SUMARIO
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación con la que informa de actividades propias de ese cuerpo colegiado. De enterado.
Iniciativa del Poder Ejecutivo Federal. Se turna a la Comision de Energéticos.
Oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que comunica que los ciudadanos Gioria Olivera de Vera y Héctor Alberto Benavides Páramo, dejaron de prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales del Senado de la Republica, para su conocimiento.
El diputado Eduardo Arias Aparicio solicita excitativa a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que dictamine sobre iniciativa de reformas a dicho ordenamiento. La Presidenta hace la excitativa conducente.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional del 9 al 13 de octubre, para efectuar una visita de Estado a los Estados Unidos de América.
Para realizar el homenaje luctuoso a un año de la muerte del licenciado Ruiz Massieu, pasa a la tribuna el díputado Netzahualcóyotl de la Vega García, quien solicita minuto de silencio.
Se refieren a las investigaciones sobre el crimen, los diputados:
Leticia Burgos Ochoa
José Alejandro Zapata Perogordo
Leonel Godoy Rangel
Carlos Navarrete Ruiz
Alejandro González Alcocer, para rectificar hechos.
Leonel Godoy Rangel, para contestar alusiones personales.
Alejandro González Alcocer, para contestar alusiones personales.
René Juárez Cisneros
Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos.
Serafín Núñez Ramos, para rectificar hechos.
Para referirse a los hechos ocurridos respecto a la integración de un consejo municipal provisional en Tepoztlán, Morelos, hace uso de la palabra el diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser.
Expresan sus opiniones los diputados:
Marta Alvarado Castañón, para rectificar hechos.
Jorge Armando Meade Ocaranza, para rectificar hechos.
Jesús Antonio Tallabs Ortega, para rectificar hechos.
La Presidenta hace un resumen de los trabajos de su mandato y expresa sus agradecimientos.
De la próxima sesión.
Presidencia de la diputada
María del Rosario Elena Guerra Díaz
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quorum reglamentario.
La secretaria María Cecilia Hernández Ríos:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 273 diputados. Por lo tanto hay quorum.
La Presidenta (a las 11:08 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria María Cecilia Hernández Ríos:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Jueves 28 de septiembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Campeche.
Oficio de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, por el que se comunica la mesa directiva que funcionará durante el primer mes del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio.
De Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Por el que se comunica que la ciudadana Gloria J. Olivera de Vera, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Por el que se comunica que el ciudadano Héctor Alberto Benavides Páramo, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Solicitud para que se excite a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a cargo del diputado Eduardo Arias Aparicio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 9 a 13 de octubre de 1995, a fin de que efectúe una visita de Estado a los Estados Unidos de América.
Homenaje luctuoso al licenciado José Francisco Ruiz Massieu.
Elección de mesa directiva.
Sobre el poblado de Tepoztlán, Estado de Morelos, a cargo del diputado Adolfo Aguilar Zinser, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Denuncia sobre el encarcelamiento del ciudadano César del Angel, a cargo de la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el trabajo legislativo, a cargo del diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado
Ramón Miguel Hernández Labastida
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con catorce minutos del martes veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de trescientos tres diputados registrados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del recinto se encuentra una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y designa una comisión que los introduzca en el salón de sesiones. Posteriormente otorga el uso de la palabra al representante Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien informa de la apertura de su periodo de sesiones ordinarias. El Presidente se da por enterado y agradece la presencia de los asambleístas quienes, acompañados por la misma comisión, se retiran del salón.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del bicentésimo trigésimo aniversario del natalicio del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Jalisco y Tamaulipas, informando de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Se da cuenta con ocho dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con sendos proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Alfredo Fuentevilla Ruffo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Dinamarca; Antonia Alvarez González y Pedro Maldonado Gallegos, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México; Raymundo Julián Navarrete Buenrostro, Hugo Rodríguez Bressant y José Sánchez Martínez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General del mismo país en Ciudad Juárez, Chihuahua; Rosaura Jaime Cisneros y Sergio Isaías Ramírez Rojas, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Italia, en México; Pedro Sánchez Aguilar, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República Oriental del Uruguay, en México; Kim Soriano Tomka y Marta Patricia Sandoval Fernández, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México; Marco Antonio Herrejón Alvarez, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña en México y, Rafael Méndez Barajas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Suiza, en México. Son de primera lectura.
El Presidente informa sobre el acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para realizar el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, en materia de política exterior y, para sustentar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, concede el uso de la palabra a los diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo; Ana Lilia Cepeda de León, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del Partido Acción Nacional y Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, pasa a la tribuna el diputado Luis Sánchez Aguilar y, para realizar el análisis de referencia, los diputados: José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Carlos Núñez Hurtado, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional; José Antonio Hernández Fraguas, del Partido Revolucionario lnstitucional; José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, del Partido de la Revolución Democrática; Gonzalo Alarcón Bárcena, del Partido Acción Nacional y María Claudia Esqueda Llanes, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra para rectificar hechos, al diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del Partido Acción Nacional.
Continúa el análisis del Primer Informe de Gobierno en materia de política exterior y hacen uso de la palabra los diputados: Crisóforo Lauro Salido Almada, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Felipe Mena Salas, del Partido Acción Nacional y Alfonso Molina Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos hacen uso de la palabra los diputados: Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional y Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del Partido de la Revolución Democrática.
La Secretaría da lectura a un oficio de la Cámara de Senadores, con el que envía la minuta proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del nueve al trece de octubre próximo, a fin de realizar una visita de Estado a los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para presentar un punto de acuerdo respecto de los daños producidos por el huracán "Ismael", hace uso de la palabra el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las comisiones de Pesca, de Comunicaciones y Transportes y de Marina. Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, el diputado Alfredo Valdez Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional.
La Secretaría da lectura a un punto de acuerdo firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios de la legislatura, respecto de las tarifas eléctricas en los estados de Sinaloa y Baja California. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Energéticos.
Expresan sus opiniones sobre el mismo asunto, los diputados: José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del Partido Acción Nacional, quien entrega copia de los resultados de una consulta popular al respecto; Martina Montenegro Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional y Francisco Curi Pérez Fernández, presidente de la Comisión de Energéticos.
Para denunciar hechos de carácter político en el Estado de Aguascalientes, hace uso de la palabra el diputado Audomaro Alba Padilla, del Partido Acción Nacional y para expresar su opinión en este caso, la diputada María del Socorro Ramírez Ortega, del Partido Revolucionario Institucional.
Rectifican hechos sobre el mismo asunto, los diputados: Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional; Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Padilla Olvera; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Claudio Manuel Coello Herrera, del Partido Acción Nacional y Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Gómez Villanueva.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Humberto Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo respecto del consejo asesor fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, el diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática.
Para denunciar lo que calificó como brote de cólera en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, hace uso de la palabra el diputado Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática y, para rectificar hechos, los diputados Gladys Merlín Castro, del Partido Revolucionario Institucional y Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las comisiones de Salud y de Ecología y Medio Ambiente.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, quien comenta la situación de estudiantes rechazados por la Universidad Nacional Autónoma de México y entrega un documento que califica de probatorio, para que se reparta entre los diputados de todos los grupos parlamentarios.
El Presidente instruye a la Secretaría para que otorgue copias de dicho documento a los legisladores que lo soliciten.
Para rectificar hechos sobre este tema, pasan a la tribuna los diputados: Abel García Ramírez, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y hace diversas proposiciones; María del Rosario Robles Berlanga, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Jorge Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional; Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del mismo Partido; Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Angel Islas Chío, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, quien acepta sendas interpelaciones de las diputadas: Calzada Gómez y Robles Villaseñor; y Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo.
Desde su curul, la diputada Robles Berlanga, interroga al Presidente sobre el turno a lo que calificó de punto de acuerdo presentado por el presidente de la Comisión de Educación y la Presidencia informa que no se ha presentado por escrito ningún documento y sugiere que se presente.
Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Alfonso Reta Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo para rechazar la llamada iniciativa Helms-Burton, aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, en contra de la República de Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con treinta y ocho minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
ESTADO DE CAMPECHE
La secretaria María Cecilia Hernández Ríos:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo del Estado.- Poder Legislativo.- Campeche.- LV Legislatura.
Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
La LV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, comunica la apertura y clausura de su cuarto periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional así como la elección de su mesa directiva, quedando integrada de la siguiente manera:
Diputados: Carlos Miguel Aysa González, presidente; vicepresidente: Vicente Castellot Castro; secretarios: Carlos Alberto Canul Martínez y José Luis Que González.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, 13 de septiembre de 1995.- Diputados Carlos Alberto Canul Martínez y José Luis Que González, secretarios.»
De enterado.
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
La secretaria María Cecilia Hernández Ríos:
«Escudo Nacional.- Asamblea de Representantes del Distrito Federal.- I Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva.- Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Tenemos el honor de comunicar a ustedes, que en sesión efectuada en esta fecha por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, se procedió a la elección de la mesa directiva que coordinará los trabajos de este cuerpo colegiado durante el primer mes del primer periodo de sesiones ordinarias de su segundo año de ejercicio, quedando integrada de la siguiente forma:
Presidenta: Paloma Villaseñor Vargas; vicepresidentes: Javier Salido Torres, Leopoldo Ensástiga Santiago, Germán Aguilar Olvera, Hugo Roberto Castro Aranda; secretarios: Rodolfo Samaniego López, Francisco Dufour Sánchez; prosecretarios: Cristina Alcayaga Núñez e Ignacio León Robles Robles.
Atentamente.
México, D.F., a 14 de septiembre de 1995.- Por la mesa directiva saliente, Eduardo Mondragón Manzanares y Héctor González Reza, secretarios.»
De enterado.
LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA
El secretario Alejandro Higuera Osuna:
«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Por instrucciones del Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes iniciativa de Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Documento que el Primer Magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 27 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.» «Escudo Nacional.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
La Constitución General de la República establece que el Estado tiene a su cargo, de manera exclusiva, el área estratégica del petróleo y demás hidrocarburos y que la nación llevará a cabo su explotación en los términos de la ley reglamentaria respectiva. Dispone asimismo que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica señala en su artículo 3o. las actividades que no se consideran servicio público. Esta disposición permite la participación de los particulares en la generación, exportación e importación de energía eléctrica a través de diversas modalidades: la producción independiente, para contribuir a la expansión de la capacidad de generación; la pequeña producción, orientada preferentemente al abasto de comunidades rurales y áreas aisladas; la cogeneración, destinada a incrementar la eficiencia energética de las actividades industriales y el autoabastecimiento que suele favorecer el uso de fuentes alternas de energía. Se autoriza también la exportación de energía eléctrica y su importación para usos propios.
Las recientes reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo precisan las actividades que comprende la industria petrolera nacional y reafirman su carácter estratégico. Para estimular la inversión y el empleo y fortalecer el desarrollo de la industria, autorizan la participación de los sectores social y privado en el transporte, almacenamiento y distribución de gas.
Al propiciarse la participación de los particulares en estas actividades se alcanza una complementación dinámica de los esfuerzos que lleva a cabo el Gobierno de la República. Con esta política se pretende favorecer el crecimiento de la economía, la competitividad de la planta industrial y los intereses de los consumidores.
Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Energía la conducción de la política energética del país, así como el ejercicio de los derechos de la nación en materia de petróleo y energía eléctrica. La Secretaría cuenta, además, con funciones normativas y tiene autoridad para lograr mayor eficiencia y competitividad en las entidades públicas que coordina.
En esta iniciativa se propone dotar a la Comisión Reguladora de Energía de las atribuciones necesarias para regular la participación de los particulares en la industria eléctrica y en el mercado del gas, así como las relaciones entre éstos y las entidades públicas del sector energético. Esta acción reguladora debe ejercerse con un claro sentido promotor. No se trata de limitar, sino de fomentar un desarrollo eficiente de las actividades reguladas.
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo tercero transitorio del decreto que reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en diciembre de 1992, el Ejecutivo Federal expidió el 4 de octubre de 1993, el decreto que creó la Comisión Reguladora de Energía como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con facultades consultivas y técnicas en materia de energía eléctrica. Por su parte, las reformas de 1995 a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del Petróleo prevén la participación de la comisión en la aplicación de la propia ley y sus disposiciones reglamentarias en materia de gas.
Para cumplir con estos mandatos legales y a fin de introducir unidad y coherencia en la regulación, es preciso que se amplíen las atribuciones de la comisión, para abarcar tanto la regulación de la industria eléctrica como la del mercado del gas y que se le confiera autonomía técnica y operativa, así como capacidad resolutoria, tal como se propone en esta iniciativa.
A fin de que al fijar las tarifas del servicio de electricidad se cuente con elementos de juicio más amplios, relacionados con el funcionamiento eficiente del servicio y sus necesidades de expansión, se propone que la comisión participe en la aprobación, fijación, ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas para el suministro y la venta de energía eléctrica, sin afectar las competencias que la normatividad vigente establece en la materia.
Con el propósito de dar transparencia y certidumbre al establecimiento de las contraprestaciones que deban cubrirse por la energía eléctrica que se adquiera para el servicio público y por los servicios de conducción, transformación y entrega, corresponderá a la comisión aprobar y expedir los procedimientos para calcularlas, conforme a criterios de equidad que favorezcan la competencia.
Para dar cumplimiento a la obligación que tienen las entidades encargadas de prestar el servicio público de adquirir la energía eléctrica al menor costo, en condiciones de óptima calidad, estabilidad y seguridad, la comisión verificará que los particulares tengan igualdad de oportunidades, lo que propiciará el desarrollo de la generación externa.
Dada la naturaleza de las atribuciones que la iniciativa considera, es conveniente que la Comisión Reguladora de Energía emita opinión sobre las necesidades de crecimiento o de sustitución de capacidad de generación de energía eléctrica, que corresponde determinar a la Secretaría de Energía, así como respecto a las convocatorias que se expidan para que los particulares la suministren.
Resulta conveniente que para las actividades reguladas en materia de gas, en las que participan los sectores social y privado, la comisión apruebe los términos y condiciones de la prestación de servicios de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y de transporte y distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos. Los precios y tarifas aplicables a estos servicios serán determinados por la comisión, a menos que existan condiciones de competencia efectiva.
Las ventas de primera mano de gas natural y licuado de petróleo corresponden también al ámbito de la regulación y, en ausencia de competencia efectiva, la comisión establecerá sus términos y condiciones, así como las bases para determinar sus precios. Aún en caso de que exista competencia efectiva, si la entidad encargada de regular la competencia encuentra que se acude a prácticas anticompetitivas, la comisión restablecerá los términos y condiciones de regulación aplicables a las ventas de primera mano.
Cuando se pongan en peligro la salud y la seguridad públicas, es primordial garantizar la continuidad de los servicios que se regulan y la aplicación de las medidas que resulten necesarias.
A este respecto, se confieren a la comisión facultades para solicitar de las autoridades competentes las acciones que se requieran para preservar el bienestar de la comunidad.
Aspecto sustantivo es el que se refiere a las facultades de inspección y vigilancia, en cuyo ejercicio la comisión podrá requerir información, citar a comparecer a las personas que realicen las actividades reguladas y ordenar visitas de verificación, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, la seguridad de las instalaciones y la eficiencia de los servicios.
La iniciativa propone la conformación de un registro público declarativo y con fines de publicidad, en el que se inscribirán los actos que expida la comisión, los procedimientos convencionales que propongan las personas que realicen las actividades sujetas a regulación para la solución de las controversias y otra información relevante sobre las actividades reguladas.
La solución de las controversias que puedan surgir por la aplicación de la ley debe contar con procedimientos ágiles de conciliación y arbitraje a efecto de asegurar una pronta solución, como garantía al derecho de quien resulte afectado. La comisión, en la forma propuesta en esta iniciativa, contará con las facultades necesarias para llevar a cabo la etapa conciliatoria y en su papel de árbitro se apegará a las disposiciones del Código de Comercio.
La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del Petróleo dispone que son de utilidad pública las actividades de construcción de ductos. La comisión, en coordinación con otros autoridades competentes, resolverá sobre las facilidades del tendido de los sistemas de transporte y distribución.
Los actos de autoridad, conforme lo ordena nuestra Constitución Política, deben estar debidamente fundados en la ley y con la justificación necesaria para conocer en detalle las razones de su emisión. La legalidad jurídica se preserva en la iniciativa, al establecer el recurso de reconsideración para impugnar, por la vía administrativa, los actos que puedan considerarse lesivos o violatorios del marco normativo.
En la organización y funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía deben mantenerse los principios de profesionalismo, capacidad, experiencia e integridad de sus miembros, al tiempo que se evita los conflictos de interés, a fin de que sus decisiones garanticen claridad, objetividad, imparcialidad y respeto irrestricto a la ley.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes ciudadanos secretarios, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA
CAPITULO I
Naturaleza y atribuciones
Artículo 1o. La Comisión Reguladora de Energía, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, gozará de autonomía técnica y operativa en los términos de esta ley.
Artículo 2o. La Comisión tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente de las actividades siguientes:
I. El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público:
II. La generación, exportación e importación de energía eléctrica, que realicen los particulares:
III. La adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público:
IV. Los servicios de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica, entre las entidades que tengan a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica y entre éstas y los productores externos:
V. Las ventas de primera mano de gas natural y gas licuado de petróleo:
VI. El transporte y el almacenamiento de gas natural que no sean indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración:
VII. La distribución de gas natural:
VIII. El transporte y la distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos.
Para los efectos de esta ley, se entenderá por actividades reguladas las mencionadas en las fracciones anteriores.
En el cumplimiento de su objeto, la Comisión fomentará una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
Artículo 3o. Para el cumplimiento de su objeto, la comisión tendrá las atribuciones siguientes:
I. Participar en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica:
II. Aprobar las cuotas relativas a las aportaciones de los gobiernos de las entidades federativas, ayuntamientos y beneficiarios del servicio público de energía eléctrica para la realización de obras específicas, ampliaciones o modificaciones de las existentes, solicitadas por aquéllos para el suministro de energía eléctrica:
III. Verificar que en la prestación del servicio público de energía eléctrica, se adquiera aquella que resulte de menor costo para las entidades que tengan a su cargo la prestación del servicio público y ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad:
IV. Aprobar las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por la adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público:
V. Aprobar las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por los servicios de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica:
VI. Opinar, a solicitud de la Secretaría de Energía, sobre las necesidades de crecimiento o sustitución de capacidad de generación del sistema eléctrico nacional; sobre la conveniencia de que la Comisión Federal de Electricidad ejecute los proyectos o que los particulares sean convocados para suministrar la energía eléctrica y, en su caso, sobre los términos y condiciones de las convocatorias y bases de licitación correspondientes:
VII. Aprobar los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de gas natural y de gas licuado de petróleo y expedir las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia.
Si existiendo condiciones de competencia efectiva, la Comisión Federal de Competencia determina que al realizar las ventas de primera mano de gas natural o de gas licuado de petróleo se acude a prácticas anticompetitivas, la Comisión Reguladora de Energía restablecerá los términos y condiciones a que dichas ventas deban sujetarse:
VIII. Aprobar los términos y condiciones a que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, a que se refieren la fracciones VI y VII del artículo 2o. de esta ley:
IX. Aprobar los términos y condiciones a que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte y distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos:
X. Expedir las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por los servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia:
XI. Solicitar a la Secretaría de Energía la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios a que se refieren las fracciones VIII y IX anteriores:
XII. Otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que, conforme a las disposiciones legales aplicables, se requieran para la realización de actividades reguladas:
XIII. Aprobar modelos de convenios y contratos de adhesión para la realización de las actividades reguladas:
XIV. Expedir disposiciones administrativas de carácter general, aplicables a las personas que realicen actividades reguladas:
XV. Proponer a la Secretaría de Energía actualizaciones al marco jurídico del sector de energía y participar con las dependencias competentes en la formulación de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas relativas a las actividades reguladas;
XVI. Llevar un registro declarativo y con fines de publicidad, sobre las actividades reguladas:
XVII. Actuar como mediador o árbitro en la solución de controversias de las actividades reguladas:
XVIII. Solicitar a las autoridades competentes la aplicación de medidas de seguridad, cuando tenga noticia de un hecho que pueda poner en peligro la salud y seguridad públicas:
XIX. Ordenar visitas de verificación, requerir la presentación de información y citar a comparecer a las personas que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a las actividades reguladas:
XX. Imponer las sanciones administrativas previstas en los artículos 40 y 41 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a quienes incurran en los supuestos de las fracciones V y VI del artículo 40 de dicho ordenamiento:
XXI. Imponer las sanciones administrativas previstas en el artículo 15 de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del Petróleo, por infracciones a las disposiciones de esa ley y sus disposiciones reglamentarias en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, y de transporte y distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos:
XXII. Las demás que le confieran las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional y otras disposiciones jurídicas aplicables.
CAPITULO II
Organización y funcionamiento
Artículo 4o. La Comisión estará integrada por cinco comisionados, incluyendo al presidente de la misma.
Artículo 5o. Los comisionados serán designados por el titular del Ejecutivo Federal, a propuesta del Secretario de Energía y deberán cumplir con los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos:
II. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con las actividades reguladas:
III. No tener conflicto de interés con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas a éstas.
Artículo 6o. Los comisionados serán designados para periodos escalonados de cinco años renovables. Durante cada periodo sólo podrán ser removidos por causa grave.
Los comisionados deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con excepción de cargos académicos que no interfieran con el desempeño de sus funciones.
Artículo 7o. El presidente de la Comisión será designado por el titular del Ejecutivo Federal, a propuesta del Secretario de Energía y tendrá las facultades siguientes:
I. Coordinar los trabajos de la Comisión:
II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas:
III. Actuar como apoderado legal de la Comisión en los términos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y delegar facultades:
IV. Presentar a consideración y en su caso, aprobación de la Comisión, el Reglamento Interior de ésta:
V. Proponer a la Comisión el nombramiento del Secretario Ejecutivo:
VI. Nombrar y remover al resto del personal de la Comisión:
VII. Formular anualmente el anteproyecto de presupuesto de la Comisión:
VIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión:
IX. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.
CAPITULO III
Disposiciones generales
Artículo 8o. Sin perjuicio de las acciones que procedan, las controversias que se presenten en las actividades reguladas podrán resolverse, a elección de los usuarios, mediante el procedimiento arbitral que propongan quienes realicen dichas actividades o el fijado por la Comisión.
El procedimiento arbitral que propongan quienes realizan actividades reguladas, así como el órgano competente para conocer de las controversias, deberán inscribirse en el registro público a que se refiere la fracción XVI del artículo 3o. de esta ley. A falta de la inscripción citada, se entenderá que el procedimiento propuesto es el determinado por la Comisión, el cual se ajustará a las disposiciones del Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio y se sustanciará ante la propia Comisión.
Los usuarios que tengan el carácter de consumidores en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, resolverán sus controversias conforme a lo establecido en dicha ley.
Artículo 9o. Es de interés público la prestación de los servicios de transporte y distribución de gas natural, así como de gas licuado de petróleo por medio de ductos la Comisión resolverá sobre las facilidades para el tendido de los ductos, de conformidad con el trazado aprobado por la comisión, en coordinación con las demás autoridades competentes, en predios de propiedad pública, social y privada.
De ser necesario, la Comisión promoverá las expropiaciones que se requieran para el tendido de los ductos.
Artículo 10. En la vía administrativa, contra los actos de la comisión sólo podrá interponerse el recurso de reconsideración, el cual se resolverá por la propia Comisión conforme a las disposiciones del Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El periodo del primer presidente de la Comisión, a partir de la entrada en vigor de esta ley, será de cinco años y el de los demás comisionados de uno, dos, tres y cuatro años, debiendo el titular del Ejecutivo Federal señalar cuál corresponde a cada comisionado.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 26 de septiembre de 1995.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Energéticos.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Alejandro Higuera Osuna:
«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores en oficio fechado el día 8 del actual, se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente: "Me permito hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a ésta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar la carta de la interesada:
Gloria J. Olivera de Vera, asistente de recepcionista y empleada de correo, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese Gobierno.
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente la carta que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 15 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del secretario, el director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
La secretaria Ramona Carbajal Cárdenas:
«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 8 del actual, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Me permito hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar la carta de la interesada:
Héctor Alberto Benavides Páramo, asistente de nómina, Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México."
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese gobierno.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 15 de septiembre de 1995.- Por acuerdo del secretario, el director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
LEY DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
La Presidenta:
El diputado Eduardo Arias Aparicio:
Con su permiso, señora Presidenta.
El día 30 de marzo de 1995, a nombre de diputados del grupo parlamentario del PAN, presenté ante el pleno de esta Cámara una iniciativa de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 11 de la Ley de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para darle a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, facultades para participar en el proceso de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y así estar en posibilidad de hacer un análisis responsable y poder proponer modificaciones si se considerara pertinente.
Es el caso que una vez presentada la iniciativa, el Presidente de la Cámara de Diputados la turnó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen. El día 29 de abril de 1995 a solicitud nuestra, el Presidente de la Cámara, de acuerdo con lo que establece el artículo 21, fracción 16 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excitó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para que presentara el dictamen correspondiente a la citada iniciativa de adición de dos párrafos al artículo 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, sin que a la fecha dicha comisión haya citado para discutir y elaborar el dictamen respectivo, es decir, no le hizo caso a la disposición de la directiva de esta Cámara.
De acuerdo con lo que establece el reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal en su artículo 25, el proceso de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1996 se inició a más tardar el 15 de junio de este año.
Las entidades coordinadoras de sector están trabajando junto con sus entidades coordinadas en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto ajustados, los que deben de entregar a más tardar dentro de tres semanas.
Si la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública no toma las medidas necesarias para intervenir oportunamente en el proceso de elaboración del proyecto de Egresos de la Federación, que es lo que propone la iniciativa ya citada y que no ha sido dictaminada, esta Cámara estará nuevamente como todos los años anteriores en la imposibilidad por falta de información y por falta de la voluntad política de esta mayoría de esta cámara priísta, de incidir en la definición de la magnitud y orientación del presupuesto.
Esta necesidad que tiene la Cámara de contar con la información oportunamente ya ha sido manifestada en los dictámenes elaborados por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para los Presupuestos de Egresos de 1991, 1992 y 1993 y ha sido una demanda constante en el seno de la actual Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito a usted, señora Presidenta de la Cámara de Diputados, muy atentamente se sirva, en los términos de los artículos 27, inciso m, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emplace a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para que a más tardar el día 5 de octubre próximo presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 11 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, presentada por diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el 30 de marzo de 1995.
Entrego petición firmada a la Secretaría, por favor.
La Presidenta:
De acuerdo a lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para que presente dicho dictamen.
¿Si, diputado?..
El diputado Eduardo Arias Aparicio:
Una aclaración, señora Presidenta. No estoy solicitando una excitativa a la comisión, estoy solicitando que se emplace de acuerdo con el citado artículo para que la comisión rinda su dictamen el próximo 5 de octubre.
La Presidenta:
Correcto, tomamos nota y se hace así el trámite.
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PERMISO PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El secretario Jorge Antonio Catalán Sosa:
Se va a dar lectura a un dictamen de primera lectura.
«Escudo Nacional.- LVI legislatura.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto del Senado de la República, concediendo autorización al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 9 al 13 de octubre de 1995, a fin de que efectúe una visita de Estado a los Estados Unidos de América.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la referida minuta bajo los siguientes
ANTECEDENTES
1o. Con fecha 25 del presente mes la Secretaría de Gobernación hizo llegar a la Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto, por el que el titular del Poder Ejecutivo solicita permiso para ausentarse del país los días del 9 al 13 de octubre de 1995.
2o. La iniciativa de referencia fue hecha del conocimiento del pleno del Senado de la República el día 26 de los corrientes, acordándose la dispensa de todos los trámites reglamentarios y, sin discusión alguna, la solicitud fue aprobada por voto unánime de los 102 senadores presentes, disponiéndose en consecuencia su envío a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
3o. La minuta con proyecto de decreto aprobada fue a su vez presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del propio día 26 de los corrientes, ordenando la Presidencia de la mesa directiva el siguiente trámite: "Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales".
4o. Esta comisión, con base en lo dispuesto por los artículos 42, 43, 48 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 57, 65, 87, 88, 93 y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedió a estudiar el expediente integrado y, en consecuencia, se permite sustentar su dictamen bajo las siguientes CONSIDERACIONES
1o. Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, fracción X, constituye una de las facultades y obligaciones del Presidente dirigir la política exterior del país de acuerdo a los principios normativos que en el propio precepto se contienen.
2o. La iniciativa con proyecto de decreto por la cual solicita permiso el Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional, del 9 al 13 de octubre próximo, conlleva el objetivo de hacer posible que el titular del Ejecutivo realice una visita de Estado a los Estados Unidos de América, atendiendo a la invitación que para ese efecto le formuló el Presidente de los Estados Unidos de América, señor William Clinton.
3o. Es evidente que un viaje con tal propósito corresponde a las prácticas diplomáticas tradicionales de nuestra política exterior y tiene el objetivo fundamental de contribuir a impulsar los intereses de nuestra nación frente al principal socio económico y comercial de México, así como a fortalecer los vínculos de amistad y cooperación con el país vecino.
4o. Como el Presidente de la República afirma en su solicitud, el fortalecimiento de la soberanía y de la seguridad nacional constituyen prioridad indiscutible y objetivo principal de la política exterior, que por la importancia estratégica de los Estados Unidos de América, adquiere particular relevancia, en términos de favorecer el mantenimiento de una relación respetuosa, justa y de beneficio mutuo entre ambas naciones.
5o. El viaje del señor Presidente constituirá asimismo una oportunidad propicia para difundir los esfuerzos que el pueblo y el Gobierno de México han venido desplegando en los últimos meses, para enfrentar y resolver los problemas derivados de la crisis financiera y de la necesidad de mejorar nuestras condiciones de desarrollo social y avance democrático.
6o. El señor presidente Ernesto Zedillo se ha permitido puntualizar una serie de objetivos específicos de la visita propuesta, de los que resalta la necesidad de mantener una comunicación directa y franca con el presidente Clinton, con quien ha habido ya oportunidad de sostener previas entrevistas en los últimos meses; informar a la administración y al Congreso norteamericano de los resultados y avances que se han logrado, tanto respecto a los problemas que nos han afectado como en los múltiples ámbitos de la cooperación bilateral entre México y los Estados Unidos de América; ratificar el compromiso inquebrantable del Gobierno en la protección de los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos e impulsar en lo general un mejor conocimiento de la realidad mexicana en los diversos sectores de la opinión pública estadounidense.
7o. Esta comisión advierte y es de resaltarse que la solicitud de autorización del señor Presidente de la República es congruente también con los programas y acciones contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el que se advierte que las naciones de América del Norte y particularmente los Estados Unidos de América, son nuestros principales socios económicos, de lo que deriva un interés estratégico recíproco; por ello debe asegurarse una fluida y respetuosa cooperación en todos los ámbitos de las relaciones y disminuir los riesgos que conlleva la intensidad de los intercambios.
8o. Como el Plan Nacional de Desarrollo postula, con los Estados Unidos de América se buscará llegar a un nuevo entendimiento, que articule y promueva nuestros intereses frente a esa nación. Para ese fin se procurará fortalecer las consultas de alto nivel sobre asuntos bilaterales y mundiales; ampliar la cooperación financiera, comercial, científica y tecnológica; enfrentar de manera efectiva el tráfico de drogas, de armas y de personas y ampliar los mecanismos para la protección ambiental; dar respuesta a las demandas de las poblaciones fronterizas, sobre todo en términos de seguridad pública y fortalecer y extender el intercambio y el conocimiento de las culturas de las dos naciones.
9o. Es actitud compartida por los miembros de la comisión que dictamina velar porque en la cooperación con los Estados Unidos se preserve siempre la soberanía del Estado mexicano, tanto por lo que hace al imperio de nuestra ley en territorio nacional, como en las políticas internacionales que deberán responder a los intereses de nuestro país; asegurarnos de los beneficios que deriven del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y garantizar la capacidad del Estado mexicano para definir en todo tiempo los términos de la actividad económica, pública y privada, nacional y extranjera, en nuestro territorio.
10. Por lo anterior y en atención a las diversas consideraciones que se han expuesto, esta comisión estima que la visita del señor presidente Ernesto Zedillo a los Estados Unidos de América, contribuirá de manera positiva al fortalecimiento de nuestra relación bilateral y a reforzar la imagen de nuestro país en la nación vecina, por lo que se permite proponer a la consideración de este pleno, el presente dictamen que contiene el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 9 al 13 de octubre de 1995, a fin de que efectúe una visita de Estado a los Estados Unidos de América.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- México, D.F., 28 de septiembre de 1995.- Por la comisión, diputados: Dionisio E. Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es el homenaje luctuoso al licenciado José Francisco Ruiz Massieu.
Tiene la palabra el diputado Netzahualcóyotl de la Vega.
El diputado Netzahualcóyotl de la Vega García:
Con su permiso, señora diputada Presidenta; honorable Asamblea...
La Presidenta:
Permítame, señor diputado.
Les ruego por favor a quienes están en el centro del pasillo y a los señores diputados, que tomen sus lugares. Continúe usted, señor diputado.
El diputado Netzahualcóyotl de la Vega García:
Gracias, señora Presidenta:
He solicitado la oportunidad de ocupar esta tribuna para intentar en la sesión de hoy hacer con ustedes, señores diputados al Congreso de la Unión, una reflexión pública: ¿por qué precisamente hoy? Y diré que motivado por eso, por la fecha, 28 de septiembre de 1995 y ¿por qué no decirlo?, por la amistad, por el respeto que me mereció siempre la vida y obra de José Francisco Ruiz Massieu, hombre que dedicó gran parte de su existencia a tratar de hacer realidad la transformación y el cambio de la vida política nacional.
Es cierto, en ese empeño ocupó gran parte de su tiempo, utilizando como armas la prensa, la academia, la administración pública, siempre con una obsesión: hacer realidad lo que dio en llamar la nueva política, la modernización de la política, principiando por su propio partido.
La modernización del PRI, decía José Francisco Ruiz Massieu, debe ser un proceso que necesariamente vaya hacia atrás, para recoger lo que quedó en algún recodo y vaya hacia adelante para atender rezagos y para otear y anticipar el futuro.
Pero además decía: el sistema mexicano es sólido y por ello puede cambiar sin que se desarticule; es autosostenido, porque su sobrevivencia no depende de apoyos ni de presiones del exterior y, es eficiente, porque todavía la política es la fórmula imperante para la solución de los conflictos sociales.
Si su propósito se logró o no se logró, es algo que cada uno de nosotros debe valorar. No sería extraño que en la pluralidad partidista que siempre promovió, que en la pluralidad de opiniones que privan en esta Cámara, se manifestaran contradicciones en el juicio sobre su vida y su obra; sin embargo todos los que lo conocimos o que de alguna forma tuvimos contacto con él, en algo estaremos de acuerdo: José Francisco Ruiz Massieu era un hombre y un político de excepción.
Nace en Acapulco en 1946. Al paso del tiempo y como la gran mayoría de la juventud guerrerense anterior a los sesenta, tiene que emigrar al Distrito Federal en busca de la posibilidad de estudiar, negada en el Estado en ese entonces, por la carencia suficiente de instituciones educativas.
Licenciado en Derecho, licenciado en Historia; después de cursar los estudios superiores en Inglaterra, retorna a México, se incorpora a la administración pública y a la cátedra universitaria. En 1986 acepta la nominación para la candidatura a la gubernatura del Estado de Guerrero, en donde inicia y en algunos casos consolida una nueva generación política.
El contacto cotidiano con el pueblo, el sentir las carencias en carne propia, con recursos limitados pero con voluntad política y un esfuerzo reiterado día a día en los hechos, termina su periodo constitucional y gobierna durante seis años. Retorna al Distrito Federal con más inquietudes, con la huella que deja el haber llevado a la realidad un gobierno de ideas y de hechos. Ya no sólo era la teoría expresada en la cátedra, en la prensa o en las publicaciones, sino la gran oportunidad de traducirla en hechos, en la modernización de la legislación estatal, en la cristalización de proyectos que transformaron el entorno del propio Estado.
Un gobierno de ideas y de hechos y los resultados ahí están, quedan a juicio de la historia.
Se incorpora una vez más a sus tareas administrativas en el Infonavit y en sus tareas políticas, en la fundación Siglo XXI, más tarde en la secretaría general del Partido Revolucionario Institucional. Electo diputado plurinominal a la LVI Legislatura y llega septiembre, el 28 de septiembre, todo termina. Una bala asesina lo sorprende en plena tarea y acaba con su vida impunemente, sin clemencia, a traición. Ahí quedaba la vida de un hombre ingenioso, agudo e inteligente, siempre contra la violencia, apasionado de la política, de la política como forma de convivencia social. Ahí terminaba su vida. Todos los esfuerzos por salvarlo fueron en vano, sólo quedaban las dudas, las preguntas que todos se hacían, las preguntas que todos nos hacíamos y que todos nos hacemos: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué él? ¿Quién o quiénes.
Han pasado los días, los meses y ha transcurrido un año. Los esfuerzos de la autoridad para encontrar respuestas se han intensificado; la investigación y los procesos continúan, las comisiones de seguimiento de ambas cámaras, haciendo su tarea al ritmo de la propia investigación, ya que no es posible mayor intervención, velando porque la ley sea aplicada a los responsables hasta sus últimas consecuencias.
Sin embargo las preguntas y respuestas siguen en el aire: ¿por qué José Francisco? ¿Para qué José Francisco? ¿Por qué él? ¿Quién o quiénes lo hicieron.
Señoras y señores diputados: pudimos estar o no de acuerdo con las teorías y el desempeño político de José Francisco Ruiz Massieu, pudimos estar o no de acuerdo con la persona, pero lo que es innegable es que José Francisco Ruiz Massieu, en las últimas décadas de la política mexicana, fue por su inteligencia, por su imaginación, por su dimensión ideológica y cultural, uno de los políticos más sólidos de México. Por ello en esta mañana, ante su ausencia, a un año de su desaparición, solicito a esta Cámara de Diputados un minuto de silencio.
Un minuto de silencio como recuerdo póstumo al diputado, al diputado electo José Francisco Ruiz Massieu.
La Presidenta:
Se ruega a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria del licenciado Francisco Ruiz Massieu.
(Minuto de silencio.)
Para hacer comentarios sobre este tema, tiene la palabra la diputada Leticia Burgos Ochoa.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Gracias compañera Presidenta; señoras y señores legisladores:
El 28 de septiembre de 1994 fue asesinado el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, diputado electo de esta legislatura que no pudo tomar posesión de su cargo debido a este suceso lamentable, que en su momento consternó a todos al punto de la contricción reflexiva. Este hecho constituye un mito en la historia reciente de México, no porque se haya tratado de alguien en particular, puesto que la muerte de cualquier semejante es igualmente indeseable y pesarosa, sino porque este hecho, aunado a algunos otros hechos de sangre, de forma súbita nos hizo retroceder de golpe a varios lustros, situándonos en las etapas del barbarismo y brutalidad que considerábamos ya superadas.
Nos creó un grave conflicto de identidad a todos, puesto que sembró la duda en la sociedad sobre si en realidad estamos convencidos y dispuestos a utilizar la vía de la confrontación ideológica y la participación política como forma de autodeterminación.
Finalmente, puso en tela de juicio la voluntad y la capacidad de los tres poderes federales para hacer posible este objetivo.
Sobre todos y cada uno de los integrantes de los poderes de la Unión gravita hoy, como ayer, la responsabilidad de probar con hechos que las etapas de primitivismo político son atavismos del pasado, que la apuesta de nuestra sociedad es por un sistema que precisa de la divergencia ideológica con definición democrática y sobre todo que la violencia no es ni será un recurso del Estado mexicano.
A un año de los hechos, el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República, ha hecho poco o casi nada en favor de esta causa. La designación de un procurador de filiación partidista distinta a la del titular del Ejecutivo no ha sido suficiente. La inexplicable inactividad en las tareas de indagación respecto de imputaciones directas hechas a funcionarios de la administración anterior, particularmente a Carlos Salinas de Gortari, fortalecen la tesis de separar del Ejecutivo a la institución de la procuración de justicia como única forma de garantizar una impartición de justicia imparcial en todo tiempo y en cualquier caso.
Nuestro Poder Judicial, de suyo reciente por una reforma no exenta de la intervención del Ejecutivo, refleja en su integración, se ha abstenido de participar en la búsqueda de la verdad, actitud que finalmente se traduce en un silencio que no constituye a limpiar el enrarecido y viciado ambiente de desconcierto.
El Poder Legislativo, nuestro Poder Legislativo, acotado por las limitaciones que imponen a su actuación las normas reglamentarias y sometidas a la voluntad y esfuerzo real de unos cuantos por la displacencia, abulia, de quienes siendo mayoría deciden finalmente los actos colectivos, hemos caído en la total devaluación del trabajo parlamentario y del respeto legislativo por parte de nuestros representados.
Esto se muestra cuando a 10 meses de haber creado la Comisión Especial de Seguimiento sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y a estas alturas de las investigaciones del caso, no hemos logrado informar a ustedes de la investigación y sobre los trabajos y las dificultades que hemos enfrentado como comisión especial.
Asimismo, tampoco hemos realizado una sola conferencia de prensa para informar a la opinión pública sobre nuestro cometido.
Por más de dos ocasiones, al interior de la comisión, hemos ratificado acuerdos que en su mayoría no han sido cabalmente cumplidos. Acuerdos de interés tanto al interior de la Cámara de Diputados como al exterior. Entre ellos, la reiterada solicitud de licencia del entonces diputado Manuel Muñoz Rocha, la entrevista a los senadores María de los Angeles Moreno y Gustavo Carbajal, solicitadas por esta comisión a la Comisión de Concertación Política y Régimen Interno.
Hasta este momento la comisión no cuenta con una copia certificada del expediente respectivo al caso.
Ha sido necesario enviar solicitudes a la Procuraduría General de la República para conocer el paradero de los aún prófugos de la justicia, Manuel Muñoz Rocha, Sergio Stergios y sobre el proceso de extradición del entonces subprocurador especial, licenciado Mario Ruiz Massieu.
Si bien hemos realizado a lo sumo tres entrevistas, dos de ellas sustantivas con la Procuraduría, en donde se nos informa en forma sucinta que el caso está agotado.
El Partido de la Revolución Democrática considera que los trabajos de la comisión no pueden continuar dentro de la inercia dilatoria e intranscendente que hasta ahora ha llevado y sobre todo cuando consideramos que el caso no ha concluido.
Por ello, planteamos a este pleno la necesidad de redefinir los alcances, las facultades y atribuciones, pero sobre todo que se ratifique aquí la voluntad que se dice de que los hechos estén totalmente esclarecidos.
Contar y continuar de manera seria y responsable la tarea de la que es depositaria la comisión especial.
Hasta el día de hoy, estos hechos sangrientos y trágicos no se han conocido en su integridad de forma cabal.
A un año del artero crimen, el caso aún no ha sido resuelto, no se ha detenido al responsable que dio la acción; no se tiene en claro cuál fue el motivo y no se ha deslindado la participación que en ello tuvieron funcionarios importantes del sexenio anterior.
Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. México no quiere volver a vivir hechos de sangre que ponen en riesgo a todo nuestro sistema político y con ello la estabilidad de la nación.
Por la salud de la nación y de nuestras instituciones de gobierno, deben conocerse con claridad los hechos y castigarse a los responsables.
De no ser así, señoras y señores, el Caballo de Troya está adentro del partido de Estado.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hacer uso de la palabra sobre el mismo tema: los diputados Alejandro Zapata, Leonel Godoy Rangel y Carlos Navarrete Ruiz.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Zapata.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:
Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:
El día de hoy recordamos un episodio negro para la nación mexicana. El día de hoy precisamente recordamos que hace un año, con verdadero dolor y vergüenza veíamos un crimen que conmocionó a todo el pueblo de México y eso es algo que no debe repetirse y coincidimos en que se debe luchar para efecto de que surja a través del diálogo los razonamientos sustentados que puedan impedir el uso de la violencia.
A partir de ello esta Cámara, tratando de tomar su responsabilidad frente a la sociedad mexicana, conforma una comisión plural, una comisión plural que dé seguimiento a las investigaciones de ese artero crimen.
Se trataba de proteger la verdad frente a la sociedad y adicionalmente se fueron presentando circunstancias, que de manera franca traemos en nuestro interior, que iba a ser casi imposible que se esclareciera ese crimen. Se habían detenido autores materiales, pero estaba en el centro un prófugo de la justicia, Manuel Muñoz Rocha y todo mundo sabíamos que era la clave fundamental del asunto, que si no se detenía a esa persona seguramente no se iba a poder llegar muy lejos, inclusive en el seno de la propia comisión, se estableció de que era imperativo su detención si no iban a ser un tanto infructuosos esos trabajos.
Pero tenemos que recapitular qué ha sucedido de un año para acá, algo que se pretendía y se pensaba imposible ahora se ha ido clarificando, ahora hay un detenido como autor intelectual, hay elementos consistentes, hay aportaciones sustantivas y, si bien, no estamos satisfechos, estamos convencidos de que ha habido avances importantes.
Pero no obstante eso, también los trabajos de la comisión que se han enfocado en dos vertientes, estoy convencido de que deben continuar. El Poder Judicial tiene en sus manos todo un proceso, todo un proceso que nos ha sido encomendado también darle seguimiento, hasta en tanto no haya una sentencia definitiva y se puede, si no volver las cosas al estado en que se encontraban anteriormente, la reparación de un agravio, la sanción del Poder Judicial, todo ello se ha discutido de manera interna.
Quiero decirles que nos hemos hablado claro y fuerte, pero que también tenemos que observar otro tipo de situaciones. El punto de equilibrio que ha guardado la propia comisión frente a la sociedad. La prudencia con que todos los integrantes se han conducido y, asimismo, el debate de altura y plural que hemos llevado internamente. Repito, no estamos satisfechos y quizá nunca lo estaremos, pero también debemos reconocer que sí han existido avances, también debemos reconocer que ese dolor que nos ha causado el crimen debe, de alguna manera, repararse; de manera institucional, desde luego, porque estamos tratando de que el estado de derecho sea imperante en México y eso solamente se logra apoyando a las instituciones y haciendo de una manera vigilante que esas instituciones cumplan con su deber. Mientras eso no se dé, no podemos hablar de desarrollo.
Pero mientras no luchemos por ello, tampoco podemos decir que estamos luchando por un estado de derecho. Yo los invito a que juntos luchemos porque impere el estado de derecho.
Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Hoy se cumple un año del homicidio perpetrado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu que en ese momento era Secretario General del PRI, diputado federal electo y ya casi seguro coordinador de su grupo parlamentario.
El homicidio del licenciado Ruiz Massieu ocurrió en un momento en que parecía que los mexicanos ya habían agotado su capacidad de asombro. El homicidio en 1993 del cardenal Posadas, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1o. de enero de 1994 en Chiapas, el homicidio posterior, en marzo, del licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional y las elecciones del 21 de agosto, parecía que habían llevado al clímax a los mexicanos en su asombro de los cambios vertiginosos que se veían suceder en nuestro país.
Con el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, en mi opinión, nos dimos cuenta los mexicanos que en esta nueva sociedad que está emergiendo, democrática, que lucha porque haya un régimen democrático en este país, todavía faltan acontecimientos que nos pueden sorprender más, porque estamos ante el fin de un régimen de partido de Estado que se niega a morir, que se niega a cambiar y que por ello tenemos estas sacudidas sociales y que desafortunadamente si no se logra este cambio democrático pronto, podemos tener más.
Efectivamente el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, nos permitió ver ya con claridad lo que estaba ocurriendo al interior del partido que ha gobernado en los últimos 60 años en este país.
La decisión presidencial del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, de que el señor licenciado Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima se hiciera cargo de la investigación, sin siquiera considerar que posiblemente la competencia legal de esta investigación era de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ni tomar en cuenta que el encargado de integrar la averiguación por el homicidio de Ruiz Massieu, era su hermano. Esto dio inicio a toda una polémica que el licenciado Mario Ruiz Massieu también aporto y mucho, en este sentido.
De repente nos enteramos de sus denuncias públicas, de que el crimen de José Francisco, era un crimen político; que grupos priístas habían sido los que habían cometido este homicidio. Hubo una intensa polémica al interior del partido oficial y del propio Gobierno. Se confrontó Mario Ruiz Massieu, con el aparato del Partido Revolucionario Institucional y con grupos al interior del Gobierno de México en ese momento. No impactó su denuncia al respecto, su urgencia de que gente como la líder en ese momento de la bancada priísta, compareciera ante la autoridad porque había desviado la investigación con la autorización de la licencia, al entonces diputado federal Manuel Muñoz Rocha, que dudaba y él afirmaba a través de peritajes que encargó por su propia cuenta, de que este documento fuera original.
También acusó al entonces presidente del Partido Revolucionario Institucional, al licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, de ser el principal obstáculo, junto con su jefe en ese momento, el doctor Humberto Benítez Treviño, Procurador General de la República, de ser los principales obstáculos de que se esclareciera plenamente el homicidio político de su hermano. Esta pugna concluyó con su denuncia de que los demonios estaban sueltos al interior del Gobierno y del PRI y también con su renuncia ante el Presidente de la República en ese entonces.
Todo ello sirvió para que el escándalo a nivel nacional e internacional, en torno a este condenable homicidio, creciera y que también los mexicanos nos enteráramos cómo se estaban dando las pugnas de los grupos al interior del PRI y su Gobierno.
Fue negado siempre, reiteradamente, persistentemente por los grupos políticos priístas, de que esto fuera cierto; se unieron en torno a su presidente de su partido y a la líder de la Cámara de Diputados; defendieron sin un sentido autocrítico la razón que se había convertido de Estado y se volcaron en contra de Mario Ruiz Massieu.
El nuevo Gobierno del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, a mi juicio, resolvió en un sentido favorable esta problemática que ya de una descomposición política se estaba convirtiendo en una descomposición policiaca, penal, al nombrar a un miembro de un partido distinto al suyo, como Procurador General de la República. Esto dijimos en su momento, que era un paso positivo, pero no suficiente. La calidad personal de una persona, no puede modificar lo que la ley y la estructura establecen. La subordinación del procurador al titular del Ejecutivo.
Sin embargo, su designación y la decisión de nombrar un fiscal especial para el caso, abrieron expectativas de que efectivamente se encontrara a los políticos responsables de este homicidio.
Los acontecimientos de febrero, la integración de la averiguación previa, la solicitud de la orden de aprehensión, el libramiento de la orden de aprehensión y la ejecución por parte de la Procuraduría General de la República en contra del ingeniero Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente saliente de la República, le dio esperanzas al pueblo de México, que en este país se acabaría la impunidad, que se combatiría desde adentro a los grupos que en vez de hacer política, practican el delito.
Todo, pues, era favorable. Sin embargo la huida al extranjero del licenciado Mario Ruiz Massieu, su previa declaración ante la fiscalía especial donde mencionó que el licenciado Carlos Salinas de Gortari estaba enterado de los señalamientos, no nada más públicos, sino en declaraciones, en la averiguación previa penal que se estaba haciendo en su contra y que de este conocimiento hizo al entonces Presidente. Su detención en Estados Unidos, el señalamiento a posteriori de la Procuraduría a través de la fiscalía especial de que el propio hermano de la víctima, encargado de la investigación, había manipulado la averiguación previa penal que había resuelto mutilar las declaraciones de quienes señalaban a un miembro prominente de un grupo político al interior del partido oficial, el posible encubrimiento que hizo de ese supuesto o probable autor intelectual del homicidio de su hermano, volvió nuevamente esta huida al extranjero, volvió nuevamente a generar desconfianza, recelo y recelo entre los mexicanos.
Todos los datos que han sido aportados con posterioridad, no nada más en torno a la probable responsabilidad penal de Raúl Salinas de Gortari, sino del posible involucramiento del licenciado Mario Ruiz Massieu y de toda una serie de personas que han estado siendo señaladas en vez de airear el ambiente en torno a este homicidio, lo enrareció.
Los mexicanos empezaron a hablar o empezamos a hablar de que, ¿qué pasaba con la declaración de Mario Ruiz Massieu, donde decía que hizo del conocimiento a Raúl Salinas de Gortari?, que, ¿qué pasaba con el señalamiento, con la imputación de la responsabilidad penal como autor intelectual de Raúl Salinas, hermano del Presidente? ¿Por qué éste había resuelto que Mario Ruiz Massieu realizara la investigación. Todo ello, a mi juicio, nos ha llevado a que los mexicanos nuevamente nos preguntemos: ¿Qué sucedió realmente en torno al homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
Por ello, compañeras y compañeros, los intentos políticos y legales de la Procuraduría General de la República de dar por concluido el caso, han fracasado. ¡Ni la opinión pública, ni juristas connotados han aceptado ni podríamos aceptar que dicho caso está concluido! ¡Que dicha averiguación está plenamente agotada y que ya solamente procede a ejecutar las resoluciones que la autoridad judicial tome al respecto!
¡Esto, nosotros los diputados del Partido de la Revolución Democrática, por todo este ambiente, por todas estas confusiones, por todas estas incertidumbres y por todos los errores jurídicos que se han cometido, exigimos, desde esta alta tribuna, que la averiguación previa penal o las averiguaciones previas penales que se están integrando se agoten plenamente, como lo mandata el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:
Es obligación de la autoridad, en este caso de la Procuraduría General de la República, de citar a todos aquellos que les resultó jurídicamente necesaria su presencia ante el Ministerio Público para que sean declarados. Hay varios cabos sueltos, varias líneas de investigación que deben de agotarse.
¡No es posible que se quiera dar por concluido un asunto, donde no se ha detenido al señalado como el principal autor intelectual del homicidio, que está plenamente demostrado ante la opinión pública que urdió, que maquinó éste reprobable asesinato, ¡que es el ex diputado federal Manuel Muñoz Rocha:
Todos nos preguntamos: ¿Qué pasa con él? ¿Dónde está? Si está vivo: ¿Quién lo protege?
Si salió al extranjero: ¿quién lo ayudó y cómo salió? Si está muerto: ¿quién lo asesinó?
¡Qué intereses poderosos, todavía no descubiertos plenamente, están detrás de la no localización del ex diputado federal Manuel Muñoz Rocha! ¡Qué intereses poderosos políticos se movieron en torno a la concesión de una licencia, absolutamente irregular; no nada más por su presentación y por la duda de su originalidad, sino por la ausencia del peticionario!
¿Qué sucede en torno a Mario Ruiz Massieu? ¿Por qué se le permitió salir del país o en todo caso por qué no se le permite que hable, que dé su versión sobre esos hechos? ¿De dónde obtuvo todo ese dinero que se dice que tiene? ¿Fue del narcotráfico o fue del encubrimiento que hizo y de la manipulación de la integración de la averiguación previa penal?
¡Su presencia en nuestro país es absolutamente necesaria para que diga su versión, para que conozcamos su dicho y para que presente sus pruebas! ¡La presencia de Mario Ruiz Massieu es necesaria y por ello la autoridad no debe de dejar de insistir, en todo caso sustituir a los incompetentes que no han podido traerlo, a través del juicio de extradición, a nuestro país! ¡Pero insistir en que venga! ¡Traerlo a México para que declare en torno a todo esto!
¿Qué ocurre? ¿Por qué no se ha citado a María de los Angeles Moreno y a los diputados cercanos a ella, así como al personal administrativo? ¿Por qué se ha escamoteado el original de esta solicitud, para saber si es falsa o auténtica? ¿Por qué no se ha permitido que peritos imparciales distintos a los de Mario Ruiz Massieu, que realizaron un peritaje sobre una fotostática, o los peritos de Humberto Benítez, señalados previamente por Mario Ruiz Massieu como peritos parciales?
¿Por qué esto no ha sido resuelto si nosotros podríamos, los diputados incluso, aportar en este sentido luz a la investigación.
Finalmente, ante todas estas dudas y ante nuestra decisión de que ni jurídica ni políticamente el caso está cerrado, nosotros nos preguntamos: ¿Qué hubiera ocurrido si en este país no se le hubiera permitido a un Presidente de la República intervenir en la integración de la averiguación previa penal, por un homicidio que impactó a los mexicanos?
¿Qué hubiera sucedido si se respetara el espíritu del artículo 21 constitucional que claramente señala que el único encargado de perseguir los delitos es el Ministerio Público? ¿Qué pasaría o qué va a pasar cuando tengamos verdaderamente un Ministerio Público autónomo, no subordinado al Ejecutivo Federal ni a los ejecutivos de los estados.
Podremos entonces sí empezar a recuperar la confianza en nuestro aparato de justicia. Podremos, entonces sí, darle credibilidad a las investigaciones en asuntos penales que desgraciadamente son cada vez más motivo de noticia en nuestro país. Ahí tenemos asomando sus fauces feroces el crimen organizado, el narcotráfico que nos carcome, que corrompe todo y que debe ser combatido por un Ministerio Público y por un Poder Judicial que no esté contaminado por decisiones políticas.
Esta es la última reflexión que dejo a ustedes, compañeras y compañeros diputados. No es posible que un crimen como el de José Francisco Ruiz Massieu quede lleno de confusión y de incertidumbre. No es posible que no podamos darle solución jurídica a todas las líneas, a todos los cabos sueltos que existen en torno a este asesinato. El mejor homenaje que podríamos hacerle a él y a cualquier víctima del delito, es teniendo un aparato de justicia eficiente, honesto y que combata debida y decididamente a la impunidad.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Carlos Navarrete Ruiz.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Este 28 de septiembre no debiera ser motivo para un homenaje luctuoso en esta Cámara, un homenaje luctuoso es algo demasiado sencillo para tratar un tema que ya tiene 12 meses en la opinión pública y que ha sacudido a la estructura política del país sin que hasta la fecha haya plena satisfacción de la sociedad, de sus fuerzas políticas y creo que tampoco de esta Cámara de Diputados, por un artero asesinato ocurrido un 28 de septiembre de hace un año, en las calles de Lafragua.
Las consecuencias de los crímenes políticos aún no terminan: primero Colosio, después Ruiz Massieu, el regreso de la utilización del asesinato para eliminar contrincantes o enemigos políticos; porque cuando el asesino disparó sobre José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y líder de su grupo parlamentario en esta legislatura, lo que volvió a quedar al descubierto es que al interior del grupo que gobernó al país por seis años estaban dispuestos a todo para consolidar su poder y para llevar su proyecto más allá del sexenio.
¿Qué tenemos hoy, compañeros, a un año de este asesinato? ¿Qué es lo que tenemos aquí, a un año de ocurrido este atentado? Tenemos a un acusado de autoría intelectual: Raúl Salinas de Gortari; tenemos a un prófugo: Sergio Stergios; tenemos a un extraditable: Mario Ruiz Massieu y tenemos a un desaparecido: Manuel Muñoz Rocha.
En la comisión que esta Cámara depositó la responsabilidad de darle seguimiento al caso, hemos venido tratando de cumplir con esta encomienda y con esta responsabilidad y finalmente, después de todo lo que ha ocurrido durante 12 meses, lo que tenemos es un asunto pendiente de la mayor importancia. ¿Cuál es éste, compañeros diputados? Lo que la Procuraduría General de la República no ha hecho hasta ahora, a pesar de sus reiterados informes en contrario, es llegar hasta el último eslabón que se requiere para poder localizar a los autores materiales e intelectuales y las ligas políticas que los llevan hasta allá, del último responsable que tiene mucho qué decir ante la justicia mexicana y este último responsable, compañeros, a fuerza de verlo en los periódicos, parece que ha quedado en un segundo plano, este último responsable se llama: Carlos Salinas de Gortari, el ex presidente de México.
Hay, compañeras diputadas y diputados, todos los elementos procesales, existen todos los argumentos jurídicos, hay el nombre de Carlos Salinas de Gortari impreso en varias averiguaciones que están en poder de la Procuraduría General de la República y frente a esto es necesario preguntarse, preguntarnos todos: ¿por qué, cuáles son las razones que han impedido que la Procuraduría cite al ex presidente de la República? ¿Quién, hay que preguntarse y por qué razones se impide que Carlos Salinas declare lo que conoce y seguramente conoce mucho y lo que sabe? Hay que preguntarse, compañeros diputados, ¿hasta qué punto este asunto se ha convertido en moneda de negociación entre este Gobierno y el ex presidente? y hay que preguntarse y se los pregunto también a mis compañeros de la bancada de Acción Nacional que han defendido reiteradamente al procurador en esta tribuna, ¿por qué la Procuraduría General de la República se ha quedado inmóvil en este asunto? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos a un año de lo ocurrido aquí en la capital de nuestra República.
Ya son, compañeros diputados, ya son suficientemente graves las muestras de incapacidad que la Procuraduría ha demostrado en los dos intentos fallidos para lograr la extradición de Mario Ruiz Massieu y van por el tercer intento. Es grave que a 10 meses de encargarse del caso no encuentren a Muñoz Rocha y no detengan a Sergio Stergios, pero sobre todo, es más grave la reiterada negativa de la Procuraduría de no citar al licenciado Carlos Salinas.
Yo sé, compañeros, hay compañeros diputados que me están dando la espalda aquí de Acción Nacional, que les pediría por favor su atención si son tan amables, yo sé que el país está cansado de ver a los políticos en las páginas de la nota roja, sé que son ya demasiado los personajes que están involucrados en asuntos policiacos y sé de lo deleznable que es observar que las fotografías de políticos con sus amantes tengan espacio en la primera plana de algún diario nacional.
Pero esto, compañeros diputadas y diputados, no nos puede llevar a guardar en el desván la exigencia ciudadana de que el ex presidente Salinas comparezca ante la justicia mexicana. El doctor Zedillo en este caso tiene un compromiso ante la nación y aquí el 1o. de septiembre reiteró sus instrucciones al procurador para que actuara en consecuencia. El procurador por lo tanto tiene la obligación de responder a esta instrucción presidencial, pero también a la exigencia de la sociedad y los diputados ojalá que no olvidemos esos asuntos pendientes.
Gracias, compañeros diputados.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado González Alcocer.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras diputadas; señores diputados:
Ya en otras ocasiones hemos manifestado extrañeza frente a señalamientos concretos de la gente del PRD respecto de los asuntos que se manejan muchas veces y la extrañeza es porque se pasan sin los elementos necesarios para hacer una crítica certera. Lo hemos señalado así y tal vez en algunos se disculpe porque no son abogados, porque no es su materia la que manejan.
Pero en este caso hay dos señalamientos que no podemos dejar pasar por alto, hechos por el diputado Leonel Godoy y por el diputado Navarrete. No se trata ni es mi propósito evidentemente de hacer una defensa de la Procuraduría porque no tengo por qué hacerlo, creo que ella es suficiente para eso, simplemente quiero decir con datos objetivos y estrictamente jurídicos, respecto a lo que ellos señalaron de relevar a la incompetencia, así lo dijeron, equipo de la Procuraduría para la cuestión de la extradición de Mario Ruiz Massieu.
Parece desconocer la gente que han señalado esto en materia estrictamente jurídica, que nuestro derecho y el derecho de Estados Unidos, de los tratados internacionales entre ambos países, las causas y los actos que debe requerir este procedimiento en que pudiéramos incluso llamar que ni siquiera es de controversia, que tal vez me atrevería yo a afirmar que sería tanto como equiparable a una jurisdicción voluntaria, en donde llenaron los requisitos y están obligados a entregar de quien se sigue la extradición.
Hay tres elementos básicos o fundamentales necesarios para que proceda una extradición que contempla la Ley de Extradición y el tratado celebrado con Estados Unidos:
En primer lugar, la certificación de la identidad del sujeto que en este caso se dio plenamente con Mario Ruiz Massieu.
Segundo, es encontrar la doble criminalidad que en este caso está contemplada como delito, el delito concreto que se le imputa a Mario Ruiz Massieu en los dos países y
Tercero, la causa probable, es decir, los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado.
No se requiere como lo pretendió y lo hizo el juez de Estados Unidos, Hedges, el acreditar plenamente la responsabilidad y la integración del cuerpo del delito, eso no está en nuestros tratados internacionales ni en ningún tratado podría estar; es simplemente y lo dice concretamente el artículo 3o. de este tratado, "para justificar el enjuiciamiento del reclamado"... ésos son los elementos iguales en el derecho mexicano para sujetar a proceso a alguien, simplemente con que se den unos elementos del tipo y se presuma la probable responsabilidad del inculpado.
¿En dónde está el derecho del juez americano para intervenir en la primera extradición haciendo todo un juicio de nuestro país, de nuestro sistema de justicia? ¿En dónde está y hasta dónde se fue o a qué intereses obedece? Aquí no falló el equipo de abogados, señores del PRD, lo que falló fueron los intereses políticos u oscuros de un país que quiere perjudicar a México quien sabe por qué extrañas razones.
He seguido con cuidado paso a paso lo que ha hecho la Procuraduría respecto a este asunto y en las dos, a mi juicio como abogado y lo someto al juicio del foro de abogados en todo el país, ha hecho lo necesario y ha aportado los elementos suficientes la PGR para que procediera sin más la extradición de Mario Ruiz Massieu. Me resulta extraño que hoy, con estos señalamientos de gente del PRD en declaraciones de hoy, se trate quizá de defender al juez Hedges acusando a nuestra justicia en lugar de la que se merece Estados Unidos.
¿Por qué motivo o razón resuelve el juez Hedges de que debe acreditarse no sólo la identidad del sujeto, no sólo el que recibió el dinero que está acreditado que fueron fondos públicos para su administración, para su función, y que además se enriqueció ilícitamente en las mismas fechas incrementando sus cuentas bancarias? Además el juez Hedges quería que se demostrara en qué se utilizó ese dinero,... ¿En dónde estamos señores? ¿Por qué no se ve con claridad y con toda objetividad el hecho de que eso no se necesita probar para que proceda la extradición?.. es tanto o igual o equiparable en nuestro derecho mexicano, a simplemente sujetar a proceso a un individuo, resulte o no culpable.
¿En dónde está la razón? Yo nada más les pido que lo analicen objetiva, fríamente y con sustento jurídico, no se trata de defender a la Procuraduría, estos elementos hablan por sí solos, para qué la defendemos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales el diputado Leonel Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias, señora Presidenta:
Creí que el diputado que me precedió en el uso de la palabra iba a entrar al tema, que es la investigación del homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu y nuestra afirmación de que el caso no está cerrado, pero se salió por peteneras y planteó un asunto que tiene qué ver con la Ley de Extradición Internacional, expedida por el licenciado Luis Echeverría Alvarez y la que análogamente tiene los Estados Unidos de América.
Cuando yo afirmé, y bueno, pues voy a tener que entrar a ese tema, ojalá regrese para que tratemos el mero principal, como dicen en mi pueblo y lo he sostenido, que hubo incompetencia jurídica de los encargados de tramitar la extradición de Mario Ruiz Massieu, señalé por qué y ayer por cierto un distinguido penalista, que espero que lo hayas leído, el maestro Mariano Albor, da elementos que a mí me parecen contundentes, de la diferencia entre el sistema judicial norteamericano y el sistema judicial mexicano, en relación al tema.
El maestro Juventino B. Castro dice que es invadir la soberanía de México que el juez Hedges haya resuelto negar la extradición. Todos sabemos que una petición, una solicitud de extradición de cualquier mexicano para que sea traído aquí, o cualquier Estado que quiera hacer una petición para que un extranjero vaya a su país de origen, radica en un expediente que integra la autoridad del Estado peticionario, no de las investigaciones propias que realice la autoridad que le compete resolver.
Y en este caso, lo dije hace tres días, afortunadamente para mí, antier y salió ayer en la prensa, también lo sostuvo un penalista distinguido, el problema fue de índole penal y de falta de capacidad jurídica, de conocimiento del derecho internacional y de las leyes de la materia en Estados Unidos.
Por una parte el asunto del delito de peculado por el que es acusado Mario Ruiz Massieu, que no vamos a discutir en este momento si es probable responsable o no, para que se obsequie, como dicen aquí, la orden de aprehensión por un juez nuestras leyes, fundamentalmente los artículos 16, el 17 y el 19 constitucionales, tienen una serie de requisitos distintos a lo que señala la justicia criminal norteamericana.
En México para dictar una orden de aprehensión, basta sólo que dos personas dignas de fe señalen a alguien mayor de edad como responsable de un delito y que ese delito tenga pena privativa de libertad. Este es el requisito constitucional.
A veces, afortunadamente o ya como práctica afortunadamente nuestros agentes del Ministerio Público no lo consideran suficiente e integran averiguaciones sólidas, pensando en que el juez no dicte la orden de aprehensión y ni siquiera en que en su momento se dicte formal prisión, sino dando elementos en la averiguación previa penal que integró el Ministerio Público para que haya sentencia condenatoria.
Este no fue el caso, desgraciadamente, de las averiguaciones previas penales que se han integrado al vapor en contra de Mario Ruiz Massieu; ése es el primer error jurídico que quisiera señalar.
El segundo tiene qué ver precisamente con esa falta de capacidad de entender esta diferencia entre lo que es lo que llaman los abogados norteamericanos de que hay caso, a lo que en México conocemos ahora como los elementos constitutivos del delito y la probable responsabilidad. Son situaciones jurídicas distintas y por eso nosotros no estamos diciendo que ya se deje el caso por la paz, que hubo
incompetencia jurídica; estamos señalando que se releve a los abogados que actualmente llevan el caso, para que otros mejores que hay en la Procuraduría y que hay en el foro de abogados de nuestro país, lleven nuevamente el caso a los tribunales norteamericanos y cumplan con estos dos requisitos distintos del sistema judicial norteamericano y del sistema de justicia mexicano.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado González Alcocer y tiene en turno la palabra el diputado René Juárez.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Compañeras y compañeros diputados:
Sí me aludió el diputado cuando dijo: "el diputado que me antecedió en el uso de la voz", y ese fui yo.
Simplemente quiero señalarle que yo coincido que ojalá pudiéramos lograr la extradición y que pudieran abrirse otras líneas de investigación y estoy totalmente de acuerdo; si eso es lo que era el meollo pues ahí está. Yo estoy de acuerdo, por eso no lo rebatí. Lo que rebato es la calificación o descalificación de la gente que manejó el tratado de extradición. Claro que conocen y yo algo sé de derecho norteamericano y de derecho mexicano. El que parece desconocer acá el tratado, es usted diputado Leonel Godoy y le puedo repetir textualmente el artículo 3o., en virtud de que precisamente se trata de las dos legislaciones para poder proceder la extradición en un tratado común a ambas partes.
Entonces aquí es donde las legislaciones se tienen que acoplar al prever los mismos tipos de delitos y al marcar los requisitos para la extradición.
Pero el artículo 3o. es muy claro, no deja lugar a dudas, dice: "Sólo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida para dos cosas, bien para justificar el enjuiciamiento, como sería éste el caso, del reclamado si el delito del cual se le acusa hubiese sido cometido en ese lugar, bien para probar que la persona condenada por los tribunales de la parte requirente, que es la persona condenada por los tribunales, del requirente", en este caso es el enjuiciamiento y aquí se ve si de acuerdo al tratado, de acuerdo a los precedentes americanos y de acuerdo a nuestras leyes, el sujetar a un enjuiciamiento a alguien, cuáles son los requisitos, mismos con los que se cumplió cabalmente.
Yo lo que aquí citaría es un precedente de los que hay muchos en la materia de extradición, pero que esto es muy reciente y muy importante del viernes pasado en Estados Unidos, logrado por la Procuraduría en un caso técnicamente mucho más difícil, en donde nada más con esos elementos procedió a la extradición, el caso del señor Jorge Emilio Duboau Ferrerio, acusado por el delito de fraude, Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, San Antonio, juzgado o conocido por el juez Robert O'Connor, con el mismo abogado que defiende a Mario Ruiz Massieu, Tony Canales, concedió la extradición habiendo incluso más cabos sueltos, o más elementos que no están presentes o la falta de ellos en el caso de Ruiz Massieu.
En el caso de Ruiz Massieu estaba claro y por lo tanto no hay desconocimiento ni del derecho americano ni del derecho mexicano y mucho menos de los tratados internacionales.
Simplemente para una muestra de lo que es el derecho consuetudinario de Estados Unidos, en donde dicen que cuando hay la simple sospecha del delito se requieren nada más dos cosas:
a) El acusado adquirió los bienes durante el plazo que cometió la infracción imputada o inmediatamente después y
b) El acusado no disponía de más posibles fuentes de ingreso que le permitan adquirir los bienes que la actividad delictiva básica.
Derecho consuetudinario de Estados Unidos y que con esos dos elementos es suficiente para otorgar o tener que entregar la extradición, porque si el artículo 1o. establece la regla general, se cumplió cabalmente y el juez Hedges, por quién sabe qué motivos, no sé si ordenados por la política de desprestigio hacia México, que está enrareciendo además el clima de las relaciones internacionales, al rato vamos a estar sujetos a un juez local de Estados Unidos, en que cuestione la constitucionalidad o resuelva en contra del Tratado de Libre Comercio y de cualquier otro tratado celebrado con Estados Unidos.
La Presidenta:
Señor diputado, si le permite una pregunta al diputado Navarrete.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Sí, como no.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz (desde su curul):
Gracias señor diputado por aceptar la interpelación.
Quisiera pedirle un favor y hacerle una pregunta. Que en el entendido de que está muy claro que en este salón y en este debate no hay ningún diputado que esté defendiendo a la justicia norteamericana, ni que esté tratando de que a la justicia mexicana le vaya mal. ¿Podría usted ser tan amable en volver a repetir el párrafo primero del artículo 3o., en donde habla de las condiciones de la parte requerida y de la parte requirente?, por favor.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Con mucho gusto.
"Artículo 3o. Pruebas necesarias. Sólo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida, bien para justificar el enjuiciamiento del reclamado si el delito del cual se le acusa hubiese sido cometido en ese lugar, bien para probar que es la persona condenada por los tribunales de la parte requirente."
El diputado Carlos Navarrete Ruiz (desde su curul):
La pregunta, entonces es muy obvia. El argumento fundamental es que de acuerdo con la legislación mexicana se cumplieron todos los requisitos para la extradición y lo que usted acaba de leer me parece que es suficientemente claro, la parte requerida es la justicia norteamericana; la parte requirente es la justicia mexicana y en ese sentido es el argumento del diputado Leonel Godoy, de que no se cumplió suficientemente por la parte mexicana, la parte requirente, de las condiciones que la parte requerida exigía. Ese es el debate de fondo y creo que aquí está una discrepancia que hemos tenido en la propia comisión.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Con mucho gusto diputado le doy contestación.
Yo le dije hace rato, incluso citando el precedente de Estados Unidos en su legislación consuetudinaria, porque no tienen leyes, de que se cumplía cabalmente, es más, tienen menos requisitos que los nuestros. Con esos dos que se cumplieran, era suficiente para que el juez Hedges estuviera obligado a entregar a Mario Ruiz Massieu a la justicia mexicana.
Están perfectamente claros en el precedente y en otros asuntos de extradición que se han manejado con ellos.
La Presidenta:
Diputado, que si le permite una pregunta al diputado Godoy.
Adelante diputado Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Sería en dos partes, diputado, con mucho respeto.
La primera es que en la lógica de su argumento usted considera por lo tanto que nuestros abogados que nos están representando en la solicitud de extradición son competentes y por lo tanto, la primera pregunta es que ellos mismos deben de volver a insistir en el procedimiento de extradición. Esa sería.
La segunda pregunta, si usted está de acuerdo en que se insista nuevamente, que nosotros lo estamos, en que se vuelva a intentar traer a Mario Ruiz Massieu a México.
La primera, es que si continúan entonces estos mismos abogados y la segunda, es que si hay que insistir en que sea extraditado.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Le agradezco su pregunta, porque me da base para ampliar un poquito más esto.
Yo no soy quién para calificar los abogados. Es más, cuando pase aquí, yo dije que no venía a defender a la PGR y no lo estoy haciendo, estoy dando elementos jurídicos nada más y si no, pues que me lo reclamen así.
Yo no sé si son lo suficientemente capaces o no. En estos casos yo creo que hicieron lo que tenían qué hacer, simple y sencillamente le diría por ahí.
Insistir en una extradición, claro, yo la insistiría si hubiera otros elementos y otros delitos y no sólo ahí pararía, yo iría más allá y nosotros deberíamos de insistir en pedir a las autoridades y al Poder Judicial de América que si va a respetar o no nuestros convenios internacionales y yo creo que ésa es una acción que podemos tomar todos los diputados aquí, incluyendo al Senado, para reclamarle a la justicia americana esas resoluciones absurdas.
Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado René Juárez y en turno el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado René Juárez Cisneros:
Con su permiso, ciudadana Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Un año ha transcurrido desde que la irracionalidad y la intolerancia segaron la vida de José Francisco Ruiz Massieu.
A la fecha no ha sido posible desentrañar en definitiva la realidad de los hechos; siguen existiendo dudas entre la sociedad mexicana y permanece abierta la posibilidad de descubrir nuevas señales que nos conduzcan a explicaciones de mayor consistencia.
No podemos negar, sin embargo, que existen avances en la investigación, como tampoco es cuestionable que la comisión plural de este honorable Congreso, encargada de dar seguimiento a las indagatorias del caso, ha venido cumpliendo de manera razonable su cometido.
Es cierto también que ha habido algunas insuficiencias en la operación y funcionamiento de la comisión, quizá producto de la naturaleza y de la complejidad del asunto de la cual se ocupa.
Sin embargo es importante reconocer que todos y cada uno de los miembros que integran esta comisión, han desenvuelto esta responsabilidad con sentido de responsabilidad y con honestidad.
Es asimismo necesario dejar perfectamente establecido que en tanto no se esclarezcan a cabalidad éstos lamentables hechos, la comisión deberá seguir pugnando precisamente porque se aclare y se aplique la ley a los responsables, sin distingo alguno, sean quiénes sean y estén en donde estén.
La indignación por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, debe entrelazarse con el propósito de luchar porque sus ideas continúen alumbrando el camino de México.
Hoy, cuando nos disponemos a iniciar el gran diálogo nacional para la reforma del Estado, se hace necesario rescatar su pensamiento y las experiencias de su práctica política.
Sus lecciones nos dicen que el cambio democrático requiere de la confrontación y cooperativa y no de la exclusión o el exterminio; que en la política el diálogo para la concertación no tiene sustituto y que la violencia es la encarnación de la antipolítica; que frente a los cambios abruptos, el gradualismo pactado es más confiable y eficaz; que la ruta del cambio debe ser producto de un ejercicio de la inteligencia política colectiva.
En el arranque, debemos hacer nuestra la idea que Ruiz Massieu tenía sobre la democracia; la democracia como una obra irremediablemente inacabada, susceptible de avances y de regresiones; la democracia como proceso colectivo, sujeto a la voluntad de todos los protagonistas y no al voluntarismo de unos cuantos hombres, interesados en impulsarla o detenerla a capricho. La democracia como proceso integral, con contenidos políticos pero también con implicaciones económicas y sociales. La democracia como reafirmación de soberanía, como proceso independiente, libre de presiones, pero a la vez perfectamente enmarcado en el contexto internacional.
Para hacer avanzar a la democracia, José Francisco Ruiz Massieu planteó la imperiosa necesidad de fortalecer el sistema de partidos, vigorizar al parlamento como instancia representativa de contrapeso.
Aceptar perspectiva, implica que los partidos políticos asuman la responsabilidad de articular las demandas de la sociedad, desempeñarse como auténticos interlocutores frente al Gobierno y contribuir a la construcción de los grandes consensos de la nación. Implica también el compromiso de convertir al Congreso en el espacio verdaderamente plural, donde se perfilen las agendas, se celebren los pactos y se definan las tareas del proceso democrático.
El reto, tal como él lo planteaba, es alejarnos de los extremos, para favorecer el arribo a una genuina convergencia nacional, conscientes de que en una democracia no se gana todo ni para siempre.
Señoras y señores diputados: José Francisco Ruiz Massieu, luchó siempre por hacer posible lo deseable y por transformar lo posible en realidad. Firme en sus convicciones, convincente en sus argumentos, tenaz en sus objetivos, su calidad de hombre de bien nos impone respeto a su memoria, su privilegiada inteligencia nos convoca a la búsqueda permanente del conocimiento y al constructivo ejercicio de la imaginación, su congruente práctica política nos exige unir voluntades y esfuerzos para hacer realidad el México democrático, soberano y justo que supo prefigurar.
Sirvan apenas estas expresiones, sumadas a la espléndida exposición del diputado De la Vega, para hacer un justo y merecido homenaje por parte de la fracción parlamentaria del PRI de Guerrero, al hombre, al político, al intelectual, al amigo. Descanse en paz José Francisco Ruiz Massieu.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El diputado González Alcocer en su segunda intervención afirmó que no vino a defender a la Procuraduría, cuando lo que hizo en su primera alocución fue precisamente eso, defender a la institución y exaltar al titular, el señor Antonio Lozano Gracia.
Parafraseando a Winston Churchill, podríamos decir que nunca ningún procurador cometió tantas pifias en tan poco tiempo, no hay motivo de exaltación. Independientemente de que nos adherimos a las probanzas que aquí sólidamente argumentó el diputado Leonel Godoy y también el diputado Navarrete, nosotros señalamos que no ha lugar a tanta afirmación en torno a los logros del actual titular de la Procuraduría General de la República.
Ha perdido dos solicitudes de extradición ante el juez Ronald Hedges de New Jersey, de Newark, ha hecho el ridículo ante las autoridades americanas, aunque aquí la fracción panista ve en eso una gran acción legal perfectamente fundamentada. Pues no fue lo suficientemente fundamentada ante los juzgados norteamericanos. Este procurador pide el libramiento de órdenes de aprehensión, un juez las obsequia y luego las declara en suspenso, caso de los zapatistas que encabeza el comandante Marcos. Desde luego el de la voz no considera al comandante Marcos ningún delincuente ni transgresor de la ley, como dicen la Procuraduría y el Ejército mexicano, son luchadores sociales, defensores de los derechos de las etnias; pero si nos apegamos a derecho ninguna orden de aprehensión puede ser suspendida por el señor procurador, a menos que se desista de la acción penal, cosa que el señor Lozano Gracia hasta el momento no ha hecho.
Otro día señala que aprehendió a los responsables del asesinato de quien fuera subprocurador de Justicia en Jalisco. El señor Zabludovsky, aliado a la imagen del procurador panista, una noche lo exalta, empleo el mismo verbo, como un gran investigador, porque éste si esclarece los crímenes políticos en 24 horas, sentido figurado. Pero luego ocurre que los tiene que soltar, porque esos pobres diablos nada tuvieron qué ver. La ha emprendido contra los Mayoral, contra Tranquilino Sánchez. No me toca a mí señalar si son inocentes o culpables, pero el caso es que, valga la redundancia, perdió el caso, están libres y no falta mucho para que tengan que liberar a Othón Cortés.
Los hechos, que son fatales y crueles, demuestran que el procurador no ha esclarecido, ni el crimen de Posadas, ni el crimen de Colosio, ni el crimen de Ruiz Massieu.
Pero también el procurador abusa en cuanto a las prácticas. Ha incurrido en la práctica priísta de congelar las denuncias de los ciudadanos. La fracción Social Demócrata presentó el 2 de enero de 1995 una denuncia, de hechos, en contra de Carlos Salinas de Gortari, por la destrucción de la economía nacional, por enriquecimiento inexplicable, independientemente de la traición a la patria. El señor procurador, después de 10 meses, no ha integrado esta averiguación previa ni siquiera nos ha informado si ha sido o no desechada. No quiere investigar de dónde sacó Salinas de Gortari 7 mil millones de dólares, monto de su fortuna, la cual no pudo ser obtenida por un individuo que no ha trabajado mucho en la vida. Niño mimado de la fortuna, inicia su carrera en las postrimerías del régimen de López Portillo y en menos de 15 ó 18 años de trabajo se convierte en un hombre más rico que el sultán de Brunei. El procurador no averigua.
La Presidenta:
Diputado, le ruego que por favor termine su intervención.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Concluyo, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Y luego, para el colmo, vergüenza de la Procuraduría, viene a México el principal sospechoso del crimen de Colosio, el doctor José María Córdoba, de origen franco-español y no lo arraiga, ni lo cita a declarar; le permite que haga una faramalla, una farsa, una declaración a un conocido diario en donde refuta todas las acusaciones. Este cuestionamiento debió haber sido hecho en la Procuraduría ante un agente del Ministerio Público Federal. El señor Córdoba tranquilamente, también parafraseando a los clásicos: vino, vio, venció; y se fue. El señor Córdoba se dio el lujo de hacer un ensayo general, quizá de lo que cualquier día de éstos también haga el señor Salinas, que pueda venir, pueda ver y pueda irse sin que el señor procurador lo arraigue y le impute los delitos que el pueblo de México le achaca.
Nosotros pensamos que este procurador también a la usanza priísta, no ve, ni oye. Pero tampoco investiga y eso es incumplimiento de su deber legal.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Serafín Núñez Ramos.
El diputado Serafín Núñez Ramos:
Con su permiso, señora Presidenta:
Para conmemorar un aniversario del asesinato de un destacado político priísta como José Francisco Ruiz Massieu, algunos compañeros diputados han venido a esta tribuna en uso pleno de su derecho, a exaltar las virtudes del discurso político moderno de José Francisco. Discurso político que sigue escuchándose en las grandes tribunas de la nación en labio, por ejemplo, del señor Secretario de Gobernación, en la última comparecencia o del presidente Zedillo en la mayoría de sus discursos dirigidos a la nación y a esta soberanía.
Todos estos discursos políticos son poderosas construcciones discursivas muy convincentes y hasta impecables a la hora de ser expuestas. La mayor parte de sus postulados son de tal naturaleza, que teóricamente no es posible dejar de estar de acuerdo con muchos de ellos. Pero en el momento actual por el que cruza este país, me pregunto, si sirve de algo rendir un homenaje verbal a un político que dedicó una parte importante de su vida a intentar reformar lo que a veces parece irreformable. ¿No sería más convincente quizá, explicar aquí por qué? ¿Por qué desconocidos caminos ese bagaje de ideas será semilla que fructifique en la vida política concreta de este país? ¿Cuáles son, por ejemplo, los compromisos, las estrategias, los tiempos por los que los seguidores y los herederos de este pensamiento democrático al interior del Partido Revolucionario Institucional se han impuesto ante la sociedad para hacer realidad este pensamiento.
Más concretamente en Guerrero, tierra donde él habló también con estas palabras: "¿Dónde están esos hombres que van a levantar las banderas caídas de este reformador? ¿Dónde están esos hombres que van a encabezar la lucha por modernizar a un PRI anacrónico que hoy se está convirtiendo en Guerrero en un fuerte obstáculo al desarrollo de la vida política democrática? Eso es, esos compromisos son los que quisiéramos escuchar en esta tribuna. Pero es más cómodo y es más fácil cumplir hablando, rindiendo un homenaje verbal.
Yo quiero referirme en segundo lugar, señoras y señores diputados, a algunos elementos relativos al funcionamiento de la comisión que aquí se nombró para dar seguimiento al esclarecimiento de este crimen:
Primero, creo que las funciones, atribuciones, facultades y competencias de la comisión, difícilmente pueden ser puestas a discusión en este momento. Estas han sido discutidas y aclaradas desde el momento en que comenzó a funcionar esta comisión.
En segundo lugar, es verdad que seguimiento no es igual a investigación. Esto también quedó claro desde el principio. Pero una cosa es un seguimiento activo, con los ojos abiertos, con iniciativa, en cumplimiento de los propósitos que se estableció la comisión en su plan de trabajo consensado y otra muy distinta es un seguimiento pasivo, sometido a los vaivenes coyunturales de la política.
Yo estoy convencido de que seguimiento activo a investigación no se riñen. ¿Cómo puede seguirse una investigación si se desconocen los esquemas, las hipótesis y la lógica de lo que investigan, si no hemos trabajado siempre con documentos de primera mano, si nuestras fuentes de información han sido casi siempre las que publica la prensa, mucho más informada que nosotros.
Esto condujo inevitablemente al incumplimiento parcial de nuestro propio plan de trabajo y digo parcial, porque no puedo negar tampoco que ha habido avances en el cumplimiento de las funciones de esta comisión.
Los representantes del Partido Acción Nacional y del PRI, en la comisión, han hecho sentir aquí que ellos están de acuerdo en que esta comisión continúe. Esto me llena de satisfacción, porque en las últimas reuniones de esta comisión, habíamos podido entender que ambos compartían la idea de que al haberse agotado el objeto de la investigación en relación a este asesinato, la comisión de seguimiento no tenía absolutamente ningún objeto para seguir constituida y funcionando. Ahora, aquí, se está planteando que esta comisión debe seguir. Nosotros, el Partido del Trabajo, estamos convencidos de que entre tanto no se terminen todos los procesos y no lleguen a surgir las investigaciones, como es el caso, esta comisión debe mantenerse vigilante y seguir trabajando en el cumplimiento de las funciones y del plan de trabajo que se estableció.
Entonces, nosotros queremos aquí señalar, que estamos a favor de que esta investigación continúe abierta en los términos en que en el último comunicado de la Procuraduría a esta comisión, se ha mantenido esta comisión, esta investigación abierta en los términos en que la PGR lo ha establecido, hasta en tanto no se sentencie a los autores intelectuales que aún no lo ha sido.
La Presidenta:
Señor diputado, le pido concluya su intervención, por favor.
El diputado Serafín Núñez Ramos:
Sí, compañera Presidenta, en un momento concluyo.
Por último quiero decir que el trabajo de la comisión, al continuar, debe enmendar un conjunto de prácticas que no le han permitido cumplir cabalmente con su trabajo. Espero que esto lo podamos discutir al interior de la comisión y continuar desarrollando nuestra actividad. No es el tiempo todavía de pensar que ha sido superada la barbarie; todavía estamos en el tiempo en que podemos seguir conociendo manifestaciones de la barbarie política en este país. El proceso de transición pactado del que muchos hablan, es todavía un asunto que está por definirse en este país.
¿Quién puede ahora impedir el uso de la violencia o garantizar que pueda ser dejado de usar el recurso de la violencia en la política? Es muy difícil, aunque el compromiso de todos, en este Congreso y a nivel de la nación, es el de impedir que la violencia se generalice; atar las manos de los violentos de todas las latitudes y de todas las fuerzas políticas, para garantizar un tránsito pacífico a la democracia.
Gracias.
ELECCION DE MESA DIRECTIVA
La Presidenta:
Se va a proceder a la elección de la mesa directiva para el mes de octubre del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura.
Se ruega a los diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.
(Votación.)
El secretario Héctor González Reyes:
Señora Presidenta; compañeros del pleno:
La Secretaría informa del resultado del escrutinio:
Seis boletas nulas; 23 por planillas diversas y 306 por la planilla integrada por:
Pablo Moreno Cota, presidente; Adolfo Ramón Flores Rodríguez, Jorge Urdapilleta Núñez y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, vicepresidentes.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
¡Moción:
La Presidenta:
Un momento por favor, señor Secretario.
¿Dígame, diputado Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Le solicito, señora Presidenta, que el Secretario cumpla con el Reglamento y diga la votación que sacaron cada uno de los candidatos.
La Presidenta:
Correcto.
Le ruego a la Secretaría que dé lectura a la votación que obtuvieron las otras planillas.
El secretario Héctor González Reyes:
A petición del compañero diputado que quiere escuchar las planillas que se votaron:
"La planilla encabezada por el diputado Luis Sánchez Aguilar, un voto, de la fracción Social Demócrata; la planilla encabezada por Francisco Peralta Burelo, un voto; la planilla encabezada por Manuel Arciniega Portillo, un voto; la planilla encabezada por Jaime Martínez Veloz, un voto; la planilla encabezada por Sebastián Lerdo de Tejada, 19 votos y por la planilla encabezada por Pablo Moreno Cota, 306 votos.
Por consiguiente damos a conocer la planilla completa: Pablo Moreno Cota, presidente; Adolfo Ramón Flores Rodríguez, Jorge Urdapilleta Núñez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y Serafín Núñez Ramos, vicepresidentes; Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Agustín Torres Delgado, Francisco Martínez Rivera y Leticia Calzada Gómez, secretarios; Joaquín Rodríguez Lugo, Claudio Manuel Coello Herrera, Alicia González Cerecedo y Eduardo Guzmán Ortiz, prosecretarios."
Están cumplidas las órdenes, señora Presidenta.
La Presidenta:
Se declara que han sido electos para integrar la mesa directiva que funcionará durante el mes de octubre del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura, los siguientes diputados: Pablo Moreno Cota, presidente; Adolfo Ramón Flores Rodríguez, Jorge Urdapilleta Núñez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Serafín Núñez Ramos, vicepresidentes; Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Agustín Torres Delgado, Francisco Martínez Rivera, Leticia Calzada Gómez, secretarios; Joaquín Rodríguez Lugo, Claudio Manuel Coello Herrera, Alicia González Cerecedo y Eduardo Guzmán Ortiz; prosecretarios.
ESTADO DE MORELOS
La Presidenta:
En seguida tiene la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a algunos asuntos del poblado de Tepoztlán, Estado de Morelos.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Muchas gracias, señora Presidenta:
Tomo por segunda vez en estos últimos días la palabra, en relación a la situación en Tepoztlán y me permito distraerlos de sus conversaciones para referirles a ustedes la situación que prevalece en esa población cercana al Distrito Federal, que seguramente muchos de ustedes han visitado por propósitos turísticos y con la intención eventualmente de jugar golf en Tepoztlán.
Como ustedes saben, el proyecto de campo de golf desencadenó un conflicto interno que ha tenido como resultado la desaparición de las autoridades. Como ustedes saben también, en Tepoztlán se celebró el domingo pasado una elección convocada por la propia población, por el Consejo de Unidad Tepozteca, con el propósito de integrar un consejo municipal provisional en los términos en los que los pusieron los propios convocantes a esa consulta y con el propósito también y fundamental, de constituir un órgano de representación que sea el punto de partida para integrar legal y legítimamente un nuevo gobierno.
La elección de Tepoztlán es resultado de la inhabilidad del gobierno de Morelos para darle cauce a los procedimientos legales a través de los cuales conforme lo señalan las leyes del Estado de Morelos, debió de haberse restituido la autoridad municipal que desapareció. Sin embargo, al no existir receptividad para que se celebraran esos procedimientos legales, se diera curso a la licencia solicitada por el presidente municipal y el gobierno y el Congreso del Estado hicieran las gestiones legales necesarias y las consultas con el pueblo para reintegrar la autoridad, fue que los pobladores de Tepoztlán decidieron de manera unilateral celebrar esta elección.
Yo quiero llamar la atención de ustedes y si la Presidenta llama la atención a los diputados para que guarden silencio y escuchen esta intervención.
La Presidenta:
Sí, cómo no diputado. Por favor, la gente que está de pie puede pasar a tomar sus lugares y a quienes están en el pasillo central desocuparlo, para que podamos continuar con esta sesión. Adelante diputado.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Muchas gracias.
En unos minutos más terminará la sesión y entonces todos podremos reanudar nuestras amenas pláticas.
Esta elección tiene un significado doble respecto al cual yo quiero llamar la atención de este Congreso. En primer lugar, de manera general fue una elección muy sorprendente para quienes tuvimos la oportunidad de asistir como observadores, entre ellos un grupo de legisladores del PAN y del PRD que de manera informal y a título personal fuimos y participamos como observadores.
La elección se celebró organizada en una semana por el propio pueblo de Tepoztlán. Se constituyeron 26 mesas a las cuales concurrieron los ciudadanos para elegir a una planilla integrada por 18 personas, una planilla única, que fue el resultado de asambleas en cada uno de los barrios y colonias que conforman la población.
Este procedimiento de combinar las asambleas con la elección formal resulta en un consenso que permitió que de manera ordenada, que de manera pacífica, que con procedimientos muy sencillos, que con un sistema de identificación de votantes claro, que con una afluencia de participantes durante todo el día a las 26 casillas, se lograra una votación de 5 mil 700 tepoztecos de un padrón electoral de alrededor de 10 mil.
Esta es quizá una de las votaciones más altas en la historia reciente de toda elección municipal en Tepoztlán. Es significativo el hecho, porque todo esto se hizo en una semana, sin participación de los partidos políticos, sin que mediaran gastos en propaganda, sin que el pueblo fuera pintarrajeado u objeto de las intensas exposiciones de proselitismo partidista.
La elección dio como resultado un claro consenso en la población respecto a quiénes debían representarla. Es muy claro en el resultado de la población también, la simpatía por el ciudadano que conforme a los procedimientos que ellos mismos establecieron, resultaría electo a la cabeza de la planilla, el ciudadano Lázaro Rodríguez Castañeda, que obtuvo 4 mil 513 votos.
Una elección de esta naturaleza debe ser motivo de reflexión para nosotros que en los próximos meses vamos a discutir el problema de la integración de una nueva reforma electoral. Si bien no es una elección formalizada por ningún procedimiento legal, si bien no tiene en estricto sentido jurídico validez, tiene un gran significado político y lo tiene en tanto nos muestra cómo una población puede encontrar fórmulas que concilian los mecanismos internos propios de organización política, de organización social, con procedimientos formales de elección.
Este es un tema fundamental de la reforma política y de la reforma electoral de la que nos habremos de ocupar en este Congreso de la Unión y podemos ver en el caso de Tepoztlán un modelo de organización electoral que combina la organización comunitaria, la organización de las poblaciones de las colonias con los procedimientos electorales formales. Ojalá y tomáramos nota de ello porque la conflictividad de los procesos electorales municipales requiere que con imaginación veamos fórmulas y mecanismos que en el futuro puedan ser útiles para integrar las costumbres, integrar la imaginación de las propias comunidades al proceso de transformación político-electoral formal de nuestro país.
Yo dejo esta reflexión porque en muchos años que he visitado elecciones municipales en el país nunca había visto esta combinación tan afortunada entre procedimientos formales y viejas costumbres comunitarias que permiten generar un consenso; hay un aspecto fundamental de ello que es la ausencia de los partidos políticos. Se ha atribuido el conflicto de Tepoztlán un intenso carácter partidario y sin embargo el domingo vimos cómo había una ausencia visible y notoria de posiciones partidarias en esta elección.
Los integrantes del consejo municipal no pertenecen a partidos políticos, no son militantes activos de ninguno de los partidos políticos aunque algunos tengan simpatía con uno o con otro y esto muestra cómo se puede sin la participación de los partidos pero respetando a nivel nacional y a nivel estatal la estructura partidaria, comenzar a buscar formas de gobierno municipal en donde prevalezcan los procedimientos ciudadanos en coexistencia política con los procedimientos partidarios.
Dejo esta reflexión general para pasar a lo que creo que es un aspecto sustantivo para la reflexión del conflicto. Para los tepoztecos el valor de esta elección es político ante todo, es decir se logró una altísima participación y se logró una elección ordenada y consensual.
Este valor político llevó al comité que convocó a estas elecciones a los representantes elegidos y a los organizadores del propio proceso electoral a buscar una negociación con las autoridades federales y las autoridades estatales para que sin violentar el orden jurídico, sin violentar las instalaciones municipales, sin usurpar funciones, se iniciara un diálogo que permitiera que de esta representación por los procedimientos jurídicos que fuera posible implementar, se trasladara su resultado al plano
jurídico; es decir, los tepoztecos le están pidiendo a las autoridades federales y a las autoridades del Estado, que integren un consejo municipal por la vía legal, por los procedimientos que corresponden ante la desaparición de poderes, pero que lo hagan tomando en cuenta el resultado político de esta consulta interna del pueblo y que en este consejo municipal queden integrados por estos otros procedimientos jurídicos aquellos que fueron elegidos el domingo pasado por los procedimientos internos del pueblo.
Quienes observamos el conflicto creemos que aquí está una vía de solución conveniente, una vía de solución que deja salvaguardados los intereses de la soberanía y del estado de derecho que no ha sido violentado por los tepoztecos en esta elección, insisto, porque ellos no le han dado aún a las autoridades, a los representantes elegidos, el control físico de las instalaciones municipales ni están ejerciendo las tareas de gobierno; aún, insisto, por un procedimiento legal se puede conseguir, se puede lograr que este proceso sea sancionado y legitimado.
Sin embargo el gobierno del Estado no sólo cuestiona la validez jurídica que es explicable, de la elección del domingo, sino que cuestiona el resultado político y le ha informado el secretario general de gobierno a la Secretaría de Gobernación que sólo votaron 1 mil 400 tepoztecos en lugar de los 5 mil 700.
La versión del gobierno del Estado sobre la elección de Tepoztlán es inconcebible. Están las actas levantadas por los tepoztecos con los nombres de cada uno de los 5 mil 700 votantes, actas que pueden ser en cualquier momento auditadas y verificadas. ¿De dónde obtiene el gobierno del Estado el dato de que sólo un mil 400 personas votaron? Lo obtiene de su falta de voluntad para sentarse a discutir los resultados políticos de este proceso y para trasladarlos en una discusión, en una negociación, en un diálogo, a una realidad jurídica, como se impone ante las circunstancias.
Esta versión del gobierno del Estado nos vuelve al origen fundamental del conflicto en Tepoztlán, el origen es la falta de comunicación; el origen es la inexistencia de mecanismos a través de los cuales se puedan establecer condiciones de confianza, condiciones de entendimiento mutuo. Si el gobierno del Estado no quiere reconocer que en Tepoztlán hubo una consulta válida desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la voluntad del pueblo y que ésa, esa voluntad expresada debe ser el punto de partida a la solución al problema, entonces nos explicamos por qué desde el inicio del proyecto de construcción del campo de golf se dieron mecanismos de incomprensión y de comunicación tan grandes entre las entonces autoridades municipales y del pueblo y entre el gobierno del Estado, entre los propios desarrolladores del proyecto y la comunidad de la población.
Para que se solucione el conflicto de Tepoztlán nosotros creemos que debe primero existir una autoridad municipal verdaderamente representativa, una autoridad municipal que tenga capacidad de interlocución con su propio pueblo y con las autoridades y que a partir de la existencia de esa autoridad municipal se pueda replantear entonces las condiciones bajo las cuales se discutiría la implantación o no de ese campo de golf y la discusión con la población al respecto.
Esto que puede y que es indudablemente, tratándose de una población de tan sólo 20, 22 mil habitantes, esto que puede parecer un asunto menor para las preocupaciones tan fundamentales que tiene nuestro Congreso Federal y que habrán de distraer su atención o de mantener su atención en los próximos meses, es sin embargo un asunto toral porque es un eslabón de una cadena, un eslabón de una cadena de incomprensión y de incomunicación política entre las comunidades y sus autoridades y esta ruptura del eslabón es la sustancia, la base de nuestra crisis política.
Si no nos podemos poner de acuerdo en Tepoztlán, no nos podremos poner de acuerdo en esta República sobre la relación entre los niveles de confianza en la población y en el gobierno y los mecanismos de participación en él.
Quiero dejar por tanto estas reflexiones entre ustedes. Recibimos esta mañana la visita de ciudadanos tepoztecos que nos han puesto al tanto a diputados de las distintas fracciones sobre sus negociaciones en la Secretaría de Gobernación, sobre sus pláticas con el gobierno del Estado y hemos visto de parte de ellos una voluntad de darle a éste una solución política. Apoyémoslo, mantengamos nuestra atención en este asunto y utilicemos nuestros buenos oficios para llamar a las autoridades federales y estatales al encuentro de una negociación acorde con los intereses del pueblo de Tepoztlán.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos la diputada Marta Alvarado.
La diputada Marta Alvarado Castañón:
Compañeras, compañeros; con su venia, señora Presidenta:
Independientemente del problema que significa el club de golf en Tepoztlán, en donde se ha manejado en un estilo legaloide por parte de propietarios y el gobierno, con un estilo yo diría que sólo había visto en el Estado de México, pero ahora veo que es la constante en muchas otras partes de la República, no quiero referirme en concreto a este punto, quiero hacerlo, referirme a las elecciones que fueron un ejemplo de lo que se puede hacer en una elección cuando un pueblo está decidido a realizarlas y hacerlas limpias y transparentes.
El domingo próximo pasado todos sabemos que se llevaron a cabo estas elecciones, que hubo una afluencia impresionante de votantes y que aunque el gobierno reconoció una mínima cantidad de votos, la realidad sobrepasó a lo que se dijo y nos consta.
Compañeras, compañeros, ésta es la primera vez en este país en que el 95% de una población se une y vota para elegir a sus autoridades, autoridades en las que confía, autoridades a las que conoce, autoridades que no le han sido impuestas.
Legales o no estas elecciones, moralmente son tan o más válidas que unas elecciones realizadas por partidos, aquí no participaron partidos, aquí participó una sociedad civil cansada de que hayan pasado encima de ella siempre. Entonces no vamos a buscar aquí si es auténtico o no, lo que buscamos los que queremos democracia en nuestro país, no debemos permitir que esta iniciativa del pueblo de Tepoztlán sea aplastada, debemos buscar una negociación para que se respete la voluntad de ese pueblo por decidir su destino, que creo que en estos momentos es lo más importante, el pueblo debe asumir la responsabilidad de decidir su destino.
Esta es una oportunidad para abrir un espacio a la democracia, para hacer muchos cambios, y creo que nuestra obligación como legisladores es apoyarla.
Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Jorge Meade.
El diputado Jorge Armando Meade Ocaranza:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:
A todos nos corresponde y conviene transitar por el camino del estado de derecho. Ante los hechos aquí señalados, tenemos conocimiento que el gobierno del Estado de Morelos realiza esfuerzos serios para lograr la conciliación de los intereses que se han manifestado con diferentes puntos de vista en cuanto al proyecto de inversión y obras que desean realizar empresarios en el municipio de Tepoztlán, Morelos.
Es importante señalar que el proyecto responde como alternativa, ante la vigente necesidad de lograr un crecimiento económico del municipio y de sus ciudadanos, ante la realidad que afronta para atender las demandas de la población morelense.
Es importante reconocer que existen voces muy respetables que han manifestado su desacuerdo a este proyecto, pero también que existen las condiciones para que a través del diálogo y entendimiento, se lleguen a acuerdos satisfactorios para la comunidad tepozteca, para los morelenses y en lo general superar estas resistencias.
En las entrevistas realizadas con el Ejecutivo del Estado, por la fracción priísta del Estado de Morelos se nos ha manifestado la más decidida voluntad, insisto, para dar respuesta satisfactoria a esta situación, una respuesta que tome en cuenta los distintos puntos de vista y logre que los intereses superiores del Estado puedan trascender.
El domingo pasado, ciudadanos y residentes tepoztecos decidieron realizar un proceso para proponer representantes de la comunidad. Es importante reiterar que es imprescindible que esas iniciativas se inscriban en el marco de los procedimientos y normas vigentes en la entidad.
En ese espíritu corresponde al propio cabildo de Tepoztlán y al Congreso del Estado de Morelos, tomar las decisiones correspondientes; afirmar el estado de derecho, supone necesariamente observar estrictamente la legislación vigente.
Los diputados de la fracción priísta del Estado de Morelos, reiteran por mi conducto su voluntad y compromiso de mantenernos atentos y respetuosos a los acontecimientos que tengan lugar en Tepoztlán y hacemos votos para que el ambiente de respeto y diálogo manifestado por el gobierno del Estado, siga siendo el método de entendimiento con quienes en Tepoztlán manifiestan posiciones distintas y fundamentalmente sigan siendo respetadas las tradiciones, usos y costumbres que demanda la auténtica comunidad tepozteca, vigilando, se cumplan los beneficios para la mayoría y no de particulares, en estricto apego a la ley y en lo particular a la legislación del medio ambiente.
Por último diría que es imprescindible que los procesos jurídicos sean el sustento de la solución a los conflictos políticos, para la constitución de un Gobierno.
Y afirmo que en Morelos, los morelenses sí podemos ponernos de acuerdo en Tepoztlán.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos el diputado Tallabs tiene la palabra.
El diputado Jesús Antonio Tallabs Ortega:
Con su permiso, señora Presidenta:
En primer lugar lamentamos muchísimo que el gobernador del Estado sólo tome en cuenta a los diputados de su partido para tomar en consideración las opiniones de los representantes populares, como lo acaba de asegurar el compañero Jorge Meade.
Lo cierto es, ya lo decía yo el jueves anterior, que aquí ha existido un gravísimo problema de comunicación del gobierno con el pueblo.
Esta mañana, como lo decía el diputado Aguilar Zinser, efectivamente estuvo aquí una comisión del Comité de Unidad Tepozteca, a la cual asistimos para escuchar los puntos de vista de esta parte del conflicto. Igualmente lamentamos la ausencia de diputados priístas, porque parece ser que sólo quieren escuchar la posición oficial, siendo que hay otra parte en el conflicto, luego entonces si hay como representantes populares, hay voluntad para intervenir o mediar en la resolución de este conflicto, considero que debe ser tomada en cuenta la opinión o por lo menos escucharse la opinión de ambas partes.
Decía yo que el problema básico es la falta de comunicación. Hoy escuchamos por la mañana a los tepoztecos del Comité de Unidad Tepozteca, donde nos decían que en ningún momento fueron enterados del desarrollo turístico empresarial que se pretende realizar en Morelos.
Efectivamente hay carencias en la ley, pero creo que deben implementarse algunas figuras, por ejemplo en Colombia, en materia de ecología existe lo que se llama la audiencia pública, donde se realiza una consulta popular obligatoria donde se toma en cuenta el parecer del pueblo.
Luego entonces, creo que debe instrumentarse alguna forma que prevea la opinión del pueblo. En México debemos impulsar esa figura.
Acerca de la mesa de las negociaciones, Acción Nacional hizo una exhortación, tanto al gobierno del Estado como a los miembros del Comité de la Unidad Tepozteca, para que ambas partes dejen de radicalizar sus posiciones y verdaderamente exista voluntad para el diálogo.
Muchas gracias.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA
La Presidenta María del Rosario Elena Guerra Díaz:
Honorable Asamblea: cuando fuimos electos para la mesa directiva por 382 votos de los 394 emitidos, se me acercaron compañeros diputados de otras fracciones y me manifestaron que ellos habían votado con la confianza de que la Presidencia debería actuar en representación del Congreso de la Unión durante el I Informe de Gobierno del presidente Zedillo y no en términos partidistas.
Las distintas fracciones parlamentarias me propusieron algunas ideas de lo que debería ser la respuesta, mismas que incorporé a un texto que pretendió ser conciso y general, según apunta el artículo 8o. de la ley que nos rige.
La intención fundamental fue el mantener una dignidad republicana plural en el marco de la división de poderes, tal como lo habíamos acordado en mi partido y tema en el que coincidimos todas las fracciones parlamentarias.
Agradezco a los diputados que formaron parte de esta directiva su solidaridad para mantener esa actitud de institucionalidad republicana en beneficio del Congreso y de esta Cámara de Diputados.
En el desempeño de mis funciones he experimentado vivencias que deseo compartir, por las reflexiones necesarias para emprender la reforma del Estado. Afortunadamente no escuché expresiones ofensivas de misoginia que pasarían por la descalificación por prejuicios anacrónicos, no por la referencia en términos de género distinto ni los asuntos de descontento en torno a la aplicación de la ley o el reglamento, que obviamente están desfasados y resaltan a cada momento las diferencias.
He registrado provocaciones al debate en el ejercicio de la Presidencia que tomé como parte de la lucha parlamentaria, así como expresiones de apoyo y solidaridad.
Creo que lo anecdótico sirve para ilustrar el grado de dificultad que la Presidencia de la Cámara enfrenta al conducir el trabajo legislativo, si no cuenta con el acuerdo de las fracciones que integran esta LVI Legislatura.
He aquí la convivencia de inercias, de mayorías y minorías, en la cual se mezcla el asambleísmo con el parlamentarismo y en la confusión se pierde la dimensión real de lo que es y lo que debe ser nuestro Congreso y el espacio periodístico destaca más de lo que uno de nuestros compañeros apuntó como surtidor de frivolidades, de trivialidades y de escándalos y es que en el fondo subsiste un problema de concepción sobre la actuación de minorías y mayorías frente al trabajo legislativo.
Indudablemente es el nuestro el foro de la pluralidad que enriquece las aportaciones a la vida democrática del país. Es la Cámara de Diputados articuladora de propuestas, denuncias, acuerdos, pero sobre todo ejerce facultades específicas y fundamentales para la conducción de la nación.
Al plantearnos la reforma del Estado, que pasa por la división de poderes, estamos empeñados en una reforma del Poder Legislativo que asuma a plenitud sus facultades y en este marco se acuerden formas que acoten tiempos y procedimientos que permitan un trabajo legislativo serio y eficaz.
Evitar descalificaciones a ultranza o prácticas de ideas a la fuerza en lugar de la fuerza de las ideas.
La autocrítica nos obliga a plantearnos cómo nos mira la sociedad y cómo debemos cumplir la función de representatividad que nos otorgó con su voto.
Los ejercicios discursivos, los monólogos paralelos, deben dar paso al debate serio, crítico y propositivo, sin embargo, las inercias son difíciles de vencer y aunque ya hemos avanzado nos falta mucho por construir para mejorar y dignificar nuestro trabajo legislativo.
Estoy segura que a las reuniones con secretarios de Estado para analizar el informe de gobierno, habrán de seguir mejores prácticas de mayor intercambio entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo que enriquezcan visiones y hagan más eficaz el trabajo que nos caracteriza.
Hago pues, una exhortación a todos los diputados, a las fracciones parlamentarias, para avanzar en la reforma del Poder Legislativo que nos proyecte hacia nuevas y mejores prácticas legislativas que nos permitan ejercer la responsabilidad otorgada por el sufragio.
Muchos de estos cambios están procesándose en la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, pero como se ha expresado, se hace camino al andar y es indudable que cambios y actitudes tienen quizá más trascendencia para impulsar las modificaciones de ley que la misma transformación de la norma. Así lo han demostrado muchos compañeros en esta legislatura.
Avancemos en recuperar el equilibrio de poderes con actitudes que dignifiquen la tradición republicana en nuestro Congreso, que cumplan con el espíritu del Constituyente y no sólo con la letra.
Agradezco a todos el habernos distinguido con su voto para conducir la mesa directiva en este mes de septiembre.
Creo que todos y cada uno de los integrantes de la misma hemos realizado nuestro esfuerzo para, en medio de alusiones personales, hechos y desechos, conducir sigilosamente a veces la sesión, pero siempre con rumbo y buenos términos los trabajos de esta Cámara.
Espero que este periodo resulte fructífero para la vida legislativa del Congreso en beneficio de la nación.
La vida parlamentaria no se agota en un periodo. Como parte de la LVI Legislatura, hago votos para que este órgano colegiado esté a la altura que enfrenta nuestra patria.
Muchas gracias.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Lorenzo Chávez Zavala:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
De la próxima sesión
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Martes 3 de octubre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y de San Luis Potosí.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXXV Aniversario de la Promulgación del Plan de San Luis, tendrá lugar el 5 de octubre a las 11:00 horas.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, los días del 9 al 13 de octubre de 1995 a fin de que efectúe una visita de Estado a los Estados Unidos de América.
Análisis del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta (a las 14:40 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes, 3 de octubre a las 10:00 horas.
| D.F. | Distrito Federal |
| Infonavit | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |