SUMARIO
Comunicados de los diputadosJorge Kondo López y Leonel Efraín Cota Montaño, con los que solicitan los permisos para separarse de sus funciones. Aprobados. Llámese a los suplentes.
Comunicación firmada por los diputadosAdolfo Miguel Aguilar Zinser, Marta Alvarado Castañon, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Crisóforo Lauro Salido Almada y Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, con la que informan su separación del grupo parlamentario de dicho partido. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Aurelio Pérez y Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha República. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constituctonal necesario para que el ciudadano José Alfredo Jiménez Hernández, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere dicha Organización, correspondiente a 1993.
Es de primera lectura. Se dispensa la segunda lectura y se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Raúl Héctor Castellano y Martínez Báez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el alcalde de la ciudad de Nueva Orleáns, Louisiana, Estados Unidos de América. Es de segunda lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernacion y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Ochoa Luna, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de esa nación, en Guadalajara, Jalisco. Es de segunda lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández, pueda prestar sus servicios al gobierno de esa nación. Es de segunda lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Benjamín Juárez Trueba, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Es de segunda lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Castillejos Coutiño, pueda prestar sus servicios en la agencia consular de la Embajada de esa nación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es de segunda lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Raquel Martínez Cejudo, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en nuestro pais. Es de segunda lectura.
Aprobados los proyectos de decreto. Se turnan el correspondiente al Presidente de la República, al Senado de la República y los demás al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Para comentar los daños ocurridos por el movimiento telúrico, hace uso de la palabra el diputadoMario Alejandro Rosales Anaya, quien solicita minuto de silencio por las víctimas del siniestro.
Pasa a la tribuna el diputado Raúl Armando Quintero Martínez, para comentar la situación laboral en el país y presenta un punto de acuerdo en referencia al salario mínimo.
Se concede el uso de la palabra al diputadoJavier Alberto Gutiérrez Vidal, quien se refiere a las diversas actividades de los grupos parlamentarios en relación con las reformas que se dieron a la ley de dicho impuesto y presenta punto de acuerdo.
El diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán, para contestar alusiones personales.
Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica.
Para comentar respecto a las diversas declaraciones del secretario de dicha dependencia, pasan a la tribuna los diputados:
Jorge Andrés Ocejo Moreno
Alejandro Rojas Díaz-Durán
Luis Alberto Contreras Salazar
Carlos Núñez Hurtado
Manuel Hinojosa Juárez
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales sobre el mismo asunto. se concede el uso de la palabra a los diputados:
Dionisio Eduardo Pérez Jácome
Ramón Sosamontes Herreramoro
Everardo Martinez Sánchez
Javier González Garza
Ramiro Javier Calvillo Ramos
Everardo Martínez Sánchez
Roberto Rafael Campa Cifrián
María del Rosario Robles Berlanga
Roberto Rafael Campa Cifrián
María del Rosario Robles Berlanga
Jorge Andrés Ocejo Moreno
Leonel Godoy Rangel
Minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 21 al 25 de octubre de 1995, a fin de participar en los trabajos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Jorge Urdapilleta Núñez
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 300 diputados.
Por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 11:27 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Segundo Año.-LVI Legislatura.
Martes 10 de octubre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de diputados.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Hidalgo.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Aurelio Pérez y Sánchez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Antonio José de Irisarri, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Alfredo Jiménez Hernández, para que pueda prestar servicios como chofer/mensajero en la Embajada de Jamaica en la Ciudad de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla de Oro de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, correspondiente a 1993, que le confiere dicha organización.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Raúl Héctor Castellano y Martínez Báez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Internacional del Mérito, que le confiere el alcalde de la ciudad de Nueva Orleáns, Louisiana, Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Ochoa Luna, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández, para que pueda prestar servicios al gobierno de Canadá.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Benjamín Juárez Trueba, para que pueda prestar servicios como especialista en agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Castillejos Coutiño, para que pueda prestar servicios como chofer/mensajero en la agencia consular de la Embajada de los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadano Raquel Martínez Cejudo, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica en México.
Sobre la situación laboral que prevalece en el país, a cargo del diputado Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el impuesto al valor agregado, a cargo del diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre la actuación de la Secretaría de Gobernación, a cargo del diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El diputado Francisco Martínez Rivera:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado
Adolfo Ramón Flores
Rodríguez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con nueve minutos del jueves cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia registrada de doscientos sesenta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo septuagésimo primer aniversario de la jura de la Constitución de mil ochocientos veinticuatro. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Una comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
La Secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, correspondiente a mil novecientos noventa y tres. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dos minutas del Senado de la República, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Aurelio Pérez y Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Guatemala:
José Alfredo Jiménez Hernández, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Jamaica en México.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Sofía Valencia Abundis, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta el informe de la Comisión de Artesanías que preside y propone la creación del día del artesano. De enterado.
Para presentar el informe sobre la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, hace uso de la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional y, para comentar esa reunión, suben a la tribuna las diputadas: María Elena Alvarez Bernal, del Partido Acción Nacional; Ana Lilia Cepeda de León, del Partido de la Revolución Democrática; María de la Luz Lima Malvido, del Partido Revolucionario Institucional; María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo sentido.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado José Manuel García García, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y en su calidad de secretario de la misma, informa sobre la segunda excitativa solicitada por el Partido Acción Nacional, en la sesión del veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en relación con una iniciativa de reformas a la Ley de Programación y Presupuesto.
Se da primera lectura a seis dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Raúl Héctor Castellano y Martínez Báez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el alcalde de la ciudad de Nueva Orleáns, Luisiana, Estados Unidos de América:
Juan Ochoa Luna, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia, en Guadalajara, Jalisco, con circunscripción en todo el Estado:
Lauro Horacio Reyes Hernández, pueda prestar sus servicios al gobierno de Canadá:
Benjamín Juárez Trueba, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México:
Jesús Castillejos Coutiño, pueda prestar sus servicios en la agencia consular de la Embajada de los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:
Raquel Martínez Cejudo, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Jamaica en México.
La Asamblea dispensa la segunda lectura a ocho dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Alfredo Fuentevilla Ruffo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Dinamarca:
Antonia Alvarez González y Pedro Maldonado Gallegos, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México:
Raymundo Julián Navarrete Buenrostro, Hugo Rodríguez Bressant y José Sánchez Martínez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente:
Rosaura Jaime Cisneros y Sergio Isaías Ramírez Rojas, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Italia en México:
Pedro Sánchez Aguilar, pueda prestar sus servicios al gobierno de la República Oriental del Uruguay en México:
Kim Soriano Tomka y Martha Patricia Sandoval Fernández, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México:
Marco Antonio Herrejón Alvarez, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México:
Rafael Méndez Barajas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Suiza en México.
La Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos catorce votos. Se turnan al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Para denunciar un crimen cometido en el municipio de Chapala, Jalisco, hacen uso de la palabra los diputados Mario Alejandro Rosales Ayala, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Baeza González, del Partido Acción Nacional y Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.
Informa sobre el Foro de Cooperativismo, el diputado Jesús Carlos Hernández Martínez, del Partido Acción Nacional.
Para comentar las declaraciones del Secretario de Hacienda, en relación con la balanza de pagos y el sistema monetario mexicano, hacen uso de la palabra los diputados: lfigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, para rectificar hechos; Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en el mismo sentido; Hugo Meneses Carrasco, del Partido Acción Nacional; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática y, para rectificar hechos, los diputados: Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Jorge Humberto Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional y Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone una audiencia pública para la reactivación económica, firmada por legisladores de su partido, del Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo.
Para rectificar hechos al respecto, hacen uso de la palabra los diputados: Jorge Armando Meade Ocaranza, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Jorge Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática.
De enterado.
Sube a la tribuna el diputado Lorenzo Miguel Lucero Palma, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace un pronunciamiento en torno a los basureros nucleares en la frontera de los Estados Unidos de América con nuestro país. Apoyan la moción los diputados Rodrigo Robledo Silva, del Partido Acción Nacional y Oscar Villalobos Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, quien se refiere a la solicitud de la Secretaría de Gobernación, para que se conceda el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar una condecoración que le confiere la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, institución que, afirma el orador, no existe.
El Presidente informa que la solicitud fue turnada a la comisión correspondiente.
Sube a la tribuna la diputada Marta Alvarado Castañón, del Partido de la Revolución Democrática, para denunciar la instalación de una planta de comercialización de desechos tóxicos en el Estado de San Luis Potosí. Se turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y a la de Derechos Humanos.
Para comentar la situación de los trabajadores de limpia y transporte de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que se encuentran en la capital del país, hacen uso de la palabra los diputados Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien tuvo una segunda intervención para rectificar hechos y Carlos Mario de la Fuente Lazo, del Partido Revolucionario Institucional.
Para referirse al octogésimo quinto aniversario del Plan de San Luis, hacen uso de la palabra los diputados Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y Luis Garfias Magaña, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y siete minutos, citando para la que tendrá lugar el martes diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
LICENCIA DE DIPUTADOS
El secretario Agustín Torres Delgado:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Por este conducto el que suscribe, diputado federal por el III distrito electoral del Estado de Sinaloa, me permito, con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitar se me conceda licencia para separarme de las funciones que vengo desempeñando, a partir del día 10 de octubre del presente año, con el fin de estar en posibilidades de aceptar un cargo dentro de la administración pública federal.
Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a mi petición y reitero a usted las seguridades de mis consideraciones atenta y distinguida.
Atentamente.
Jorge Kondo López.»
El Presidente:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario Agustín Torres Delgado:
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede licencia al diputado Jorge Kondo López, para separarse de sus funciones como diputado federal, por el III distrito electoral del Estado de Sinaloa, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública federal, a partir de esta fecha, durante el tiempo que dure el encargo.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados, señor Presidente.
El secretario Francisco Martínez Rivera:
«Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presentes.
El ciudadano Leonel Efraín Cota Montaño, diputado federal de la LVI Legislatura, electo por el I distrito electoral del Estado de Baja California Sur, por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente me dirijo a ustedes a fin de solicitar licencia para separarme de mis funciones como diputado federal y estar en posibilidad de postularme a un cargo de elección popular por mi partido, el Revolucionario Institucional.
Sin otro particular les reitero, ciudadanos secretarios las seguridades de mi consideración más distinguida.
Atentamente, Leonel Efraín Cota Montaño.»
El Presidente:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario Francisco Martínez Rivera:
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Leonel Efraín Cota Montaño, para separarse de sus funciones como diputado federal por el I distrito electoral del Estado de Baja California Sur, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados, señor Presidente.
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
La secretaria María Leticia Calzada Gómez:
«Ciudadano diputado Pablo Moreno Cota. Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Los diputados Marta Alvarado Castañón, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Crisóforo Lauro Salido Almada, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo y Adolfo Miguel Aguilar Zinser, legisladores sin afiliación de partido, nos dirigimos a usted para notificar por su amable conducto a la Cámara de Diputados, nuestra decisión de salir del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al que pertenecemos desde su constitución formal al inicio de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión.
Así mismo, amparados en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cinco diputados pedimos a usted respetuosamente, que en uso de sus facultades y de conformidad con lo dispuesto por el Título Segundo, Capítulo III de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva dar trámite a nuestra solicitud de conformar formalmente el grupo parlamentario ciudadano y en su caso haga la declaratoria correspondiente.
Para tales efectos, sírvase usted tener por recibida la documentación que adjuntamos.
El propósito de separarnos del grupo parlamentario del PRD es continuar, los cinco diputados, desempeñando nuestras tareas legislativas en forma autónoma y agrupados. En tanto los términos originales que han caracterizado en todo momento nuestra relación política con el PRD se fincan en una convicción democrática compartida y en la existencia de causas comunes, mas no en la pertenencia a una organización o estructura partidaria, nuestra decisión de agruparnos por separado no constituye una ruptura política con el PRD ni entraña de manera alguna un cambio de filiación. Por lo contrario, al informar a los dirigentes del partido, a la mesa directiva del grupo parlamentario y a sus legisladores miembros, nuestra intención de agruparnos autónomamente, les manifestamos también el propósito firme de continuar trabajando con ellos por las causas e iniciativas en atención a las cuales fuimos invitados a ser candidatos externos.
Por la dignidad del Congreso, la independencia plena del Poder Legislativo y la transformación democrática de México, ratificamos nuestros compromisos con nuestros representados y con la LVI Legislatura del Congreso de la Unión.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro.-México, D.F., 9 de octubre de 1995.-Diputados: Marta Alvarado Castañón, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Crisóforo Lauro Salido Almada, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo y Adolfo Miguel Aguilar Zinser.»
«Diputado Pablo Moreno Cota. Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
Diputado Presidente: en virtud de que hemos informado debidamente a la Cámara de Diputados, a través de su conducto, de nuestra decisión de actuar en la misma y por lo que resta de la LVI Legislatura, de forma separada respecto del grupo parlamentario del PRD, le solicitamos a usted se nos respete la asignación de las curules, que ahora tenemos y que desde la instalación de la presente legislatura hemos ocupado dentro del salón de sesiones.
Sin otro particular, agradecemos la atención a la presente.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., 9 de octubre de 1995.-Diputados: Marta Alvarado Castañón, I. Tonatiuh Bravo Padilla, Crisóforo Salido Almada, Zeferino Torreblanca Galindo y Adolfo Aguilar Zinser.»
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
ESTADO DE HIDALGO
El secretario Eduardo Guzmán Ortiz:
«Escudo.-Poder Legislativo.-Gobierno del Estado de Hidalgo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
En debido cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19, 21 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos el honor de comunicar a ustedes, que el día de hoy, se dio apertura al primer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al receso del primer periodo de sesiones ordinarias, del tercer año de ejercicio constitucional, de la LV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; el cual, por haberse diligenciado en su totalidad el asunto contenido en el acuerdo emitido por la Comisión Permanente, fue clausurado el mismo día de hoy.
Para tal efecto, se eligió a los miembros de la directiva, que llevó a cabo los trabajos, quedando integrada de la siguiente forma:
Presidente: Abel Rojo Muñoz; vicepresidente: Jorge Conde Gómez; secretarios propietarios: Mario Vera Leyva, Roberto Alejandro Meza García; secretarios suplentes: Rodolfo Miranda Medinilla y Rogaciano Meneses Curiel.
Agradeciendo de antemano se sirvan tomar nota de lo anterior, aprovechamos la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 20 de julio de 1995.-Diputados: Mario Vera Leyva y Roberto Alejandro Meza García, secretarios.»
De enterado.
El secretario Claudio Manuel Coello Herrera:
«Escudo.-Poder Legislativo.-Gobierno del Estado de Hidalgo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En debido cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19, 21 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos el honor de comunicar a ustedes, que el día 25 de julio del presente año, se dio apertura al segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al receso del primer periodo de sesiones ordinarias, del tercer año de ejercicio constitucional, de la LV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; el cual, por haberse diligenciado en su totalidad los asuntos contenidos en el acuerdo emitido por la Comisión Permanente, fue clausurado el mismo día de hoy.
Para tal efecto, se eligió a los miembros de la directiva, que llevó a cabo los trabajos, quedando integrada de la siguiente forma:
Presidente: Roberto Alejandro Meza García; vicepresidente: Fernando Q. Moctezuma Pereda; secretarios propietarios: Jaime Costeira Cruz, José A. de Jesús Fosado Martínez y secretarios suplentes: Rogaciano Meneses Curiel y David Sergio Morán Segovia.
Agradeciendo de antemano se sirvan tomar nota de lo anterior, aprovechamos la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 8 de agosto de 1995.-Diputados: Fernando Q. Moctezuma Pereda y Jaime Costeira Cruz, secretarios.»
De enterado.
REPUBLICA DE GUATEMALA
El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:
Dictámenes de primera lectura.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Aurelio Pérez y Sánchez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Antonio José de Irisarri, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Aurelio Pérez y Sánchez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Antonio José de Irisarri, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 6 de octubre de 1995.- Dionisio E. Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura
JAMAICA
La secretaria María Leticia Calzada Gómez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 3 de octubre del año en curso la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Alfredo Jiménez Hernández, para que pueda prestar servicios como chofer/ mensajero en la Embajada de Jamaica en la Ciudad de México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 5 de octubre se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de Jamaica, en la Ciudad de México, serán como chofer/mensajero:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Alfredo Jiménez Hernández, para que pueda prestar sus servicios como chofer/mensajero en la Embajada de Jamaica, en la Ciudad de México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 6 de octubre de 1995.- Dionisio E. Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente, con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Ernesto Zedillo Ponce de león, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la Medalla de Oro de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, correspondiente a 1993, que le confiere dicha organización.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional se permite someter a la consideración de la Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla de Oro de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, correspondiente a 1993, que le confiere dicha organización.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 5 de octubre de 1995.- Dionisio E. Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
El Presidente:
De conformidad con el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
Está a discusión el proyecto de decreto.
El Presidente:
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que la votación de este decreto se tome en conjunto con los decretos a discusión.
El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se autoriza que la votación de este decreto se tome en conjunto con los decretos a discusión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza que la votación de este decreto se tome en conjunto con los decretos a discusión.
El Presidente:
Se reserva para su votación nominal en conjunto.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Agustín Torres Delgado:
Dictamen a discusión.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al Raúl Héctor Castellano y Martínez Báez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Internacional del Mérito, que le confiere el alcalde de la ciudad de Nueva Orleáns, Luisiana, Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Raúl Héctor Castellano y Martínez Báez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Internacional del Mérito, que le confiere el alcalde de la ciudad de Nueva Orleáns, Luisiana, Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 5 de octubre de 1995.-Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE COLOMBIA
La secretaria María Leticia Calzada Gómez:
Dictamen a discusión.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 28 de septiembre del año en curso la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Ochoa Luna, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 3 de octubre se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Colombia, serán de carácter estrictamente consular:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamble el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Juan Ochoa Luna, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 5 de octubre de 1995.-Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
CANADA
El secretario Eduardo Guzmán Ortiz:
Dictamen a discusión.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 28 de septiembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández, para que pueda prestar servicios al gobierno de Canadá.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 3 de octubre se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio interesado prestará serán al gobierno de Canadá:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Lauro Horacio Reyes Hernández para que pueda prestar sus servicios al gobierno de Canadá.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 5 de octubre de 1995.-Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:
Dictamen a discusión.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 28 de septiembre del año en curso la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Benjamín Juárez Trueba, para que pueda prestar sus servicios como especialista en agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 3 de octubre se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México serán como especialista en agricultura:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Benjamín Juárez Trueba para que pueda prestar sus servicios como especialista en agricultura en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 4 de octubre de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El secretario Claudio Manuel Coello Herrera:
Dictamen a discusión.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 28 de septiembre del año en curso la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Castillejos Coutiño, para que pueda prestar servicios como chofer/mensajero en la agencia consular de la Embajada de los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 3 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio interesado prestará serán como chofer/mensajero en la agencia consular de la Embajada de los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:
C) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Castillejos Coutiño, para que pueda prestar sus servicios como chofer/mensajero, en la agencia consular de la Embajada de los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 4 de octubre de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
JAMAICA (II)
El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:
Dictamen a discusión.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en escrito fechado el 3 de julio del año en curso la ciudadana Raquel Martínez Cejudo, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 19 de septiembre se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia solicitante prestará en la Embajada de Jamaica en México serán como recepcionista:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Raquel Martínez Cejudo, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 3 de octubre de 1995.- Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Luis Garfias Magaña, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, José Ramírez Gamero, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
(Votación.)
Se emitieron 322 votos a favor.
El Presidente:
Aprobados los proyectos de decreto por 322 votos.
El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:
Pasan al Senado y al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
SISMO DEL 9 DE OCTUBRE
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre el sismo del día de ayer tiene la palabra el diputado Mario Alejandro Rosales Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Mario Alejandro Rosales Anaya:
Con su permiso, señor Presidente:
Como es del conocimiento general, el día de ayer parte de la República Mexicana fue azotada por un movimiento sísmico cuya intensidad llegó a los 7.5 grados en la escala de Richter, con el epicentro a escasos 6 kilómetros de las costas del Estado de Colima.
Como ha sido informado, los daños registrados son de gran magnitud, con importantes pérdidas materiales y con irreparable pérdida de las vidas humanas, concentrándose éstas en los estados de Colima y de Jalisco.
Oportunamente el señor presidente Ernesto Zedillo y los gobernadores de Jalisco y Colima, giraron instrucciones para que en las áreas afectadas se brindara el apoyo necesario.
En tal virtud solicitamos a esta representación popular manifieste, en estos difíciles momentos, su solidaridad con todos aquellos que se han visto afectados por este lamentable fenómeno natural.
Respetuosamente a nombre de la fracción parlamentaria del PRI de Jalisco y de Colima, le solicito a usted, señor Presidente de la mesa directiva, pida un minuto de silencio a esta Asamblea, por las víctimas de este infausto acontecimiento.
El Presidente:
Ruego a los señores diputados ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
El Presidente:
Gracias por su atención.
SITUACION LABORAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre la situación laboral que prevalece en el país.
El diputado Raúl Armando QuinteroMartínez:
Gracias, señor Presidente:
Pediría si se solicita orden en la sala.
El Presidente:
Esta Presidencia invita a todos los diputados a escuchar con atención la intervención del orador en turno. Continúe el orador.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Compañeras y compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del PRD, por mi conducto, quiere presentar a ustedes, a la opinión pública y sobre todo a los trabajadores mexicanos, una serie de reflexiones que consideramos necesarias, urgentes y pertinentes.
Una vez que parece ser que se están dando las bases para iniciar por fin el diálogo nacional que permita transitar a la democracia en nuestro país, se hace necesario que un sector prioritario de la nación, es decir, los trabajadores mexicanos, sean parte de las reflexiones y de los acuerdos que permitan la transición y la estabilidad social en México, en defensa del bienestar de los trabajadores, fin a los pactos cupulares
El índice histórico que ha alcanzado el desempleo, de 7.3% de la población económicamente activa en julio de 1995, la incontenible caída del ingreso que ha llevado a declarar a las centrales obreras la conveniencia de incrementar el salario mínimo en un 187% si se quieren satisfacer los requerimientos básicos de quienes lo perciben, la atención social que cada día va en aumento y la pobreza creciente de la clase trabajadora mexicana, obligan a replantear el camino elegido hasta hoy para hacer frente a las necesidades sociales.
La disputa ventilada públicamente acerca de quiénes son los encargados de revisar o refrendar la política pactista aplicada desde el 15 de diciembre de 1987, es inútil si no se hace desde un balance crítico de sus resultados.
Por otra parte, aun si aceptásemos el hecho de que el Gobierno es sólo un testigo, como alguien lo sugiere, ello no lo exime de su enorme responsabilidad frente a la masa de trabajadores que han padecido las consecuencias de los pactos.
Señor Presidente, hay mucho desorden en la sala.
El Presidente:
Diputados, les agradezco presentar atención al orador en turno. Continúe señor orador.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
La disputa ventilada públicamente acerca de quiénes son los encargados de revisar o refrendar la política pactista aplicada desde el 15 de diciembre de 1987, es inútil si no se hace un balance crítico de sus resultados.
Por otra parte, aun si aceptamos el hecho de que el Gobierno es sólo un testigo, como alguien lo sugiere, ello no lo exime de su enorme responsabilidad frente a la masa de trabajadores que han padecido las consecuencias de los pactos.
Quien sostenga que un nuevo acuerdo es sólo cuestión de líderes patronales y obreros, desconoce que este tipo de decisiones ha lesionado la economía popular y por tanto compete a toda la sociedad decidir sobre su contenido y destino. No obstante, sin importar que la profunda crisis económica, política y social instalada en nuestro país, demanda la opinión directa de los trabajadores del campo y la ciudad, intenta repetirse la fórmula corporativa que desde hace ocho años ha sometido a sus organizaciones al proyecto económico neoliberal, las ha arrastrado a pagar los costos de su fracaso estrepitoso.
Los resultados de esta concertación refleja un sometimiento inadmisible de los trabajadores a los intereses del Gobierno y o capital, en aras de salvar la nación de una debacle económica y financiera, provocada por una política que se ha encargado de deprimir el salario a niveles insoportables y de llevar los índices de desempleo abierto y encubierto a cifras históricas.
Lo que la sociedad necesita no son más pactos cupulares, son un verdadero programa de recuperación social que ponga el acento en el salario, el empleo la preservación de la planta productiva y la redistribución justa del ingreso nacional. Darle un sentido social al programa económico, como lo demandan algunos sectores, implica realizar no pequeños arreglos insustanciales, sino redefinir las prioridades de la política económica elegida hasta ahora.
Ese programa de recuperación social condensado entre todas las fuerzas políticas y los sectores productivos, pondría fin al sacrificio popular y a una forma autoritaria y anticonstitucional de encarar los problemas nacionales, sería el principio de nuevos tiempos, una señal inequívoca de que es posible detener el deterioro social y los eventuales brotes explosivos de inconformidad.
Dar por concluida esta dolorosa etapa representaría la voluntad del Gobierno para acogerse a la Constitución y las leyes reglamentarias en materia de trabajo, desterrar para siempre las prácticas que han anulado el salario mínimo y su principio remunerador, sujetando las instancias tripartitas de discusión y decisión a sus programas económicos, convertido el derecho al trabajo digno y socialmente útil en un precepto ajeno a la realidad, puesto en tela de juicio el acceso gratuito a la educación, socavan el carácter público de la seguridad social y sus principios redistributivos y solidarios y que, en fin, alejan cada vez más la posibilidad de que millones de obreros mexicanos tengan una vivienda digna y decorosa.
La pauperización de los salarios. Realizaremos un breve análisis de la evolución que han tenido los salarios durante los años que se ha aplicado el proyecto neoliberal y que de acuerdo a lo que se nos plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 19952000 seguirá guiando la política económica del actual gobierno. Esto significa que se continuará con la misma política aplicada hasta hoy de castigar y mantener deprimidos los salarios de los trabajadores mexicanos.
La principal característica que ha definido el comportamiento de los salarios durante los dos últimos sexenios ha sido la fuerte reducción que han experimentado en términos reales. Así, de 1982 a 1993 el salario mínimo experimentó una caída de 52.50%. El salario contractual promedio se redujo un 43.28%; las remuneraciones medias en la industria manufacturera sufrieron una pérdida del 40.63%; las remuneraciones promedio de la industria maquiladora una reducción del 24.16% y las remuneraciones promedio en el sector formal de la industria de la construcción, que es de las ramas más dinámicas, una pérdida del 55.33%.
Todos estos datos están calculados en términos reales, es decir, estas reducciones han implicado fuertes pérdidas en la capacidad del poder adquisitivo de los salarios y por ende en la reducción de los niveles de vida de la población asalariada, que es la mayoría de los mexicanos.
Estas reducciones tan fuertes a los salarios de los mexicanos ha provocado una reducción considerable en los niveles de vida de la mayoría de las familias, lo que constituye la principal de las fallas de los últimos gobiernos que hemos tenido, puesto que han pauperizado a la mayoría de la población.
Cabe señalar que el salario mínimo ha experimentado una caída en términos reales del 75% de 1976 a 1995, de acuerdo al artículo 123 de nuestra Constitución, este salario debería ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Esto por supuesto es imposible con los niveles que tiene actualmente este salario, que a partir del 1o. de abril de 1995 es de 18.30 nuevos pesos diarios en la zona geográfica A, que es la más alta de las tres zonas a las que se aplica este salario.
Es una verdadera burla que con 18 pesos diarios sea posible satisfacer todas las necesidades de una familia mexicana. Aunque el Gobierno ha argumentado que ya es muy poca la población que gana este salario son todavía millones los que perciben este salario.
En el documento de criterios generales de política económica para 1994 se registra que el porcentaje de la población ocupada que percibe hasta un salario mínimo se ha reducido, siendo actualmente de 13.2%, pero resulta que éste sólo 13.2% representa a 3 millones 91 mil 500 trabajadores que perciben éste mísero salario y con el cual es imposible cubrir las necesidades mínimas.
Por otra parte, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios durante los últimos dos gobiernos se ha debido principalmente a la política de topes salariales por debajo de la inflación, provocando con ello una reducción de los salarios en el producto nacional. Así, la participación de los salarios en el producto interno bruto pasó de representar el 35.21% en 1992 al 28.46% en 1993 y en contrapartida, las ganancias empresariales se incrementaron al pasar de representar el 56.03% del PIB en 1982 al 61.97% en 1993.
Lo anterior ha provocado una distribución del ingreso muy iniquitativa, así, en 1983 el 10% de las familias más pobres del país recibían apenas el 1.3% del ingreso nacional, proporción muy similar a la de 1968. Esta participación en el ingreso se mantuvo casi igual para 1992, pues sólo correspondió al 1.55% del total del ingreso disponible para la población más pobre del país.
En el polo opuesto, al 20% de las familias más ricas les ha correspondido por más de 30 años más de la mitad del ingreso generado en el país.
Los estratos que representan a los dos declives de niveles del ingreso más altos fueron los más beneficiados de la política neoliberal, pues incrementaron su nivel de ingresos de 50.6% que recibían en 1983 a 54.18% en 1992.
Por otra parte, los estratos de gente pobre y de clase media disminuyeron sus niveles de ingresos significativamente.
Asimismo, como consecuencia en la reducción en los niveles salariales, se ha presentado una fuerte y generalizada disminución en los niveles de vida de la mayoría de la población mexicana. Los estratos medios han tenido que restringir su estilo de vida; los pobres descendieron a la miseria y los pobres en extremo, debido a sus condiciones de vida, vieron aumentar la mortalidad por desnutrición de sus hijos.
Así el porcentaje de niños de 1 a 4 años con desnutrición severa en el medio rural, es decir, de los niños que presentan la estampa de los de Biafra o de Bangladesh durante las hambrunas, pasó de 7.7% en 1979 al 15.1% en 1989.
La mortalidad infantil por desnutrición de los niños de 1 a 4 años, se incrementó 221% entre 1982 y 1990 y entre los niños menores de un año se incrementó 127%.
Asimismo, según datos del anuario estadístico de América latina y del Caribe, en 1991 el índice de mortalidad en México era de 35.2% por cada 1 mil niños nacidos vivos, cifra superior a la de varios países latinoamericanos.
En Argentina es de 28.8%, en Panamá del 20.8%, en Chile del 16.8% y en Jamaica del 14%, por citar sólo algunos ejemplos.
Otro indicador de los niveles de vida a los que nos han llevado las políticas aplicadas por el grupo en el poder, es el de los niños nacidos con poco peso, inferior a 2.500 gramos. Según el Banco Mundial, México registra un nivel de 15% de niños con este peso, del total de nacimientos. La explicación que este organismo internacional nos da sobre este indicador, es que el poco peso al nacer suele estar relacionado con la mala nutrición de las madres que en general hace aumentar el riesgo de mortalidad de estos niños y afecta adversamente a su crecimiento en los primeros meses de vida en su niñez y eleva la incidencia en otros tipos de atraso en el desarrollo posterior.
El mismo nivel que tiene México de 15% en este indicador, lo registra Mozambique, considerado como el país más pobre del mundo, según el Banco Mundial.
Por otra parte, a los pobres que ha generado la política neoliberal mexicana, tan sólo entre 1981 y 1987, el número de pobres aumentó de 32.1 a 41.3 millones; la población considerada en condiciones de pobreza, la que no satisface las necesidades que le podría dar un bienestar mínimo, se incrementó en este mismo periodo de 18.4 a 24 millones y la población en pobreza extrema, la que no satisface ni siquiera el 60% de sus necesidades, pasó de 13.7 a 17.3 millones de mexicanos, todos ellos en condiciones deplorables de vida.
Todo lo anteriormente expuesto nos muestra que la reducción en los niveles salariales sólo ha provocado fuertes deterioros en los niveles de vida de la mayoría de la población mexicana y profundizado en la pauperización sobre todo de la clase baja y media de nuestro país.
La política de reducciones y topes salariales no se ha reducido en un acercamiento al pleno empleo como lo supone la teoría neoliberal, puesto que en estos últimos años el nivel de desempleo y subempleo ha aumentado considerablemente.
En política tampoco ha contribuido a que haya una fuerte demanda en los empleos que corresponda a la excesiva oferta de mano de obra barata, por el contrario, con esta política salarial la economía mexicana se encuentra en los niveles más negativos que haya alcanzado en su historia en materia de empleo, las empresas no se han capitalizado ni modernizado ni los niveles de vida se han deteriorado considerablemente.
Queda demostrado que los empresarios no determinan su nivel de inversión por sus costos de producción, sino por la tasa de ganancia que obtendrá en dicha inversión, como ya lo demostró la teoría Keynesiana.
Asimismo un nivel satisfactorio en las ganancias implica posibilidades efectivas de realización, sin embargo, si la economía en general no es dinámica no hay producción, inversión y consumo suficientes, como sucede en este momento en nuestro país, debido principalmente a las políticas de ajuste, basadas en los postulados neoliberales.
No aceptamos que se siga utilizando a los costos salariales como incentivos para el empleo o la inversión, puesto que ya quedó demostrado que en vez de lograr estos objetivos, se deprime y restringe aún más el mercado interno.
Cabe recordar, al revisar los criterios generales de política económica del sexenio pasado, que el imperativo fue bajar la inflación, atada al argumento de que se haría sin costo social y para elevar el poder de compra de los trabajadores.
Sin embargo, el objetivo principal de la administración de combatir la inflación, se logró al reducirse de 51.7% en 1988 a 7.1% en 1994. Esto se alcanzó a costa principalmente de la desaceleración económica y de manera estratégica por la reducción de los salarios en términos reales.
Ante esta política es necesario recordar el papel dual que desempeña el salario que se les paga a los trabajadores, por una parte es costo de producción y el cual busca minimizar el capitalista, como ha estado sucediendo en los últimos años con el apoyo del Estado, pero también es ingreso para las familias con lo cual cubre sus necesidades vitales, para lo cual participan en el consumo que a su vez beneficia a los empresarios, pues es a ellos a los que se les compran las mercancías que producen y utilizan los servicios que ofrecen.
Este aspecto dual del salario debe vincularse a la política laboral, orientada a proporcionar empleo a la población que lo requiere, considerando el papel del consumo de los trabajadores, como componente esencial de la demanda efectiva.
Así, esta doble tarea del salario, se puede compatibilizar para los sujetos que lo manejan, empresarios y trabajadores, a través del incremento de los salarios en un primer momento, puesto que ya demostró que su reducción comprime al mercado, lo cual estimulará al consumo y con ello al incremento de la producción que promoverá la agilización plena de los recursos, puesto que tenemos una capacidad ociosa muy elevada algunas empresas hablan de hasta del 70%.
Ello implicará el aumento en la productividad, lo cual significará para el empresario un incremento real de sus ingresos por el aumento de la producción de competitividad de sus productos y de la demanda en general.
En todos los sectores económicos debe promoverse el impulso a la productividad, entendida esta última no sólo como un productor por trabajador, sino que cada empresa debe analizar y elaborar minuciosamente estrategias capaces de aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos con que cuentan. Esta política debe aplicarse también a las empresas públicas, para maximizar sus utilidades tanto económicas como sociales.
Se argumentó que la reducción de las empresas paraestatales por transferencia, venta o hasta extinción, se debió a los enormes gastos que su mantenimiento implicaba. En realidad el problema radica no en el monto del gasto público asignado a esas empresas, algunas muy importantes, sino en el uso que se hace de él y en su manejo adecuado.
Es necesario eficientar el gasto público, eliminando burocracia y corrupción y de manera especial promover las inversiones productivas sin descuidar por supuesto el gasto social.
Así es necesario implementar una verdadera estrategia industrial productiva de manera selectiva, promovida principalmente por el Estado con el fin de otorgar apoyo comercial, financiero y subsidiario a las micro, pequeñas y medianas empresas, que conforman más del 90% de las empresas en México, de acuerdo con los datos de la Coparmex, que estén en condiciones de reestructurar su planta productiva y de elevar su nivel de competitividad.
Además se hace necesario fomentar mecanismos que permitan a las industrias exportadoras más dinámicas generar eslabones productivos o de efectos de arrastre sobre la pequeña y mediana industrias, a través del aumento y la demanda y la comercialización de sus insumos y materias primas, con lo cual impulsarán al sector primario de la economía.
Hay grandes posibilidades de elevar la productividad laboral y de aumentar el producto a ritmo sostenido. Si además de los factores anteriores se añade la promoción de la capacitación laboral a la que tanto énfasis se pone en el Plan Nacional de Desarrollo 19952000; el incremento del poder adquisitivo de la población ocupada, que ya se planteó los efectos que esta medida tendrán y una mayor participación democrática de los salarios en las gestiones y negociaciones que promuevan el dinamismo de las empresas, lo cual también los beneficiará a ellos por los incrementos salariales que el aumento de la producción, la productividad y la competitividad pueden generar.
Por otra parte es muy importante dejar claro que no es posible revertir la crisis permanente en la que nos han tenido en la aplicación de la política neoliberal, si se sigue aplicando un programa recesivo y de contención salarial. La reducción en términos reales del salario debe detenerse, porque no es posible continuar como hasta ahora. Es necesario integrar cadenas productivas y que los sectores, punta que normalmente son intensivos en capital generen empleo indirecto al proveerse de insumos nacionales. Se debe incentivar fiscal y crediticiamente la inversión productiva y la generación de empleos.
Es posible aprovechar el poder de compra del sector público como un motor de crecimiento para la industria nacional y que estas medidas también tengan un efecto positivo en la creación de empleos.
El salario debe convertirse en una pieza fundamental para el desarrollo, ya que un fuerte poder adquisitivo del mismo implica fortalecimiento del mercado interno, al ayudar a la realización de la producción y, por tanto al crecimiento económico. La política salarial debe dejar de ser un instrumento de lucha contra la inflación y de atracción al capital extranjero para convertirse en una palanca de dinamismo para el crecimiento en México.
Proponemos que se exenten de impuestos aquellos que ganan hasta cuatro salarios mínimos. Asimismo se deben desgravar las prestaciones que se otorgan en materia laboral. El objetivo de estas propuestas es mejorar en alguna medida el nivel de ingresos de una gran parte de la población mexicana. La tendencia del salario mínimo debe proyectarse para alcanzar lo que establece nuestra Carta Magna. Debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de una familia. Este sería un potenciador del desarrollo ya que los trabajadores mexicanos serían consumidores estratégicos y el bienestar individual beneficiaría a la economía global.
Es necesario otorgar un aumento salarial de emergencia generalizado, no sólo como un aspecto de justicia elemental, sino como un elemento dinamizador para el desarrollo. Para las micro, pequeñas y medianas empresas en problemas financieros y productivos este aumento puede ser parcialmente asumido por el Gobierno Federal a través de créditos fiscales. Asimismo es necesario liberar las negociaciones salariales entre empresas, trabajadores y sindicatos, eliminando los topes salariales. En la medida en que los salarios sean un elemento dinamizador de la economía, se deberán buscar los mecanismos para negociarlos evitando lo más posible y hasta lograr la eliminación del sistema corporativo y dar paso al diálogo entre los sectores productivos.
Los incrementos salariales no son necesariamente inflacionarios, el incremento en el costo de la mano de obra puede ser compensado en el incremento de la producción y de la productividad. Así el incremento salarial por productividad debe pactarse entre empresa y trabajadores lo cual puede ser por la vía de los sindicatos. Estos pactos deben considerar no sólo los objetivos sino las condiciones para alcanzarlos y los mecanismos del reparto equitativo de los beneficios.
Finalmente comentaremos que no habrá una recuperación a finales de este año ni en el siguiente ni en los venideros ni mejoramiento en los niveles de la economía si se continúa aplicando la política neoliberal. Se logrará sólo si se da un cambio radical en la política económica que hasta hoy ha seguido el Gobierno. Debemos tener memoria histórica de las crisis permanentes en las que hemos vivido desde 1982 y que día con día se va agravando en perjuicio de los mexicanos.
De no modificar la política predominante no podremos impulsar el crecimiento ni satisfacer los reclamos de los productores, de los asalariados, de los banqueros, de los desempleados, de los cada vez más pobres y marginados y de las demandas en general del país.
Finalmente quiero concluir haciendo un breve comentario sobre el desempleo. Al analizar el comportamiento del producto interno bruto y de la población ocupada de 1988 a 1994, se puede observar que se da cierta relación entre el crecimiento del PIB y de la población ocupada, puesto que al registrarse el crecimiento del PIB se presenta una generación de empleos. Así en 1989 se generaron 289.7 mil empleos; en 1990, 205.5 mil empleos; en 1995, 585 mil empleos; en 1992, 94 mil ocho empleos; en 1993 se registró una pérdida del orden de 376.3 mil empleos, asociada no a una reducción del PIB, sino al bajo crecimiento registrado ese año y en 1994 se generaron 60 mil empleos.
El Presidente:
Señor diputado ¿puede redondear su intervención, por favor.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Ya voy a terminar señor Presidente, pero, compañeros diputadas y diputados:
Hay millones de mexicanos desempleados y millones padeciendo hambre y desesperanza por la falta de empleos.
La política aqueja a la clase política del país, los salarios, el empleo y la esperanza de salir de la pobreza y de la extrema pobreza, es la preocupación diaria de millones de mexicanos. Les pido dos minutos más para concluir mi ponencia.
En total, durante el sexenio anterior se generaron 1 millón 225 mil empleos, esto es, un promedio de 204 mil 163 empleos al año, frente a una demanda de 1.1 millones de empleos de jóvenes que se integraban a la población económicamente activa.
Durante el Gobierno anterior se generaron en los seis años de su duración, los empleos que debían haberse creado año con año. En total, durante el sexenio se registró una demanda de aproximadamente 6 millones 600 mil empleos, tomando como base la integración de los jóvenes a la población económicamente activa al llegar a la edad de integrarse al mercado de trabajo.
Por lo tanto, el déficit ocupacional es decir, el número de empleos que se debieron haber generado durante los pasados seis años, dejaron en el desempleo a más de 5 millones 375 mil jóvenes en edad de trabajar.
Por otra parte, los desempleados anteriormente citados tendríamos que añadir que los que se encuentran en el subempleo o en el sector informal, estos términos son ya muy conocidos, la población en edad de trabajar y que al salir al mercado de trabajo en busca de un empleo ya sea en el sector privado, público y no lo encuentra, tiende a buscar cualquier actividad que le permita sobrevivir, así sea con niveles de ingresos ínfimos, tal es el caso de la venta ambulante.
El sector informal se incrementó de 1989 a 1992, de 12.8 millones de personas a 17.3 millones. El subempleo o las actividades del sector informal implican un gran atraso en términos económicos y sociales para el país, al desaprovecharse el potencial productivo de la población económicamente activa que tiene como recurso final refugiarse en actividades informales.
Se calcula que actualmente se localizan en el sector informal aproximadamente 21 millones 500 mil mexicanos. La creación de puestos de trabajo se muestra cada vez más hermética, colocando en un punto crítico al mercado laboral, sobre todo, por la saturación que se observa en las distintas actividades informales que carecen de productividad y de seguridad social.
Las actividades subterráneas están saturando la economía nacional como resultado de la incapacidad del sector formal para generar puestos de trabajo remunerativos, lo cual ha generado que la informalidad se esté convirtiendo en el principal receptor de los desempleados.
Por otra parte es importante notar que al inicio del anterior sexenio, que tuvo resultados muy negativos en cuanto a la generación de empleos, en el sector formal se encontraban 13 millones 114 mil personas y en el sector informal 12 millones 868 mil personas; es decir, este sector alojaba menos población que el primero. Sin embargo al inicio del actual sexenio, la cantidad de mexicanos en el sector informal es impresionante: 21 millones 500 mil mexicanos en el sector informal de la economía.
Además...
El Presidente:
Señor diputado, nuevamente le pedimos que concluya, sírvase redondear su intervención, por favor.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Permítame concluir. Me falta una cuartilla simplemente.
Además, si hay diputados o diputadas que no estén interesados en este tema dramático de los trabajadores mexicanos, que se salga del recinto y ahí espere por favor.
El Presidente:
Señor diputado, ¿me permite?, le pido a los oradores recuerden el tiempo acordado a efecto de hacer ágil esta sesión y usted ya excedió los 30 minutos.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Además si consideramos que la población económicamente activa actualmente es de 35 millones 500 mil personas y de acuerdo a datos del INEGI, para el mes de agosto del año en curso, 1995, la tasa de desempleo fue de 7.3%, esto significa que actualmente se encuentran en el paro total, 2 millones 600 mil trabajadores.
Cabe puntualizar que en lo que va de este año el número de mexicanos que engrosaron las filas del desempleo abierto se ha duplicado respecto a diciembre de 1994. Así los datos anteriores implican que en el sector formal se encuentran sólo 11 millones 400 mil personas, lo que representa el 32% del total de la población económicamente activa.
A lo anterior tendría que añadirse otro grave problema derivado de la falta de oportunidades de empleo en nuestro país: la inmigración de un número considerable de mexicanos, principalmente al país vecino del norte. Aunque no es fácil la cuantificación de este fenómeno, se calcula que de 1983 a 1992, 10.4 millones de mexicanos no encontraron empleos remunerados y alrededor de un tercio de ellos emigraron de manera ilegal a los Estados Unidos de América.
Todos los elementos señalados muestran la alarmante situación por la que está atravesando nuestro país. Los niveles de desempleo, emigración y sobre todo de subempleo, son históricos, lo que debe hacer reaccionar a los responsables de la política económica, para resolver estos graves problemas que de continuar así generarán aún más presiones a nivel de los trabajadores y sus familias.
Quiero culminar, compañeras y compañeros diputados, diciendo lo siguiente:
En las calles del país y de la ciudad hay fenómenos que están todos los días lacerando la conciencia nacional. Un crecimiento desmedido de niños trabajando en las calles, un crecimiento desmedido de mujeres y hombres dedicados a la prostitución, un crecimiento desmedido de mexicanos que no tienen ningún puesto de trabajo ni la aspiración en el corto tiempo de encontrar un puesto de trabajo; un salario ridículo de 18 pesos diarios como salario mínimo; un sector responsable de la economía educado en Harvard, preocupado de estadísticas y despreocupado de los problemas de los mexicanos de carne y hueso. Este es el panorama que se está viviendo en las calles, en la Ciudad de México.
Este es el panorama que se está viviendo en el campo y en las principales ciudades de provincia. Es urgente que resolvamos un punto de acuerdo que quiero proponer. Con eso concluyo, señor Presidente. Propongo el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión y considerando que como efecto de la grave crisis económica que sufre el país y de la política económica de ajuste que se ha venido aplicando, así como del incremento de la inflación que para el mes de septiembre del año en curso acumuló un crecimiento anual de 40.73% y que por tanto los salarios han sufrido fuertes deterioros en su poder adquisitivo, que el deterioro acumulado desde 1977 por los salarios mínimos supera ya el 75% de su capacidad de compra de entonces, con lo cual son necesarios cuatro salarios mínimos de hoy para alcanzar la capacidad de compra que se tenía en el año señalado, con lo cual no se cumple con lo que se señala en el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ordena a la letra que:
"Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden social, material y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos."
Que el promedio de los salarios contractuales mantiene una pérdida de su poder adquisitivo superior al 40%, que esa inaceptable situación de la capacidad adquisitiva del salario se ha producido en el grave contexto de la elaboración del desempleo y subempleo en los niveles históricos más altos de México.
Los diputados abajo firmantes, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia porque la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acuerde un aumento inmediato de emergencia al salario mínimo, por un porcentaje del 50%.
Segundo. Que el Poder Ejecutivo Federal decrete un aumento inmediato de emergencia a los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, por un 50%.
Tercero. Que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Trabajo, recomiende la inmediata negociación de un aumento salarial de emergencia del 50% a las empresas privadas que se encuentren en posibilidades económicas de ofrecerlo.
Cuarto. Eliminación de la división en zonas económicas para el establecimiento de un solo salario mínimo para todo el país...
¡Estoy leyendo el punto de acuerdo!
Quinto. Libre negociación de las partes en las revisiones salariales y contractuales.
Sexto. Exención fiscal a trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos.
Séptimo. Exención de impuestos para las prestaciones sociales.
Octavo. Indexación trimestral del salario al indice inflacionario.
Noveno. Apoyo a la mediana, pequeña y micro industria a través de créditos y disposiciones fiscales, especialmente si generan nuevas fuentes de trabajo.
Décimo. Duplicar el monto del fondo de inversiones para infraestructuras, iniciado con capital de 80 millones de nuevos pesos.
Decimoprimero. El diseño de una estrategia de capacitación acorde con los requerimientos productivos.
Decimosegundo. Aumentar en 100% el número de becas de capacitación otorgadas hasta hoy a los desempleados.
Decimotercero. Fijarse la meta de capacitar a 1 millón de trabajadores durante 1995.
Decimocuarto. Mantener por un año el derecho del trabajador despedido a gozar los servicios médicos del IMSS y del ISSSTE:
Decimoquinto. Reactivar la construcción de vivienda de interés social por el Infonavit y el Fovissste para alcanzar las metas programadas a principios de este año.
Los trabajadores necesitan una mesa de diálogo y un pacto nacional para ayudarlos a salir de la pobreza y reactivar la economía.»
Muchas gracias.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para hablar sobre el tema del impuesto al valor agregado.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy con mucha indignación me veo obligado a abordar un tema que por semanas, estoy seguro, ha inquietado a muchos de nosotros. Me refiero al pretendido entre comillas "referendum sobre el IVA", que un grupo de diputados ha estado impulsando.
El presente tema me causa indignación, en vista de que aprovechándose de las necesidades de los mexicanos, diputados al Congreso de la Unión buscan capitalizar simpatías personales, sin importarles las más elementales formas ni la dignidad de la persona humana.
No es posible que se esté manejando la realización de un referendum, entre comillado, para el día 12 de noviembre próximo, en el cual se pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo en que se le disminuya un impuesto que se aumentó casi nueve meses antes, ¡cuando ya sabemos todos nosotros la respuesta! Y no lo es por las razones siguientes:
El pueblo de México ya ha sido golpeado por un innecesario aumento del 50% al impuesto que más afecta a la economía familiar y ahora "a palo dado" preguntamos ¿que si están de acuerdo.
Señores, por favor, no se burlen más de los mexicanos. Todos aquí sabemos que de ninguna manera la sociedad mexicana aprobó ese aumento; sacado más a fuerza de votos que de razón por la mayoría priísta en esta Cámara.
Y ahora ir a la ciudadanía a preguntarle ¿si le gustó ser más pobre, si le gustó tener que limitar más aún su poder adquisitivo, si le gustó dejar de poder comprar éste o aquel producto para el bienestar de su familia? Es como irse a reír de ellos en su cara.
¡Yo acuso a quienes pretenden volverse a burlar del pueblo, de buscar ser protagónicos en una supuesta solución a la que no piensan llegar! ¡Lo que demuestra su poca seriedad en el quehacer político! Pues si verdaderamente pretenden encontrar una solución a este problema en el que el Partido Revolucionario Institucional metió al pueblo, ahí están las iniciativas presentadas por diputados del Partido Acción Nacional, en el mes de junio pasado, que pretenden no sólo que el impuesto al valor agregado regrese a la tasa en la que se encontraba, sino que se reduzca al 7%.
¿Quieren servir de algo a las familias mexicanas, señores diputados?, presionen para que dichas iniciativas salgan de la congeladora; definitivamente es una vía más adecuada.
Adicionalmente a todo lo anterior, debe investigarse si la publicidad que invita a participar en dicho populista referendum, no ha sido pagada por esta Cámara, pues de ser así estaríamos ante un sinfín de graves violaciones; la primera de orden y manejo de presupuesto, pues ese evento no es organizado formalmente por acuerdo de este pleno ni de comisión alguna de la Cámara de Diputados. En todo caso exigimos saber si los posters alusivos fueron impresos en nuestra imprenta, ¿quién dio la orden para ello? ¿Cuánto está costando a la nación.
Por otro lado debe vigilarse el uso del emblema de la LVI Legislatura, pues éste ha sido utilizado en forma indiscriminada por los organizadores de este evento de marras, engañando a la ciudadanía al hacer suponer que se trata de algo realizado por la Cámara de Diputados.
Además, necesitamos saber cómo se está manejando y en todo caso deslindar responsabilidades, el dinero que se recaba a través de una publicación periodística que invita a la ciudadanía a aportar fondos para realizar el mal llamado referendum, pues en ésta se ostenta una vez más nuestro emblema para engañar a la ciudadanía. Ahora vemos a diputados haciéndole la competencia a cómicos y hot lines.
Adicionalmente todo ello debe ser una vergüenza para todos nosotros, que nuestro emblema aparezca en una publicación que anuncia un referendum, cuando ésta no es una figura constitucional en nuestro país, es una situación muy grave, señores. Sí, al permitir que el emblema que nos representa avale un acto inconstitucional, nos hacemos cómplices de una aberración de tamaños mayúsculos.
Debo señalar que el referendum no existe en nuestro país no porque no haya sido propuesto por legislador alguno, no existe porque como triste ejemplo de la cerrazón del partido de Estado no fue aprobada la iniciativa presentada desde el año de 1946 por los diputados Miguel Ramírez Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin, del Partido Acción Nacional, quitando desde entonces la oportunidad al pueblo de México de opinar respecto a las leyes que se pretenden aprobar por el Poder Legislativo.
Al parecer la forma de pensar de algunos de los diputados emanados del PRI no es la misma que hace casi 50 años, pues ahora sí pretenden realizar referendum a pesar de ir en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Espero que ese cambio de
idea no se vea truncado al tener que aprobar una iniciativa que no les sea enviada por el Ejecutivo Federal, por lo que a la brevedad posible habremos de presentar una iniciativa que busque la existencia constitucional no sólo del referendum sino de otras figuras de participación ciudadana que ya son aplicadas en países con gobiernos verdaderamente democráticos.
No podemos dejar de señalar el hecho de que un gran número de ciudadanos ha estado recibiendo una carta por la que se le invita a participar del llamado referendum, lo que no tendría nada de particular si no se utilizara una vez más el emblema de la Cámara y además citando nuestro domicilio y algunos de los teléfonos pagados por esta Cámara para que aquí se puedan dar informaciones.
Además de ello nos resulta sumamente sospechoso el saber de dónde se pudieron obtener los nombres y domicilios de los ciudadanos a los cuales se les remite su carta. Todo nos hace suponer que esos nombres y domicilios son tomados del padrón electoral. Pero, señores, el Cofipe nos establece que no puede ser utilizado el padrón electoral con otro fin que no sea la verificación del padrón mismo. En caso de que sean tomados esos datos del padrón electoral se está cometiendo un delito de carácter electoral señores.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que me permito solicitar a esta Presidencia, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Ordenar la realización de una investigación, a efecto de determinar si se han utilizado recursos de este Poder Legislativo en la organización del mal llamado "referendum sobre el IVA".
Segundo. Una vez concluida la investigación tome las medidas administrativas correspondientes e informe a este pleno del resultado de la misma.
Tercero. Llámese a los diputados responsables del evento en mención, a efecto de que informen a la mesa directiva de la utilización de recursos recabados de la ciudadanía con la ilegítima utilización del emblema de la Cámara de Diputados.
Cuarto. Dicte las medidas necesarias para que no se siga utilizando el emblema de la Cámara de Diputados en este acto inconstitucional, informando a la ciudadanía de que no se trata de un evento avalado por esta Cámara.
Muy amable, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán, para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.
El diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán:
Gracias, señor Presidente:
Todas las dudas razonables y bien fundadas del diputado que me antecedió en el uso de la palabra serán puntualmente contestadas por escrito a cada uno de los diputados presentes y tengan la seguridad de que el único propósito que tiene esta convocatoria es ciertamente que al final de cuentas se incorpore como una figura jurídica el referendum, como una garantía de los mexicanos y, en segundo lugar, efectivamente pugnar para que el IVA se disminuya.
Personalmente también haré llegar puntualmente cada una de las respuestas a lo planteado por cada uno de ustedes.
Gracias.
El Presidente:
Respecto a la solicitud del diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, se turnará a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
SITUACION LABORAL (II)
El Presidente:
A solicitud del diputado Armando Quintero Martínez, se turna su solicitud a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
SECRETARIA DE GOBERNACION
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para hablar sobre la actuación de la Secretaría de Gobernación.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Los últimos días han sido nuevamente escenarios de desgaste. Figuras públicas han manifestado sus diferencias y recelos acumulados. La palabra ha sido empleada con toda su fuerza para responsabilizar, acusar y debilitar.
En el aluvión que se cierne entre los miembros del partido en el poder, sus disputas internas se hacen evidentes ante la nación.
El licenciado Emilio Chuayfett, secretario de Gobernación, dijo ante los concesionarios de radio y televisión lo siguiente, cito textualmente: "Nadie tiene derecho a imponer silencio". Una segunda cita: "Toda sociedad que no sabe escucharse a sí misma, se derrota; todo gobierno que no permite o propicia la libertad de expresión es débil, ése sí, pues teme a las ideas porque carece de ellas". Termino la cita.
Creo que todos coincidimos en la validez de estas tesis, sin embargo también ha tenido otras expresiones tales como, y cito textualmente: "Que no se vaya a llamar mártires quienes generaban problemas para emerger concertadores; quienes usaron sus cargos para reclutar propagandistas; quienes incurrieron en el desvío de poder en su afección jurídica para causar daño a México y alcanzar más poder".
Es importante sobre todo la referencia que hace sobre quienes tratan de causar daño a México, lo cual sería verdaderamente grave.
Ante estas aseveraciones el Partido Acción Nacional tiene que plantear hoy aquí algunas reflexiones, analizar y establecer con claridad que para quienes tienen funciones de gobierno en nuestro país,... no resulta adecuado usar esas posiciones de gobierno para solventar los puntos de vista de algunas personas o grupos que en su partido hoy están en pugna.
No olvidemos que debemos ante todo fortalecer las instituciones que conforman el Estado. Quien ocupa posiciones de gobierno debe recordar que aun cuando tenga una militancia en algún partido político, al estar en esas funciones de gobierno gobierna para todos los mexicanos.
Por ello resulta preocupante que el señor Secretario de Gobernación, responsable de la política interior, desde su posición se ponga a dirimir las disputas que en el proceso de descomposición tienen los miembros del Partido Revolucionario Institucional.
Como Secretario de Gobernación y aun como simple ciudadano, lo convocamos respetuosamente desde esta tribuna nacional, que si él conoce personas responsables de causar daño a México, como dijo en su discurso y si estos actos pudieran reputarse como delitos, actúe conforme a las leyes, denuncie a los responsables ante las autoridades correspondientes, aporte las pruebas y sea el Poder Judicial quien resuelva sobre tales delitos, pero como decíamos anteriormente, no se usen posiciones de gobierno para ventilar debates en los medios masivos de comunicación, externando posiciones de grupos y no de la sociedad.
Los ciudadanos no estamos dispuestos a ser víctimas de métodos y purgas que implican alevosía, violencia o simple suciedad. Laven ustedes, señores del PRI, toda su suciedad en casa, no quieran salpicarnos a todos los mexicanos; antes que nada están las instituciones, entre ellas los partidos políticos que tenemos que fortalecer; es más, los mexicanos merecemos paz y progreso, no enredos ni enfrentamientos estériles ni bajos intereses que hoy hunden al país, provocándonos más daños.
En el camino de la democracia el viento azota a todos, pero sólo caerán las hojas que no podrán dar fruto. La disputa nos molesta y nos perjudica a todos, pero especialmente hace evidente la debilidad de quienes se están derrumbando por el fracaso y la falta de capacidad para resolver los grandes problemas de nuestra patria.
Hacemos desde esta tribuna un llamado urgente para que conjuntemos esfuerzos, propongamos soluciones, aceptemos las diferencias, propiciemos el diálogo y el debate respetuoso de las ideas, pero no permitamos que se destruya el incipiente entramado social que nos estamos esforzando en construir y que nos dará la posibilidad de lograr lo que el Partido Acción Nacional ha propuesto siempre: una patria ordenada, generosa y una vida mejor y más digna para todos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán, para el mismo tema.
El diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán:
Con su permiso, ciudadano Presidente; colegas legisladores:
Ciertamente es preocupante para todo el país que en las últimas semanas se haya traído al plan nacional una aparente disputa personal, cuando en el fondo subyace la discusión de los dos proyectos nacionales.
Por un lado tenemos que ubicar las cosas en el terreno en el que están. Toda esta campaña de linchamiento público contra Manuel Camacho, partió porque se publicó una carta del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, hoy Presidente de México, cuando era coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio, asunto de interés nacional y de obvio interés público, porque se trataba de un candidato a la Presidencia y de un partido político, por tanto el contenido de esa carta es fundamental para analizar las razones y las causas por las cuales atravesamos esta crisis política, económica y social en la que nos estamos todavía debatiendo.
Tenemos que ubicar primero, que esa carta revela que Luis Donaldo Colosio no hizo el menor caso de las recomendaciones que ahí se anotaban ni pactó con Salinas ni se alejó de Camacho y sí se estableció un pacto para la transición democrática. Tampoco evitó en su momento neutralizar al PRD, porque él personalmente ya buscaba un contacto personal con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y cuarto, tampoco hizo caso porque sus palabras que pronunciaba ya no pasaban por el filtro de la censura de Los Pinos. Ese es el contenido de la carta, eso es lo que hay que discutir, el móvil del crimen de Luis Donaldo Colosio y la autoría detrás de éste y no lanzar una campaña de desprestigio y de linchamiento político a un hombre que siguió un pacto político con Luis Donaldo Colosio.
Queda claro hoy, sin duda alguna con ese texto, que Luis Donaldo Colosio fue victimado precisamente por alianza con Manuel Camacho para la transición democrática del poder público en México y por erradicar la corrupción, erradicar y desterrar la miseria y la pobreza; por eso fue sacrificado Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y no por otra razón y los autores intelectuales de ese crimen sabemos dónde están, porque no dan la cara ni cuando vienen a México, se esconden y huyen del país: Carlos Salinas y José Córdoba Montoya, autores intelectuales del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Eso lo sabe el pueblo de México.
¿Por qué entonces el Secretario de Gobernación ahora se erige en un moderno torquemada para censurar a aquellos que no coinciden con su opinión propia? No es la posición de un Secretario de Gobernación la de exigirle a los ciudadanos que definan su militancia política ni tampoco que clarifiquen sus ideas. Un Secretario de Gobernación como jefe de un gabinete político, tiene la irrestricta responsabilidad de respetar la libertad de expresión de todos; un Secretario de Gobernación debe estar al servicio de la concordia nacional, alentar las libertades públicas, a respetar los derechos humanos y no andar censurando y acorralando a los políticos que no piensan como él, que su gran prosa literaria, que la tiene, no es para surcir sacos que otros se pongan, porque él mismo tiene que despojarse del abrigo de ocelote.
También el Secretario de Gobernación no tiene que convertir a esa Secretaría en un tribunal de la censura. Mal signo de lo que nos espera de la reforma del Estado, con un hombre que se atreve en cadena nacional, a hacer un linchamiento público y a dictar la línea para acabar con un hombre que hoy su vida corre peligro, porque inclusive la fundación en la que está, ayer mismo les cortaron la luz y ya ni sus teléfonos funcionan. ¿Qué están provocando.
Necesitamos prudencia, pero necesitamos también que surja la verdad, la verdad histórica es la que esperamos todos los mexicanos y no un debate epistolar sin duda interesante, pero revelador también de esa descomposición de la que se habla.
Esos dos proyectos en disputa son los que se debaten, por un lado el criterio autoritario, antidemocrático y excluyente del Gobierno y por otro lado una línea que pretende surgir precisamente para transformar democráticamente al régimen político y no coinciden las opiniones que hoy se tienen de Manuel Camacho con otras personalidades públicas de este país.
Yo les quiero recordar a ustedes algunas palabras también que se dijeron sobre Manuel Camacho.
Manuel Camacho, he dicho en otras ocasiones, dice que lo comenta y lo reitero hoy, que por sus convicciones, por su sensibilidad y por su capacidad negociadora es el mejor hombre para construir una paz justa en Chiapas. El licenciado Camacho es una persona de gran capacidad y vocación política que le ha dado y le seguirá brindando importantes servicios al país.
Esto lo dijo Luis Donaldo Colosio un día antes de morir en Culiacán, Sinaloa y como decía el poeta al momento que desenterraban los cadáveres después de la dictadura en un país sudamericano, cuando estaban revolviendo las tumbas clandestinas y se erigía en un pueblo la exigencia, el clamor de la justicia, la libertad y la verdad, dijo este poeta: "La verdad no es triste, lo que pasa es que no tiene remedio".
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para el mismo tema el diputado Luis Alberto Contreras Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Luis Alberto Contreras Salazar:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es momento de recordar el momento histórico en que Plutarco Elías Calles pronunciaba, para mí el discurso que nos dio una vida institucional y nos alejaba del caudillaje y del vituperio personal y la descomposición del sistema que en ese momento se empezaba a construir.
Ante las injurias y ataques a las instituciones, el Gobierno mexicano no debe de permitir que éstas sean vulnerables, por lo tanto el Secretario de Gobernación da una respuesta totalmente apegada al marco de la legalidad, la cual se debe precisamente a principios institucionales y señalo que él se sujeta a los principios que pregona y sobre todo da un respeto a las libertades que garantiza nuestra Constitución Política a todos los mexicanos.
Asimismo la defensa hecha por el Secretario de Gobernación de la vida institucional de México se presenta en una clara vida democrática que el Presidente de la República ha impulsado sin cortapisas, con un diálogo permanente y a ustedes les consta.
Quiero decirles a ustedes que los valores de la democracia que tiene un sustento en el estado de derecho, se practican como parte de la vida cotidiana de nuestro país, con la finalidad de crear en la discusión y la participación ciudadana las nuevas formas que demandan la reforma política en el Estado mexicano.
La Secretaría de Gobernación no ha utilizado en ningún momento los recursos de la Federación, para ningún otro fin que los que señala la ley. Antes bien, ha dado respuesta oportuna y responsable que se ejerce el estado de derecho y sobre todo el artículo 8o. constitucional.
Bien resulta en este momento oportuno hacer un reconocimiento honesto y cabal de las virtudes éticas y honorables del Secretario de Gobernación, ya que demuestra, con la pronta atención que hizo como servidor público, a una persona carente de toda representatividad política.
La construcción de la vida democrática exige de la participación seria, responsable y crítica de toda la sociedad mexicana, demanda convertir el diálogo en un instrumento fundamental que dé cauce a las múltiples corrientes que se presentan en la vida política de nuestro país, pero también niega a los que pretenden erigirse en caudillos y se olvidan en este caso de la vida propia del país.
Yo quiero invitar a todas las fracciones parlamentarias a que nos unamos en este caso verdaderamente a construir un país de instituciones más fuertes; de que nos alejemos a caprichos personales, a que no rompamos en este caso la estabilidad que tanto le ha costado al pueblo mexicano y que efectivamente todos somos producto de ese ejercicio de evolución.
Finalmente concluyo diciendo que Max Weber lo ha manifestado, que la política debe orientarse por un camino de una causa justa e indudablemente nosotros nos debemos de ceñir a ella.
Finalmente reitero: cuando el mexicano verdaderamente sepa construir el futuro con honestidad, con lealtad, con institucionalidad, estaremos verdaderamente labrando un país de mejores mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema tiene la palabra el diputado Carlos Núñez Hurtado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos Núñez Hurtado:
Con su permiso, señor Presidente:
El tema que nos ocupa es realmente un hecho lamentable, me refiero al fondo y a la forma que no se pueden distinguir.
Nosotros no pasamos aquí para defender a tal o cual político. Queremos sostener, como siempre, la defensa del país y de sus mejores instituciones. No caeremos entonces en el juego de avalar a tal o cual persona, porque de lo que estamos hablando en este jugar con pólvora que establece el PRI y sus grupos, es de un conflicto interno de sus diferentes fracciones, es una manifestación más. Lamentablemente todos somos testigos de que estas pugnas de los grupos internos del grupo hegemónico, han llegado a manifestarse hasta con la violencia extrema, precisamente de los asesinatos políticos, como en ese sentido lo ha dicho el diputado Rojas Díaz-Durán.
Esta es una manifestación más de la pugnas internas, es un pleito de la otrora familia revolucionaria; pero no es válido que en ese pleito interno se esté jugando con fuego y se esté poniendo en crisis la ya muy relativa estabilidad de este país.
No es válido tampoco convertir el conflicto de los grupos internos en un conflicto nacional. El conflicto nacional no es como se ha dicho aquí de dos proyectos, el conflicto nacional es de más proyecto, porque las diferencias o los matices que tenga el propio grupo en el poder sobre su propio proyecto son de ellos, pero las fuerzas democráticas verdaderas no coinciden ni avalan todas las manifestaciones que tratan de expresar este supuesto proyecto liberador.
Efectivamente, si ponemos las cosas en un antagonismo total entre la transición democrática o el autoritarismo, por supuesto que estamos de acuerdo en que ése gran proyecto que enmarca la solución de los problemas del país hacia la transición democrática, efectivamente es el proyecto que abrazamos. Se tienen muchos más componentes que sólo ése y ésos no saldrán nunca.
Creemos nosotros y lo afirmamos de quienes históricamente han relegado al pueblo, a su voz, a su voto, a sus instituciones, a su libertad y a su dignidad de la participación política.
Por lo tanto, no confundamos, el proyecto en cuestión es el proyecto de una sociedad integralmente transformadora hacia la democracia radical y no solamente a las pugnas del poder mediante a la reforma política, que es muy importante pero no es suficiente.
El conflicto nacional que se vive es mucho más que el conflicto del grupo hegemónico y mucho más que un pleito de familia, expresado en esta ocasión en la polémica, entre el secretario de Gobernación Chuayffet y el licenciado Camacho.
Hay problemas gravísimos en el país. Chiapas sigue urgiendo la aportación de todas las voluntades para solucionarlo. Tenemos una gravísima crisis económica, que nadie niega, hay que leer los diarios todos los días, las declaraciones del propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estamos atrapados en la necesidad de establecer el diálogo nacional y la reforma del Estado.
Esos son los problemas de fondo de este país y no es posible aceptar y en eso coincidimos con el diputado Ocejo, que un problema de esta naturaleza sea tratado desde la fuerza que le da a un alto funcionario del Gobierno, como es el secretario Chuayffet, utilizar en un acto político, en un acto de Gobierno, para hacer un pronunciamiento político de carácter interno de su rivalidad. No es válido, no podemos aceptar que se utilicen las instituciones para este tipo de polémicas internas.
Es un pleito de mucho fondo, es un pleito que tiene al país en cuestión, pero que se expresa de una manera muy lamentable como un pleito de familia, utilizando, insisto, las fuerzas que da el poder para hacer de esta situación un pleito público.
Si se dice que debemos buscar una solución institucional, por qué no damos pasos ya efectivos hacia la reforma del Estado, hacia el diálogo nacional, incluyente, integral, para discutir estos proyectos. Por qué si ésta es realmente la intención y la inquietud de todos, por qué si se afirma que el problema es un problema institucional, pues vamos precisamente a la mesa del diálogo incluyente a discutir institucionalmente qué clase de país queremos los mexicanos y ahí vamos a dirimir civilizadamente nuestras posiciones y estos matices y a solucionar nuestras diferencias, pero siempre en fondo institucional y civilizada.
¿Por qué tanto retraso entonces para la vida institucional, para la instalación de la mesa nacional del diálogo? Insisto no incluyente, no solamente un diálogo como el que se nos ha hasta antes regateado.
Ahora bien, si el problema es que la famosa carta ha puesto efectivamente en evidencia ligazones y móviles, frente a los autores intelectuales del asesinato del licenciado Colosio, aparece como muy burda y de muy bajo nivel el establecer este pleito de familia, insisto, utilizando el espacio de poder formal, para desviar la atención de lo que esa carta no solamente insinúa, sino plantea claramente el desacuerdo habido entre Córdoba y Salinas y su candidato Colosio es evidente.
Es el pleito y convertirlo en un conflicto nacional no debe desviar jamás, que en el momento en que vivimos ése es el punto central, ¿por qué entonces la negativa a que la Procuraduría General de la República cite ya a declarar a estos dos oscuros personajes de la política mexicana? ¿Qué se espera.
Si se defiende la institucionalidad, ahí está la vía institucional, que sea aclarado el punto por la vía institucional cuando la Procuraduría General de la República se decida a citar ya a Córdoba y a Salinas para establecer el grado de conocimiento o el grado de responsabilidad, si así resulta, que tienen en el caso Colosio.
Crear "cortinas de humo", dar falsas interpretaciones a los problemas, convertir este conflicto en un conflicto nacional, artificialmente, no es sino una estrategia o puede ser una estrategia que trate efectivamente de velar el fondo del problema. Así se ha planteado también por otras intervenciones que para llegar al fondo del asunto del asesinato del licenciado Colosio es indispensable la comparecencia de estos personajes.
¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con este juego maniqueo entre querer defender la institucionalidad y no cumplir con ella? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que la vía del diálogo y la reforma del Estado en una consulta incluyente de todos los sectores nos permita dirimir nuestras diferencias en cuanto a los proyectos?, porque no son sólo dos, insisto, nosotros incluimos en el proyecto de la democratización del país al pueblo como actor fundamental y toda la vida ha sido relegado ese pueblo en base a su propia y pretendida defensa.
En síntesis, necesitamos que el conflicto que hoy nos ocupa sea llevado al verdadero punto, a la verdadera nota fundamental: es dirimir el asunto del asesinato de Colosio con la vía institucional y con los actores que en ello están involucrados.
Vía institucional, que la PGR cite ya. Emplazamos desde esta tribuna a que se cumpla ese pronunciamiento que ha hecho también la bancada del PAN y algunos de la bancada del PRI para que se convierta ya en una realidad y podamos entonces eliminar las falsas estrategias, eliminar las "cortinas de humo" y no hacerle el juego a ese pequeño y peligrosísimo show de dos vedettes políticos que pelean en el ámbito público. Nosotros no estamos de acuerdo con ello porque la crisis del país es muy grave. No se puede jugar con fuego en medio de un polvorín. No se pueden exacerbar los ánimos y no es lógico, no es justo y no estamos de acuerdo que nos lleven "entre las patas de sus caballos".
Vamos por la vía institucional, vamos a discutir nuestros proyectos y vamos a resolver las cuentas pendientes, que lo que va de esta legislatura tendremos todavía almacenadas y no logramos resolver. Llamamos entonces a la madurez, a la respuesta digna y civilizada de los personajes políticos para que asuman, efectivamente, la vía institucional, no jueguen más al protagonismo y nos permitan a todos los mexicanos, no nos estorben ya, el reclamo urgente de la sociedad que es efectivamente el tránsito urgente, profundo, pacífico e institucional al nuevo país que todos reclamamos y anhelamos, un punto que tendrá que ser democrático, que tendrá que ser institucional, que tendrá que ser en la libertad.
A eso llamamos, por favor, a la prudencia, a la sensatez, al patriotismo y al sentido de responsabilidad.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Hinojosa Juárez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Hinojosa Juárez:
Señor Presidente, con su venia; compañeros diputados:
El diálogo, la pluralidad política, la apertura democrática, el consenso y la participación ciudadana, significan hoy por hoy, en la construcción de una nueva cultura política, valores esenciales de la democracia.
Así, libertades como la de expresión, constitucionalmente postulada, asiste a todos los mexicanos por igual, como un derecho y una garantía inalienable e imprescriptible y en la defensa de los valores de la democracia, de las instituciones republicanas y en el respeto irrestricto a la libertad de expresión se enmarca la posición clara, honesta ideal del Secretario de Gobernación.
La posición del Gobierno, del Secretario de Gobernación, es consecuente con los principios que preservan la vida institucional en un estado de derecho en nuestro país.
Nadie puede erigirse en el nuevo caudillo de la patria en tanto que en este siglo sea construida la República por los cauces que constitucionalmente se han fijado a través de las instituciones republicanas, dejando atrás la época de caudillo y facciones.
El Secretario de Gobernación nunca, en ningún momento ha empleado caminos fuera de la norma para alimentar una ofensiva contra nadie ni contra nada; antes bien, ha ejercido con prontitud y lealtad el marco de atribuciones de sus facultades legales.
Hoy es el momento de seguir haciendo el diálogo o y la concertación entre todos y por todos los medios más sentidos y necesitados por el bien de México. No es hora de seguir pensando en liderazgos vacíos, como si crearlos estuviera de moda. Sí es hora de pensar seriamente en ejercer nuestros derechos, nuestras libertades, contribuyendo al propio desarrollo y proyecto demográfico que la nación espera y exige.
Importante sin duda es dejar claro que México ha superado las etapas de protagonismo; ahora es importante dejar claro que este régimen transita en un marco constitucional. Si eso ha sido motivo de críticas, no habrá de ser con acciones que pretendan ser espectaculares, como se avance en la democracia. No habrá de ser con ataques protagónicos de algunas personas como se logre; se hará con base en la Constitución, resultado de nuestra historia. A eso ha convocado el Secretario de Gobernación: al diálogo; a avanzar en el fortalecimiento de la política en México.
La verdad en el caso Colosio, ¡por supuesto que la queremos!, no la queremos sólo, ¡la exigimos:
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome, para rectificación de hechos.
El diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome:
Con la venia del señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Frente a la variedad de temas comentados en la tribuna en los últimos minutos, frente a planteamientos algunos profundos, bien intencionados seguramente sobre la reforma del Estado, sobre el avance de nuestra democracia, sobre la madurez de nuestras instituciones, hay sin embargo la necesidad de precisar cuál es en el fondo el verdadero asunto que a través de este punto del orden del día, puede estar sujeto a debate.
En una justa medida en la visión que pretende ser y espero que lo compartan mis compañeros con el de la voz, una opinión plural de todos los asistentes a este foro, el tema a considerar, el tema a discutir, el tema a precisar, es la libertad de expresión.
Se han argumentado, se han presentado características, algunas hasta en tono burlesco, no pretenderé referirme a ellas, del señor Secretario de Gobernación.
Hace unos días, pocas semanas, por cierto, en esta misma Cámara de Diputados tuvimos en su comparecencia, una muestra singular de respeto, de presencia, sí, señera, autorizada, conceptuosa, pero, sobre todo, de respeto a la expresión abierta de todas las ideas de los diversos partidos, de las fuerzas que se conjugan para hacer posible que nuestro México hoy día sea indudablemente un México más abierto que el que teníamos, que el que nos acompañaba en nuestro tránsito histórico hasta los últimos meses.
México es ya, quizá, me enorgullezco de sentirlo así, como pocos otros países, una nación donde la libertad de expresión impera y debe tutelarse y el Secretario de Gobernación predica con el ejemplo, contestando inclusive hasta el límite que él estimó prudente, para no atribuir más candilejas a quien en su condición, respetable, pero conducción real de ciudadano, puede ya no ni requerirlas ni merecerlas.
Ese Secretario de Gobernación planteó en el discurso de Cancún una evidencia plena de respeto a la libertad de expresión. No cuestionó lo que los medios habían expresado ni siquiera pretendió en esa tribuna discernir de algunas consideraciones que se habían hecho sobre situaciones en las que podemos tener, como lo hemos expresado ya, actitudes diversas y conclusiones muy diferentes.
Lo que hizo, fue testimoniar expresa, plena, abierta pero categóricamente, la libertad de expresión como un derecho de los ciudadanos y también como una prerrogativa de los gobernantes en el diálogo que con los ciudadanos están obligados a tener.
Planteó tesis muy importantes. No es el caso en este momento glosarlas, pero hay un párrafo que fue citado ya, al que quizá no se le dieron los alcances que el autor pretendió invitar a reflexionar en ellos y que por tanto pudiéramos sentirnos obligados a releerlo o cuando menos a glosarlo ante ustedes.
Dijo el señor Secretario: "Nadie tiene derecho a imponer silencio".
El no lo impone, al contrario, invita a la discusión, expone consideraciones evidentemente valiosas, ilustradas, sobre la congruencia que también es necesaria entre el hacer y el decir, pero naturalmente, lo primero que hace al invitar al diálogo, al contestar una misiva, es sustentar con hechos ese respeto irrestricto a la libertad de expresión.
No se puede imponer silencio tampoco a un gobernante. El gobernante tiene el deber, la necesidad, diría yo, necesidad de ánimo, de cumplir su función democrática de transmitir lo que piensa, lo que crea, lo que pretende, sus programas, sus proyectos, a los ciudadanos, pero, sobre todo, tiene la obligación de dar respuesta a los cuestionamientos y cuando un Secretario de Gobernación, con valor, con franqueza, con lealtad, con sinceridad y sin ocultarse en una interpretación posible de su silencio utiliza la tribuna, definitivamente el señor Secretario de Gobernación está sustentando con hechos esa prédica que él mismo enarbola.
No pretendo ser prolijo en mis comentarios; no quiero ni llevar más candilejas a quien pudiera, como lo dije anteriormente, no requerirlas o no merecerlas. Simplemente quise sustentar ante ustedes, por las dudas que pudiera haber entre fracciones partidistas, muy respetables, de este concierto plural, que el Gobierno a través de Chuayffet brinda una interlocución válida para el mejoramiento, para la maduración de las relaciones políticas entre todos los legítimos protagonistas de las mismas.
¡Bienvenido no el silencio, bienvenida la apertura, la respuesta franca, la invitación al diálogo! ¡Eso es lo que México necesita! ¡Eso es lo que afortunadamente ya impera en nuestro marco político nacional:
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificación de hechos el diputado Ramón Sosamontes, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
El debate que debemos estar dando es el de realmente poderle garantizar a los mexicanos sus derechos, sus garantías individuales. Lamentablemente lo que estamos viendo a partir del ejercicio autoritario que se hizo desde la Secretaría de Gobernación, por el propio titular, fue al contrario: fue, como bien se ha analizado, como antaño se hacia, cuando Díaz Ordaz como secretario de Gobernación o después Echeverría desde la alta tribuna mandaba al Estado en contra de los que ellos consideraban enemigos o sus enemigos.
Y a partir de ahí, de esas indicaciones, como las que vimos en Cancún, que nos recordaron a muchos de nosotros esos tiempos de represión directa e indirecta, eso fue conminar a una persecución que hemos considerado y caracterizado como "un pleito interno del grupo en el poder".
Se ha dicho que el Gobierno tiene facultades que la libertad de expresión es una garantía y derecho individual de los mexicanos y no del Gobierno o de un funcionario a nombre del Gobierno mexicano, porque entonces le estamos dando la razón a los Manuel Bartlett o a los Otto Granados, que utilizando exactamente ese argumento, ese exactamente del supuesto derecho de los gobiernos, ¡atentan en contra de los derechos de los ciudadanos!
¿Y en esta ocasión, cuando el Secretario de Gobernación usa toda esa fuerza y grandilocuencia para criticar, sin decir su nombre, sin tener siquiera ese valor, nos está diciendo que por ahí se va a ir la medición política y por ahí va a ser una de las líneas que él va a estar desarrollando? ¡Había que preguntárselo directamente a él, para que lo responda! ¡Porque lo que vemos es que efectivamente ahora era un "pleito interno", pero, también, en Aguascalientes y en Puebla es una afrenta directa contra los ciudadanos.
No podemos nosotros permitir esto. Porque se descompone el Gobierno aún más. ¡Porque sí peligra la estabilidad política efectivamente! ¡Porque no estamos garantizando la libertad de expresión! Cuando alguien tenga derecho a decir algo: "¡Aguas, porque va en contra todo el Estado!"
Libertad de expresión, dice nuestro compañero Pérez Jácome y punto y seguido: ¡tres programas en ABC censurados! Sale la carta donde se culpa directamente a Salinas del asesinato de Colosio ¡e inmediatamente una campaña en contra de ese periódico! Eso no es garantía a la libertad de expresión, es lo contrario, es exactamente lo contrario, es estar diciendo: "¡El Estado somos nosotros y por lo tanto a partir de ahí, nada de ustedes! ¡Todo a partir de lo que deje el Estado! ¡Todo a partir de lo que el Estado permita! ¡Porque de lo contrario, pobres de ustedes, porque va entonces el aparato estatal!"
¡Y sabemos lo que es eso, lo hemos vivido en toda la historia de nuestro país! ¡No es fácil decirlo simplemente cuando hemos venido luchando para que se abra la democracia en México y para que haya, efectivamente, esa libertad de expresión, que no la tenemos, no la tenemos e insisto, basta ver las denuncias de muchos periodistas que a partir de una carta, una carta prueba de Colosio, con el asesinato, del asesino intelectual de Colosio, se ha venido sufriendo:
El asunto no es éste, la libertad de expresión, no es ése, ni siquiera el pleito interno; el asunto es que esa carta dice directamente el móvil del asesinato y en lugar de usar la fuerza del Estado uniéndonos todos para decir: ¡que venga Salinas a declarar!, en lugar de usar esa fuerza del Gobierno mexicano para decir: ¡Córdoba, a declarar!, ¡no!, hacia otros lados, hacia otros lados los reflectores y las denuncias y las exigencias, cuando la exigencia central, cuando es el asunto central, cuando es el asunto meramente político importante para la estabilidad de México, es que la Procuraduría General de la República llame a Carlos Salinas de Gortari y llame a Córdoba.
¡La prueba la está presentando la propia carta del entonces coordinador de campaña, ahí está la prueba central y ése es el fondo y eso es lo que quieren negar y eso es lo que quieren tapar y eso es lo que tenemos que evitar que suceda!
¡Tenemos que exigir el asunto central! Lo que salió después de esa publicación y ha estado saliendo ahora y es ya cercano para saber bien el móvil del asesinato del licenciado Colosio y traer a los culpables y que estén en las rejas y que estén presos, como lo pide el pueblo de México.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificación de hechos, el diputado Everardo Martínez Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Everardo Martínez Sánchez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que el tema no se debe trivializar en cuanto a hacer la consideración que es un pleito de familia, cuando el debate que se está dando es entre un representante directo del Poder Ejecutivo, como es el Secretario de Gobernación y un ciudadano, cuando lo que está inmerso en el debate es la pretensión de querer desviar intencionalmente lo que todo el pueblo de México denuncia, que en Los Pinos están los autores intelectuales del crimen contra Colosio, ése es el fondo, la forma que se le quiere dar y la desviación; aquí no podemos caer en ese engaño.
Cuando el Secretario de Gobernación con el poder del Estado se dirige a uno de los ciudadanos en su famosa carta en forma por demás agresiva y autoritaria, está dando la verdadera dimensión del responsable de la política interna de este Gobierno.
Hace más de tres meses, cuando se vendió a la ciudadanía del pueblo de México falsas expectativas con la sustitución del Secretario de Gobernación anterior, el cambio se hizo porque había en la opinión pública la inconformidad de que no se estaban resolviendo ninguno de los graves problemas que estaba aquejando al pueblo de México y se le empezaron a vender a la ciudadanía falsas expectativas: que con la llegada de Emilio Chuayffet se iban a resolver los problemas. A más de tres meses Chuayffet no ha resuelto ninguno de los problemas ya existentes desde el momento de su llegada.
Hubo algunas voces que alertamos a la opinión pública de quién era Emilio Chuayffet. Emilio Chuayffet es un autoritario con careta de demócrata, lo demostró en el Estado de México, donde reiteradamente quiso resolver los problemas poselectorales con la fuerza pública. Chuayffet no tiene la calidad moral para resolver problemas de la República cuando como director del IFE utilizó toda la infraestructura para hacerse candidato al gobierno del Estado de México y debería de abrirse una investigación exhaustiva también por el gran despilfarro de recursos que hizo durante su campaña, iguales o mayores a los que hizo Madrazo en Tabasco.
Por eso alertamos a la opinión pública que eran falsas las expectativas que con Chuayffet en la Secretaría de Gobernación se iban a resolver los problemas que ya estaban gravemente profundizados.
Lo que estamos ahorita viviendo es un autoritarismo que no debemos admitir que se esté dando en el concierto de los graves problemas que nos aquejan. Emilio Chuayffet está confundiendo cuando hace reclamos de lealtad con el servilismo, fue uno de los que alabó reiteradamente a Carlos Salinas en las visitas al Estado de México despilfarrando grandes recursos en acarreos multitudinarios, donde reiteradamente lo llamó "gran estadista", por eso es que Emilio Chuayffet está pretendiendo ocultar su cordobismo que lo llevó a la gubernatura del Estado de México, está ocultando que llegó a la Secretaría de Gobernación en un reacomodo de fuerzas para congraciarse con otro cordobista como lo es Carlos Hank González.
Esos tres siniestros elementos de la política nacional son a los que apunta la ciudadanía como responsables de la crisis política que vivimos y del crimen de Colosio en Lomas Taurinas...
El Presidente:
Señor diputado, su tiempo ha concluido; sírvase redondear su intervención por favor.
El diputado Everardo Martínez Sánchez:
Por eso es que para concluir mi intervención les hago un llamado a que no caigamos en la trivialidad ni en el desvío de la atención; el fondo subsiste, las formas las quieren cambiar, exijamos que se aclare quiénes fueron los autores intelectuales que ya la ciudadanía y la opinión pública están señalando y que Chuayffet no va a poder ocultar a través de su autoritarismo y por ese simple hecho Chuayffet debe salir de la Secretaría de Gobernación, porque no garantiza ni pluralidad ni garantiza en esta coyuntura que sea el más idóneo para llevar a cabo la reforma del Estado.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificación de hechos el diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Javier González Garza:
Gracias, señor Presidente:
En la situación que se ha mencionado, difícil de por sí, quiero referirme a los excesos de Chuayffet. El licenciado Emilio Chuayffet es responsable de la política interior del país, no de la política interior de un partido político. No se puede permitir que la fuerza del Estado aplicada a través del Secretario de Gobernación contra un hombre quede impune.
Si el licenciado Camacho es culpable o no de haber realizado conductas ilícitas, si el Secretario de Gobernación así lo cree, que presente las denuncias correspondientes, pero el linchamiento político del que fue objeto en el discurso de Cancún no puede permitirse.
Efectivamente el Secretario de Gobernación invita a la discusión, lo ha hecho en reiteradas ocasiones, pero después del discurso, después de ese discurso impide la discusión con aquél al que dirigió ese linchamiento desde un lugar privilegiado del país, argumentando que no tiene representación, que no tiene representatividad, cuando él mismo se la había otorgado al hacerlo directamente en el discurso hacia esa persona.
El discurso de Emilio Chuayffet es inadmisible en un país democrático. Si en este país se deja pasar una injusticia contra un hombre porque a alguien le conviene en el poder, entonces llegaremos a un retroceso político contrario a lo que se proclama.
Las cortinas de humo que hoy se construyen sobre el asunto fundamental que es el de los asesinatos políticos, pueden llevarnos a una situación más peligrosa que éstos. Es mucho mejor que se proceda legalmente, abiertamente, para encontrar la verdad, para castigar a los culpables, pero no permitamos que el clima político se deteriore más, no permitamos que avance la línea planteada en el discurso de Cancún, es un discurso autoritario que retrocede en la vida política nacional, por varias décadas, no es admisible que desde el poder se pretenda hacer esos linchamientos y todo quede impune, a riesgo de que nuestra convivencia política sufra aún más deterioro.
Vayamos por la verdad, castiguemos a los culpables y dejémonos de cortinas de humo.
Gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Ramiro Calvillo Ramos, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ramiro Javier Calvillo Ramos:
Con su venia, señor Presidente:
En esta tribuna, la más alta de la nación, se han mencionado hechos e imputaciones que pueden ser muy serias si no se tienen las pruebas.
Para quien mencionó que el ex presidente de México y el señor Córdoba Montoya son responsables del homicidio de Luis Donaldo Colosio, en el carácter de autores intelectuales, estamos atentos para que acuda a la Procuraduría General de la República y ahí manifieste lo que sabe y lo que vino a decir a esta tribuna.
Estas declaraciones, compañeros diputados, son las que nos afectan en la vida económica, en la vida de las empresas y en la vida de los trabajadores de México y si no, que se vea hoy cómo se cotiza el peso mexicano.
Compañeros: el protagonismo de los que no tienen remedio ya ha causado suficientes daños al país. Sus aspiraciones desmesuradas, claras, notorias y de declaraciones personales por la presidencia de la República, le han llevado a anteponer intereses personales y de grupo en perjuicio de la nación.
La Secretaría de Gobernación ha dado respuesta a la carta que le envía el licenciado Camacho al Secretario del ramo en su carácter de ciudadano y el Secretario de Gobernación le dio respuesta como autoridad, negándose a un debate porque hay intereses más importantes que incumben a toda la nación, que atender a una posición protagónica de un individuo que tuvo un cargo público pero que hoy ya no lo ostenta.
El señor Secretario de Gobernación ha sido claro y ha sido preciso. El Secretario de Gobernación ha defendido su postura y creo que esto no debe ser censurable.
Ya se ha dicho aquí que no criticó las posiciones del licenciado Manuel Camacho en el sentido de querer debatir en los medios de comunicación y con quien el mismo Secretario de Gobernación escogiera de estos medios de expresión de la nación.
Compañeros diputados: es incuestionable que el señor Manuel Camacho Solís debe de ser mesurado también en su actuar y atender no a los grupos, sino a los intereses superiores de la nación.
Por otro lado yo quisiera recordarle al compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que el señor gobernador del Estado, en ese entonces Emilio Chuayffet, obtuvo la mayor votación que se ha tenido para ese cargo en el Estado de México y que debo recordarle que en su salida del IFE fue reconocido por todos los partidos políticos y por todos los integrantes del Instituto Federal Electoral como una persona que había luchado, como un funcionario que había buscado siempre la conciliación y el acuerdo, en lugar del disenso.
Los ataques que hoy aquí se vierten son injustificados y yo los conminaría respetuosamente a todos ustedes, para que atendamos los problemas nacionales y dejemos éstos que ya fueron contestados oportunamente por el Secretario de Gobernación, para que nos dediquemos a los problemas de fondo nacionales y dejemos éstos que ya fueron debidamente aclarados por la autoridad, en un acto de autoridad, en el que la Secretaría de Gobernación expuso con claridad sus puntos de vista y que son apegados a derecho, que son apegados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra el diputado Everardo Martínez Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Everardo Martínez Sánchez:
Gracias, señor Presidente.
Miren, compañeras y compañeros diputados: me parece realmente una desproporción la aseveración que hizo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra al decir que por ese tipo de declaraciones nos encontramos en la crisis económica que padecemos. Es verdaderamente miope no querer reconocer que el sistema neoliberal que impulsó brutalmente Carlos Salinas de Gortari es la causa verdadera de la crisis económica que estamos padeciendo y decir que Emilio Chuayffet salió del IFE con el reconocimiento de todos los partidos políticos no vale absolutamente nada, porque le recordaría que cuando Carlos Salinas de Gortari salió de Presidente la inmensa mayoría de los priístas también lo aplaudieron y ahora yo creo que una gran mayoría de esos que lo aplaudieron lo denuestan y lo rechazan. Entonces no tiene ningún valor ese reconocimiento a que alude.
Lo que quiero dejar asentado cuando dije que era inmoral la utilización de los recursos de que hizo gala Chuayffet cuando estuvo de director general del IFE, ya que no tuvo ningún escrúpulo que con la credencial de elector con que se votó en el Estado de México llevaba impreso el nombre y la firma del director del IFE y dice que tuvo la más alta votación en el Estado de México.
Le quiero recordar que hicimos una denuncia oportuna y por eso la urgencia de la reforma del Estado, donde haya órganos electorales imparciales, porque se puso oídos sordos a lo que en el momento se documentó. Ese día casualmente jugaba la selección de futbol y hasta las cinco de la tarde por declaraciones del responsable electoral, nada más había el 50% de los votos totales y en la última hora mágicamente se depositaron los otros millón y tanto de votos.
Salía a proporción de un votante por cada nueve segundos y que todos acudieran a las 10 mil y pico de casillas que se instalaron en el Estado de México, lo cual matemáticamente era imposible. En esa forma obtuvo Emilio Chuayffet los votos con los que dice fue la votación más grande en el Estado de México, pero no dijo nada del despilfarro de recursos inmensos que se hizo para esa campaña, ni el despilfarro de recursos que hizo sistemáticamente durante todo el ejercicio de Gobierno en el cual estuvo él presente.
Yo creo que no es sustentable, ni lo puede demostrar tampoco el diputado que me antecedió la validez y la legitimidad de esos votos.
Por eso yo reitero que la careta de demócrata que exhibe Emilio Chuayffet, esconde su autoritarismo y no garantiza en la posición que ocupa ser el mediador para una transición democrática que el país reclama y exige.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos el diputado Roberto Campa Cifrián, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Roberto Rafael Campa Cifrián:
Con su permiso, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados:
Nos parece importante venir a esta tribuna para aclarar y precisar, para refutar algunas de las afirmaciones que han hecho aquí diputados, compañeros del Partido de la Revolución Democrática.
Aquí se ha hablado de un gobierno represor que limita libertades y se ha hablado también del tendido de cortinas de humo para desviar la atención de lo fundamental y no ir al fondo de los asuntos que interesan a los mexicanos.
No estamos de acuerdo con ninguna de las dos aseveraciones. Nos parece que si podemos ubicar y encontrar a un gobierno, alejado de afanes autoritarios, un Gobierno que ha hecho del ejercicio del poder una práctica republicana y apegada a las facultades de la Constitución, ése es el Gobierno del presidente Zedillo.
Los reclamos, incluso de algunos grupos, son para que actúe de manera distinta, son para que actúe exactamente de la manera opuesta de como lo está haciendo. Un Presidente que ha sujetado su actuar estrictamente a lo que dice la Constitución; un Presidente que ha impulsado reformas, incluso para limitar el poder presidencial que ha modificado la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial; que ha modificado sin duda la relación del Ejecutivo con el Poder Legislativo y que ha modificado, tampoco hay duda, la relación del Ejecutivo con los partidos políticos, principalmente con el Partido de la Revolución Democrática.
Un Presidente que ha cambiado su relación con los medios, para hacerla mucho más respetuosa y apegada a la legalidad. Ese es el Gobierno del presidente Zedillo.
Debo decir que no hay ninguna intención para tender cortinas de humo; la carta, la famosa carta de la que se ha venido hablar aquí, no es un documento nuevo para la Procuraduría General de la República, no constituye novedad alguna para el Ministerio Público.
Hoy los medios de comunicación dan cuenta que esa carta forma parte del archivo ministerial de hace por lo menos dos meses.
Nadie pretende hacer cortinas de humo, nadie lo pretende y mucho menos lo pretende un Presidente que le ha dado la responsabilidad de la conducción de las investigaciones a un partido distinto al suyo.
Conviene recordarlo aquí para convencernos de que no hay ningún afán de complicidad en el esclarecimiento de la muerte de Luis Donaldo Colosio; conviene precisarlo aquí, el responsable de la investigación es Antonio Lozano Gracia, el Procurador General de la República, que forma parte de un partido distinto al del Presidente de la República.
Conviene precisar también aquí que ese Procurador tiene absolutamente toda la libertad, la libertad inclusive que da la interpretación de la Constitución por el Presidente, mediante la cual ni siquiera tiene la posibilidad el titular del Ejecutivo de influir en las decisiones del Ministerio Público Federal.
Hay que decirlo aquí y hay que precisarlo: no hay ningún afán de complicidad. No se pretende tender cortinas de humo, lo que se pretende desde la Presidencia de la República y sin duda lo que se ha demandado desde el principio en el Partido Revolucionario Institucional, es que se aclare el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Que no se nos olvide. Ese fue el grito de los priístas, desde que llegó aquí el cuerpo de Luis Donaldo Colosio al Distrito Federal. Esa fue la exigencia de los priístas en cada evento donde se evoque el nombre de Luis Donaldo Colosio. Lo que el PRI está exigiendo es que se aclare de fondo y que se sepa quién mandó matar a Luis Donaldo Colosio. Eso es lo que queremos los priístas.
Yo debo decir, compañeras y compañeros, que me parece importante advertir esta actitud del Partido de la Revolución Democrática, que no ha cambiado desafortunadamente, aunque ha habido tantos cambios en el otro lado, pareciera que solamente les va bien cuando al país le va mal. Que solamente pueden venir aquí, a esta tribuna y a las otras y disfrutar la realidad de la situación, cuando al país le va mal.
Pero dejamos claro los miembros del PRI. Lo que exigimos, lo que hemos demandado desde el principio, es que se aclare el asesinato. Hoy están en manos la investigación y la aclaración en un Procurador que forma parte de un partido distinto al nuestro, porque no tenemos nada que ocultar, los partidos no somos autoridad condenatoria o persecutoria, no sabemos quién mató a Luis Donaldo Colosio.
Pero si decimos que todos aquellos que tengan algo que decir, que sean llamados a declarar, que lo haga el Procurador y que se aclare quién mató a Luis Donaldo Colosio.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificación de hechos la ciudadana diputada María del Rosario Robles Berlanga, hasta por cinco minutos.
La diputada María del Rosario Robles Berlanga:
Gracias:
compañeras :
compañeros diputados.
Creo que estamos llegando efectivamente al aspecto cardinal de la discusión que estamos dando en estos momentos. Lo que aquí hemos venido a plantear diputados de los diversos partidos de oposición, es sobre todo la necesidad de que se desvíe la investigación en relación al asesinato de Luis Donaldo Colosio y fundamentalmente la necesidad de resguardar las instituciones para garantizar la libertad de todos los mexicanos.
Y cuando escuchamos a los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, de repente quisiéramos, de veras que quisiéramos escuchar a diputados de un partido político y no a diputados que vienen y hablan y justifican a nombre de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación.
Quisiéramos, ya que hablamos de reforma del Estado y hablamos del cambio tan importante para las instituciones, que realmente tuviéramos un Partido Revolucionario Institucional autónomo que viniera a exigir el esclarecimiento sobre la muerte de su candidato a la presidencia de la República.
Y así como hoy vienen y defienden la actitud republicana del Presidente y del Secretario de Gobernación, en el pasado defendían la actitud republicana de en ese momento, Carlos Salinas de Gortari y ya estamos viendo los resultados.
Pero yendo al punto quisiera plantear lo siguiente, me parece muy importante lo que plantea aquí el diputado Roberto Campa. El aquí ha señalado que los priístas demandaron, que fueron los primeros en demandar el esclarecimiento del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
El ha dicho aquí, en nuestra tribuna, que exigen que se esclarezca. El ha planteado que son los primeros interesados en que se resuelva y que declare ante la Procuraduría todo aquel que tiene que declarar. Pero, señor diputado, tenemos más de un año de declaraciones y es increíble que seamos la mayoría de los mexicanos los que les tengamos que decir a los del PRI que peleen para que se esclarezca el asesinato de Luis Donaldo Colosio y usted me dice que no y yo le pido que suba a esta tribuna y que ratifique lo siguiente: ¿está usted de acuerdo que todos nosotros los diputados le digamos a la Procuraduría lo que le dijeron ayer todos los mexicanos, una gran proporción al diario Reforma, que declare Carlos Salinas de Gortari y que declare José Córdoba.
Ahí es donde vamos a demostrar realmente si estamos dispuestos a que se llegue al fondo, no que se busque "chivos expiatorios", no que se esté pensando en dejar la investigación a niveles elementales sino realmente que declaren quienes ya están siendo enjuiciados por el pueblo de México y yo le pido, diputado, que pase a la tribuna no solamente a hacer declaraciones, sino a ratificar conjuntamente con todos los demás que la Procuraduría cite ya de manera inmediata a Carlos Salinas de Gortari y a José Córdoba. Esperamos su respuesta, señor diputado.
El Presidente:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales el diputado Roberto Campa Cifrián, hasta por cinco minutos.
El diputado Roberto Rafael Campa Cifrián:
Compañeras y compañeros diputados:
Yo quiero precisar que en mi respuesta no hay de ninguna manera el afán de proteger o de encubrir a nadie; pero lo que ha venido aquí a proponer la preopinante es un absurdo de índole mayor. Se trata de convertir la administración, la procuración y los asuntos judiciales en asuntos de debate público. Imaginemos el extremo al que llegaríamos si en los asuntos de índole judicial hiciéramos encuestas para saber si alguna gente es llamada a declarar, se le condena o se le absuelve.
Quiero reiterar que no se trata de ninguna manera de exculpar o de proteger a nadie; pero tenemos que hacer propuestas y planteamientos apegados de manera elemental a la norma. No se trata desafortunadamente de convertir un asunto de índole estrictamente jurídico y judicial en un asunto que se resuelva por las tendencias y las opiniones que se dan a través de las encuestas en los medios de comunicación.
Yo creo que los compañeros abogados del PRD estarán de acuerdo en que de ninguna manera puede concederse la petición que hace aquí la compañera diputada, porque eso sería ir en contra del más elemental sentido de la ley y de la norma. La propuesta que aquí se hace es que de aquí en adelante a partir de este asunto sean las encuestas de opinión las que determinen el actuar de las autoridades encargadas de la procuración y la administración de la justicia.
Lo que venimos aquí es a exigir que si el Ministerio Público tiene elementos para citar a declarar, para llamar a declarar a quien quiera que sea que lo haga. Eso sí lo venimos a decir aquí, no condenamos a nadie, no exculpamos a nadie, decimos: con esa libertad que se ha pregonado y que tiene el Ministerio Público Federal, que todos aquellos que tengan elementos para ser llamados a declarar se les llame y que den su versión para enriquecer la información en este asunto.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para contestar alusiones personales, la diputada María del Rosario Robles Berlanga.
La diputada María del Rosario Robles Berlanga:
Compañeras y compañeros diputados:
¡Dios nos libre de entregarle a usted el Ministerio Público, estaríamos cometiendo efectivamente una gran aberración:
Lo que nosotros le estamos preguntando a usted y a los diputados de su partido, es si están dispuestos como representantes populares que son, si están dispuestos a unirse y a ser portavoces de un reclamo nacional. El reclamo que está en todo el país a lo largo y ancho; que está en los medios de comunicación; que está en la opinión de la mayoría de los mexicanos.
¿Están, sí o no y aquí hay que ser muy categóricos están, sí o no dispuestos a unirse a este reclamo nacional? Si no lo están y si usted no nos puede responder esto aquí en la tribuna, es que le están dando una vez más la espalda a la nación.
Gracias.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Para rectificación de hechos.
El Presidente:
Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Jorge Ocejo, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
Con su venia señor Presidente; señoras y señores diputados:
Hace ya buen tiempo, el Partido Acción Nacional por mi conducto, vino aquí a hacer un planteamiento que desafortunadamente hoy y en este momento, ha ido hacia asuntos también de importancia, pero que no era precisamente lo que se había planteado en el debate de esta tribuna.
El Partido Acción Nacional vino precisamente a hacer un cuestionamiento sobre lo que es una función de gobierno y no una confusión de quien ejerce esa función de gobierno con sus propias militancias partidistas.
Es decir, que algunas de las declaraciones en el discurso de Can Cún, del licenciado Chuayffet, hacían referencia precisamente a alguien que podría hacer daño al país y en consecuencia aquí pusimos que si hay alguien que está haciendo daño al país, se vaya por las vías precisamente del derecho.
Se han vertido aquí opiniones muy importantes con algunas de las cuales estamos de acuerdo y con otras con las que no conciliamos tampoco. Pero lo importante que consideramos que era en este debate, es precisamente el ir por las vías del derecho.
Si nos estuviéramos ateniendo a que por las vías del derecho y no tanto en las discusiones que se hablan a través de la prensa y de diversos interlocutores, sino por las vías del derecho se guarden todas las condiciones para la investigación de los crímenes para las posiciones que tiene que guardar un jefe de Gobierno etcétera, las cosas marcharían mucho mejor.
Ese es el punto que nosotros vinimos a plantear y que hoy nuevamente rectificamos: se tiene que ir por la vía del derecho y nadie puede salirse de esas vías del derecho y consecuentemente nos extraña y nos ha extrañado y por eso lo pusimos en esta mesa de discusiones, el que una función tan importante como es la del Secretario de la Política Interior, el que tiene la responsabilidad de la política interior del país, estuviese en una posición que nos indicaba o que nos indica, posiciones en las cuales actuaba o estaba proponiendo términos en relación de su militancia partidista y no como lo que es: secretario de Gobernación.
Y nosotros pedimos que en todo caso, si hay algunos agravios o alguien que pueda refutársele un delito, el Secretario de Gobernación tiene que actuar en consecuencia por las vías legales.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Leonel Godoy, hasta por cinco minutos.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Creo que el tema se presta para que el día de hoy en esta honorable Cámara precisemos una cuestión importante para este país. El sistema de justicia mexicano, evidentemente que a partir de los asesinatos relevantes que iniciaron desde 1993 con mayor fuerza que en otros años, ha sido sometido a una dura evaluación por los mexicanos, es un sistema que también requiere ser revisado y que debe de modernizarse; que efectivamente no responde en estos tiempos nuevos del crimen organizado, a las demandas de los mexicanos de una justicia pronta y expedita.
Pero también me parece muy grave y por eso pasé a la tribuna, porque creo que nosotros aquí y hoy, debemos de decir que no debe de politizarse la justicia en este país. No es posible que para llamar a alguien ante la justicia, cuenten las encuestas o la popularidad o la impopularidad de alguien; no es posible que para que alguien acuda ante el Ministerio Público, porque le resulte, cita en virtud de la integración de una averiguación previa, tenga que ver con que haya o no firmas en este país para presentar. Yo estoy y lo digo a título personal, en contra de esa visión de la justicia.
Creo que nosotros, los diputados, tenemos la obligación de defender el sistema de justicia mexicano.
Me parece grave que el diputado Campa haya venido a decir aquí y no estoy defendiendo al PAN ni a Antonio Lozano, sino quiero defender al Ministerio Público, al titular de la procuración de justicia en este país, que la responsabilidad de la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio o de cualquier otro mexicano de alto o bajo nivel, distinguido o no, se le entregue supuestamente esa investigación a un partido político. No estoy de acuerdo con esa afirmación, diputado. No puedo estar de acuerdo ¡jamás! Con esa afirmación.
Antonio Lozano tiene la obligación de responder como persona, como jurista del cargo que ostenta y no un partido político, independientemente de que sean las intenciones o no del presidente del partido político mismo.
Nosotros, creo para mí, debemos de defender el principio de derecho o los principios de derecho, las garantías que nos da nuestra Constitución para tener un sistema jurídico donde la seguridad jurídica, donde las garantías individuales se consagran y se defienden plenamente. Por eso a mí el día de hoy, me parece que debemos de diferenciar la cuestión. Yo creo que sí es cierto que hay un reclamo y ése es el problema, no nada más de la sociedad por sí misma en que Salinas comparezca ante la autoridad, sino de las propias investigaciones; pero esto no debe ser fruto de encuestas y de reclamos de diputados o no.
A mí me parece que el asunto de la comparecencia de Salinas es de la estricta responsabilidad de la Procuraduría General de la República y tendrá su responsabilidad histórica, esa verdad histórica que planteó Alejandro hace buen rato, que es la obligación del Ministerio Público, tendrá su responsabilidad histórica si no comparece. Pero nosotros, los diputados ni la ciudadanía podemos presionar al sistema de justicia para que esto ocurra.
Este país debemos de hacerlo un país de leyes, un país de instituciones y fundamentalmente para mí, en este momento, el principal sistema que requiere de defensa, precisamente por lo endeble, por lo contaminado por la corrupción y por la ineficiencia que tiene, es el sistema de justicia. Tenemos que defender nuestro marco constitucional y ese sistema de justicia y tenemos que impulsar en esta Cámara una reforma constitucional y una reforma legal, profunda, que modernice nuestro sistema de justicia, pero que lo mantenga en apego estricto al derecho y a la Constitución.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PERMISO PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El Presidente:
Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Cámara de Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 21 al 25 de octubre de 1995, a fin de asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 10 de octubre de 1995.- Senadores Manuel Medellín Milán y Ricardo González Cruz, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. se concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional del 21 al 25 de octubre de 1995, a fin de que asista a la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar en la cuidad de Nueva York, Estados Unidos de América.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 10 de octubre de 1995. Senadores Eugenio Ruiz Orozco, presidente; Manuel Medellín Milán y Ricardo González Cruz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 10 de octubre de 1995.- El Oficial Mayor, licenciado Alberto Navarro Manrique.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera, por favor.
ORDEN DEL DIA
El secretario Francisco Martínez Rivera:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Jueves 12 de octubre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de diputados.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y Guanajuato.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gerardo Torner Márquez, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Aurelio Pérez y Sánchez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Antonio José de Irisarri, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Alfredo Jiménez Hernández, para que pueda prestar sus servicios como chofer/mensajero, en la Embajada de Jamaica en la Ciudad de México.
Sobre el aniversario del fallecimiento del general Manuel Avila Camacho, a cargo del diputado Cándido Pérez Verduzco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 15:07 horas):
Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el jueves 12 de octubre, a las 10:00 horas.
Se pasa a sesión secreta.
| Cofipe | Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales |
| Coparmex | Confederación Patronal de la República Mexicana |
| D.F. | Distrito Federal |
| Fovissste Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Infonavit | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PIB | Producto interno bruto |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |