SUMARIO
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, para rectificar hechos.
Invitación al acto cívico conmemorativo del LXXXV aniversario de la Proclamación del Plan de San Luis. Se designa comisión.
Comunicación de ese cuerpo colegiado con la que informa de la elección de mesa directiva para el mes de octubre. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio del gobernador de esa institución con el que envía el informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de junio de 1995. Se turna a las comisiones de Hacienda y Credito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Raúl Héctor Castellano y Martínez Baez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el alcalde de la ciudad de Nueva Orleáns, Louisiana, Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández, pueda prestar sus servicios al gobierno de esa nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Ochoa Luna, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de esa nación en Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Benjamín Juárez Trueba, pueda presta sus servicios en la Embajada de ese país en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Castillejos Coutiño, pueda presta sus servicios en la agencia consular de la Embajada de esa nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio naclonal del 14 al 18 de octubre a fin de asistir a la V Reunión Cumbre Iberoarnericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en San Carlos Bariloche, Argentina.
Se dispensan los trámites y la Asamblea autoriza que la discusión se lleve a cabo en un solo acto, en conjunto con el siguiente dictamen.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 9 al 13 de octubre, para efectuar una visita de Estado a los Estados Unidos de America. Es de segunda lectura.
Para la discusión en lo general y en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados:
Luis Sánchez Aguilar
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Carlos Alfonso Reta Martinez
Adolfo Miguel Aguilar Zinser, quien hace una proposición que se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público.
Aprobados. Se turnan los proyectos de decreto al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Se somete a análisis el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y fundamentan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios los diputados:
Serafín Núñez Ramos
Ifigenia Martha Martínez Hernández
Eduardo Arias Aparicio
Jaime Mariano del Río Navarro
Se concede el uso de la palabra para discutir el mismo tema a los diputados:
Joaquín Humberto Vela Gonzalez
Eliseo Moyao Morales
Francisco Javier Santos Covarrubias
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Luis Sánchez Aguilar
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
Mara Nadiezhda Robles Villaseñor
Jorge Humberto Padilla Olvera
José Feliciano García Peraza
Raúl Alejandro Livas Vera
Gloria Sánchez Hernández
Francisco Patiño Cardona
Para hacer comentarios respecto al XXVII aniversario de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 se concede el uso de la palabra a los diputados:
Jaime Jesús Arceo Castro, quien solicita minuto de silencio.
Taide Aburto Torres
María Teresa Gomez Mont y Urueta
Salvador Pablo Martínez Della Rocca
Oscar González Yáñez
Javier González Garza, quien hace una proposición que se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El Presidente ordena que la version estenográfica del análisis se envíe al Poder Ejecutivo Federal para su conocimiento.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe, comenta el encarcelamiento del líder de dicha organización y hace diversas proposiciones que se turnan a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Derechos Humanos.
Expresan sus opiniones los diputados:
Marcelo Ramírez Ramírez
Rosa María Cabrera Lotfe, para contestar alusiones personales.
Rectifican hechos los diputados:
Marta Alvarado Castañón
Filemón Ramírez Pérez
Gloria Sánchez Hernández
El Presidente rectifica el trámite a la proposición del diputado González Garza y la turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica.
Para hablar del CCXXX aniversario del natalicio del Siervo de la Nación, pasan a la tribuna los diputados:
Froylán Velázquez Hernández
Guillermo Alejandro Gómez Vega
Conmemoran el VI aniversario luctuoso del ex candidato a la Presidencia de la República los diputados:
Alejandro Higuera Osuna
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalba, comenta carta publicada en diario capitalino dirigida al licenciado Colosio Murrieta.
Rectifican hechos los diputados:
Dionisio Eduardo Pérez Jácome
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Comentan la situación política en esa entidad los diputados:
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Efrén Nicolás Leyva Acevedo
Leticia Burgos Ochoa
Gabino Fernández Serna, para rectificar hechos.
Serafín Núñez Ramos
René Juárez Cisneros, para rectificar hechos.
María Teresa Cortez Cervantes
Rectifican hechos los diputados:
Mónica Gabriela Leñero Alvarez
Carlos Zeferino Torreblanca Galindo
Abel Eloy Velasco Velasco
Marcos Efrén Parra Gómez
Efrén Nicolás Leyva Acevedo
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Pablo Moreno Cota
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 340 diputados. Por lo tanto hay quorum.
El Presidente (a las 11:36 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Martes 3 de octubre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXXV aniversario de la Proclamación del Plan de San Luis, tendrá lugar el 5 de octubre a las 11:00 horas.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y de San Luis Potosí.
Para dar cumplimiento al artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, remite el informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de ejercicio comprendido del 1o. de enero al 30 de junio de 1995.
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Raúl Héctor Castellano y Martínez Báez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Internacional del Mérito, que le confiere el alcalde de la ciudad de Nueva Orleáns, Luisiana, Estados Unidos de América.
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Ochoa Luna, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia, en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández, para que pueda prestar servicios al Gobierno de Canadá.
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Benjamín Juárez Trueba, para que pueda prestar servicios como especialista en agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Castillejos Coutiño, para que pueda prestar servicios como chofer/mensajero en la agencia consular de la Embajada de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Proyecto de decreto que concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional los días del 14 al 18 de octubre de 1995, a fin de que asista a la V Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en San Carlos Bariloche, República de Argentina.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días del 9 al 13 de octubre de 1955, a fin de que efectúe una visita de Estado, a los Estados Unidos de América.
Análisis del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
Sobre el 2 de octubre de 1968, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Denuncia sobre el encarcelamiento del ciudadano César del Angel, a cargo de la ciudadano Rosa María Cabrera Lotfe, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el trabajo legislativo, a cargo del diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el CCXXX aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Froylán Velázquez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el aniversario luctuoso de Manuel J. Clouthier, a cargo del diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre la situación política en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto señor diputado.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):
Para rectificar hechos del orden del día.
El Presidente:
Tiene la palabra.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados:
He pedido la palabra para rectificar hechos relacionados con el orden del día porque la forma es el fondo, porque las últimas dos órdenes del día son una prueba fehaciente de la falta de respeto a la ciudadanía mexicana por parte de la conducción de esta Cámara de Diputados, están llenas de asuntos intrascendentes, están llenas de recalentado.
Es una vergüenza que mientras el país está cayendo en el desorden económico, es una vergüenza que mientras que el país no encuentra el camino para la reforma del Estado, es una vergüenza que mientras que siga habiendo estados como el de Guerrero, en donde el asesinato desgraciadamente no es noticia, en esta Cámara de Diputados sigamos matando el tiempo cuando se están matando decenas de mexicanos en estados desgobernados como el de Guerrero.
Hay 32 iniciativas de ley de la oposición tan sólo en este periodo que no han sido dictaminadas y duermen el sueño de los justos en la congeladora. Hay más de 100 iniciativas de legislaturas anteriores que no han sido dictaminadas, tal parece que en este país hay legisladores de primera, de segunda y de tercera clase. Hay un legislador de primera clase, el que manda iniciativas cuando le dé su gana, siempre son de urgente y obvia resolución y siempre son aprobadas, nunca congeladas. Todos sabemos quién es, ese único legislador de primera clase en el país.
Luego hay legisladores de segunda clase, los legisladores de la mayoría. Ellos pueden acelerar el ritmo en que se toman las decisiones. Los legisladores de segunda clase pueden hacer que sus iniciativas sí sean tratadas aquí en la tribuna.
Y habemos los legisladores de tercera clase, los legisladores de la oposición. Hay asuntos como el auténtico federalismo fiscal, las propuestas de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la ley que establece el derecho de las personas físicas a modificar sus adeudos mercantiles. Todos ellos relacionados con problemas álgidos que vive el país en este momento y, que sin embargo, no han recibido el privilegio de ser tratados en un orden del día. Vamos a discutir el Plan Nacional de Desarrollo cuando ya fue aprobado.
Esto, discúlpenme compañeras y compañeros, discúlpeme señor Presidente, esto es una falta de respeto al país. Duramos todo el mes de septiembre discutiendo lo que hace el Ejecutivo, sin ninguna posibilidad de modificar en un ápice sus planes económicos o sus planes de reforma política.
Nada más en dietas se pagaron durante el mes de septiembre más de 11 millones de nuevos pesos y díganme de qué le sirvieron a la ciudadanía de este país nuestras discusiones, cuando el Ejecutivo sigue empeñado en el rumbo que le ha dado a esta nación.
Compañeras y compañeros, este Poder Legislativo tiene que dignificarse. Ha dado muestras de que puede marchar por ese camino. La actuación de la Cocopa en Chiapas estas últimas semanas, los dictámenes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, algunas pocas participaciones incluso de la mayoría y la crítica y la glosa al informe.
Ese es el camino de la dignificación del Poder Legislativo. Es triste el espectáculo de estar discutiendo sobre recalentados y estar perdiendo el tiempo en ver si la medalla fulana de tal país se le dará a tal ciudadano, compañeras y compañeros.
Dignifiquemos el Poder Legislativo, traigamos a discutir aquí los dictámenes de ley que la ciudadanía está esperando. No nos convirtamos en unos legisladores y legisladoras apoltronados en nuestras curules mientras el país está a punto de deshacerse.
Yo quiero hacer una llamada a todos ustedes, compañeros. Quiero hacer una llamada y es una alusión personal al compañero Roque Villanueva, para que él como líder de esta Cámara tome el liderazgo en una práctica de dignificación del Poder Legislativo. Yo me opongo, en lo personal, a esta agenda, porque me siento que es una ofensa al pueblo de México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría.
ACTA DE LA SESION ANTEROR
El secretario Agustín Torres Delgado:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia de la diputada
María del Rosario Elena Guerra
Díaz
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con ocho minutos, con una asistencia registrada de doscientos setenta y tres diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Campeche y de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Se recibe y se turna a la Comisión de Energéticos, la iniciativa de Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que envía el Poder Ejecutivo Federal.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que comunica que los ciudadanos:
Gloria Olivera de Vera y Héctor Alberto Benavides Páramo, dejaron de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales del Senado de la República, para su conocimiento.
Hace uso de la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional, quien solicita que se solicite a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que dictamine sobre una iniciativa de su grupo parlamentario y presente ese documento el cinco de octubre de este mismo año. La Presidenta hace la excitativa conducente.
Se da primera lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional del nueve al trece de octubre para efectuar una visita de Estado a los Estados Unidos de América.
Durante el homenaje luctuoso al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, hacen uso de la palabra los diputados: Netzahualcóyotl de la Vega García, del Partido Revolucionario Institucional; Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática y José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional.
Para referirse a las investigaciones sobre el crimen cometido contra el mismo licenciado Ruiz Massieu, suben a la tribuna los diputados Leonel Godoy Rangel y Carlos Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido y acepta interpelaciones de los diputados Navarrete Ruiz y Godoy Rangel; para rectificar hechos los diputados: René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio y Serafín Núñez Ramos, del Partido del Trabajo.
Se realiza la elección de mesa directiva para el mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco y después de realizado el escrutinio y cómputo correspondientes resulta la ganadora la planilla integrada por los diputados Pablo Moreno Cota, como presidente; Adolfo Ramón Flores Rodríguez, Jorge Urdapilleta Núñez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y Serafín Núñez Ramos, como vicepresidentes; Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Agustín Torres Delgado, Francisco Martínez Rivera y Leticia Calzada Gómez, como secretarios y, Joaquín Rodríguez Lugo, Claudio Manuel Coello Herrera, Alicia González Cerecedo y Eduardo Guzmán Ortiz, como prosecretarios, por trescientos seis votos.
Para hacer comentarios sobre hechos en Tepoztlán, Morelos, hacen uso de la palabra los diputados: Adolfo Miguel Aguilar Zinser, del Partido de la Revolución Democrática; Marta Alvarado Castañón, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Jorge Armando Meade Ocaranza, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y Jesús Antonio Tallabs Ortega, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido.
La Presidenta hace un resumen de los trabajos de su mandato.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las catorce horas con cuarenta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»
Está a discusión el acta...
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie (desde su curul):
Señor Presidente:
En el acta, en la intervención del diputado Eduardo Arias, se menciona que hace una excitativa, siendo que él en la tribuna aclaró expresamente que no era excitativa sino que se emplazara a la Comisión de Presupuesto para dictaminar la iniciativa. Pido, consecuentemente, que se corrija el acta.
El Presidente:
Se toma nota, señor diputado, para los efectos correspondientes.
El secretario Agustín Torres Delgado:
No habiendo otro diputado que haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
La secretaria María Leticia Calzada Gómez:
«Ciudadano diputado Pablo Moreno Cota, presidente de la Cámara de Diputados.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXXV aniversario de la proclamación del Plan de San Luis, que tendrá lugar en el monumento a la Revolución Mexicana, ubicado en Plaza de la República, delegación Cuauhtémoc, el día jueves 5 de octubre a las 11:00 horas.
Por tal motivo me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural.- Licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Cámara de Diputados se designa a los siguientes diputados: Víctor Manuel Alvarez Trasviña, Jorge Humberto Gómez García, Gloria Sánchez Hernández y Oscar González Yáñez.
CAMARA DE SENADORES
El secretario Francisco Martínez Rivera:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora tenemos el honor de comunicar a ustedes que en sesión pública, celebrada en esta fecha, se eligió la mesa directiva que funcionará durante el segundo mes del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura.
Presidente: Eugenio Ruiz Orozco; vicepresidentes: Rosendo Villarreal Dávila, Félix Salgado Macedonio; secretarios: Mauricio Valdés Rodríguez, Manuel Medellín Milán, Pedro Macías de Lara, Auldarico Hernández Gerónimo; prosecretarios: José Godoy Hernández, Emma Mondragón Navarrete, Manuel López Avila y Ricardo González Cruz.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- senadores: Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE CAMPECHE
El secretario Claudio Manuel Coello Herrera:
«Escudo del Estado.- Poder Legislativo.- Campeche.- LV Legislatura.
Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes que en sesión previa fueron electos el presidente, vicepresidente de la directiva del mes de octubre, así como los secretarios que funcionarán durante todo el primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, que comprende del 1o. de octubre al 31 de diciembre del presente año, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente: Eleazar Cámara Rivero; vicepresidente: Víctor Ramón Castro Fuentes; secretarios: Vicente Castellot Castro y Marta Irene Novelo Lara.
Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, 21 de septiembre de 1995.- Diputados: Vicente Castellot Castro y Marta Irene Novelo Lara, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
La secretaria Alicia González Cerecedo:
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado Libre y Soberano.- San Luis Potosí.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Nos permitimos comunicar a ustedes que con fecha 15 de septiembre del presente año, la LIV Legislatura del Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, abrió el primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de su ejercicio legal. Habiendo quedado integrada su mesa directiva de la siguiente manera:
Presidente: Miguel Angel Martínez Navarro; vicepresidentes: Rubén Martínez Gaytán, Bertha Galarza Regalado; secretarios: Eduardo Saucedo Sías, Alvaro Elías Loredo; prosecretarios: Joel Ramírez Díaz y Antonio Monsiváis Ramírez.
Al hacer de su conocimiento lo anterior le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
15 de septiembre de 1995.- Diputados: Eduardo Saucedo Sías y Alvaro Elías Loredo, secretarios.»
De enterado.
BANCO DE MEXICO
El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51, fracción ll de la Ley del Banco de México, envío a esa Cámara el informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 1995.
Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.
Atentamente.
México, D.F., a 27 de septiembre de 1995.- Miguel Mancera.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Agustín Torres Delgado:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Raúl Héctor Castellano y Martínez Báez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Internacional del Mérito, que le confiere el alcalde de la ciudad de Nueva Orleáns, Louisiana, Estados Unidos de América.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- senadores: Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Raúl Héctor Castellano y Martínez Báez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Internacional del Mérito, que le confiere el alcalde de la ciudad de Nueva Orleáns, Louisiana, Estados Unidos de América.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- Senadores: Eloy Cantú Segovia, presidente; Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995. El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CANADA
La secretaria María Leticia Calzada Gómez:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández, para que pueda prestar sus servicios al Gobierno de Canadá.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 28 de septiembre de 1995.- senadores: Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández, para que pueda prestar sus servicios al Gobierno de Canadá.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- Senadores: Eloy Cantú Segovia, presidente; Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA DE COLOMBIA
El secretario Francisco Martínez Rivera:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Ochoa Luna, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de septiembre de 1995. Senadores Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Juan Ochoa Luna, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- Senadores: Eloy Cantú Segovia, presidente; Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario Francisco Martínez Rivera:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta de proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Benjamín Juárez Trueba, para que pueda prestar sus servicios como especialista en agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- Senadores: Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Benjamín Juárez Trueba, para que pueda prestar sus servicios como especialista en agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- Senadores: Eloy Cantú Segovia, presidente; Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995-. El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El secretario Claudio Manuel Coello Herrera:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta de proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Castillejos Coutiño, para que pueda prestar sus servicios como chofermensajero en la agencia consular de la Embajada de los Estados Unidos de América en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- Senadores: Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Castillejos Coutiño, para que pueda prestar sus servicios como chofermensajero en la agencia consular de la Embajada de los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- Senadores: Eloy Cantú Segovia, presidente; Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PERMISO PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
La secretaria Alicia González Cerecedo:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional los días 14 al 18 de octubre de 1995, a fin de que asista a la V Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en San Carlos Bariloche, República de Argentina.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- Senadores: Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional los días 14 al 18 de octubre de 1995, a fin de que asista a la V Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en San Carlos Bariloche, República de Argentina.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- Senadores: Eloy Cantú Segovia, presidente; Sonia Alcántara Magos y Enrique Franco Muñoz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
El Presidente:
De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría, consulte a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
La secretaria Alicia González Cerecedo:
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensan todos los trámites.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza la discusión de que este decreto se realice en conjunto con el decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, a fin de que efectúe una visita de Estado a los Estados Unidos de América.
La secretaria Alicia González Cerecedo:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se autoriza que la discusión de este decreto se realice en conjunto con el decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, a fin de que efectúe una visita de Estado a los Estados Unidos de América.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza que la discusión de los dos decretos se realice en un solo acto.
El Presidente:
Se reserva para su votación nominal en conjunto.
El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:
«Escudo Nacional.- LVI Legislatura.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto del Senado de la República, concediendo autorización al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 9 al 13 de octubre de 1995, a fin de que efectúe una visita de Estado a los Estados Unidos de América.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la referida minuta, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
1o. Con fecha 25 del presente mes la Secretaría de Gobernación hizo llegar a la Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto por el que el titular del Poder Ejecutivo solicita permiso para ausentarse del país del 9 al 13 de octubre de 1995.
2o. La iniciativa de referencia fue hecha del conocimiento del pleno del Senado de la República el día 26 de los corrientes, acordándose la dispensa de todos los trámites reglamentarios y, sin discusión alguna, la solicitud fue aprobada por voto unánime de los 102 senadores presentes, disponiéndose en consecuencia su envío a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
3o. La minuta con proyecto de decreto aprobada fue a su vez presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del propio día 26 de los corrientes, ordenando la Presidencia de la mesa directiva el siguiente trámite: "Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales".
4o. Esta comisión, en base a lo dispuesto por los artículos 42, 43, 48 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 57, 65, 87, 88, 93 y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedió a estudiar el expediente integrado y, en consecuencia, se permite sustentar su dictamen bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
1o. Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, fracción X, constituye una de las facultades y obligaciones del presidente dirigir la política exterior del país de acuerdo a los principios normativos que en el propio precepto se contienen.
2o. La iniciativa con proyecto de decreto por la cual solicita permiso el Presidente de la República, para ausentarse del territorio nacional, del 9 al 13 de octubre próximo, conlleva el objetivo de hacer posible que el titular del Ejecutivo realice una visita de Estado a los Estados Unidos de América, atendiendo a la invitación que para ese efecto le formuló el presidente de los Estados Unidos de América, señor William Clinton.
3o. Es evidente que un viaje con tal propósito corresponde a las prácticas diplomáticas tradicionales de nuestra política exterior y tiene el objetivo fundamental de contribuir a impulsar los intereses de nuestra nación frente al principal socio económico y comercial de México, así como a fortalecer los vínculos de amistad y cooperación con el país vecino.
4o. Como el Presidente de la República afirma en su solicitud, el fortalecimiento de la soberanía y de la seguridad nacionales constituyen prioridad indiscutible y objetivo principal de la política exterior, que por la importancia estratégica de los Estados Unidos de América, adquiere particular relevancia en términos de favorecer el mantenimiento de una relación respetuosa, justa y de beneficio mutuo entre ambas naciones.
5o. El viaje del señor Presidente constituirá asimismo una oportunidad propicia para difundir los esfuerzos que el pueblo y el Gobierno de México han venido desplegando en los últimos meses, para enfrentar y resolver los problemas derivados de la crisis financiera y de la necesidad de mejorar nuestras condiciones de desarrollo social y avance democrático.
6o. El señor presidente Ernesto Zedillo se ha permitido puntualizar una serie de objetivos específicos de la visita propuesta, de los que resalta la necesidad de mantener una comunicación directa y franca con el presidente Clinton, con quien ha habido ya oportunidad de sostener previas entrevistas en los últimos meses; informar a la administración y al Congreso norteamericano de los resultados y avances que se han logrado, tanto respecto a los problemas que nos han afectado como en los múltiples ámbitos de la cooperación bilateral entre México y los Estados Unidos de América; ratificar el compromiso inquebrantable del Gobierno en la protección de los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos, e impulsar en lo general un mejor conocimiento de la realidad mexicana en los diversos sectores de la opinión pública estadounidense.
7o. Esta comisión advierte y es de resaltarse, que la solicitud de autorización del señor Presidente de la República es congruente también con los programas y acciones contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 19952000, en el que se advierte que las naciones de América del Norte, y particularmente los Estados Unidos de América, son nuestros principales socios económicos, de lo que deriva un interés estratégico recíproco; por ello debe asegurarse una fluida y respetuosa cooperación en todos los ámbitos de las relaciones y disminuir los riesgos que conlleva la intensidad de los intercambios.
8o. Como el Plan Nacional de Desarrollo postula, con los Estados Unidos de América se buscará llegar a un nuevo entendimiento que articule y promueva nuestros intereses frente a esa nación. Para ese fin se procurará fortalecer las consultas de alto nivel sobre asuntos bilaterales y mundiales; ampliar la cooperación financiera, comercial, científica y tecnológica; enfrentar de manera efectiva el tráfico de drogas, de armas, de personas y ampliar los mecanismos para la protección ambiental; dar respuesta a las demandas de las poblaciones fronterizas, sobre todo en términos de seguridad pública y fortalecer y extender el intercambio y el conocimiento de las culturas de las dos naciones.
9o. Es actitud compartida por los miembros de la comisión que dictamina velar porque en la cooperación con los Estados Unidos se preserve siempre la soberanía del Estado mexicano, tanto por lo que hace al imperio de nuestra ley en territorio nacional como en las políticas internacionales que deberán responder a los intereses de nuestro país; asegurarnos de los beneficios que deriven del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y garantizar la capacidad del Estado mexicano para definir en todo tiempo los términos de la actividad económica, publica y privada, nacional y extranjera, en nuestro territorio.
10. Por lo anterior y en atención a las diversas consideraciones que se han expuesto, esta comisión estima que la visita del señor presidente Ernesto Zedillo a los Estados Unidos de América contribuirá de manera positiva al fortalecimiento de nuestra relación bilateral y a reforzar la imagen de nuestro país en la nación vecina, por lo que se permite proponer a la consideración de este pleno el presente dictamen que contiene el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 9 al 13 de octubre de 1995, a fin de que efectúe una visita de Estado a los Estados Unidos de América.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- México, D.F., 28 de septiembre de 1995.- Por la comisión: diputados Dionisio E. Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar y José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, Isidro Muñoz Rivera, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
En consecuencia están a discusión en lo general y en lo particular los proyectos de decreto.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, de los proyectos de decreto, los siguientes diputados: Luis Sánchez Aguilar, Cuauhtémoc Sandoval y Carlos Reta Martínez.
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales hoy no hizo bien la tarea. En siete fojas no precisamente útiles y nueve considerandos, con débil argumentación pretende convencer a esta honorable soberanía de las razones por las cuales deberíamos autorizar al encargado del Ejecutivo, ir de viaje a Estados Unidos del 9 al 13 del presente.
La fracción Social Demócrata considera preciso rechazar este dictamen porque no aporta razonamientos congruentes y de Estado, que justifiquen, valga la redundancia, el pretendido presunto viaje de Estado del señor Zedillo.
Al señor Zedillo lo va a usar Bill Clinton políticamente en un pleito electoral en donde están ya presentes los contendientes: el general Collin Powell, el líder de la Cámara Newt Gingrich, el senador Dole, el enemigo del TLC Ross Perot y Clinton, desde luego y, al señor Zedillo se le pretende presentar como el ejemplo de la pagatoria, como el paradigma del buen cumplidor de los acuerdos transnacionales, que permiten pagar una y otra vez una deuda externa injusta, cuando no se atienden las necesidades del pueblo.
Dice el documento de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: "la obligación del Presidente de la República es dirigir la política exterior" y desde luego no la de andar de embajador itinerante; el señor Zedillo debe dirigir la política exterior y puede enviar a sus emisarios a Washington a informar de la pagatoria.
Dice en el considerando 2o.: "que ha sido invitado por parte de Clinton" y como Zedillo aceptó anteriormente la invitación a la Cumbre de las Américas, en diciembre de 1994, como consecuencia debería presentarse ahora nuevamente en aquel país, para que así se mejore, no habría otro argumento, la balanza turística de los Estados Unidos.
Dice en el considerando 3o.: "que el viaje es para contribuir a impulsar los intereses de nuestra nación frente al principal socio económico y comercial". Ocurrirá exactamente lo contrario: se van a promover los intereses de los Estados Unidos por encima de los intereses nacionales y en todo caso si de impulsar se tratare los intereses mexicanos, bien podría el señor Zedillo encomendar tal tarea a los señores Gurría, Herminio Blanco, Miguel Mancera, al embajador Silva, para que desquiten el sueldo.
En el considerando 4o., nos dice la Comisión de Gobernación: "que es para fortalecer la soberanía y la seguridad de la nación". Este considerando es verdaderamente asombroso. ¡Para fortalecer la soberanía y la seguridad de la nación, más le valdría al señor Zedillo Ponce de León convocar aquí a su gabinete de seguridad nacional, con el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina, el Secretario de Gobernación, para defendernos de los embates que el imperialismo le dirige, le endereza a nuestro país! ¡Nos acaban de imponer la repatriación forzada de los deportados:
Considerando 5o.: dice la comisión que el viaje es conveniente para "aprovechar una oportunidad propicia para difundir los esfuerzos que el pueblo y Gobierno de México han venido desplegando en los últimos meses". Habráse visto semejante despropósito. ¡Vamos a informar, como dijera el cínico dirigente del Fondo Monetario Internacional, que no hay país en el mundo, entiéndase gobierno, capaz de aguantar el plan de shock que nos fue impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a cambio de la línea de crédito de 50 mil millones de dólares:
Considerando 6o.: dice que es conveniente para cumplir y puntualizar la serie de objetivos específicos y para informar al Congreso de los resultados y avances, se supone, del préstamo de los 50 mil millones de dólares. Aquí, compañeras y compañeros diputados, se nos quiere tomar el pelo, repito, se dice que es para informar al Congreso y es el caso que un cable fechado en Washington el 28 de septiembre, dice que durante su visita a Estados Unidos el presidente Zedillo no será invitado a una sesión solemne del Congreso estadounidense y que esto es la primera vez que ocurre en más de un cuarto de siglo.
¡Han humillado a Zedillo Ponce de León. Hasta a Miguel de la Madrid, aurea mediocritas, se le concedió dicho privilegio! Desde Miguel Alemán a la fecha prácticamente todos fueron invitados al Congreso. Que no se nos venga entonces a decir que ésta es una pomposa visita de Estado a máximo nivel, a máxima plenitud, cuando el encargado del Ejecutivo Federal no recibió la invitación para comparecer al Congreso para informar, lo cual ya sería discutible.
Considerando 7o. Dice la comisión que es para "asegurar una fluida y respetuosa cooperación con los Estados Unidos". Pensamos nosotros que para ello tampoco es necesario que el señor Zedillo haga un viaje; esto podría ser realizado por los señores Gurría, Blanco, Ortiz, Mancera, Salomón Cámara.
Considerando 8o.: "para fortalecer consultas de alto nivel, el señor Zedillo debe ir a los Estados Unidos". Nuevamente señalamos que para eso pueden concurrir múltiples de los integrantes del gabinete; el embajador y además bien podría informar por carta o por teléfono o por fax o por celular. Estamos en la edad de la informática y no se justifica la autorización con base en estos argumentos.
Se entiende, desde luego, que el señor Zedillo esté dispuesto a complacer a Clinton en un acto de gratitud en el periodo preelectoral norteamericano. Es hombre agradecido, pero no puede estar por encima de los intereses de la nación mexicana el agradecimiento particular del señor Zedillo, porque fue salvado de la crisis, aparentemente, por su amigo Clinton.
Por todas esas razones consideramos que no se trata precisamente de ir a fortalecer la independencia y soberanía de la nación, sino de ir a comprometerla aún más; que no se trata de ir a consultar ni siquiera a informar, sino a recibir instrucciones de los jefes. Por todo ello esta solicitud y su dictamen correspondiente son en la forma inoportunos y en el fondo carentes de materia. Es evidente que el señor Zedillo Ponce de León corre el riesgo de ser usado en un momento crítico de la política norteamericana para su propio juego electoral y es evidente que no se pretende ni se podría sacar de tal viaje una mayor independencia y soberanía para el pueblo de México.
Por lo anterior la fracción Social Demócrata propone que se regrese a comisiones dicho dictamen, a fin de que sus integrantes encuentren mejores argumentos; caso contrario esta fracción Social Demócrata no autoriza al encargado del Ejecutivo para ausentarse del territorio nacional del 9 al 13 de los corrientes.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Compañeras y compañeros legisladores:
El día de hoy vamos a analizar, a discutir los dos proyectos de decreto mediante los cuales se autoriza al doctor Ernesto Zedillo, realizar dos visitas al extranjero del 9 al 18 de este mes.
En primer lugar hay que decir que en aras de la dignificación de este Poder Legislativo necesitamos demandarles a Los Pinos, a la oficina de la presidencia, que no nos envíen dos hojitas, tres hojas, escuetas, simples, llanas, en las cuales hay un conjunto de lugares comunes, en las cuales hay exposiciones muy magras sobre los objetivos de la visita.
Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que no nos manden estos escuetos proyectos de decreto y además demandarles también que haya un poco de coherencia en los planteamientos que se han hecho y luego demandarle a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que no desvirtúen las dos hojitas que le manda Los Pinos.
Voy a entrar a analizar en primer lugar el viaje del doctor Zedillo a los Estados Unidos; un antecedente inmediato son las relaciones bilaterales que se establecieron por los presidentes de los Estados Unidos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Es preciso recordar que por primera vez en la historia de las relaciones México-Estados Unidos hubo 12 encuentros entre Salinas y Bush y Clinton y de esas 12 veces 11 fueron en territorio de los Estados Unidos y sólo una vez de pasadita en Monterrey, en Agualeguas, por cierto que en ocasión de que fue a Agualeguas se construyó un aeropuerto internacional que ahora ha sido denunciado como una de las narcopistas.
Y esto, compañeras y compañeros, durante el salinato no hubo la reciprocidad que debe establecerse en las visitas entre jefes de Estado; lo que expresa una enorme asimetría y no se compadece con la afirmación que está en la exposición de motivos de que las relaciones entre México y Estados Unidos se han llevado con un trato respetuoso, justo y de beneficio mutuo.
Y no cometer tampoco, debiéramos tomar en cuenta la relación de Salinas con Estados Unidos, algunos excesos que se dieron enormes durante su gestión, me refiero a que Salinas apostó a la reelección de George Bush y solamente voy a dar dos elementos: realizó una visita a San Diego, California, el 14 de julio de 1992, para ver el juego de las estrellas con George Bush en el estadio de Los Padres de San Diego, el mismo día en que se estaba celebrando la convención demócrata en Nueva York y se estaba lanzando al señor Clinton como candidato a la presidencia.
Posteriormente, el 16 de agosto, en Austin, Texas, se hizo la rubricación del Tratado de Libre Comercio dos días antes de que empezara la convención republicana en Houston, Texas y tan fue un acto electoral que la entonces gobernadora Anne Richard no fue a este acto supuestamente oficial.
A diferencia de Salinas de Gortari, que empezó su sexenio con el famoso espíritu de Houston en su encuentro con George Bush, hoy Ernesto Zedillo plantea en su exposición de motivos que ahora las relaciones con Estados Unidos deben darse en el marco de un nuevo entendimiento y él mismo pone comillas. ¿Cuál es ese nuevo entendimiento con los Estados Unidos que plantea la nueva administración.
Dice él: "un nuevo entendimiento que articule y promueva los intereses de México frente a esa nación". Más adelante agrega que han sido tres las entrevistas que ha sostenido con Clinton en menos de un año o sea que le puede ganar a Salinas en sus encuentros con los presidentes de los Estados Unidos.
Dice Zedillo que: "pretendo llevar un mensaje objetivo y actualizado a la administración y al Congreso de los Estados Unidos",... ya se ha dicho aquí que es falso y por primera vez es un hecho negativo el que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no hable ante una sesión conjunta de las dos cámaras y la diplomacia mexicana se haya tenido que aguantar sólo un lunch con los líderes del Congreso.
Dice Zedillo: "un mensaje objetivo y actualizado a la administración y al Congreso de los Estados Unidos, a la comunidad empresarial y financiera y a los medios de comunicación respecto de los resultados concretos", dice Zedillo, "que se han logrado en la solución de los principales problemas que enfrenta México"; más adelante dice que: "se fortalecerá la imagen de México en ese país".
No voy a entrar a discutir este tema de la imagen, ¿cuál es la imagen de México en Estados Unidos?.. porque esto ya lo discutimos la vez pasada en la comparecencia de Gurría. El decía que hay partidos de la oposición que se dedican a difundir una mala imagen de México o sea que denunciar a Figueroa y a Madrazo eso es difundir mala imagen; la mala imagen son ellos.
Dice Zedillo que va a presentar los resultados concretos y yo digo ¿Cuáles son los resultados concretos que va a ir a decir? El decrecimiento de la economía que ha llevado a un 5.8% del producto interno bruto en el primer semestre de 1995; hay que recordar que en el primer trimestre hubo el decrecimiento del 0.6% y en el segundo trimestre un decrecimiento del 10.5% que balanceado da este 5.8% del producto interno bruto. Va a... un resultado concreto es el prepago anticipado de 1 mil millones de dólares de la línea crediticia estadounidense.
Aún más: en el análisis de la minuta que remitió el Senado, don Dionisio Pérez Jácome dice en su proyecto de análisis de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le agrega cosas y dice: "esa actitud compartida por los miembros de la comisión...", pues ni siquiera es una actitud compartida porque no tiene unanimidad ahí, entonces es falso.
Dice: "asegurarnos de los beneficios que deriven del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y garantizar la capacidad del Estado mexicano para definir" etcétera. ¿De dónde saca Dionisio Pérez Jácome que los miembros de la comisión se van a asegurar de los beneficios del TLC.
Me parece que efectivamente uno de los temas a discusión que hay hoy en los Estados Unidos es la vigencia o no del Tratado de Libre Comercio. En su primer año, el tratado, en 1994 el TLC reportó un déficit para México en cuenta comercial de 5 mil millones de dólares, que se basó fundamentalmente en un tipo de cambio sobrevaluado; en 1995, con crisis y devaluación, hay un superávit comercial de casi 10 mil millones de dólares. Aquí hay una primera conclusión: las exportaciones mexicanas no han sido el motor del crecimiento económico, más bien al revés, la caída de la economía está siendo el principal promotor de las exportaciones. En cuanto empiece a crecer la economía mexicana, las exportaciones se van a reducir y las importaciones van a volver a expandirse, en la medida en que la producción nacional requiere de insumos importados y también aumenta el consumo de la gente, en el marco de una economía abierta.
Nos prometieron crecimiento y estabilidad y de que íbamos a insertarnos en el mercado más grande del mundo, pero lo real es que no somos competitivos. En aras de un ilimitado libre comercio y de un libre mercado, ahora no hay mercado, o sea, nos comimos a la gallina de los huevos de oro.
Hoy hay voces en los Estados Unidos que plantean que de mantenerse este déficit comercial, ellos deberían retirarse del TLC.
El Tratado de Libre Comercio, en sentido estricto de lo firmado, es un tratado de libre comercio y de inversión. Está claro que fueron capitales especulativos de corto plazo los que contribuyeron a la devaluación de nuestra moneda. Hubo necesidad de una intervención del Gobierno de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, del BIRF, para garantizar la liquidez de la economía mexicana. Una segunda conclusión es que no se soportó el libre flujo de capitales.
El 4 de septiembre pasado, en Quito, Ernesto Zedillo planteó la necesidad de implantar un sistema de alerta temprana que permita hacer frente a la volatilidad de los capitales. Hace unos días, el 28 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller Gurría reconoció que la crisis mexicana evidenció la vulnerabilidad del sistema financiero internacional. Una tercera conclusión es que se necesitan mecanismos de regulación del flujo de capitales o sea, se requiere una profunda readecuación del moribundo Tratado de Libre Comercio MéxicoEstados Unidos-Canadá.
Otro tema complicado que va a saltar ahora en la visita de Ernesto Zedillo a Washington, es el tema migratorio. Tanto los demócratas como los republicanos van a hacer del tema migratorio uno de los temas centrales de la campaña electoral. En lo que va de 1995, con la Operación Guardián, el servicio de inmigración y naturalización ha deportado a 400 mil indocumentados, de los cuales el 95% son mexicanos; sólo en la semana pasada detuvieron a 4 mil indocumentados en estados no fronterizos.
En el Congreso de los Estados Unidos hay ahora 35 iniciativas de ley para limitar la inmigración, que aumentará los requisitos para obtener visa, así como para reducir la reunificación de las familias de los 2 millones de mexicanos que se legalizaron en 1986.
Por cierto, y esto es un tema que no debe pasar desapercibido, acaba de terminar en Washington la reunión del grupo de trabajo sobre migración y asuntos consulares de la Comisión Binacional México-Estados Unidos. La anterior se realizó en Zacatecas, México, el 14 de febrero de este año. En ambas reuniones de la Comisión Binacional Sobre Temas Migratorios, las presidió un subsecretario de Relaciones Exteriores de nombre Juan Rebolledo Gout. Este señor, por cierto, no tiene ninguna experiencia en asuntos diplomáticos y llegó ahí de subsecretario por haber sido empleado de Salinas y de José Córdoba Montoya.
En las dos reuniones sobre migración de la Comisión Binacional se han hecho concesiones inaceptables. Ahora se aceptó el programa de la "deportación voluntaria". Esto quiere decir que se van a deportar voluntariamente a los guerrerenses directamente hasta Guerrero a los sinaloenses a su Estado etcétera.
Esta es una concesión inaceptable que este Congreso de los Estados Unidos Mexicanos esta Cámara de Diputados debe rechazar con toda energía.
También durante la visita de Ernesto Zedillo se van a discutir otros asuntos; el paquete financiero; el tema del narcotráfico que por el tiempo no los voy a abordar. En suma, la visita de Ernesto Zedillo Ponce de León se da a los Estados Unidos, se da en el marco de una difícil relación bilateral y de una coyuntura política en los estados muy complicados.
A nuestro juicio, a juicio de la fracción parlamentaria del PRD es una visita inoportuna e innecesaria en la que las concesiones que se están haciendo son mayores a las ventajas que se puedan obtener y en las que Ernesto Zedillo Ponce de León puede salir raspado, como decía un columnista de una revista semanal. Su visita puede ser utilizada en el marco de los afanes reeleccionistas de Clinton y sentarlo en el banquillo de los acusados por la derecha norteamericana.
No podemos, por lo tanto, avalar con nuestro voto esta visita cuyos objetivos no están claramente definidos. Es preciso que a su regreso el Ejecutivo Federal por voz del Secretario de Relaciones Exteriores comparezca ante esta Cámara de Diputados, ante las comisiones respectivas a fin de que esta soberanía conozca el resultado de los temas tratados.
En relación a la visita del doctor Zedillo a la V Cumbre Iberoamericana en Bariloche, Argentina, a juicio del PRD estas cinco reuniones, la primera en Guadalajara, la segunda en Madrid, la tercera en Bahía, la cuarta en Cartagena de Indias y ahora en Bariloche, se están convirtiendo en reuniones rutinarias donde está ausente un proyecto político.
Estas reuniones iberoamericanas se han realizado en el marco de las celebraciones de los 500 años de la Conquista de América y sólo se ha puesto el énfasis en el tema de educación y cultura. En general las resoluciones no se concretan en nada y no hay ninguna repercusión en las relaciones internacionales de nuestro continente.
Lo fundamental en América latina, es que somos la única región que no tiene su organización política propia. Mientras en Africa existe la Organización de la Unidad Africana, en Europa la Unión Europea, en Asia la ANSIAN, en América latina no tenemos una organización política propia.
Diversas voces en América latina se han planteado la constitución de la Comunidad Latinoamericana de Naciones, la cual fue una idea planteada por el parlamento latinoamericano en la Reunión de Jefes de Estado del Grupo de Río en diciembre de 1991 en Cartagena de Indias.
La Comunidad Latinoamericana de Naciones tendría su parlamento latinoamericano, elegido por votación universal, directa y secreta, con una proporcionalidad atemperada y tendría como objetivo básico lograr la integración latinoamericana, así como una concertación regional dirigida a obtener mayor influencia en las relaciones económicas internacionales de los países latinoamericanos.
El 4 de septiembre pasado, en la Reunión de Quito del Grupo de Río, el senador venezolano Humberto Schelly, presentó ya un proyecto de la Comunidad Latinoamericana de Naciones. Si existiera esta Comunidad Latinoamericana de Naciones, este tipo de reuniones iberoamericanas serían una especie de extensión hacia otros sectores y regiones. Ahora se carece de un proyecto específico para estas cumbres iberoamericanas; no nos sirve para tener relaciones estables con la Unión Europea, con Estados Unidos.
Por cierto que también en la exposición de motivos hay una serie de barbaridades que se dicen, por ejemplo, dice en la página tres: "a partir de la Cumbre de Guadalajara, celebrada en 1991, la Conferencia Iberoamericana se ha perfilado como un espacio invaluable para consolidar un proceso histórico de entendimiento". Nada más falso, con España tenemos siglos en los cuales no hubo entendimiento, sino más bien enfrentamiento.
Dice: "es así que el tema central de la V Cumbre ofrece la oportunidad para fortalecer la identidad de la cultura iberoamericana". Yo no sé si exista la cultura, esa famosa identidad y luego dice: "estos foros de las cumbres iberoamericanas es un foro que rebasa la dinámica nortesur".
Fíjense nada más qué es lo que están diciendo estos señores de Los Pinos, no debiéramos aceptarles este tipo de planteamientos, debiéramos rechazar este tipo de barbaridades que se dicen aquí, porque debieran ser planteamientos totalmente distintos.
En función de estas consideraciones, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dará su voto en abstención a estas dos visitas.
Por último, nosotros sí quisiéramos plantear, porque lo hemos planteado cuando hemos discutido este tipo de cuestiones de la política exterior, que necesitamos en México una política exterior de consenso, una política exterior de Estado.
Este tema poco a poco ha vuelto a la discusión. El domingo pasado en un diario de circulación nacional el ex canciller Bernardo Sepúlveda, se refiere a la necesidad de que México abandone la diplomacia de la abstención, esta diplomacia en la cual no quiere hacer olas frente a la potencia norteamericana y se pronuncia porque México ingrese en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuestión que en febrero de 1992 fue denunciado por el ex canciller Jorge Castañeda y Alvarez de la Rosa.
Nosotros tenemos que hacer una discusión sobre estos temas de política exterior, sobre la base de buscar una política exterior de consenso, una política exterior de Estado que sirva al desarrollo democrático de nuestro país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Reta Martínez.
El diputado Carlos Alfonso Reta Martínez:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
México otorga la más alta prioridad a las relaciones con los países con los que comparte fronteras. Tenemos con los Estados Unidos de América más de 3 mil kilómetros de frontera, una de las más activas del mundo, alrededor de 300 millones de personas la cruzan legalmente cada año, por lo cual la relación bilateral representa complejos retos y oportunidades, pero también es fuente de tensiones y conflictos.
La proximidad con la primera economía del mundo ha multiplicado los intercambios comerciales, los flujos financieros y migratorios y la actividad turística.
Por razones geográficas e históricas, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y somos el tercer consumidor mundial de sus productos. Cada año 5 millones de estadounidenses vienen a México y se estima en 20 millones la población de origen mexicano que vive en ese país; se calcula que nuestros paisanos envían anualmente a sus familias en México, más de 4 mil millones de dólares.
A partir de estos factores, el carácter prioritario de nuestra relación es evidente y atraviesa en los tiempos actuales por un buen momento.
Los gobiernos de ambos países, en la rama ejecutiva, han venido trabajando en base a que las divergencias que surjan en algún asunto no afecten el resto de la agenda, ni incidan en los temas en donde prevalece el entendimiento.
Ello ha permitido establecer una relación cada vez más madura, consciente de las grandes diferencias entre los dos países y de los intereses soberanos de cada nación.
Debemos también reconocer que hay asuntos que son fuente permanente de fricciones, como son, entre otros, las discrepancias en los organismos multilaterales, el maltrato a los indocumentados mexicanos, la violencia en la línea fronteriza o la absurda pretensión de aplicar sus leyes fuera de sus fronteras.
La solicitud del Presidente de la República, Ernesto Zedillo, para que el Congreso de la Unión le otorgue la autorización constitucional para ausentarse del territorio nacional, con el objeto de hacer una visita de Estado a los Estados Unidos de América, debemos de considerarla dentro del desarrollo de una política exterior activa, que sustentada en principios históricos de probada vigencia, busca aprovechar para México las ventajas que ofrece el escenario internacional, así como desahogar una amplia agenda que abarca asuntos de interés fundamental para el futuro de la relación entre las dos naciones vecinas.
La práctica periódica del diálogo entre los presidentes de ambos países, ha contribuido a crear un ambiente positivo de cooperación entre los dos gobiernos, fincado en el respeto mutuo a las respectivas soberanías y a la identidad nacionales.
La creciente interacción entre México y Estados Unidos, ha vuelto más compleja la relación y el manejo de los asuntos de la agenda bilateral. Ello ha llevado a la multiplicación de actores en esta relación y al establecimiento de mecanismos de diálogo y negociación entre los que destacan las reuniones interparlamentarias las conferencias de gobernadores, las reuniones de alcaldes fronterizos, de hombres de negocios y, en los últimos años, de dirigentes de partidos políticos y de organizaciones no gubernamentales.
Destaca también la Comisión Binacional creada en 1981, que reúne periódicamente a integrantes de los gabinetes de ambos gobiernos, a fin de dar seguimiento permanente a los asuntos de la agenda bilateral.
Examinar de manera periódica el estado de la relación por parte de los presidentes de ambos países y dialogar sobre asuntos de la amplia agenda internacional que son de interés de las dos naciones, permite avanzar de manera significativa en el desahogo de la relación bilateral y en la adopción de programas específicos de cooperación.
Si bien es cierto que hay por parte de ambos gobiernos la voluntad de fomentar el entendimiento mutuo, fortaleciendo la cooperación bilateral e intensificando el diálogo para buscar soluciones aceptables a los múltiples problemas comunes, la visita del presidente Zedillo a Estados Unidos ocurre cuando en ese país surge en una coyuntura preelectoral un clima antiinmigrante de intolerancia, racismo y xenofobia que entraña graves peligros para las minorías étnicas, los trabajadores migratorios y las soberanías de otras naciones.
La lucha preelectoral en el vecino país se da así en un escenario de agresión a las personas de origen hispano cuando se construyen bardas en la frontera y se promueven leyes para excluirlos de los beneficios sociales.
En lo externo, las fuerzas más conservadoras del Congreso de los Estados Unidos, se han expresado en la Cámara de Representantes, violando el derecho internacional y los derechos soberanos de los estados nacionales al pretender la extraterritorialidad de sus leyes.
En todas estas cuestiones la posición del Gobierno mexicano ha sido de firme rechazo. Estados Unidos vive una paradoja, mientras que es uno de los países que va a la cabeza en crecimiento económico y reducción de la inflación, también es el que va al frente en la desigualdad de la distribución del ingreso y el bienestar.
Independientemente de otras consideraciones, lo anterior es terreno fértil, para que con dolo y mala fe se culpe de estas causas y de estos problemas a los inmigrantes de origen mexicano y a otras minorías raciales.
El encuentro presidencial permitirá abordar asuntos relevantes como los acuerdos financieros, la migración, el narcotráfico y el libre comercio. Estamos ciertos de que el presidente Zedillo los abordará con dignidad y firmeza, cuidando con energía el interés nacional.
A todos los mexicanos sin distingo de creencias y militancias, debe interesarnos tener con nuestros vecinos del norte una relación amistosa, fincada en la dignidad y el respeto mutuo y obtener a la vez en el ejercicio de nuestra soberanía y el interés nacionales, el mayor provecho de la solución de los complejos asuntos de la agenda bilateral.
Por ello, la Cámara de Diputados debería ofrecer al interior del país y al exterior, una muestra de madurez, de entendimiento y unidad, entre las fuerzas políticas, nacionales y el Presidente de la República, ya que se trata de cuidar y defender los más altos intereses del país.
Convoco a los diputados a reflexionar sobre ello y a asumir una postura razonada, responsable y nacionalista, que ojalá se traduzca en una expresión de confianza frente a aquellos congresistas y políticos de Estados Unidos, que engruesan su clientela electoral, utilizando como chivo expiatorio a nuestro país.
Señoras y señores diputados, les pido su aprobación al decreto que concede autorización al presidente Zedillo, para ausentarse del territorio nacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para presentar una propuesta sobre este tema se concede el uso de la palabra al diputado Adolfo Aguilar Zinser.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Muchas gracias señor Presidente:
Es indudable que la visita de Estado que hará el Presidente de la República a la ciudad de Washington y sus encuentros con las altas autoridades y representantes del gobierno de Estados Unidos, no es un encuentro protocolario, se produce en condiciones excepcionales para el país, ésta es una delicadísima negociación que afecta cuestiones de carácter interno en nuestro país y que también tiene trascendencia para la política interna de Estados Unidos avecinándose ya las elecciones presidenciales en aquella nación.
Por tanto, las condiciones bajo las cuales concurre el Presidente de la República a Washington, son extremadamente delicadas. Es importante que tengamos presente el hecho de que las relaciones con Estados Unidos constituyen en este momento un elemento toral de la solución de nuestros problemas económicos y también la preservación de nuestra soberanía política.
Consideramos que esta visita tiene por tanto una trascendencia particular y singular, que no debe ser de manera alguna soslayada por este Congreso, ni tratada de manera simplemente de trámite.
Consideramos también que no es prudente, que no es nuestro papel como diputados, limitar al Presidente de la República en su capacidad de negociación frente a Estados Unidos, sino estar alertas a las negociaciones que realiza, estar adecuadamente informados y ser parte de este proceso. Esta Cámara de Diputados tiene responsabilidades propias que tiene que asumir en la conducción de los asuntos que competen a las relaciones con Estados Unidos.
Por tanto, un grupo de diputados solicitamos a la Cámara y lo hacemos directamente al Presidente para que lo turne a la comisión respectiva. Solicitamos que, dada la importancia actual de las relaciones de México con los Estados Unidos de América, como elemento condicionante de la conducción política y económica del país y atendiendo el delicado ambiente nacional e internacional para México en el que se producirá la visita de Estado del ciudadano presidente Ernesto Zedillo a Washington, consideramos necesario que este Congreso esté directa y adecuadamente informado sobre los resultados de dicha visita.
Al respecto solicitamos que la Cámara de Diputados tenga a bien acordar las comparecencias de los ciudadanos secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda, responsables directamente de las negociaciones en Estados Unidos de América para que comparezcan, una vez concluida la visita de Estado a Washington, a las comisiones respectivas de esta Cámara y nos informen a los diputados sobre los resultados y consecuencias de estos encuentros.
Queremos someter esta propuesta a los distintos grupos parlamentarios para que de manera expedita se acuerde informarle al Ejecutivo que es del interés de esta Cámara de Diputados la presencia de los secretarios de Estado para que una vez que se hayan hecho estos encuentros en Washington, tengamos nosotros una información directa.
Quienes firmamos esta propuesta, son los diputados Marta Alvarado Castañón, Tonatiuh Bravo, Crisóforo Salido Almada, Zeferino Torreblanca Galindo y Adolfo Aguilar Zinser, quienes votaremos a favor del dictamen que concede permiso al Presidente de la República para ausentarse del país, para asistir a estos encuentros, porque consideramos que no es nuestro papel limitar los tratos que el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades tenga con el exterior. Pero sí es nuestra responsabilidad asumir aquellas tareas que al Poder Legislativo competen y, por tanto, asumiendo esta responsabilidad queremos insistir en esta propuesta ante la Cámara de Diputados, para que los secretarios de Estado comparezcan y tengamos nosotros elementos de juicio para valorar los tratos, los acuerdos y las condiciones del diálogo de México con Estados Unidos en este momento.
Muchas gracias.
Y dejo al ciudadano Secretario nuestra propuesta.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si los proyectos de decreto se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.
El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:
En votación económica se pregunta si están suficientemente discutidos los proyectos de decreto en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los decretos, en un solo acto.
El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los decretos en un solo acto.
Se ruega a la oficialía mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 315 votos en pro y 13 votos en contra.
El Presidente:
Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto, por 315 votos.
El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
Han solicitado el uso de la palabra para tal efecto, los siguientes diputados:
Para fijar posición: diputados Serafín Núñez Ramos, Ifigenia Martínez Hernández, Eduardo Arias Aparicio, Jaime del Río Navarro, por 15 minutos; Joaquín Vela González y Eliseo Moyao Morales.
Para fijar posición, en tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Serafín Núñez Ramos.
El diputado Serafín Núñez Ramos:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Desde su publicación en mayo, el Plan Nacional de Desarrollo provocó una amplia preocupación no sólo en el Partido del Trabajo, sino en el conjunto de las fuerzas políticas de oposición. Esto fue debido a su ambigüedad, ya que si bien reiteraba los ofrecimientos de reformar hechos en la toma de posesión y efectuaba un diagnóstico acertado de los problemas nacionales, presentaba una falta de realismo sorprendente y enormes limitaciones en cuanto al ofrecimiento de soluciones coherentes.
Cuatro meses después, la situación del país se ha agravado dramáticamente, ya que no sólo vivimos una crisis social y productiva, sino que persisten serias dudas de que el país pueda recuperarse rápidamente, como lo viene anunciando el Gobierno.
En estas condiciones creemos que la rediscusión del Plan Nacional de Desarrollo, como tal, ha quedado superada. Esto no niega el hecho de que existen en el plan numerosos problemas específicos cuya discusión sigue teniendo relevancia. Pero la filosofía que los relaciona entre sí ha quedado superada, dada la dinámica de la vida nacional, la vertiginosa dinámica de la vida nacional, en la que los problemas han adquirido una nueva configuración desafortunadamente más crítica y peligrosa.
En el plano político el Plan Nacional de Desarrollo reitera con mayor energía en el discurso de toma de posesión, el compromiso por una reforma política definitiva.
Creemos que nadie podría tener discrepancias fundamentales con esa declaración de principios. Pero hoy en día el diálogo político nacional se encuentra prácticamente empantanado y el Ejecutivo está atrapado en una situación de inacción que hace más difícil la ruptura de los nudos que han detenido el avance democrático.
En el aspecto social también se presenta una situación de incongruencia que aceleró la obsolescencia del discurso. El Plan Nacional de Desarrollo ofrece una visión de los problemas sociales de México desde la óptica del gobierno anterior en su momento de auge. El desempleo, la marginación social, la limitada cobertura de los servicios de salud etcétera, aparecen como males en retirada gracias a las eficaces acciones del poder público.
Quizá nunca haya estado más alejada de la realidad esta evaluación, que ahora cuando los embates de la crisis se están revirtiendo, de los limitados logros sociales de la modernización salinista.
La falta de conexión del discurso político y social del plan nacional con la realidad que vive el país puede explicarse por la escasa visión y criterio que pusieron en juego los miembros del equipo presidencial, que diseñaron el documento de referencia. De ser cierto lo anterior se corroboraría la idea de que se trata de una discusión puramente retórica o administrativa del plan, que carece de sentido práctico en las actuales condiciones que vive el país.
El capítulo económico del Plan Nacional de Desarrollo es el único donde se hace un esfuerzo por ofrecer respuesta a la grave situación que vive el país, a consecuencia de la devaluación de diciembre pasado. Desafortunadamente esos intentos de respuesta se quedan cortos debido también a la dinámica que vive el país.
Nos vamos a referir sólo a tres de estos aspectos debido a las limitaciones del tiempo:
A la propuesta para fortalecer el ahorro; a la política de tipo cambiario y a las llamadas políticas sectoriales de fomento.
La propuesta del Ejecutivo de elevar tasas de ahorro, manipulando ciertos impuestos, es una medida que nos parece muy riesgosa. Carece de respaldo teórico serio y se puede decir que se basa en suposiciones inconexas con las que difícilmente se podrán subsanar los errores cometidos en el sexenio pasado en materia tributaria y de regulación bancaria. El hecho de que esta propuesta no figure en la agenda del actual periodo ordinario de sesiones corrobora algunos de los problemas que presenta; pero sus limitaciones van mucho más allá de la coyuntura política.
En cuanto al tipo de cambio, el Plan Nacional de Desarrollo se esforzaba por presentar la devaluación como una medida necesaria, criterio con el que puede coincidirse. Para desgracia de la gran mayoría de los mexicanos el hecho de que esta devaluación se haya efectuado torpe y tardíamente, la convirtió en otra cosa: en un detonante de un conjunto de desequilibrios que el país estaba comenzando a arrastrar. Entre esos desequilibrios no sólo se encontraba el de cuenta corriente que está transitoriamente superado, sino también otros en el sector financiero. Nos referimos a la baja calidad de los activos bancarios que establece oculta por una actitud triunfalista y hasta cierto punto irresponsable.
El hecho de que la política cambiaria esté minada por estos obstáculos le confiere un grado de dificultad que el plan nacional estaba muy lejos de reconocer. Quizá el reciente ataque especulativo que sufrió el peso mueva al Ejecutivo a adoptar una actitud más realista y mesurada.
En relación a las llamadas "políticas sectoriales" persisten las limitaciones que señalamos desde el tiempo de la campaña presidencial. Si el Gobierno no se atreve a adoptar un criterio activo, difícilmente podrá superarse la situación de fractura que padece el aparato productivo nacional y en esas condiciones los problemas del desempleo y del crecimiento serán insuperables.
No está por demás reiterar nuestra postura en relación a que el plan nacional, como instrumento de planeación, contiene graves deficiencias desde el punto de vista formal y operativo. La más importante la constituye, sin duda, la concentración de funciones en el diseño y ejecución del plan, en donde las tareas sustantivas las ejerce en su totalidad el Ejecutivo; en tanto que el Poder Legislativo sólo es, en los hechos, un observador.
Esperemos que la declaración del presidente Zedillo durante su I Informe de Gobierno, en el sentido de constituir un órgano de control y supervisión totalmente independiente del Ejecutivo, pueda plasmarse en la realidad para reducir, aunque sea parcialmente, este enorme desnivel entre ambos poderes.
Sin embargo, aunque se diera este avance, queda todavía pendiente la importantísima tarea de la fijación de criterios y prioridades para redactar el plan, mismas que se atribuye en su totalidad, todavía y desde siempre, al Ejecutivo.
Se ha dicho que el Plan Nacional de Desarrollo ha sido resultado de una consulta en donde se presentaron 12 mil ponencias y 300 mil aportaciones indirectas presentadas en un brevísimo periodo de tiempo. Quizá no podríamos negar que la sociedad fue consultada y sus reclamos escuchados. Pero ¿cuántos de estos reclamos y puntos de vista se habrán incorporado al plan y de qué manera? ¿En qué orden de prioridades fueron adoptados por los técnicos del Poder Ejecutivo.
Por eso mismo hubiera sido políticamente saludable que esta representación popular hubiese podido corroborar si las aspiraciones sociales de sus representados se hallan expresadas en el plan nacional, teniendo la posibilidad de exigir la modificación de aquello que resultara modificable. Sin embargo esto no ha sido posible. ¿Será necesario hacer que este Congreso juegue en lo futuro un papel más decisivo, un papel menos testimonial que el que ha jugado en esta ocasión.
Señoras y señores diputados: en esta compleja coyuntura la situación de nuestro país está cambiando semana a semana. Si no reconocemos este hecho para orientar nuestro trabajo legislativo, corremos el riesgo de ser rebasados por los acontecimientos, a costos quizá impredecibles para el conjunto de la sociedad y las instituciones de la República.
Gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La planeación en México reviste para nosotros, para el PRD, una gran importancia. Se puede decir que es un instrumento indispensable para la conducción del Estado y de una sociedad democrática. Es por esta razón que hemos preparado un documento que se llama "Crítica al Plan Nacional de Desarrollo 1995-000", que aquí presento y que dejaré en poder de la Secretaría una vez que haya concluido mi intervención.
Yo voy a suplicar, señor Presidente, que por favor llame usted la atención para que los compañeros diputados tomen sus asientos y escuchen.
El Presidente:
Se suplica a los señores diputados poner atención a la oradora.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
La planeación, como acto de previsión, racionalidad y prospección de las políticas públicas, se inicia en México con el Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas. Posteriormente ocurre una retracción por considerarse propia de economías socialistas. Sin embargo a mediados de los años cincuenta hay un nuevo intento de racionalizar la acción económica del Estado y prever el resultado presupuestal de las cuentas del Gobierno y el sector público alrededor de una tasa esperada de desarrollo, de una estimación del déficit de la balanza de pagos y de los créditos necesarios, créditos externos necesarios para cubrirlo.
La elaboración de un plan para el sector público respondía así a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial con objeto de estimar la capacidad de pago externo y otorgarle préstamos al país. Para ello y para ordenar los programas de inversión pública se creó la Comisión Inversión-inanciamiento en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1953, que después se convirtió en Comisión Nacional de Inversiones, dependiente de la Presidencia de la República. La cual fue elevada al rango de Secretaría de la Presidencia en 1959 y finalmente transformada en Secretaría de Programación y Presupuesto 1976-1989.
Los planes para satisfacer las exigencias de las instituciones financieras internacionales fueron documentos confidenciales, considerados ejercicios de escritorio e intentos vergonzantes de programar la acción económica del Estado. Sin embargo ante la creciente presión de la opinión pública y de los círculos académicos y de productores en favor de la planeación, finalmente el gobierno de José López Portillo accede y presenta el Plan Global de Desarrollo 1980-1982.
El gobierno de Miguel de la Madrid, en medio de gran publicidad elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 19821988, atribuido su diseño a Carlos Salinas de Gortari. Este plan no pudo cumplirse en parte por la severa crisis del endeudamiento externo y en parte por el cambio sustantivo de los objetivos de política económica y el abandono de la prioridad del desarrollo.
Un verdadero plan nacional de desarrollo económico y social en una economía mixta, exige un sistema de planeación democrática que recoja las demandas de la nación, lo plasme en un documento coherente, de objetivos, metas, programas y cuantificación de recursos.
En México el sistema de planeación se fue conformando paulatinamente sin que llegara nunca a ser satisfactorio. Sin embargo ante la presión de amplios sectores de la población y de la propia Cámara de Diputados, la LV Legislatura, para añadir un capítulo económico a la Constitución, Miguel de la Madrid aprovecha la coyuntura e incorpora el concepto de "planeación democrática" en la reforma constitucional de los artículos 25 y 26 en 1982.
A pesar de la publicidad que rodeó al Plan Nacional de Desarrollo delamadridista la política de reajuste desplomó el gasto y la inversión pública, sostén del fomento gubernamental a la economía, imposibilitando el cumplimiento del plan. Además la doctrina neoliberal de libre operación de las fuerzas del mercado, glorificadas a costa del sacrificio de la economía pública que se aplicó a partir de 1982, es incompatible con la planeación económica y con muchos aspectos de la intervención del Estado en la economía.
Carlos Salinas prosigue con el desmantelamiento del sector público y apresura la desincorporación de organismos y empresas paraestatales, eliminando incluso a la propia Secretaría de Programación y Presupuesto, cuyas atribuciones pasaron nuevamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de donde fueron sacadas por Raúl Salinas Lozano en 1953; ironías del destino. Por tanto el llamado Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994 no tenía la menor posibilidad de ser llevado a la práctica.
El gobierno del presidente Ernesto Zedillo prosigue dentro del dogma neoliberal la fase declinante de la planeación en México. Ante la presión de la opinión pública y para cumplir formalmente con la legislación vigente, el Poder Ejecutivo Federal dio a conocer, después de apresuradas e improvisadas reuniones de consulta popular, el llamado Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, sin metas ni programas, ni cuantificación de recursos, salvo unas cuantas cifras: "tasa de desarrollo a alcanzar después de la crisis: 5%; ahorro interno: 22%; inversión total: 24%; déficit de la balanza de pagos 2%"; que no constituyen un plan, menos aún en ausencia de un órgano y de un sistema de planeación democrática. El PND así es una muestra del autoritarismo presidencial.
El grupo parlamentario del PRD presentó en abril de 1995, por segunda ocasión, una iniciativa de modificación al artículo 26 constitucional, con objeto de establecer que el plan sea aprobado por el Congreso de la Unión; esta iniciativa simplemente no ha sido dictaminada ni analizada y se mantiene congelada en las comisiones parlamentarias correspondientes.
Yo quiero hacer notar, señoras y señores diputados, que el escaso interés que muestra esta Cámara por discutir y debatir este importante documento es muestra de que el Congreso no está dispuesto a participar en un ejercicio simplemente verbal, como el que se está haciendo aquí esta mañana, ya que no tenemos ninguna injerencia formal y decisiva en la formulación de este documento.
De manera que va a ser criticado el documento en su visión que tiene de la soberanía, en su visión que tiene sobre el desarrollo democrático, en lo que se refiere a la reforma del Estado, en lo que se refiere a una verdadera reforma municipal, en lo que se refiere al desarrollo social, por mis compañeros.
Yo me concretaré en los minutos que me quedan, a hablar sobre la cuestión económica. En el Plan Nacional de Desarrollo el objetivo del crecimiento económico es condición y fundamento del logro de los otros cuatro grandes objetivos nacionales, todos ellos objetivos valiosos que desgraciadamente no se pueden llevar a la práctica, diré por qué, esos objetivos son: fortalecer la soberanía nacional, establecer un pleno estado de derecho con justicia y seguridad pública, avanzar y consolidar la democracia y el desarrollo social.
El crecimiento económico es el quinto objetivo señalado en el plan y como se ha dicho, lo visualiza como medio indispensable para el logro de los otros cuatro con lo cual estamos de acuerdo, pero hay que hacernos la siguiente inquietante pregunta: ¿Y si el plan fracasa en su objetivo de crecimiento económico?, ¿si no logra el crecimiento económico todos los demás objetivos se derrumban por su propia fuerza? Desgraciadamente, tal como está expuesta la estrategia del plan, lo más seguro es el fracaso.
Señor Presidente, vuelvo a insistir en que por favor los compañeros pongan atención.
El Presidente:
Se solicita atentamente a los diputados poner atención para escuchar a la oradora.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Empezando también por los de mi fracción, por favor.
Por favor descuénteme el tiempo, señor Presidente, que me ha ocupado en llamar la atención.
Decíamos que el crecimiento económico es fundamento y base del cumplimiento de todos los demás objetivos y nos preguntábamos. ¿Qué pasa si este crecimiento económico no se logra y que lo más seguro es que dadas las bases en que se basa el plan lo más probable es que el crecimiento económico no se logre y que por tanto este proyecto es un proyecto inviable? ¿Por qué.
En primer lugar el plan parte de un diagnóstico equivocado, el plan reconoce con razón en la inversión productiva la palanca del crecimiento y reduce la problemática de la inversión a la disponibilidad de ahorro de manera especial de ahorro interno, el crecimiento de la demanda lo reduce al de las exportaciones y encuentra en la liberalización del comercio la varita mágica para alcanzar competitividad y eficiencia productivas sin ningún análisis objetivo de lo que realmente ha ocurrido con nuestra planta productiva durante el proceso de liberalización que se inició hace ya 12 años.
El núcleo duro del plan de crecimiento consiste entonces en una política de ahorro insuficiente y carece totalmente de una explicación teórica o empírica acerca de la importancia de la inversión. El diagnóstico económico contenido en el plan se puede resumir en el siguiente párrafo: la insuficiencia en el crecimiento de la economía durante los últimos años a pesar del cambio estructural y de la amplia disponibilidad del ahorro externo se explica en gran medida por la evolución que tiene durante el mismo lapso el ahorro interno.
"A mayor abundamiento, continúa el plan, a partir de una visión retrospectiva más amplia puede concluirse que la insuficiencia del ahorro interno ha sido el elemento común y fundamental en las crisis financieras que recurrentemente ha vivido nuestro país y la causa principal del estancamiento económico que nos ha aquejado durante buena parte de las últimas dos décadas."
Termino la cita. Este diagnóstico da por hecho que todos los elementos del cambio estructural practicado son de por sí positivos, lo mismo la entrada de capital que en su mayor parte fue de carácter especulativo y sólo generó un mayor endeudamiento externo. Un pilar del cambio estructural fue la privatización de empresas públicas que disminuyó de manera considerable la canalización de recursos financieros del sector privado hacia inversiones productivas en empresas nuevas o en la ampliación y modernización de las existentes, contribuyó también la privatización al sobreendeudamiento del sector privado uno de los elementos de la actual crisis.
La misma equivocación va a cometerse ahora con la anunciada privatización de las petroquímicas; en vez de utilizar ese capital para construir nuevas plantas productivas y dar empleos, lo único que se hace va a ser una transferencia de propiedad de las empresas de la nación a empresas de los particulares.
O sea, se reproduce el mismo diagnóstico equivocado. En las últimas décadas no ha sido la falta de generación de ahorro interno el obstáculo al crecimiento de la economía, ha habido otros y más importantes obstáculos a la inversión productiva, a la estabilidad externa y a la estabilidad de precios, concretamente la falta de expectativas que estimulen la inversión productiva.
La compresión o contracción del mercado interno, la deuda externa, el pago de la deuda externa que se convirtió en una crisis financiera o de sobreendeudamiento debido a las falsas expectativas que se crearon en torno a la bonanza petrolera, la caída del mercado petrolero junto con el alza en las tasas internacionales de interés fueron las causas inmediatas de esa crisis.
El diagnóstico del plan es muy pobre y convierte a la falta de ahorro interno en la piedra filosofal de la problemática del desarrollo de la economía mexicana, lo malo es que de tal diagnóstico el plan deduce su línea fundamental para una política de crecimiento económico. En el plan, al igual que la desgastada economía clásica, el problema crucial del crecimiento es el financiamiento de la acumulación de capitales.
Se dice claramente: "el nivel de inversión depende de los recursos disponibles para su financiamiento que provienen de ahorro interno y externo"; si la palanca del crecimiento es la inversión productiva, la explicación de ésta obviamente no se reduce al ahorro. En el plan Salinas la problemática de la inversión se insinuó como una disponibilidad de recursos financieros, por eso todo el esfuerzo en atraer capital del exterior y ya vimos, el mayor capital externo vino a México en esa época y sin embargo la economía creció muy poco o de plano no creció.
Por lo tanto en este nuevo plan sólo hay una política de carácter administrativo orientada al aumento, al ahorro de las personas principalmente y no hay una política de inversión, excepto que se continuará con las privatizaciones que es una simple transferencia de propiedades existentes.
El plan pues no toma en cuenta aspectos elementales y verdaderos de la formación de capital que está determinada por la oferta, pero también por la demanda de capital de ahorro y de crédito disponible. Otro error del plan es la fe ciega que tiene en el proceso de liberalización comercial, pero no se pregunta qué realmente ha ocurrido con la eficiencia económica del país, cómo se han movido la productividad y los salarios en comparación con periodos anteriores, cómo ha evolucionado la producción y el empleo en este mismo periodo.
En lugar que con un análisis objetivo se diera respuesta a estas preguntas, el PND sólo repite su teoría liberalizadora; tampoco se señala en qué ramas productivas y qué cantidad de empresas han aumentado su producción y cuáles la han disminuido; qué peso tienen las empresas que sí han podido competir en el mercado externo y qué peso tienen las que han tenido que cerrar o bien convertirse de productoras industriales en importadoras; no hay en el plan un diagnóstico objetivo que nos debería dar respuesta a las interrogantes señaladas.
Se nos indica en el plan hasta dónde esta política tal como se ha practicado contribuyó al enorme déficit de la cuenta corriente que determinó la crisis financiera que cayó en diciembre pasado y a la enfermiza dependencia del ingreso de capitales especulativos.
En conclusión, el grupo parlamentario del PRD ha insistido en la necesidad de crear un efectivo sistema de planeación democrática en México, en el cual los objetivos del desarrollo económico y social del país puedan consensarse con la participación de los agentes productivos y de la ciudadanía. En este sistema las estrategias y las políticas para instrumentar los planes de desarrollo deberán ser democráticamente aplicadas, fiscalizadas y corregidas cuando sea necesario en el ambiente de una auténtica división de poderes y verdadero federalismo.
Estaba tan ocupado el Secretario de Hacienda en cuestiones financieras más apremiantes, que la elaboración del plan se la tuvieron que encargar al INEGI, de donde se ve claramente como el desmantelamiento de todo el Gobierno, del aparato gubernamental, ha incidido en este Plan Nacional de Desarrollo.
Todo proceso económico, se dice, se cree mejora con la apertura comercial según el plan. Nosotros hemos expuesto nuestra discrepancia, pero ¿acaso hay un estudio que demuestre cuál es la realidad de lo ocurrido? En el contexto institucional actual, vertical y presidencialista el Plan Nacional de Desarrollo ha resultado un documento cuyo valor se restringe al ámbito de la discusión de ideas, como ésta que tenemos ahorita, programáticas e ideológicas, pero no corresponde a la formulación de un proyecto de desarrollo nacional, sectorial y transversal, ni de los medios financieros que se van a dar para lograrlo en una visión de mediano y largo plazos, que es como debe ser un verdadero plan.
Ante esta situación verdaderamente dramática, que no se le ve salida ni rumbo a la economía, amplios sectores de la sociedad se han manifestado con fuerza, por la necesidad y urgencia de un cambio en la política económica del país. Organizaciones de ciudadanos, como Alianza Cívica, entre otros, están promoviendo una consulta ciudadana para lograr modificar la ruta económica del país. Es un reclamo nacional, señores, es un reclamo social el de cambiar la política económica, coincidimos con ellos plenamente en este objetivo.
En esta ocasión hemos querido centrar la fijación de la posición del grupo parlamentario del PRD en la crítica del plan. En otros documentos y en este mismo que tienen ustedes en sus manos, hemos expuesto nuestra propuesta y nuestra insistencia en la necesidad de cambiar la estrategia económica. Esta crítica que hemos formulado al plan, fundamenta plenamente nuestra demanda y los datos de la realidad confirman nuestra evaluación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio.
El diputado Eduardo Arias Aparicio:
Compañeras y compañeros diputados:
Por tercera ocasión en el transcurso de 12 años, al examinar el Plan Nacional de Desarrollo, este Poder Legislativo exhibe la voluntad de la mayoría priísta, la de subordinar al Congreso de la Unión al Poder Ejecutivo.
Para probar lo anterior, basta leer la iniciativa de Ley de Planeación, que el Ejecutivo envió a este Poder Legislativo en 1982 y que en el artículo 5o., decía originalmente: "el Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los criterios que sirvan de base para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; las cámaras conocerán de dichos criterios y podrán comunicar al Ejecutivo su opinión y observaciones, los que deberán, marcaba expresamente, los que deberán ser tomados en consideración por el propio Ejecutivo en la integración, ejecución y revisión del plan".
Es decir, en la propuesta, el Ejecutivo daba por lo menos la posibilidad de opinar no sobre un plan terminado, sino sobre los criterios para elaborar este plan y se obligaba al Ejecutivo a tomarlas en consideración, pero la mayoría priísta en un afán de proteger al Ejecutivo modificó el artículo 5o. para que quedara como sigue: "El Presidente de la República remitirá el plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión". Esto es, eliminaron aún la posibilidad de que el Poder Legislativo conociera por ley los criterios que sirven de base para la elaboración del plan y la realidad es que por tercera ocasión los conocemos una vez que se ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo.
Esto es el colmo de la subordinación y sumisión de la mayoría priísta. ¡Ah!, pero eso sí como migajas se nos da el privilegio de participar en forma individual a diputados y senadores en los foros de consulta popular.
En la discusión de las leyes de planeación en 1982, el PAN se opuso a esta participación marginal sin ningún resultado y en el transcurso de 12 años hemos presentado diversas iniciativas para que el Poder Legislativo retome su función de desempeñar un papel definitivo y trascendente en el proceso de planeación como nos corresponde por ser representantes del pueblo de México, pero siempre la cerrazón de la mayoría lo ha impedido.
Recientemente los miembros priístas de la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública elaboraron un proyecto de dictamen a una iniciativa presentada por el PAN en diciembre de 1994, en donde sin argumentación sobre el fondo de la iniciativa rechazan otra vez el darle al Congreso de la Unión esa facultad que debe de tener, de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Ha sido tal el sometimiento al Ejecutivo exigido por su partido que han perdido conciencia sobre a quiénes representan.
Una actitud constante de la mayoría priísta consiste en rechazar toda proposición cuyo objetivo sea el de ubicar al Congreso en su propio lugar entre las instituciones institucionales del Estado y que lo haga efectivo poseedor de autonomía frente al Ejecutivo y por lo mismo capaz de equilibrar el ejercicio del poder para colocarlo fuera de la arbitrariedad y el absolutismo tan connaturales al presidencialismo mexicano. ¿Cómo no van a estar devaluados ante los ojos del pueblo, si la mayoría de los diputados no valoran la representación que tenemos.
Siento que renunciar a una responsabilidad conferida, significa ausencia de compromisos. No sólo somos espectadores y simples testigos de una situación que vive México, sino coautores. Nuestras acciones, nuestro silencio están escribiendo historia, historia que por ahora tiene características de tragedia para un pueblo que desea salir de una crisis que él no ha provocado y es por dicha cerrazón de la mayoría que nuestra participación en este proceso de planeación sobre el que debe normar su actividad el Gobierno durante los próximos cinco años, es marginal, autolimitada y en realidad absolutamente intrascendente. Esto lo demuestra claramente el hecho de que la opinión tan importante, según los priístas, del Poder Legislativo para el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se efectuó el día 21 de junio de 1990, únicamente l3 meses después de que fue publicado dicho plan y al plan 1995-2000 le vamos a destinar unas cuantas horas en esta sesión, con lo cual estamos completamente de acuerdo, porque no tiene caso dedicarle más horas, diputado, a un ejercicio protocolario y que no sirve para nada.
Se afirma que el sustento del Plan Nacional de Desarrollo es la consulta popular y ésta es una técnica que siempre han empleado para hacerle sentir al pueblo que está participando. El resultado de esta consulta popular a través de los foros que se convocaron, que es altamente cuestionable por lo siguiente:
a) No existe una reglamentación ni procedimientos establecidos para la realización de éstos, los cuales quedan al arbitrio de quienes los convocan.
b) Muchos de dichos foros fueron convocados sin dar oportunidad a una real participación de la ciudadanía y enumero a continuación algunos hechos para demostrar mi acierto.
Se convocó el 31 de marzo al foro llamado Ampliación de Cobertura de los Servicios de Salud y se celebró el 3 de abril en la ciudad de Oaxaca. Sólo tres días de margen.
El 29 de marzo de 1995 se convoca al foro llamado México y el Nuevo Entorno Internacional, se celebró en la Ciudad de México el 31 de marzo. Sólo dos días de margen y el colmo, se convoca el 5 de abril al foro sobre La Reforma Política del Estado, Democracia y Reforma Electoral, que se celebró en la ciudad de Monterrey al día siguiente, 6 de abril, es decir únicamente un día de margen.
c) Un pequeño grupo nombrado por el Ejecutivo, es el que decide qué se acepta, qué se rechaza y los enfoques, los planteamientos, la redacción de las conclusiones, queda a cargo de esta pequeña élite, que es la encargada de hacer sentir al pueblo que está participando y en esta ocasión este grupo tuvo que analizar, comparar, resumir y sacar conclusiones de un total de más de 12 mil ponencias y más de 300 mil aportaciones y esto solamente en 30 días, que incluyen además, redacción e impresión del documento.
Compañeras y compañeros diputados, o el sistema de pronto es genialmente eficiente o en cambio es brutalmente mentiroso y manipulador. Nadie pone en duda la importancia de una planeación democrática para el desarrollo del país, hace mucho tiempo que aspiramos a ello; sin embargo se ha realizado con graves deficiencias a partir de actitudes soberbias e ineptitudes manifiestas que connotadas nos condujeron a la situación actual del país.
Bajo tales circunstancias, va a ser muy difícil animar al pueblo a la forja de un nuevo México. ¿Hasta cuándo se darán cuenta los gobernantes que el mexicano de hoy no es el mexicano de 1910?, es cierto que no todos tenemos la oportunidad de asistir a la Universidad de Harvard, del MIT o a alguna europea, pero hay miles que tienen formación universitaria y mucho más aprendieron en la universidad de la vida al convivir y compartir las angustias y las esperanzas de este pueblo mexicano.
Esta crisis por la que atravesamos, aun cuando algunos no la quieran aceptar, se debe en gran parte a una falta de planeación adecuada y a la soberbia de no querer cambiar de actitud, aun cuando vean palpablemente que sus planes no dan resultado.
Un reducido grupo de personas son las que han tenido en su mano la responsabilidad y la oportunidad de la planeación desde hace 12 años. Carlos Salinas de Gortari elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988; Ernesto Zedillo elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, por ello, lo que se antoja cuestionar primero es, ¿cómo creer en este nuevo plan, hecho por los mismos que elaboraron los planes anteriores y que han fracasado estrepitosamente.
En Acción Nacional nos negamos, sin embargo a caer en la fácil tentación de la crítica estéril, porque nos interesa el bien del país aceptamos que los hombres, todos, podemos equivocarnos y si somos honestos debemos y podemos tener la oportunidad de rectificar. Lamentablemente esta posibilidad de rectificar no sucede con este grupo de hombres responsables de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, insisten en las mismas tesis y programas económicos que llevaron a México a fines de 1994 a ser un país con 40 millones de mexicanos en extrema pobreza y que en escasos 10 meses se ha incrementado esta cifra en millones más que han perdido los medios de subsistencia o su casa, o su negocio o su medio de transporte.
Desgraciadamente no sólo existe crisis económica, sino también crisis de confianza, no se cree en el Gobierno y la falta de credibilidad existe como consecuencia de tantos años de promesas incumplidas, de mentiras constantes de los responsables de la marcha del país, que nos ha conducido a esta pobreza moral y económica. Si existiera confianza nadie dudaría de un plan nacional que propone cinco objetivos fundamentales como respuesta a la expectativa de todos los mexicanos.
Sin mayor análisis es obvio que todos deseamos que se cumplan estos cinco objetivos: fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional; consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho; construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los mexicanos; avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país las posibilidades de superación individual y comunitaria; promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en beneficio de los mexicanos.
Tal vez los únicos que no estén de acuerdo sean los integrantes de esa minoría de mexicanos que desean un México atrapado en un sistema enajenante y opresor que acaba con toda posibilidad de libertad y con toda posibilidad o anhelo de esperanza, que destruye al hombre en su propia esencial el ser libre y responsable de su propio destino.
La inmensa mayoría del pueblo de México quiere una patria con libertad en la justicia y se siente orgullosa de integrar una nación fortalecida por sus valores espirituales, por su origen racial y cultural, por sus profundas tradiciones, por sus objetivos aún no alcanzados pero claramente definidos por la democracia como sistema de vida en donde se manifiesta el respeto a la dignidad humana.
Deseamos sostener y afirmar esos objetivos que se dicen fundamento del Plan Nacional de Desarrollo.
Desgraciadamente hay hechos claros, sin posibilidad de mala interpretación que dejan duda sobre la sinceridad de los propósitos y de la eficacia de la acción.
Tantos años de constatar la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace por parte de los gobernantes, nos han hecho incrédulos, precavidos y exigentes hacia el actuar.
La confianza, cuando se pierde, no se restituye con rapidez, requiere pruebas inequívocas de verdad, lealtad y compromiso de los funcionarios gobernantes.
Señalemos algunos de estos hechos, el plan postula: la soberanía es el valor más importantes de nuestra nacionalidad; su defensa y fortalecimiento son el primer objetivo del Estado mexicano. La soberanía consiste en asegurar la capacidad de los mexicanos para tomar libremente decisiones políticas en el interior con independencia del exterior.
Y sin embargo, el Ejecutivo firmó con el FMI y con el gobierno de Estados Unidos, compromisos por los cuales estas dos entidades intervienen y obligan a México a una serie de medidas vulnerando nuestra soberanía.
Esta conducta está claramente en contra de lo que se afirma en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Señoras y señores diputados, cómo realizarán el sueño de la soberanía quienes zurcieron el destino nacional a los especuladores extranjeros.
En el plan se indica que se consolidará el régimen de convivencia social, regido plenamente por el derecho, donde la ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la vía para la solución de los conflictos.
¿Y qué observamos en la realidad? Que el sistema otorga impunidad a funcionarios enriquecidos ilegalmente y presencie impotente la violencia.
En el plan se habla de una reforma electoral definitiva y se afirma que los cambios en las normas y procedimientos electorales a los que lleguen los grupos parlamentarios en las cámaras del Congreso de la Unión, se constituyan en el marco permanente para fortalecer y consolidar el nuevo sistema electoral mexicano.
Y sin embargo la mayoría priísta del Poder Legislativo, una vez más violó la Constitución y reformó los artículos 123 y 125 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, relacionadas con la elección de consejeros ciudadanos y más recientemente, seguramente interpretando lo que indica el plan de fortalecer el sistema de partidos, el Ejecutivo interviene directamente en el nombramiento del presidente del partido oficial.
Compañeras y compañeros: ¿acaso quienes fueron elegidos sin equidad y antes fueron cómplices de la concentración del poder, ahora súbitamente exterminarán las raíces más íntimas del partido oficial.
Se afirma también que habrá una nueva relación entre los poderes de la Unión y se indica que el equilibrio entre los distintos poderes asegura que se limiten y se controle entre sí.
Y sin embargo, el Ejecutivo impone al Poder Legislativo sus arbitrariedades, tal y como se dio en la votación del incremento del IVA y otro caso que no deja duda y podrían ser más, pero el tiempo limita la exposición, es que se establece que el objetivo estratégico fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, es promover un crecimiento económico vigoroso y sustentable que favorezca la soberanía nacional y redunda en favor del bienestar social de todos los mexicanos y que ese crecimiento económico es indispensable para que la población tenga un empleo bien remunerado, niveles de bienestar creciente etcétera.
¿Y qué sucede en la realidad? Se vulnera la ciudadanía; vemos que los programas económicos que establece el Gobierno arrojan resultados totalmente contrarios a lo que propone el plan, pues ha ocasionado el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, así como un desempleo masivo que registró su punto máximo en estas semanas.
Debemos manifestar que hay un punto en el cual coincidimos. Los diagnósticos que presenta el plan en algunas áreas son problemas viejos que se han venido arrastrando y posponiendo la solución de un sexenio al siguiente, como por ejemplo, el problema del campo, tan viejo como la revolución y el educativo que desde 40 años se señaló y no fue atendido, el de la industria pesquera y así otros más.
Pero si coincidimos en diagnósticos discrepamos en soluciones y no porque esté mal el propósito, sino porque se queda corto, sólo indica el qué, pero no señala el cómo, ni las metas por lograr, ni los recursos que se aplicarán, ni el tiempo para alcanzarlas.
Hay quienes consideran correcta la forma de presentación adoptada por el plan, esto es, evitar el proponer compromisos numéricos, difíciles de precisar en tiempos de incertidumbre y de presentar el documento sólo con carácter cualitativo, sin reflexionar que de esta forma deja de ser compromiso para transformarse en simple propósito y además no corresponde a lo expresado en el artículo 3o. de la Ley de Planeación cuando marca lo siguiente:
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, se asignarán recursos, responsabilidades y tiempo de ejecución.
Compañeras y compañeros diputados: en cuanto sea el Ejecutivo quien de manera dictatorial imponga un plan a la ciudadanía, sustentado en la fase de las consultas populares, necesariamente está destinado al fracaso, porque para que un plan sea viable la condición indispensable debe ser la concurrencia decidida de todas las voluntades, la cual se logra cuando existe un consenso real, apoyo de toda la ciudadanía y confianza en sus gobernantes.
En conclusión, el Plan Nacional de Desarrollo deshumanizante e irrealizable, porque parte de supuestos equivocados y se basa en estructuras gubernamentales ineficaces y corruptas y porque carece de compromisos concretos y de controles adecuados.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jaime del Río Navarro.
El diputado Jaime Mariano del Río Navarro:
Señor presidente Pablo Moreno Cota; honorable Asamblea:
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley de Planeación y del Acuerdo Parlamentario que lo detalla y complementa, acudo ante ustedes a nombre del grupo parlamentario del PRI, a fijar posición en relación al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que el Ejecutivo Federal envió en tiempo y forma a esta soberanía.
Planear en tiempo de acelerada evolución o de crisis, resulta un ejercicio aventurado que corre el riesgo de ser superado por la misma velocidad de los acontecimientos, no obstante resultaría peor no contar con un eje ordenador de prioridades que garantice la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, para que éste atiende los fines del proyecto nacional contenido en la Constitución.
Los diputados priístas junto con diputados de los partidos de oposición participamos en muchos de los 97 foros y 516 eventos que se realizaron durante abril y mayo de 1995. En éstos, los legisladores, previo análisis crítico, propusimos opciones para un desarrollo integral que fortalezca la soberanía nacional y el régimen democrático, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza que permita abatir la pobreza, asegurar los mínimos de bienestar social y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, generando así, un pleno ejercicio de la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad que otorga nuestra Carta Magna.
Con la nuestra, fuimos testigos de la participación de muchos otros actores de la vida económica, política y social de la nación, por lo que consideramos que el PND es un instrumento indicativo de la acción de gobierno que fue enriquecido de manera consecuente, plural e incluyente resultado de las actividades y foros de la consulta popular que recoge, sistematiza y traduce en políticas públicas las demandas más sentidas de la sociedad que se expresaron en las más de 12 mil ponencias y más de 300 mil propuestas de la población.
Sin duda, alrededor del PND se tejen un sinnúmero de críticas y expectativas que tienen que ver más con el deseo, la imaginación y el interés partidista que con su marco legal. Por ello es pertinente hacer las siguientes
CONSIDERACIONES
Primero. En los términos de la legislación vigente, el Poder Legislativo interviene en todas las fases que tienen que ver con el proceso de planeación.
En la elaboración del plan, a través de la consulta nacional, a que convoca el Ejecutivo para su integración en el análisis crítico y propositivo, al ser enviado el plan al Congreso para su examen y opinión; en la evaluación de su instrumentación y ejecución, a través del informe anual de ejecución del PND que presenta el Ejecutivo Federal en marzo; en la evaluación, seguimiento y resultados, a través del informe que nos presenta el Ejecutivo Federal el 1o. de septiembre sobre el estado que guarda la administración a su cargo.
En la revisión de congruencia del plan, sus prioridades, sus objetivos, sus lineamientos y sus instrumentos, con la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En el control y fiscalización de los recursos aplicados a los programas y acciones del plan, en la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal.
Segundo. El Ejecutivo Federal, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución y la ley reglamentaria en materia de planeación, ajustó en términos generales su presencia y actuación al procedimiento señalado para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. En consecuencia no puede ser calificado el plan como un acto de absolutismo estatal o de autoritarismo presidencial, sino en todo caso de sometimiento constitucional.
Lo anterior, sin embargo, no pretende deslegitimar o rechazar el propósito compartido por las diferentes fuerzas políticas aquí representadas, quienes de una u otra forma nos hemos pronunciado por una revisión del Sistema de Planeación Nacional a efecto de adecuarlo a las condiciones que han cambiado dentro y fuera del país.
Tercero. El PND encierra una verdad dialéctica: a la vez que es continuidad es un rompimiento con el pasado; es continuidad porque deriva del proyecto de nación constitucionalmente establecido. El país no puede inventarse cada seis años y no podemos desechar lo que nos ha funcionado es sin embargo; rompimiento con el pasado porque se elabora a partir de un diagnóstico que muestra las causas, deficiencias, desviaciones e insuficiencias y exige cambios.
Cuarto. El plan es una convocatoria a las fuerzas políticas de la nación al cambio pactado, basado en consensos esenciales y en las prioridades a seguir.
Definido en el plan el qué, es una invitación a participar enriqueciendo el cómo, cuándo y con qué. Es una propuesta marco para impulsar de manera consecuente, plural e incluyente, los cambios que el país requiere y la sociedad reclama. El propio Presidente lo define como una propuesta de Gobierno sujeta a discusión y debate, que no se puede concebir como solución acabada ni como palabra sagrada. Es la base para el fortalecimiento del pacto o alianza nacional. Es el eje rector para gobernar en los consensos, garantizando la gobernabilidad y la estabilidad política en los momentos de cambio.
Quinto. El plan tiene su fuerza en su razón de ser, ya que hace prevalecer el principio de la voluntad general y el interés nacional por encima de la veleidosidad del libre mercado. En su origen, al tener como simiente la necesidad social, el cambio y la propuesta programática electoral. En su legitimidad, al ser el instrumento de gobierno, de la fuerza política que triunfó y que se enriquece social y políticamente con una visión plural consecuente e incluyente y, finalmente, en su diagnóstico y en la priorización de las necesidades del desarrollo nacional.
Ahora bien, ¿qué podemos decir de su contenido?, tres elementos saltan a la vista: primero, el plan se dirige a los grandes problemas nacionales.
Segundo. Lo económico deja de ser el eje básico de la planeación, ocupando su lugar lo político y lo social,:
Tercero. Lo cuantitativo pierde peso frente a lo cualitativo. Subyace en esta nueva visión un diagnóstico acertado; de acuerdo a éste, los problemas centrales de México no son puramente económicos, son eminentemente políticos y sociales.
En consecuencia el plan establece entre otras cosas la necesidad de transformar estructuras, modernizar instituciones, revisar leyes y abrir espacios a nuevos arreglos políticos y sociales.
El Plan Nacional de Desarrollo propone cinco objetivos que están determinados por los grandes fines del proyecto nacional contenido en la Constitución. Ello conforme a lo que ordena el artículo 26 de nuestra Carta Magna.
Finalmente con el propósito de contribuir al fortalecimiento del plan y manteniendo una actitud responsable, crítica y propositiva, la fracción priísta de esta Cámara de Diputados, entre otros, hace los siguientes
PRONUNCIAMIENTOS
"Primero. Se otorga pleno respaldo al PND 1995-2000, al ser concebido como una convocatoria del Ejecutivo a la ciudadanía y a las fuerzas políticas, para la alianza nacional y el cambio pactado; basado en los consensos esenciales y en las prioridades señaladas en el plan a seguir.
Segundo. Por revisar con el Ejecutivo el sistema de planeación democrática, ajustándolo a las condiciones que han cambiado y a la teoría constitucional de la división y colaboración entre los poderes, en un sistema presidencial, republicano, democrático y representativo, producto de nuestra tradición y vocación histórica.
Tercero. Por una presencia responsable y adecuada del Poder Legislativo en los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución, evaluación, control y fiscalización, que elimine de una vez por todas la corrupción y la ineficiencia administrativa, sin paralizar la acción constitucional del Ejecutivo y sin desnaturalizar la división de poderes.
Cuarto. Por el fortalecimiento del PND y los programas que se deriven, a través de la participación y búsqueda de consensos que eficienten la obtención de los objetivos precisados:
Quinto. Por el cumplimiento puntual de las responsabilidades subsecuentes del Poder Legislativo en relación al plan. Esto es, el seguimiento, control, evaluación y fiscalización, que se darán en las etapas y procedimientos ya descritos."
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Se han inscrito para este mismo tema los siguientes diputados:
Por el Partido del Trabajo, Joaquín Vela González y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
Por el Partido de la Revolución Democrática, Luis Sánchez Aguilar, Eliseo Moyao Morales, Mara Robles Villaseñor, Raúl Livas Vera y Gloria Sánchez Hernández.
Por el Partido Acción Nacional, Francisco Javier Santos Covarrubias y Jorge Padilla Olvera.
Por el Partido Revolucionario Institucional, Jesús Rodríguez y Rodríguez, y José Feliciano García Peraza.
En consecuencia tiene la palabra el diputado Joaquín Vela González, por siete minutos.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Gracias, señor Presidente:
Resultado de 12 mil ponencias y 300 mil aportaciones indirectas presentadas en el transcurso de un mes, el Plan Nacional de Desarrollo está constituido por cinco apartados: soberanía, estado de derecho, desarrollo democrático, desarrollo social y crecimiento económico.
Legal y políticamente el Plan Nacional de Desarrollo debiera ser, como el mismo Presidente sostiene, el documento rector de las tareas y acciones de Gobierno, así como el marco en el que estuviera escrita la elaboración de los planes y programas sectoriales e institucionales de las distintas instancias de la administración pública federal. No es el caso y a continuación podremos ver por qué:
1o. Soberanía. Consiste, afirma Zedillo, en asegurar la capacidad de los mexicanos de tomar libremente decisiones políticas en el interior de la nación, con independencia del exterior. Evidentemente hay una seria contradicción entre el concepto y los hechos: injerencia decisiva de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en la política económica adoptada a raíz de la crisis de diciembre.
¿No vemos cómo se puede compatibilizar el hacer valer el peso económico y político de México en la economía mundial y en los foros multinacionales, así como asegurar los intereses nacionales en las relaciones con el exterior, con aceptación de la injerencia de Estados Unidos, del Fondo Monetario y del Banco
Mundial en la definición de las estrategias políticas y económicas que requiere el país ahora y en el futuro inmediato y que sólo corresponde definir a los mexicanos.
Naturalmente que estamos de acuerdo en la necesidad de que México forje alianzas selectivas y flexibles con el exterior y que procure diversificarlas. Esta es y ha sido la posición del Partido del Trabajo desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo no vemos por ningún lado la voluntad del Gobierno en expresar en estrategias y políticas concretas de proceder en este sentido; más bien se observa la sumisión gubernamental a los dictados de Estados Unidos.
2o. Estado de derecho. En efecto la existencia de un estado de derecho en México sería garantía suficiente para una convivencia social armónica, el pleno desarrollo nacional y el despliegue de la libertad de las potencialidades de cada individuo y de la sociedad.
Contra lo que afirma el Plan Nacional de Desarrollo recién comienza a erigirse un estado de derecho en nuestro país, pero no gracias, sino a pesar de las autoridades legalmente constituidas, más bien gracias al surgimiento de una conciencia social y ciudadana más demandante y comprometida y por supuesto a la movilización social.
Las recientes recetas legislativas encaminadas a dar vigencia al estado de derecho, si bien representan algunos avances, todavía denotan la persistencia del temor gubernamental a incorporar las demandas de la sociedad, los ciudadanos y los partidos de la izquierda y denotan también esa añeja actitud del Estado mexicano de sobretutelar al conjunto de la sociedad: paternalismo-autoritarismo.
"Yo Estado, te doy, sociedad civil, lo que quieras, pero me reservo el derecho siempre y en todo momento de decidir qué te doy, cuándo y cómo te lo doy." La justicia sigue estando a favor de los injustos, de los poderosos económica y políticamente. Esto explica por qué la aplicación de la ley y la impartición de justicia siguen obedeciendo "al liniazo político" y no a su estricto cumplimiento.
La actuación del Gobierno ha reiterado la subordinación que el Ejecutivo mantiene sobre los otros dos poderes. Recuérdese Chiapas, el 9 de febrero, los crímenes políticos, Ruta-100, la aprobación de las iniciativas presidenciales antipopulares en el Congreso de la Unión. Mientras persista esta situación ¿de qué estado de derecho estamos hablando y de qué estado de derecho habla el Presidente.
Compartimos absolutamente la necesidad de establecer en México un estado democrático de derecho, pero hasta ahora todo parece indicar que el monumental esfuerzo que ello implica será más, a pesar del gobierno en turno.
3o. Desarrollo democrático. De nuevo hay una serie de contradicciones entre las convicciones democráticas declaradas y la apreciación de la realidad política por parte de Zedillo y los hechos y resultados de la competencia política en el país. La democracia no se construye sólo con buenas intenciones sino ante todo con acciones, porque la democracia es precisamente, como sostiene Zedillo, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. No obstante, la política desplegada hasta ahora por el Ejecutivo en materia económica, social, cultural y electoral, no apunta en esa dirección.
En relación al nuevo federalismo más parece que la realidad se le está imponiendo al Ejecutivo y no que sea resultado de acciones deliberadas de su parte. Los hechos ocurridos en diciembre pasado a la fecha contrastan seriamente con las palabras del Presidente, en relación a la división y el equilibrio de poderes dentro de un régimen republicano que, según dice, tenemos.
Sabemos que las acciones autoritarias con las que se sometió a buena parte de los legisladores priístas y de los entendimientos del Gobierno para algunas votaciones en este Congreso con Acción Nacional, son más que nada una muestra más de que no existe ese famoso equilibrio de poderes, sino que finalmente las iniciativas del Ejecutivo terminan siendo impuestas en este Congreso.
Una vez de tales iniciativas, tener relación con el grave problema de coordinación fiscal, aquí cabe señalar que el Ejecutivo y el PRI se negaron rotundamente en diciembre a abordar el tema de la revisión profunda del actual sistema de coordinación fiscal, a realizar las modificaciones que fueran necesarias para beneficiar a las entidades y municipios y desde luego, a legislar al respecto.
4o. Desarrollo social. El doctor Zedillo sostiene que para alcanzar plenamente los propósitos de mayor desarrollo social, político y económico de los mexicanos, se requiere combatir la iniquidad que se expresa entre las personas por la diferencia de oportunidades y de ingreso, por las ventajas de una sobre las otras en materia de infraestructura y oportunidades económicas y entre los sectores productivos por los desequilibrios que presenta la economía rural respecto a las actividades industriales y de servicios.
Pero ¿cómo alcanzar este propósito con un modelo económico y políticas sociales reconcentradoras del ingreso y excluyentes de amplias capas de la población? ¿Cómo hacerlo con estrategias que privilegian los intereses de los inversionistas extranjeros, de los rentistas financieros internacionales, de la oligarquía financiera local y de los grandes consorcios industriales y comerciales, a costa de los niveles de vida de millones de mexicanos, desde los grupos de menores ingresos hasta las clases medias de las ciudades y del campo? ¿Cómo lograrlo con políticas que han provocado el desastre rural y aun el cierre masivo de micro, pequeñas y medianas empresas.
Los pocos empresarios de los sectores productivos han llegado al borde de la revuelta, mientras que el mismo Gobierno no pierde oportunidad de reiterar que se mantendrá el rumbo seguido en los últimos años. Los hechos confirman que no se conseguirá elevar la calidad de vida y ampliar la cobertura de los servicios sociales mientras no se modifiquen sustancialmente las políticas gubernamentales en materia económica y desarrollo social.
Hasta un estudiante de primaria sabe que para alcanzar un objetivo se requiere determinada cantidad de recursos económicos, que no se conseguirá éste si no contamos con ellos y mucho menos si los disminuimos y esto es lo que ha sucedido en términos reales desde la toma de posesión del gobierno del doctor Zedillo a la fecha.
Ante esta situación necesitamos redefinir las estrategias con el concurso de todas las fuerzas políticas y sociales y, por supuesto, el Gobierno Federal, con un claro sentido de beneficio real para el país. Esto es lo que nosotros como Partido del Trabajo venimos a sugerir, haciendo énfasis en un último asunto, de que nosotros, tal y como lo hemos señalado, seguimos convencidos de que el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser necesariamente sometido para su discusión y aprobación, no solamente para su discusión como lo estamos haciendo ahora, en este Congreso de la Unión.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eliseo Moyao Morales, del PRD.
El diputado Eliseo Moyao Morales:
Compañeras y compañeros legisladores:
Efectivamente, como ya ha sido señalado aquí por la maestra Ifigenia, el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 1995-2000 presentado por el Poder Ejecutivo Federal, dista mucho de ser un plan y debería de considerarse en el mejor de los casos como un documento de lineamientos de política, puesto que no define las metas a alcanzar ni los medios para lograrlo.
En el capítulo correspondiente al desarrollo social el plan se propone como objetivo garantizar a la población los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución, elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de la población y, prioritariamente, disminuir la pobreza y la exclusión social .
Sin duda son todos ellos objetivos incuestionables compartidos por todos en esta soberanía y que deberían de ser la razón de ser, la razón de fondo que oriente el espíritu y la acción del Ejecutivo. Sin embargo ya en otras ocasiones hemos escuchado estos propósitos, específicamente al inicio de las dos pasadas gestiones gubernamentales y al final hemos visto que los resultados distan mucho de lo ofrecido.
Por ello al volvernos a encontrar con planteamientos incumplidos lo menos que debemos cuestionar es que se nos indique cómo se pretende alcanzar esos objetivos, ¿mediante qué programas y con qué recursos? pues de otra manera no dejarán de ser más que buenas intenciones.
Por lo reducido del tiempo, quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos del plan en materia social y que a mi juicio son controvertidos por su inconsistencia o porque nos plantean cambios en una dirección inadecuada.
1. Se pretende impulsar el crecimiento económico en los próximos años promoviendo el ahorro interno como base fundamental del financiamiento del desarrollo. El ahorro forzoso de corto plazo se pretende configurar con recursos de dos mecanismos; uno, mediante reformas fiscales y dos, mediante reformas al sistema de seguridad social.
La propuesta del plan respecto al vínculo ahorro-seguridad social apunta hacia la desregulación y privatización de los fondos colectivos financieros para el retiro, jubilaciones y pensiones del IMSS, del ISSSTE, de Vivienda y su traslado a los circuitos monetarios y financieros mediante su individualización en cuentas personales en la búsqueda de su máxima rentabilidad.
Bajo este esquema se pretende anular el principio redistributivo del ingreso de reparto solidario que ha regido uno de los ramos de aseguramiento del IMSS, el de invalidez, vejez, cesantía y muerte, al privatizar estos recursos trasladándolos como parte del ahorro forzoso de corto plazo hacia los circuitos monetarios y financieros en la búsqueda de su rentabilidad privada, dando lugar a un principio de eficiencia económica, de competencia y de mercado.
La fracción parlamentaria del PRD plantea los siguientes cuestionamientos a esta medida que viene planteada en el apartado económico del plan. Históricamente los recursos de IVCM del IMSS han financiado la mayor parte del subsistema de seguridad social, el seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte se ha basado en un régimen de retiro que llamamos de solidaridad y redistribución transgeneracional, el cual ha operado ante los trabajadores mexicanos por más de 50 años.
Privatizar los recursos financieros de este seguro y desvincularlos del sistema de seguridad social vigente implicará con toda probabilidad la anulación misma de este régimen de seguridad social; si no que nos explique el Ejecutivo con qué fondos serán sustituidos para que el sistema se mantenga.
Bajo el supuesto de privatizar los fondos sociales para el retiro, los costos financieros y sociales del nuevo esquema desregulado o en transición tendrán que ser absorbidos por el sector estatal, el pago a los pensionados y jubilados actuales y en transición inmediata y de aquellos asegurados que por lo menos han cotizado durante un lapso de entre 15 y 20 años será absorbido por el Estado, significando una enorme carga fiscal.
Amén de señalar de que en el marco de una economía abierta como la que tenemos actualmente o en mercados capitales liberalizados altamente vulnerables por la dependencia externa, no es difícil pensar que en un sistema con esas características los fondos de retiro de vivienda de los trabajadores entren en un proceso de estabilización o crisis cuando el sistema financiero presenta una situación de estas características.
2. En materia de salud la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, es en esencia la continuación de las reformas pendientes del sexenio pasado, tendientes a descentralizar el Servicio de Salva y a la Organización de un nuevo sistema nacional de salud bajo los mismos objetivos planteados desde el plan de 1983, con Miguel de la Madrid, que no han sido o no han podido ser cumplidos: tender hacia una cobertura nacional y mejorar el nivel de salud de la población.
La concepción que orientará el sentido de la reforma actual que plantea el plan, puede leerse del siguiente párrafo, cito: "el nuevo sistema formulará esquemas de financiamiento que sean coherentes con la capacidad de selección del usuario y la responsabilidad administrativa del Gobierno, procurando que todos los trabajadores gocen de los beneficios de la seguridad social. Los servicios de atención a la población asegurada operarán en forma descentralizada, buscando una mayor racionalidad económica, una administración más eficiente y la formación de un mercado más amplio de servicios médicos.
Habría que señalar en primer lugar que el incremento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios no se resuelven únicamente por la vía de la profundización de la política de descentralización, ni siquiera con la reorganización del gasto en salud; se requiere principalmente un incremento real de este gasto, por eso decimos que esos objetivos se verán limitados si tomamos en cuenta el contexto actual de políticas restrictivas de gasto y contracción salarial.
En segundo lugar, el establecimiento de un paquete básico de servicios de salud, vacunación, nutrición y salud reproductiva para todos los mexicanos que se proponen en el plan, sugiero un modelo de atención basado en el principio de prevención y no de curación que no existe actualmente en el país. El modelo vigente condiciona una demanda de servicios clínicos que rebasa con mucho a los referidos en el paquete básico, por lo cual es preocupante que de manera implícita se pretenda transferir los servicios clínicos de salud desde segundo y tercer nivel al sector privado de acuerdo con el nivel de rentabilidad, con lo cual se establecen las bases de un proceso de privatización y de regulación estatal, gradual y selectiva del sistema.
3. Por cuestión de tiempo. En ningún renglón del quehacer público son tan dramáticos los fracasos y los rezagos como en el sector educativo, por eso es inadmisible continuar con las promesas sin realizar un examen autocrítico de lo realizado y lo que se ha dejado de hacer. En este sector hay que admitir que los intentos privatizadores han sido un fracaso y que una política deliberada de achicamiento al Sistema Educativo Público tiene consecuencias actualmente catastróficas.
Hay que decir que la educación de los mexicanos en el país es pública o no será. La educación privada es un espacio marginal y en algunos casos privilegiados que no hacen mella al enorme rezago educativo que enfrenta el país, solamente algunos datos: el 92% de la demanda de la educación secundaria la cubre el Estado; el 94% de la primaria la atiende también Educación Pública.
El diagnóstico del plan es muy pobre, no quiere meterse con las cifras, pues el balance que se hiciera a los programas anteriores sus responsables saldrían muy mal parados, sin embargo lo menos que se puede pedir es que no se siga cayendo en lo mismo. Recordemos que los programas y metas del sector educativo en 1979-1982, se proponía con toda seriedad que para 1985 se alcanzara la meta de 75 alumnos egresados de cada 100 que la hubiera iniciado; casi 10 años después el porcentaje de deserción en primaria asciende a más de 40%.
Se planteó también que el rezago de mexicanos sin instrucción básica completa se redujera a 26 millones, de 26 millones a 5 millones, sin embargo no sólo no se redujo, sino que ahora suman 34 millones, esto es, 8 millones más. Sin tomar en cuenta estos resultados, el plan se propone garantizar en el periodo el acceso educativo hasta nivel secundaria, que implicaría incorporar a 6.5 millones de niños y jóvenes adicionales, más de 1 millón de niños al año, para cumplir en el sexenio con la intención anunciada.
La paradoja es que mientras se propone este incremento en la matrícula, el presupuesto en educación para 1995 será menor en un 27% en términos reales, respecto al del año anterior.
El Presidente:
Diputado...
El diputado Eliseo Moyao Morales:
Termino.
El crecimiento del rezago educativo tiene una explicación, la matrícula se ha estancado en los niveles básicos y se ha reducido en los niveles medio y superior.
Si tomamos en serio el reto educativo que tiene el país, al contrario de lo que algunas voces gubernamentales sugieren, no se está gastando demasiado en educación, no hay mejor inversión que la que se hace en educación, está comprobado el efecto directo que la escolaridad produce en la movilidad social, en la distribución del ingreso, en el incremento de la productividad, en la innovación científico-tecnológica, así como en el mejoramiento de la salud de la población y en la disminución en los niveles de crecimiento demográfico.
Por su atención, gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Santos Covarrubias, por siete minutos.
El diputado Francisco Javier Santos Covarrubias:
Señor Presidente; honorable Asamblea:
El tema que abordamos el día de hoy, lleva consigo la enorme responsabilidad de definir el rumbo de la nación para los próximos años; a través de él se deberá discutir y definir realmente qué deseamos los mexicanos para nuestro futuro, cuál es el modelo de nación que, dadas las circunstancias, resultará el más conveniente para todos nosotros y estas interrogantes nos constriñen a hacer un análisis crítico del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, a efecto de constatar si éste responde a las expectativas del país o si resultará suficiente realizar un diagnóstico con respuestas generales de posibles soluciones insertas en el documento en propuesta, evitando el concienzudo análisis de México con enormes riquezas naturales, culturales y económicas, que en contrasentido, hoy se encuentra sumido en la desesperación y en la miseria, sin credibilidad, con homicidios políticos, con altos índices de desempleo, con una sociedad debilitada y en proceso de franca descomposición.
En el Plan Nacional de Desarrollo que se presenta a discusión, se mencionan algunos rubros mediante los cuales se pretende implementar programas, procurando atacar los efectos de la problemática, omitiendo la corrección de causas.
Este Poder Legislativo debe tener como premisa fundamental, garantizar la convivencia armónica de los ciudadanos en la pluralidad y para ello, requiere la participación responsable de sus miembros sobre todo, en el reconocimiento de excesos y la permanente voluntad para reivindicar el camino andado.
Debemos combatir entre la sociedad la carencia de principios y valores básicos de la persona humana, que en el servicio público y durante mucho tiempo se han desviado.
Cómo invocar la justicia si convivimos con la impunidad, cómo mejorar el futuro de nuestra sociedad, con niños sin acceso a una adecuada alimentación, sin atención médica, sin educación adecuada; cómo pensar en una vida democrática, si aún persisten resistencias con tendencias centralistas y dictatoriales; cómo hablar de un auténtico federalismo, si aún se debate sobre los mismos conceptos que en 1917 se abordaban en tribuna sobre la autonomía municipal, se habla con ligereza de los logros de una justicia social, cuando la marginación de la clase campesina es la mayormente afectada, mientras su función prioritaria es la producción de alimentos y los trabajadores, ahogados bajo el yugo de un falso sindicalismo, en su desesperación y agotamiento, ven truncadas sus mínimas posibilidades de desarrollo, en tanto los programas educativos, deficientes y carentes de contenido cívico arrojan como resultado efectos desastrosos. No son los odios ni las pasiones revanchistas desbordadas, ni las obsesiones simplistas del asalto al poder, la meta del poder mismo, como tampoco la perversión de la política ni la corrupción ni negación de valores lo que puede inspirar programas de solución a los problemas del país, sino el respeto a la persona humana y el amor a la patria, las virtudes que deben alumbrar el camino del futuro de México.
Es necesario garantizar las libertades de la persona humana a través del fomento y respeto del ejercicio a sus derechos, el detonador que impulse la decidida declaración de respeto a la vida y sin ambigüedad, el consecuente rechazo al doloso aborto.
El Gobierno, debe como autoridad tener su base fundamental en la capacidad de responder por sus acciones ante el pueblo, con lenguaje claro, con actos transparentes, con respeto a la pluralidad y sobre todo enalteciendo la grandeza de México con la nobleza de la verdad.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:
Se inicia el Plan Nacional de Desarrollo reafirmando el principio lógico de la vida, primero el ser y luego los modos y las maneras de ser. El ser del Estado es la soberanía, ella es su presupuesto, manifestación y sin ella no puede concebirse al Estado. Ya soberano el Estado se puede dar el régimen que desee, federalista o centralista, monárquico a republicano, pero ésa es una decisión ya soberana.
Se da la soberanía en una doble dimensión: interna en cuanto se refiere al orden nacional, a la organización constitucional y sistema jurídico. No hay ni debe haber poder social o político superior al Estado, éste tiene sobre toda persona o grupo el imperio para aplicar la ley.
En lo externo ningún poder extraño puede imponerle sus normas jurídicas, por eso a la importancia, salvaguarda y tutela de ambas manifestaciones de la soberanía se refieren los párrafos iniciales del Plan Nacional de Desarrollo.
Dice el segundo: "la expresión concreta de nuestra soberanía consiste en preservar la integridad de nuestro territorio y asegurar en el mismo la vigencia del estado de derecho, con la supremacía de la Constitución Política y las leyes que de ella emanan".
No voy a entrar en disquisiciones teóricas sobre lo que es la soberanía, concepto multívoco, ni sobre su origen y evolución histórica y filosófica, pero sí puedo afirmar de una vez que de un concepto puramente político y de fuerza, como nacieron los estados soberanos, devino en un concepto jurídico.
Como ustedes saben bien, hay tesis de fin de milenio que sostienen que se han acabado las ideologías, que las soberanías nacionales deben ceder ante poderes supernacionales o globalizadores. Se ha dicho también que aún el mismo concepto soberanía es una inversión perversa por la cual se llevó al imperialismo y a la lucha entre los poderes.
Todo esto se ha dicho, pero lo cierto es que sin esa soberanía el Estado mexicano no podría existir, por eso el presidente Zedillo levanta desde un principio esta postura de México en el Plan Nacional de Desarrollo.
Precisamente los principios constitucionales que rigen nuestra política exterior, aunados a la tradición pacifista bien ganada, son, dice el plan: los activos de la nación en la defensa de la soberanía.
No hay contradicción, como se ha querido ver a veces, entre la defensa permanente de los intereses de México y su respeto al derecho internacional.
En cuanto a lo interno, vuelvo a insistir en que la soberanía supone irrestricto imperio de la ley. No puede haber separatismos, no puede haber divisionismos infranqueables que pueden lindar peligrosamente con delitos de lesa patria.
Por eso y para ser rápido, mi exposición viene de la mano en seguida cómo esta soberanía nos ha permitido constituirnos en un estado de derecho y un país de leyes, como sigue el capítulo del Plan Nacional de Desarrollo.
La soberanía, insisto, tiene una serie de definiciones. Para mí la más jurídica y esquemática es la que define a la soberanía como la competencia de las competencias. Pero hay una elegante de Heler con un contenido ético que dice: que es la instancia decisoria, suprema para todos los asuntos que afectan las relaciones nacionales.
Pero todas las tesis, aun las tesis que diríamos totalitarias en materia de soberanía, llevan a la finalidad última de construir un estado de derecho. Dice el primer magistrado, "único que hace perdurables el progreso y la paz social".
Siempre que hablo de estado de derecho y de legalidad, pienso que me traiciona la deformación profesional de ser abogado y creyente y practicante del derecho, pero la verdad es que también creo, sin caer en explicaciones sociológicas simplistas, se puede sostener que sin infraestructura legal no hay sociedad que perdure. No en valde, el valor fundamental del derecho es la seguridad jurídica.
Pues bien, en la búsqueda de ese orden jurídico que nos dé certeza en nuestros derechos y libertades, el presidente Zedillo, desde el inicio de su campaña y en su discurso de toma de posesión del poder, enarboló la bandera de un Poder Judicial renovado y fortalecido y de un intachable sistema de justicia.
Por eso hemos visto en los últimos meses, primero, la reforma sustancial a fondo de una Suprema Corte de Justicia que puede ser un verdadero tribunal constitucional, pero a la vez vela por la legalidad general de la República.
Vimos también reformas al artículo 21 constitucional para no permitir un Ministerio Público omnipotente.
Desafortunadamente, por una tradición de nuestro Ministerio Público, en México parece que se presume culpable al que cae indiciado en vez de pensar que debe presumirse inocente.
Tenemos también reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, se está viendo o vamos a ver pronto la iniciativa de Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, se proyecta una Ley del Combate a la Delincuencia Organizada; es decir, se está tomando como un punto importantísimo de este Plan Nacional de Desarrollo, estado de derecho y legalidad.
También, ya en el ejercicio de esta soberanía y como forma de gobierno, nos hemos organizado, según el artículo 40 de la Constitución, en una República representativa, democrática y federal, elementos definitorios que son más explicitados en los artículos 3o., 41 y 49.
Pero el presidente Zedillo reconoce que todavía hay espacios de mayor desarrollo democrático y de ahí que en el Plan Nacional de Desarrollo se proponga afirmar la democracia, textualmente, "en todas las esferas de la vida de la República".
Permítaseme aquí rechazar de una vez por todas, cuando menos en mi opinión, la exageración que mucho se oye en México, que para mí es una falsedad de que debemos trabajar Gobierno, sociedad y partido para una transición democrática.
Cuidado con las palabras. Está bien que sea una moda académica, diría yo extranjerizante, entre académica y política, hacer sesudas reflexiones sobre este tema de transición democrática.
Pero lo cierto es que la sola enunciación es equívoca, pues hace parecer que no hemos vivido en un régimen democrático.
Creo que perfeccionar ese régimen, consolidarlo, fortalecerlo, como reclama el plan, indica que mucho camino hemos avanzado en lo político, por lo que no debe desconocerse dogmáticamente, como a veces se hace, que vamos a una transición democrática.
Pero la tolerancia, el respeto, el entendimiento cívico son virtudes cívicas de doble vía, resulta muy común, en ocasiones algunos partidos minoritarios se llamen a no atendidos en sus propuestas, porque no se les contestan todas y siempre afirmativamente.
Y entonces se retiran de la negociación democrática; acusan al partido mayoritario, mi partido de intransigencia. Nadie tiene el monopolio de la verdad y de la democracia como pretenden los sempiternos opositores a todo lo que no sea sus tesis o sus triunfos.
Como último punto y perdón Presidente si me da usted unos minutos más para no amenazar a la concurrencia con hacer uso del artículo 103 como hacen algunos compañeros, nada más un par de minutos, preocupa tanto al presidente Zedillo el limpio y eficiente manejo y destino de los recursos públicos, que lo mismo a propósito de la procuración de justicia, como al tratar de la probidad del servicio público, que al referirse a la modernización de la administración pública, insiste en la necesidad de una reforma a fondo de los órganos de control interno de la gestión pública.
Mucho se ha hablado de este tema, por demás sensible y controversial, máxime cuando se vincula a la posible corrupción administrativa. Y digo posible, por que basta de generalizar en forma injusta y no sé si decir hasta soez en contra de los servidores públicos.
Sostengo y son muchos los años de servidor público que me han dado alguna experiencia personal en el campo, que muchos más son los casos de empleados y funcionarios de nítida moralidad administrativa, que de pillos que desprestigian a todos. Por eso no vale la pena hacer algunas reflexiones, insisto, que no tienen sentido aún por periódicos.
Ultimo punto, se trata también de lo que se ha hablado mucho de agenda legislativa y de relaciones Poder Legislativo Poder Ejecutivo. Creo que la Constitución nos da al Poder Legislativo y le ha dado siempre, pues, quizá ésta es la causa última del nacimiento de congresos y parlamentos, lo que con razón se llama el poder de la bolsa, se ejerce tanto en la aprobación de los presupuestos como en la revisión y control de gasto público.
El presidente Zedillo en su Plan Nacional de Desarrollo, ratifica su compromiso de alentar todo lo que el Poder Legislativo haga para potenciar su competencia en esas materias. Las tenemos y si no las hemos ejercido plenamente hagámoslo.
El plan también se refiere expresamente a uno de los justificados reclamos de los legisladores, evitar la aglomeración de iniciativas de ley en los últimos días de los periodos de sesiones, ya que esta aglomeración impide un trabajo, impide un trabajo ordenado y cabal y da lugar a un tratamiento a veces superficial de los mismos.
Para evitar esta legislación al vapor, el Plan Nacional de Desarrollo expresamente propone que sean las cámaras las que legislen sobre agendas legislativas, lo que estoy seguro que haremos a través de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso y al Reglamento de la Cámara de Diputados.
Pero no caigamos tampoco en la reiterada y falsa afirmación, que el repetido ejercicio del poder y la iniciativa que constantemente tiene el Ejecutivo, es per se un ataque al reto de la independencia del Legislativo.
La actual complejidad del Gobierno y la administración hace lógico que muchas iniciativas vengan del Poder Ejecutivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Tras la matanza de Tlatelolco, que hoy cumple 27 años, la tecnocracia en México tomó el poder. A partir de 1970 cuatro gobiernos sucesivos de corte tecnocrático, destruyeron el potencial y las instituciones económicas de la nación.
Cuando Jesucristo le reveló a San Juan, el teólogo, según consta en el Nuevo Testamento, como sería el apocalipsis, de alguna forma pensó en los gobiernos de Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari. Estos cuatro jinetes del apocalipsis minaron literalmente los fundamentos del país. Los tres primeros nos trajeron: muerte, miseria y hambre, como corresponde a las iniciales del más oscuro de ellos: Miguel de la Madrid Hurtado. El cuarto, el más siniestro, en adición a las calamidades antes dichas, nos trajo una más, más terrible: la guerra.
Sí, compañeros diputados, la guerra en el sureste, que en cualquier momento puede cundir a otras porciones del territorio. Para efectos de este análisis, el denominador común de esos cuatro gobiernos fue su afán planificador:
Primero. Luis Echeverría con Horacio Flores de la Peña, Fernando Rafful, José Andrés Oteyza y otros, produjo un Plan de Desarrollo nonato porque llegó tarde y no tuvo el Presidente tiempo de implementarlo.
Segundo. José López Portillo concibió, primero con Carlos Tello, luego con Ricardo García Sáenz y posteriormente con Miguel de la Madrid, tres secretarios de la programación y de la presupuestación al hilo, un Plan Global de Desarrollo 1980-1982 que el ingenio popular inmediatamente denominó "el plan globero".
Tercero. Miguel de la Madrid con Carlos Salinas y José Córdoba, elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 1:
Cuarto Carlos Salinas con Ernesto Zedillo engendró el Plan Nacional de Desarrollo 2, que abortó porque sus predicciones, por no citar más que tres: crecimiento del producto del 6% en el último año, fortalecimiento de la moneda, preservación de la planta productiva, terminaron en una catástrofe.
Con esos antecedentes, Zedillo produce en un quinto intento el Plan Nacional de Desarrollo 3, con los mismos criterios, las mismas bases, la misma filosofía, la misma carencia de técnicas planificadoras y la cuasi total ausencia de objetivos precisos contra el tiempo. Porque éste es el primer ejecutivo, el señor Zedillo, que se atreve a proponer un objetivo: crecer el 5%, pero no dice cuándo, si es para mañana, pasado mañana, antier; por lo menos los otros dijeron y fallaron. Este, emite, como un buen deseo, la conveniencia de crecer mucho un día de estos.
Nosotros nos vamos a permitir hoy aquí, para que no digan los diputados como el señor Rodríguez y Rodríguez, que somos los "sempiternos opositores" que nada proponemos, hacer hoy una propuesta concreta y espero que la escuche Rodríguez y Rodríguez y ese coro priísta que chilla cada vez que aquí se hace una propuesta. Esta propuesta se denomina El Contraplan, es el plan alternativo, es el Plan Social Demócrata de Salvación Nacional. Yo espero que esos que hacen alharaca tengan el valor y el seso, que está por probarse, de venir aquí a refutar y a decir por qué estas tesis no se pueden promover e implementar en lugar del esquema neoliberal.
La propuesta socialdemocrática se basa en el hecho de que el 30 de mayo del presente año Zedillo dio a conocer un plan que resulta el parto de los montes o el compromiso de nadie con la nada, porque no fue consultado el pueblo. Alucina el diputado Del Río cuando dice que hubo 12 mil ponentes y decenas de miles de propuestas; las únicas propuestas que tomó en cuenta Zedillo son las de Rubin, las de Warren Christopher, las de Summer, las del señor Campdessus del Fondo Monetario, desde luego las del jefe Clinton. Las demás fueron al caño.
Con ese entorno se presenta un plan que además constituye una burla a esta representación nacional, porque mientras el artículo 25 de la Constitución le asigna al Estado la función planificadora, el artículo 5o. de la Ley de Planeación que por cierto redactó Salinas, señala: "...que el Presidente de la República remitirá el plan al Congreso de la Unión, para su examen y opinión".
Resulta pues que los padres de la patria, los diputados, estamos aquí de opinadores a posteriori, una vez que el plan está en marcha y por si hubiere duda, otro artículo de esa ley, el 29, dice textualmente: "El plan y los programas deberán ser sometidos a la consideración y aprobación, no dice del Congreso, sino del Presidente de la República".
El Contraplán que hoy proponemos se basa en el siguiente criterio o conjunto de criterios fundamentales: hasta el presente todos los esfuerzos planificadores en los ámbitos global, sectorial o regional, han dependido del criterio oportunista de cada sexenio. Por ello cada administración sexenal pone en tela de juicio, como lo hace Zedillo con Salinas, las orientaciones precedentes. Mediante esta práctica el presidente en turno impone el fatalismo de que su obra sea borrada por su propio sucesor.
El Contraplán propone que sea la sociedad civil la que fije garantías básicas de democratización y de equilibrio político; garantizar la existencia y desarrollo del sector social de la economía; conciliar el desarrollo del país con la libertad de las instituciones; imponer el principio de la planificación obligatoria para el Gobierno e indicativa para los sectores social y particular; jerarquizar los objetivos y prioridades a corto, mediano y largo plazos; asegurar la democratización y la elaboración del plan sujetándolo a la aprobación, vigilancia y control por parte de las cámaras de Diputados y de Senadores y garantizar desde luego la intervención del Estado en la economía en los campos que determinen la Constitución, las leyes y el interés público.
Y como criterio fundamental de operación del plan se propone en el contraplán que ningún programa nacional de desarrollo sea coincidente con el sexenio político gubernamental, a fin de evitar el tradicional freno en los proyectos sociales y económicos.
El Contraplán propone 10 políticas precisas:
Primera, salarial: escala móvil de salarios; salario remunerador.
Segunda, de empleo: establecimiento de programas populares de empleo, promoción efectiva del derecho al trabajo, reducción de la semana laboral, seguro del desempleo.
Tercera, política sindical: liquidación del sindicalismo "charro", promoción del sindicalismo libre e independiente, derogación de la requisa en materia laboral, supresión del apartado B del artículo 123 constitucional, prohibición de la afiliación forzosa e inconsulta de carácter masivo a los partidos políticos, registro a todos los sindicatos.
Cuarta, política económica: cancelar la política genocida de austeridad del régimen zedillista, rescisión de todos los convenios con el Fondo Monetario Internacional, moratoria absoluta a la deuda externa, intereses y capital; reforma fiscal integral, control de precios, legislación sobre la utilidad justa, nacionalización y social-democratización de la industria alimentaria, de las industrias básicas y de interés nacional.
Quinta, social: derogación del amparo en materia agraria, legislación inquilinaria, financiamiento social a la vivienda en todo el territorio, capacitación para el trabajo, cobertura de la seguridad social a la clase campesina indistintamente del sector productivo, implantación de la política que garantice el entorno ecológico y la calidad de vida.
Sexta, de inversión extranjera: limitación a la inversión extranjera a una función exclusivamente complementaria, no sustituta de la inversión nacional; control de las remisiones al exterior por concepto de regalías, utilidades, dividendos y tecnologías, eliminación del método casuístico en la toma de resoluciones de la Comisión de Inversiones Extranjeras, limitación accionaria al 49% en todos los casos y sin excepción alguna y fijación de topes a la inversión por sector de actividad.
Séptima, política educativa: liquidación del sindicalismo educativo antidemocrático, desconcentración de la educación, reforma educativa integral, promoción de la educación no formal y de la capacitación para el trabajo, apoyo a las culturas chicanas en el exterior e indígenas en el país.
Octava, política interior: registro irrestricto a todos los partidos y asociaciones políticas, acceso permanente en igualdad de oportunidades de los institutos políticos a los medios masivos de comunicación, derecho irrestricto a la información, comunicación social democrática.
Novena, política exterior: cumplimiento de los principios tradicionales de autodeterminación de los pueblos y no intervención.
Décima, política de planificación: aprobación por las cámaras legislativas de los objetivos, textos y programas del Plan Nacional de Desarrollo; creación del Consejo Nacional de Planificación, promulgación por esta Cámara de la Ley del Primer Plan Nacional de Desarrollo, aprobado previamente por esta soberanía, antes de que el Ejecutivo lo ponga en marcha.
El contraplán propone dos programas de acción inmediata...
El Presidente:
Señor diputado.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Sí, señor Presidente.
El Presidente:
Su tiempo ha concluido. Le suplico que redondee su intervención.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Señor Presidente: yo calculo que esto de los siete minutos seguramente es un acuerdo de una comisión que se llama de Concertación y Régimen Interno. Como nadie me representa en esa comisión, no tengo por qué someterme a ella, señor Presidente y me acojo a lo dispuesto por el 103, hasta terminar, que no serán los 30 minutos.
Bloque latinoamericano de resistencia financiera, siglas Blaref, hoy la primera actitud patriótica de Zedillo de venir a hacer la declaración unilateral ante todos los acreedores extranjeros de la suspensión total de pagos de la deuda exterior, que incluya capital e intereses, aceptar los dictados del Fondo Monetario Internacional, equivale a condenar a la depauperación al 90% de los mexicanos, para seguir alimentando a las metrópolis. La pesada carga de la deuda impide el financiamiento de nuestro desarrollo. Hoy, compañeros diputados, el dilema es: "o comemos o pagamos". No son posibles las dos cosas.
El pueblo harto de circo hoy reclama pan; negárselo es una incitación a la violencia.
El gobierno zedillista debería convocar a los gobiernos de: Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Cuba, que conjuntamente con México deben 575 mil millones de dólares; tal monto nos otorga un formidable poder negociador. La moratoria le permitiría a México inyectar recursos frescos, promedio anual ponderado de aquí a fin de siglo, de cerca de 20 mil millones de dólares y si las demás naciones del área se negaren a participar por esquirolaje, México está obligado a asumir ante su pueblo, el Gobierno, me refiero, esa determinación. No sería éste el primer país que lo hiciera ni la primera vez que un Gobierno de esta nación lo emprenda. Con Juárez ya una vez lo hicimos y la nación mexicana resurgió.
Y proponemos un programa económico de acción inmediata:
1o. Moneda. Fijación estable y definida de la paridad. También en materia de moneda control férreo y draconiano de cambios, limitación precisa a la venta de divisas, según su destino: turismo; gasto suntuario; estudios en el exterior; importaciones básicas; importaciones de bienes de capital; importación de productos médicos.
2o. Respecto de inflación. Enfrentarla mediante la introducción de un programa de productividad nacional que opere básicamente en los sectores prioritarios, a saber: agropecuario, turístico, pequeña y mediana empresa.
3o. Precios. Control estricto de precios; legislación por esta soberanía de delitos contra la economía pública y contra el consumo popular; sanción penal a acaparadores, especuladores, hambreadores y todo tipo de delincuentes económicos que atentan contra el patrimonio del pueblo.
4o. Socialdemocratización de la propiedad. Legislación sobre la intervención directa de la sociedad civil en la economía bajo la forma de cooperativas de consumo y de producción de empresas de interés social y de interés general.
5o. Impuestos. Adopción inmediata por esta soberanía de un programa de reforma tributaria que contemple por lo menos cinco modalidades:
1) La implantación de un gravamen del 15% a las exportaciones;
2) La imposición del 50% a la especulación cambiaria;
3) Impuesto a la especulación bursátil también del 50%;
4) Impuesto progresivo a los que más ganan del 55%;
5) Impuesto patrimonial del 5% a los que más tienen.
¡Con lo cual el gobierno zedillista tendría este año 50 mil millones de dólares! ¡Y lo que demostraría que fue innecesario, antipatriótico, suicida: pedirle prestado a Clinton la referida cantidad:
Este es, compañeras y compañeros diputados, un extracto del Contraplan que se presenta como alternativa al Plan Nacional de Desarrollo de Ernesto Zedillo, que incurre en los mismos vicios de los planes anteriores: intransitar el camino neoliberal que ya hundió a este país! ¡Lo que significa "aplicar la misma medicina que está matando al paciente":
Yo espero que los compañeros diputados de la mayoría priísta tengan hoy, siquiera por una vez, el valor, la inteligencia de venir a esta tribuna a debatir opiniones, esquemas alternativos y cesen su común práctica de demostrar y atacar ad hominem a todo aquel que se atreve a contraponerse a sus ideas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Honorable Asamblea: tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El apartado de política social, cuarto enunciado del Plan Nacional de Desarrollo, constituye uno de los aspectos más significativos de la propuesta sexenal del Ejecutivo. El mayor espacio que se dedica a este apartado, es sólo una de las características que evidencian la importancia que se le otorga a este punto. También se observa que existe un particular cuidado y deferencia en el tratamiento de la temática específica, el cual obedece, fundamentalmente, a una tendencia puramente formal de otorgarle prevalecencia al área social por sobre otras.
El diagnóstico sitúa al país en un periodo dilatado del tiempo. El objetivo evidente de la elección de este periodo es mostrar el cambio de una sociedad con características fundamentalmente rurales, a una sociedad urbana que acusa graves rezagos sociales. Todo esto inmerso en un contexto mundial de cambios impresionantes.
Recuérdese que México hoy es un país en el cual el 60% de su población vive en zonas urbanas.
El enfoque único con el que se observa este largo periodo tiende esencialmente a describir los hechos, señalando las transformaciones que se dan en el cuerpo social y enfatiza en las fuertes contradicciones que se van generando en su interior.
Esta mirada resulta, por tanto, a todas luces insuficiente e incorrecta para tener una visión objetiva de la problemática social de nuestro país. Además de esto ignora en el análisis el papel que el Estado mexicano jugó en el desarrollo social.
La ausencia de este importantísimo factor en una sociedad que se ha desenvuelto para bien o para mal bajo la férula de un Estado fundamentalmente interventor, deforma enormemente el diagnóstico que se hace sobre ella. Por ello no es aceptable, desde el punto de vista técnico y menos aún desde el político, ignorar a uno de los elementos que ejercieron un papel protagónico dentro de la política de desarrollo social.
2. Estrategias y líneas de acción En una de las escasas referencias que se hace al régimen anterior, el plan del presidente Zedillo indica que el gasto social del Gobierno se recuperó notablemente hasta representar en la actualidad aproximadamente un 10% del producto interno bruto.
El propósito propio es mantener y de ser posible incrementar este renglón. La forma específica en que este esfuerzo se despliega es materia de este apartado.
Las observaciones de carácter global que hemos considerado al respecto, son las siguientes:
a) La tarea legislativa nos ha permitido conocer muy de cerca la política del Ejecutivo y por tanto podemos enunciar con cierto fundamento una de las contradicciones básicas en la aplicación de los instrumentos neoliberales en nuestro país y la actual política no escapa a esta situación.
Desde el régimen de Salinas de Gortari el Gobierno promovió programas de corte asistencialista que permitieran paliar los rasgos más agudos de la pobreza y de los desequilibrios sociales. El propósito que se perseguía era corregir de alguna forma la tendencia creciente de dichos desequilibrios. En este mismo sentido, el gasto social jugaría también el papel de un contrapeso ante el inevitable crecimiento de la pobreza que de suyo trae el propio modelo neoliberal. La apuesta salinista consistió en considerar que el efecto del gasto social fuera, en términos proporcionales, mayor que los efectos nocivos de la política neoliberal.
En relación al régimen zedillista, en la coyuntura presente hemos visto que su política en este plano es muy similar. El Plan Nacional de Desarrollo instrumenta en el rubro de desarrollo social un instrumento para abatir los desequilibrios, la pobreza y la pobreza extrema. Pero, por otra parte, ante la situación de emergencia que produjo la llamada "crisis de Navidad", el Gobierno diseña un plan de choque con perfiles severísimos que está incidiendo de manera brutal a la baja en los indicadores del desarrollo social.
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el saldo que deje la crisis en materia de desarrollo social será tan alto que las medidas expuestas por el Plan Nacional de Desarrollo serán totalmente insuficientes para revertirlo.
Por ello el Partido del Trabajo ha reivindicado que la política de desarrollo social debe basarse sobre la aplicación de recursos gubernamentales que sean suficientes y oportunos para fortalecer este sector.
b) Federalismo: uno de los pronunciamientos de orden general que expresa el Plan Nacional de Desarrollo es lo relativo al federalismo. Para el caso que nos ocupa el federalismo desempeñaría un papel importantísimo, porque se convertiría en un instrumento muy valioso para que los desequilibrios regionales encontraran una vía de solución real. Un verdadero federalismo desencadenaría el enorme potencial que tiene nuestro país.
Lamentablemente el federalismo impuesto hasta ahora por el Poder Ejecutivo, dista mucho en ser el federalismo que requerimos.
Para el Partido del Trabajo un verdadero federalismo que impacte sobre el sector de desarrollo social será aquél:
1. Que cambie radicalmente la asignación de los recursos públicos, incrementando de manera sustancial los recursos a las entidades federativas y principalmente a los municipios.
2. Que el llamado federalismo fiscal se base sobre criterios de equidad y justicia, de tal suerte que las entidades que aportaran una suma importante de recursos reciba, proporcionalmente hablando, una suma similar. Esto no debe implicar que las entidades fiscalmente débiles se vean castigadas en la asignación de esos recursos, en todo caso la entidad que deberá limitar sus asignaciones será el Gobierno Federal.
3. Que los municipios reciban sus recursos de manera directa sin intermediación de los gobiernos estatales, esto implica que los gobiernos municipales y estatales manejen de manera directa la recaudación de impuestos y la asignación de los fondos.
c) La organización social: el Plan Nacional de Desarrollo plantea que para alcanzar las metas propuestas es indispensable que se promuevan distintas formas de organización social para que a través de ellas se gestionen los recursos de apoyos que el Gobierno otorgue. Esta iniciativa nos recuerda la formación de los famosos comités ciudadanos, nuestro recelo hacia este tipo de medidas reside en el manejo político que se le pueda dar a estas organizaciones y al alto grado de corruptibilidad que conlleva el manejo de los recursos.
El Partido del Trabajo, con base en su experiencia recomienda que:
1) Los recursos deben otorgarse a las organizaciones legítimamente constituidas y que demuestren tener permanencia en las comunidades y en la organización social;
2) Las organizaciones depositarias de fondos deberán presentar a la comunidad y a los órganos de gobierno el resultado de las aplicaciones de dichos fondos y
3) El principio de revocabilidad y acción penal deberá ser norma a aplicar a los líderes o funcionarios que estén vinculados a la aplicación de los recursos en los programas sociales.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Mara Robles Villaseñor.
La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:
Muy buenas tardes.
En este ambiente de velorio en la madrugada, mucho agradezco a los sobrevivientes que no han cedido a la tentación alimenticia, el que estén aquí.
Hemos de reconocer que hay una expectativa porque se supone que estas horas no serán en vano porque nos espera la gran transición a la democracia y es de esperarse que por lo menos con el diputado priísta Rodríguez y Rodríguez habrá sendos debates sobre este concepto de transición.
Pero ahora toca hablar del Plan Nacional de Desarrollo y como estamos aquí velando a ese difunto, vamos a hacerle los honores del caso. La reforma del Estado también demanda una profunda reorientación de política exterior, México ha cambiado mucho, no necesariamente para bien en el contexto internacional, para transitar a ese nuevo mundo de fin de siglo los mexicanos tenemos que construir nuevos consensos, no podemos negar que durante muchas décadas México tuvo una política exterior compartida por numerosas fuerzas políticas y sociales.
El consenso no fue, no podía ser absoluto pero en algunos principios fundamentales existía una acuerdo y con base en ese acuerdo, nuestro país ejerció su soberanía sobre los recursos naturales, se protegió del intervencionismo y pugnó por un mundo pacífico. En los últimos años se ha roto el pacto social que nos unía y con ello la política exterior que no es ajena a los conflictos internos que han sacudido a la vida nacional. Además se modificó la situación de México en el mundo y nos envuelve un nuevo contexto internacional.
Los principios de política exterior mexicana siguen siendo válidos pero han envejecido las estrategias con las que se defendían esos principios, pero el hecho decisivo es que México ha cambiado, somos un país más complejo, con una sociedad civil más madura, con actores políticos emergentes, con estructuras económicas y sociales que se alteran con la rapidez con las que se mueve la bolsa; quizá la ausencia de algunos diputados se debe a que están cuidando sus acciones ahora que ha habido una nueva baja.
La apertura de México en el exterior sin embargo, adquirió una fuerza inusitada durante el sexenio pasado, pero lamentablemente se trató de una apertura contradictoria excluyente y pragmática; contradictoria, porque a la apertura comercial y financiera no correspondió una apertura política y social; excluyente, porque sólo benefició al capital financiero y al puñado de grandes empresas por las que tiembla todo el día nuestra bolsa dejando al garete a la mayoría de los mexicanos y a la pequeña y mediana empresas.
Pragmática pues, porque se olvidó de nuestros principios y sólo respondió a los vaivenes del mercado y a los intereses del grupo compacto y ahora que ha presentado su I Informe de Gobierno, Ernesto Zedillo, todavía nos preguntamos si podrá diseñar iniciativas diplomáticas adecuadas a lo que hoy requiere México; si podrá encabezar la construcción de una política exterior que logre el concurso de la mayoría de los mexicanos.
Tal vez el momento más oportuno para formular estas preguntas hubiera sido el 1o. de diciembre de 1994, pero no acabamos de terminar el ciclo de la instalación, no acaba de tomar posesión el nuevo Gobierno, porque ni el plan ni el informe lograron definir las estrategias claras y precisas que requiere el país para hacer un balance.
De lo que se ha visto hasta ahora y de lo poco que dice el Plan Nacional de Desarrollo, podemos concluir que la propuesta exterior del presidente Zedillo no representa una base firme para la política de consenso. En primer lugar no puede convencer a la mayoría de los mexicanos porque los hechos desmienten reiteradamente al discurso; se nos dice que se defiende la soberanía, pero se empeñan los recursos petroleros; se nos dice que la nación la forman todos los mexicanos independientemente del lugar en donde residan, pero se niegan en la práctica los derechos ciudadanos a los que viven en el exterior, no se puede pregonar la autonomía con quienes se han encargado de afianzar la dependencia de México al capital financiero internacional.
Y hubiera sido muy útil que destacados abogados como los que hay en esta Cámara hubieran escuchado la intervención del diputado Rodríguez sobre la soberanía y que hubiéramos hecho un debate sobre ese tema, para ver si realmente creen como dice el Plan Nacional de Desarrollo, que la soberanía reside fundamentalmente en el cuidado de las fronteras, cuando ahora el último recurso, casi el anticuado recurso del intervencionismo está en invadir por vía terrestre a un país, cuando son las telecomunicaciones, cuando es la informática, cuando son otros medios financieros los que tienen invadido hasta el tuétano a este país y eso solamente podría debatirse en el marco de una discusión en donde estuviéramos dispuestos a examinar y a rebatir que en el plan existe una visión autoritaria y estadista de política exterior.
Porque si bien es cierto la sociedad civil no acaba de ser una cosa perfectamente definida, de ninguna manera libertad significaría que el Estado asumiera todas y cada una de las funciones si es que no cumple con su papel.
Si nuestro canciller, lo hemos dicho, no dice toda la verdad, la sociedad civil tiene que salir a decir su verdad; si hay una política exterior que nos representa a todos, no tiene porque haber giras paralelas. En ese sentido se ha minado el poder nacional: de ser líder de Latinoamérica hemos dilapidado esa capacidad de negociación que teníamos frente al mundo, hemos dejado que nuestros recursos humanos, que nuestros recursos naturales sean ahora totalmente subvalorados en las negociaciones porque ellos saben que siempre estamos dispuestos a pagar independientemente del costo social.
Entonces creo que la política exterior no está diseñada para generar consensos y que en ese sentido es extraño, me extraña, porque con un gobierno de tecnócratas, en donde se supone que tendrían una gran capacidad para planificar, aunque no estuviéramos de acuerdo, es grave que no se haya logrado ni siquiera hacer cuadrar las variables.
Veo que ha terminado mi tiempo y quisiera repetir el recurso de lo que no nos ajusta el tiempo para la intervención, solicitándole que me permita terminar la intervención, no duraré tampoco la media hora.
El Presidente:
Diputada...
La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:
La propuesta de Zedillo y de Gurría, creo que tampoco va a lograr el consenso, porque ha subordinado los intereses nacionales a las políticas comerciales y financieras que lesionan nuestros intereses nacionales.
Me pregunto y lo hice también cuando en la Comisión Permanente tuve la oportunidad de conocer el curriculum de quienes acudían a representar a nuestro país en el exterior, sobre si esos diplomáticos de carrera, los que eran, estarían de acuerdo en acudir a las embajadas y consulados como simples operadores comerciales, me preguntaba y creía encontrar un asomo de protesta en sus intervenciones, cuando específicamente eran enviados a ser encargados comerciales. ¿Qué opinarán nuestros cancilleres de que el señor Gurría represente únicamente el papel de conseguidor de créditos, que por cierto incluyeron condiciones ominosas para la soberanía nacional.
Nuestra política comercial y financiera debiera estar al servicio del desarrollo del país y no a la inversa. Ojalá la Secretaría de Relaciones Exteriores y los diplomáticos de carrera, decidieran por lo menos hacer un editorial en un periódico.
Por último, pero sin duda lo más importante, la política exterior del Gobierno no producirá consensos, porque ha provocado una mayor dependencia de México hacia Estados Unidos, por un lado están la celeridad y la precipitación con la que el Gobierno mexicano suscribe acuerdos financieros y comerciales con Estados Unidos y en contraste es patente la lentitud y la vacilación con que se trabaja para ampliar nuestras relaciones con el pacífico asiático, para celebrar un acuerdo con la unión europea o para integrar la Comunidad Latinoamericana de Naciones, con la que yo sé que muchos de aquí estarían de acuerdo en acelerar.
Lo más grave es que se reducen nuestras opciones y que se deteriora la capacidad de México para seguir caminos autónomos de desarrollo.
Y esto es muy importante, independientemente de cuáles sean las iniciativas que después vamos a tener que discutir, ésas sí con celeridad, ésas sí con protestas, pero ésas finalmente secundarias, porque las decisiones fundamentales se tomaron aquí hace algún tiempo.
El Partido de la Revolución Democrática está de acuerdo en buscar esa política exterior, que unifique a las diferentes fuerzas políticas y sociales del país; esa es nuestra vocación. Esta nueva política exterior debe ser parte de la ansiada reforma del Estado. Esta reforma estaría incompleta si no se reorientan las líneas estratégicas de nuestra acción diplomática.
Por ello les propongo que empecemos ahora y que continuemos en mejores épocas, buscando los mecanismos adecuados para construir consensos en materia de política exterior, éstos que busquen una reestructuración de los organismos financieros internacionales que nos oprimen elegantemente y que podamos garantizar posibilidades de desarrollo hacia los países del sur; una nueva relación con Estados Unidos, no sólo de respeto mutuo, sino orientada a la reducción de las asimetrías.
También se requiere de una participación activa de los parlamentos y de la sociedad civil. Durante este periodo de sesiones propondremos la creación de instancias permanentes de trabajo interparlamentario entre México y Estados Unidos.
Creemos pues que es necesario dar pasos concretos para la creación de la Comunidad Latinoamericana de Naciones y en su momento intentaremos sacar de la fría congeladora la iniciativa de esta Comunidad Latinoamericana y vamos a promover la creación de un parlamento latinoamericano por elección directa.
Queremos una América no sólo unida por vínculos comerciales o por algunas nostalgias, sino por los lazos profundos que se refuercen en la vía de una integración democrática, social y ciudadana.
Queremos que se discutan las soluciones estructurales al problema migratorio. No podríamos reducirnos a reaccionar siempre ante las medidas antiinmigrantes que se toman en Estados Unidos. México debería tomar la iniciativa y buscar acuerdos migratorios de largo alcance con Canadá, con Estados Unidos y con los países de Latinoamérica.
El voto de los mexicanos en el exterior, en este periodo de sesiones incluiremos también una propuesta para garantizar los derechos ciudadanos de millones de compatriotas que viven en el extranjero.
Así, nosotros pensamos que es posible acompañar la propuesta de la doble nacionalidad sólo si es una propuesta integral que llega a esta tribuna por consenso, pero sobre todo después de una amplísima consulta en nuestro país y en otros países donde viven los mexicanos.
Las bases mínimas que propone el PRD para llegar a acuerdos en materia de política exterior son básicamente dos: primero la democratización de la política exterior, cosa que han planteado y reiterado en todas y cada una de las intervenciones nuestros compañeros que asistieron a la glosa y que asistieron a las reuniones con el canciller y con los diversos funcionarios.
Esto implica que abramos la política exterior a la pluralidad que caracteriza a México. Es necesario descentralizar la gestión de la política exterior, de modo que participen en ella todos los actores, por eso proponemos fomentar la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en las relaciones internacionales, sin menoscabo de la capacidad del Estado para representar a México frente a otros países y en los organismos internacionales.
Con los países con los que hemos firmado tratados de libre comercio se debe buscar la intensificación de las relaciones entre todas las instancias políticas y sociales. Además debiera fortalecerse el pluralismo en las representaciones diplomáticas y en las imágenes que México proyecta hacia el exterior.
Creo que en eso la Cámara tiene un cierto avance, porque casi siempre las delegaciones se integran de manera plural.
Y la segunda parte tiene qué ver con la reorientación de las relaciones económicas de México con el mundo, que aquí se ha expuesto y seguramente se profundizará por nuestros compañeros que trabajan en esta área.
Termino diciendo que el PRD lanza estas propuestas como una plataforma seria para iniciar la discusión con todos ustedes, que las hacemos convencidos de que existe un espacio político en las acciones diplomáticas del régimen que puede ser ocupado por los legisladores, que ese vacío puede ser superado mediante el diálogo entre las fracciones parlamentarias.
Yo los exhorto seriamente a que acepten el reto de iniciar los trabajos para la construcción de una nueva política exterior al lado del Senado, una política que esté fincada en amplios consensos que responda a los intereses de todos los ciudadanos.
Los acontecimientos del último año son una muestra clara de los riesgos que enfrenta México en el nuevo orden internacional. No podemos ir al final de todos los grandes movimientos internacionales. Nos abrimos a la dinámica internacional sin tener un proyecto de país que uniera a la mayoría de los mexicanos. Hay que abrirse, de acuerdo, pero con base en acuerdos nacionales, con una conducción adecuada.
Es impostergable la reorientación de la política exterior como parte de la reforma del Estado, que ponga en el centro la democracia y el desarrollo económico y social.
A lo largo de este periodo de sesiones el PRD luchará con energía contra toda propuesta que atente contra la soberanía de la nación, pero ténganlo por seguro que actuaremos con igual firmeza para trabajar por la construcción de los consensos que nos permitan diseñar la nueva política exterior que reclama el pueblo de México en estos tiempos difíciles.
Hagamos pues la parte de la tarea que nos toca, que ésta nueva revisión al Plan Nacional de Desarrollo no sea una vuelta más en la tuerca del desgaste inútil en el que el Poder Legislativo no le aporta a la nación. Retomemos nuestra tarea y nuestra responsabilidad y el PRD estará dispuesto a dar esos debates sin ceder a la tentación y abandonar el recinto por cansancio o por abulia.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Padilla Olvera.
El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:
Dice el Plan Nacional del Desarrollo: "el objetivo estratégico fundamental del Plan Nacional de Desarrollo es promover un crecimiento económico vigoroso y sustentable que fortalezca la soberanía nacional y redunde en favor tanto del bienestar social de todos los mexicanos como de una convivencia fincada en la democracia y la justicia". Página 129 del Plan Nacional de Desarrollo.
Al dar al crecimiento económico la categoría de fundamental para el cumplimiento del resto de los objetivos del plan, se reconoce el impacto político-social de la crisis actual.
Esta innegable realidad, porque aparte yo estoy de acuerdo con ella, nos conduce a pensar en el gran peligro y el gran reto que nuestro país enfrenta en estos momentos. Por eso nos preguntamos: ¿Y si el plan fracasa en su objetivo de crecimiento económico.
Y los escenarios incoados por las posibilidades de fracaso son en el mejor de los casos aterradores.
Desgraciadamente el planteamiento oficial no nos deja duda de su fracaso y esta afirmación se deduce del conocimiento de nuestra propia y reciente realidad, pues el conjunto de políticas económicas en los últimos dos lustros crearon por un lado estabilidad, precaria, pero, por otro lado pusieron en aprietos al sector productivo, el cual ya se encontraba en graves aprietos antes de la crisis de diciembre.
Esto es comprobable por el crecimiento desmesurado de las carteras vencidas antes de diciembre; la disminución de establecimientos manufactureros a un ritmo de cuatro cierres diarios y el estancamiento de los empleos en el sector formal de la economía a niveles de 1980, a pesar que la fuerza de trabajo en estos 15 años se ha incrementado cuando menos en 16 millones de mexicanos adicionales.
En la segunda mitad del sexenio anterior se agravó la situación por el altísimo costo de capital debido al exagerado e inmoral diferencial entre las tasas activas y las tasas pasivas de la banca que perjudicaron gravemente al sector productivo y a la economía familiar de la clase media.
Además se presenta con todo su castigo el sector externo en perjuicio de los mexicanos por esa apertura indiscriminada de fronteras, combinada con una monumental sobrevaluación del peso.
Y como si esto no fuera suficiente viene la reacción de la presente administración a la devaluación de diciembre y acaba de rematar a los ya de por sí maltratados mexicanos con el PARAUSEE.
El PARAUSEE y el Plan Nacional del Desarrollo están basados en una teoría que sostiene que la estabilidad cambiaria se logra por medio de la estabilidad monetaria y la estabilidad monetaria se logra por medio de una reducción drástica en la demanda interna y de los montos reales de dinero en la economía.
Pero esta medicina provoca una recesión gravísima, resultando más mortal para los mexicanos la medicina que la enfermedad.
Esta teoría da como hecho indiscutible, según ellos, que la tasa de inflación depende casi totalmente del crecimiento del circulante en la economía, sin embargo esta afirmación no resiste la confrontación con los hechos.
En México por ejemplo el incremento nominal en el MI apenas llega a ser parte de la causa de la inflación, donde la causa más importante es la expectativa de inflación, además de manera importante influye la devaluación y sobre todo la total desconfianza en el Gobierno para manejar sensatamente la paridad cambiaria.
Por todo lo expuesto resulta incongruente recetarle a los mexicanos una medicina tan dolorosa, cuando el resultado es muy dudoso.
Los planes, de acuerdo a lo anterior expuesto, lo único que lograrán será posponer la moratoria, con el agravante de que en el proceso de ganar tiempo sea destruida, de manera inexorable, la planta productiva del país.
La teoría económica que está detrás de los planes no va de acuerdo a la realidad mexicana y en su simplismo inocente prepara la quinta caída en la misma trampa, con el agravante de que estas caídas repetitivas son cada vez más profundas que las anteriores y más destructivas del aparato productivo y de la economía real de nuestro país.
Si queremos resolver el problema del ahorro interno, por ejemplo, necesitamos resolver el problema de la fuga de capitales y para resolver el problema de la fuga se requiere recuperar la confianza primero de los mexicanos y luego de los extranjeros infundidos por los mexicanos.
Y para esto lo peor que se puede hacer es penalizar más al consumo, porque esto contrae la demanda interna, provocando la quiebra y el desempleo, que son gasolina para estimular la fuga de capitales y la desconfianza.
El círculo vicioso en que nos encontramos tiene que ser roto con urgencia, para lo cual es necesario estimular la economía mediante un gasto público mayor en inversión, que utilice además a la industria de la construcción para maximizar su efecto multiplicador.
Además reformar las tablas de impuesto sobre la renta para restablecer la progresividad y la justicia a este impuesto, que además devolverá algo del poder adquisitivo perdido en esta crisis y se traducirá necesariamente en una reactivación de los mercados y del ahorro interno de la clase media y eso restablecerá la tranquilidad y parcialmente la confianza.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Feliciano García Peraza.
El diputado José Feliciano García Peraza:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
Una de las partes más relevantes del Plan Nacional de Desarrollo es la política de desarrollo social cuya principal finalidad es superar los rezagos presentes y los retos del futuro, a través de una estrategia orientada a procurar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Se trata de una propuesta construida con una visión de política de Estado enmarcada en un mandato constitucional que busca conjugar el respeto y ejercicio de las libertades individuales con los derechos sociales, para una vida digna y el bienestar colectivo.
El documento establece como uno de sus cinco objetivos fundamentales, el compromiso de avanzar hacia un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país perspectivas reales de superación individual y comunitaria bajo los principios de justicia y equidad.
Tras la política de desarrollo social que el Gobierno de la República asume como compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, plantea como objetivos la igualdad de oportunidades que garantice los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución, el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos y el combate decidido a la pobreza y a la exclusión social.
La intencionalidad y alcances de la política de desarrollo social que se propone le dan una nueva dimensión que se manifiesta en su naturaleza integral, su propósito descentralizador, su carácter participativo y el control ciudadano en la definición, ejecución y supervisión de los programas que se realicen.
Los legisladores del grupo parlamentario priísta consideramos adecuado este enfoque que se orienta por acciones coordinadas, enfocadas a atenuar los efectos de la crisis, combatir las causas estructurales de la pobreza y promover el desarrollo sustentable y equitativo. Con este criterio se busca consolidar los problemas existentes, hacer más eficientes los recursos disponibles y terminar con la dispersión de esfuerzos, duplicidad de funciones, dispendios y burocratismos que debilitan la capacidad de respuesta del Estado a las demandas sociales y hacen que la política social se convierta, en lugar de un instrumento para atemperar desigualdad, iniquidad e injusticia, en una carga para la sociedad.
Es necesario dar respuestas efectivas, oportunas y adecuadas a los grupos sociales y regiones del país que presentan los mayores rezagos. En el marco de un federalismo renovado el plan propone descentralizar la política social como estrategia para hacer posible la transferencia de mayores recursos y responsabilidades a los gobiernos estatales y municipales.
En los programas sociales la transparencia en el ejercicio de los recursos es, además de una obligación legal y una responsabilidad política, un imperativo ético. El plan busca promover la participación ciudadana para definir, supervisar y evaluar la gestión y ejecución de los programas sociales y el uso de los recursos, porque nadie mejor que la propia sociedad para vigilar la ejecución de programas y la aplicación de los recursos destinados al bienestar de la comunidad.
Creemos que se debe postular un crecimiento macroeconómico que atienda la necesidad de una suficiente generación de empleos y una distribución del ingreso más equitativa. Sólo con estos requisitos el desarrollo puede ser sustentable.
La política social que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo tiene como base una visión estratégica y medidas no sólo deseables sino también posibles para actuar sobre las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza; una política social integral, participativa, influyente y eficaz, debe atender a un tiempo la cobertura y calidad de los servicios educativos, de salud, abasto y vivienda; ofrecer mejores expectativas de vida a los grupos sociales de menores recursos en las zonas marginadas urbanas, rurales e indígenas.
Para el año 2000 la población total ascenderá a cerca de 100 millones de personas, lo cual implica que durante los próximos 5 años habrá 1.8 millones de nuevos habitantes anuales.
El plan propone una política de reordenación de los factores demográficos y medidas que buscan alentar el desarrollo sustentable y la preservación del medio ambiente.
Es imperativo establecer las bases para un desarrollo social sostenido, justo y homogéneo en todo el territorio nacional. El plan propone una estrategia de desarrollo regional con medidas dirigidas a reducir desigualdades entre la ciudad y el campo, entre las zonas marginadas y no marginadas, fortalecer el empleo, productividad y competitividad de la planta productiva en las diferentes regiones y la capacidad económica administrativa para los estados y los municipios.
Las acciones aisladas no contribuyen a superar el círculo vicioso que reproduce a la pobreza extrema, se requiere atender de manera conjunta deficiencias nutricionales, educativas y de salud, enfocado sobre todo a los sectores de la población más vulnerables como los niños, jóvenes y mujeres con desventajas económicas y sociales, discapacitados y personas de la tercera edad que encontramos en el programa de política social que propone el Plan Nacional de Desarrollo.
La política de desarrollo social que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo postula cinco estrategias que creemos darán como resultado el mejoramiento de las condiciones de vida de la población:
Uno, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos.
Dos, armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población.
Tres, promover el desarrollo equilibrado de las regiones.
Cuatro, privilegiar la atención a la población con mayor desventaja económica y social.
Cinco, impulsar una política integral de desarrollo social.
Estas estrategias enmarcadas en la nueva alianza nacional para el bienestar y el proyecto de legislación en materia de desarrollo social, podrán contribuir a encauzar el esfuerzo para el combate a la pobreza.
Señoras y señores legisladores: no podemos ni debemos soslayar que el principal problema social de nuestro país es la pobreza. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 contiene estrategias para el establecimiento de una política de desarrollo social que creemos será eficaz para combatirla.
Es necesario construir consensos y alentar la participación social para su atención urgente, postulando como medio y fin en su combate, el ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos, consagrados en nuestra Constitución.
La presentación y discusión del plan no agota el proceso de planeación; habrá que estar atentos a que los programas sectoriales se ajusten a lo que en este plan se postula y en su caso, proponer adecuaciones.
Nuestra responsabilidad en el marco de la división del marco de poderes exige una actitud vigilante, crítica y propositiva que permita la supervisión responsable en la instrumentación, control y evaluación de los programas sociales y que vigilemos el ejercicio honesto y transparente del gasto público, para que tenga los efectos redistributivos y cumpla sus propósitos de equidad social.
Nuestro compromiso es en favor del establecimiento de bases firmes que promuevan el porvenir de los mexicanos en un régimen de convivencia social regido plenamente por el imperio de la ley y el ejercicio de las libertades democráticas.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Raúl Livas Vera.
El diputado Raúl Alejandro Livas Vera:
Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:
Hago uso de la palabra a pesar de que obviamente no tenemos quorum, con la idea de dejar sentado algo que es desde mi punto de vista muy importante para todos nosotros. No voy a referirme directamente al plan, porque ya se han hecho una gran cantidad de críticas y se ha señalado desde diferentes puntos de vista y en su momento, sobre todo por la oposición, la necesidad de modificar la Ley de Planeación, para que sea este Congreso el responsable de determinar el destino y las formas en las que debemos de resolver nuestros problemas económicos. Por eso en este momento quiero señalar algo que es sumamente importante en cuanto a los objetivos que señala el Plan Nacional de Desarrollo.
Son los mismos que hemos planteado nosotros y que han planteado también los diversos partidos de oposición. En cuanto a objetivos básicamente no hay problema. El problema está en los métodos, en los instrumentos y en los tiempos en los que se tiene que cubrir estos objetivos, como ya se ha señalado reiteradamente. Se habla de objetivos de crecimiento y de empleo, pero no se señalan ni mecanismos específicos para lograrlo ni tampoco el tiempo en el cual se van a alcanzar estos objetivos.
Esto es sumamente grave; pero más grave aún es el hecho de que nosotros estemos abdicando de nuestra responsabilidad y dentro de muy pronto vamos a recibir, aquí, las propuestas que equivalen a un plan emergente de desarrollo. ¿Cuáles son éstos? Pues son simplemente los lineamientos de política económica para el corto plazo.
Se nos ha señalado ya que de acuerdo con el plan estamos ya en vías de crecimiento. El último trimestre de este año ya se inició y nosotros vamos a tener la oportunidad de ver si efectivamente existe alguna esperanza de que este crecimiento se dé.
De antemano aquí señalo, como señalamos en el pasado, una gran cantidad de errores que se iban a cometer y que después se tuvieron que explicar las razones por las cuales no se habían cumplido los objetivos, que no va a haber crecimiento, que no va a haber recuperación del poder adquisitivo, que no se va a incrementar significativamente el empleo; no en este trimestre, sino en todo el año que entra y de persistir en la política económica que se está manejando actualmente, en todo el sexenio. Esto es sumamente grave.
Yo convoco a que seriamente debatamos en el futuro inmediato, sobre las bases de sustentación de tipo teórico y de tipo numérico, de tipo econométrico, para ver y dar un seguimiento a cada uno de los objetivos planteados en tiempo. Cada mes deberíamos nosotros de hacer un análisis breve, al menos al interior de las comisiones de Programación, Presupuesto y también de la de Hacienda, para ver cuál es el desarrollo de la situación. Modificar la forma en la que vamos a presupuestar, no nada más el Ramo XXVI, sino también el arbitrario Ramo XXIII, para ir decidiendo mes a mes, la forma en la que se deben de ir asignando los recursos de ese ramo, que no dejan de ser sumamente arbitrarios y que además específicamente se señala que obedecen a razones de contingencia económica y vemos que en este momento la contingencia económica no cuenta con un estado de resultados para ver la efectividad del manejo de la política económica.
Nosotros pensamos que en el cortísimo plazo debemos de establecer un plan emergente que cumpla con los objetivos de crecimiento de empleo y de creación de demanda efectiva, sobre la base del ahorro interno, como al fin se acaba de descubrir por parte del régimen como un elemento fundamental para poder sentar bases firmes de crecimiento. Sin embargo, dado que el ahorro interno y en particular el ahorro de la mayoría de los mexicanos depende de su nivel de ingreso, el ahorro es lo que sobra después del consumo, una vez que se tiene un ingreso. El ahorro siempre es un remanente, siempre es lo último que queda. Nosotros vemos que hay un error fundamental en la forma en la que se está atacando este problema.
Para poder realmente tener y garantizar ahorro interno, es necesario que se incremente el ingreso. Para ello es necesario modificar la política salarial y la política de inversión del sector público; tenemos que modificar también la política fiscal en lo que se refiere a todos aquellos rubros que afectan el ingreso disponible. Unicamente de esa manera nosotros vamos a poder alcanzar un nivel de ahorro interno que sea significativo y que siente las bases para un crecimiento estable y sostenido.
Seguir con la política de mantener el ahorro interno sobre la base de la expropiación a base de impuestos, es prácticamente suicida.
Mantener superávit en la cuenta de inversión, lo es igualmente porque ninguno de los dos elementos permite la recuperación de la economía y el incremento de la demanda efectiva. Estamos, una vez más, cometiendo el error de depender del ahorro externo y sobre todo, de fincar las bases de la recuperación en el corto plazo en el sector exportador y esto ya ha sido ampliamente debatido también aquí sobre la inviabilidad en el corto plazo, de poder apoyarnos en éste único elemento para garantizar el crecimiento de la economía.
Un punto que también es importante considerar es ver que dentro del mecanismo de planeación de las modificaciones que hemos demandado a la Ley de Planeación, se ha contemplado la creación de un organismo supremo fiscalizador, pero nosotros no hemos enfrentado este problema a pesar de que este organismo supremo fiscalizador de hecho sustituirá a la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiendo de esta Cámara, porque dependerá del Poder Legislativo.
Y estamos esperando que la Secretaría de la Contraloría, que es la que va a desaparecer, prepare la iniciativa de ley, cuando es una responsabilidad fundamental del Poder Legislativo, puesto que uno de los requisitos para que funcione el órgano supremo fiscalizador es que sea independiente del Poder Ejecutivo y así lo ha aceptado el mismo presidente Zedillo.
Así pues, si va a ser nuestra responsabilidad ¿por qué tenemos que atarnos las manos y esperar a que el Ejecutivo nos envíe la propuesta de ley y no asumimos la responsabilidad que nos corresponde? Es una pregunta que me gustaría que se debatiera también en su oportunidad, porque está ligado a la Ley de Planeación.
De ahí se determinará no nada más la responsabilidad de malversación de fondos o de incumplimiento de una reglamentación equis, sino sobre todo y lo más importante: el fincar responsabilidades al incumplimiento de metas específicamente aceptadas por cada uno de los responsables de los ramos.
Así pues, nosotros podríamos enjuiciar al Secretario de Salud por no haber resuelto los problemas que tenemos. Al Secretario de Desarrollo Social por no haber combatido adecuadamente la pobreza y así sucesivamente.
Creo yo que éste es un elemento fundamental en el cual debemos de pensar y al cual debemos de remitirnos en el momento en que nos lleguen los criterios de política económica y en el momento en que tengamos que aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación, que forman parte integral del inicio de la aplicación de este nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Muchas gracias.
Perdón, perdón. Tenía un encargo.
La semana pasada se inició un referendum de la libertad, que propone un programa económico alternativo. Es una propuesta económica impulsada por organismos de distintos sectores, de manera que responda a las necesidades de todos los mexicanos y sea una alternativa al modelo económico actual impuesto por el Gobierno.
Se ha iniciado este programa recogiendo firmas que espera concluirse para el día 22 de octubre. En su momento y cuando esta consulta popular termine, aquí yo creo que deberemos también realizar una evaluación sobre esto que constituye una demanda popular, una modificación no tanto en el rumbo y en los objetivos de política económica, pero sí de sus resultados; es decir, la gente quiere resultados, quiere que se acabe efectivamente con la pobreza, no nada más que se diga que se está combatiendo. La gente quiere tener ingreso que le permita acceder a una alimentación digna, a una satisfacción digna de sus necesidades de educación y de salud por parte del Estado y de un ingreso lo suficientemente elevado que permita poder adquirir vivienda y vestido; que son los que se adquieren por la base del ingreso personal.
Esto es lo que se está planteando y esperemos que de esta consulta nosotros podamos también obtener una base firme para poder modificar el rumbo de la política económica.
El Presidente:
Finalmente, para concluir con el análisis de este tema tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Alguien dijo que: "en ocasiones se habla para el nada más". Ojalá que no sea éste el caso.
Mi partido, el de la Revolución Democrática, ha hecho llegar a todos ustedes su crítica al Plan Nacional de Desarrollo, plasmada al detalle en forma de libro, material que esperamos contribuya a focalizar las ausencias del documento que nos ocupa y también a mejorar su enfoque.
Mi condición de maestra me impulsa a enfatizar algunos conceptos que como legisladores deseo que compartamos, para contribuir a que se alcancen los objetivos del plan, especialmente en lo referido al área de la educación.
1o. La defensa y el impulso decidido a la educación pública en todos los niveles, ya que ésta resulta ser el medio idóneo para alcanzar la movilización social, es decir, el mejoramiento permanente de los mexicanos de todas las edades.
2o. La revisión de nueva cuenta del artículo 3o. constitucional, ya que tal y como está en la actualidad no garantiza cabalmente la premisa indispensable para lograr la llamada "cruzada permanente por la educación", que el plan se propone y que a la letra dice: "la educación será una altísima y constante prioridad del Gobierno de la República, tanto en sus programas como en el gasto público que los haga realizables" y asume "que el fundamento de una educación de calidad para todos reside en una sólida formación de valores, aptitudes, hábitos, conocimientos y destrezas, desde la primera infancia a través de los niveles de preescolar, primaria y secundaria y garantizar a todos los niños y jóvenes una educación básica laica, democrática, nacionalista y fundada en el conocimiento científico".
3o. La recuperación de la acción y del sistema educativo como claves del futuro desarrollo; es imprescindible vincular a la educación con la producción hoy más que nunca, como lo han hecho los países más exitosos en ambos campos, que determinan el bienestar humano; verdad histórica.
4o. La atención prioritaria al nivel medio superior y superior, para reordenar la demanda de las carreras, viabilizar el énfasis en el estudio de la matemática, la ciencia y la tecnología, a fin de diversificar el marco ocupacional, favoreciendo así el desempeño tanto de los indispensables técnicos medios como de los imprescindibles doctorados en investigación, docencia o extensión:
5o. No por ser el menos importante, hacer realidad la remuneración económica decorosa, suficiente, para los trabajadores de la educación que junto con la superación académica permanente, traiga como resultado la verdadera profesionalización de su trascendental tarea. Al efecto, la planeación educativa deberá ser integral, cuidadosa, responsable, lo cual requiere partir del reconocimiento de las deficiencias existentes para proyectar con base en las reales posibilidades el alcance de los objetivos preferenciales a fin de abatir rezagos, terminar con los vicios que se han enquistado en el sistema y entonces sí, hacer realidad el 100% de la cobertura y también de la excelencia.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos el diputado Francisco Patiño Cardona.
El diputado Francisco Patiño Cardona:
Con su permiso, señor Presidente:
Es sorprendente que ninguna de las fracciones parlamentarias de esta LVI Legislatura haya abordado el tema de la ciencia y la tecnología como uno de los asuntos torales de nuestra nación. La ciencia y la tecnología han sido y son las fuerzas motrices que han impulsado el desarrollo de las naciones y que han permitido la conformación de los bloques continentales de primer mundo.
Mientras que las élites gobernantes no entiendan el papel de la ciencia en la historia del hombre, entonces seguiremos profundizando en el subdesarrollo, seremos más vulnerables y pasaremos a engrosar las filas del llamado cuarto mundo.
Veamos cuál es el estado que guarda el desarrollo científico de nuestra nación.
Primero, los recursos destinados para ciencia y tecnología son del orden del 0.3% del PIB, cifra que estaba muy por debajo de la que estima Japón 3%, Alemania 2.8% o Estados Unidos 2.6% e incluso inferior a la que aplican algunos países de Latinoamérica y cinco veces inferior a la recomendada por la OCDE.
Segundo, la participación industrial es del orden del 5 al 8% del total que invierte el Gobierno mexicano en materia de ciencia y tecnología, en tanto que países del primer mundo o del llamado, segunda velocidad de las comunidades, de la comunidad económica europea, recibe del sector empresarial una participación aproximada del 50%.
Tercero, existen en el país 0.6% investigadores nacionales por cada 10 mil habitantes, mientras que países como Argentina y Brasil tienen tres y países desarrollados como Estados Unidos o Japón llegan a 56 y 49 respectivamente.
Cuarto, la productividad científica es desalentadora de acuerdo a los indicadores de la Conacyt y considerando que el número de investigadores y artículos publicados en los últimos años indiquen que se requieren 20 años para devaluar un doctor de aproximadamente cuatro años para publicar un artículo de revistas de prestigio internacional. Son numerosos los parámetros que podían analizarse como son la centralización de los escasos recursos económicos, humanos y equipos en las principales instituciones de educación superior en el centro político del país.
Los bajos salarios de los profesores investigadores, la administración de la ciencia en manos de burócratas sin oficio científico son aspectos que vienen a explicar la baja productividad y el abandono de la ciencia en nuestro país. Ciertamente el Plan Nacional de Desarrollo en materia científica incorpora aspectos novedosos como es la formación científica desde la niñez, reconoce que el desarrollo científico y tecnológico contribuyen de manera importante al mejoramiento cultural y material de la sociedad, plantea la descentralización de las actividades científicas y se fija como meta incrementar paulatinamente el gasto público hasta alcanzar el 1% del PIB para los próximos seis años. Se trata entonces, de un plan en esta materia bien estructurado y bien intencionado.
Sin embargo, cuando el presidente Ernesto Zedillo ha declarado que la crisis económica no afectará a la ciencia y a la tecnología y al mismo tiempo encontramos que la Conacyt ha sufrido severos recortes presupuestales por más del 30%, entonces nos damos cuenta que del discurso político no es congruente con la realidad.
Mientras no se considere a la ciencia y la tecnología como una estrategia nacional, mientras no se incremente el gasto público hasta alcanzar el 1.5% del PIB, mientras no se pase de los discursos políticos y las buenas intenciones a los hechos y en tanto no se democratice a la ciencia, entonces estaremos profundizando el subdesarrollo de nuestra nación y como cada seis años los discursos políticos se transformarán en pura demagogia.
Gracias.
2 DE OCTUBRE
El Presidente:
Agotada la lista de oradores inscritos para el Plan Nacional de Desarrollo 19952000, tiene la palabra el diputado Jaime Arceo Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al 2 de octubre.
El diputado Jaime Jesús Arceo Castro:
Con su permiso, señor Presidente; diputadas, diputados:
Quisiera solicitar señor Presidente, a su vez lo hiciera con la Asamblea, pudiéramos guardar un minuto de silencio por los caídos el 2 de octubre de 1968.
(Minuto de silencio.)
Muchas gracias.
Compañeras diputadas, compañeros diputados. Hablar del 2 de octubre de 1968, es traer a nuestra mente el recuerdo de hechos que tomaron el carácter de toda una generación; es muy difícil abordar este tema sin cierto apasionamiento y parcialidad, sin embargo en mi intervención para referirme a este acontecimiento no quisiera que mis palabras sean el motivo para reabrir una herida profunda que se niega a cicatrizar por completo, ni tampoco pretendo expresar una condena o una defensa a los actores que en él intervinieron, sino lo que me parece más importante es destacar lo valioso, lo trascendente, lo que como enseñanza nos dejó y puede servirnos para superar conflictos que de manera cíclica parecería se le seguirán presentando a nuestro país.
Las peticiones estudiantiles planteadas en aquél famoso pliego petitorio: derogación de un artículo del Código Penal; la libertad de varios presos políticos; la destitución del jefe de la policía, entre otros, a 27 años de distancia y comparadas con las protestas y demandas que actualmente presentan a diario los diferentes grupos de la sociedad, parecerían ser simples y esencialmente justas, pero los jóvenes de ahora no encuentran una explicación a que estas demandas impulsaran un movimiento de la magnitud y la trascendencia que tuvo en 1968.
Compañeras y compañeros, no es fácil explicarlo, habría que sentirlo. El movimiento estudiantil ejerció a no dudarlo, un poder de seducción sobre la conciencia popular al sintetizar en un proceso democrático las múltiples demandas planteadas, pero hay quienes señalan que los voceros que pretendieron convertirse en la conciencia general de la nación violentaron el proceso reformista del movimiento.
Las opiniones en cuanto al propio movimiento, eran encontradas, sin importar de qué clase social fueran los que las emitían, mientras que algunos taxistas mencionaban, entre comillas, que no habían recibido educación, porque sus padres no pudieron dársela, pero si la educación que imparten ahora es la de los estudiantes, entonces prefiero no haber ido a la escuela; o el de una humilde costurera que refería: estudiar es sinónimo de relajo; pero no nos engañemos, hubo por otro lado grupos marginales aliados naturales de los estudiantes, así como la participación espontánea del pueblo que se sumaba a las manifestaciones juveniles que, en número, algunas de ellas han sido las más concurridas que se han visto en México; al margen de los partidos políticos.
Por qué se enrareció el ambiente, qué fue lo que provocó el desbordamiento de las pasiones y que la violencia irrumpiera en la vida nacional, segando muchas vidas y enfrentando a los mexicanos.
El movimiento estudiantil mexicano ocurre en un año en el que coincidentemente se dan protestas, tumultos y motines en Praga, Chicago, París, Tokio, Belgrado, Roma, Santiago, entre otras, por lo cual algunos lo interpretaron como parte de una protesta universal, atribuyéndole como consecuencia que su origen se ubicara en una conspiración del exterior.
Haciendo a un lado la polémica en torno a esta posición, me parece que lo que yo destacaría es que en México, en el fondo, el movimiento asumió características específicas que se identificaron con dos de nuestros valores fundamentales: nacionalismo y aspiración a una reforma democrática.
Sin pretender justificar las acciones tomadas, los resultados nos enseñan que la violencia no conduce al menos a nada bueno, no es el camino para los auténticos avances para la libertad, la justicia y la democracia, es, en todo caso, una genuina regresión en el progreso y desarrollo del país y de la sociedad.
Veámonos en el espejo de 1968 y rescatemos lo limpio y luminoso de su esencia, eliminemos las acciones opacas de los realismos a corto plazo que enajenan y que a la larga producen los cataclismos y decadencias; hagamos propicia la ocasión para afirmar nuestro convencimiento, no sólo en la vigencia del diálogo y la concertación, sino en la práctica política y su preeminencia como algo insustituible que existe no como simple resultante de los intereses privados, sino que supone un contrato social que precede y sobrepasa todos los contratos particulares. Si se abandona este postulado y se reduce la política a una función de mercado, en el que se determina el valor de los intereses enfrentados, entonces sí, el espacio de lo político queda inmediatamente amenazado de desaparición, pues no hay mercado que pueda fijar el valor del interés nacional y delimitar el espacio de la solidaridad.
Los legisladores de todos los partidos tenemos un serio compromiso de avanzar en la reforma del Estado, los partidos políticos deben ser protagonistas principales de los cambios, no dejemos que los intereses particulares prevalezcan sobre el interés nacional, construyamos juntos la sociedad democrática a la que aspiramos y que sea esto un digno honor al espíritu manifiesto de 1968 que será el mejor de los recuerdos, así cicatrizará por fin la herida.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Taide Aburto.
El diputado Taide Aburto Torres:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En 1968 los estudiantes enarbolamos la fuerza de la razón ante el Estado mexicano y éste contestó con la razón de la fuerza encarcelando y masacrando a los jóvenes el 2 de octubre de 1968.
El movimiento estudiantil popular de 1968 contenía un pliego petitorio que planteaba varios puntos, entre ellos, la derogación del delito de disolución social, por el cual estaban presos luchadores sociales como Valentín Campa y Demetrio Vallejo.
El Estado mexicano contestó derogando el delito de disolución social, pero dio línea para que se aprobaran reformas al Código Penal que fueron más regresivas que las que existían antes de 1968.
Demandamos, sí, la libertad de los presos políticos y el Gobierno, el Estado mexicano respondió encarcelando a cientos de estudiantes y maestros. Demandábamos el respeto a las garantías individuales consagradas en la Constitución de la República y el Gobierno violó todas y cada una de esas garantías individuales.
A los presos de 1968 se nos aprehendió sin una orden de aprehensión, se allanaron los hogares, todo tipo de atropellos que van en contra de las garantías individuales.
Demandábamos el cese de la represión y vino el 2 de octubre de 1968 que dejó asorados a propios y extraños de esos acontecimientos terribles que ocurrieron en Tlatelolco. Demandábamos un diálogo público y en respuesta tuvimos la represión a nuestra protesta y a nuestras propuestas.
Los medios masivos de comunicación de aquel tiempo no cumplieron con su responsabilidad histórica. La televisión, la prensa y la radio deformaron los acontecimientos y a quienes fuimos víctimas nos hacían aparecer como victimarios. ¿Quién ganó con el uso de una política represiva aplicada por Gustavo Díaz Ordaz? Nadie ganó. No ganó el Gobierno, no ganaron las fuerzas democráticas, no ganó México; todos perdimos y esa política represiva no se debe repetir nunca más. La intolerancia debemos irla desterrando de las decisiones de gobierno y de todos los campos del quehacer humano.
En la actualidad existe una opinión mayoritaria en favor de efectuar una reforma del Estado mexicano para lograr la transformación de la vida política, legal e institucional del país. Un primer punto de esa reforma del Estado es la reforma política que a algunos les ha dado en llamar reforma política definitiva y en verdad que se necesita una reforma a la Ley Electoral para terminar con los conflictos poselectorales que se suceden una tras otra elección en nuestro país.
Las elecciones deben ser fuente de legitimidad para los gobernantes y actualmente las elecciones han sido fuente de conflicto permanente en nuestro país, no por culpa del pueblo precisamente, sino por un régimen que no se quiere resignar a dejar de ser un régimen autoritario, un partido de Estado que está todavía resistiéndose a dejar el paso a un verdadero juego de partidos políticos para que acceda a la democracia nuestro país.
A 27 años de estos lamentables sucesos que hoy recordamos en esta Cámara de Diputados se requiere un acuerdo político, un acuerdo político en lugar de que se venga un endurecimiento como lo quisieran aquellas fuerzas que el día de ayer todavía infiltraron provocadores en la marcha pacífica que se dirigía rumbo al Zócalo y que gracias a la madurez que existe en quienes ahora participan en estas luchas por la democracia lograron dejar solos a estos provocadores y todos los medios de comunicación, que también ha sufrido una transformación, relatan con precisión que se trató de provocadores infiltrados para confundir a la población y hacer creer que en la protesta por la democracia está incubada la violencia.
Son los mismos que seguramente están alentando el crimen político y la cerrazón en nuestro país para que en lugar de que haya una transición a la democracia haya una regresión y lleguemos a situaciones muy parecidas a la de 1968 cuando se impuso la intolerancia y la cerrazón.
El PRD reconoce, acepta el reto que lanzara precisamente uno de esos viejos generales que tuvieron mucho qué ver con estos acontecimientos violentos de 1968, como es Corona del Rosal y que ahora propone que se integre una comisión de la verdad.
La LVI Legislatura debiera tomar cartas en el asunto, tomar con seriedad este asunto, a 27 años de transcurridos los acontecimientos de 1968 e impulsar una comisión de la verdad para que, una vez conocidas las investigaciones, que se vean los archivos, se ponga a cada quien en el lugar que le toca en la historia.
La propuesta del PRD, la principal propuesta que tiene el PRD en estos momentos, es impulsar la reforma del Estado, pero estamos conscientes que la voluntad política de los protagonistas debe acompañarse de acciones concretas para que avance la reforma política.
El camino es largo, debemos comenzarlo ya.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta.
La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
"La autonomía universitaria ha sido violada por el Gobierno al ordenar la ocupación militar de la Ciudad Universitaria", dijo el 19 de septiembre de 1968, Ignacio Limón Maurer, secretario general del Partido Acción Nacional.
El continúa: "la medida tomada por el Gobierno es la culminación lógica de una serie de errores iniciados con la negativa de reconocer que los acontecimientos estudiantiles, por exceso injustificado en el ejercicio de la fuerza policiaca, tomaron proporciones que bien pudieron ser evitados hace tiempo.
La restauración del orden debe empezar por el cese de la ilícita intervención del Gobierno en la casa universitaria y por la libertad de los detenidos", dijo el secretario panista.
Hoy, a 27 años de distancia, se puede decir que el movimiento estudiantil de 1968 sigue siendo un enigma; pocos, muy pocos conocen qué hubo atrás de todo ello. Hay quienes han construido su propia verdad, algunos con el tiempo han tratado de desvirtuarlo, otros ni siquiera sabrán de que se trata, a pesar de que año con año diputados de todos los partidos toman esta tribuna para conmemorar los hechos.
Otros más, que no son pocos, estudiantes o maestros universitarios y politécnicos de esos años, volvemos atrás y reflexionamos sobre el sentido y la repercusión del movimiento, lo que significó a nuestras vidas, lo que pudo haber representado para la gran mayoría, el hecho de salir los jóvenes a las calles a manifestar una serie de inconformidades por las que pasaba México.
Fueron días de tensión y desconcierto, de indignación, de profanación y de apoyo solidario no sólo en nuestros propios planteles educativos, también lo hicieron nuestras familias que de alguna manera habían participado en otros movimientos estudiantiles y que encontraban en éste el nuestro, el de nuestro propio momento, que sería sin lugar a dudas el detonante de un compromiso más formal y más obligado por México.
Lo que se iniciaba como un hecho cotidiano entre rivalidades de grupos de estudiantes universitarios y politécnicos en los que intervinieron los granaderos, tomó otro sesgo cuando el día 29 de julio y lo que pareciera una incipiente organización tenía como contraparte otra perfectamente organizada y dispuesta a todo.
Desde el día 30 en la madrugada los disturbios aislados terminaron con el famoso bazukazo a la puerta del edificio de San Ildefonso, que por tantos años fuera sede de la Universidad Nacional y esta vez no fueron ni los granaderos ni los policías los encargados de ejecutarlo, fue el Ejército, que tomó el edificio en que se refugiaban estudiantes.
La situación era inédita: ni en 1929 ni en 1933 el Ejército había tomado la Universidad.
El rector Javier Barros Sierra convoca a una reunión en la explanada de la UNAM, no sólo están presentes los universitarios y ex universitarios; miembros de otras universidades comparten el agravio y se iza la bandera a media asta, hablan de la tan preciada autonomía, se redefinen conceptos, se puntualiza la acción violatoria y quedan todos citados para una marcha el 1o. de agosto, será de CU con el rector al frente hasta la calle de Félix Cuevas.
Comenzó a correrse la voz de que se trataba de una conjura contra el Gobierno mexicano, unos decían que eran comunistas tratando de desestabilizar a México. En los últimos meses se habían dado movimientos parecidos en París, Milán, Roma, Tokio, incluso en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, hablaban de un movimiento transnacional generado en la Unión Soviética y conducido ideológicamente por el filósofo alemán Herbert Marcuse, profesor residente en la Universidad de San Diego, California.
Por otro lado se decía que la CIA estaba involucrada, que la amenaza imperialista norteamericana era mucho peor que cualquier otra. Tampoco faltaba la acusación de interferencia política por parte de regímenes pasados, se acusaba directamente al grupo del ex presidente Adolfo López Mateos.
Los que ya participábamos contábamos con la claridad suficiente que nos permitía comprender el entorno, las manifestaciones y las asambleas prácticamente ya eran diarias. Buscábamos a la CIA que de cualquier manera intuíamos que como Dios todopoderoso se encontraba en todas partes y a los comunistas esperábamos reconocerlos barbados, con boinas y dirigiendo los actos.
Sin embargo entre nuestros contingentes estábamos los mismos, todos nos conocíamos y no encontrábamos nada raro. Cierto es que llegaban nuevos y desconocidos, pero ni parecían rusos ni cubanos y se presentaban como el primo, el hermano, el amigo de no sé quién, que venía a integrarse al movimiento. Por supuesto que había carteles y mantas con las figuras del Che Guevara, Fidel Castro y Mao Tse-Tung, pero también los había de Morelos, Zapata, Madero y Vasconcelos; además de que los comunistasmarxistas en todo caso, no nos preocupaban, sin compartir sus ideas tampoco las combatíamos; habíamos aprendido a convivir con ellos, su presencia era parte de la historia de la Universidad. Tan sólo recordar el movimiento universitario de 1933 que es la lucha por la libertad de cátedra.
No sólo la Universidad y el Politécnico fueron victimas de agresiones; días más tarde el Ejército tomó las instalaciones, era lastimoso ver los tanques y a los soldados custodiando el campus e impidiendo el acceso de los universitarios y politécnicos a su propia casa. La violación a la autonomía venía a ser para los universitarios un agravio que lastimaba su esencia; pero si éste además se presentaba rodeado de autoritarismo y en una prepotencia que casi llegaba al agotamiento de un régimen, que ya entonces se veía caduco y agonizante, invitaba a los jóvenes de México a tomar conciencia. Este sector de la sociedad, que se había manifestado lejano, indiferente y en apariencia ajeno al devenir de México, tenía ante sí la oportunidad de inconformarse y reclamar un cambio: pedir para México mejores tiempos.
Por supuesto que en el movimiento estudiantil de 1968 participamos muchos jóvenes que ya militábamos en el Partido Acción Nacional, sólo que no lo hicimos como panistas sino como universitarios. En esos momentos era la Universidad la que reclamaba nuestra participación y hoy como ayer estamos dispuestos a dar testimonio por ella.
Entonces cada quien participaba con sus propias facultades y escuelas, los panistas nos reconocíamos, nos saludábamos, quizá hablábamos, pero volvíamos a integrarnos a nuestros propios contingentes. Tan sólo un ejemplo en la pasada contienda electoral de 1994 el único candidato a la Presidencia de la República que había participado en 1968 era Diego Fernández de Cevallos, cabeza entonces de las juventudes panistas, pero estudiante también de la Facultad de Derecho.
En ese entonces algunos líderes del movimiento se molestaron con su presencia, pero ésta era inevitable y ahí estábamos los panistas como cualquier universitario más en una consecuencia lógica que nos llenaba de estímulo, la lucha que voluntariamente habíamos iniciado años antes en pro de la democratización de este país estaba encendiendo la mecha entre muchos jóvenes que reclamaban lo mismo, por lo que habíamos venido trabajando: fin al autoritarismo, fin a los fraudes electorales y sí a la construcción de un nuevo México.
No podemos olvidar cómo desfilábamos por las calles del centro de la ciudad brazo a brazo con los hijos de secretarios de Estado que pedían lo mismo que habíamos venido pidiendo nosotros; hijos también de diputados del PRI y muchos otros que finalmente fueron a militar también al PRI, pedían lo mismo.
La embestida por parte del Gobierno rápidamente se dejó sentir a través del PRI. La Cámara de Diputados fue el centro del debate. Todos los partidos en apoyo al Presidente, el PRI, el PARM y el PST, la izquierda de esos tiempos, pues el partido comunista permanecía en la clandestinidad. El PAN siempre en apoyo a los estudiantes, condenando los actos de autoritarismo.
Panistas universitarios tuvieron la oportunidad de verter, al fin y al cabo con pleno conocimiento, los conceptos base de la autonomía, no en balde este partido, el PAN, tiene un origen mayoritariamente universitario consecuencia de las luchas de 1933-1934.
Debo decir que los estudiantes universitarios panistas que participamos en el movimiento de 1968 nos sentimos completamente apoyados por nuestro partido. Fueron los estudiantes del PAN quienes acudieron ante sus diputados para que les fuera facilitado el acceso a los históricos debates que no sólo una parte de la historia de esta Cámara, sino también de la Universidad, pues nunca antes tantos "goyas" fueron aquí lanzados con tanta convicción.
Desgraciadamente la prensa con toda intención poco informó de los hechos, pero el testimonio ahí queda en los diarios de los debates. Años más tarde uno de los protagonistas, Gerardo Medina Valdés, reunió los documentos y coordinó un libro que habla de la historia de 1968 y en ella coloca al PAN como única fuerza política presente en la Cámara de Diputados, que juega el papel de apoyo total al movimiento.
Lo que sucedió el 2 de octubre de 1968 era de esperarse; el nivel de enfrentamiento había llegado a su máximo; la chispa estaba en el aire. Por primera vez muchos estudiantes habían tenido la oportunidad de hablar y manifestar su descontento, pero tampoco podía entenderse que fuera suficiente para que el Gobierno pudiera flexibilizarse.
Conociendo las circunstancias era algo prácticamente imposible, la represión dejó sentirse y a las vidas perdidas y los universitarios encarcelados deberían unirse muchos más.
La lucha de México, como bien había dicho Manuel Gómez Morín 29 años antes al fundar el PAN, es brega de eternidad: ni la sangre derramada, ni los años de jóvenes perdidos en las cárceles han sido suficientes para hacer el cambio efectivo. Estamos en la brega, pero la sangre derramada en Tlatelolco aún está fresca y lo estará mientras México no cambie y mientras los mexicanos no conozcamos la verdad de 1968. Todavía falta mucho por saber, faltan muchos por hablar y hoy, a 27 años del 2 de octubre de 1968, el Partido Acción Nacional pide, como lo ha pedido todos los años, se esclarezca la verdad.
Es importante que se diga cuántos estudiantes fueron sacrificados esa tarde en Tlatelolco, quién dio la orden de atacar, cuántos fueron llevados a cárceles clandestinas, cuántos más perdieron su identidad. Hay personas que deben hablar.
El general Alfonso Corona del Rosal, entonces regente de la ciudad; su secretario de gobierno, don Rodolfo González Guevara; el Procurador General de la República, Julio Sánchez Vargas; el Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez, es impostergable que se abran ya los archivos de 1968 que esperemos estén completos y es imperante también que las memorias del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz sean dadas a conocer por su familia.
El año de 1968 para algunos está en la distancia; pero para muchos es hoy presente y es hoy pendiente. Como entonces el PAN se pronunció por conocer la verdad, en consecuencia hoy, como todos los años, nos pronunciamos por ello.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
Hace efectivamente 27 años en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, fue masacrado un mitin pacífico de ciudadanos, convocado por el Consejo Nacional de Huelga, aquí hay varios miembros de aquel Consejo Nacional de Huelga, de todos los partidos. Está el compañero Oscar Levín, del Partido Revolucionario Institucional; hay gente del PRD; gente del PT; gente del PAN, que militamos como jóvenes en aquel movimiento.
Vean ustedes, compañeros legisladores que en esta LVI Legislatura, en todos los partidos hay hoy diputados que en aquella época andábamos en las calles peleando por las libertades democráticas de este país. Fue masacrado un mitin y 27 años después todavía no podemos resolver un problema que en 1968 fue planteado.
Nosotros teníamos un pliego petitorio. El primer punto del pliego petitorio era la libertad de los presos políticos. Hoy, 27 años después, tenemos varios acuerdos en esta Cámara para liberar a los actuales presos políticos, independientemente de que el licenciado Chuayffet haya venido a una comparecencia en esta Cámara, la Permanente, a decir lo mismo que se decía hace 27 años, "que en este país no hay presos políticos", dijo el licenciado Chuayffet, "porque la gente que está detenida, no está detenida por motivos políticos, sino que se les acusa de delitos comunes". 27 años después la argumentación de los funcionarios mexicanos y la falta de imaginación de ellos sigue siendo la misma. Parece ser que el tiempo se ha detenido. Sigue en la cárcel Elorreaga; siguen en la cárcel un conjunto de compañeras y compañeros mexicanas y mexicanos acusados de ser presuntos zapatistas y a pesar de que en esta Cámara, a diferencia de hace 27 años, sí se han emitido varios puntos de acuerdo para pedir su libertad, siguen estando presos. Las argumentaciones siguen siendo las mismas.
Pedíamos en 1968, el segundo punto era la derogación del artículo 145 y 145-bis del Código Penal. En estos artículos se tipificaba un delito que se llamaba: "de disolución social" y quedaba en manos de cualquier juez definir si el delito estaba bien tipificado o no tipificado y todos, los presos en 1968, desde Demetrio Vallejo y Valentín Campa, hasta Rico Galán, estaban acusados de disolución social.
En el punto tres pedíamos la desaparición del cuerpo de granaderos. Hasta la fecha seguimos teniendo a este grupo de "heroicos" mexicanos dispuestos a reprimir en cualquier momento cualquier manifestación de discrepancia. Y todas las policías anticonstitucionales, decíamos.
Pedíamos la destitución del general Cueto, del general Mendiolea y de un teniente coronel de apellido Frías, como los directos responsables de la represión, de la manifestación del 26 de julio.
Pedíamos también la indemnización de las familias que habían sufrido los costos de la represión y en el sexto punto pedíamos algo que nos parecía incluso en aquel entonces necesario pero coyuntural y era el deslinde de responsabilidades; ¿quiénes habían sido los responsables, los estudiantes o las fuerzas policiacas y el Ejército, de los sucesos violentos de 1968? Este punto, que era el sexto, que era el último punto que exigíamos en aquel entonces, resultó 27 años después un punto que hasta la fecha es imposible y ha sido imposible de llevarlo a cabo.
Se derogó el artículo 145 y el 145-bis, no precisamente en 1968. En la cárcel de Lecumberri muchos jóvenes en aquel entonces nos enterábamos que sí se había modificado el Código Penal. Pero hasta la fecha, no podemos llevar a cabo y hacer realidad ese sexto punto del pliego petitorio de 1968: "deslinde de responsabilidades".
Se ha venido a proponer, por un compañero nuestro, el que se constituya una nueva Comisión de la Verdad. Está la propuesta en el texto de Corona del Rosal y en las entrevistas del general Corona del Rosal, en la revista Proceso.
Sin embargo, cuando se conmemoró el XXV aniversario de 1968, se constituyó una Comisión de la Verdad con 25 intelectuales con autoridad moral e intelectual, valga la redundancia, para emitir un juicio. Dentro de las resoluciones de la Comisión de la Verdad, cuando se conmemoró el XXV aniversario de 1968, fue la necesidad de que se abrieran los archivos de la PGR, de la Secretaría de la Defensa y de todos aquellos archivos que fueran necesarios para esclarecer este sexto punto de 1968 y prácticamente la respuesta fue negativa.
Se dijo que "no se podían abrir los archivos fue la argumentación gubernamental porque los involucrados en los sucesos de 1968 todavía estaban vivos" y uno se pregunta: ¿No será precisamente por eso, porque todavía algunos de ellos están vivos, que queremos que se abran los archivos para tener un esclarecimiento de las responsabilidades individuales de los funcionarios del Gobierno mexicano de aquel entonces y que se pueda discutir un juicio histórico-político mucho más importante incluso que un juicio judicial, aunque no estaría descartado.
La respuesta fue de que no, porque todavía están vivos.
Yo quisiera proponer a esta LVI Legislatura que exigiéramos entre todos nosotros y llegáramos a un acuerdo, de un planteamiento que hizo en octubre de 1993 el diputado Raúl Alvarez Garín, en la LV Legislatura y que quisiera leerlo porque, para variar, la propuesta de adición al artículo 8o. constitucional del diputado Raúl Alvarez Garín, quien fuera el dirigente más importante en 1968, que nosotros en esta legislatura, ya, a la brevedad posible, desempolváramos y que votáramos todos, yo pediría que fuera por unanimidad, para que este problema se esclareciera, para que ese sexto punto del pliego petitorio de 1968 lo hiciéramos, 27 años después, una realidad.
Dice: "iniciativa de reforma al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Artículo único. Propuso el diputado Raúl Alvarez Garín, se adiciona al artículo 8o. constitucional con un último párrafo en los siguientes términos:
"Los ciudadanos tienen derecho al libre acceso a todos los archivos y registros oficiales, salvo aquellos relacionados con la seguridad y defensa del Estado, que estarán reservados hasta por un periodo máximo de 25 años, contados a partir de la fecha original de expedición del documento.
Diputados: Raúl Alvarez Garín, Ricardo Valero, Gilberto Rincón Gallardo, Javier Centeno Avila y Jesús Martín del Campo."
Ojalá a esta propuesta que hizo hace dos años el dirigente máximo de 1968, el diputado Raúl Alvarez Garín hace dos años, pudiéramos anexarle las firmas de un sinnúmero de diputados del PRI, del PAN, del PRD y del PT y que sacáramos adelante esta modificación al artículo 8o., constitucional para que los archivos sean de libre acceso a todos los mexicanos para saber la verdad.
Yo les haría una pregunta, compañeras diputadas, compañeros diputados: hace 27 años se dieron los sucesos de 1968. Y nuestros hijos cuando van a la escuela y dentro de muy poco nuestros nietos, ¿no hay un libro de texto en donde se narre qué fue lo que pasó hace 27 años.
Me parece verdaderamente insólito que los niños en este país estudien la Historia de México y esta historia llegue hasta 1964. Es verdaderamente aberrante. Es verdaderamente insólito como los conflictos políticos por dirimir la verdad de un conflicto que fue el parteaguas de nuestra historia, nuestros hijos y todavía para muchos los nietos, no podrán saber, leer y estudiar en un libro de texto en la escuela primaria o en la escuela secundaria, qué fue lo que sucedió en aquellos momentos.
Pero sí vamos nosotros a exigir que los niños conozcan la historia de nuestro país, no hace 31 años, que conozcan la historia moderna de este país, que sepan quién fue Díaz Ordaz; que sepan quién fue Luis Echeverría; que sepan quién fue López Portillo; que sepan por qué Luis Echeverría definió 1968 como una cisura, en nuestra historia, dijo: cisura, debió haber dicho fisura; ¡que sepan nuestros hijos por qué López Portillo dijo que 1968 había sido una crisis de conciencia de este país!; y uno se pregunta si no adquirió conciencia de la crisis López Portillo de lo que había sucedido. Pero ¿por qué nuestros hijos y nuestros nietos y los niños mexicanos no pueden saber la historia de lo que sucedió y cuál fue la aberración de porque pedir una demanda de mínima democracia, libertad a presos políticos, desaparición de artículos autoritarios, destitución de funcionarios irresponsables y asesinos en este país?; por qué por exigir una mínima democracia en este país, por exigir las libertades democráticas más elementales en cualquier civilizado tuvieron que masacrar en Tlatelolco a un grupo de ciudadanos que estaban haciendo un mitin extraordinariamente pacífico, porque incluso ya se había pactado con representantes del Gobierno y del Consejo Nacional de Huelga que el movimiento se iba a resolver positivamente. Espero que el pacto que hizo el rector el viernes pasado no tenga el mismo resultado.
Y le pediría a algunos diputados muy risueños de aquí, que se sentaran y escucharan. ¿Esta bien? Del PAN y del PRI.
Compañeros: si vamos a anexar y vamos a exigir que los libros de historia contemplen los sucesos de 1968, tenemos que exigir que lo que en esos libros se diga sea la verdad y para que sea la verdad tenemos que exigir que los archivos sean abiertos y que todos tengamos acceso a ellos, para poder transmitirle a las nuevas generaciones la verdad de lo que sucedió en 1968.
En 1968, hace 27 años, un verdadero rector de la Universidad que representaba los intereses de los universitarios ante el Estado y no como después que hemos tenido una sucesión de rectores que representan los intereses del Estado ante los universitarios, don Javier Barro Sierra, convocó a un mitin e izó la bandera a media asta y dijo casi textualmente: "en esta Universidad se hace ciencia, pero ante todo se hace conciencia nacional. Convoco a los universitarios a marchar para demostrar nuestra discrepancia".
Cuando concluyó su periodo rectoral dijo una frase con la que quiero terminar esta intervención, dijo: "atacan a la Universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia porque es el espíritu de la Universidad! ¡Viva la discrepancia porque es lo mejor para servir!". 27 años después sí tenemos un Congreso que discrepa más, sí tenemos un Congreso que ha apoyado a los jóvenes en su lucha por educación y tenemos hoy un rector que agrede a los jóvenes porque discrepan.
Yo le pido a este Congreso que sigamos apoyando a los jóvenes, que finalmente la mayoría de los que estamos aquí cuando eramos jóvenes militábamos en las filas de ese movimiento extraordinario que fue 1968, que revolucionó la cultura de este país, que emanaron de ella Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, que surgieron de ese movimiento los mejores sociólogos que actualmente tenemos, los mejores politólogos y ojalá tengamos el mejor Congreso que haya tenido la historia de este país y logremos estas transformaciones para decirle a nuestro pueblo la verdad, porque en esta Cámara de Diputados habemos muchos diputados que cuando eramos jóvenes en 1968 y hoy demostrémoslo.
Muchas gracias compañeros.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Oscar González Yañez, del Partido del Trabajo.
El diputado Oscar González Yáñez:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Vengo aquí a hablar del 2 de octubre de 1968 con lo que algunos llamamos memoria prestada, puesto que cronológicamente no nos tocó ser parte de él, pero que nos ha tocado ser probablemente hasta nietos de 1968. Algunos son de 1968, otros son hijos de 1968 y yo me considero nieto de 1968.
Comenzaré planteando que los demonios siguen sueltos y que andan desatados, lamentablemente sus marrullerías, sus hechos que enrarecen y deterioran aún más la delicada situación política en que se encuentra el país, los hechos ocurridos el día de ayer durante la marcha que recordó la masacre del 2 de octubre de 1968 presentan todos los signos de que fue montada una provocación.
Su intención fue, a nuestro modo de ver, contribuir al incremento de los factores de desestabilización que están incendiando sobre la crisis política. Este es el móvil, pero lo que nos tendríamos que preguntar es: ¿quién puede montar una provocación de este tipo? En si mismo los hechos referidos son alarmantes, pero los que son todavía más alarmantes es cuando estos hechos se instrumentan con grupos de jóvenes que están despertando a la vida ciudadana. ¿Qué podemos esperar de ellos en un futuro próximo si en lugar de crear condiciones para un sano desarrollo se les comienza a involucrar en actividades reprobables de este tipo.
Los grupos de poder siguen atizando la creciente conflictividad política y social, presionando para reforzar soluciones autoritarias a las justas demandas de vastos sectores de la sociedad; el temor y el desaliento comienzan a intranquilizar a los mexicanos, la pasmosa inmovilidad política de las autoridades se convierte en un factor más de esta situación. Lo más grave es que en el corto plazo no se avizoran acuerdos viables y consistentes para contener a los demonios y sus estrategias de presión, para oxigenar nuestra vida política y social, para acercarnos al establecimiento de condiciones democráticas y de desarrollo económico y social que beneficien a todos los mexicanos.
En este contexto, es muy probable que sigan ocurriendo provocaciones y actos desestabilizadores como los del día de ayer o peores aún.
Los legisladores del Partido del Trabajo condenamos estos hechos y las estrategias de los grupos de poder que pretenden destruir la precaria gobernabilidad que impera en el país.
Demandamos de las autoridades correspondientes el esclarecimiento de la provocación instrumentada el día de ayer y la aplicación de la ley a los responsables.
En medio de estos hechos reprobables hay un aspecto positivo que tenemos que destacar y ésta es la madurez y la responsabilidad mostrada por los jóvenes estudiantes y las organizaciones sociales y políticas que participaron en el evento conmemorativo del 2 de octubre.
Es una muestra más del acervo civil y demográfico que a lo largo de 27 años ha acumulado la sociedad mexicana y que es al mismo tiempo el activo más valioso que tiene México para avanzar hacia la democracia. Es evidente pues, la voluntad democrática de la sociedad civil y sus organizaciones, todo depende entonces de que haya voluntad mostrada con hechos de los actores que participan en el escenario nacional, en particular y por las características de nuestro sistema político hace falta ver voluntad más allá de piezas oratorias por parte del Poder Ejecutivo.
Los legisladores del Partido del Trabajo hemos insistido en que de no arribar a la reforma democrática real del sistema y a un nuevo pacto social convenido por las diferentes fuerzas políticas y sociales y el Gobierno, emerjan obstáculos cada vez mayores y más peligrosos. El compromiso que tienen los tres poderes de la Unión de establecer condiciones propicias para la paz y el desarrollo económico y social de todos los mexicanos, esta soberanía debe de contribuir decididamente a apurar el cumplimiento de este compromiso.
Termino haciendo una felicitación a todos los que participaron en 1968 y a todos aquellos que todavía tienen viva esa cultura que, como repito, es la que sostiene los avances democráticos de nuestro país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Javier González Garza:
Gracias, señor Presidente; compañeros diputadas y diputados:
Efectivamente ayer se cumplieron 27 años de la matanza de Tlatelolco. En medio de la reaparición de políticos que aún le deben a la nación una puntual aclaración de su responsabilidad ante los hechos y con un país que aún no ve satisfecho el reclamo democrático que nació justamente en 1968; la conmemoración de ayer fue distorsionada de manera violenta.
Cerca de las 6:00 de la tarde, agitadores profesionales como los calificó el propio Procurador General de Justicia del Distrito Federal, encabezaron la quema de cuatro unidades de Ruta-100 en el Zócalo capitalino, además de efectuar distintos actos de agresión contra ciudadanos, reporteros y fotógrafos, según las distintas informaciones de los medios de comunicación. El grupo que realizó estos actos de provocación permaneció en ese sitio hasta después de las 8:00 de la noche siendo que habían entrado al Zócalo antes de que la marcha llegará a la misma.
Mientras tanto, los miembros de las organizaciones sociales, organizaciones políticas, estudiantiles y del Movimiento Urbano Popular que convocaron a la manifestación, decidieron efectuar el acto político al que invitaron en la Plaza de Santo Domingo. Es evidente que no existe ninguna relación entre organizaciones convocantes a la marcha del 2 de octubre y el grupo que protagonizó los actos de violencia.
Lamentablemente la intervención de las fuerzas policiacas fue una vez más ilegal y violatoria de los derechos humanos; sin contar con orden de aprehensión y sin que los detenidos lo hayan ido cometiendo flagrante delito, la policía capitalina procedió a realizar detenciones de manera indiscriminada. Después de las 8:00 de la noche, según las crónicas de distintos medios impresos, hombres vestidos de civil que se identificaban entre ellos por vestir una camisa blanca presumiblemente policías, señalaban al azar a jóvenes para que fueran aprehendidos.
Las autoridades del Distrito Federal, en particular el procurador José Antonio González Fernández, deben de aclarar estos violentos acontecimientos, tanto los de provocación montada como los excesos y arbitrariedades de la policía. Están obligados a señalar ante la opinión pública quién o quiénes están financiando a aquellos grupos, no puede quedar en el vacío la afirmación del procurador capitalino, con la misma celeridad con que ha señalado que los participantes en los hechos de violencia son agitadores profesionales, tiene que denunciar a quienes los alientan.
No es un problema menor mientras en distintos lugares y en la opinión pública se utilizan metáforas para ilustrar la ingobernabilidad y la debilidad de las formas de convivencia civilizada en el país, ayer se exhibió una primera muestra por parte de aquellos que quieren hacer realidad la frase de "cualquier chispa puede incendiar la paja seca".
No podemos permanecer impasibles o indolentes ante un escenario político que se ve agravarse de manera alarmante, distintos hechos de violencia política y todos ellos quedando impunes; mucho menos podemos permanecer indiferentes, justo cuando los valores y las convicciones de 1968 siguen presentes en la sociedad mexicana.
La lucha contra la impunidad tiene hoy, eso es cierto, otras connotaciones, pero nadie que aspire a nuevas formas de convivencia civilizada entre los mexicanos puede desentenderse de la violencia programada y organizada que se vivió ayer en el primer cuadro de la capital del país.
En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, consideramos que el esfuerzo político y social para encarar la actual crisis de la nación, para enfrentar los problemas de ingobernabilidad y deterioro que hoy vivimos, pasa por instrumentar un proceso de acuerdos y de reformas que den paso, por fin, a la democracia. Transitar de la actual debilidad de las instituciones en las que se incluya el propio Poder Legislativo, a un nuevo entramado legal e institucional que recree el pluralismo político y construya una gobernabilidad democrática, es la mejor respuesta a las inercias autoritarias que hoy convocan a la violencia.
En particular el Distrito Federal requiere de una reforma profunda sustentada en el talento y la creatividad de los ciudadanos. La capital del país ha llegado a sus límites y los signos de deterioro cada vez son más evidentes y recurrentes, la ciudad tiene que encontrar en el tránsito y el ejercicio pleno de prácticas de Gobierno y de convivencia de carácter democrático, a los recursos necesarios que enfrenten a la violencia y el deterioro.
En ello las responsabilidades de las autoridades capitalinas son muy claras, se debe de abandonar la frivolidad y la utilización de la fuerza como recurso y abrir las puertas del ejercicio y la participación democrática. Quienes participaron en la marcha de ayer, dieron una demostración práctica de que, en el lado del movimiento social y ciudadano, se le da la espalda a la provocación.
Nos preguntamos: quién está jugando a la desestabilización en el país, nos parece un asunto de enorme trascendencia. Pueden ser viejos políticos, pueden ser gente relegada del poder actualmente, pero nos hacemos una pregunta por el bien del país: ¿quién juega hoy a desestabilizar el país, con qué propósito.
Lo de ayer es una provocación para poder implementar proyectos represivos como el proyecto policiaco del Rima en el D.F., si son provocadores profesionales queremos saber quiénes son, quién les paga.
El Procurador del Distrito Federal debe de aclarar la situación. Queremos saber si van a quedar presos inocentes; no sabemos hasta hoy el número de presos que se encuentran en las cárceles de la Ciudad de México que fueron aprehendidos en redadas después de que por varias horas este grupo de provocadores estuvo actuando con plena libertad. ¿Quién encubre a estos provocadores? Exigimos, el Partido de la Revolución Democrática exige una investigación de los acontecimientos de ayer, porque queremos llamar la atención sobre el tremendo ambiente de deterioro que existe en el país.
No vamos a recorrer los distintos lugares de la República, nos basta con lo que pasó ayer para llamar la atención a lo que puede pasar. No queremos que dentro de 27 años estemos en la misma situación. Necesitamos conocer la verdad de lo de ayer y debemos exigir el conocer la verdad de lo que pasó hace 27 años.
Quiero hacer una propuesta para que esta discusión no quede en el vacío. En varias intervenciones se han propuesto, se ha denunciado que distintos proyectos legales están en la congeladora.
Queremos proponer que la Cámara de Diputados forme una comisión especial encargada de contribuir a obtener la información necesaria para que el pueblo de México conozca la verdad sobre los lamentables acontecimientos de 1968, especialmente los acontecidos el día 2 de octubre de ese mismo año.
Atentamente.
Diputados: Jesús Ortega Martínez, Jesús Zambrano, Javier González y Salvador Martínez Della Rocca.
Dejo, señor Presidente, esta propuesta con el propósito de que podamos contribuir de una vez por todas y acallar a estos viejos políticos en estas nubes de niebla que están intentando meter al país. Necesitamos claridad en el rumbo, para lo cual les pediríamos a todos esos viejos actores que si no tuvieron en su momento el valor civil para decir la verdad, que se callen.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 (II)
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría a efecto de que se remitan al Ejecutivo los documentos presentados por los grupos parlamentarios durante el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
ORGANIZACION DE LOS 400 PUEBLOS
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Rosa María Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una denuncia sobre el encarcelamiento del ciudadano César del Angel.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Muchas gracias, señor Presidente; con su venia:
Ha llegado a la atención de esta soberanía una denuncia sumamente grave que pone en tela de juicio al sistema de impartición y administración de justicia en el Estado de Veracruz.
Se trata de un caso que sirve para ilustrar la corrupción, la arbitrariedad, incluso ilegalidad con que operan las autoridades en mi entidad.
Como es del dominio público, el líder campesino César del Angel, fue detenido en la Ciudad de México con lujo de violencia y con evidente violación de garantías individuales por elementos de seguridad del Estado de Veracruz, en violación evidente a la división estatal de poderes que establece nuestra Carta Magna.
Al respecto, el día de ayer, el licenciado José Luis Lagunes López, titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de Veracruz, reconoció que por instrucciones de su propia institución, la Policía Judicial de dicho Estado ejecutó la reaprehensión de el Angel en la Ciudad de México.
César del Angel fue llevado en helicóptero a la fortaleza de San Carlos, es Perote, Veracruz y en consecuencia quedó sujeto a diferentes procesos los cuales le fueron iniciados.
De los cuatro procesos que al efecto se instruyen en contra de Del Angel, en tres de ellos ha sido absuelto, el último la semana pasada, por haberse mostrado su inocencia plena en diversas instancias, por lo que es de concurrirse lo injusto de su detención.
El juicio restante se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito con cede en Boca del Río, Veracruz.
Compañeras y compañeros diputados: voy hacer entrega a la Secretaría de esta mesa directiva de la carta que desde la cárcel de Perote, con fecha 23 de septiembre nos hiciera llegar a esta Cámara de Diputados, el ciudadano César del Angel. En ella se sintetiza la relación de hechos que dan cuenta de la situación que por un lado viven miles de campesinos agraviados por la intolerancia y el autoritarismo del gobierno de Veracruz y por el otro, de los atropellos que disfrazados de impartición de justicia tienen que soportar, por lo que pido que corra agregada al acta de la presente sesión.
Esta carta que acabo de entregar, es un rotundo yo acuso que no puede ni debe ser desoído por todas y todos los que integramos esta Cámara.
Tenemos entonces, señoras y señores diputados, que un movimiento que con justeza levanta la demanda de los derechos agrarios para los trabajadores del campo, no ha tenido en su atención por parte de las autoridades respuesta satisfactoria alguna, en vez de ello ha tenido un trato estrictamente judicial, con el ánimo quizá de no resolver los rezagos agrarios, valiéndose incluso de la mayor capacidad de atropello para acallar tan legítima demanda.
No es mi objetivo aquí discutir si Del Angel, con su asesoría política al movimiento de los 400 pueblos ha sido o no responsable de los actos que se le imputan. El punto a destacar es que nadie, ningún ciudadano mexicano, puede ser sujeto de que sus más elementales derechos humanos se vean conculcados.
Ya el pasado 26 de septiembre, a la diputada Ofelia Casillas, presidenta de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de esta Cámara de Diputados, se le ha hecho entrega de todos y cada uno de los expedientes que sustentan lo hasta aquí expresado.
Por ello solicito que por medio de esta comisión y las que haya lugar y dentro de los términos legales, se informe a esta soberanía acerca de la denuncia presentada.
Quiero informar a esta plenaria que hace apenas unos minutos me ha sido remitida por los asesores jurídicos del Movimiento de los 400 Pueblos, una agenda que dicho movimiento propone, a efecto de que el Poder Legislativo Federal no deje de prestar su atención a los procesos judiciales que se sustancian sobre las demandas de la tenencia de la tierra.
Destacan de esta agenda los siguientes objetivos: que las sentencias que emitan los juzgadores sean conforme a derecho; que cese la intervención del Poder Ejecutivo estatal en Veracruz en los ámbitos de decisión de los poderes Judicial, local y Federal; que se advierta y reconozca el problema social de la tenencia de la tierra como origen de dichos procesos judiciales; que se adviertan y cesen las constantes violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos de los integrantes de dicho movimiento, cometidas durante los procedimientos judiciales; que el Poder Legislativo Federal gestione lo procedente a efecto de que sean respetadas las garantías de libertad de reunión, libertad de asociación y libertad de tránsito de los integrantes del Movimiento de los 400 Pueblos y como debiera ser de cualquier movimiento social y político.
Volviendo al caso de los 400 pueblos se plantea esto en virtud de que para reunirse, asociarse y tratar los asuntos relacionados con su organización en el Estado de Veracruz, piden hacerlo bajo los efectos de la suspensión provisional de los actos reclamados decretados en juicio de amparo, como en el caso del expediente 713/95 del índice del juzgado V de distrito en el Estado de Veracruz con residencia en la ciudad de Tuxpan.
Que el Poder Legislativo Federal verifique las condiciones de encarcelamiento de miembros y dirigentes del Movimiento de los 400 Pueblos que se encuentran privados de la libertad física en diferentes cárceles del Estado de Veracruz. Que el Poder Legislativo Federal estudie la viabilidad de la emisión de una ley de amnistía en favor de los campesinos, con base en el proyecto que en su oportunidad se presentará.
Me permito entregar a la Secretaría también la copia de la carta de este oficio que me han remitido los asesores jurídicos a que he hecho referencia, para que también corra agregada al acta de la sesión.
Es pertinente que una de las comisiones involucradas, me refiero a la Comisión de Derechos Humanos, investigue el caso que nos ocupa, así como también de una serie de asuntos en lo que se presume presión por parte del Ejecutivo estatal de Veracruz en atropellos similares.
Por lo que pido formalmente a la Presidencia que de cuenta de esta petición a la Comisión de Derechos Humanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Derechos Humanos.
Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema el diputado Marcelo Ramírez Ramírez.
El diputado Marcelo Ramírez Ramírez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La exigencia reiterada en esta tribuna expuesta en todos los tonos, desde la reflexión honda y serena hasta la admonición exaltada, perentoria y a veces mesiánica, ha sido la de profundizar nuestra vida democrática.
Y creo, ahora podemos decirlo, a la distancia de varios meses de encuentros entre legisladores de diversas fracciones parlamentarias, creo que hemos coincidido por encima de las diferencias ideológicas y de las posiciones de partido, en la idea de que la democracia no ha surgido en ninguna parte del mundo ni surgirá en México, como resultado de decisiones cupulares, de decisiones tomadas desde el poder público.
La democracia nacerá en plenitud cuando las instituciones públicas, pero también las privadas, instituciones básicas como el hogar y todos los ámbitos donde se desenvuelve la vida de los mexicanos, den respuesta a las necesidades de expresión libre, de organización y participación del pueblo, a fin de que éste exista por fin realmente como pueblo, es decir como una comunidad consciente de su historia, de sus posibilidades y de su destino.
También hemos coincidido, señores diputados, en que la modernización debe concebirse con generosidad y ser impulsada por todos los actores políticos, si ha de servir realmente al bienestar de la nación.
Una modernización unilateral que conceda la primacía a los aspectos económicos aun teniendo éxito en su propio campo, privaría al Estado del apoyo fundamental de la sociedad. Para despertar y movilizar las energías del pueblo el proyecto nacional de los próximos años habrá de ser un proyecto esencialmente político, cuyo éxito real se medirá por su capacidad de respuesta a las expectativas de todos y cada uno de los mexicanos.
Pero una advertencia, compañeros diputados, una advertencia medular para no jugar con el sentido de las palabras: lo político es el marco dentro del cual se da la convivencia plenamente democrática de una sociedad; pero este concepto de lo político debe partir de una idea jerárquica del ser humano, de sus necesidades, de sus posibilidades y repito una vez más, de su destino como persona consciente, libre y por lo tanto responsable de sus actos.
Una democracia no pide, no exige, porque sería contradictorio con su esencia que algunos la expongan, la defiendan y la promuevan como una tesis, como una posibilidad exclusiva de un partido. La democracia, se ha reiterado muchas veces en esta tribuna, no puede ser excluyente; pero aquí parece que quedamos excluidos todos aquellos que no coincidimos con una idea de democracia muy ad hoc, muy propia, muy privativa de los intereses especiales de un partido que considera que la democracia es su patrimonio político, propio, para explotar posiciones eminentemente partidistas.
Lo que debemos alentar, compañeros diputados, no es el voluntarismo ciego de las masas, que a veces alentamos con nuestra conducta y con nuestra aparente adhesión a la justicia de ciertas demandas populistas, que no siempre populares. La democracia es, ante todo, un hábito de los pueblos, un hábito que comparten los gobernantes y todos los agentes involucrados en las tareas políticas; hábito forjado en una práctica larga y difícil de respeto a las reglas de tolerancia, de veracidad y de compromisos compartidos.
La democracia no sólo tiene de enemigo al autoritarismo, cosa con la cual estamos absolutamente de acuerdo y que aquí tantas veces se ha dicho. No sólo tiene como enemigo fundamental ese autoritarismo que despoja de sus derechos fundamentales a un pueblo, también tiene y quizá en mayor medida, tiene como enemigo la democracia, a los intereses creados, a la terquedad, a la resistencia que se da en todos los ámbitos para vivir esa vida democrática de tolerancia y de respeto; pero sobre todas las cosas la democracia tiene como enemigo básico, como ya lo vieron los antiguos, a la demagogia.
Si es verdad que debemos transitar a la democracia, no debemos caer de antemano en el riesgo contrario al autoritarismo, que es esa forma lamentable de seudodemocracia que es la demagogia y que consiste en alentar el voluntarismo ciego de las masas y no enseñarles el respeto a la ley y al derecho.
Por ello, señores diputados, compañeros del PRD, yo quisiera contestar en el caso específico de este partido, a un discurso coherente perredista. La verdad confieso que no sé qué hacer, porque he escuchado desde esta tribuna diversos y contradictorios discursos perredistas.
Yo puedo definir una posición frente al PT y frente a la fracción Social Demócrata que hemos escuchado con atención muchas veces y puedo definir sobre todas las cosas un proyecto alternativo frente al PAN, porque aunque se disienta en muchas posiciones, estamos sin duda frente a un proyecto político coherente, consistente y serio y esto no es por halagar vanidades de partido, ni es por reconocer a unos y desconocer a otros; es porque quisiéramos en aras de esa democracia que nace, en aras de esa democracia hacia la cual estamos en transición, que el PRD alcance, como ya dije una vez en esta tribuna, su identidad y que veamos también que exista esa mínima congruencia que debe de haber entre la idea y la acción; entre el pensamiento y los hechos, entre la doctrina y la realidad.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez (desde su curul):
Señor Presidente, ¿me permite hacerle una pregunta al diputado?
El Presidente:
Señor diputado, acepta usted...
El diputado Marcelo Ramírez Ramírez:
¿Me permite terminar, señor Presidente, señor diputado.
Puedo contestarle, señor diputado, pero quisiera terminar y ojalá en los próximos debates, cuando se discuta, se analice y se clarifiquen las tesis de lo que debe ser el Estado mexicano en México...
El Presidente:
Señor orador, están prohibidos los diálogos.
El diputado Marcelo Ramírez Ramírez:
Sí, señor.
Quiero resaltar simplemente una cuestión: para el luchador social César del Angel Fuentes, nuestro respeto a su investidura y a la función que cumple en defensa de los legítimos intereses de sus representados. En todo caso serán éstos quienes deban decidir en qué medida su líder los representa y los defiende efectivamente.
La índole de su liderazgo al frente del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos sin embargo no lo pone por encima de la ley. El señor César del Angel Fuentes fue detenido el 16 de mayo de 1992, procesado por los delitos de robo de frutos y robo calificado, obtuvo su libertad condicional el 30 de noviembre de 1994; al no cumplir con los requisitos que establece la Ley de Ejecución de Sanciones del Estado para los preliberados, la libertad condicional de que disfrutaba le fue revocada el 21 de mayo de 1995. Ese mismo día el señor César del Angel Fuentes se amparó contra la revocación de su preliberación, amparo que le fue negado por el juzgado I de distrito con sede en la ciudad de Jalapa, el 25 de agosto de 1995.
Ante ese mismo juzgado interpuso el recurso de revisión contra la negativa que le fue notificada, siendo remitido el recurso interpuesto al tribunal colegiado del VII circuito en materia penal, con sede en la ciudad de Boca del Río, donde se encuentra actualmente para su desahogo.
Dejemos por tanto, compañeros diputados, dejemos que los asuntos judiciales se ventilen en su propio ámbito: los tribunales y propugnemos eso sí porque la justicia se imparta con mayor eficacia y pleno respeto a la dignidad de los mexicanos, de todos sin excepción, aun cuando no tengan "padrinos" que los defiendan, que la justicia sea lo que debe de ser en un estado de derecho, una realidad cotidiana, permanente y que permee todos los ámbitos de nuestra vida colectiva. Esa será la tarea confiada a las reformas del Poder Judicial y aquí sí habremos de discutir, parte medular sin duda, de la reforma del Estado mexicano que, repito, habremos de discutir con libertad pero también con seriedad y siendo todos corresponsables de ese proyecto de nación que queremos para los mexicanos del nuevo milenio, pero que empecemos ya porque la democracia, como toda realidad viva, se va haciendo en el andar, con voluntad, pero también precedida por el juicio de la razón, que es la que ilumina los actos de una comunidad consciente.
Gracias, señores diputados.
El Presidente:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales y por cinco minutos, la diputada Rosa María Cabrera.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Debo confesar que durante aproximadamente 10 minutos no supe si ya estábamos en otro punto del orden del día, en alguna disertación filosófica o las nociones de la democracia. Sin embargo sí es pertinente que haya hecho otra vez uso de esta tribuna, no quisiera abusar además del propio tiempo que se nos concede, para aclarar y quisiera leerlo para aclarar, textualmente lo que en esta misma tribuna hace unos cuantos minutos también dije. Señalé:
"No es mi objetivo discutir aquí si Del Angel con su asesoría política al Movimiento de los 400 Pueblos ha sido o no responsable de los actos que se le imputan."
Lo que aquí veníamos a señalar y seguimos haciéndolo, es que hay una denuncia que llegó a esta Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados no la integran sólo los priístas, la integramos todos, independientemente de a qué fracción pertenezcamos.
Hay un caso; hay una denuncia; hay expedientes jurídicos que dan cuenta de ello. Es pertinente que esta soberanía tenga conocimiento de qué es lo que llega a nuestra casa y cómo en conjunto tendríamos que coadyuvar a que estos problemas no sigan sucediendo más en nuestro país. Es una aclaración por cuanto a que no se haya escuchado adecuadamente; es una denuncia sobre la violación a las garantías individuales y colectivas de un movimiento social como puede ser cualquier otro movimiento, no sólo en Veracruz, sino en cualquier parte del país.
Y en relación a la falta de comprensión de parte del diputado que me antecedió, acerca del proyecto del PRD, lo único que le podríamos decir es que lamentamos mucho que no lo entienda.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos la diputada Marta Alvarado Castañón, por cinco minutos.
La diputada Marta Alvarado Castañón:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a hablarles de César del Angel, no del político ni del líder de los 400 Pueblos, sino del individuo que ha sufrido en su persona innumerables violaciones a sus derechos humanos por parte de Patricio Chirinos y de Miguel Angel Yunes. Esto es en el Estado de Veracruz.
No se trata aquí de cuestionar su posición política ni siquiera de ventilar en esta tribuna sobre su presunta inocencia o culpabilidad, sino de exigir el respeto a sus derechos y el cumplimiento de la ley.
Mientras nosotros nos encontramos en este recinto, él permanece confinado en una celda de castigo tan estrecha que ni siquiera puede ponerse en pie.
César del Angel es y ha sido víctima de acciones represivas que violan sus garantías individuales, lo mantienen en prisión en condiciones infrahumanas, en tanto otras irregularidades en su proceso impiden se le juzgue conforme a derecho. Ya han citado hasta el cansancio al presidente Zedillo, cuando mencionó que: "nadie está por encima de la ley". Yo quiero agregar a esto que nadie debe de estar por encima de la aplicación de la ley, la cual debe responder de manera igual a todos los mexicanos y no de acuerdo a intereses políticos.
Así no es posible que César del Angel permanezca como rehén político de Patricio Chirinos y Miguel Angel Yunes.
Solicito se turne este asunto a la Comisión de Justicia de la Cámara, para vigilar que en el proceso de este ser humano le sean respetados sus derechos consignados en nuestra Carta Magna. Si es culpable de lo que se le acusa, que se le demuestre y se le castigue conforme a derecho; si no, también conforme a la ley que sea liberado. ¡Pero mientras tanto es indispensable que lo traten como ser humano! ¿O qué las garantías individuales sólo existen en el papel?
¡Hay 600 campesinos veracruzanos que se encuentran en la Ciudad de México intentando que alguien garantice que César del Angel tendrá un juicio y un trato justo! ¡Sin embargo, aquí como en Veracruz, "ni se les ve ni se les oye"!
¡Esos 600 campesinos, son 600 ciudadanos que solicitan, que exigen de nosotros, sus representantes, una acción clara en la defensa de los derechos humanos de un individuo!
¡El problema ya llegó a un punto sin regreso! ¡No podemos ignorarlo ni demorarnos en su solución! ¡Por ello demando una acción rápida y decidida de este cuerpo legislativo, antes de que sucedan más hechos lamentables! ¡Si en verdad México es un país de leyes, hagámoslas valer en lo que nos toca como miembros de este honorable Congreso:
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Filemón Ramírez.
El diputado Filemón Ramírez Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; estimados compañeras y compañeros legisladores:
Realmente me hubiera gustado permanecer al margen sobre este planteamiento que las dos diputadas han venido a presentar en esta tribuna, que es la más alta de la nación.
El asunto, el asunto que hoy se plantea es un problema estrictamente de carácter judicial, porque el señor César del Angel Fuentes es una persona que ha sido sentenciada por diversos delitos y quiero decirles que los delitos políticos no se castigan, se castigan los delitos judiciales.
El gobierno del Estado de Veracruz siempre ha actuado bajo líneas firmes, sin debilidad, pero con principios de justicia y equidad, lo que la generalidad del pueblo veracruzano hoy le reconoce. Evitemos pues, compañeros legisladores, ser engañados por esos falsos redentores sociales o bien caer en complicidades veladas y en confrontaciones verbales que nos hacen perder el valioso tiempo de esta ilustre tribuna de la nación.
En última instancia los tribunales dieron su veredicto en estricto apego a derecho. Por lo que el caso de César del Angel Fuentes ya es cosa juzgada.
En Veracruz la mayoría de los veracruzanos conocemos el historial oscuro de César del Angel Fuentes, hombre controvertido, obediente fiel de intereses mezquinos y con una evidente tendencia a violar la ley.
Porque además quiero expresar a todos ustedes de que, en estricto apego a derecho, los diversos poderes, ni el Legislativo Federal ni el Legislativo local, tienen las facultades para resolver en este caso; porque si así fuera estaríamos cayendo en una actitud antidemocrática, antijurídica y anticonstitucional, porque con ello vulneraríamos y quebrantaríamos el estado de derecho.
Solamente para concluir, estimados compañeros, quiero pedirles que ya no recurran al sentimentalismo ni al chantaje queriendo obtener con ello una resolución de carácter político, cuando aquí se requiere una resolución de carácter legal y si ha habido violación en el procedimiento, recurran a las instancias legales para que en ellas se resuelva el caso de César del Angel Fuentes.
Muchas gracias estimados compañeros.
El Presidente:
Nos pidió la palabra para rectificar hechos la diputada Gloria Sánchez Hernández. Tiene la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
Compañeros diputados:
Precisamente estamos ante una personalidad polémica. No tenemos ninguna sorpresa al escuchar posiciones maximalistas cuando se trata de analizar el caso que nos ocupa.
Hoy se dice que César es un falso redentor social, sin embargo un ex gobernador de Veracruz fue a encontrar una marcha de César del Angel haciéndolo llamar "líder carismático" y todo para que regresara a las filas del PRI.
Aquí se viene a decir que el historial de César es oscuro. Yo quisiera que se le preguntara a los campesinos que él ha representado por años, si todos piensan lo mismo.
Soy veracruzana, conozco también el trabajo, la organización, la trayectoria del movimiento de los 400 Pueblos, sé que las demandas de las bases son legítimas, sé que su organización es verdadera, sé que reconocen en César a un verdadero líder, creen en él y lo siguen. Por eso han venido a tocar las puertas del Palacio Legislativo, por eso estuvieron aquí hace unos días pidiendo la intervención de diputados de diferentes partidos, para que se respeten los derechos humanos de su dirigente y de los demás dirigentes campesinos que están encarcelados.
Yo quiero retomar al pie de la letra la propuesta de la compañera diputada Rosa María Cabrera, porque no se trata aquí de venir a enjuiciar a nadie, se trata de canalizar una solicitud de atención a un caso que es controvertido por sí mismo. Yo quisiera el respeto de todos ustedes. Por favor, compañeras y compañeros
¿Cuáles son los delitos de carácter político? ¿Cuáles? ¿Tendremos nosotros que enjuiciar al padre Hidalgo porque tomó las armas? ¡Por favor, compañeras y compañeros, oigan lo que estamos pidiendo:
Gracias.
2 DE OCTUBRE (II)
El Presidente:
Esta Presidencia desea hacer una precisión.
Por tratarse de la creación de una comisión especial la proposición del diputado Javier González Garza, se modifica el trámite y se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Froylán Velázquez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al CCXXX aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón.
El diputado Froylán Velázquez Hernández:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos escogido la sesión de este día como ocasión propicia para conmemorar una de las efemérides más entrañables de los mexicanos: el natalicio de don José María Morelos y Pavón, quien naciera el 30 de septiembre de 1765.
Objeto de esta conmemoración es resaltar que más allá de la historia de bronce, del legítimo culto a los héroes y de las letras doradas que presiden este recinto, existen momentos y personalidades de nuestra historia que son más que símbolos, son lecciones permanentes.
La figura histórica de José María Morelos y Pavón tiene dos grandes vertientes bien estudiadas; una es la del guerrero y estratega capaz de dirigir resistencias heroicas e infligir derrotas al ejército colonial; la otra es la del genial reformador social capaz de reunir los anhelos independentistas de su patria con muchas de las ideas sociales y políticas más avanzadas de su tiempo.
Una tercera vertiente es la del Morelos como jefe de gobierno ejemplar, modelo de acatamiento del principio de soberanía popular del pueblo y de su representación idónea: el parlamento. Sin demérito de la dignidad guerrera de Morelos son estas dos facetas de su personalidad, de su vida y de su obra, reformador social y estadista, las que resaltan hoy día, especialmente vigentes para nosotros, miembros del Poder Legislativo Federal, porque Morelos es en más de un sentido, el origen legítimo del derecho parlamentario mexicano.
Sus "Sentimientos de la Nación", bases que recogería nuestro primer Congreso Constituyente en 1813 y en 1814 siguen siendo la gran raíz constitucional de nuestra patria, pues ahí se manifiesta por vez primera y en un texto fundador, la voluntad de soberanía de México, así como las ideas de separación de poderes, responsabilidad parlamentaria, igualdad ante la ley y justicia social; vale la pena citar y comentar esta fuente primigenia de nuestro derecho constitucional y parlamentario, los "Sentimientos de la Nación".
En su artículo 5o. este documento dice: "la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, eligiendo las provincias y sus vocales y éstos a los demás que deben ser sujetos sabios y de probidad", fin de la cita. La división de poderes y la dignidad de las provincias, valores supremos de la política nacional para Morelos, valores negados hoy día por un régimen para el que sólo existe un poder el Ejecutivo y para el que los estados sólo merecen complicidad con los cacicazgos y refreno de la auténtica voluntad federalista.
Por su parte el artículo 12 de los "Sentimientos de la Nación" reza así: "que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a la constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto", fin de la cita. Aquí es imposible pasar por alto la actitud del pensamiento de Morelos, en una época en la que por desgracia quienes debieran representar a la nación aprueban con toda irresponsabilidad medidas que dictan otros a veces desde el extranjero y que contrariamente a los sentimientos de la nación, los de ayer y los de hoy, acrecientan la opulencia de unos cuantos y la indigencia de los demás.
Continuando con el documento histórico reseñado, su artículo 14 dice que para dictar una ley se discuta en el Congreso y se decida a pluralidad de votos. Nuevamente se impone el comentario: Morelos quiso para México un Congreso que tuviera capacidad de decisión y que trabajara colegiadamente. El contraste con la actualidad en la que la verdadera vida legislativa, aún se da fuera de este recinto; es evidente y lamentable.
Los "Sentimientos de la Nación" datan del 14 de septiembre de 1813; poco después, el 11 de noviembre del mismo año, José María Morelos y Pavón promovió el Reglamento del Congreso de Chilpancingo. El prócer impulsa así la normatividad interna de otro poder y origina el derecho parlamentario mexicano. ¿No es éste el origen también de las funestas invasiones que a lo largo de nuestra historia ha hecho el Poder Ejecutivo sobre el ámbito del Legislativo? ¿No es éste el origen, anemia histórica del Congreso mexicano, debilidad que sólo ha conocido brillantes excepciones como la República restaurada? No es el caso, viene el contrario, Morelos malgastó y demostró un gran respeto por la representación nacional y lo que ésta significa para la soberanía del pueblo.
Con base en lo dispuesto por el reglamento, el Congreso Constituyente de Chilpancingo acordó: que las sesiones fuesen públicas, convocando a ellas a son de campana a las 8:00 de la mañana en verano y a las 9:00 en invierno; decimos esto hoy día frente a unas galerías vergonzosamente cerradas y vergonzosamente demediadas (sic) que tal parece que no se quiere al pueblo en este recinto, que se quiere sólo escenografías, violando con ello el Reglamento del Congreso en vigencia, que establece el carácter público de las sesiones como regla general y la consecuente obligación de mantener abiertas las galerías y contrariando como hemos visto los mejores ejemplos de nuestra historia.
La transparencia y pluralidad de las actividades parlamentarias, deliberar y legislar de cara al pueblo, otro gran principio que debemos a Morelos y que sólo honramos muy de tiempo en tiempo. Además la normatividad del Congreso de Chilpancingo permitía a todo ciudadano presentar sus ideas al Congreso, por escrito y por conducto de sus secretarios. Este principio implícito, el de la corresponsabilidad entre representantes y representados, situaba al Congreso de Chilpancingo a la vanguardia de su época y contrasta, contrasta con el retraso en ésa y en otras materias de nuestra actual normatividad interna como Poder Legislativo.
No fueron los anteriores los únicos ejemplos del respeto que profesaba Morelos por la naciente institución parlamentaria mexicana, pues él dio abundantes muestras de subordinación a la representación nacional como cuando rehusó el título de alteza conferido por el propio Congreso, prefiriendo en cambio el muy significativo de Siervo de la Nación.
Aquí deseamos citar a un relevante biógrafo de Morelos, Ubaldo Vargas Martínez, quien al respecto señala: "don José María Morelos, generalísimo de los ejércitos de la insurgencia, al subordinar su propia autoridad a la del Congreso, quiso ser el primero en dar el ejemplo de obediencia al órgano representativo del pueblo; el Siervo de la Nación renunciaba, en su afán de servir a la fuente de donde emana la soberanía, a los supremos privilegios del cargo de generalísimo. Nunca se ponderará bastante -continuaba Vargas Martínez,- la ejemplar decisión de respeto a la majestad de la ley, del gran caudillo, quien apoyaba su actitud en pleno disfrute de la gloria y el poder". Hasta aquí la cita.
Hoy como en los albores de nuestra existencia soberana, la división de poderes es una aspiración y una necesidad; hoy como entonces, la moderación de la opulencia y la indigencia, es un imperativo; hoy como entonces, la independencia y la iniciativa del Congreso, así como su transparencia y responsabilidad frente a los representados, es una necesidad; hoy como entonces, un ejercicio del poder sujeto a la ley y al juicio de los ciudadanos, es imprescindible.
La impresionante actualidad de las preocupaciones y los valores políticos de Morelos, lo sitúan no como una figura del pasado, sino como nuestro contemporáneo.
