SUMARIO
Rinden su protesta de ley, los diputados suplentes Ysabel Molina Warner y Juan Maldonado Sánchez, electos en la primera circunscripcion plurinominal y en el 11 distrito electoral del Estado de México, respectivamente.
Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Marco Antonio Herrejón Alvarez, pueda prestar sus servicias en la Embajada de ese Reino. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rafael Méndez Barajas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios hacen uso de la palabra los diputados:
José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.
Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática.
Cristian Castaño Contreras, del Partido Acción Nacional
.Víctor Samuel Palma César, delPartido Revolucionario Institucional.
RECESOPara reanudar el análisis de política interna, se concede el uso de la palabra a los diputados:
César Humberto González Magallón
José de Jesús Sánchez Ochoa, para rectificar hechos.
César Humberto González Magallón, para contestar alusiones personales.
Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos.
Ramón Sosamontes Herreramoro
Alejandro González Alcocer
Ignacio Ovalle Fernández
Eduardo Guzmán Ortiz
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova
Jesús Antonio Tallabs Ortega
Saúl González Herrera
Joaquín Humberto Vela González
Arnoldo Martínez Verdugo
Luis Andrés Esteva Melchor, para rectificar hechos.
Rafael Ayala López
Armando Octavio Ballinas Mayes
Luis Sánchez Aguilar
Para rectificar hechos hacen uso de la palabra los diputados:
Rene Juárez Cisneros
Eliseo Moyao Morales
Píndaro Urióstegui Miranda
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Luis Sánchez Aguilar
Abel Eloy Velasco Velasco
Luis Sánchez Aguilar
Termina el análisis del I Informe de Gobierno en política interior, con las intervenciones de los diputados:
René Arce Islas
José Luis Torres Ortega
Franciscana Krauss Velarde
Antonio Hernández Cruz, para rectificar hechos.
Para referirse a los problemas laborales de los trabajadores de limpia en esa entidad, hacen uso de la palabra los diputados:
Raúl Armando Quintero Martínez
César Raúl Ojeda Zubieta
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, se refiere al problema de los estudiantes rechazados por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Expresa su opinión la diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta.
El diputado Alfonso Martínez Guerra presenta punto de acuerdo firmado por los diferentes grupos parlamentarios, respecto a las pruebas nucleares que realiza el gobierno de Francia.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser se refiere a los problemas que enfrenta la población de Tepoztlán, Morelos, por la construcción de campo de golf.
Expresan sus opiniones los diputados:
Juan Salgado Brito, para rectificar hechos.
Adolfo Miguel Aguilar Zinser, para rectificar hechos.
Jesús Antonio Tallabs Ortega, para rectificar hechos.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera, da lectura a documento de particulares en referencia a pensiones y jubilaciones de trabajadores de esa institución.
Expresa su opinión el diputado Juan Manuel Pérez Corona.
El diputado Hildiberto Ochoa Samayoa presenta punto de acuerdo firmado por diputados de los cuatro grupos parlamentarios, respecto a diversos asesinatos ocurridos y al proceso electoral a celebrarse el próximo 15 de octubre en esa entidad. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado
Héctor San Román Arreaga
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 305 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 11:09 horas):
Se abre la sesión.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Señor Presidente, pido que el señor Secretario le dé cumplimiento al artículo 25 fracción I del reglamento y que me pase lista.
El Presidente:
Se contrapone, señor diputado, si usted me permite, con el artículo 58 del propio y de la ley, en el cual establece que los diputados podemos pasar lista o podemos firmar. El acuerdo ha sido que debemos firmar. Le ruego pase usted, con toda cortesía le ruego pase usted a firmar a donde hemos pasado todos los diputados.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Yo paso lista en el salón de sesiones, porque no se vota afuera del salón de sesiones ni se legisla fuera del salón de sesiones.
El Presidente:
Ruego a la Secretaría dé lectura al artículo 58 de la Ley Orgánica.
El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:
Artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
"El Reglamento Interior de la Cámara de Diputados regulará, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución, todo lo relativo a sesiones, debates y votaciones."
"La comprobación del quorum para instalar la sesión o cuando haya que efectuarse una votación, podrá llevarse a cabo, en su caso, a través de pasar lista de presentes, mediante el previo registro de firmas, o por medios electrónicos. Este último procedimiento podrá utilizarse también para las votaciones."
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Señor Presidente, pido que se dé lectura al artículo 25 fracción I del Reglamento y al 45.
El Presidente:
Señor Secretario, le ruego dar cumplimiento a la petición del diputado Tenorio Adame.
El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:
Artículo 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
"Son obligaciones de los secretarios y en su caso, de los prosecretarios:
1. Pasar lista a los diputados o senadores, a fin de formar el registro de asistencia."
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
El 45, por favor.
El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:
Artículo 45 del mismo reglamento:
"Los individuos de las cámaras asistirán a todas las sesiones desde el principio hasta el fin de éstas y tomarán asiento sin preferencia de lugar y se presentarán con la decencia que exigen las altas funciones de que están encargados.
Se considerará ausente de una sesión al miembro de la Cámara que no esté presente al pasarse lista; si después de ella hubiere alguna votación nominal y no se encontrase presente, también se considerará como faltante. De alguna manera se considerará ausente en caso de falta de quorum al pasarse la lista correspondiente."
El Presidente:
Señor Secretario, ruego dar lectura al artículo 10 de la Ley Orgánica.
El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:
Artículo décimo transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
"En tanto cada una de las cámaras del Congreso expide las normas reglamentarias correspondientes, seguirán siendo aplicables en lo que no se opongan a esta ley, las disposiciones del Reglamento en vigor para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos."
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Señor Presidente, ¿está vigente o no está vigente el reglamento.
El Presidente:
Señor, usted sabe, porque es un estudioso de la ley, que la ley se ha reformado, el reglamento no; pero no se contrapone.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Entonces el reglamento; gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Se aplica la ley, señor diputado.
Señor Secretario; prosiga usted.
ORDEN DEL DIA
El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
21 de septiembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de diputados.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero, Morelos y Tlaxcala.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Marco Antonio Herrejón Alvarez pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica, en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rafael Méndez Barajas pueda prestar sus servicios en la Embajada de Suiza, en México.
Análisis del I Informe de Gobierno, Política Interior y Política Exterior.
Sobre la situación de los estudiantes rechazados en la UNAM, a cargo del diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Punto de acuerdo sobre pruebas nucleares, a cargo del diputado Alfonso Martínez Guerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el poblado de Tepoztlán, Estado de Morelos, a cargo del diputado Adolfo Aguilar Zinser, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Lorenzo Chávez Zavala:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia de la diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con dos minutos del diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia registrada de trescientos diez diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior que, con los comentarios y aclaraciones del diputado Francisco Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática y de la Presidenta, se aprueba en votación económica.
La Presidenta informa del sensible fallecimiento del diputado Manuel Marcué y Pardiñas y concede el uso de la palabra al diputado Francisco Antonio Tenorio Adame, quien dentro de su intervención de homenaje solicita que se rinda un minuto de silencio en memoria del legislador fallecido. Puestos todos de pie se guarda el minuto de silencio, posteriormente, para referirse al mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo; Matías Salvador Fernández Gavaldón, del Partido Acción Nacional y Oscar Villalobos Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.
La Secretaría da cuenta de la solicitud de licencia del diputado Wilfrido Isidro Muñoz Rivera, del segundo distrito electoral federal del Estado de México y la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo respectivos. Llámese al suplente.
Para presentar una iniciativa de Ley General de Protección Civil hace uso de la palabra la diputada María del Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para continuar con el orden del día la Secretaría da lectura a diversos oficios de la Comisión Permanente con los que: comunica la elección de magistrados del Tribunal Superior y de los tribunales unitarios agrarios. De enterado; con el que comunica la clausura del periodo correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura. De enterado; con el informe de actividades de ese cuerpo colegiado, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura. De enterado; con el inventario y los expedientes correspondientes a oficios, comunicaciones y demás asuntos que fueron recibidos por la Comisión Permanente, para el conocimiento y atención de la Cámara de Diputados. De enterado.
También se da lectura a un oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica la elección de su mesa directiva para el primer mes del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura. De enterado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Antonio García Villa, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, quien presenta el informe de resultados de la Contaduría Mayor de Hacienda respecto de la Cuenta Pública Federal y la del Distrito Federal del ejercicio de mil novecientos noventa y tres. De enterado.
Diecisiete oficios de la Secretaría de Gobernación a los que se adjuntan los informes de labores correspondientes al periodo de mil novecientos noventa y cuatro-mil novecientos noventa y cinco de las siguientes secretarías de Estado: Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Comercio y Fomento Industrial;
Comunicaciones y Transportes; Contraloría y Desarrollo Administrativo; Desarrollo Social; Educación Pública; Energía; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Marina; Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Trabajo y Previsión Social; Turismo y del Departamento del Distrito Federal. Remítanse a los grupos parlamentarios para su conocimiento.
Otro oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional correspondiente al periodo mil novecientos noventa y cuatro-mil novecientos noventa y cinco. Túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.
Seis oficios más de la misma Secretaría con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Rosaura Jaime Cisneros y Sergio Isaías Ramírez Rojas, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Italia en México; Pedro Sánchez Aguilar, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República Oriental del Uruguay; Kim Soriano Tomka, Martha Patricia Sandoval Fernández, Antonia Alvarez González, Pedro Maldonado Gallegos, Raymundo Julián Navarrete Buenrostro y Hugo Rodríguez Bressant, puedan prestar sus servidos en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y José Sánchez Martínez en el Consulado General del mismo país, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dos ocursos con los que los ciudadanos Alfredo Fuentevilla Ruffo y Raquel Martínez Cejudo, solicitan los permisos constitucionales necesarios para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Dinamarca y para prestar sus servicios en la Embajada de Jamaica en México, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Presidenta informa haber recibido de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política una comunicación que fija el procedimiento para el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, en materia de políticas económica y social y, para fundamentar las posiciones de sus respectivos grupos parlamentarios, en materia de política económica, concede el uso de la palabra a los diputados: Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; Hugo Meneses Carrasco, del Partido Acción Nacional y Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, quien dejó en la Secretaría un documento para ser incluido en el Diario de los Debates.
Expresan sus opiniones respecto del mismo tema, los diputados: Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Ricardo Menéndez y Haces, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional; Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Beristáin Gómez, para rectificar hechos; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Salvador Mikel Rivera, del Partido Revolucionario Institucional; lfigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio; Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional y Guillermo Oscar Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidenta concede el uso de la palabra para rectificar hechos, a los diputados: Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional; Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, del Partido de la Revolución Democrática; Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Andrés Ocejo Moreno y Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional; Francisco Suárez y Dávila, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Andres Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional; Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática y David Vargas Santos, del Partido Acción Nacional.
Continúa el análisis de la política económica del Primer Informe de Gobierno y hacen uso de la palabra los diputados: Jaime Jesús Arceo Castro, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Carlos Hernández Martínez, del Partido Acción Nacional; Sara Esther Muza Simón, del Partido Revolucionario Institucional; Carlota Angela Rosa Botey y Estape, del Partido de la Revolución Democrática; Tomás Baños Baños, del Partido Revolucionario Institucional; José Luis Galeazzi Berra, del Partido Acción Nacional; Alfonso Molina Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y Alfonso Molina Ruibal, en el mismo sentido.
Se inicia el análisis de la política social del Primer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y para fundamentar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, hacen uso de la palabra los diputados: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo; María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Enrique Dávila y Juárez, del Partido Acción Nacional; Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y José Rafael Castelazo y de los Angeles, del Partido Revolucionario Institucional, quien deja en la Secretaría un documento con la postura de su grupo parlamentario, para incluirlo en el .
Para rectificar hechos se concede el uso de la palabra a los diputados: Everardo Martínez Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; Antonio Hernández Cruz, del mismo Partido y Roberto Pedraza Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.
Expresan sus opiniones respecto de este tema, los diputados: Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Abel García Ramírez, del Partido Acción Nacional; Manlio Fabio Gómez Uranga, del Partido Revolucionario Institucional; Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática; José Manuel Pérez Corona, del Partido Acción Nacional; José Luis Martínez Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional; Osbelia Arellano López, del Partido de la Revolución Democrática; Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional; Miguel Angel Islas Chío, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Martínez Della Rocca; Everardo Martínez Sánchez, del Partido de la Revolción Democrática; Guillermo Alberto Luján Peña, del Partido Acción Nacional; José Luis Flores Méndez, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Régulo Pastor Fernández Rivera, del Partido Acción Nacional; Alejandro Iván Audry Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
Para contestar alusiones personales o recificar hechos, pasan a la tribuna los diputados: Juan Manuel Pérez Corona, del Partido Acción Nacional; Jorge Enrique Dávila y Juárez, del mismo Partido; María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Audry Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional y Juan Manuel Pérez Corona, del Partido Acción Nacional.
Terminan el debate sobre la política social del Primer Informe de Gobierno, los diputados Jorge Hernández Domínguez, del Partido Acción Nacional y Daniel Quintero Peña, del Partido Revolucionario Institucional.
Para hacer comentarios respecto a los daños causados por el huracán "Ismael", la Presidenta concede el uso de la palabra a los diputados: Alejandro Higuera Osuna, del Partido Acción Nacional; Fernando Jesús Flores Gómez González, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Higuera Osuna, para rectificar hechos; José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Valdez Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional y Pablo Moreno Cota, del mismo Partido, quien presenta un punto de acuerdo que se turna a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Asuntos Hidráulicos y Pesca.
Pasa a la tribuna la diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia violaciones a los derechos humanos en el Estado de Chiapas, deposita un documento que calificó de probatorio y presenta un punto de acuerdo que se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
La Secretaría da Iectura a un punto de acuerdo en el que se solicita la integración de una comisión paritaria a fin de que investigue los hechos denunciados por la diputada Luna Parra y Trejo Lerdo. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Para denunciar la destitución de una consejera ciudadana en el Estado de Puebla, hace uso de la palabra la diputada Nohelia Linares González, del Partido Acción Nacional y la Presidenta concede el uso de la palabra, para comentar estos hechos, a los diputados: Fidencio Romero Tobón, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales, pero la Presidencia interrumpe su intervención, por no existir tales alusiones.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados: María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática; María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional; Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional; Manuel Beristáin Gómez, del mismo partido; Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día y la Presidenta clausura la sesión a las veintitrés horas con veintiún minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
PROTESTA DE DIPUTADOS SUPLENTES
El Presidente:
Se encuentran a las puertas de este recinto, los ciudadanos Ysabel Molina Warner y Juan Maldonado Sánchez, diputados suplentes electos en la primera circunscripción plurinominal y en el II distrito del Estado de México, respectivamente.
Se designan en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Manuel Hinojosa Juárez, Severiano Pérez Vázquez, Aurelio Marín Huazo, Abel García Ramírez, Arnoldo Martínez Verdugo, Leticia Burgos Ochoa y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
El secretario Héctor González Reyes:
Se pide a la comisión, cumplir con este encargo.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Los ciudadanos Ysabel Molina Warner y Juan Maldonado Sánchez:
¡Sí, protesto!
El Presidente:
Si así no lo hiciéreis, que la nación os lo demande.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ESTADO DE GUERRERO
El secretario Antonio Hernández Cruz:
«Escudo Nacional.- Guerrero.- LIV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LIV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sesión plenaria del día 15 del mes y año en curso, tuvo a bien designar como coordinador del mismo al diputado César Flores Maldonado.
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Guerrero, 16 de agosto de 1995.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, licenciado Emilio I. Ortiz Uribe.»
De enterado.
ESTADO DE MORELOS
La secretaria Ramona Carbajal Cárdenas:
«Escudo del Estado.- Poder Legislativo.- Honorable XLVI Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 27 párrafos segundo y tercero y 117 de la Ley Orgánica del honorable Congreso del Estado de Morelos tenemos el honor de informar a usted que en sesión de esta fecha, el honorable Congreso del Estado clausuro los trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional; asimismo se eligió a los diputados que integrarán la diputación permanente: Delfino Toledano Alfaro, presidente; Roberto Santiago Arteaga Reynoso, vicepresidente; Liborio Román Cruz Mejía, secretario; Gabriel Rivas Ríos, secretario; Teresa de Jesús Ortiz Martínez, secretaria.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, agosto 30 de 1995.-La ciudadana oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Morelos, licenciada Bertha L. Rendón Montealegre.»
De enterado.
ESTADO DE TLAXCALA
La secretaria María Cecilia Hernández Ríos:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo.-Estado de Tlaxcala.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Por instrucciones del presidente de la mesa directiva, me permito comunicar que la LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aprobó en diversas sesiones ordinarias, la creación de nuevos municipios integrantes del territorio de Tlaxcala.
Por lo que de los 44 existentes se incrementan a 52; los que a continuación se listan:
Lo anterior para su conocimiento y efectos a que dé lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de X., a 18 de agosto de 1995.- El oficial mayor del honorable Congreso, licenciado José Cruz Omar Zacatelco Sánchez.»
De enterado.
REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:
«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 6 del actual, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"La Embajada Británica, en México, solicitó a esta Secretaría gestionar ante las autoridades mexicanas competentes, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el señor Marco Antonio Herrejón Alvarez de nacionalidad mexicana, según consta en la copia certificada de su acta de nacimiento, pueda prestar sus servicios en la citada representación diplomática. Anexo al presente, me permito enviar a usted la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión por el interesado, su curriculum vitae, copia certificada de su acta de nacimiento, copia de su identificación y fotografías, con la atenta petición de solicitar el permiso mencionado."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CONFEDERACION SUIZA
El secretario Héctor González Reyes:
«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 6 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"La Embajada Suiza, en México solicitó a esta Secretaría gestionar ante las autoridades mexicanas competentes, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el señor Rafael Méndez Barajas de nacionalidad mexicana, según consta en la copia certificada de su acta de nacimiento, pueda prestar sus servicios en la citada representación diplomática como empleado local, con el cargo de mensajero. Anexo al presente, me permito enviar a usted la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión por el interesado, su curriculum vitae, copia certificada de su acta de nacimiento, copia de su identificación y fotografías, con la atenta petición de que sea amable conducto para solicitar ante el honorable Congreso de la Unión el permiso mencionado."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de Gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ANALISIS DEL I INFORME DE GOBIERNO POLITICA INTERIOR
El Presidente:
Se informa que a la Presidencia se ha entregado una comunicación que fija el procedimiento para el análisis del I Informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en materia de política interior.
En relación al análisis de política interior referida en el I Informe de Gobierno; tema previsto en la agenda legislativa para la sesión del día de hoy, me permito informar a ustedes y pedir lo hagan del conocimiento del señor presidente de la directiva, que en pláticas con los señores representantes de los grupos parlamentarios de esta Cámara, convenimos en principio la siguiente mecánica de debate ante el pleno.
Primero. Inicialmente cada partido dispondrá de 10 minutos para fijar su posición, realizándose sus intervenciones, como es costumbre, en atención al número de sus diputados integrantes de menor a mayor.
Segundo. A continuación se realizarán cuatro rondas de oradores, los cuales dispondrán de siete minutos cada uno, intercalándose sus intervenciones también de menor a mayor, con excepción del Partido del Trabajo, que únicamente participará en tres de las rondas.
Tercero. En principio se intentará cubrir en la ronda los siguientes temas indicativos, que corresponden a diferentes apartados del informe presidencial:
a) Vigencia del estado de derecho y reforma del Estado.
b) Federalismo y relaciones con los estados y municipios.
c) Población y migración.
d) Protección civil, seguridad pública y prevención y readaptación social.
Se solicita muy atentamente a esta Presidencia comunique a las fracciones parlamentarias el tiempo transcurrido en el debate en caso de que haya rebasado el término de dos y media horas. Este aviso permitirá que los oradores estén en la posibilidad de presentar sus conclusiones y/o aportaciones finales en la tribuna, a fin de que a las tres horas se esté en condiciones de concluir el tema y pasar al siguiente punto de la agenda legislativa.
Los señores representantes de los grupos parlamentarios en la propia mesa directiva, darán a conocer el nombre de los oradores previstos por cada partido y orden de sus intervenciones.
Se han registrado para el tema de política interior, los siguientes diputados:
Para fijar posiciones: por el Partido del Trabajo, el diputado José Narro Céspedes; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Javier González Garza; por el Partido Acción Nacional, el diputado Cristian Castaño Contreras; por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Víctor Samuel Palma César.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado José Narro Céspedes.
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En su I Informe el Presidente ventila los tópicos más importantes de la agenda sobre avance democrático y el establecimiento de un estado de derecho en nuestro país.
Las demandas y propuestas que hemos efectuado reiteradamente las más diversas fuerzas y organizaciones políticas de oposición, como son la reforma política integral del Estado, la reforma electoral definitiva, la plena división de poderes, la vigencia de un verdadero federalismo y la solución pacífica y equitativa del conflicto chiapaneco parecen haber encontrado eco en el mensaje presidencial.
Sin embargo el Partido del Trabajo y el conjunto del movimiento democrático en nuestro país esperaban que el Presidente fuera mucho más allá de compromisos previamente asumidos y definiera pasos concretos que permitieran destrabar los complicados nudos que aún obstaculizan la transición democrática de México y el avance hacia un nuevo sistema institucional basado en el respeto irrestricto a la ley.
En el caso del llamado Diálogo Nacional para la Reforma Política del Estado, el mensaje presidencial ha reiterado la convocatoria amplia a la participación ciudadana, lamentablemente en los hechos la instrumentación de las medidas han quedado limitadas a una negociación excluyente. En una situación de inestabilidad y crisis económica y política profundas la exclusión se remite no sólo a los invitados al diálogo y a las negociaciones, tiene que ver sobre todo con la definición y aplicación de políticas económicas que marginan cada vez más amplios sectores de la población poniéndonos en la miseria, causando daños irreparables y costos sociales y políticos demasiado altos.
En este sentido, el Partido del Trabajo considera conveniente que se precisen los puntos de partida que encaucen este diálogo nacional.
Para nosotros, los principios que debe regir este proceso de diálogo encaminados a un acuerdo político nacional que nos lleve a una verdadera reforma del Estado, son en primer lugar, la integridad, es decir, que no se puede reducir al discutir los aspectos políticos y del poder sin que se toquen los temas relacionados con la problemática que vive el conjunto de la población mexicana como son: la crisis económica, la pobreza, el desempleo, la improductividad, la carencia de condiciones básicas y dignas para vivir.
El diálogo también tendrá que ser considerado como un proceso unitario del que tendrán que tocarse los diversos aspectos de la agenda gradualmente, dependiendo del nivel de consensos que hayan alcanzado entre los diferentes actores de la sociedad mexicana. Es prioritario que sea continuo y permanente, por lo que tendrán que establecerse mecanismos puntuales para dirimir controversias sin que esto signifique interrumpir o detener el diálogo nacional, ya que la concepción del Partido del Trabajo, conducir cabal y responsablemente este proceso significa que la solución de conflictos no debe ser impuesta como condición para continuar o no con el diálogo sino su resultado.
Como se ha manifestado, en los casos de conflictos poselectorales y del debate en torno al IFE esto debe de ser resultado de la misma mesa o del mismo proceso del diálogo nacional. El diálogo debe ser efectivamente nacional e incluyente y aquí nos referimos no únicamente a los partidos políticos. Un proceso de esta naturaleza y sus implicaciones, no puede marchar si no retoma la voz de su principal actor en este país, la sociedad; las organizaciones sociales económicas y políticas, las civiles, los ciudadanos de la nación de cada Estado y de cada municipio deben de ser escuchados, no podemos olvidar que el germen de la inconformidad se da cuando hay exclusión.
La reforma para ser de fondo debe de tocar y modificar las estructuras federales, estatales y municipales.
Planteamos también que con una participación corresponsable deben de estar presentes los poderes de la Unión en este importante proceso, debe de estar el Ejecutivo, el Judicial y el mismo Poder Legislativo; llevar a cabo este gran diálogo nacional no puede estar regido solamente por principios. Las experiencias nos indican que la definición de reglas de procedimiento y de controversias es de menor importancia en la búsqueda de la construcción de un nuevo pacto social que nos permita construir el México que todos anhelamos.
Este nuevo pacto social debe de contemplar la inclusión de todos los sectores de la población que son el sustento de una verdadera reforma del Estado, en la construcción de un México sustentable, incluyente, justo, libre y democrático. Por esta razón no podemos permitir que su participación se reduzca al mero ejercicio de una mesa de debates y de análisis, sino fundamentalmente a sus resultados y a sus beneficios que de este proceso esperamos los mexicanos.
Con el mayor sentido republicano, proponemos que la sede de este diálogo nacional sea el Palacio Legislativo. Debe de contemplarse el debate sobre la reforma electoral, sin descuidar aspectos en forma inicial, aspectos prioritarios como la Ley de Derechos Indígenas, el federalismo, a partir de nuevos mecanismos fiscales de coordinación fiscal entre los estados y la Federación, propuesta sobre modificaciones que contemplen y amplíen la libertad de expresión y el derecho de la información de los mexicanos que hoy son del mayor interés y en donde se ha logrado ir construyendo puntos de acercamiento y de consenso entre los diferentes partidos y los diferentes actores de la sociedad mexicana.
Queremos hacer mención especial de la necesidad de incluir bajo esta lógica, al EZLN en este diálogo nacional, sobre todo si tenemos en cuenta que las demandas enarboladas desde este 1o. de enero de 1994, por el movimiento zapatista son la expresión de un sentimiento nacional por transformar a este país, son demandas con un contenido que rebasan las fronteras de la entidad chiapaneca trascendiendo al país entero.
Recordamos que una salida intocable y justa al conflicto zapatista sólo puede ser política, por lo que es necesario propiciar dichas condiciones desvaneciendo todos los vicios de una salida autoritaria y militar. La política, seguida por las instancias gubernamentales debe de dar señales claras en este sentido: modificar su actitud de reforzar los patrullajes y los cercos militares e informativos hacia el EZLN, dejar de utilizar los recursos públicos con un mero programa de contrainsurgencia.
Debemos de construir las condiciones de distinción y adecuadas para que el EZLN participe en el proceso del diálogo nacional pero también en el debate fortaleciendo la mesa de San Andrés Larráinzar, para buscar soluciones a los profundos problemas que dieron origen a este movimiento insurgente.
También hacemos un llamado a reconocer el valioso papel que ha jugado la Comisión Nacional de Intermediación, la Conai.
Creemos que debe ser fortalecido en su acción con el fin de que su intervención nos acerque a los frutos de la paz con justicia y dignidad que tanto se ha señalado.
La representación del Poder Legislativo que se da a través de la Comisión de Concordia y Pacificación debe tener y contar con condiciones reales para ser efectivos corresponsables junto con el Ejecutivo en este proceso de pacificación.
Los problemas agrarios e indígenas que padecen sectores muy importantes del Estado de Chiapas representan el más profundo de nuestros agravios, por lo que tendrá que buscarse soluciones justas que permitan resolver estos planteamientos que están en las raíces de este conflicto.
La solución definitiva a tanta miseria, a problemas políticos, culturales, agrarios, de justicia, entre muchos otros, deben buscarse no sobre el Ejército Zapatista y lo que su movimiento significa, sino de manera conjunta. La inclusión del EZLN debe de garantizarse en cualquier lugar del país.
Convocamos desde aquí a todos los ciudadanos mexicanos a sumarse en forma activa y decidida a este esfuerzo para que dé inicio el diálogo nacional que nos lleve a un gran acuerdo político nacional, a un nuevo pacto social, que nos permita la reforma del Estado y que nos permita arribar al México justo, digno, libre, democrático, que todos anhelamos y que la sociedad mexicana demanda ante este Poder Legislativo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Javier González Garza.
El diputado Javier González Garza:
Gracias, señor Presidente; compañeras; compañeros diputados:
El día 1o. de septiembre asistimos al I Informe del doctor Ernesto Zedillo, titular del Poder Ejecutivo de la nación. Había una gran expectativa en la opinión pública nacional, todos se preguntaban: ¿Qué podrá informar sobre el desastre económico que estamos viviendo? ¿Qué podrá informar sobre los problemas pendientes? ¿Hablará de los asesinatos políticos? ¿Hablará de Tabasco, de Guerrero y ese desgobierno que campea en el país.
Todos sabemos que informar de la situación nacional en estos nueve meses, cuando no se había resuelto uno solo de nuestros problemas, era difícil. Entonces todos estuvimos pendientes, queríamos escuchar propuestas concretas sobre estos problemas. Esto no sucedió, se cumplió con un formalismo pero no se habló de los problemas y de las posibles soluciones que todos queríamos escuchar, vaya, cuando menos sus opiniones.
En este sentido el informe quedó pendiente, no se debe gobernar sacándole el bulto a los problemas, es cierto y lo hemos dicho antes, no estamos de acuerdo con un presidencialismo autoritario, ese que hemos padecido en México y que con sus engaños y su falta de patriotismo ha llevado al país a la situación en la que nos encontramos; pero tampoco es admisible un Poder Ejecutivo que se escabulle ante los problemas, sólo queremos que cumpla con su deber, con su obligación constitucional de gobernar para todos los mexicanos.
El doctor Zedillo dijo, refiriéndose a la reforma política, que no había acuerdo entre los partidos, pero no nos dio su propuesta, más concretamente dijo que sería en esta Cámara donde debería de discutirse y resolverse. ¿Cuántos ejemplos recientes podemos mencionar sobre discusiones y acuerdos entre los partidos políticos en las legislaturas locales que son anulados por los ejecutivos estatales? Recordemos Tamaulipas. Ahí existen documentos firmados por los partidos políticos, hasta por el presidente del Congreso del Estado y ¿qué pasó?, que después de todo esto el gobernador iluminado de esa entidad obliga a sus diputados a retractarse.
Pero no vayamos más lejos, aquí en el Distrito Federal, en la Asamblea de Representantes, se dio una intensa discusión de la Ley de Participación Ciudadana, en particular sobre las elecciones de consejeros ciudadanos que tal vez se realicen el 12 de noviembre próximo. Se estaba avanzando, había acuerdos y de pronto interviene el regente y los asambleístas del PRI aprueban una ley aberrante que no satisface a nadie.
Es extraño que el doctor Zedillo no haya mencionado los hechos del 9 de febrero en Chiapas. Todos ustedes recordarán sus palabras cuando en esta Cámara se comprometió, en noviembre de 1994, a no autorizar unilateralmente una medida de fuerza en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Por qué entonces nos anunció por la televisión, él personalmente, el operativo contra los zapatistas? ¿Y qué pasó después? ¿Por qué no explicó lo sucedido? ¿Se equivocó? ¿Fue engañado? ¿Por quién.
Sólo queda de esto un conjunto de mexicanos presos políticos, injustamente detenidos, acusados de ser presuntos zapatistas, los agravios a las comunidades, la injusticia que avanza en Chiapas.
Hoy la situación de ingobernabilidad se hace evidente con la violencia contra las comunidades que no se someten a los designios de los terratenientes y ganaderos. Hechos como la tortura, secuestros, despojos, saqueos de comunidades, se denuncian sin que el Gobierno actúe para detener las atrocidades.
En los municipios de Salto de Agua, Tila y Sabanilla, la actuación del grupo paramilitar autodenominado Paz y Justicia, asociados con caciques y estructuras políticas caducas, han desatado la represión. En los últimos cinco meses sólo en estos municipios hay más de ocho asesinatos y permanecen seis presos políticos, todos ellos militantes del Partido de la Revolución Democrática. A pesar de las denuncias las guardias blancas gozan de plena impunidad y protección de las autoridades locales.
Hace apenas unos días fue asesinado, en el municipio de Angel Albino Corzo, el compañero Antelmo Robledo, candidato de nuestro partido a presidente municipal. En su velorio fue asesinado el compañero Higinio Sánchez y herido de gravedad Apolinar Sánchez. En todos los casos los responsables se encuentran identificados y no se actúa.
¿Por qué el silencio del doctor Zedillo? ¿Qué acaso no se da cuenta de que ese silencio, esa falta de explicación provoca la ley de la selva? ¿Y Guerrero, doctor Zedillo? ¿Le pareció inoportuno dar una opinión? ¿No le parece un asunto de trascendencia nacional? ¿Por qué el silencio, doctor Zedillo.
El señor Secretario de Gobernación en su comparecencia ante las comisiones respectivas del Congreso de la Unión dijo: "bienvenida la reforma del Estado. Adelante, estamos preparados. Es necesaria una transformación de las instituciones". Queremos tomarle la palabra. Nosotros le decimos: bienvenida esa posición y esperamos que sea en serio.
En el PRD hay una sola línea política. El tercer congreso nacional de nuestro partido resolvió trabajar para lograr en el país una transición pactada. Empecemos por algo muy concreto y suficientemente discutido: la llamada reforma electoral definitiva.
El día 16 de agosto pasado los presidentes de los comités ejecutivos nacionales del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática suscribieron públicamente el documento, 10 puntos fundamentales para la reforma electoral. Sabemos que del llamado Seminario de Chapultepec se han producido 150 puntos de posibles acuerdos. En este terreno todos sabemos lo que la sociedad reclama: autonomía e independencia del IFE; que los órganos ejecutivos y el servicio profesional electoral se subordinen el consejo general; que el director del IFE y el presidente del consejo sean elegidos por los consejeros ciudadanos; el principio de equidad en los medios de comunicación; el derecho de réplica; la prohibición del uso de los colores y símbolos patrios por cualesquiera de los partidos; que se prohiba cualquier forma de afiliación colectiva a los partidos políticos; que se establezcan topes estrictos de los gastos de campaña; penalidades de la pérdida de la candidatura; la anulación de la elección y la pérdida de registro de los partidos cuando éstos o sus candidatos burlen los topes de financiamiento de campaña.
En este punto no podemos dejar de mencionar el caso de Tabasco. Como ustedes saben, el tope de gastos de campaña era de 4 millones de nuevos pesos, lo que representa un poco más de lo que el gobernador ganaría en sus seis años de mandato. Pero no se gastó eso, se gastó más de 240 millones de nuevos pesos, lo que alcanzaría, señores, para pagarle al doctor Zedillo su salario por 400 años aproximadamente y hoy el gobierno tabasqueño sólo atina a pedir la no competencia de la Procuraduría General de la República.
Es posible que algunos no estén de acuerdo con estos puntos, pero eso no importa, lo que reclamamos del PRI y del Secretario de Gobernación es que hagan pública su propuesta, así se empieza, señores, digan cuál es, que se conozca, y entonces empezamos.
Estamos convencidos de que el inicio de la reforma, las primeras propuestas, no pueden esperar más. Si en este periodo de sesiones no existe voluntad del PRI y del Gobierno, la situación política puede desbordar las estructuras partidarias.
Hay una frase que se repite en los argumentos para defender la actuación gubernamental: si no hubiésemos hecho eso podríamos estar peor.
Señores, si no avanzamos en una verdadera transición democrática, producto del diálogo rápido, vamos a estar peor.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cristian Castaño Contreras.
El diputado Cristian Castaño Contreras:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El 1o. de diciembre de 1994 en este mismo recinto, los miembros del honorable Congreso de la Unión escuchamos de quien fuera a tomar posesión como titular del Poder Ejecutivo Federal, entre muchas frases, la siguiente: "Estoy decidido a encabezar la construcción de un estado de derecho como lo merecen los mexicanos y lo haré presidiendo un gobierno de leyes".
Diría ese mismo hombre ese mismo día: "El progreso y la paz social sólo son perdurables en un estado de derecho donde el ejercicio de las garantías propias esté acompañado del respeto a los derechos de los demás. La ley obliga a todos por igual. Nadie puede estar por encima de la ley".
Nueve meses después el mismo doctor Ernesto Zedillo declara en su informe que es responsabilidad del Ejecutivo Federal contribuir con todo vigor a consolidar un estado de derecho, un país de leyes y a fomentar un desarrollo político democrático donde la legalidad, el diálogo, el consenso y el orden conduzcan a perfeccionar la democracia.
Quien escuchara estas palabras o leyera el documento relativo a la política interior del Gobierno Federal que hoy nos ocupa aseguraría que se trata de un país muy distinto al que en la realidad tenemos hoy.
El auténtico estado de derecho, a diferencia de la concepción que comúnmente se ha tenido, tiene injerencia en el desarrollo político, económico, cultural o social de cualquier nación.
Zedillo afirma que el Gobierno debe ser el vigía que haga cumplir las leyes en todo el territorio nacional.
Primero preguntaríamos: ¿Vigía de quién? Dice el que hacer cumplir las leyes en todo el territorio nacional. ¿Acaso se referirá el Presidente también a los estados de Yucatán, Guerrero, Tabasco o Puebla.
En su informe el Presidente de la República, repitió una vez más la historia ya conocida: sus buenas, loables y nobles intenciones.
Esto no es suficiente para lo que hoy requiere el país, porque se habla mucho de la nueva relación entre los poderes de la Unión, sobre una reforma electoral definitiva, se habla de un nuevo federalismo, pero ¿cómo y hasta cuándo?
Con algunos indicios de cambio e intenciones de reforma inclusive, hoy sin embargo seguimos sufriendo del presidencialismo, tras una larga tradición de mando gubernamental unitario, arbitrario, autocrático, que es uno de los factores más importantes del retraso y es falta de una democracia política, base para un estado de derecho.
El Presidente sigue siendo líder de la mayoría del Congreso y de las mayorías que dominan casi todas las legislaturas estatales. Esto daña la dignidad del Poder Legislativo e imposibilita un real equilibrio de poderes, puesto que la hegemonía del PRI ha impedido a dicho poder ejercer las funciones que le son propias, al limitar y controlar al Poder Ejecutivo.
En lo referente a la justicia es aspiración nuestra y exigencia imperiosa la resolución efectiva y en su caso el cumplimiento de las resoluciones judiciales con respecto a los crímenes en donde fueron asesinados el Cardenal Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y Abraham Polo Uscanga. Pero además y por sobre todo, lo más importante es la aplicación generalizada de la ley.
No obstante lo positivo de la propuesta para crear e instrumentar un necesario sistema nacional de seguridad pública, nunca como hoy los mexicanos habíamos sufrido los embates de la inseguridad, la orquestación de acciones por el crimen organizado en contra de la sociedad, la corrupción e impunidad de corporaciones y autoridades que precisamente están destinadas a la protección del individuo e irónicamente sus funciones y acciones van en detrimento de éste.
Añadido a esto no se ha podido instaurar una eficaz, pronta y expedita impartición de justicia, no obstante la benevolencia en la reforma al Poder Judicial.
Esto porque su alcance no ha llegado todavía a muchas áreas que requieren erradicar el abuso y la corrupción, así como también está patente que factores como el poder económico del narcotráfico puede instaurarse de lleno como un actor de influencia dentro del sistema de gobierno.
Por ello los carteles del narcotráfico mexicano deben ser desmantelados urgentemente.
Todo esto, el equilibrio real entre los poderes, una eficaz impartición de justicia, una garantizada seguridad pública y la lucha sin cuartel contra la corrupción, son condiciones primordiales para la instauración de un estado de derecho.
Don Efraín González Luna sostuvo en 1945: "Si el Estado entiende su misión y cumple su deber, vigoriza, orienta y dirige recta y certeramente a la sociedad para la consecución de sus fines.
Al Estado recto y sano corresponde una sociedad bien organizada, vigorosa y libre. Al Estado por el contrario permanentemente corrompido, traidor a sus propios fines, desertor de su misión, corresponde una sociedad debilitada, empobrecida espiritual y económicamente desecha."
Unicamente en el apartado referente a política interior, Ernesto Zedillo hace referencia a la palabra democracia en 19 ocasiones. en este rubro el doctor recetó la medicina equivocada.
Bajo la responsabilidad, que señaló como propia el Ejecutivo Federal de contribuir con todo vigor a consolidar un estado de derecho, un país de leyes y a fomentar un desarrollo político democrático, bajo esa responsabilidad Acción Nacional firmó los compromisos del acuerdo político nacional, y bajo esa misma responsabilidad, la del doctor Zedillo, estuvimos obligados al retiro de la mesa de acuerdo.
Sobre los hechos no hay argumentos. Cuando teníamos la oportunidad única en muchos años de establecer un diálogo político nacional para buscar la reforma del Estado, este Gobierno permitió o por lo menos no evitó, que un número importante de grupos comprometidos con una agenda contraria al cambio y siendo afectados por el proceso de reforma, esas fuerzas políticas, regionales y nacionales, las más autoritarias y oscuras del país, los malosos, diría alguien con mucha ingenuidad, pusieran obstáculos para que este diálogo se diera en un marco de confianza. Basta recordar nuevamente Yucatán, Tabasco y hoy Puebla.
Asimismo Chiapas es un rasgo sensible de un problema de gobernabilidad y la única vía de solución, sostenemos como siempre, es la continuación del diálogo, preservando la dignidad y el respeto a los derechos de los indígenas del mismo Chiapas como de todo el país.
Los avances alcanzados en algunos procesos electorales locales no satisfacen las expectativas de una democracia real a nivel nacional, ni dan la confianza suficiente todavía para garantizar una real participación ciudadana en los procesos de elección de nuestras autoridades.
Para llevar adelante la reforma política es primordial acabar con la estructura perversa y dañina que representa el caciquismo regional.
Era irónico escuchar en aquel entonces al candidato Zedillo que había que terminar con los caciques y ver a los caciques comprometer y coptar votos en favor del que hoy es Presidente de México.
El Ejecutivo reitera hoy su propósito de hacer una reforma política definitiva, sin embargo el Gobierno de la República no ha establecido con este Poder Legislativo cuáles son las propuestas concretas para dicha reforma. El régimen se ha caracterizado por su inmovilismo político, que aunado a la falta de voluntad del partido en el poder, por miedo a perder sus privilegios, ha ocasionado que hoy el Instituto Federal Electoral, máxima autoridad electoral en el país, siga sin director general.
Es imprescindible para una auténtica, eficaz y definitiva reforma política, la desaparición del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que hoy existe. En México nunca más deberá existir después de éste un partido de Estado.
El Presidente deberá dejar de ser líder de diputados y de partidos. Los diputados del PRI deberán dejar de ser subordinados del poder presidencial y el PRI será sólo y únicamente un partido político con la misma sujeción a las normas, las mismas prerrogativas, los mismos límites y concesiones que cualquier otro partido político en este país.
La vigencia de un centralismo de los recursos públicos disminuye el carácter democrático representativo federal y de división de poderes que ampara nuestra Carta Magna. Nuestro federalismo fue desde sus inicios una argucia autoritaria de un gobierno centralizado, que no sólo se quedó con la administración de los recursos naturales sino que se quedó con los ingresos fiscales básicos y dejó en una gran debilidad a los gobiernos estatales y municipales. Este centralismo ahoga a los municipios bajo el poder de los estados y a los estados bajo el poder de la Federación.
El federalismo que debe ser por delegación, es decir, que los gobiernos regionales delegan parte de su poder al gobierno central, lo es por exclusión. El gobierno central cede a los gobiernos regionales las atribuciones que no quiere ejercer. ¿Cuántas huelgas de hambre de presidentes municipales quiere contemplar el Gobierno Federal, para entender que la base del auténtico federalismo está en el municipio, que el sustento del poder público más importante está en el municipio y que la respuesta de infinidad de necesidades así como la garantía de una vida mejor y más digna para millones de mexicanos está en el municipio.
Si esto es necesario para lograr el auténtico federalismo, que nos digan cuántas, para empezar a promoverlas.
El Gobierno Federal debe entender que hay una sola forma de gobernar y es en función de los gobernados y no en función del mismo Gobierno. Cuando comprenda que su ejercicio debe de tener como centro de actividad a la persona humana y no al poder público, ese día, señores diputados, deberemos de escribir un nuevo libro en la historia de México.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Víctor Samuel Palma.
El diputado Víctor Samuel Palma César:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Vivimos hoy un momento intenso de la vida política del país. Las complejidades de nuestra realidad, hoy más densas y evidentes, tuvieron un largo periodo de gestación; exigencias ancestrales incumplidas, rezagos acumulados, soluciones postergadas y desigualdades ignoradas estallaron de pronto. La economía y la política resintieron los impactos de una crisis que nos exigió a los mexicanos serenidad e inteligencia, unidad y diálogo, fortaleza y compromiso, capacidad de respuesta y visión del porvenir.
En medio de una profunda crisis la decisión del Gobierno de la República ha sido convocar al debate y llamar al acuerdo entre todas las fuerzas políticas, como medida fundamental para alcanzar consensos que expresan el ánimo y la aspiración de cambio de la sociedad mexicana.
El desafío que enfrentamos es mantener la vigencia de las instituciones frente a la tensión de las coyunturas; preservar la estabilidad ante los riesgos de la violencia y de asegurar la gobernabilidad sin recurrir a la cerrazón del autoritarismo, sino privilegiando en todo momento los métodos de la democracia.
La crisis no ha sido pretexto para evadir los cambios y demandas de la sociedad mexicana; al contrario, los problemas que hoy enfrentamos son manifestaciones evidentes de que el camino de la transformación democrática es el que habrá de otorgar certidumbre al futuro de la nación.
En las circunstancias que vivimos es impostergable el enriquecimiento de la política como método para lograr que la pluralidad que hoy se expresa en la sociedad mexicana, sea la fuente principal de las iniciativas con las que superemos barreras y obstáculos. Entendemos que los problemas que enfrentamos no son obra de la casualidad, son un cuestionamiento severo a las formas que habíamos observado para definir políticas públicas, para responder a las demandas de los ciudadanos y para cumplir con los fines que la Constitución le asigna al Estado.
En el país todos tienen su verdad y debemos escucharla. El imperativo es entonces convertir la pluralidad en consenso y la diversidad en unidad de fuerzas. Durante estos nueve meses de responsabilidad del Presidente de la República, hemos vivido uno de los periodos de inicio sexenal de más amplio impulso al debate y al acuerdo; debate y acuerdo que se refieren a puntos esenciales de nuestra política; debate y acuerdo que son una profunda convocatoria a la recuperación de la política como el espacio más generoso de construcción civilizada de los consensos. También una política que se alimenta y se nutre de las diferencias y de las propuestas que surgen de la capacidad para oponerse y de quienes apoyamos y compartimos las definiciones que ha asumido el Gobierno de la República.
Por tanto, se trata de una política en la que hay espacios para todos y en la que la diversidad de argumentos debe sumar y producir nuevas vías. El camino de la transformación de México pasa, necesariamente, por la recuperación de esta política. Esa es la tarea a la que estamos llamados todos los partidos y a la que está convocada la iniciativa social.
La nación nos demanda dar cabal respuesta a este llamado. Nuestra concurrencia, nuestra participación debe inspirarse en una visión abierta y generosa hacia la vida de la República, que sepa anteponerse a las limitaciones del corto plazo y a toda pretensión de que debe obtener garantías anticipadas de preeminencia o de influencia política.
La fracción parlamentaria del PRI comparte con el gobierno del presidente Zedillo esa visión de la política. Nuestra posición es la de darle plena vigencia a la concepción de la democracia como régimen político y forma de vida. Por eso estamos resueltos a contribuir y ser parte decisiva en el diseño de la normatividad electoral que permita garantizar plenamente que la expresión de la voluntad popular sea el instrumento inobjetable para la constitución de los gobiernos; norma electoral capaz de superar las controversias, otorgar certidumbre, certeza y confiabilidad a los resultados de los comicios; norma electoral que supere toda posibilidad de que por otras vías diferentes a la de la competencia democrática se arribe al poder político.
Los priístas reiteramos que estamos listos para acudir puntualmente a la cita de la reforma electoral. Los priístas estamos resueltos a aportar decisión al perfeccionamiento de nuestra vida democrática. En el ideario de nuestro partido está inscrito también, como propósito fundamental, fortalecer y ampliar nuestras libertades. Democracia y libertades han dialogado permanentemente en el fortalecimiento de las naciones para afirmar el estado de derecho. Ese es el camino que imaginamos para México.
Nuestras luchas a través de nuestra historia y también las luchas de hoy, se inscriben en la aspiración de hacer de la ley y de su observancia, el marco que regule nuestra convivencia, que resuelva las controversias.
Los mexicanos hemos elegido la vía de las leyes para conducir el cambio dentro de la estabilidad y el orden; los mexicanos hemos optado por la transformación, fortalecimiento y desarrollo de nuestras instituciones para garantizar la plena gobernabilidad y con ella, un régimen de mayores oportunidades, de mejores libertades y de expectativas promisorias.
La aspiración de justicia ha sido y es valor inmutable en los anhelos de la sociedad y es compromiso que nos llama a cuentas. Los priístas queremos hacer propuestas que ofrezcan caminos, que no se agoten en la coyuntura; soluciones capaces de vincular presente y futuro. Se trata de una justicia que logre superar las desigualdades que a todos lastima y que sea fuente generadora de oportunidades, para que la capacidad y el talento de cada mexicano puedan desplegarse.
El conflicto que emergió en Chiapas, ha significado un severo cuestionamiento a nuestra capacidad de otorgar justicia, por eso, la vía para su superación ha sido la del diálogo. El diálogo es un reconocimiento a que la desesperación y la miseria no pueden tener como respuesta el sometimiento. El diálogo en Chiapas acredita que el Estado mexicano entiende que el enfrentamiento tiene como origen la confrontación entre la realidad de desigualdades que vivimos y las aspiraciones de justicia de la nación. En el conflicto en Chiapas el Estado mexicano prueba que sigue ofreciendo soluciones pacíficas, justas, dignas y duraderas para responder a los problemas más graves y urgentes.
Nuestro reto es recuperar el camino de la justicia, para que nuestros hijos tengan fundadas esperanzas en el futuro de la nación. La fuerza de México es la fuerza de sus comunidades y regiones.
El desafio es construir los esquemas de gobierno y distribución de competencias que mejor promuevan la capacidad de los municipios y de las entidades federativas para afirmar sus vocaciones y aprovechar su gran potencial de transformación. Una nueva relación con los estados y los municipios, es tarea que habremos de realizar para hacer de nuestro federalismo, instrumento eficaz de justicia y desarrollo en cada punto de la geografía nacional. Nuestra capacidad para ofrecer más y mejores oportunidades a todos los mexicanos, se ha enfrentado recurrentemente a los problemas que hemos vivido para mantener un crecimiento económico, sostenido y en el diseño de las políticas para garantizar posibilidades efectivas de progreso. A esta situación se ha sumado una tendencia de incremento poblacional que vuelve más agudas las demandas y las insuficiencias. Por eso, con pleno respeto a la individualidad de cada mexicano y de cada mexicano estamos llamados a profundizar la conciencia de promover el crecimiento de la población, es una realidad que amplía las posibilidades para responder a los reclamos sociales.
La justicia y la seguridad pública son clamores que no admiten ya postergación, simulación y mucho menos respuestas de escenografía. La justicia que queremos los mexicanos y la seguridad pública que exigimos para nuestro patrimonio e integridad personal y familiar, sólo pueden sustentarse en la reforma del Estado.
Con hechos, el Gobierno de la República ha de dar fe de su propósito; con respuestas concretas ha de generar la credibilidad que la nación le demanda.
La fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional, saluda con beneplácito la iniciativa para crear el consejo nacional de seguridad pública; la mayor sofisticación para practicar conductas criminales de algunos grupos que se integran para ese propósito, demanda, sin lugar a dudas, una mejor organización y mayor profesionalismo para su combate. Llevaremos a cabo el debate sobre esa iniciativa, buscando que cumpla el objetivo para el que fue formulada y para que sea medio garante de las libertades y del patrimonio de cada ciudadano.
Compañeras y compañeros: el proceso de reforma del Estado es el camino que hoy tenemos para la dignificación de la política; es el camino para afirmar el profundo contenido ético de la política; es la forma que tenemos para asumir ese reto en una verdadera tarea colectiva, enraizada en el debate, en los acuerdos, en los compromisos y en la voluntad inconmovible de alcanzar resultados.
Tenemos ante nosotros una agenda de la más alta importancia para la vida del país. No podemos acudir a su desahogo con mezquindad. Estamos obligados a participar con decisión, porque la sociedad nos demanda respuestas. Si queremos defender la política tenemos que ser capaces de alcanzar resultados. De otra forma la política se deteriora, se debilita, pierde su capacidad para concentrar iniciativas y producir acuerdos. Si admitimos este deterioro, estaríamos aceptando obstaculizar a la política como ejercicio de la soberanía.
Quienes creemos en la política, quienes buscamos hacer de ella nuestra vocación y la parte fundamental de nuestros esfuerzos, estamos obligados a acreditarla, a mostrar su fuerza, su eficacia y su valor.
Por eso tenemos que alcanzar resultados, tenemos que ofrecer soluciones, aun en aquellos casos que parecieron pervertirla.
Los nombres de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu aún esperan en la historia ser testimonio de la capacidad que tenemos para mantener viva esa política que todos queremos.
Una vez más rechazamos que la impunidad sea la respuesta al agravio y que la violencia se oponga a los principios civilizatorios más nobles de la política. La reforma del Estado es el instrumento fundamental para la reforma del poder; para construir un poder que represente efectivamente al ciudadano, un poder que se acredite cada día en su ejercicio. Con ella buscamos un mejor futuro.
Hoy como ayer los mexicanos estamos llamados a comprometernos con la buena política: la que nutre y enriquece nuestras discusiones, la que va a dar nuestra unidad esencial y garantiza que los disensos sean también fuente de acción gubernamental. Para los mexicanos es la hora de la política que reconoce a la ética como sustento, a la democracia como propósito y a la justicia social como propósito irrenunciable.
Asumamos todos los retos de la política para dar rumbo y fortaleza a la nación. Esta es la posición de la fracción priísta. Esta es la visión que compartimos. Ella anima a nuestro debate interno.
Muchas gracias.
El Presidente:
Agotada la lista de oradores.
Esta Presidencia informa que los grupos parlamentarios han inscrito para el tema de política interior, a los siguientes diputados: Luis Sánchez Aguilar, César Humberto González Magallón, Eduardo Guzmán Ortiz, Joaquín Vela González, Ramón Sosamontes Herreramoro, Marco Rascón Córdova, Arnoldo Martínez Verdugo, René Arce Islas, Alejandro González Alcocer, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Rafael Ayala López, José Luis Torres Ortega, Ignacio Ovalle Fernández, Saúl González Herrera, Armando Ballinas Mayes y Franciscana Krauss Velarde.
Tiene el uso de la palabra...
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez (desde su curul):
¡Señor Presidente:
El Presidente:
Dígame, diputado.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez (desde su curul):
¿Me permite hacer una moción de orden.
El Presidente:
Con mucho gusto, diputado.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez (desde su curul):
Señor Presidente:
Yo quisiera pedirle, de favor, si pudiera leerse el artículo 27 del Reglamento del Gobierno Interior de este Congreso y si también podrían leer, por favor, por instrucciones suyas, un Secretario, el artículo 205 de este mismo reglamento que habla de las galerías, en función de lo siguiente:
Quiero hacer la solicitud de que, después de que sean leídos estos artículos, se abran las galerías como aquí se establece y la sesión sea pública. ¡Porque afuera hay 350 trabajadores de Tabasco, que van a escuchar que tratemos su punto aquí:
Entonces por favor le pido que estos dos artículos sean leídos.
El Presidente:
Señor Secretario, proceda a leer los artículos a que hace mención el señor diputado.
El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:
Artículo 27 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
Las sesiones de las cámaras serán ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas o permanentes. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra.
De las galerías.
Artículo 205. Habrá en cada Cámara un lugar con este nombre, destinado al público que concurra a presenciar las sesiones, se abrirán antes de comenzar cada una de ellas y no se cerrarán sino cuando las sesiones se levanten a no ser que haya necesidad, por algún desorden o por cualquier otro motivo, de deliberar sin presencia del público, en cuyo caso permanecerán cerradas.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Gracias, señor Presidente:
En consecuencia y en apego a este reglamento y tal y como decía el diputado Palma, del PRI, todos queremos que se respete el estado de derecho, solicito que se autorice la entrada de los compañeros trabajadores de limpia del Estado de Tabasco, que están en las afueras de este recinto y también hay un pequeño grupo de la corriente democrática del PRI, al cual también pido se le dé autorización de entrada a las galerías.
Muchas gracias.
El Presidente:
Hace uso de la palabra el diputado Pérez Jácome, para rectificar hechos.
El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome (desde su curul):
No es para hechos, señor Presidente, se trata de una moción de procedimiento.
Desde la LV Legislatura hubo un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por el que siendo las reuniones de esta Cámara públicas, evidentemente tienen acceso los medios de comunicación y todos los señores diputados cuentan con el apoyo de sus asesores, no funcionaran, inclusive por la operatividad del local, las galerías en los términos en que habían creado para entonces problemas. Es un acuerdo vigente, es un acuerdo respetuoso de los principios de todos los partidos, de la ley y del reglamento y simplemente le recuerdo a usted e invoco a la Asamblea para continuar en este clima que nos ha permitido trabajar, que ha hecho avanzar el diálogo, la búsqueda de consensos, un trabajo parlamentario muy positivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Permítame, señor diputado Quintero. Antes que usted había solicitado la palabra el diputado Jesús Ortega.
El diputado José Jesús Ortega Martínez (desde su curul):
Solamente para precisar a la Asamblea. La verdad es que no conozco el acuerdo de la pasada legislatura, pero en esta legislatura no hemos llegado a ningún acuerdo que impida que las sesiones sean públicas. Entonces en ese sentido, incluso, nosotros hemos demandado, y recuerdo a la Asamblea que lo hemos hecho con energía, de que no se impida el ingreso de los ciudadanos a las sesiones de esta Asamblea, como lo establece el reglamento.
Entonces, a nombre del grupo parlamentario del PRD, solamente quisiera apoyar la moción del diputado Quintero y ojalá la Presidencia pudiera dar acceso al público a las sesiones de esta Cámara de Diputados.
Gracias, por su atención.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Diputado Quintero, por favor.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez (desde su curul):
Señor Presidente; señores diputados:
Es evidente que el reglamento es vigente, no hay ningún acuerdo por abajo, del lado o por encima de este reglamento si no ha sido aprobado por el pleno de esta Cámara.
Por otra parte, los señores trabajadores de limpia del Estado de Tabasco van a permanecer con completo orden dentro de esta Cámara. Y los señores de la corriente democrática del PRI que también están afuera, también nos han dicho que están dispuestos a permanecer en completo orden. No habría entonces ninguna violación al reglamento. Si hubiera desorden entonces el mismo reglamento previene la posibilidad de que sean desalojados, pero desde ahora les digo que los señores me han pedido decirles a ustedes que se mantendrán en completo orden en galerías.
Por favor, le pido a usted que aplique el reglamento sin más discusión.
Gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
El diputado Joaquín Vela tiene el uso de la palabra, para una moción.
El diputado Joaquín Humberto Vela González (desde su curul):
Muchas gracias, señor Presidente:
Al igual que el señor coordinador del Partido de la Revolución Democrática, yo como parte de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en ningún momento ese punto se ha discutido y en consecuencia, no considero que sea correcto que se mencione como un punto acordado por los coordinadores.
En consecuencia, yo también me sumo a la petición del diputado Quintero, de que puedan ser abiertas las galerías y que los visitantes se mantengan en completo orden.
Gracias.
Gracias, señor diputado.
Diputado Pérez Jácome.
El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome (desde su curul):
Creo señor que lo prudente y lo legal, en términos de lo dispuesto por la propia Ley Orgánica y dado lo que he escuchado de viva voz de dos de los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política, es que el tema se someta a una próxima reunión de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y que ella resuelva. ¡Es el órgano competente! Si la comisión está en posibilidades de reunirse ahora mismo, que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se reúna y resuelva; ésa es la decisión que yo propongo, que está apoyada tanto en los precedentes como en ese acuerdo que se había tomado desde la LV Legislatura y que si en este sentido requiere otro tipo de ratificación, la comisión lo pueda adoptar.
Gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
La diputada Cecilia Romero solicita el uso de la palabra.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde su curul):
Desde aquí está bien. Simplemente para decir que la Comisión de Régimen Interno no puede tomar decisiones encima del reglamento, entonces yo coincido con que el reglamento debe de respetarse y por otra parte ciertamente ha habido acuerdos en pasadas legislaturas por situaciones específicas.
Yo sugiero que en esta próxima reunión que dice el diputado Pérez Jácome, se analice este asunto, pero hoy hay que cumplir el reglamento.
El Presidente:
Diputado Pérez Jácome.
El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome (desde su curul):
Yo simplemente iba a hacer mención al precepto de la ley orgánica que establece esa facultad, pero el sentido final de las palabras de la diputada creo que confirman el sentido de mi proposición original.
El Presidente:
Señor diputado Godoy, por favor.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Sí, nos parece, señor Presidente, que la propuesta del diputado Dionisio Pérez Jácome no procede en virtud de que el reglamento es muy claro y el artículo respectivo de la ley orgánica sólo faculta el artículo 45, sólo faculta a la comisión para organizar el ejercicio de las funciones, perdón, entonces, estas atribuciones...
El Presidente:
¿Me permite señor diputado?, para que lo escuchen a usted ruego orden en esta sala.
Diputado Godoy, ¿fuera tan amable en proseguir.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Sí señor Presidente, de lo que se trata es que le permitan pasar a las galerías en los términos del artículo 205, con orden.
El Presidente:
Gracias, señor. ¿Fuera tan amable diputado Ortega.
El diputado José Jesús Ortega Martínez (desde su curul):
Que diera instrucciones para que permitieran a los ciudadanos subir a las tribunas y pudiéramos continuar, a las galerías, perdón y pudiéramos continuar con la orden del día aprobada por esta Asamblea.
Entonces le pediría señor Presidente que diera las instrucciones que le solicito.
El Presidente:
Señor diputado, ¿me permite? Ruego a las personas que no son diputados guarden el orden correspondiente...
Señores que han invadido este recinto, les pido guarden el orden. Señor Secretario, le ruego dé lectura al artículo 212 del reglamento.
El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:
Artículo 212. Sólo con permiso del Presidente, en virtud de acuerdo de la Cámara, podrán entrar al salón de sesiones personas que no sean diputados o senadores. Por ningún motivo se permitirá la entrada a los pasillos a personas que no tengan la anterior representación. Los ujieres cumplirán bajo su responsabilidad esta última disposición."
El Presidente:
Ruego nuevamente a quienes no son diputados, abandonen este recinto para proseguir con los trabajos.
Diputado Jesús Ortega.
El diputado José Jesús Ortega Martínez (desde su curul):
Señor Presidente, no puede dar esa instrucción, permítame que lo reconvenga, pero no puede dar esa instrucción de que abandonen el recinto cuando hay una moción que le está solicitando que por favor abra usted las galerías para que los ciudadanos puedan escuchar el desarrollo de esta Asamblea y no puede usted despedirlos de esta manera, entonces le pido por favor que en los términos del reglamento y como aquí se ha planteado, le dé instrucciones a quien corresponda para que abra las galerías y puedan los ciudadanos estar en ellas y seguir el desarrollo de la sesión.
El Presidente:
Señor diputado, precisamente para atender esa moción es por lo que yo me permití hacer cumplir, dar cumplimiento a este artículo del reglamento; no se contrapone con lo que usted ha señalado...
Señor diputado Graco Ramírez.
El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu (desde su curul):
Señor Presidente; compañeros diputados; compañeros de Tabasco:
Les pido... es lamentable que estemos viviendo esta situación cuando estamos en la perspectiva de importantes cambios políticos en el país. Esta Cámara de Diputados ha sido tolerante y en momentos más difíciles ha habido apertura de las galerías. Yo le quiero pedir al señor Presidente que para evitar estas situaciones tengamos abiertas las galerías para que pasen como siempre ha ocurrido en esta Cámara de Diputados, las ciudadanas y ciudadanos que quieran escuchar los debates. Es un derecho que tienen los ciudadanos de escuchar a sus diputados en los debates porque son sesiones públicas.
Por lo tanto, señor Presidente, le ruego ordene usted que se abran las galerías a estos ciudadanos y que escuchen aquí lo que van a discutir los diputados en este recinto, por favor... Es una vergüenza este bochorno, es bochornoso esto que está ocurriendo aquí con estos ciudadanos tabasqueños y no discutamos si vienen de Tabasco, sino haga usted favor de que pasen aquí los ciudadanos y se sienten y sigamos la sesión.
El Presidente:
Señor diputado. Para dar cumplimiento a estas mociones, me voy a permitir... diputado Ojeda.
El diputado César Raúl Ojeda Zubieta (desde su curul):
Señor Presidente, con todo respeto yo quisiera pedir a los grupos parlamentarios que en aras de escuchar, que creo debe ser el propósito fundamental de esta presencia de los compañeros tabasqueños, que formemos los diputados que integramos las diversas representaciones parlamentarias por el Estado de Tabasco, una comisión para que nos reunamos con nuestros compañeros, con nuestros paisanos y tratemos de contribuir, si es lo que verdaderamente se quiere, a la resolución de sus problemas.
El Presidente:
Diputado Garza, por favor.
El diputado Fernando Garzacabello García (desde su curul):
Señor Presidente:
Esta propuesta del diputado Raúl Ojeda puede discutirse, pero lo que se está discutiendo en este momento es simple y llanamente la aplicación del reglamento, necesitamos que se abran las galerías para que los compañeros puedan subir, después formamos la comisión.
Me parece muy importante que el diputado Raúl Ojeda haya planteado la necesidad de escuchar a los compañeros, está muy bien, pero éste es el primer punto,... el primer punto es el reglamento y exigimos que se abran las galerías.
Gracias.
RECESOEl Presidente (a las 12:55 horas):
Señores diputados: en virtud de que hay tres propuestas, hay tres propuestas que han hecho, tres mociones, en virtud de que no hay condiciones, porque no han respetado los señores que invadieron el recinto legislativo, propongo un receso para que se reúna la Comisión de Régimen Parlamentario.
(Receso.)
Se reanuda esta sesión (a las 13:55 horas):
En virtud de que nuestra legislación establece que las sesiones son públicas esta Presidencia invita a quienes no son legisladores ni representantes de los medios de comunicación pasar a los sitios destinados para el público, a las butacas que se encuentran al fondo de esta sala, solicitándoles guardar orden y respeto para proseguir el desarrollo de esta sesión.
Asimismo esta Presidencia informa a la Asamblea que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política nos comunica que en la reforma del Poder Legislativo se establecerán los mecanismos que solucionarán este tipo de asuntos.
Tiene la palabra el diputado César Humberto González Magallón.
El diputado César Humberto González Magallón:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Cuando el pasado 1o. de septiembre el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dirigió un mensaje al honorable Congreso de la Unión, quedó manifestada una realidad política inobjetable: su visión particular sobre la situación económica, la justicia y el avance democrático del país, carece de profundidad ideológica y programática desde la perspectiva de los intereses históricos del pueblo y la nación mexicana.
El I Informe de Gobierno no ha dejado lugar a dudas, confirma lo que se ha venido observando en los últimos meses, años podría decirse, la modernización ha sido utilizada para favorecer los intereses del capital financiero nacional e internacional, de los sectores conservadores de la Iglesia y de los organismos internacionales; los grandes problemas nacionales, los problemas reales, han sido utilizados para crear instituciones, leyes y prácticas, a imagen y semejanza de las élites económicas, políticas, religiosas y hasta criminales del país.
El Gobierno dirige un proyecto de exclusión nacional y por tanto regional, ha sido claro. Si el discurso ha sido parco en declaraciones es porque tiene pocos destinatarios. El I Informe realizó la mayor prestidigitación política de la historia reciente, desapareció a la mayoría de la población, excluyó a los trabajadores, a los campesinos, a los pequeños y medianos empresarios, a los estudiantes, a los indígenas, a las mujeres, a los niños y a los ancianos; desapareció la pluralidad política, se quedó con unos pocos, ya sabemos quiénes son.
Se confirma lo que se venía observando, el Gobierno negocia con los grandes banqueros, con los grandes empresarios, con determinados dirigentes partidarios, con los representantes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, hasta con los capos del narcotráfico, pero no atiende los problemas, no habla, no se reúne, no menciona siquiera a los trabajadores de Ruta-100, a los 800 mil desplazados en el IMSS, a los jubilados y pensionados, a los rechazados en las escuelas, a los de El Barzón, a los que no tienen casa, a los que no tienen trabajo. Está claro, es un Gobierno de y para las minorías del país, de y para los ricos, los influyentes que hacen posible el bipartidismo gran burgués y aquéllos también que le engordan desde posiciones revolucionaristas.
Se equivocan quienes piensan que éste es un Gobierno débil, atrapado en sus contradicciones internas, incapaz de resolver la crisis económica y política del país. Por el contrario, un Gobierno que impone un ajuste económico brutal, que negocia los mayores créditos de la historia financiera, que se apoya en el gobierno de los Estados Unidos, que arrincona a los zapatistas, que nombra un procurador panista y lo sostiene ostensiblemente, que desaparece a la población, no es por definición ni débil ni incapaz, por el contrario, es un Gobierno con una autoridad inapelable, capaz de dirigir un proyecto nacional excluyente y elitista.
Quienes apuestan a las contradicciones internas de la clase gobernante, quienes consideran que las dificultades entre Zedillo y Salinas, entre los gobernadores y el poder central o entre los grupos del PRI o entre los empresarios y los financieros, son muestras de la debilidad institucional o política sobre las que se puede avanzar, se equivocan.
Las contradicciones interburguesas son menores; no ponen en riesgo la viabilidad del modelo, son oportunidades de negocio o de presión, nada más.
La crisis o mejor las crisis, están siendo utilizadas para reordenar las condiciones de dominación política y de explotación económica. Hay una continuidad entre la crisis y las estrategias políticas y económicas. En el ámbito político la reforma del Estado, las reformas electorales, seguramente avanzarán en los aspectos formales de la democracia, pero con el propósito de fomentar o institucionalizar el bipartidismo, la exclusión y la marginación política de ciudadanos y organizaciones diversas.
En las recientes elecciones así ha sido y el proceso electoral de los consejeros ciudadanos del Distrito Federal lo confirma. Los partidos dominantes, PRI y PAN, por debajo de la mesa, en negociaciones alternas y escondidas se reparten los puestos y las prebendas.
La política económica no admite dudas. Los préstamos, la contracción crediticia, la disminución del gasto público, el incremento al IVA y más recientemente el ADE, confirman la selección política del Gobierno: favorecer los intereses de los banqueros por sobre la población y los deudores.
En este último caso la elección gubernamental es más evidente. Una política de reestructuración de carteras vencidas que no considera, que no escucha, que no negocia con los deudores y que a pesar de todo les garantiza a los banqueros ganancias y a pesar de todo implica reducción del gasto social.
Otra vez la dirección de la crisis confirma el proceso de exclusión económica, mientras que los costos del ajuste se socializan...
Le voy a pedir al señor Presidente que me tenga la consideración que le tuvo al orador que me antecedió en el uso de la palabra, el orador del PRI duró más de 20 minutos. Voy a culminar mi intervención si me lo permite, señor Presidente.
...Mientras que los costos sociales, ganancias privadas, ése es el mecanismo de reestructuración gubernamental. A pesar de que esto vulnera, debilita y actúa en contra de una de las tesis básicas de Zedillo: fortalecimiento del ahorro interno, a partir del cual pretende regresar al crecimiento. Lo mismo ha sido en el caso de Ruta-100, costos sociales con ganancias privadas; igual en el IVA, en la devaluación que curiosamente propició la salida de capitales nacionales, en todas las medidas gubernamentales, no hay duda ni la ilusión del cambio de enfoque o de reorientación. El primer informe lo confirma hasta la obscenidad.
El Gobierno ha excluido a la población de su política, pero la población se mueve, se organiza, protesta, lucha, resiste. Esa es la gran contradicción social y política del presente. Mientras el Gobierno pretende excluir, desorganizar y desbaratar los esfuerzos sociales, mientras lanza la población a la marginación económica y política, ésta se organiza más y mejor, pero todavía no coordina sus luchas ni se expresa en votos.
En el Gobierno están ausentes las masas, está ausente la población. Ese es un error estratégico. También lo es de los partidos que suponen que el pactismo de cúpulas resuelve los problemas populares y es capaz de reorientar la reconstrucción nacional.
El activo político de la izquierda está en las masas, en la población que el Gobierno y sus aliados pretenden injustamente desplazar, eliminar o convertir en acompañante pasivo.
Del I Informe se debe agradecer la claridad política y estratégica. No hay duda, si alguien tenía ilusiones en el cambio de orientación u observaba márgenes de maniobra en las contradicciones interburguesas el I Informe las ha esfumado.
El Gobierno actual profundiza el modelo excluyente de la modernización nacional. No hay cambios, sino ajustes de las personas, de intereses, de hegemonía.
Las corrientes progresistas del PRI, las corrientes democráticas de la derecha, las corrientes nacionalistas de los empresarios, han sido avasalladas.
Por la izquierda peligrosamente se observan destacamentos interesados en una presunta negociación con la derecha democrática del PAN, para transitar a la democracia.
El Presidente:
Señor diputado, si fuera usted tan amable en redondear su intervención.
El diputado César Humberto González Magallón:
Se equivocan, el PAN no es la derecha democrática y el sistema de partido de Estado está moribundo, pero su alternancia desde la perspectiva del mismo PAN y los sectores hegemónicos del PRI no es la democracia plural y lo tolerante, sino el bipartidismo a la estadounidense. Un bipartidismo de nombre, un bipartidismo simulado, porque el proyecto es el mismo.
En ese marco, compañeras y compañeros, la experiencia de los violentistas en el sexenio anterior debe proporcionarnos las enseñanzas de lo que no se debe hacer en un enfrentamiento con el Gobierno. Las posiciones irreductibles de las confrontaciones permanentes, sin una fuerza social de apoyo, sin una fuerza social organizada y sin programa viable, no conducen a nada.
La confrontación estéril no fortalece a nadie, el problema es avanzar en una línea de reconstrucción democrática, lo que necesariamente implica confrontar las posiciones del Gobierno actual sin caer en los enfrentamientos inútiles.
Para eso, la organización y coordinación de los que resisten, de los que luchan cotidianamente, es fundamental.
Finalmente, señor Presidente, por salud moral de la nación se debe reorientar el diálogo político por el rumbo de la Revolución Mexicana. No es posible que el alto clero marque abierta y descaradamente las directrices medulares del diálogo político nacional. No es posible que el alto clero, esta casta selecta de dignatarios que han amasado grandes fortunas no auditadas, vuelquen su poder incontrolable en la alta política, minimizando el deber laico del Gobierno constitucional.
Una pregunta: ¿cuántas organizaciones no gubernamentales están siendo financiadas por el departamento de estado norteamericano, por los Caballeros de Colón, por esos grupos fascistas que se movían en el sigilo de la clandestinidad? La única forma de cambiar la orientación gubernamental, de derrotar la estrategia excluyente, es reencontrarnos con las enseñanzas heredadas de Morelos, Juárez, Ricardo Flores Magón, Lázaro Cárdenas.
Es incorporando a las masas, a los que resisten en las trincheras nacionalistas y antiimperialistas, a los que luchan por la vida digna en un escenario político del presente.
La unidad de la oposición de izquierda es el mecanismo adecuado para conseguirlo.
Muchas gracias.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa (desde su curul):
Pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, para rectificar hechos.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados.
No es la primera vez que el diputado que me precedió en el uso de la palabra, viene a fundar su argumentación sobre falsedades.
La amenaza para la vida política del país, ciertamente no descansa en el supuesto o en la existencia de un bipartidismo. La amenaza real contra la democracia en este país la han constituido los falsos partidos, como aquéllos a los que él perteneció antes y el que él quiso fundar en Jalisco como su empresa particular para hacerse subsistir él y los suyos.
El sabe que el partido del pueblo de Jalisco, que él fundó, sobre sus ambiciones únicamente, fue rechazado democráticamente sobre los electores de Jalisco, cuando no consiguió ni siquiera el mínimo porcentaje para tener representación en el Congreso del Estado.
Esos partidos, como los que fundan falsamente diputados o políticos como González Magallón, son la verdadera amenaza, porque no dejan o impiden o engañan, no dejan que crezca en autenticidad la democracia en el país. Esa es la amenaza, diputado.
La existencia de los partidos depende de la voluntad del pueblo y el pueblo en este país ha señalado con sus votaciones cuáles son los partidos que crecen, que se sostienen, que actúan y que han encontrado eco con sus tesis, con sus plataformas y con sus programas.
Y Acción Nacional, porque usted lo ha aludido, no es ni el partido de la derecha, como usted aquí lo afirmó, es un partido al servicio del pueblo de México, es un partido al servicio de las mejores causas de esta nación y es un partido al contrario de a los que usted ha pertenecido, sí tiene sustento en voluntad popular y ahí radica su crecimiento y su vigor y sus aportaciones a la historia del país, a la historia de la nación y ahí estará la fuerza de Acción Nacional, siempre, aunque usted no lo crea o no lo quiera, porque usted sí ha sido incapaz de construir una alternativa auténtica.
Su empresa partido del pueblo de Jalisco, no encontró sustento en la voluntad popular y no encontrará sustento jamás, partido semejante al suyo.
Gracias.
El diputado César Humberto González Magallón (desde su curul):
Pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado César González Magallón, para contestar alusiones personales.
El diputado César Humberto González Magallón:
Con su permiso, señor Presidente:
Creo que cuando uno tiene una apreciación política la debe decir con toda claridad, porque en el caso mío se sostiene en una conducta de muchos años, al lado del pueblo de México, al lado de los trabajadores.
Sin embargo, aquí ha venido el señor diputado a agredir de la manera en que no lo merecemos.
Pero en vez de ser defensor del alto clero político, que es quien a través de las limosnas del pueblo de México lo tiene en la postración, viene a decir que el partido del pueblo de Jalisco es un intento fallido. Yo quiero decirle al señor diputado que somos el único partido político estatal que logró, con requisitos totalmente adversos y antidemocráticos su registro.
Lo perdimos porque hay una correlación de fuerzas desde el Estado mexicano con el clero político y obviamente porque no pudimos participar en las condiciones con las que seguiremos actuando.
Es decir, lo del partido del pueblo de Jalisco no está a discusión aquí. Lo que está a discusión aquí es la actitud totalmente contraria a los intereses nacionales y populares que el Partido Acción Nacional está llevando a cabo en estos momentos y no lo puede negar. ¿Cuál es la situación real del pueblo de México? ¿No hay un cogobierno con el PRI? ¿Cuál es la responsabilidad del PAN frente a tantos millones de mexicanos que viven la pobreza extrema? ¿Cuál es la responsabilidad del PAN? ¿Deben asumir su responsabilidad?
Por eso cuando criticamos un informe de gobierno, que tiene claras tendencias derechistas, no tienen porque molestarse. Simplemente reconozcan que el alto clero político tiene las manos metidas en Acción Nacional, compañeros diputados.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente:
Yo le recomendaría al líder del grupo parlamentario panista escogiera mejor a sus oradores, ayer por ejemplo, escogió a Ocejo para enfrentar a Levín y lo dejaron ir vivo, compañero García Cervantes. Porque Levín vino aquí doctoral y magistralmente a querer darle clase de política, se presentó como político, fustigó a los neoliberales, a los tecnócratas, cuando él mismo, compañeros, es un tecnócrata.
Fue muy cuidadoso el "exhortista" Levín cuando dijo que se perdió el rumbo hace 14 años y yo me quedé pensando y ¿por qué no 15?, ¿por qué no 13? Hice memoria fue cuando derrotado su equipo tecnocrático en Hacienda, se retiró de la carrera presidencial, porque les ganó De la Madrid y fue derrotado David Ibarra y él era nada menos que el director general de crédito, él fue el gran endeudador del país, en ese sexenio la deuda en el inicio fue de 19 mil millones de dólares y gracias a Levín Coppel, la dejaron en cuatro veces más y ahora viene Levín a darles clase a los panistas de alta política.
Y también les dijo, compañeros panistas, que "no se hagan", que ustedes fueron cómplices, les echó la culpa.
Desde luego yo les diría como dijo Salinas, "no se hagan bolas", ustedes PRI y PAN son lo mismo. Son el PRIAN, es esa simbiosis partidaria que se gestó de una cohabitación incestuosa de dos partidos de derecha, el PRI y el PAN en el sexenio pasado. Son el PRIAN fundado por dos Luises: Luis Alvarez y Luis Colosio y consolidado por dos Carlos: Castillo y Salinas. Entonces que no nos venga ahora aquí el diputado Sanchez que precedió a Magallón para decir que son falsedades eso del bipartidismo, quizá le podríamos conceder un exceso de generosidad, no es bipartidismo, es uno solo y se llama: el PRIAN.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
En la discusión sobre el informe de Ernesto Zedillo, correspondiente a este tema, podemos decir que se quedó corto en lo que nos envió por escrito, en su análisis que hace de la situación del país y, obviamente del Estado. Tenemos un Estado amenazado por la debilidad de sus instituciones, un Ejecutivo que no concreta sus propuestas y acciones, un Ejecutivo que teje y desteje, que no lleva a la práctica lo que dice anteriormente. Un Legislativo muy atado a la dependencia de este Ejecutivo y un Poder Judicial con un funcionamiento sumamente corrupto en su estructura media e inferior.
Tuvimos un sexenio en donde estas instituciones fueron debilitadas y usadas para un proyecto económico y un proyecto para 24 años, según decía Gurría; un proyecto personal como lo dijera el otro día Luis Echeverría Alvarez, ex presidente de la República, al afirmar que Salinas de Gortari trabajó para la reelección, para su reelección. Obviamente esto llevó también a que se debilitaran aún más estas instituciones y tengamos ahora un país sumamente debilitado, sumamente a la defensiva en todos sus aspectos.
Nos propone Ernesto Zedillo una seguridad pública para por fin terminar con la incertidumbre y garantizar las vidas y los bienes muebles e inmuebles de los que habitamos este país. Pero vemos en él, en esta propuesta, vemos un peligro por los antecedentes del funcionamiento del partido en el Gobierno y de sus presidentes anteriormente. Un concepto que vuelve a ratificarse en el cual la seguridad pública la ven más para la seguridad de las acciones gubernamentales que para seguridad de los bienes y de las personas.
La propuesta de un consejo encabezado por el Secretario de Gobernación nos suena a revivir las épocas de persecución a partir de Gobernación y de hacer otra vez de la actividad política una actividad que pueda ser perseguida, reprimida por la policía. Nos suena a volver a manejar desde Gobernación el asunto de la política, el asunto de la libertad como un asunto policiaco. No creemos que este consejo y esa propuesta que presenta Zedillo sea una solución porque lo vemos como una represión, posibilidad de acotar más los derechos de los ciudadanos y los habitantes de nuestro país. Renacer, quizá, una Dirección Federal de Seguridad Pública y manejar a partir de ahí todos los controles policiacos para así reprimir directamente los movimientos sociales.
En el combate al narcotráfico, no vemos que haya la propuesta de que sea con todo y la sociedad, que vayamos a fondo de esto, que vayamos juntos para combatir ese crimen organizado; más bien lo vemos como una amenaza también a la actividad política de cualquier ciudadano. El combate al narcotráfico está muy, según su propuesta, muy influenciado por la idea norteamericana de que crimen organizado es igual a movimientos sociales, a movimientos políticos e incluso a guerrilla que lucha por ideales políticos. Y esto es muy peligroso, porque sería en la práctica, colombianizarnos y hacernos incluso, que hayan estas experiencias tan nefastas como las de los jueces, Ministerio Público y testigos sin rostro, a lo cual incluso en Colombia están criticando y queriendo dar marcha atrás.
Igualmente los crímenes que hemos, los grandes crímenes políticos, los tres que de alguna manera definen la parte de la integridad de las instituciones, siguen sin dar una respuesta satisfactoria. Nosotros pensamos que a partir, incluso, con la declaración de Echeverría Alvarez, el día de ayer, podríamos muy bien unir nuestras fuerzas y voces para exigir que Salinas de Gortari sea presentado ante la Procuraduría General de la República y sea obviamente convocado a que diga lo que sabe acerca del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Hay muchas cosas que decir alrededor de eso. No queremos que haya ese carpetazo con el tiempo que quieren darle y que quieran manejar este crimen como un asunto de entre un grupo pasado, de un asunto al cual la sociedad debe olvidarse pronto y ya.
Realmente tenemos en política interior, no un balance positivo, sino un balance negativo; presos políticos abiertamente existen en nuestras cárceles, como lo hemos dicho aquí; presos políticos como Javier Olorriaga, a quien acusa alguien que ha desaparecido y no está por ningún lado y no pueden sustentarle mayor acusación que la del dicho de alguien que no aparece y que no está, de un fantasma. Presos políticos en México otra vez, lo cual lleva y conlleva, obviamente, a que nuestras instituciones y nuestro estado de derecho se vean debilitados profundamente.
Qué lástima que Ernesto Zedillo no aceptó debatir directamente con nosotros, de cara a nosotros, con el Poder Legislativo, porque ahí se podrían llegar incluso a corresponsabilidades. Qué lástima que no aceptó ahora ni siquiera escuchar a los oradores de los partidos que integramos la Cámara, para poder debatir abiertamente, de frente con él, sobre la situación de nuestro país para encauzar mejor a este México tan sufrido, tan lastimado, tan debilitado, por falta de decisión, por falta de una orientación política que sea, que vaya en beneficio de nuestra patria.
Creemos que la política interna, a estas alturas, a estos meses, es negativa; fue en contra de los mexicanos, no ayudó a sacar los asuntos de justicia ni siquiera a asegurar que los mexicanos podamos transitar libremente por nuestro país o vivir en paz en nuestra patria.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:
Esperemos finalmente centrar el debate en lo que hoy importa y no en lo que antes se ha mencionado. En la glosa del informe y es en política interior, en el estado de derecho y desarrollo democrático, concretamente en la división de poderes.
El informe rendido por escrito por el titular del Poder Ejecutivo, en cuanto a la política interior, implementada en los nueve meses de su administración, muestra una novedosa forma de hablar con claridad de algunos de los vicios del sistema político mexicano, incluso, de hacer diagnósticos acertados en cuanto a la realidad de nuestros problemas. Pero es omiso y evasivo para hablar del mismo modo en cuanto a los orígenes y antecedentes de nuestros males y, sobre todo, en cuanto a las propuestas para solucionarlas. Del mismo tenor habló aquí el diputado Víctor Manuel Palma.
Por ejemplo, el Presidente por una parte reconoce, cito textualmente: "la democracia es el valor supremo de nuestra política, es indispensable para el progreso de México y debe abarcar todos los ámbitos de la vida de la República". Pero por la otra omite deliberadamente explicar por qué en México nunca ha sido posible instrumentar un sistema realmente democrático y mucho menos se atreve a proponer las medidas necesarias para que México acceda finalmente a la democracia.
Y lo anterior obedece, por una parte, a que necesariamente tendría que desenmascarar al verdadero rostro de un sistema autoritario y antidemocrático, instaurado desde el poder para perpetuarse en él, del cual el mismo es producto.
Por la otra, tampoco se atreve a dar los pasos definitivos para despojar al poder presidencial de las omnímodas facultades de ley que acumuló y las metajurídicas que arrebató, en merma precisamente de los otros dos poderes de la Unión, formalmente previstos pero realmente avasallados.
El presidente Zedillo ha repetido en distintas ocasiones que quiere un poder presidencial acotado y ceñido a la ley. Eso ha dicho; pero de hecho y ante nuestros propios ojos, los ojos del Poder Legislativo, ha sacado adelante sus decisiones utilizando el más rancio y descarado vicio del sistema: ¡el de la aplastante mayoría incondicional de los miembros del PRI en este recinto! Que por cierto es una mayoría muy relativa, de acuerdo con los resultados electorales, pues con el apenas 50% de la votación tiene el control de la Cámara el partido oficial.
Para muestra, basta recordar el incremento al IVA, la aprobación del inconstitucional y oprobioso para el Poder Legislativo artículo decimocuarto transitorio de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional o la violatoria reforma al Estatuto Jurídico de gobierno del Distrito Federal.
¿Dónde está la autonomía real del Poder Legislativo, cuando graciosamente el Presidente anuncia que la instancia fiscalizadora del gasto público será parte del Congreso? Pareciendo desconocer que ése era el principio fundamental desde el Constituyente de 1917.
En cuanto al Poder Judicial, justo es reconocer algunos avances que tienden a dotarlo de autonomía e independencia frente al Ejecutivo. No puede negarse que hoy la conformación de nuestro máximo órgano de justicia, con el Consejo de la Judicatura y los ministros en funciones han superado con mucho lo anterior, que era por todos conocida como "refugio de políticos en desuso", con sus honrosas excepciones.
Es de reconocerse también la manifiesta voluntad del Ejecutivo ahí expresada, sí, en hechos, de avanzar hacia un control más estricto de la constitucionalidad y en dotar a los municipios y estados de un medio de defensa frente a la Federación. Como lo dejó en evidencia la reforma al artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria.
Asimismo resultó positivo el incluir en las reformas constitucionales de diciembre de 1994, la separación de las funciones del Procurador General de la República y las del consejero jurídico del Gobierno y las de prever el recurso jurisdiccional en contra de los actos del Ministerio Público. Viejos reclamos, por cierto, de Acción Nacional.
No obstante estos notorios avances que apoyamos decididamente desde esta representación, a nuestro modo de ver y por lo que hace a la reestructuración se ha reducido la integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin llegar la reforma a los tribunales colegiados y unitarios de circuito y a los juzgados de distrito. Así como tampoco se ha logrado que el acceso a la justicia llegue a todos los mexicanos.
Por otra parte, en el informe del Ejecutivo se menciona como un propósito enviar al Legislativo un proyecto de nueva Ley de Amparo, que nosotros esperamos contenga las disposiciones necesarias para quitar trabas y tecnicismos que faciliten el acceso a ese juicio a la población en general, en virtud de que no tiene los recursos para pagar abogados especializados y esto sin desvirtuar la bondad de la institución.
Acción Nacional, como es su costumbre, no se circunscribe a la crítica ni al señalamiento irresponsable, sino que también propone y en esta materia señala:
1. Para el establecimiento del estado de derecho en nuestro país no sólo es necesario la expresión de ajustarse al derecho y cumplir con la letra de la ley, sino también cumplir con el espíritu de las disposiciones legales en el marco de la ética política.
2. El Congreso debe asumir plena y responsablemente su categoría de poder, independientemente de partidarismos, con el ejercicio eficaz de las facultades exclusivas o concurrentes que le atribuye la Constitución a la Cámara de Diputados y al Senado, no sólo para legislar, sino para contribuir a la correcta orientación política de la administración, además de ejercer el control de ésta por las vías del presupuesto, de la verdadera rendición de cuentas y de la exigencia de responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.
3. Debe completarse la reforma al Poder Judicial a efecto de que se depure la administración de justicia en todas sus instancias y garantice la vinculación de los jueces y ministros con el pueblo.
4. Debe dotarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la facultad de iniciativa de ley o decreto en las materias de su competencia.
Señoras y señores diputados: esperamos que el próximo informe de gobierno contenga metas alcanzadas y programas realizados y no sea una mera exposición o enumeración de buenos propósitos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Ignacio Ovalle Fernández.
El diputado Ignacio Ovalle Fernández:
Con la autorización de la Presidencia:
Por severos que sean los sacrificios que realice nuestro pueblo para superar sus dificultades económicas y sus rezagos sociales y por certeras y bien complementadas que pudieran ser las medidas que se adopten, los frutos serán insuficientes mientras en el fondo de la conciencia de cada mexicano no se reafirmen algunas certidumbres esenciales de las cuales la más importante es la de que vivimos en un estado de derecho, cuya plena vigencia el pueblo exige y el Gobierno garantiza. Esto significa que con ser muy importante la economía, la primacía de la hora corresponde a la política, quiere decir que el alivio de las penalidades nacionales debe pasar antes que por el escritorio de los financieros y los creadores de programas, por la conquista auténtica de la voluntad de los hombres, por la recuperación de la fe colectiva, por la recuperación real de la confianza, confianza en nosotros mismos y confianza en las instituciones que con tanto sacrificio ha creado nuestro pueblo a lo largo de su esforzada historia.
Esta primacía de la política, esta recuperación de la confianza no pasarán, sin embargo de ser meras palabras, propósitos y sueños, mientras quienes tienen, tenemos el privilegio de participar en la revisión de nuestro entramado institucional, en la reforma del Estado, no echemos manos a la obra. Mientras retrasemos nuestro concurso en esa magna tarea de revisar el actual desequilibrio entre los poderes públicos de corregir las insuficiencias de nuestro federalismo y de crear una normatividad electoral definitiva, mientras no emprendamos estas tareas, repito, se magnificarán las nocivas consecuencias de mantener en vigor las anacronías de nuestro sistema político, el centralismo continuará chupando la energía de las regiones y la democracia seguirá respondiendo mejor a su contrapunto que a su esencia, es decir, seguirá siendo frecuentemente más que el modo civilizado de superar las discrepancias, un punto crucial de desencuentro y fuente privilegiada de inestabilidad y desaliento. Sea que los trabajos se inicien en el ámbito de las dirigencias partidarias, como dijo preferirlo el Presidente, o en el seno del Congreso, la definición del nuevo perfil de nuestras instituciones no será obra de unos cuantos ni de un solo partido, debe ser, será obra de todos; ahí se deben reflejar las valiosas reflexiones, las agudas críticas y las aportaciones patrióticas de todas las fracciones parlamentarias.
El país, nuestro ancho y diverso país, no está para repetir el monólogo de nadie sino para nutrirse con la savia de todas sus regiones y corrientes. En tanto los partidos hoy renuentes por posiciones y prioridades muy respetables, según las llamó el Presidente, se deciden, el Ejecutivo no está ajeno a la acción.
Esta soberanía discutió, reformó y finalmente aprobó una iniciativa presidencial conforme a la cual se sientan bases para que el Poder Judicial alcance plena autonomía, se ampliaron las atribuciones de la Suprema Corte para efectos de control de constitucionalidad y se fortaleció el equilibrio de poderes creando la posibilidad de que la tercera parte de un órgano legislativo pueda impugnar la inconstitucionalidad de una ley y suspender su aplicación general.
Se dio inicio a la reestructuración integral de las procuradurías, se ha ofrecido la mayor colaboración para que no sea necesario reclamar contra la legislación al vapor sino para hacerla técnica y procedimentalmente inviable.
Se anticipa una iniciativa para democratizar más el ejercicio del derecho de amparo y se ha anunciado la creación de un órgano autónomo de control, una Auditoría Superior de la Federación que sea parte del Congreso de la Unión.
El Ejecutivo Federal avanza así sensiblemente en campos vitales de la política interior pero para hacerlo integralmente, para avanzar en todo lo que falta, y que es más, no quiere marchar solo sino con el concurso de todos, sin reeditar los vicios del viejo autoritarismo centralizador y sin la mítica y dañina aureola del hombre providencial.
Entre los temas pendientes de la reforma del Estado sigue destacando la llamada reforma electoral definitiva, se la llama definitiva no porque se aspire a su perpetuidad, sería absurdo; se le llama definitiva en el sentido de que las reclamaciones electorales, cuando existan, se refieran a violaciones a la ley pero no ya a los términos de la ley misma.
La esencia del estado de derecho en el mundo y el vigente en México no consiste en la utopia de que ningún hombre viole las leyes, siempre habrá algunos que lo hagan, sino en que la propia ley prescriba las fórmulas correctivas; no consiste en que en el Gobierno no haya prevaricadores, malhechores que traicionen su deber, sino en que no estén exceptuados, colocados en el reino de la impunidad.
El estado de derecho consiste en que el capricho de nadie, ni siquiera el de un gobernante bondadoso y justo o el grito de una multitud, se impongan por sí mismos al margen de las leyes y respondan ante nadie. El estado de derecho consiste, ante todo, en que el Estado no esté por encima sino sometido a la ley y en que cuando se modifique la ley lo haga por los senderos que ella misma prescribe.
Concluyo. Hacer y reformar esas leyes, discutirlas, darles vigencia, es nuestro altísimo privilegio; honrémoslo exhortando a las dirigencias partidarias que mantienen su renuencia, lo digo con respeto y toda consideración, exhortándolas a distinguir las causas de los problemas de sus efectos y optar por la corrección en las causas, a separar lo esencial de lo secundario y a prestarse para el diálogo, acelerando con ello el entierro de las fórmulas marchitas y el alumbramiento de los nuevos perfiles de la vida pública que deseamos todos, que reclama el México, ése sí eterno, que todos amamos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El presidente Zedillo, el Secretario de Gobernación y hace unos momentos el diputado Ovalle y el diputado Palma, han reiterado su manifiesta voluntad de impulsar cambios en este país. Creemos que esto es importante. También y hay que decirlo, creemos que se ha avanzado en algunas cuestiones, pero en lo fundamental, en el avance de la transformación democrática en los hechos de este nuestro México, poco se ha concretado.
Volvemos a insistir, las palabras son unas, los hechos otros. Pareciera ser que el dicho popular de que "el prometer no empobrece sino que el dar es lo que aniquila", es lo que campea. Creemos pues que ya es el momento de dejar de decir "ya hay que empezar a actuar". Todos tenemos responsabilidad en ello, unos más, otros menos, pero estamos involucrados, así lo vemos, en el compromiso de la transformación de México. Por eso no entendemos hoy qué se está esperando para iniciar, de veras y de manera democrática, la discusión y el camino para la reforma del Estado.
No entendemos por qué el nombramiento del director del IFE sea un obstáculo para iniciar esta discusión; debiéramos estar discutiendo cómo la vamos a dar, cuáles son los espacios que hay que abrir a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los partidos políticos reconocidos que no tienen representación en la Cámara y, por supuesto, la discusión de los que aquí estamos presentes.
No vemos en ese sentido que el Partido Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional estén concretando acciones para hacer esta discusión; se siguen reuniendo, se dice como parte del diálogo nacional, ellos junto con el PRD, en Gobernación.
Ya Barcelo demostró su ineficacia, su falta de democracia y sobre todo su inefectividad; hoy se vuelve a hablar de reforma electoral como el primer punto, cuando el año pasado se nos vendió como la gran reforma electorera para garantizar elecciones democráticas en el país.
En el federalismo hoy estamos supuestamente avanzando por una vía paralela pero estamos hoy ante la contradicción de un federalismo real y el fortalecimiento de caciques en los estados y resulta ser que el Gobierno Federal es intermediador pero no se solucionan problemas fundamentales y hoy tenemos en esta sesión compañeros que se ven obligados a venir aquí a exponer sus problemas porque en su entidad no son solucionados esos problemas y no son ellos la excepción, ha sido la práctica cotidiana que así ocurra. Entonces ¿cuál federalismo?, fortalecimiento de caciques o democracia en los estados.
Hablamos también de una real división de poderes y de nueva cuenta aquí estamos esperando ver en qué momento el Ejecutivo tiene preparado su paquete de iniciativas para ser discutidas, mientras las iniciativas de años de los partidos de oposición, duermen el sueño de los justos. Podríamos estar trabajando en muchas de ellas que son interesantes, importantes y que caminan en favorecer los intereses del pueblo mexicano, pero no, aquí el Ejecutivo sigue mandando. ¿Qué decir de lo que ocurrió en el pasado periodo de sesiones con la aprobación del IVA, disposición del Ejecutivo acatada por esta instancia, por la mayoría de los diputados.
Me parece que esto no habla bien de que estemos avanzando en los objetivos planteados en el diálogo político nacional, que no estamos avanzando en la reforma de Estado y sobre todo que no estamos avanzando realmente en una división de poderes efectiva, en un federalismo real y, sobre todo, en garantizar los derechos de los mexicanos y la democracia para este país.
Tenemos la palabra, compañeros, es un compromiso que debemos asumir, el Ejecutivo con acciones y compromisos y hechos concretos; los partidos aquí representados, igualmente y las organizaciones sociales de éste nuestro México, con su participación, opiniones y colaboración para una responsabilidad que no podemos eludir. O cambiamos y transformamos realmente esta nación, o nosotros vamos a ser corresponsables de que en ella se susciten problemas serios, que haya conflictos sociales de importancia y, sobre todo, que millones de mexicanos continúen en la miseria y en la pobreza en que se les ha sumido, no sólo en un sexenio, sino en décadas de intolerancia y de falta de capacidad de nuestros gobernantes para dar solución a los problemas sociales de la mayoría de los mexicanos.
Nosotros, los partidos aquí representados, los legisladores, las organizaciones sociales, el Gobierno, todos juntos tenemos esa responsabilidad. Asumámosla y demos pasos concretos para ella.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Marco Rascón Córdova.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Gracias, señor Presidente:
Vengo a rebatir el optimismo sin fundamento del presidente Ernesto Zedillo.
El general Lázaro Cárdenas, en su testamento, advertía a la nación que no podía existir soberanía política sin soberanía económica. Esta tesis era el fundamento central de nuestro proyecto nacional, de la política económica, de los planes industriales y educativos.
Frente a nuestros vecinos del norte era clara la necesidad de una férrea política de protección de nuestra planta industrial y nuestra producción agrícola, ya que sólo con una economía propia y fuerte era posible ganarnos el respeto y mantener relaciones bilaterales equitativas y justas con el norte y el resto del mundo.
Esta posición es lo que le daba fuerza a nuestra política exterior y a nuestros principios de autodeterminación; esta posición, basada en la soberanía económica, era la fuerza para el manejo de la política interna; esta posición era la base para determinar nuestra política social y fijar los criterios del gasto.
La herencia de Carlos Salinas al país fue destruir la base de la soberanía económica, a cambio de negocios exitosos para unos cuantos; la herencia de Carlos Salinas, con la cual no se ha roto, dejó al país sin futuro propio, intervenido económicamente, sujeto a criterios del exterior, dependiente no sólo de recursos financieros, sino de la planta industrial norteamericana; la herencia de Carlos Salinas dejó al país, además de la integración convertida en un moderno protectorado, una economía débil, un gobierno débil y un débil sistema de partidos, confundidos y a la defensiva frente a la magnitud del desastre económico y político del país.
El intervencionismo financiero y la importancia de éste en nuestra economía terminó con la soberanía nacional y hoy determina claramente los aspectos esenciales de la política interna de México.
Esta crisis cruza de arriba a abajo a todo el país exceptuando a la minoría oligárquica beneficiada con este esquema de socios menores. Esta crisis es de las más peligrosas porque está paralizando a las instituciones y al país, porque produce una gran incertidumbre en todos los aspectos.
El ADE por ejemplo, así como las políticas de pago, son pura resistencia, pagar el baile de unos cuantos y lo que se gastaron. Las medidas anticrisis presentadas aquí por el Ejecutivo, son exactamente las mismas que anunciaban durante el auge: bajar las tasas de interés, mantener la paridad y reducir la inflación a un dígito, a fin de que los indicadores macroeconómicos se mantuvieran estables y nos presentaran como un país de buenos negocios financieros y especulativos.
Nueva crisis, viejas soluciones y una falta de apuesta al México real, al México del trabajo, al México capaz. No hay rumbo y cuando no hay rumbo ningún viento nos favorece. El ciclo del saqueo a la autocrítica y de la autocrítica a los discursos vacíos y de fórmulas viejas, deberá ser motivo de silencio de vergüenza; si este Congreso guardara la memoria no debería permitir que se dijeran.
Sólo hace unos meses se pedía para el titular del Ejecutivo el beneficio de la duda. Hace unos meses el mismo doctor Zedillo pronunció un discurso que era de otro país y otra realidad. Para explicar el desastre el Presidente nos vino a plantear que la crisis, la causa de la crisis fue por haberse descuidado la generación de ahorro interno. ¿Cuántos fueron, doctor Zedillo, los que saquearon al país y causaron la devaluación? No fueron menos de 15 ni más de 24.
Luego, las viejas fórmulas: recorte del gasto, aumento de precios y tarifas del servicio público y el aumento al IVA. ¿Qué tiene que ver esto con la política interna? Que tras un gobierno débil y sin rumbo, las grandes transnacionales, los banqueros y los hombres de negocios, son los que han llenado el vacío dejado por el Estado como conductor de los cambios.
Hoy el Presidente no tiene posibilidades ni de manejar la política económica porque ésta se fija desde el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro Norteamericano. Ellos prestan, pero también han determinado en qué se debe gastar el dinero. ¿Para qué nos sirve convocar la soberanía si las principales decisiones no se toman aquí? Por ser un pueblo del sol, somos una nación de ciclos; cada 10 años un terremoto, cada 30 años rebeliones; el día viernes se rememoran los 30 años del levantamiento en Ciudad Madero, Chihuahua, cada seis años devaluaciones y los mismos discursos.
En el pasado informe en materia de política interna, se mencionaron cuatro aspectos centrales: la reforma del Estado, la seguridad pública, nueva fachada clandestina a coordinación de seguridad nacional, el narcotráfico y Chiapas. En este marco cabe decir que más allá de las elecciones y de una democracia gastada, los partidos hoy en México están virtualmente inexistentes.
La grave situación del país, su falta de rumbo y sus disyuntivas, han hecho que los partidos internamente se debatan también entre nacionalismo y neoliberalismo, entre progresistas y conservadores.
La crisis política nos encamina a una redefinición de las fuerzas políticas porque el país necesita partidos vigorosos. La desvinculación de la reforma del Estado en la situación económica nos lleva de nuevo al esquema salinista de que no puede haber reforma política hasta que haya estabilidad económica. En este sentido la pretendida reforma del Estado peligra en terminar en una nueva reforma electoral menor.
Las implicaciones del intervencionismo económico en materia política y de reformas del Estado condiciona a que no se cambie el esquema de fuerzas, ya que la condición es que no se ponga en entredicho el proyecto económico y el esquema de integración. Ese es el caso de Chile, de Argentina y de Brasil.
Para recordar y no extrañar al compañero Marcué, pido a la Presidencia acogerme al artículo 104 del Reglamento, por favor, para terminar.
Este es el caso de Chile, de Argentina y de Brasil, donde se pasó del militarismo a la democracia real sin que cambiara en nada el esquema económico y los intereses norteamericanos sobre los nacionales. Aquí la debilidad de los partidos permite hablar de reforma del Estado y reforma política sin que se afecte el modelo económico, pero se engaña quien piense que eso no tendrá graves consecuencias y peligros de ruptura.
Quien crea que el Gobierno y el Estado es más fuerte que el pueblo de México se equivoca, quien crea que el Congreso es más fuerte que el pueblo se equivoca, quien crea que el Ejército es más fuerte que el pueblo se equivoca, quien crea que los partidos son más fuertes que el pueblo también se equivoca.
Es preocupante, para ello la política de seguridad nacional se ha transformado. En el mundo globalizado está conjurado el peligro de invasiones externas y por tanto las fuerzas de seguridad son orientadas para prevenir la inestabilidad interna. La seguridad nacional basada en el bienestar social es hoy sustituida por los viejos modelos de lucha en contra de las subversiones malignas.
Es preocupante que Marco Bernal, el comisionado, desmienta públicamente una posición presidencial. ¿Quién es Bernal?, además de traidor a sus causas, ¿a quién representa? No podemos dejar de señalar que en el último diferendo entre Zedillo y Bernal, Bernal se impuso e impidió el acceso a los zapatistas al diálogo nacional y redujo su ámbito al mero territorio chiapaneco.
Existe la sospecha que lo que aquí se anunció como intensificación social en Chiapas sea una nueva estrategia contrainsurgencia y de cerco sobre las fuerzas zapatistas, porque no es la primera vez que quienes dirigen la seguridad nacional desmientan al mismo Presidente.
Además del desmentido de Bernal a la Cocopa y al jefe del Ejecutivo y jefe supremo de las fuerzas armadas, la seguridad nacional le hizo al presidente Zedillo faltar a su palabra empeñada aquí en esta misma tribuna el 1o. de diciembre de 1994, cuando señaló: "Estoy convencido de que es posible lograr en Chiapas una nueva negociación que nos lleve a una paz justa, digna y definitiva. No habrá violencia por parte del Gobierno y confío en que tampoco la habrá de quienes se han inconformado. El Ejército mexicano mantendrá unilateralmente el cese al fuego. Buscaremos por todos los medios llegar a un arreglo fincado en la concordia, la democracia y las oportunidades de desarrollo con equidad". ¿Quién está por encima del Presidente y del Ejército, que tomó la decisión del rompimiento de la tregua en febrero? ¿Quién puso al Presidente frente al país en la televisión, haciendo el papel de agente del Ministerio Público y comprometiendo su principio de autoridad? Por estas causas ciudadanos mexicanos están presos injustamente en Veracruz, Estado de México y en Tuxtla Gutiérrez. Los mantiene presos una decisión por encima del compromiso presidencial, los mantiene presos el principio de autoridad comprometido de manera absurda por el doctor Ernesto Zedillo en la televisión, con lo cual rompió su palabra y se desmintió a sí mismo al dar la versión nacional de que Marcos y el Ejército Zapatista era un grupo de delincuentes del orden común.
El 1o. de diciembre debió con generosidad haber asumido con autocrítica el asunto de los presos. Va contra toda legalidad tener rehenes y presos del Presidente y de su investidura.
El Presidente:
Señor diputado, ruego, para dar cumplimiento al acuerdo de su fracción parlamentaria con las demás, que hagamos esto.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Soy diputado de la nación y con base en el reglamento y habiéndome acogido al artículo 104, los acuerdos parlamentarios no pueden estar por encima del reglamento.
El Presidente:
Le ruego nuevamente al diputado...
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Por favor, si usted puede dar lectura al artículo 103.
El Presidente:
Le ruego a usted, señor diputado, hagamos un ejercicio de...
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Voy a concluir. Este es un llamado de atención también, señores diputados, porque este Congreso, particularmente esta legislatura, si continúa con esos acuerdos parlamentarios, socavando, deshaciendo lo que deben ser los debates en esta Cámara, va en contra del interés de todos.
Compañeros diputados, tenemos que mantener el espíritu de debate y de discusión de manera libre.
Por encima de la Cocopa y la posición presidencial, Marco Bernal se impuso en el último encuentro de Larráinzar.
Existen ahora decisiones tomadas por encima del Presidente y del Ejército. ¿Quiénes son, con qué legalidad ostentan ese poder que se esconde tras una política de seguridad nacional orientada hacia el manejo de la política interna? Es un monstruo grande que pisa fuerte y dejarlo crecer más pondrá en riesgo los jirones de legalidad que aún nos quedan; pondrá en peligro la paz y es una demostración más que la soberanía no existe.
Esta deformación es causada indudablemente también por la falta de soberanía económica y sin existir golpe o dictadura militar, desde el exterior hay un proceso de intervención en nuestra economía y en el manejo de nuestra seguridad.
Hoy Chiapas y el Ejército Zapatista, mañana serán de las oposiciones incómodas y el mismo Gobierno.
Tomemos en este contexto la fragilidad del contenido del informe presidencial y preocupémenos, compañeros diputados.
En el caso del narcotráfico las cosas son igualmente graves. Una tercera parte de nuestras fuerzas armadas y más del 50% de la Procuraduría General de la República son destinados al combate del narcotráfico.
Nos reestructuramos permanentemente para luchar contra el narcotráfico descuidando otro tipo de funciones, es decir, destinamos amplios recursos y fuerzas por un problema que no es de nosotros.
El 80% del precio de la cocaína que se vende en las calles de Estados Unidos se hace al cruzar la frontera norte; es el consumo el gran atractivo económico y financiero.
Por otro lado somos el único país que involucra a sus instituciones fundamentales en esta lucha. Ni en Estados Unidos utilizan sus fuerzas armadas ni su policía federal para el combate, sino a través de una policía especial, la DEA,
la cual es cada vez más poderosa en la medida que crece el poder económico del narcotráfico y su importancia en las economías.
Combatir el narcotráfico es un negocio y sin control o marco equitativo de los países consumidores; es el alimento de las fuerzas más perversas. El narcotráfico es la doble moral de la economía en forma que es el neoliberalismo y la especulación por sobre la producción. El narcotráfico es la economía subterránea y el juego de los poderosos. Hay más muertes y más violencia por el combate a las drogas que por el consumo de ellas.
En el I Informe, la posición del Ejecutivo y el proyecto de reformas al Poder Judicial y la Procuraduría son parte del esquema de economía perversa, relaciones internacionales perversas que nos han impuesto y no nos dejan decidir con soberanía.
El asunto no son más radios, más pistolas y más chalecos antibalas, sino un país que navega sin rumbo y sin capitán, por lo cual ningún viento le es favorable.
Señores diputados, mientras no se legalicen las drogas y se termine con el valor extraordinario y artificial, el narcotráfico seguirá existiendo.
El narcotráfico es el fenómeno es el más favorecido por las nuevas reglas económicas neoliberales de apertura de mercados, globalización y especulación financiera.
Legalizar el consumo y la distribución, significaría convertir el gran negocio del siglo en un problema de estanquillos, en un problema más marginal que el alcoholismo. Algunos ya podrían anunciar: "se ve cara, la es". "Este producto puede ser nocivo para la salud". "No, gracias, yo controlo...", etcétera.
¿Qué pasaría en Estados Unidos, un día, dos días sin drogas que consumir? Nos felicitarían o nos invadirían en busca de ella.
Esta es la cuestión y la moral falsa en la que se sustenta el combate al narcotráfico.
En ese marco de intervención económica la reforma del Estado se ha vuelto también un concepto débil. Esta reforma no tiene ideólogos ni ideología. Hay que reconocer, a comparación casi 20 años, Reyes Heroles propuso un esquema de reforma política de alcances precisos y promovida por el propio Estado.
Hoy la táctica del consenso aquí es solamente falta de voluntad y de rumbo. Sin rumbo nacional el cambio y la transición se han convertido también en inercias y resistencias más que entusiasmo y apasionamiento nacional.
Este esquema económico ha necesitado de un Estado débil para que se impusieran otras fuerzas. Hoy son los grupos oligárquicos los que emergen en el salinismo, los banqueros de sospecha y veloz enriquecimiento y los intereses financieros del exterior, beneficiados por el marco de especulación y debilidad productiva, los que han sustituido al Estado y no precisamente para erigir y promover el cambio social y político sino para servirse de él.
Si no hay soberanía económica y soberanía política no habrá reforma del Estado para avanzar y mejorar. Por tanto, no habrá continuidad en los discursos e informes presidenciales mientras no rompamos con el esquema establecido por Carlos Salinas y no rompamos esa herencia que nos ha convertido en un protectorado moderno como los africanos o asiáticos.
El país esta fracturado, diría como en el siglo pasado, el drama de su disyuntiva entre nación soberana o anexión; entre federalismo, centralismo; entre reforma o conservadurismo. Esta ruptura cruza por igual a los partidos y por ello es el momento a los ojos del país más que a sus formas, busquemos la ruta de fondo.
Necesitamos romper con este esquema de intervencionismo y ganar de nuevo nuestra soberanía económica. Debe existir una convocatoria a la producción interna, pero ésta no puede darse si no es protegida. El TLC nos hizo débiles frente al exterior y por eso para alcanzar de nuevo nuestra soberanía política, debemos fortalecer nuestra economía interna.
Hoy Estados Unidos es el más proteccionista de su economía. Nos propusieron abrirnos y ellos se protegieron y fortalecieron. Un Estado que no convoca a la producción interna, limitando ganancias, aumentando los salarios, capitalizando al campo y protegiendo a los productores no representa a la soberanía económica y a la política.
Una profunda reforma social y revitalización de las instituciones del bienestar, basada en los derechos constitucionales de los mexicanos a la vida digna, el bienestar familiar, no sólo son despensas y desayunos escolares, sino en base a la producción de la riqueza nacional, el derecho a la vivienda, al crédito, a la educación y la salud, la protección de los jubilados y pensionados, sobre la base de ingresos dignos.
Compañeras y compañeros diputados: el país está en peligro grave, para ello es mejor caminar con el pesimismo en la razón más que con un falso optimismo. Debe modificarse la política económica, no por un problema de matiz, sino por un problema esencial de soberanía y de sobrevivencia como nación independiente.
Muchas gracias.
El Presidente:
Ruego a los siguientes oradores atenerse al tiempo acordado por nuestras fracciones parlamentarias.
Hace uso de la palabra el diputado Jesús Antonio Tallabs Ortega.
El diputado Jesús Antonio Tallabs Ortega:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para que un pueblo verdaderamente pueda atender a su desarrollo debe ser encauzado bajo el predominio de la seguridad social, la justicia y la legalidad. En su mensaje a la nación el 1o. de septiembre pasado, el Presidente de la República reconoce; cito: "estamos viviendo las consecuencias de muchos años de medidas insuficientes, negligencias y omisiones en los sistemas de procuración de justicia y de seguridad pública del país". Termina la cita.
Más adelante, también reconoce que estos problemas son graves, mucho muy graves. En seguida hace los pronunciamientos siguientes; cito: "es indispensable que avancemos en una profunda transformación de los sistemas de justicia y de seguridad social". Además, hace señalamiento expreso de lo siguiente: "es una tarea ardua y prolongada, es una tarea cuyos mejores frutos tardarán en madurar" y sigue diciendo: "es una tarea de tal trascendencia para la vida social que ocupará mi atención cada día de Gobierno".
Curiosamente en esta misma tribuna, hace ya casi siete años, el 1o. de diciembre de 1988, se escuchó el discurso siguiente: "la tarea primaria básica, irrenunciable de un buen Gobierno es ofrecer seguridad en la vida cotidiana a las personas, a sus familias y a sus bienes. La seguridad de los mexicanos a lo largo de toda la República es empeño en el que no voy a transigir en los seis años que tenemos por delante".
Algo más. En el discurso del 1o. de diciembre de 1998, se dijo: "el narcotráfico se ha convertido en un grave riesgo para la seguridad de la nación y para la salud de los mexicanos. Su combate es ya una razón de Estado".
Ahora, el pasado 1o. de septiembre escuchamos: "hoy, un terrible enemigo de toda la sociedad es el narcotráfico; el narcotráfico se ha convertido en la más grave amenaza a la seguridad nacional, a la salud de la sociedad y a la tranquilidad pública. Seguiremos combatiendo al narcotráfico con todos los instrumentos a nuestra alcance".
Ambos discursos, el del 1o. de diciembre de 1988 y el del 1o. de septiembre de 1995, se dan a meses de haberse acontecido sendas crisis económicas. Otra coincidencia. En donde se hace reconocimiento expreso de una serie de vicisitudes heredadas de gobernantes filiales priístas de los discursantes, por lo que más que propósitos sinceros suenan a escaparates o posesionamientos coyunturales para atenuar la presión social ejercida por las condiciones críticas en que vivía y vive la ciudadanía mexicana.
Otro aspecto relevante y coincidente es el relativo a que en los discursos en cita se manifiesta la intención de proceder a la reforma e innovaciones de leyes, como uno de los mecanismos para abatir los graves problemas que se vivían y se siguen viviendo en materia de seguridad social y procuración de justicia.
Analizando el pasado, las experiencias que la vida nos dio observamos que no existió avance alguno, tan es así que ahora se hace confesión expresa de que estamos viviendo las consecuencias de muchos años de medidas insuficientes. ¿Cuántos años habrán de pasar para que México, la sociedad mexicana tenga paz y tranquilidad social.
Luego entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que sucedió fue que no existió voluntad para cumplirle al pueblo, cumplirle no sólo con la destitución de policías y funcionarios corruptos, sino con su encarcelamiento, con su aislamiento de la sociedad dejaron sueltos a los delincuentes institucionales; éstos, los delincuentes institucionales, son los generadores de los graves problemas que vive la sociedad mexicana.
Definición de delincuente institucional. Aquel que en uso o abuso de las atribuciones y facultades que un cargo público le confiere, solapa, protege o realiza la Comisión de Delitos.
La realidad de las condiciones de nuestra sociedad no necesita de buenas intenciones, es menester empeñar la voluntad para responder auténticamente a los reclamos sociales. El agua ya llegó no sólo a los aparejos, la tenemos hasta el cogote, en materia de seguridad social.
Refiriéndonos a la procuración de justicia, hay deudas al pueblo de México. Deseamos resultados claros y convincentes. Cierto estoy que las presiones de cualquier especie no bastarán si no existe voluntad política; voluntad política para actuar, voluntad política para consignar y voluntad política para condenar.
Resulta alentador escuchar que la investigación del cobarde asesinato de Luis Donaldo Colosio no habrá de quedarse en silencio ni se agotará con el transcurso del tiempo. Pero exigimos al Ejecutivo Federal que su promesa de campaña que tantos votos le dio, se cumpla cabalmente hasta sus últimas consecuencias.
Reconocemos que la Procuraduría General de la República ha dado pasos importantes en su cometido, al resolver la intelectualidad del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Sin embargo, es preciso señalar que el caso Colosio es visto por la opinión popular, como el reclamo elemental para recuperar la credibilidad de las instituciones, ya que a partir de Lomas Taurinas, ningún mexicano está seguro ante el hampa y la delincuencia institucional. Esperamos prontos resultados.
El imperio de la ley es signo característico de un real estado de derecho; se ha reconocido que el progreso y la paz social son perdurables sólo bajo este esquema y se ha dicho, que hoy más que nunca, México debe ser un país de leyes. Asimismo, se ha sostenido que no podemos fincar nuestras expectativas en la certidumbre de la ley y vivir en la incertidumbre de su cumplimiento. Es por ello que el caso del gobernador de Tabasco, debe ser investigado con independencia a la esfera estatal, ya que no se puede ser juez y parte. En el mismo sentido debe ser tratado el caso Guerrero.
Basta ya de cochupos y componendas que tanto daño han causado al pueblo de México. Es indispensable combatir a esta delincuencia institucionalizada.
Por último, en razón precisa de que el actual régimen es embrionario, concedemos el beneficio de la duda y hacemos un llamado para que se hagan efectivas las promesas del discurso y que aquí sí, con el transcurso del tiempo, sea el que se dé cuenta en los hechos, del combate al hampa y a la delincuencia institucional.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Saúl González Herrera.
El diputado Saúl González Herrera:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Es el objeto de esta reunión, el análisis del informe que el Presidente de la República, Ernesto Zedillo rindió ante el propio Congreso de la Unión el pasado 1o. de septiembre; lo hizo en cumplimiento de lo que ordena el artículo 69 constitucional. Por primera vez en el tiempo de su encargo, compareció al inicio del primer periodo de sesiones de este segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura, para informar sobre el estado que guarda la administración pública. Lo hizo cuando el país vive una dura etapa de crisis, una crisis que se manifiesta de múltiples maneras en los ámbitos económico, político y social.
Si es ante el Congreso de la Unión que se rinde este informe, resulta congruente que en las cámaras se le comente con profundidad y amplitud, como ha venido haciéndose en una plausible práctica republicana que propicia la crítica, la confrontación de ideas, la libre y cabal manifestación de la diversidad del pensamiento político.
Quiero referirme a la parte del informe presidencial en donde se precisa la posición del régimen de la República, en torno a un tema que preocupa a la sociedad mexicana, al pueblo todo y desde luego a las organizaciones políticas; un tema que agita la conciencia nacional y que por lo demás ha estado vivo a lo largo de nuestra historia: el tema del federalismo.
El informe precisa que el federalismo tiene en nuestra vida colectiva el carácter de un ideal, no plenamente realizado y que por esto mismo requiere esfuerzos y orientación con este rumbo. Este rumbo deben tener las acciones del poder público, así de los órganos legislativos como del Ejecutivo.
Quiero citar un párrafo del informe: "el ideal federalista tiene profundas raíces que se conjugan con las primeras aspiraciones de independencia y con la lucha originaria de la soberanía nacional. La organización de la República en una federación inspiró hechos heroicos y exigió el mejor talento de grandes mexicanos".
En efecto, a partir del momento mismo de la independencia el pueblo de México tomó una decisión fundamental: organizarse en una República Federal. El primer documento básico de nuestra vida independiente es, precisamente, el acta constitutiva de la Federación de 1823.
La gran decisión política fue ratificada en todas las cartas fundamentales que han marcado el camino histórico del progreso del pueblo mexicano: las constituciones de 1824, de 1857 y de 1917. De ésta, el artículo 40 prescribe que la República está compuesta de estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la propia ley fundamental. Precepto clave que debe mirarse en su doble y profundo postulado: Por una parte, la existencia de estados miembros que deben ser fortalecidos para la superación de la vida de sus habitantes y por la otra, la Federación como una unidad nacional, no como una yuxtaposición de fracciones. Esta dualidad exige a una política responsable y patriótica la coordinación de acciones, la justicia en la distribución de facultades y de recursos materiales para ejercerlas con eficiencia y en provecho general.
El recto entendimiento del artículo 40 permite precisar, depurándolo, el concepto de federalismo y la ejecución del precepto acerca a la realización del ideal. En los sistemas políticos lo opuesto al federalismo es el centralismo. Cuando los actos concretos legislativos o administrativos, surgidos de los poderes federales, vulneran de hechos o intereses de estados o municipios, estamos frente a una perversión del federalismo y será preciso rectificar el camino.
Por ello, cuando como es el caso se propone corregir desviaciones, se está en la ruta de afirmar el federalismo más que en el de establecer un federalismo nuevo; reafirmar el federalismo, en esto consiste nuestro problema. Este camino de afirmación del federalismo lo sigue y lo propone el informe presidencial. Citemos uno de sus párrafos: "Es preciso reconocer, dijo el presidente Zedillo, que la realidad de nuestro federalismo no corresponde a aquel ideal, a aquellas hazañas, a aquellos mexicanos, es en buena medida los estados y los municipios, sus mujeres y hombres siguen padeciendo las consecuencias del centralismo." Hay pues aquí un serio problema, pero reconocerlo es iniciar la vía de su solución y así lo hace el presidente Zedillo cuando propone iniciativas claras e inmediatas que fortalezcan la democracia, nutran la unidad de la nación con nuestras diversidades, con nuestra diversidad regional e impulse un desarrollo más equilibrado y más justo.
Agrega el Presidente: "que debe llevarse a cabo una redistribución de autoridades, de responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los estados y municipios y vencer así inercias centralistas. Avanzaremos cuidadosamente, avanzaremos continua y sistemáticamente y sin arriesgar la unidad de la nación", expresa de manera textual.
Pero no se queda la política federalista del régimen en menos enunciados teóricos ni en formulación de propósitos, hay acciones concretas que reafirman la vocación política del régimen en materia tan esencial. Vale la pena citar también textualmente el siguiente párrafo del informe presidencial, que es visible en la página 146 del tomo II del informe:
"La nueva política de desarrollo social se caracteriza por el importante impulso al federalismo, que busca de manera progresiva transferir facultades y recursos, a fin de que en el mediano plazo los gobiernos estatales y municipales puedan atender plenamente la ejecución de las acciones relacionadas con el bienestar social."
"Como parte de esta estrategia de descentralización, a través del fondo de solidaridad municipal, éstos son hechos, éstos no son promesas ni declaraciones, se canalizó el 50% de recursos al Ramo XXVI, es decir, el relativo al desarrollo regional, mismos que son ejercidos directamente por los ayuntamientos bajo un esquema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y con pleno respeto a la soberanía de los estados."
Y cabe agregar la propuesta de un nuevo sistema de coordinación hacendaria, redistribuyendo facultades tributarias entre los diversos órdenes de gobierno; la propuesta de ampliar y profundizar la federalización educativa, la descentralización de los servicios de salud y de importantes funciones asignadas hoy a las secretarías de Comercio, Transporte y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
En suma, terminaremos compañeros diputados, porque el federalismo es forma esencial y básica en nuestra vida política; porque es entrañable aspiración del pueblo de México que lo propugnó en momentos estelares de su historia, la fracción que en esta Cámara representa el Partido Revolucionario Institucional aprueba y se solidariza con las acciones que en torno a esta cuestión el Gobierno Federal presidido por Ernesto Zedillo, realiza para el bien del pueblo de México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Joaquín Vela González.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Gracias, señor Presidente:
Mi presencia en la tribuna es básicamente para hacer énfasis de dos aspectos que a mi partido le preocupan y que son fundamentales para la vida nacional; uno es el necesario y urgente mecanismo que tenemos que instrumentar todos con voluntad política para poder concretar el llamado acuerdo político nacional para una reforma del Estado.
Sin embargo por lo que yo he podido escuchar aquí de algunos de los oradores que me antecedieron, yo creo que sí tenemos una profunda discrepancia en lo que entendemos por democracia. Entendíamos que el día 17 de febrero del presente año, cuando se hace la convocatoria al Acuerdo Político Nacional, el sentido que se le da al llamar a la reforma definitiva, implicaba que también íbamos a cambiar los métodos para poder llegar a acuerdos y no repetir formas excluyentes en las que el concepto democracia queda totalmente ajeno. Hay prácticas que tal vez es importante, es una de las vías que hay que transitar pero no puede ser la única, no podemos pensar que porque algunos miembros distinguidos de las cúpulas partidistas se pusieran de acuerdo, nosotros ya estamos construyendo la democracia en nuestro país, eso es totalmente falso.
Es como en esta discusión de que tres partidos el PRI, el PAN y el PRD están reunidos a través de sus dirigentes para ponerse de acuerdo en la designación de un director del IFE, yo no sé si realmente estén convencidos que la designación del director del IFE bajo ese mecanismo efectivamente sea un mecanismo que nos permita decir que estamos avanzando en los procedimientos democráticos.
Eso señores no es democracia, eso es partidocracia, porque ahí lo que los partidos están haciendo de manera directa, pues es buscar una persona que cuide los intereses, digamos, de su partido.
Pero también nos preocupa mucho la concepción que existe de que solamente son dos o en algunas veces tres partidos los que tienen que estar en estas discusiones de donde deriva esa concepción; quiere decir entonces, como decía algún compañero de un partido de carácter estatal, no tiene derecho y al contrario ese intento de construir una nueva opción política es vista como mecanismo para obstaculizar la democracia, eso es totalmente falso. Yo creo que la democracia es efectivamente respetar cuáles son las opiniones, las diversas opiniones y respetarlas e incluso buscar que estas expresiones puedan tener una verdadera representación de carácter nacional.
Lo demás podemos hablar de democracia pero en el fondo existe y persiste una idea claramente excluyente. Nosotros sí pensamos que la reforma tanto electoral como la reforma del Estado tiene que ser una reforma en la que organizaciones sociales y organizaciones políticas que no tienen representación parlamentaria puedan opinar, debemos ser abiertos a que las organizaciones civiles, las organizaciones sociales opinen. No podemos pensar que por mucho que se haya avanzado en los acuerdos del Castillo de Chapultepec, pues esos acuerdos sean los que automáticamente con el visto bueno de los partidos se traigan aquí a la Cámara y se voten, pues ya sabemos que si hay acuerdo de las dirigencias partidistas pues aquí van a ser votadas sin ningún problema.
Pero ahí nos faltó el que pasara por una instancia donde verdaderamente esos acuerdos y qué bueno que existen, qué bueno que se ha trabajado con ellos, pero tienen que tener un verdadero consenso en el conjunto de la ciudadanía, bueno, si queremos que efectivamente la reforma sea la definitiva porque si no pues experiencias fallidas ya conocemos la de 1991, la de 1993, la de 1994 y bueno, pues conoceríamos la de 1995 ó 1996, conforme la concluyan y se pongan de acuerdo las dirigencias partidistas.
No, nuestro partido, el Partido del Trabajo sí cree en que tenemos que hacer una verdadera invitación a todos aquellos que son partícipes en la vida política nacional y esto implica que estén todas las organizaciones sin registro, por eso no se ha apoyado que esté el EZLN en el diálogo nacional, que estén los compañeros de El Barzón y que estén todas las organizaciones que quieran dar su opinión y la tenemos que tomar en cuenta si verdaderamente dijimos que somos democráticos.
Un segundo aspecto que a mi partido le interesa precisar, se lo hicimos saber al Secretario de Gobernación, se lo hicimos saber también al procurador cuando hicieron su comparecencia, es que nos preocupa mucho que el país se encuentre empantanado y estancado y que las investigaciones de los crímenes políticos cometidos en el país no avancen.
Como partido aquí en el Congreso formamos parte de las comisiones de seguimiento de la muerte de Ruiz Massieu y de Colosio y yo como parte incluso de la comisión de Colosio, tenemos seis meses donde prácticamente, ésa es mi opinión, no hemos avanzado sustancialmente. En la última reunión de la comisión yo decía que ya no tiene ningún caso seguir formando estas comisiones para que llegue de nueva cuenta marzo y no tengamos resultados.
No, yo en lo personal y como partido lo hemos visto también, no tiene caso estar sirviendo ahí de comparsa en estas comisiones cuando no hay avances sustanciales.
De manera precisa el diputado Serafín Núñez le preguntó al procurador que cuál era el grado de avance y no hubo respuesta concreta, no hay y realmente nosotros sí queremos manifestar que debemos buscar algún nuevo mecanismo, todos conjuntamente, llevar un nuevo mecanismo para que efectivamente como Poder Legislativo podamos tener una verdadera arma de presión para que estos crímenes políticos sean esclarecidos, si no, continuar como estamos en esas comisiones es simplemente estar, digamos, formando parte de un juego en el que cuando menos nosotros no queremos formar parte.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, el diputado Arnoldo Martínez Verdugo.
El diputado Arnoldo Martínez Verdugo:
Ciudadanas diputadas y diputados:
El levantamiento armado del 1o. de enero de 1994 protagonizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es un acontecimiento de importancia histórica, reveló el grado de opresión y menosprecio al que el conjunto de la nación, pero especialmente en sus clases dominantes, han conducido a esta parte esencial, medular, de la nación mexicana, que son los pueblos indios. Puso también de relieve esta rebelión indígena la reserva de dignidad, valentía e inteligencia que se ha acumulado en este bastión del pueblo mexicano.
Por eso es importante, y la oposición democrática debe reconocerlo, que el Presidente de la República haya reafirmado en su informe del 1o. de septiembre la decisión de encontrar, mediante el diálogo respetuoso, una solución justa, legal y pacífica, a las demandas sociales y a los problemas políticos planteados por la insurrección zapatista.
Probablemente sea ésta la última oportunidad de que disponemos los mexicanos de las generaciones actuantes para abrir el camino a soluciones por la vía de la política, de las antiguas necesidades de trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.
Nadie pretende que estas antiguas exigencias populares, resumidas por el programa zapatista, puedan encontrar solución de la noche a la mañana o mediante la magia de su reconocimiento en un pliego de papel; entiendo que se trata de establecer compromisos efectivos y responsables para que la acción de los gobiernos, de los partidos, de las cámaras, de los sindicatos, de las organizaciones sociales y de todas las instancias a través de las cuales se expresa el conjunto de las fuerzas nacionales, se dirijan a resolver el programa mínimo de la nación y de la mayoría de sus habitantes.
En su mensaje del 1o. de septiembre el Presidente de la República, Ernesto Zedillo, hizo la propuesta de que el Legislativo, junto con el Ejecutivo, elaboren un proyecto de Ley de Derechos Indígenas con el objetivo de definir una nueva relación entre el Estado mexicano y las comunidades indias.
Es verdad que la propuesta del Presidente se mantuvo en el dogma de los antropólogos del sistema de que es suficiente reglamentar el artículo 4o. de la Constitución, pero esta limitante no se podrá sostener si la cuestión indígena se examina en toda su profundidad. Ante todo hace falta poner al día el propio artículo 4o. de la Constitución.
En efecto ha llegado el momento en el que los que tienen facultades para ello, junto con los titulares de los derechos, emprendamos la tarea de legislar a fondo, sin limitaciones preconcebidas, para terminar con las raíces y las manifestaciones de una desigualdad histórica como aquélla a la que han sido sometidos los pueblos indios en nuestra patria.
Para enfrentar este problema en sus justas dimensiones deberíamos partir del reconocimiento de que la opresión específica de que son objeto los pueblos indios no es solamente de naturaleza económica y social, además y esencialmente es una opresión política porque el Estado no los reconoce como pueblos, como unidades que disponen de idiomas propios, de consistentes elementos de cultura y de tradiciones bien diferenciadas y que han sabido mantenerse, a pesar de la hostilidad, el desprecio y la violencia que en muchas ocasiones y formas se ha ejercido contra ellos.
Antes de proceder a legislar por arriba, entre políticos y administradores del Estado, deberíamos estudiar y tomar en cuenta las verdaderas aspiraciones de los pueblos indios y dar lugar a que sean ellos mismos quienes definan el lugar que les gustaría ocupar en una organización democrática del Estado mexicano.
El levantamiento zapatista ha ejercido una influencia poderosa en nuestras comunidades indígenas. En el transcurso de este año, grupos indígenas de un número cada vez mayor de comunidades, han realizado tres encuentros nacionales con el objetivo de debatir sobre las formas que debería adquirir su organización como grupos étnicos en la estructura del Estado mexicano y han llegado a la conclusión de que esta forma es la que correspondería a la creación de regiones autónomas con un régimen jurídico-político propio y un sistema de autogobierno dentro de los marcos del Estado nacional mexicano.
No dispongo del tiempo suficiente para desarrollar estas ideas ni es éste el momento de hacerlo. Quiero sólo llamar su atención sobre una nueva vía para organizar un nuevo tipo de convivencia entre los mexicanos, más apto, para que más de 10 millones de compatriotas dispongan de derechos políticos plenos y ejerzan su derecho al autogobierno.
En nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática exhorto a los grupos parlamentarios y a los órganos correspondientes de esta Cámara a proceder de inmediato al estudio de las formas adecuadas de establecer el nuevo régimen político de los pueblos indígenas dentro del Estado mexicano.
Finalmente reitero la propuesta de que se apruebe por el Congreso otorgar una amnistía anticipada a los presuntos miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a todos los que sufren prisión o son perseguidos, real o falsamente, por defender su causa.
Demando igualmente que el Gobierno Federal y las autoridades de Chiapas pongan alto a la ola de crímenes que los grupos caciquiles dominantes en el Estado están cometiendo contra militantes del PRD y del campo democrático chiapaneco.
No exagero al decir aquí, para concluir, que la suerte del pueblo chiapaneco será la suerte del pueblo mexicano.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Luis Esteva Melchor.
El diputado Luis Andrés Esteva Melchor:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He pedido hacer uso de la voz en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional porque consideramos que en el mensaje pronunciado por el presidente Zedillo el 1o. de septiembre requiere especial atención el tema que acaba de ser tratado por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
La parte referida al conflicto chiapaneco, por supuesto que sigue siendo de un interés predominante a nivel nacional y es especialmente singular el reconocimiento que el Presidente de la República hace en su mensaje acerca de los rezagos, los contrastes, las condiciones de injusticia y de pobreza que prevalecen en Chiapas.
Esto nos permite abrigar la esperanza de que partiendo de estas premisas se puede avanzar en la búsqueda de soluciones, pero el reconocimiento de tales condiciones debe extenderse a los más de 10 millones de indígenas mexicanos que forman parte de 56 culturas diferenciadas distribuidas en más del 28% de las localidades existentes en México, ya que los pueblos y las comunidades indígenas de México padecen en mayor o menor grado condiciones de marginalidad.
Este es el denominador común porque los indicadores socioeconómicos señalan que el 82% de los municipios de muy alta marginación en el país son precisamente indígenas.
Es cierto, por otra parte, que las condiciones que predominaron respecto del conflicto el año pasado han ido cambiando y que las medidas implementadas por el Congreso de la Unión y el Ejecutivo con la expedición de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, ofrece un cauce institucional y políticamente legítimo para llegar a una paz justa y definitiva.
También es cierto el papel relevante que han desempeñado la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por miembros del Poder Legislativo en forma plural, pero los cauces institucionales deben ser utilizados también para fijar las bases que permitan abatir las razones estructurales que sirvieron de apoyo al surgimiento de un grupo armado en Chiapas.
Los esfuerzos del Gobierno, los partidos y los agentes de los procesos económicos deben encaminarse a reorientar el modelo de desarrollo existente en ese Estado a fin de que deje de estar orientado a la extracción de materias primas baratas y se sienten las bases de un nuevo modelo.
El reclamo de solución del expediente agrario; el reclamo de procuración y administración de justicia en los niveles federal y estatal; el reclamo de atención por violaciones a derechos humanos que se reportan como los índices más altos del país, entre otros, son problemas que deben enfrentarse institucionalmente.
En la evolución del conflicto chiapaneco Acción Nacional ha fijado con claridad su posición en favor de la paz, demostrando en cada momento y circunstancia su voluntad de contribuir a su consecución solicitando de las partes el abandono de estrategias y actitudes que la posterguen, con la certeza de que la solución a los problemas de esa entidad en gran medida contribuirán a la solución de los problemas nacionales.
Por otra parte la propuesta del Ejecutivo para promover los derechos indígenas nos lleva necesariamente a la revisión y reglamentación del artículo 4o. constitucional y muy probablemente a otras reformas constitucionales y de leyes secundarias.
La diversidad cultural reconocida en la adición del primer párrafo del artículo 4o. publicada el 28 de enero de 1992 y la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas rechaza la idea de uniformidad y por el contrario sustenta la pluralidad que debe entenderse no sólo como heterogeneidad, sino como convivencia pacífica, productiva, respetuosa y equitativa en lo diverso.
Sin embargo esta propuesta deberá sumarse a otras de la misma naturaleza que ya han sido presentadas ante esta legislatura, amén de las que también se preparan por otros grupos parlamentarios para el mismo fin.
Esta variedad de propuestas y la complejidad del tema nos debe llevar a la búsqueda de coincidencias que nos acerquen, nos debe llevar también a la consulta de los pueblos indios, para conocer sus propuestas de solución y a la revisión exhaustiva de la legislación vigente.
Acción Nacional postula que no podemos seguir ignorando y negando el potencial que representa para el país la diversidad cultural; que debemos fortalecer los nexos que nos mantienen unidos como nación para que juntos y no encontrados forjemos un proyecto de país donde no haya ciudadanos de tercera ni comunidades marginadas ni segregadas, sino la existencia de una convergencia de civilizaciones las cuales al fusionarse dieron paso a un nuevo proyecto, diferente de los dos originales, pero nutrido por ellos, México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rafael Ayala López.
El diputado Rafael Ayala López:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
En su mensaje de entrega de informe al Congreso de la Unión, el presidente Zedillo reconoció: "Que más de un siglo y medio después la realidad de nuestro federalismo todavía no corresponde a aquel ideal". Refiriéndose obviamente a las aspiraciones de la Independencia y a la organización de la República. ¿Por qué? Continúo citando: "En muy buena medida los estados y municipios, sus hombres y sus mujeres, siguen padeciendo las consecuencias del centralismo".
A confesión de parte relevo de prueba, pues quienes justifican las razones de Estado y una cierta lógica en la pulverización de los estados y de municipios, tienen que admitir que los efectos del centralismo están a la vista como un largo catálogo de horrores.
El Presidente en su mensaje da reversa y propone iniciativas claras e inmediatas para construir un nuevo federalismo que fortalezca la democracia y nutra la unidad de la nación y que impulse un desarrollo más equilibrado y más justo.
Nuevo federalismo, no, precisamos nosotros en Acción Nacional, auténtico, sí, porque nunca, sobre todo por los gobiernos revolucionarios emanados del PRI, se ha puesto en práctica a cabal plenitud.
Cita textual: "El nuevo federalismo debe de ser construido en el marco de la reforma del Estado, pero podemos fijar consensos inmediatos para emprender acciones firmes y propone revisar la actual distribución de potestades tributarias entre los distintos órdenes de gobierno a fin de ampliar las bases gravables al alcance de las entidades federativas".
Se anuncia más federalización educativa, la salud, lo agropecuario, las comunicaciones y el transporte, política ambiental y manejo de agua.
Al respecto reconocemos las intenciones pero deploramos los hechos que nos arrojan los efectos prácticos que empezamos a ver.
Por ejemplo, en materia hacendaria se anuncia que las casi dos terceras partes del Ramo 26 en el siguiente ejercicio fiscal será destinado a ejercerse directamente por los municipios, pero no se dice que el recurso irá ya etiquetado y con estricto apego a la normatividad de la Sedesol, destinado a obras que la Federación ha priorizado y sin posibilidad de maniobra para gasto corriente en los muy variados y urgentes servicios que demanda la ciudadanía.
Es lo mismo que el Programa de Solidaridad salinista, que conlleva altas dosis de paternalismo y de capitis diminutio municipal.
En la mayoría de los casos las consultas en los Coplades y Copladem son meras simulaciones y el Gobierno Federal emerge como el paterfamilias que todo lo puede y todo lo resuelve. ¿Se atreverá el presidente Zedillo a dar el paso de plena vigencia al estado de derecho y respetar el artículo 115 constitucional construyendo municipios verdaderamente libres.
No somos opositores a rajatabla, reconocemos la necesidad del tránsito gradual y acorde a las realidades regionales pero con políticas diferenciadas, plenamente concertadas con los actores y con voluntad política de realmente aplicarla.
Desde su campaña política el hoy Presidente de la República, firmó los 20 compromisos por la democracia, entre otros, una nueva legislación tributaria que redistribuya las atribuciones fiscales entre los tres niveles de gobierno y permita duplicar en términos relativos los ingresos de los estados y triplicar los de los municipios.
El actual esquema tributario y de participaciones ha sido consecuencia del estancamiento de estados y municipios ante el dinámico crecimiento de la población y de las necesidades también crecientes de ésta que deben atender y del desequilibrio financiero y económico que ya es estructural en la gran mayoría de las entidades federativas, que les ha obligado en muchos casos a endeudarse más allá de los límites prudentes.
Sabido es que más de las cuatro quintas partes, casi el 82% de los recursos financieros de los estados, provienen de participaciones federales, mientras que más de las tres quintas partes, 60% de los recursos financieros de los municipios, dependen de dichas fuentes.
Cito comentario del diputado Juan Antonio García Villa en el foro sobre auténtico federalismo en Guadalajara, en marzo pasado: "Al parecer sí se piensa ampliar la base de distribución fiscal, pero no aumentando el porcentaje a entregar, sí que el consejo asesor fiscal de la Secretaría de Hacienda estructura transferencia de las potestades tributarias a los estados para que tengan mayores ingresos, pero sin incrementar lo que actualmente perciben por concepto de participaciones.
La idea "genial" del Secretario de Hacienda, contempla no reducir las tasas sobre los gravámenes a transferir, sino otorgar la facultad a los estados de imponer sobretasas de los impuestos federales, como lo son en materia de producción de servicios, la gasolina, cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.
Esa estrategia federalista originaría los siguientes problemas, implicaría una carga tributaria adicional a la población e incurriría en doble tributación, elevando costos y provocando la inflación correspondiente, retornándose al mosaico tributario de antes de la coordinación fiscal. Si esta estrategia no fuera viable simplemente piensan conservar los actuales gravámenes, imponiendo tasas adicionales para agrandar la bolsa a repartir.
Con este nuevo "federalismo fiscal", producto de una concepción sin fondo, antidemocrática y sumisa a las estrategias internacionales, el pueblo de México ya puede irse preparando para 1996 a nuevos y gravosos impuestos.
Señores responsables del Gobierno Federal, el pueblo de México ya no aguanta más exacciones que suplan su incapacidad para gobernar. Entiendan que la clave del federalismo fiscal, es que la estructura burocrática del Gobierno Federal se reduzca y esos recursos hoy destinados a la ineficiencia y a la corrupción, se dediquen a fortalecer la estructura piramidal de la república federal a la que decimos aspirar.
Una idea más sobre este punto: se dice que el federalismo fiscal debe darse para atenuar y atender desigualdades, compensándolas para procurar equidad y justicia. Pareciera que sólo se piensa en equilibrar la educación, la salud y el empleo, pero en el caso de las tarifas eléctricas para Mexicali, Baja California; San Luis Río Colorado, Sonora; el Gobierno Federal se muestra injusto y profundamente inequitativo, pues mientras en el Distrito Federal una familia promedio paga 60 nuevos pesos de consumo al mes, en aquellas regiones se paga por el vital fluido entre 700 nuevos pesos mensuales por seis meses de verano.
¿Es ésta una muestra del llamado nuevo federalismo? ¿Tendremos que pensar que hay más votos para el PRI en la metrópoli que en la tierra adoptiva del presidente Zedillo.
Compañeros legisladores, definitivamente no nos convence el discurso floralista del Presidente de la República, porque no vemos en la práctica intención de fondo de vivir, porque las acciones de transferencia que se van dando siguen siendo unilaterales y autoritarias cuando no superficiales y justamente de forma y no de fondo.
Porque de no variar la estrategia, estados y municipios van a ir de mal en peor, porque nuestros compatriotas desposeídos y desilusionados seguirán emigrando al extranjero y a las zonas urbanas en busca de oportunidades que les niega la burocracia federal.
Un último mensaje al señor Secretario de Gobernación, después de la pasarela de ineptitudes del gabinete económico, que todo lo ve sin problemas y color de rosa, a usted toca encabezar el aterrizaje del auténtico federalismo pues éste está ligado a la reforma del Estado; auténtico federalismo es tema político y no económico. Se requiere pues, sensibilidad y sentido de historia.
Como Poder Legislativo, corresponsable del Gobierno de la nación, démonos la oportunidad de encauzar a México por la senda del verdadero progreso. Aún es tiempo, pues el auténtico federalismo es tema prioritario de la gobernación y política interior del país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Armando Ballinas Mayes.
El diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Retomando el tema de esta ronda, según se convino, vamos a comentar lo referente a población y migración. En el reciente I Informe de Gobierno que rindió el presidente Ernesto Zedillo, en el primer tomo, en el capítulo de migración, se destaca lo siguiente: "Una de las prioridades del Gobierno de la República es la atención del fenómeno migratorio bajo un enfoque integral que incluya, tanto programas de desarrollo económico tendientes a retener en el país a un importante sector de la población como acciones de cooperación bilateral para atender las necesidades de nuevos connacionales en el exterior.
Dada la complejidad del fenómeno migratorio entre México y los Estados Unidos, ambos gobiernos han consolidado el diálogo institucional en la materia mediante el fortalecimiento de mecanismos de cooperación bilateral.
Durante el periodo que se informa, ambos gobiernos crearon recientemente en la Ciudad de México el grupo informal de enlace, integrado por las instancias gubernamentales encargadas del fenómeno migratorio a nivel federal.
En febrero y mayo se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo del grupo de migración y asuntos consulares. En ellas se establecieron acuerdos tendientes a consolidar la cooperación bilateral, orientada a combatir el tráfico de personas, con pleno respeto a la soberanía nacional y a las leyes de cada país; a garantizar la seguridad pública en la operación de puentes y cruces fronterizos y a impulsar los trabajos para la elaboración del estudio binacional sobre migración.
La regulación de los flujos migratorios de extranjeros que se internan a territorio nacional, se realizará en función de los esfuerzos productivos, científicos, técnicos y culturales del país, así como para atraer turismo e inversiones.
La descentralización de la política de población impulsará la integración de los criterios demográficos, tomando en cuenta los planes y programas de los estados y municipios, a fin de promover una mayor integración y homogeneidad entre las regiones, acelerando el desarrollo de las que tienen menor crecimiento relativo y manteniendo la dinámica del crecimiento de las que registran mayor capacidad de respuesta productiva.
En la prestación de los servicios migratorios se procurará que confluyan eficaz y transparencia a fin de dar respuesta al incremento constante del 2.6% anual de los flujos de internación de extranjeros que se ha presentado durante los últimos seis años. Igualmente se han llevado a efecto acciones de facilitación y de disminución de trámites, especialmente para las personas de negocios en el marco de la apertura comercial.
En las acciones de vigilancia de nuestras fronteras, se asegurará, en todo momento, la vigencia de un estado de derecho y el respeto de los derechos humanos de las personas para garantizar la seguridad nacional frente a las amenazas de las organizaciones internacionales de tráfico de personas. A ello obedece el acuerdo de colaboración para unir esfuerzos, signado por diversas dependencias del Gobierno Federal, así como también la conjugación de tres niveles de gobierno en la formación de grupos operativos de seguridad, que tiene como objetivo fundamental proteger a los emigrantes en la zona fronteriza norte.
A fin de facilitar al país la entrada de residentes mexicanos en el exterior, así como a extranjeros por la frontera norte y aeropuertos ha operado el programa: "paisano", esfuerzo conjunto de varias dependencias federales para dar transparencia, agilización e información en los trámites de ingreso al país.
Por su lado, México y Canadá han iniciado un intenso esfuerzo de reconocimiento mutuo, en una agenda que crece con extraordinario dinamismo en el ámbito de comercio y el de inversiones. En este año se ha dado un nuevo salto cualitativo en la relación, al generar nuevas iniciativas de consultas políticas al más alto nivel, para intensificar los intercambios y conocer las posiciones de ambos países. En abril se llevó a cabo en Ottawa, la XI Reunión de la Comisión Ministerial MéxicoCanadá. Con ocasión de este encuentro, se suscribieron: la renovación del Programa de Trabajadores Agrícolas, por cinco años más y el Convenio de Seguridad Social entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Canadá. De igual forma se llevó a cabo una reunión de trabajo sobre medio ambiente, en el marco de la Comisión Sobre Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas y el Encuentro Ministerial Tripartita, en materia laboral.
En los últimos años han adquirido nueva fuerza, particularmente en Estados Unidos, los argumentos contra los emigrantes, grupo social particularmente desprotegido en los países receptores. Así, los emigrantes mexicanos, independientemente de su situación legal, son objeto cada vez, con mayor frecuencia, de abusos y violencia, lo que contribuye a pensar nuestra compleja relación bilateral. En esas circunstancias, el Gobierno de México persevera en las acciones, en favor de la dignificación y la defensa de nuestros compatriotas en el exterior e insiste con firmeza, en la necesidad de reconocer las contribuciones de los emigrantes mexicanos, al desarrollo económico y cultural de Estados Unidos.
En febrero, durante la Reunión Binacional México-Estados Unidos, se negociaron compromisos de respeto a los derechos humanos de los emigrantes, que se hagan más expeditos los trámites para los permisos de entrada y que se impulse el Programa de Unificación Familiar, de las familias mexicanas en Estados Unidos.
Asimismo y ante la actual situación de las comunidades mexicanas en dicho país, se han diseñado acciones inmediatas para reactivar y mejorar el programa "paisano".
Con el propósito de apoyar los flujos migratorios que resultan benéficos para el desarrollo nacional, se llevaron a cabo importantes esfuerzos en materia de desregulación, sobre todo en la disminución de trámites que se han generado en el marco del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, para autorizar la entrada temporal de personas dedicadas a los negocios.
A partir de la Reunión Binacional entre México y Estados Unidos, en febrero, se acordó: que la devolución de connacionales se hiciera de manera ordenada, documentada y en presencia de autoridades migratorias de México. De manera que no se pusiera en riesgo su integridad física.
Durante los primeros ocho meses de 1995, se han recibido, de parte de las autoridades migratorias estadounidenses, a 600 mil mexicanos.
En renglón de población, en nuestro país la población a comienzos del Siglo XX era de sólo: 13.6 millones de habitantes. En 1994, la población rebasa los 90 millones de habitantes y crece a una tasa de 2.05% anual, lo cual significa que de mantenerse ese ritmo, se duplicaría en un periodo de casi 40 años. Esto quiere decir que la infraestructura social y económica edificada a lo largo de toda nuestra historia, tendrá que volverse a construir en cuatro decenios, de seguir constante la actual tasa de crecimiento de la población.
En cuanto a la distribución de la población en el territorio, se observa una disminución en el ritmo de crecimiento demográfico de las grandes ciudades debido a que ahora están creciendo de manera importante las ciudades medias; sin embargo, todavía prevalece la fuerte concentración de población en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Dicha zona contaba en 1990, con el 18% de la población del país. Esto significa que uno de cada cinco mexicanos, reside en ella.
Los escenarios demográficos del futuro, así como las demandas y presiones de orden social y económico que van a generarse, son previsibles.
En ese sentido la observación y el análisis de las tendencias que sigue la población y sus posibles modificaciones, brindan los elementos necesarios para apreciar la magnitud de los esfuerzos que se requieren en educación, salud, empleo, vivienda, nutrición y otros aspectos.
Estos esfuerzos deberán enmarcarse en los programas de orden económico y social que mejoren las condiciones de vida de la población. Al mismo tiempo se deben crear las condiciones que eleven la calidad de la vida en aquellas zonas que expulsan población. Si no se hace así, seguirán existiendo dos Méxicos altamente diferenciados en lo demográfico: el México que evoluciona en situación poblacional en forma semejante a la de los países desarrollados y el que presenta un patrón demográfico similar al del México de hace medio siglo que seguirá, de no cambiar las cosas, con una fecundidad y una mortalidad elevada y expulsando mano de obra barata a las ciudades y al extranjero.
En lo referente a este tema de la población, el informe del señor Presidente nos dice: "se elaboró el Programa Nacional de Población, paso concreto y congruente en la particularización y la ejecución de las políticas generales del Gobierno de la República en la materia. Las mujeres y los hombres de México son la razón misma de la acción de gobierno. El Programa Nacional de Población define rumbos y propone acciones que siguen el mismo método con que fue redactado. Participación democrática, diálogo y consenso es una convocatoria al esfuerzo conjunto y tenaz de los mexicanos para modificar el presente y preparar un futuro mejor".
Es indispensable, compañeras y compañeros, la participación de la sociedad en su conjunto, tanto mediante instancias de representación política y ciudadana como organismos sociales y organizaciones no gubernamentales.
Impulsar una distribución espacial más equilibrada de la población, acorde con las potencialidades de desarrollo de las diferentes regiones del país y su capacidad de sustento, en este sentido buscan promover la regulación del crecimiento metropolitano y fomentar la reorientación de los flujos migratorios hacia las ciudades pequeñas y de tamaño intermedio con potencial para absorberlos. Este es el gran objetivo a alcanzar.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente:
Muy audaz el diputado Ovalle vino a decirnos aquí, ratificando lo dicho por su jefe, el señor Zedillo: "vivimos un estado de derecho". El empleó el término, "meras palabras". Desde luego no se refería al estado de derecho, pero le aplicamos a su aserto la misma expresión.
Son palabras huecas del encargado del Ejecutivo Federal, aquello de que "está vigente el estado de derecho". La visión presidencial y la mente presidencial están afectadas de miopía y dislexia política. Decir "que estamos perfeccionando el estado de derecho y que el orden constitucional está vigente", es una falsedad.
Seguramente el señor Zedillo se refiere a alguna ínsula imaginaria. Habla de otra realidad diferente a la de nuestro país. Ayuno de logros, imaginó realizaciones ilusorias que lo sitúan en un peligroso estadio de esquizofrenia política. ¡No se atreve, en cuanto a logros, a venir a decir aquí que ha esclarecido el crimen de Colosio! ¡No se atreve a traer a México a Carlos Salinas, para que responda de la destrucción de la economía nacional, de los crímenes de partido y de Estado y de la traición a la patria!
¡Para él no existen presos políticos mientras el país entero sabe que Ricardo Barco y los líderes del Sindicato de Ruta-100 están encarcelados injustamente al aplicarse ilegalmente una ley de quiebras para una empresa paraestatal y la ley y la Constitución son muy claras, una entidad paraestatal sólo puede ser disuelta por acuerdo del Ejecutivo, que es quien la crea y no por virtud de una legislación mercantil! En el caso de Ruta-100 se castiga al sindicalismo independiente y a la movilización popular que hoy por hoy encabeza y encarna el despertar cívico del pueblo de México.
Tiene Zedillo también como preso político a Hernández Galicia y a los líderes petroleros, acusados de un acopio de armas inverosímil, decenas de metralletas "Uzi" debajo de una cama, cuando el proveedor en Texas confesó no haber proporcionado ni abastecido dicha dotación. Se le acusa a Hernández Galicia del crimen de un agente del Ministerio Público, Zamora Arrioja, que los mismos colegas de Zamora Arrioja afirman, difunden, llegó hecho fiambre desde Chihuahua para ser arrojado enfrente de la casa de Hernández Galicia, en un operativo paramilitar diseñado por la Secretaría de Gobernación, por el Ejército y por las fuerzas de seguridad y de "inteligencia", que manejó el señor Córdoba Montoya.
Tiene presos a decenas de presuntos zapatistas, acusados de terroristas y de transgresores de la ley, sin que se les haya podido probar un cargo, uno solo y cuando el denunciante, el delator, el señor Garibay jamás se apareció a ratificar su aserto.
Sostiene Zedillo indebidamente en el poder y que no nos venga con la ilusoria separación de poderes, a su compadre el desgobernador Figueroa. La Comisión de Derechos Humanos, que no es ningún órgano de estado independiente del Ejecutivo, sino un servidor fiel del mismo, por órdenes presidenciales acusó a todo mundo de los crímenes de Aguas Blancas; todos son culpables, menos ¡oh, sorpresa!, el jefe Figueroa y desde luego, la comisión y el Congreso Estatal y este Congreso Federal no se atrevieron contra Figueroa; porque aquí presentamos la fracción Social Demócrata y el Partido de la Revolución Democrática dos denuncias de juicio político en contra de este gobernador y fueron desechadas sin mayor argumentación.
Y sostiene, desde luego, al usurpador en Tabasco y nada dice, para él no existen los 300 muertos de los compañeros del Partido de la Revolución Democrática. Entrega la soberanía a cambio de unos dólares, el petróleo, la petroquímica, los ferrocarriles, los satélites, desnacionaliza la banca; estos banqueros ineptos que la quebraron en menos de tres años, ahora reclaman que vengan los banqueros de España, los de Canadá y de Estados Unidos a salvarnos de la quiebra y también reclaman del gobierno subsidios, porque el ADE, el Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores, es con cargo al bolsillo del pueblo; los 7 mil millones de pesos de apoyo es un sacrificio fiscal con cargo a los contribuyentes y entrega también a la empresa Salomón Brothers, empresa transnacional, el control del Sistema Financiero Mexicano destruye al Poder Judicial al crear un consejo de la judicatura, intromisión del Ejecutivo para poder imponer el señor Zedillo consignas al nombrar magistrados y jueces.
No reconoce cómo el narcotráfico ha permeado a las altas esferas del Gobierno y desde luego no acepta su gravísima responsabilidad el señor Zedillo en la ingobernabilidad del D.F., porque es él constitucionalmente el jefe, el gobernador de esta ciudad y el regente, propio de las monarquías en la minoría de edad, así nos consideran, de los habitantes, tiene que presentar su informe anual bajo virtual estado de sitio, prácticamente a bayoneta calada, con los comparsas vendedores ambulantes priístas que le hacen cancha y campo para evitar que las fuerzas independientes del frente popular "Francisco Villa", del Movimiento Proletario Independiente, de la Cenosi, de los líderes José Jiménez, de Benito Mirón y de los del SUTAUR-100 puedan ofender con algunas palabras al señor regente y este regente dice mentiras, dice que es legal la quiebra de Ruta-100, dice que no se han violado leyes,en nuestra opinión no ha violado más leyes en este asunto porque ya no hay ninguna otra que violar; violó el artículo 123, la Ley de Quiebras, el Código Penal, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Monetaria, la Ley de Instituciones Bancarias, todas han sido violentadas. Quiere doblegar a los heroicos trabajadores de la empresa del transporte, Ruta-100 no lo logrará.
¿Quién provoca la violencia en la ciudad?, la violencia primaria es el señor Espinosa Villarreal, a este regente no sólo se le pueden señalar sus conductas contrarias a derecho a partir del 1o. de diciembre, hay que adjudicarle en su pasivo las maniobras del lavado de dinero que hiciera en la campaña presidencial del año pasado; fue secretario de finanzas del PRI, encabezó una siniestra operación para recibir dinero de cuentas de Estados Unidos, ha sido denunciado nada menos que por el director de Aeroméxico, el señor De Prevoisin, quien dice le mandó 8 millones de dólares. La señora Angeles Moreno, antes de ser defenestrada del PRI, primero negó, luego aceptó, sí se recibieron dólares, sólo aceptó tres, ¿dónde dejó Espinosa los otros cinco.
Niega Espinosa haber manejado cuentas secretas pero hay evidencia de que el señor De Prevoisin le mandó del City Bank, cuenta 107, 16205, ocho ministraciones de 1 millón de dólares a los fideicomisos 46-6 y 42-3 de la Banca Serfín.
Espinosa Villarreal tiene si, en su activo, una invención, inventó un esquema de aportaciones tarifarias escalonadas, alta escuela de delitos de cuello blanco, seis tarifas de la A a la F, equivalentes a aportaciones; la A, de 25 millones de dólares, Azcárraga; y la más barata de 1 millón de dólares, la F para los pobres. Todo para juntar más de 1 mil millones de dólares para financiar la campaña zedillista, 1 mil 250 millones de dólares costó según el monitoreo directo del instituto mexicano de opinión pública; 25 veces más de lo que gastó Clinton por una economía 25 veces más pequeña.
Parafraseando, compañeras y compañeros diputados, a Cicerón desde esta alta tribuna, nos dirigimos al nuevo Capilina que despacha en la regencia, ¿hasta cuando Oscar, seguirán abusando de nuestra paciencia.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado René Juárez Cisneros, para rectificar hechos.
El diputado René Juárez Cisneros:
Con su permiso, señor Presidente:
Quisiera brevemente referirme a alguno de los apuntamientos que hiciera el diputado Sánchez Aguilar en relación a mi Estado, el Estado Guerrero.
Quiero solamente precisar que en Guerrero, los guerrerenses estamos preocupados como lo está el diputado Sánchez Aguilar, porque se esclarezcan los hechos lamentables que sin duda a todos nos indignan y que son del conocimiento de la opinión pública nacional y comentar solamente que no es un asunto que esté olvidado, que es un asunto que se halla archivado y al que el pueblo de Guerrero y quienes queremos este terruño, le hayamos dado la espalda.
Hay una investigación que se está desarrollando, ha habido respuesta precisa a las recomendaciones que en su oportunidad, de manera muy clara hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hoy, en estos días precisamente, una vez que el Congreso local ha designado a un fiscal especial para que profundice en las investigaciones, tenemos todos la confianza, porque así lo ha expresado, incluso el Ejecutivo del Estado y la diputación priísta de Guerrero, que esta investigación habrá de llevarse hasta sus últimas consecuencias y que seguramente habrá de castigarse y aplicarse todo el rigor de la ley a los responsables y parece que éste es un asunto del que todos estamos sumamente atentos y tenemos la confianza de que al pueblo de Guerrero se le haga justicia, justicia sin inclinaciones, sin ningún otro interés que no sea el de esclarecer estos hechos tan lamentables, de tal manera que no es un asunto pues que esté de alguna manera desechado, por el contrario se está procediendo a la investigación, se actúa conforme a derecho.
En Guerrero sin duda que existen las condiciones de gobernabilidad que se demuestran precisamente en el desenvolvimiento de la acción gubernamental en sus tres niveles en cada uno de los rincones de la entidad y que sin duda nosotros recogemos con una gran preocupación las expresiones de todos los legisladores, en este caso de Sánchez Aguilar, en el sentido de que es un asunto que queremos que se llegue hasta sus últimas consecuencias en cuanto a su investigación y queremos que se resuelva estrictamente con apego a la ley.
Hay un avance importante, hay una respuesta a cada una de las recomendaciones que se hicieron por parte de la Comisión de Derechos Humanos; hay la voluntad política para esclarecer los hechos y todos en Guerrero queremos y hacemos un llamado a todas las expresiones políticas de la entidad para que juntos, más allá del rencor y más allá de los odios, podamos encontrar un camino, un camino que permita construir un entendimiento, un consenso, para fundamentalmente atacar de frente y de manera profunda y seria, las causas precisamente de la violencia y de estos tan desagradables hechos que se han dado en nuestra entidad, que sin duda son la marginación social, los desequilibrios regionales, la pobreza en síntesis.
De tal manera que yo quise hacer este comentario porque me parece que era de lo más oportuno.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos el señor diputado Eliseo Moyao.
El diputado Eliseo Moyao Morales:
Me veo obligado a pedir la palabra, después de escuchar la intervención del diputado que me antecedió, primero porque me parece grave que termine su intervención el diputado después de hacer un llamado a la búsqueda de consensos, a la búsqueda de entendimiento entre las fuerzas políticas que actuamos en Guerrero y que termine su intervención resaltando que la violencia en ese Estado es producto de la marginación, de la pobreza, de los rezagos.
Ese viejo expediente de encontrar o querer justificar responsabilidades públicas, escondiéndolas en un marco efectivamente de pobreza en el que ha estado sumido el Estado, me parece de un expediente muy fácil de rebatir.
Se ha señalado insistentemente por quienes han analizado la problemática de los derechos humanos violados permanentemente en esa entidad, que el problema fundamental de la violencia, de la falta de respeto a los derechos humanos, estriba en la debilidad de nuestras instituciones, en la debilidad de las instituciones encargadas de procurar justicia, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes hayan leído su informe, sabemos que reconoce lo que es una realidad permanente en el Estado, que no existe procuración de justicia apegada a la ley, que se ha obstruido la investigación de los hechos, que la indagatoria que siguió la Procuraduría del Estado está llena de irregularidades.
Es ésa la realidad permanente que enfrentamos los guerrerenses, es eso lo que evidenció entre otras cosas el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la debilidad de nuestras instituciones y por lo tanto, la falta de contrapesos ante autoridades que se caracterizan por su autoritarismo.
En el fondo de la violencia en el Estado, debemos de reconocer, se encuentran estas causas, estos problemas, esta debilidad de nuestras instituciones y si no somos capaces de reconocer esto, evidentemente que no llegaremos al fondo del esclarecimiento de los hechos, como lo ha demandado el diputado.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado René Arce Islas, para rectificar hechos. Antes que el diputado Arce Islas tiene la palabra el diputado Píndaro Urióstegui.
El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:
Señor Presidente:
Unicamente para hacer una aclaración en relación al avance de la investigación de carácter judicial que se está llevando a cabo en el Estado de Guerrero por parte de las autoridades competentes.
Todos en el Estado, como lo acaba de afirmar el diputado René Juárez, hemos resentido con un gran pesar los acontecimientos dolorosos e irreparables del pasado 28 de julio, hechos lamentables que hubiéramos deseado que nunca sucedieran.
Ya el diputado René Juárez de alguna manera hizo alguna explicación de hasta qué grado se llevan a cabo estas investigaciones. Deseamos que éstas lleguen al fondo y sean lo más amplias posibles para que la opinión pública, para que los familiares de las personas fallecidas, para que la imagen en general del Estado pueda reencauzarse y poder retomar un camino de crecimiento y de desarrollo social tan necesario para todo el Estado.
No creo que haya por parte de ninguna autoridad en estos momentos el más mínimo propósito de ocultamiento y sí en cambio el deseo de llegar al fondo y de lograr una plena justicia en el esclarecimiento de estos hechos.
Pero para precisar lo que decía el diputado René Juárez sobre a qué grado están estas investigaciones, quiero informar solamente que en el expediente penal número 82/995, formado con motivo de los hechos sucedidos en el paraje de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, con fecha 28 de julio del presente año, existen a la fecha 10 detenidos, dos comandantes y ocho policías, a quienes se les dictó formal prisión con fecha 4 de septiembre del presente año quienes apelaron la misma y con fecha 7 de septiembre de este mismo año, la sala penal regional del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Acapulco, confirmó la formal prisión.
A la fecha se están desahogando diligencias de ampliación, de declaración preparatoria que ha solicitado la defensa de cada uno de los acusados y el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado. Con fecha 28 de julio del año en curso, el juez tercero penal decretó la exhumación de los cadáveres a petición del Ministerio Público adscrito, pero previno a éste para que estableciera la causa de su petición, esto es para que se ajustara en los términos del artículo 103 del Código de Procedimientos Penales, consistente en relacionar esa prueba con los puntos que pretende aclarar.
Con fecha 30 de agosto de este mismo año el agente del Ministerio Público cumplió con la prevención anterior y solicitó además se admita para llevar a cabo tal diligencia la intervención de peritos en criminalística y química forense.
De lo anterior corrió traslado a la defensa de los acusados para que promuevan conforme a derecho.
El juez, por su parte, nombró los peritos para que igualmente dictaminen al respecto, diligencia que a la fecha se está preparando para llevarse a cabo en su momento oportuno.
Esto es el avance de la investigación en manos de la autoridad judicial competente, independientemente de la investigación que está llevando a cabo por separado el fiscal nombrado ex profeso para este caso.
Creo que esto a grandes rasgos precisa por un lado un deseo y un propósito existente en todos nosotros, guerrerenses y no guerrerenses, en la opinión pública nacional en general, de esclarecer estos hechos, de lograr por la vía legal dentro de su ámbito de competencia, una solución justa al respecto.
Los resultados de la misma espero que sean satisfactorios para todos nosotros dentro de su ámbito judicial, sin politizar ni partidizar una investigación eminentemente judicial, como lo es ésta.
Muchísimas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Compañeras y compañeros legisladores:
El 28 de julio en el Estado de Guerrero el gobierno del Estado, encabezado por Rubén Figueroa, hizo una de las peores masacres que conoce la historia reciente en nuestro país. Ese día, con el pretexto de que eran guerrilleros los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra Sur, fueron salvajemente emboscados cerca del municipio de Coyuca de Benítez.
Ha habido una protesta nacional, internacional, sobre este caso, porque sólo es comparable con los genocidios cometidos en Bosnia, en Chechenia, que han hecho que la conciencia internacional se estremezca ante estos acontecimientos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una investigación profunda, acuciosa, profesional, que determinó que éste fue un genocidio de Estado, planificado, que fue una acción dirigida desde el palacio de gobierno y desde el despacho del propio gobernador.
Creo que las justificaciones que ha venido aquí a argumentar, la parte que ha venido a leer aquí el diputado Píndaro Urióstegui, que se lo han de haber mandado hoy desde el palacio de gobierno de Chilpancingo, Guerrero, no resuelve el tema fundamental de que no se ha hecho justicia sobre este caso.
No voy a entrar a rebatir otras afirmaciones que ya en otras ocasiones le gusta mencionar al diputado Píndaro Urióstegui, como es eso de que no hay que partidizar las cosas, que no hay que politizar los hechos. Los únicos que lo han politizado, señor Píndaro Urióstegui, es su partido y el único que defiende esta barbarie y esta masacre en el Estado de Guerrero es su partido y quien politiza es su partido en este caso.
Nosotros hemos demandado una investigación amplia de los hechos, una investigación que permita llegar al fondo del problema. Hemos presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano de la OEA, donde responsabilizamos directamente al gobernador Rubén Figueroa de esta masacre.
Recientemente se designó a un fiscal especial en este asunto. Nosotros estuvimos planteando y hemos estado planteando que el caso de esta matanza sea traído al fuero federal porque no se puede ser juez y parte. Las autoridades estatales de Guerrero son juez y parte de esta investigación, por eso nosotros demandamos que el fiscal especial fuera designado directamente por la Procuraduría General de la República.
En conversaciones con el Secretario de Gobernación y con distintos subsecretarios de la misma Secretaría, llegamos al acuerdo de que el fiscal fuese nombrado estatalmente, pero por el Congreso del Estado.
Nosotros pensamos que si se le da plena autonomía a este fiscal especial, si se profundizan las investigaciones, va a quedar claro que el principal responsables de esta masacre del 28 de julio se llama Rubén Figueroa Alcocer, que despacha en el palacio de gobierno en Chilpancingo, Guerrero y al cual procederá un juicio penal y un juicio político por este incalificable crimen, que ni Píndaro ni ningún otro va a poder ocultar.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, después hace uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Abel Eloy Velázquez.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Yo entiendo bien la intención de nuestros amigos diputados guerrerenses, Juárez y Urióstegui, ellos son amigos del gobernador, pertenecen a su mismo partido, presentan una visión desde luego parcial de los hechos. Hacen bien en informarnos del grado de avance de la investigación. Pero ese no es el quid, como dirían los abogados, no es la litis. No se trata aquí de venir a ilustrarnos si algún policía de crucero ya fue encarcelado porque casualmente pasó por ahí y se les escogió como chivo expiatorio o bien si al jefe de la policía se le indició y se le encarceló porque efectivamente ordenó disparar.
Aquí estamos discutiendo ¿quién le ordenó al jefe de la policía detener a los manifestantes que de Coyuca se trasladaban a Atoyac de Alvarez? Y ése no pudo ser otro más que el señor gobernador.
Yo le pido a los señores diputados guerrerenses que en un criterio de objetividad, además de informarnos aquí de la presunta culpabilidad de algunos policías de mayor o menor rango, tomen en cuenta la terrible denuncia que hiciera la alcaldesa de Atoyac de Alvarez y no es de mi partido. Su nombre es María de la Luz Núñez, elegida libremente, porque desde luego tampoco es del PRI, alcaldesa edil de Atoyac.
Esta dama ha dicho una y otra vez a medios de comunicación nacionales e internacionales, lo siguiente:
Primero. Que la víspera de la masacre, el señor gobernador, motu proprio, le llama a la alcaldesa para decirle: "no pasarán", frase histórica de la Primera Guerra Mundial, cuando Pétain anunció que no pasarían los alemanes en Verdún. Tiene mentalidad militar don Rubén.
Y dijo la señora alcaldesa de Atoyac que al día siguiente, esta vez a iniciativa de ella para informarse, se comunica con el jefe del ejecutivo estatal y éste muy ufano le dice: "con la novedad mi amiga, de que no pasaron, porque guerra querían y guerra tuvieron".
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Abel Eloy Velasco.
El diputado Abel Eloy Velasco Velasco:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
No es la guerra lo que los guerrerenses hemos estado pensando, porque hemos sido conscientes de que la violencia engendra violencia. Siempre hemos expresado con gran indignación que la muerte de los 17 campesinos guerrerenses el 28 de junio del presente año, el dolor ocasionado a sus familias, debe de ser un sentimiento que todos los mexicanos debemos de compartir.
Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Guerrero siempre hemos expresado desde que se iniciaron esos acontecimientos, nuestra indignación y ese dolor a las familias lastimadas de Guerrero.
Nos hemos hecho partícipes de ese dolor sin dejar de lado las causas y las circunstancias que ocasionaron su muerte que tanto hemos lamentado. Sin embargo esto no quiere decir que solamente nos convoquemos en la unidad en la desgracia, ya que debemos de convocarnos también en la búsqueda de la verdad y la justicia, de esa justicia a la que debemos de aspirar todos los mexicanos.
No nos dejemos conducir, compañeros diputados, por provocaciones que no nos conduzcan a lograr una verdadera y auténtica solución ante estos acontecimientos.
Los guerrerenses queremos conservar el estado de derecho que prevalece en nuestro Estado y no pretendamos convertir denuncias en condenas, porque el derecho no puede ser un instrumento que obedezca a lineamientos de una mera terquedad. La búsqueda imparcial de la verdad es en la que se ha colocado el Ejecutivo del Estado al aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Con ello no desea utilizar ningún pretexto en el ejercicio de la ley porque es cierto lo que la sabiduría popular establece al decir que el que nada debe, nada teme. Y por ello con absoluta imparcialidad ha otorgado toda clase de facilidades para que se esclarezcan los hechos de Aguas Blancas en el municipio de Coyuca de Benítez, de los cuales lo más lamentable son las muertes de los hermanos campesinos y lo más preocupante por la salud política de la República es utilizar las desgracias ajenas para sembrar más confusión y odios de los que de por sí se han organizado en los hechos.
Es por lo anterior que esperamos confiados en que el fiscal especial, que ha sido designado, lleve a cabo su delicada misión con imparcialidad, con pericia, con técnica, con objetividad e inteligencia, llevando hasta sus últimas consecuencias una investigación donde la única pasión aceptable es la de la prevalencia de la justicia. Pero que quede claro que no podemos aceptar la condena sumaria ni los linchamientos sociales y políticos como los que se ha pretendido hacer desde la máxima tribuna de la nación.
Esperamos los guerrerenses justicia ejercida de manera prudente, equidad y decencia en el trato incluso a los que presuntamente resulten responsables y sobre todo calidad soberana y política en aras de un diálogo que como se muestra en Chiapas, ante quienes asesinaron a otros mexicanos, permita que sean las vías de la búsqueda de soluciones y no las venganzas las que determinen el rumbo de Guerrero.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos el diputado Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me asombra la intervención del diputado Velasco; si no fuera trágico este asunto, sería de risa loca. Tiene el atrevimiento de venir él a decir aquí que aquellos que pedimos justicia por el crimen de Aguas Blancas somos provocadores, sembradores de odio, que promovemos los linchamientos políticos, que condenamos sin base alguna.
Yo he dicho aquí en la tribuna que hay una acusación terrible de un funcionario público del Estado de Guerrero, de elección popular, la edil de Atoyac de Alvarez, que incrimina de manera directa, precisa, inequívoca, al titular del ejecutivo: Rubén Figueroa Alcocer y éste con todo su poder, no ha sido capaz ni de desmentir ni de acusar penalmente a la alcaldesa por difamadora o calumniadora. Siendo ello así, por el mínimo prurito de dignidad, el señor Figueroa debió ya haberse ido de Chilpancingo y del Estado. En cualquier país medianamente democrático, éste no está ni a la cuarta parte, en términos algebraicos, está en la parte negativa, ya hubiera dimitido; hubiera renunciado y si el país fuese no sólo mediana sino totalmente democrático, ya estaría en chirona.
Yo le digo respetuosamente al compañero diputado Velasco que cuando él aquí expresa buenos deseos, "Esperamos -dice él,- que nos entendamos...", quiere él decir: "Esperemos que ya se cansen, se fatiguen, por la resistencia de esta mayoría priísta". El desde luego espera la amnistía, que el pueblo se olvide. Pues quiero decirle al señor diputado que el pueblo no va a olvidar esta afrenta y lo que lo único que puede esperar el diputado Velasco no es la amnistía, el olvido; lo que tiene que esperar es que aquí, en su Estado o en todo el país, algún día, como en París el 14 de julio de 1789, los ciudadanos, no los guerrilleros, se movilicen y tomen, como entonces, los centros que representan la represión. Allá fue la Bastilla. Aquí va a ser el palacio de gobierno de Chilpancingo y si no, Palacio Nacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado René Arce Islas.
El diputado René Arce Islas:
Señor Presidente; compañeras y compañeros; estimados legisladores guerrerenses:
El día de hoy apareció una noticia en los diarios que me parece que debería de ser motivo de preocupación de todos los diputados, ya que un subsecretario anunció que: "El Estado debe abandonar el control de la economía".
Y aparte de eso anuncia que: "Finalmente se liberan los precios en este país".
Hace algunos días nada más discutíamos en materia económica, el informe que el señor Presidente vino a decir aquí a este Congreso y ahí no se nos dijo absolutamente nada acerca de esto. Es una decisión que hoy se anuncia y muchos de nosotros sabemos que efectivamente los precios no habían sido controlados, que cotidianamente había aumentos.
Sin embargo hoy se dice de manera descarnada que ya el Estado no debe de intervenir y efectivamente una concepción estatista posiblemente esto pudiera causar a aquellos compañeros que han luchado durante mucho tiempo en contra de ese Estado que interviene y que elimina la posibilidad de que la sociedad pueda avanzar, podrían decir que esto es muy positivo.
Sin embargo a mí me parece que el anuncio es peligroso, sumamente, cuando aún en este país no tenemos un verdadero estado de derecho que pueda impedir que los grandes monopolios hagan y deshagan de la economía de nuestro país.
A un lado de este mismo anuncio el Procurador Federal del Consumidor nos dice: "que fue un fracaso el control" y ahí mismo el Congreso del Trabajo anuncia que ya los precios de la canasta básica están por arriba del 50% en los aumentos.
Compañeras y compañeros legisladores:
¿No creen ustedes que venir a discutir muchas veces aquí lo del informe presidencial, mientras allá afuera se están decidiendo políticas que finalmente aquí no se nos dice que se van a tomar?
¡Es parte de esa simulación permanente en la que este Congreso cae, de estar discutiendo cosas; mientras que la realidad, allá afuera, indica otra:
Y esto me parece que tendría que ser motivo de que este Congreso se pronunciara, para que esos funcionarios que tomaron esta decisión, vinieran a este Congreso a explicarnos esta medida, esta decisión y que discutieran con nosotros esta nueva concepción acerca de que el Estado deja, pues, la responsabilidad que debe de tener en el asunto de los manejos económicos, tal como lo anunció este subsecretario Carreón, que el día de hoy aparece en todos los periódicos como noticia de primera.
Y algo parecido tiene que ver el asunto de la parte política. Yo insisto en que el problema sigue siendo la simulación, en que el problema sigue siendo la falta de políticos de Estado, con visión de Estado. Que seguimos siendo, tanto los representantes del Gobierno como de los partidos políticos y los legisladores, políticos de coyuntura; no somos políticos con visión de Estado.
¡Estamos anteponiendo intereses particulares por encima de los de la nación:
Y me preocupa mucho que en el informe presidencial, el Presidente haya planteado como "que es responsabilidad de los partidos". O si no en un determinado momento de este Congreso "el analizar y debatir la posibilidad de los cambios trascendentales en materia política".
Me parece que el Presidente de la República debe de jugar un papel central en la transición a la democracia. Particularmente en un país como el nuestro, en el que no ha habido una cultura democrática y si una cultura autoritaria y presidencialista, no de ahora sino de hace muchos años, tiene que jugar un papel central para que se puedan ir amarrando los grandes acuerdos que nos permitan transitar a la democracia.
Y yo creo que los círculos viciosos solamente sirven para tratar de llevar ganancias a nuestras diferentes formaciones partidarias o al sistema político mexicano. Que esos círculos viciosos que hemos ido generando han impedido esa gran posibilidad y solamente han favorecido a los extremos políticos de esta nación.
De aquellos que no quieren que las cosas cambien. De aquellos que quieren seguir fortaleciendo el autoritarismo y el presidencialismo. Y que hacen todo lo posible, desde diferentes ámbitos, para impedir el cambio. Pero también de aquellos que están acostumbrados a las parcelas y a las cuotas de poder y de aquellos que creen que la única fórmula es a través de la violencia para lograr los cambios en este país.
Ese es el problema, estamos en un círculo vicioso permanente. ¡Y a mí me parece que el Presidente de la República debe de asumir la responsabilidad que tiene! ¡Me parece que el Presidente de la República tiene la responsabilidad de llamar a los actores políticos del Congreso, de los partidos políticos y de la sociedad a sacar adelante esta transición a la democracia!
¡Y me parece que este Congreso no puede seguir en una actitud simplemente de espera! ¡Tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que tomar ya la iniciativa de hacer este llamado a que prospere la transición a la democracia, a que prosperen los acuerdos políticos para hacerla avanzar:
Ha habido un ejemplo del licenciado Santiago Creel al retirar su candidatura, para evitar que esto sea un obstáculo. Ha habido ejemplos ya en Chiapas, en donde es posible que se sienten a negociar los insurgentes y el Congreso, compañeros, ¿no podemos dar un ejemplo ya entre todos nosotros de también sentarnos e iniciar esta transición a la democracia y no seguir cayendo en esa simulación que hoy seguimos representando como Congreso, en el que solamente estamos debatiendo cosas, muchas de las cuales no tienen nada ya que ver con la realidad de lo que está allá afuera.
Yo pues, hago un llamado a que como congresistas, como legisladores, avancemos en esa transición y no sigamos teniendo que únicamente vernos al otro día en los diarios, para ver quién hizo la mejor participación o para ver quién increpó mejor al Gobierno o quien lo defendió mejor.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Luis Torres Ortega.
El diputado José Luis Torres Ortega:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Partido Acción Nacional ha establecido, de acuerdo a sus principios y plataforma de gobierno, un programa de trabajo como partido y como grupo parlamentario, que permita al país una transición hacia la democracia; este trabajo busca primordialmente la reforma del Estado mexicano.
Esta reforma del Estado no tiene otro objetivo más que buscar hacer realidad lo señalado por nuestra Constitución: una real división y respeto entre los poderes de la República, el fortalecimiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a través de un marco jurídico adecuado; la existencia de un verdadero federalismo; una reforma electoral que nos permita tener autoridades legítimas y legales; un real respeto a la soberanía de los estados y la búsqueda del municipio libre y autosuficiente.
El Gobierno, encabezado por el presidente Ernesto Zedillo, ha dicho en su I Informe de Gobierno que aquí glosamos y cito: "el Ejecutivo Federal se ha comprometido con una reforma electoral definitiva y es ésta el objetivo prioritario del diálogo nacional entre partidos y gobierno. Base de todo el edificio de la reforma política es la reforma electoral que dé plena certidumbre a los ciudadanos de que su voto ha sido respetado, de que los gobernantes emanan de la soberanía popular ejercida en un sufragio efectivo y que tienen, en consecuencia, el derecho legítimo a gobernar la comunidad política ante la cual son responsables y rinden cuentas de sus actos de autoridad y administración"; termino la cita.
Sin embargo, en los hechos, el gobierno del presidente Zedillo no supo actuar, en consecuencia, de las intenciones que ha proclamado. Cuando se dio la oportunidad, única desde hace años, de establecer un acuerdo político nacional entre gobiernos y partidos para buscar la reforma del Estado, este Gobierno permitió o por lo menos no evitó que las fuerzas políticas, regionales y nacionales, más autoritarias y oscuras del país, pusieran obstáculos para que este acuerdo se diera en un marco de confianza.
El acuerdo político nacional no logró cuajar por los intereses particulares y de grupo que por encima de la nación existen en este sistema político mexicano, engendro del PRI. El desarrollo en la conclusión de los procesos electorales locales nos indicaron que uno es el discurso y otro son los hechos. En el informe se señala que se prestó asesoría a las legislaturas locales para perfeccionar o actualizar leyes electorales; sin embargo, estas reformas a las leyes fueron tan insuficientes que permitieron que las elecciones se celebraran en un marco de parcialidad y de equidad a favor del partido oficial.
Los caminos para restablecer el acuerdo político nacional, deben pasar por la resolución de los casos de Yucatán y Tabasco, donde la implementación de la vieja maquinaria priísta combinada con sus subterfugios electorales y el despilfarro indiscriminado de recursos públicos durante las campañas, se convirtieron en los pilares del supuesto triunfo de los candidatos del PRI.
En su informe, el Presidente parece ignorar el hecho de que los habitantes de la ciudad más grande del mundo no tengamos un Gobierno propio ni posibilidades de elegirlo y que la mayoría de esta Cámara votó por la exclusión de los partidos políticos, de la elección de consejeros ciudadanos, violentando con ello el texto constitucional. La insólita carencia por falta de decisión para tener un director general del IFE sigue siendo una demanda que no puede ser desoída si se plantean las bases consistentes en el terreno de las elecciones.
El PAN y el PRD, los organismos sociales, los académicos y los consejeros ciudadanos del IFE han dado a conocer sus puntos de vista concretos sobre una reforma electoral definitiva. Hay entonces propuestas y contenidos para la misma, han existido acuerdos informales en el llamado seminario del Castillo de Chapultepec, promovido por los consejeros ciudadanos del IFE a los que se han sumado desde hace un mes, el PRI y el PT. El PAN y el PRD han establecido un documento de 10 puntos en la búsqueda de una reforma electoral ante los que el PRI y el Gobierno guardan un silencio absolutos. ¿Así quiere el Gobierno que haya acuerdo.
En resumen, este primer año de gobierno nos demuestra en los hechos que el presidente Zedillo no ha sabido ni ha podido articular una política interior que garantice al pueblo de México estabilidad política, gobernabilidad, transición pacífica y negociada hacia la democracia, puesto que el PRI no deja de ser un partido de gobierno y mientras no se convierta en un partido político auténtico no se puede hablar de una reforma electoral definitiva. A un año nueve meses del estallido del conflicto de Chiapas todavía no hay soluciones claras para que ese Estado viva en un auténtico estado de derecho.
Los procesos electorales de Tabasco y Yucatán han dejado un clima de ingobernabilidad que ha obligado a que un partido presente pruebas de posibles delitos ante la Procuraduría General de la República y a otro a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la violación de derechos humanos.
En el Estado de Puebla, hoy un gobernador desafía la democracia sosteniendo que el Gobierno del Estado debe hacer campaña por y para su partido pisoteando la dignidad de sus conciudadanos.
Compañeros diputados, para Acción Nacional este I Informe de Gobierno nos señala que el presidente Ernesto Zedillo parece ser un rehén de su partido, de los grupos caciquiles y autoritarios que con sus acciones obstaculizan y rompen el diálogo de las fuerzas políticas y sociales del país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Franciscana Krauss Velarde.
La diputada Franciscana Krauss Velarde:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Protección civil, seguridad pública, prevención y readaptación social, son temas de hoy en día, asuntos de la máxima importancia para el buen desarrollo de la vida interna de nuestro país.
Como legisladores priístas reconocemos de forma objetiva que en estos campos hemos avanzado, que la política alineada por el doctor Ernesto Zedillo realiza esfuerzos significativos para dar una respuesta acorde a las grandes carencias que son innegables y que al día de hoy aún están muy lejos de lo que debiera de ser aceptable.
Marcada por el mes de septiembre de 1985, la protección civil antes tema apenas tocado, adquiere un relevante significado a partir de aquel trágico momento, se ha avanzado sí, pero mucho, mucho es aún lo que falta por hacer. Al reformarse y adicionarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en diciembre de 1994, se puntualizan las acciones que la dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación debe realizar para dar cumplimiento al Programa Nacional de Protección Civil que debe integrar los esfuerzos de todo el país para afrontar y mitigar los resultados de un desastre protegiendo vidas humanas, así como bienes materiales y el daño a la naturaleza.
Pero no hay que esperar a que otro hecho trágico acelere la protección civil, debemos de darle una primera importancia integrando, como se ha venido haciendo, todo el esfuerzo gubernamental de los tres niveles y el importante de la sociedad.
En seguridad pública, el conjunto de políticas que proclama el titular del Ejecutivo en una serie de acciones para la instrumentación y aportación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se plasma como demanda de la sociedad en el Plan Nacional de Desarrollo, merece nuestro apoyo. Es ahí, en la seguridad pública donde con más agudeza se siente la urgente, inaplazable necesidad de instrumentar los medios que lleguen a garantizar la seguridad pública de nuestras personas, integridad física y bienes.
Dentro de estas políticas destaca la coordinación de los tres niveles de gobierno. La creación del Centro Nacional de Formación Policial, el incremento de la capacidad del Registro Nacional de Servicios Policiales, así como los efectivos diagnósticos criminológicos y la participación de una sociedad que ya exige dejar de ser víctima, víctima de la delincuencia y del crimen organizado.
La creación del proyecto tipo de la Ley de Seguridad Pública para ser propuesto a las entidades federativas, son además de otras de reglamentación, puntos precisos para garantizar la seguridad pública.
Por último, en materia de readaptación social se advierte en sí acciones para mejorar el Sistema Nacional Penitenciario. En los 436 centros de reclusión que existen en nuestro país el programa rezago cero, incluye libertades anticipadas y adecuación de penas con base a la ley que establece las normas mínimas para la readaptación social de sentenciados.
El Programa de Ex Carcelación de Internos Indígenas del Fuero Federal, la guía de ex carcelación de internos indígenas del Fuero Común también; las brigadas interdisciplinarias que en los estados se elaboren estudios para homologar los sistemas penitenciarios; los programas de prevención de la farmacodependencia, la alteración de los traslados voluntarios a la colonia federal de Islas Marías, las acciones de prevención y readaptación realizadas por dependencias gubernamentales y asociaciones civiles, es loable, sí, pero todo esto parece diluirse cuando hablamos del constante incremento a la delincuencia, de la sobrepoblación, de la falta de recursos adecuados que logren una verdadera readaptación social.
El tema es complejo. Abarcarlo no solamente nos llevaría este tiempo sino muchos debates más, pero al menos, al menos quisiera llamar la atención de algo que vivimos día a día los que somos profesionales del derecho y visitamos en las penitenciarias a nuestros clientes. Un fenómeno que se repite en todo el país y que afecta a miles de familias mexicanas y que apremia el esfuerzo unido de todos nosotros.
Urge pues reubicar centros penitenciarios que hoy en día se encuentran en el centro de zonas habitacionales de la más alta densidad de población; es inaplazable ya, la canalización de mayores recursos, para hacer realidad las condiciones que ya no por ley, compañeros diputados, sino por humanidad, deberían de guardar los reclusorios en nuestro país.
Y finalmente, destacar que de los 91 mil 050 internos que aproximadamente forman la población en reclusorios de nuestro país, de esos 91 mil 050, solamente 3 mil 148 son mujeres, esa cantidad que es mínima y que estas mujeres viven hacinadas, sin las más mínimas condiciones de garantía a su dignidad, que en muchos de los casos se trata de mujeres que son madres y que viven en esas mismas penitenciarías con sus hijos menores de edad.
Aquí yo exhorto a todos para que trabajemos en este aspecto unidos y que acerquemos nuestro sistema penitenciario a lo que debería de ser una verdadera readaptación social.
Gracias, compañeros.
El Presidente:
Para rectificar hechos, el señor diputado Antonio Hernández.
El diputado Antonio Hernández Cruz:
Podría quedar callado, pero estoy recibiendo un fax del Estado de Chiapas y porque se trata de presos, de asesinatos y de desgracias de nuestros pueblos. Dice así:
"Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, septiembre 20 de 1995.- Licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; honorable Congreso de la Unión; a la opinión pública nacional.- Llamado urgente.
El pueblo chiapaneco está viviendo momentos de terror, de impotencia y desgobierno, ante la ola de asesinatos de luchadores sociales cometidos por grupos paramilitares, al servicio de caciques y terratenientes.
La violencia que vienen desatando estos grupos de poder y del propio gobernador del Estado, en contra del pueblo chiapaneco y sus organizaciones sociales y políticas, es ya realmente insostenible.
De nada sirven los esfuerzos del Gobierno Federal y de los hermanos indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de otros actores sociales y políticos por alcanzar una paz con justicia y dignidad, mediante el diálogo y los acuerdos políticos, cuando la sociedad chiapaneca se precipita aceleradamente hacia una confrontación global, promovida desde los centros del poder caciquil y desde las mismas instituciones estatales.
La situación más dramática en estos momentos, la estamos viviendo en la región Sierra, que abarca los municipios de Altenango, La Paz, La Concordia, Villa Corzo, Bellavista y otros, bajo el eterno cacicazgo de los Orantes, los Ruiz y varias familias alemanas.
Siendo una región que se encuentra plenamente militarizada desde hace meses, con presencia masiva del Ejército Federal, de la Policía Judicial y de la Seguridad Pública, se da la actuación impune del grupo de guardias blancas, que asesinaron el domingo pasado al compañero Antelmo Robledo Robledo, candidato del PRD a la presidencia municipal y ayer martes asesinan al compañero Higinio Sánchez Hernández y dejan herido de gravedad a su hermano Apolinar Sánchez Hernández.
La misma situación estamos viviendo desde hace meses en los municipios de Tila, Sabanilla y Salto de Agua, en donde son ya incontables los asesinatos, desalojos y quema de viviendas, por el grupo paramilitar priísta llamado "Por la Defensa Ciudadana y la Paz", al servicio de caciques y terratenientes de aquella región.
Aquí también cabe decir que este grupo actúa con la protección y el adiestramiento del Ejército Federal y la Policía de Seguridad Pública. Continúan igualmente los desalojos de predios por parte de caciques y sus pistoleros y de la seguridad pública del Estado, donde el día de ayer 19, asesinaron al compañero Abel Bartolón Pérez, del ejido "El Progreso", municipio de Bellavista y militante de la O-60.
Esto viene a sumarse a los más de 60 compañeros de la Asamblea Estatal Democrática del pueblo chiapaneco asesinados en los últimos meses. Vuelven a llenarse las cárceles de luchadores sociales, cuyo único delito es exigir solución a las demandas del pueblo. Decenas de luchadores sociales, muchos de los cuales son candidatos del PRD han sido amenazados de muerte, de manera personal, a través de anónimos.
Señor Presidente, señores del Congreso, si queremos actuar con responsabilidad como es el deber del Gobierno y lo exige la sociedad, son urgentes medidas enérgicas para detener las acciones criminales de los grupos de poder económico y militar que llevan al Estado a una virtual guerra civil. Por ello:
1. Urge desmantelar los cacicazgos regionales existentes en Chiapas. El camino consiste en expropiar sus tierras y entregarlas a quienes las trabajan.
2. Desarmar a los grupos paramilitares y de guardias blancas al servicio de los caciques y grupos de poder. Dejar de brindarles protección por parte de los mismos aparatos del Estado y castigo a los responsables de sus adiestramientos y financiamientos.
3. Destituir de sus cargos al procurador de justicia del Estado, al secretario de gobierno y al mismo gobernador interino, quienes se han convertido en cómplices de caciques terratenientes y guardias blancas.
4. Por último señor Presidente, reiteramos la solicitud de una audiencia con usted ante los acontecimientos señalados y la falta de respuesta al conocimiento de nuestras demandas.
Firman: todas las 29 organizaciones indígenas y campesinas y urbanas populares miembros de la Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco."
Mientras aquí estamos hablando de diálogo, se está rompiendo la nación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Agotada la lista de oradores inscritos en el tema de política interior, esta Presidencia informa que por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el análisis del informe sobre política exterior se agenda para el próximo martes.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente:
En consecuencia pasaremos a tratar asuntos varios.
Tiene la palabra el diputado Armando Quintero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre los trabajadores de limpia del Estado de Tabasco.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Gracias señor Presidente.
Debo informar antes que nada que la presencia de los compañeros trabajadores del sistema de limpia del Estado de Tabasco el día de hoy, ha ayudado a que con gestiones que hemos hecho diputados del PRD y la diputada Ofelia Casillas, presidenta de la Comisión de Gestoría y Quejas, a las 8:00 de la noche habrán de ser recibidos los compañeros y habremos de participar con ellos para plantear su justa demanda en la Secretaría de Gobernación.
Señores diputados, por esta ocasión no vamos hablar aquí del señor Roberto Madrazo en relación a su demanda por exceso de gastos de campaña ni vamos a hablar de su autosecuestro ni vamos a hablar de su espíritu de gran libertad hacia la prensa, como el día de ayer se presentó ante la opinión pública.
Nosotros queremos señalar concretamente que la política del señor Roberto Madrazo ha hecho que 350 trabajadores de limpia del municipio capital de Tabasco hayan sido despedidos, que los 350 trabajadores de limpia se hayan venido en marcha a la capital desde el 17 de julio y se encuentren hoy en día en este recinto parlamentario, una pequeña comisión adentro y la mayoría en las afueras del recinto parlamentario.
Cabe señalar que hay nueve trabajadores detenidos. Ellos son: Ildefonso López Hernández, Marco Antonio Beltrán Carreón García, Miguel Apolinar Torres, José Luis Torres Gómez, Manuel Antonio Vázquez Espinosa; Manuel Ventura Torres, Miguel de los Angeles de la Cruz Antonio, Leonel Martínez Feria y Moisés Lorenzo Padilla.
Desde marzo de 1994 se despidió a 150 trabajadores y en julio de 1995 por instrucciones del gobernador Roberto Madrazo se despidió a 170 más.
Hay 45 órdenes de aprehensión sobre los compañeros trabajadores del sistema de limpia. Los 350 compañeros y su dirigente principal, el compañero Aquiles Magaña, quien se encuentra aquí presente con nosotros y quien ya ha sido encarcelado por sólo cometer el delito de defender íntegramente y limpiamente a los trabajadores, ha sido encarcelado incluso siendo militante del Partido Revolucionario Institucional.
Su delito: defender limpia y firmemente los derechos de los trabajadores de limpia de ese Estado.
Se les adeuda a los trabajadores más de un año de tiempo extra de entre siete y ocho horas a cada uno de los 350 trabajadores. Se les deben salarios caídos y prestaciones devengadas. Tienen 21 días en la Ciudad de México los compañeros.
El día de ayer, según las notas que han aparecido hoy profusamente en todos los medios de circulación nacional y en la televisión y en la radio, el señor Roberto Madrazo se presentó como un hombre que defiende y promueve el estado de derecho, que está a favor de la pluralidad, que está de acuerdo con la tolerancia y con la libertad de prensa, sin embargo no está de acuerdo con que los trabajadores modestos que se encargan de recolectar la basura de la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, ejerzan plenamente sus derechos como trabajadores, que ejerzan plenamente la libertad sindical, que ejerzan libremente la decisión de representación, que decidan libremente en qué partido militan, si deciden militar en algún partido y sobre todo que sus dirigentes puedan moverse con libertad.
Por conflicto laboral los trabajadores de recolección de basura del Estado de Tabasco, que se inició desde 1989, han sido reprimidos, golpeados, encarcelados por el delito grave de solicitar mejores condiciones de trabajo que consiste a un salario digno; equipo de trabajo; respeto a las jornadas de trabajo y esto inició desde el gobierno del tristemente célebre Salvador Neme Castillo, siguió con Manuel Gurría Ordóñez y se ha agudizado ahora en el actual gobierno del señor Roberto Madrazo Pintado.
Nosotros pensamos, señores legisladores, que debiera salir una invitación de la plenaria de este Congreso para que por mediación de la Secretaría de Gobernación el gobernador Roberto Madrazo Pintado, que el día de ayer hizo gala de un lenguaje plural, flexible y tolerante, muestre con hechos concretos disposición para resolver un problema de Tabasco.
No hay ningún interés de este grupo de 350 tabasqueños de origen modesto, pero dignos, de estar padeciendo condiciones insalubres, padeciendo hambre, pasando frío, viviendo en una situación de hacinamiento en el local de la Sección Novena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Hay necesidad de que el señor Roberto Madrazo Pintado entienda que los problemas de Tabasco deben resolverse en Tabasco, que los ciudadanos del Distrito Federal no tienen porqué padecer la cerrazón y la torpeza que obliga a los ciudadanos de Tabasco a tener que venir al centro político del país a buscar que las autoridades centrales ejerzan la presión suficiente para que se resuelvan problemas que debieran ser resueltos en primera instancia por el gobernador de ese Estado.
Quizá con una recomendación de este Congreso de la Unión para que a través de la Secretaría de Gobernación, en donde habremos de estar a las 8:00 de la noche, nosotros solicitamos y les pedimos al conjunto de las fracciones parlamentarias estuvieran de acuerdo a que transmitiéramos la solicitud de mediación de la Secretaría de Gobernación con el gobernador de ese Estado para que los compañeros puedan regresar a Tabasco y encontrar una solución satisfactoria.
En este momento en el que el desempleo es el problema fundamental en el país, hay condiciones para que en Tabasco se resuelva la recontratación de los trabajadores despedidos y se permita que los que no han sido despedidos pero que vinieron a México a pedir solución a las demandas de sus compañeros, puedan reincorporarse a su trabajo en condiciones normales.
Faltaría que se supriman las 45 órdenes de aprehensión y, sobre todo, que no se hostigue a nuestro compañero Aquiles Magaña, principal dirigente de los trabajadores de limpia, para que este grupo de tabasqueños deje la ciudad de México, se reintegre a trabajar en Tabasco, y deje de existir un conflicto más en ese Estado que ya tiene demasiados conflictos políticos como para que un conflicto más, derivado de una injusticia laboral, siga generando problemas en Tabasco y en la Ciudad de México.
Estos son los planteamientos que hacemos a nombre de los compañeros que han acudido el día de hoy a pedir apoyo y a pedir solidaridad de los diputados de todas las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión.
Muchas gracias.
El diputado César Raúl Ojeda Zubieta (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Raúl Ojeda.
El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:
Gracias, señor Presidente:
Para refrendar la posición que desde un principio los diputados tabasqueños hemos mostrado sobre este asunto, la franca disposición para contribuir a la resolución del problema por la vía en la que hay franca coincidencia, mi querido Armando, por la vía del diálogo.
Es un problema que se circunscribe al espacio municipal, es un problema añejo y evidentemente todos vamos a contribuir para darle la solución que con derecho, con justicia y con franco respeto a quienes tengan este derecho, nos vamos a sumar todos para resolver este asunto que efectivamente, como tú lo señalas, es un problema de los tabasqueños pero que nos incumbe a todos por igual.
Con mucho gusto aceptamos y refrendamos esta voluntad del grupo de diputados tabasqueños para contribuir a la resolución de este problema.
Muchas gracias.
EDUCACION SUPERIOR
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación de los estudiantes rechazados en la Universidad Nacional Autónoma de México.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Compañeras diputadas; compañeros diputados:
Trece jóvenes, algunos padres de familia, algunas madres de familia, van a cumplir 33 días de huelga de hambre exigiendo el derecho a la educación que a todo mexicano no se le debería negar bajo ningún concepto y bajo ningún pretexto.
Yo quisiera llamar la atención a todos los compañeros diputados de un problema de suma gravedad, no tanto por el hecho sino por las consecuencias y dimensiones a que este problema se ha llevado. Vean ustedes compañeros.
El día 23 de septiembre hubo un pronunciamiento por el honorable Congreso de la Unión que dice así: "Las distintas fracciones parlamentarias del honorable Congreso de la Unión se pronuncian por una solución favorable, ¡por una solución favorable!, a la demanda de educación media superior y superior que en diversos estados del país han realizado miles de jóvenes que desean seguir estudiando.
Para nuestra nación, con gran tradición educativa, el problema grave sería que nuestros jóvenes no quisieran estudiar, su hambre por conocer no puede ser un problema sino por el contrario un signo esperanzador de nuestro mañana. Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, 23 de agosto de 1995. Por el Partido Acción Nacional firman: senador Juan de Dios Castro y diputado Ricardo García Cervantes. Por el Partido de la Revolución Democrática: senador Héctor Sánchez, diputado Salvador Martínez Della Rocca. Por el Partido Revolucionario Institucional: senador José Luis Soberanes, diputado Dionisio Pérez Jácome. Por el Partido del Trabajo: diputado Joaquín Vela."
Compañeros diputados, si quieren hacemos una huelga de hambre aquí para que les interese el problema. Tengo la lista de los diputados del Partido Revolucionario Institucional que están dispuestos a hacer una huelga de hambre apoyando a los jóvenes universitarios y tengo la lista del Partido Revolucionario... se los doy ahorita, mano. Miren compañeros, cuando hay gente que ha dejado de comer 33 días por educarse, me parece que en este recinto universitario lo menos que se puede tener es el respeto por la gente que sabe luchar por sus derechos. ¿Quién no es universitario?.. ¿Mande?
En este recinto parlamentario lo mínimo que se puede tener es respeto, cuando hay 13 jóvenes que van a cumplir 33 días sin comer por educarse y particularmente se debe tener respeto cuando tenemos un pronunciamiento del honorable Congreso de la Unión, un pronunciamiento nuestro y que no hay autoridad en este país que ejecute los resolutivos del Poder Legislativo.
Aquí en este pronunciamiento firmado por todas las fracciones parlamentarias se exige a los poderes correspondientes, que se le dé una solución favorable al problema de los rechazados en este país. Fue firmado el 23 de agosto y estamos a veintitantos de septiembre y resulta que todavía los muchachos siguen en huelga de hambre porque no hay una autoridad que ejecute lo que el Poder Legislativo decide.
Yo quiero llamar la atención a todos ustedes, ¿cuántos días más van a tener que dejar de comer estos jóvenes, madres de familia y padres de familia, para que sean aceptados, para que puedan continuar con sus estudios? ¿Cuántos días más.
Hemos tenido y reconozco el apoyo de todas las fracciones parlamentarias para que este problema se resuelva, pero parece ser que en este país existe un poder por encima del Poder Legislativo y por encima del Poder Ejecutivo para que nuestras resoluciones no se lleven a cabo y, ¿por qué digo que por encima del Poder Ejecutivo?, porque el Presidente de la República declaró el 15 de mayo de 1995 que la matrícula de educación superior se había estancado en 1 millón 200 mil jóvenes y que era un problema grave para la nación y que solicitaba a las universidades públicas de este país de la manera más atenta que ampliaran la matrícula.
Y, sin embargo, miles de jóvenes se quedaron sin estudiar y hay miles de ellos que están en huelga de hambre para poder estudiar. Quiero recordarles a todos ustedes, compañeros legisladores, lo siguiente. En el decreto de adición al 3o. constitucional, decreto de adición que fue votado por esta Cámara, el día 9 de junio de 1980 dice: "El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios; a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan".
Es nuestra función sancionar a todos aquellos funcionarios públicos que infrinjan los reglamentos, las leyes que aquí nosotros decretamos. Leo el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México que fue emitida por el Congreso de la Unión el día de 6 de enero de 1945.
Artículo 1o. La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública, organismo descentralizado del Estado, dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad.
Organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender -y extender-, con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura, "...y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura".
Compañeras y compañeros diputados: en 1981 la Universidad Nacional Autónoma de México atendía a 325 mil alumnos y 15 años después, en 1995, atiende sólo 268 mil. Les pregunto: ¿Se está o no violando el artículo 1o. de la Ley Orgánica.
No quiero ni estoy pidiendo que el Congreso de la Unión sancione, pero estoy pidiendo que este Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados solicite que a la brevedad posible se resuelva el problema de los jóvenes que fueron excluidos de educación.
He elaborado un documento que lo he pasado a firma para todos los diputados y diputadas de todas las fracciones parlamentarias. El documento dice así:
"Profundamente preocupados por la salud de los jóvenes estudiantes excluidos de la educación media superior y superior de la UNAM, así como de padres y madres de familia en huelga de hambre que tienen ya 32 días sin probar alimento, los diputados federales abajo firmantes queremos exhortar a las autoridades de la UNAM para que se dé una solución favorable a la demanda de estos mexicanos antes de que se tenga que lamentar algún daño físico irreversible.
Hacemos este exhorto con base en el acuerdo legislativo tomado por el honorable Congreso de la Unión el 23 de agosto pasado, en el cual nos pronunciamos por una solución favorable a la demanda de educación de éstos y otros jóvenes que en distintas partes del país desean seguir estudiando."
Este pronunciamiento terminaba diciendo atinadamente que:
"Para nuestra nación, con gran tradición educativa, el problema grave sería que nuestros jóvenes no quisieran estudiar; su hambre por conocer no puede ser un problema sino por el contrario, un signo esperanzador de nuestro mañana."
Yo le pediría a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, que tuvieran la amabilidad, si somos coherentes, de firmar este documento. ¿Por qué?, porque recibimos con mucho beneplácito que el diálogo se abriera antier.
Prácticamente 30 días tuvieron que estar en huelga de hambre los jóvenes para que el diálogo se abriera. El diálogo es encabezado por un amigo mío a quien yo respeto mucho, el doctor Jaime Martuscelli.
Antenoche les hicieron ofertas a los jóvenes, ofertas dignas de discutirse, dignas de dialogar para llegar a una solución. Sin embargo, sorpresivamente el día de anoche prácticamente el diálogo se estancó, con base en una discusión supuestamente académica. No podemos permitir que un diálogo se estanque, porque cada día en que no se llegue a un acuerdo, es un día más que estos jóvenes, estos padres de familia, dejan de comer.
Yo les pediría pues que emitiéramos este pronunciamiento que acabo de leer. Pero que intentáramos, por todos los medios posibles y aquí me quiero dirigir a las coordinaciones de nuestras fracciones; me quiero dirigir al licenciado Roque Villanueva, me quiero dirigir al licenciado Joaquín Vela, me quiero dirigir al licenciado García Cervantes y al licenciado Jesús Ortega, que con todos los medios y los recursos que tiene el Poder Legislativo se solicite a la brevedad posible se resuelva el problema educativo que nuestros jóvenes están demandando.
Compañeros diputados: hoy los jóvenes de este país no tienen empleo. Resulta que ahora, tampoco pueden educarse. Yo les pregunto una cosa: ¿Que queremos de nuestros jóvenes? Queremos verlos en las calles vendiendo aguacates y chicles, limpiando vidrios, si bien les va o los queremos ver en actividades gangsteriles por hambre y por falta de cultura o preferimos ver a nuestros jóvenes, a nuestros hijos mejor en un salón de clases y no importa que el salón de clases esté sobresaturado; prefiero mil veces verlos atiborrados en un salón de clases, tomando clases y educándose, que verlos en actividades ilícitas y pandilleriles.
Yo les rogaría a todos ustedes, porque agradezco mucho la solidaridad que esta LVI Legislatura ha tenido con el problema educativo, pero, compañeros, hagamos un esfuerzo, como el esfuerzo que hicimos el día martes cuando aprobamos un punto de acuerdo que dice:
"La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados considera necesario que se destine por lo menos el 8% del PIB al gasto educativo, tal como lo recomienda la UNESCO y diversos organismos internacionales educativos.
Palacio Legislativo, 19 de septiembre de 1995.- Por el Partido Acción Nacional: Ricardo Francisco García Cervantes, Agustín Torres Delgado; por el Partido Revolucionario Institucional: Miguel Angel Islas Chío, presidente de la Comisión de Educación, y Primo Rivera Torres, miembro de la Comisión de Educación; por el Partido del Trabajo: Alejandro Moreno Berry y diputado Oscar González Yáñez; por el PRD: Salvador Martínez Della Rocca y Jesús Ortega Martínez."
Estas son las cosas que debemos legislar para que de aquí en adelante no se nos quede fuera de las aulas ningún joven que quiera estudiar. Pero esto espero que no sea sólo una firma y un papel; espero que luchemos como LVI Legislatura para hacer realidad que este país que se hizo con educación, desde Vasconcelos, desde Bassols, desde Ignacio García Téllez y Torres Bodet, que este país se siga conformando como el país preocupado por educar a sus jóvenes y no por el país que está persiguiendo un decreto que haga que a los 16 años un joven ya sea delincuente.
Mejor abramos escuelas, mejor paguémosle bien a nuestros profesores, mejor paguémosle bien a nuestros investigadores, mejor defendamos universidades, construyamos universidades que desarrollen ciencia y tecnología para que este país sea independiente y una cosa: sigamos haciendo mucha literatura, compañeros, sigamos haciendo mucha literatura, porque eso es lo que nos enaltece.
Muchísimas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada María Teresa Gómez Mont, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema.
La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para el Partido Acción Nacional la Universidad Nacional Autónoma de México no es una universidad más, es el centro que en estos momentos generó, no en estos momentos, se generó, es el antecedente inmediato de la fundación del Partido Acción Nacional, como consecuencia del movimiento en el que se consumó la autonomía de la universidad en 1933.
En esos años, de 1933 a 1934, siendo rector Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, fue cuando se liberó uno de los movimientos más importantes para la historia de la universidad: la lucha por la libertad de cátedra.
Es por ello que lo que pasa en la universidad es importante para el Partido Acción Nacional, como lo debe ser para todos los mexicanos, porque los movimientos universitarios vienen a ser el germen de la cultura superior que enriquece a los ciudadanos.
Manuel Gómez Morín en 1933, cuando hablaba sobre la misión de la Universidad decía: "ni la universidad puede vivir ni los universitarios pueden trabajar con el fruto que la comunidad tiene derecho a exigirles, si las condiciones de apoyo y comprensión no se cumplen".
El trabajo universitario, decía, no puede ser concebido como cono mecánico del pensamiento político dominante en cada momento. Se tendría siquiera valor político si así fuera planteado. Ha de ser objetivo autónomo, como todo trabajo científico ha de ser racional, libre como todo pensamiento filosófico y en cuanto debe incluir la preparación ética de los jóvenes, ha de ser levantado y responsable y no poder apegado servilmente a los hechos del momento ni a la voluntad de la política triunfante.
"La universidad ennoblecida por la libertad y responsable por ello de su misión, no atada y sumisa a una tesis o a un partido, sino manteniendo siempre abiertos los caminos del descubrimiento y libre la actitud de auténtico trabajo y de crítica veraz, no sujeta al elogio del presente sino empeñada en formar el porvenir, dará a la República, cualquiera que sea el estado de la organización social y política, la seguridad permanente de mejoramiento y renovación."
Esas palabras que dijo Gómez Morín en 1933, las hemos tenido todos los panistas en relación a la educación superior y muy especialmente los que hemos pasado por las aulas de la Universidad Nacional.
Es precisamente por eso, porque el PAN surge de un movimiento estudiantil y sus raíces son netamente universitarias, porque también el PAN tiene el orgullo de contar entre sus fundadores al rector en su tiempo de la Universidad Nacional, Manuel Gómez Morín.
Porque el PAN cree intensamente en que la educación sea la palanca del desarrollo de México.
Porque el PAN, es un partido de jóvenes y reconoce el derecho a la educación de todos los mexicanos.
Porque la universidad ha de contribuir a formar personas comprometidas con los valores que se fundamentan, en una conciencia viva y operante de su dignidad y de sus congéneres, universitarios dispuestos a poner al servicio de todos su talento y sus conocimientos.
Porque nuestras instituciones educativas deben ser espacio para el desarrollo pleno de los conocimientos, las habilidades y los valores propios de una sociedad que exige acceder a los frutos de la civilización. Ha de hacer, pues, lugares propicios para el encuentro, la reflexión rigurosa y de sus relaciones una experiencia de la nueva sociedad que necesitamos y a la que aspiramos.
Porque el PAN considera que el alumno relacionado con el problema de cupo en la Universidad Nacional, alma mater de muchos de los que aquí estamos, rebasa a los mismos partidos políticos, pensamos, como se pensaba en 1933, que la política no debe estar en la universidad y que los panistas en nuestra calidad de universitarios nos unimos a la demanda de que se reflexione e invitamos a las autoridades universitarias a vivir un espacio de conciliación, para que a todos esos mexicanos que en estos momentos se les está siendo negado el acceso a la educación superior, no puedan ser desperdiciados por la patria.
Gracias.
ENSAYOS NUCLEARES EN EL ATOLON DE MURUROA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfonso Martínez Guerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo sobre pruebas nucleares.
El diputado Alfonso Martínez Guerra:
Es un punto de acuerdo de las cuatro fracciones parlamentarias:
Señor Presidente, muchas gracias; respetables compañeros legisladores:
«Punto de acuerdo para apoyar la decisión de los países firmantes de los tratados de Tlatelolco y de Rarotonga, de pronunciarse en contra de la decisión del gobierno de Francia, de continuar realizando ensayos nucleares en el Pacífico Sur y para invitar a la República Popular China a que suspenda de inmediato las detonaciones atómicas que realiza.
Considerando que uno de los compromisos acordados en la revisión del Tratado de no Proliferación, celebrado en la ciudad de Nueva York en abril y mayo del presente año, fue avanzar en la concreción de un acuerdo que prohiba totalmente los ensayos nucleares a más tardar en 1996; que la suspensión y erradicación de los ensayos nucleares sería un paso decisivo a favor del desarme; que a partir de 1992 los países con reconocidas capacidades nucleares como Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Francia convinieron en realizar una moratoria en la detonación de artefactos atómicos; que en virtud del Tratado de Rarotonga, suscrito en 1986, el Pacífico Sur es una zona libre de armas nucleares; que en los últimos años se han documentado ampliamente los efectos nocivos que las emisiones radioactivas tienen en los seres humanos, la flora, la fauna y el medio ambiente, a escala planetaria; que existe un clamor generalizado por lograr el desarme y la canalización de los recursos liberados por este hecho a favor del desarrollo; que a raíz de la detonación nuclear efectuada por el Gobierno de Francia en el Atolón de Mururoa, el pasado 5 de septiembre, existe preocupación de parte de la comunidad internacional por las posibles implicaciones contaminantes y sísmicas que dicho ensayo puede tener; que la República Popular China ha efectuado a la fecha un par de ensayos nucleares, pese a que participó en las negociaciones para revisar el Tratado de no Proliferación en mayo; que los países suscriptores del Tratado de Tlatelolco, propuesta encaminada para hacer de América Latina y del Caribe una zona libre de armas nucleares y del Tratado de Rarotonga, propuesta que establece que el Pacífico Sur debe ser una zona libre también de armas nucleares, se están reuniendo en la ciudad de Nueva York con el propósito de formular ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, un pronunciamiento a fin de promover una moratoria de aplicación inmediata de todos los ensayos nucleares, hasta que entre en vigor el tratado que prohibe los ensayos nucleares de manera total y que se ha venido negociando en Ginebra y que seguramente será aprobado en 1996.
Proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Solicitamos a los gobiernos de Francia y de la República Popular China que suspendan de inmediato la detonación de artefactos atómicos y que se unan a la moratoria que mantienen otras potencias nucleares desde 1992.
Segundo. Invitamos a los gobiernos de Francia y de la República Popular China, a que participen activamente en las negociaciones encaminadas a suscribir un tratado que prohiba totalmente los ensayos nucleares previsto para 1996.
Tercero. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México transmita nuestra preocupación a los gobiernos de Francia, de la República Popular China y a la comunidad de naciones a través de los foros internacionales pertinentes, en el ánimo de crear una conciencia para erradicar los ensayos nucleares de la faz de la tierra.
Firman: diputada Rosa María Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, diputado Cuauhtémoc Sandoval, del mismo partido; diputado Alejandro Moreno, del Partido del Trabajo; diputado Carlos Reta, del PRI; diputado Alfonso Martínez Guerra, Partido Acción Nacional.»
Muchas gracias.
ESTADO DE MORELOS II
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el poblado de Tepoztlán, Estado de Morelos.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
He solicitado intervenir en esta sesión para transmitir a ustedes una comunicación que por mi conducto quieren hacer llegar a este Congreso los pobladores de Tepoztlán, Morelos, como ustedes estarán bien enterados, la población de Tepoztlán, Morelos, atraviesa en este momento por un intenso conflicto suscitado a raíz de un proyecto de inversiones de una zona turística y de golf, en esa localidad.
A raíz de este conflicto, la vida institucional, la vida económica, la vida social de la comunidad de Tepoztlán ha quedado interrumpida y los tepoztecos, deseosos de retornar a la institucionalidad y a la normalidad quieren celebrar el próximo domingo una elección de representantes que sea el punto de partida para la integración de una nueva autoridad municipal.
Al respecto, la comunicación dice: "Comité de la Unidad de Tepoztlán. Tepoztlán, Morelos, 20 de septiembre de 1995. Honorable Congreso de la Unión, LVI Legislatura. Cámara de Diputados, México, D.F., atención: diputado Adolfo Aguilar Zinser.
Por este conducto nos permitimos solicitar a ustedes su intervención para atestiguar la elección del Ayuntamiento Libre de Tepoztlán, Morelos, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de septiembre, de las 10:00 a las 18:00 horas. Esta elección se hará de una manera democrática que consiste en elegir a siete ciudadanos de una planilla única integral, conformada por representantes de cada comunidad, de cada barrio y colonia que forman el municipio.
Los siete aspirantes que ocupen los primeros lugares serán los propietarios y los siete siguientes los suplentes. Los puestos en el ayuntamiento serán otorgados de la siguiente manera: para la presidencia el que obtenga el mayor número de votos, el que le sigue será el síndico y los puestos de regidores se asignarán de acuerdo con la experiencia y aptitudes de cada candidato para el área correspondiente.
Agradecemos de antemano el apoyo que nos brindan, dada la urgencia del pueblo de Tepoztlán por contar con un ayuntamiento que permita normalizar las actividades cotidianas, ya que el Gobierno del Estado se ha cerrado a escuchar las necesidades del pueblo y sigue empeñado en sostener al cabildo ya desconocido y repudiado por los tepoztecos.
Firman: doctora Laura A. Bocanegra; profesor Máximo Lara Vargas; señor Carlos Hernán Zapata; ingeniero Anastasio Solís y señor Manuel Medina".
Quisiera al respecto de esta propuesta señalar que en este momento corresponde a las autoridades del Estado de Morelos, a su Congreso legítimamente constituido y a la población de Tepoztlán resolver el conflicto que permita la integración de una autoridad municipal de la que carece de hecho la población desde hace cerca de tres semanas.
La elección del domingo puede ser un paso conducente a esta negociación en el sentido de que crea una forma propia y democrática, a una instancia propia y democrática de representación de la comunidad de Tepoztlán para iniciar este proceso de normalización. Ni a este Congreso ni a nosotros en lo particular como diputados federales nos corresponde determinar las condiciones bajo las cuales haya de integrarse la autoridad municipal. Sin embargo, sí estamos en condiciones de atestiguar un proceso interno en Tepoztlán que puede muy bien conducir a la normalización de la vida política en ese lugar, un asunto que tiene trascendencia nacional y repercusiones internacionales por las aristas y las dimensiones de lo que esto representa, por tanto me permito proponer que de una manera informal y con el interés individual de los integrantes de este Congreso que quieran participar en este ejercicio, concurramos el próximo domingo a la población de Tepoztlán, Morelos y seamos testigos de este proceso interno, que seamos testigos del esfuerzo de los tepoztecos por encontrar una salida ordenada, pacífica y democrática al conflicto que aqueja a la población y seamos testigos de las condiciones por las que atraviesa esa población.
Convoco por tanto, haciéndome eco de esta invitación de los tepoztecos para que nos reunamos los diputados integrantes de los grupos parlamentarios que así quieran y lo deseen participar, nos reunamos el próximo domingo a las 12 del día, en el kiosko central de Tepoztlán.
Quiero terminar recalcando el hecho de que ser testigos y observadores de este proceso no nos involucra en el conflicto político, sino simple y sencillamente nos permite servir de puente de comunicación, una comunicación que ha estado ausente, una comunicación necesaria para la solución del conflicto y que dejando entonces con nuestra presencia, con nuestra asistencia a este acto en el que los tepoztecos quieren expresar una voluntad democrática para comenzar a constituir sus órganos de representación, podamos entonces nosotros en lo individual, como diputados, ser partícipes de este esfuerzo.
Agradezco y espero que esta exhortación de los tepoztecos tenga eco entre mis compañeras y compañeros diputados.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Salgado Brito, para rectificar hechos.
El diputado Juan Salgado Brito:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Lo que está sucediendo en Tepoztlán es verdaderamente lamentable. He querido participar para hacer algunas reflexiones con vistas a observar cuidadosamente el proceder y comportamiento de quienes estamos obligados a vigilar y preservar la vigencia del orden jurídico y el estado de derecho.
En Tepoztlán, hace aproximadamente un mes el presidente municipal presentó su solicitud de licencia como consecuencia de conflictos derivados de la autorización de un proyecto arquitectónico en el municipio. El presidente municipal presentó su solicitud de licencia al Congreso del Estado debiéndolo haber hecho ante el Cabildo de Tepoztlán. No se ha resuelto obviamente, no se ha aceptado esa solicitud de licencia y un grupo denominado Comité de Unidad de Tepoztlán, ha tomado la iniciativa de convocar a elecciones para la autoridad municipal. Obviamente no es el camino adecuado conforme a derecho y es a todas luces un acto que se aparta de la ley.
Como apuntaba nuestro compañero Aguilar Zinser, corresponde a las instancias legales del Estado de Morelos, resolver, de acuerdo a los procedimientos que las propias leyes establecen, sobre la reinstalación de la autoridad municipal.
No vayamos a caer en lo indebido, de convalidar acciones ilegales, no vaya a ser que luego de resultar algunos ciudadanos ungidos por otros vecinos para asumir indebidamente la autoridad, vayan a cometer otros ilícitos sobre las instalaciones, sobre los documentos, en fin.
Deseamos ciertamente que en Tepoztlán, como en todo el Estado y en todo el país, prevalezca una atmósfera de armonía social, de entendimiento político. Deseamos que se concurra, cada quien, cada persona, cada grupo o cada partido, con lo mejor de su esfuerzo, para que se cambie, sí, ese clima de intransigencia que se vive en Tepoztlán, por otro que nos permita abordar con mayor responsabilidad el problema.
El gobierno del Estado ha dado pasos firmes, considero en la dirección correcta; ha ratificado su plena disposición para seguir dialogando, para seguir buscando y encontrando puntos de convergencia, coincidencias que permitan la armonización de intereses, que permitan la distensión y que permitan seguir adelante en lo que es un anhelo permanente de todos los morelenses, de vivir con tranquilidad, de seguir adelante, de seguir progresando, de crear las condiciones adecuadas, la atmósfera más conveniente, para que se den, para que lleguen inversiones productivas, para que se contribuya a fortalecer una recia política de generación de empleos que, al mismo tiempo, contribuye a mejorar la calidad de vida de toda la población, los ingresos municipales, los ingresos del Estado en empresas no contaminantes que sí generan empleos y que también, como es el caso, están pendientes de preservar los ecosistemas.
En el caso específico del domingo próximo hago votos, la diputación federal priísta del Estado de Morelos, formula sus mejores deseos porque si ha lugar a la participación de alguien o de algún grupo, sea para aportar, de buena fe, lo mejor, para que se siga en el proceso de distensión, de armonización y de crear las condiciones adecuadas para el restablecimiento del orden jurídico; la reinstalación de las autoridades y el ejercicio pleno de la ley de las instituciones, de las autoridades, en un marco de respeto a las personas, de respeto a la ley y de convivencia pacífica.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Aguilar Zinser, para rectificar hechos.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Gracias, señor Presidente:
Quiero en relación a la intervención de nuestro amigo y compañero, el diputado del PRI por el Estado de Morelos, recalcar y subrayar que nosotros estamos en capacidad de hacer una contribución positiva, no animar el conflicto, no a echarle gasolina a una hoguera que está ya suficientemente encendida, sino a propiciar el inicio de un proceso de diálogo y de entendimiento.
El comité de unidad tepozteca, que ha hecho este llamado, efectivamente está en condiciones de propiciar que se inicie un proceso de distensión en la población de Tepoztlán y siendo que no compete a nosotros como diputados, insisto, ni a este Congreso federal resolver lo que constitucionalmente es jurisdicción soberana del Estado de Morelos, nuestra presencia en ningún sentido constituiría una convalidación del establecimiento de una autoridad de ningún tipo en Tepoztlán, en ningún sentido. Nuestra presencia sería única y exclusivamente con el objeto de tender puentes, establecer canales de comunicación y de entendimiento.
Creo compañeros diputadas y diputados, que lo que ha motivado el conflicto en Tepoztlán, ha sido precisamente la falta de esos adecuados canales de entendimiento, que ha sido la imposibilidad para los tepoztecos de hacer patentes por las vías institucionales su inconformidad con el proyecto de inversiones que se ha pretendido instalar en el municipio.
La ausencia, la insuficiencia de los canales adecuados para que la inconformidad de Tepoztlán tuviera cauces legales y legítimos, hizo que este conflicto se desbordara. Estamos hoy ante la oportunidad de poder regresar pausada, gradualmente a la vida institucional de Tepoztlán.
Insisto, nuestra presencia el domingo, puede ser un acto de buena fe, los buenos oficios individuales nuestros para que sin interferir en la soberanía del Estado de Morelos y del municipio de Tepoztlán, podamos nosotros ser puentes de comunicación que ayudemos al gobierno, a los tepoztecos y a los ciudadanos de Morelos a resolver este conflicto que todos lamentamos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Tallabs, para rectificar hechos.
El diputado Jesús Antonio Tallabs Ortega:
Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso; compañeras y compañeros diputados:
Agradecemos la invitación que se hace a presenciar ese acto que se ha organizado en Tepoztlán, sin embargo Acción Nacional marca su posición en el sentido de que se trata de un acto al margen de la ley, porque si bien es cierto que el presidente municipal de esta comunidad ha solicitado una licencia, la misma el Congreso local no la ha tramitado, no la ha aceptado ni la ha negado; consecuentemente, legalmente conforme a las normas que se establecen en el Estado de Morelos, la Constitución es improcedente a este tipo de actuaciones.
Es un acto voluntario del grupo que se ha posesionado de las instalaciones de la presidencia municipal; en Acción Nacional estamos de acuerdo con favorecer los intereses del pueblo, consecuentemente nuestra posición ha tratado de ser congruente, porque a la par estamos observando un divorcio entre el gobierno y el pueblo.
Para la creación de estos proyectos turísticos, en ninguna forma consideramos que ha sido considerado el pueblo, consecuentemente nuestra posición y en este momento la dejamos en claro, es que el pueblo sea considerado y hemos propuesto que el proyecto sea sujetado a un referendum, a una consulta directa, a una votación directa de los residentes del pueblo: los tepoztecos, no los tepostizos, los tepoztecos, los que verdaderamente viven en esa comunidad y que ellos son los que tendrán la palabra si desean este tipo de inversiones, este tipo de proyectos y no la disposición unilateral del gobierno para favorecer algunos intereses capitalistas.
Consecuentemente, repito, en nuestro concepto el ejercicio que se pretende hacer el próximo domingo carece del sustento legal necesario.
Muchas gracias.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, para dar a conocer un comunicado de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
Muchas gracias, señor Presidente:
Me permito dar a conocer un documento que hace unos momentos varios cientos de trabajadores del Seguro Social han traído a este recinto, preocupados, como ya lo hemos señalado, por la situación, por las distintas declaraciones que tanto en el informe reciente del presidente Ernesto Zedillo se diera como reiteradas por el Secretario de Hacienda, en el sentido de insistir que sea a través de los fondos de pensiones y jubilaciones como se impulse el ahorro interno.
Esta es una preocupación no sólo de los trabajadores del IMSS, sino de muchos mexicanos, por eso y preocupados además por la gran ausencia de los diputados, que los compañeros trabajadores esperaban encontrar aquí en sesión, muy preocupados por escucharlos, nos encontramos unos cuantos.
De todos modos es importante que quede la constancia de que los trabajadores están llamando la atención a que cumplamos con nuestra responsabilidad.
"A la opinión pública, al pueblo de México, a las cámaras del Congreso de la Unión, a la LVI Legislatura, a las comisiones de Salud y Seguridad Social de las cámaras.
Cámara de Diputados. Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social manifestamos a la nación como partes fundamentales de la vida institucional, nuestra preocupación ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados apruebe reformas que tiendan a privatizar o a concesionar algunos de sus servicios, entre ellos el régimen de pensiones, desvirtuando así su rango de utilidad pública y traicionando sus principios fundamentales.
También hacemos extensivas y públicas nuestras propuestas originadas desde el conocimiento real de la institución y de la experiencia cotidiana que nos confiere el trabajar en beneficio del pueblo de México.
Desde los primeros meses del presente año, que el licenciado Genaro Borrego Estrada presentó el documento Diagnóstico del IMSS, Fortaleza y Debilidades, el papel que ha jugado, juega y jugará la seguridad social está en el centro del debate.
El texto y los objetivos explícitos del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente Ernesto Zedillo en este año, redoblan el interés por hacer de la seguridad social un mecanismo que impulse a la economía nacional por medio del fortalecimiento del ahorro interno, al intentar que sus fondos de seguros se canalicen a la lógica mercantil.
Por si no quedara claro, en el informe presidencial del 1o. de septiembre de este año, se plantea convertir a los fondos de la seguridad social en los principales generadores del ahorro interno del país.
En este marco de cuestionamiento a la seguridad social, se ubica la llamada consulta nacional, realizada por las autoridades institucionales, que a la postre resultó ser de carácter general y cupular sin representar las diferentes posturas que existen sobre el tema y excluyendo a los reales tenedores de la seguridad social, los usuarios.
La realización del Foro sobre Costos, Beneficios y Financiamiento de la Seguridad Social, realizado con el concurso de las comisiones unidas de Seguridad Social, Salud y Trabajo de las cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, se inscribe también como un espacio más en el debate de la seguridad social.
La importancia de estos eventos radica en su llamada de atención a la sociedad, porque lo que está en juego es la existencia misma de las instituciones de seguridad social, es decir, la viabilidad o no de organismos como el IMSS y el ISSSTE, se trata sin lugar a duda de una discusión de fondo sobre la orientación de la política social, que está dejando de ser una discusión de expertos o técnicos, en parte por los fracasos de estos últimos en la conducción de la política del país y está pasando a ser una discusión más amplia y profunda que involucre a la mayoría de la sociedad.
Este documento refleja nuestra posición sobre el tema, porque consideramos que dejar pasar una reforma a la Ley del Seguro Social del tamaño que se pretende, puede lastimar profundamente los fundamentos sobre los cuales laboramos los casi 350 mil trabajadores del instituto y los servicios que otorgamos a casi 50 millones de mexicanos.
El Gobierno se ha manifestado en el discurso por no privatizar la seguridad social.
En repetidas ocasiones ha dicho que su intención es fortalecer las instituciones de seguridad social.
Sin embargo no está de más recalcar que si su intención de trasladar los fondos de la seguridad social a la capitalización privada se concreta, estaríamos asistiendo al funeral de sus instituciones.
El diagnóstico del licenciado Borrego Estrada sobre el IMSS, ha presentado a la opinión pública un conjunto de problemas deliberadamente.
De entrada cabe decir, que en el balance que se realiza sobre las fortalezas y debilidades de la institución, salen sin duda ganando las segundas. ¿Qué objetividad puede tener un diagnóstico que oscurece la evaluación de los principios fundamentales del IMSS, desde sus origenes hasta la fecha y que confunde, como claramente lo ha señalado un ex director del mismo, la solidez y permanencia de la institución con sus tropiezos transitorios.
No se necesita ser especialista para hablar de los problemas financieros, de la caída en el empleo, en los salarios y los cotizantes, de la baja calidad de los servicios, del incremento a los costos de los mismos, de la desvalorización de los trabajos técnicos y profesionales, del incremento de la demanda etcétera.
El problema es que quieren hacerlos aparecer como la muerte de la seguridad social y como una forma de abjurar, de pasada, sus principios básicos, sabiendo que ellos obedecen a causas determinadas y fácilmente ubicables.
El problema con el diagnóstico del licenciado Borrego no es la enumeración de varios problemas que los trabajadores y el sindicato han denunciado, sino el querer meter una nueva concepción de la política social hacia la seguridad social.
Por ello no se habla del proceso de evolución y desarrollo institucional, que ha sido un camino que ha transitado de la beneficencia pública a un sistema de beneficio colectivo y de interés social a constituir la seguridad social.
Los empresarios, por medio de sus organismos patronales de carácter nacional, como la Canaco, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial y algunas agrupaciones regionales como las de Jalisco y Monterrey, han expresado su intención de privatizar áreas importantes de la seguridad social.
El Consejo Coordinador Empresarial, que desde 1990 reclama la privatización de áreas del Seguro Social, hoy expresa por voz de Tomás Natividad Sánchez: "el contrato colectivo de trabajo firmado por el Seguro Social con su sindicato, debe ser sometido a una reestructuración profunda, en la que el instituto recupere su derecho administrador".
Son desde luego posturas extremas que reclaman los espacios más rentables de la seguridad social, como objeto de acumulación, inversión y ganancia. Detrás de ellos se encuentran los grupos financieros más poderosos que controlan los llamados hombres de negocios.
Las cámaras patronales, al lado de sus obsesiones y reclamos porque se cumplan los intereses extremos, plantean de paso la flexibilidad laboral al racionalizar el gasto y simplificar la administración, hacer eficientes y elevar la productividad de los servicios, es decir, recortar personal y quitar los candados y el obstáculo que representa tener, según ellos, un contrato colectivo de trabajo caro.
Los empresarios están presionando para disputar algunos servicios que en su perspectiva no se consideran integrantes de la seguridad social, por ello han trabajado un proyecto conjunto y una propuesta para reorganizar al IMSS y apoderarse de algunas áreas mencionando por ejemplo los teatros.
La Coparmex sintetiza su proyecto en modificaciones a la administración y organización institucional, junto a cambios de fondo en el sistema de pensiones y reformulaciones del financiamiento y de las prestaciones de los servicios, dando entrada a la medicina privada.
En el terreno de las pensiones quieren crear la pensión nacional de retiro a cargo de un instituto mexicano de pensiones, que como sistema complementario aglutinará los fondos de pensiones, vivienda y contribuciones voluntarias.
La prensa, que forma opinión pública, la que va dirigida a sectores amplios de la población salvo algunas excepciones, parece ayudar a este proceso de propaganda en contra de los prestadores de servicios, los trabajadores como los causantes de la crisis institucional y de canonjías de las cuales gozan por tener un contrato colectivo de trabajo caro.
Dos números de la revista Epoca nos han concedido la primera palabra y un artículo, por no hablar del espacio radiofónico diario, del que han gozado todos los que tienen algo que decir en contra del deterioro de los servicios y de las exageradas prebendas que da el ser trabajador del IMSS. Al menos durante los dos últimos años no hay día que algún periódico no saque algo sobre el asunto.
La discusión pública se ha desarrollado hasta niveles que recuerdan la creación del propio IMSS en 1943, en donde incluso sectores obreros se pronunciaban entonces porque no se creara la institución, desde luego haciendo eco de las propuestas empresariales.
La discusión sobre la seguridad social en el IMSS se está convirtiendo en el pretexto para dirigir la atención en contra del contrato colectivo de trabajo.
Tanto los trabajadores derechohabientes como los del IMSS son sin duda los grandes ausentes en el debate, no sólo de las modificaciones a la Ley del Seguro Social sino de la modernización de la institución en su conjunto.
Pensamos que es la sociedad la que debe decidir si organismos como éstos son o no de carácter público, si cumplen o no una función eminentemente social y colectiva y si debemos llevarla a su universalización, antes de descartarlas como estrategias pertinentes para el cumplimiento de los valores sociales nacidos del Constituyente en 1917 o en su defecto como piensan los empresarios si la seguridad social debe estar en función de la competencia y del mercado y por lo tanto es necesario subrogar o privatizar áreas que son consideradas no sustantivas en las instituciones, dirigiéndolas a la producción de ganancia, para beneficio colectivo e impacto social de un lado o para uso privado y productor de ganancia del otro.
Son las dos formas que están enfrentadas en la presente discusión sobre la política social y sus instituciones. De las respuestas a estas interrogantes dependerá el énfasis de a quién o a quiénes corresponde sostener la seguridad social y consolidar a las instituciones, a los patrones, al Estado, a los trabajadores o debe seguir siendo un esfuerzo compartido decidiendo cuál debe ser el aporte específico de cada parte.
Pero independientemente de la respuesta, debemos decir que lo que hoy existe, de seguridad social, es producto del aporte de millones de trabajadores que han cotizado desde hace más de cinco décadas a los fondos del IMSS, más los impuestos que vía Estado ha aportado la sociedad para la expansión de los servicios; de tal forma que no es ni puede ser patrimonio exclusivo de los empresarios ni tampoco éstos deben decidir el futuro de la seguridad social, porque incluso su aporte a la institución es parte de la riqueza generada por los trabajadores del país y particularmente del sector que gracias a su esfuerzo hicieron que la crisis no se expresara antes por la gran transferencia del valor que éstos aportaron desde la década pasada al sostenimiento de la institución.
México es el país que presenta la distribución del ingreso más desfavorable para los trabajadores y más favorable para los empresarios.
Esta tendencia no ha sido revertida y con la presente crisis económica tenderá a agudizarse.
El caso de los trabajadores del Seguro Social es mucho más patético pese a lo que dicen algunos sectores patronales e institucionales, porque han soportado la baja en los recursos financieros de la institución y, en consecuencia, sufren sus consecuencias: bajo número de personal, sobrecargas de trabajo, falta de material y relaciones laborales casi despóticas.
Pensamos que saldar la deuda social a los trabajadores del país y del IMSS, en particular, debe ser también en esta discusión una prioridad. Así, la tentativa de privatizar actualmente los fondos de pensiones es, desde nuestra opción, avanzar al desmantelamiento de la seguridad social al cumplimentar la segunda fase que abrió parcialmente la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro.
A estas alturas debiéramos, antes de continuar por el cambio abierto como el SAR, establecer una evaluación sobre sus logros y pertinencias para darnos cuenta del fracaso de ese sistema; éste radica en que el SAR es un instrumento pensado más como instrumento del ahorro interno que de beneficio social. Las instituciones de la seguridad social no deben estar en función de la maximización de la ganancia ni pueden ser instrumentos capitalizables, ellas cumplen una función de carácter y beneficio social. La eficiencia y la calidad con que logren sus tareas,incide en el crecimiento de la valorización de la fuerza de trabajo, de la productividad social y genera un fuerte impacto económico.
Por esos motivos pensamos que sigue siendo vigente la razón de ser de la institución al perseguir una seguridad social integral, es decir, el de mejorar la calidad de vida de la población amparada, impulsando acciones de solidaridad social siendo, al mismo tiempo, un factor redistribuido de la riqueza que garantiza la estabilidad y la paz social.
Creemos que ha llegado la hora de sumar esfuerzos y voluntades para la defensa y el fortalecimiento de la seguridad social y revertir aquellas políticas que atentan contra su desarrollo. Por eso trabajadores del Seguro Social convocamos a discutir una amplia unidad de acción que permita procesar iniciativas de ley que garanticen el avance hacia la seguridad social integral, a todos los mexicanos. Este punto de partida, creemos, puede ser el siguiente.
Para terminar, terminar con el sistema mixto en la administración de los fondos del SAR.
Trasladar la aportación del 2% de las empresas, dependencias y entidades que realizan en favor de los trabajadores, al seguro del IVCM y con ello se fortalecería el IMSS con la incorporación de 16 mil 675 millones de nuevos pesos que al 16 de junio de 1995 se tenían en la subcuenta del SAR. Creación de un fondo de contingencia que permita garantizar la satisfacción de las prestaciones que por ley se otorgan. Que el Estado incremente sus contribuciones históricas al IMSS, que eran del 25%, en un esquema que pueda iniciarse con el incremento del 12.5%.
Todas estas medidas que inciden en el fortalecimiento de la seguridad social debe corresponderse con una política económica que propicie el crecimiento del empleo productivo y la recuperación del ingreso de millones de mexicanos, porque la causa central del desfinanciamiento institucional es el desplome de los salarios de los trabajadores mexicanos y la falta de empleo.
Por todo lo anterior, esperamos que en este periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados se acuerden medidas de emergencia que resuelvan estas demandas en favor del pueblo de México. Atentamente, trabajadores del IMSS."
Muchas gracias.
Hago entrega a la Secretaría de varios cientos de firmas de los trabajadores.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pérez Corona.
El diputado Juan Manuel Pérez Corona:
Con su permiso, señor Presidente.
Tiene razón y tiene mucha razón la diputada que me antecedió. No puede haber ahorro de pensiones si el salario que se les paga a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social es un salario de hambre, es un salario ridículo. ¿Qué ahorran si no tienen ni para comer.
Se dice que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE han sido un fracaso. Y yo les digo que no. La seguridad social es y debe de ser algo del pueblo de México y el Partido Acción Nacional siempre ha luchado por eso. La seguridad social es un patrimonio del pueblo de México y no por el manejo inadecuado que se haga de él, por eso vamos a decir que la seguridad social está enferma o que está en quiebra. ¡Eso es totalmente falso:
Quisiera reforzar mi participación leyéndoles a ustedes la fracción XXIX del artículo 29 constitucional y leo textualmente:
"Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación voluntaria del trabajo, de enfermedades y accidente, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección de bienestar de los trabajadores campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares."
Como ustedes pueden ver, la ley, la Constitución ya prevé esto y nadie debe de estar por arriba de la Constitución.
Muchas gracias.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Hildiberto Ochoa Samayoa, para dar a conocer un pronunciamiento de los diputados chiapanecos, sobre los asesinatos en ese Estado.
El diputado Hildiberto Ochoa Samayoa:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta alta tribuna de la nación con el propósito de encontrar en todos y cada uno de ustedes la solidaridad que día a día requiere la sociedad chiapaneca.
En el Estado de Chiapas los ciudadanos que anhelamos la paz con justicia y dignidad hemos tratado de dar un cambio en nuestro proceder tradicional, con el objeto de brindar condiciones y garantías necesarias para el desarrollo del diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal, para que producto de éste, el diálogo, tener la respuesta positiva a las demandas que dieron origen al movimiento zapatista, con el cual la gran mayoría de los mexicanos nos sentimos identificados con las causas del movimiento, aunque algunos quizá no tanto con el procedimiento asumido.
Compañeras y compañeros diputados: es para mi un honor darles a conocer que las diligencias, tanto municipales y estatales del PRD y sus militantes, entendemos que para cambiar el estado en que se encuentra nuestro país todos tenemos que cambiar, todos debemos cambiar: gobierno y pueblo, partidos gobernantes y opositores, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Los militantes y dirigentes del PRD hemos dado muestras de cambio, sin que esto sea recíproco por parte del Gobierno Federal del Estado y quienes únicamente han demostrado continuidad en la represión, amenazas y muerte a nuestros compañeros; como en los tiempos del nefasto ex gobernador chiapaneco José Patrocinio González Garrido.
Por citar algunas anomalías que suceden en Chiapas, la región de Alger Albino Corzo, Jaltenango la Paz, de la zona de la frailesca, ha sido desde siempre zona de conflicto y en que la riqueza cafetalera es botín de extranjeros y caciques regionales "de horca y cuchillo", individuos que en pleno fin de Siglo XX mantenían tienda de raya con moneda interna, con salario de vergüenza y condiciones de vida infrahumanas para los trabajadores.
Ante ésta y otras situaciones, un grupo de indígenas encabezados por Roberto Hernández rompió las cadenas culturales y de la sumisión, mismo que le costó la existencia: ¡fue asesinado en 1991! Asesinato que continua impune ante el poder manifestado por la casta de privilegiados criollos y extranjeros. Como los Folsen, Laurent y los Orantes.
No fue suficiente ese crimen. En fecha reciente, para ser precisos, el día 17 de septiembre de 1995, nuevamente es asesinado un compañero que luchó junto con Roberto Hernández y que hasta la fecha de su asesinato fuera candidato a presidente municipal por el PRD, en Alger Albino Corzo. Esto, previa amenaza de muerte, fue asesinado el compañero Antelmo Robledo, por guardias blancas que al servicio de esa casta de malnacidos, escondidos en la impunidad e impotencia de las autoridades, ponen en peligro la poca estabilidad del Estado; ya que es de esperarse que la respuesta de la población sería de riesgo.
Los chiapanecos nos preguntamos y les pregunto a ustedes: ¿qué espera el Gobierno para aplicar la justicia a ese grupo caciquil que a través de sus guardias blancas realizan todo tipo de fechorías? ¿Será acaso necesario que todos utilicemos las armas para aplicar la justicia por nuestra propia mano? ¡No! ¡Yo considero quizá ingenuamente que no! Pero para esto, insisto, todos debemos cambiar, pero sobre todo debe cambiar el Gobierno Federal y estatal; éste debe cambiar garantizando elecciones limpias y transparentes y no como lo viene haciendo Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas, que a últimas fechas se ha dedicado a entregar recursos federales, en compañía de integrantes de planillas del PRI, a presidencias municipales, por ejemplo, de Tapachula y otros más de la costa.
Esto estoy seguro generará reacción negativa de partidos y ciudadanos. Por eso el Gobierno debe cambiar para velar por la seguridad de la ciudadanía en general y, sobre todo, en este momento electoral, el de los candidatos a ayuntamientos y diputados locales y no fingiendo que peligrosos asesinos se fugan de las cárceles para dejarles en libertad, como el hecho concreto del Cereso número tres de Tapachula, donde hace un mes, aproximadamente y presumiblemente, se fugó Juan Vitaliano Castillo Herrera, alias "El Chiquis", quien con llamadas anónimas aprovecha para intimidar a nuestros candidatos, con amenazas que van desde privación de la libertad de sus familiares y hasta la muerte de los mismos si no renuncian éstos a sus candidaturas o, en su defecto, dejen de hacer proselitismo. Tal es el caso del candidato del PRD a la presidencia municipal de Tapachula.
Ante los hechos señalados, solicito a esta Cámara de Diputados que nos solidaricemos para exigir al Gobierno Federal y estatal y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, los diputados del Estado de Chiapas nos solidarizamos para solicitar al Gobierno Federal y fundamentalmente al gobernador del Estado de Chiapas, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se aplique todo el rigor de la ley a los responsables intelectuales y materiales del asesinato del señor Antelmo Robledo Robledo e Higinio Sánchez Hernández, cometidos los días 17 y 19 de septiembre de 1995, respectivamente.
Segundo. Esclarecimiento de la presunta fuga del Cereso número tres de Tapachula, Chiapas, del asesino Juan Vitaliano Castillo Herrera y su reaprehensión respectiva.
Tercero. Solicitar al gobierno de Chiapas se garantice la real autonomía del Consejo Estatal Electoral, a efecto de tener un proceso electoral confiable.
Cuarto. Que se garantice la seguridad de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales en el presente proceso electoral.
Quinto. Formación de una comisión plural de legisladores chiapanecos, para ser observadores en el Consejo Estatal Electoral y coadyuvar a la transparencia y tranquilidad en el proceso electoral a celebrarse el 15 de octubre de 1995.
Firman: Por el Partido Acción Nacional, el diputado José Luis Aguilar; por el Partido del Trabajo, diputado Alfonso Ríos; por el Partido Revolucionario Institucional, diputado Walter León Montoya y diputado Gabriel Aguiar y por el Partido de la Revolución Democrática, el de la voz.»
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Lorenzo Chávez Zavala:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Martes 26 de septiembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CCXXX aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de septiembre a las 11:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Jalisco y Tamaulipas.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alfredo Fuentevilla Ruffo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de Dinamarca.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Antonia Alvarez González y Pedro Maldonado Gallegos, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Julián Navarrete Buenrostro, Hugo Rodríguez Bressant y José Sánchez Martínez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rosaura Jaime Cisneros y Sergio Isaías Ramírez Rojas, para prestar servicios en la Embajada de Italia, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pedro Sánchez Aguilar, para prestar servicios al Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Kim Soriano Tomka y Martha Patricia Sandoval Fernández, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Marco Antonio Herrejón Alvarez, para que pueda prestar servidos en la Embajada Británica, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Rafael Méndez Barajas, para que puedan prestar servicios en la Embajada de Suiza, en México.
Análisis del I Informe de Gobierno, política exterior. Análisis del Plan Nacional de Desarrollo.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 18:36 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 26 de septiembre a las 10:00 horas.
| ADE | Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores |
| Canaco | Cámara Nacional de Comercio |
| Cenosi | (Sin aclaración) |
| Cocopa | Comisión de Concordia y Pacificación |
| Conai | Comisión Nacional de Intermediación |
| Coparmex | Confederación Patronal de la República Mexicana |
| Coplade | Comisión de Planeación y Desarrollo |
| DEA | Agencia Federal Contra el Narcotráfico de los Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| D.F. | Distrito Federal |
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| IVCM | Invalidez, vejez, cesantía y muerte |
| OEA | Organización de Estados Americanos |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PIB | Producto interno bruto |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| SAR | Sistema de Ahorro para el Retiro |
| Sedesol | Secretaría de Desarrollo Social |
| SUTAUR-100 | Sindicato Unico de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta-100 |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |
| UNESCO | Organización Educacional, Científica y Cultural, de las Naciones Unidas (por las siglas en inglés) |