunadamente el gobierno de Zedillo parece no darse cuenta de esta situación.

Al comenzar el sexenio pasado, la tasa de ahorro estaba al nivel histórico, 21% ó 22% del PIB y al concluir éste, se había desplomado al 16%.

Esto quiere decir, como lo admite implícitamente el Presidente, que su caída fue producto de medidas desafortunadas que fueron implementadas precisamente en estos años. Es decir, las causas fundamentales de la caída del ahorro interno fueron producto de la política económica aplicada durante el régimen de Salinas.

A juicio del Ejecutivo, sin embargo, el principal error fue bajar demasiado ciertos impuestos, esencialmente el IVA y haber omitido normas claves que favorecieron la reinversión de utilidades.

Admitimos la importancia del segundo punto, o sea, la reinversión de utilidades, pero a nuestro juicio, el gobierno de Zedillo omite referirse al impacto adverso que tuvo la formación del ahorro la distorsionada regulación del sistema bancario que diseñó el Gobierno anterior.

Tampoco tomó en consideración el error que se cometió en materia tributaria al desgravar los ingresos personales de capital, es decir, los dividendos, los intereses etcétera.

Al reprivatizarse los bancos se creó un sistema de autorregulación en materia bancaria que era totalmente inadecuado a los retos que enfrentaba el país.

Las prerrogativas que gozan los bancos para elevar comisiones y amplificar la brecha entre tasas pasivas y activas, distorsionó el funcionamiento de la economía al afectar el proceso de inversión y el proceso de ahorro.

Del mismo modo, al otorgarse a los bancos el manejo del SAR, se desvirtuaron los objetivos de la reforma del sistema de pensiones, siendo sus logros a la fecha bastante limitados.

La desgravación de dividendos de intereses percibidos como ingreso personal, favoreció al incremento del consumo suntuario en detrimento del ahorro, lo cual, al coincidir con la sobrevaluación del tipo de cambio, contribuyó a desequilibrar la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Para el PT, una solución integral debe tomar tres factores que provocaron el desequilibrio entre ahorro e inversión e incorporar al menos las siguientes medidas:

A) Complementar las deducciones a la reinversión de utilidades con la reincoporación al Impuesto sobre la renta de los dividendos y otras formas de ingreso ocasional y derivados del capital.

B) Reestructurar el sistema bancario para erradicar las prácticas oligopólicas y asegurar un sano ejercicio de los instrumentos crediticios.

C) Garantizar a largo plazo el establecimiento de un tipo de cambio competitivo que, además de favorecer las exportaciones, desaliente el consumo suntuario excesivo vía importaciones.

Finalmente, recuperación económica. El Presidente efectúa en el informe un pronóstico excesivamente optimista sobre las posibilidades de una recuperación moderada de la actividad económica durante el tercer y cuarto semestres del año. Además predice que en 1996 será el año en que la recuperación se generalizará y consolidará.

Discrepamos con ambos pronósticos porque persisten fuertes reajustes en el funcionamiento de la economía, que no han sido debidamente resueltos. Tal y como lo hemos señalado desde el tiempo de la campaña presidencial pasada, cuando se discutieron las plataformas de los partidos, existe una fractura del aparato productivo que impide que el sector dinámico y modernizado de grandes empresas, arrastre el resto de la economía.

Por este motivo el crecimiento económico a pesar del gran potencial existente y las condiciones favorables a nivel internacional, desde 1994 ha sido débil y errático.

A la fecha a pesar de la devaluación ese desequilibrio subsiste y posiblemente se ha reforzado debido a la naturaleza del ajuste fiscal y monetario.

Además de esta fractura productiva existen otros problemas que inciden negativamente sobre el crecimiento como son: las deficiencias en el sistema educativo y la capacitación laboral; los cuellos de botella provocados por la modernización a medias de la infraestructura de comunicaciones y transportes.

Todos estos factores podrían tener un papel en la explicación de la aparente desaceleración del auge de las importaciones desencadenadas por la devaluación, compárese, por ejemplo, las cifras del superávit comercial entre mayo y julio. Del mismo modo estos desequilibrios podrían estar minando una recuperación a corto plazo, podrían también minar el crecimiento a largo plazo.

De acuerdo con el presidente Zedillo, la clave para alcanzar el crecimiento económico sostenido, radica en el fortalecimiento del ahorro.

Compartimos esta visión, pero como ya lo señalamos, somos escépticos sobre la calidad de las medidas que la propuesta tiene para elevar las tasas de ahorro.

La política del fomento que avala el Presidente también tiene a nuestro juicio limitaciones. Zedillo se inclina por las políticas de fomento de tipo pasivo, que son insuficientes para un país con los problemas como los tiene el nuestro, además de los desequilibrios productivos que hemos señalado, existen problemas sociales agudizados por la excesiva concentración del ingreso.

En esas condiciones creemos que la obligación del Estado radica en desarrollar un tipo de política de intervención, ciertamente no burocrática, pero más comprometida con la corrección de fallas de muy diversa índole a nivel socioeconómico.

Esto consideramos son elementos centrales que debemos someter al debate el día de hoy.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Saúl Escobar.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:

Gracias, compañera Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Cuidado porque todavía está temblando. La economía mexicana sigue crujiendo lastimosamente, después de nueve meses de pesadilla, durante los cuales se ha dañado tanto y tan profundamente los niveles y aspiraciones de bienestar del pueblo de México, el debate que hoy tiene lugar debe dejar en claro diagnósticos, análisis y propuestas. México no puede seguir arrastrando los signos del estancamiento y la crisis como norma de su desarrollo, tenemos que salir de esta larga noche depresiva. El Poder Legislativo puede y debe jugar un papel activo y digno en esta tarea.

Nuestra obligación es señalar con patriotismo y honestidad lo que no ha funcionado. La irresponsabilidad de quienes han estado al frente del Gobierno y ofrecen soluciones para buscar horizontes, donde el crecimiento, el empleo, la distribución del ingreso y las expectativas de bienestar sean una realidad.

Un Congreso sumiso y crítico sólo puede dar por resultado la prolongación de errores y de las políticas que nos han sumido en esta tragedia mexicana. Por ello el debate que hoy damos de cara a la nación debe contestar al menos tres preguntas:

Primero. ¿Por qué se generó la crisis.

Segundo. ¿En qué momento nos encontramos?:

Tercero. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar hacia el futuro.

Primero. ¿Qué detonó la crisis? Según la versión oficial, tanto del Presidente como del secretario de Hacienda, la recesión que vivimos actualmente se precipitó debido a la corrida de capitales que se originó en 1994. Esta visión es parcialmente cierta, pero por ello mismo engañosa. No cabe ninguna duda de que el Gobierno anterior tuvo una responsabilidad mayúscula en particular al financiar el déficit comercial y la salida de capitales nacionales y extranjeros con la emisión de los famosos tesobonos a partir de marzo de 1994.

Sin embargo, los responsables de esas políticas, como el señor Mancera, el señor Aspe y el señor Salinas, no han sido llamados a cuenta por estos graves actos de Gobierno; la impunidad todavía es, en este país, un premio del sistema político.

Pero, por otro lado, también es verdad que este Gobierno, este Gobierno, el de Zedillo, respondió a la salida de capitales con una política que en lugar de aminorar los costos sociales y productivos los elevó al máximo. Este Gobierno llevó consciente y deliberadamente a la economía mexicana a una recesión sin precedentes que sólo en el segundo trimestre provocó una caída del producto de más del 10%; aumentó los impuestos, restringió el crédito, el gasto público y la inversión. Por todos los medios posibles frenó el consumo y la inversión pública y privada a tal grado que hasta los organismos internacionales coincidieron en señalar que a nuestras autoridades se les había pasado la mano.

En lugar de aplicar políticas que protegieran la planta productiva y el empleo y aminoraran el daño, decidieron aplicar las medidas más duras para los mexicanos. La mayor dosis en el menor tiempo, como dijo Zedillo en su último informe. ¿Todo para qué?, ¿para salvar la economía productiva, para mejorar los niveles de vida de los mexicanos? No, no compañeros legisladores, todo ello para pagar puntualmente la deuda pública y obedecer los dictados del Fondo Monetario Internacional y de las corredurías de Wall Street.

Este Gobierno es reponsable también de los cuantiosos daños causados a los mexicanos y a su economía productiva. Las políticas del señor Zedillo no han gozado del apoyo de ningún sector productivo de la sociedad: comerciantes, industriales, agricultores, trabajadores, campesinos, consumidores y deudores, todos han rechazado abiertamente las medidas. Según una encuesta publicada en un periódico nacional poco antes del 1o. de septiembre, los empresarios calificaron con cinco a la administración zedillista. El Gobierno está reprobado por los productores de este país. Gobernar solo, sin consensos, administrar únicamente para beneplácito de los intereses norteamericanos, divorciar la conduccción de la economía de la concertación democrática es, a la vez, prueba y condición del fracaso de este Gobierno en estos meses y en los tiempos por venir.

Segundo aspecto. Tanto el señor Zedillo como el señor Ortiz nos aseguran ahora que lo peor ya pasó, que ya tocamos fondo y que podemos esperar una reactivación de la economía. Preguntamos. ¿Hay en realidad condiciones para que a partir de ahora, como dijo el Secretario de Hacienda, y a lo largo de 1996 empecemos a crecer a tasas superiores al aumento de la población y de manera sostenida.

Por nuestra parte creemos que para alcanzar una tasa de crecimiento sostenida y acorde con nuestras necesidades y capacidades se requiere resolver por lo menos los siguientes problemas:

Inciso a, la carga de la deuda externa, el pago de intereses, intereses y no sólo amortizaciones para los próximos cinco años es muy alto, a ello hay que agregar los préstamos recibidos este 1995 del Fondo Monetario Internacional y del tesoro norteamericano.

El problema de la deuda es real; nada ganamos con evadirlo con demagogia; es una mentira decir que nuestra deuda no ha crecido o que sólo la hemos cambiado del corto al largo plazo o sugerir que los préstamos del fondo y del tesoro de Estados Unidos, no se van a pagar nunca; tan se van a pagar y hay dudas de que nuestro Gobierno lo haga, que los norteamericanos se aseguraron obligándonos, obligando a este Gobierno a depositar nuestros recursos por exportaciones petroleras en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, para tomarse de ahí los pagos, en caso de un incumplimiento mexicano.

Esta nueva carga de la deuda será particularmente onerosa en 1998 y 1999, años en los que tendremos que amortizar respectivamente, 3 mil 605 y 4 mil 355 millones de dólares adicionales a lo programado.

Sólo ayer el Secretario de Hacienda reconoció la necesidad de renegociar la deuda; es un válido anuncio de lo que viene; ¡qué bueno que el Secretario de Hacienda reconozca! ¡Qué lástima que lo haga en Nueva York y no se haya atrevido a hacerlo en esta Cámara de Diputados, ante sus conciudadanos y ante la representación del pueblo de México!

Inciso b. Necesitamos revisar nuestra política comercial con Estados Unidos y en particular el Tratado de Libre Comercio: las importaciones cayeron casi en la misma proporción que el producto. Esto significa que en cuanto se vuelva a crecer corremos el riesgo de que se presente un déficit comercial que otra vez provoque un peligroso déficit en la cuenta corriente; que otra vez nos lleve a los peligros de devaluaciones y ajustes; que otra vez nos lleve a la recesión.

Requerimos entonces fomentar nuestros procesos de sustitución de importaciones y modificar nuestra apertura con el exterior, que por la forma apresurada en que se realizó ha provocado la destrucción de una parte de nuestra planta productiva y cuantiosas importaciones innecesarias.

Inciso c. Necesitamos una política activa en materia de fomento a nuestro aparato productivo y un sistema sano de financiamiento; fomentar la industria y la agricultura, no inducirlos a la ruina como se ha hecho hasta ahora; necesitamos revisar nuestro aparato financiero; se ha subsidiado a los bancos privados con más de 21 mil millones de nuevos pesos sólo para cubrir sus errores, deficiencias y fraudes, como en el caso del Banco Unión. Los programas de alivio a deudores siguen siendo insuficientes, porque no van al problema medular: apoyar prioritariamente a los productores, no a los bancos; requerimos igualmente, controlar al capital especulativo o "golondrino". Es una preocupación que ronda en todos los países en desarrollo, como se demostró en Quito, Ecuador. Sólo el señor Zedillo hace como que no ve ni oye.

Tercero, hacia el futuro la propuesta del Gobierno se ha ceñido casi exclusivamente a una tésis: hay que aumentar el ahorro interno. Pero en un país que ha sufrido desde hace 15 años un deterioro del salario, de la ocupación y de los ingresos de la mayoría de los mexicanos, esta caída del ahorro interno no puede explicarse por un exceso del gasto personal de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.

Lo que no dice el Presidente es que la caída del ahorro interno está necesesariamente asociado a una excesiva, intolerable e irracional concentración del ingreso y a un aparato financiero ineficiente.

Lo que no dicen nuestros gobernantes es que la caída del ahorro interno sólo puede explicarse por una política gubernamental que abrió irresponsablemente la economía al exterior, que ha premiado a un pequeño grupo de súperricos y ha fomentado una economía especulativa. Por ello el plan de Gobierno para reactivar la producción es equivocado. El aumento del ahorro interno no puede ser el punto de partida, sino una medida subsecuente. Primero hay que renegociar la deuda externa, revisar nuestra política exterior, reactivar la economía mediante una reforma fiscal que grave más al que más tiene y no, como sucede ahora, que castiga a los ingresos más bajos, premia al especulador y castiga al productor.

Con los recursos de esta reforma fiscal se podría promover una política sana de fomento a la agricultura y a la industria. Nosotros hemos propuesto desde enero de 1995 un fondo para la protección de la planta productiva y el empleo, como medida inmediata que permitiría reactivar la economía, combatir el desempleo y ayudar efectivamente a solucionar el problema de las carteras vencidas. En otras palabras primero hay que reactivar la producción, lo que llevará a aumentar los ingresos y en ese momento inducir el fomento al ahorro interno. Empezar al revés, tratando de aumentar el ahorro interno antes de reactivar la economía, es una sinrazón, sólo va a lastimar todavía más a los productores y no servirá para garantizar un crecimiento sostenido de la economía mexicana.

Compañeros legisladores: necesitamos que éste no sea un ejercicio más de defensa a ultranza del Gobierno. Nosotros hemos propuesto diagnósticos apegados a cifras y hechos y hemos ofrecido también medidas concretas, casi detalladas, para salir de la crisis.

Esperamos un debate de altura, sin prejuicios, con compromisos serios.

Gracias por su atención.

Dejo, señora Presidenta, una copia de mi intervención a la Secretaría, como usted lo indicó.

La Presidenta:

Insértese en el Diario de los Debates y túrnese al Ejecutivo.

Tiene la palabra el Partido Acción Nacional, a través del diputado Hugo Meneses.

El diputado Hugo Meneses Carrasco:

Gracias, señora Presidenta; compañeros legisladores:

Decía Arnold: "Si le dieses una patada al responsable de la mayor parte de tus problemas, estaría una semana completa sin poder sentarse".

Estoy cierto que un buen número de legisladores aquí presentes estará de acuerdo en esto, por lo que a ellos corresponda; pero también responsabilizándonos por una buena parte de los problemas que aquejan a los mexicanos, nos inhabilitaría por más tiempo todavía.

En este sentido ¿qué podríamos decir del Poder Ejecutivo Federal? De acuerdo a nuestra agenda legislativa hoy iniciamos la glosa del informe presidencial en el área "Política Económica", en la que deberemos analizar temas fundamentales de la situación nacional.

El Partido Acción Nacional durante sus 56 años de vida ha mantenido su doctrina inalterada, lo cual le da autoridad moral para proponer una política económica y social consistente y congruente.

Los partidos que carecen de ideología y doctrina siempre actúan coyunturalmente, dando por resultado una política económica veleidosa, impredecible y que impone altos costos a los agentes económicos, los cuales invariablemente son trasladados a la sociedad.

Del partido en el Gobierno han emanado teorías económicas tan distantes y confusas que nos han llevado del socialismo al neoliberalismo con invitaciones intercaladas a aprender a vivir con la inflación y a administrar la abundancia.

Hay una sola explicación razonable para entender toda esta turbiedad doctrinal de los gobiernos priístas y ésta es que todo se ha hecho con el único fin de mantenerse en el poder. Es muy claro el vínculo entre el poder político y el poder económico, lo cual incluso llega a simular poderes siameses por el descarado favoritismo hacia los grupos oligopólicos que han concentrado la riqueza empobreciendo cada vez más a los mexicanos.

Asimismo es inadmisible que las decisiones económicas se tomen constantemente con criterios políticos, con frecuencia impuestos desde el extranjero por nuestros acreedores o bien por la enfermiza veneración de los tecnócratas hacia los libros de Harvard, los cuales no hablan de la economía basada en vender un voto a cambio de una tortilla.

Partiendo de lo expresado por el presidente Zedillo y de los anexos de su I Informe, se concluye que es muy clara la intención de su administración de no asumir ninguna responsabilidad por la actual crisis, pues fundamenta con amplitud los errores heredados de la anterior administración. No obstante, es del dominio público la corresponsabilidad de dichos errores.

Es evidente que el objetivo primordial de la política económica de la administración zedillista ha sido resolver el problema de insolvencia en las finanzas gubernamentales. Debe aceptarse que el ajuste de la crisis financiera se está alcanzando al convertir las obligaciones de corto plazo en obligaciones de mediano y largo plazo. Pero debe aceptarse, asimismo, que los medios a través de los cuales se ha reducido el riesgo de las obligaciones gubernamentales no son los más adecuados y por ello podríamos caer en una nueva crisis de insolvencia.

La política económica actual persiste en gran parte en los errores del llamado liberalismo social, lo que da por resultado que el extremismo monetario y que pregona no pone las bases para una estabilidad cambiaria y monetaria y por otro lado está destruyendo la planta productiva, principalmente la micro, pequeña y mediana empresa, provocando una patología sicológica de proporciones epidémicas.

Se reconoce que la recesión es inducida por la contracción del circulante y se menciona que habrá una recuperación en el último trimestre del año, la cual queda supeditada fundamentalmente a una muy cuestionable inversión extranjera. Cuestionables resultan también los datos sobre desempleo y sobre los apoyos para incrementar la productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas y ganaderas.

Finalmente el mayor cuestionamiento es cómo lograr el crecimiento del 5% anual del producto interno bruto, bajo los esquemas económicos vigentes.

El Partido Acción Nacional siempre ha sido honesto al señalar los errores, pero también ha sabido reconocer aciertos, mismos que ha apoyado en diversos foros. Pero la vocación de Acción Nacional es fundamentalmente propositiva. En materia de política económica nos permitimos señalar, entre otras, las siguientes líneas de acción:

El gran reto económico es promover el desarrollo integral del país a través de una economía humana y moderna que implica el desarrollo de sus regiones y, por consiguiente, el mejoramiento del nivel de vida de toda la población. Para el logro de este reto fundamental el país requiere de tres pilares básicos: un auténtico estado de derecho, la vigencia del federalismo y un sistema formativo educativo nacional.

Adicionalmente al reto fundamental referido hay otras líneas de acción en materia económica más concretas, pero no por ello menos urgentes e importantes; entre ellas cabe destacar:

1o. Modificaciones legales a la instrumentación de la política cambiaria a efecto de que el Ejecutivo no intervenga en las facultades que debieran ser exclusivas de un Banco Central autónomo.

2o. Establecer mecanismos específicos para lograr la diversificación comercial de exportación e importación.

3o. Reactivación económica a través de políticas que promuevan el empleo, reducción de impuestos y establecimiento de medidas más justas de renegociación de carteras vencidas.

Pudiendo verlo como una perogrullada preferimos verlo como signo positivo del I Informe, la invitación que hace el presidente Zedillo al Congreso, a participar en la reforma al sistema tributario, así como los mecanismos de pensiones y retiro.

Decía Emerson: "Lo que más necesito es alguien que me obligue a hacer lo que debo hacer". Señoras y señores diputados: asumamos nuestro papel de legisladores y siguiendo a Emerson, de paso obliguemos al Poder Ejecutivo a ejecutarlo bien.

Anteriormente hemos hablado de una economía humana, pero ¿por qué no ir más allá y hablar de una economía moral?, aquella que sea capaz de tomar en cuenta el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres y no únicamente de los hombres del presidente en turno.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Por el Partido Revolucionario Institucional tiene la palabra el diputado Luis Antonio Godina.

El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Señora Presidenta, entrego a la Secretaría, a nombre de mi fracción parlamentaria, el documento que precisa y detalla nuestra posición sobre el apartado económico del I Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, mismo que solicito sea registrado en el .

Conforme lo establece el marco legal vigente, el Ejecutivo Federal entregó por escrito el informe sobre la situación que guarda la administración pública del país. A pesar del intenso intercambio de opiniones y puntos de vista vertidos en la reunión en conferencia de las comisiones respectivas del Senado y de esta Cámara, se hace necesario ventilar en este pleno las posiciones de las diversas fuerzas políticas sobre lo contenido en el I Informe de Gobierno.

A lo largo de este año hemos debatido en diferentes ocasiones las causas que provocaron la crisis financiera de diciembre de 1994, así como las distintas opciones para enfrentarla. Toca analizar ahora si el informe ilustra de manera clara el manejo que el Ejecutivo ha realizado de la situación que a todos nos preocupa.

Los legisladores priístas sabemos de la gravedad de la situación que vivió el país durante el inicio de esta administración. La magnitud e intensidad de la crisis sorprendió a propios y a extraños provocando desaliento, incertidumbre y la pérdida de expectativas de crecimiento. Hubo necesidad de hacerle frente con decisiones extremadamente costosas, estaba en juego el enorme esfuerzo realizado para transformar el aparato productivo nacional y hacerlo generador de mejores oportunidades en un mundo glogal y competitivo.

Los resultados de los primeros ocho meses de 1995 muestran que el programa para superar la emergencia adoptado logró restringir el impacto inflacionario de la devaluación, restablecer la estabilidad de los mercados financieros y corregir el desequilibrio de las cuentas con el exterior.

Los priístas somos los primeros en reconocer que el costo social ha sido enorme. El sector real de la economía ha sufrido un deterioro severo, incluso más allá de lo previsto; se registran caídas históricas en la evolución de los sectores económicos, en el nivel de la producción, el empleo, el salario, la inversión y el consumo.

Pero también reconocemos la rapidez con que se estabilizaron los mercados financieros; en efecto, la inflación que alcanzó 8% en el mes de abril, registró menos de 2% en agosto, el tipo de cambio que por momentos rebasó los ocho pesos por dólar, se ha estabilizado en poco más de seis y las tasas de interés que apenas hace unos meses superaron el 100% ahora se ubican en alrededor del 35%.

Por ello es posible esperar antes de que termine este año una reactivación del aparato productivo porque además el mayor dinamismo del gasto público en la última parte del año alentará estas expectativas.

Existe consenso entre la diputación priísta en que están sentadas las bases para esperar una recuperación sostenida que se traduzca, como lo establece el propio Plan Nacional de Desarrollo, en el tránsito de la emergencia a un crecimiento vigoroso y sustentable que promueva la creación de empleos y la concomitante distribución del ingreso.

Con base en lo anterior los diputados priístas, en un marco de respeto a la división y competencia entre poderes y órdenes de Gobierno, nos pronunciamos por lo siguiente:

Primero. Favorecer las iniciativas que tengan como prioridad el crecimiento económico con acciones concretas como, por ejemplo, con la creación del fondo de inversión e infraestructura se generarán obras, obras públicas y empleos.

Segundo. Impulsar un programa que active a la micro, pequeña y mediana empresa a través de medidas de apoyo administrativo, financiero y tributario, que les permitan superar la emergencia económica y consolidar su importancia en la ocupación y aprovechamiento de insumos nacionales.

Asimismo nos pronunciamos por una política de incremento a la producción, la productividad y la rentabildiad en el campo mexicano.

Tercero. Impulsar el avance en la desregulación a un ritmo que permita alentar el desarrollo de las empresas y disminuir sus costos.

Cuarto. Fortalecer y ampliar la inversión en infraestructura, particularmente en el sector energético, comunicaciones y transportes y desarrollo urbano, con el fin de acelerar el proceso de cambio estructural y mejorar las condiciones de competitividad del aparato productivo.

Quinto. En las circunstancias actuales la fracción priísta no aprobará ningún aumento a las tasas impositivas sino que promoverá la ampliación de la base gravable para disponer de una sólida fuente de ingresos participables a estados y municipios. Asimismo promoveremos una iniciativa que ofrezca un marco institucional con equidad, sencillez, certidumbre y seguridad al régimen tributario.

Sexto. Enriquecer el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y para ello habremos de citar a los ejecutores del gasto de las diversas dependencias y entidades para que nos den cuenta y nos determinen los criterios y normas que aseguren la racionalidad, la disciplina y transparencia del gasto público. Tenemos que garantizar que los recursos que con tanto esfuerzo se generan en el país, sean gastados en programas prioritarios y en proyectos bien evaluados.

Séptimo. Compartimos la voluntad del Ejecutivo para fortalecer las labores de fiscalización en la administración pública.

Por tanto, nos proponemos trabajar conjuntamente con él y con todas las fuerzas políticas dispuestas a avanzar con responsabilidad y seriedad en este sentido para fortalecer y ampliar las funciones de fiscalización que como Poder Legislativo nos asigna la Constitución.

Octavo. Se hace indispensable una mejor y más oportuna coordinación entre Federación, estados y municipios. La iniciativa que revisaremos para descentralizar distintos rubros de gasto requiere del impulso de un sistema equilibrado de coordinación hacendaria entre los distintos órdenes de gobierno.

Noveno. Coincidimos con el titular del Ejecutivo en que para crecer y evitar la recurrencia de la crisis es necesario aumentar el ahorro interno, por lo que apoyaremos las medidas tendientes a elevarlo, en particular el de los trabajadores y las clases populares.

Décimo. Exigir un mejor desempeño del sistema financiero con el fin de reducir los márgenes de intermediación. Para vigilar la transparencia del sistema, el nuevo marco regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ser un instrumento fundamental para asegurar su buena marcha e imponer las sanciones procedentes.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, en el informe queda claro que el mejor programa económico no es le que está en el papel sino el que es pertinente, realista y sobre todo tiene éxito en su ejecución.

Del mismo documento que hoy discutimos se desprenden argumentos y pruebas de que la mejor opción para superar la crisis es la que se está siguiendo.

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional reconoce que en el mundo existen restricciones; conscientes de ella, exigimos retomar la ruta del crecimiento con una política económica que propicie la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

Muchas gracias.

«Posición de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional en el análisis económico del I Informe del Presidente de la República.

Conforme lo establece el marco legal vigente, el Ejecutivo Federal entregó por escrito el informe sobre la situación que guarda la administración pública federal. Toca al Congreso de la Unión realizar el análisis correspondiente, para lo cual, en una primera instancia se llevaron a cabo reuniones en conferencia, con cinco secretarios de despacho, de las comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas cámaras y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con el fin de ampliar la información e intercambiar puntos de vista respecto al apartado sobre desarrollo económico, infraestructura y políticas sectoriales, del I Informe de Gobierno. Con el debate ante el pleno de la Cámara que el día de hoy se lleva a efecto, se cumple a cabalidad con el mandato constitucional de informar a la sociedad sobre los programas y proyectos que promueve y lleva a cabo el Gobierno en su conjunto.

Los legisladores priístas estamos conscientes de la gravedad de la situación que vivió el país durante el inicio de esta administración. La magnitud e intensidad de la crisis sorprendió a propios y a extraños, provocando desaliento, incertidumbre y la pérdida de las expectativas de crecimiento.

Hubo necesidad de hacerle frente con decisiones extremadamente costosas. Estaba en juego el enorme esfuerzo realizado, durante más de una década, para transformar el aparato productivo nacional y hacerlo generador de mejores oportunidades, en un mundo global y competitivo. Las opciones presentadas por otros partidos políticos, no eran tales. Por un lado se proponía la renegociación de la deuda y de hecho cerrar la economía e incrementar la presencia del gasto de gobierno para salir de la crisis. Otras fuerzas políticas basan su crítica en el hecho de que el Gobierno no realiza ningún esfuerzo y sí la sociedad. Los hechos han demostrado un ajuste severo al gasto y una política seria y que va al fondo y no populista y superficial. Con base en esa postura capitalizaron a su favor decisiones de política necesarias pero fáciles de presentar a la opinión pública como antipopulares.

Ante esto, los resultados de los primeros ocho meses de 1995 muestran que el prograrna para superar la emergencia adoptado, logró limitar el impacto inflacionario de la devaluación, restablecer la estabilidad de los mercados financieros y corregir el desequilibrio de las cuentas con el exterior.

Sin embargo el costo social ha sido enorme. El sector real de la economía ha sufrido un deterioro severo, incluso más allá de lo previsto. Se registran caídas históricas en la evolución de los sectores económicos en el nivel de la producción, el empleo, el salario, la inversión y el consumo. De hecho se registraron las caídas más severas en términos de empleo y de producto desde que se tienen registros.

Es claro que los efectos del programa sobre las variables reales de la economía no tienen precedente; no obstante, la rapidez de la corrección observada en las variables monetarias y financieras hace previsible la recuperación en el corto plazo.

La inflación que alcanzó 8.0% en el mes de abril, registró menos de 2.0% en agosto; el tipo de cambio que por momentos rebasó los ocho pesos por dólar, se ha estabilizado en poco más de seis y las tasas de interés que apenas hace unos meses superaron el 100%, ahora se ubican en alrededor del 35%.

Con la estabilización de los mercados financieros, que fue donde primero se manifestó la crisis, es posible esperar, antes de que termine 1995, una reactivación del aparato productivo. Sin duda el mayor dinamismo del gasto público en esta última parte del año, alentará estas expectativas.

Existe consenso entre la diputación priísta en que están sentadas las bases para esperar una recuperación, sostenida que se traduzca en crecimiento y en creación de empleos, sólo de esa manera estaremos en posibilidad de avanzar hacia una distribución del ingreso más justa y equitativa. El cumplir esta demanda es imperativo, los priístas y la sociedad toda confiamos en que la estrategia propuesta pronto dará resultados en el sentido señalado.

Asimismo, coincidimos con el Ejecutivo en lo que establece en el Plan Nacional de Desarrollo 19952000, cuando afirma: "el objetivo estratégico, fundamental..." "es promover un crecimiento económico vigoroso y sustentable..." Una tasa de crecimiento económico elevada es condición esencial para impulsar el desarrollo del país en todos sus aspectos. "El crecimiento económico es indispensable para que la población tenga un empleo bien remunerado, niveles de bienestar crecientes..." La mayor urgencia de alcanzar un crecimiento económico dinámico y sostenido proviene de la necesidad de generar los empleos que demanda el incremento de la población económicamente activa.

Con base en lo anterior los diputados priístas, en un marco de respeto a la división y competencia entre poderes y órdenes de gobierno proponemos:

1. Política de crecimiento sustentable y sostenido Crecimiento. Favorecer las iniciativas que tengan como prioridad el crecimiento económico con acciones concretas, como la creación del fondo de inversión en infraestructura que generará obras públicas y empleos, así como aquellas que tiendan a mejorar la distribución del ingreso.

Conscientes de la evolución favorable que se registra en el sector externo; se requiere un programa que active a la micro, pequeña y mediana empresas a través de medidas de apoyo administrativo, financiero y tributario; que les permitan superar la emergencia económica y consolidar su importancia en la ocupación y aprovechamiento de insumos nacionales. Se debe buscar la promoción de una cultura integral de exportación, con incentivos transparentes y viables, que logre incorporar a un mayor número de empresas a este esfuerzo.

Se debe avanzar en una política industrial que aliente la creación y explotación de nuevas ventajas competitivas y sin que esté por arriba de la iniciativa individual, haga que el Estado cumpla con la función de promoción y de fomento de la industria nacional buscando que sea competitiva en el exterior y en el mismo mercado nacional. En este sentido, resulta de la mayor importancia el equilibrio adecuado de nuestras relaciones económicas con el exterior.

Aún cuando el nivel de abasto ha mantenido niveles aceptables es necesario reforzar el programa para que puedan mantenerse y aún abatirse los precios de los productos de la canasta básica.

En síntesis, se debe promover el establecimiento de políticas sectoriales de mediano plazo, que tengan como objetivo la competitividad integral de la economía mexicana y el logro de prioridades nacionales.

Impulsar el avance en la desregulación a un ritmo que permita alentar el desarrollo de las empresas, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas, que son las más importantes generadoras de empleo. Con la desregulación se debe alentar la reducción sustancial de costos para las empresas.

Coincidimos en que México es un país que cuenta con suficientes recursos energéticos para hacer frente a un proceso de crecimiento sostenido. Por tanto, las reformas legales aprobadas actualizan y proyectan al sector energético como el garante de dotar al país de la energía limpia necesaria para volver a crecer. La participación de la iniciativa privada en el sector debe atenerse a lo establecido en la ley y ser fiscalizada por la sociedad.

Después de las reformas legales para impulsar la inversión en puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, aviación civil y transporte, este sector se convierte en uno de los ejes en los que se basará la recuperación de la economía. Como se ha establecido con el Ejecutivo, esta Cámara permanecerá atenta a la elaboración de reglamentos y al otorgamiento de concesiones.

2. Política fiscal y federalismo

Dada la situación actual, la fracción priísta no aprobará ningún aumento a las tasas impositivas, sino que promoverá la ampliación de la base gravable, para disponer de una sólida fuente de ingresos participables a estados y municipios. Asimismo, promoveremos una iniciativa que ofrezca un marco institucional con equidad, sencillez, certidumbre y seguridad al régimen tributario en beneficio de los contribuyentes.

Con el fin de enriquecer el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 1996, habremos de citar a los ejecutores del gasto de las diversas dependencias y entidades para que nos den cuenta y nos determinen los criterios y normas que aseguren la racionalidad, la disciplina y la transparencia del gasto público. Como parte integrante de los poderes de la Unión no podemos permitir que los recursos que con tanto esfuerzo se generan en el país sean gastados en programas no prioritarios o bien en proyectos que no estén bien evaluados.

Por otra parte se reconoce que el nivel de deuda del Gobierno mexicano es manejable tanto en términos de su participación en el producto, como en lo que hace a lo que representa el pago de intereses del total de las exportaciones.

Compartimos la voluntad del Ejecutivo para fortalecer las labores de fiscalización en la administración pública. Coincidimos en el hecho de que lo fundamental es la credibilidad de la sociedad hacia los órganos de fiscalización superior. Por tanto, trabajaremos conjuntamente para fortalecer y ampliar las funciones de fiscalización, que como Poder Legislativo nos asigna la Constitución.

Con espíritu republicano, en el marco del nuevo federalismo, se hace indispensable una mejor y más oportuna coordinación entre Federación, estados y municipios. Lo anterior se vislumbra como prioridad en virtud de que el fortalecimiento de las regiones es un proceso en marcha, que sin duda debe atender tiempos y procesos que no tienen reversa. La iniciativa que revisaremos para descentralizar distintos rubros de gasto, requiere del impulso de un sistema equilibrado de coordinación hacendaria entre las distintas órdenes de gobierno. Sin embargo un aspecto central lo constituye la necesidad de fiscalizar el ejercicio de los recursos presupuestales, por lo que habrá que dejar bien claro qué orden de gobierno va a llevar a cabo esta tarea. Asimismo, se tendrá que evaluar tanto la equidad y la distribución del fondo de participaciones como las potestades tributarias de los estados de la Federación.

3. Financiamiento del desarrollo nacional

Coincidimos con el titular del Ejecutivo en que para crecer y evitar la recurrencia de las crisis es necesario aumentar el ahorro interno, por lo que apoyaremos las medidas tendientes a elevarlo, en particular el de los trabajadores y las clases populares. Nos pronunciamos por un ambiente macroeconómico estable que lo propicie, dé certidumbre a la inversión y se refleje en la microeconomía.

Exigir un mejor desempeño del sistema financiero con el fin de reducir los márgenes de intermediación que, en el mejor de los casos, sólo cubren ineficiencias. El sector financiero debe ser el más responsable de todos, porque tiene bajo su responsabilidad la administración del ahorro nacional. Para vigilar la transparencia del sistema, el nuevo marco regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ser un instrumento fundamental para asegurar su buena marcha e imponer las sanciones procedentes.

4. Desarrollo rural integral

Se reclama la urgencia de fortalecer el campo mexicano, en la búsqueda de una política de desarrollo rural integral, compromiso asumido por el titular del Ejecutivo. De ahí nuestra exigencia de una política que incremente la producción, la productividad y rentabilidad financiera para mejorar las condiciones de vida del sector campesino, a donde se concentra la mayor parte de los grupos marginados del país. Para tal fin, deberá revisarse e incrementarse: la infraestructura básica productiva, los apoyos tecnológicos y financieros, mejorando su distribución geográfica. Por ello se enfatiza la necesidad de impulsar la organización de productores y la capacitación. Asimismo, deberán reforzarse los mecanismos de financiamiento la reducción de su costo, así como el establecimiento de una política que resuelva de fondo el problema de la cartera vencida.

El programa económico en sus líneas generales y los aspectos sectoriales que le dan sustento habrán de contribuir a transitar de la emergencia el crecimiento y a recuperar los niveles de empleo y bienestar que la nación demanda. Los diputados priístas estamos ciertos de que los tiempos de hoy no son los de la reconstrucción del pasado, sino los de la construcción del futuro, con ese empeño estamos comprometidos. Asimismo, daremos seguimiento puntual a las variables económicas con el fin de detectar a tiempo desviaciones y recomendar lo conducente para corregirlas; estamos convencidos que como sociedad debemos trabajar para dar equidad, continuidad y certidumbre a la política económica.

CONSIDERACIONES FINALES

Como legisladores, los priístas actuaremos con responsabilidad en el análisis y discusión de propuestas que permitan transitar de la estabilización al crecimiento. Esta demanda no puede ser postergada. Existe una generación de mexicanos que aprendió a vivir con la palabra crisis y, ahora, esa misma generación reclama una economía que tenga un crecimiento sostenido, sustentable y justo.

Hoy los mexicanos demandan empleo digno, bienes y servicios de calidad, seguridad, educación y salud. También exigen conservar nuestro patrimonio de recursos naturales, una mayor atención al campo y una política industrial y comercial orientadas a fomentar la productividad y la competitividad de los sectores nacionales.

Es necesario promover nuevamente la generación de empleos y adoptar las medidas que permitan la recuperación gradual del poder adquisitivo. Igualmente reactivar el campo mexicano aumentando su productividad mediante el uso de mejores recursos en tecnología elevando el ingreso y las oportunidades de los productores agrícolas y ganaderos. El esfuerzo de la nación debe basarse en el aprovechamiento integral y eficiente de los recursos en infraestructura, energéticos y naturales en beneficio de la estrategia nacional de desarrollo. Será tarea de todos construir un nuevo federalismo.

Sin desconocer nuestros principios, sin desconocer nuestra historia, los priístas impulsamos un desarrollo que incluya a todos los mexicanos, con una política económica que propicie el crecimiento y la igualdad de oportunidades.

Sólo así construiremos una nación más soberana.»

La Presidenta:

Esta Presidencia quiere informar que se han agotado la lista de oradores para fijar posición y que los grupos parlamentarios han inscrito para el tema de política económica, a los siguientes diputados: por el Partido del Trabajo, Joaquín Humberto Vela González y Eduardo Guzmán; por el Partido de la Revolución Democrática, Tonatiuh Bravo Padilla, Ifigenia Martínez, Francisco Curi y Carlota Botey; por el Partido Acción Nacional, Manuel Beristáin, Gabriel Llamas, Juan Carlos Hernández, José Luis Galeazzi, David Vargas y Jorge Ocejo; por el Partido Revolucionario Institucional, se han inscrito Salvador Mikel, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Oscar Levín Coppel, Alfonso Molina Ruibal, Ricardo Menéndez y Haces, Sara Esther Muza, Jaime Arceo, Tomás Baños Baños, Francisco Suárez y Dávila y habrán de presentar otro adicional a esta lista para completar los diputados del Partido Revolucionario Institucional.

Asimismo ha pedido hacer uso de la palabra en este tema el diputado Luis Sánchez Aguilar, por lo tanto esta Presidencia irá intercalando los oradores de acuerdo al acuerdo parlamentario, éstos tendrán el uso de la palabra por siete minutos y para rectificar hechos cinco minutos.

Tiene pues, el uso de la palabra, Eduardo Guzmán, del Partido del Trabajo.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Compañeras y compañeros legisladores:

Como en el informe del presidente Zedillo y en las comparecencias de los secretarios de Estado, hoy volvemos a escuchar que en este país sustancialmente todo está bien y que sólo hay pocas cosas que cambiar. Que la ruta que se ha impuesto para enfrentar la crisis económica y sacar al país de la crisis es sustancialmente correcto y que por lo tanto, como acabamos de escuchar una vez más, modificando algunas cuestiones de forma podemos tener un futuro promisorio para el conjunto de los mexicanos.

Creemos que los hechos demuestran que esto no es así, que no sólo son los errores de diciembre, sino son los errores de décadas y en particular los de los últimos tres sexenios y por supuesto los que hoy incurre el presente los que han llevado a esta situación de serio deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de los mexicanos.

Hay pues responsabilidades que deben de asumirse y evaluarse y que hoy en día y desde hace ya 15 días, no hemos escuchado. No se pretende cambiar el rumbo en lo sustancial, sino se pretende, se quiere seguir imponiendo a la mayoría de los mexicanos un camino que ha demostrado su ineficiencia y que ha demostrado sobre todo que perjudica a la mayoría de los mexicanos.

¿Qué si no son 800 mil o 2 millones, ya no sabemos, según los datos oficiales, de mexicanos sin empleo en lo que va de diciembre a la fecha? ¿Qué si no son los más de 22 millones de mexicanos de la población económicamente activa que se tienen que desarrollar en circunstancias y actividades informales? ¿Qué si no es la caída de más del 7% del salario promedio en estos meses o la caída de más del 15% del salario mínimo de los mexicanos, o el acumulado de 82% a la fecha en este rubro que ya llega a más del 60%?

¿Qué si no son los resultados de esta política económica que ha llevado a invertir los términos de la relación trabajo-capital, que hacia 1976-1977 era del 45% para el trabajo y 55% del capital y hoy nos encontramos en un 26-74, por cierto de un producto que poco ha crecido y que durante una década prácticamente no se movió y que se distribuye entre cada vez más trabajadores mexicanos.

Estos son: sólo unos pocos datos de la situación que hoy vivimos, sólo necesitamos salir a la calle para constatarla, en cada esquina de esta ciudad y de muchas ciudades o en el campo en donde las condiciones de miseria son realmente alarmantes.

Y en contraste ¿qué se hace? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las acciones del Gobierno concretas, programas asistenciales mínimos de empleo marginal, de becas, de desayunos escolares, de apoyos relativos?, pero a la banca de este país se le han dado apoyos por más de 6 mil millones de dólares en este mismo lapso.

Se mantiene un superávit o se pretende mantener un superávit de las finanzas públicas del 4.4%, con los ingresos de los trabajadores de este país; se aumentó el IVA en 50% y las consecuencias las hemos visto; se han pagado los Tesobonos al doble de lo que se compraron, ¿a quiénes?, a quienes tuvieron dinero para comprarlos.

Creemos por tanto que la reflexión que debe sacarse de este informe y ahora que se discutan los otros aspectos de la política económica con el presupuesto y con la cuenta pública, que se debe de reflexionar, y así lo planteamos, que sí hay otras alternativas, que sí hay otras propuestas, que no es cierto, que es falso que el único camino para enfrentar la crisis es el que hoy se ha impuesto a la mayoría de los mexicanos.

Nosotros y los otros partidos de oposición hemos hecho propuestas, no hemos sido escuchados, no se ha escuchado el reclamo de la población, que es aún más importante y llamamos a que se reflexione en este sentido, llamamos a que los corresponsables de esta política, la bancada priísta, responda a las preguntas que no respondieron los secretarios de Estado y que siguen en el tapete de la discusión.

En suma, llamamos a que se reflexione y que hoy debemos asumir acciones concretas e importantes para atacar a los especuladores, para poner en orden a la banca, para mantener medidas impositivas hacia aquellos que han explotado y que han usufructuado la crisis y de la cual se han vuelto supermillonarios; que vayamos a concretar acciones contra estos famosos 100 supermillonarios mexicanos que con la devaluación bajaron de nivel, pero no de vida, por supuesto y que por último, creemos que es coherente, lo demandamos porque lo demanda el pueblo de México, que haya respuestas hoy, no en los próximos cinco años o en los 10 años, para sus demandas de empleo, salud, trabajo y mejoramiento de vida.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:

Con su permiso, señora Presidenta.

Lamento que se haya llegado al acuerdo de intervenciones de siete minutos por diputado para analizar la compleja situación económica por la que atraviesa nuestro país.

Quisiera referirme al principio del informe presidencial, en lo que corresponde al modelo económico: producción, empleo y salarios, de manera muy breve.

Con el propósito de ayudar visualmente a esta intervención hemos distribuido una copia que yo les pediría a todos ustedes, respetuosamente, pudieran seguir con el propósito de contribuir a en siete minutos hacer el análisis correspondiente.

La concepción de la crisis y el modelo económico. En el informe no se expresa una clara conciencia de la profundidad y el verdadero carácter de la crisis que vive la economía nacional. Parece que el drama económico que padece la sociedad mexicana es sólo un tropezón de un modelo económico que sigue siendo lo mejor para el país y que el Gobierno, con firme decisión, seguirá impulsando.

El desplome de la producción, la caída de ventas, la contracción en la utilización de la capacidad instalada, el descenso de los márgenes de utilidad, la disminución en la inversión y el empleo, el debilitamiento de la demanda de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo del salario, representan sólo un bache que pronto será superado según lo expresado en el Primer Informe del presidente Zedillo.

Como no se analiza ni se evalúa la crisis financiera de diciembre como parte de la evolución del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 12 años, aportaré algunos elementos objetivos para demostrar los pésimos resultados de este modelo en México, a partir de los siguientes parámetros: la producción, el empleo, los salarios, la dinámica de los precios y las cuentas con el exterior.

Primero la producción. Como ustedes podrán observar en la gráfica que está en la página número 2, durante los anteriores periodos de Gobierno, empezando por el de Lázaro Cárdenas, se creció a un promedio del 5%, posteriormente a un 7.1%, después al 6.6%, después al 7.5%, al 7.9% y al 8.1%, terminando con un 7.1% y un 7.0%.

De manera muy gráfica vemos cómo en los tres últimos periodos aun con las mejores estimaciones de organismos financieros internacionales, las posibilidades del crecimiento del PIB son muy inferiores a las de los años anteriores.

Si nos pasamos a la página número 3, en el último párrafo, podemos decir nosotros, que en los 12 años de modelo neoliberal, anteriores al modelo neoliberal, es decir de 1970 a 1982, el PIB creció a una tasa promedio anual del 6.2%; durante el docenio 1982-1994 el incremento promedio anual es de sólo 1.5%. Esto es en lo que se refiere al crecimiento del producto interno bruto.

En lo que corresponde al empleo, podemos decir que en el informe presidencial se reconoce que el desempleo abierto se incrementó al doble durante el primer semestre del año, respecto al que había en diciembre pasado.

Nuevamente estamos sólo ante la manifestación más aguda de una larga tendencia al crecimiento del desempleo que caracteriza a este modelo.

Si nos vamos a la gráfica de la página 4, vemos que entre 1970 y 1982 la ocupación creció casi al doble, de 12 mil 955 empleos, a 21 mil 483 en cifras de miles, sin embargo de 1982 a 1994, sólo se creció de 21 mil a 22 mil 900.

Yéndonos a la tasa media del crecimiento es muy sencillo comparar cómo en un docenio se crece al 4.3% y en el otro al 0.5%, en tanto la demanda de empleo anual es de 1 millón 200 mil empleos anuales.

Si nos vamos a la página número 5, en el último párrafo dice: estos datos de desempleo son ya en sí mismo alarmantes, sobre todo si consideramos que las salidas son cada vez más estrechas.

Además de la economía informal, otra válvula de escape al problema del desempleo lo constituyó la migración de un número considerable de mexicanos, principalmente al vecino país del norte. Aunque no es fácil cuantificar este fenómeno, se calcula que entre 1983 y 1992, 10.4 millones de jóvenes no encontraron empleos remunerados y alrededor de un tercio de ellos emigraron de manera ilegal a los Estados Unidos de América.

Hoy las válvulas han llegado a su límite, la migración está fuertemente constreñida y el crecimiento de la economía informal se ha desbordado.

Si pasamos al tema de los salarios lo menos novedoso del informe es precisamente la caída del poder adquisitivo de los salarios, que se registra durante lo que va del año. Una reducción adicional de más del 25% si comparamos los aumentos nominales con el incremento en el precio de la canasta básica.

El carácter inherente de largo plazo de la política de reducción salarial es propia de los últimos años y se observa claramente en la tabla de la página número 7, en donde haciendo una comparación de 1982 a 1993 prácticamente todos los salarios han disminuido desde el punto de vista real.

Si vamos a la página número 8 y hacemos un breve análisis de los precios, nos encontramos nuevamente con la inflación. Durante el primer semestre el nivel general de precios se elevó en 37.7%, rebasando con mucho lo programado, ya que casi alcanza el nivel previsto para fines del año. Nuevamente estamos en los dos dígitos con la amenaza de acercarnos a los tres. Ello demuestra que el control definitivo de la inflación que aparentemente se había logrado con las políticas de ajuste y cambio estructural del modelo es otro de los llamados mitos geniales.

Es cierto que entre 1987 y 1994 se logró lo que parecía el mayor logro del modelo: haber reducido la tasa inflacionaria de tres a un dígito, pero el resultado ha sido doblemente engañoso. En primer lugar este objetivo se logró mediante un férreo control administrativo de algunos precios clave, especialmente los salarios y el dólar. Es decir, el tipo de cambio como ancla.

Ambas medidas de control han tenido efectos muy negativos para el cumplimiento de otros objetivos macroeconómicos.

En segundo lugar la estabilidad no se pudo mantener. Al final del 1994 se rompe el control y nuevamente se dispara el proceso inflacionario.

En la página número 9 tenemos el cuadro número 5, para comparar la evolución de la inflación y ver cómo en los últimos 12 años no hemos tenido una gran ventaja en lo que al promedio anual de crecimiento de precios se refiere.

En torno al desequilibrio externo tenemos nosotros en la página 11 lo que se refiere a la evolución del sector externo y al desequilibrio en saldo de cuenta corriente en la balanza comercial y en la balanza de servicios y transferencias factoriales.

Por último quisiera referirme al punto expresado en la página número 12. Hay cifras que no se mencionan en el informe presidencial y me parece importantísimo aludirlas.

La planta industrial trabaja al 50% de su capacidad, 17% menos que el año pasado. La inversión privada ha caído en un 46%; hay contracción del 70% en 35 ramas vinculadas a la construcción. Dos de cada tres empresas mexicanas que eran consideradas entre las 200 más importantes de los mercados emergentes perdieron su posición; de 30 sólo quedan nueve.seis mil 300 establecimientos documentados pertenecientes al sector industrial cerraron en el primer semestre de 1995. El desempleo afecta a más de 13 millones de mexicanos, de los cuales 2 millones se incorporaron sólo en el primer semestre de 1995. Subsisten 20 millones de mexicanos del sector informal de la economía; sólo 42.96%, es decir, menos de 15 millones de la población económicamente activa obtiene sus ingresos de las empresas formales. La economía subterránea ha crecido en 10.9% en los últimos tres años.

Conclusiones. Los componentes estructurales de la crisis iniciada en diciembre no han sido corregidos y mucho menos se ha presentado un programa bien constituido para hacerles frente.

En este contexto la economía mexicana sigue siendo fuertemente vulnerable a ataques especulativos, a la vez que no se cuenta con los recursos ni los mecanismos para enfrentar los cambios financieros que se están generando en el exterior.

Uno de los principales problemas es la falta de formulación de una política industrial que sea complementaria de un programa de fomento a las exportaciones, condición necesaria en el contexto de una economía abierta.

Yo pregunto: ¿se podrá crecer al 5% del PIB, como lo señala el presidente Zedillo, cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público reconoce que sólo por amortización y pago de intereses de la deuda externa pagaremos en este año el equivalente al 4% del PIB y calculando un 2% promedio de crecimiento de la población? Tendríamos que crecer nominalmente al 9%, a fin de pagar la deuda externa y crecer en términos reales al 5% o más, si tomamos en consideración el crecimiento promedio de la población.

No se trata de volver al pasado ni de restaurar programas populistas o desarrollistas, se trata simplemente de romper con la concepción de que el modelo económico funciona todo o no funciona, desechar lo inoperante e instrumentar los cambios necesarios para reencauzar el crecimiento y el desarrollo nacional.

Hacer a un lado la idea de que en lo económico sólo decide el Presidente de la República y entender que tenemos que rearticular el pacto social para consensar un nuevo proyecto por el que trabajemos juntos todos los mexicanos.

La economía se ha convertido en la principal variable de la política y la política en la principal variable de la economía.

Muchas gracias.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova (desde su curul):

Ciudadana Presidenta, pido la palabra para rectificar hechos.

La Presidenta:

Tiene usted la palabra para rectificar hechos, cinco minutos.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Gracias, ciudadana Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Pedí el uso de la palabra en esta tribuna porque sólo deseo expresar y dirigirme a los coordinadores de las fracciones, ya que con el formato que acordaron y el acuerdo parlamentario para discutir la glosa, han matado la fuerza del debate que teníamos que dar. Esto va en contra del mismo Congreso y en contra de nosotros mismos.

Con esta frialdad que estamos discutiendo, este Congreso pareciera que está muerto, el país se está muriendo en el inmovilismo y siento que hemos decidido eludir el debate franco.

Los secretarios debieron de haber venido en todo caso a este pleno y defender sus posiciones.

Con este formato ni nos vemos ni nos oímos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Disculpen, pero es mi percepción y deseo manifestar sólo mi desacuerdo. Esta inconformidad no tiene nada qué ver con los oradores que se han preparado para esta discusión. Creo que éste es un asunto de fondo y de forma y que debería ser corregido.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Ricardo Menéndez y Haces.

El diputado Ricardo Menéndez y Haces:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores.

Para ninguno de nosotros es ajena la difícil situación que el país pasa, que todos pasamos. Sin embargo es justo recordar que los mercados financieros se están recuperando.

Propios y extraños suponían que para poner en orden las finanzas públicas se requeriría de varios años, sin embargo las decisiones y medidas tomadas oportunamente, hicieron que en pocos meses se sanearan.

Hemos reestructurado nuestro pasivo de corto plazo por obligaciones a 11, 24 y hasta 34 años, lo que permite una programación de pagos que se puede hacer.

Debo recordar que hace 13 años el servicio de la deuda era igual al 32.4% de las exportaciones totales, hoy se espera del orden de la tercera parte de lo pagado en 1982.

Entre 1980 y 1982 las exportaciones nacionales guardaban la siguiente proporción: 90% petrolera y 10% no petrolera. Hoy la proporción es exactamente la contraria: 10% exportación petrolera y 90% no petrolera.

Aunque también es justo reconocer que se han ordenado las finanzas, aunque no sucede lo mismo con la planta productiva y mucho menos con las familiares.

Los dos retos más importantes que enfrentamos desde ahora y en el futuro próximo, son el desempleo y la reactivación económica, así como el endeudamiento de las empresas y de las familias.

El INEGI reporta que la tasa de desempleo para 1994 fue del 3.7%; que en junio de este año fue 6.6 y aunque es cifra muy similar a la de mayo, se siente ya una tendencia a la estabilización.

Como resultado de los programas emprendidos a partir del 1o. de septiembre, en el país se han creado 700 mil empleos con recursos públicos. No debe olvidarse que se ha destinado para ello 1 mil millones de dolares, mitad obtenidos del BID y otra mitad del Banco Mundial.

Por lo que concierne a la industria maquiladora de exportación, ésta se ha colocado como una gran generadora de empleo. La ocupación de este sector en los últimos 10 años casi ha triplicado su captación de mano de obra, pasando de 211 mil 968 empleos promedio en 1985 a 614 mil 025 promedio en abril de 1995, creciendo año con año constante y consistentemente.

Para garantizar la solvencia del sistema bancario así como para aliviar la carga financiera de familias y empresas, se ha puesto en práctica el Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (ADE), que promueve la reestructura de carteras, la disminución de las tasas activas de interés aplicables y una tregua judicial. Sin embargo aún hay que idear otros mecanismos de solución, pues el ADE no será suficiente.

Los diputados priístas estamos trabajando para lograr la reordenación de las carteras vencidas de deudores mayores. Es urgente reordenar los pasivos de las empresas pequeñas y medianas porque sólo así se podrá abatir el desempleo.

Para caminar hacia el desarrollo y el bienestar económico se requiere de un esfuerzo sostenido de inversión en capital físico y humano, para lograr eficiencia, productividad y competitividad.

Un marco regulatorio apropiado contribuye a lograr las ventajas competitivas que buscamos.

Un marco regulatorio que no debe obstruir o entorpecer la capacidad productiva de los particulares sino por el contrario promoverlo.

Asumo que es necesario un marco fiscal que imprima sencillez y seguridad a los contribuyentes.

Durante el primer semestre del presente año el PIB registró una caída del 5.8% comparado con el mismo semestre de 1994, en el sector manufacturero sólo tres divisiones crecieron, mientras que en seis se disminuyó la producción. Sin embargo el desempeño favorable de las exportaciones, atenuó los efectos negativos de la producción causados por la disminución en la demanda interna, al incrementarse el valor de las ventas al exterior en 31.6% respecto del mismo periodo del año anterior.

Yo represento a empresarios exportadores que a pesar de la crisis han podido desarrollarse favorablemente. Es importante resaltar que cada día más empresas mexicanas se integran a la enorme familia exportadora, hoy son más de 16 mil empresas exportadoras, cuando en 1982 no llegaban a 300 las dedicadas a esta actividad tan importante para el país.

Es sólo así, generando las divisas que tanto necesitamos para nuestro desarrollo, como los exportadores contribuimos a que nuestra patria salga adelante.

El reto es crear más y más empresas exportadoras permanentes, así como exportadores indirectos, estos últimos grandes generadores de empleo.

Nadie, ni los mexicanos más optimistas, hubieran creído que México es capaz de exportar en 1995 más de 80 mil millones de dólares. Las exportaciones de 1995 son tres veces más grandes que hace 10 años.

México ha dejado de ser un exportador de excedentes. Hoy producimos para exportar. El Acuerdo de Complementación Económica con Chile; el TLC con Estados Unidos y Canadá; con Costa Rica, con Bolivia, el G-3 con Colombia y Venezuela, son un gran apoyo. Sin estas negociaciones no hubiera sido posible obtener el éxito que se está logrando en nuestras exportaciones.

Para seguir creciendo en la misma medida será necesario nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea, el Grupo Andino, el Mercomún centroamericano, Asia y Oceanía.

En México el 78% de los empleos se genera en el 99% de los establecimientos que corresponden a micros, pequeñas y medianas empresas. La caída del consumo y de la inversión ya tocó fondo en la mayoría de los sectores; en algunos ya se siente una muy leve mejoría. Estamos sentando las bases para fortalecer a nuestro país en el concierto internacional. Es tiempo de trabajar mucho y con mucho empeño, es tiempo de calibrar nuestras fortalezas y reducir nuestras debilidades.

Una condición esencial para que México logre un crecimiento sano y sostenido es que cuente con infraestructura adecuada y suficiente en materia de comunicaciones y transportes. A pesar del esfuerzo de varias generaciones existen en nuestro país rezagos importantes. Es indispensable la ampliación de su cobertura y la modernización de los servicios que se prestan en materia de carreteras, en ferrocarriles, en puertos, en aeropuertos, en modos de transporte, en la operación del autotransporte y de las líneas aéreas.

Es preciso extender la cobertura de telecomunicaciones para responder a los retos que plantea el desarrollo. Se ha emprendido un profundo cambio en la concepción y estructura del sector y se impulsa un importante programa de desconcentración y descentralización de funciones, responsabilidades y recursos hacia las entidades federativas mediante la conformación de un nuevo marco institucional.

Durante el periodo 1995-2000 se estima que el turismo en el mundo crecerá a tasas superiores a las de las industrias petrolera y automotriz a nivel mundial. La pregunta es: ¿estamos listos nosotros para aprovecharlo? Hay mucho por hacer, tenemos que enfrentar el desafío de un mundo global y competitivo; algunos sectores ya lo han hecho. Es nuestro deber impulsar que todos lo hagan.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra por el Partido Acción Nacional, el diputado Manuel Beristáin Gómez.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Muchas gracias, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Las crisis en nuestro país se han presentado en forma recurrente y sexenal y tienen principalmente su origen en una falta de democracia, exceso de presidencialismo, nula experiencia fincada en las crisis económicas históricas de nuestro país y también a la implementación de programas económicos impuestos desde fuera y no de lo que realmente requiere nuestra economía nacional.

Las proyecciones de política económica hechas por el presidente Zedillo antes y después de la devaluación de diciembre pasado nos dan una idea de qué tan alejadas estaban de la realidad económica; en la actualidad prevalece esa misma sensación de que el Gobierno no sabe exactamente en qué momento de la crisis económica está parado. Las cifras iniciales de la política económica zedillista han sido tan cambiantes que hoy parecen que corresponden a otro país. Por ejemplo, el crecimiento económico se calculó antes del 4%, después de la crisis devaluatoria el 1.5% y en realidad tendremos en este año un decrecimiento de menos 6% o más por ciento del PIB.

Inflación: antes 4%, después 19% y concluiremos este año entre el 50% y el 57%; tasas de interés bancarias: antes el 11%, después el 24% y terminaremos en un promedio de alrededor del 52%.

Las políticas populistas, estatistas y neoliberales fueron diseñadas e implementadas por un pequeño grupo al margen de la opinión de los mexicanos, causando un grave perjuicio a las personas, familias, empresas y a la nación misma.

Tanto en el mensaje político del presidente Zedillo, como en su informe de gobierno, sostiene que el origen de la crisis se gestó a lo largo de varios años y que no pueden ser atribuidos a un solo hecho o a una determinada decisión política-económica.

Con esto, el Ejecutivo Federal acepta que la política económica ha sido errónea y no la más adecuada para nuestro país. Pero es grave que le preocupe más limpiar su imagen del llamado error de diciembre, que aceptar cabalmente que hoy como Presidente y antes como Secretario del gabinete económico de Salinas, sabía perfectamente que la economía estaba prendida de alfileres con una inversión extranjera especulativa de alto riesgo y a corto plazo, con el grave déficit de la balanza comercial, con el peso sobrevaluado y que faltó honestidad hacia el pueblo de México en el tiempo de su campaña como candidato, en el tiempo como presidente electo y en la misma toma de posesión como Presidente de nuestro país para denunciar estos graves hechos.

Los resultados de esta severa crisis, calificada como la más fuerte de la historia de nuestro país en los últimos 50 años, han sido muy dolorosos para todos los mexicanos sin excepción de alguno. Hemos visto cierres de fuentes de trabajo, desempleo, inflación, incremento de impuestos y servicios, deterioro del poder adquisitivo, endeudamiento creciente que ha hipotecado el patrimonio de familias y empresas.

El presidente Zedillo en su propio informe, cuando habla de política industrial afirma que el crecimiento económico sostenido sólo es posible cuando se cuenta con finanzas públicas sanas. Esta misma tesis fue manejada por Salinas, pero eso únicamente provocó holgura financiera para el Gobierno, pero asfixia y presión para la sociedad. Y hoy el Gobierno del presidente Zedillo intenta aplicar el mismo método, pero con una sociedad totalmente debilitada por los efectos de esta grave crisis que hoy sufrimos, de recesión e inflación con desempleo.

En el mismo texto del informe señala que las acciones para apoyar la industria será a través de tres vías:

Primera. Apoyo de las grandes empresas a las micro, pequeñas y medianas.

Segunda. Organización del empresariado en torno a sus instituciones para fomentar la capacitación.

Tercera. Mejoras tecnológicas y promoción del esquema de calidad total.

Pero estos renglones son meramente expectativas sin aterrizar en programas concretos que puedan ser viables y que hagan posible que lo que queda del aparato productivo, subsista y se generen nuevas fuentes de trabajo y por el contrario, hoy, las empresas están descapitalizadas con capacidad ociosa, con un grave endeudamiento, una demanda totalmente deprimida y una fuerte presión fiscal.

Y bajo este esquema, por ningún lado vemos que se pueda dar la reactivación económica. Sin embargo se argumenta que la recesión es el costo que hay que pagar para la estabilidad económica.

En el mensaje político del Ejecutivo menciona por lo menos 15 programas que se han puesto en marcha durante su gestión de gobierno, desde el programa de ajuste hasta el programa de alivio a deudores. Pero la realidad ha mostrado que han sido totalmente insuficientes y lejos de las necesidades reales que tratan de resolver.

La euforia del presidente Zedillo, por la aparente estabilización del tipo de cambio, el restablecimiento de la confianza de la inversión extranjera que ya hemos tocado fondo y que se espera un repunte en el cuarto trimestre de 1995, es sólo una visión parcial de todo el problema socio-económico y político que afecta a nuestro país.

Permítaseme establecer por analogía la teoría humoral que prevaleció en la orientación terapéutica durante varios siglos, inclusive el principio de este siglo. Según esta teoría había que eliminar los males humores para que el enfermo sanara; si se consideraba que la sangre estaba mala, habría que eliminarla mediante una sangría practicaba por un flebótomo; si no era suficiente entonces había que administrar un purgante y una dieta severa. A la luz de la medicina actual es claro que si la enfermedad no mataba al paciente, muy probablemente el tratamiento sí.

Encontramos una relación directa entre flebótomos y Tesobonos, que provocaron una grave sangría al país y que el programa económico altamente recesivo equivale a un purgante y dieta severa que llevó a un estado de coma a nuestra economía nacional.

Es increíble que el Gobierno mexicano haya aplicado una política monetaria tan severa, inclusive, por arriba del contenido del acuerdo firmado con Estados Unidos, ya que el mismo acuerdo permitía que el crédito interno neto pudiera expanderse hasta 10 mil millones de nuevos pesos. Sin embargo la base monetaria sufrió severas reducciones. Por ejemplo, en el mes de mayo del presente año tenemos 47 mil millones, cuando deberían de ser casi 68 mil. Otro dato que pone en evidencia esta medida altamente recesiva, es que a fines de junio, la base monetaria fue mucho menor que la reserva internacional de dólares que se ubicó en 10 mil 82 millones de dólares, es decir, 63 mil 800 millones de nuevos pesos, lo que representa un absurdo y un atentado contra la economía nacional.

Como consecuencia de esta reducción de circulante, se deprimió la demanda y provocó un severo incremento del desempleo que era del 3.2% en diciembre de 1994, al 6.6% en julio de 1995. Es decir, se incrementó más del 100% que equivale a perder más de 1 millón de empleos en el sector formal. Desde luego, el INEGI no toma en cuenta el campo que incluye en sus datos a todo el sector informal de la economía, al grado de que una persona que solamente trabaja una hora a la semana sin remuneración o que piensa encontrar trabajo dentro de un mes, se le cuenta como empleado. Asimismo el INEGI manifiesta que la tasa de subempleo es del 15.02% y que sumado al 6.6% de desempleo, nos da una tasa total de desempleo y subempleo del 28.8%. Muy grave para cualquier país.

El desempleo tiene un doble efecto: por un lado se deprime más la demanda interna, porque una vez que los desempleados hayan gastado su indemnización, dejan de consumir y como consecuencia, bajan las ventas de las empresas y éstas se obligan a despedir más gente. Este es el círculo vicioso de la depresión económica.

Concluyendo: podemos decir que la recuperación cambiaria y monetaria a partir de un régimen de cambio flotante y una restricción monetaria y política fiscal severa, es pasajera e insegura a mediano y largo plazos y que el precio es muy alto para la sociedad; conlleva el riesgo de quiebra en cadena de bancos y empresas con los efectos multiplicadores que el desempleo impone como círculo vicioso en una economía con recesión e inflación.

El Ejecutivo Federal subraya que parte de la crisis se debe al haberse descuidado la generación del ahorro interno y hace reiteradas citas de que solamente promoviendo éste es posible generar el crecimiento económico. Sin embargo olvida que hoy la clase baja que representa el 50% de la población, en lugar de tener ahorro, tiene un alto índice de desahorro que se traduce en la necesidad de endeudarse para poder cubrir aun sus necesidades básicas y que la clase media que representa el 30% de la población y que antes de la crisis, según datos del INEGI promovía ahorro privado, hoy no es capaz de generarlo. El único ahorro que queda para financiar la inversión, es el de la clase alta, que representa el 20% de la población; pero desafortunadamente este ahorro está en su mayor parte depositado fuera de México, son capitales fugados de nuestro territorio y se calculan tan cuantiosos como en la crisis de 1982.

No es posible fomentar el ahorro interno buscando que los mexicanos dediquen una proporción más grande de su ingreso para el ahorro, porque sería un error craso castigar más el consumo, ya que esto afectaría la demanda interna que necesita ser estimulada y no reprimida para fomentar la inversión y el empleo.

En Acción Nacional no estamos de acuerdo con cualquier tipo de especulación cambiaria, sean nacionales o extranjeros quienes la realicen. Pero hay una realidad en nuestro país: ese ahorro privado es necesario y es necesario que el Gobierno muestre un esquema fiscal que haga posible que regresen esos capitales a nuestro país. Urge la transformación del empleo informal en empleo formal, para que éste se dé se requiere de una desregulación a fondo, que por cierto, en forma reiterada se ha anunciado pero que no ha sido concretada en una realidad, así como un marco fiscal que sea capaz de promover a la micro y pequeña empresas.

Por lo que se refiere a las excesivas tasas de impuestos a las nóminas, incluyendo la seguridad social, afectan tanto a la empresa como al trabajador.

Cabe señalar que hoy el presidente Zedillo le da mucha importancia al ahorro interno. Pero queda una pregunta sin respuesta: ¿a dónde están los ahorros de los trabajadores que por muchos años las empresas han pagado por concepto de invalidez, vejez, cesantía y muerte, fondo de retiro, SAR, Infonavit? Que sumados dan un porcentaje de los salarios del 16.88%.

Lo grave de este asunto, es que Zedillo acepta en su informe y en su mensaje político, que las pensiones en la actualidad se están pagando de las cuotas de los trabajadores activos, de donde se deduce que se han desviado estos ahorros para el gasto corriente de diversas dependencias. Y que por lo tanto no hay dinero para construir vivienda social y pagar retiros dignos etcétera.

El grupo parlamentario de Acción Nacional nuevamente por mi conducto insiste en que se revise la política económica, monetaria y fiscal. Que es necesaria la reducción de la tasa general del IVA del 15% al 7%. Que hoy más que nunca urge abrogar el impuesto al activo. Que el impuesto sobre la renta necesita adecuarse en un marco fiscal que fomente la actividad empresarial, reclasificando a las empresas por su tamaño, aplicando a cada grupo una tabla progresiva. Para las personas físicas es necesaria una sola tabla debidamente escalonada y protegiendo los ingresos más bajos, gravando los ingresos diarios con tasas justas y despegándose los porcentajes de gravamen hacia los ingresos más altos.

Es urgente restituir el circulante que ha sido retirado en los primeros meses del año y que ha secado completamente a nuestra economía, así como promover el regreso de capitales que salieron de nuestro país buscando un esquema fiscal que lo haga posible.

Y voy a concluir. Referente al orden interno debemos distinguir dos aspectos: el ahorro público resulta muy fácil de fomentarlo, ya que basta incrementar impuestos y el costo de los servicios y que equivale a retirar dinero de los bolsillos de los mexicanos y sacrificar por otro lado el gasto de inversión para promover un superávit del sector público.

Pero el ahorro privado solamente se puede dar en un ambiente de crecimiento de nuestra economía. Y para que exista dicho crecimiento económico es necesario dejar archivado el programa altamente recesivo que el Gobierno Federal hasta hoy ha aplicado sobre las espaldas, sobre todo del pueblo de México, con un alto costo social.

El grupo parlamentario de Acción Nacional, hoy más que nunca, urge al Ejecutivo restaurar el hogar común que merecemos y evitar que en forma permanente tengámos que recaer en crisis cíclicas y colapsos económicos. Debemos construir una economía social, una economía social de mercado que genere empleo, bienes públicos y una vida digna para todos los mexicanos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Les pedimos a los oradores recuerden que el tiempo es de siete minutos, a efecto de poder hacer un debate más ágil.

Tiene la palabra el señor diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:

Señora Presidenta; señoras diputadas; señores diputados:

Efectivamente, no es un formato fácil el que tenemos, tanto por limitaciones de tiempo como por orden en el debate, pero por eso mismo iré a dos, tres o cuatro afirmaciones que he oído recurrentemente, sobre todo en los señores diputados de la oposición.

Señalaré estos temas, primero porque son de gran importancia y de ahí viene que todos se hayan referido a ellos y segundo, porque sería bueno hacer alguna precisión.

Desde luego y para referirme a la inmediata intervención que hubo antes de la mía, me ha dejado una impresión muy semejante a la que tuve cuando leía hace unos días una de esas notas periodísticas que realmente acaba uno por no saber qué es lo que quisieron decir; además es un connotado, no haré comerciales, un connotado escritor de asuntos económicos. Dice este escritor y lo refiero porque tiene mucha relación lo que acaba de decir el compañero diputado que me antecedió, dice que puede aliviarse la crisis, pero sería necesario volver a la verdadera ortodoxia económica que consiste, primero, en no tener finanzas gubernamentales superávitarias y dice: evidentemente tampoco deficitarias y segundo, en no practicar una política monetaria contraccionista (tampoco obviamente expansionista), es decir, estamos ante esa famosa frase: esto ni nos perjudica ni nos favorece, sino todo lo contrario. Así oí al compañero diputado que me precedió, habló primero de una economía que no existe ya, una economía cerrada que probablemente en algún texto todavía pueda hablarse de ella y darse remedios o forma de tratarlas.

Pero yo creo que para la situación en la que estamos y en eso sí también quisiera insistir en un punto que hoy mismo se trató por otro compañero de la oposición, en que no estamos en un certamen académico, no estamos viendo qué doctrinas son las convenientes o cuál es la que gana en un concurso universitario, en una suma acumulable, estamos ante un informe presidencial, un informe político, un informe que no se da como se quiere, encuadrado a enmarcar en determinada feligresía académica.

Se insiste por la oposición en que el gobierno sigue tal o cual corriente económica. Creo que éste es un grave error, como grave error y lo oímos al principio del debate de un diputado que sostuvo que su partido es un partido muy congruente, porque tiene una ideología que sus tesis económicas son iguales a su ideología, que nunca en 60 años o creo que fue la expresión o 50 y tantos años, ha cambiado ni de ideas ni de programa económico. Creo que esto es gravemente limitante. No se trata de estar cambiando de teorías económicas, se trata de resolver los problemas económicos de acuerdo con las circunstancias dadas.

Es muy fácil encuadrar al gobierno en la teoría de x ó z y luego vituperiarla a través de argumentos académicos, pero se desestima y se olvida que lo que ha hecho el presidente Zedillo, sin casarse con ninguna idea económica, sin casarse con ninguna tesis, es resolver con medidas prácticas, objetivas, concretas los problemas en que está metido el país, el marasmo económico en el que estamos y llevar beneficio a los ciudadanos. Creo que eso es lo valioso, eso no es algo que pueda atacarse, es todo lo contrario, empieza reconociendo en el informe el Presidente que sí cambió el programa de política económica originalmente planteado en 1995, ¿por qué?, porque tuvo que reconsiderarse por la devaluación de la moneda una inestabilidad de los mercados cambiarios y financieros. Los mismos criterios generales de política económica que fueron sometidos a la Cámara y que vimos aquí, también se ajustaron, lo dice el presidente Zedillo, en ingresos, en egresos, en medidas programáticas, ¿por qué?, porque la situación económica había variado de diciembre a acá.

Entonces, esto no sé si sea lo que es muy terrible o lo que ha pasado también y que hoy lo hemos estado sintiendo, que hay una gran confusión de causa-efecto. Se dice constantemente: la recesión, el desempleo, la contracción monetaria causan la crisis. Creo que esto es una..., pues se olvida aquel principio escolástico de que la causa de la causa es "la causa es la causa de lo causado", me explicaré en este punto porque parece un trabalenguas.

Lo que pasa no es que las medidas causen la situación económica, sino que las medidas se dan para salir de una situación económica, pues que casi sería innecesario tratar de demostrar que desde fines de diciembre de 1994 enfrentamos una emergencia tal que lo dice el primer mandatario: "estuvimos al borde del colapso financiero improductivo de una debacle cuya recuperación nos ha llevado muchos años".

No voy a polemizar sobre los hechos y los tiempos que generaron la crisis, de lo que no hay duda es que la causa eficiente, para volver a otro término lógico de la crisis fue el súbito cese de ingresos, de recursos exordios que además se complicaba con la necesidad de cubrir vencimientos a corto plazo también en monedas extranjeras.

Esto fue lo que trajo la devaluación cambiaria, la recesión abrupta de la economía, la consecuente caída de los ingresos por desempleo, entonces lo que hizo el presidente Zedillo fue con toda prontitud, con toda reflexión y determinación, lanzó el programa de ajuste que estamos viendo ya hoy con logros y resultados. Lo único que no pudo haber hecho y lo que no debía haber hecho porque eso sí es contrario a cualquier estadista y a cualquier gobernante, es caer en la inacción, esto sí sería gravemente criticable.

De ahí que muy mal afirman, pero muy mal, quienes ahora sostienen que la equivocación política del ajuste cuyo corolario positivo se está empezando a ver, fue la causa de la crisis, no, la crisis vino y estas medidas de ajuste que temo que no voy a poderme referir mucho a ellas porque está el tiempo escaso y la Presidenta nos ha llamado al orden, eso es lo que ha permitido salir esto, pero no puedo resistirme a tratar un último punto que también ha sido tratado este día, bajemos impuestos, por ahí hay también un famosísimo señor, seguramente ustedes lo conocen, más que yo probablemente, un señor Laffer que tiene una curva famosa y que los economistas se llenan mucho la boca con hablar de estas cosas, yo quisiera ver al señor Laffer que dice que hay que ahorrar impuestos siempre sentado en un ministerio de Hacienda o más, presidiendo un gobierno; eso es fácil decir, pero me parece que es demasiado ya no diré ingenuo sino me parece demasiado ligero sostener programas económicos en los cuales se hable, bajen el impuesto al activo, bajen el impuesto al valor agregado, bajen el impuesto sobre la renta pero hagamos inversiones, eso sí hay que hacer inversión productiva, hay que hacer programas sociales, esto sí me parece, insisto, ya no diría yo ingenuo tiene otro calificativo más severo sobre todo cuando es boca de quienes deberían tener mucha seriedad en estas afirmaciones.

Creo que esta última tesis que también sostuvo aquí el compañero diputado que me antecedió, es una tesis que no puede sostenerse. Después se habla también, es que en Singapur es un éxito bajar impuestos o haber bajado impuestos, yo creo que es muy ligero pues nosotros, cuando menos su servidor, recordaba Singapur hace 40 años por Salgari o por Julio Verne, efectivamente ha cambiado en los últimos 30 años, pero no piensen ustedes que Singapur hace 30 años era lo que México hace 30 años, era un lugar donde empezaron a esclavizar la mano de obra, después se empezó a pagar y ahora tiene una prosperidad, pero no piensen en que Tacubaya, Mixcoac y Villa Obregón juntos que sería Singapur va a tener los problemas que tiene una sociedad como la nuestra.

Pues son muchos los temas, el tema deuda, que también para darle gusto a la oposición, a otro grupo de la oposición, hoy se dijo el doctor Ortiz está renegociando la deuda, yo creo que está renegociándola todos los días del año se renegocia la deuda, ahora lo que no se renegocia es con espectacularidades, con suspensiones y moratorias antes de renegociarla, se va haciendo en el camino pero ya con una base de una economía sólida y de un buen cumplimiento de las obligaciones.

Pues son ideas generales porque de otra manera no sé, porque ha sido necesario tomarlo así.

Gracias.

La Presidenta:

Sí, dígame diputado; para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Manuel Beristáin Gómez, hasta por cinco minutos.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Gracias, señora Presidenta; señoras y señores legisladores:

Cabe hacer la aclaración que el grupo parlamentario de Acción Nacional en forma persistente no nada más hemos señalado errores del programa económico, se han hecho propuestas, propuestas claras, propuestas en el ámbito de la política monetaria, en el ámbito de la política fiscal, en el ámbito de la política cambiaria, esto no se ha entendido o no se ha querido entender.

Por otro lado señalamos ciertamente que dentro de los cambios estructurales habría que reducir la carga fiscal, pero esto conlleva no nada más a olvidarlos en cuanto al gasto, hemos señalado también que el Gobierno tendría que ajustar por otro lado su gasto público, pero en el renglón de gasto corriente, no en el de inversión. Hemos señalado que es mejor tener un gobierno solamente lo indispensable en su tamaño y generar la mayor cantidad de la participación de la sociedad, tanta cuanta sea posible, pero esto creo que atemoriza a los diputados del grupo mayoritario, porque al perderse el tamaño del gobierno perderían el poder y lo saben ellos mismos.

Por otro lado es bien importante señalar en esta tribuna que se podrán argumentar aspectos de tipo político en esta tribuna, pero los hechos históricos, sobre todo de los cuatro sexenios anteriores, han dado muestra concreta de esas crisis recurrentes y ante los hechos no caben argumentos políticos para venir a esgrimirlos a esta tribuna que necesita mayor seriedad y profundidad en este debate.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Joaquín Vela González, por el Partido del Trabajo.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:

Gracias, señora Presidenta.

Qué bueno que empezamos a entrar al debate. Yo quiero plantear tres elementos que me parece que son fundamentales para el mismo.

Primero creo que tenemos que terminar este debate señalando si efectivamente la tesis ésta de que no podíamos hacer otra cosa más que lo que se hizo fue correcto; yo en la situación de postura de mi partido señalé claramente que nos parece excesivo, excesivo el ajuste y ahora incluso los hechos nos están dando la razón porque ahora están soldando el gasto público en esta última fase, pero en la primera parte en afán de responder a las medidas disciplinarias de los organismos internacionales, no solamente se contrajo el ahorro público sino que fue trasladado al conjunto de la sociedad, lo cual generó una profunda crisis económica, la que hoy tenemos.

Nosotros queremos y éste es un punto a debate fundamental, que el Gobierno quiere darle una solución financiera a una crisis de carácter económico y lo sostenemos por lo siguiente. Veamos un dato:

La inflación: hay un problema de cómo logramos nosotros contener de manera objetiva la inflación. No puede ser de otra manera excepto como se hizo en el sexenio anterior: de la apertura para que entraran productos más baratos y obligar a los nacionales a venderlos más baratos, cuando nosotros los estamos produciendo a costos más altos.

La única manera objetiva y real de combatir la inflación es elevar la productividad y ello conlleva a elevar no solamente la productividad, sino también el conjunto de la producción y las medidas de carácter financiero del Gobierno hasta hoy, hasta hoy no han puesto ningún énfasis en el elevamiento ni de la producción ni de la productividad; es más, las medidas de carácter financiero o shock, de emergencia económica lo que han traído es una afectación real del desarrollo económico de la producción en nuestro país.

Como si no entonces son medidas finalmente de carácter artificial. Si nosotros no elevamos de manera objetiva y real el monto de lo producido y elevamos la productividad no vamos de ninguna manera realmente a elevar, a lograr disminuir, perdón, la inflación.

Y esto tiene que ver con las tasas de interés. ¿Cómo nosotros vamos a lograr mantener tasas de interés bajas? La única manera de lograr mantener tasas de interés bajas es también de nueva cuenta elevar la productividad. Entonces en consecuencia, ¿cuál es y cuál debe ser nuestra preocupación fundamental?: elevar la productividad y elevar la producción.

Para ello decimos de manera precisa: tal y como está, la política industrial que se nos dice existe, nosotros no la percibimos, no sabemos cuál es la política industrial precisa que el Gobierno está llevando adelante, nosotros decimos, y se ha optado, y el propio Presidente lo reconoce en su informe, han optado por una política de carácter pasivo, es decir, que los propios agentes económicos tomen la iniciativa y tiendan a generar una mayor producción, una mayor productividad.

Nosotros pensamos que no es así, hoy el mercado mundial está muy precisamente ubicado, ¿cuáles serían los posibles nichos en los que nosotros podríamos participar? ¿Cuáles son las actividades en las que nosotros podemos ser competitivos? Una vez ubicadas estas ramas en las cuales nosotros pudiéramos ser competitivos, es necesario que el gasto público, que la inversión pública que se realice, esté claramente orientada a favorecer esas ramas económicas y productivas en las que nosotros podemos ser competitivos.

Eso, señores, hoy no está esbozado ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el informe. ¿Cómo le vamos a hacer para superar la fractura que existe entre un pequeño número de grandes empresas que crecieron mucho durante el sexenio de Salinas, pero que no hicieron el efecto de locomoción sobre todo a las pequeñas y medianas empresas?. Hoy el reto concreto del Gobierno de Zedillo es decirnos de manera concreta cómo le va a hacer para enganchar las pequeñas y medianas industrias a esas grandes que siguen creciendo y que son las únicas beneficiarias y que además fueron ellas las que hicieron que el ahorro interno que se señala como causa fundamental por parte del presidente Zedillo, fueron ellas las que hicieron que el ahorro interno disminuyera, porque nosotros tenemos partes históricas del 21 al 22% del ahorro y a partir de que muchos de los recursos obtenidos por estos señores como ganancia no fueron utilizados productivamente, es decir, no fueron canalizados hacia el ahorro sino hacia el consumo improductivo, nuestro país se vio claramente orientado también a una disminución real del ahorro interno.

Esto no lo solucionan los salarios de los trabajadores, finalmente son una proporción muy pequeña, hay que elevarlos con eso y las pensiones de los trabajadores también hay que elevarlas, pero si no se da una política precisa para que el ahorro interno tenga características diferentes no vamos a avanzar mucho. ¿Y cuáles son esas medidas políticas? Básicamente dos. No podemos seguir dejando a la banca suelta sin medidas regulatorias precisas, ya que el oligopolio financiero determina todas las políticas que ellos mismos se aplican, ellos son finalmente los que se autorregulan, primero y, segundo, necesitamos quitar aquellas desgravaciones que en el sexenio de Salinas también se quitaron a los dividendos y a los pagos de intereses.

Esos señores que están fundamentalmente metidos en una lógica de carácter especulativo financiero tienen que dar su aporte para que el país en su conjunto pueda estructurar una política industrial precisa y esto, señores, discúlpenme señores del PRI, pero esto no está dicho ni en el informe ni en sus intervenciones en esta tribuna y creemos son opiniones que deben ser debatidas y reflexionadas, para no seguir insistiendo en que ésta es la única vía; no es cierto, esa vía, cuando menos como decimos, solamente transformó una crisis de carácter financiero en una crisis de carácter económico y hoy tenemos lo económico, hoy tenemos una profunda crisis económica que es necesario superar y aquí existen opiniones diferentes, bueno, pues es importante que las podamos debatir.

Gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Creo que estamos en medio de uno de los debates más importantes e interesantes que han ocurrido hasta ahorita en esta legislatura. Desde luego que hay bastante consenso respecto al papel que ha tenido la política económica en la gestación de la crisis. Me parece que resulta inútil tratar de quitarse responsabilidades y que al contrario, hay que reconocerlas, puesto que el propio presidente Ernesto Zedillo las reconoce en su informe, como lo dice en la página tres: "Podemos apreciar que la crisis se fue gestando durante mucho tiempo". Yo creo que 12 años que tienen de gobernar los neoliberales sí caben dentro del mucho tiempo.

Después, ¿a qué lo atribuye él? Creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Aquí desde Pedro Aspe nosotros señalamos los peligros del déficit enorme que se estaba gestando. ¿Qué fue lo que dijeron tanto Zedillo como Serra Puche? El déficit de la balanza de pagos no es cosa mala, sino es cosa buena y natural para un país como el nuestro. Ya vieron a dónde nos condujo.

Después dice el propio presidente Zedillo: "También influyó financiar proyectos de largo plazo con instrumentos de corto plazo, la apreciación del tipo de cambio real y por último, y el colmo, la dolarización de la deuda interna que supuso el crecimiento de los Tesobonos". ¿Quién autoriza los Tesobonos? Los solicita el Presidente, los emite la Secretaría de Hacienda y los coloca el Banco de México, de manera que vean ustedes nada más la responsabilidad. Por eso es que yo voy a centrar mi intervención en la función de las finanzas públicas en la economía nacional, aunque al diputado Rodríguez y Rodríguez le parezca que esto es académico es necesario estudiar las finanzas públicas para poder tener una intervención y también para poder aprobar los presupuestos, que también responsabilizan al Congreso, a éste y a los pasados.

Uno de los acontecimientos más relevantes de este siglo ha sido la extensión de las responsabilidades del Estado en el manejo de los recursos nacionales. Por cierto el licenciado Rodríguez y Rodríguez fue mi maestro de intervención del Estado en la actividad económica, así que lo sabe muy bien.

En las economías de mercado el Estado intervino crecientemente para marcar el rumbo y el nivel de la actividad económica de acuerdo con las necesidades y características propias de cada país.

El sistema de finanzas públicas define la forma como el gobierno en sus diferentes niveles capta los recursos de la sociedad: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, para signarlos de acuerdo con la amplitud de las funciones del gasto de las instituciones públicas, y el resultado que sus operaciones de ingreso y gasto o sea el manejo de la deuda pública, tienen sobre la economía.

En México el gasto público se ha usado no sólo para financiar las funciones tradicionales del Estado liberal: defensa, seguridad, justicia, sino además para atender necesidades sociales básicas, propias del estado del bienestar, como educación, salud, seguridad social y vivienda entre otros.

Además desde fines de los años treinta, México fue pionero en esta corriente en darle al Estado una nueva función: la de promover el desarrollo en una economía no socialista, es decir fundó el sistema de economía mixta consagrado en la Constitución. Como tal inició al país en el rumbo del desarrollo y construyó la inversión pública, sí señores, la inversión pública, una infraestructura productiva de presas, carreteras, transportes, energéticos y otras obras para hacer más productivo el esfuerzo de los sectores privado y social y contribuir directamente a mejorar el nivel de vida del pueblo.

La política neoliberal al pretender despojar al Estado de sus funciones económicas revierte la historia del país y al abrir la economía para que estas funciones las realice la empresa privada privilegia en especial a las grandes corporaciones transnacionales por el simple juego de las leyes del mercado.

Una economía pública debilitada resulta lesiva para la soberanía del país al colocar decisiones antes susceptibles de aprobarse y supervisarse por el Congreso, en decisiones de mercado que obedecen a la estrategia de las matrices y de los gobiernos de las potencias a las que pertenece.

La globalización fuera del contexto de una economía mixta se convierte en realidad en nuevo instrumento conceptual del viejo dominio colonial. Aún más, las instituciones financieras internacionales establecidas al fin de la Segunda Guerra Mundial para garantizar un orden financiero propicio para un creciente comercio en ingreso y empleos mundiales se han convertido en agentes al servicio de Estados Unidos y de los intereses de los círculos financieros internacionales.

Lo que le ha pasado a México no sólo le ha pasado a México, si ése es un consuelo para algunos de los responsables. Estamos inmersos en un proyecto continental, en un proyecto hegemónico que trata de poner en práctica un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico profundamente lesivo para los países en desarrollo, especialmente los de América Latina y los del Africa, como es evidente.

En México, en nuestro país, la participación del Estado en la economía fue decisiva para que la acumulación de capital productivo pasara de niveles cercanos al 9% del producto interno bruto en 1939, al 27% en 1980. En ese año la composición de la inversión fue la siguiente: 14% privada, 11% pública, 2% de acumulación de inventario.

Este elevado nivel de inversión se financió con un ahorro interno del 22%, del cual el sector público aportaba el 4%, el privado el 18% y el ahorro externo el resto.

El consumo interno representó el 75% del producto interno bruto, del cual 65% fue privado y público y social un 10%. Lo más importante es la tasa de crecimiento. En una sola cifra se resume el desempeño de una economía, la tasa de crecimiento del producto interno bruto, fue del 8% en 1980 y del 6.5% durante cerca de 50 años.

Aquí yo me remito al cuadro que aparece en la página dos de la intervención del diputado Tonatiuh Bravo, en donde es una bofetada para cualquiera ver esta gráfica. No necesita de teorías, no necesita de doctrinas, basta con ver la gráfica. Un crecimiento real enorme en todos los regímenes presidenciales y un estancamiento y una caída en los regímenes neoliberales de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y será el del presidente Zedillo si no cambia de política y no se sale de esta trampa.

El reajuste por lo tanto, le damos la razón al presidente Zedillo en afirmar que para un desarrollo estable es necesario disminuir el endeudamiento externo y aumentar mediante una reforma fiscal y un avance financiero el ahorro público y privado.

Inútilmente demandamos tal política en ese periodo como ahora estamos demandando: señores, para que crezca el producto interno bruto se necesita aumentar la inversión, para que se estabilice ese crecimiento se necesita aumentar el ahorro. Las dos cosas son necesarias, pero no hay que poner una antes de otra.

Lo que hace crecer a la economía es la acumulación de capital. Lo que estabiliza ese crecimiento es el ahorro. Sí, necesitamos las dos cosas. Necesitamos un mayor volumen de inversión y un mayor volumen de ahorro.

No podemos dejar de mencionar que de 1983 a 1989 el ahorro interno contribuyó a transferir, a la transferencia neta de recursos al exterior, con lo cual se demuestra que ahorro que no se invierte tiene un efecto recesivo en la economía.

Por lo tanto la política neoliberal ha utilizado las finanzas públicas como un succionador de ingresos del sector productivo y de las familias, de una pauperizada población, para destinarlos al pago de intereses al exterior y al pago de intereses a los tenedores de la deuda interna, contribuyendo así a la vez al auge del sector financiero especulativo, a la concentración del ingreso en México y a la caída del producto interno bruto en el país.

Como ustedes ven, ¿cómo no vamos nosotros a pedir un cambio en esta política.

Es a la luz de estos resultados, a la luz de los cuales debe juzgarse el supuesto éxito monetarista del superávit presupuestal y el presidente Ernesto Zedillo parece seguir la misma trayectoria de pensamiento transexenal del proyecto neoliberal. Es por eso por lo que estamos pidiendo un cambio.

La política económica aplicada desde diciembre como respuesta a la crisis estructural y de coyuntura ha agudizado la recesión, porque ¿qué es lo que ha pasado.

Desde el régimen de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas y ahora se ha ocasionado un superávit en las finanzas públicas, es cierto, pero también un déficit en la balanza comercial, porque aquí vino uno de los diputados del PRI, uno que me antecedió en el uso de la palabra, creo que es de puebla, a decir muy ufano todo lo que habían aumentado las exportaciones y que las exportaciones son las que nos van a sacar adelante.

Señor, las exportaciones forman parte de la demanda nacional y si las exportaciones crecen, pero las importaciones crecen mucho más y eso es lo que ha pasado, lo que pasó, entonces resulta que en vez de que las exportaciones o que el sector externo beneficie, perjudica a la economía y beneficia a los que están mandándonos su excedente de importación.

Sería chiste, sería mucho chiste que se hubieran equilibrado las finanzas públicas y que hubiéramos aumentado las exportaciones con una economía en crecimiento. No lo es y debe condenarse esta política porque la economía está en recesión y en grave crisis de financiamiento y desplome de todos los agentes productivos. De manera que eso no es mérito.

Ahora espérense a que se inicie la recuperación, a ver si cuando se inicie la recuperación se pueden controlar las importaciones y si entonces las exportaciones de verdad son un elemento que dinamice la economía, porque hay que ver las dos cosas: las exportaciones y las importaciones.

Por todo lo anterior, repetimos, el grupo parlamentario del PRD insiste en un cambio inmediato de la política económica, en primer lugar de la política de ingresos y gasto y de la política de deuda pública, en segundo, modificar las relaciones económicas con el exterior, revisar el TLC, renegociar la deuda externa y los términos de la deuda interna.

Por último realizar políticas secto-regionales de apoyo a lo sectores estratégicos de la economía.

Atención a la economía real, que es la que proporciona bienes y servicios, que es la que proporciona empleo, que es la que proporciona bienestar a las familias y poner la intermediación financiera y la política financiera al servicio de la economía real y no al revés.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra, por el PRI, el diputado Salvador Mikel.

El diputado Salvador Mikel Rivera:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Yo quisiera en este caso centrar los comentarios en lo que señalaba la compañera diputada, sobre la responsabilidad del Estado en la economía, cómo capta recursos y cómo lo asigna.

Yo creo que esto necesariamente nos llevaría a un dilema fundamental que ha sido elemento que ha articulado todos los debates que sobre política económica se han dado no solamente en nuestro país sino prácticamente en el área más cercana a nosotros, que es América latina, que ha sido el financiamiento del desarrollo.

Es decir, ¿cómo vamos nosotros a establecer un mecanismo sano para financiar nuestro desarrollo, si somos países que por muchas razones estructurales, políticas, por eso es la realidad que se nos impone, somos países que no podemos generar, y aquí lo señalaba también la compañera diputada, el suficiente ahorro, la suficiente generación de recursos para poder establecer ciclos largos de crecimiento.

Y precisamente este Estado interventor que en su momento fue eficiente, que en su momento fue eje para acumular capital y poder impulsar un esquema de desarrollo sostenible en el tiempo, empezó a agotarse no solamente en México sino en gran parte del mundo.

Y así vemos ahorita lo que está pasando en los países de economía centralmente planificada, que hoy se han abierto al mundo, que hoy se han modificado, que hoy han incorporado instrumentos de mercado, que hoy han estado buscando otros mecanismos que les permitan generar este ingreso, que les permita generar este ahorro para poder financiar su desarrollo.

Y el Estado no es que haya dejado de intervenir, el Estado tuvo también que tener respuesta a necesidades cambiantes de la propia realidad interna como de la propia realidad exterior del país. Si mientras se pudo en la mayoría de los países y ahí están los datos de la deuda de América latina, se empezaron a tener recursos disponibles que había ahí en el mercado internacional a costos baratos y eso hizo que no pusiéramos énfasis en generar un ahorro interno y pudimos disponer de recursos externos.

Hoy, cuando el mundo está cambiando, cuando ya las condiciones se han modificado, creo que decía aquí también la diputada, que es fundamental aumentar la inversión en el ahorro y las dos al mismo tiempo. Yo le diría, con todo respeto compañera diputada, que está usted de acuerdo con lo que señala el presidente Zedillo en su programa, en la página 139 y él dice: "el ahorro interno, base primordial del crecimiento..." y establece una serie de mecanismos a partir de los cuales se pretende, ahora sí remover una causa estructural, que ha venido pesando sobre la economía mexicana y que todos la hemos reconocido, que ante un crecimiento de la economía, inmediatamente hay una demanda de divisas de la propia economía, que hace que otra vez nos devaluemos económicamente.

Entonces esto ha sido un problema que precisamente como el programa económico del presidente Zedillo estamos tratando de revertir: cómo generar ahorro interno, cómo generar los recursos que nos permitan un ciclo de crecimiento a largo plazo, sobre bases sanas que permita generar empleo, que nos permita ser competitivos, que nos permita también ser productivos, que nos permita mejorar nuestros términos de intercambio hacia el exterior. Es decir, no se mejoran los términos de cambio hacia el exterior con discursos, no se mejoran solamente con una confrontación, única y exclusivamente política, sino usando de todos los instrumentos económicos de todos los instrumentos financieros que todos los países podemos echar mano de ellos. Hoy están los esquemas de integración, hoy están los esquemas para poder ingresar a nuevas tecnologías que nos permitan ser más competitivos, que nos permitan también tener una mano de obra más capacitada, capaz de contribuir a esta productividad.

Entonces tenemos que trabajar en materia, sí, de ahorro interno; tenemos que generar los recursos para este ahorro interno, tenemos también que generar inversión que no descanse tanto ya en los recursos externos, que tengamos ciclos de crecimiento y que no seamos tan vulnerables a modificaciones en el exterior.

Pero, repito, compañera diputada, este financiamiento del desarrollo creo que es el dilema que hoy tenemos que resolver y lo tenemos que resolver como lo señala el presidente Zedillo, como usted también estuvo de acuerdo, mediante ahorro e inversión, que esto es el sustento de este crecimiento que nos va a permitir no solamente ahora que ya tocó fondo la crisis, donde el programa de ajuste que es lo que no hemos evaluado aquí, que ése no es el programa económico, eso es el instrumento que nos va a permitir ahora sí poner en marcha el programa económico, este programa que genere ahorro e inversión y que ha sido el programa de ajuste. Ha tenido costos, yo no conozco ningún país del mundo que ante una crisis como la que hemos enfrentado, haya sido capaz de resolverla sin sacrificios, sin costos. Yo creo que los países que lo han hecho, el costo que han pagado finalmente ha sido muy alto y el costo ha sido la pérdida de su democracia, la pérdida de sus libertades; han sido salidas autoritarias, ha sido destrucción de su economía, ha sido destrucción de su sociedad.

Aquí ya se ha dicho, la economía no es voluntarismo, la economía es enfrentar problemas reales, dar soluciones viables y lo más importante, conseguir el objetivo fundamental que yo creo que nos anima aquí a todos los diputados y es: cómo poder crecer con bienestar, con una mejor distribución del ingreso y, finalmente, preservar nuestra soberanía, fortalecer nuestra democracia.

Zedillo, en su programa económico, enfrentando también la emergencia, lo ha hecho siguiendo estos lineamientos. Ha enfrentado la emergencia, se fortaleció nuestra vida democrática ampliando nuestras libertades, poniendo a debate público las decisiones que se están tomando, como aquí se hace hoy en esta tribuna, donde libremente estamos todos enfrentando nuestras posiciones, nuestras opciones y estamos aquí discutiendo.

A mí me gustaría nada más, finalmente, que, bueno, hemos estado criticando las medidas económicas, el programa económico, pero no se nos han planteado opciones viables, opciones sostenibles, no se ha dicho también el costo que pudieran tener cada una de estas acciones y, finalmente, cómo le haríamos. Yo creo que esto es algo que valdría la pena que pudiera discutirse para que pudiéramos seguir en este camino tratando de encontrar, de aclarar todos, cuál es el sustento de este programa económico y cuál ha sido el avance que hemos registrado en sólo 10 meses de un ajuste, sí severo y fuerte, pero que hoy nos permite en menos de un año volver a plantearnos crecer y hacerlo con estabilidad, con cambios estructurales que ya se han introducido a la economía y, sobre todo, lo más importante y que, repito, está de acuerdo la diputada, que es mediante la promoción del ahorro y la inversión interna. Lástima que se agotó el tiempo.

Muchas gracias.

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández (desde su curul):

Señora, Presidenta.

La Presidenta:

Dígame, diputada.

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández (desde su curul):

Solicito la palabra para alusiones personales.

La Presidenta:

Para contestar alusiones personales, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:

Gracias, señora Presidenta:

Simplemente para puntualizar. Yo no dije que México no hubiera generado ahorro, el ahorro se genera con el crecimiento del producto interno bruto y con la inversión. Lo que no dije, pero aquí lo vengo a decir y a precisar, compañero, es que el Estado no supo captar el ahorro que genera el crecimiento, no lo supo captar en la medida suficiente porque prefirió recurrir al fácil expediente del endeudamiento externo.

Y que eso fue lo que contribuyó en 1981 y 1982 a provocar una crisis de pago externo. Igual que ahora, este programa de ajuste que yo considero que es nefasto ¿por qué?, porque es una triple crisis: primero, lo ha reconocido el presidente Zedillo, hay una crisis estructural que consiste en el déficit de la balanza de pagos, un déficit de la balanza comercial, que tendremos que importar más de lo que exportamos y un déficit de la balanza factorial por todos los pagos de intereses que se tienen que hacer sobre la deuda externa.

Esta crisis la provocó y la ha provocado la política neoliberal, bueno, también las anteriores fallaban y cojeaban de ese pie, para ser justos. Pero, ¿cuál es la nueva crisis?, la nueva crisis es la crisis coyuntural de haber recurrido a un excesivo endeudamiento de corto plazo y a un excesivo endeudamiento no financiero y con instituciones financieras para financiar, ¿qué cosa fue lo que se financió con los Tesobonos?, ¿fue la campaña presidencial de 1994?, ¿qué se financió con los Tesobonos?, bueno ésa es la crisis coyuntural. Entonces tenemos una crisis estructural, una crisis coyuntural montada sobre la estructural y ahorita el programa de ajuste consiste en provocar otra crisis más profunda todavía. Es la política de la crisis para salir de la crisis. Una crisis que ha significado: pérdida de empleos, que ha desplomado la inversión pública, la inversión privada, el consumo público, el consumo privado, el gasto programable, los salarios reales. ¿Cuál es el costo de esta crisis y dónde están los beneficios?, los beneficios promesas, promesas, promesas. Con promesas no se resuelve la economía. Por eso estamos pidiendo cambio de política económica.

Mis compañeros del PAN acaban de hacer una serie de propuestas muy sensatas para este momento, para revisar el sistema tributario. Nosotros tenemos también múltiples promesas publicadas y escritas y además hay muchas otras que están circulando en el ambiente. Hay que leer y hay que enterarse de lo que dicen los demás.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Aquí se ha dicho diputado Godina, "la mejor opción es la que se está siguiendo". Así ratifica lo dicho por el señor Zedillo Ponce de León, en su I Informe y lo expresado por el secretario Ortiz Martínez en esta Cámara. Sólo que el diputado no completó la frase: "este es el mejor camino para el abismo; para el desastre". Porque aferrarse a la pagatoria, al liberal salinismo, a la política fiscal regresiva, sólo lleva a lo que el señor Ortiz Martínez tuvo que reconocer el día de ayer. Por cierto, en enero del presente año, a raíz de la devaluación, dijimos aquí ante Ortiz Martínez, a nombre de la fracción Social Demócrata, que la caída de la economía sería de -5%. El reviró y dijo: "catastrofismo puro, a lo más será de -2%. "Y ayer en Nueva York, acosado y presionado por la prensa financiera, tuvo que aceptar que el producto interno bruto de este país, gracias a la política neoliberal, gracias al seguimiento de las "sabias enseñanzas" del binomio Salinas-Córdoba, la caída será precisamente de -5%. Está confeso el Secretario, ¿de qué?, o ¿de su incapacidad como programador?, no hay que olvidar que él asumió la Secretaría de Hacienda, asumió la función de la Secretaría de Programación. Es esa dependencia la que hoy programa, hace el plan, pues como programador el señor Ortiz Martínez, "sólo" se equivocó por el 150%. Este es el margen de error a que estamos sujetos en manos del responsable de las finanzas públicas de la nación.

Dice el diputado Menéndez, nos ilustra: "vamos bien, mexicanos, porque vamos a exportar algo así como 80 mil millones de dólares..."

Tampoco completó la frase, porque no nos aclaró que por lo menos 20 mil millones de dólares, estamos hablando del 25% de esa cantidad, se deben no tanto al talento de los empresarios exportadores y debo decirle al diputado que soy muy respetuoso de todo, generador de empleos, de todo exportador. Y quiero que sepa que como él, yo tengo actividad empresarial y que como él, también soy exportador. Pero como él, sabemos que en gran medida ese incremento en la exportación se debe a dos tragedias internacionales: la devaluación del peso frente al dólar y la posterior devaluación del dólar respecto del marco alemán y del yen japonés. A esto se le llama: "imponderables" en la economía. Los americanos le dicen: "acts of God", actos de Dios. Aquí tendríamos que decir: "se debe a la Virgen de Guadalupe". Que vamos a tener 20 mil millones de dólares, que fundamentalmente emanan de fenómenos devaluatorios y no de una reactivación necesaria de la planta industrial, no de mayor creatividad de nuestros empresarios, no de una mejor fórmula económica para el sector exportador de la nación.

El informe nos habla de los avances de la política fiscal. Debemos aquí denunciar que es un crimen, puesto que es una expropiación del poder de compra de los mexicanos, que se genere para el presente año, en una economía en quiebra con desempleo generalizado, por concepto de derechos, un incremento del 82% en la recaudación; del 61% en el renglón de aprovechamientos. Que se esté recaudando de los de abajo por impuestos sobre la renta, no de los ricos, 13 mil millones de dólares y por concepto de IVA, 8 mil millones de dólares, en tanto los mexicanos se quedaron sin poder adquisitivo y sin el más elemental de los patrimonios, que es una plaza de trabajo.

Se ofende al pueblo cuando se incrementa así el rigor y la captación tributarios cuando no hay contrapartida en la elevación del nivel de vida. Se ofende también al pueblo y al aparato productivo, cuando se incrementa el IVA en un 50% a sabiendas la Secretaría de Hacienda que ya tenía para marzo de 1995 en caja y bancos, 17 mil millones de dólares y para fines de agosto, 50 mil millones de dólares; 8 mil 500 millones de dólares de liquidez en caja y bancos, mientras la planta productiva muere, mientras las economías estatales y municipales languidecen.

Esta política de atesoramiento de Ortiz Martínez, política de viudas, de contracción del gasto público, es algo que no puede ser perdonado en la gestión de un Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Los socialdemócratas acusamos al Secretario de llevar al cabo una política genocida que destruye la planta productiva, que ha llevado a 2 millones de nuevos desempleados a engrosar la cifra anterior de desempleo real, abierto, disfrazado y subempleo como establece la OIT, de 16 millones, sumados: 18 millones, índice real de desempleo: más del 50% de la población económica activa.

Dice el diputado Mikel y dice bien: "¿Y por qué no presentan propuestas?". Le presento algunas:

1o. Gravar con el 15% las exportaciones por 80 mil millones de dólares. Recaudación: 12 mil millones de dólares.

2o. Imponer la tasa del 50% a la especulación cambiaria, que de diciembre a la fecha es de 7 mil 500 millones de dólares. Recaudación: 3 mil 750 millones de dólares.

3o. Gravar la especulación bursátil, que este año ascenderá a 8 mil millones de dólares, también con la tasa del 50%. Recaudación: 4 mil millones de dólares.

4o. Aplicar la tasa progresiva del 55% del impuesto sobre la renta a los 200 mil ricos que ganan más de 200 mil dólares al año. Recaudación: 22 mil millones de dólares.

5o. Implantar un impuesto patrimonial del 5% a los 1 mil magnates que poseen una riqueza neta superior a 100 millones de dólares.

Total diputado Mikel, 47 mil millones de dólares. Con lo cual se podría perdonar todo el IVA y todo el impuesto sobre la renta a la clase trabajadora.

Y también se podría revocar el crédito Clinton-Rubin.

La fracción Social Demócrata señala que hay malos mexicanos que traicionan a la patria al entregar la estructura del sistema financiero a las trasnacionales, como Salomón Brother, como si no hubiera en México economistas. Y condena también a aquellos que hipotecaron la factura petrolera de las futuras generaciones a cambio de un puñado de dólares.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.

Tiene la palabra el diputado Gabriel Llamas Monjardín.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Señoras y señores diputados:

Quisiera hablar de las incongruencias tanto del discurso oficialista con las cifras, como de las mismas incongruencias que presentan los anexos y el mismo informe del presidente Zedillo.

Es inaceptable, a toda luz, que nos presenten una gran cantidad de diferencias y de variaciones con relación a las bases muestrales y con relación a las bases definitorias de los cálculos matemáticos y económicos.

¡No es posible que todos los datos de la Secretaría de Hacienda, incluyendo el producto interno bruto, estén con base en precios de 1980! ¡No es posible que lo que diga el Banco de México esté con pesos de 1994! ¡No es posible que el gasto que se presenta en educación esté a pesos corrientes de 1995:

Señores: lo que quieren es confundir. Tienen miedo y por eso quieren confundir.

El Secretario de Hacienda se comprometió a entregar las conciliaciones pertinentes. El tiempo pasa, el tiempo pasa y no hemos recibido ninguna respuesta. Pero vamos a ver dónde llega la incongruencia del discurso político oficialista a las cifras que el mismo informe presenta.

Hay un decrecimiento del producto interno bruto a los seis meses de 5.8% en el último trimestre, nada más en los últimos tres meses decrece 10.5%. Donde las áreas más afectadas son el área industrial con -9.5% y la agropecuaria con -9.8%. Aquí se concentra el 50% de la población económicamente activa que supuestamente se reconoce por el Gobierno. Por tal motivo, quiere decir que ese 50% está en riesgo de perder el 10% el empleo, en términos promedio.

Además se habla de que el desempleo, según el Seguro Social, es de 840 mil hasta siete meses, a julio. Sin embargo queremos decirles que los trabajadores que de alguna manera están concertados así, en forma formal, que son los del ISSSTE y los del Seguro Social, apenas llegan a 12 millones, cuando la población económicamente activa es más de 25 millones. Señores, si con la mitad desaparecieron 840 mil ¿qué pasará con el universo? ¡Mentiras de las mismas cifras y del discurso que aquí se presenta:

Además, la astringencia monetaria creada por el propio Gobierno, por sus propios errores en la política monetaria. El crédito interno disminuye en 8 mil millones de nuevos pesos. El M-4, que es la totalidad de toda la circulación monetaria en todos sus sentidos, disminuye en 165 mil millones de pesos. Todo esto ha generado problemas serios, problemas serios en una economía y problemas serios por unos problemas generados por la ineficiencia y la incapacidad de los que han estado en el poder.

Los ingresos del Gobierno han disminuido -1% en forma comparativa con junio de 1994, o sea, -.9%. Sin embargo, el gasto ha bajado en 6.4%. Y quiero explicar por qué los ingresos, cuando el Gobierno y su partido equivocadamente aumentaron el IVA. ¿Para qué aumentaron el IVA si los ingresos petroleros aumentaron 32.7%? Lo único que hicieron fue anteponerse ante el pueblo de México y que los criticaran y van a sufrir esa crítica por negligencia, por incongruencia y por falta de definición. No saben manejar lo que es la vida republicana y la diferencia de los poderes, son sumisos a un Poder Ejecutivo que los ha llevado al fin de su vida política.

Adicionalmente, el mismo gasto incongruente en su ejercicio presenta en la inversión física una disminución del 34%; cuando el gasto baja 6.4% el gasto de inversión que representa de alguna manera ahorro, representa 34%. Un dolor para el pobre pueblo de México, los intereses, triste golpe, porque aumentaron 53.9% los intereses que paga el Gobierno y la culpa es del Gobierno, porque el Gobierno es el principal promotor de los instrumentos primarios: los Cetes, los Tesobonos y son a través de su deuda interna. ¡Lo que tiene que hacer el Gobierno, en lugar de estar dando discursos, es bajar su deuda interna para evitar mangonear el mercado financiero nacional, las tasas de interés tan altas porque ellos son los responsables y que paguen las consecuencias:

Adicionalmente quiero hablar de un tema bastante agresivo. ¿Qué paso con el fondo de contingencia? Se dicen que ¡74 mil millones de nuevos pesos, se definen y se defienden que se utilizaron para pagar la deuda interna, nada más que la deuda interna en 1993 era de 122 mil millones de pesos y en 1994 son 164 mil millones de pesos! No va a salir el diputado priísta que venga a justificar la devaluación de los Tesobonos, éstos son 59 mil millones de pesos. Por lo tanto, 74 mil millones con los 43 mil millones, sigue habiendo 50 mil millones de pesos que no aparecen; ¡se los gastaron en gasto corriente!, ¡ahí está el ahorro interno del pueblo, ustedes lo malgastaron!

Adicionalmente se habla de la no visualización de la vida comercial, tristeza porque no vemos para otros lados en la apertura comercial, únicamente se ve para Estados Unidos, es el único aliado financiero y es el único aliado comercial. Pero qué gran tristeza, porque ante esto las exportaciones totales a junio el 83.1% va a Estados Unidos y de las importaciones que México realiza el 72.4% son a Estados Unidos. ¿Dónde está la soberanía, dónde está la independencia de México que tanto argumentan.

Y lo peor de las incongruencias, se habla de un crecimiento de las exportaciones y de un superávit de la balanza comercial, nada más que si a las exportaciones les quitamos las relativas a petróleo y a productos de maquila, a las maquiladoras, tendríamos un déficit en la balanza comercial al 30 de junio de 3 mil 300 millones de dólares; éstas son las incongruencias.

Señores diputados y lo peor de todo es que la incongruencia del discurso político del partido oficial pretende explicarse en la metáfora como sigue: "están como las focas, tienen el agua hasta el cuello y quieren seguir aplaudiendo".

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Oscar Levín.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

Con su venia, señora Presidenta; compañeros legisladores:

La política que yo llamaría hoy de los islotes de la felicidad fiscal tiene el oportunismo de lo electorero y la inconsistencia de la irresponsabilidad. Se nos dice que durante 56 años de política inalterada su propuesta es y ha sido en sus propias palabras eso, inalterada. No acababa la privatización a ultranza, reducción del papel promotor del Estado, libertinaje al fin al absurdo, durante seis años se ufanaron de que ya aplicábamos su política, de que seguíamos su ideología y de que nos encerrábamos en sus paradigmas. No acababa de hacer agua la embarcación de la felicidad, que compartíamos, cuando estos prisosos saltaron al agua desentendiéndose de aquella su furtiva relación.

Hoy nos proponen políticas de fomento y reactivación en la economía, modificación de la política cambiaria y también, ¿por qué no?, compañeros legisladores, las perlas de la virgen. Hacer todo esto con una reducción general de impuestos, en fin, todo tan electorero como inviable. No se explican, dicen ellos, cómo existe un superávit en las finanzas públicas y afirman, cito, "el excedente en las cuentas públicas significa un enorme faltante en los bolsillos de los mexicanos", termina la cita, atractivo para el discurso pero hueco en cuanto a su sustento económico.

Me explico más allá; confunden no sabemos si de buena o mala fe, el concepto y la estacionalidad del superávit fiscal, el excedente registrado en los primeros seis meses del año está destinado a cubrir los compromisos de gasto del Gobierno en la segunda parte del año, no nos debe resultar extraño que nuestros amigos una vez más se pronuncien de manera apresurada en torno a un problema o acontecimiento nacional sin contar con la perspectiva nacional completa.

¿Qué implica la propuesta de nuestros amigos, insisto, al manifestarse en contra de la existencia de un superávit? A mi manera de ver, dos cosas; o bien el Gobierno debe desconocer sus obligaciones y licuar la deuda, todo ello en perjuicio de los ahorradores a quienes supuestamente tratamos de beneficiar con los efectos que ya conocemos en otras latitudes, o bien es de un candor producto de su desconocimiento sobre la metodología básica de las finanzas públicas.

Nosotros los priístas queremos y exigimos cambios, cambios profundos, perdimos la ruta del crecimiento económico por 14 años, antepusimos a veces una política económica más papista que la del propio Papa, la lucha contra la inflación sin ningún gradualismo se antepuso a la de promoción y crecimiento con justicia social. A mi juicio y a la de muchos de nuestros compañeros priístas, se cometieron errores en la política de fomento al ahorro interno, en la de tasas de interés principalmente en los altos márgenes de intermediación bancaria, en mantener un tipo de cambio que en vez de promover castigó a nuestras exportaciones y en la falta de una política más agresiva de fomento a la industrialización, sobre todo en lo que se refiere a las macros y a las pequeñas empresas y sobre todo en la de fomento a las exportaciones.

Sin embargo compañeros, los priístas hemos estado y estamos dispuestos a corregir, a desechar errores y consolidar aciertos. Nos mantendremos en las corrientes de la globalización, en adecuarnos a las ventajas del comercio internacional, acercándonos a la locomotora de la historia y alejándonos del cabús de los islotes de las economías cerradas, sin resistir al mundo sino formando parte activa de él.

Se nos propone cambiar, se nos critica a veces sin razón, pero cuando se trata de crear los consensos, de asistir a las mesas de negociación para producir los cambios que a todos los mexicanos interesan, se antepone la tozudez electorera y se antepone el padrino a la boda. Es muy claro: el director antes que la reforma; el director del IFE antes que los consensos.

Hoy todo está listo, voluntad presidencial, voluntad de la sociedad, voluntad de los partidos para avanzar juntos, para sin egoísmos y sin cerrazón hacer llegar el acuerdo democrático hasta el punto de modificar la política económica para bien de México y de todos los mexicanos.

Muchas gracias compañeros.

La Presidenta:

La Presidencia informa que han transcurrido dos horas y media efectivas del debate y que continuamos en el mismo. Han pedido la palabra para hechos el diputado Ocejo y el diputado Zeferino Torreblanca.

Tiene la palabra en consecuencia el diputado Jorge Ocejo.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:

Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores legisladores:

Yo creo que es muy importante que primero se pongan de acuerdo los que están atrás para que lleguen primero a sus consensos internos, porque lo que vienen a decir aquí uno difiere del otro, simplemente hablan de muchas cuestiones y hoy quieren empezar a corregir, ¡qué bueno que quieren empezar a corregir! No se habla de felicidades fiscales ni de privatizaciones así nada más como así, porque pues habría que ver un desplegadito que pusieron ustedes en la prensa el día 11 de septiembre y del cual varios de los oradores han tomado algunos párrafos para decirlos en sus posicionamientos.

En consecuencia, por ejemplo, dicen: la magnitud de intensidad de la crisis sorprendió a propios y extraños. No, claro que nos sorprendió a propios y extraños, pero hay un responsable de gobierno y era de su partido, señores y ése no podía sorprenderse. Ni Ortiz ni Aspe ni ninguno de ellos podía estar sorprendido de lo que nos tenía que pasar después de conocer las cifras que tenían en la mano.

Después dicen: estamos haciendo un plan de choque que limita la inflación, restablece los mercados financieros, las cuentas del exterior y el costo social ha sido monumental. ¡Vaya conclusión!.. ¿no? Señores, entonces hacia el interior del país no sirve nada y ahora resulta que el costo social ha sido monumental, pero también lo están implementando ustedes con ese proyecto económico que tienen.

Y más adelante dijeron, contaban que si la inflación de abril es 8% y la de agosto 2%, no se acordaron del IVA muchachos; porque en abril se incrementó el IVA y en consecuencia pegó por lo menos en un 4%, no en el 5% porque no todos los productos tienen el IVA. Entonces la inflación de abril sólo fue 4% y la de agosto 2% y no 8.2%, no quieren hacer comparaciones muy elegantes porque no les pueden salir.

Y después dice, en otro párrafo, su desplegadito, dicen: es posible esperar, fíjense, nuevamente las esperanzas, el futuro, la posibilidad de que antes que termine 1995 haya una reactivación y entonces sí, entonces sí van a hacer lo que ha venido a decir aquí el diputado Levín: "el gasto público en la última parte del año alentará estas expectativas".

Gasto que no se hizo oportunamente, porque si tienen un superávit de 15 mil millones de nuevos pesos guardado en caja, no se gastó y no se gastó oportunamente, ya hizo daño, ya hubo empresas cerradas, ya hubo ciudadanos con menor poder adquisitivo, ya se dañó al país.

¡Ah!, ahora lo van a hacer después, que me digan cómo y además vamos a estar en la esperanza de que lo hagan, porque no sabemos bien a bien si lo van a hacer o no.

Y después dicen, y aquí lo ha venido a repetir ahora mismo, dicen: "no olvidemos que en los últimos 20 años hemos padecido cuatro crisis".

Bajo los gobiernos de su partido, no bajo los de otro. Oíganme, ya estamos hartos de crisis, ¿no?

Y dice que la economía no crece hace 15 años y que es necesario que vuelva a crecer. Sólo que esas cuatro crisis, como le digo, son responsabilidad de ustedes, y claro que no lo olvidamos, no lo olvida ningún mexicano, por favor, nadie lo está olvidando, se los estamos poniendo delante de las consideraciones.

Tenemos que venir aquí a confrontar la realidad, la realidad, no nada más puras teorías, palabras y estadísticas, sino una realidad que viven todos los mexicanos y ésa es la realidad que venimos a confrontar nosotros.

Después hablan también por ahí que nuestra generación, que hay una generación que aprendió a vivir con la crisis. No aprendió ni ha aprendido, la está soportando y no le queda más remedio, pero es también bajo el gobierno de ustedes.

Y después proponen crecimiento económico generando otras posibilidades. Yo creo que no saben cómo hacerlo, desde luego, simplemente le tienen que dar a la sociedad sus impuestos. Esos 15 mil millones si hubieran estado en manos de la sociedad hubieran hecho una economía mucho más grande que la que hoy tenemos, pero no los dieron, los quitaron y los guardaron y hoy dicen que a lo mejor nos los van a dar un día.

Y después dice que no permitirán ningún incremento de tasas impositivas, sí, desde luego, permitirán a futuro, porque en el pasado, escasos seis meses ha que los señores han aprobado el 15% en el valor agregado, es decir, subieron 50% y no permitirán ahora, señores, es un discurso populista, sólo para la prensa y para ver qué hacemos, pero no se vale venir a decir aquí, no permitiremos, en un desplegado, no permitirán que haya ningún aumento de tasas impositivas. Señores, no se quieran burlar del pueblo de México, esto no puede ser así.

Y después todavía se atreven algunos diputados de su propio grupo parlamentario, a presentar un referendum en el que van a hacer una pregunta monumental, porque le van a preguntar al pueblo de México si creen que debe bajarse el IVA. Cualquier persona de mediana inteligencia, exceptuada la fracción parlamentaria que votó a favor, va a votarles a favor de que se baje el IVA, señores, si no queda más remedio.

Y después hablan de que van a vigilar que el presupuesto de 1996 ya los demás ya no, no sea cosa de que se hayan gastado mal, pero van a vigilar y dice aquí que el presupuesto de 1996 no se vaya a malgastar. Después de todo lo que ha habido, de todas las deficiencias y corruptelas que ha habido, ahora sí de 1996 en adelante. Total llevamos 20 años en que no nos hemos podido desarrollar, pero eso no es culpa de nadie. Sí, señores, sí es culpa de alguien, de quien ha estado gobernando y pertenece a un partido político.

Y finalmente el ahorro interno y las medidas para elevarlo. ¿Será que conocen las medidas? Yo creo que no las conocen y aquí ha habido propuestas y las va a seguir habiendo.

Y todavía además empiezan hablar de tozudez electorera. Pregunto, que nada más se den cuenta qué está haciendo por ejemplo el señor Bartlett, no quiere que se utilicen las listas de elector con fotografía. ¿Será que debe algo? ¿Será que le está pasando algo?, ¿y por qué no quiere todo eso? ¿Y por qué todavía además a los corifeos que tiene en la Comisión Estatal Electoral, los va forzando para expulsar a una consejera ciudadana independiente, que verdaderamente mostró valentía y dijo: "eso no se puede y si no se puede, lo votó en contra.".

No es tozudez electorera. ¿Quieren ir al diálogo nacional? Lo único que tienen que hacer es respetar y que sus operadores políticos también empiecen a respetar, porque el diálogo es nacional y si en los estados no se resuelven las cosas, no se resuelven en la nación.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Zeferino Torreblanca.

El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo:

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores:

Una vez más se inicia un proceso de glosar, analizar, debatir, coincidir o diferir con los libros y su anexo que contiene un cúmulo de cifras y explicaciones de la situación que guarda la nación en estos últimos nueve meses.

Los nuevos en estas lides parlamentarias trataremos de usar nuestros mejores argumentos, con un juicio razonado, objetivo, sereno y abierto, pero aquí cabe hacerse la pregunta: ¿para convencer a quién? ¿A los señores que usan frases como la siguiente: "yo estoy de acuerdo contigo, pero si me muevo, si me indisciplino, me va como en feria"?, o "si yo me muevo o no estoy de acuerdo contigo, aunque coincido con tu política económica, ¿qué pasa con mi futuro político?" "Si me salgo del carril, lo mismo pasa".

De los cínicos y empíricos, por no llamarles dinosaurios, mejor ni me ocupo de este lenguaje. Pero dentro de mi novatez y romanticismo, seguiré soñando que este país, que mi país puede ser diferente, así que señoras y señores legisladores, va de nuevo.

Un profundo ejercicio de los tiempos, algunos con errores y otros con equivocaciones, en lo que unas cuantas personas definieron que la mejor forma de no caer en el abismo era precisamente cayendo en él. La justificación de las medidas amargas y dolorosas definidas por quienes no tienen paladar y son insensibles, que lejos de ofrecer un paliativo a la tristeza en la que estamos metidos nos colocan en la desesperanza de que unos cuantos hombres han marcado la ruta del continuismo sin darse cuenta de que se trata de un camino equivocado: la destrucción.

Tal parece que quienes toman las decisiones políticas, económicas y sociales en nuestro país han supuesto que los mexicanos estamos obligados a pagar el alto costo de su enseñanza y además a ser tolerantes y comprensivos.

¿Cómo podemos los legisladores cumplir con nuestra responsabilidad si en el anexo del I Informe de Gobierno dedica solamente una página a la materia de ingresos del Gobierno Federal y total de contribuyentes activos.

Las cifras ahí contenidas no se presentan en principio en su valor nominal, sino solamente deflactadas. En la información presentada tampoco existe un grado adecuado de desagregación, es decir no hay claridad en las cifras presentadas que pudieran ayudar en la toma de decisiones.

En lo que a número de contribuyentes activos se refiere, el Partido de la Revolución Democrática ha estado insistiendo desde el pasado que desde las legislaturas anteriores, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione al Poder Legislativo las cifras agregadas referidas al número y tipo de contribuyentes que tributan en nuestro país.

Efectivamente el número de contribuyentes activos se ha venido incrementando desde al año de 1988, hasta llegar a la cifra de 5 millones 276 mil personas en 1994, cantidad que si somos honestos resulta poco significativa en relación a la población económicamente activa.

Aquí también hago un paréntesis para citar algo que yo no entiendo y que tal vez me pudieran explicar. En primer término establece que este país tiene una población económicamente activa del orden de los treinta y tantos millones, que hay actualmente 11 millones, como 13 millones entre trabajadores del ISSSTE y el Seguro Social que se encuentran asegurados y trabajando, luego entonces no entiendo las cifra de los 5 millones 276 mil contribuyentes registrados. No las entiendo y menos en los términos en que se entregan.

Y más ridículo y absurdo resulta todavía, si tomamos en cuenta las cifras de esa página 43 del informe del anexo, donde habla inclusive de los trescientos veintitantos mil contribuyentes activos, personas morales, lo cual resulta absolutamente absurdo en este país registrar el número de contribuyentes.

Aquí está la política de quienes dicen y hablan de teorías económicas, de curvas y lo que sea y el costo social y político del IVA se está reflejando en la absurda política económica que han llevado adelante.

Ojalá por eso alguno de los integrantes de esta legislatura o de la Comisión de Hacienda y Crédito Público pudiera darnos a conocer o de una buena vez nos decidiéramos a cumplir realmente con nuestra responsabilidad y le exigiéramos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información indispensable para realizar nuestra obligación legislativa de cumplir en materia fiscal.

Por eso aquí me hago algunas preguntas, señoras y señores legisladores. ¿Cuál es el número de contribuyentes, personas físicas que pagan el impuesto sobre la renta agrupados por monto de ingresos de conformidad con los niveles de tributación en las tablas del cálculo? ¿Cuál es el número de personas morales que pagan el impuesto sobre la renta por niveles de ingresos? ¿Cuál es el número de contribuyentes del impuesto al valor agregado y su distribución a los estados, así como la cuantía de los pagos de estos impuestos por entidad federativa.

De los contribuyentes activos ¿Cuántos pertenecen al régimen simplificado? ¿Cuántos son profesionistas? ¿Cuántos son arrendadores? ¿Cuántos trabajan bajo la dirección y dependencia de un tercero?, en fin, información más información que sólo manejan unos cuantos privilegiados.

Pretender hacer un análisis objetivo en unos cuantos minutos del propósito que hoy nos ocupa francamente resulta absurdo, sobre todo si tomamos en cuenta que los anuncios de modificación o no modificación de las leyes en materia fiscal las hace un señor Alejandro Valenzuela, todos los lunes, ya que quienes deberían decidirlo sólo convalidan en su mayoría lo que el señor Valenzuela anuncia públicamente o cuando bien les va, el responsable de la Secretaría de Hacienda tiene la amabilidad de informarles cuáles son las leyes que hay que aprobar o cuáles no hay que aprobar.

Debemos insistir en la necesidad de concretar una reforma integral del sistema fiscal para darle un carácter más social y no solamente recaudatorio, a fin de propiciar el desarrollo económico y una justa distribución de la riqueza.

Insistimos también en que la recaudación debe provenir de una mayor generación de riqueza y no de un aumento en las tasas impositivas, ya que es preferible tener impuestos con tasas razonables y muchos contribuyentes, que impuestos elevados y baja contribución.

Estoy cierto que la mansedumbre de quienes están siendo utilizados para proteger el modelo neoliberal tendrá un costo que estoy convencido veremos muy pronto.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Oscar Levín.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

Con su venia, Presidenta; compañeros legisladores:

Derecha al fin, torpe, decía Malraux. Consideran que ya la tienen en la bolsa, que van a ganar en 1997, producen la tozudez manteniendo cambios profundos en su política que durante muchos años fue democrática. La cercanía al poder aleja en el pensamiento democrático.

No están tan cerca, compañeros panistas, yo diría que al cambiar su política, al hacer explícito su populismo, al abandonar sus lineamientos fundamentales de política, se están alejando precisamente del pueblo y de la consistencia que tuvieron, de derecha, pero consistencia al fin, por muchos años.

Es importante decir aquí, y decirlo bien, que no se puede llegar con altura a proponer reducciones de impuestos, una política de nuevo promotora del Estado, cuando dedicaron medio siglo precisamente a destruir ese populismo.

Complejos, parecía mucho en las capacidades del diputado que me antecedió de su fracción que traen una culpa muy grande. No, no es culpa de ustedes lo que ha pasado. No se la coloquen, nadie se las ha colocado, sencillamente asuman la responsabilidad de una relación de la cual se ufanaron durante seis años y de una política que ustedes mantuvieron en este mismo recinto durante muchas ocasiones.

Es importante comentar aquí que no se puede proponer, porque la gente lo entiende de manera yo diría que intuitiva y hasta maravillosa, proponer políticas que hacen sentir y ofuscan a la gente.

Están ustedes proponiendo, pregunta: ¿reducción general de impuestos en una situación de crisis económica por la cual está atravesando el país? Y a la vez están proponiendo una política que promueva de parte del Estado.

Si eso no es neopopulismo, por lo menos está muy cerca de serlo y a mí me gustaría una explicación acomodada en este sentido.

Pero volvamos a la política que a final de cuentas es la que puede lograr los consensos en esta importante y alta tribuna de consensos nacionales.

De lo que se trata aquí es de que tenemos muchos puntos de coincidencia; queremos una reforma de fondo; tenemos puntos de pronunciamiento y sus propias direcciones partidarias explican en los programas de televisión que para ustedes están ganando votos siendo tozudos en no participar en el acuerdo político nacional y eso se lo pueden premiar los electores.

No, señores del PAN, yo creo que los electores se lo van a castigar.

Nadie puede actuar con ese nivel de irresponsabilidad. Todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo en el diálogo político nacional, en modificar la política económica, en adecuar al país a las postrimerías del tercer milenio. No hay manera de hacernos entender que las cosas menores son más importantes que la mayor y la mayor es la profundización de la democracia en México y la transición pactada. A eso yo le llamo tozudez electoral, eso es a lo que le llamo tozudez electoral, esa misma que los ha llevado muchas veces a pelear con las minifaldas, esa misma que los ha llevado muchas veces a pelear con la intolerancia en los medios de comunicación, esa misma que las hace calificar a sus propios diputados de que hay libertinaje en los medios de comunicación, porque a veces ustedes también son sujetos de la crítica, como hemos sido nosotros durante mucho tiempo.

No, compañeros del PAN, no la tienen tan cerca. El pueblo de México va a estar de nuevo con las fuerzas progresistas.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde su curul):

Señora Presidenta, pido la palabra para rectificar hechos.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Jorge Ocejo.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:

Con su venia, señora Presidenta; amigos legisladores:

No debe preocuparse mucho el diputado Levín de que la cercanía del poder aleja del sentimiento democrático. Yo creo que hablaba por sí mismo, para sí mismo y para la gente de su partido, porque no creo que estuviera hablando para otra gente, no. Yo creo que sí les tiene que entrar una preocupación y muy seria. Yo creo que la tienen, no les va a entrar, tienen una seria preocupación al respecto.

Y dice que pedimos reducir impuestos. Claro. Cuando hay un superávit fiscal, lo más elemental es decir que los valores agregados en la economía son precisamente los salarios, las utilidades y los impuestos. Esos son los valores agregados en el proceso económico y en consecuencia parte de ese valor agregado es el que están tomando de la sociedad, pero no nos lo regresan en los bienes y servicios que tanto necesitan todas las comunidades y cuando se les llena la boca de decir del federalismo fiscal, pero no le entregan a los estados ni a los municipios los dineros que corresponden.

Si tiene 15 mil millones, no sé en qué los va a emplear, porque dijo que estaban guardados para poder hacer contingencias y para poder cumplir con ciertos puntos y ciertos gastos. Hay que cumplirlos ya, no hay que cumplirlos en qué mes, porque no lo estamos urgiendo y a lo mejor nos los quieren cumplir en el mes de enero, cuando ya no haya posibilidades de cumplir ese gasto y en consecuencia se quedó como superávit, nos recogieron dinero a la sociedad pero no nos lo entregaron.

Por eso son posibles los impuestos, porque sólo en el primer semestre 23 mil millones de IVA y 15 mil millones de superávit. Si hubiera sido el IVA el 7% todavía les hubieran sobrado 5 mil millones según el cálculo que yo he hecho y estaríamos en el IVA del 7% y no del 15%, señores. Entonces sí se pueden bajar los impuestos.

Y no es populismo, es algo que hemos sostenido en el Partido Acción Nacional de siempre, un Estado, un gobierno que debe de obtener sus finanzas públicas sanas, pero no retirarle recursos a la sociedad a costa de los ciudadanos, no puede ser.

Y no venimos a hacer una política promotora del gasto del Estado, no, lo que estamos exigiendo es que lo que se recogió nos lo reintegre, que no se lo quede, ni estamos diciendo que venga a gastar y con que tenga en esta circulante o haga cosas de ésas, no venimos a decir eso. Estamos diciendo que los 15 mil millones de nuevos pesos que recogió los reintegre en las obras, en los servicios, en los bienes que tanto necesitamos, porque son 15 mil millones de nuevos pesos, entre los cuales está el impacto del incremento a la gasolina y a la energía eléctrica, que al final de año nos resulta 50.3% en la gasolina y 34% en la energía eléctrica.

Eso es lo que le están dando a todos los mexicanos quienes tienen la mayoría en este recinto parlamentario, el quitarle más dinero, pero no te lo regreso, no quiero más gasto, quiero que me den el gasto estricto, único que se debe revelar a los ciudadanos cuando se les ha retirado parte de su riqueza, para que se haga en común lo que todos esperamos que se haga en común, que es la obra pública, que son todos los bienes y servicios que necesitamos.

Y en cuanto a la política, pues está bien, es como su desplegado, ¿no?, de que pronto vamos a hacer y pronto seguiremos haciendo. Y dice que pronto van a ganar y que nosotros vamos a hacer los perjudicados de estar sosteniendo esta política.

Lástima, porque son sus buenos deseos no cabe duda, que nosotros ya no vamos a ganar más votos si no estamos en el acuerdo. Bueno, eso piensa él, nosotros lo que hemos visto, no es que por estar o no estar en el acuerdo hayamos ganado votos, simplemente por estar con congruencia desde hace muchos años, hoy estamos ganando votos y se acabó, ¿no.

Y cuando habla de transiciones pactadas, ¿será como la del Distrito Federal.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Han pedido la palabra para rectificar hechos, el diputado Gabriel Llamas y el diputado Suárez y Dávila.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Señoras y señores diputados:

El diputado Levín hace una serie de preguntas, la verdad es que contestamos dudas, no ignorancia. Habla de seguir seis años de ideología, señor diputado Levín aquí no piensa, no se le puede seguir la ideología.

Señor diputado Levín, habla de cambio de política democrática, la democracia ni la conoce. Habla de reducción de impuestos, habla la ignorancia. Señor, qué no sabe, que a marzo ya había un excedente de ingresos petroleros y que a junio representaban 27 mil millones de pesos, el IVA nada más en dos meses de recaudación es menos de 2 mil 500 millones de nuevos pesos.

Con esos ingresos petroleros no se hubiera requerido el sacrificio de la nación, por una decisión intransigente por parte de ustedes.

Habla de lo político, porque la grilla le sale bastante bien. Habla de diálogo político nacional y yo le recomiendo un diálogo político personal, usted con su partido, porque difiere mucho de sus puntos de vista. Usted habla del triunfo de 1997. No, señor, el triunfo lo tenemos 1995, 1996 y 1997.

Una duda más o una ignorancia. Habla usted que durante seis años apoyamos los cambios económicos y la política económica del Gobierno. Uno, para que se lo sepa, los cambios que apoyamos en materia de relaciones con la Iglesia y el Estado, cambios al artículo 3o., al artículo 24, al artículo 27, al artículo 133, no únicamente son en materia económica y está muy equivocado si así lo quiere justificar y le quiero decir, nada más para que se lo aprenda, que en ningún momento durante los seis años anteriores aprobamos un Presupuesto de Ingresos, de Egresos, la Cuenta Pública, porque ésa es la cuenta del Gobierno, ésa es la economía. Nunca estuvimos de acuerdo en que ustedes concentraran el poder con la economía y la confundieran, por concentrar el poder y confundirlo con la economía han llevado este problema. Y los economistas están como Cristóbal Colón, como usted, nunca supieron a dónde iban, ni con quién iban, ni tampoco saben de dónde llegaron.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Suárez y Dávila y enseguida está el diputado Curi.

El diputado Francisco Suárez y Dávila:

Compañeros diputados:

Iba a comentar en mi intervención final, que el compañero Ocejo estaba equivocado, veo que es más grave, está totalmente confundido. Igualmente se aplica, iba a referirme al diputado Ocejo, pero veo que la confusión también se aplica al diputado que me precedió en el uso de la palabra.

Hay algo que a través de distintas discusiones amistosas que hemos tenido con el diputado Ocejo, hemos tratado de explicarle que un excedente fiscal no significa que el Gobierno tiene 15 mil millones de pesos en la bodega, esto es un esquema muy primitivo económico, así no funcionan las cosas. El excedente fiscal, para empezar, ha servido, y aquí es donde hay una ignorancia absoluta de las relaciones de causalidad económica, ese excedente fiscal no ha sido porque alguien quiere tener un monto de recursos guardados en el closet, como digo, ese excedente fiscal ha servido para bajar las tasas de interés, ha servido para estabilizar el tipo de cambio, ha servido para tener un excedente en la balanza de pagos, ha servido para cancelar deuda, aspecto que le preocupa al diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

Para eso ha servido el excedente, pero más importante aún, ese excedente ha servido primero, para estabilizar las variables económicas financieras, sin lo cual no es posible plantearnos lo que ahora podemos plantearnos: una recuperación económica. No se puede plantear una recuperación económica con un tipo de cambio de 15 pesos o con unas reservas internacionales agotadas, o con un desequilibrio en las cuentas externas.

Se puede plantear una recuperación económica, como lo estamos planteando los priístas, precisamente porque se logró eso. Y ese excedente que se generó en la primera mitad del año, con lo cual significa que se ignoran ciertas tendencias inherentes a la economía mexicana y a cualquier economía, de que de todas maneras en la primera parte del año hay una tendencia a que los ingresos aumentan más rápidamente que los gastos, inclusive por las razones que mencionó el diputado Llamas en lo que se refiere al petróleo. Esto es lo que nos permite en esta segunda mitad del año hacer frente apoyos a los deudores, pero sobre todo, a incentivar y estimular la inversión pública y el gasto público en general.

Efectivamente se ha referido el diputado que me precedió en el uso de la palabra, a los economistas, pero creo que también es importante puesto que es muy buen contador, que recuerde la partida doble; la partida doble significa que hay por una parte ingresos, pero por otra parte hay gastos. No se ha reconocido que esos ingresos han servido para dar 25 mil millones de pesos de participaciones, que eso ha servido para transferir 50 mil millones de pesos de gasto educativo. Pero sobre todo y lo subrayo, en el periodo de abril a agosto, cuatro estados panistas han recibido 500 millones de pesos por el aumento del IVA; que los regresen; han asumido los costos los priístas, los panistas reciben los beneficios, que los regresen. Esos 500 millones de pesos que han recibido los cuatro gobiernos panistas, es exactamente la deuda que dejó el gobernador Ruffo. Gracias a esos 400 millones de pesos pueden empezar a poner sus finanzas en orden. Eso es lo que logra el aumento del IVA. Eso es lo que logra la política fiscal. Los panistas irresponsablemente aceptan los beneficios, pasan la charola, no asumen los costos y las responsabilidades, los priístas no les pedimos que regresen el dinero, que lo guarden, que lo aprovechen, que salgan sus economías de la bancarrota. Eso es lo que planteamos.

La Presidenta:

Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado Jorge Ocejo.

Para rectificar hechos se va a inscribir el diputado Francisco Curi Pérez Fernández.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:

Con su permiso, señora Presidenta; amigos legisladores:

Yo creo que tenemos que centrar claramente en qué términos está esta discusión. No es por ignorancia. No, no es que se quiera hablar de ignorancia. Yo tengo aquí el reporte de Hacienda, del primer semestre. En consecuencia no hay ignorancia; no hay ignorancia cuando simplemente los ingresos petroleros crecieron ese primer semestre 36.4% en términos reales, descontada inflación. Pero de esos ingresos son 68 mil 769 millones, sólo son 20 mil 901 para Pemex y 47 mil 868 para el Gobierno Federal. Es parte de los recursos que nos retiran a la sociedad para no regresárnoslo.

Después el problema también es muy serio porque cuando expresa aquí el diputado Suárez y Dávila, que todo esto ha servido para estabilizar las variables, ha servido para bajar la inflación, nada más que no ha servido para el pueblo de México, porque el pueblo de México lo que requiere es que se le queden esos recursos en sus manos, que haga economía y los recursos deben de utilizarse. Y me podrá dar mil explicaciones, no me va a convencer, porque si me está diciendo que los sobrantes del IVA se fueron a los estados panistas, se fueron a todos los estados a través de las cuentas de la Ley de Coordinación Fiscal.

Nada más que afortunadamente los gobiernos panistas no los usaron para sí, como ya se lo habían recogido a la sociedad se lo regresaron a la sociedad en bienes y servicios. Bueno, analicen lo que se ha hecho de obra en esos estados y ésa es la diferencia simple y sencillamente. Nosotros regresamos, no guardamos. Aquí acabó su participación el diputado Suárez y Dávila diciendo: "... y guarden ese IVA". No tenemos preocupación de guardarlo. Lo vamos a utilizar, ¿cómo?, regresándoselo a la sociedad porque para eso se es gobierno; no para acumular riquezas a costa de los ciudadanos; no se requiere un gobierno rico y un pueblo pobre; se requiere que se le entregue a los ciudadanos el dinero que se ha recogido del fondo común, para que comúnmente se le entregue a todos y se hagan las obras que se necesitan.

Así es que aquí por ejemplo, si quieren ustedes también ver algunos otros datos, simplemente el gasto de capital del Gobierno Federal, cayó en 57.5% en términos reales, después de haber cubierto su gastito corriente, que ése sí lo cubrieron; cayó 19%, pero el gasto de capital, el de la inversión pública, cayó 57% con respecto al año pasado, el año pasado se gastaron en pesos nominales 7 mil 113 millones de nuevos pesos y este año sólo se gastaron 3 mil 767, más los 15 mil que están guardados para que nos estabilicemos aunque nos muéramos antes, porque nos vamos a morir antes los mexicanos, mientras se encargan de estabilizarnos toda esta situación económica.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Francisco Curi Pérez Fernández.

El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:

Señora Presidenta; compañeros diputados:

Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. La aplicación del modelo económico que el Partido de la Revolución Democrática ha denunciado insistentemente como equivocado, fue defendido abigarradamente por el sexenio salinista y por responsables que también aquí están en la bancada de Acción Nacional. Tanto así, que plantearon en su momento que les habían robado el programa económico. Tenemos, pues, dos viudas del salinato, no una sola.

El paquete financiero también que aquí lo desecharon y en el Senado lo aprobaron, refleja la doble cara de la complicidad y también del pragmatismo electoral. Este es el verdadero rostro de aquellos que también se detentan como una oposición auténtica. No se vale tener dos posiciones, simplemente para aprovechar la coyuntura y para abandonar el barco que se está hundiendo para construir otro paraíso terrenal, como auténtica oposición de última hora.

Nadie puede negar que en la actualidad estamos viviendo un gobierno de composición, un gobierno de coalición, de facto. El gabinete está integrado por dos partidos políticos. Este es un hecho. Habría que decir entonces quiénes tienen la culpa de todo lo que está pasando. Si exclusivamente los que mataron la vaca o los que le detuvieron la pata y se la están deteniendo actualmente.

Yo creo que un hecho tan grave como el que pasa en México, que una circunstancia tan difícil por la que están pasando muchísimos mexicanos, debiera de llevarnos a la reflexión de hacia dónde vamos y de cómo componemos este problema. No veo que en este recinto hayamos avanzado mucho en ese camino. Evidentemente una de las tareas más fáciles para la oposición, la auténtica y la trasnochada, es pegarle al Gobierno, a un gobierno que ha tenido que administrar una crisis de la cual es responsable, por el modelo económico aplicado.

Evidentemente no falló el pueblo de México que se ajustó el cinturón durante mucho tiempo; no fallaron durante este tiempo los empresarios pequeños que tuvieron que salir tronados por la carga fiscal y por la falta de apoyos; no fallaron muchos mexicanos que actualmente están dando grasa o lavando vidrios en cada esquina. Quienes fallaron, efectivamente, estuvieron en el Gobierno durante seis años y estuvieron siendo cómplices de una política económica equivocada y sobre de ellos es necesario que pese el juicio de la debacle económica de México.

En la elección pasada triunfó: "el bienestar para la familia", la oferta de quienes decían que "sabían cómo hacerlo", y también la de "un México sin mentiras".

¿No es mentira que se vota aquí de una forma y se vota en otra Cámara en otro sentido? ¿No es simulación participar en un gobierno y decir "que no hay ningún problema, que simplemente se pidió permiso"? ¿Les gustaría que al señor procurador lo retiraran de sus funciones, por ejemplo y Acción Nacional estaría tranquilamente aceptándolo? ¿Podrían aceptarlo?

¡En la práctica se muestran con una cara hacia la ciudadanía y con otra hacia dentro del Gobierno:

Creo que es importante que en esta época en la que debiéramos tener un informe de reflexión, un análisis sereno del problema que está viviendo México, una perspectiva diferente para nuestro país, debiéramos dedicarnos más que a rasgarnos las vestiduras, más que a tratarnos como si estuvieran dos de estas fuerzas distanciadas, como lo que realmente son: ¡dos fuerzas que están cohabitando en una enorme crisis, de la cual México no debiera tener la culpa:

La Presidenta:

Ha pedido la palabra para rectificar hechos, el diputado David Vargas.

El diputado David Vargas Santos:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Hemos venido a escuchar aquí a priístas y expriístas que pareciera que quieren escribir la historia de México a partir de 1995. Nos hablan de que el Gobierno ha tenido que remontar graves crisis. Nos hablan de que el PAN ha aprovechado las circunstancias. De que el PAN recibe dinero. Y se les olvida mencionar muchas cosas. Nos cuestionan sobre la política económica. Nos quieren pretender acusar de que somos copartícipes en la crisis.

Este debate recuerdo muy bien que lo sostuvimos hace nueve o 10 meses. Terminaré, como lo terminé en esa ocasión, todavía me falta tiempo y lo recordarán porque además se ha cumplido.

Acción Nacional no tiene por qué dejar de sostener lo que ha sostenido por más de 50 años. Somos el único partido, el único que hemos mantenido nuestra doctrina. Esto nos ha permitido proponer una política económica social consistente y congruente.

Muchos de los partidos que hay aquí, el resto, sin doctrina e ideología actúan de acuerdo a coyunturas y por eso a veces duelen las verdades.

El resultado es una política cambiante: "bienestar para tu familia"; "él sabe cómo hacerlo". Impredecible: promesas que no se cumplen y que impone altos costos a los agentes económicos. "Híjole, el costo social tenemos que pagarlo de la crisis". ¡Qué casualidad:

Acción Nacional, señores, ofrece lo mejor que tiene. ¿Y saben qué es lo que pasa sobre eso? Que la sociedad lo reconoce.

1o. Congruencia entre el decir y el actuar. Ahí está Baja California, señores. Precisamente la actuación de Ruffo fue refrendada en esta ocasión. Ahí está la victoria de Héctor Terán.

2o. Honestidad probada. El PRI no se puede dar lujos en ese sentido. Un solo pensar a través de más de 50 años. No hay otro que lo pueda decir.

3o. Confianza. A la gente le ha dado confianza.

4o. Consistencia. Que debe haber sostenido los mismos principios durante ese lapso.

Señores, les duela o no les duela, tienen que reconocer que el partido que ha obtenido triunfos políticos claros, a partir de 1994 y 1995, ha sido el Partido Acción Nacional.

Hace nueve meses hablé de las elecciones para gobernador. Y señalé que el PAN, les doliera o no les doliera a los compañeros del PRI, iba a ganar. Algunos de ustedes, inclusive de Baja California, les recuerdo muy bien que dijeron: "sí, cómo no; seguramente no va a ser cierto". ¡Ahí está la prueba:

Jalisco. ¡Ahí está la prueba!

Señores: nada más falta que se cumpla Michoacán y no vamos tan alejados de la realidad, ¿eh.

Les recuerdo a los compañeros y compañeras del PRI que fue lo mismo que dijeron hace nueve meses y lástima que no había periodo de sesiones cuando las elecciones de Baja California y de Jalisco, si no, creo que hubiera venido a recordarles varias cosas.

Vino el diputado Suárez y Dávila a tratar de cuestionar el que cuatro gobiernos panistas han obtenido beneficios, han obtenido recursos para poder pagar su deuda. Se le olvidó al diputado Suárez y Dávila que el resto de los municipios y estados son de su partido. Se le olvidó que de los 15 más endeudados 14 son del PRI. Se le olvidó que todo esto ha sido por un mal manejo financiero.

Los cuatro gobiernos panistas, insisto los cuatro, resulta que por lo pronto dos de ellos han refrendado su triunfo. La realidad es muy simple: la han refrendado gracias a su honestidad, a su capacidad, a su buen actuar. Cosa que no se puede decir de los gobiernos priístas.

Es cierto o sea, estamos convencidos que vamos a obtener la mayoría del Congreso en 1997, otra vez, les duela o no les duela.

Alguien hizo un comentario interesante.

El punto importante es, señoras y señores, que lo único que quiero recordarles es que el Partido Acción Nacional, y ya para finalizar, ha logrado obtener triunfos muy claros en estos últimos periodos de elecciones gubernamentales, por una razón muy simple: su capacidad probada, su honestidad, el que siempre habla con la verdad y su efectiva actuación.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra en la lista de oradores el diputado Jaime Arceo

El diputado Jaime Jesús Arceo Castro:

Con su permiso, señora Presidenta.

Yo lamento que hayamos desviado un tanto cuanto el punto del debate de lo que había de ser la discusión del capítulo económico del I Informe de Gobierno del presidente Zedillo. Pero no puedo quedarme callado sin hacer algunos comentarios y reflexiones.

El compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra creo que hizo una crítica injusta hacia los diputados del Partido Revolucionario Institucional, señalándonos como carentes de ideología o como algunos quisieran, que nos pudiéramos asociar a ideologías coyunturales. Todo esto está alejado de la realidad, compañero diputado. Yo quiero recordarle que los diputados del PRI encontramos nuestra base ideológica fundamentalmente en los artículos 3o., en el 27 y en el 123 constitucional, que justamente se modificaron con la complacencia de los diputados de Acción Nacional.

También quisiera mencionar que nosotros no tenemos ningún temor cuando se habla que el Estado debe ser adelgazado, que el Estado debe disminuir su participación en algunos aspectos de la vida nacional. Nosotros, compañero diputado, creo que fue Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional, no estamos en contra de que haya menor Estado o que haya más sociedad. Nosotros sabemos que ahora somos una sociedad distinta y por eso creemos que debe ser distinto el Estado para una distinta sociedad.

Entrando un poco en algunas de las inquietudes planteadas con respecto al I informe, yo quisiera mencionar que también se ha criticado que no existe una política industrial. Creo que aquí hay un error nuevamente de apreciación. Nosotros pensamos que la política industrial consiste fundamentalmente en tres locomotoras: la del mercado interno, basada en la agricultura y la producción de bienes de consumo para los asalariados; la del mercado externo, basada principalmente en industrias como la automotriz, electrónica, la química y por supuesto, también la maquila y una tercera que es la de energéticos, que controla el Estado.

Y es justamente con este enfoque de política industrial que Ernesto Zedillo propone no solamente en el Plan Nacional de Desarrollo, sino en este I informe, algunas líneas de acción concretas para reactivar la economía en muchos de los sectores actualmente deprimidos.

Es también necesario mencionar que por el reconocimiento de esas deficiencias en la planta productiva se hace énfasis en la micro, pequeña y mediana empresas y ahí están los programas concretos de promoción de las cadenas textil-confección, cuero-calzado, también tenemos el Programa Compite para aumentar la competitividad, las Compras del Sector Público y Desarrollo de Proveedores, el Programa Específico de la Industria Automotriz y algo fundamental que fue la formación del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Industrias.

Creo que también destaca esa reestructuración planteada del sector energético para potenciar su contribución a los objetivos nacionales de crecimiento económico y desarrollo social. Creo que esto aclara algunas de las dudas aquí planteadas, cuando se menciona en el aspecto del superávit que sólo se han hecho los gastos correspondientes al gasto corriente, yo quisiera mencionar que efectivamente dentro del gasto corriente hay algo que se llama como gasto irreductible y fundamentalmente son los salarios, los salarios de una burocracia que muchos quisieran hablar siempre en sentido peyorativo, pero nosotros sabemos que la burocracia que se ha sostenido es la de servicio fundamentalmente los maestros y el sector salud, nuestro reconocimiento a los maestros de México, eso no podría ser reducido por ningún motivo.

Yo creo que quizá la más grande preocupación de algunos partidos, concretamente del PAN, es que les preocupa que efectivamente se estén dando cambios para rescatar el sentido que siempre debió tener la conducción de la política económica por parte del Estado.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Esta Presidencia comunica a la Asamblea que han pasado ya obviamente más de las tres horas que se habían acordado y seguiremos con la lista de oradores pero pedimos a los grupos parlamentarios que de ya no haber participaciones en los inscritos en virtud de algunos de ellos haber hecho uso de la palabra, nos lo hagan saber.

En turno el diputado Jesús Carlos Hernández Martínez, del Partido Acción Nacional.

El diputado Jesús Carlos Hernández Martínez:

Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Hablar de la estrategia realista, de una estrategia de tierra, lo que está debiendo y sintiendo nuestra patria en tierra, tierra. México es un país importante en el concierto de las naciones, ocupa el lugar número 15 a nivel mundial en cuanto a producción de bienes y servicios pero ocupa un número 53 en cuanto a la distribución de la riqueza.

Esto nos habla de que el problema de nuestra falta de desarrollo no radica tanto en la planta productiva como en las trabas que se le imponen día a día y que imponen el pleno desarrollo de México, la planta productiva ahí está pero se encuentra ociosa o no se le ha permitido despegar; el problema no es pues la planta industrial sino el Gobierno y sus malas políticas económicas.

Sacar adelante al país es posible, pero solamente lo lograremos si creamos el entorno adecuado para ello y en el I Informe de Gobierno del presidente Zedillo no se vio ni se anuncia una sola acción concreta para lograrlo.

Al margen de las vueltas que se le quieran dar al tema, la realidad es que solamente las empresas son las únicas generadoras de riqueza; el Gobierno no crea riqueza, el Gobierno la trasfiere de un sector a otro o se la gasta pero no la genera y si son las empresas las que generan la riqueza y el sustrato de crecimiento económico entonces las políticas deben estar encaminadas al fomento de la creación de más empresas que generen empleo, producción de bienes y servicios para poder así salir del estancamiento en que nos encontramos.

Lejos de esto las acciones gubernamentales adolecen de severos defectos. No existe una política, por más que se diga, de fomento a las empresas pues ni siquiera se sabe distinguir de las micro, las pequeñas, de las medianas empresas, cuando todos sabemos que constituyen universos totalmente distintos, sino aceptar que sin diagnóstico adecuado el tratamiento se irá haciendo ineficaz.

No existe una voluntad de desregulación pese a lo que se anuncia en el informe, la realidad nos habla de que hoy tenemos aún más obligaciones y requisitos que hace dos años. Algún autor ha compendiado más de 800 obligaciones para las empresas del Distrito Federal y podemos preguntarnos de qué se habla cuando se dice "de desregulación".

No existe una clara voluntad de solución a los problemas económicos del país, una vez más el Gobierno ha transferido a la sociedad la carga de sus equivocados manejos económicos y ni siquiera anuncia un programa de salvamento a la exhausta ya planta productiva.

No existe voluntad de darle algún tipo de solución al problema de la economía informal que castiga cada día más a las empresas formales y deja un amplio cauce a las actividades de corrupción de inspectores, coyotes y líderes partidistas muy señalados. Así, el programa para atender la emergencia económica suscrito por el titular del Ejecutivo el pasado mes de marzo y que aplicó un programa de choque para la actividad económica, lo único que logró fue salvar las finanzas gubernamentales a costa de las finanzas familiares, negando su lema de campaña. El resultado está a la vista: cierre masivo de empresas y las correspondientes fuentes de empleo, pobreza y desesperación para miles y miles de hogares.

La política, una política industrial integral de fomento y que propicie crecimiento acorde a la estatura que representa el tamaño de la economía de México ante los demás países implica una serie de cambios estructurales. Lo que necesitamos es un modelo económico sólido y a largo plazo.

El Partido Acción Nacional, insisto, ha propuesto un programa de desregulación efectiva que permita a las empresas una actividad de crecimiento, de seguridad real y que implique que el Gobierno se dedique a impulsar y favorecer la actividad de las empresas y no a estorbar. Un programa específico de reducción inmediata y efectiva a la carga impositiva que fomente la inversión y la reinversión y que propicie e incentive el ahorro interno cuya carencia el mismo presidente ha reconocido como detonante de la actual crisis.

Un programa inmediato de fomento que clarifique sin lugar a dudas las dimensiones de la micro y la pequeña empresa, que propicie su creación y su desarrollo. Ya es tiempo de que la empresa que da más del 80% de empleo a la población económicamente activa, se le dé importancia.

La realidad angustiante de miles de empresas requiere de acciones inmediatas. La recesión ha afectado a sectores enteros de la actividad industrial y comercial. La situación de las industrias de la construcción, manufacturera y particularmente la minería, es insostenible. No existe inversión por el burocratismo, por la corrupción oficial por el reglamentismo, pero especialmente por la falta de confianza.

La industria está perdiendo millones de dólares ante la capacidad ociosa de la planta productiva y ante la falta de incentivos a la reinversión.

En el caso de la minería, por poner solamente un ejemplo, en los nueve meses de la presente administración no se ha entregado un solo título minero por falta de reglamento de la Secofi y además se nos dice al asegurar en el informe que se han otorgado ya 1 mil 500 concesiones mineras y esto es un error.

Esto sólo puede producir desesperación a los empresarios y productores; lo que las empresas esperan del Gobierno solamente es que no estorbe, estorbo significa trámites, estorbo significa tiempo perdido en oficinas y dependencias burocráticas donde nunca se resuelve nada; estorbo significa coyotes disfrazados de inspectores o inspectores ni siquiera disfrazados de coyotes; estorbo significa una cadena larguísima de impuestos y obligaciones, algunos anticonstitucionales; estorbo significa extorsionadores disfrazados de sindicatos; estorbo significa promesas de fomento que nunca se cumplen, pero que sí se publicitan hasta el cansancio.

El informe presidencial que nos ocupa es una cuenta superficial de acciones emprendidas para salvar la insolvencia gubernamental, en el que se elude cualquier tipo de responsabilidad y en el que se llama a los causantes que puntualmente pagamos nuestros impuestos a seguir pagando más y mejor porque el Gobierno se volvió a equivocar.

Lo de menos es si los errores fueron en diciembre o en julio, fueron errores y nadie responderá por ellos, el costo lo pagará la sociedad otra vez y ya conocemos el precio.

Se nos ha dicho que ya se resolvió el problema de la macroeconomía y que están echadas las bases de un nuevo crecimiento, pero no creemos que esto sea así. Con todo, el precio de la microeconomía ha sido nefasto, el Gobierno anuncia una vez más su total falta de sensibilidad hacia el bien común, hacia el bienestar de las familias y ha sumido en la insolvencia, en el endeudamiento, en el desempleo, en la falta de oportunidades y además no le arroja ningún tipo de salvavidas efectivo.

Seguiremos viviendo la emigración de hombres del campo, la dieta de los mexicanos seguirá viéndose mermada en su ya de por sí raquítica composición; tendremos cada día más pobres ante la miopía oficial.

La actividad comercial también se ha visto mermada, aunque es la industria la que se encuentra en serios problemas y no se percibe ningún tipo de solución concreta a corto plazo.

La planta productiva seguirá siendo víctima de inspecciones inflexibles, de requerimientos de todo tipo, de multas, de embargo, por parte de una seguridad social insensible y burocratizada, de inspectores ecológicos insensibles y particularmente de un fisco voraz e insaciable. Todo parece apuntar a que la ciudadanía no recibirá ninguna acción de fomento, no tendrá incentivos para modernizarse y se la tendrá que seguir arreglando sola.

Ante la indiferencia oficial este panorama que nos rodea, el informe que analizamos, es un informe que llama más la atención por lo que no se dijo, que por las buenas intenciones que en él se expresan, pero la economía del país, la número 15 en el mundo, está urgida de algo más que buenas intenciones y de programas hechos por funcionarios que jamás han creado un empleo, pero que han sido muy eficaces en destruir lo que las empresas, esto es, la comunidad de empresarios, accionistas, trabajadores y consumidores, han logrado en muchos años, algunos toda una vida de trabajo para construir algo que se esfumó en unas cuantas semanas.

El enfermo no estaba grave, el que lo mató fue el médico.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Sara Muza.

La diputada Sara Esther Muza Simón:

Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Vengo a esta tribuna como integrante de la fracción priísta de esta Cámara de Diputados a participar, al igual que quienes me antecedieron en el uso de la voz, en el análisis del informe presidencial sobre el sector turismo, que presentara el titular del Ejecutivo ante esta soberanía.

Quiero llamar su atención de manera muy especial, porque creo que el tema que nos ocupará de manera muy breve analizar, sobre el sector turismo, es uno de los sectores más importantes y que aveces en nuestra opinión y participación, queda rezagado y en este momento creo importante llamarIes la atención para poderlo analizar de manera puntual.

En ese documento el presidente Ernesto Zedillo destaca en un espacio importante cuatro rubros fundamentales: la relevancia que el sector turismo representa en nuestro país, la participación del turismo en la economía, las políticas del turismo en México y las acciones para promocionar esta actividad. Estos temas nos ocuparán con brevedad hacer algunas reflexiones.

Si hablamos del turismo en nuestro país, estamos hablando de la tercera actividad generadora de divisas, después de la industria automotriz y la del petróleo.

Hablar del turismo social, es también hablar de una actividad que no sólo genera empleos sino además permite la reincorporción al empleo de trabajadores que temporalmente han sido desplazados y si hablamos del turismo en el aspecto económico estaremos hablando de una actividad potencial que reactiva la economía nacional y fomenta el desarrollo social.

Por otro lado si nos preguntamos qué acontece en los mercados internacionales con la actividad turística tendremos que reconocer que las condiciones cambiantes del turismo mundial nos han imbuido en una competencia que nos exige actualizarnos, nos impone algunas obligaciones, nos compromete a definir objetivos, nos obliga a diversificar nuestra oferta, a eficientar la prestación de nuestros servicios y desde luego pone a trabajar nuestra imaginación, comprometiéndonos para ser más competitivos.

Consideramos importante destacar que la explotación de nuestras riquezas naturales debe hacerse ordenadamente, respetando sus ecosistemas y contribuyendo de manera importante a la oxigenación económica que tanto requiere el país. Ejemplos tenemos y muchos, de países que con un potencial turístico menor al nuestro registran una importante captación de recursos que les permiten tener condiciones económicas más favorables.

Reconocemos que en la geografía nacional se han instrumentado acciones para elevar el nivel de competitividad de los productos turísticos; la capacitación ha sido programa prioritario. En esta actividad han concurrido diferentes dependencias y entidades públicas y privadas para impulsar el desarrollo de esta actividad.

De igual manera se ha enriquecido con instrumentos y programas que permiten coordinar y estimular el desarrollo turístico en sus aspectos cultural y ambiental.

Es importante destacar y mencionar hoy que la promoción del turismo social debe ser una actividad que el Gobierno incorpore y promueva en todos sus niveles; no olvidemos que el encuentro con nuestras raíces nos permite consolidar nuestro presente y nuestra identidad para el futuro.

Se han hecho esfuerzos importantes para promover el turismo, pero es necesario que comprometamos acciones que nos permitan alcanzar mejores resultados.

Reconocemos la importancia que el Ejecutivo ha manifestado en materia turística y los avances que en este sentido ha informado.

No obstante consideramos necesario que el fortalecimiento de este sector es indispensable. Hay que señalar que el sector turístico aporta al 3.2% del PlB, contrastando con el 0.25% que el sector central de la administración pública federal asigna al mismo.

Con una legislación actualizada, una inyección de recursos adecuados y una agresiva promoción del turismo, seguramente podremos proyectar esta actividad para ser reconocida como prioridad nacional.

Compañeras y compañeros diputados: la agenda que tenemos enfrente para impulsar la actividad turística demanda soluciones urgentes. Es imperativo aprovechar el gran potencial de nuestras regiones, tanto por la diversidad cultural que ellas contienen como por su atractivo natural.

Requerimos encontrar las mejores fórmulas para los esquemas financieros y de inversión.

Es impostergable incidir con eficiencia en los procedimientos de capacitación y actualización para lograr ventaja en la competencia de los servicios. Tenemos que lograr el objetivo de que la actividad turística se refleje en beneficio para las comunidades, los municipios y los estados en los que esta actividad se desarrolla.

Los tiempos actuales exigen que los poderes de la Federación y las instancias del Gobierno Federal, estatal y municipal trabajemos conjuntamente para aportar conocimientos e ideas que nos permitan legislar y actuar en un marco de derecho y de respeto para una mejor distribución de la riqueza, de los excedentes, de los recursos que genera la actividad turística.

Con estas acciones, compañeros diputados, seguramente fortaleceremos el federalismo que tanto anhelamos.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Carlota Botey.

La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

Con su venia, señora Presidenta; honorable Asamblea:

El 1o. de septiembre la nación, el pueblo todo fue testigo de un informe ficción, en el que el actual Gobierno no presentó un diagnóstico profundo ni real de la crisis estructural que vive el campo mexicano.

En el trasfondo del texto leído por el doctor Zedillo está el neoliberalismo en su versión más ortodoxa, proyecto económico que condena a muerte lenta a 3.2 millones de productores de básicos, que representan más del 80% de la población rural.

Esto para dejar el campo libre a los maiceros de Estados Unidos, principal productor de este grano en el mundo y que enfrenta graves problemas de sobre producción.

En el informe de ficción está ausente el verdadero México, el México profundo, el México de un campo que tiene hambre, que está descalzo, que muere de enfermedades curables, que no tiene luz, que no tiene agua y cuya población más joven no ingresará a las universidades y ni siquiera terminará la primaria; el México de los pueblos indios.

El proceso de reforma agraria generó una estructura de tenencia de la tierra de 1.5 millones de productores privados. La mayor parte minifundistas; el sector social aproximadamente de 3.2 millones de ejidatarios y comuneros. Pero además coexisten dos millones de jornaleros agrícolas que no tienen tierra y aproximadamente 3 millones de campesinos son expulsados del país y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los Estados Unidos, lo que suman alrededor de 5 millones de campesinos que en su país no tienen tierra, empleo y un salario digno permanentemente. Ellos son invisibles, tanto para el informe como para el Programa Nacional de Desarrollo.

Esto demuestra que uno de los grandes problemas nacionales sigue siendo la cuestión agraria; que en el proyecto globalizador y neoliberal la quieren reducir a un asunto de rezago agrario, resolviéndolo con un manejo cuantitativo de expedientes.

El problema de la tierra, del México de hoy, se pretende reducir a 4 mil expedientes que son las resoluciones positivas emitidas por el Tribunal Superior Agrario, de los cuales sólo se han ejecutado el 29%.

En el medio rural mexicano, un gran número de campesinos no tiene ingreso; la mayoría alcanza menos de un salario mínimo por la venta de sus productos o de su mano de obra. En promedio, en este país, hoy, una familia campesina no percibe ni 10 pesos diarios. ¿Es con el ahorro de estos campesinos que se quiere reestructurar el desarrollo agropecuario de México.

Todos recordamos las anticonstitucionales reformas de Salinas al artículo 27, en las que se quebró el espíritu social del Constituyente de Querétaro y la soberanía nacional.

El argumento fue que tras las reformas iba a fluir el capital, privilegiándose así las asociaciones mercantiles.

Y aquí pregunto: ¿Qué fue de vaquerías, el orgullo del salinato? ¿Dónde quedó el capital? ¿Por qué el PRI-Gobierno, particularmente los neoliberales en el poder no pueden entender que el campo mexicano debe ser de los campesinos? ¿Por qué no entender que un desarrollo sustentable y soberano, con autosuficiencia alimentaria, sólo puede darse con la participación de los campesinos del país? Ello permitiría un desarrollo rural autosuficiente, autosostenido y soberano, antepuesto a los principios neoliberales de dependencias e integración comercial.

Y también nos preguntamos: ¿Cómo es posible que uno de los causantes de la pobreza del campo, el doctor Luis Téllez, uno de los ideólogos de la reforma salinista del artículo 27 constitucional, se le permita, con un puesto tan influyente, se le premie en Los Pinos como jefe de la oficina de la presidencia de la República.

Lo más importante para una nación libre y soberana es la justicia y el informe, en lo que respecta al sector agropecuario, va únicamente dirigido a 22 mil productores de hortaliza y no a los 3.2 millones de productores de grano, la mayoría del sector social, a los que se les quiere reducir a una asistencia social pronasolera, que no resuelve los problemas fundamentales de la producción: crédito, asistencia técnica, mecanización, insumos, organización y ciencia.

Tampoco a los productores medios les ha ido bien con el neoliberalismo y ese sector en otros tiempos próspero y que fue uno de los que posibilitó el desarrollo de México, ahora está organizado en El Barzón demandando no perder su patrimonio familiar.

Una prueba irrefutable del fracaso neoliberal en el campo la tenemos en los siguientes rubros: un producto interno en el sector primario decrece casi 10% en el primer semestre del año, una drástica caída de la inversión pública en el desarrollo rural de 80 millones de nuevos pesos a 15 millones de nuevos pesos, esto a precios de 1980. La caída de la producción de los 10 principales cultivos nacionales desde 1980 a la fecha, lo que descarta explicación coyuntural que ofreció el doctor Zedillo, con base a la crisis financiera de diciembre y a la sequía.

En el campo mexicano se han prendido suficientes focos rojos: Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, de no corregir pronto el rumbo económico y de persistir vamos por camino recto, puede multiplicarse en, ¡Ya basta!, de los indios chiapanecos del 1o. de enero de 1994.

El I Informe de Gobierno del doctor Zedillo, es en los hechos un reconocimiento del fracaso del proyecto de reestructuración de la agricultura, emprendido a partir de 1982. Ese proceso, basado en continuos recortes del gasto público, en la apertura comercial indiscriminada, incluido el Tratado de Libre Comercio, que deja a la iniciativa, al capital privado nacional e internacional, ha provocado en el campo un desastre sin precedentes en la historia contemporánea de nuestro país.

El dogmatismo no proviene de nuestras filas sino del propio Gobierno, que aún con las graves evidencias del derrumbe del modelo neoliberal, se opone a modificarlo.

La Presidenta:

Habla el diputado Tomás Baños Baños.

El diputado Tomás Baños Baños:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:

Voy a agregar algunos comentarios en relación a la exposición de los compañeros diputados que me antecedieron en la palabra, en el medio rural existe una creciente expansión de la pobreza que toca los límites de su resistencia y deriva en una creciente inquietud y preocupación social. Las respuestas a sus demandas no pueden esperar más, exigen solución de fondo, pero además, urgentes. La situación que vive el campo mexicano en todos sus aspectos no es reciente, sino es el resultado de un proceso permanente de descapitalización, absorción y de transferencia de recursos en el afán de fortalecer al sector industrial de este país. Esta es la historia de nuestro campo.

En las últimas tres décadas sus resultados han sido el incontrolable deterioro de sus bases productivas, sociales y económicas. Ante esta realidad, la reforma al 27 constitucional pueden y deben servir a los campesinos para ampliar sus posibilidades económicas, abrir nuevas perspectivas para capitalizar al campo; pero de ninguna manera debemos socavar su unidad interna, su sentido de identidad, ni mucho menos poner en riesgo su posición y usufructo de la tierra.

En el campo requerimos el equilibrio entre la economía y la justicia social. Los campesinos saben cómo lograrlo, pero necesitamos acercarles las herramientas que les permitan transitar en la legalidad y la paz social. Nadie como los campesinos se la ha jugado por México. La iniciativa privada ha demostrado su incapacidad histórica para crear la riqueza social en el agro mexicano, por eso convocamos al Estado para que retome su papel de rector y solidario en el desarrollo del campo.

Como en la industria, requerimos el impulso inicial que revitalice al campo, sin paternalismos, sin dádivas requerimos instrumentar un nuevo modelo de desarrollo del campo mexicano, con estrategias que eliminen todos los lastres actuales. Urgen políticas claras para dinamizar a los sectores estratégicos con mayor capacidad de desarollo y racionalizar e impulsar al sector social que lucha por su sobrevivencia.

Es necesario establecer una política agropecuaria que tenga como eje fundamental la rentabilidad y la capitalización de los sectores productivos rurales, que retome la creación de infraestructura productiva primaria para incorporar más superficie al sistema de riego; que impulse a la ganadería, al aprovechamiento racional de las riquezas naturales; que fortalezca a la agroindustria la comercialización y el consumo de los productores del medio rural.

Los recursos que se han destinado al sector agropecuario se han quedado en el nivel de apoyo asistencial a los productores, sin incidir en un verdadero programa sustentable de capitalización y fomento. Por ello, se hace imperativo la reestructuración del sistema financiero como palanca de reactivación productiva que oriente y consolide el amplio proceso de inversión en obras de infraestructura, de tecnologías, de capacitación y organización de productores, que promuevan el empleo, que alienten la comercialización y la producción y además modernicen la estructura agropecuaria, forestal y pesquera.

El señor Presidente de la República, don Ernesto Zedillo Ponce de León, en su I Informe de Gobierno fue realista y dejó clara su preocupación y su decisión de impulsar en los campesinos, de retomar la solución de su inmensa problemática y lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: la reactivación integral del campo mexicano.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado José Luis Galeazzi Berra.

El diputado José Luis Galeazzi Berra:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Hablar de México y de su propia historia es hablar del campo; porque la actividad agraria está estrechamente vinculada con los hechos relevantes de este país.

A lo largo de la Colonia y aún desde la etapa prehispánica las actividades agrarias han estado presentes en la vida de los mexicanos, sus movilizaciones y luchas constituyeron a final de cuentas la forma medular de la participación de las grandes masas populares que desembocaron en el movimiento armado de 1910.

El medio rural enfrenta desde la década de los sesenta, un acelerado deterioro en los niveles de bienestar social, así como un estancamiento y descenso de la producción y productividad.

Para el estadio anterior basta con señalar que el 23% de la población en México es rural. Pero sólo genera el 7% del PIB nacional. Además, según el INEGI, el 35% de la población rural padece pobreza extrema y el 70% de la población más pobre en México se encuentra en el campo. Sin embargo, contrariamente a lo señalado por el presidente Zedillo, todo parece indicar que el problema en el campo no ha tocado fondo ya que en 1995 se sembrarán sólo 14.1 millones de hectáreas de los 10 cultivos principales, 4.85% menos que en 1994 y 9.3% menos que en 1985.

Además, en 1995 se tendrá una producción de sólo 25.1 millones de toneladas, 13.3% inferior a 1994 y 15.5% menos que en 1985. Esta reducción la atribuye el Gobierno a factores climáticos adversos, tal pareciera que llevamos 10 años con estos factores en contra, que desde 1985 la producción ha ido disminuyendo.

Como consecuencia de la debacle real el PIB agropecuario de 1993, fue inferior en términos reales al de 1995, debido a que la productividad en el sector agropecuario ha disminuído notablemente, la alimentación de los mexicanos ha ido dependiendo en mayor proporción, de las importaciones.

En granos importamos, en 1984, 11.66%; en 1994, 24.02%; dos veces mayor; carne de cerdo: 2.9%; en 1984, 18.3; en 1993, seis veces mayor; leche: 11.2%; en 1984, 21.7%; en 1993, dos veces mayor. El informe de Gobierno expresa:

"En el caso de la leche en polvo, Conasupo mantiene su función de ser el único agente que realiza las importaciones necesarias de leche en polvo."

Esto representa un monopolio de Estado que acaba con la competencia y al mismo tiempo la productividad. Además provoca el cierre de empresas productoras de leche en nuestro país. Estas desventuras del campo no pueden atribuirse como se pretende en el informe presidencial, a factores climáticos adversos, sino a las acciones equivocadas del Gobierno.

¿Cómo se pretende hacer productivo al campo si sólo el 28% de la superficie cultivada contó en 1995 con asistencia técnica, si sólo se produce semilla certificada para sembrar el 14.5% de la superficie de maíz, el 5.6% de la de frijol y el 40% de la de arroz, si el crédito otorgado al campo cada año es menor.

Por otra parte, los proyectos de investigación agropecuaria se redujeron en 10.7% durante 1991, respecto al año anterior. Y la mayoría de las instituciones dedicadas a la educación agrícola superior se han visto en la necesidad de reducir su número de alumnos y están al borde de desaparecer. Esto, debido a la falta de oportunidades de trabajo y a la baja rentabilidad en este sector.

El favorecimiento del proceso de industrialización y la urbanización, aunados a los problemas financieros del país, así como la falta de una estrategia integral para el campo, redujeron los niveles de inversión pública y privada en el sector rural en 12% del total en 1980 hasta el 6.4% en 1995. A la mitad.

Uno de los problemas que han frenado el desarrollo del campo, es la inseguridad en la tenencia y productividad de la tierra. Para resolver esta problemática, en 1992 el Partido Acción Nacional impulsó modificaciones importantes al artículo 27 y su Ley Reglamentaria en materia agraria, para finiquitar el reparto agrario y otorgar a los ejidatarios y comuneros la facultad de decidir el uso de sus tierras y tengan protección jurídica de su propiedad.

Sin embargo ya han pasado varios años y los campesinos aún permanecen esperando que la letra de la legislación se lleve al terreno de los hechos; que su nivel de vida aumente, que por lo menos no se vea menguado como es hasta hoy.

El Procede ha avanzado con gran lentitud en la regularización de tierra, debido a la falta de difusión de este programa, o incluso, por la promoción negativa del mismo por parte de los comisariados ejidales y funcionarios de la Reforma Agraria. Esta actitud burócrata e ineficaz, se refleja en el reducido número de certificados emitidos, tal es el caso de la certificación de sólo 14.9 millones de hectáreas, de un total de 103 millones de hectáreas, o sea, el 14% del total.

En materia forestal, el informe de Gobierno no menciona hechos concretos ni resultados en materia forestal; mientras perdemos anualmente 340 mil hectáreas o más de bosques y selvas, la contribución al producto interno bruto del área forestal se reduce cada vez más.

En resumen, podemos afirmar que carecemos de una política forestal racional. Hasta la fecha no existen reglas claras, seguridad jurídica a largo plazo ni incentivos fiscales.

En materia de recursos hidráulicos la infraestructura existente no es suficiente para la captación de agua de lluvias, ya que los 1 mil 843 millones de dólares aplicados al sector hidráulico no han sido suficientes y se requerirá en el futuro mayor inversión en este rubro.

Sin embargo el problema más grave que enfrenta el país es el del campo, que nunca se resolverá con programas políticos populistas y electoreros. Siete décadas de paternalismo, corrupción y manipulación han dejado a la mayoría de la población rural en la pobreza extrema. La demagogia como cáncer convirtió la riqueza de nuestras tierras y bosques en el precario monocultivo, que hoy se traduce en la degradación de la mayor parte de nuestro suelo y campesinos. Así como los problemas de los hombres del campo no se resolvieron con el reparto de tierras, porque éste no se acompañó con medidas complementarias, ahora se requiere un medio de ayuda que haga posible al trabajo libre de quienes por siglos han sido explotados por caciques rabiosos.

Además se necesitan instituciones agropecuarias que enseñen la responsabilidad, que eduquen, orienten y difunden una vida mejor para nuestros campesinos.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha hecho y seguirá haciendo propuestas claras para el agro mexicano, como son otorgar al campo prioridad nacional, a través de disposiciones legales y administrativas.

Hoy ante la necesidad de rescatar al campo y al campesino, para darles una opción que no sea la violencia. Quisiera repetir esta frase para darles una opción que no sea la violencia, urgimos al Ejecutivo Federal dar una respuesta inmediata y permanente al problema del sector agropecuario.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Alfonso Molina Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alfonso Molina Ruibal:

Diputada Presidenta; compañeros diputados:

Los diputados priístas vemos con beneplácito cualquier esquema de debate abierto que permita a este Congreso, como se ha hecho el día de hoy, una mayor aportación al debate nacional y a la sociedad mexicana para que se esclarezcan y se enriquezcan las opciones. Y esto es lo que estamos haciendo en este largo e intenso debate de esta parte de la sesión del día de hoy.

Ningún modelo económico es del todo o nada. Modelo es sinónimo de dogma y por ello tenemos que ir adecuando precisamente las estrategias a las nuevas circunstancias. Así lo hemos propuesto los priístas, así se está haciendo desde el gobierno. No podemos soslayar las fallas de algunas estrategias, pero tampoco debemos dejar de reconocer los avances y los logros y creo que esto es válido para el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, puesto que sí existe una estrategia precisamente para reactivar al campo mexicano. Sí existe un plazo establecido por el propio Presidente de la República, que por cierto se vence dentro de algunas semanas, para que los responsables de esta área tan estratégica y efectivamente tan olvidada en algunos aspectos, presenten el programa mediante el cual el campo será profundamente atendido.

Y yo solamente al final de este intenso debate, como decía, quisiera retomar un tema que aquí algunos compañeros, sobre todo del Partido Acción Nacional, mencionaron a lo largo de esta mañana y de esta tarde y que se refiere precisamente al del federalismo, al del modelo de revisión que tenemos que hacer todos del sistema de participaciones en el país.

Y me preocupa que precisamente las menciones que se hicieron, se hicieran nuevamente desde un enfoque particularmente partidista, excluyente a veces, como si fuera un asunto que sólo ha preocupado a una de las fracciones de este Congreso.

Supongo que se trata aquí, como en otros casos, de una estrategia de tribuna. La realidad es que el diagnóstico existe, se deriva de una larga tradición centenaria que se arraiga en nuestra propia historia y permítanme brevemente una cita, que nos dice lo siguiente:

"Se han padecido las consecuencias nocivas de un centralismo autoritario que inhibe el desarrollo democrático, concentra recursos, decisiones y estímulos y coarta la participación y el desenvolvimiento equilibrado de las regiones del país."

No, compañeros, no es cita de ninguno de los gobernadores o alcaldes de otro partido que no sea el nuestro, al que yo represento. Esta cita es precisamente del texto del presidente Zedillo que entregó a esta representación nacional. Es decir, es la convicción del presidente Zedillo que responde a la que tenemos nosotros los priístas.

El nuevo federalismo, es cierto, ha sido abordado a profundidad. No de ahora, desde hace mucho tiempo. Yo diría que prácticamente todo se ha dicho, pero también al mismo tiempo queda mucho por hacer.

No se trata, desde luego, de negar los avances, las cifras hablan por sí solas y aquí se habló de que en estas circunstancias tan difíciles y tan complejas para el país, incluso la estrategia económica implementada en estos meses ha permitido a algunos gobiernos de Acción Nacional resolver en parte el problema del endeudamiento.

Yo diría: mejor yo propongo que veámos hacia adelante, hacia la enorme tarea que tenemos que hacer nosotros en este Congreso; es decir, ¿Cómo traducir nuestras coincidencias conceptuales en mecanismos operativos? ¿Cómo incrementar los ingresos de los estados y los municipios en lo que estamos de acuerdo, sin deteriorar la solidez financiera de la nación en lo que por cierto también estamos de acuerdo? ¿Cómo conservar el equilibrio entre regiones de gran potencial económico y aquellas entidades de menor desarrollo regional, pero hacerlo además amalgamando los criterios de equidad, de eficiencia y de equilibrio financiero.

Y luego un asunto toral, la supervisión y el control en el uso de los recursos públicos, un mecanismo que respete precisamente la autonomía local, estatal y municipal y evite, como en algunos casos, la irresponsabilidad y el despilfarro. Las propuestas que habremos de revisar responden al imperativo de una profunda redistribución de autoridad, responsabilidad y recursos del Gobierno Federal hacia los estados y municipios; implican el análisis de la actual coordinación hacendaria y fiscalización, y fundamentalmente la descentralización hacia estados y municipios en las áreas de educación y salud, que ahora está en proceso, a las que se agregarán lo de agricultura y comunicaciones y transportes y, finalmente, descentralizar casi dos terceras partes del ramo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año de 1996.

Compañeros diputados: el reto que se plantea hoy de llevar a cabo precisamente el nuevo federalismo en el que conceptualmente coincidimos, debemos reconocer que es complejo y difícil, se requiere voluntad, inteligencia, sentido de la realidad y compromiso político. Espero que esta legislatura, con el intenso debate que hemos tenido hoy, con el análisis a profundidad de los temas que preocupan a la nación, sepamos encontrar el camino adecuado para avanzar en algo en lo que coincidimos todos: la necesidad del nuevo federalismo.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Manuel Beristáin Gómez, para rectificar hechos.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Gracias, señora Presidenta; señoras y señores legisladores:

La presencia de un servidor es respecto al tema que el diputado Molina ha tocado acerca del federalismo. Acción Nacional no ha tomado en moda en esta Legislatura el tema del federalismo, ha sido históricamente no una bandera, una necesidad yo diría, de este país, que necesita un desarrollo integral y que vale la pena decirle al diputado Molina que no haga citas separadas del propio informe político del presidente Zedillo.

En su I Informe político menciona él mismo, en un texto concreto que voy a leer: "Es preciso reconocer que más de un siglo y medio después la realidad de nuestro federalismo todavía no corresponde a aquel ideal, a aquellas hazañas, a aquellos mexicanos; en muy buena medida los estados y los municipios, sus hombres y mujeres siguen padeciendo las consecuencias del centralismo". Y yo pregunto: ¿Y estos últimos 65 años qué partido o de qué partido ha emanado el Gobierno Federal, que no ha podido en el sentimiento claro de su último presidente, restaurar este sagrado derecho de hacer de esta patria una verdadera federación, de redistribuir los ingresos en forma equitativa y regresarle el poder, la autonomía, la soberanía a los estados y la libertad al municipio.

Insistimos y seguiremos insistiendo, pero aquí hay un reconocimiento expreso de Zedillo que 150 años no han cambiado y que los últimos 65 del PRI en el Gobierno Federal, no ha sido capaz de modificar un barco federalista, acorde a las necesidades actuales de nuestro México, no podemos entreleer el informe de Zedillo y entreleer su informe político, sentimos que es una falta de responsabilidad y repetimos, la tribuna ha sido el elemento que históricamente Acción Nacional ha manejado y ha denunciado que el federalismo no se ha concluido, insistiremos haciéndolo a través de los diputados.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Alfonso Molina Ruibal.

El diputado Alfonso Molina Ruibal:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros:

Muy brevemente desde luego, precisamente quería yo compartir con el compañero diputado de Acción Nacional que acaba de venir a esta tribuna, de que no leí mal ni parcialmente el sentido del informe, yo creo que el que no escuchó bien fue él porque si me permite, y ahora sí ojalá lo escuche, la cita textual del presidente Zedillo es precisamente prácticamente la cita que usted leyó y dice el presidente Zedillo: "se han padecido las consecuencias nocivas de un centralismo autoritario que inhibe el desarrollo democrático, concentra recursos, decisiones y estímulos y coarta la participación y el desenvolvimiento equilibrado de las regiones del país", es decir, estamos leyendo ambos prácticamente la misma cita y eso sí lo celebro, lo que creo que es importante y por eso quise yo venir a esta tribuna ya después de este largo debate, es decir que no es un solo partido, ni una sola fracción representada en este Congreso al que le preocupa el tema del federalismo como a veces se quiere dar a entender.

Tenemos coincidencias fundamentales, diferimos desde luego en aspectos del desarrollo hasta este momento del sistema federal, a veces ustedes no reconocen los reales avances que ha tenido por necesidad histórica, por el desarrollo mismo del país, el haber necesitado la concentración de recursos que el propio Presidente ahora está planteando que se vuelvan a su origen a estados y municipios. Fueron necesidades históricas; el federalismo, la coordinación fiscal hasta este momento tuvo su razón, su lógica, funcionó; en lo que sí coincidimos es que este esquema que se ha planteado y se ha ejercido hasta este momento ya agotó vigencias.

Espero que tengamos nosotros la capacidad precisamente para encontrar la fórmula adecuada entre las cuatro fracciones parlamentarias representadas en el Congreso para la fórmula de cómo hacer que después de una larga tradición centralista el país auténticamente vuelva a sus orígenes en el sentido del nuevo federalismo al que todos aspiramos.

ANALISIS DEL I INFORME DE GOBIERNO POLITICA SOCIAL

La Presidenta:

Han terminado los oradores inscritos y se han registrado para el tema de política social los siguientes diputados, para fijar posiciones:

Por el Partido del Trabajo, diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada María Rosa Márquez Cabrera; por el Partido Acción Nacional, el diputado Jorge Dávila y Juárez y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado José Castelazo y de los Angeles.

Tiene en consecuencia la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Si tratásemos de caracterizar cuál ha sido la política social que el presidente Zedillo ha impulsado a lo largo de estos meses de Gobierno, tendríamos que decir de manera clara que a nuestro juicio hemos enfrentado la existencia de una verdadera propuesta de política social acorde a las graves condiciones que vive el país... perdón, a la inexistencia de una verdadera propuesta de política social acorde a las graves condiciones que vive el país. Sin duda, esta carencia está relacionada también con los vaivenes políticos del actual régimen.

La lógica del ajuste de cuentas parece ser la base de la respuesta de por qué desaparece el Pronasol que fue el eje de las acciones sociales que Zedillo heredó momentáneamente. A consecuencia de esta drástica decisión que en la práctica es un hecho, el equipo de Zedillo se encuentra sumido en una enorme confusión sobre lo que deben ser las respuestas a corto y largo plazo en esta materia, por ello su propuesta de desarrollo social a un año de gestión adolece de multitud de limitaciones, existe la tendencia a subestimar los problemas, proponer soluciones de dudosa efectividad, dar pasos a medias etcétera.

En particular nos preocupa la cuestión de la educación, terreno en el cual debió haberse efectuado un análisis profundamente autocrático. En lugar de ello, el Presidente se limita prácticamente a retomar el proyecto que comenzó a implementarse el sexenio anterior, desestimando sus fallas y las graves implicaciones de ruptura que conlleva a la crisis social.

El esfuerzo en materia educativa ha tenido, por decir lo menos, un peligroso rezago que se hace más evidente al comparar los distintos niveles educativos. El Gobierno ha reconocido públicamente que la matrícula en educación superior se mantiene desde hace unos 10 años estancada, basta decir que el 88% de los jóvenes de entre 20 y 24 años no han podido pisar un aula universitaria o politécnica.

El movimiento de rechazados de la UNAM es un claro ejemplo del requerimiento de muy amplios sectores de la población que demandan con urgencia el servicio educativo sin recibir respuesta satisfactoria.

Por su parte, el llamado proceso de federalización de la educación básica conforme a lo dispuesto al Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica del 18 de mayo de 1992, no ha rendido los frutos esperados y en general existe una gran confusión entre las autoridades federales y estatales en cuanto al uso de los recursos y de las políticas académicas a seguir. En cambio se ha logrado el propósito de desarticular al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al limitarse el campo de la negociación laboral a los gobiernos estatales.

El reciente caso de las dificultades de pago de los maestros de Chihuahua es muy claro al respecto.

Tampoco podemos dejar de señalar que el gasto en ciencia y tecnología sigue estando muy por debajo de los requerimientos del país y de los estándares señalados por los organismos internacionales. Para 1995 este gasto fue de un 1.42% con respecto al producto interno bruto, monto que se mantiene dentro de los niveles del sexenio pasado.

En suma no se trata de afirmar que sólo hubo desaciertos en las acciones emprendidas en el sexenio pasado, por ejemplo, reconocemos que el gasto en educación ascendió al nivel histórico de los años setenta; más bien queremos subrayar que lo que podemos denominar rezago educativo sólo puede resolverse a partir de un esfuerzo continuado de muy largo plazo, llevado a cabo en un marco autocrítico y de creciente apertura.

El abandono del esfuerzo sostenido implica sacrificar la calidad en aras de la cantidad. Todas estas dificultades y retos se agravaron con la irrupción de la crisis social que obliga a hacer un replanteamiento integral de estrategia educativa, dados los prejuicios que ya comienzan a presentarse al detenerse el avance de la inversión en capital físico y humano.

Por ello creemos que mantener el gasto en educación no es de ninguna manera suficiente, sino que habrá que hacerlo crecer en función directa de la demanda educativa por satisfacer.

A más de esto habrá también que hacer una cuidadosa asignación del gasto para que se atienda a los niveles que más lo requieren.

En el rubro de la salud prevalece un panorama igualmente desalentador. Al menos la actual administración es más honesta al admitir la enorme complejidad que ha adquirido en años recientes el fenómeno de la salud y de la limitación de los medios institucionales para procurarla en el corto y mediano plazos.

Creemos que es evidente que para procurar servicios dignos de salud a la población, como parte de un proyecto global de asistencia pública, se requiere un cambio institucional profundo que integre medidas organizativas, financieras y profesionales.

En algún momento este Gobierno ha reconocido este hecho, pero desafortunadamente no parece tener la capacidad para actuar en consecuencia.

En tanto se da la respuesta del Gobierno la población ha seguido acumulando las graves carencias a las que la ha orillado la crisis. Los sectores más desprotegidos se han visto obligados a caer muy por debajo de la llamada línea de la pobreza; enfermedades que se habían erradicado en el país, como el cólera, el paludismo, el dengue, tuberculosis etcétera, han vuelto a surgir ante las magras condiciones de salubridad de las familias y comunidades más pobres y ante la insuficiencia de los recursos asistenciales.

También recientes estudios han demostrado que niños en edad escolar de áreas urbanas han sufrido un cambio drástico en su dieta, disminuyendo de manera importante los nutrientes que les son necesarios para tener un adecuado crecimiento educativo.

Hasta ahora no existe una propuesta integrada que permita visualizar una salida a la grave crisis que afecta al IMSS, el corazón del sistema asistencial; aunque no falta la referencia a medidas de corte cuantitativo, ampliación de la cobertura, descentralización, nueva escala de prioridades etcétera, es patente que mantener los logros actuales y para alcanzar mejoras modestas, el sistema tiene que devorarse a sí mismo. Dicho en otras palabras, para mantener el actual esquema de asistencia a la salud, se debe seguir sacrificando el sistema de pensión y retiro de la fuerza de trabajo.

Evidentemente el Gobierno no desconoce el grave problema que ha conducido al deterioro del sistema de pensiones. La creación del SAR puede verse como un intento inspirado, pero fallido hasta ahora, por encontrar una salida a esta desasistencia social. El prediseño de un nuevo aparato para reforzar las contribuciones para vivienda y retiro, que anunció el Gobierno en su informe, es un reconocimiento de los desaciertos anteriores, pero no está claro a dónde se quiere llegar y si podrán darse los pasos para deshacer el entuerto que se creó al dejar el SAR en manos de los tiburones de la banca privada.

Igualmente surgen un conjunto de interrogantes sobre cuál será la relación entre un sistema renovado de pensiones y el sistema tradicional erigido en torno al Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el ámbito laboral, la propuesta del Gobierno se mueve en un marco contradictorio. Si dejamos de lado la cuestión de la reactivación económica y la posibilidad de comenzar a crear empleos en los inmediato, cuestión sobre la que ya nos hemos pronunciado, nos preocupa la falta de definición en cuanto a una nueva normatividad de las relaciones obrero-patronales, que al principio había sido esgrimido como una precondición para solucionar las dificultades de empleo y salario.

Evidentemente el Gobierno ha optado, negociando con la cúpula empresarial y sindical, por una solución pragmática para flexibilizar las condiciones de negociación y de trabajo. Creemos que este enfoque va en detrimento de la clase trabajadora que se encuentra en posición de indefensión y en tales casos, a menos que existan leyes claras, recibirá la peor parte en la negociación obrero-patronal.

En conclusión creemos que existe un grave retroceso en la política social, en lo que se refiere tanto a las medidas de emergencia como a las de largo plazo.

Sostenemos que los limitados avances que se perfilan se dan en un contexto de confusión e indefinición que prolonga e intensifica los quebrantos que padece el pueblo mexicano, por ello el Partido del Trabajo ha demandado que frente a la política social debe existir un eje articulador totalmente diferente al que hasta ahora ha establecido.

Los programas asistencialistas, dirigidos por el Gobierno, han probado sus fuertes limitaciones y sus aviesos fines de control político. El nuevo eje de la política social debe partir de las organizaciones sociales, partidarias o no, que se vinculen de manera directa a las comunidades.

Las persistentes crisis que ha sufrido recientemente nuestro país ha demostrado que frente a las adversidades la población tiene capacidad de organización y gestión.

La política social del Gobierno, desde nuestro punto de vista, debe encarar en los hechos la maltrecha vivencia familiar de la mayoría de los mexicanos, e inyectar más recursos a renglones de educación, salud, alimentación y vivienda, entre otros. Los mexicanos tenemos derecho a ello. Es un derecho constitucional. Si el Gobierno no lo hace así estará actuando contra los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Muchas gracias señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Hoy que la crisis ha puesto en boca de todos el tema de la deuda y los deudores de la banca, es preciso referirse a otra clase de deudores y a otro tipo de deuda. Esta se fue acumulando a lo largo de los últimos 13 años, acrecentada con aquellos que dejaron como saldo los antecesores del actual Presidente de la República, después de llevar al país a la bancarrota.

Los deudores que ocupan nuestra atención fueron los artífices de un modelo de crecimiento sostenido con el espejismo y en la promesa reiterada de bienestar; son los causantes de que el patrimonio de miles de mexicanos esté a punto de perderse.

Cada día que pasa aumenta su enorme deuda social y no están dispuestos, que es lo peor, a pagar un centavo de intereses. Son unos cuantos y conducen con sorprendente tozudez el destino de la nación.

El principal deudor, Ernesto Zedillo Ponce de León, insiste en seguir el camino que ha demostrado con creces el fracaso económico de régimen y su política social pronasolera, porque son por demás evidentes los impactos negativos de los programas de ajuste y de las políticas macroeconómicas aplicadas a partir de la crisis de insolvencia financiera de 1994.

Sólo hace falta echar un vistazo a esta abultada deuda social para constatarlo, por más que el maquillaje de las cifras en el anexo estadístico haga ardua nuestra labor.

La contracción anual del producto interno bruto, de 10.5% real, registrada en el segundo trimestre de 1995, ha provocado un daño sin precedentes a la planta productiva y al empleo. El desempleo abierto ha crecido en forma espectacular para situarse en la cifra récord del 6.6%. La suma total del desempleo abierto y subempleo arroja la cantidad de 11 millones de mexicanos, lo anterior sin considerar a más de 1 millón de mujeres y hombres en edad de trabajar que se incorporan al mercado laboral sin ninguna opción de empleo.

El aumento anual de los precios de los productos y servicios de consumo familiar fue de 41.57% y la canasta básica ha tenido un alza superior al 40% en lo que va del año.

Por lo que hace a los salarios, con los propios datos del anexo, resulta que de 1985 a la fecha el ingreso mínimo ha perdido el 37% de su poder adquisitivo en términos reales, mientras que el salario promedio de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social había caído en el primer cuatrimestre del año 11% en términos reales con relación a diciembre de 1994.

Para el grupo parlamentario del PRD la política zedillista de combate a la pobreza continúa con la concepción de gobiernos anteriores, orientada por el Banco Mundial, que prescribe en un contexto de hegemonía unilateral del mercado la renuncia del Estado a su rectoría social. Se trata no de erradicar la pobreza mediante políticas estructurales de distribución justa de los beneficios de la riqueza, sino de atenuar los impactos negativos de las políticas neoliberales y corregir las imperfecciones del mercado. Pero aun la política económica aplicada por Zedillo para hacer frente a la crisis, es opuesta a sus metas en el ámbito del combate a la pobreza.

En el renglón de salud y seguridad social queremos destacar un punto contrastante que de alguna manera sintetiza las contradicciones de la política elegida. Se informa que la esperanza de vida al nacer ha aumentado 20 años en los últimos 40 años, es decir que el promedio de vida del mexicano se ha incrementado considerablemente como producto de los avances de la medicina. Ello quiere decir que en el futuro próximo el número de la población en edad avanzada aumentará en proporciones mayores de las que ahora conocemos.

Si tenemos en cuenta que en la actualidad existe 1 millón 823 mil jubilados y pensionados que perciben algún ingreso mínimo por parte del IMSS o del ISSSTE y 3 millones de ciudadanos en edad avanzada sin derecho a pensión jubilatoria, de mantenerse la tasa de crecimiento de esta población en años venideros tendremos un problema social de enormes proporciones que hará aumentar los fenómenos de la miseria y la mendicidad entre los viejos.

La experiencia chilena, fuente de inspiración de los funcionarios mexicanos, ha demostrado que por el camino de privatizar los sistemas de pensiones no se consigue la equidad ni la universalidad de sus beneficios. Sólo un sistema de seguridad social nutrido con un número creciente de trabajadores, con salarios al alza, puede responder a los requerimientos de los nuevos ocupados y de quienes se retiren.

El dato de que un número de personas equivalente al que habita todo el Estado de Sonora ha dejado de ser derechohabiente del Seguro Social, es decir, más de 2 millones de habitantes han dejado de ser derechohabientes del Seguro Social en los pasados nueve meses, es sobrecogedor e ilustra lo que está pasando con la calidad de vida de los mexicanos.

En el terreno educativo cada informe exalta los logros del presidente en turno, lo cierto es que la existencia de 9 millones de analfabetas; la reducción sistemática del presupuesto destinado a educación hasta ubicarlo por los niveles reales que tenía al inicio de la década anterior; la caída del gasto autorizada para ciencia y tecnología del 0.46% del PIB en 1994, al 0.42% en 1995; el ínfimo presupuesto canalizado a educación indígena; la insuficiencia salarial del magisterio, de profesores e investigadores universitarios; la baja calidad educativa; una fuerza laboral del 32% con escolaridad nula o primaria incompleta; una capacidad de absorción de la demanda de educación superior de jóvenes de entre 20 y 24 años de apenas el 15% y la existencia de miles de excluidos de las aulas universitarias y politécnicas son como una pesada lápida en nuestro sistema de educación nacional.

Los programas que articulan lo que el Ejecutivo denomina la nueva etapa de la reforma agraria y el desarrollo rural no han podido atemperar los agudos problemas del campo; la catástrofe agropecuaria que ha asolado durante décadas al sector rural mexicano permaneció durante el presente año, ya que a la fecha se han registrado pérdidas cuantiosas por 1 millón 300 mil nuevos pesos, toda vez que las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras observaron de enero a junio una contracción del 9.8% que afectó principalmente a la agricultura.

El problema de las carteras vencidas alcanzó su máxima expresión a través del movimiento "El Barzón", sin que a la fecha ninguna de las fórmulas o intrumentos propuestos y operados por el Gobierno y los banqueros hayan sido suficientes y definitivos.

El esfuerzo desplegado en el rubro ambiental hace manifiesta la descomunal tarea de integrar las políticas macroeconómicas y nacionales con esta variable del desarrollo.

Habrá que dar tiempo a que maduren las nuevas orientaciones de política ambiental, pero desde hoy advertimos que las acciones de una institución ejecutiva orientada a promover el desarrollo sustentable muy probablemente enfrente obstáculos sumamente complejos para alcanzar a plenitud sus propósitos, prueba de ello es el conflicto ambiental del campo de golf en Tepoztlán y el enjambre de intereses que se han movido a su alrededor.

Ese es el saldo y números rojos de la política social de Ernesto Zedillo Ponce de León, a pesar de que hoy se le dote de una filosofía que nos la presentan como incluyente, participativa, corresponsable y federalista, todo lo anterior coronado por una acción legislativa del Presidente de la República que llevó al incremento del IVA para golpear severamente la economía popular, así como el ominoso anuncio de pretender privatizar los fondos de pensiones y nuestro sistema público de seguridad social.

Las alternativas del PRD: proponemos, pero pongámonos de acuerdo, pagar íntegramente esa deuda social supone dos condiciones: cambiar radicalmente la orientación de las políticas económicas que sacrifican los objetivos inmediatos de la política social y poner en el centro de la reforma del Estado a la reforma social.

La reforma social que el PRD concibe significa promover y acordar una serie de cambios que propicien la mejoría paulatina y sostenida de la población; fomenten una distribución equitativa del ingreso; la elevación del salario real; la promoción del pleno empleo en el campo y la ciudad; un mayor acceso a la educación y a las manifestaciones culturales; la relación igualitaria entre el hombre y la mujer; el respeto a las minorías étnicas y sus formas de organización; la aplicación de derechos sociales; el fin del corporativismo en todas sus formas; una acción activa y decidida del Estado que defina y ponga límites a la iniciativa privada en la previsión de satisfactores básicos, todo ello bajo una dinámica de crecimiento sostenido y desarrollo sustentable, como la vía democrática, certera y justa, de erradicar la pobreza ancestral y la nueva pobreza generada por el neoliberalismo.

Para el PRD una genuina política federalista rebasa el ámbito de los poderes públicos y compete a la totalidad de las instituciones y a la sociedad civil, de tal modo que los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones gremiales y profesionales y las propias empresas productivas, tendrán que promover también la autonomía local y regional de sus componentes.

El nuevo federalismo inscrito en una profunda reforma política deberá apoyarse en un verdadero proceso de acuerdos y consensos con todos los actores políticos de la escena nacional. Cualquier otra cosa distinta que en su nombre se haga será lo que sea menos federalismo.

En lo inmediato es necesario enfrentar el problema social más acuciante: el desempleo, que amenaza con desbordar los cauces institucionales y derivar en mayor delincuencia y violencia social.

Es necesario impedir que se sigan perdiendo puestos de trabajo y buscar que se creen empleos productivos y permanentes en el campo y la ciudad.

Para el PRD es un imperativo que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos apruebe un aumento de emergencia a partir del próximo 1o. de octubre, a fin de que los trabajadores asalariados hagan frente al deterioro de su poder adquisitivo. También que el gasto público no ejercido en lo que va del año se utilice, pero se utilice ya entre otras cosas para incrementar el salario de los servidores públicos, trabajadores administrativos, académicos e investigadores de las instituciones de educación.

Se requiere impedir cualquier reforma que pretenda dar marcha atrás con los principios solidarios y redistributivos de las instituciones públicas de salud y seguridad social.

El PRD promoverá en este periodo de sesiones ordinarias, las acciones legislativas necesarias que hagan realidad la obligación del Estado de proporcionar los servicios de salud a todos los mexicanos y aquellos que fortalezcan los fondos de pensiones administrados públicamente y a sus instituciones.

El derecho a la alimentación es algo que no puede esperar. Nuestro grupo parlamentario dedicará todas sus energías para que en la comisión correspondiente se haga realidad la iniciativa de ley de desarrollo social.

Como podrá desprenderse de lo que aquí se ha dicho la política social que aspira a promover el PRD, intenta dar respuesta a los problemas más apremiantes de la población e inscribirse en una auténtica reforma social del Estado.

En un estado democrático no excluyente, no sólo para los sectores más marginados del país, no sólo sostenida con programas emergentes, sino una reforma social para todos los mexicanos que les permita vivir bien y desarrollar todas sus potencialidades humanas.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jorge Dávila.

El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:

"Son tantos y tan variados los servicios que el Estado tomó a su cargo que difícilmente, y cada vez menos, el Estado podrá encontrar recursos para prestar cada vez más servicios y para cumplir cada vez más promesas. Tal parece que a pesar de que la injusticia y la miseria no han sido erradicadas, la acción del Gobierno se confunde, cada vez más, con una acción de asistencia social, con una acción de beneficencia prestada por un Estado benefactor". Licenciado Abel Vicencio Tovar, agosto de 1980.

Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Concibiendo la política como la ciencia gestora del bien común sólo podemos entender su práctica en términos de promoción de la persona humana y promover a la persona es buscar su desarrollo que como consecuencia inmediata traerá también el desarrollo social integral, armónico y constante o como se dice actualmente, sostenido y sustentable. Pero el desarrollo social es, ante todo, el bienestar y el bien ser de la persona, de la familia, de la comunidad y del conjunto del cuerpo social.

Hoy, ante la glosa del I Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo tenemos que analizar cuál es el saldo que dejan a México varias decenas de años de gobiernos revolucionarios. Hoy México vive una realidad lacerante, el número de 40 millones de pobres del año pasado ha sido incrementado. Las estadísticas oficiales nos dicen que hay un 6.3% de desempleo abierto hasta abril de 1995. Esto sin tomar en cuenta el campo e incluyendo como empleados al sector informal de la economía que es un 15.2% también hasta abril del presente año, lo que aumenta la cifra a un total del 21.5% de personas no empleadas.

Al final del año en curso estaremos a un nivel de empleo de 22 millones de ocupados, que son los niveles de empleo de finales de los años setenta, a principios de los ochenta; pero con una población incrementada en varios millones más de mexicanos.

La situación actual de México es producto de tervigersar los elementos de la política, subordinándola a la economía, lo que coloca al hombre como un producto secundario y totalmente sacrificable.

Vanos fueron los esfuerzos de la oposición en general y específicamente de mi partido, para impedir la aplicación del plan de choque de ajuste económico que busca recuperar la crisis a través de la superación de las variables de la macroeconomía olvidándose de las personas que deben ser el fin último de la política y de la misma economía, como ciencia subordinada al quehacer político. El plan de ajuste económico, que no toma en cuenta al ser humano, corre el riesgo de generar la ruptura del Estado con el individuo, y lo más grave, corre el riesgo de cancelar las expectativas de un desarrollo social al cancelar las posibilidades de desarrollar a las personas.

El hombre, en esta visión economicista, pierde la posibilidad de hacer de su trabajo la fuente de su crecimiento individual y desarrollo personal, inmerso como un factor más dentro de las variables despersonalizadas que se manejan en el Gobierno. Las políticas sociales implementadas en este periodo, producto heredado de muchos sexenios, han fracasado en su conjunto y aunque tenemos que reconocer avances en rubros específicos, éstos son opacados y se transforman en secundarios ante la grave realidad.

El mexicano que se enfrenta a diario a la quiebra constante de empresas, a la pérdida de su empleo y al hambre social, poco le importa que la inflación haya descendido o que el producto interno bruto haya aumentado, o la paridad del dólar, o las exportaciones o los mercados internacionales, lo que él requiere es el bienestar de su familia, promesa de campaña que pasa al final de la larga lista de promesas incumplidas. Lo que necesita es comer hoy, sembrando los cimientos de su futuro.

El doctor Zedillo hace en su informe un buen diagnóstico y promete que su acción será correctora; pero no se compromete con el cambio de políticas, afirmando que: "una vez que superemos las condiciones que nos llevaron a la crisis habrá abundancia, me abocaré a solucionar el problema..." y mientras esto sucede, ¿qué va a pasar con el pueblo de México? ¿Se va a acostumbrar a no comer para que cuando ya se haya acostumbrado se encuentre muerto.

Las políticas sociales hay que corregirlas hoy dentro de la crisis y con la crisis aprovechando las oportunidades que nos brindan las condiciones en que estamos para salir fortalecidos como pueblo; para lograrlo lo primero que tenemos que cambiar es la mentalidad del Estado benefactor que cambia el sentido del desarrollo social por el de la beneficencia pública, y que aplica políticas paternalistas que nunca han generado verdadero desarrollo, pero que se transforman en un somnífero del pueblo que ve en la dádiva la mano benefactora por la que hay que votar.

Llevamos por lo menos siete años con el Programa de Solidaridad que ha gastado una importante partida del presupuesto y que aún no genera condiciones de promoción al desarrollo, que se ha transformado en un barril sin fondo ante las graves carencias de la sociedad porque fue tergiversado en su finalidad y aplicación, al concentrarlo en un aparato burocrático que aparte de costoso e innecesario ha sido un estorbo para el desarrollo efectivo de las comunidades, municipios y estados, al constituirse como un obstáculo para el flujo de recursos y por lo tanto del desarrollo político de los mismos, que está basado en la autonomía municipal y en la soberanía estatal.

La descentralización de la mayor parte de los recursos del ramo 26 no basta, es necesario que los exiguos recursos con los que contamos se apliquen eficientemente para lograr no un paliativo social, sino la verdadera promoción de las condiciones que desarrollen a la persona y que den como resultado un desarrollo social sostenido y sustentable.

El paternalismo dadivoso no puede crear condiciones de desarrollo desde el momento que elimina el esfuerzo personal y el rendimiento del trabajo y el capital, destruyendo la verdadera solidaridad e impidiendo la acción benéfica de la subsidiaridad entre Gobierno y gobernados.

Es muy importante darnos cuenta de que mientras tengamos un Gobierno que intente subsidiar a todos, la responsabilidad de los fracasos sociales será sólo de los que ocupan los puestos de poder, ya que le niegan al pueblo la posibilidad de compartir responsabilidades al negarle los elementos que permiten al individuo dejar de ser subsidiado y mostrar su capacidad para valerse por sí mismo.

El capital invertido en esos rubros debe ser manejado en apoyo al individuo y a la comunidad, pero buscando que sea redituable en la generación de condiciones permanentes de gestación del desarrollo y del bien común.

El poder adquisitivo de los salarios debe romper la tendencia negativa que ha tenido en los últimos años en que ha decrecido un 52%, dejando en estado de indefensión a la población. Simultáneamente es necesario proveer a la pequeña y microempresas con medidas concretas y realistas que busquen fomentar el ahorro y con ello el desarrollo social.

Esto, considerando que la principal base del desarrollo social es la educación que permite a la población no sólo el comer hoy, sino el aprender a conseguir los alimentos y por lo tanto comer siempre.

En el rubro de la educación a pesar de que el Gobierno sigue sin reconocer la grave crisis que afronta afirmando en foros nacionales e internacionales que el problema educativo en México ya está solucionado y que lo único que resta por hacer es un adecuado seguimiento, se nos sigue diciendo que la matrícula escolar en las áreas básicas de la educación se incrementó y que el promedio de estudios de la población es de 7 grados de instrucción. Triste situación ya que mientras no reconozcamos que la matrícula escolar en instrucción básica ha descendido en números reales desde el curso escolar 1983-1984, sólo amortiguada por la matrícula de los jardínes de niños que antes no estaban incorporados y que por lo tanto sus datos no eran contabilizados.

Mientras no nos ubiquemos en la realidad dictada por la ONU de 4.5 años de instrucción promedio, poco se puede hacer. Nuestra realidad es que no podemos afrontar la problemática educacional de nuestro pueblo, que ve con desesperación que la vida educativa se le cancela por falta de recursos materiales, cancelando con esto también la posibilidad de desarrollo.

Mucho podríamos hablar de las políticas educativas erráticas y en ocasiones aberrantes, cuando se le dice el pueblo demagógicamente que es gratuita y por otro lado se le cobran los impuestos. Situación que genera la mentalidad en el estudiantado de recepción sin esfuerzo de todo, con un derecho absoluto que nos lleva a construir aparatos burocráticos ineficientes y caros que hacen del sistema educativo nacional uno de los más costosos del mundo.

Una vez más afrontamos las consecuencias en educación de una política paternalista que rompe con la solidaridad y hace absurda la subsidiaridad. Esto nos hace pensar que en el Gobierno se cree que los planes educativos son perfectos, la maldita realidad es la que no funciona. Fracaso tras fracaso ha hecho de México un país de reprobados. Es necesario modificar esta concepción para hacer de maestros y estudiantes grupos de personas solidarias que conscientes de nuestra realidad sepan los gastos que le producen al país, para que puedan afrontar con responsabilidad las obligaciones que han adquirido con la nación.

El rubro de seguridad social, siendo el menos afectado, no es la excepción concibiendo la seguridad social como el conjunto de mecanismos que la sociedad implementa a través de sí y del propio Estado para proteger a las personas en sus vidas, en sus bienes y en sus derechos. En este rubro, independientemente de que el combate a algunas enfermedades endémicas de la población esté ya ganado, hemos visto aparecer nuevas enfermedades como flagelos de la pobreza, pero sobre todo hemos visto que el abuso en el manejo de los presupuestos de las instituciones, así como el gasto público dispendioso, ha puesto al borde de la quiebra a las instituciones que el ahorro del pueblo había levantado.

Las instituciones de salud están en quiebra, con un servicio médico mal pagado y con carencia de medicamentos. El Infonavit no es capaz de afrontar los retos de dar vivienda digna a la población, objetivo para el que fue creado y el SAR se invierte en financiamiento del gasto público sin reportar beneficio a sus verdaderos dueños: los trabajadores.

Los fondos que dieron viabilidad a estas instituciones, producto del esfuerzo ahorrador del pueblo de México, existen sólo en el papel; se han usado, y lo más grave, no han generado condiciones de riqueza y certidumbre.

Hoy la nación está en deuda con los trabajadores que actualmente ocupan los puestos productivos; pero más grave aún está en deuda con aquellos que habiendo ya trabajado, hoy están pensionados, porque ya dieron a la nación lo mejor de sí, faltándoles ya las fuerzas para continuar haciéndolo, nuestros viejos, los trabajadores de antaño, viven en la miseria, con ingresos totalmente insuficientes para sostener una vida digna, esperando de la nación la justa retribución del que ha ayudado a construirla. Sin embargo la nación, como consecuencia de la mala planeación de políticas sociales y al dispendio económico, no está en posibilidades de retribuirlos.

Las condiciones que propician el desarrollo sostenido y sustentable, como son los recursos naturales, las condiciones económicas y las condiciones de salud, las condiciones de seguridad social y la seguridad pública, están profundamente erosionadas.

Nuestros recursos naturales están siendo depredados en beneficio de unos cuantos. Los bosques desaparecen a diario por el desarrollo de una industria maderera inconsciente. Miles de hectáreas de selvas se han sacrificado en aras de un progreso ficticio; nuestros mantos freáticos son cada vez más profundos y en general las condiciones naturales son cada día más adversas.

El incremento de suicidios por la desesperación económica de la población que ha visto a través de la cartera vencida los esfuerzos de toda su vida esfumarse, aunado a la transformación de la convivencia social en donde impera el delito, la violación a los derechos humanos y la falta de respeto a la diganidad de la persona, simultáneamente dados en condiciones de pocas probabilidades de atención médica, están cancelando las posibilidades de lograr un desarrollo sostenido y sustentable.

Ante la realidad, contrastan las propuestas de campaña en que se afirmaba: "tengo el compromiso de fortalecer con ustedes una economía que genere los empleos que ustedes están demandando. Asumo el compromiso de que este crecimiento económico y esa modernización se traduzca efectivamente en bienestar para ustedes y para sus familias. Juntos vamos a fortalecer el poder adquisitivo del salario; juntos vamos a dar un fomento sin precedentes a las condiciones de vida de la clase trabajadora. El desarrollo del país exige que ustedes y sus familias cuenten con una vivienda digna, una educación de calidad, buenos hospitales, buena atención médica; servicios eficientes y oportunos de agua potable, drenaje, electricidad, de esparcimiento y cultura para sus hijos". Todos ellos dichos en la reunión con la dirigencia del Congreso del Trabajo, el 14 de abril de 1994.

¿Cómo vamos a afrontar estas promesas que son al mismo tiempo las aspiraciones lícitas de nuestro pueblo? ¿Qué respuesta puede dar hoy el doctor Zedillo que como funcionario público en otras administraciones sabía la realidad del estado que guardaba la administración pública y se atrevió a formularlas.

Ante esta problemática ya no es el punto a discutir si la situación actual fue heredada o no, o bien si fue producto de errores del pasado o del presente, ya que el sentido de la situación social es presentar las políticas y las propuestas para que en unión con los otros poderes y con el pueblo de México, se busque modificar esta estrujante realidad.

La solución en lo fundamental está en la consolidación de un nuevo pacto social basado en la verdad por cruda que parezca. El México sin mentiras. El nuevo pacto social requiere de honestidad en la administración, en las campañas políticas y en el quehacer nacional.

México requiere de la reconstrucción del Estado con nuevas bases de desarrollo social. Un Estado promotor de condiciones que permita al ciudadano responsabilizarse y...

La Presidenta:

Señor diputado: le rogamos por favor que termine su intervención, ya que ha terminado su tiempo desde hace bastantes minutos. Por favor si pudiera concluir.

El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:

Termino.

Para que pueda solidarizarse con sus semejantes es necesario crear nuevos mecanismos de autogestión con la sociedad, con un Gobierno que tienda a reducirse a la vigilancia de la regulación de condiciones, en una sociedad madura que encuentre su propio camino hacia un futuro luminoso. La única solución para México es vivir el federalismo liberador que permita el desarrollo de las pequeñas comunidades de las familias y los individuos.

La Presidenta:

Para rectificar hechos tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez.

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:

Muchas gracias, señora Presidenta; seré muy breve.

He pedido la palabra para hechos, simplemente para refutar algunas de las informaciones que hizo el Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, referentes al Seguro Social. ¿Si el Seguro Social está en quiebra? ¡No está en quiebra, así sus ingresos sean inferiores a sus egresos! Lo que pasa en el Seguro Social es que la economía estancada ha evitado que se puedan aumentar las cuotas provenientes de mayores niveles de empleo y de aumento en los salarios reales.

El Seguro Social no puede estar en quiebra. Es una institución que ha hecho enormes inversiones sociales y también la manera de como se financían los gastos del seguro, que es a través de sus ingresos, de ninguna manera presenta esta quiebra, aun cuando el número de pensionados está creciendo rápidamente. Tiene problemas financieros y esos problemas financieros se van a solucionar cuando la economía crezca.

La solución para una buena política social y no puede haber otra, es una economía en crecimiento con salarios reales al alza.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado José Castelazo.

El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

En recuerdo de las víctimas de los terremotos de 1985, por el espíritu comunitario surgido de esa tragedia se renovó la esperanza en México.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconoce en la presente etapa de nuestro sistema político la nueva relación de corresponsabilidad entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Gobierno y conducción de la nación. Somos copartícipes de nuevas y saludables formas en nuestro quehacer político.

Al conciso mensaje del Ejecutivo se sumó la comparencia de secretarios de Estado ante comisiones unidas de las cámaras federales, con el propósito de analizar las actividades del Ejecutivo, apuntadas en el I Informe de Gobierno.

Independientemente de los resultados inmediatos, es evidente la voluntad de dinamizar un comportamiento político conforme lo demanda la nueva realidad mexicana. A todos compete perfeccionar la comunicación entre poderes, buscando productividad social y política.

La presente administración enfrentó prácticamente un riesgo de soberanía económica, todas sus opciones de salida implicaban múltiples dificultades; se tomó la decisión menos mala al decidir incrementar un severísimo programa de ajuste sin desconocer sus inevitables costos sociales; para amortiguarlos ha venido accionando en diversos frentes. La crisis financiera y la recesión económica no significan sólo cifras, causan desajuste y atraso en la procuración del bienestar social, profundizan la desigualdad y agudizan el daño generalizado, singularmente entre los grupos sociales y desprotegidos.

Sin embargo, pudiéramos convenir en que el Gobierno ha demostrado su vigencia institucional. En política social se advierte una actividad y atención constantes. El Plan Nacional de Desarrollo definió una política social integral, integradora, regional y sectorial, descentralizada para nutrir el federalismo. Mientras tanto, la administración pública reforzó programas de apoyo comunitarios, trabajó ampliando las oportunidades de desarrollo en las zonas marginadas y promovió un esquema de incorporación concertada con las comunidades indígenas. Repasemos algunos ejemplos, producto de nueve meses de intensa labor.

El Fondo de Solidaridad Municipal operó en los 31 estados del país, otorgando becas, rehabilitando escuelas, manteniendo hospitales y equipando centros de salud; mejorando vivienda y servicios, construyendo y rehabilitando sistemas de agua potable y alcantarillado, caminos rurales y facilitando el crédito a la palabra.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo Regional inició programas en 24 zonas, abarcando el 42% de los municipios existentes. Se electrificaron 1 mil 148 comunidades rurales y 240 colonias populares.

El Programa Emergente de Empleo Temporal generó 550 mil plazas.

El de alimentación y nutrición familiar distribuyó 1 millón 224 mil despensas mensuales y cerca de 1 millón 500 mil desayunos escolares al día. El subsidio al consumo de tortilla alcanza a 2.8 millones de familias diariamente y el de abasto de leche a 5.5 millones de niños, siete días a la semana.

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indios apoyó a 260 mil cafeticultores en 441 municipios, realizó 1 mil 070 proyectos culturales, brindó atención y educación a 56 mil niños indígenas y equipó 244 albergues.

El de atención a grupos sociales dirige sus acciones hacia la población más vulnerable.

En procuración de justicia agraria se realizaron acciones encaminadas a abatir el rezago del reparto en el área de competencia del Poder Ejecutivo.

Se sentaron bases para lograr la certificación de los derechos ejidales. Se trabajó para garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra y el fortalecimiento de la propiedad social.

El Sistema Nacional de Salud se sustenta en la descentralización de los servicios de atención a población abierta, la ampliación de la seguridad social en el medio urbano y la extensión de los servicios a la población marginada de los medios rural y urbano. Continuaron los trabajos de infraestructura y las acciones para la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, reduciéndose en 46% la incidencia de enfermedades respiratorias agudas. La planificación familiar sigue ganando terreno.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social se aumentó el número de consultas otorgadas en medicina familiar, especialidades y urgencias, de análisis clínicos e intervenciones quirúrgicas; extendió los servicios a quienes han perdido su empleo hasta seis meses. Dice bien la maestra Martínez: no está en quiebra.

En educación la matrícula ascendió a 26.3 millones de educandos, más de 550 mil niños y jóvenes respecto del año anterior. Se entregaron oportunamente 114 millones de libros de texto gratuitos, se incorporaron 737 mil personas a los cursos de alfabetización y atendieron a 1 mil 320 adultos en educación primaria y secundaria.

En el nivel medio superior un 5% más que en 1994; la educación superior registró un incremento de 3.8%; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sostuvo el número de becarios y continuó respaldando la investigación a través de las universidades públicas.

En vivienda se programaron 556 mil créditos con una inversión de 29 mil. 3 millones de nuevos pesos. El programa especial para la vivienda y el empleo ha operado en tres vertientes: apoyo a deudores de bajos ingresos con problemas para pagar sus créditos hipotecarios previendo reestructurar 250 mil de ellos; financiamiento para finalizar terminación de obras y comercialización de 30 mil viviendas en proceso de construcción e iniciar la construcción de 118 mil viviendas de interés social.

La estrategia en desarrollo urbano experimentó un cambio orientado a propiciar un ordenamiento territorial en una perspectiva de desarrollo regional, mientras que en protección al medio ambiente destacan las políticas de políticas de regulación respectivas.

Estamos conscientes del sacrificio de toda la sociedad en aras de una recuperación económica rápida; no obstante los primeros nueve meses de gestión manifiestan sin lugar a dudas la responsabilidad social del Gobierno procurando contener el deterioro de los niveles de bienestar sobre todo entre los grupos en condiciones de pobreza. Estamos de acuerdo en la posibilidad de superar pronto las angustias financieras, pero naturalmente la crisis estructural no se resolverá en el corto plazo, dadas nuestras enormes fallas al haber privilegiado por casi 20 años la política económica sobre la política de bienestar social y sobre todo en presencia de un constante y alto crecimiento demográfico.

Nuestra intervención está orientada a que la política de bienestar tenga un alcance global y la económica tienda hacia un equilibrio en la distribución de la riqueza. Los costos de la crisis habrán de compartirse proporcionalmente pues los ricos han sido favorecidos y los pobres, depauperados.

Exigiremos que las políticas sociales avancen paralelamente a los ajustes económicos, lo relativo al bienestar debe ser planeado a largo plazo respondiendo a las expectativas de la gente y al crecimiento poblacional. Es menester discriminar sus efectos en distintas regiones y sectores con el fin de mantener y respetar el arraigo y parámetros culturales de los grupos y etnias. Esperaremos la iniciativa indigenista para analizarla.

A la exigencia inaplazable de luchar por el bienestar social, a los anhelos de justicia y equidad, al reclamo de oportunidades para mejorar los niveles de vida los legisladores de esta fracción demandaremos de nuestro partido el Revolucionario Institucional, una respuesta clara, hoy más que nunca refrendada en su vigencia. Desde su origen nuestro partido ha sido aglutinador de consensos y apoyos, se estableció como reivindicador de reclamos y demandas de los más amplios sectores de nuestra sociedad, hemos respaldado a lo más granado del pueblo durante décadas, en correspondencia nos mantiene este pueblo como fracción mayoritaria en el Congreso de la Unión y su voto llegó al PRI, a la Presidencia de la República. El PRI debe actualizar su estrategia de gestoría social apaciguando de inmediato la problemática económica y deteniendo desde luego el preocupante avance del conservadurismo, enemigo histórico de México, nuestro verdadero enemigo.

Sin organización, la sociedad dispersa sus demandas y aisla sus propuestas. Continuaremos haciendo nuestras las demandas de bienestar para la mayoría de la población, seguiremos trabajando cerca de las distintas agrupaciones acogiendo y asimilando las nuevas iniciativas de la sociedad civil. La magnitud de los rezagos sociales reclama una coordinación nacional sin precedente, sobre todo del Gobierno en su conjunto, municipios, estados y federación, únicos capaces de convocar, organizar y garantizar esta tarea, no se puede excluir a nadie, será indispensable la corresponsabilidad de los sectores público y privado, de las fuerzas políticas y productivas, ser consecuentes con las aspiraciones y decisiones de la comunidad.

La erradicación de la miseria demandará una convergencia gradual y estructurada de estratégias de crecimiento económico y distributivas junto con amplios y definitivos programas de atención social, no queremos más paliativos coyunturales.

Esta fracción velará porque el Presupuesto de Egresos de la Federación 1996, incremente los recursos destinados a la atención social. El presupuesto es el instrumento fundamental para combatir la pobreza, incidiremos en su definición programática por prioridades, insistiremos en su efectiva descentralización. Antes de aprobarlo, realizaremos un minucioso análisis con los secretarios de despacho. Seremos vigilantes escrupulosos del Ejecutivo manteniendo una relación seria, respetuosa y celosa de los compromisos asumidos.

Sólo la severidad y la exigencia sostendrán una política pública a la altura del gran reclamo social que hoy recorre nuestro país. Intensificaremos el trabajo legislativo, fiscalizaremos responsablemente el uso de los recursos destinados al gasto social, la congruencia de los programas interinstitucionales, su oportunidad, suficiencia y aplicación, su factibilidad y compatibilidad con el desarrollo regional, estatal y municipal alejando el riesgo de mayores desequilibrios; actuaremos con una actitud crítica, dimensionando resultados y previendo dificultades, evitando en síntesis la recurrencia de la crisis pues ya tenemos 20 años con ella y es mala acompañante, francamente ya estamos cansados.

Está claro, termino, nuestro deber consiste en mantener la estabilidad social. Mientras lo logremos en el tiempo, la reactivación económica será constante, ésta es nuestra reflexión y compromiso con la sociedad y con el Presidente de la República en torno a la política social contenida en el I Informe de Gobierno.

Señora Presidenta, dejo en la Secretaría la postura de mi partido, para ser incluida en el .

Muchas gracias.

«Posición del grupo parlamentario del PRI frente al I Informe de Gobierno del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, política social

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconoce en la presente etapa evolutiva de nuestro sistema político, la nueva relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo determinada por una corresponsabilidad en las tareas de Gobierno y en la conducción de la nación. Este cambio implica asumir compromisos democráticos cobijados por un mutuo respeto a las competencias, a la capacidad de aportar ideas o disentir de ellas, a la participación de los actores políticos y sociales incluyendo todas las corrientes e ideologías. Tal es el rasgo distintivo del I Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

En un régimen caracterizado por la autoridad lineal del Presidente de la República, hoy converge un espíritu transformador en el seno de ambos poderes, evidenciando madurez al modificar el quehacer político; erradicando, por un lado, prácticas paternalistas o autoritarias; por el otro, subordinación o ausencia de autocrítica.

Somos copartícipes de una sucesión de eventos inéditos en la vida política de México: al conciso mensaje del Ejecutivo se sumó la asistencia de los secretarios de Estado a comparecer ante comisiones unidas de las cámaras de Diputados y Senadores en conferencia, con el propósito de profundizar el conocimiento de los legisladores sobre las actividades realizadas por el Ejecutivo, contenidas en el I Informe de Gobierno. Se trata de abordar conjuntamente un análisis de lo logrado, así como de bosquejar las grandes líneas de acción por venir, cada quien orientado por su ideología, convicción y partidismo.

De esta manera se establece una relación directa entre legisladores y autoridades gubernamentales, con la presencia de los celosos y exigentes medios masivos de comunicación. Se instalan así nuevos mecanismos consensuados, naturalmente requirentes de perfeccionamiento para ganar efectividad. Independientemente de los resultados inmediatos, el hecho da cuenta de la voluntad de dinamizar un comportamiento político conforme lo demanda la nueva realidad mexicana. A todos compete perfeccionar la comunicación entre poderes, buscando productividad social y política.

La fracción parlamentaria del PRI considera a esta legislatura plural con plena capacidad de cimentar un objetivo irrenunciable: sentar las bases para el perfeccionamiento del Estado mexicano fortaleciendo nuestras instituciones, brindando cauce y solución a los problemas sociales, evitando inclinaciones del poder sólo en beneficio de cúpulas o se traduzca en acción coercitiva pretendiendo contener el avance social. Esta legislatura habrá de garantizar que el poder se ejerza en favor de las grandes mayorías para equilibrar el desarrollo nacional, democratizar el sistema y alcanzar la justicia social.

Debemos admitirlo, la crisis financiera y la recesión económica no significan sólo cifras. Son causa de desajuste y atraso en la procuración del bienestar social; profundizan la desigualdad y agudizan el daño generalizado, singularmente entre los grupos sociales desprotegidos. Sin embargo, pudiéramos convenir en que el Gobierno mexicano ha mostrado la vigencia de sus instituciones al emprender acciones concretas tendientes a atenuar los costos sociales de la cisis.

En cada uno de los rubros de la política social emprendida por el Ejecutivo, se advierte una actividad y atención constantes, siendo posible reconocer avances objetivos y proyectos realistas.

Hay conciencia sobre los efectos devastadores si el Gobierno abandonase o fuese negligente respecto de sus responsabilidades sociales: simplemente se cancelarían las posibilidades de crecimiento, erosionando una salida inteligente a la crisis. En consecuencia, este grupo parlamentario asume una doble responsabilidad: primero, como integrante del Poder Legislativo y segundo, al pertenecer al partido que detenta el poder.

En este entendido habremos de cuidar que los programas del Ejecutivo abran oportunidades a la población en el mejoramiento de sus niveles de vida. Por lo tanto, lucharemos contra la pobreza, marginación y olvido social en que aún viven millones de mexicanos.

Esta administración enfrentó prácticamente un riesgo de soberanía económica; todas sus opciones de salida eran limitadas. A nuestro juicio, tomó la decisión menos mala al decidir implementar un severísimo programa de ajuste económico con sus inevitables costos sociales. Por eso efectuó acciones diversas tratando de amortiguar sus embates. En el Plan Nacional de Desarrollo ha establecido la aplicación de una política social, integral, integradora, regional y sectorial; asimismo, la administración pública federal, reforzó algunos de los programas de apoyo destinados a los grupos más necesitados; trabajó para ampliar, con el tiempo, las oportunidades de desarrollo de las zonas marginadas del país y promovió un esquema de incorporación concertada para las comunidades indígenas. A nueve meses de una intensa labor se alcanzaron resultados cuantitativos y cualitativos tangibles, aunque limitados, muestran resultados. Repasemos:

El Fondo de Solidaridad Municipal abarcó 31 estados del país, es decir, en cada una de las entidades de la Federación se realizaron acciones de apoyo en los siguientes rubros:

*Becas a niños de escasos recursos 780,000

*Rehabilitación de planteles escolares 10,000

*Mantenimiento a hospitales 74

*Equipamiento de centros de salud 504

*Acciones de mejoramiento de viviendas y sevicios 50,000

*Construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable 960

*Construcción y rehabilitación de sistemas de alcantarilladaro 514

*Credito a la palabra 711,000

*Construcción de caminos rurales 1,522

El Fondo para la Promoción del Desarrollo Regional tiene como objetivo coadyuvar en la creación de infraestructura para dotar de servicios básicos a comunidades rurales. Inició programas regionales en 24 zonas que abarcan a 1 mil 010 municipios; el 42% de los existentes en la República. Se electrificaron 1 mil 148 comunidades rurales y 240 colonias populares.

Como parte de las acciones destinadas a mitigar los efectos de la crisis, se puso en marcha el Programa Emergente de Empleo Temporal generando 550 mil plazas de este tipo.

Asimismo el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar, coordinado por el DIF con apoyo de Diconsa y Liconsa, alcanzó logros importantes en beneficio de las regiones de mayores índices de pobreza. Se distribuyeron 1 millón 224 mil despensas mensuales y cerca de 1 millón 500 mil desayunos escolares al día. En cuanto al subsidio al consumo de tortilla, este año alcanzará a 2.8 millones de familias diariamente y el Programa de Abasto Social de Leche a 5.5 millones de niños, siete días a la semana.

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indios coordinado por el Instituto Nacional Indigenista en 23 estados de la República, apoyó aproximadamente a 260 mil cafeticultores en 441 municipios. Asimismo, realizó 1 mil 070 proyectos culturales, brindó atención y educación a 56 mil niños indígenas y equipó 244 albergues.

El Fondo de Atención a Grupos Sociales dirige sus acciones hacia la población más vulnerable: jóvenes, trabajadores migrantes, personas con discapacidad y ciudadanos de la tercera edad. Canalizó 2 mil 341 estímulos económicos a estudiantes, así como a 4 mil 600 pasantes para la formulación y ejecución de 1 mil 100 proyectos productivos. También se apuntalaron 85 proyectos en beneficio de 442 mil jornaleros.

La política social no puede entenderse sin una estrategia de desarrollo del campo empezando por dar certidumbre a los campesinos. En la procuración de justicia agraria se detectaron avances en cuatro sentidos como apoyo a los objetivos sexenales en materia de reforma agraria. En primera instancia se realizaron acciones encaminadas a abatir el rezago del reparto agrario en el área de competencia del Poder Ejecutivo; en segunda, se sentaron bases para lograr la certificación de los derechos ejidales. Igualmente se trabajó para garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra y finalmente, en el fortalecimiento de la propiedad social mediante la promoción de figuras asociativas para un aprovechamiento racional y productivo de los recursos rurales.

En el ámbito de la salud corroboramos la reforma al Sistema Nacional de Salud sustentada en las siguientes estrategias:

1o. La descentralización e integración de los servicios de atención a población abierta:

2o. La ampliación de la seguridad social en el medio urbano con capacidad de prepago:

3o. La ampliación de los servicios de salud estatales a la población marginada de los medios rural y urbano, a través de la canalización de mayores recursos a la promoción de la salud y prevención de enfermedades.

En cuanto a la infraestructura se continuaron los trabajos enmarcados del Programa de Apoyo a los Servicios de Salud para población abierta en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero y el Distrito Federal, lugar donde se construyeron 54 unidades de primer nivel. Asimismo se pusieron en operación tres laboratorios estatales de salud pública. Se proporcionó atención a 30% de la población de zonas rurales y urbanas marginadas sin acceso previo a los servicios básicos de salud.

Reconocemos acciones en la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, tal como se destaca en los siguientes datos:

Se alcanzó una reducción del 46% en la incidencia de enfermedades respiratorias agudas en relación al primer semestre del año pasado. La planificación familiar alcanzó la tasa global de fecundidad a nivel nacional en 2.8 hijos por mujer para finales del presente año.

El Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó el número de consultas otorgadas en medicina familiar, especialidades y urgencias, así como de análisis clínicos e intervenciones quirúrgicas. Se extendieron los servicios de seguridad social de dos a seis meses para quienes han perdido su empleo. En infraestructura médica de los tres niveles de atención, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado incrementaron su capacidad mediante la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de distinto tipo de unidades.

En materia de educación el Ejecutivo ha afrontado el compromiso de ofrecer un servicio suficiente y de calidad. Así, en el ciclo escolar 1994-1995 la matrícula ascendió a 26.3 millones de educandos; más de 550 mil niños y jóvenes respecto del año anterior, correspondiendo a educación básica más de 360 mil estudiantes. Muestra de una efectiva corresponsabilidad con los gobiernos estatales y municipales fue la entrega oportuna de 114 millones de libros de texto gratuitos.

Con el propósito de abatir los altos índices de analfabetismo y rezago educativo se amplió la oferta de educación básica a personas de más de 15 años, permitiendo la incorporación de 737 mil personas a los cursos de alfabetización y atendiendo a cerca de 1 millón 320 mil adultos en educación primaria y secundaria. En el nivel medio superior se atendieron 2.3 millones de alumnos; casi un 5% más que en 1994. La educación superior registró un incremento con respecto al año anterior de 38%, atendiendo a más de 1 millón 420 mil alumnos en licenciatura y posgrado.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sostuvo el número de becarios (más de 14 mil) y continuó respaldando la investigación a través de las universidades públicas.

No obstante las restricciones económicas la vivienda ha logrado subsistir manteniendo los niveles de construcción. En el marco del Programa Nacional de Construcción de Vivienda 1995 se programaron 556 mil créditos, con una inversión de 29 mil 339 millones de nuevos pesos. En este contexto el Programa Especial para la Vivienda y el Empleo ha contribuido a mejorar los niveles de vida de la población operando en tres vertientes:

1o. Apoyo a los deudores de bajos ingresos con problemas para pagar sus créditos hipotecarios, previendo reestructurar 250 mil.

2o. Financiamiento para terminación y comercialización de viviendas en proceso de construcción. Para cumplir este objetivo se reestructuran en unidades de inversión (Udis), créditos que soportan la finalización de 30 mil viviendas.

3o. En lo que respecta a vivienda nueva de interés social, con el respaldo del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi), se inició la construcción de 118 mil de ellas durante el segundo semestre de 1995.

La estrategia en materia de desarrollo urbano experimentó un cambio orientado a propiciar un ordenamiento territorial en una perspectiva de desarrollo regional de acuerdo a las características del mismo y considerando las actividades productivas de la población. Se pretende reactivar la economía de las ciudades generando a la par un mayor desarrollo en el sector rural. La preocupación por inducir un crecimiento ordenado de las ciudades se mira como el despegue de una etapa de mejor aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de todas las comunidades en nuestro país.

En materia de protección al medio ambiente destacan las políticas de regulación ambiental fortalecidas por el sistema de monitoreo en 55 ciudades, avanzando en la formulación y aplicación de una estrategia de minimización y reciclaje de residuos peligrosos, así como la construcción de infraestructura para su tratamiento. Estos nuevos proyectos impulsan una industria ambiental compatible con el crecimiento económico; el cuidado del medio ambiente no opera contra la creación de empleos. Ha progresado el proceso de descentralización, al promoverse la integración de cuatro consejos consultivos regionales y un consejo nacional y otro más para conducir la política de las áreas naturales protegidas, destacando el combate al tráfico ilegal de flora y fauna mediante la creación de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.

Estamos conscientes del sacrificio de toda la sociedad mexicana en aras de una recuperación económica rápida. No obstante, los primeros nueve meses de gestión manifiestan la responsabilidad social del Gobierno mostrando capacidad y voluntad para contener el deterioro de los niveles de bienestar entre los grupos en condiciones de pobreza.

Aceptamos la posibilidad de superar pronto las angustias financieras, pero naturalmente la crisis estructural no se resolverá en el corto plazo; obedece a un largo periodo de gestación y sus orígenes son complejos. Por lo pronto debemos admitir que los costos sociales no se han distribuido equitativamente. Por ende, en el combate a la inflación, el impulso al ahorro interno, la reforma del Estado, comprometeremos nuestra participación en la medida que la política de bienestar social tenga un alcance global y se oriente hacia un equilibrio en la distribución de la riqueza.

Los costos de la crisis habrán de compartirse proporcionalmente. En las condiciones actuales los ricos han sido favorecidos y los pobres depauperados. Por ello procuraremos que las políticas sociales avancen paralelamente a los ajustes económicos.

Los programas de bienestar social deben ser de largo plazo. Sólo así responderán a las expectativas comunitarias y al crecimiento poblacional. Es menester consolidar el sistema integral de planeación del desarrollo social con una orientación diferenciada hacia los sectores con el fin de mantener, respetar y preservar las raíces culturales, el arraigo en cada región y los parámetros de comportamiento de cada etnia. Las acciones de gobierno, por lo tanto, habrán de adecuarse a las exigencias de la evolución evitando recaer en improvisaciones o recurrir a programas emergentes.

En este contexto habremos de estar atentos en una instrumentación del desarrollo rural avalada por la realidad del campo y consensada por los campesinos e indígenas de cada zona. Esperaremos la iniciativa en materia indigenista anunciada por el Ejecutivo para ser analizada y enriquecida en el seno del cuerpo legislativo plural.

Desde su origen nuestro partido ha sido aglutinador de consensos y apoyos; también se ha establecido como una organización política reivindicatoria de los reclamos y demandas de los más amplios sectores de nuestra sociedad. Hemos sido portadores, durante décadas, del respaldo hacia los grupos populares. En correspondencia ellos nos mantienen como fracción mayoritaria en el Congreso de la Unión y su voto llevó al PRI a la presidencia de la República.

A la exigencia inaplazable de luchar por el bienestar social, a los anhelos de justicia y equidad, al reclamo de oportunidades para mejorar los niveles de vida, los legisladores de esta fracción parlamentaria demandaremos del Partido Revolucionario Institucional una respuesta clara, hoy más que nunca refrendada en su vigencia.

El PRI debe actualizarse encabezando un esfuerzo nacional de gestoría social que de inmediato apacigüe la problemática económica y evite el avance del conservadurismo. Continuaremos haciendo nuestras las demandas de bienestar social para la mayoría de la población.

No descansaremos en la lucha por más empleos con mejores ingresos, por mayores apoyos al campo, por los derechos humanos y constitucionales para todos; por mejores servicios urbanos, por mayor seguridad pública, por la protección del medio ambiente y la ecología; por más y mejores viviendas, por ampliar y elevar la calidad de la educación, por mejores servicios de salud y seguridad social. Esos son los reclamos de bienestar de la sociedad, ésas son también nuestras banderas.

Habremos de exigir a nuestro partido siga trabajando cerca de las distintas agrupaciones sociales en la búsqueda y fortalecimiento de fórmulas de organización social; continúe fortaleciendo las iniciativas de la sociedad civil. Sin una organización sólida, coherente, la sociedad dispersa sus demandas y aísla sus propuestas.

Entendemos el valor de la organización social y lo impulsamos; permite canalizar y encontrar respuesta idónea a toda una serie de demandas comunitarias ante el Gobierno; contribuye a mantener la cohesión y el ánimo social. Ante la ineficacia e inoperancia de la autoridad la organización social expresa el justo reclamo que da lugar a medidas correctivas y ante las insuficiencias productivas es posible realizar multiproyectos múltiples generadores de mínimos de bienestar para las comunidades, los individuos y sus familias.

La magnitud de los rezagos sociales en nuestro país reclama una coordinación nacional de la misma dimensión. Es una tarea de la cual no se puede excluir a ningún mexicano, a ninguna organización. La política de desarrollo social debe alentar la participación y corresponsabilidad de los sectores público y privado, de las fuerzas políticas y las productivas; debe ser consecuente con las decisiones que la comunidad y los ciudadanos manifiestan cotidianamente a través de sus organizaciones.

En esta nueva etapa el Partido Revolucionario Institucional habrá de reafirmar su responsabilidad como gestor social de los necesitados, promoverá nuevas formas de organización ciudadana, se asumirá como garante de una política social incluyente, refrendará su compromiso con las mayorías. Es patente que las minorías privilegiadas se protegen solas.

Reiteramos que abatir la pobreza y la marginación precisa un esfuerzo extraordinario del Gobierno Federal. No podemos esperar que los problemas acumulados en décadas puedan subsanarse en apenas unos años. La erradicación de la miseria demandará una convergencia gradual y estructurada de estrategias de crecimiento económico con estrategias distributivas y amplios programas de atención social. Es obvio que los programas de ajuste económico para recuperar el crecimiento están en marcha; entonces estamos obligados a profundizar la atención del aspecto social en la crisis. En ello la tarea asistencial del Gobierno jugará un papel de primer orden durante el próximo año.

Los diputados de esta fracción velaremos porque el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996 vea incrementados, en términos reales, los recursos destinados a la atención social de los mexicanos, en especial para aquéllos cuyo índice de marginalidad es dramático. El presupuesto del Gobierno Federal en materia social es instrumento de fundamental importancia para el combate a la pobreza. Por eso, buscaremos incidir, además del incremento aludido, en una definición programática por prioridades. Para ello realizaremos un minucioso análisis con los secretarios de despacho correspondientes antes de aprobarlo.

Asumimos el compromiso de la corresponsabilidad en las decisiones promovidas por el Poder Ejecutivo en materia social. En este marco, toda medida adoptada para afrontar los rezagos sociales contará con el concurso y consenso de los diputados priístas.

Pero seremos vigilantes escrupulosos del Ejecutivo. Con los responsables directos mantendremos una relación seria, respetuosa y celosa de los compromisos asumidos. Sólo la severidad y la exigencia promoverán una política pública que dé respuesta al gran reclamo social que hoy recorre nuestro país. En el seno de esta Cámara cuidaremos se dé uso transparente y honesto a los recursos destinados al gasto social.

La situación no tolera dispendios ni desviaciones. Esta fiscalización no estará sujeta a un esquema de subordinación, sino se hará en un plano horizontal, repetimos, de corresponsabilidad en el marco de la ley. Vigilaremos la congruencia de los programas interinstitucionales de la política de bienestar social, su oportunidad, suficiencia y aplicación.

Revisaremos su compatibilidad y factibilidad con los programas regionales, así como los instrumentados por los estados y municipios para dar cohesión a la reforma del Estado que pretendemos construir.

Impulsaremos una política social integral mediante la intensificación del trabajo legislativo de análisis y enmiendas a las iniciativas del Ejecutivo y a través de las propuestas del Congreso de la Unión recogidas en la gestoría con la ciudadanía; nuestro objetivo será apuntalar las acciones que den rumbo y cauce al progreso social alejando el riesgo de mayores desequilibrios entre regiones y población.

Las comisiones responsables del análisis de la política social ratificarán o rectificarán los programas correspondientes con una actitud crítica dimensionando sus resultados y previendo las dificultades. Se trata de evitar la recurrencia de la crisis pues ya tenemos 20 años con ella y es mala compañera. No hay otra fórmula: en la medida que la estabilidad social se mantenga en el tiempo la reactivación económica será constante.

Esta es nuestra propuesta y compromiso con la sociedad y con el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Diputados José R. Castelazo, José Luis Martínez Alvarez, Alejandro Audry Sánchez, José Luis Flores Méndez, Daniel Quintero Peña, Miguel Angel Islas Chío, Liberato Montenegro Villa, Manlio F. Gómez Uranga y Roberto Pedraza Martínez.»

La Presidenta:

Esta Presidencia informa que se han inscrito en la lista de oradores los diputados: Leticia Burgos, Abel García Ramírez, Manlio Fabio Gómez Uranga, Alejandro Moreno Berry, Elías Miguel Moreno Brizuela, Juan Manuel Pérez Corona, Miguel Angel Islas Chío, Osbelia Arellano López, Cruz Pérez Cuéllar, José Luis Martínez Alvarez, Everardo Martínez, Guillermo Luján Peña, Alejandro Audry Sánchez, Régulo Pastor Fernández Rivera, José Luis Flores Méndez, Jorge Hernández Domínguez, Roberto Pedraza Martínez, Daniel Quintero Peña y Liberato Montenegro Villa.

Por estas razones pedimos a los compañeros que están enlistados que se apeguen a los siete minutos del acuerdo. Ha solicitado la palabra... ¿con qué objeto, diputado?.. Tiene la palabra el diputado Everardo Martínez Sánchez, por cinco minutos.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Con su permiso, señora Presidenta; ciudadanas y ciudadanos diputados:

He pedido hacer uso de la palabra porque del diputado que me antecedió en el uso de la palabra volví a escuchar nuevamente un catálogo de nuevos propósitos, tal como el que nos recetó el doctor Ernesto Zedillo el día de su informe y fundamentalmente para hacer algunas precisiones.

Dijo el diputado que han desfilado ante estos legisladores los secretarios de despacho. Quiero hacer notar que esta Cámara de Diputados merece respeto y merece que los compromisos que se hacen se cumplan. El presidente Zedillo ofreció que los secretarios iban a comparecer ante el Congreso de la Unión y hemos iniciado la primera glosa de este informe sin la comparecencia de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina.

¿Qué acaso estos señores secretarios no tienen nada qué informar a esta soberanía? ¿Qué acaso el conflicto de Chiapas está completamente resuelto? ¿Qué acaso no es importante que los diputados de esta Cámara conozcamos a detalle lo que está pasando con el Ejército mexicano? ¿Sabemos acaso cuántos efectivos están destinados en Chiapas y cuál es el costo de mantenerlos ahí? Estas interrogantes, esta Cámara de Diputados debemos exigir que se nos informe cabalmente.

¿Cómo es posible que se venga aquí a decir y a pedir congruencia cuando no somos cabalmente informados, cuando se menosprecia la autonomía de este Poder Legislativo.

Por eso pido al responsable de hacer cumplir los derechos que tenemos como diputados haga las gestiones correspondientes para que estos secretarios comparezcan ante esta Cámara de Diputados y lo digo por lo siguiente que aquí se vino a decir:

El análisis del informe nos muestra que la insuficiencia de la cobertura de los servicios de salud, señalada en el informe, reconoce que hay más de 10 millones de mexicanos que hoy se encuentran excluidos de este derecho constitucional. Sin embargo en el documento que se nos entregó se oculta que entre 1991 y 1995 más de 4.5 millones de mexicanos han quedado sin la protección de la seguridad social sin que todavía se aprecie en toda su magnitud la repercusión de la desafiliación del IMSS de más de 1 millón de trabajadores entre diciembre de 1994 y junio del presente año.

En relación al IMSS-Solidaridad no se presentó la información relativa a los recursos financieros para examinar la capacidad real para atender a los 11 millones de habitantes que en el informe se afirma se cubren con este programa.

En el Seguro Social el nivel de aseguramiento ha disminuido en 10% los efectivos y los efectivos, fíjense bien, de la Secretaría de la Defensa Nacional se han incrementado en un 36% en la última década y la Secretaría de Marina creció en 47% en el mismo periodo.

¿Cómo es posible que tengamos un Ejército de paz y el presupuesto que se asigna a las fuerzas armadas es un tercio mayor que el que se asigna a la Secretaría de Salubridad? Se asignó en el presupuesto de este 1995 9 mil 240 millones de nuevos pesos a las fuerzas armadas y 6 mil 100 a la Secretaría de Salud y tenemos un Ejército de paz que constantemente está incrementando sus efectivos y el presupuesto para Salubridad no se incrementa; seguimos con un rezago de más de 10 millones de mexicanos que no tienen acceso a este servicio.

La Presidenta:

Permítame diputado: ya han transcurrido más de los cinco minutos para rectificar hechos. Le pedimos por favor que para poder volver al orden en la sesión, termine usted, ya que hay otros diputados que se han inscrito por la vía de hechos.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Con todo gusto señora Presidenta, nada más que le pido que utilice el mismo criterio con todos los diputados, ya que les ha dejado hablar el tiempo suficiente para concluir su intervención y yo voy a hacer exactamente lo mismo y voy a ser muy breve.

No puede haber justicia social mientras el 65% de los trabajadores no está protegido por la seguridad social; no puede haber una efectiva política social cuando la mayoría de los mexicanos acceden a menos del 25% de la riqueza nacional, porque el resto se lo apropian los grandes capitales.

Señoras y señores: estamos a tiempo de salvar al país. Evitemos un estallido social atendiendo a las necesidades de nuestro pueblo. Existe una muy alta deuda social con todos los mexicanos. Pongamos un alto a la sangría financiera que representa la deuda externa que tan alto costo social ha tenido y que hoy compromete a la nación entera.

Desterremos las tendencias militaristas; evitemos el desmantelamiento de los servicios de salud y seguridad social. Evitemos la mercantilización de las conquistas sociales. Restituyamos a los servicios de salud y seguridad social las funciones, actividades e instalaciones entregadas al sector privado, como son el SAR, los servicios de alimentación, limpieza, mantenimiento y vigilancia.

La Presidenta:

Nuevamente diputado, por favor le conmino a que concluya su intervención.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Concluyo. Restituyamos también la capacidad financiera al sector aprobando la constitución de un fondo de reconstrucción de los servicios de salud y seguridad social. Sólo con justicia social y democracia podremos superar la grave crisis que aqueja a nuestro país, preservando la soberanía nacional.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Antonio Hernández Cruz.

El diputado Antonio Hernández Cruz:

Introducción:

EN MAYATOJOL-AB'AL (PALABRA DE HOMBRES VERDADEROS)

MACLAYONIK JA PETZANILEX: JA KE'NTIKONI MI KECHAN WAN TIKON SK'ANJEL B'AJIN EK'ELE OJ WAKOTIKONA K'AVI, CHAMI KECHAN OJ LO'LAJUKOTIKON; JAK, ENTIKONI, WANTIKON SK'ANJEL OJ JNATIK LANJANJASTAL OJ AJYUKOTIK LAJAN LAJAN JA YOJOL JA LUÚMILTIKI.

MIXA OJ B'OB KECHAN WEN JA NA'EXA YAMI.

TE'Y TICONA KENTIKON EHA MAJKIL.*

Aunque no lo crean y aunque solamente unos cuantos me escuchen, otra vez para los pueblos indios hay que darles de desayunar y el Gobierno y su partido están muy contentos cuando hablan de que ése es un programa alternativo para los pueblos indios de este país.

No sólo queremos desayuno, porque también nosotros podemos hacer nuestro desayuno si hubiera posibilidades para comer bien. No sólo queremos aparentes programas desarrollistas para la cuestión productiva, para mejorar nuestra producción en el campo no sólo eso queremos. Ni sólo queremos que nos vean con lástima en este país. Nosotros somos parte de esta nación y nosotros entonces estamos planteando más allá de programas desarrollistas y nuestro planteamiento es, cuando menos seamos beneficiados por el 50% de las riquezas naturales existentes en nuestros territorios.

¿Cuánto es?, tenemos que ver cuánto, si les hago números no podremos alcanzar a escribir ahorita.

Creo que nosotros tampoco estamos esperando del Ejecutivo, de la Federación, de gobernadores o de legisladores no indígenas. Ya terminó ese cuento. Creo que hay que elaborar una ley para el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, pero no como aquí dijo Zedillo, lo rechazamos eso, que el Ejecutivo y el Legislativo sean los que elaboren otra vez para reglamentar o para reconocer en la Constitución los destinos de nuestros pueblos indios.

Hay en todos los rincones del país iniciativas indígenas, hay asambleas, hay debates, hay diálogo nacional de los pueblos indios y por eso los legisladores y todos aquellos que actuamos en la nación tenemos que esperar esos pensamientos y esas palabras de los pueblos indios.

Desde acá rechazo lo que dijo Zedillo y rechazaré para aquellos que quieren avalar solamente con una firma, sin que observe, sin que vea lo que los pueblos indios planteamos en este país.

Nosotros también tenemos iniciativas y cuando se vean las condiciones, estamos dispuestos y cuando se vean las condiciones del diálogo, estamos listos. Aquí estamos y entonces no aceptamos cualquier intervención acá de gente desarrollista para los pueblos indios, sino planteamos hermanarnos todos los mexicanos para repuntar el Estado mexicano con un nuevo federalismo, abrazándolo para que guardemos su soberanía interna, pero también su soberanía externa, con el conjunto de los países del mundo.

Muchas gracias.

*Traducción realizada por el propio diputado.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Roberto Pedraza.

El diputado Roberto Pedraza Martínez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:

Podría también hablar en mi lengua, aunque en esta ocasión no lo voy a hacer.

Desde luego que la mayoría de los mexicanos reclamamos y simpatizamos con las razones que han originado inconformidades, sobre todo en el sureste de México, que esas mismas carencias se dan en otros lugares de la geografía nacional, para nadie es un secreto, pero a nadie nos gusta que los actos violentos y la falta de diálogo priven en nuestro país.

Es cierto, hemos padecido programas a veces asistencialistas, programas paternalistas que mucho han dañado a los pueblos indígenas.

Cuando han llegado algunos programas, no se importa que se llamen pronasoleros, muchos indígenas han tenido muchos beneficios, no así el común denominador para todos.

Saludamos con afecto la propuesta de que se haga una Ley de Derechos Indígenas. Ojalá y no nos quedemos cortos; esperamos vernos favorecidos con algo, mucho más que eso.

Urge una política indígena; acabar con políticas indigenista e instancias que ya no funcionan y que sólo se han dedicado a estudiar y medir a los indígenas.

La paz duradera que todos queremos para el sureste de México, es tarea de todos en nuestras respectivas trincheras, pero esto no quiere decir que la trinchera de todos sea Chiapas.

La propuesta de la comisión encargada de velar por la paz en Chiapas, de que en una mesa de negociaciones se elabore el proyecto de ley de derechos indígenas o el proyecto de autonomías o como se le quiera llamar, creo que se vería más fortalecida si permitimos que las restantes 50 ó 54 etnias hicieran también sus propuestas en sus respectivas regiones.

El hecho de que los pueblos indígenas definan su propio destino debe estar consagrada en la Constitución.

No permitamos que manos ajenas traten nuevamente de definir el proyecto histórico que corresponde a los indígenas.

No queremos ya falsos redentores; no queremos intermediarios que vengan a gritar o que griten en los principales medios por los indígenas. Eso se llama paternalismo y tiene ya 500 años que se viene haciendo.

Exigiremos y velaremos del Ejecutivo programas tendientes no a integrar, sino más bien a que juntos como mexicanos vayamos todos construyendo el destino de los pueblos indígenas, de los pueblos no indígenas, de todos los mexicanos.

La Presidenta:

Continuando con los oradores en lista, tiene la palabra, por siete minutos, la diputada Leticia Burgos Ochoa.

La diputada Leticia Burgos Ochoa:

Con su permiso, compañera Presidenta:

Yo quisiera antes de iniciar, expresarles diputadas y diputados, al diputado Castelazo, con mucho respeto, que efectivamente compartimos la idea de la corresponsabilidad y de la coparticipación, pero en un nuevo esquema de Gobierno, en un nuevo esquema de planeación para este país, porque no podemos hablar de planeación y de coparticipación cuando no hay una plena independencia entre los poderes y no hay una reforma profunda del Estado y en síntesis, persiste el partido de Estado en el país.

No venimos a esta tribuna, con todo respeto compañero Castelazo a rendirle pleitesía al quehacer del Ejecutivo, desvía la tarea. Más bien analizar y evaluar la gestión para proponer alternativas.

Compañeras y compañeros legisladores: en materia de política social, el Ejecutivo Federal en su informe y el de la Sedesol en su comparecencia ante el Poder Legislativo, trataron de convencer al país a través de un abigarrado cúmulo de conceptos, cifras estadísticas y acciones de dos hechos de suma importancia:

"1. Que desde la crisis de insolvencia de diciembre pasado, su principal prioridad y el mejor esfuerzo gubernamental ha estado orientado a salvaguardar y satisfacer los intereses de los menos favorecidos".

"2. Que prevalecen sustancialmente intactas las condiciones generales que permitirán por fin saldar la histórica deuda social de los pobres y marginados del país."

A nuestro juicio, ninguno de estos dos hechos soporta el riguroso examen de la realidad. Ello es así porque quién no recuerda los desvelos del titular de la Secretaría de Hacienda en su febril ir y venir a Washington, con el único y explícito propósito de conseguir fondos para pagar los dividendos de los Tesobonos.

¿Quién, cuándo y dónde escuchó alguna vez decir que los especuladores deberían sacrificarse en aras de proteger los intereses generales de la nación y en particular los de los más desposeídos?

¿No es acaso cierto que los incrementados intereses de la deuda externa se han pagado con regularidad religiosa? ¿Quién, cuándo y dónde, escuchó alguien decir alguna vez que nuestros acreedores deberían posponer y moderar al menos una parte de su voracidad, para no poner de rodillas a la nación ni inmolar a los trabajadores del campo y la ciudad? Las respuestas a estas interrogantes resultan obvias y la conclusión inobjetable.

Desde la tesis de diciembre, ya que este debate se dio por la mañana, la principal prioridad y el mejor esfuerzo del Gobierno han estado orientados a salvaguardar y fortalecer los intereses de los especuladores y de nuestros acreedores externos, a costa del incremento de la pobreza, de la profundización de la miseria y de la postergación indefinida del saldo de la deuda social del país. Esta lógica a nuestro juicio es claro que no va a cambiar.

Luego entonces nos preguntamos: ¿de qué desarrollo social podemos hablar? Basta describir con un solo ejemplo que la situación va a empeorar, el lacerante deterioro de las condiciones nutricionales de amplios sectores de la población ya no sólo de índole rural sino también urbanas.

En el caso del D.F. en 20 años se ha sextuplicado la desnutrición de la población, condiciones que encuentran sus causas en la política económica y en la ausencia de estrategias coherentes y viables en materia de abasto y alimentación por señalar el ejemplo.

Que se ha venido acotando gradualmente la responsabilidad del Estado, la liberación de los precios de los productos básicos alimenticios, el anunciado retiro paulatino de los subsidios de la tortilla y la leche, son indicativos de ello, que por cierto de manera muy inteligente, el Ejecutivo Federal obvió informar al respecto.

Hoy en día, lejos de ser considerada la alimentación como un factor fundamental, en la agenda del desarrollo del país, es asumido como un acto de caridad, destinan sus acciones a grupos más vulnerables, a los extremadamente pobres, acciones localizadas y temporales. El panorama es aún más alarmante cuando existe un reconocimiento oficial y poco o nada se hace para enfrentar la enorme descoordinación y dispersión de los esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y entre las propias instituciones, llámese DIF, Sedesol, Diconsa, Liconsa, SFA, INI, para el caso del problema alimentario en México.

La grave duplicidad de las acciones con 23 programas de asistencia alimentaria, abasto social, lo ilustran con mucha claridad. Asimismo la discrecionalidad y el manejo político de la aplicación de los recursos, muestran el caos y la inexistencia de una política social congruente con las necesidades de las familias mexicanas.

En esta materia el Ejecutivo Federal en su informe, se remitió al manejo de cifras y al cuestionable aumento de cobertura en la distribución de despensas, desayunos, tortibonos, leche, productos básicos, en vez de haber dado cuentas a la nación y al Poder Legislativo, sobre cuántos de 14 millones reconocidos oficialmente de extrema pobreza han mejorado sus condiciones o cuántos la han empeorado.

Cuántos de los 100 niñas y niños que mueren diario por desnutrición o enfermedades asociadas a la mala nutrición, se salvan de morir con los beneficios anunciados en el informe. Cuántos de los extremadamente pobres han dejado de serlo, no porque hayan muerto sino por la decena de acciones que se emprenden. Esto sería lo que nos competiría discutir, evaluar de la gestión ejecutiva.

Por ello y por otro lado también, es imperativo precisar, que es falsa la tesis o la expectativa que existe de las condiciones para alcanzar una verdadera recuperación económica, un crecimiento sostenido y una justa distribución social de la riqueza.

Ello es así porque en materia de política social de combate a la pobreza, como en otros ámbitos del quehacer nacional, se aplica y se aplicará la concepción impuesta por el Banco Mundial, porque la federalización y la descentralización que ya opera no cuenta con los consensos políticos, sociales, básicos que amarren compromisos y den soluciones de continuidad; porque la democratización de la vida política del país sigue siendo una materia pendiente, tanto como la reforma del Estado mismo; porque los programas sociales son confusos, dispersos, duplicados e incoherentes; porque los recursos financieros destinados a este fin resultan insuficientes a la magnitud de los retos; porque se continuarán distribuyendo con criterios de selectividad, el grupo parlamentario del PRD reafirma en esta tribuna que de no promoverse y aplicarse cambios sustanciales en las condiciones económicas y políticas del país, será imposible aplicar una auténtica política y un eficaz combate a la pobreza.

De parte del grupo parlamentario del PRD no hay ningún beneficio de la duda a este respecto, salvo que desde ya modifiquemos el rumbo...

La Presidenta:

Diputada: le rogamos concluir, ya tiene tiempo que terminaron sus siete minutos. Gracias.

La diputada Leticia Burgos Ochoa:

Con su permiso, para concluir, ...salvo que desde ya modifiquemos el rumbo y pongamos en el centro de atención a quienes con paciencia se han aferrado a la esperanza, eso quiere decir que con sensibilidad política y si es posible con espíritu autocrítico, como lo ha manifestado el diputado en esta tribuna, el diputado Levín Coppel, se escuchen las miles y millones de voces que desde los más diversos ámbitos de manera reiterada proponen que se opere un urgente cambio de rumbo en el modelo económico y en el sistema político. En eso está empeñado el PRD y sabemos que no estamos solos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Abel García Ramírez.

El diputado Abel García Ramírez:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

El presidente Zedillo dijo en su toma de posesión: "Por décadas el esfuerzo constante de maestros, padres de familia y autoridades hizo que la educación llegara a muchos, es tiempo de que llegue a todos, es tiempo de que avancemos decididamente en su calidad, por ello, la educación será una prioridad indiscutible de mi gobierno".

"Emprenderemos, dice, una cruzada nacional para que los mexicanos reciban una educación de calidad inspirada en el artículo 3o. constitucional y orientada hacia la libertad y la justicia, hacia el trabajo y el bienestar."

Después de volver a escuchar el informe de gobierno, esta vez en voz del diputado Castelazo, comentaremos lo siguiente. Para desgracia de México y de los mexicanos, estas palabras están siendo desmentidas y en franca contradicción con la realidad que vive el país en la actualidad. Veamos. "Se avanzó hacia el propósito fundamental de lograr la cobertura universal de los servicios de educación básica para los niños y jóvenes de cuatro a 15 años". Ernesto Zedillo. 1o. de septiembre.

A pesar de que, como se dice en el informe, el porcentaje de atención a la demanda se ha mantenido por espacio de 10 años en un 98%, la matrícula en la educación primaria ha disminuido en cerca de 500 mil alumnos; unido a lo anterior, es de resaltar que la cifra que se nos da de absorción de los egresados de primaria es en el ciclo 1994-1995 del 87.7%, situación aún más grave cuando las mismas estadísticas del informe nos señalan que la eficiencia terminal de la primaria es de tan sólo 62%, es decir, que de 100 que inician la primaria sólo 66 la terminan, de éstos, 57 ingresan a la secundaria y la terminan tan sólo 43, menos de la mitad de los que se inscriben.

Lo anterior efectivamente nos refleja la enorme contradicción entre los discursos y los hechos, pues falta aún mucho por hacer para lograr la anhelada obligatoriedad de la educación básica.

Los datos anteriores nos llevan a otra reflexión: en el texto del informe se asienta que la escolaridad promedio de la población nacional es de alrededor de 7%. Lo anterior contrasta con las cifras proporcionadas por el Banco Mundial en un estudio difundido en 1993, donde se asienta que el nivel de escolaridad en México es de 4.7% ¿Cuál será la cifra verdadera? ¿Es esto acaso otro mito genial? ¿Acaso en este tipo de índices no reconocerá el Gobierno mexicano la autoridad de los números de este organismo internacional, mientras que en otros rubros lo señalado por ellos es casi ley?

En los demás niveles educativos las cosas no son mejores. Pero, ¿y la calidad de nuestra educación nacional?, ¿y las diferencias regionales?, ¿y los sectores menos favorecidos? Si consideramos las cifras antes descritas que reflejan un promedio nacional, ¿cuán grande será la carencia en materia educacional, de los más marginados.

Un estudio de aprendizaje, aptitudes y conocimientos adquiridos por los alumnos de 77 escuelas primarias, las cuales fueron clasificadas en cinco categorías, nos revela lo siguiente: que el aprendizaje en general es bajo, por lo que no se puede afirmar que la educación primaria esté logrando que sus egresados sean alfabetas funcionales.

La calidad de la educación también concluye la educación primaria, se distribuye de manera polar, pues se muestran dos realidades diferentes: la de la zona urbana de clase media y la del resto de las regiones marginadas, las diferencias aumentan conforme avanza el alumno en sus estudios.

También, concluye, un certificado de primaria en las regiones rurales y marginadas, equivale a menos de cuarto grado de las zonas de clase media.

Existen estudios donde también se refleja la baja calidad en la educación de nivel bachillerato. La UNAM admitió en la década de 1976 a 1985, que en el nivel bachillerato alumnos que hicieron su examen para ingresar a la misma, obtuvieron la calificación de 4.5. De igual forma la universidad de Nayarit, los resultados de examen en 1988 fueron en un global de un promedio de 4.1 de calificación. También en el IPN, alma mater del actual presidente, se aplicó una prueba para el ingreso a la licenciatura en el ciclo escolar 1987-1988, a 360 alumnos, que se componía de 80 preguntas, el promedio de estudiantes sólo contestaron acertadamente 37 de ellas.

"Realicemos un esfuerzo excepcional para reducir radicalmente el analfabetismo y aumentar la educación entre la población adulta." Zedillo, 1o. de diciembre.

Según el informe, el promedio de analfabetismo en México es del 10%, de los cuales el 64% son mujeres y 54 habitan en zonas rurales. A las cifras hay que agregar que en términos generales los adultos participan en los programas de alfabetización, alcanzando solamente los primeros niveles de lecto escritura.

Existe además una gran desarticulación vertical y horizontal entre niveles y modalidades educativas, ¿qué no decir de entre el nivel medio superior y superior?, por igual hay que destacar la frecuente irrelevancia de los contenidos educativos que reciben los cerca de 26 millones de educandos para su vida práctica y cotidiana.

De la misma forma se podrá constatar la enorme desvinculación de la escuela en general, con el ámbito laboral.

"Se consolidará la federalización de la educación mediante el fortalecimiento de las atribuciones y responsabilidades que corresponden a cada uno de los tres órdenes de gobierno y la promoción de una activa participación de las comunidades en la educación."

En el informe que estamos comentando, es excesivamente optimista lo relacionado con lo avanzado hasta el momento en el aspecto de federalismo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, este proceso ha sido insuficiente. Y como lo señala el ilustre abogado Raúl González: "Cuando el cúmulo de facultades del poder central tiene una total y absoluta superioridad jurídica sobre el local, no se puede hablar propiamente de federalismo".

Lo anterior se corrobora al observar que todas las funciones importantes en el orden normativo y en el evaluativo, quedan asignadas al poder federal, mientras que a los estados corresponde sólo funciones accesorias o meramente operativas, casi siempre condicionadas y sujetas a la supervisión del centro.

Abundando en este tema, es necesario señalar, como lo observa Pablo Latapi: "Mientras no se modifique la estructura de la recaudación fiscal y los criterios de distribución de los recursos federales hacia los estados, la federalización educativa será sólo aparente y el poder central mantendrá el control real del desarrollo educativo de las entidades".

La Presidenta:

Señor diputado, le pido por favor, concluya su intervención en virtud de que ya han transcurrido más de los siete minutos.

Gracias.

El diputado Abel García Ramírez:

Termino, señora Presidenta.

Es necesario y deseable que el presupuesto asignado a la educación aumente. Si bien es cierto que en tres años se ha incrementado en un punto porcentual es necesario que, como lo señala la UNESCO, se aumente en un 8%.

El Partido Acción Nacional, ante la política educativa del actual régimen, afirma que hacen falta muchas cosas por realizar, que ciertamente se ha avanzado en muchos aspectos de la educación, pero no como lo festejan los gobiernos pasado y presente.

Es necesario un ejercicio de autocrítica y de evaluación sincera hacia adentro del sector para realizar un diagnóstico más realista de la educación en México y poder fomentar y desarrollar este aspecto tan fundamental para México.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Manlio Fabio Gómez Uranga;

El diputado Manlio Fabio Gómez Uranga:

Con su permiso, señora Presidenta; señores diputados:

En la glosa de éste o de cualquier otro informe de gobierno pasado, presente o futuro, el tema del combate a la pobreza, y en especial la pobreza extrema, es particularmente difícil; nadie puede minimizar la situación del país al respecto, ya que son millones los mexicanos para los cuales un nivel de vida decoroso aún es un sueño.

El combate a la pobreza es un objetivo, en primer lugar, constitucional que está íntimamente relacionado con el propio desarrollo político de las instituciones del Estado mexicano. Nuestra Carta Magna define en su articulo 3o. a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Hoy en día el desarrollo social representa para México un compromiso de vital importancia, no desconociendo que se trata de un asunto complejo, pero a la vez un reto como a los que nos hemos enfrentado los mexicanos en diversos momentos.

El desarrollo social tiene como objetivo abatir la desigualdad social y romper el círculo de pobreza extrema, situación que no debe de existir si es que realmente deseamos alcanzar los sentimientos más profundos de la justicia social, la democracia y la libertad.

Los acontecimientos económicos y financieros que ha presentado nuestro país en los últimos meses hace más difícil la situación del desarrollo social porque ha afectado el nivel de vida de los mexicanos y en particular porque la pobreza y la marginación social en estos tiempos se agudizan, resultando un sector importante de mexicanos los que no pueden satisfacer sus necesidades más elementales.

El esfuerzo que hoy en día se exige es que sin pérdida de tiempo el gobierno en sus tres niveles, fuerzas políticas y sociedad en general, nos comprometamos a atender la principal tarea que nuestro país enfrenta en materia social y que es precisamente la pobreza de nuestro pueblo, particularmente de ese grupo que vive en la marginación.

La línea de acción que se debe de seguir exige el compromiso de atender la marginación social, el desempleo y enfrentarnos a erradicar la pobreza. Estas tareas no se deben ceñir solamente al resultado de un acuerdo internacional, sino al reconocimiento objetivo y razonable de las vivencias propias de nuestro país, por lo menos en lo que nos preocupa, que son los niveles diferentes con que la crisis económica nos ha castigado.

Son muy importantes los índices de la disminución inflacionaria. A la vez es importante tener una estabilidad económica y cambiaria. También es importante tener una buena imagen comercial a nivel internacional. Pero es más importante y mucho más importante que nuestro pueblo no padezca miseria.

En este sentido reconocemos las labores emprendidas por el actual Gobierno Federal en su esfuerzo para evitar la pobreza impidiendo un mayor deterioro social a los grupos más desfavorecidos. En el contexto político son aplicables tres objetivos como en este momento se ha señalado:

1o. Combatir el origen de la pobreza extrema.

2o. Impulsar la integración social y productiva del sector social más vulnerable.

3o. Avanzar hacia una política total o integral con el objetivo de elevar el nivel de vida del pueblo.

Todo ello impulsando estrategias que superen la iniquidad dentro de la aplicación de la política de justicia social, la que se debe caracterizar por la integridad de las acciones de bienestar, la descentralización, la promoción del desarrollo regional, corresponsabilidad ciudadana y participación social, provisión de servicios básicos e incremento de la producción, el empleo y el ingreso.

El fortalecimiento de los municipios se refleja en el nuevo federalismo transfiriendo facultades y recursos a los gobiernos estatales y municipales, como es la canalización del 50% de los recursos federales destinados al bienestar social, otorgándoles amplias facultades a los ayuntamientos, que en coordinación con la ciudadanía definen las acciones que promoverán el desarrollo efectivo y positivo de los ciudadanos como de las comunidades.

Destaca en el informe presidencial el objetivo de reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas unidos en el desarrollo nacional en el más puro de los respetos a su cultura, emprendiéndose acciones en materia productiva, procuración de justicia y promoción del patrimonio cultural indígena.

Los programas de acción a los grupos sociales, que son dirigidos a sectores de la población más vulnerable, como los jóvenes, trabajadores, migrantes, discapacitados y personas de la tercera edad, se están impulsando como lo demuestra el programa de jóvenes, el que está establecido en tres ejes:

El primero, en educación, capacitación y empleo.

El segundo, seguridad e impartición de justicia:

El tercero, salud, cultura y recreación.

En la promoción del desarrollo social este rubro tiene el propósito de fortalecer la infraestructura para dotación de servicios básicos que promueva el desarrollo regional más equilibrado aprovechando el potencial de zonas específicas del país con la ejecución de proyectos sociales productivos y de infraestructura.

En síntesis la política integral de desarrollo social del Gobierno de la República estamos seguros ayudará a lograr una mayor justicia social, con la superación de los rezagos, corrigiendo las imperfecciones del mercado, dando impulso al empleo, promoviendo la transferencia de recursos a los individuos que carecen de lo básico para su progreso y alentando una mejor distribución del ingreso y la reducción de la desigualdad económica entre las personas y las regiones.

Señores diputados: los costos de la crisis han sido graves y dolorosos para el pueblo, pero reconocemos las acciones y programas que ha emprendido el Gobierno Federal para atenuar los costos sociales y elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos.

Es el momento de esforzarnos todos, Gobierno y sociedad, para emprender en forma solidaria, sin afán partidista, una verdadera y auténtica cruzada que ayude, apoye y dignifique a la clase más desprotegida y que ese esfuerzo conjunto reduzca el abismo que existe entre la opulencia y la pobreza extrema. El Gobierno está haciendo su parte, hagamos la nuestra.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Elías Miguel Moreno Brizuela.

El diputado Elías Miguel Moreno Brizuela:

Con su permiso, señora Presidenta:

Quiero apelar a su benevolencia, es mi primera vez en tribuna, quiero presentarme a todos ustedes antes de que el tiempo empiece a correr. Mi nombre es Elías Miguel Moreno Brizuela, soy médico cardiólogo, diputado federal por el distrito XXII de San Andrés Tuxtla, Veracruz y orgullosamente miembro de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

La salud es uno de los derechos esenciales del ser humano, es un derecho de todos y no el privilegio de algunos, representa para cada mujer y para cada hombre un medio y para la sociedad a la que pertenecen un fin. Por tanto, señores diputados, la salud debe ser una razón de Estado.

Es un hecho indiscutible que las mejores épocas de bienestar social en nuestro país han estado asociadas a épocas de crecimiento económico sostenido. Todos los indicadores de desarrollo humano muestran en estas etapas una evolución crecientemente positiva, sin embargo es un hecho también inobjetable que durante los años ochenta y lo que va de los noventa, la tendencia de mejoramiento de los niveles de vida y bienestar en general se ha visto estancada y en algunos casos ha sufrido retrocesos difícilmente recuperables en el mediano plazo.

Ha sido particularmente sensible el deterioro en los niveles de salud de la población . En este sentido el informe de gobierno presentado por el presidente Zedillo se convierte en un documento insustancial, superficial, insuficiente y plagado de buenas intenciones, así como de inexactitudes.

Se nos informa que la expectativa de vida o esperanza de vida al nacer en nuestro país ha tenido un aumento de 20 años en los últimos 40 años, pero no se aclara que la mayor parte de estos años ganados fueron durante los años precedentes a la crisis económica de 1982.

Se nos informa que las primeras causas de muerte en nuestro país son las debidas a enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónico-degenerativas, pero no se nos dice que estas estadísticas se basan en las actas de defunción de todo el país llenadas por médicos y a veces paramédicos que en su gran mayoría no cuentan con un sistema de anatomía patológica.

Aún más, si de verdad hubiésemos accedido al primer mundo en este rubro tampoco se dice que el referente internacional recomendado por la OMS para los países desarrollados es el 8% del PIB y en nuestro país sólo alcanza un raquítico 2.8% del PIB, con lo cual estamos incluso por debajo de lo recomendado para los países subdesarrollados, que es del 5%.

Se informa de una gran preocupación por la población más pobre del país, que es la no asegurada, pero no se aclara que la reforma anunciada profundiza esta separación. Los mexicanos excluidos del sistema de seguridad social resultan en la práctica ciudadanos de segunda clase al reducirse su derecho constitucional a la salud a un paquete básico muy reducido que engañosamente se presenta como el cumplimiento del objetivo de cobertura universal.

La seguridad social mexicana enfrenta hoy no menos retos; como sabemos la seguridad social ha sido por más de 50 años un instrumento básico de justicia social, surge como un derecho social bajo el principio de la solidaridad entre grupos y se consolida como un eficaz medio de redistribución del ingreso. La seguridad social es, ante todo, un instrumento de estabilidad social y política, expresión de solidaridad humana y ámbito esencial del quehacer del Estado. El centro de cualquier reforma constitucional a la seguridad social deberá preservar sus garantías y su naturaleza solidaria y redistributiva.

Desde hace algunos años las instituciones de seguridad social atraviesan por desequilibrios financieros que en el corto y mediano plazo atentan su viabilidad. La crisis financiera del IMSS y por tanto del régimen más importante de seguridad social es resultado de dos causas fundamentales: la primera se relaciona con las condiciones estructurales de la economía mexicana, estancamiento del empleo, elevación de las tasas de desempleo abierto, caída de los salarios reales e incremento en los niveles de inflación que impactan negativamente los ingresos reales de la institución.

La segunda causa es resultado de graves distorsiones internas, una de ellas es la alteración a la composición y monto de las contribuciones tripartitas, destaca la dramática disminución de la aportación del Estado en los dos seguros en los que existe responsabilidad constitucional: el de enfermedades y maternidad y el de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, al pasar de un nivel histórico del 25% en el periodo 1943-1965 al 5% a partir de 1986.

Por lo anterior es urgente una reforma integral de los sistemas de salud y seguridad social de tal manera que en lo inmediato es imprescindible realizar las siguientes políticas:

1o. Incrementar al 5% del PIB el presupuesto público destinado a la salud que es el referente internacional de la OMS.

2o. Como principio de equidad universalizar los servicios de salud y no los servicios médicos esenciales, paquete básico, es decir, un modelo de salud que vincule los tres niveles de atención.

3o. Hacer efectiva la responsabilidad jurídica constitucional del Estado de garantizar, promover y preservar el derecho a la salud.

4o. Fortalecer el actual carácter integral público, solidario y redistributivo de las instituciones de seguridad social.

5o. Aumentar la aportación estatal al seguro de enfermedades y maternidad en al menos un 25% que fue su nivel histórico.

6o. Trasladar a las reservas financieras del IMSS y del ISSSTE la aportación del 2% que las empresas, dependencias y entidades hacen a favor del trabajador por concepto de seguro de retiro.

7o. Fortalecer la capacidad financiera de dichas instituciones al permitir que los trabajadores no asalariados sean contemplados dentro del Sistema de Seguridad Social.

Por último, señoras y señores diputados, no puedo menos que aprovechar el uso de esta importante tribuna para hacer de su conocimiento un hecho que resulta paradógico y lacerante y que parece una broma cruel del destino, cuando por un lado en el periódico La Jornada, precisamente el día de hoy el titular de la Secretaría de Salud informa que en México las enfermedades infecciosas ya no son la principal causa de muerte y por otro resulta que en mi distrito con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, ha aparecido un brote de cólera particularmente grave en tanto se manifiesta en una zona urbana y toda vez que de acuerdo a diversos informes ha afectado en el mejor escenario a 181 personas y en el peor a más de 350 personas, además de que se ha registrado ya la muerte de un infante.

Es importante señalar la nula acción preventiva y de investigación de la autoridad en la materia, así como del inadmisible hecho de que al parecer el agua de consumo humano no estaba clorada, aunque debo hacer un reconocimiento a la doctora Edith Rodríguez, Secretaria de Salud del gobierno de Veracruz, quien ha actuado con responsabilidad; también quiero llamar la atención sobre el inadecuado y tardío manejo informativo por parte de las autoridades responsables que ocasiona desorientación en la población para enfrentar adecuadamente las respuestas al problema.

Por si fuera poco resulta que la infraestructura de pensión para estos casos de emergencia es insuficiente, más aún, si como sospechamos se trata de un peligroso brote epidémico de cólera que desde luego afecta a los sectores más desprotegidos de la población...

La Presidenta:

Señor diputado, le recuerdo el tiempo acordado, ruego a usted concluir porque en el tiempo de su presentación ya excedió usted más de lo permitido. Por favor concluya.

El diputado Elías Miguel Moreno Brizuela:

Termino. Son éstas las razones por las cuales demando ante ustedes la solidaridad con mis coterráneos tuxtlecos, al tiempo que solicito no reparen en ningún esfuerzo para que de manera urgente se sostengan los apoyos necesarios para aliviar la angustiante situación de salud que nos afecta.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pérez Corona.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Los servicios de salud y seguridad social son un claro reflejo de los problemas que prevalecen en el país y aquí también se vive una grave crisis que se expresa en el deterioro de la calidad de los servicios de salud y seguridad social.

Nosotros nunca hemos dicho que el Seguro Social esté en quiebra. Lo que está en quiebra es el manejo inadecuado que han hecho de él. Como grupo parlamentario y como partido siempre hemos defendido la seguridad social y la seguiremos defendiendo.

No podemos negar que hemos tenido avances sobre todo en los esquemas de vacunación básica que cubren el 94.6%. Desde el 18 de octubre de 1990 no se registra un caso de poliomielitis en el país y desde 1993 ninguno de difteria. La mortalidad en menores de cinco años ha disminuido al igual que la mortalidad materna. En la época de los años cuarenta México era un país con una esperanza de vida, al nacer, de 40 años y esto no se puede negar, aunque en algunos estados era de 32 años. Actualmente es de 72 años con 75.1 para las mujeres y 69.1 para los hombres.

En 1989 y 1990 se presentó una epidemia de sarampión con una mortalidad y morbilidad superior a la registrada en los últimos 25 años. Esto fue ocasionado por la falta de vacunas a pesar de que el doctor Guillermo Soberón afirmaba en 1988, en su último informe de labores como Secretario de Salud, que las necesidades nacionales de vacunas y reactivos de laboratorio estaban cubiertas; sin embargo a partir de esta fecha los casos han disminuido notablemente a menos de 200 casos por año.

El reconocimiento de aciertos y progreso no nos impide que identifiquemos y señalemos los problemas que aún persisten.

El doctor Ernesto Zedillo en su toma de posesión afirmaba, cito textual: "Queremos que crezcan los empleos y los salarios reales, no los precios. Rompamos el círculo vicioso de enfermedad, ignorancia, desempleo y pobreza en que están atrapados muchos mexicanos", termino la cita.

La diputada Rosario Guerra afirmaba, cito textual: "México ha cambiado sin perder identidad, lo alcanzado es fruto de un liderazgo que impulsa el rumbo de una sociedad dinámica y crítica, con profundas raíces históricas, una economía estable menos vulnerable en su relación con el exterior, pero sobre todo más sólida por sus resultados permanentes. Se abre paso para atender con mayor énfasis el bienestar social y familiar", termino la cita.

El éxito económico, el bienestar social y la estabilidad política, dependen de una buena salud. Si queremos transformar el país debemos también transformar los sistemas de salud y seguridad social.

La seguridad social es y debe ser modelo de eficiencia, equidad y calidad, por lo tanto se deben superar los obstáculos que aún debilitan su desempeño. No basta tener proyectos y proponer soluciones, es necesario aplicarlos, ya que la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental y social, lo cual descansa en la esfera de la interacción económica, social y cultural.

Existe un marco jurídico integral, artículo 4o. constitucional, Ley General de Salud, sus seis reglamentos, las normas técnicas derivadas de éstos y las leyes estatales de salud.

Aunque la salud es un derecho constitucional éste no se adquiere en la miseria y la marginación en que viven 50 millones de mexicanos, 33 de ellos en la pobreza y 17 en la pobreza extrema.

Lo anterior nos señala que la salud depende de varios factores, que va más allá del espíritu voluntarista de muchos políticos mexicanos.

México debe terminar con las enfermedades del subdesarrollo, como son enfermedades infecciosas, desnutrición, muertes maternas y perinatales y con las enfermedades que vienen con la urbanización y la industrialización, como son enfermedades cardiovasculares, padecimientos mentales, las adicciones y las lesiones .

Actualmente existen dos enfermedades dignas de señalar y que no se les ha dado la importancia que merecen por su gravedad, ya aquí las han mencionado, dos de ellas cólera y SIDA. El cólera, que hacía más de 100 años no estaba presente en nuestro país y que hizo su aparición en 1991, cuando se reportaron 2 mil 691 casos; en 1992, 8 mil 162; 11 mil 091 en 1993, descendiendo en 1994 a 3 mil 541; pero en lo que va del año, esta enfermedad que se había mantenido como una endemia, se ha convertido en una verdadera epidemia. Hasta el 17 de agosto se habían reportado 8 mil 276 casos en todo el país. Sólo en el Estado de Jalisco, por rezago de administraciones anteriores, hasta el día 18 de septiembre se habían reportado 483 nuevos casos.

El aumento que observamos está dado, como ya se ha señalado aquí, por la falta de saneamiento básico, agua potable y drenaje, 40% de los derechohabientes del país carecen de eliminación sanitaria de excretas y otro 20% de toma intradomiciliaria de agua potable.

México se había fijado como meta que la totalidad de la población del país tuviera cubierta estas dos necesidades de infraestructura sanitaria básica, el compromiso adquirido era en el año de 1990, ahora se ha fijado para el año 2000.

El SIDA tiene un impacto social por su gravedad, prevención, manejo y transmisión. En México se han reportado más de 21 mil casos, siendo el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco, los más afectados.

México se ubica en el tercer lugar en América latina, en cuanto a casos acumulados, después de Estados Unidos y Brasil. A nivel mundial ocupamos el undécimo lugar.

En el informe no se expresa ninguna medida de tipo estructural para resolver los problemas de estos sectores, sólo medidas coyunturales y de manera insuficiente para paliar los efectos de la crisis actual.

Se afirma que tanto el IMSS como el ISSSTE cumplen cabalmente con su función de protección social en época de dificultades económicas, y eso no se ve en la realidad. Dichas instituciones no sólo han visto deterioradas sus finanzas, sino la calidad de los servicios médicos que brindan y su margen de cobertura.

La crisis actual no ha hecho sino agravar la crisis estructural de estos centros, indudablemente que cumplen una función social y muy importante.

La Presidenta:

Señor diputado, le ruego concluir, porque ya ha terminado su tiempo hace algunos minutos.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Sí, señora Presidenta; voy a concluir.

Pero con los criterios que han sido manejados, hasta la fecha no van a mejorar la calidad de su servicio ni se va a eliminar la corrupción imperante. Los jubilados y pensionados, los derechohabientes, los trabajadores de estas instituciones exigen cambios que conlleven a soluciones de fondo, que se reflejen en servicios que les brinden certeza y les reconozcan la dignidad.

A los pensionados y jubilados les ofenden las limosnas y sólo piden que la pensión que reciben les permita vivir con decoro, que les sea considerado como un derecho y no como una dádiva.

El grado de avance de una sociedad se mide por el respeto que brinde a los grupos que mayor atención demandan, como son: los ancianos, los niños, las mujeres gestantes. A todos ellos los hemos visto hacer filas interminables por diversos motivos, unos demandando atención médica, otros buscando medicinas en las farmacias y al final las manos vacías.

También los derechohabientes piden tiempo, pero tiempo para que les mejoren sus condiciones de vida.

Los derechohabientes deben de tener la libertad de escoger al prestador de servicios de su preferencia.

La Presidenta:

Señor diputado, lo conmino a que por favor termine usted su intervención.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Sí, señora Presidenta; voy a terminar.

Debe de existir control de calidad y al prestador de servicios se le debe de pagar por la calidad del servicio que otorgue, para que quien sea capaz, responsable con una verdadera vocación de servicio, sea retribuido adecuadamente, no con la miseria que actualmente se les otorga.

Que en estas instituciones no haya lugar para la responsabilidad, la incompetencia y mucho menos para la corrupción.

Debemos recordar que cuando un navío se va a pique, es a muchos a los que arrastra tras de sí, aún aquellos que con sus actitudes han apoyado las políticas equivocadas de estas instituciones y se han negado a reconocer los errores.

En conclusión: salud y seguridad social van de la mano, no se podrá lograr con eficiencia si hay niños desnutridos y enfermos; no habrá trabajadores productivos si sus expectativas de seguridad social son nulas. Requerimos una política más agresiva en estas dos materias, aplicando una real y efectiva descentralización, una mejor planeación y un criterio más concertado y honesto en la administración de estos servicios básicos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado José Luis Martínez Alvarez.

El diputado José Luis Martínez Alvarez:

Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados que integran esta honorable soberanía; señoras y señores:

Los problemas de salud se originan y manifiestan como resultado de la interacción de factores de muy diversa índole como son la potencialidad genética, las condiciones ambientales, los hábitos personales, el nivel educativo, la organización socio-política, la dinámica poblacional, la naturaleza de las actividades económicas y todo lo anterior conjuntado, da una disponibilidad de acceso a servicios médicos. Esto nos habla de las condiciones de salud y la enfermedad de un pueblo o comunidad.

La evolución histórica de nuestra nación, con sus vecindades geográficas, la organización del sistema de salud y los modelos de atención vigentes hasta hace poco tiempo, han sido determinantes que en grado variable han influido en la situación de salud y en sus problemas.

No podemos olvidar los desastres naturales, los accidentes y la violencia social que han estado presentes y que han influido también en el proceso de salud-enfermedad.

Con esta premisa consideramos a la salud como elemento fundamental de la política social, la cual en el I Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo y dada la importancia que le brindó en dicho informe, ha provocado un alto reconocimiento de nuestra fracción parlamentaria, por los esfuerzos y logros obtenidos en estos meses de gran precariedad económica.

Si bien es cierto que el Sistema Nacional de Salud ha observado avances significativos, el informe del Ejecutivo reconoce que todavía existe un largo trecho por recorrer, necesario para superar los rezagos acumulados e indispensable para enfrentar nuevos retos, los cuales han sido señalados por el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, por la Secretaría de Salud y por el I Informe de Gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo, informe y dependencia, consignan que el perfil demográfico del país está sufriendo una grave transformación que ocasiona un crecimiento relativo de los grupos de edad avanzada, que se han producido cambios también en el perfil epidemiológico, que están modificando la patología nacional, ejemplo de ello: el cólera.

Da cuenta el informe del Ejecutivo, de que la infraestructura de salud se ha orientado a concluir las obras en proceso, mantener las existentes y construir otras nuevas, preferentemente en zonas marginadas y en las cinco entidades en donde opera el programa de apoyo a los servicios de salud para la población abierta.

Señala también la remodelación de unidades de tercer nivel de atención, como lo es el caso de los institutos nacionales en la propia Ciudad de México.

Enfatiza el informe que la descentralización constituye uno de los puntos centrales del Plan Nacional de Desarrollo en materia de salud y que su objetivo consiste en transferir facultades, atribuciones y recursos del Gobierno Federal a los gobiernos estatales y municipales, para hacer más ágil y oportuna la operación de los servicios.

La ampliación de la cobertura es otra de las grandes estrategias con las que el actual Gobierno pretende extender los servicios a la población que hasta ahora no ha tenido acceso efectivo a los servicios institucionales de salud.

Esta ampliación se dará a través de un paquete básico que completa acciones de medicina preventiva, nutrición infantil y salud reproductiva.

Se señala además la modernización y simplificación administrativa, así como la de la coordinación funcional del sistema funcional de salud, que puntualiza los logros recientes del Programa de Prevención y Control de Enfermedades y del de Planificación Familiar.

También hace referencia de las acciones de promoción de la salud y de las que se realizan en materia de salud ambiental y del control de la vigilancia sanitaria.

Por otro lado, el acceso a los servicios de salud, una vez consolidada la reforma del Sistema Nacional de Salud, presentaría entre otras, las siguientes características:

Seguridad social ampliada y sistemas estatales médico-asistenciales, operando éstos descentralizadamente.

Nosotros pensamos que para que esta perspectiva se cumpla, es condición que el nuevo Sistema Nacional de Salud ubique en el centro de la reforma el desfinanciamiento creciente del sector, como el reto más importante que ésta confronta, toda vez que es el que genera, mantiene y perpetúa los problemas del centralismo, que se traducen éstos en duplicidades, ineficiencias y cobertura insuficiente.

Es notorio el adelgazamiento estructural del estado. Las políticas de inversión son tan restringidas que el rubro de gasto público en desarrollo social aparece ostensiblemente disminuido.

Estamos ciertos que la descentralización de los servicios de salud y seguridad social, no será una simple transferencia de recursos, que sólo servirían para auspiciar burocracias en sus estados y en sus ayuntamientos, sino para favorecer la prestación de los servicios y consecuentemente forjar los elementos que coadyuven al fortalecimiento del federalismo.

Juzgamos útil y necesario continuar las políticas de construcción de unidades médicas en áreas deprimidas y marginadas del país, con la disponibilidad garantizada de los recursos humanos, materiales y presupuestales que las haga cada vez más operantes.

Manifestamos, por otra parte, que el futuro de las instituciones de seguridad social y sus perspectivas de desarrollo se fincan fundamentalmente en políticas de empleo y salarios para la clase trabajadora en general y en particular para los que conforman la población económicamente activa.

Por las razones expuestas, nuestra fracción parlamentaria sustenta como tesis general, que la salud de los mexicanos constituye el medio más eficaz para estimular la producción nacional y al mismo tiempo el medio más elemental y seguro de estimular el desarrollo social.

Como lineamiento recomendamos que la inversión económica en favor de la salud y la seguridad social, teniendo como eje la prevención más que una inversión, significa ahorro.

En consecuencia no es posible el desarrollo económico y social de la población sin el grado de salud adecuado que respalde su capacidad productiva.

La Presidenta:

Diputado, le ruego concluya su intervención, ya que han transcurrido los tiempos.

El diputado José Luis Martínez Alvarez:

Como propuesta, el incremento real y directo y gradual del gasto en salud hasta llegar al 5% del producto interno bruto, a fin de otorgar a todos una atención igual, sea cual fuere su condición económica y social.

Muchas gracias, por su atención.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Osbelia Arellano.

La diputada Osbelia Arellano López:

Señoras y señores diputados:

Nos encontramos reunidos este día para hacer la glosa del I Informe de Gobierno; es decir, si el diccionario de La Real Academia Española está en lo cierto, estamos reunidos para intentar una explicación o comentario de un texto oscuro y difícil de entender, que es lo que significa la palabra glosa.

También podríamos decir que venimos a glosar el informe o lo que es lo mismo, a interpretar o tomar en mal sentido y con intención siniestra una palabra, proposición o acto, que es la definición de este verbo que ofrece este mismo diccionario.

Intentemos pues, descifrar el texto oscuro, con el que el Presidente de la República informó a los mexicanos del estado que guarda la administración pública federal.

Pero antes quiero advertir que no vengo a esta tribuna con intenciones de tomar en mal sentido ni con intención siniestra lo informado por el titular del Ejecutivo en materia de educación, sino a pasar revista, junto con ustedes, de los datos verdaderos de lo que realmente está pasando en la educación de nuestro país, ya que inexplicablemente en el informe sólo se habló de importantes avances, de importantes proyectos, abatimientos sin precedentes, de los problemas de este sector, logrando con ello hacer del informe efectivamente un texto oscuro, en tanto no arroje luz sobre la realidad de este sector y seguramente sobre muchos otros.

La educación en México no es desde luego como lo pinta el informe, más bien se encuentra en un peligroso estancamiento del que no ha podido salir. No obstante los reiterativos discursos y programas presidenciales, no falta quienes observen incluso retrocesos importantes en los niveles medio superior y superior. Y ya no digamos en lo referente al posgrado, al que sólo pueden acceder el 0.4% de quienes terminan estudios de licenciatura.

¿Por qué ocurre esto? Seguramente habrá muchas causas, pero hay una que está en la raíz, y es la explicación a rajatabla del programa neoliberal, que para existir impone a la sociedad costos altísimos y la educación no puede ser la excepción. Veamos pues algunos datos de la educación básica de nuestro país.

El Banco de México realizó un seguimiento generacional, basado en datos del Censo General de Población de Vivienda de 1990, que indican lo siguiente, cito: "De cada 100 niños que inician la educación primaria, 43 no la terminan, 49 inician la secundaria y la concluyen 37. De los 37 egresados de secundaria, 21 entran al bachillerato y siete a la educación tecnológica, del primero egresan 12 y del segundo cuatro. Ingresan a educación superior 15 y egresan sólo cuatro, de los cuales sólo cuatro tendrán título de posgrado. En otras palabras, 43% no termina la primaria, 63% la secundaria, 88% el bachillerato, 96% la educación superior y 99.6% no tendrán título de posgrado". Termina la cita.

Luego de conocer estas cifras del Banco de México es fácil explicarse que en los discursos de los diferentes presidentes de la República, aparezca la frase "alta prioridad". Habrá que entender que la alta prioridad nacional requiere de un presupuesto acorde a su importancia, pero en el caso de la educación no es así, los gobiernos neoliberales han preferido por ejemplo, aplicar mayores recursos al pago de la deuda externa y a cumplir todo tipo de compromisos con gobiernos y organismos internacionales, que destinarlos a la mayor inversión que puede hacer un país, la educación de su pueblo.

Se habló en el informe de la necesidad de ampliar la matrícula, de incorporar al 100%, niños y jóvenes entre cuatro y 15 años al sistema educativo nacional, lo que implica el ingreso de cuando menos 6.5 millones de educandos al sistema, es decir, un incremento cercano al 25% de la matrícula actual. ¿Pero cómo podría hacerse esto si el presupuesto de 1995 es menor 27 puntos porcentuales al de 1994? ¿Cómo mejorar la calidad de la educación si se invierte menos? ¿Puede haber calidad en la educación con unos índices de reprobación como los que se observan en México? Y lo que todavía es peor, ¿puede exigirse rendimiento a los educandos, cuando la gran mayoría de ellos vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema.

La calidad de la educación, señoras y señores legisladores, está íntimamente vinculada a los ingresos de las familias, si éstos son bajos e inexistentes, la educación será igual.

Desgraciadamente el programa del Gobierno del presidente Ernesto Zedillo dice: que a mayor desempleo, a mayor pobreza de la población, más fácil habremos de salir de la crisis.

De cualquier manera la calidad de la educación requiere de una fuerte inversión pública y privada y hasta ahora no se ha hecho.

Los recursos dedicados a la educación pública, en particular a la básica, necesitan ser suficientes para restablecer un sistema de becas y desayunos escolares destinados a los niños de las zonas marginadas del país, tanto urbanas como rurales, ya que es en éstas donde se concentran los mayores índices de desnutrición.

Una buena contribución a elevar la calidad del servicio educativo público federal es poner en marcha de inmediato el sistema de formación, actualización, capacitación y superación profesional del magisterio que ya está contemplado en la Ley Federal de Educación y que el Gobierno ha dejado dormir plácidamente en los asuntos pendientes. Asimismo será conveniente no sólo repartir, señores diputados, 14 millones de libros de textos gratuitos, sino además establecer mecanismos confiables en los que participen autoridades, maestros, padres de familia para llevar a cabo revisiones periódicas acorde al momento histórico que vivimos.

En cuanto a la situación de los maestros habrá que señalar la prioridad en el incremento de los ingresos. La educación en México requiere de maestros bien remunerados, resulta hasta inmoral exigirles grandes cosas si sus salarios son tan absurdos como los actuales. ¿Es posible pedir a un profesor que gana apenas tres salarios mínimos que entregue su vida al servicio y además que rinda cuentas de excelencia? La vida está demostrando que no. Entonces si queremos educación de calidad, si ésa es una de las altas prioridades nacionales, lo que se necesita es invertir por lo menos el 8% del producto interno bruto, tal como lo señala la UNESCO.

Quizá una decisión de este tipo obligue a reducir el gasto de otros rubros como podrían ser los subsidios al sistema financiero o al servicio de la deuda externa y quizá ello vaya en contra del credo de nuestros administradores, pero no hay otro camino si se quiere realmente una educación que salve el futuro de México...

La Presidenta:

Diputada: le ruego terminar su intervención en virtud de que ya ha transcurrido más del tiempo que teníamos previsto, gracias.

La diputada Osbelia Arellano López:

En un momento concluyo, señora Presidenta. Otro tema sobre el que se informó el día 1o. de septiembre, fue el relativo a la federalización y descentralización de la educación, tampoco esto nos dejó satisfechos. Entendemos que cuando se habla de federalización y descentralización, el Gobierno Federal no está deshaciéndose de sus responsabilidades, sino aplicando mecanismos que hagan más eficaz la rectoría que debe ejercerse en esta materia; sin embargo, las cosas no ocurren así, lo que sucede en la realidad es que aquellos gobernadores que son más amigos del Secretario de Hacienda reciben más recursos para la educación y los reciben a tiempo; ello no sólo es incorrecto sino produce serias deformaciones porque aquellas entidades que cuentan con mayores recursos tienen ventajas realmente sobre el resto de los estados.

En este sentido, debiera privar el principio de equidad para que los recursos de la nación se distribuyan y apliquen lo más adecuadamente posible. En este mismo orden entendemos que la descentralización conlleve el traslado de facultades que deben ser exclusivas de la Federación como es el ejercicio de la soberanía, la definición de las políticas y de los contenidos de la educación y otros. Por ello lo que conviene no es descentralizar sino desconcentrar todas las cargas administrativas y burocráticas en busca de hacer más eficiente la tarea educativa.

He dicho algunas cosas sobre la educación, muchos otros diputados han dicho y tendrán que decir sobre otros temas; pero esta forma de hacer la glosa del gobierno se muestra cada vez más estéril, como seguramente convendrán conmigo muchos de los presentes. ¡Qué diferente sería si los legisladores pudiéramos debatir con el titular del Ejecutivo sus afirmaciones, seguramente México saldría ganando. ¿Qué es lo que ahora el país urgentemente necesita? Mi deseo es que ésta sea la última vez que no nos oigamos ni nos veamos al hablar de temas tan importantes como es la educación de México. Y si alguien tiene duda y afirma que hay una política o una planeación en este rubro, el ejemplo es la UNAM y sus rechazados.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Cruz Pérez Cuéllar.

El diputado Cruz Pérez Cuéllar:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

El combate a la pobreza es sin duda alguna prioritario para todos los mexicanos. Hoy por hoy nos enfrentamos a una realidad trágica en nuestro país, los pobres son cada vez más pobres; la clase media está sufriendo los embates de la crisis y perdiendo toda esperanza de salir de ella. Sin duda alguna estamos frente a una emergencia nacional.

Durante seis años el Gobierno Federal hizo del Programa Nacional de Solidaridad su eje central en el combate a la pobreza, acentuando sin embargo el centralismo y la manipulación política.

A pesar de los recursos destinados a este programa los resultados saltaron a la vista: al final del sexenio 40 millones de mexicanos sumidos en la pobreza. Las voces que en todo el país se alzaron pidiendo una auténtica reforma social que tomara en cuenta a toda la sociedad, hicieron expresar al presidente Zedillo, en febrero del presente año, lo siguiente en relación al Pronasol: "como parte del nuevo federalismo propongo que avancemos rápidamente en la descentralización de Solidaridad hacia las comunidades y hacia los municipios".

Solidaridad debe transparentar aún más la toma de decisiones y la canalización de recursos con normas claras, sencillas y entendibles por todos. El avance democrático con el que estamos comprometidos y la eficaz atención a las demandas sociales exigen hoy más que nunca que Solidaridad y todos los programas de política social se mantengan claramente desligados de cualquier uso o propósito partidista, electoral o de discrecionalidad arbitraria de autoridad alguna.

Este reconocimiento tácito de las deficiencias en el combate a la pobreza despertó la esperanza de que junto a todos los mexicanos se diera inicio a una profunda reforma social. Lamentablemente en el informe presidencial es notoria la ausencia de una política social integral de combate a la pobreza; los fondos y los programas que se han implementado, así como la danza de las cifras que ha repetido el PRI en esta tribuna en varias ocasiones hoy, indican que son sólo medidas de emergencia instrumentadas a través de programas asistencialistas. Pero el ataque a fondo y en sus causas de los grandes problemas nacionales no se está realizando.

El balance del primer año de Ernesto Zedillo en materia de política social es francamente negativo, la dinámica económica y la crisis política han sumido a la sociedad mexicana en una ola de desesperanza, malestar y frustración.

Desgraciadamente el futuro anunciado por el mismo Gobierno Federal no es muy halagador, pues se propone que sea hasta 1998 cuando se descentralice totalmente el gasto social hacia estados y municipios. No anuncia ningún método de consulta a la ciudadanía que reoriente el combate a la pobreza a pesar de que los resultados son cada vez más alarmantes.

Ante este panorama Acción Nacional propone dos grandes acciones:

1o. La puesta en marcha de un plan nacional para abatir la pobreza con la participación del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, partidos políticos, organizaciones intermedias y la ciudadanía en general, para analizar los fenómenos que están afectando directamente la dinámica social, como son algunos de ellos los siguientes: la incorporación de más mujeres a la fuerza de trabajo, lo que tiene un impacto directo en la vida familiar; el aumento de las migraciones internas y hacia Estados Unidos; el crecimiento del sector informal de la economía; el aumento de los índices de criminalidad; deserción escolar y cambios de la población escolar de escuelas privadas a públicas y falta de respuesta de éstas; aumento de brotes epidémicos y de problemas de salud.

Del análisis de estos fenómenos y de otros más que sin duda están afectando a la sociedad mexicana deberán desprenderse las acciones de combate eficaz a la pobreza mediante la implementación de programas regionales de desarrollo que no surjan de los escritorios de la Secretaría de Desarrollo Social en México.

2o. La creación por parte del Poder Legislativo de una ley de desarrollo social que mediante el análisis y discusión de los partidos políticos representados en el Congreso y que tomen en cuenta a toda la sociedad, estructure una política social integral que proponemos cuente con los siguientes mínimos:

Primero. Desvincular a los partidos políticos de la ejecución de los programas, pero incorporar en éstos al mayor número posible de participantes no gubernamentales, especialmente en tareas de contraloría y fiscalización.

Segundo. Delegar en el nivel de gobierno más cercano a las necesidades, la ejecución de los programas, desmantelando toda estructura burocrática anticonstitucional y centralizada que haya en estas actividades.

Tercero. Aplicar medidas de prevención y severo combate a la desviación de recursos destinados a superar la pobreza.

En Acción Nacional creemos que el hombre debe gozar de pleno respeto al ejercicio de sus libertades sin ser instrumento de personas, grupos e instituciones de ninguna índole.

Frente al monopolio de la reforma social asumida por el Gobierno Federal, no para realizar la reforma, sino para utilizarla como instrumento de sobrevivencia política, Acción Nacional realiza estas propuestas que sin duda podrán ser enriquecidas por los ciudadanos, el Gobierno y los partidos políticos, tomando en cuenta la urgencia de dar una respuesta eficaz al pueblo de México en el combate a la pobreza y diciendo, junto con don Efraín González Luna, lo que hace 10 meses ya apuntaba Acción Nacional en la tribuna:

Urge una nueva reforma social que sea dispensadora de bienes materiales pero también, y sobre todo, de libertad, dignidad y justicia para todos los mexicanos en todas las regiones del país.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Miguel Angel Islas Chío.

El diputado Miguel Angel Islas Chío:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

En la sociedad no hay función más delicada ni más compleja que la educación; además de tener un lugar privilegiado como estrategia del desarrollo, es un derecho humano y fundamental.

Desde el nacimiento de nuestro país como nación independiente así se ha reconocido, ha estado presente como el medio por excelencia de justicia y movilidad social y como instrumento para apuntalar el desarrollo en todos los órdenes.

El artículo 3o. constitucional y su ley reglamentaria establecen como obligación del Estado la atención del servicio en todos sus niveles y modalidades, orientada por los principios rectores de ser nacional, nacionalista y promotora de la convivencia internacional en la paz y la justicia, obligatoria y gratuita, democrática, integral, laica, de calidad; orientada por los resultados de la ciencia y ajena a fanatismos.

Los esfuerzos han rendido frutos, no hemos alcanzado el nivel de calidad que deseamos los mexicanos; no podemos decir y manifestar que la educación que tenemos es lo que hemos admirado y por lo que hemos luchado y construido, pero tampoco podemos dejar de reconocer que los esfuerzos que se han realizado sí han permitido que en pocas décadas se lograran invertir las cifras del analfabetismo.

Este año, se informó al pueblo de México y a esta soberanía que al principio de la tercera década del siglo la población, varias veces menor que la actual, rebasaba el 70% del analfabetismo. La cobertura de educación primaria este año ha alcanzado a cubrir prácticamente el 100% de la demanda, cuando en aquella misma década alcanzaba apenas algo más del 20%.

La escolaridad promedio de la población mayor de 15 años, y quisiera referirme a este dato, población mayor de 15 años, que era de un grado, este año se ha podido situar en 6.4, de acuerdo a los estudios y a las fórmulas practicadas por la UNESCO dentro de las organizaciones de educación internacional.

Se han redoblado esfuerzos por llevar educación básica de calidad a todos los niveles a todos los mexicanos.

Se han implementado programas muy importantes de expansión de la cobertura en un esfuerzo sin precedentes. Han llevado educación básica a través de diferentes modalidades a los grupos sociales más desprotegidos en las regiones marginadas, urbanas y rurales.

Como nunca antes se redoblaron esfuerzos en la producción y distribución de materiales de estudio y de consulta que por primera vez han sido para alumnos y maestros de todos los grados de los tres niveles de la educación básica. Estos materiales, mejores en contenido y mayores en número, estuvieron a disposición de los usuarios desde el primer día de inicio de cursos.

En ese esfuerzo destaca la producción y distribución de materiales de educación básica para las diferentes etnias, en sus propios idiomas. Con ellos se expresa el profundo respeto del Gobierno de la República por la diversidad cultural que constituye nuestra identidad nacional y el derecho de cada grupo a preservar su propia cultura.

Recibieron un impulso importante la educación inicial preescolar y especial, la educación indígena y de adultos, la educación media, media superior y superior, la investigación científica, la creación y difusión de la cultura y el deporte.

Se sostuvo en lo posible el financiamiento educativo, se continuó avanzando en el proceso de reorganización del sistema educativo nacional, aunque no se pueden considerar satisfactorios los resultados.

Se contuvo el riesgo de deterioro de los niveles salariales de los trabajadores de la educación, aun cuando no se ha llegado al nivel suficiente de la calidad del salario que deben tener los trabajadores de la educación en sus diferentes modalidades.

Con los recursos con que se cuenta se puede decir que se ha hecho en materia educativa, con imaginación, creatividad y voluntad política, probablemente más de lo posible; aunque de ninguna manera lo suficiente ni de ninguna manera lo necesario.

A la cobertura que aún presenta rezagos importantes en distintos niveles educativos se han agregado problemas en la calidad y en la equidad del servicio, entendida como la igual, real y no sólo formal de oportunidades de acceso y permanencia en la escuela y el derecho de todos los mexicanos.

Una educación de calidad que responda a las necesidades y requerimientos del mosaico cultural, social y económico que conforma a nuestro país.

El rezago y cobertura de la población en edad escolar que no asiste a la escuela y la población mayor de 15 años analfabeta y con instrucción básica incompleta es aún muy alta. Más del 40% de la oferta educativa es de escuelas de organización incompleta. La exigencia terminal no alcanza aún el 70%. A pesar de que en pocos años se ha incrementado en más de 10 puntos porcentuales la absorción en secundaria, aun cuando ésta ha mejorado, es apenas del 85%.

Se han acercado las decisiones educativas a la sociedad a través de la federalización del servicio. Sin embargo la multiplicidad de programas educativos hacen temer que más allá de sus efectos benéficos contribuyan a ahondar las diferencias regionales entre los estados. Se afectarían más a los que tienen menos recursos para este renglón.

Es necesario impulsar un proceso legislativo que sin aceptar el espíritu de la federalización haga obligatoria la concurrencia para el financiamiento y supedite el desarrollo de los programas locales a las directrices del Gobierno Federal en los términos del artículo 3o. constitucional y de la Ley General de Educación.

La obligatoriedad de la educación secundaria ha tenido como efecto la elevación de la demanda y una mayor cobertura.

El reto ahora en medio de una coyuntura económica difícil es doble. Abatir rezagos en materia de cobertura, calidad y equidad y generar un sistema educativo que responda a las necesidades actuales y futuras que plantean los nuevos escenarios nacionales e internacionales.

A la cobertura que aún presenta rezagos importantes en niveles educativos distintos se han agregado problemas en la calidad y en la equidad del servicio, entendida como la igualdad real y no sólo formal de oportunidades.

México en este momento está enfrentando serios problemas con su educación superior, la demanda se ha concentrado en algunas modalidades e instituciones generando un fenómeno contradictorio: mientras en unas pocas la demanda excede su capacidad, muchas otras cuentan con una gran cantidad de espacios desiertos. El caso de la Universidad Autónoma de México el 54.6% de la demanda se concentra en las carreras de derecho, contador público y licenciado en administración de empresas, con 23.1%, 22.4% y 11.1% de la demanda respectivamente, mientras en las diferentes carreras restantes, sobre todo en las áreas de físico-matemáticas y químico-biológicas, estratégicas para el desarrollo nacional, la demanda es muy baja y opera con un exceso de oferta que año con año queda desierta.

México enfrenta por lo tanto serios problemas. El problema no se reduce a problemas de cupo, casi siempre interpretado como disponibilidad de sillas y espacio de aulas; implica formar personal, ampliar programas de posgrado, crear sistemas de remuneración y promoción profesional atractivas...

La Presidenta:

Señor diputado, le pido por favor concluya su intervención, en virtud de haber transcurrido el tiempo.

Muchas gracias.

El diputado Miguel Angel Islas Chío:

Sí, señora Presidenta; voy a concluir.

Por lo cual decimos que no son problemas fáciles ni de corto plazo, se requiere de voluntad política y compromiso social que encontramos en el apartado dedicado a la educación presentado a esta soberanía el pasado 1o. de septiembre.

Por eso señalo: nos sumamos a la demanda social de ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior y superior en términos reales, pero también requerimos de que no haya una subutilización de los servicios educativos.

Requerimos de un incremento permanente y sostenido del financiamiento de la educación hasta alcanzar mínimamente el 8%, como aquí también ya lo señaló la diputada Osbelia Arellano. Nos sumamos a lo que ella plantea en sus revisiones periódicas, pero vamos más allá, requerimos de un proceso de evaluación permanente del sistema educativo nacional, en el que participen de manera conjunta sociedad, Gobierno, instituciones académicas, organizaciones de trabajadores con criterios y metodologías renovadas.

Es necesaria la profundización del proceso de reorganización del proceso educativo nacional, pero también la federalización del sistema que no implique profundización de desequilibrios regionales, que no signifique reducciones presupuestales ni desconocimiento de conquistas laborales, que no signifique poner en peligro el carácter nacional de la educación pública ni la rectoría del Gobierno Federal.

Es necesaria que la Secretaría asuma una posición no sólo administrativa sino también la función rectora y normativa que le asigna el 3o. constitucional, que refuerce a las instituciones de apoyo al proceso educativo. Nos pronunciamos, en suma, por el reforzamiento de una educación pública nacional laica, gratuita, democrática y de calidad para todos los mexicanos.

Finalmente quisiera concluir con una acotación en referencia a la intervención del diputado Primitivo Ríos Vázquez, cuando dice que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido fragmentado. Quisiera para efecto de comentario que el artículo 6o. de la Ley General de Educación señala con mucha precisión que el titular de las relaciones laborales en las entidades federativas es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que en esa virtud está perfectamente garantizado el carácter nacional del sindicato. Si las secciones sindicales realizan la negociación salarial correspondiente es que dentro de su norma interna existe la facultad del Comité Ejecutivo Nacional para delegar esta negociación en manos del comité seccional.

Muchísimas gracias.

La Presidenta:

¿Acepta usted una pregunta del diputado Martínez Della Rocca?

El diputado Miguel Angel Islas Chío:

Como no, diputado.

La Presidenta:

Adelante, diputado Martínez Della Rocca.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul)

Yo quisiera preguntarle, señor diputado, ¿si estaría usted de acuerdo en que se firmara un punto de acuerdo por todas las fracciones parlamentarias, en una aseveración que usted acaba de hacer y que yo aplaudo, el que se busque a la brevedad posible que el 8% del PIB sea destinado para educación en este país?

El diputado Miguel Angel Islas Chío:

Tal como lo reconozco.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul):

No lo estamos planteando.

El diputado Miguel Angel Islas Chío:

No, yo plantearía que esa petición, si lo permite la señora Presidenta, sea turnada a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que es la que debe tomar el acuerdo correspondiente.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul):

Sí, pero la pregunta es ¿si usted estaría de acuerdo.

El diputado Miguel Angel Islas Chío:

Yo creo que dentro de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política con mucho gusto yo lo plantearía. Además quiero precisar: el 8% es lo mínimo que debemos tener para educación. Yo finalmente ni siquiera plantearía el 8%, plantearía hasta más.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Everardo Martínez Sánchez.

El diputado Everardo Martínez Sánchez:

Con su permiso, señora Presidenta:

Me voy a referir a un tema también del primer informe referente a la cuestión de la vivienda. Dice el I Informe de Gobierno, con independencia de la mención a la reestructuración de créditos contemplada en el Programa Especial para la Vivienda y el Empleo, no se le otorga mayor importancia al problema de los deudores hipotecarios, lo cual es sumamente preocupante al menos en dos sentidos: por una parte prevalece en la óptica gubernamental y por tanto en su ejercicio, la desvinculación entre las políticas de acciones sectoriales, en este caso de vivienda y economía.

Por otra, no existe en la actuación ni en el discurso gubernamental el menor reconocimiento a los deudores organizados; esto significa que el Gobierno Federal mantiene una actitud cerrada para escuchar y atender las demandas que la sociedad manifiesta en forma pacífica.

Así las propuestas de los deudores no han encontrado interlocutor y continúan en el desamparo a merced de reglas financieras imposibles de cumplir y sin la menor protección jurídica. Los usuarios de la banca vieron crecer de manera desproporcionada su deuda hasta en un 80% a pesar de ir al corriente en sus pagos, la deuda se duplicó por lo menos en los casos que cayeron en suspensión por insolvencia o por pelear sus derechos.

Han realizado esfuerzos varios por buscar que los deudores reestructuren sus deudas en condiciones desfavorables y obviando el conflicto central consistente en la controversia de las altas tasas y el cobro de interés sobre interés.

Aún no terminaba el periodo del programa de reestructuraciones salvajes instrumentado por la Secretaría de Gobernación vigente de junio a agosto, cuando se presentó el 23 de agosto el programa conocido como ADE, Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la banca, las autoridades federales nunca expresaron las razones por qué el programa anterior fracasó y si esta experiencia se retomó para que el ADE no sufriera la misma suerte; peor aún, inmediatamente se montó una campaña publicitaria. La campaña está basada en un manejo parcial de la información, cifras amañadas, amenazas, veladas y propuestas de solución que sólo aplazan el monto de resolver, el momento de resolver de fondo esta problemática.

Con ello se pone en riesgo centenas de miles de hogares de familias que accedieron a vivienda mediante un crédito hipotecario, en igual riesgo están quienes tienen algún compromiso crediticio de otro tipo con la banca. Bajar las tasas de interés no es una solución al problema de las carteras vencidas, pero el ADE ni siquiera logra este aspecto. Las tasas no han bajado, el único referente de comparación válido es antes de la crisis de diciembre, es decir noviembre de 1994.

Tampoco hay tregua judicial, en realidad es una amenaza para reestructurar, la tregua se le da a quien está en controversia o lucha no a quien acuerda o conviene en litigio, además la tregua se ha exigido para negociar no para aceptar una rendición incondicional. A las críticas y contrapropuestas la banca y el Gobierno Federal en boca del titular de Hacienda y del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han respondido con descalificaciones y superficialidades, no han aceptado el reto de debatir públicamente propuestas por los deudores organizados y tampoco han aceptado una mesa de negociación donde participen deudores, banca, Gobierno Federal y el Congreso. Los contribuyentes hemos entregado a través del Estado mexicano 40 billones de pesos a la banca, cantidad similar a la que esta costó a los particulares.

La cifra anterior es sin contar el subsidio que recibirán por concepto del ADE, es dinero tirado porque ningún esquema de los ahora presentados resuelve el problema de fondo. ¿Hasta cuándo los contribuyentes vamos a pagar los errores de la política económica y el manejo equivocado de los banqueros.

Considero que si los banqueros no asumen una posición inteligente y sensible que permita negociar una solución, la banca debe volver al control gubernamental hasta que la crisis se resuelva. Una vez logrado lo anterior, la banca puede volver a privatizarse garantizando que esté en manos de gente con capital, experiencia, capacidad y comprometida con el desarrollo económico del país, de la misma manera los legisladores debemos cubrir los vacíos jurídicos existentes y contar con un marco legal que garantice que lo que hoy sucede no vuelva a pasar nunca más en la nación.

Estos son compromisos ineludibles que el Ejecutivo Federal debió asumir y que ante esta omisión corresponde al Poder Legislativo realizar.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Guillermo Luján Peña.

Quiero informa a la Asamblea que ya han pasado las dos horas y media de debate efectivo en esta Asamblea sobre este tema.

El diputado Guillermo Alberto Lujan Peña:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Entre los propósitos más destacados del presidente Zedillo reiterados durante su mensaje de toma de posesión, corresponden al señalamiento de que una de las principales tareas de gobierno consistiría en combatir la pobreza y buscar el bienestar para la familia, lo cual parece cada vez más alejado de una situación donde la gran mayoría de los mexicanos se encuentra peor que antes.

Este propósito se encuentra también en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en la página 145 del tomo II del I Informe de Gobierno que dice textualmente: "En este contexto, la política para superar la pobreza tiene tres objetivos: primero, combatir las causas de la pobreza extrema; segundo, avanzar en la integración social y productiva de la población más vulnerable; tercero, una política integral a fin de contribuir a la efectiva elevación de los niveles de vida de la población".

Se dice más adelante que hubo acciones en el rubro de viviendas, llevadas a cabo para beneficiar a los sectores más marginados de las áreas rurales y urbanas del país, mediante financiamientos otorgados a familias de escasos recursos destinados a la adquisición de materiales para construcción, para reforzar, reparar o sustituir materiales en pisos, muros, techos o bien para construir un cuarto, cocina o baño o para mejorar sustancialmente la vivienda.

Lo que no nos dice el texto del informe ni sus anexos, es cómo se están otorgando estos créditos para la compra de materiales, ni los criterios para otorgarlos y a cuántas personas se le concedieron, cómo los van a pagar y en el caso de reestructurar estos créditos en Udis, cómo le van a hacer si tienen mayores problemas y con cargo a quien se solventarán estos deficits.

Por otro lado, se nos dice que el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Fonhapo, que atiende a la población de menores ingresos hasta 2.5 salarios mínimos y cuya inversión ascendió a 555 millones de nuevos pesos, otorgando 18 mil 500 créditos de los cuales 16 mil corresponden a vivienda progresiva destacando los otorgados en los estados de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Sonora y Tamaulipas.

Estos datos son contradictorios a las palabras que prometían acciones concretas de ayuda a las clases marginadas, a las clases más necesitadas, ya que los estados en donde se invirtió no son los estados con mayor necesidad de vivienda en el país. Si nos basamos en los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, los estados con mayor necesidad de vivienda son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Puebla, entre otros.

Pregunto: ¿por qué a pesar de los datos estadísticos oficiales, se privilegió más a estados que por mucho están por debajo de los estados con mayores necesidades de vivienda en el país?, ¿no será esto sólo medidas electoreras o medidas tendientes a tranquilizar a personas que pudiesen causar problemas al régimen en un futuro próximo? O bien, son sólo datos y promesas sin mayores fundamentos.

Además de estas inconsistencias se puede observar cómo en el capítulo de suelo para vivienda, en el cual sólo se dice que se integró un nuevo inventario de reservas territoriales para vivienda de 37 mil 621 hectáreas, pero no nos dice cuándo se va a aprovechar esta tierra.

Con respecto al Infonavit, únicamente se indica que este organismo tiene previsto otorgar 250 mil créditos individuales para el mejoramiento de la vivienda, que van de los 500 hasta los 2 mil pesos, sin dar mayor información.

Igualmente nos enteramos en este informe, que en el marco del Programa Nacional de Construcción de Vivienda en 1995, se programaron 556 mil créditos, con una inversión de 29 mil 339 millones de nuevos pesos, para construir 556 mil viviendas nuevas y posteriormente dice que estos créditos servirán para rehabilitar y mejorar 300 mil 238 viviendas. Obviamente no nos dice a quién beneficia ni cuándo van a otorgarse estos créditos, aunque se supone que debe ser en este mismo año, ya que el título de este programa así lo indica.

Estamos a sólo cuatro meses de terminar el año y no se ve para cuándo va a ser esto. ¿Será acaso que cuando vaya a haber algún tipo de elección o con el fin de no ayudar a estas personas sino de obligarlos a votar en alguna forma determinada.

Pero si nos vamos a la definición de informe, la que se encuentra en el diccionario Larousse, observamos lo siguiente: primero, que no tiene forma, lo cual es muy cierto y segundo, dice el diccionario Larousse: el presentado por el presidente de la nación, en el que éste da cuenta de la labor realizada en el transcurso del año y los proyectos elaborados para el futuro. El informe del presidente Zedillo cumple a medias con la definición de informe, ya que en el mencionado informe no se nos indica lo que se ha hecho, sino lo que supuestamente se va a hacer. ¿Será éste un libro más de buenas intenciones y de promesas lanzadas al aire? Desgraciadamente la historia nos ha enseñado a desconfiar de las promesas y proyectos que con anterioridad se nos han hecho.

Por otro lado, debido al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, tendientes a lograr un mejor aprovechamiento y distribución de las actividades económicas a nivel urbano y regional del Plan Nacional de Desarrollo, se integró un marco general de ordenamiento territorial, orientado a mejorar el control del crecimiento de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla y en el contexto del Programa de 100 ciudades, dotando a estos núcleos de población de mayores servicios, posibilidades de empleo y urbanización que lejos de desconcentrar a estas ciudades, tienden a atraer más gente de la que pueden albergar, incrementando así los índices de delincuencia, contaminación y grupos de personas sin trabajo y condiciones indignas de vida.

¿Por qué no pensar mejor en distribuir más equitativamente los recursos fiscales a estados y municipios, mediante una repartición justa de los impuestos, la posibilidad de crear su propia infraestructura, logrando niveles de urbanización adecuados, para que sus habitantes tengan condiciones de vida y mejores servicios de educación, trabajo, salud, entre otros, para evitar la concentración urbana tan dañina para el país.

En Acción Nacional seguiremos pugnando para que los mayores recursos de los impuestos municipales y estatales se queden en los municipios, a fin de que sean empleados creando esta mejoría en ellos y por lo tanto la posibilidad de un crecimiento ordenado de estos lugares, para así desconcentrar de una buena vez a las grandes ciudades, las cuales se encuentran en la imposibilidad de darles una mejor oportunidad de vida, además de que por su gran tamaño y cantidad de pobladores necesitan de una gran cantidad de recursos humanos y económicos, sangrando así a los demás municipios de la República, los cuales literalmente están manteniéndolos.

Por lo anterior concluimos que el informe del presidente Zedillo en cuanto a vivienda se refiere, es un catálogo de buenas intenciones, que ojalá y pronto se dé, se esté dando como una realidad, porque a un año de distancia, parece que el tener una vivienda digna, consagrada en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política como una garantía individual, está cada día más lejos.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado José Luis Flores.

El diputado José Luis Flores Méndez:

Con su permiso señora Presidenta; compañeros legisladores:

En el informe que recibió esta legislatura se reporta una serie de elementos de política habitacional. Es nuestro deber analizarlos, no sólo para conocer y dictaminar sobre qué se ha hecho y cómo se ha hecho, sino sobre todo para elaborar y estudiar una serie de propuestas legislativas que contribuyan a alcanzar mayores y mejores objetivos en las acciones institucionales de vivienda.

Como fracción del Partido Revolucionario Institucional reconocemos el esfuerzo realizado por la administración federal y el resto de las instituciones que coordina, en la presupuestación del Programa Nacional de Construcción de Vivienda 1995, con metas para este año de 256 mil viviendas y 300 mil más reconstruidas o remodeladas. También el apoyo financiero para reestructurar 250 mil créditos hipotecarios y créditos para 30 mil viviendas en proceso por un monto total de casi 39 mil millones de unidades de inversión.

Ciertamente, con todo el respeto que me merece mi compañero Luján Peña, con quien compartimos la secretaría de la Comisión de Vivienda, más que tratar de hacer una defensa a ultranza de las cifras que él ha manejado, que para mi gusto hay alguna revisión de las mismas con un sentido estrictamente político que valdría la pena revisar con detalle.

Creo que por un lado hay el Programa de Mejoramiento de Vivienda que tiene cifras muy específicas, en las que tal vez nos sería muy difícil a uno o a otro, poder comprobar documentalmente en este momento dónde está la madera, dónde está la vivienda o dónde está el techo, sin embargo creo que en este afán de no hacer una defensa a ultranza, pudiéramos coincidir quienes han hecho uso de la palabra en materia de vivienda, para que juntos pudiéramos revisar si las cifras se concretan en el terreno de los hechos.

Y yo creo que no hay confusión y creo que tampoco esto se sintetiza para un catálogo de buenas acciones o de buenos sentimientos en materia de vivienda.

Ciertamente en este año hay un decrecimiento que todos vemos y que todos notamos, pero esto de esto a que no haya acciones de vivienda, creo que está muy lejos de coincidir con la realidad que está mencionando el compañero, los compañeros que han hecho el uso de la palabra en la materia.

Y diría yo que en 1995 el programa de vivienda, en esto que se refiere a casa o mejoramiento, registra una inversión total de 156 millones de nuevos pesos y las otras específicas, en pie de casa con 969 y en el caso del mejoramiento 71 mil 509, es decir, son datos oficiales que ciertamente, documentalmente creo nos va a ser muy difícil llegar a concluir si es que no lo vemos en el terreno de los hechos.

En esta misma materia en 1995 se registran ciertamente casi el 50% del año pasado, alrededor de 156 mil 203 millones de nuevos pesos que están invertidos en mejoramiento y que en una cantidad doble a lo que estoy mencionando ahorita, en acuerdos del Infonavit y la Sedesol, en lo que se ha llamado la vertiente de solidaridad.

Solidaridad obrera nos da un testimonio más de que no es palabra muerta materia de vivienda. Yo no estoy diciendo que se cumpla al 100% el objetivo, creo que es un rubro más de la vida económica del país que se ha visto más disminuida de todas, pero creo que también seríamos muy injustos al decir que ésta no ha detonado acción alguna en beneficio de la población del país.

En este mismo sentido, creo que la Sedesol y creo que aquí se manejó una cifra mayor a la que está registrando autoconstrucciones en 1995, porque en vivienda progresiva no se maneja esa cantidad. La que yo estoy checando en la revisión que hicimos de la documentación respectiva es de 10 mil 819 y de vivienda digna 5 mil 721, lo que arroja un total de 62 mil 540.

Creo que en ese sentido habría que revisar conjuntamente las cifras para que no hagamos un juego de números que luego no coincida con la realidad y el auditorio creyera que los números que se manejan en tribuna por uno u otro orador fueran los que oficialmente están dados en el informe.

Por otro lado, creo que en materia del ADE, el Acuerdo para Deudores de la Banca, tal y como se ha mencionado desde su anuncio, este acuerdo no lleva la intensión de erradicar deudas de quienes por alguna razón han contraído algún compromiso con la banca, sin embargo creo que en materia de lo que alguno de los oradores precisó, en quién va a cubrir el pasivo que la reestructuración implica, muy claro se nos ha expresado de que será la banca y el propio Gobierno.

Ahora bien, creo, compañeros diputados, que de la fecha del anuncio a este día nos parece que es demasiado temprano como para hacer una evaluación descalificadora del Acuerdo de Deudores de la Banca, más bien creo que en un tiempo perentorio debiéramos de precisar si nosotros como Legislativo tuviéramos que hacer una revisión puntual de los efectos que para bien o para mal le puede causar este acuerdo a los deudores a nivel nacional y en todo caso creo que estaríamos muy de acuerdo con los compañeros legisladores y con los ciudadanos en general de poder entablar una cruzada que nos permita a todos enfrentar lo que en materia de justicia pudiera estar contraviniendo los intereses de quien tiene alguna deuda pendiente con la banca.

Pero mi convocatoria sería que no descalifiquemos de entrada un acuerdo que algunos, a muchos, al 75% de los deudores de la banca beneficia de una u otra forma. Ciertamente esto no suprime el capital de deuda con la banca, pero será un alivio en todo caso para quienes tenemos algún compromiso con ella podamos hacer nuestra planificación de largo plazo y poder entrar en una situación distinta a la que nos agobiaba apenas hace poco más de un mes.

Se nos agota un poco el tiempo y yo siento que la materia de mi intervención no da para más, sin embargo considero, compañeros, que las dudas no pueden desacreditar el contenido del informe presidencial, pero tampoco nos podemos quedar sólo con ellas.

Creo que a partir de este momento tenemos que lanzar en términos reales una convocatoria que nos permita a legisladores, a ciudadanos y a operadores de los financiamientos bancarios, para que podamos enfrentar en lo sucesivo una lucha de mayor envergadura en beneficio de los ciudadanos y nosotros, tener que tomarle la palabra al Presidente de la República.

Creo que no podemos descalificar la política del nuevo federalismo en aras de un discurso distinto al del Presidente; creo que quien tiene temor de ir a enfrentar su verdad a las regiones, su verdad a las comunidades, a los municipios o a los estados puede estar con la duda de que el nuevo federalismo no proceda, siempre y cuando nosotros no enfrentemos nuestra propia realidad.

Ahora y siempre creo que la mejor decisión está en las comunidades; ahora y siempre creo que no sólo en materia de vivienda, sino en toda nuestra vida política, social y económica, tenemos que ver hacia las comunidades.

Creo que el nuevo federalismo es la oportunidad que tenemos los representantes populares para poner en la mesa de las discusiones las mejores decisiones que beneficien a nuestras comunidades.

Si nosotros acudimos a esta tribuna para convocar que la palabra del Presidente es real, la realidad la tenemos que ver, ustedes y nosotros, juntos, con nuestros representados; ellos tienen la palabra y ellos tienen el mejor consejo. Por algo estamos aquí. Hagámoslo por ellos. Las regiones y en las regiones está el poder de los diputados. Vayamos allá para encontrar en ellos las respuestas a los problemas que nos aquejan en todos los ámbitos de la vida.

El diputado Guillermo Alberto Luján Peña (desde su curul):

Pido la palabra para contestar alusiones personales.

La Presidenta:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Guillermo Luján.

El diputado Guillermo Alberto Luján Peña:

Gracias, señora Presidenta:

Sin el ánimo de entablar una polémica con mi compañero en la Comisión de Vivienda, únicamente voy a mencionar dos cosas.

La primera, que lo que está lejos en este momento para el trabajador, es el poder adquirir una vivienda digna y está lejos, en primer lugar, porque para poder obtener una vivienda, vamos a decir del Infonavit, lo primero que hay que tener es empleo y actualmente la mayor parte de la gente no tiene empleo.

Y segundo, que las viviendas han sido elevadas en precio con motivo de la inflación tremendamente y sin embargo el salario de los trabajadores no ha sido aumentado en la misma proporción ni remotamente. Esto hace que cada vez se aleje más la posibilidad de adquirir una vivienda digna para los trabajadores.

Segundo, yo quisiera decirle al diputado que me antecedió en el uso de la palabra que únicamente me estoy refiriendo al informe del presidente Zedillo, yo no estoy elaborando cifras, ni las estoy imaginando, ni las estoy concluyendo, simplemente me voy a remitir a la página 174 del segundo tomo, en donde dice: "En el marco del Programa Nacional de la Construcción de Vivienda en 1995, se programaron..." Pero no nos dice cuántas se construyeron.

En la página 175 dice: "con el fin de reducir el impacto de la elevación de los costos financieros y apoyar a las familias que contrataron créditos hipotecarios en la banca, en diciembre de 1994 y se enfrentan con problemas para pagar los créditos, los cuales serán reestructurados". Todo el tema de vivienda en el I Informe del presidente Zedillo está en futuro.

En la página 178 dice: "en 1995 el Programa de Mejoramiento a la Vivienda desde su construcción y la rehabilitación de unidades habitacionales del Infonavit tiene previsto otorgar 250 mil créditos..." Pero no nos dice cuántos han otorgado.

Y todos sabemos que la verdad es que hasta el día de hoy han sido, muy pero muy contados los créditos que han sido otorgados por el Infonavit, por el Fonhapo, por el Fovi, por todos los fondos que se dedican a la construcción o apoyar el financiamiento de la vivienda de interés social.

Entonces no es para entablar una polémica, simplemente estoy refiriéndome al texto que el Presidente de la República nos hizo llegar a esta Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para contestar alusiones personales el diputado José Luis Flores Méndez.

El diputado José Luis Flores Méndez:

Compañero Luján Peña, tampoco se trata de entablar polémica ciertamente; se trata de aclarar las cosas. En la página 154 del mismo informe que usted me lee, arriba dice: "créditos e inversión total ejercida".

No trato de defender a ultranza a quienes hoy dirigen mi Gobierno, pero tampoco quiero que quede en duda, tal vez usted y yo que pertenecemos a la misma comisión, pudiéramos comprometer y es mi invitación, a que pongamos en tela de duda las cifras, estoy de acuerdo con usted y que comprobemos en los hechos. No tratamos de cubrir a nadie, arriba dice: "créditos e inversión total ejercida", si ésta no está ejercida estará en la prueba de lo objetivo si esto se ha cumplido o no.

Y además cuando se anuncia el Programa de Vivienda 1995 se habla de lo que se hará en 1995 y en el primer semestre de 1996 y también el informe registra que hay un 86% de avance. Creo que en el terreno de los hechos es donde podemos manejarlo y donde podemos verlo.

Por eso creo que cuando analizamos ciertamente el contenido del informe, pudiera parecer que es engañoso cuando ponemos un verbo en futuro, sin embargo creo que lo podemos hacer en presente si usted está de acuerdo, cualquier cifra que quiera usted que chequemos en campo.

Bueno, yo le pediría la autorización a esta mesa directiva de esta Cámara, para que nos ofrezca y lo hagamos y ahí comprobemos si está en futuro o en presente.

En todo caso lo que queremos aquí es que queden claras las cifras y no que la duda haga del informe un documento que no le va a servir a la población en el futuro.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Víctor Quintana Silveyra.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Distinguida señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Se necesita realmente tener muchas ganas de defender la política de vivienda del régimen como para venir a defenderla aquí. No es algún dirigente de algún partido de oposición, no es algún teórico de los escasos teóricos marxistas que queden por ahí quien dice que el neoliberalismo del régimen salinista y del actual ha sido peor que el terremoto de 1985. Esto lo dice el mismo arzobispo de México, monseñor Norberto Rivera.

Yo creo que ha dejado a más gente sin vivienda el neoliberalismo que los sismos de 1985. Hemos repetido aquí que nada más de créditos hipotecarios son 3 millones de personas que están a punto de perder su vivienda y decimos que el ADE no va a funcionar porque tenemos "los pelos en la mano". El ADE implica, compañero Flores, comulgar con una piedra de molino, ya que me puse en un ámbito religioso; el ADE implica comulgar con una piedra de molino o sea, tragarse los aumentos que la burbuja de intereses disparó entre enero y septiembre de este año. Gente que pagaba 2 mil pesos por su hipoteca y que termina ahora debiendo pagar 12 mil pesos por su hipoteca. Esto no es una política favorable a la adquisición de vivienda ya no digamos por las clases populares, sino incluso por las clases trabajadoras.

En el caso de que las clases trabajadoras, uno, tengan trabajo, como decía el diputado Luján Peña; segundo, que estén en algunos de los organismos corporativos del PRI que les permitan tener acceso a un crédito de Infonavit, porque si ustedes son de oposición y no están en alguno de los sindicatos corporativos, sus probabilidades de estadística de acceder a un crédito de vivienda son muy escasas y, en tercer lugar, suponiendo que las viviendas de 40 metros cuadrados del Infonavit sean viviendas dignas, porque esas viviendas están muy lejos de serlo.

Por lo tanto ni la política de vivienda del régimen ni la política formal de vivienda es una política que favorezca la adquisición de una vivienda digna por la mayoría de mexicanos y, segundo, la política con las carteras vencidas, la política de crédito hipotecario es eminentemente despojadora del patrimonio y de la vivienda de los mexicanos.

El Gobierno está exigiendo que se firme una carta de intención para entrar al ADE; pero esa carta de intención implica reconocer la legitimidad de lo que es intrínsecamente ilegítimo, que es el anatocismo y el anatocismo no es ninguna perversión sexual, el anatocismo es el cobro de intereses sobre intereses que está legitimando el Gobierno a través del ADE. Quien firma la carta de intención implícitamente reconoce que los intereses usureros, que las altas tasas de interés disparadas entre enero y julio de este año, que es el alto precio al interés, son legítimas; cosa que no es.

Compañero Flores: cuando usted va en su automóvil y su foco rojo del aceite hace 100 kilómetros que está prendido, usted no necesita ser un mago para saber que si sigue caminando se le va a desbielar su motor. No se necesita ser ningún mago, para saber que el ADE es antidemocrático, es injusto y es en contra de la economía popular.

Esto no únicamente lo dicen los deudores de la banca, a los que por cierto nunca se les ha reconocido su calidad de ciudadanos y nunca se les ha invitado a la mesa de negociación, sino también lo dicen los analistas y hay incluso algunas organizaciones empresariales que lo han reconocido.

Espero que con esto quede bien clara la postura del PRD en el sentido de que el Gobierno ni con su política de vivienda, ni con la política de reestructuración de créditos hipotecarios, está beneficiando la adquisición o la conservación de la vivienda de los mexicanos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Régulo Pastor Fernández Rivera.

El diputado Régulo Pastor Fernández Rivera:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

El pasado informe presidencial reconoce que los recursos naturales se han aprovechado sectorialmente sin una estrategia integral, provocando procesos muy graves de deterioro ambiental.

Existen fallas institucionales y normativas que limitan el alcance multisectorial y regional de la política ambiental. La insuficiente información impide promover la acción colectiva, fijar objetivos y evaluar el desempeño de las políticas, lo que obstaculiza el esclarecimiento de los costos ambientales y las formas en que éstos son asumidos por los diferentes grupos sociales.

Está demostrado que a pesar de que México cuenta con una buena Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, parece que no existiera, pues el deterioro de los recursos naturales en México avanza a medida que pasa el tiempo.

La degradación de los suelos puede conducir a una situación irreversible: la desertificación de los 200 millones de hectáreas del territorio nacional, 154 millones están sujetas a diversos grados de erosión leve y moderada; entre 74 millones y 90 millones de hectáreas severas y muy grave entre 60 millones y 80 millones de hectáreas, lo que representa el 78.30% de la superficie nacional sólo el 14% de la superficie cultivable se encuentra en óptimas condiciones.

Además existen poco más de 400 mil hectáreas de tierra de riego con problemas de salinización.

La tasa de deforestación se encuentra entre las más altas del mundo, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En el país se talan 678 mil hectáreas al año, siendo entre 330 mil y medio millón de hectáreas anuales. Como resultado de la actividad ganadera aumentan los más de 21 millones de hectáreas de área forestal perturbada, representando el 11% de la superficie nacional.

Este gran índice de deforestación se debe en gran parte al fracaso del modelo agropecuario, al poco control del crecimiento urbano, a la corrupción, a la explotación indebida e indiscriminada de maderas, así como al incumplimiento de los programas de reforestación.

No conforme con esto se pretende la construcción de algunos depósitos de desechos peligrosos en los Estados Unidos, muy cerca de la frontera mexicana, como lo son los de Espoform y Sierra Blanca, así como la inminente construcción del basurero de desechos radioactivos en Wall-Bille, constituyen un alto riesgo para las tierras de cultivo, así como para las extensiones ganaderas de importantes poblaciones mexicanas como: Acuña, Coahuila, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tecate y otras.

Con respecto a las áreas para ordenar la clasificación y proteger diversas especies animales y vegetales es imprescindible la creación del plan de ordenamiento territorial de nuestro país, compromiso adquirido a nivel internacional para hacer valer la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Existen estadísticas y censos faunísticos con grandes errores de apreciación, dándose permisos cinegéticos sin una fundamentación real, entre otros.

La política ambiental en México depende de varios aspectos. Uno de ellos es el relacionado a la educación ambiental, en donde todavía impera una conciencia insuficiente sobre la gravedad del deterioro ambiental a nivel nacional y, en lo particular, sobre las medidas que cada uno puede llevar a cabo para reducir el problema ambiental. En algunos casos las razones de esta falta de conciencia son de orden educativo y cultural, empero en otros, de política pública, dada la tendencia de no asegurar factores de prevención.

No se debe hablar sólo de conservar, debemos agregar los conceptos "recuperar" y "restaurar" el medio ambiente. Ello implica una fortaleza en la cultura ecológica que permita, primero, disminuir y frenar el ritmo de deterioro para después regresar al punto viable de la naturaleza.

Es preocupación de esta representación la falta de operatividad en cuanto a la aplicación de infracciones y sanciones debido a la carencia de peritos, así como de jueces en materia ambiental.

Es momento de que la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, comprenda y atienda el deslindar los niveles de competencia entre autoridades municipales, estatales y federales, para el mejor cumplimiento de la normatividad ecológica.

Esperamos que la autoridad otorgue más soluciones que simples propuestas a los problemas ambientales, los cuales a pesar de lo que se diga, van en aumento y no se les puede emplazar más a su realización. Asimismo se aguarda que la política ambiental expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, constituya efectivamente un proceso de promoción e inducción de inversiones en infraestructura ambiental, creación de mercados y financiamientos para poder alcanzar el desarrollo sostenido.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Audry.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Con su permiso, honorable Asamblea:

Estoy de acuerdo con los diputados que me precedieron en el uso de la palabra cuando hablaron en forma elogiosa del Instituto Mexicano del Seguro Social. A esto quiero agregar que el régimen del Seguro Social ha contribuido a la expansión económica mediante el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y ha sido un instrumento realmente redistribuidor del ingreso y un factor de integración nacional.

Ahora el incremento demográfico y el cambio de perfil en la población, disminución de la mortalidad infantil y aumento relativo de individuos de la tercera edad, hace que el derecho a la seguridad social deba evolucionar de acuerdo a estos fenómenos.

La sociedad industrial que México construya no podrá establecerse ni prosperar si no mejora el nivel de vida de los trabajadores. Una debe ser concomitante a la otra para evitar probables estallidos sociales.

La seguridad social precisa fortalecerse para mantener y propiciar el bienestar de la comunidad. Es una exigencia económica, humana, social. La redistribución de la riqueza no frena el crecimiento, sino que lo promueve, lo impulsa. Si a los trabajadores no se les asegura una adecuada protección, aun para su retiro, no podrá alcanzar su plena productividad.

También es innegable que ha habido avances en la salud de los mexicanos. A esto quiero precisar algunas respuestas a comentarios que aquí se hicieron. Al diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del PT, que mencionó al cólera, paludismo, dengue, tuberculosis, como fallas de las prestaciones médicas o de este régimen. Pero no mencionó los aciertos: la erradicación de la poliomielitis, la desaparición actualmente de la difteria por lo menos de dos o tres años, que disminuyó el sarampión, la varicela, la tos ferina.

Quiero puntualizar qué es lo que se hace sobre el cólera. La marcada disminución de la mortalidad infantil por diarreas se debe seguramente a la vigorosa campaña dirigida a la prevención y control del cólera. Ciertamente los casos de cólera del año en curso aumentaron en relación a los anteriores, pero también es cierto que ha disminuido su tasa de letalidad, es decir, son más los que se enferman pero menos los que fallecen. La tasa era de 2.8% y actualmente es de 1.1%.

El cólera está ligado a las condiciones de higiene de la población y la bacteria ha encontrado nuevos mecanismos de adaptación, lo cual la hace de difícil erradicación.

Como ustedes saben, fue una epidemia que aparece en 1991 en el continente y ahora se está intentando detectar oportunamente a los individuos y se ha hecho una campaña realmente fuerte en relación al cólera; la hemos escuchado en radio y televisión, en los medios de comunicación.

Las brigadas de salud visitaron más de 1 mil 800 hogares al día se realizaron más de 6 mil 900 verificaciones de cloro en agua diariamente y se distribuyeron cada día del año 4 mil 400 sobres de hidratación oral, que también han sido motivo de propaganda en los medios de comunicación. Carteles, pláticas etcétera, sobre el cólera.

Sobre el dengue, para ser específico, el dengue no es una enfermedad mortal, salvo el hemorrágico. Dengue o trancazo, después de 15 años de erradicación vuelve a haber brotes epidémicos. Es muy difícil erradicar ciertos padecimientos. Sucede como el paludismo: no se erradica, se controla. Erradicarlo sería eliminar los lugares donde se incuba, es decir, todos los charcos. Este se debe, a que el detector del dengue es un virus. Lo mismo sucede en el paludismo. También sería desecar todas esas regiones palúdicas, pero se tiene control.

Sí, se habló mucho en el informe sobre este punto y se ha atacado.

Una respuesta irrefutable a los avances que ha tenido la medicina en nuestro país ha sido el aumento del promedio de vida y la disminución del índice de mortalidad y están aumentando los individuos de la tercera edad, como lo dijo la diputada del PRD, María Rosa Márquez.

Al diputado Jorge Dávila y Juárez, del PAN, no es caridad lo que se le da a los solidariohabientes, contribuyen con trabajo para que se les otorgue el servicio; si los dejáramos en lo absoluto valerse por sí mismos, entonces se diría que el Gobierno los tiene abandonados.

Habló de los padecimientos flagelos de la pobreza, pero no especificó cuáles. No ha sido dispendioso el Seguro Social, las causas de desequilibrio financiero del Seguro Social las marcó muy bien la diputada Ifigenia, son los bajos salarios, es un porcentaje. El ingreso del Seguro Social es un porcentaje de los salarios, al bajar los salarios reales, lógico, baja el ingreso del Seguro Social y también el desempleo; ésa es la verdadera causa. Debió haber agregado que si no se hace una reforma a tiempo, es cierto que no está en quiebra pero entrará en un colapso si no se resuelve adecuadamente esto.

También dijo la miseria que reciben los pensionados. Es cierto, el salario mínimo, los que reciben el mínimo, es muy pobre en México, sin embargo estamos mejor que en Chile, donde reciben el 20% del salario de cuando eran trabajadores activos.

Algo se habló de la nutrición. Hay programas de nutrición, está dentro del paquete básico y se habló mucho sobre eso en el informe.

El diputado Elías Miguel Moreno Brizuela, del PRD, las expectativas de vida han aumentado a 20 años en los últimos 40 años es un hecho, ha aumentado el promedio de vida en México y se debe en gran parte al avance técnico y científico, no solamente en México, en todas partes del mundo, sobre todo avanzado, ha sido así y el perfil de los padecimientos ha cambiado, sí, las enfermedades infectocontagiosas tienden a desaparecer debido a los avances científicos, hay más antibióticos, salvo en los casos de las bacterias que últimamente hemos visto que aparecen en los nosocomios.

Estoy de acuerdo con él en cuanto a que la seguridad social debe ser solidaria y redistributiva. Que debe haber un mayor gasto social, sí. Que el SAR debería pasar, él propuso que el SAR podría pasar al segundo renglón, al segundo seguro, a invalidez, vejez, cesantía y muerte, bueno, sí, es una alternativa de solución a pequeño y mediano plazo.

Y que no asalariados debe haber en el sistema, sí, existe el seguro facultativo.

El diputado doctor Juan Manuel Pérez Corona habló sobre el cólera y el SIDA. Sobre el SIDA también se ha hecho muchísima propaganda. En nuestro país los primeros casos ocurrieron en 1983 desde entonces su número se ha incrementado en forma importante; en 1994 se registraron 4 mil casos para una tasa de incidencia de 4.65% por 100 mil habitantes y está cambiando la relación de los homosexuales con los heterosexuales. Como ustedes saben, es un fenómeno que sucede en el mundo. ¿Cuál ha sido la función y resultados? Bueno, también se ha hecho muchísima propaganda en relación al SIDA, para combatirlo.

De la descentralización que habló el..., bueno, aquí hablamos sobre la regionalización y esa iniciativa de ley la aprobamos como la regionalización que más que la desconcentración es la descentralización.

Muchísimas gracias por su atención.

La Presidenta:

Gracias. ¿Sí, dígame, diputado.

Para contestar alusiones personales tiene la palabra primero el diputado Juan Manuel Pérez Corona, después usted diputado y para rectificar hechos la diputada.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Gracias, señora Presidenta:

Hay personas que cuando el barco se hunde lo abandonarán, pero hay otras tan ciegas que despertarán ahogadas.

Efectivamente no tienen nada qué ver los carteles con que haya aumentado o disminuido el cólera, lo que sí tiene qué ver es que se haga el saneamiento que nosotros habíamos mencionado, que haya cloración del agua y si nosotros aquí le reportamos que había 8 mil casos de cólera en lo que va del año, eso es lo que se ha reportado, pero yo les aseguro que la cifra real es el doble o el triple y efectivamente se ha disminuido la mortalidad, probablemente la disminución de la virulencia, pero también eso está amañado, hay pacientes que ya no se mueren de cólera porque en el certificado de defunción le ponen otra causa de muerte.

Efectivamente aquí el 15 de diciembre del año pasado aprobamos la ley que creó las direcciones regionales del Seguro Social, pero en esa vez algunos diputados, sobre todo del PRD, ya preveían que eso lo único que iba a traer era burocratismo y para desgracia nuestra así fue, lo único que han hecho es aumentar el burocratismo, poner a gente que ya estaba fuera de circulación, la han regresado a que trabaje y a que ocupe esos puestos y así le podemos mencionar al jefe de los servicios médicos regionales y les podemos mencionar que quien está al frente de esa dirección es un arquitecto, nosotros también aquí esa vez dijimos que se debería de cumplir un perfil, ¿qué sabe de arquitecto?, a la mejor fracasó en arquitectura y lo pusieron a que administrara una dirección regional del Seguro Social.

Ya tuvimos un caos nefasto de un arquitecto en el Estado de Jalisco, que fue delegado regional, alguien que no sabía tampoco nada de arquitectura y un monumento histórico que había en Guadalajara amaneció destruido en la noche y creo hay un edificio moderno y luego como premio después se va de delegado del Seguro Social; en eso es en lo que no estamos de acuerdo, si ahora nosotros queremos curar al paciente debemos de hacer un diagnóstico adecuado, si inventamos un diagnóstico el paciente se nos va a morir, si ustedes llegan conmigo con un dolor del lado izquierdo y yo les digo que es un dolor muscular y les doy una aspirina, al día siguiente ustedes amanecen muertos, porque tenían un infarto del miocardio, no se vale que se venga aquí a hacer diagnósticos equivocados,¡equivocados! Porque el paciente se morirá por culpa de quien así lo hace.

Gracias.

La Presidenta:

Para contestar alusiones personales, el diputado Dávila.

El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:

Con su venia señora Presidenta; compañeros diputados:

El diputado que me antecedió fácilmente oyó lo que quiso escuchar, en primer lugar y quiero aclararlo aunque ya lo hizo el diputado Pérez Corona en mi nombre, yo jamás me referí al Seguro Social, hablé de las instituciones de salud que estaban en quiebra por los malos servicios médicos, por problema de falta de medicamentos y el Seguro Social es una institución que del PAN tiene una situación privilegiada, ya que inclusive, fue una ley que propuso originalmente Acción Nacional, la creación del IMSS, esto señores, lo que dicen es ignorancia, por favor ustedes vayan y consulten las crónicas legislativas que están.

Segundo, cuando hablo del problema específico que está viviendo nuestro pueblo en especial los viejos, estos hombres que ya trabajaron y dieron de sí y que hoy viven salarios de miseria, me estoy refiriendo no al esfuerzo que pueda estarse haciendo para darles lo que les están dando, sino a la injusticia social que implica el que hoy la nación por el dispendio de recursos no esté en posibilidades de cubrir una vida digna de esos hombres, el esfuerzo se hace, pero ciertamente es un barril sin fondo porque no se administran bien las cosas, no porque esté mal la obra o porque esté mal enfocada, lo que es importante aclararle al diputado anterior que ése es el sentido de mi intervención y que vale la pena hablar, hablar en el contexto, el problema es la grave injusticia social que se está haciendo con México entero porque estamos pagando un problema económico que no generó el pueblo pero que el pueblo si está sufriendo las consecuencias y esto siempre será injusticia y esto no es desarrollo social ni podrá serlo nunca.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Gracias, señora Presidenta, compañeros.

Yo creo que es bueno el que estemos escuchando la defensa que se hace de las instituciones públicas como el Seguro Social y yo creo que eso va a ser muy importante, el que garanticemos congruencia en ese sentido, por eso la diputada Ifigenia precisaba por la preocupación que existe cuando se maneja el término "quiebra" y no es casual, ya tenemos una experiencia; también se planteó la quiebra de Ruta-100 y ya vimos cuáles han sido las consecuencias.

Entonces yo creo que es importante, pero a mí me parece que lo que también es importante precisar es que si nosotros no reconocemos, no planteamos con toda claridad a la luz de los hechos lo que ha sido una política totalmente errónea, una política sanitaria y ambiental que en la práctica nos demuestra que es totalmente equivocada e insuficiente y para esto yo creo que tenemos que recordar al maestro Cossío Villegas cuando se refería a la enfermedad de la pobreza y en ese sentido me parece que tenemos que ver los problemas como el cólera, que por mucha campaña en la televisión, lo que la gente no quiere es seguir viendo comerciales, lo que la gente no quiere es seguir escuchando indicaciones de lo que tendría que hacer si es que tuviera agua potable, si es que tuviera drenaje, si es que tuviese condiciones de poder lograr el vital líquido.

Lo que es evidente es que ha habido una ausencia de recursos elementales que la población está exigiendo. Entonces yo creo que de lo que se trata si es que queremos ser y actuar con responsabilidad, es el reconocer ante las evidencias de lo que ha sido esta política errónea ambiental y sanitaria, yo creo que en ese sentido, es que están el reclamo de la aparición, efectivamente, de los casos de cólera que se están maquillando, eso es evidente, de que se han ocultado las cifras reales también es muy claro y a la población no la podemos engañar.

No se puede pretender seguir queriendo esconder los problemas con mensajes, con carteles, sino lo que se requiere es elevar el nivel de vida de los mexicanos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Alejandro Audry.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:

El caso del cólera, no seguí leyendo para no perder más el tiempo, para no usar más el tiempo, pero sí me parece que sí hable de las verificaciones que se han hecho, que se repartieron sobres de hidratación, 4 mil 400 sobres etcétera, se está haciendo lo que se debe hacer en relación al cólera.

Si algunos médicos están poniendo otro diagnóstico en lugar del que se debe, eso es un delito, me parece que eso es subjetivo de calificar la causa de muerte. Si lo están haciendo es un delito porque están falseando un certificado de defunción. Es falta grave.

En cuanto a que exista un burocratismo en la regionalización. Miren ustedes, la lucha del centralismo y federalismo que sucedió en México sobre todo en el siglo pasado, estamos aquí a unas cuantas cuadras del Templo de San Pedro y San Pablo, ahí en ese lugar, en la Universidad Hebrea, abajo de esa cúpula y entre esos muros se discutió y se resolvió a favor del federalismo, aunque quedó el centralismo solapado.

El federalismo, aun teniendo mucho más ventajas, no todo es bueno ni todo es malo, el federalismo puede tener el defecto de que se pueden crear cacicazgos. Pero no dudaron aquellos mexicanos y ahora también, que es mejor que el centralismo.

Una misma medida puede ser buena o mala, según el uso que se le dé. Nosotros lo hicimos con toda la intención de que se resolvieran problemas y pienso que así lo va a hacer esta regionalización.

Al diputado que dice que no habló del IMSS-Solidaridad, disculpas si no fue así, entendí que hablaba del IMSS-Solidaridad que se estaba haciendo caridad.

La Ley del Seguro Social, esa sí fue del presidente Avila Camacho, está en los anales legislativos, trabajó mucho en ello, un individuo de afiliación izquierdista reconocido como fue Ignacio García Téllez.

A la diputada María Rosa Márquez Cabrera, a quien estimo mucho, pues no podemos calificar que la gente quiere o no quiere, honradamente se está haciendo lo posible en el cólera.

Gracias.

La Presidenta:

Sí, diputado, ¿con qué objeto? Para contestar alusiones personales, tiene usted la palabra por cinco minutos.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Gracias, señora Presidenta:

A mí me da la impresión de que el compañero diputado que me antecedió, tiene complejo de secretario de Estado o quiere ser secretario de Estado, porque así contesta a cada una de las intervenciones que tuvimos los diputados de los diferentes grupos parlamentarios.

Sí, quiero decirle que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.

Lo que tiene que ver con la prevención del cólera, es que haya servicio de urbanización, ya lo dijimos. De qué sirve que yo ponga un cártel donde le diga a la gente, la invite a que se lave las manos, si se las va a lavar con agua contaminada.

El día 27 de abril, nosotros aquí hicimos una propuesta, proponíamos en ese entonces que esa subcomisión encargada de revisar los casos de los niños de pediatría, también revisara las condiciones en que están trabajando las instituciones de salud. ¿Por qué no vamos a revisarlo y luego venimos aquí a informarles lo que hayamos observado.

Yo les propongo eso, vamos a hacerlo y si usted tiene la razón, aquí venimos a esta tribuna y con toda honradez, con toda objetividad lo reconocemos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jorge Hernández Domínguez.

El diputado Jorge Hernández Domínguez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

La política de desarrollo social del Gobierno de la República, tiene como principales objetivos propiciar la igualdad de oportunidades, elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos y disminuir la pobreza y la exclusión social.

I Informe de Gobierno, tomo II, página 145.

Restricción de la base monetaria, reducción del gasto público, disminución de la demanda y, como consecuencia, desempleo. Medidas dolorosas pero necesarias. No hay de otra.

Política declarada y política actuante del presidente Zedillo. Congruencia o contradicción. El informe es, por tanto, un texto oscuro, como ya ha sido señalado aquí.

Procedo a la glosa de la política de desarrollo social, expuesta en el informe que nos ocupa. "De no haberse seguido la política económica restrictiva, estaríamos peor", es una afirmación netamente ideológica que pretende inducirnos a aceptar como irremediable la posición subordinada dentro de las relaciones económicas internacionales.

Jean Paul Sartre, en el prólogo del extraordinario libro Los Condenados de la Tierra expresa: "No hace mucho tiempo la Tierra estaba poblada por 2 mil millones de habitantes, es decir 500 millones de hombres y 1 mil 500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo y los otros lo tomaban prestado. Entre aquéllos y estos Regesoau los vendidos señores feudales servían de intermediarios. La élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena; se seleccionaron adolescentes, se les marcaron en la frente con hierro candente los principios de la cultura occidental. Tras una breve estancia en la metrópoli se les regresaba a su país, falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían ya nada qué decir a sus hermanos, eran un eco desde París, Londres, Amsterdam", termino la cita. Desde Nueva York, Washington, Harvard, Yale, medidas dolorosas pero necesarias.

¿A quién causan dolor?, ¿para quién son necesarias? Según el INEGI, para abril de 1995 el nivel de desempleo y subempleo urbano se ubica en una tasa de 21.5%; el desempleo rural ni siquiera puede estimarse. La misma fuente refiere que en 1993 sólo el 20% de la población de mayores ingresos disponía de una quinta parte de ellos para ahorro. Este ahorro está depositado en su mayor parte fuera de México. Dolor para el pueblo mexicano.

La amargura de un desempleado que diariamente vagabundea sin esperanza ni meta en la gran urbe, no se deja leer en las estadísticas ocupacionales; el dolor de una madre por la muerte de su bebé, no se deja expresar por indicadores sociales; la múltiple carga de trabajo y opresión que aguanta callada una mujer del pueblo, lo que siente el campesino cuando sus hijos lloran por la falta de alimento que no puede producir en su propia tierra, no puede ser explicado.

Esas medidas económicas son necesarias para satisfacer a los especuladores extranjeros y nacionales, para transferir el plusvalor generado por nuestro trabajo hacia los estratos sociales dominantes y hacia el extranjero.

Es necesario hacer énfasis en que la política económica obedece a una determinada visión del mundo que se plasma en objetivos y programas, congruentes con dicha visión del mundo. Esta visión del mundo opresora que es propia de la élite gobernante, formada bajo los principios económicos de las universidades extranjeras, se corresponde dialécticamente con la visión del mundo liberadora de las clases subalternas. La visión liberadora percibe el desarrollo social como resultante de la propia energía creadora de las clases subalternas, en donde el trabajo es el elemento integrador de dicho desarrollo social.

Por efecto del trabajo, el trabajador toma conciencia de su propio valor aumentando su autoestima. Un trabajo bien hecho es estimulante y lo induce a buscar mayor capacitación. Así el trabajo es el auténtico motor del desarrollo humano y éste es el elemento integrador del desarrollo social.

Las relaciones sociales de producción en una política económica que tiende al pleno empleo serán relaciones incluyentes que llevarán al desarrollo social.

Por lo contrario, una política económica restrictiva del empleo conlleva a relaciones sociales de producción excluyente que darán por resultado la marginación social.

Así, una auténtica política de desarrollo social tendría los siguientes elementos:

1. Una mayor participación del valor trabajo en relación con los otros factores de la producción.

2. El plusvalor generado por el trabajo no debe ser expropiado a favor del consumo del lujo de las clases dominantes y menos aún transferido al extranjero, por el contrario, debe ser reinvertido conformando el auténtico ahorro interno.

3. El desarrollo social debe llevar una tendencia al pleno empleo.

En este concepto el I Informe de Gobierno del presidente Zedillo no contiene objetivos, programas ni acciones para un auténtico desarrollo social.

Los más de 9 mil millones de nuevos pesos en ejercicio del Ramo 26 para el presente año, son meros paliativos que se aplican con un sentido excluyente y de perpetuación de la marginalidad social.

Sin la liberación social del hombre no existe un auténtico desarrollo.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Daniel Quintero Peña.

El diputado Daniel Quintero Peña:

Distinguida señora Presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados:

El Ejecutivo Federal presenta en el informe que hoy se comenta, relativo a la política social, dónde destacar la articulación de la política urbana con los aspectos relativos al desarrollo regional, la superación de pobreza y el impulso a la vivienda.

Para entender el reto del desarrollo urbano, es importante reflexionar que seis de cada 10 mexicanos viven en ciudades, que más de la cuarta parte de la población vive en cuatro grandes zonas metropolitanas; que la tasa de crecimiento anual en ciudades son actualmente bastante altas, alrededor del 5% y en algunas partes del 7%; que los fenómenos de marginación no son exclusivos de las áreas rurales, sino de las ciudades que albergan a un alto número de familias sujetas a proceso de marginación aún más dramáticos que en el campo.

Las acciones en materia de desarrollo urbano se orientan en dos ámbitos: el ordenamiento del territorio nacional, que busca racionalizar la distribución de población de las actividades económicas, en concordancia con un desarrollo más equilibrado de las regiones y la previsión de los procesos de crecimiento ordenado de las ciudades, con atención a las crecientes demandas de suelo para la vivienda, equipamiento, infraestructura, servicios, así como para las actividades productivas.

El informe incluye ocho temas en el apartado correspondiente al desarrollo urbano, que son sumamente importantes.

1. El ordenamiento del territorio.

2. El fortalecimiento municipal.

3. La modernización catastral.

4. El Programa Cien Ciudades.

5. Suelo y reservas territoriales.

6. Vialidad y transporte urbano.

7. Aspectos ambientales:

8. Participación social en el desarrollo urbano.

Otro elemento importante en relación al informe es la consolidación del marco normativo local para el desarrollo urbano en donde los estados y municipios, con asesoría federal, han avanzado en la articulación de leyes y reglamentos en congruencia con la Ley General de Asentamientos Humanos.

En este rubro es importante señalar la necesidad de redoblar los esfuerzos para que aquellas entidades que aún no cuentan con legislación, la actualicen y la contemplen.

El fortalecimiento municipal en relación al desarrollo urbano es fundamental, ya que son los ayuntamientos a los que la Constitución otorga mayores atribuciones para conducir la gestión urbana para el cumplimiento de su responsabilidad.

Las acciones de asesoría y capacitación para hacer más eficiente el control del uso del pueblo, los programas urbanos y los planes de desarrollo urbano elaborados por los propios municipios y concertados con los habitantes, coadyuvan para una mejor rectoría municipal.

En relación al Programa Cien Ciudades es importante destacar en principio la continuidad de una política aprobada como positiva que otorga prioridad a las ciudades estratégicas, medias y pequeñas, como alternativas viables de localización, apoyando la desconcentración en beneficio de autoridades municipales y quitando la presión a zonas metropolitanas.

El programa impulsa el crecimiento de 116 ciudades en 207 municipios, apoyando el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano aprobados por las autoridades locales.

El programa ha impulsado la incorporación de suelo y reservas territoriales al desarrollo urbano, privilegiando la generación de oferta de suelo accesible para familias de bajos ingresos.

Se están aprovechando las modificaciones legislativas al artículo 27 constitucional que ha abierto nuevos cauces para recuperar tierra de origen ejidal y comunal a la urbanización legal y ordenada, haciendo partícipes a los propietarios ejidales y comunales de los beneficios del mercado inmobiliario y protegiendo el patrimonio, al mismo tiempo que se abre la posibilidad de ofrecer suelo para vivienda a diversos grupos que de otra manera estarían encadenadas al círculo vicioso de la especulación, invasión y regularización.

Se debe de profundizar en la optimización de los nuevos mecanismos de asociación ejidal en participación y en incentivos adicionales para procesos de urbanización progresiva con participación del sector privado.

Otra vertiente que se debe de reconocer en cuanto al avance de la participación, es a través de los consejos consultivos estatales y municipales de desarrollo urbano, los cuales deberán crecer en número, pero sobre todo en composición plural y permanencia para trascender los periodos de administración municipal, estatal y federal y constituir así una verdadera contraloría social.

Asimismo, la participación de la iniciativa privada en la promoción, construcción y operación de proyectos urbanos de alta rentabilidad económica y social que permiten reactivar el dinamismo de zonas urbanas y ciudades.

Esta línea de política en condiciones de crisis presenta un alto potencial para coadyuvar a la recuperación económica, la generación del empleo y la reactivación de la planta productiva.

El informe presidencial cubre los aspectos fundamentales del desarrollo urbano y define con acierto las direcciones que deberán tomarse los mismos. Sin duda, la magnitud de los esfuerzos no son suficientes y será necesario lograr efectos multiplicadores en las políticas urbanas, sobre todo en beneficio de regiones y sus habitantes que se encuentran en desventaja y que reclaman el ejercicio de sus capacidades y el acceso a mayores oportunidades de desarrollo.

Por último hemos escuchado los planteamientos de los compañeros diputadas y diputados de los cuatro partidos aquí representados, así se ha revisado salud, educación, la vivienda, seguridad social, combate a la pobreza, desarrollo urbano y hemos encontrado más convergencias que diferencias.

El camino por andar es profundizar positivamente nuestras convergencias para superar nuestras deficiencias, porque en el desarrollo social existen retos que requieren la concurrencia de todos los mexicanos.

La Presidenta:

Agotada la lista de oradores al término de política social, procedemos al tema de comentarios donde se han inscrito diversos compañeros para abordar cuatro temas y recuerda la Presidencia que hay sesión secreta al término de esta pública.

HURACAN "ISMAEL"

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Higuera del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre el huracán "Ismael".

El diputado Alejandro Higuera Osuna:

Presidenta en turno:

"El hombre es como la espuma del mar que flota sobre el agua, cuando el viento sopla se desvanece como si nunca hubiera existido", esta metáfora del escritor y poeta Jalil Gibran de origen libanés, describe el miedo que el ser humano le tiene a la mar.

Pero esta metáfora el día jueves se ha convertido en una tragedia. Una tragedia que cientos de familias mexicanas en las costas del Pacífico lloran a sus muertos, hoy la tragedia envuelve a Sinaloa.

"Nos agarró de improviso, no esperábamos el fregadazo de esa naturaleza, fue muy feo ver cómo se iban a pique los barcos y los compañeros gritando de desesperación. Fue una aventura muy desagradable y fuerte, oímos gritos, llanto, desesperación y parecía que nos íbamos a hundir todos juntos". Con esta expresión uno de los sobrevivientes del barco pesquero. "El Istmo" narra la forma como fueron embestidos en la costa cercana a Mazatlán por el huracán "Ismael".

Este sobreviviente de nombre Manuel Estrada da gracias al Creador por contar su experiencia y regresar sano y salvo con su familia.

El pasado jueves 14 y viernes 15 del presente, el huracán Ismael tocó tierra entre las costas de Sinaloa y Sonora dejando a su paso grandes y graves pérdidas humanas y económicas. A la fecha el balance de daños es el siguiente: 28 embarcaciones, todas pesqueras camaroneras hundidas, 52 embarcaciones pesqueras encalladas y 24 embarcaciones desaparecidas y lo más lamentable: la muerte de más de 50 pescadores y a la fecha todavía 21 desaparecidos. En tierra se reportan 6 mil viviendas destruidas y cerca de 25 mil damnificados.

En lo particular me quiero referir a los daños que se ocasionaron a la industria pesquera, no porque le dé más importancia que a lo acontecido en tierra, sino porque fue en la mar donde más pérdidas de vidas costó el huracán "Ismael". Además se presume que hubo negligencia por parte de las autoridades federales responsables de la capitanía de puerto.

Las pérdidas en la actividad pesquera a la fecha son incalculables en términos monetarios, pues la flota camaronera del Pacífico ha sufrido con el huracán "Ismael" la peor catástrofe que recuerde en los últimos 50 años.

Sin embargo, es de suma importancia analizar cuáles fueron las fallas humanas en las que incurrieron autoridades portuarias federales y que si no se hubiesen dado muy posiblemente se hubiera evitado la pérdida de vidas de más de medio centenar de pescadores.

En primer lugar la intensidad y peligrosidad del huracán "Ismael", con referencia a otros huracanes registrados en años anteriores, no fue mayor; a manera de ejemplo el 24 de octubre de 1975 el huracán "Olivia" azotó el sur de Sinaloa con más intensidad y más peligrosidad y no provocó las pérdidas humanas y económicas como hoy.

En segundo término las propias autoridades portuarias reconocen que hubo una comunicación deficiente en cuanto a la ubicación del fenómeno meteorológico, como lo reconoció el capitán de puertos de Altata, Sinaloa, señor Manuel Quintero. Asimismo dirigentes del sector social de Mazatlán denuncian que durante el jueves 14 los barcos camaroneros localizados en alta mar sólo recibieron dos reportes de la capitanía de puerto, uno a las 6:00 horas y otro a las 18:00 horas del día jueves.

Desafortunadamente los reportes climatológicos que emite la Comisión Nacional del Agua sólo van dirigidos a la agricultura y al tráfico aéreo y marítimo en los puertos, no existe a la fecha un organismo responsable del Gobierno para informar de las condiciones del clima a las pequeñas embarcaciones que se dedican a la captura del crustáceo en aguas nacionales.

Pero otro elemento que influyó en esta catástrofe es la conocida corrupción de autoridades portuarias, la cual es evidente al cobrar 500 pesos por la entrega de los despachos de vía pesca y por ese cobro no someten los barcos a revisión para constatar que cuentan con los instrumentos mínimos de seguridad como son extinguidores, salvavidas, lanchas de apoyo y radio.

En el medio oficial es conocida la crítica condición física por la que atraviesa la flota camaronera, a tal grado que el 50% de ella sale a pescar a alta mar sin llevar consigo un seguro tanto para el barco como para los pescadores por la simple razón de que la edad y estado físico de las embarcaciones no cumplen las normas mínimas exigidas por las compañías aseguradoras.

A la fecha la posibilidad de adquirir activos nuevos en el ramo de la pesca del camarón es imposible, ya que una embarcación nueva alcanza un precio promedio de 200 a 250 mil dólares. A pesar que el 70% de la flota camaronera del país se encuentra en malas condiciones, los astilleros del país se hallan prácticamente cerrados. Por ello es necesario que las secretarías de Pesca, Comunicaciones y Hacienda establezcan un esquema que pueda incentivar y lograr a corto plazo la reposición de los activos de la industria pesquera en general.

Y esta cifra y este dato el propio presidente Zedillo, el 10 del presente en Topolobampo, reconoció las condiciones en que la flota camaronera se encuentra. El 70% de la flota pesquera camaronera del país ya dio lo que tenía que dar y todavía anda navegando.

La tragedia que viven hoy cientos de familias mexicanas en las costas del Pacífico es un hecho lamentable que no debe repetirse y aquí hago un paréntesis para reconocer que hubo por parte de las autoridades locales de Sinaloa, de la Secretaría de Marina, del propio Ejército Nacional, hubo respuesta inmediata para atender y para poder dar en este plan emergente la atención debida, hubo en tiempo y se están dando los apoyos; sin embargo hay también responsabilidad de autoridades portuarias y narraré lo siguiente:

Desafortunadamente sólo con hechos, como un huracán, las autoridades federales abandonan sus cómodas oficinas de la Ciudad de México para hacer acto de presencia, no con el propósito de atender, resolver y sancionar funcionarios irresponsables, sino con el fin de argumentar que su actuación fue la indicada para estos casos. Y hago una denuncia concreta, me refiero en particular al coordinador de marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señor Alfredo Baranda García, quien hizo acto de presencia en Mazatlán y Culiacán el pasado domingo con el único propósito de curarse en salud, ya que fue sólo a defender la actuación de los capitanes de puertos.

Tal vez el señor Alfredo Baranda tenga razón, ya que su escaso o nulo conocimiento de la problemática marítima no le permite entender lo que es una panga o una lancha o diferenciar un ciclón de un huracán. Tal vez el gasto de esta coordinación, que le cuesta al erario, a la nación, se pueda invertir en algo más provechoso, como reactivar la flota pesquera.

Es por todos conocido que el señor Baranda sabe de marina mercante, lo que aprendió cuando fue gobernador interino del Estado de México. Debe nombrarse a un marino mercante con experiencia, para que atienda esta coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en el futuro no lamentemos más pérdidas de vida.

Otro hecho que va junto con este asunto es la situación, señores, de los transbordadores de la empresa Sematur, que da servicio de pasaje y carga a la península de Baja California.

En la pasada visita del presidente Zedillo se le hizo denuncia de las condiciones en que se encuentran estos transbordadores y que son prácticamente féretros que están flotando en la mar. No esperemos en corto plazo venir a hacer uso de la voz otra vez para denunciar este asunto. Hay condiciones operativas, condiciones físicas de los transbordadores que prácticamente ya cubrieron su vida útil y sin embargo la marina mercante responsable de poder regular y de exigir a los concesionarios de Sematur que puedan dar las condiciones mínimas de mantenimiento, no lo están haciendo. ¿Qué, vamos a esperar una tragedia que ojalá no suceda, para que se pueda remediar este asunto.

Por eso, señores, reitero que es importante que en la coordinación de marina mercante exista una persona que conozca de mar y no un burócrata que jamás ha conocido, cuando ve el mar tal vez se marea.

Para concluir, compañeros diputados, quiero que recuerden todos ustedes el momento de desesperación que pasaron los más de 50 pescadores al momento de ahogarse en altamar. Recuerden el dolor y el sufrimiento en estos momentos, de las viudas y de los menores que quedan hoy desamparados. Recuerden que tal vez esto se pudo haber evitado y por lo tanto, en esta Cámara hay Comisión de Marina, de Pesca y de Comunicaciones y Transportes, que creo que tienen la obligación de investigar y tal vez encontrar culpables.

Muchas gracias.

La Presidenta:

En el uso de la palabra el diputado Fernando Flores Gómez.

El diputado Fernando Jesús Flores Gómez González:

Con permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Esta es una privilegiada oportunidad de los diputados para dar sentido crítico al trabajo de planeación y sobre todo para prevenir errores y desencuentros entre la política pública y las expectativas de la población, así como para asegurar que las respuestas a nuestros problemas se den en función de las necesidades generales de todos los mexicanos.

Como país, tenemos la urgente necesidad de insertarnos en la dinámica existente. En atención a ello cada nación debe efectuar cambios estructurales de manera específica; por haber escuchado razonada e insistentemente la voz de los marinos, debe de reordenarse en todos sus ámbitos el sector marítimo.

La marina mercante está mal; la marina mercante está hacendada, la marina mercante está agrietada, está en crisis, es necesario y muy urgente repararla; es prioritario apoyar a los pescadores y a la gente del mar.

En forma conjunta, autoridades de Comunicaciones y Transportes, de Pesca e iniciativa privada, deben establecer servicios más eficientes, promoviendo el objetivo en el que todos los mexicanos estamos inmersos: sacar adelante a México.

Desgraciadamente en la marina mercante se usan indiscriminadamente banderas de conveniencia, liberianas y panameñas.

De las escuelas náuticas mercantes, de las últimas 13 generaciones, desgraciadamente y es patético decirlo, el 54.6% son desempleados por falta de embarcaciones de bandera mexicana; además, por la crisis económica en la que vivimos, gran parte de aquellos que han perdido su trabajo en los puertos, sin tener el menor conocimiento de ello, se han dedicado a actividades pesqueras y en muchos casos, día a día, por falta de capacidad, arriesgan su vida.

De los estados de la República 17 son costaneros: 11 en el Pacífico y seis en el Golfo y en el Mar Caribe. Tenemos infraestructura en 66 puertos marítimos y nueve pluviales con un total de 76 kilómetros disponibles para maniobras y atraque. Contamos con 388 mil metros cúbicos para bodegas, además de 2 millones 600 mil metros para patios disponibles para maniobras y atraque.

Por lo que se refiere a la instrumentación de proyectos concretos, derivados de las propuestas que se hicieron en muchísimos foros en diversos puertos de la República, en relación a un programa de fomento a la marina mercante, ha quedado un programa que vigilaremos que se cumpla, de la siguiente manera:

Primero. Modernización de la oferta. Es decir, promoción ante las instituciones de fomento nacionales y extranjeras, de líneas de crédito, tratamientos fiscales competitivos y demás incentivos.

Segundo. Aprovechamiento de la demanda con nuevas tecnologías, estudios de los mercados, promoción y divulgación de las ventajas del transporte marítimo. Superación de la gente de mar. Esa superación consiste en mejorar la capacidad de los que estudian en las escuelas náuticas y en las escuelas de capacitación pesquera.

Tercero. Fortalecimiento a las autoridades marítimas, que es un programa integral de formación e inspección que asegure las condiciones de navegación.

Cuarto. Un programa de actualización del marco jurídico, que de darse el caso, modificaría la Ley de Navegación.

Y por último un programa de regulación internacional con servicio de auxilio internacional, nuevos convenios en la organización marítima internacional, así como diversos foros internacionales.

Estoy seguro, porque he visto el esfuerzo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que la marina mercante que desde tiempo atrás viene perdiendo la importancia que debe tener y que está sumida ahora más que nunca en la crisis de la crisis, será rescatada.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá recoger, como una sola, todas las aportaciones de los participantes en esos foros; habrán de tener como prioridad importante en su quehacer administrativo, el desarrollo de los puertos, el desarrollo de la marina mercante, el mejoramiento de los pescadores y su capacitación para que el día de mañana tengamos servicios marítimos apropiados, una flota a la altura de nuestro país; estructura, leyes, usos y costumbres, así como autoridades que sean adecuadas para que no se vuelvan a repetir tragedias como la que acabamos de padecer en Mazatlán y en Sonora y que enlutó hogares mexicanos.

Hace unos días, como dijo el diputado Higuera, sufrimos los devastadores efectos del huracán "Ismael". Este se proyectó sobre las aguas mexicanas con una velocidad inusitada para fenómenos de esta clase, muy superior a la máxima que alcanzan los barcos integrantes de la flota pesquera. Los efectos que produjo y las pérdidas humanas se debieron sobre todo a que las embarcaciones no pudieron regresar con la mayor rapidez requerida y en su mayoría fueron superadas por los vientos y por las marejadas.

La autoridad marítima en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, dio aviso a las embarcaciones con toda oportunidad acerca de la inminente gravedad del peligro, así como las propias cooperativas y también reprodujeron y transmitieron los avisos de riesgo.

Un fenómeno de esta magnitud produce daños que no se pueden evitar al ciento por ciento. Otros países, incluso más desarrollados en materia portuaria, se ven débiles ante los huracanes en sus condiciones de seguridad.

No obstante lo anterior, en este caso las autoridades federales y estatales, así como las municipales, han buscado en todo momento minimizar los daños a través de acciones coordinadas.

Qué bueno, qué bueno que hace unos momentos, hace un par de horas tal vez, un diputado que me antecedió en el uso de la palabra dijo que las fuerzas armadas son de paz en nuestro país.

Efectivamente. Las funciones de la Armada, entre una de ellas, está el de auxiliar a la población civil en casos de desastre y en este caso así ocurrió. La Armada estuvo auxiliando a la población, bajo esta situación. La Armada participó con 18 unidades de superficie, ocho unidades aeronavales y las 24 horas del día.

Desde antes del huracán hasta este momento, todo el personal de las bases navales de Sonora y de Sinaloa atienden a la población damnificada.

Por ello la Armada de México, como es su obligación y costumbre, tuvo una destacada participación en el auxilio a todos aquellos que lo necesitaron. La mejor prueba de ello está en el hecho de que numerosas embarcaciones pudieron regresar a refugios seguros. Si esto no hubiera sido así la tragedia habría sido de grandes proporciones y de magnitudes incalculables.

Hay que subrayar la acción oportuna de las autoridades, ya que de los cientos de embarcaciones que se encontraban laborando mar adentro, sólo un número reducido de ellas fue alcanzado por el huracán.

La autoridad realizó las inspecciones de rigor de acuerdo con la ley y todas las embarcaciones tenían los documentos de seguridad y las libretas de mar en orden.

La pesca era abundante y ella impidió que muchos pescadores reaccionaran con prontitud. Se dieron casos que se encontró barcos hundidos con redes desplegadas y aún con carga en las bodegas. En ese sentido hay que tener en cuenta que los implementos de pesca requieren de tiempo para recogerse, lo que retrasó las maniobras de regreso de varias embarcaciones.

Por la fuerza del huracán algunos pescadores de Sonora se internaron en las costas de Sinaloa sin conocerlas adecuadamente. Lo que incrementó los riesgos y las pérdidas humanas.

Esto es una gran desgracia. Pudo haber sido mucho mayor si no se actúa con rapidez. Lejos, yo pienso, creo Alejandro, que lejos de buscar acusaciones que a nada conducen, es necesario instrumentar acciones preventivas que minimicen los daños frente a casos semejantes. No es válido ni es aceptable amedrentar políticamente con una desgracia que ha enlutado muchos hogares mexicanos.

El Presidente de la República, al dar inicio las actividades de la flota pesquera el 10 de septiembre, advirtió la necesidad de destinar recursos para modernizar y equipar a las embarcaciones. Esta tragedia pone en relieve la importancia de tal afirmación.

La maestra Julia Carabias ordenó también que se aplicara un plan de emergencia.

El Congreso de la Unión, nosotros, podemos constituirnos en un gran promotor de las acciones para fortalecer no sólo la actividad pesquera, sino a la flota mercante en su conjunto. También nosotros, el Congreso de la Unión, podemos recomendar medidas para establecer sistemas modernos de comunicación e información que permitan a las capitanías de puerto mejorar sus funciones.

Desde esta tribuna, a nombre de la Comisión de Marina, a nombre de los diputados de la LVI Legislatura, a nombre de la gente de mar, le pido a las autoridades marítimas y de pesca su apoyo para lograr la mejoría y seguridad de la marina mercante, de los pescadores y de la gente de mar, así como para que nuestra bandera ondee orgullosa en barcos mexicanos en todos los mares del mundo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Alejandro Higuera Osuna.

El diputado Alejandro Higuera Osuna:

Con su permiso, Presidente en turno:

He pedido para rectificar hechos porque quiero reiterar lo que ya dije en mi intervención, en el aspecto de que las fuerzas armadas, particularmente la Secretaría de Marina, la Marina de este país, en su octava zona naval regional de Mazatlán, atendió como siempre el llamado de emergencia de los pescadores. En ningún momento, si se interpretó algo distinto, yo dije que la Secretaría de Marina no había actuado; al contrario, ha actuado y como siempre, de la mejor manera.

Lo que yo dije es que las autoridades civiles y particularmente las capitanías de puertos, en voz del propio capitán de puertos del Puerto de Altata, Sinaloa, cita que la comunicación fue deficiente. Los propios líderes de las cooperativas del sector social reiteran que los avisos en alta mar son de 6.00 de la mañana a 18.00 horas, 12.00 horas de diferencia, se da un reporte del otro y como ya se dijo aquí, la capacidad de desplazamiento del huracán "Ismael" fue muy superior a lo que los propios barcos pueden en las condiciones que están, tener velocidad en nudos.

Sin embargo mi compañero diputado presidente de la Comisión de Marina, que coincido en varios de sus puntos, habla de que a futuro podamos implementar un mecanismo para que ya no se den estas tragedias. Creo que tiene toda la razón, porque para nosotros esto ya es una tragedia. Triste hubiese sido que de los 650

barcos en la costa del Golfo del Mar de Cortés todos se hubiesen hundido, eso sí hubiese sido una tragedia, sin embargo una sola vida que cobre el mar por haber negligencia, creo que ya es una tragedia.

Por eso, nosotros, el grupo parlamentario de Acción Nacional, reitera que debe haber responsabilidad de autoridades civiles, particularmente, concretamente en la coordinación de marina mercante.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jesús Zambrano.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Yo creo que la situación provocada por el fenómeno meteorológico "Ismael" que hoy ocupa nuestros comentarios, merece por lo menos dos tipos de consideraciones; la primera sobre la cantidad de muertos y la segunda sobre las soluciones a los problemas que ahora existen.

En relación con lo primero, las decenas de muertos que se provocaron, es necesario subrayar aquí lo que dijimos el pasado jueves 14 de septiembre en la comparecencia del señor Secretario de Gobernación ante las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia en el sentido de que no contamos con un Programa Nacional de Protección Civil que funcione y que sea eficiente.

Como se recordará incluso, aquí se presentó hoy una iniciativa de ley a este respecto, aunque el licenciado Emilio Chuayffet haya dicho lo contrario e incluso se haya adornado a un grado tal en que sólo le faltó decir que el sismo de 7.2 grados Richter que sacudió la Ciudad de México no fue de mayor intensidad y que a la mejor habría sido gracias a que sí hay protección civil en este país.

Existen como aquí lo ha señalado uno de los compañeros diputados, numerosos testimonios que revelan que no existe una coordinación suficiente ni eficiente entre las distintas dependencias ni autoridades en el caso de la situación de los puertos, que puedan prevenir a la población frente a estos desastres naturales, mucho menos existe un mando único, no se desconoce el esfuerzo que se hizo y que aquí nos ha señalado el compañero y diputado, Presidente de la Comisión de Marina, lo que llamamos la atención es sobre la necesidad de que esto se presente, que se dé, que se reglamente y que se finquen hacia el futuro las responsabilidades correspondientes a la temeridad de los pescadores en cuya base está la desesperación causada por el hambre se suma la ausencia de autoridad al respecto para prevenir eficientemente este tipo de desastres, ya que al margen de la defensa que se haga acerca de si existe y de si funciona eficientemente un Programa de Protección Civil a nivel nacional, hay que subrayar que un huracán ni es un sismo; para prevenir los sismos funciona y no siempre, la alarma sísmica con un minuto por lo menos de anticipación; sin embargo el curso de los huracanes puede anticiparse y con ello tomarse medidas preventivas correspondientes hasta con 24:00 horas de anticipación o por lo menos anticiparse su curso con 24:00 horas antes de que lleguen al lugar en el que pueden causar daños naturales.

Esa es la pequeña diferencia, por llamarlo de alguna manera.

Y en relación con lo segundo, es decir sobre las soluciones a los problemas ahora existentes, debe destacarse primero, la necesidad de que el ofrecimiento hecho por el Presidente Zedillo, en Topolobampo, el pasado 10 de septiembre en el sentido de financiar con créditos blandos la renovación de la flota camaronera y pesquera en general pero especialmente la camaronera que data de aproximadamente 40 años, es una cuestión hoy impostergable, la vejez de la flota es causa directa de su fragilidad en estos momentos y ahora en plena zafra de captura del camarón con la flota dañada la renovación no sólo es necesaria sino que también es necesaria la puesta en marcha de un plan emergente para resolver los problemas que provocó el huracán "Ismael".

Ese programa integral, de ponerse en marcha, puede reactivar la economía de los principales puertos del país que son sede de una importantísima infraestructura de construcción de embarcaciones pero que están hoy como auténticos elefantes blancos y con el consecuente desempleo y la ruina económica de amplias regiones costeras del país e incluso han provocado que ciudades completas aparezcan casi casi como ciudades fantasmas.

La puesta en marcha, segundo de un programa emergente para reconstruir la infraestructura hidroagrícola y subsanar también los problemas causados por las cosechas siniestradas. Con estas consideraciones y compartiendo conceptos y recomendaciones con los otros grupos parlamentarios es que suscribimos un punto de acuerdo que en unos minutos más será aquí presentado.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Alfredo Valdez Gaxiola.

El diputado Alfredo Valdez Gaxiola:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:

Me toca acudir a esta tribuna para informarle a esta soberanía sobre la situación que priva en el norte de Sinaloa y en el sur de Sonora y particularmente en el municipio de Ahome; como ustedes saben la noche del 14 esta región fue azotada por el huracán "Ismael", provocando serios daños en la región. Primero tenemos que lamentar pérdidas de vidas humanas que alcanzan la cifra de 55 personas. Esto es el número oficial que ya da el acta ministerial, de miles de damnificados que han perdido su patrimonio total o parcialmente.

En Ahome suman cerca de 10 mil; en el municipio de Guasave y del Fuerte más de 3 mil en cada uno y en el de Sinaloa de Leyva cerca de 1 mil 500. Las viviendas afectadas ascienden a 1 mil 373 con daños totales y a 5 mil 245 con daños parciales particularmente en techos.

También causó graves daños a las actividades productivas y a la infraestructura existente. Se afectaron gravemente los cultivos de maíz con 206 hectáreas en pérdida total y 3 mil 265 hectáreas dañadas; soya, con 6 mil 923 hectáreas en pérdida total; sorgo, 259 hectáreas con pérdida total, y arroz, 208 hectáreas con pérdida total.

Cabe señalar también que algunas empresas agroindustriales, particularmente en el municipio de Guasave quedaron inundadas. Asimismo se registran daños en escuelas, carreteras, caminos, líneas de conducción de energía eléctrica y sistema de riego, sin embargo y como ya lo han señalado mis compañeros que me antecedieron en la palabra, los mayores daños se registraron en la actividad pesquera.

Déjenme hacerles algunos comentarios nada más para subrayar las características del ciclón "Ismael". Primero se caracteriza por ser atipico con una peculiaridad que muchos en la región no le dieron en su momento la importancia que debía, la velocidad de desplazamiento ya que los ciclones en esa región se desplazan en velocidades medias de 15 kilómetros por hora y éste alcanzó hasta 40 kilómetros por hora en el Mar de Cortés.

Por otra parte debemos señalar que apenas unos días antes, el 10 de septiembre, se había levantado la veda del camarón y prácticamente los barcos se acababan de iniciar en la captura de esta especie con gran entusiasmo, recuerden que durante seis meses toda la flota estuvo parada.

Los avisos de la presencia del ciclón en la costa de Sinaloa fueron emitidos en tiempo y prueba de ello es que la mayor parte de la flota alcanzó a protegerse en los puertos del litoral del Estado. Un ejemplo de ello en el caso de Topolobampo, la mayoría de los barcos que tienen su base en el mismo, regresaron en tiempo, sin embargo también hay que señalar que más de 250 embarcaciones de otras regiones como Chiapas, Ensenada, Puerto Peñasco y Mazatlán también se refugiaron en él. Sin embargo, algunas embarcaciones no alcanzaron a llegar al puerto por la velocidad misma, ello provocado también por excesos de confianza de que el ciclón podía desviarse, o que en su caso estaban pescando con gran éxito y esto les daba la confianza de mantenerse ahí y también que subestimaron la distancia y la velocidad y esto lo han señalado los propios pescadores.

Se debe precisar, a efecto de evitar la distorsión en las cifras que actualmente se tienen como oficiales, 21 embarcaciones hundidas, 32 varadas y 10 extraviadas. Y quiero aprovechar la ocasión para desde esta tribuna hacer un público reconocimiento a los pescadores y pangueros de Topolobampo ya que apenas se dieron las condiciones climáticas, se hicieron a la mar para rescatar, a tratar de localizar a todos sus compañeros sobrevivientes.

En la tarea de auxilio y aquí fueron más de 150 personas las que se rescataron las primeras horas después del fenómeno, también se ha contado con el decidido apoyo del gobernador del Estado, Renato Vega, así como con las diferentes autoridades municipales y subrayo también, la gran preocupación del presidente Zedillo, quien una vez enterado del problema instruyó a todos para que se otorgaran los apoyos necesarios para superar la situación de emergencia. De esta manera se ha contado con el apoyo decidido de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como la Comisión Nacional del Agua.

Ahora bien, yo invito a no politizar con situaciones por la desgracia de las pérdidas humanas, constituyámonos, sí, en vigilantes de los programas sociales y para la actividad económica, que anteriormente se habían comprometido, así como aquellos que como consecuencia de este evento se instrumenten para que se realicen con eficacia.

Vigilemos, pues el Programa de Actualización y Modernización de la Flota Pesquera, instruido por el presidente Zedillo el mes de septiembre pasado, se concrete.

Vigilemos que el programa de emergencia enunciado apenas ayer por el titular de la dependencia competente en la materia de pesca, se lleve a cabo con la celeridad requerida.

Vigilemos que los programas para la agricultura, la infraestructura hidráulica, carreteras, caminos, transmisión de energía eléctrica, por señalar algunos, lleguen a su término.

Convoquemos a la solidaridad de la sociedad para resolver los problemas que afectan a gran número de familias del norte de Sinaloa y sur de Sonora.

No magnifiquemos los problemas para darles un tinte político y espectacular; tampoco los minimicemos para restarles importancia, démosles la justa dimensión para asegurar a los afectados los apoyos necesarios que les permitan resolver sus problemas y, lo más importante, que la sociedad en lo general valore las enseñanzas y evite en lo posible que se vuelvan a presentar.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Pablo Moreno Cota.

El diputado Pablo Moreno Cota:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Los diputados federales abajo firmantes, miembros de las diferentes fracciones parlamentarias de la LVI Legislatura, con el debido respeto exponemos:

Que ante las lamentables consecuencias producto del embate del ciclón "Ismael", que azotó a los estados de Sinaloa y Sonora el pasado 14 de septiembre, causando lamentables pérdidas humanas, daños materiales y afectando las principales actividades económicas de ambas entidades, se hace necesario poner en marcha un eficaz y efectivo programa de atención a la emergencia que se vive en estos estados de la República, lo mismo que una estrategia de corto, mediano y largo plazos, a fin de reactivar las actividades productivas y en la medida de lo posible, mitigar el dolor humano y resarcir las pérdidas materiales, por lo cual signamos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Proponemos:

Primero. Que el plan de ayuda emergente, no concluya mientras no se normalice la situación de emergencia de la región.

Segundo. Que se dé toda la celeridad al programa de emergencia para la actividad pesquera, anunciada por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias, anunciado en Culiacán, Sinaloa, el día de ayer.

Tercero. Que se establezca una coordinación interinstitucional que recabe, concentre y divulgue la información sobre fenómenos meteorológicos en forma expedita y por un solo canal, a fin de orientar de mejor manera, evitando confusiones.

Cuarto. Que se modernicen los sistemas de detección de este tipo de fenómenos y en forma paralela se mejoren también los sistemas de comunicación de tierra a embarcaciones y de embarcaciones a tierra.

Quinto. Que se cumpla puntualmente y con toda exigencia con la normatividad y los requisitos para los espacios y vías de pesca al zarpar las embarcaciones, a fin de prever y evitar riesgos como los que hoy se padecen.

Sexto. Que con carácter de urgente se rehabiliten las obras de infraestructura hidráulica afectadas por el ciclón, asimismo se atienda urgentemente las áreas agrícolas afectadas, con la finalidad de compensar las pérdidas económicas de los productores.

Séptimo. Que se ponga en marcha un programa de emergencia de vivienda, para atender a los damnificados.

Octavo. Que se dé cumplimiento al compromiso asumido por el Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, en el sentido de actualizar y modernizar la flota pesquera y en especial la dedicada a la captura de camarón, mediante financiamientos adecuados a las características del sector, anuncio hecho durante la ceremonia en la que se levantó la veda a la pesca de camarón, el 10 de septiembre de 1995 en Topolobampo, Sinaloa.

Finalmente, al reconocer las labores de rescate realizadas por los diferentes niveles de gobierno y los organismos de la sociedad civil, solicitamos a todos los mexicanos otorgar la ayuda necesaria para que estas regiones del país logren superar la situación crítica por la que atraviesan.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de septiembre de 1995.

Firman diputados: Alfredo Valdez Gaxiola, Heriberto Galindo, Pablo Moreno, Jorge Abel López Sánchez, José Luis Leyson, Carmen Soto Correa, José Feliciano García Peraza, del PRI; Ramón Sosamontes, Salvador Martínez Della Rocca, del PRD; Alejandro Higuera, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, del PAN.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

ESTADO DE CHIAPAS

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Adriana Luna Parra, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una denuncia en relación al respeto de los derechos humanos en el Estado de Chiapas.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros, diputadas y diputados:

Tomo la tribuna bajo el amparo de nuestra bandera, para denunciar con responsabilidad y con congoja una serie de violaciones a los derechos humanos que conforman una situación criminal de lesa humanidad.

Todos los que estamos ocupando una curul representamos vidas de mujeres y de hombres de este país, donde todos merecen un espacio y una vida digna, con paz y justicia. Apelo a esta digna responsabilidad para un asunto que nos compete a todos.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha sido informado de una situación de violencia e impunidad en el norte de Chiapas. Acudimos una comisión al lugar de los hechos. Lo que encontramos es de una gravedad que se equipara a las peores historias de genocidio que jamás hayamos tenido noticia.

La situación de barbarie y de sufrimiento que se vive en los municipios de Salto de Agua, de Tila, de Yajalón, de Sabanilla, de Tumbalá y otros de la región, la encontramos concentrada en el dolor que expresaron más de 500 ejidatarios perredistas refugiados en la escuela de solidaridad de Salto de Agua.

Ahí, ancianos, enfermos, niños, mujeres y hombres que no podrían reprimir las lágrimas nos dijeron: les pedimos que lleven nuestra palabra de dolor con los diputados, que no nos dejen solos.

Las mujeres nos contaron su sufrimiento: nuestros hombres estaban en la labor cuando nos dimos cuenta de que se nos venían encima con armas en la mano y gritaban: "vamos a acabar con los perredistas". Nos dio mucho miedo y corrimos al monte con nuestras familias dejando todo lo que tenemos.

Los hombres agregaban: nos quieren hacer firmar que dejemos nuestro partido y pagar 100 mil pesos para que nos inscriban en el Procampo, si no, es la tortura y la muerte.

Ellos habían huido el día 5 de septiembre. Con angustia decían: no creemos que esto sea legal, pero no queremos matanza, preferimos huir y pedir justicia. No sabemos qué vamos a encontrar al regreso ni quienes más hayan sido asesinados, secuestrados, encarcelados o quienes estén en el monte. Se robaron y destruyeron nuestras casas, animales, siembra, todas nuestras pertenencias, hasta nuestros papeles.

De esto recogimos decenas de denuncias de 17 poblados con nombres y con datos concretos del municipio de Tila, Salto de Agua, de Sabanilla. Todas coinciden en que la agresión es contra perredistas, que es ejecutada por guardias blancas, al parecer por policías de seguridad pública del Estado, judiciales locales y federales; en que portan armas de uso exclusivo del Ejército y se visten con uniformes de cuerpos de seguridad pública de la entidad; en que las agresiones y desalojos violentos van acompañados de destrucción y robo de viviendas y pertenencias; que destruyen sembradíos y ganado; que violan mujeres y que no son pocos los casos de tortura, secuestro, aprehensiones ilegales, fabricación de delito e incluso de asesinatos; que les niegan los pocos servicios que de por sí hay en la zona.

Los agresores son promovidos, según los testimonios recogidos por los finqueros y los ganaderos, quienes cuentan además al parecer con campos de entrenamiento ubicados en algunos terrenos como el de El Crucero.

Las organizaciones que les sirven de protección llevan algunos nombres como fuerza reacción, paz y justicia y otros que no quiero repetir porque llevan el nombre de un hombre digno que ya no está para conocer esta situación.

Estamos frente a un fenómeno de discriminación étnica y de persecución política que compone un cuadro verdaderamente peligroso, que ya ha costado muchas vidas humanas, expulsión de comunidades enteras, enfermedad y sobre todo miedo, mucho miedo entre la población y costará más si no lo paramos entre todos de inmediato.

Se ha intentado pintar esta situación con tintes agrarios y religiosos, pero es claro que esto se ha incrementado en épocas de campañas electorales y se utiliza como un mecanismo para que las fuerzas caciquiles sigan dominando la región y para mantenerse a como dé lugar con su poder.

Ha habido muchos asesinatos, aunque la lista no se ha cerrado y el número es impreciso porque los pobladores tienen el temor a regresar a sus casas y constatarlo.

Citaré en seguida sólo uno de los testimonios.

"A eso de las 10:00 horas, el lunes 7 de agosto, como 300 ó 400 policías nos rodearon y entraron al poblado. Al ver muchos policías nos juntamos en medio del poblado. Uno de ellos gritaba, pero no entendemos bien el español."

"A uno de nuestros dirigentes, de nuestros compañeros, llamado Julio López, lo detuvieron y en ese mismo momento lo empezaron a golpear a patadas y a culatazos."

"A nuestras mujeres les gritaron: si no se van, las vamos a violar."

"Muchos niños salieron huyendo hacia la selva. Nos corrieron a muchos metros de nuestro poblado y nos sitiaron lejos de nuestra comunidad sin permitirnos sacar nuestras cosas. Sólo pudimos ver de lejos cómo entraban las guardias blancas a saquear nuestras casas y cómo los policías acarreaban nuestras cosas para tirarlas al río."

"Dijeron que traían orden del gobernador. Nosotros les exigimos que las enseñaran, pero nunca nos las entregaron."

"Entre los secuestros hay secuestros a mujeres y a niños. También a Bernabé Montejo Arco, al que nunca tampoco se le ha encontrado."

Todos estos casos han sido denunciados por ellos al doctor Zedillo, desde el doctor Zedillo hasta los medios de comunicación. Todas las demandas y pedidas de auxilio han caído en saco roto. Nadie se ha dignado a realizar una investigación legal sobre los hechos denunciados no obstante que el orden constitucional está roto. Se escucha, eso sí, muchas declaraciones del gobernador por la radio diciendo que el camino de las elecciones es pacífico y legal. Es por eso que me han pedido que traiga su voz a esta soberanía.

Pudimos coincidir que en esa zona hay una estrategia. Los operativos de desalojos son escalonados; se utiliza una táctica similar a la de aldeas arrasadas que se pusieron de moda en las dictaduras centroamericanas. Se trata de un guerra sucia.

Hago desde aquí un llamado a todas nuestras conciencias sobre el peligro de que esa escalada de violencia tome mayores dimensiones si no la detenemos entre todos ahora.

Es claro que se atemoriza a los ciudadanos para impedirles participar en los comicios, a la vez se prepara el terreno para que los mapaches y activistas puedan trabajar amparados en la impunidad.

Yo les pregunto, señoras y señores diputados: ¿Con qué credencial de elector van a votar estos perredistas? ¿Con qué documentos se van a identificar sus derechos agrarios, si les han robado sus papeles o han sido quemados? ¿Es ésta la paz? ¿Cómo es posible que esto suceda en el norte de Chiapas, mientras en San Andrés de los Pobres se intenta un diálogo y se habla de concordia y de pacificación? Otra vez se manifiesta el doble lenguaje, por un lado se habla de paz y de derechos indios y por el otro se tolera actitudes que conforman un clima de suma gravedad.

Por ejemplo uno de los desalojos en los municipios de Sabanilla sucedió un día después de que se recibió la visita de Gilberto Trinidad Palmas en representación de Dante Delgado y de la Reforma Agraria y les aseguró que no habría problemas. Al día siguiente fue el desalojo con el sobrevuelo de un helicóptero que suponen propiedad de la Procuraduría del Estado de Chiapas. Los indígenas no tienen helicóptero.

Demandamos el regreso inmediato de todos los desalojados a sus lugares y la indemnización que les restituya completamente sus viviendas y pertenencias, la reposición de sus documentos perdidos, tanto civiles como agrarios y políticos, para lo que se sugiere la instalación de un módulo al que puedan acudir, ya sea por sus actas de nacimiento, sus certificados de derechos agrarios, sus credenciales de electores u otros documentos; la cancelación de órdenes injustas de aprehensión giradas en su contra; la presentación de los desaparecidos; el castigo a los guardias blancas.

Al gobierno del Estado le exigimos que responda por las acciones realizadas por los miembros de sus cuerpos policiacos o por el uso de uniformes y armas de los mismos por personas ajenas a estos cuerpos policiacos.

La violencia provoca más violencia. Todos conocemos que la paciencia de los indígenas sabe decir ¡ya basta! La situación del país no está para que las cosas empeoren.

Consideramos que esta Cámara de Diputados no puede permanecer indiferente ante la injusticia y ante la impunidad, tampoco podemos observar pasivamente que las leyes de la República sean sustituidas por caprichos de caciques y de ganaderos que quieren seguir siendo lo señores intocables en sus cotos particulares de poder.

Estoy segura, compañeras y compañeros, que todo esto para ustedes es inaceptable, que el dolor de una mexicana y de un mexicano es el dolor nuestro, de todos ustedes, de nuestra representación como diputados.

Estoy segura que esto nos ofende a todos, por eso yo quisiera hacer entrega a los señores secretarios y a la señora Presidenta de ese expediente que tiene datos concretos, que tiene nombres de las víctimas, que tiene nombres, de los supuestos responsables y lugares en donde están las armas, que tiene testimonios de dolor de nuestras mujeres, hermanas y hermanos indígenas de Chiapas.

¿Por qué tenemos que tolerar, compañeras y compañeros, que se ofenda a tal grado a nuestros militantes? ¿Por qué tenemos que tolerar que a nuestras niñas y a nuestros niños se les corra de su casa de esta manera tan inhumana, tan bárbara y tan salvaje? ¿Por qué no podemos vivir en armonía? ¿Por qué no podemos entre todos lograr la paz y la concordia de este país.

Esta es una pregunta que les hago y la pongo en la conciencia y en la responsabilidad humana de cada uno de ustedes.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Lea la Secretaría el punto de acuerdo sobre ese tema.

El secretario Lorenzo Chávez Zavala:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Ha llegado a esta Secretaría un

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados de la LVI Legislatura con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos resuelve: que se integre una comisión paritaria que podrá conformarse con miembros de la Comisión de Derechos Humanos y de la diputación chiapaneca, para que contribuya al análisis de la situación que se vive en el norte del Estado de Chiapas y pugne por el respeto a los derechos humanos en la coyuntura política que vive la entidad.

Asimismo rendirá en fecha próxima un informe pormenorizado a este pleno de las actividades que sobre este asunto se lleven a cabo. Para cumplir con esa tarea deberá trasladarse de inmediato a los municipios de esa región del Estado de Chiapas, debiendo analizar los documentos que obran en poder de la Presidencia y que refieren testimonios de personas que presentan hechos acaecidos en la región.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, D.F. a 14 de septiembre de 1995.- Diputados: Jesús Ortega Martínez, del PRD; Ricardo García Cervantes, del PAN; Humberto Roque Villanueva, del PRI y Joaquín Humberto Vela González, del PT.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para su instrumentación.

ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Nohelia Linares, del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre la consejera ciudadana Carmen Díaz, del Estado de Puebla.

La diputada Nohelia Linares González:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Nuevamente nos encontramos a nivel nacional las acciones de personajes que en la política nacional no quieren el avance democrático sino mantener privilegios y cacicazgos, tal es el caso hoy del gobernador de Puebla, Manuel Bartlett, quien además tiene en su haber acciones electorales, remontándonos a 1988, que no precisamente le dan autoridad moral en estos asuntos.

Ante el proceso electoral que se llevará a cabo en el Estado de Puebla, el próximo 12 de noviembre, ya está realizando actos que manchan gravemente el proceso, tales como hacer proselitismo político con recursos públicos a favor de su partido, haber logrado tener en el consejo estatal electoral algunos consejeros sumisos a él y a su partido, por lo que han decidido votar en contra de tener listas nominales con fotografía cuando está debidamente probado que aún hay tiempo para ello, lo que mejoraría, de aceptarse, la limpieza y transparencia del proceso.

Al haber consejeros independientes, como la doctora Maricarmen Díaz Amador, que no se apegó a sus intereses y fue destituida como tal, ¿será posible en estas condiciones pensar que se pueda dar así el diálogo político nacional? Ante estos hechos, legisladoras de diversos partidos estamos enviando al Congreso del Estado de Puebla el siguiente comunicado:

«Diputado licenciado Miguel Quiroz Pérez.- presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Puebla.- Presente:

Con desagradable sorpresa nos enteramos de que la Comisión Permanente del honorable Congreso del Estado de Puebla resolvió el día 7 de septiembre ratificar la decisión de la comisión estatal electoral, de destituir a la doctora en sociología Maricarmen Díaz Amador, como consejera ciudadana de dicho órgano electoral. Ese hecho nos obliga a expresar a la opinión pública nuestra más enérgica protesta.

La consejera ciudadana participó en el foro Washington Ayuda o Estorba, celebrado en esa ciudad del 22 al 28 de abril pasado, por una organización estadounidense no gubernamental, cuyo objetivo es estudiar el desarrollo democrático en América latina, debido a que en el evento participó también el empresario poblano Gabriel Hinojosa, quien cuatro meses después fue designado candidato a la presidencia municipal de la capital del Estado por el Partido Acción Nacional y que la relatoría del foro concluía que en México era necesario un cambio.

La Comisión Permanente concluyó que la consejera ciudadana no cubre el perfil que se requiere para ser miembro de un organismo electoral pues con su participación en el foro se violentan los principios de independencia, imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones del máximo órgano electoral.

La doctora Díaz Amador, investigadora socióloga de la Universidad Autónoma de Puebla, asistió al evento académico en virtud de que los organizadores le manifestaron, como consta en la invitación que les interesaba, conocer el punto de vista de investigadores "que, como usted, se mantienen al margen de cualquier posición partidista en su país". Asimismo arguyó en su defensa que al foro asistieron también miembros del Partido de la Revolución Democrática, del Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y de organismos independientes y académicos de varias instituciones.

Como una verdadera ironía, el mismo jueves 31 de agosto, día en que se dio a conocer la destitución de la consejera ciudadana, apareció en varios diarios una larga respuesta que el gobernador del Estado, Manuel Bartlett Díaz, dio al Partido de la Revolución Democrática y al Partido Acción Nacional en relación con sus derechos como ciudadano, de hacer campaña abiertamente en favor del partido en que milita. Asimismo el gobernador, como funcionario, se comprometió a llevar a cabo comicios limpios en la entidad y hacía una apología de la independencia de miembros del máximo organismo electoral del Estado.

En un momento en que las diferentes fuerzas políticas nacionales trabajan para arribar a una reforma democrática del Estado, para que los ciudadanos todos tengamos garantizados nuestros derechos y justo cuando se desarrolla la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, China, donde se discute, entre otras cosas, cómo promover la participación de la mujer en la vida política de nuestro país y en la que participa el Gobierno mexicano, se da este tipo de hechos, que concluyen de participar sin fundamento real a una catedrática comprometida con el proceso democratizador del país.

Por tal motivo llamamos a los partidos políticos a no permitir este tipo de retrocesos y solicitamos al Congreso del Estado de Puebla a que se restituya como consejera ciudadana a la doctora María del Carmen Díaz Amador.

Firman los diputados: María Rosa Márquez, Patricia Garduño, Ifigenia Martínez, Cecilia Romero, Rosario Robles, María del Carmen Segura, Adriana Luna Parra, la de la voz; Mara Robles, María Teresa Cortés, Leticia Calzada, Alicia Céspedes, Carlota Botey, María Remedios Olivera, Rosa María Cabrera, Luz de Jesús Salazar, Martha Patricia Mendoza, Consuelo Botello, María Teresa Gómez Mont; representante Dolores Padierna, representante Estrella Vázquez; senadora Layda Sansores.» Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Fidencio Romero. Para rectificar hechos la diputada María Rosa Márquez.

El diputado Fidencio Romero Tobón:

Con su permiso, ciudadana Presidenta; compañeros diputados:

¿De qué se trata?, primero que los asuntos del Estado de Puebla se traten en Puebla y además de que hay una ley, un código electoral que no es del gobernador sino del Congreso del Estado.

¿Por qué antes de las elecciones se trata el tema de Puebla en esta tribuna?, por muchas razones: es la lucha por el poder. Cuando habla aquí la compañera de la destitución de una consejera, es la Ley Electoral, el Código Electoral del Estado de Puebla, quien faculta al Congreso y, es más, compañeros, no fue a petición del Partido Revolucionario Institucional ni del Gobierno, la denuncia fue hecha por otro partido que no es el mío y el Congreso del Estado con base en esas denuncias, hizo la remoción y es más, quedó en su lugar la propuesta de Acción Nacional, del doctor Enrique Cárdenas.

Quiero decirles, compañeros diputados, de las estrategias, de los motivos, porque se trata ahora de hacer de las autoridades rehenes políticos y como consecuencia tratar de imponer después del resultado de las elecciones las famosas concertacesiones.

Los diputados todos aprobaron el Código Electoral en el Estado de Puebla y no se vale que en la víspera de las elecciones digan los diputados: "se me olvidó. No estoy de acuerdo con lo que aprobé y ahora quiero que el padrón electoral lleve la fotografía". ¿Por qué quieren que lleve la fotografía?, porque no tienen representantes en todas las casillas ni seccionales, porque si los tuvieran, los ciudadanos de cada casilla conocen a los ciudadanos y basta con la credencial de elector y no se vale que un proceso de consenso que llevó varios meses, con organizaciones, con universidades, con ciudadanos, un consenso donde a ninguna de las partes le fue aceptada toda su propuesta, sino donde todos cedieron porque todos ganaban con una Ley Electoral, en este momento digan que ya no es válida, que se les olvidó.

¿Qué quiere decir eso, compañeros? Como decimos en el campo, se están amarrando el dedo antes de cortárselo, porque sabe Acción Nacional que va a perder en Puebla. Y ¿qué va a decir? Va a decir que porque no llevaba fotografía el padrón electoral; y lo que no ganan en el voto, en las casillas, lo quieren ganar a gritos y a sombrerazos, como están acostumbrados.

Los poblanos, compañeros, y en este año de 1995 ha estado el gobernador ahora del Estado de Jalisco, en las reuniones de los jóvenes en el Estado de Puebla. Si eso no es proselitismo, pues que nos expliquen qué cosa es.

Quiero decirles, compañeros y con base en la Constitución mexicana, citar el texto de lo que dijo el gobernador del Estado de Puebla:

"El análisis político, comparado demuestra que virtualmente en todos los regímenes democráticos contemporáneos los jefes de gobierno encabezan formal o informalmente el partido político al que pertenecen; que en los procesos electorales defienden las tesis, programas y candidatos de su partido y que son blanco de la crítica y la censura de los partidos de oposición y, por lo tanto, se defienden.

Vale decir también que en los regímenes federales el Ejecutivo Federal, el ejecutivo de cada estado y las autoridades locales, realizan mejor su función cuando tienen metas análogas y programas afines, por eso luchan por ganar las elecciones para los diversos niveles de gobierno y promueven abiertamente las correspondientes candidaturas de su partido. Así ocurre tanto en los regímenes parlamentarios: Inglaterra, España, como en los regímenes presidenciales como los Estados Unidos. Es inaceptable la cancelación de la participación política de las autoridades."

Y yo recuerdo que antes de las elecciones de Baja California un gobernador andaba inaugurando obras a favor de su partido.

Entonces si es aquí el show de resonancia, antes de las elecciones, es válido, porque repito, es la lucha por el poder.

Pero los asuntos de Puebla se van a tratar en Puebla, en el Congreso del Estado, que es el facultado para hablar de las elecciones con los ciudadanos y con la comisión estatal electoral.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Manuel Beristáin, para contestar alusiones personales.

Después tenemos a la diputada Márquez para rectificar hechos y continúan en el orden otros compañeros que ya estamos tomando nota.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Señora Presidenta; señoras y señores legisladores:

La alusión personal es el hecho de nombrar a Acción Nacional y no podemos dejar de pasar desapercibido..., cuando se señala a la ligera...

La Presidenta:

Permítame, diputado.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

...Situaciones políticas...

La Presidenta:

¡Diputado Beristáin le estoy hablando! ¡Si me permite, por favor..:

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Con todo gusto, señora Presidenta.

La Presidenta:

Mire, diputado. Usted dijo que quería para contestar alusiones personales y por esa razón saltamos en el orden a quienes estaban inscritos antes que usted. Creemos que su interpretación del reglamento no es adecuada al decir que las alusiones personales son para el Partido Acción Nacional.

¡Por favor ceda el uso de la tribuna a la diputada María Rosa Márquez y tome usted el suyo:

Muchas gracias.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Por caballerosidad se lo cedo, pero queda claro que aludieron a Acción Nacional y creo que es una alusión directa al grupo parlamentario de nosotros.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Muchas gracias, señora Presidenta:

Desgraciadamente las cosas de Puebla tienen que traerse a esta tribuna y digo desgraciadamente, porque en Puebla padecemos un gobierno, padecemos a un gobernador que sigue sintiéndose secretario de Gobernación y no gobernador. Esa es una de las causas por las que desgraciadamente se tienen que tocar.

Promovimos la denuncia, la condena a las arbitrariedades que se están dando en el proceso de ciudadanización en el Estado de Puebla precisamente porque es alarmante la tozudez del gobernador y de sus autoridades, que además con toda desfachatez han pretendido bloquear este proceso de ciudadanización. Pero además no solamente lo han pretendido bloquear, sino además hay toda una campaña, una embestida en contra de este proceso de ciudadanización.

Y de esto quiero hacer la denuncia aquí porque hoy, precisamente el día de hoy, continuando con esa campaña que ya denunciaba la compañera diputada, el día de hoy se ha destituido a otras ciudadanas que de manera valiente, que de manera independiente, han estado exigiendo una participación democrática.

Y quiero denunciar que el día de hoy, en un juicio sumario, también, nuevamente, en el caso del distrito XXIV de Zacatlán, han destituido a dos consejeras ciudadanas que no se han plegado a los lineamientos, a las presiones que el gobierno del Estado ha tratado de ejercer en todos y cada uno de los comités en donde hay ciudadanos valientes.

Este es el caso de las compañeras María del Socorro Quezada y Teresa Tirado, del distrito XXIV, es decir, a pesar de la campaña de repudio que ha habido contra todas estas acciones hay una prepotencia. Eso es lo que se está reflejando en Puebla: una prepotencia, un autoritarismo de decir en el caso del propio gobernador que él es y lo va a seguir haciendo, campaña, porque son los programas que comprometió un partido político y que ahora los está llevando a cabo.

Yo creo que lo que está evidenciando es esa impunidad con la que se ha venido actuando y como se decía anteriormente no de ahora, sino de tiempo atrás

Efectivamente son los ciudadanos poblanos los que van a tener que imponer este proceso democrático. Hay el reclamo, con toda razón, de que hay condiciones para el padrón con fotografía. Con todo y que se escondió la información en donde se demostraba que efectivamente había el tiempo suficiente, que hay los recursos suficientes además, a pesar de toda una serie de maniobras que se han estado haciendo de ocultamiento de información, hay una insistencia en este sentido.

Por otra parte quiero decirle al compañero diputado que el Partido de la Revolución Democrática votó en contra de esta ley, precisamente porque estaba claro que no se permitía la total independencia de los órganos electorales. Pero además, a pesar de esto, hemos estado promoviendo la participación ciudadana. Por eso no es que estemos apostando a procesos poselectorales, lo que estamos exigiendo, como la gran mayoría de los ciudadanos, es que haya una verdadera independencia de los poderes, que haya una verdadera ciudadanización en este proceso, que haya transparencia, que los recursos y los programas públicos no sean utilizados.

Yo quiero hacer la denuncia aquí. Hace unos días en Ciudad Serdán, en Saltillo Lafragua, nos informaron de las presiones que está habiendo para la entrega del Procampo, esto el día domingo lo acaban de denunciar cientos de compañeros, cientos de campesinos que están recibiendo las presiones, las amenazas para el condicionamiento a la entrega del Procampo. Es decir, por una parte se está hablando de un nuevo proceso, de que haya una reforma política, pero esto atraviesa porque haya congruencia en todos y cada uno de los estados.

Hay que acabar con los tiranosaurios, hay que cerrar filas para esta democratización, que no quede en el discurso sino que se lleve a la práctica.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, en el orden de oradores que estoy registrando, la diputada Lucero Saldaña. Inmediatamente después la diputada Botello, después el diputado Beristáin y continuamos con el diputado Godina.

Tiene la palabra, diputada Saldaña.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez:

Muchas gracias, señora Presidenta; compañeros diputados:

Nos extraña que siendo un grupo numeroso de poblanos sea una diputada de otro Estado la que venga a hablar sobre Puebla, me refiero al Estado de Michoacán, porque nos interesa que se respete precisamente el tema de nuestra entidad.

Quisiéramos comentar lo siguiente: el gobierno del Estado no es el competente, como aquí se ha señalado, que está en contra del Ejecutivo de nuestra entidad, no tiene la competencia legal para nombrar, destituir o sustituir a ningún consejero ciudadano. La comisión estatal electoral, por mandato de ley fue integrada por el honorable Congreso del Estado y por unanimidad de sus miembros se elige precisamente al presidente y a cada uno de los consejeros.

El diálogo del Ejecutivo del Estado ha estado abierto con todos los partidos de oposición, menos con Acción Nacional. Acción Nacional ha interpuesto siete puntos para dialogar, entre ellos precisamente la destitución de esta consejera ciudadana. Nuestra información está en el sentido de que no se está en contra de la libertad de expresión, de la libertad de cátedra, de la libertad de pensamiento, sino que en función de consejera ciudadana participó en un viaje auspiciado por el ahora candidato a la presidencia municipal de Puebla, pagado por él y se le quita precisamente la calidad de independiente; ése es el recurso que el Congreso del Estado tuvo para determinar esa destitución.

Nosotros lamentamos inclusive que se haya dado en ese sentido, porque hay una relación con nuestro partido, ya que su esposo es miembro del comité de financiamiento del comité municipal de nuestro partido, por lo que toca que estamos respetando precisamente la autonomía de los órganos electorales.

El Ejecutivo se comprometió a respetar la autonomía y desde un principio dejó en manos del Congreso del Estado, se hicieron foros distritales en todo el Estado, municipales, para que se diera una nueva ley electoral, que si recordamos, en la comparecencia del Secretario de Gobernación mencionó que había Estado que tenían leyes electorales que podían tomarse como ejemplo para la ley nacional y consideramos que viviendo en Puebla, conociendo estos asuntos, son de competencia local que si bien se han respetado las denominaciones y las facultades de cada organismo, pues no se señale a un poder que ha respetado desde el inicio una ley que está clara en que la comisión estatal electoral es la que determina sus miembros.

Lo que también queremos subrayar es que la consejera que se removió fue propuesta por Acción Nacional y que el suplente que quedó también, fue propuesto por Acción Nacional.

No estamos en contra, repetimos, de la libertad de expresión pero actuando de esta manera, participando como grupo de Acción Nacional, pues la invalida y fue un partido político ajeno al nuestro, el Partido Popular Socialista quien hizo la demanda precisamente ante el Congreso del Estado de esta destitución.

Coincidimos en que el compromiso de los ciudadanos de Puebla es respetar la transparencia de las elecciones. Estamos muy complacidos de las respuestas que se dieron en este mes de septiembre en donde al señalar que el Ejecutivo estaba haciendo un proselitismo en favor de nuestro partido, se respondió a que no se podía impedir que 44 mil poblanos perdieran el acceso al empleo en estos momentos críticos y que si los planes, programas y acciones de gobierno son congruentes con nuestros principios por los que votaron los electores, creemos importante informar a nuestros electores de lo que se está haciendo y ser congruentes con quienes votaron y confiaron en nosotros.

Son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que deben tener esa congruencia con los electores.

Por último...

La Presidenta:

Diputada le rogamos concluya en virtud de que han transcurrido los cinco minutos.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez:

Sí, con mucho gusto. Si Acción Nacional interpuso un recurso de apelación en contra de la remoción de la consejera, debió haber sido ella misma quien interpusiera este recurso y no un partido por lo cual se ve la relación y la correlación que existía.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Consuelo Botello.

La diputada Consuelo Botello Treviño:

Ciudadana Presidenta; ciudadanos diputados:

Pues yo tampoco soy de Puebla, sin embargo no creo que esto me imposibilite a venir aquí, quiero señalar dos razones muy, muy definitivas que me extraña que la diputada no haya captado.

En primer lugar, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales que llegamos aquí promovidos por algún Estado somos diputados de la nación, entonces aquí podemos nosotros defender cualquier asunto de cualquier Estado, de cualquier grupo de personas, de cualquier Estado de la República. Es un aspecto muy importante que hay que señalar y además yo siempre trato de intervenir, aunque no pertenezca al privilegiado Estado al que pertenece la diputada Lucero, trato de intervenir porque estamos tratando de la remoción totalmente injusta de una dama de gran prestigio en el Estado de Puebla.

Me extraña, se trate de defender lo que no tiene defensa, puesto que estamos nosotros oyendo a todos los niveles de gobierno, precisamente por ejecutivos y por funcionarios emanados del Partido Revolucionario Institucional, estamos oyendo que se necesita un diálogo nacional, que se necesitan aclarar los procesos electorales, que tenemos que establecer como gobernantes todos las condiciones aceptables para que todo ciudadano considere confiables, creíbles las elecciones, para que no haya problemas poselectorales.

Desde ese punto de vista, en mi Estado por ejemplo, en las elecciones, la comisión estatal electoral hace un convenio... hizo un convenio con el Instituto Federal Electoral para que sin lugar a dudas para los ciudadanos tuviésemos para utilizar en las elecciones, las listas nominales que proporciona el IFE y del mismo modo las credenciales de elector que proporciona el IFE también las usamos para el proceso local.

De ahí que no sea además el único Estado, porque hubo muchos estados que hicieron exactamente lo mismo tratándose de elecciones. En el Estado de Puebla, en un oficio,... en el oficio 154/95 fechado el 29 de agosto de 1995, dice el IFE que se pueden tener listas, las listas nominales de elector con fotografía en tiempo y forma para el 13 de octubre; o sea, un mes menos un día de las elecciones y cuando se supo esto, cuando ya el oficio estaba conocido, el 30 de agosto algunos consejeros que se sentirán más comprometidos o no tendrán tanta posibilidad de independencia, votaron en contra de recibir o de aceptar estas listas nominales.

Y entonces hubo una consejera suficientemente independiente para votar a favor de que sí se utilizasen esas listas,... ésa fue su falla de acuerdo con el Congreso y con la comisión estatal, esto fue lo único que le valió y vino inmediatamente la represión autoritaria de alguien que ya conocemos que así es. Todos lo conocemos porque el señor tuvo un alto puesto a nivel nacional y sabemos su capacidad represiva en todos los órdenes y no nada más en los electorales, no y además hasta se le caían los sistemas, sino en todos los órdenes políticos mostró su autoritarismo hasta dentro del propio gabinete del cual formaba parte.

Entonces vino la represión y esta dama de reconocido prestigio fue separada por ser una consejera independiente.

Señores, ¿de qué se trata? Estamos queriendo llegar a una democracia total, estamos queriendo que cada vez los procesos electorales sean más claros y más creíbles, que de verás despierte la confianza de un electorado cada vez más exigente en México y por una cosa tan sencilla como un voto independiente en contra de lo que el gobernador Bartlett quiere, trae como consecuencia la separación de un cargo.

Que no vengan a decir que porque fue a una reunión auspiciada por equis o zeta, porque a esa reunión fueron personas de los distintos partidos, también del Revolucionario Institucional.

No, si ella ha ido a esa reunión y vota igual que los consejeros sumisos, no hubiera pasado nada. Entonces no es ésa la razón, la razón es su capacidad de independencia para elegir o para votar lo que consideró de acuerdo con su conciencia y esto es muy injusto y esto llama la atención de todas las legisladoras de todos los estados y me extraña que alguien quiera venir a castrar la voluntad de una diputada, para decir que porque no es del Estado de Puebla, no puede venir a defender a otra persona, a otra mujer que, con todo su prestigio y su capacidad, fue separada simplemente por su independencia de criterio y su conciencia libre.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Manuel Beristáin.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Gracias, señora Presidenta; señoras y señores legisladores y en especial a mis compañeros diputados del PRI, originarios del Estado de Puebla.

Creo que es importante mantener, si debatimos este aspecto del proceso electoral de Puebla, mantener con claridad los puntos que de alguna forma no garantizan la objetividad, la limpieza, la equidad, la transparencia del proceso electoral y lo decimos en un ámbito de llegar precisamente a tener los elementos que eviten los problemas poselectorales.

Quiero hacer unas precisiones antes de abordar el asunto de la consejera Maricarmen Díaz.

Se ha hablado que no es un tema federal, tiene nexos completamente que más adelante los señalaré.

Teníamos una ley electoral en el Estado, la LOPPE, Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que tenía más de 15 años sin haberse tocado y que se modificaron parcialmente algunos artículos y cabe señalar que los diputados de Acción Nacional aprobaron esas adecuaciones que representan sólo un paso, pero que no representan todo, porque aquí se podrá argumentar que Acción Nacional pueda atribuirle que estamos imputando al código estatal electoral y no es así, con ese trabajaremos esta elección, pero sí precisar que es un código estatal electoral de los más rezagados en el país, que preferimos dar un paso, es cierto y por eso dimos el voto de aprobación a quedarnos 15 ó 17 años atrás todavía, hay que precisarlo.

Además, los organismos electorales son precisamente los que deben de dar la garantía al proceso electoral, en su organización, en su proceso mismo y en el cómputo final que se haga en el escrutinio de los votos de los ciudadanos; pero miramos con tristeza que esos organismos electorales en el Estado de Puebla, desde la comisión estatal hasta los comités municipales electorales, estén integrados mañosamente y viciados de origen.

Hay elementos, el comité distrital del XV distrito y XIV distrito de Tehuacán, el XIV, se impugnaron a los consejeros ciudadanos porque tienen evidencias, y con documentos se probó la relación estrecha de activistas y algunas veces hasta funcionarios del Partido Revolucionario Institucional y eso porque no lo demanda o no lo denuncia el PPS, ¿no vale.

Creemos que los organismos electorales deben estar integrados por personas totalmente y en forma imparcial, no queremos favores los de Acción Nacional, lo que sí nos duele y lo tenemos que señalar así, es una injusta remoción de Maricarmen por no estar de acuerdo con los caprichos del gobernador.

Podemos tener un padrón con fotografía. Todavía lo podemos tener señores diputados del Partido Revolucionario Institucional originarios de Puebla, si hay voluntad política. No quiero referirme a lo que establece estrictamente el código estatal electoral, porque habiendo voluntad política podemos darle al Estado un instrumento que garantice la transparencia, uno más que garantice la transparencia en el próximo, proceso electoral.

Y miren ustedes, hay un oficio que el propio Instituto Federal Electoral dirige a la comisión estatal electoral de Puebla fechado el 29 de agosto, donde le menciona que hay tiempo para poder hacerlo, que técnicamente se puede elaborar el padrón con fotografía y además le da una lista de proveedores tanto del equipo técnico y además le hace un presupuesto a la mitad del costo que la propia comisión estatal electoral había presupuestado, es decir le da todas las facilidades a la propia comisión estatal electoral para poder instrumentar un padrón con fotografía, pero no hay voluntad política.

Y ustedes me dirán: no es problema del gobernador, es asunto y facultad de la comisión estatal electoral. Es cierto en lo formal, pero en la realidad falta voluntad de Manuel Bartlett, por eso lo señalamos y no descansaremos en señalarlo hasta que esa voluntad política llegue por la presión de los partidos de oposición o porque desde aquí de México, como se acostumbra muchas veces meterlo en lo que el diálogo nacional quiere para todos los partidos, y no podemos dejar a Puebla como una isla única, donde el rezago electoral quede fincado en un capricho del gobernador local.

El Instituto Federal Electoral es un proveedor de los elementos como la credencial de elector, como ya lo mencionaba la diputada del partido que me antecedió en el uso de la palabra, de la lista nominal, pero lo más importante es que si nos llama al diálogo nacional, incluye a todos los estados, no es excluyente y menos de Puebla. Ya pasó Tabasco, ya pasó Yucatán y tal parece que se acerca Puebla, pero amigos diputados, ese tiempo que están pidiendo debemos de darlo, para darle a la ciudadanía de Puebla instrumentos como el padrón con fotografía, para garantizar el respeto de su voto.

La Presidenta:

Señor diputado, nuevamente le pido el respeto al tiempo, porque usted ha tenido el día de hoy varias intervenciones sin ajustarse al mismo. Por favor concluya lo antes posible.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Con todo gusto señora Presidenta.

Por último, creo que es de dominio nacional los antecedentes de Manuel Bartlett y es de dominio nacional porque el gran fraude de 1988 sobre sus espaldas recae y es la nación quien se lo está señalando y este asunto por él mismo se está nacionalizando de nuevo.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Antonio Godina.

El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:

Con su venia, señora Presidenta:

He querido pedir la palabra para rectificar hechos, para incrustarme en este debate sobre lo que sucede en mi Estado.

Represento al XII distrito electoral con cabecera en la ciudad de Puebla y lo primero que me sorprende de este debate, es la doble ética del Partido Acción Nacional. ¿Por qué esta doble ética de un partido que se ha ostentado como el defensor de la misma? Primero, en Chihuahua, en Baja California, en Guanajuato, ahí sí, para ustedes los consejos estatales electorales sí son independientes. Ahí para ustedes entonces es válido que alguno de sus gobernadores pague el silencio de los consejeros ciudadanos en efectivo o con cheques.

Señora Presidenta, rogaría que los compañeros de Acción Nacional guardaran el comportamiento que se merece.

La Presidenta:

Dígame, diputado Ocejo.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde su curul):

Quisiera preguntar al orador si me acepta una interpelación.

La Presidenta:

Diputado Godina, ¿acepta usted una pregunta del diputado Ocejo.

El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:

Por supuesto que no, señora Presidenta.

La Presidenta:

Continúe en la palabra el diputado Godina.

El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:

Y por otra parte, cuando en un Estado como en Puebla, donde se dio un proceso abierto, transparente, plural para integrar un Código Electoral, en el cual muchas de sus propuestas, compañeros diputados de Acción Nacional se incluyeron, donde el consejo estatal electoral es autónomo, donde el Congreso determina quiénes son los consejeros estatales electorales, un código electoral ciudadanizado plenamente, ahí sí, ustedes tienen sospechas.

Yo siento que el eje del debate es la voluntad política para avanzar en la democracia y en la transparencia del proceso electoral de noviembre en nuestro Estado y los hechos están a la vista.

El Ejecutivo del Estado se ha reunido con todos y cada uno de los partidos políticos que están representados en Puebla, menos con Acción Nacional, porque Acción Nacional no ha querido como tampoco ha querido el debate de su candidato a presidente municipal, porque sabe de antemano que está derrotado.

Yo quisiera, compañeras y compañeros diputados, entregar a esta Secretaría un escrito turnado al secretario de Gobernación de Puebla, el licenciado Mario Marín Torres, en el cual se especifican los siete puntos que Acción Nacional planteaba para sentarse a la mesa con el señor gobernador de Puebla.

No los voy a leer por obvio de tiempo, pero también están las respuestas puntuales del Secretario de Gobernación de Puebla, recibido en Acción Nacional, el 13 de septiembre de este año y en el cual se comentan todas y cada una de las peticiones de Acción Nacional.

La mesa, compañeros de Acción Nacional, está puesta para tener una batalla civilizada en Puebla. Existen los mecanismos para garantizar una elección transparente, limpia, diáfana y sobre todo que tenga la confianza de los ciudadanos poblanos.

En Puebla queremos democracia y queremos que gane el partido que tenga más votos y obviamente los priístas estamos ciertos que vamos a ser nosotros.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Ocejo, para rectificar hechos.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:

Con su permiso, señora Presidenta; amigos legisladores:

Tal parece que en este tema vamos a tener que seguir bordando en el vacío, porque ni los veo ni los oigo y en consecuencia en este tema no podemos avanzar mucho.

Yo quisiera referirme porque soy diputado por el Estado de Puebla, vengo por el Estado de Puebla, sin embargo me voy a referir porque en Michoacán el PRD propone que hagamos una manifestación de voluntad política a través de un compromiso y lo firmamos el PAN y el PRD. ¿Por qué no lo firma el PRI? Bueno, pues son las mismas circunstancias, porque no tienen ningún interés, ni ninguna posibilidad, ni ninguna voluntad, ni hay sinceridad para que se pueda llegar a una reforma electoral definitiva.

Estamos hablando de un proyecto de reforma electoral definitiva y de la reforma completa del Estado y estamos hablando de Estados Unidos Mexicanos, que lo forman todos los estados de la Federación. Si en esos estados sus gobernantes o las personas y los operadores políticos no están haciendo más que todas estas cosas, cómo puede haber una voluntad y una sinceridad para llegar a acuerdos de tipo nacional, cuando nos encontramos todas estas maniobras, que no son más que maniobras de este tipo.

Se dice que el consejo estatal electoral tiene independencia, claro que sí tiene total independencia, pero esa independencia además no le impide llegar a convenios con el IFE para poder tener listas de elector con fotografía. Es perfectamente viable, además de que lo analizó el protoconsejo estatal electoral, escondiendo una carta, porque han venido aquí a decir de ese oficio del 29 de agosto, nada más que ese oficio del 29 de agosto recibido por el señor Javier Zaragoza, consejero ciudadano, presidente del consejo estatal electoral, no la enseña el día 30 y estando en sesión no quiere darla a conocer.

Nuestro partido tenía un ejemplar y lo saca durante la sesión, ¡ah! Y entonces tienen que pedir, como siempre un receso para ir a consultar al oráculo y ya que regresan de haber consultado al oráculo vienen con la señal de que no es posible, cuando además como ya lo dijo aquí otro compañero, el costo que llegaba para hacer las listas de elector con fotografía del IFE es de 2 millones 550 mil pesos, más o menos y sin embargo el señor Bartlett había dicho que superaba los 5 millones de nuevos pesos.

En consecuencia no checan las cifras, no checan nada, pero además tenían escondido el propio oficio, ¿por qué? Porque no lo quieren publicitar, porque no se quieren comprometer a nada, porque no quieren procesos limpios.

Señores si queremos llegar realmente y arribar a un verdadero acuerdo político nacional y si queremos llegar a una reforma electoral definitiva, hay que pasar por los estados. Y nuestra ley, por más que quieran pasar aquí a presumirla, léanla, no, no la van a leer todos, pero sí les podemos dar algunos datos, como no tienen los avances que dicen que tienen, es de las más rezagadas todavía en ésta nuestra querida República.

Muchas gracias.

HURACAN ISMAEL II

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Cándido Pérez. ¡Ah! Declina.

Antes de terminar esta sesión, la Presidencia a petición de los diputados instruye a la Secretaría para que en el asunto turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se turne también a las comisiones de Pesca y de Asuntos Hidráulicos.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

El secretario Héctor González Reyes:

Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública.

ORDEN DEL DIA

El secretario Héctor González Reyes:

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

De la próxima sesión

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.

Jueves 21 de septiembre de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Protesta de ciudadanos diputados.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero, Morelos y Tlaxcala.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Marco Antonio Herrejón Alvarez, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica, en México.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rafael Méndez Barajas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Suiza, en México.

Análisis del I Informe de Gobierno, política interior y política exterior.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 23:25 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo jueves 21 de septiembre a las 10:00 horas.

Se pasa a sesión secreta.