El homenaje que le debemos a Morelos y la tarea más urgente que nos compete como representantes de la nación sólo puede ser una reforma a la ley fundamental y las leyes secundarias que asegure la democracia y las condiciones materiales y jurídicas mínimas para su ejercicio: la división de poderes y muy señaladamente la independencia de este Congreso, la libertad de estados y municipios, la responsabilidad permanente, efectiva y completa del poder público frente a los ciudadanos y la completa transparencia de los asuntos políticos.
Hoy, cuando México reclama nuevos horizontes de libertad, justicia y democracia, hacemos propicia esta efemérides, para demandar una convocatoria general a las fuerzas políticas y sociales de México hacia una reforma profunda del Estado mexicano.
Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Guillermo Alejandro Gómez Vega, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Guillermo Alejandro Gómez Vega:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En esta tribuna, donde se debaten los grandes temas nacionales que se sitúan dentro de la responsabilidad de nuestro quehacer legislativo, tengo el orgullo como michoacano y el gran honor como mexicano en esta oportuna ocasión, de memorar, en este CCXXX aniversario de su natalicio, a uno de los más grandes héroes de nuestra patria, a un extraordinario estadista, hombre valeroso con la hermosa virtud de la humildad, que desdeña el nombramiento de generalísimo con el tratamiento de alteza, para adoptar en su sentir republicano y federalista el de Siervo de la Nación.
Hombre de origen humilde, nacido un 30 de septiembre del año 1765 del Siglo XVIII, hijo de don Manuel Morelos, de oficio carpintero y de doña Juana Pavón.
Inquieto michoacano que empieza sus estudios el año de 1790 a la edad de 25 años, en el colegio de San Nicolás de Valladolid. Posteriormente viaja a la Ciudad de México donde recibe el grado de bachiller en artes y continúa su aprendizaje hasta 1797, recibiéndose sucesivamente de subdiácono y presbítero.
Para sostenerse económicamente se desempeña como receptor y clérigo en la Parroquia de Uruapan y a los 34 años se ordena sacerdote.
Recio criollo con profundo amor a su tierra purépecha, hombre íntegro que fue distinguido por don Miguel Hidalgo y Costilla un 20 de octubre de 1810 a su paso por Indaparapeo rumbo a la capital mexicana, donde contestando su demanda de unirse a la lucha le manifiesta el Padre de la Patria: "seréis mejor general que capellán", augurando así con estas palabras su futuro prominente y otorgándole el siguiente nombramiento que a fiel copia menciona: "por el presente, comisiono en toda forma a mi lugarteniente, el brigadier don José María Morelos, cura de Parácuaro, para que en las costas del sur levante tropas, procediendo con arreglo a las instrucciones verbales que le he comunicado". Y así nuestro prócer inicia su lucha por el respeto y la plena libertad de exigirlo.
Batallas de Tecpan, Acapulco y Cuautla, contando con los hermanos Galeana y don Leonardo y don Nicolás Bravo. Hechos heroicos de valor temerario que llenan brillantes páginas de la guerra de Independencia.
Como una simple muestra de su valentía lo distingue la heroica resistencia con su ejército al sitio de Cuautla durante 72 días, en mayo de 1812. Posteriormente hace un paréntesis a su genialidad militar y le da paso a esa gran virtud suya de estadista, convocando el 14 de septiembre de 1813 al primer Congreso Nacional Constituyente, en Chilpancingo y creó un cuerpo representativo, investido de autoridad, del que propone emane la voluntad nacional.
Sin perder el tiempo, en septiembre del mismo año inicia los trabajos del Congreso de Anáhuac, nombrando Morelos a seis diputados vocales de la junta de Zitácuaro: Rayón, Liceaga y Verduzco como propietarios, como suplentes Cos, Bustamente y Quintana Roo, más dos diputados de elección popular: José Murguía, por Oaxaca y José Manuel Herrera, por Tecpan e inaugura los trabajos legislativos vertiendo su convicción nacionalista en sus 23 puntos de su ideario titulado "Sentimientos de la Nación".
Gemas de superación patriota que son la esencia del surgimiento de México como nación libre y soberana y que además expresaban las disposiciones de orden político, económico y social que deberían considerarse en la futura legislación nacional.
La realización de este congreso puso de manifiesto la capacidad de la nación de gobernarse a sí misma y dictar sus propias leyes, connotando lo siguiente: "tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar leyes; la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares. Estos tres poderes no deben ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación".
Entre los 23 puntos contemplados por Morelos destacan por su trascendencia la declaración de Independencia; la preservación de la religión católica; el ejercicio de la soberanía; la división de los poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario; el otorgamiento de los empleos para los americanos; la condena de los gobiernos tiránicos; la capacidad del Congreso para hacer leyes; el ataque a los cuerpos privilegiados y la proscripción de la esclavitud y la distinción de castas.
La alegría del pueblo mexicano al celebrar la Constitución Política fue un modo espontáneo de responder a las palabras que pronunciara el cura Morelos el 14 de septiembre de 1813 ante la junta revolucionaria de Chilpancingo.
José María Morelos inició su alocución con estas frases: "Señor, nuestros enemigos se han empeñado en manifestarnos hasta el grado de evidencia, ciertas verdades importantes que nosotros no ignorábamos, pero que preocupó y procuró sobre todo ocultarnos cuidadosamente el despotismo del gobierno bajo cuyo yugo hemos vivido oprimidos. Tales son que la soberanía reside esencialmente en los pueblos; que transmitida a los monarcas por ausencia, muerte y cautividad de éstos, refluye hacia aquéllos; que son libres para reformar sus instituciones políticas, siempre que les convenga; que ningún pueblo tiene derecho a sojuzgar a otro si no precede una agresión injusta". Y después, al terminar su oración, expresó lo siguiente: "Señor, vamos, en fin, a ser libres e independientes. Temamos al juicio de una posteridad justa e inexorable que nos espera; temamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones y ajustemos nuestra conducta al principio más sano del honor, de la religión y la política".
El decreto constitucional para la libertad de América mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, pone de relieve el deseo del supremo Congreso de poner fin a la dominación extranjera y sustituir el despotismo de la monarquía española por un sistema de administración que proporcione de nueva cuenta a la nación mexicana el goce de sus derechos, los cuales son imprescriptibles, que la conduzca la gloria de la Independencia y que establezca la prosperidad para sus ciudadanos.
Dicho decreto constitucional establece en su artículo 18 que la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común y que esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación nacional.
En las primeras décadas del Siglo XIX las diferencias sociales e ideológicas generaron un paisaje histórico de aparente confusión.
La respuesta de los conservadores al acta constitucional de Apatzingán y a la doctrina republicana y democrática de la generación de Morelos, fue una implacable persecución a los insurgentes, además del asesinato brutal y masivo de quienes mantuvieron las banderas del pueblo.
El sacrificio de Morelos conmueve aún la conciencia contemporánea. Los Sentimientos de la Nación son una parte consustancial de la actitud de los mexicanos ante grandes problemas nacionales.
De los legados del Siervo de la Nación, que ahora gozamos, surge el de su espíritu independentista puro y recto, al acatar y respetar en forma irrestricta la Constitución en un ejemplo de renuncia personal ante las convicciones más profundas de su conciencia.
Morelos seguramente fue consciente de su sacrificio. El, que había declarado que por encima de los hombres debería de establecerse la ley, no quiso ser el primero en prevaricar. El, que tenía en sus manos para evitarse interpelaciones, representaciones y exigencias del Congreso, a veces ligado a él y seguido su camino de militar, de genio y de fortuna, siguió paso a paso al Congreso hasta llegar a sucumbir por aquel concebido por él mismo, puesto que había jurado observar aquel decreto constitucional que con sus deficiencias y paradojas merecía toda su admiración y todo su respeto. Qué ejemplo y compromiso nos ha dejado Morelos.
¿O qué acaso el significado de lealtad, responsabilidad, respeto y obediencia tenían otro valor u otro mérito.
Para nosotros, los legisladores mexicanos, no debe morir la intención del espíritu del Siervo de la Nación.
El vive y mora aquí en este recinto con su nombre inscrito en letras de oro y debe de vivir en nuestros sentimientos de legisladores por el sentir mismo que la obligación del ejemplo entraña.
Los invito en esta ocasión tan memorable, amigos diputados, a que en este día honremos la memoria del michoacano que entregó su vida por la causa de la libertad y del derecho.
MANUEL J. CLOUTHIER
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al aniversario luctuoso de Manuel J. Clouthier.
El diputado Alejandro Higuera Osuna:
Con permiso, Presidente en turno:
Antes de dar lectura al contenido de mi participación quiero dirigir un mensaje a través de esta tribuna, mensaje que me lo ha pedido la familia Clouthier Carrillo, de Culiacán, la cual en los últimos días ha pedido a la autoridad responsable que se vuelva a abrir el expediente sobre la muerte de Manuel Jesús Clouthier del Rincón y de Javier Calvo Manrique, porque la familia tiene elementos de duda sobre la investigación que se realizó hace seis años.
Del mismo expediente que a la fecha ha sido analizado por la propia familia, se han encontrado una serie de contradicciones y datos falsos que a la fecha se han podido comprobar; a manera de ejemplo, los tres domicilios que dio el chofer del vehículo que provocó la muerte de Manuel y Javier son falsos. A la fecha el señor Aurelio Flores Gómez radica en los Estados Unidos.
La familia piensa que si se mintió en los datos, se pudo haber mentido también en la investigación. La investigación sólo duró siete días para que se realizaran todas las diligencias, piensa que sí hubo celeridad pero no hubo profundidad en las investigaciones.
La familia Clouthier no culpa a nadie ni tiene pruebas para acusar a alguien, sin embargo de hace seis años a la fecha los acontecimientos de crímenes políticos dan pauta a que se inicie tal vez una investigación.
La muerte es el crisol donde se prueba la consistencia de una vida humana. Lo accidental desaparece y queda lo sustancial, lo que de veras vale. ¿Y cuándo es cuando el hombre vale? Cuando hace de su vida una obra de entrega plena, cuando convierte su tiempo en tiempo para los demás, el tiempo para su patria y el tiempo para el tiempo en todos los hombres, ese hombre derrota a la muerte.
La derrota porque su ausencia se vuelve presencia permanente, inspiración constante, modelo a seguir. La derrota porque el deseo de imitarlo llega a ser mayor que el dolor de perderlo. La derrota porque deja huella tan profunda que en ella caben muchos pasos. La derrota porque imprime sobre la tierra una sombra tan grande que dentro de ella se puede caminar aprisa y por mucho tiempo sin importar el vigor del sol. La derrota porque deja una luz tan intensa que con ella se puede marchar hasta cuando la noche es más oscura.
Hoy, a seis años de la muerte del ingeniero Manuel Jesús Clouthier del Rincón, el pueblo de México recuerda la inolvidable figura de Maquío; Clouthier ha derrotado a la muerte; Clouthier es hoy parte de la historia del pueblo de México; Clouthier como la figura del Cid sigue después de muerto ganando batallas.
Manuel fue siempre un sembrador. A su vertiginoso paso sembró a México con sus ideas e ideales, anhelos, esperanzas y ambiciones. La tierra está fértil, hagamos hoy el compromiso de no descuidar la siembra, de vigilar la cosecha y de cristalizar mañana el sueño de un México que cobije con cariño a todos nuestros hijos.
Manuel se deshizo de lo suyo y de los suyos, para irse por el llano, la montaña, la costa y el desierto, para recorrer todos los rincones de la patria entera.
Lo hizo como el caballero de La Mancha, a derribar molinos de viento, pero a diferencia del caballero aquél que alarga el brazo a toda fantasía, Maquío sí logró derribar muchos molinos, con cuyos escombros se reedifica ya la patria nueva.
Hoy se han cumplido aquellas palabras que el 3 de octubre de 1989 pronunciara en la catedral de Culiacán el señor Obispo Luis Rojas Mena, durante los funerales de Manuel Jesús Clouthier del Rincón. Cito: "desde hoy, cuando se hable de política, habrá de decirse antes y después de Maquío, porque hacer política en la filosofía de Clouthier era hacer patria y él quería hacer patria".
Manuel supo hacer patria como padre, como empresario y como político. Como padre fundó una numerosa familia en su natal Culiacán, con su inseparable esposa Leticia Carrillo, su Adelita que lo acompañó en la cruzada democrática de1988 y sus numerosos hijos. Fue precisamente el cuestionamiento de su hijo Manuel el que lo motivó a ingresar a la política. Este episodio de la vida familiar fue descrito por el propio Maquío.
"Acicateado por la exigencia de mi primogénito que me reclamó la suerte de mi país, que nuestra generación le estaba heredando a los jóvenes, tomé la decisión de ingresar a un partido para luchar desde una nueva trinchera. Estudié los documentos doctrinarios de los partidos políticos mexicanos y me decidí por Acción Nacional, me identifiqué con sus conceptos de persona, bien común, solidaridad, subsidiariedad, justicia social y democracia. Las ilusiones y los sueños comenzaron entonces a tomar cuerpo."
Como empresario supo hacer patria. Dedicado a la agricultura en el Valle de Culiacán creó agroindustrias donde el centro de estas empresas no era el capital, sino el respeto y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Manuel hizo patria cuando dirigió con gallardía, valentía y libertad absoluta los organismos intermedios que en el transcurso de su vida le tocó presidir.
Manuel hizo patria como político. Inició su participación cuando en 1983 denuncia el fraude electoral que le hicieran al candidato de Acción Nacional a la alcaldía de Culiacán, Jorge del Rincón Bernal. Manuel inició de lleno su participación política como candidato de Acción Nacional a gobernador de Sinaloa en 1986. Al concluir esta etapa de su participación política describió su experiencia en las siguientes palabras:
"Viví la estrujante y aleccionadora experiencia de ser candidato a gobernador de mi natal Sinaloa. Las ilusiones y los sueños demolidos por el fraude electoral resurgieron como voluntad de lucha, como determinación firme de transformar este país. Mi conciencia fue sacudida por el dolor inevitable de mis hermanos. Volví a decir y lo expresé con toda la fuerza de mi alma y voluntad."
Manuel hizo patria como candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República en 1988. Su himno a la lucha: ¡mis amigos!, grito vigoroso, fuerte y sincero que recorrió al país en las plazas públicas, en las universidades, en el campo, en los cafés, en los medios de comunicación, ha quedado grabado en la mente de todos nosotros y es que Maquío así hablaba y así era su manera de ser. Maquío fue y es un "bárbaro del norte", expresión que acuñó un defensor de oficio del sistema político actual ante su enojo por la fuerza de la campaña presidencial.
"Mis amigos: yo soy humilde, pero muy honrado y me siento avergonzado con este México corrupto, podrido y hoy totalmente destruido", decía en Culiacán en 1986.
"Mis amigos: estamos aquí para darle un nuevo impulso a la independencia nacional. La lucha del ayer fue para liberarnos del coloniaje externo; ahora, de cara al futuro, iniciamos una batalla para romper el avallasamiento interno que nos han impuesto los régimenes del priato". Iniciaba con esta convocatoria la campaña presidencial de 1988 en Dolores Hidalgo, en la misma iglesia que el cura Hidalgo en 1810 convocaba a los mexicanos.
"Mis amigos: mi lucha es contra la ignorancia, la pobreza y la injusticia", decía en Oaxaca.
"Esto, mis amigos, va a cambiar, lucha en la trinchera que te dé la gana, porque México va a cambiar contigo, contra ti o a pesar de ti", decía en Puebla.
"Esto, mis amigos, ya no lo detiene nadie. Sólo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. México ya abrió los ojos y hay que mandar a la "porra" al Presidente", expresaba Clouthier.
Manuel hizo patria cuando convocó al pueblo de México desde la ciudad de Mérida a la resistencia civil pacífica y no violenta para boicotear un programa de televisión noticioso privado, por la actitud cerrada de sólo destinar tiempo en su noticiero al candidato oficial y desconocer el trabajo de la oposición en la campaña presidencial.
Manuel hizo patria cuando en julio de 1988 denunció la caída del sistema del conteo electoral para elección presidencial. Manuel hizo patria cuando denunció al pueblo de México y a la opinión pública del mundo el fraude electoral de la elección presidencial de 1988. Manuel hizo patria cuando el 8 de septiembre comparece ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LIV Legislatura para presentar alegatos en la defensa de la democracia y ofrecer las pruebas en las que fundara la demanda popular para declarar nula la elección presidencial del 6 de julio de 1988.
En esta ocasión en los propios muros y paredes de esta Cámara, Maquío afirmó: "ante la disyuntiva de ejecutar actos posiblemente inútiles o seguramente criminales, hemos optado por lo primero, porque estamos seguros de que superar lo arcaico o primitivo es dejar atrás las relaciones humanas y políticas regidas por la ley de la fuerza y cimentar la política sobre relaciones humanas pacíficas, veraces y razonables".
"Por eso estoy aquí, hablando a sus razones y a sus conciencias. No ha sido Acción Nacional el que ha creado la desconfianza en la palabra y el derecho, porque creemos en ambos, no es la fuerza y la violencia. Estoy hablando aquí para exigir respeto a las leyes ¡y sépanlo amigos! ni siquiera en defensa de mi propio caso me separaré de esta historia que me ennoblece y me enorgullece y de la convicción que me anima.
"Yo sé muy bien en qué y en quién he puesto mi confianza y sé asimismo que tarde o temprano, seguramente temprano que tarde, la fuerza de la verdad acabará imponiéndose."
Manuel hizo patria cuando coordinó el gabinete alternativo de Acción Nacional para aportar desde esa trinchera soluciones viables a los problemas de México.
En aquel entonces dijo: "un gran número de mexicanos dejamos de llorar el país que se frustró, el México que pudo haber sido y no es. No obstante la construcción de México por su historia, sus recursos naturales, su geografía y su gente, todavía puede y debe ser".
Manuel hizo patria el propio día de su muerte. Por un momento los actores políticos nacionales coincidieron en presencia en el funeral y en ideas sobre su aporte a la vida democrática de México.
Manuel se fue exigiendo una definitiva reforma política. A sus años de ausencia física sigue esta exigencia siendo la más importante en la vida política nacional.
Acción Nacional, en congruencia con sus ideales democráticos y en memoria a la vida y obra del ingeniero Clouthier, exige la verdadera y definitiva reforma política que le dé a México una vida de democracia plena.
Antes de concluir quiero recordarles el encendido epigrama de Tomás Perrín:
"Mis palabras y mi duelo que en dos versos se encierran, hombres como él no se entierran, se siembran en nuestro suelo."
Manuel fue sembrador; sembrador en las conciencias de todo mexicano de bien; su siembra rinde hoy frutos. Como lo cita la expresión bíblica: "por los frutos los conoceréis".
México entero conoce hoy la siembra y la cosecha del hombre que desde la trinchera de Acción Nacional le abrió un boquete al sistema político del Gobierno.
¡Maquío vive! ¡Viva Maquío por la justicia y la verdad:
Gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema tiene la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser, a nombre del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Muchas gracias, señor Presidente:
Quiero unirme en lo personal y a nombre de todos mis compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática, al homenaje que se rinde esta tarde a Manuel J. Clouthier.
Manuel Clouthier es patrimonio de México. Algunos lo conocimos, lo conocimos, perdón, compañeros del PRI, lo conocimos como adversario; lo respetamos como adversario; lo admiramos como adversario.
Manuel Clouthier entregó su vida a la lucha que compartimos hoy y de la cual nosotros somos partícipes y queremos ser partícipes en esta Cámara de Diputados.
Quienes conocimos a Clouthier en 1988 supimos admirar su bonhomía, su humanidad, su sentido del humor, su gracia, su picardía. Todas estas cualidades políticas hubieran hecho de él un hombre del presente. No sabemos si la muerte de Manuel Clouthier tenga responsables.
Ojalá y no los tenga, pero si los tiene, tienen que ser encontrados. Pero su memoria es patrimonio de todos nosotros.
Manuel Clouthier contribuyó a la transformación de México con su dedicación, con su empuje, con su empeño, con su carácter.
Los que estamos aquí, en la Cámara de Diputados, tenemos que reconocer en ese trabajo de Manuel Clouthier, no una lucha partidaria, no el patrimonio de un sólo partido, sino el patrimonio de todos nosotros. Por eso nos unimos, mis compañeros del PRD y yo, a la lucha que hizo posible que Manuel J. Clouthier trascendiera su tiempo y su circunstancia.
En aquel 1988 Manuel Clouthier se portó como un caballero, como un hombre, como un mexicano y como un demócrata. Más allá de sus propias posturas partidarias, defendió el voto de los mexicanos. Y eso habemos muchos que nunca lo olvidaremos.
Muchas gracias.
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre una carta publicada el día de hoy en un diario capitalino, tiene la palabra el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vivimos sin duda momentos muy difíciles, graves, de alta peligrosidad en la vida política del país. En unos cuantos días se han ido agolpando con celeridad una serie de acontecimientos que están enrareciendo aún más la atmósfera política nacional. La crisis del régimen político mexicano aún no toca fondo y en su caída sigue arrastrando al conjunto de la nación. Ya no pueden ser casuales tantos actos que suenan y huelen a provocación. Ayer y hoy, siguen siendo los muertos en el Estado de Guerrero; ayer fue lo que aquí ya se tocó en tribuna, la provocación en el Zócalo capitalino, aunada a la súbita caída de la bolsa, la devaluación del peso y la fuga masiva de capitales en una nueva oleada.
Esta crisis, a juicio nuestro, requiere salidas efectivas inmediatas, que aparezcan con su rostro verdadero de que se quiere resolver ante el conjunto del país y evitar de esta manera a que el escenario se nos siga descomponiendo de una forma mucho más grave.
Hace unos momentos, hace unos minutos evocamos el recuerdo del 2 de octubre de 1968 y propusimos, la bancada del PRD, la creación de una comisión de diputados para que se integre a una comisión de la verdad que ya ha sido propuesta, incluso, por un distinguido miembro del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que profundicemos en el esclarecimiento de esos actos criminales.
Hace también unos cuantos minutos el compañero de Acción Nacional al evocar el recuerdo de Manuel J. Clouthier expresó a nombre de la familia, las dudas acerca de la posible realización de uno más de los crímenes políticos que se han dado en el país en los últimos años en la persona del extinto Manuel de Jesús Clouthier. Pero sigue estando presente, además, el recuerdo de un acontecimiento que hiere la conciencia nacional y que ya lleva más de un año y medio sin esclarecerse, sin que sepamos pues la verdad: ¡el asesinato de Luis Donaldo Colosio sigue siendo la principal cuenta política personal pendiente del actual Gobierno:
Hoy conocimos el contenido de una carta del presidente Zedillo, publicada en el periódico Reforma, fechada el 19 de marzo de 1994 y que fue enviada en su carácter, entonces, de coordinador de campaña, al también entonces candidato priísta Luis Donaldo Colosio. A los cuatro días de enviada, de fechada la misiva, se produjo el asesinato que conmovió al país y modificó el mosaico de las relaciones políticas nacionales.
El contenido de dicha carta da pistas suficientes, por no decir lo más, para que por lo menos la Procuraduría General de la República desarrolle una línea de investigación que, según los elementos hasta ahora visibles, se han abandonado por parte de la subprocuraduría especial para esclarecer este crimen político. "Para el buen entendedor, reza el dicho popular, pocas palabras".
La carta, viéndose integralmente, revela las dificultades de la campaña presidencial priísta agravadas por el nombramiento de Manuel Camacho como comisionado para la paz en Chiapas; nombramiento efectuado, como todos lo sabemos, por Carlos Salinas de Gortari en su carácter de Presidente de la República.
Y dificultades en el equipo de campaña y en el propio Partido Revolucionario Institucional y el abandono salinista como prioridad de la sucesión presidencial en sus preocupaciones y la presencia de intrigas palaciegas contra la campaña de su propio candidato a la presidencia de la República y una propuesta central dirigida a Luis Donaldo Colosio: "¡pacta con Salinas!"
Se trata ciertamente de un lenguaje cuidadoso, pero directo. Revela la molestia, el descontento de Salinas con Colosio. Le pide que sus discursos de crítica al Gobierno y las deficiencias del quehacer gubernamental sean, antes de darse a conocer, sujetos de censura, para que ya no queden dudas de la lealtad del candidato a presidente de la República.
Y preguntamos: ¿Por qué habría el candidato Colosio de hacer una alianza con quienes meses antes lo habían abanderado para ser candidato del Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué se estaba fraguando en las más altas esferas oficiales? ¿Qué le recriminaba Salinas a Colosio? ¿Por qué no había comunicación cotidiana entre ambos, a tal grado que se busca llamar la atención del coordinador general de la campaña sobre la difícil situación de la misma, a través de una carta y el urgente llamado a pactar.
Es lamentable, dicho sea de paso, también la opinión que el PRD le merecía al doctor Zedillo y sobre todo el concepto que éste tenía y habría que preguntarse si lo sigue teniendo de los acuerdos políticos que se firmaron el 27 de enero de 1994, para sortear el proceso electoral del año pasado y al cual contribuimos desde el PRD y por el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con la mejor buena fe.
Pero lo central es el conjunto de pistas que el contenido de la carta nos presenta, nos sugiere, nos plantea y, por lo tanto, habría que preguntarnos si serán, ahora sí, estos elementos suficientes para que la Procuraduría General de la República, la subprocuraduría especial, consideren lo que subyace en esa misiva: la posible, la presunta autoría intelectual en el entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, como posible autor intelectual, repito, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, como posible autor intelectual del complot que todavía seguimos esperando los mexicanos, los legisladores, la conciencia nacional, que el complot sea probado fundadamente, suficientemente y sin que deje lugar a dudas por parte de la Procuraduría General de la República.
En los últimos meses hemos conocido un conjunto de informaciones y visto una actitud que por lo menos nos parece sospechosa o a lo mejor porque en verdad están queriendo llegar al fondo y no quieren dar información que pueda entorpecer la investigación.
Pero tratándose de un asunto de tanta importancia y por la trascendencia que tiene en la vida política del país la publicación del contenido de esta carta, nosotros creemos que sin duda alguna, indubitablemente, la Procuraduría General de la República debiera retomar las pistas, los hilos de la investigación que los llevan también a Los Pinos investigación y líneas que a nuestro juicio, ojalá y no se hayan dejado jamás del lado, nuestra sospecha es que sí, ojalá y nos equivoquemos y ojalá ahora la publicación de esta carta convoque a la responsabilidad de quienes están encargados de la investigación, a efecto de que se vaya en verdad al fondo del asunto y que sin dejar de atender a todas las exigencias que plantea un proceso investigativo y penal, también no deje lugar a dudas de que vamos a entrar a un nuevo juego de componendas políticas y en donde a pesar del discurso sigue habiendo intocables y puede seguir habiendo intocables y no vamos a salir de esta crisis política que cada día se profundiza más y que el Gobierno de la República, de manera especial, tiene la principal responsabilidad para encontrar las salidas que contribuyan a que soplen aires frescos para que desplacen al aire enrarecido y peligroso que hoy nos está invadiendo en la atmósfera nacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome, para rectificación de hechos.
El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:
Con la venia del señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hay puntos coincidentes con el diputado Zambrano, en el planteamiento que pretendo hacer. Definitivamente a todos nos interesa la verdad y creo que algunos de sus aciertos, en los que definitivamente todas las fracciones parlamentarias aquí representadas han expresado ya su pleno acuerdo, pueden tener, pueden contar, cuentan ya con el respaldo absoluto de todos nosotros. Deseamos la verdad en el asesinato de nuestro candidato, del candidato del Partido Revolucionario Institucional y creo que así como nuestros compañeros de la comisión especial han hecho su mejor esfuerzo para tratar de llegar a ese resultado, la Procuraduría General de la República la está haciendo también y confiamos en que todos los instrumentos procedimentales dentro del Poder Judicial Federal puedan concluir con el hallazgo de las responsabilidades que correspondan a los hechos que verdaderamente acaecieron.
Sin embargo, en el planteamiento de nuestro muy buen amigo Zambrano existe, a mi juicio, una lectura un tanto equivocada, una lectura errónea. En primer lugar no puedo dejar de reconocer que el documento que publicó uno de los más prestigiados diarios de la ciudad y que no me atrevo en este momento a dudar de su autenticidad, hay profesionalismo en quienes a través de ese medio exponen sus planteamientos y realizan su labor periodística, por tanto, como decimos los abogados, sin aceptarlo definitivamente debo concederle veracidad y por tanto me referiré a sus conceptos como provenientes del señor doctor Ernesto Zedillo, lo enfatizo así, en esa etapa, no Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sino coordinador de la campaña de un partido que se enfrentaba en el fragor de la lucha política a una serie de presiones, de actitudes, de temores; todos los teníamos, se nos expresaban también todos los días de parte de otros protagonistas de la lucha política y en este aspecto quiero que no salga de contexto el documento que en este caso hemos tenido oportunidad de conocer.
No es el documento de un Presidente, es el del coordinador de una campaña que leal, franca, honestamente, le comenta a su jefe, a su candidato lo que piensa, lo que teme, lo que espera, lo que desea y lo más importante, lo que propone para dignificar plenamente la contienda política en que está inmerso.
Valdría la pena comparar los planteamientos que ahí se hacen, en ese documento, respecto a un partido tan respetable como el PRD con los que ha tenido el Presidente de la República en el ejercicio de su encargo. Muchos temían, podría decir muchos temíamos en algún momento de la campaña electoral que hubiera actitudes que en aisladas voces de amenaza en efecto se habían presentado como factibles por militantes de ese partido.
Yo viví en uno de los escenarios teóricamente más complejos, más complicados, el Estado de Michoacán, escuché muchas veces, abrigué, por qué no decirlo, temores, dudas, incertidumbre respecto a la actitud del PRD y las hubiera expresado en los mismos o quizá más crudos términos que en ese momento el señor coordinador comentaba, avizoraba, advertía a su candidato, no se dieron, no se dieron en Michoacán, no se dieron en México y creo que el primero en reconocerlo así fue mi partido y particularmente quien para entonces ya por la desgraciada, por la desafortunada circunstancia que enluteció a todos los mexicanos, el propio doctor Ernesto Zedillo.
El documento es claro, es leal, es franco, plantea en efecto principios de estrategia política, diría yo que todos en el fondo quizá estuviéramos en condiciones de suscribir. Se deben ganar las elecciones por medios democráticos, se deben contradecir actitudes que se teme que se presenten apoyándose precisamente en elementos con que se cuentan, el acuerdo es un medio, lo dice expresamente la carta, que es un medio para neutralizar, no para destruir, no para derrumbar, no para apabullar, al contrario, para poder colocar en una situación de neutralidad una crítica también, a mi juicio aventurada, que en esa etapa se hacía por quienes en otros partidos temieron de la legalidad del proceso y de la actitud democrática de nuestros candidatos.
Expresa opiniones sobre el Presidente de la República, evidentemente en esa etapa el presidente Salinas de Gortari era el priísta en ejercicio de la primera magistratura del país, no se trataba definitivamente de cuestionar sus actos, se trataba de expresarle respeto, de emitir, de comentarle inclusive los conceptos críticos que podría haber a su administración, de desvincularse de lo que otros, también legítimamente era un temor que muchas veces escuché en sus palabras, temían de que se convirtiera en un manipulador de que intentara el presidente Salinas gobernar a través de su sucesor, en ese caso del licenciado Colosio, advertía en esa carta el coordinador de la campaña que debería plantearse con franqueza, pero con un comentario evidentemente de atención hacia el primer priísta en un encargo público que era el Presidente de la República, aquellos temas, aquellas cuestiones que pudieran y debieran en juicio honesto de un político, motivar una crítica y plantear una plataforma o un programa distinto dentro de la campaña electoral.
Esa era una actitud que inclusive hasta ahora que conocemos esa carta, que yo no conocía de un coordinador como el señor doctor Zedillo, que irrumpía en una actividad política relativamente nueva para él, era un hombre de Estado, era un servidor público. Había sido Secretario de Estado ya en dos diferentes y difíciles ministerios, pero de la lectura que he hecho cuidadosa, lo he intentado hacer en el curso de las últimas horas de este documento, no advierto que exista ningún principio del que como priísta deba o pueda avergonzarme. Creo que la historia definitivamente en su oportunidad pone a todos los que intervienen en cuestiones políticas en su lugar, yo creo que es muy importante definitivamente plantear conceptos de valoración, juicios, practicar este tipo de consideraciones pero no siento y de ahí mi lectura diferente a la de mi muy estimado compañero Zambrano, que de esto resulten vistas para una investigación que está siguiendo su curso por diferentes vertientes, en diferentes escenarios y seguramente con complicaciones ya de por sí muy naturales.
Después de todo, bienvenido el conocimiento de temas como éste, quizá no sea la forma más ortodoxa para allegarnos, pero definitivamente también esto viene a robustecer con su transparencia un esquema democrático del que los mexicanos estaremos seguramente cada día más orgullosos si somos capaces de comprenderlo, de practicarlo, de sustentarlo, de defenderlo, pero sobre todo de darle su real valor de no desviarnos, de no caer precisamente en lo que criticamos, de no intentar lecturas o pistas secretas en lo que puede ser tan claro, tan franco como es esto.
Yo advierto comentarios críticos hacia protagonistas de la vida política del país, la crítica es válida sobre todo cuando con la franqueza y la honestidad, con la lealtad y el conocimiento que estos renglones expresan se trasmiten a su jefe para tratar de coadyuvar con él en el manejo de una campaña que se veía difícil, que se veía complicada, para la que nuestras fuerzas parecían en un momento dado no ser suficientes para enfrentar y afrontar el riesgo que se planteaba y seguramente creo que elementos de conocimiento como éste sirvieron para depurar y mejorar la lucha democrática de 1994.
Gracias por su aportación, diputado Zambrano, es interesante su planteamiento, creo que todos debemos de reflexionar en él.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Después de haber escuchado cuidadosamente la intervención del diputado Dionisio Pérez Jácome, me parece que aunque efectivamente no hay discrepancia en una serie de aspectos que él toca analíticamente de este documento que el día de hoy y bienvenida esa nueva prensa, nos da a conocer un prestigiado diario de la Ciudad de México, me parece que el hilo fundamental que a todos nos interesa no fue tocado y es el hilo de que hay documentos familiares o documentos oficiales como éste, que debiéramos de haber conocido con tiempo, que ya podrían haber salido a la luz pública y que desde luego abriendo un proceso abierto como el del crimen de Luis Donaldo Colosio pudieran aportar elementos fundamentales a la investigación.
Entonces me parece, me parece que no se soslaya aquí lo que se había planteado con anterioridad. Deben de sostenerse las pistas que conducían precisamente a Los Pinos y deben de sostenerse todas las posibles rutas que lleven al esclarecimiento del crimen de Luis Donaldo Colosio, pero también todos, incluido el propio Presidente de la República ahora, deben de aportar los documentos que en un momento determinado aporten precisamente al esclarecimiento o que apunten al aporte de pruebas necesarias para ello.
Me parece que las dos intervenciones que hemos escuchado coinciden en muchos sentidos, pero lo que es fundamental, no se niega la posibilidad de que a través de estos documentos no sólo se profundice, sino se vuelva a pistas que parecían ya olvidadas en éste, que es un asunto fundamental para nuestro país.
Muchas gracias.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación política del Estado de Guerrero.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Desafortunadamente en los últimos días, semanas, meses, nuestro Estado de Guerrero ha sido noticia nacional e internacional de la manera más desafortunada; ha aumentado la ola de violencia en nuestro Estado, la más conocida de ellas, la matanza más conocida fue la del 28 de julio en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, pero después ha habido matanzas de policías estatales, de policías judiciales, incluso de militantes del PRI; del PRD sólo en el mes de septiembre hubo siete muertos, siete asesinados, y se ha creado una situación de ingobernabilidad una situación en la cual no hay la existencia de un estado de derecho y donde la ley de la selva impera en nuestro Estado.
Hay algunos elementos nuevos que han aparecido esta semana, por un lado, la renuncia del fiscal especial, el licenciado Miguel Angel García Domínguez, quien el domingo pasado asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, quien había sido nombrado fiscal especial por el Congreso local del Estado de Guerrero.
El PRD había planteado que el tema de la matanza del 28 de julio, la Federación ejerciera su poder de atracción, a fin de que este caso fuera examinado por la justicia federal, ya que de acuerdo a la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno estatal era juez y parte de esta matanza y por lo tanto, no se podía realizar una investigación imparcial.
Estuvimos examinando con el licenciado Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación, las distintas opciones para nombrar un fiscal especial. Desde nuestro punto de vista era inaceptable que lo nombrara el gobernador Figueroa o que lo nombrara el procurador del Estado y una fórmula intermedia que se buscó fue que lo nombrara el Congreso local, cuestión que también procedimentalmente era incorrecto.
La renuncia del fiscal especial nos plantea que ha habido un mes y medio en el cual la investigación sobre este caso no ha prosperado, está detenida y nosotros preguntamos. ¿Hay una táctica dilatoria del Gobierno Federal para que no avancen las líneas de investigación que están presentadas en el informe valiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 14 de agosto pasado.
Nosotros queremos responsablemente llamar a las distintas bancadas parlamentarias, incluso a la del PRI, que cada vez que tocamos este tema, pasa Píndaro, pasa otro a decir que son falsedades del PRD, que no pasa nada en Guerrero, que son puras invenciones de la prensa, nosotros queremos hacer un llamado a las distintas bancadas parlamentarias a que, de la manera que logremos un consenso, hagamos una comisión especial que atienda el caso Guerrero, ya no podemos permitir que Guerrero siga siendo noticia en los diarios nacionales, porque nada más estamos esperando cuándo viene la octava matanza y cuándo la novena y cuándo la décima.
Nosotros queremos, si es que va a pasar la bancada del PRI a que responsablemente nos diga cuál es el camino para lograr que en el Estado de Guerrero haya justicia, haya el imperio de la ley y no que vengan nada más aquí a defender a su gobernador, que vengan aquí a decir que no pasa nada.
Yo creo, compañeras y compañeros legisladores, que no debemos hacer del caso Guerrero una rutina, en el cual algunos diputados de la oposición y los del PRI pasan a defender a su gobernador. Necesitamos que se abran las líneas de investigación contenidas en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Necesitamos nombrar de inmediato un fiscal especial; necesitamos que el caso sea traído al Fuero Federal. Necesitamos también un nuevo modelo de desarrollo para el Estado de Guerrero. Necesitamos urgentemente medidas para otro acontecimiento que ha pasado en el Estado de Guerrero, que son los recientes temblores que han devastado zonas enteras en la Costa Chica de Guerrero y que no sólo se les debe atender con láminas de cartón y con unas cuantas despensas, porque lo que se requiere son programas de desarrollo, también recomendadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Yo quiero, pues, compañeras y compañeros, a nombre de mi bancada parlamentaria, hacer un exhorto a las demás bancadas parlamentarias a que juntos veamos los mecanismos. Nosotros propusimos la vez pasada una comisión especial, algunos consideraron que no era conveniente. Estamos dispuestos a oir distintas propuestas sobre este caso, lo que no nos podemos permitir es que se siga violando la ley, que haya violación a los derechos humanos en el Estado de Guerrero. Esto debe terminar en nuestro Estado.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo, para hablar sobre el mismo asunto.
El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Efectivamente, luego de conocer las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos turnó al Estado de Guerrero, el día 13 de septiembre después de haber realizado el Congreso local las modificaciones a la ley reglamentaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que ésta contemplara la figura del fiscal especial, éste fue designado por el mismo Congreso y le fue tomada la protesta al señor licenciado Miguel Angel García Domínguez. Inició sus trabajos siempre contando con el apoyo, el respaldo, la absoluta solidaridad de los legisladores locales y de las autoridades estatales.
El día 30 del mes de septiembre presentó un documento donde informaba que se retiraba del encargo de fiscal especial en virtud de que habría de ocupar una nueva comisión encomendada por el gobierno del Estado de Guanajuato. Fue designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia y fue precisamente el día domingo 1o. cuando tomó protesta como presidente de ese honorable Tribunal Superior de Justicia.
Es importante mencionar que no obstante la separación del encargo del fiscal especial, precisamente a través de la prensa y a través de las acciones que han llevado a cabo en el juzgado tercero de lo penal, con sede en Acapulco, el juez Adolfo Almiter ha informado que esta misma semana, con la participación de peritos de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General del Distrito Federal habrán de seguirse haciendo las acciones correspondientes a la exhumación de los cuerpos y a las diligencias que corresponden a derecho.
Así pues, en un manifiesto interés en Guerrero hemos lamentado no tan solo aquí en la tribuna, sino en el mismo Estado, hechos de violencia que han venido a enlutar diversos hogares y somos los primeros preocupados porque estas acciones terminen. Pero no podemos ignorar que este tipo de acciones también vienen aparejadas al grave rezago social que vive nuestro Estado y que aquí debemos de sumar esfuerzos legisladores de todas las bancadas efectivamente, no para ir a suplir funciones que le corresponden eminentemente al fuero común, sino para unir nuestros esfuerzos y lograr que en estos rezagos sociales se vayan abatiendo a través de inversiones importantes en el sector social.
Esa es la propuesta de todos los diputados que tenemos la obligación de representar auténticamente a nuestros estados y ahí es en donde tenemos que sumar nuestros esfuerzos, lejos de estarnos desgastando en luchas inútiles y estériles que muchas veces nos llevan a rivalidades a veces ofensivas.
Esa es la posición de nuestro partido, de los diputados guerrerenses del Partido Revolucionario Institucional, de que aceptamos el reto para sumar esfuerzos y lograr sacar adelante, con el apoyo de todos, tocando las diversas instancias federales para que se incrementen los recursos destinados a abatir este grave rezago social que tiene Guerrero.
Porque no es tardar ni es ver que estamos haciendo acciones tardías simplemente para no llegar al fin de estas investigaciones que a todos nos interesa se clarifiquen a la mayor brevedad posible, porque hoy resulta que no puede ser que la renuncia del fiscal sea simplemente una práctica retardataria, porque entonces, con todo respeto, tendríamos que solicitarle al señor gobernador Vicente Fox, que no invite a colaborar en su gobierno a quien tenía una función importante en Guerrero.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema tiene la palabra la diputada Leticia Burgos, del PRD.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Gracias Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Yo creo que no es una lucha estéril estar aquí y estar ante ustedes exigiendo justicia para el Estado de Guerrero.
El Estado de Guerrero enfrenta una situación de violencia y de desquebrajamiento de las instituciones públicas que es difícil ocultar, acrecentado desde el inicio del periodo del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, situación que ha puesto a nuestro Estado al borde de la ingobernabilidad con un asentuado vacío de poder.
Y para sustentarlo, la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indios del PRD, ha registrado a los dos años y medio del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, un saldo de 55 asesinatos y seis desaparecidos, que ha denunciado en cada momento ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la comisión estatal, aún la mayoría de ellos, no esclarecidos.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido más de 1 mil 640 denuncias de violaciones a derechos humanos en este periodo de gobierno. La mayoría de ellos relacionadas con atropellos por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia y de las autoridades municipales y estatales.
La impunidad y la violencia institucional va en rápido ascenso y se vive con la falta de credibilidad en los cuerpos policiacos encargados de la seguridad pública y de las instituciones de procurar justicia. Frases incluso también reafirmadas por el propio gobierno del Estado.
El Consejo Guerrerense de 500 años de Resistencia Indígena y Negra en Guerrero, organizaciones civiles y de productores de la Costa Chica y de la Costa Grande, así como de la montaña de Guerrero, han denunciado reiteradamente los atropellos cometidos tanto por delincuentes comunes como de la policía motorizada y judicial del Estado, contra comunidades indígenas y campesinas, las cuales el 17 de septiembre hicieron público; que en las brechas de las regiones del Estado se cometen casi a diario indiscriminadamente asaltos, violaciones y asesinatos.
Las propias autoridades comunitarias han detenido a delincuentes, sin embargo en varios casos las agencias del Ministerio Público los han dejado en libertad, lo cual implica un panorama de una inseguridad social y el trabajo de las instancias del Poder Judicial han sido de negligencia y de corrupción en lugar de combatir la delincuencia.
Los desalojos, las emboscadas, las intimidaciones, el hostigamiento, las amenazas de muerte, son parte de la cotidianidad guerrerense y esto es muy grave.
Los senadores y diputados del Partido de la Revolución Democrática de esta legislatura hemos denunciado estos hechos y pedido que se actúe en consecuencia, pidiendo la desaparición de poderes en Guerrero, juicio político y penal al gobernador.
En respuesta, los oídos sordos y la insensibilidad humana y política de la mayoría priísta han rechazado una y otra vez la petición de justicia que el pueblo de Guerrero y de México han exigido y exigen.
Por si fuera poco, como se ha dicho aquí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este lunes 2 de octubre, señaló que por ahora no resulta oportuno ejercitar de oficio las facultades de investigación que le concede el artículo 97 constitucional para intervenir en la averiguación de la matanza de 17 personas cometida el 28 de julio en Coyuca de Benítez.
Luego el fiscal especial para atender las investigaciones de la masacre de Aguas Blancas renuncia a su cargo, para asumir la presidencia del Tribunal de Justicia de Guanajuato, como bien lo ha señalado el diputado que me antecedió.
Esta situación provocará que el esclarecimiento del asesinato se retarde aún más, provocando incertidumbre y recelo del pueblo hacia las instituciones encargadas del resguardo de la seguridad pública y de la procuración de justicia. En tanto el gobierno de Rubén Figueroa se regocija en anunciar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El 27 de septiembre la propia Comisión Nacional desmiente tal aseveración al considerar que la destitución de los funcionarios involucrados en los hechos de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, los cambios de mando en los cuerpos policiacos, el arraigo y otros aspectos, no significan que la totalidad de las 14 recomendaciones que en sí misma comprende la 104/95 hayan sido totalmente acatadas.
La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona como aspectos no cumplidos los referentes a la puesta en marcha de programas de apoyo a la productividad, al desarrollo social, a la asistencia y la seguridad pública, así como la de procuración de justicia, para los municipios de Coyuca de Benítez, de Atoyac y de otros más necesitados.
Ante este panorama nos preguntamos, ¿se querrá acaso que se desate una guerra civil en Guerrero? Porque la guerra sucia ya está desatada, el primitivismo y la barbarie es una realidad en Guerrero, ante la ausencia de gobernabilidad y la creciente ola de violencia e impunidad en Guerrero, donde ni la Procuraduría General de la República ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, son capaces de parar de tajo y cambiar tales condiciones. ¿Esperamos acaso que sea la propia comunidad quien busque sus mecanismos para impartición de justicia y salvaguardar la seguridad de la población como ya ha estado sucediendo al hacerse justicia por su propia mano?
Si no queremos la ingobernabilidad entonces cumplamos con nuestro cometido de velar por los intereses de la nación, vigilando, denunciando y proponiendo soluciones a la inseguridad, a la violencia, a la impunidad.
Es necesario que en el marco del acuerdo político nacional, la cotidianidad política, económica, social y cultural de los estados como Guerrero, sean considerados para que verdaderamente se retome el sentir y las demandas ciudadanas hacia una democracia con justicia y desarrollo, en un diálogo realmente verdadero también desde los estados y no solamente del centro.
Por todo lo anterior el Partido de la Revolución Democrática, proponemos a esta soberanía, que la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados exponga ante el pleno el informe que elaboró sobre la masacre de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez. Tarea encomendada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y, además, en el marco de sus facultades realice sus diligencias y se haga llegar información sobre la situación de violencia que priva y se agudiza en estas últimas semanas en el Estado de Guerrero.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Gabino Fernández Serna.
El diputado Gabino Fernández Serna:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
Hoy ha sido un día muy especial porque he escuchado cosas muy importantes de varios de mis amigos del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo en esta parte en que nos encontramos hay algo que ni la compañera Leticia ni el compañero Cuauhtémoc han calificado, a pesar de que ellos saben lo que sucedió con el fiscal García Domínguez.
Yo no puedo pasar inadvertido, de ninguna manera, la frivolidad de un hombre que se compromete a llevar adelante lo que tenía que hacerse y que estamos a pocos días, de acuerdo con sus propias declaraciones, que se continúe con la investigación de Aguas Blancas. Los diputados guerrerenses no estamos ciegos para no saber lo que ocurre en nuestro Estado y frente a lo que un querido amigo del PRD y otro del PAN me decían, que no viniera aquí a defender a Rubén Figueroa, categóricamente les dije y afirmo: yo no vengo a defender a Rubén Figueroa, vengo a defender un derecho en el que creo y que ahí en Guerrero se ha establecido y que por el hecho de haber salido por la puerta falsa un fiscal que se comprometió ante el Congreso local de seguir adelante con las investigaciones de Aguas Blancas, finalmente la puerta falsa y hoy está en Guanajuato.
Yo pienso, compañeros diputados, que el marco legal, que lo que hoy se está llevando a cabo en Guerrero es importante, es importante porque se van a esclarecer más cosas de las que hoy no conocemos. Yo confío en la ley, confío en lo que se está haciendo y algo más, compañero Cuauhtémoc, yo siento a veces que hay un síndrome de "vertodomal" (sic) y yo pienso que el modelo de desarrollo económico que tú citas en nuestro Estado no es reflejo o no es más que el reflejo de lo que pasa en nuestro país. No somos culpables de lo que ocurre ni tú ni yo ni los que estamos aquí presentes en el debate que tenemos.
Yo quisiera pedirles, compañeros diputados, que tengamos claro que en Guerrero el marco de derecho no ha desaparecido, que hay cosas que tenemos qué ver, no tengo duda, pero los diputados guerrerenses no estamos ciegos. Yo no doy respuesta, no puedo darle respuesta a una serie de situaciones que se plantearon, solamente a estas dos cosas que mi amigo el diputado Cuauhtémoc Sandoval ha señalado.
Creo en la ley, creo que vamos a ver más cosas, creo que se va a esclarecer no solamente Aguas Blancas sino las demás matanzas, como las llama. Yo pienso que estamos más pronto de lo que ustedes se imaginan de ver lo que hay ahí.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Serafín Núñez Ramos, del Partido del Trabajo, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Serafín Núñez Ramos:
Gracias ciudadano Presidente:
La renuncia del fiscal especial para el caso de Aguas Blancas es algo que preocupa a todos los guerrerenses. ¿Quién se hará cargo ahora de esclarecer estos hechos delictivos hasta sus finales consecuencias.
No quiero meterme con las motivaciones que tuvo este fiscal para abandonar la misión con la que se había comprometido. Lo que me interesa en este momento es afirmar aquí que los guerrerenses debiéramos hacer esfuerzos por no permitir que esta renuncia aplace indefinidamente o entierre en el olvido hechos tan ignominiosos; que a la mayor brevedad posible y con apego a las leyes locales, el Congreso guerrerense nombre un nuevo fiscal especial con las mismas características de imparcialidad, independencia y honestidad que se atribuyeron al renunciante.
Al mismo tiempo quiero ratificar aquí mi posición en relación a este problema que ya he enunciado con suficiente claridad en la Comisión Permanente y que ahora quiero en las nuevas circunstancias ratificar ante ustedes. Quiero hacer un llamado a las fuerzas políticas y sociales de Guerrero para que levanten la exigencia ante el gobierno del Estado, para que se mantengan vigentes y en cabal observancia las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hiciera al gobernador Figueroa, el cual las ha cumplido de acuerdo con su propio entender. Precisamente porque en el momento en que él reconocía que tenía que cumplir estas recomendaciones, el movimiento social y político que se levantaba en Guerrero no quería saber nada del cumplimiento de estas recomendaciones y centraba todos sus esfuerzos en el derrocamiento del régimen de Figueroa.
Hago un llamado, levanto una exigencia al gobernador Figueroa, para que los problemas de la seguridad pública en Guerrero se abran a la discusión pública, si en verdad quiere honestamente cumplir con la recomendación 13 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se adopten compromisos para establecer en Guerrero una política de seguridad pública abierta a la sociedad, una política que levante consensos y compromisos de cara a la nación.
De la misma manera lo conmino a que haga esfuerzos para marchar hacia un compromiso estatal para que se lleve a la práctica la recomendación 14 que se refiere a la discusión de un plan estatal de desarrollo y programas regionales de desarrollo integral, comenzando por las regiones y municipios donde la violencia tiende ya a paralizar la actividad productiva y a hundir en la zozobra a la población.
El gobierno de Guerrero dice que tiene un plan estatal de desarrollo. Pero el pueblo de Guerrero no conoce ese plan de desarrollo de Figueroa. Invitamos al gobierno de Guerrero a que convoque a la sociedad guerrerense a conocer ese plan y a debatirlo y a que se abra la posibilidad de que la sociedad a través de sus organizaciones sociales y políticas pueda modificar los lineamientos de ese plan estatal de desarrollo.
Esto está también en el espíritu de la recomendación 14 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: se trata de saber si en realidad las palabras que se vienen a decir a esta tribuna pueden ser respaldadas con disposición en Guerrero a hacer cosas como ésta.
Quiero también emplazar, desde esta tribuna, al gobernador Figueroa y al PRI guerrerense, para que digan con más concreción a qué están dispuestos, hasta dónde son capaces de llegar en la búsqueda de caminos que conduzcan al fondo de las causas de la violencia y la pobreza ancestral de Guerrero y esta pregunta y este reclamo también se lo hago al Partido de la Revolución Democrática y a todas las fuerzas políticas que actúan en el Estado de Guerrero; muchas de ellas abiertamente han definido sus posiciones al respecto.
Y a mí me satisface que ahora aquí se hable de buscar juntos los mecanismos para impedir que la violencia continúe ensangrentando a Guerrero y sacrificando al pueblo de Guerrero.
Asimismo convoco a los guerrerenses y a sus organizaciones para que expresen sus proposiciones y compromisos con la paz en Guerrero, con el cese del derramamiento de sangre en el campo guerrerense, para que al mismo tiempo que continúan levantando sus demandas políticas o económicas particulares, se den a la tarea, nos demos a la tarea de construir un espacio común de discusión entre los guerrerenses, que nos conduzca a acuerdos, a compromisos de cumplimiento obligatorio que nos permitan alcanzar avances reales y concretos en los temas cuando menos ahora, de seguridad pública y desarrollo, tan urgentes para el pueblo de Guerrero, avances que contribuyan a frenar a corto y a mediano plazo, la violencia y las causas de la violencia en el sur.
Señoras y señores diputados: es satisfactorio que numerosos oradores o algunos de los que han pasado aquí a esta tribuna, hablen de que la violencia debe ser atacada en el fondo; la violencia en Guerrero debe ser enfrentada no sólo en el nivel policiaco como algunos funcionarios guerrerenses piensan y con una reestructuración policial hecha por el Ejecutivo local, como se ha hecho hasta ahora, desde arriba y a espaldas de la sociedad y sus organizaciones.
El cumplimiento del mandato 13 de la Comisión de Derechos Humanos ha sido asumido de esa manera y de esa manera es como si se desoyera esta recomendación, porque en Guerrero es necesario buscar consensos y la participación de la sociedad guerrerense. Al mismo tiempo este problema debe enfrentarse de manera simultánea como una concepción democrática del desarrollo que descubre las raíces del atraso ancestral de la sociedad y la economía guerrerense y me parece que ambos puntos, desde mi punto de vista, se expresan hoy en las recomendaciones ya aludidas.
Quiero hacer algunos comentarios en relación a algunas afirmaciones que aquí han hecho algunos de los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra:
1o. No sé qué tan objetivo y qué tanto ayude una noción catastrofista de la situación en Guerrero. Todos conocemos las verdaderas dimensiones de la violencia en Guerrero; pero quizá si damos versiones apocalípticas de la situación en Guerrero estemos perdiendo de vista que a pesar de todas estas manifestaciones de violencia, en Guerrero se están abriendo paso con gran dificultad procesos que han estado conduciendo al Estado, paulatinamente y de manera muy difícil y lenta, hacia la recuperación, hacia la conquista de la democracia.
¡Y esto tenemos que decirlo porque de otra manera estaríamos negando aquello por lo que tanto hemos luchado durante largas décadas! ¡Lo que hoy hay en Guerrero no puede ser solamente esto que se describe! ¡Hay también un Congreso plural, hay también un conjunto de ayuntamientos dirigidos por la oposición, desde hace 10 años! ¡Tan lentos son los procesos, diputado, en estados como el de Guerrero:
No estoy satisfecho con esa lentitud, pero no por eso voy a negar que los esfuerzos de los guerrenses nos han dado este avance lento En segundo lugar el gobernador Rubén Figueroa se dio a la tarea de cumplir con mayor premura las primeras recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tenían qué ver con el cese o con la separación de sus cargos de un conjunto de funcionarios y con su sustitución por otros. ¡Nunca he creído yo que la solución de los problemas de la seguridad pública en Guerrero tengan qué ver en serio con el cambio de los hombres! ¡Estos son cambios muy limitados y que por cierto no engañan a los guerrerenses:
Por eso para terminar quiero insistir yo en lo siguiente: tenemos que aferrarnos al cumplimiento estricto de un espíritu democrático de las recomendaciones 13 y 14 por ahora. Así podemos conseguir avances. ¡Ya es tiempo de que el pueblo de Guerrero tenga también algunos triunfos:
Gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado René Juárez Cisneros, hasta por cinco minutos.
El diputado René Juárez Cisneros:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
La tragedia de Coyuca de Benítez y los lamentables acontecimientos ocurridos en el Estado de Guerrero, que han ocasionado la pérdida de vidas humanas, debe convocarnos a la exigencia por la justicia y el derecho y no a la disputa por el poder. Los prejuicios y las condenas por anticipado en nada ayudan al esclarecimiento de los hechos. Las consignas facciosas no contribuyen al ascenso a la verdad y sí en cambio obstaculizan la observancia estricta de la ley.
El compromiso común con la vigencia del estado de derecho implica renunciar a presiones y a manipulaciones como medio para imponer salidas al gusto. Sólo en apego a nuestro orden jurídico lograremos soluciones imparciales y objetivas.
Los avances que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha logrado en la investigación relativa a los hechos de Coyuca indican que no es tiempo ya de insistir en reconstrucciones falaces y hasta morbosas ni tampoco en procedimientos arbitrarios. En cambio sí es necesario, lo hemos planteado ya en otras ocasiones, pugnar porque la indagatoria siga hasta sus últimas consecuencias, sin complicidades ni distorsiones, sin afanes extralegales, sin dolo y sin omisiones.
Justicia, que aquí se ha demandado, es la demanda común. Justicia fundada en la razón, fundada en el derecho. Justicia, señor, sin sesgos, ni venganza ni rencor. Justicia sin excepción y sin privilegios, sin impunidades.
Las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos están siendo atendidas sin reservas y hay avances que en los hechos se pueden constatar. Lamentablemente, como ya se ha expresado en esta tribuna, el fiscal especial designado por el Poder Legislativo de la entidad renunció al cargo.
Se dispone ya el Congreso a seleccionar al sustituto, lo cual pone de manifiesto el interés que existe para que las investigaciones continúen.
Quienes persisten en demandar la intervención de instancias federales lo que proponen es apartarse de la norma jurídica para hacer valer su perspectiva que desde luego merece respeto pero que no puede colocarse por encima del derecho. Que no nos gane la impaciencia ni el rencor, la investigación no ha concluido, hablar de juicio político y penal es adelantar sentencias, es actuar precipitada e inconsistentemente.
Hablar también de ingobernabilidad como recurso para plantear la desaparición de poderes, es desconocer, quizá por falta de contacto con la realidad guerrerense o quizá por mala fe, la normalidad institucional en que se desenvuelve la entidad, sin duda con graves problemas pero con una normalidad que se demuestra precisamente en el cumplimiento cabal de las responsabilidades públicas.
Compañeras y compañeros legisladores: si efectivamente compartimos los propósitos de un renovado federalismo, no prosigamos en el intento de interferir en la autonomía estatal. Si es cierto que nos identifica la aspiración de una democracia plena es necesario que abandonemos la línea de la confrontación para dar paso al diálogo y a los entendimientos que tanto se requieren y demandan las circunstancias que vive nuestro Estado.
Es tarea de todos hacer todo lo que está a nuestro alcance para preservar el imperio de la ley y para consolidar un clima de paz y de concordia. Hacemos un llamado, como ya se ha expresado aquí por algunos diputados que me antecedieron en la palabra, precisamente a todas las fuerzas políticas para que abandonemos todos radicalismos, para desistir de la línea del insulto.
Ahora sin duda lo más importante es ocuparnos de la construcción de entendimientos básicos para atacar en sus orígenes las verdaderas causas de la violencia, para atacar la pobreza, para atacar sin duda las desigualdades regionales existentes y la marginación social que no podemos soslayar persiste en Guerrero.
Esta convocatoria incluye a todos, a todos sin excepción, nadie sobra, nadie debe ser excluido. Guerrero es un Estado plural y todos lo reconocemos, por tanto todas las voces deben ser atendidas. La violencia como medio para dirimir nuestras controversias hay que desterrarla, hay que repudiarla, porque lo único que provoca es dolor y resentimiento social, es y en eso coincidimos, una espiral inacabable y destructiva. Antepongámosle la racionalidad en el marco del imperio de la ley y démonos la oportunidad para que explotemos las virtudes y las ventajas de la paciencia, la prudencia y la tolerancia.
No podemos negar y aquí hago sólo un comentario rápidamente, que en Guerrero hay avances en atención a los reclamos sociales, pero también que hay insuficiencias que provocan sin duda contradicciones lacerantes.
Sí quiero comentar en relación al planteamiento del diputado Serafín Núñez, que efectivamente, como él lo reconoce, en Guerrero hay un Plan Estatal de Desarrollo y que hoy se instrumentan los programas operativos y se despliega una acción de gobierno a lo largo y a lo ancho de la entidad que quiere y requiere ser revisado, que las condiciones cambiantes de Guerrero exigen, sin duda, enfoques diversos, propuestas de todos los grupos, para que se enriquezca y se acomode a la nueva realidad. Pero en este esfuerzo quizá lo más importante es la necesidad de que en esta oportunidad podamos todos hacer un llamado para que construyamos una alianza en la que participen todas las fuerzas políticas, sin que se excluya a nadie, sin que se descalifique a nadie, una alianza en la que todos expresemos, en un marco de respeto, alternativas viables que permitan construir entendimientos que se acomoden a la realidad de Guerrero, propuestas para diseñar una estrategia de desarrollo participativa, estamos totalmente de acuerdo, incluyente, que garantice avanzar con paso firme y sobre todo responder a los reclamos sociales que sin duda hoy laceran a todos los que queremos y amamos a Guerrero.
Esta gran alianza exige encauzar e intensificar el diálogo, diálogo constructivo entre todas las corrientes y ahí tiene que incluirse absolutamente todas las corrientes, hagámoslo en esta oportunidad, el presente y el futuro de Guerrero no admite retrasos ni omisiones, ésta es la oportunidad.
Ojalá todos, como lo expresó el diputado Sandoval, podamos proponer opciones viables para empujar a Guerrero hacia adelante y que todas las fuerzas respondan con madurez y con responsabilidad.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Teresa Cortez Cervantes para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Con mucho respeto señor, hemos estado viendo que el debate necesario y por la libertad de expresión de nuestras compañeras y compañeros diputados debe de darse, pero se ha estado violando constantemente el reglamento, fundamentalmente en las intervenciones para rectificar hechos.
Yo le solicito antes de la intervención de los demás diputados que por el tiempo transcurrido, que por favor en ese sentido sea riguroso y además equitativo con todas las diputadas y diputados.
El Presidente:
Es válida la observación, pero también aclaro que esta Presidencia ha sido tolerante con todos los oradores dada la importancia de los temas y precisamente por el derecho y por el fuero de los señores diputados.
La diputada María Teresa Cortez Cervantes:
Gracias, con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que es importante recalcar que según el juez del pueblo, así son sus ministros y según el regidor de la ciudad, así sus moradores. El rey ignorante pierde a su pueblo y la ciudad prospera por la sensatez de los príncipes. Así lo expresa el libro del eclesiástico y nos da a entender que los pueblos son lo que quieren a sus gobernantes.
El Estado de Guerrero tiene el primer lugar en analfabetismo, desempleo y pobreza y ahora en violencia. ¿Será coincidencia relacionar esta situación con la personalidad de su actual gobernador, el licenciado Rubén Figueroa Alcocer? Cuando un gobernante se caracteriza por la competencia y la honradez de sus acciones, es lógico pensar que su administración reflejará aquellas virtudes que forman parte de su personalidad y todos sus colaboradores se distinguirán por la misma personalidad que tiene el gobernante.
En caso contrario, cuando la corrupción campea sobre la administración pública y todas las instituciones que controla, se deduce que es consecuencia directa de la forma de pensar y obrar del Poder Ejecutivo. Frente a este corolario se afirma un principio que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, este lema quizá, a fuerza de ser repetido, ha alcanzado la categoría de verdad indiscutible que inclina a quienes lo procesan a la aceptación resignada de todos los malos gobernantes. Hay que esperar pacientemente, con este principio, "los buenos rebaños tendrán necesariamente buenos pastores".
Yo hago alusión a esta máxima, porque en el Estado de Guerrero hemos tenido diversas experiencias en cuanto a la forma de actuar de nuestros gobernantes, pero ninguna tan violenta como la de la dinastía Figueroa. Así recordamos con tristeza muertos políticos, represión al magisterio, desalojo prepotente de colonos del puerto de Acapulco por parte del ingeniero Rubén Figueroa, padre del actual gobernador.
En 1989 cuando el actual mandatario guerrerense era presidente del PRI estatal se dieron las elecciones municipales más cuestionadas de la historia del Estado de Guerrero, con actos de violencia y represión en la mayor parte del Estado y aquí compañeros, en esta misma tribuna de la nación, el 7 de diciembre de 1989, el entonces diputado Rubén Figueroa Alcocer, haciendo gala de facultades que no le correspondían, manifestó aquí que había mandado a la fuerza pública a reprimir las manifestaciones ciudadanas en contra del fraude electoral y así tenemos que en la ciudad de donde yo soy oriunda en Taxco, Guerrero, el 2 de enero del siguiente año, de 1990, en asuntos poselectorales se mandó a desalojar con gases lacrimógenos de la plaza pública a ciudadanos que se manifestaban libremente en contra de un fraude electoral cínico y perverso.
Y haciendo gala y con lujo de violencia, se desalojó a ciudadanos libres incluyendo a niños, jóvenes, a mujeres y a ancianos, siendo el principal involucrado en esta situación el actual mandatario Rubén Figueroa Alcocer. Por ello, no dudamos de ninguna manera que los actuales actos de violencia tienen mucho que ver con la manera de pensar del gobernante en turno del Estado de Guerrero.
La destitución de sus colaboradores más cercanos al gobierno del Estado y la recomendación 104/95 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puede convertirse en un parteaguas en la historia política de México; tal vez lo más importante sea que abra el camino para aislar a la línea dura y fortalecer a quienes pugnan por un país de leyes, que radique la política de las reglas no escritas y del caciquismo servil y despiadado de los estados de la República Mexicana.
Entre estas reglas no escritas puede incluirse la conversación que tuvieron en el Palacio de Bucareli el secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett y el gobernador Figueroa Alcocer, en donde éste mandatario hacía gala de su prepotencia y de su caciquismo.
La situación de violencia en Guerrero, ha sido un tema ya muy comentado, pero los problemas no se resuelven porque se hable de ellos; es urgente que aquellos gobernantes que no son promotores del bien común y es claro que están al servicio de corruptos intereses, mejor se vayan a su casa. Es menester y es urgente que tengamos gobiernos que atiendan los problemas de la comunidad, en Guerrero tenemos 3 millones de habitantes y casi 1 millón de analfabetas, casi 500 mil desempleados, deteriorada infraestructura en comunicaciones, una escasa asistencia social, nulidad en unidades de recreación y esparcimiento y lo único a que conduce esta situación es a situaciones tan graves como el alcoholismo, otro tipo de intoxicaciones y además esta pobreza y marginación es caldo de cultivo para la violencia.
Esta misma marginación y esta misma pobreza es la que aprovechan también ciertos grupos para sembrar la confusión y el caos. Es obvio la constante violación a las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna, así como la Declaración de los Derechos Humanos, por lo cual los diputados del Partido Acción Nacional nos manifestamos a favor de que esta denuncia sea turnada a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, para que asimismo se dé a conocer al pleno de esta soberanía el veredicto de las conclusiones a la brevedad posible en un tiempo prudente.
Esperamos que esta petición sea atendida, porque al Estado de Guerrero le urge una resolución. Nos urge vivir en un verdadero estado de derecho. Los ciudadanos de Guerrero también somos mexicanos y es menester que esta soberanía intervenga en un asunto de trascendencia nacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos tiene la palabra la diputada Mónica Leñero, hasta por cinco minutos.
La diputada Mónica Gabriela Leñero Alvarez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Hemos dicho en otras ocasiones, refiriéndonos a los acontecimientos de Aguas Blancas, que son acontecimientos lamentables y que estos acontecimientos deben tener verificación, apegados al estado de derecho.
Estamos de acuerdo absolutamente los diputados priístas, en que esto se lleve a cabo a través de una investigación, en donde no se dejen cabos sueltos, en donde no haya impunidad alguna y en donde todos quedemos conformes en referencia a la indagación que se haga de este muy lamentable acontecimiento.
La diputada que me antecedió en el uso de la palabra, hace una narrativa de una serie de acontecimientos que según, entiendo, fueron desarrollados en su municipio en Taxco y habría que comentar que no son acontecimientos ligados o que no tienen conexión o referencia directa y fueron hace años y no tienen conexión y referencia directa con estos acontecimientos lamentables de los que ahora nos ocupamos.
Creemos una vez más que debemos apegarnos a un estado de derecho y que debe dirimirse, en este caso las controversias que esto ha generado, en apego absolutamente a la ley.
Creemos en que esto debe desarrollarse de esta forma y queremos nuevamente insistir en que la investigación está radicada en el Estado de Guerrero, que fue muy lamentable, yo diría incluso aún más me atrevería a decir que un acto de irresponsabilidad, ya no nada más como dijo un compañero, de frivolidad, sino un acto de irresponsabilidad, el que el fiscal especial que se había hecho responsable de la investigación de Aguas Blancas, la abandonara para tomar otro cargo en un Estado vecino.
Sin embargo, esto que efectivamente implica el que tengamos que volver a desarrollar un proceso para que el propio Congreso haga una propuesta nueva para seleccionar a un fiscal especial, es un asunto, es un hecho que debemos de impulsar todas las distintas bancadas que aquí estamos representadas.
Creemos que es un momento para que estemos todos unidos en función de buscar que este hecho se esclarezca, pero se esclarezca apegado a derecho y buscando en este caso un nuevo fiscal que puede hacerse responsable y llevar a cabo toda la investigación que en este caso nos ocupa.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, ha solicitado la palabra el diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, tiene cinco minutos.
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En enero de 1975, cuando el entonces senador de la República por el Estado de Guerrero, Vicente Fuentes Díaz hizo uso de la tribuna en la Permanente para esgrimir argumentos del por qué de la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, en aquella época en la caída del licenciado Israel Noguera Otero, dio diversos puntos de vista que me permito transcribir tal cual aparecen en ese Diario de los Debates.
"Nadie ignora que por factores muy complejos el Estado de Guerrero ha sido escenario de trastornos, de turbulencias y de fenómenos negativos. Es un Estado donde ha habido tradicionalmente delincuencia e infracciones a la ley, que han hecho vivir a Guerrero una histórica llena de peripecias y turbulencias, pero estos factores anómalos tradicionales se han acentuado en los últimos meses. Quien visitara el Estado de Guerrero, hablara con algunos de sus habitantes o leyera los periódicos locales, podría percatarse y lo decimos sin hipérbole, sin exageración que casi no hay día en que se registren graves infracciones a la ley, de que haya derramamiento de sangre, de que se cometan homicidios y otros hechos delictuosos. Las autoridades no se preocupan mayormente por investigar estos hechos lamentables y negativos, que han creado un clima de incertidumbre, de desosiego y de zozobra en mi entidad."
Esas fueron las palabras del senador Vicente Fuentes Díaz. Pero preguntémonos ahora, señoras y señores legisladores, 20 años después, en Guerrero lo único que ha variado es que tenemos otra clase de caciques. Lo único que ha variado en Guerrero es que tenemos una situación más grave: pobreza ancestral agravada no precisamente por las circunstancias que han padecido los guerrerenses, los más pobres de los pobres en la República Mexicana, sino precisamente por gobernantes caciques corruptos que siguen existiendo en esta época y si no vayan y pregunten solamente por quien se encarga del poder en el municipio de Acapulco, quien tiene encargado en Acapulco el propio Rubén Figueroa.
¿Cómo podemos nosotros esperar que Guerrero avance, cuando tenemos un gobernante que le hierve la sangre cuando trata con quienes no coinciden con él? ¿Cómo vamos a avanzar en Guerrero si tenemos un gobernante que prefiere gobernar a sangre y fuego? ¿Cómo vamos a avanzar en Guerrero si tenemos un gobernante que gobierna con el estómago y que viene el adversario solamente a través del dinero, a través de las componendas o de la coptación.
No merece Guerrero esto, no merece Guerrero el retroceso que ha tenido ancestral y sobre todo cuando se gobierna por trogloditas, cuando se gobierna por ancestrales caciques que en nada contribuyen a mejorar la democracia en mi Estado.
Por eso, señoras y señores legisladores, yo creo que con un juicio razonable y sereno en lugar de nosotros pedir que mejoren las condiciones en cierta medida para que Rubén Figueroa siga apareciendo todos los días en los diarios nacionales y se gaste el dinero de los desposeídos en Guerrero, para que todos los días publiquen las fotografías de lo que debería de hacer, lo pusieron ahí para que hiciera labores policiacas, no para que anduviera repartiendo despensas en la montaña, para que gobernara adecuadamente Guerrero, por eso les pido, señoras y señores legisladores, que invitemos a Rubén Figueroa a que solicite licencia por el bien del Estado de Guerrero, por el bien de este país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Abel Eloy Velasco Velasco, hasta por cinco minutos.
El diputado Abel Eloy Velasco Velasco:
Con su permiso, señor Presidente:
Ciertamente, como se ha señalado en esta tribuna, los guerrerenses hemos reconocido el analfabetismo que al igual que en otros estados de la República predomina en el Estado de Guerrero, pero también hemos reconocido públicamente los guerrerenses y lo hemos hecho en varias ocasiones, de que Guerrero aun siendo un Estado que forma parte de los estados de la Federación mexicana, sigue Guerrero en el tabú del desarrollo y los guerrerenses seguimos siendo los más pobres de los pobres de nuestro país.
Sin embargo, el tema que nos ocupa en estos momentos y del cual he solicitado hacer uso de la palabra, es para tratar de hacer algunas reflexiones en torno a estos acontecimientos lamentables acaecidos en el Estado de Guerrero.
Quiero hacer hincapié en la gran trascendencia que tiene para el gobierno del Estado de Guerrero esclarecer estos lamentables hechos, pero quiero distinguir, por un lado, el ámbito jurídico y por el otro el ámbito político que se presenta en el Estado de Guerrero.
De tal manera, compañeros diputados, que debemos de dar un carácter distintivo a cada uno de estos hechos.
Me parece de la mayor importancia proceder en tal sentido, no sólo por un afán legalista, sino por un elemental sentido ético de enfocar tan lamentables acontecimientos que se han presentado en el Estado de Guerrero.
No me cabe la menor duda de que sin excepción en esta sala condenamos y exigimos que sean castigados los culpables con todo el peso de la ley, pero también exigimos que se nos otorgue todo el derecho de ejercer lo que nos confiere la soberanía guerrerense para exigir entre las propias autoridades la aclaración total de estos hechos que se han presentado en el Estado de Guerrero.
Tal y como se ha señalado en esta tribuna, corresponderá al nuevo fiscal, del que estamos seguros se va a designar en esta semana, para que proceda de manera inmediata a integrar las averiguaciones y deslinde las responsabilidades y consigne a los culpables ante el juez para que se ventilen las causas, manteniendo seguimiento estricto para preservar los intereses jurídicos de los agraviados.
Estamos seguros todos los mexicanos de que estos hechos repudiados se deben de vigilar con todo escrúpulo para que se castigue a los verdaderos culpables y se les sancione conforme a la ley, porque todos los mexicanos estamos obligados a respetarla.
Actuar de diferente manera significaría violentarla y violentarla significa poner en riesgo la vida y la seguridad de las comunidades guerrerenses, significa también romper los entendimientos de todas las fuerzas sociales y atentar en contra del estado de derecho que es el único orden esencial que compartimos todos los mexicanos.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, los exhortamos para no confundir más, que no nos ciegue la indignación, los responsables deberán de responder de sus actos y ser juzgados ante la ley.
El Presidente:
Para rectificar hechos ha pedido la palabra el diputado Marcos Efrén Parra Gómez, del Partido Acción Nacional, cinco minutos.
El diputado Marcos Efrén Parra Gómez:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El tema que estamos abordando en este momento y que concreta imputaciones sobre distintas autoridades de gobierno del Estado de Guerrero tiene fundamentos reales, válidos, legales y definitivamente necesarios de castigarse.
Quiero referirme a que aquí se ha hecho referencia, se ha mencionado sobre las muertes de 18 guerrerenses el 28 de julio. La Comisión de Derechos Humanos hizo algunas consideraciones que quiero repetir. Afirma, en primer lugar, que el retén no obedeció a una práctica rutinaria de despistolización, antisecuestros y de prevención de delincuencia.
Afirma también que lo señalado por el procurador en contra de su afirmación, sí participaron agentes de la policía judicial.
Se afirma por otro lado que existió un helicóptero que sobrevoló la zona de la desgracia y que el aparato fue tripulado por un piloto de nombre José Francisco Salcedo Flores y transportó a un pasajero cuya identidad no había sido esclarecida.
Se agregó que alguno de los 17 campesinos muertos, por lo menos uno, el señor Daniel López Castañeda, lo fue en maniobras de ejecución sumaria. Se le disparó a una distancia de no más de 30 centímetros.
Y concluye que el operativo policiaco del 28 de junio por su desarrollo, resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 21, quinto párrafo de la Constitución General de la República.
Al día siguiente de estos lamentables hechos el gobernador Figueroa afirmó en una entrevista de radio que poseía una videograbación que también rutinariamente se practicaba en los retenes que se establecían, en donde se ponía en claro que la agresión había iniciado por un campesino que le había cercenado o casi cercenado el brazo a uno de los oficiales de los retenes.
Es obvio que este retén gozaba de su consentimiento. Es obvio que alguien dio la instrucción. Es obvio que en el seno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en las conclusiones a las que llegó, existen violaciones constitucionales.
Aquí se han hecho afirmaciones en el sentido de que los antecedentes que posee la familia Figueroa y que aquí hizo referencia la diputada Teresa Cortez, corresponden a acontecimientos aislados. Efectivamente, uno fue en el año de 1989 cuando se abrogaban facultades de determinar, dictar, ordenar a la policía que desalojara palacios. Efectivamente, son acontecimientos aislados los de aquella fecha con los acontecimientos que recientemente ha padecido el Estado de Guerrero, principalmente el 28 de julio próximo pasado. Son acontecimientos aislados, pero con un protagonista común: Rubén Figueroa Alcocer.
Urge que en el Estado de Guerrero se establezca un apego al estado de derecho. Aquí se ha mencionado que existe, que el marco del derecho no se ha violado. Que existe un gran respeto por la ley, pero ahorita, en Guerrero priva la ley del más fuerte, la ley de la violencia, la ley de la agresión que ha impuesto Rubén Figueroa Alcocer.
Los diputados en nuestro carácter de representantes de la nación no podemos permitir que estos actos, que ya caracterizaban al gobernador Figueroa, por sus actos autoritarios, por su vanidad y por su soberbia, a pesar de la defensa oficiosa de algunos compañeros, es necesario que estos actos se castiguen y se le pedía a Rubén Figueroa su renuncia.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Efrén Leyva.
El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para que me lo agradezcan voy a ser exageradamente breve. Simplemente quiero redondear y decir que lo que estamos haciendo aquí es tratar de sumar nuestro esfuerzo para exigir justicia y justicia pronta y expedita y no para hacer una recapitulación de hechos que no obran en los expedientes y ni caso tiene revisarlos nuevamente.
Pudiéramos tardarnos toda la noche, quizá, revisando los hechos y quizás algunos de los que han hablado aquí de los hechos de 1989 se verían muy comprometidos porque fueron realmente actores principales de negociaciones turbias que no viene al caso mencionar.
Simplemente la diputación priísta reitera su disposición de que se haga justicia y de que muy pronto, a la brevedad posible, el Congreso del Estado nombre al fiscal especial que habrá de continuar estas investigaciones y las tenga ya claras para que nosotros posteriormente tengamos la posibilidad de sumar nuestros esfuerzos y exigir que esos rezagos sociales sean atendidos por el Gobierno Federal.
Muchas gracias.
El Presidente:
La denuncia presentada por la diputada Teresa Cortez Cervantes, se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
De la próxima sesión
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Jueves 5 de octubre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CLXXI aniversario de la Jura de la Constitución de 1824, tendrá lugar el 10 de octubre a las 10:00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Raúl Héctor Castellano y Martínez Báez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Internacional del Mérito, que le confiere el alcalde de la ciudad de Nueva Orleáns, Luisiana, Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Ochoa Luna, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández, para que pueda prestar servidos al gobierno de Canadá.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Benjamín Juárez Trueba, para que pueda prestar servicios como especialista en agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Castillejos Coutiño, para que pueda prestar servicios como chofer/mensajero en la agenda consular de la Embajada de los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alfredo Fuentevilla Ruffo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Dinamarca.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Antonia Alvarez González y Pedro Maldonado Gallegos, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Raymundo Julián Navarrete Buenrostro, Hugo Rodríguez Bressant y José Sánchez Martínez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez Chihuahua, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rosaura Jaime Cisneros y Sergio Isaías Ramírez Rojas, para prestar servicios en la Embajada de Italia en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pedro Sánchez Aguilar, para prestar servicios al gobierno de la República Oriental del Uruguay en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Kim Soriano Tomka y Martha Patricia Sandoval Fernández, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Marco Antonio Herrejón Alvarez, para prestar servicios en la Embajada Británica en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rafael Méndez Barajas, para prestar servicios en la Embajada de Suiza en México.
Sobre la Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Beijin, China, a cargo de la diputada María Elena Alvarez Bernal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a la 20:55 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 5 de octubre, a las 10:00 horas.
| ANSIAN | (Sin aclaración) |
| BIRF | (Sin aclaración) |
| CIA | Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| Cocopa | Comisión de Concordia y Pacificación |
| Conacyt | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| CU | Ciudad Universitaria |
| D.F. | Distrito Federal |
| FMI | Fondo Monetario Internacional |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| IVCM | Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte |
| MI | (Sin aclaración) |
| MIT | Instituto Tecnológico de Massachusetts (por las siglas en inglés) |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PARAUSEE | Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica |
| PARM | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PIB | Producto interno bruto |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PRIMA | Programa de Reacción Inmediata de Máxima Alerta |
| PST | Partido Socialista de los Trabajadores |
| PT | Partido del Trabajo |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |