Presidencia del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez

ASISTENCIA

El Presidente:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quorum reglamentario.

El secretario Francisco Martínez Rivera:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 301 diputados, por lo tanto hay quorum.

El Presidente (a las 11:53 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Francisco Martínez Rivera:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.

Martes 24 de octubre de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California Sur, Hidalgo y Oaxaca.

Decreto que modifica la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rafael Jacobo García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al embajador Vicente Luis Coca Alvarez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Sikatuna, que le confiere el gobierno de la República de Filipinas.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Marcela Lombardo Otero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Amistad, que le confiere el gobierno de la República Socialista de Vietnam.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Gallatin Stebelski Orlowski, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Polonia en Tulancingo, con circunscripción consular en los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Ignacio López Martínez y Pascual Vargas Lucio, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Cruz de Maarjamaa, en Grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.

Informe de la Comisión Especial de Seguimiento de las Investigaciones en el caso del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.

Informe de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Informe de la Comisión de Pesca.

Sobre el proceso electoral en el Estado de Puebla, a cargo de la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Pronunciamiento sobre hechos acontecidos en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz,

a cargo de la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia, a cargo del diputado Cesar Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el aniversario de la Constitución de Apatzingán, a cargo del diputado José Luis González Aguilera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre las tarifas de Teléfonos de México, a cargo del diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión anterior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado
Jorge Urdapilleta Núñez

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta y dos minutos del jueves diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de doscientos ochenta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.

La misma Secretaría da lectura a los siguientes documentos:

Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo octagésimo primer aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Durango y Tamaulipas, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

Otro oficio de la misma Secretaría, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Armada nacionales. Se turna a las comisiones de Defensa Nacional y de Marina.

Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:

Marcela Lombardo Otero, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Socialista de Vietnam:

Alberto Gallatin Stebelski Orlowski, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Polonia en Tulancingo, con circunscripción consular en los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala:

Juan Ignacio López Martínez y Pascual Vargas Lucio, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Luis Coca Alvarez, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Filipinas. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Se da primera lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Perla Gutiérrez de Cavagna, pueda aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Italia en Acapulco, Guerrero.

Se someten a discusión tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:

Aurelio Pérez y Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Guatemala. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto:

Gerardo Torner Márquez, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto:

José Alfredo Jiménez Hernández, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Jamaica en México.

No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y nueve votos.

Se turnan al Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal, según corresponde, para los efectos constitucionales.

Para comentar el Día Mundial de la Alimentación, sube a la tribuna el diputado Alfonso Martínez Guerra, del Partido Acción Nacional.

A fin de expresar sus opiniones respecto de la conmemoración del voto de la mujer, hacen uso de la palabra las diputadas: Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Alicia Céspedes Arcos, del Partido Acción Nacional y María Elena Yrizar Arias, del Partido Revolucionario Institucional.

Para hacer comentarios en torno al Premio Nobel de Química, hace uso de la palabra el diputado Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática.

Por instrucciones del Presidente, se da lectura a un oficio de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para que pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Estonia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Hacen comentarios sobre los resultados de la Quinta Cumbre Iberoamericana, los diputados: Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, quien hace un pronunciamiento; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática y Alfonso Molina Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional.

Se da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que envía iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley del Banco de México y Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Para comentar Ia situación económica y social en el Estado de Hidalgo, se concede el uso de la palabra a los diputados: Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática; Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Hugo Meneses Carrasco, del Partido Acción Nacional; Mario Alberto Viornery Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y, en el mismo sentido, el diputado Miguel Angel Islas Chío, del Partido Revolucionario Institucional.

Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura a un documento que contiene los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto de los trámites para las iniciativas rechazadas. Se turna a las comisiones legislativas.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Augusto Cesar Leal Angulo, del Partido Acción Nacional, quien comenta lo que calificó de deterioro y salvación de la industria mexicana.

Sobre el mismo tema expresan sus opiniones los diputados Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática y Miguel Acosta Ruelas, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.

Para comentar la situación de los trabajadores de la petroquímica secundaria, hacen uso de la palabra los diputados Jorge Wade González, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo que se turna a las comisiones de Energéticos y de Hacienda y Crédito Público y Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática.

Se concede el uso de la palabra al diputado Samuel Armando Ayala Luevanos, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere a la preservación ecológica del Río Bravo y presenta un documento que se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos.

Para hablar sobre el aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, hacen uso de la palabra los diputados Isabel Molina Warner, del Partido de la Revolución Democrática y José Carmen Soto Correa, del Partido Revolucionario Institucional.

Para comentar las secuelas de la explosión del 22 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hace uso de la palabra el diputado Carlos Núñez Hurtado, del Partido de la Revolución Democrática.

Se concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere al aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con diecinueve minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:

Se va a dar lectura a varias comunicaciones;

«Escudo Nacional.-Estado de Baja California Sur.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.

Por este conducto, tengo a bien comunicar a usted, que el pleno de esta VII Legislatura, en sesión celebrada el día 19 de septiembre del año en curso, ha designado a la licenciada María Concepción Ruelas Rangel, como Oficial Mayor de este Congreso del Estado.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales correspondientes, reiterándole nuestra más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

La Paz, Baja California Sur, a 20 de septiembre de 1995.—El presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso, diputado Héctor Jiménez Márquez.»

De enterado.

ESTADO DE HIDALGO

La secretaria María Leticia Calzada Gómez:

«Escudo.- Poder Legislativo.- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En debido cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19, 21 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos el honor de comunicar a ustedes que el día 27 de septiembre del presente año, se dio apertura al tercer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al receso del primer periodo de sesiones ordinarias, del tercer año de ejercicio constitucional, de la LV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el cual, por haberse diligenciado en su totalidad los asuntos contenidos en el acuerdo emitido por la Comisión Permanente, fue clausurado el mismo día de hoy.

Para tal efecto se eligió a los miembros de la directiva que llevó a cabo los trabajos, quedando integrada de la siguiente forma:

Presidente: Víctor Rosalino Zerón Amador; vicepresidente: Alfredo Tovar Gómez; secretarios propietarios: Federico Hernández Barros, Daniel Ludlow Kuri y secretarios suplentes: Mario Vera Leyva y Alejandro Hernández Ballina.

Agradeciendo de antemano se sirvan tomar nota de lo anterior, aprovechamos la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pachuca, Hidalgo, 27 de septiembre de 1995.- diputados secretarios: Federico Hernández Barros y Daniel Ludlow Kuri.»

De enterado.

ESTADO DE OAXACA

La secretaria Alicia González Cerecedo:

«Escudo Nacional.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión-. México, D.F.

Nos permitimos comunicar a ustedes que ayer a las 11:00 horas del día, con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Política local, fue instalada legalmente la LVI Legislatura Constitucional del Estado, en la forma siguiente: diputados propietarios: Jorge Samuel Vargas Guzmán, Jorge Walberto Carrasco Silva, Javier Jiménez Herrera, Gloria Graciela Altamirano Portillo, Cristóbal Carmona Morales, Venustiano Gutiérrez Reyna, José Benito Hernández Altamirano, José Humberto Cruz Ramos, Luisa Cortés Carrillo, Miguel Angel Medina Morales, Reynaldo Fernández Santiago, Rosalío Mendoza Cisneros, Tomás José Acevedo Rosas, Saúl Bolaños Bolaños, Germán Ramírez López, Herminio Manuel Cuevas Chávez, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Javier García Sánchez, Moisés Jaime Bailón Corres, Teódulo Domínguez Nolasco, Narciso Abel Alvarado Vázquez, Sadot Sánchez Carreño, Vicente de la Cruz Santiago, Cuauhtémoc Fuentes Villanueva, José Soto Martínez, Rafael Felicitos Heredia Salinas, Ismael Matus Gutiérrez, José Isaac Jiménez Velasco, Armando Belmares Sarabia, Delfino Santiago Pérez, Mariano Santana López Santiago, Manuel Pérez Morales, Isaac Raúl López Cruz, Eleazar Guillermo Velasco Vázquez, Leopoldo de Gives de la Cruz, Pedro Marcelino Silva Salazar, Pedro Miguel Pastor, Andrés Salinas Valdivieso, Norma Reyes Terán, Miguel Herrera Lara, David León Ramírez y Antonio Ernesto Hernández González.

Diputados suplentes: Javier Villacaña, Eva Cruz Molina, José Manuel Mendoza M., Anastasio Sosa Sánchez, Rosario Villalba Couder, Víctor Hugo Noguchi Ambriz, Crispín Olivera, José Manuel Ricárdez, Fausto Mijangos Reyes, Daniel Quiroz Martínez, Ausencio García Reyes, Manuela López Lucas, Manuel Gómez García, Adán López Zacarías, Samuel Rosales Olmos, Gelasio López Cruz, Federico Meza Anzures, Gonzalo Sánchez Avalos, Heliodoro Ríos Arellanes, Pablo Jerónimo Carvajal, Alfonso Peral Villavicencio, Germán Rojas Walls, Héctor Matus, Vicente Romualdo Velázquez, Víctor Virgen, María de la Luz González Valle, Juan Sánchez Charis, Orlando Rodríguez García, Gerardo Jesús Vasconcelos E., Celso Jorge García Sumano, Onésimo Sibaja Lorenzo, Simón Néstor Ruiz Hernández, Antonio Ricárdez Limón, Tomás Gaspar Jiménez Lázaro, Saúl Vicente Vázquez, Raymundo Humberto Ramírez, Héctor Omar Cortés Gaspar, René Arizmendi Villalobos, Bernardino Vázquez Calderón, Antonio González Herrera, Juan Bautista Olivera G. y José Francisco Melo Torres.

Asimismo comunicamos a ustedes que el día de hoy, también con estricto apego a la ley, la LVI Legislatura local, abrió su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de su ejercicio legal, quedando integrada la mesa directiva para la segunda quincena del mes de septiembre, en la siguiente forma: presidente, Javier Jiménez Herrera; vicepresidente, Rafael Felicitos Heredia Salinas.

Secretarios que fungirán durante el primer año legislativo: primero, Luisa Cortés Carrillo; segundo, Jorge Walberto Carrasco Silva; tercero, Reynaldo Hernández Santiago; cuarto, Eleazar Guillermo Velasco Vásquez.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.

Oaxaca de Juárez, a 16 de septiembre de 1995.- Reynaldo Hernández Santiago y Eleazar Guillermo Velasco Vásquez, diputados secretarios.»

De enterado.

El secretario Claudio Manuel Coello Herrera:

«Escudo Nacional.-Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Nos permitimos comunicar a ustedes que el día de hoy 21 de septiembre del año en curso, a las 11:00 horas, con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca en vigor, se eligió la Gran Comisión de la LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, quedando integrada de la siguiente forma:

Presidente: Sadot Sánchez Carreño; secretario: Moisés Jaime Bailón Corres; prosecretario: Manuel Pérez Morales; primer vocal: José Isaac Jiménez Velasco; segundo vocal: Narciso Abel Alvarado Vásquez; tercer vocal: Saúl Bolaños Bolaños y cuarto vocal: Elpidio D. Concha Arellano.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.

Oaxaca de Juárez, a 21 de septiembre de 1995.- Reynaldo Fernández Santiago y Eleazar Guillermo Velasco Vásquez, diputados secretarios.»

De enterado.

LEY GENERAL DE EDUCACION.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Rafael Jacobo García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que modifica la fracción Xl del artículo 7o. de la Ley General de Educación.

El diputado Rafael Jacobo García:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hago uso de esta tribuna para presentar a ustedes un proyecto de iniciativa de decreto que modifica la fracción Xl del artículo 7o. de la Ley General de Educación.

El propósito de hacer esta propuesta, es porque considero que el problema del agua es uno de los problemas fundamentales en estos momentos en nuestro país.

El uso y el aprovechamiento del líquido, todos sabemos que no lo estamos aprovechando ni usando adecuadamente, además porque todo el sistema ecológico se viene deteriorando cada día y esto hace que las lluvias se estén retrasando y se esté causando con ello un gran perjuicio al país, a toda la ecología. En ese sentido el agua se está escaseando. Requerimos tomar medidas urgentes para que el uso del agua y su aprovechamiento se convierta en una cultura, una cultura que tiene que venir de un problema desde que nosotros estamos o desde los niños, para no hablar de nosotros que ya somos adultos, tiene que ser un problema que tiene que adquirirse desde que el niño empieza a tener uso de razón y pienso que tiene que ser un problema que tiene que estar relacionado con todo el sistema educativo.

De ahí pues que requerimos que todos hagamos conciencia de esta necesidad, los grandes industriales, los pequeños industriales, todos los que usamos...

El Presidente:

Permítame, señor orador.

Esta Presidencia pide a todos, compañeras y compañeros diputados ocupen sus asientos y por favor se suplica también se despeje el pasillo. Prosiga, señor orador.

El diputado Rafael Jacobo García:

Los productores agrícolas, grandes y pequeños también, que tengamos la posibilidad de aprovechar el recurso de la manera adecuada, que contemos con una cultura para poder contribuir en el aprovechamiento de este líquido tan valioso para todos, no solamente los humanos sino los animales, las aves y todas las especies que se mueven en el mundo y sobre la tierra. Por eso considero que tiene que ser una cultura que la abracemos todos, los funcionarios, para que los administradores administren bien este líquido, para que quienes estén en el poder no escatimen esfuerzos y recursos para que se tengan los medios de aprovechar el agua de manera adecuada.

De esta situación hay una gran preocupación en el mundo, no somos el único país con problemas de agua. Según un estudio del Banco Mundial, expuesto por el vicepresidente Ismail Saragaldin, dice que una quinta parte de la población mundial, más de 1 mil millones de habitantes carecen de agua potable y de no tomarse las medidas adecuadas en los próximos años, se agravará la escasez de este líquido, reveló el Banco Mundial. Según la institución financiera en los próximos años tendrán que invertirse por lo menos 600 mil millones de dólares para garantizar el suministro del agua en los años venideros, particularmente en naciones pobres, donde se ha descuidado la preservación de los recursos hidráulicos.

Al presentar el informe, el vicepresidente dice que aunque la mayoría de los expertos coincide en la necesidad de hacer algo pronto, el principal obstáculo para enfrentar el problema estriba en la falta de coordinación de las naciones para emprender acciones comunes. Precisó que existen zonas en el mundo que desde ahora cuentan con una insuficiente cantidad de agua para satisfacer sus necesidades, entre las cuales mencionó algunas regiones del norte de China, del sur de la India, oeste de Suramérica, además de grandes áreas de México y Pakistán.

El informe mencionado refirió también que en las naciones pobres, más del 90% del agua es utilizada en actividades agrícolas, pero la mayor parte es desperdiciada a causa de la inexistencia de una infraestructura adecuada para el aprovechamiento de este recurso. En muchos casos, añadió, el problema del agua no radica tanto en la escasez, sino en que su distribución sea inadecuada. Eso dice este investigador del Banco Mundial.

Por eso nos parece compañeras y compañeros, que estamos en momentos de tomar una decisión y hago esta propuesta a este honorable Congreso para que la tomemos en cuenta y hagamos del agua una cultura, que desde chiquitos, nuestros nietos, nuestros hijos la abracen y cuiden mañana el agua que van a seguir consumiendo.

Por esa razón presento, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco para presentar la siguiente iniciativa de ley bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

1o. El agua, ese vital elemento que forma parte imprescindible de la vida del hombre, cada día escasea más, porque cada día somos más, lo que aumenta su consumo y se incrementan con ello las necesidades de sus múltiples usos.

2o. Las necesidades de consumo humano del agua son tales, que hay lugares en los que se tiene que perforar a profundidades inauditas, porque, año con año, los mantos freáticos van bajando su nivel, corriendo el riesgo de consumirla con arsénico, como ocurre en algunos lugares del país, con las consecuencias graves ya previstas de contraer cáncer u otras enfermedades o como ocurre en el D.F. de tener que traerla de lugares lejanos, lo que incrementa considerablemente su costo, por todo lo que implica su conducción y potabilización.

3o. La ausencia de una cultura que se arraigue en la conciencia de nuestra sociedad, como parte de nuestro desarrollo respecto del agua, la salud y el medio ambiente, son causa, aceptemoslo o no, del deterioro en que hoy, por la carencia de esa cultura del uso, cuidado y aprovechamiento del agua, se encuentra nuestro globo terráqueo y muy concretamente el territorio donde habitamos que es México, con ríos, lagos, lagunas y mares contaminados.

4o. La escuela, desde la educación preescolar, es el mejor medio para enseñar, fomentar y hacer conciencia en las futuras generaciones de mexicanos, para inculcarles la cultura sobre el mejor uso y aprovechamiento del agua en todos sus usos.

5o. Es la escuela donde, desde niños, se puede y se debe fomentar la cultura y el respeto de la vida de las plantas, árboles, aves, peces y animales silvestres.

6. Que entre todos los seres vivos de la Tierra formamos un todo, todos dependemos de todos. Dañar hasta el grado del exterminio a cualquiera de las especies, es poner en peligro de extinción a nuestro propio ecosistema, como ya se muestran signos a nivel mundial de esta situación.

Por lo anterior y considerando:

1o. Que el agua se esta acabando y con ello nuestras expectativas de vida.

2o. Que en tanto no se consiga un método efectivo, práctico y barato para provocar lluvia, estaremos sujetos a nuestra propia capacidad para conservar y hacer rendir con eficacia el agua de que disponemos.

3o. Que efectivamente será a través de las escuelas en que se deberán preparar y hacer conciencia a las futuras generaciones de nuestro país, sobre el mejor uso y aprovechamiento del agua en todos sus usos, así como de la protección a la flora y fauna, a través de los métodos que se consideren más efectivos y apropiados.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de la LVI Legislatura, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

Fracción XI. Fomentar y alentar el establecimiento de la cultura sobre el mejor uso y aprovechamiento del agua en todos sus usos, así como también la protección de la flora y fauna. De igual forma hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los demás recursos naturales y de la protección del medio ambiente y...

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo, el día 24 de octubre de 1995. Diputado Rafael Jacobo García.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Educación, Asuntos Hidráulicos y de Ecología y Medio Ambiente.

LEY DE LAS CAMARAS DE COMERCIO Y DE LAS INDUSTRIAS

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa a fin de derogar el artículo 5o. de la Ley de las Cámaras de Comercio y de las Industrias.

El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:

Con su permiso, compañero Presidente:

En el transcurso de la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la afiliación obligatoria de los empresarios a las cámaras es anticonstitucional. Al sentar la jurisprudencia correspondiente la Suprema Corte señala que sustenta su laudo en el hecho de que dicha disposición que se expresa en el artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las Industrias viola flagrantemente el artículo 9o. de la Constitución, ya que impone a los comerciantes e industriales cuyo capital manifestado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea de 2 mil 500 nuevos pesos en adelante, la obligación de inscribirse en la Cámara correspondiente, en el curso del mes siguiente a la instalación de sus actividades.

La resolución de la corte se basa en lo que establece el artículo 9o. constitucional, relativo a la libertad de asociación como un derecho de los gobernados. La corte dice en su dictamen que la garantía de protección puede operar en tres direcciones:

Primero, el derecho a asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente.

Señor Presidente, creo que la compañera Cecilia Romero quiere hacer uso de la palabra.

El Presidente:

Dígame diputada.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde su curul):

Nada más quería preguntar en qué punto del orden del día estamos. Acabamos de terminar con la presentación de una iniciativa y según el orden del día que todos tenemos estamos en dictámenes de primera lectura. Simplemente quería preguntar, por orden, que nos informara cómo está esta situación.

El Presidente:

Es que hubo un cambio en la medida en que inicialmente se había inscrito la intervención del diputado César Raúl Ojeda Zubieta, como comentaría, pero al revisar la intervención vimos que era una iniciativa de ley para derogar el artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las Industrias, por lo tanto entra en este punto de iniciativas.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde su curul):

Es iniciativa de ley.

Gracias.

El Presidente:

Continúe, señor orador.

El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:

Muchas gracias.

La corte dice en su dictamen que la garantía de protección puede operar en tres direcciones.

Primero, el derecho a asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente.

Segundo, el derecho a permanecer en la asociación o renunciar a ella.

Tercero, el derecho a no asociarse.

Los ministros suscribieron la jurisprudencia registrada con el número 28/1995 y dan fin con ello a una inconformidad cada vez mayor de diversas agrupaciones empresariales que abogaban por la supresión de esta obligación.

Vale la pena hacer un pequeño recuento de las razones que se han esgrimido, sobre las cuales me extendí en una intervención que hice ante esta alta tribuna el 17 de diciembre de 1994.

Mis razones desde entonces no estaban en contra de la simple obligación de pertenecer a una agrupación, sino se dirigía a cuestionar el profundo impedimento existente para asociarse a la organización que uno, como empresario, le diera la máxima atención y lo representara verdaderamente.

¿Cuántos casos hay de asociaciones empresariales que han cumplido a plenitud las exigencias de la Secofi para configurar organismos representativos de su actividad? Tantos como desdenes de la autoridad para atender estas peticiones.

Hay quienes en su oportunidad invocaron el artículo 8o. de la Constitución, que obliga al funcionario a dar respuesta ante una petición de un grupo determinado y sólo encontraron silencio y evidentemente complicidad.

Hoy, se dicen extrañados quienes constantemente desecharon esta justa petición para tener en los organismos cúpula una mejor representatividad y han lanzado la advertencia en tono amenazante para impedir el pronto ejercicio de la libertad que ha conseguido el sector privado. Quien quiera abordar, dicen, este tema, será descalificado y más aún, se impedirá que se politice sobre el particular.

En esta misma línea de descalificación e intimidación, algunos dirigentes gremiales hablan de que existen grupos interesados en buscar un acceso político o alguna posición personal.

También dicen, esta medida puede inspirar la formación de grupos gremiales con filiación partidista que traten de obtener beneficios personales y no de grupo.

Pareciera que todos estos comentarios salen sobrando, no obstante, en el pasado reciente, más de un dirigente cupular tomó presuroso este camino de lucro político al que ahora, desde la experiencia de la derrota tratan de invalidar o lo señalan con un riesgo de deshonestidad empresarial.

Si quieren algún ejemplo volteen hacia Yucatán. Estos recuerdos aún están frescos.

Y sin demérito del triunfo de algún partido político en una contienda electoral municipal, en ese Estado, hay quienes señalan que ahí no perdió una opción partidista sino un representante de Cámara, evidentemente que ni tenía ni tiene representatividad en su propia tierra.

Tampoco se vale decir que no es el momento para abordar esta discusión debido a los problemas económicos que tiene el sector empresarial, ya que distraería la atención y generaría una polémica inadecuada.

Bajo esta premisa, en este país tendríamos que dejar a un lado discusiones tales como la reforma democrática del Estado, la nueva ley electoral y la pacificación de Chiapas, por citar sólo algunos ejemplos y postergar su solución hasta en tanto no se arreglen las dificultades económicas que atravesamos.

De acuerdo con esta lógica, que por cierto no se esgrime cuando nos exigen y con razón, que aceleremos los temas de la agenda nacional, algunos líderes empresariales quieren poner una cortina de humo sobre la inconformidad de sus iguales, los empresarios, que quieren cambios profundos en el perfil de sus organizaciones.

El alegato que se quiere sugerir como toral, si bien importante, es secundario ante las verdaderas razones de la inconformidad.

Estas diligencias, ayer indiferentes y soberbias, despiertan hoy sobresaltadas ante lo que pudieron evitar con otras actitudes. Se comportaron más como cofradías impenetrables que como interlocutores de calidad.

Hoy, su mayor urgencia no es razonar y discutir el nuevo perfil de las cámaras y de los servicios y apoyos que puedan prestar. No, señores, urgencia radica en elaborar una nueva ley pensada, diseñada, corregida sólo por ellos, con el propósito de subsanar de manera legal el acuerdo de la corte y emprender de nuevo el camino como si aquí nada hubiera sucedido.

Evidentemente esto no puede ser así por muchas razones. La primera de ellas, porque no se puede burlar el resolutivo de la corte con un recurso legal o de que lesione el espíritu de la jurisprudencia constitucional sentada; la segunda, porque atrás de lo jurídico está el fondo del reclamo de años que no va a terminar sino participan en un ejercicio amplio de discusión todos los interesados; que no se argumente la posibilidad de división entre empresarios por esta decisión, más dividirá quien actúe ajeno al sentir de la mayoría. No temamos al ejercicio de la discusión sólo con ella configuraremos nuevas formas y nuevas reglas respetadas por todos.

En este sentido, por ello y mientras conocemos el anteproyecto de ley, que dicen algunos organismos empresariales, ya le fue entregado al secretario del ramo, respetuosamente me permito solicitar al presidente de la Comisión de Comercio, don Jorge Ocejo Moreno, distinguido y calificado empresario que preside esta comisión de este honorable Congreso, que convoque a las diversas organizaciones del sector secretario del ramo, respetuosamente me permito solicitar al presidente de la Comisión de Comercio, don Jorge Ocejo Moreno, distinguiendo y calificado empresario que preside esta comisión de este honorable Congreso, que convoque a las diversas organizaciones del sector privado interesadas a que participen en foros públicos para exponer y discutir sus propuestas y, así diseñar, por consenso, un proyecto de ley acorde a la norma constitucional y al reclamo de libertad hecho por los diversos sujetos y organismos empresariales.

Hoy es un hecho innegable que las cámaras empresariales tienen el derecho de organizarse de acuerdo a su libre y entera voluntad, así como lograr que se reconozca la ilegitimidad de la ley que los obligaba a vivir en una condición de inconstitucionalidad la cual ha sido declarada por el máximo tribunal al dictar la tesis jurisprudencial que a la letra dice:

"El artículo 5o. de la ley de la materia viola la libertad de asociación establecida por el 9o. constitucional." Entre tanto y ajustado a resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me permito presentar a este honorable cuerpo legislativo la siguiente

INICIATIVA PARA LA DEROGACION DEL ARTICULO 5o. DE LA LEY DE CAMARAS DE COMERCIO Y DE LAS INDUSTRIAS

El suscrito, diputado federal, miembro de la LVI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción II y 72 inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa para derogar el artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las Industrias conforme al siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. A partir del día 1o. de noviembre de 1995 se deroga el artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las Industrias, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de agosto de 1941.

TRANSITORIOS

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Hago entrega al señor Secretario de la mesa directiva del proyecto de decreto para el trámite correspondiente.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Comercio.

REPUBLICA DE FILIPINAS

El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal. Cámara- de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al embajador Vicente Luis Coca Alvarez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Sikatuna, que le confiere el gobierno de la República de Filipinas.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al embajador Vicente Luis Coca Alvarez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Sikatuna, que le confiere el gobierno de la República de Filipinas.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 23 de octubre de 1995.- Diputados: Dionisio E. Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de primera lectura.

REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM

El secretario Francisco Martínez Rivera:

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Marcela Lombardo Otero, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Amistad, que le confiere el gobierno de la República Socialista de Vietnam.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Marcela Lombardo Otero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Amistad, que le confiere el gobierno de la República Socialista de Vietnam.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de octubre de 1995.- Diputados: Dionisio E. Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de primera lectura.

REPUBLICA DE POLONIA

El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de octubre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Gallatin Stebelski Orlowski, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Polonia en Tulancingo, con circunscripción consular en los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día l9 de octubre, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:

b) Que los servicios que el propio solicitante prestará en el Consulado de Polonia en la ciudad de Tulancingo, con circunscripción consular en los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, serán de carácter estrictamente consular:

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alberto Gallatin Stebelski Orlowski, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Polonia en Tulancingo, con circunscripción consular en los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de octubre de 1995.- Diputados: Dionisio E. Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de primera lectura.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El secretario Agustín Torres Delgado:

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficios fechados el 6 y 11 de octubre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Ignacio López Martínez y Pascual Vargas Lucio, puedan prestar sus servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 19 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento:

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Juan Ignacio López Martínez, para prestar servicios como asistente de visas en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Pascual Vargas Lucio, para prestar servicios en intendencia/mantenimiento en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de octubre de 1995.- Dioniso Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de primera lectura.

REPUBLICA DE ESTONIA

La secretaria María Leticia Calzada Gómez:

«Escudo Nacional. Poder- Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Cruz de Maarjamaa, en Grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo único. Se concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Cruz de Maarjamaa, en Grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de octubre de 1995.- Dioniso Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de primera lectura.

JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jorge Moreno Collado, para dar lectura al informe de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Con su permiso, señor Presidente:

La Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.

INFORME DE ACTIVIDADES

Honorable Asamblea: el 24 de noviembre de 1994, a propuesta de las fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados y por conducto de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, fue aprobado por el pleno de la Asamblea un punto de acuerdo que creó la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, a la sazón Secretario General del CEN del Partido Revolucionario Institucional, al que se le privó de la vida el miércoles 28 de septiembre de ese mismo año.

La comisión quedó integrada por 17 diputados de las cuatro fracciones parlamentarias, habiéndose designado un presidente y cuatro secretarios, uno por cada uno de los grupos partidistas integrantes de la Cámara. Tanto la directiva como los miembros de la comisión se permiten presentar a la consideración de la Asamblea el presente informe de actividades de dicho cuerpo colegiado, a partir del momento mismo en que quedó integrado.

1o. El acuerdo de la Cámara determinó que el objeto de la comisión especial que presenta este informe sería el de "continuar con el seguimiento de la investigación que con motivo del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, lleva a cabo la autoridad competente", dado que igual objetivo se había propuesto otra comisión especial que funcionó durante las últimas semanas de gestión de la LV Legislatura de esta Cámara.

En su calidad de comisión de seguimiento de los trabajos a cargo de la Procuraduría General de la República y, en su caso, del Poder Judicial Federal, esta comisión debería de realizar todas las actividades de acopio de información y las entrevistas con funcionarios que requiera su cometido, según el punto de acuerdo que consta en el Diario de los Debates del 3 de noviembre de 1994, fecha en que se propuso su adopción.

2o. El 29 de noviembre de 1994, la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, expuso ante la Asamblea de la Cámara de Diputados, los lineamentos de trabajo a seguir, que a continuación se transcriben:

Satisfacer el derecho de la sociedad mexicana a conocer la verdad sobre el asunto encomendado a la comisión y fortalecer la confianza de la nación en el estado de derecho y en sus instituciones republicanas, mediante el análisis y la evaluación del estado que guardan las averiguaciones referentes al caso.

La comisión contará con un secretario por cada una de las fracciones parlamentarias representadas en la misma y asignará actividades a todos sus integrantes en forma individual, o a través de los grupos de trabajo que se forman para el cumplimiento de su cometido.

Durante los periodos de receso, la comisión actuará conforme a lo señalado por el artículo 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y dará cuenta de sus informes a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara.

La comisión realizará sus actividades de acuerdo con el programa de trabajo que forma parte de estos lineamientos, en el cual se determinan los asuntos de atención inmediata y urgente vinculados con el caso, cuya solución permita consolidar ante la opinión pública el prestigio y la elevada calidad constitucional de este cuerpo legislativo.

La comisión hará manifestaciones públicas cada vez que sea necesario para apresurar la investigación o el proceso judicial correspondiente, así como señalar los posibles desvíos en que incurrieran las autoridades encargadas del asunto.

La agenda de trabajo de la comisión incluirá entrevistas y conferencias con los servidores públicos que se requiera y la petición, a través de su presidente, de informaciones y copias de documentos que se estime convenientes, siempre que el asunto a que se refieran no sea de los que deban conservar en secreto.

La comisión podrá ocurrir a cualquier autoridad o persona, incluidos los procesados y ofendidos, para allegarse los elementos que le permitan realizar objetiva y prudentemente su trabajo, procurando evitar la interlocución oficial con autoridades involucradas.

3o. El día 2 de diciembre de 1994 se realizó la sesión de instalación de esta comisión especial. En dicha reunión se presentó y dio lectura al documento informativo del caso, enviado por la Gran Comisión, el cual contiene los antecedentes recopilados por la LV Legislatura entre el 2 y el 12 de octubre de 1994.

Para analizar dicho documento y dar a conocer sus alcances a la propia comisión, fue creada una subcomisión de cuatro diputados que informaron al respecto en la reunión.

4o. En el proyecto de agenda de trabajo realizado por la comisión especial, se establecen dos vertientes para realizar las primeras tareas:

a) De la averiguación que realiza la Procuraduría General de la República.

b) De la investigación sobre el procedimiento parlamentario mediante el cual fue otorgada licencia para separarse del cargo de diputado federal de la LV Legislatura, al ciudadano Manuel Muñoz Rocha.

El objetivo fundamental de la metodología de trabajo consistiría en la obtención de todos los elementos materiales y personales que permitieran el conocimiento directo de los hechos suscitados y la investigación seguida.

Los elementos de trabajo, ya sean internos o externos, serían de los siguientes tipos: documentales, instrumentales, presuncionales y testimoniales.

Se determinó que los internos son aquellos que guardan una relación directa con la Cámara de Diputados, en tanto que los externos se refieren a todos los elementos de trabajo que se vinculan con las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República y por trámite judicial seguido en tribunales federales contra de las personas a las que actualmente se les instruye proceso.

5o. El 8 de diciembre de 1994 la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, se reunió con el Procurador General de la República, licenciado Fernando Antonio Lozano Gracia, con objeto de establecer una primera conversación con relación al caso.

El procurador manifestó que las investigaciones en torno al caso se llevarían hasta sus últimas consecuencias pero siempre con apego a la ley. Dijo tener pistas muy importantes relacionadas con Manuel Muñoz Rocha. Igualmente afirmó que la Procuraduría General de la República informaría a esta comisión sobre el proceso de investigación, hasta donde la ley le otorgue la facultad de hacerlo.

La comisión especial que suscribe este informe propuso al procurador, al respecto del trato con la Procuraduría General de la República, en calidad de criterios de relación, los siguientes puntos:

a) Que el vínculo entre comisión y procuraduría fuese el propio procurador.

b) Que la comisión actuaría fundamentalmente con disposición de apoyo y recepción de información.

c) En la misma sesión del 8 de diciembre de 1994 se acordó celebrar una reunión en los primeros días de enero, en la cual pudieran estar conjuntamente las comisiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, fijándose mientras tanto como fecha para una nueva reunión el martes 10 de enero, en las oficinas del Procurador General de la República.

6o. Efectivamente, el 10 de enero de 1995 se llevó a cabo una segunda reunión entre el Procurador General de la República y los miembros de esta comisión, en la que se presentó formalmente al licenciado Pablo Chapa Bezanilla como subprocurador especial para el caso y se recibió del mismo el plan de trabajo de la subprocuraduría a su cargo.

Dicho programa de trabajo para las investigaciones del caso Ruiz Massieu, presentado por la Procuraduría General de la República, a través del subprocurador especial, incluye las siguientes acciones:

Cumplimentar la orden de aprehensión pendiente de ejecutar, en contra del presunto coautor intelectual del homicidio, Manuel Muñoz Rocha.

Investigar y determinar los móviles del ilícito, cubriendo todas las líneas de investigación, ya sean políticas, personales, narcotráfico, venganzas profesionales o cualquier otra.

Integrar un grupo especial de la Policía Judicial Federal para la localización y detención de Manuel Muñoz Rocha, en coordinación con el FBI y demás autoridades en los Estados Unidos de América, así como con la Interpol.

Abrir una línea de investigación para conocer una posible relación entre Manuel Muñoz Rocha, González Calderoni, Fuentes León y Díaz Infante.

Analizar cuidadosamente las primeras declaraciones de los testigos y demás involucrados en el caso, para lograr una mejor perspectiva en las pesquisas policiacas.

En este programa de trabajo la Procuraduría General de la República expresó su compromiso de establecer una estrecha relación con las comisiones legislativas encargadas del seguimiento de los casos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

7o. El martes 14 de febrero de 1995 se realizó una entrevista entre los integrantes de la comisión y el licenciado Mario Ruiz Massieu, en los términos de los lineamientos que norman la actividad de la propia comisión especial, a petición del propio ex subprocurador General de la República.

Durante varias horas Mario Ruiz Massieu relató su intervención en las primeras actuaciones de la procuraduría para detener a los 14 implicados como autores materiales y coautores intelectuales, proporcionó su versión acerca de probables móviles y contestó diversos cuestionamientos de los miembros de la comisión, algunos de los cuales polemizaron con el entrevistado, en virtud de su vehemente exaltación al relatar hechos, inferir motivaciones o sugerir culpabilidades. La versión estenográfica de esta entrevista obra completa en los expedientes de esta comisión resguardados por su presidente.

8o. El 22 de febrero de 1995 la comisión especial celebró una nueva reunión de trabajo, que al igual que las anteriores, desahogó informes de avances, cumplimiento de acuerdos, discusión de criterios entre los miembros de la misma y evaluaciones particulares de las fracciones partidistas acerca de lo realizado.

En esta reunión se tomó el acuerdo de enviar una comunicación al Procurador General de la República, en la que se tocaran los siguientes puntos:

Ofrecer al procurador, en correspondencia a su información y en cumplimiento a las disposiciones reglamentarias, discreción y sigilo por parte de los integrantes de esta comisión, acerca de los documentos e información sobre el caso.

Pedir un informe a la subprocuraduría especial sobre las líneas de investigación que se seguirán hasta ese momento en relación al asesinato.

Pedir, darle un lugar a las preguntas de los miembros de la comisión, que le serían formuladas por conducto del presidente o del primer secretario de la comisión especial, a fin de que el procurador se sirva responderlas en reunión próxima.

Enviar a la Procuraduría General de la República la versión estenográfica de la comparecencia del licenciado Mario Ruiz Massieu ante esta comisión.

9o. Con fecha 28 de febrero de 1995 el ingeniero Raúl Salinas de Gortari fue detenido como probable responsable de la autoría intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Posteriormente fue consignado ante la autoridad judicial para seguirle el juicio correspondiente.

El día de la detención la Procuraduría General de la República manifestó que los elementos con que se contaba en ese momento documentan la probable responsabilidad de Raúl Salinas de Gortari como el coautor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y a menos que se presentasen evidencias probadas como las que fundamentaron la consignación y la orden de aprehensión mencionadas, el caso se consideraría agotado por lo que se refiere a los autores intelectuales del homicidio.

10. Una tercera reunión de información sobre las averiguaciones correspondientes al atentado al licenciado José Francisco Ruiz Massieu, tuvo verificativo el día 10 de marzo de 1995, con la asistencia del Procurador General de la República, licenciado Fernando Antonio Lozano Gracia. Dicha reunión se llevó a cabo con objeto de que este funcionario diera respuesta a las interrogantes planteadas con anterioridad por los miembros de la comisión especial, según lo planteado en el apartado número ocho de este informe.

11. En la reunión de trabajo realizada el 20 de abril de 1995, la directiva de la comisión especial hizo entrega de tres documentos descriptivos del trabajo realizado y del avance de las investigaciones y procesos relacionados con el asunto de José Francisco Ruiz Massieu.

Los documentos presentados en sendos legajos, son: uno, de seguimiento periodístico del caso; el segundo, la integración de un archivo de información que contiene las memorias de la propia comisión y finalmente, un documento elaborado por la Procuraduría General de la República, que había sido entregado a la comisión en la reunión de presentación del subprocurador especial, licenciado Pablo Chapa Bezanilla y que contiene un reporte de las acciones realizadas hasta esa fecha por la procuraduría. Todos los miembros de la comisión recibieron los ejemplares correspondientes de dichos documentos, cuyos originales obran en el archivo de la comisión.

En esta reunión, la comisión discutió ampliamente acerca de los avances en las vertientes denominadas interna y externa, los miembros manifestaron su juicio acerca del cumplimiento de los objetivos de la misma y se adoptaron los siguientes acuerdos:

Hacer la petición formal al Procurador General de la República para concertar una próxima reunión, cuya finalidad fuera exponer la escasa información proporcionada a la comisión especial por parte de esa dependencia.

Preparar el informe que debiera rendir la comisión especial ante este pleno.

Pedir a la subcomisión designada revisar documentos y reiniciar toda la investigación interna, lo cual incluye pedir el documento original de solicitud de licencia de Manuel Muñoz Rocha, para proceder, según lo propusieron varios diputados, a realizar peritajes, nuevas pesquisas y en su caso, señalamiento de responsabilidades.

12. El 27 de abril de 1995, la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, tuvo la oportunidad de escuchar al diputado Ignacio Ovalle Fernández, debido a que él mismo solicitó a la Presidencia le fuera permitida la asistencia a la reunión, con la finalidad de exponer su versión respecto a los hechos que en esos momentos se le atribuían. Su exposición consta íntegra en los expedientes de la comisión. Varios miembros de esta pusieron de relieve el valor civil del diputado Ovalle, aunque otros más expusieron opiniones en el sentido de que sería la procuraduría la que tendría que determinar lo conducente a la participación del diputado en los hechos que le imputan.

En la misma reunión del 27 de abril, fue presentado a este cuerpo colegiado un proyecto tentativo de informe al pleno acerca de las actividades de la comisión, en el que se resumieron los avances de las actuaciones de la procuraduría y el Poder Judicial Federal, las exigencias o peticiones al procurador y al subprocurador especial aún no satisfechas y las demandas de varios diputados de acelerar el cumplimiento de algunos acuerdos en relación a la vertiente interna, o sea, en relación a lo que concierne a la solicitud y aprobación de licencia del entonces diputado Manuel Muñoz Rocha, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante la LV Legislatura.

Dado que este proyecto de informe resultó sumamente discutible, la comisión especial determinó que el documento que llegara a presentar al pleno debería ser perfectamente consensado y complementado con nuevos elementos, de lo cual se responsabilizó la misma Presidencia.

Fue convicción de los comisionados, que el informe ya no podría ser presentado a este pleno en aquel periodo de sesiones ordinarias a punto de concluir, para lo que se dispondría del tiempo de receso para prepararlo.

13. El 26 de mayo de 1995, se llevó a cabo una reunión de las comisiones plurales de senadores y diputados para el seguimiento del caso Ruiz Massieu con el subprocurador Pablo Chapa Bezanilla. Este ofreció un informe detallado de las pruebas ofrecidas por la procuraduría al juez de la causa, en contra de Raúl Salinas de Gortari como presunto autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.

En esa misma ocasión, el subprocurador especial respondió a numerosos cuestionamientos de diputados y senadores respecto de su informe y en relación a otros posibles implicados. La transcripción de la reunión obra en el archivo de esta comisión.

14. A) En los primeros días del mes de agosto pasado, en respuesta a las solicitudes presentadas, el Procurador General de la República, licenciado Fernando Antonio Lozano Gracia envió a las comisiones plurales de legisladores del caso José Francisco Ruiz Massieu, un informe puntual y pormenorizado desde el inicio del asunto, que denomina: situación procesal del caso José Francisco Ruiz Massieu.

En dicho documento se precisa lo siguiente:

a) Que las primeras averiguaciones previas fueron integradas de manera muy irregular.

b) Que un gran número de indicios apuntan hacia Raúl Salinas de Gortari como protagonista en los hechos.

c) Que desde marzo de 1993, cuando José Francisco Ruiz Massieu se desempeñaba como director general del Infonavit, Manuel Muñoz Rocha recibió instrucciones para victimar a un alto funcionario, sin conocer aún la identidad de éste.

d) Que contra Manuel Muñoz se libró orden de aprehensión que requirió para su cumplimiento de una campaña nacional permanente para la localización del presunto responsable, enviando carteles a las agregadurías legales de la PGR en varias ciudades de los Estados Unidos de América.

e) Que cabe señalar que Raúl Salinas de Gortari, en declaración ministerial rendida el 20 de octubre de 1994, afirmó de manera categórica que no había tenido ningún contacto con Manuel Muñoz Rocha en los últimos 20 años, hecho que fue desvirtuado desde las primeras declaraciones ante la representación social federal, acreditando fehacientemente que existió, hasta el día de la desaparición de Manuel Muñoz Rocha, una relación muy estrecha y frecuente entre ambos.

La declaración de Manuel Espinosa Milo en la que afirma que le consta que Manuel Muñoz Rocha realizó el 29 de septiembre de 1994 dos llamadas telefónicas (comprobadas con la exhibición de los recibos telefónicos), la primera a Raúl Salinas de Gortari y la segunda a Esther Durán, misma que una vez que fue localizada compareció ante el Ministerio Público Federal y manifestó que dos días antes del homicidio acompañó a Manuel Muñoz Rocha a depositar en una caja de seguridad de Banamex, la cantidad de 243 mil nuevos pesos, suma que recibió como parte de la gratificación por su participación en la preparación del delito. Asimismo, Fernando Rodríguez González señaló que por instrucciones de Manuel Muñoz Rocha se comunicó el 28 de septiembre con el ingeniero Salinas para manifestarle la preocupación de éste y que aunque Salinas no contestó la llamada, este hecho fue comprobado mediante declaración de la persona que atendió la llamada y que laboraba con el ahora indiciado.

f) Que el 24 de febrero de 1995 se ejerció acción penal en contra de Raúl Salinas de Gortari, como probable responsable del delito de homicidio calificado, ante el juez tercero de distrito en el Estado de México.

El 25 de febrero fue obsequiada la orden de aprehensión, misma que se cumplimentó el 28 de febrero.

El indiciado rindió su declaración preparatoria el 1o. y 2 de marzo, en la que negó los hechos imputados.

Con fecha 6 de marzo de 1995 y después de que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, el juzgado resolvió la situación jurídica de Raúl Salinas, decretándole formal prisión como probable responsable del delito de homicidio doloso. Quedando triplicado abierto para continuar la investigación de la probable comisión de otros ilícitos.

g) Que el 5 de marzo el juez segundo de distrito con sede en Toluca, Estado de México, obsequió la orden de aprehensión en contra de Mario Ruiz Massieu, como probable responsable de los delitos de intimidación, en contra de la administración de justicia y encubrimiento.

h) Que la Procuraduría General de la República, a través de los canales diplomáticos correspondientes, solicitó, el 5 de marzo al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, la detención provisional de Mario Ruiz Massieu, para efecto de extradición internacional. De igual forma solicitó, a través de la

Comisión Nacional Bancaria, el aseguramiento de las cuentas del mismo en el Texas Commerce Bank.

B) En resumen, el informe reseñado se refiere a estos apartados:

Un informe procesal.

Una relación de pruebas aportadas por las partes en el proceso, con una pequeña síntesis de su contenido.

Del Ministerio Público Federal.

De la defensa de Raúl Salinas de Gortari.

Un análisis técnico de la situación del proceso.

Posición de la defensa.

Pretensión del Ministerio Público Federal.

Una opinión técnica procesal.

C) En la propia reunión del 9 de agosto se adoptaron los siguientes acuerdos:

Que el proyecto de informe que la comisión rinda al pleno será elaborado por los secretarios de ésta.

Que la Presidencia envíe un documento a la Procuraduría General de la República, por medio del cual se solicite que esta comisión sea informada con respecto al proceso de extradición de Mario Ruiz Massieu y la presentación de Jorge Stergios, así como que se agilicen los trámites correspondientes a la extradición.

Que la Presidencia y los secretarios lleven a cabo las gestiones correspondientes a efecto de realizar entrevistas con el probable coautor intelectual del ilícito y su defensa.

15. Esta comisión especial se reunió el 6 de septiembre de este año para dar cuenta del cumplimiento de los acuerdos mencionados con anterioridad.

1o. El 14 de agosto de 1995, la Presidencia envió una solicitud al Procurador General de la República, de un informe de lo actuado hasta la fecha en el proceso de extradición de Mario Ruiz Massieu y sobre los avances en cuanto a la orden de aprehensión librada en contra del señor Jorge Stergios.

A este documento correspondió una respuesta de fecha 22 de agosto de 1995, en la que se expresa lo siguiente:

En contra de Mario Ruiz Massieu existen tres órdenes de aprehensión como probable responsable de los delitos:

a) En contra de la administración de justicia.

El día 6 de marzo del año en curso se presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitud de extradición internacional, formalizándose dicha petición el día 22 de abril.

El 22 de junio el juez estadounidense que conoce del procedimiento de extradición (Ronald Hedges) negó el pedimento basándose en juicios de valor en contra del sistema político y jurídico mexicano; no otorgó valor pleno a la documentación que soportaba el pedimento de México por considerar que las imputaciones hechas a Mario Ruiz Massieu provenían de personas privadas de la libertad. Finaliza las motivaciones con la manifestación de desconfianza en la validez y legalidad de la pruebas presentadas por el Gobierno mexicano, asegurando que en nuestro país las declaraciones se obtienen mediante tortura y que existe corrupción.

A lo anterior siguieron reuniones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en las que se acordó replantear el pedimento de extradición por el delito en contra de la administración de justicia. En tal virtud, el 19 de junio se presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores una nueva petición formal de extradición internacional por el delito mencionado, la cual fue turnada al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a su vez presentada ante la juez para el distrito de Nueva Jersey, acompañada de una petición firmada por la procuradora y por el secretario de Estado de ese país, para que la mencionada juez conociera de la extradición.

La solicitud fue negada y se turnó la documentación a Ronald Hedges, quien fijó como fecha el 18 de septiembre, para el inicio del procedimiento.

b) Peculado.

Con fecha 30 de mayo de 1995 fue presentada, solicitud de extradición por este delito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, misma que se adicionó con nuevas pruebas el 19 de julio del año en curso.

En los Estados Unidos de América solamente se requiere probar la distracción de los fondos oficiales y no el destino incorrecto que se les diere. Sin embargo se ha solicitado a nuestro país la aportación de mayores elementos probatorios, los cuales, no obstante, se han presentado.

Al juez le fue solicitado inhibirse de seguir conociendo del procedimiento, a lo cual se negó.

c) Tortura y abuso de autoridad.

En lo que se refiere a este delito no se solicitó el procedimiento de extradición en virtud de que en la legislación estadounidense estas conductas se refieren exclusivamente a prisioneros de guerra.

Por lo que concierne a la orden de aprehensión librada en contra del señor Jorge Anastasio Stergios Gómez, la Policía Judicial Federal, con el auxilio de la Interpol, continúa las investigaciones correspondientes, sin que hasta el momento se haya cumplimentado dicha orden.

2o. De igual forma y a petición de miembros de esta comisión especial, el 14 de agosto de 1995 fue enviado al subsecretario de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, un documento en donde se consultaba la posibilidad de celebrar una entrevista entre los miembros de la Comisión Especial de Seguimiento de las Averiguaciones en torno al atentado del licenciado José Francisco Ruiz Massieu y el señor Raúl Salinas de Gortari, su defensa y el señor Fernando Rodríguez González, en el interior de los centros de rehabilitación en que se encontrasen.

Como respuesta a esta solicitud, el día 18 de agosto se nos informó que el señor Rodríguez González se encuentra en el Reclusorio Preventivo Sur, dependiente del Departamento del Distrito Federal y a disposición del cuarto tribunal unitario del primer circuito, razón por la cual la dependencia del Ejecutivo Federal a la que fue enviada nuestra petición, no podía autorizar la entrevista con esa persona.

Respecto a Raúl Salinas, tampoco era facultad de esa dependencia la autorización esperada en virtud de que la persona se encuentra sujeta a proceso en el juzgado tercero de distrito del Estado de México y tanto el reglamento como el instructivo de visitas de los centros federales de readaptación social disponen reglas estrictas para las entrevistas con un interno, reduciéndolas prácticamente a las de familiares y defensores, precisamente por ser estos centros de alta seguridad, en los que se busca además de la readaptación, resguardar al máximo el interés social y la integridad física de los internos.

Por lo anteriormente expuesto, la subsecretaría mencionada dejó claramente establecido en su escrito de respuesta que no tiene la competencia legal para administrar a los centros de readaptación social, ya que el gobierno interior de éstos se encuentra a cargo del director respectivo y del consejo técnico interdisciplinario y es a ellos a quienes corresponde considerar y resolver la petición formulada, razón por la que ésta les fue turnada sin que hasta ahora le haya recaído acuerdo alguno.

3o. El mismo día 14 de agosto la presidencia de la comisión especial envió una comunicación al diputado Humberto Roque Villanueva, presidente de la Gran Comisión de esta Cámara de Diputados, cumpliendo el acuerdo relativo a insistir en la obtención ante la Oficialía Mayor del original de la solicitud de licencia presentada por el ex diputado Manuel Muñoz Rocha, así como lograr la comparecencia a fin de aclarar algunas dudas sobre la concesión de dicha licencia, de los senadores María de los Angeles Moreno y Gustavo Carvajal Moreno y del licenciado Alberto Campuzano Rivera, Oficial Mayor de la Cámara de Diputados en la LV Legislatura.

De igual forma se dirigió la petición del oficio original de solicitud de licencia del ex diputado Manuel Muñoz Rocha, al Oficial Mayor de la Cámara, quien respondió que tal documento obra en poder de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

La respuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política consistió en lo siguiente:

No procede la solicitud de la comisión especial, si el propósito de manejar dicho documento es abrir las investigaciones al respecto, ya que el acuerdo que recayó a la solicitud del diputado Manuel Muñoz Rocha, fue tomado en el ejercicio de las atribuciones constitucionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, contra las que no proceden recursos ulteriores.

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política está incapacitada para ordenar a la Oficialía Mayor que entregue un documento con el que se pretende enjuiciar decisiones tomadas por una legislatura anterior que como tal, ya no existe y por lo tanto sería imposible que compareciera en términos jurídicos.

Dado que la comisión especial de seguimiento no cuenta con facultades de investigación, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política esta jurídicamente imposibilitada para citar a las personas que se solicita, pues resulta obvio que el propósito de la comparecencia que se pretende, lleva fines de investigación acerca de la legalidad en el otorgamiento de la licencia al entonces diputado Manuel Muñoz Rocha.

16. El presente informe es una relación cronológica de las actividades realizadas por la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones en torno al atentado en contra del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.

La intención inicial de esta comisión especial fue elaborar un documento informativo en el que se incorporarían elementos valorativos debidamente consensados por los cuatro grupos parlamentarios representados en la propia comisión.

En virtud de que el mencionado consenso no fue posible, se acordó que cada fracción parlamentaria expondrá ante el pleno, en su momento, sus puntos de vista relacionados con la valoración de los trabajos realizados por esta comisión especial de seguimiento.

17. Mientras tanto y en virtud de que según lo expresado por la propia Procuraduría General de la República, el caso se consideraría prácticamente agotado por lo que se refiere a los autores intelectuales del homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, esta comisión especial permanecerá a la expectativa y actuará en el momento en que, de acuerdo con la misma Procuraduría General de la República, sobrevinieran evidencias o se presentaren acontecimientos significativos que a juicio de sus miembros obliguen a su funcionamiento.

México, D.F., sala de comisiones, a 17 de octubre de 1995.- Diputados: Netzahualcóyotl de la Vega García, presidente; Jorge Moreno Collado, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Carlos Navarrete Ruiz, Serafín Núñez Ramos, secretarios; Irene Ramos Dávila, Marcelino Miranda Añorve, Jorge Armando Meade Ocaranza, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, René Juárez Cisneros, Rogelio Zamora Barradas, Alejandro Zapata Perogordo, Sergio Teodoro Meza López, Cruz Pérez Cuéllar, Leonel Godoy Rangel, Leticia Burgos Ochoa y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.»

Eso es todo señor Presidente, dejo ante la Secretaría el documento para que sea insertado en el Diario de los Debates.

El Presidente:

De enterado.

Para hacer comentarios sobre este informe presentado por el diputado Jorge Moreno Collado, se han inscrito los diputados Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional y el diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional.

El diputado Cruz Pérez Cuéllar (desde su curul):

Declino.

El diputado Netzahualcóyotl de la Vega García (desde su curul):

Declino.

El Presidente:

También declina el diputado Netzahualcóyotl de la Vega, del PRI.

Continuamos señor Secretario.

Ruego a la Secretaría dé lectura al informe de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:

«Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Informe al pleno de la Cámara de Diputados.

A esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, fueron turnadas diversas iniciativas de ley relacionadas con asuntos de su competencia. Después de analizar el contenido de las propuestas, esta dictaminadora adoptó los siguientes puntos de acuerdo con respecto a cada una de ellas.

I. Iniciativas cuyos planteamientos ya han sido resueltos.

1o. Iniciativa que deroga el artículo 78-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Fecha: 25 de abril de 1995.

Partido de la Revolución Democrática.

Descripción: evitar que la elevación de las tasas de interés afecte el sueldo de los trabajadores bancarios, por impuestos sobre ingresos que supuestamente reciben, calculados sobre la diferencia entre las tasas de interés pactadas y las tasas de mercado vigentes.

Sobre esta iniciativa, la comisión consideró que dado que el término de la resolución miscelánea del Ejecutivo que atiende a este problema, vence el 31 de diciembre de 1995 y que la misma es una solución parcial, pero no de fondo, se retome el tema para su discusión con la presentación de las modificaciones fiscales que próximamente hará el Ejecutivo.

Esto se aprobó por 14 votos a favor.

2o. Iniciativa de decreto que reforma disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Fecha: 31 de mayo de 1995.

Partido Acción Nacional.

Descripción: se propone derogar el artículo 78-A y adicionar una fracción al artículo 77 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para establecer que los intereses que generen los préstamos que se otorguen a los trabajadores que presten un servicio personal subordinado no causen el pago del impuesto.

Con fecha 7 de julio del presente año, el Ejecutivo Federal emitió un decreto que condona parcialmente el impuesto a que se refiere el artículo 78-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y autoriza el pago en parcialidades del impuesto no condonado. Así se atienden, en lo fundamental, los problemas que habían dado origen a la presentación de estas iniciativas, que pretenden corregir los efectos que el brusco incremento de las tasas de interés provocó, atento a lo dispuesto en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Debe señalarse que este artículo obedeció a la intención de corregir un fenómeno de iniquidad que se da entre trabajadores que laboran en empresas, sobre todo bancos, que otorgan la prestación de otorgar créditos a tasas preferenciales a sus empleados e incluso a sus directivos, frente a trabajadores que tienen que recurrir a préstamos bancarios en condiciones normales.

La disposición pretende equiparar esas condiciones de normalidad en el tratamiento fiscal a las tasas crediticias, para unos y otros.

Igual que la iniciativa anterior, por las mismas razones esta iniciativa se difiere en su discusión para la fecha de la presentación de las iniciativas del Ejecutivo Federal.

Se aprobó por 14 votos a favor.

3o. Iniciativa para la aplicación de la tasa 0% del impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas.

Fecha: 3 de mayo de 1995.

Partido Acción Nacional.

Descripción: se propone la modificación a diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a fin de que se establezca permanentemente la aplicación de la tasa 0% con su mecánica original a todas las cadenas productivas de los alimentos procesados y las medicinas de patente.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público considera adecuada la iniciativa, pero dado que el Ejecutivo Federal, por decreto del 7 de julio admitió el criterio sustentado por la iniciativa, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995, ya no se estima procedente practicar la reforma a la ley de la manera propuesta. Asimismo, la Comisión de Hacienda ha solicitado ya al Ejecutivo Federal el planteamiento que la iniciativa contiene y que también ha adoptado el Consejo Asesor Fiscal, para que lo integre a su propuesta de Miscelánea Fiscal, próxima a remitir, para darle permanencia en ley a este tratamiento.

Igual se recomienda diferir su discusión; lo cual se aceptó por unanimidad.

II. Otras iniciativas vinculadas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

1o. Iniciativa de decreto que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que se reduzca a 7% su tasa general.

Fecha: 17 de mayo de 1995.

Partido Acción Nacional.

Descripción: se propone la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado del 15% al 7%, con el fin de contribuir a resolver los problemas de la crisis económica.

Esta comisión considera que la iniciativa debe desecharse, en virtud de que traería serios efectos en la recaudación que afectarían el gasto programable del Gobierno Federal, disminuyendo recursos para acciones prioritarias como educación, salud e infraestructura. Así, mismo no se podría alcanzar el objetivo de equilibrar las finanzas públicas, obligando al Gobierno Federal a endeudarse o a acudir a fuentes inflacionarias de financiamiento. Finalmente se disminuirían sensiblemente las participaciones de las entidades federativas.

Se recuerda que, de los 15 años de vigencia que tiene este impuesto, en 11 tuvo aplicación la tasa del 15%. Su reducción fue una de las causas de los problemas de finanzas públicas y del deterioro de las economías de las entidades federativas.

Al adoptar la medida, se dispuso que se mantuviera la tasa del 10% para las regiones fronterizas y la tasa 0% para el consumo básico, incluyendo los alimentos y las medicinas de patente.

Este tema se consideró suficientemente discutido manteniéndose las posiciones de los partidos al respecto, sometiéndose a votación siendo desechada esta iniciativa por 14 votos en contra y cuatro a favor.

2o. Propuesta para reformar los artículos 1o. y 2-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Fecha: 7 de junio de 1995, presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Autor: LVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

Descripción: esta propuesta pretende revertir la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, restableciendo la tasa de 10% general y la aplicación de la tasa 0%.

Esta propuesta a juicio de la comisión, debe desecharse, en lo que hace a la reducción de las tasas, por las razones arriba expresadas; no obstante se estima que la propuesta de mantener la tasa 0% debe considerarse dentro de la iniciativa que al respecto presente el Ejecutivo, como ya anteriormente se indicó.

El planteamiento de fondo contenido en esta iniciativa, en realidad fue resuelto en la discusión previa de esta Cámara, la que aprobó el 17 de marzo de 1995, las modificaciones que elevaron la tasa general de este impuesto.

Esta propuesta en lo que respecta a la tasa general, se desecha por 13 votos en contra y dos a favor.

Por lo que corresponde a la propuesta de la tasa 0%, se aprueba por unanimidad el aplazamiento de su discusión hasta la presentación del paquete tributario del Ejecutivo.

3o. Iniciativa de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Fecha: 19 de julio de 1995.

Autor: LVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

Descripción: eliminar del gravamen del impuesto sobre el valor agregado, el cargo que las juntas de agua del Estado de Chihuahua cobran por su servicio, considerando la importancia del agua en las necesidades de la población y el impacto del aumento de la tasa general del impuesto.

El origen de la medida tuvo como propósito el que mediante el procedimiento general de la ley, las juntas pudieran acreditar las importantes cantidades de impuesto que les era repercutido en los gastos que realizan en la prestación del servicio, como en el caso de construcción o mantenimiento.

Se aprobó por unanimidad posponer la discusión de esta medida, para analizarla cuando se discuta el paquete tributario del Ejecutivo.

4. Iniciativa de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Fecha: 3 de mayo de 1995.

Autor: LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Descripción: La iniciativa tiene como objetivo que se otorgue a todo el Estado de Chiapas el tratamiento de región fronteriza, a efecto de que en él se cause la tasa del 10% en vez de la del 15%.

Al elevarse la tasa general al 15%, medida aprobada el 17 de marzo de 1995, se consideró aplicar el tratamiento de tasa de 10% sólo a la región fronteriza del país, por lo que no procede esta iniciativa.

Chiapas tiene el tratamiento del 10% del IVA en sus franjas fronterizas y no es posible extender este tratamiento a todo el Estado porque sentaría un precedente que podrían invocar otras entidades federativas, restando generalidad a la aplicación del impuesto.

Esta propuesta se desechó por 14 votos en contra, uno a favor y cinco abstenciones.

III. Iniciativas cuyos planteamientos no proceden:

1o. Iniciativa de reformas a la Ley que establece las Reducciones Impositivas Acordadas en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo para modificar el tratamiento a la exportación de energía eléctrica proveniente de la geotérmica.

Fecha: 23 de marzo de 1995.

Partido Revolucionario Institucional.

Descripción: Propone incrementar la participación del 6% al 40%, en el impuesto a la exportación de energía eléctrica que se genere con vapor geotérmico, cuya tasa es de 13%, para el municipio productor colindante con la frontera por el que se realice la exportación.

En atención a que este impuesto es de carácter temporal, que va de 1994 a 1996 y que a partir de 1997 ya no se realizarán estas exportaciones, se considera improcedente la iniciativa.

Se desechó por unanimidad.

2o. Proyecto de Ley para Reactivar la Economía Nacional.

Fecha: 23 de agosto de 1995.

Autor: iniciativa presentada por diversas organizaciones de ciudadanos.

Descripción: este proyecto de ley pretende normar la acción del Ejecutivo Federal en materia económica.

La iniciativa carece de sustento legal, al no haberse presentado por quienes de acuerdo a la ley tienen facultades para hacerlo, por lo que debe desecharse.

Esta iniciativa fue turnada a esta comisión para su consideración, la que estimó la improcedencia de su análisis y resolvió que se dé el turno correspondiente a la Comisión de Participación Ciudadana.

IV. Iniciativas en materia tributaria cuya discusión se pospone para examinarlas de manera conjunta con las del Ejecutivo Federal.

1o. Iniciativa de decreto que reforma la Ley General de Bienes Nacionales en sus artículos 3o. fracción IV así como 34 fracción Vl, y deroga el artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para 1995.

Fecha: 19 de julio de 1995.

Autor: LVII Legislatura Constitucional del Gobierno Libre y Soberano del Estado de Chihuahua.

Descripción: se pretende lograr la aplicación plena del impuesto predial sobre las propiedades del Gobierno Federal, eliminando la figura de los bienes de dominio público, para los cuales se exceptúa la aplicación del impuesto predial.

Hay que distinguir aquellos bienes de dominio privado que forman parte del patrimonio de organismos y empresas públicos, que se equiparan con los que tienen los particulares y por esa razón pueden causar el impuesto, de los bienes de dominio público, a los que la ley exime del pago de impuestos.

El artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación, precisamente deja sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones fiscales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

La comisión por unanimidad consideró pertinente posponer su análisis y discusión a la fecha de presentación del paquete tributario.

2o. Iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, para incrementar las participaciones en impuestos federales a estados y municipios.

Fecha: 29 de noviembre de 1994.

Partido Acción Nacional.

Descripción: para incrementar el fondo general de participaciones del 18.51% actual al 40% de la recaudación federal participable para estados y municipios, se propone el aumento gradual hasta alcanzar el 40% en el año de 1998; cambios en la fórmula de distribución de participaciones para reducir el criterio de población actual, gradualmente para alcanzar sólo el 20% en 1998. Asimismo se propone incrementar la reserva de contingencia de 0.25% al 1.0% Se recomienda analizar esta iniciativa junto con las que presente el Ejecutivo Federal en materia de coordinación fiscal, lo cual fue aprobado por unanimidad.

3o. Iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en sus artículos 80, 80-A, 80-B y 81. Fecha: 17 de marzo de 1995.

Partido de la Revolución Democrática.

Descripción: propone eximir de la aplicación del impuesto sobre la renta a los asalariados que perciban hasta cuatro salarios mínimos y se aplique una tasa superior al 35% para quienes ganan más de 50 salarios mínimos al mes.

Se recomendó examinar esta iniciativa junto con las que presente el Ejecutivo Federal en materia tributaria, lo cual se aprobó por unanimidad.

4o. Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de Carácter Fiscal.

Fecha: 26 de julio de 1995.

Partido de la Revolución Democrática.

Descripción: la propuesta pretende hacer deducibles del impuesto sobre la renta y dejar exentos de la aplicación del impuesto al valor agregado, sujetos a tasa 0%, los gastos que realicen los particulares en la educación de sus hijos, además de otorgar un subsidio equivalente a la cantidad de 1.5 salarios mínimos mensuales por educando, cifra que corresponde al tope que se pretende deducir en el impuesto sobre la renta.

Se recomendó examinar esta propuesta junto con la iniciativa que presente el Ejecutivo Federal en materia tributaria, lo cual se aprobó por unanimidad.

De enterado.

El Presidente:

Me permito llamar la atención de las compañeras y de los compañeros diputados, que con este informe que ha sido leído, se aborda la cuestión de las iniciativas que han sido presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

La Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política elaboró un punto de acuerdo sobre cómo abordar la discusión de estas iniciativas que se dictaminan o se rechazan.

Por lo tanto ruego a la Secretaría dé lectura al punto de acuerdo elaborado por la Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política.

El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:

"Jueves 19 de octubre de 1995.

Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando:

Primero. Que la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamento, dan lugar a diversas interpretaciones de los trámites de iniciativas rechazadas.

Segundo. Que con objeto de permitir que el pleno en caso de que una iniciativa haya sido presentada por uno o más miembros de esta Cámara esté en posibilidad de conocer los motivos que fundamentaron dicha iniciativa y las razones por las que se desechó, esta Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se permite someter a su consideración los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. En toda iniciativa presentada por uno o varios diputados, el autor o autores de la misma serán convocados para asistir a la reunión de comisión en que se acuerde sobre la aceptación o rechazo de la propuesta.

Segundo. Cuando una comisión no apruebe una iniciativa con proyecto de ley o decreto presentada por uno o más miembros de esta Cámara, su presidente elaborará un informe por escrito en que se asiente: la propuesta, su objetivo, día y hora de la reunión en que se desechó la iniciativa, número de diputados asistentes, votación en pro y en contra y las razones que se tomaron en cuenta para la resolución citada.

Tercero. Elaborado dicho informe el presidente de la comisión lo hará llegar a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que la misma proceda a incluirlo en el orden del día de una próxima sesión.

Cuarto. Una vez leídos por la Secretaría en el pleno el o los informes a que se hace referencia en el punto anterior, podrá concederse el uso de la palabra por un máximo de 15 minutos al autor o autores de las propuestas desechadas. El presidente o algún otro miembro de la comisión de que se trate, podrá hacer uso de la palabra por el mismo tiempo.

Quinto. Cuando a juicio de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política la iniciativa desechada sea de tal importancia que se requiera mayor información al pleno, se propondrá a la Asamblea se amplíe el número de oradores.

Sexto. En ningún caso se someterán los informes que desechen iniciativas de ley o decreto.

México, D.F., sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a los 17 días del mes de octubre de 1995.- Diputados: Humberto Roque Villanueva, presidente; Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Jesús Ortega Martínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Juan José Osorio Palacios, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Ramírez Gamero y María del Rosario Guerra Díaz.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente:

¿Con qué objeto señor diputado.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):

Para hechos.

El Presidente:

Para rectificar hechos se concede la palabra al diputado Antonio Tenorio Adame.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

Vengo con la intención de una advertencia: en razón de que el informe anterior de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, no nos distribuyó dicho documento, no estoy en disposición para aseverar de forma categórica y definitiva lo que en su contenido se sostiene. Pero sí quiero advertirles, señores diputados, de que si se trata de anular las facultades del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la República Mexicana, yo estoy definitivamente en contra. Estoy en contra de que las comisiones se adjudiquen facultades que no les corresponden y de que den por concluidas las iniciativas que presenten los legisladores en el curso de las sesiones.

Las comisiones, ninguna de ellas tiene facultades concluyentes ni siquiera facultades derivadas. Somos un Congreso organizado para funcionar en pleno. Todo lo que a la Cámara le concierne y es de su conocimiento, tiene que ser aprobado y conocido por el pleno. Ninguna comisión, aun la de examen previo, tiene facultades para dar dictámenes definitivos. Los dictámenes deben ser sometidos a la discusión del pleno.

En esa razón, si tal es la intención del documento que aquí se ha presentado, del informe que se ha presentado, estoy en contra y reclamo el derecho que me concierne y que concierne a los representantes de la nación, para que este Congreso, que es una forma tradicional de organización, ya que existen otros congresos como el italiano, en donde las comisiones o el norteamericano, donde las comisiones sí tienen facultades derivadas para concluir dictámenes, nosotros como Congreso mexicano tenemos la facultad de conocer y determinar los dictámenes solamente en el pleno del Congreso y no estoy dispuesto a que se secuestre esa facultad que nos concierne a todos. Advierto, señores.

El Presidente:

Me permito informar al ciudadano Antonio Tenorio Adame, que el presente punto de acuerdo fue leído en la sesión pasada del 19 de octubre y fue turnada a las comisiones legislativas.

Por otra parte, esta Presidencia instruye a la Oficialía Mayor a fin de que este punto de acuerdo sea distribuido a todos y cada uno de los diputados.

Por otra parte, está claro que de acuerdo al Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, tiene sus derechos salvaguardados el diputado Antonio Tenorio Adame.

En función del punto de acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se concede el uso de la palabra, hasta por 15 minutos, al diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Señoras y señores diputados:

No cabe duda que "el que pega primero, pega dos veces" y después "quiere volver a pegar". ¡Primera llamada! ¡Primera llamada:

En marzo de 1995 el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa para aumentar el impuesto al valor agregado en su tasa general del 10% al 15%. Tristemente los legisladores del partido del Gobierno aprobaron esta injusticia en contra de la nación. ¡Con esta decisión, acompañada de otras decisiones, son responsables de que el producto interno bruto haya bajado en el segundo trimestre de 1995 en un 10.5%! Son responsables de que la tasa de desempleo se haya ido ya a más del doble de lo que era en 1994, cuando era del 3.3% y ahora asciende tristemente al 7.6%! ¡También son responsables de que hoy en la calle se encuentren aproximadamente 2 millones 400 mil desempleados más que el año pasado! Datos proporcionados por el INEGI. ¡También son responsables, a través de esta actitud nefasta, de una inflación que en nueve meses ha alcanzado más allá del 45%! ¡Segunda llamada! ¡Segunda llamada:

Hoy, el Gobierno y su partido conocen los resultados del primer semestre de las finanzas públicas, conocen perfectamente que el superávit primario es superior a los 51 mil millones de nuevos pesos. ¡Conocen que el superávit del sector económico del sector público es superior a 15 mil millones de pesos! ¡Conocen que los ingresos petroleros recaudados en el primer semestre son superiores a 27 mil millones de nuevos pesos!

¡Todo esto también lo conocen los economistas del Gobierno y su partido, que es el significado de la curva del affaire: a mayor tasa de impuesto no corresponde mayor recaudación! Sin embargo, entre más altas son las tasas de impuestos, mayor es la evasión fiscal. Con este aumento de tasas han promovido una mayor evasión fiscal, un descontrol de la economía y una destrucción del desarrollo nacional.

Con el aumento a la tasa del IVA se desalentó el desarrollo económico, se generó desempleo, se propició desesperanza, se produjo aborrecimiento hasta el Gobierno y su partido.

El IVA recaudado en el primer semestre de 1995 disminuyó en términos reales 2.1%. Esto es sumado a la inflación: 2.1%. ¡La decisión que tomaron fue equivocada! ¡O se equivocaron al tomar la decisión o no entendieron qué decisión tomaron:

Y en términos reales la disminución de la recaudación del IVA seguirá bajando, porque no han entendido que lo que necesita esta economía es motivarla, es darle estímulo y no golpearla como lo han hecho.

Asimismo la explicación que se da en el dictamen del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público establece, en forma inexacta, que si se bajase la tasa del impuesto al valor agregado las participaciones a las entidades federativas disminuirían proporcionalmente. ¡Error, error grande, inexacto e impreciso, como muchas cosas que han hecho para acabar con el pobre pueblo de México! ¡Inexacto, porque les voy a demostrar técnicamente que es mentira! ¡Porque cuando el impuesto al valor agregado disminuyó del 15% al 10% las participaciones a las entidades federativas aumentaron!

¡Señor diputado: verifique su fuente o que el que le hizo el discurso verifique la fuente también:

1. En 1991, cuando bajó la tasa del IVA, las participaciones eran de 26 mil millones de nuevos pesos a las entidades federativas. En 1992 aumentaron a 31 mil; en 1993 aumentaron a 36 mil y en 1994 aumentaron a 41 mil. Resulta que lo impreciso del discurso es impreciso también en cifras:

El Partido Acción Nacional, el 17 de mayo de 1995, en la Comisión Permanente presentó una iniciativa para disminuir el IVA del 15% al 7%. Con esta situación pudiéramos haber generado una reactivación de la actividad económica, con esto pudiéramos haber disminuido la tasa de desempleo, con esto hubiéramos incrementado la recaudación a través de una motivación y no de un golpe a la economía, con esto hubiéramos creado esperanza y confianza, confianza y esperanza con la que ustedes han acabado.

La generación del superávit primario y de superávit económico no debe justificarse como lo ha hecho el Gobierno y su partido, con el hambre del pueblo de México.

¡Tercera llamada! ¡tercera llamada! Propusimos que la tasa del impuesto al valor agregado bajara del 15% al 7% y lo seguiremos promoviendo, porque tenemos la razón y la razón nos acompaña.

Hoy el Gobierno y su partido refrendan la traición a la patria, hoy refrendan el golpe que le dieron al pueblo de México en marzo de 1995, ¡están cerrados a bajar el impuesto al valor agregado, hoy el pueblo se los reclama y se los reclamamos los mexicanos! ¡Ustedes son los responsables de la crisis del país:

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Oscar Guillermo Levín Coppel.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

Con su venia, señor Presidente:

Los señores del blanquiazul siguen con sus indefiniciones. Por un lado exigen que se dictaminen leyes, lo ponen de condición para regresar a la mesa del diálogo nacional, pero ahora resulta que cuando las desechamos con su propio voto las estamos descartando al vapor; a esto, ya que nos pusimos teatrales, yo le llamaría: el complejo de la gatita Flora si uno la saca a pasear llora y si uno la mete a casa también llora.

Hay una especie de obsesión panista por las indefiniciones, que más que indefiniciones es la tesis de retrasar todo hoy para ganar mañana, un mañana por cierto muy incierto en su estrategia. Se sientan a firmar un punto de acuerdo para la reforma política del Distrito Federal y luego al día siguiente ya no lo reconocen; la estrategia es muy clara: provocar lagunas, océanos de olvido, de indiferencia, tienen, es obvio, históricamente resistencia a los cambios y llegan al absurdo de proponer leyes que limitan las garantías individuales y correctivas de los mexicanos e inclusive de leyes hechas aquí mismo por esta misma soberanía, como las últimas aprehensiones.

Se oponen en principio a la participación de los ciudadanos en las elecciones y ahora apoyan abiertamente a los que consideran sus candidatos en el proceso de elección de consejeros ciudadanos; se van a favor de los candidatos que son ciudadanos y no miembros de su partido; llegan a esto por la tozudez de ustedes mismos por no llegar a un acuerdo con el resto de los partidos. Pero ahora, abiertamente apoyan a los que creen son sus candidatos. ¡Tejen de día y destejen de noche, son Penélopes, flores de un día, piden inconstitucionalidad de una ley! ¡Entonces, no se hubieran metido a apoyar las elecciones!

¡El PAN sigue con más de lo mismo, como en esa letrilla de sor Juana: "Si lo ensartas pierdes y si no perdiste"; más seriedad señores panistas!

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín.

El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:

Señoras y señores diputados:

Repito, no cabe duda que el que pega primero, pega dos veces. Señor diputado Levín: usted no entiende ni con golpes definitivamente. Señor diputado Levín, unas ligeras aclaraciones; no es propósito de atrasar la discusión porque si usted no entiende las reglas se las tenemos que explicar, si usted presume que vio un acuerdo, lo percibía porque lo soñó porque el acuerdo no estaba firmado. Cuando el acuerdo supuestamente se discutió en la comisión, no había sido firmado por ninguno de los coordinadores de las fracciones parlamentarias.

Señor diputado, entienda que está solo, vive sólo con su mentira y con su egoísmo, usted lo único que quiere es ser vanguardista, pero de su propio ser.

Y le quiero decir que nosotros no queremos retrasar nada cuando a veces en su voz se oye una voz de retraso, una voz de retraso de modernidad y de entendimiento, cuando usted únicamente levanta la mano y no discute y únicamente trae un discurso preparado porque no hay otra forma de presentarse ante la verdad y de frente a la nación.

Las leyes que dieron las garantías individuales, señor diputado, ése es de otro discurso que no está en este momento, porque si estamos proponiendo que el impuesto al valor agregado baje del 15% al 7% es en favor de las garantías individuales y en favor de las garantías de todos los mexicanos.

Señor diputado, la tozudez que es el único adjetivo que se sabe, porque yo creo que así lo nombraban cuando estaba chico, tiene que cambiarla porque lo único que hace usted es con su discurso autodefinirse y usted no entiende ni con golpes.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Oscar Levín.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

No, señor diputado, qué visión tan pequeña y tan cerrada, tan extrema y tan pobre, no, aquí estamos discutiendo de otro asunto, aquí de lo que estamos hablando es de todos aquellos que ponen condiciones para generar ingobernabilidad en este país; aquí de lo que estamos tratando es de ponernos de acuerdo todas las fracciones políticas para llegar a una reforma política que pueda generar la gobernabilidad y los acuerdos necesarios para avanzar en la democracia.

Lo que usted no me ha contestado, compañero diputado y no ha contestado ninguno de ustedes, es un asunto muy sencillo, ¿por qué ponerle tantas piedras en el camino a un acuerdo que es fundamental para la nación? Yo ya les contesté el asunto del IVA, ha quedado muy claro que para ustedes es simplemente una plataforma electorera, plantearse el desarrollo económico de México con una baja de impuestos no es más que un absurdo electoral, no resiste la opinión de nadie, lo que estamos hablando aquí hoy martes que se han reunido los partidos políticos, es que tenemos un partido que piensa que con su posición y mire que no es la posición de todo su partido, sino la posición de algunos dentro de su partido y usted ni siquiera está dentro de esa posición para mayor reconocimiento.

Es que en ese partido se nos están poniendo condiciones a un acuerdo que le urge a México que lleguemos todos, por eso es importante que no hagamos las definiciones que yo le comenté, ya que usted se puso teatral con la gatita Flora, aquí lo que necesitamos compañeros diputados, es llegar a acuerdos específicos que nos saquen a todos adelante y que tengamos la capacidad de que esta casa, que es la casa del pueblo, se vuelva el lugar, el crisol, el lugar en donde podamos discutir el diálogo de la política nacional.

En este sentido, lo que les estoy planteando es, defínanse compañeros, nosotros ya estamos definidos y en esa definición hay que ponernos en una definición al lado del pueblo de México no con absurdos electoreros.

Muchas gracias.

El Presidente:

¿Con qué objeto, señor diputado?

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado García Villa.

El diputado Juan Antonio García Villa:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Es muy fácil venir a ocupar esta tribuna y salirse un ratito del tema a discusión para luego volver a él con un protagonismo que ya parece enfermizo. No lo parece, lo es.

Sería muy interesante preguntar a quienes aplauden al protagonista, si el diputado está hablando a nombre de su grupo parlamentario. Sí exigiríamos, por la seriedad del debate, por la conducción correcta de los puntos contenidos en la agenda legislativa y lo que está en el debate nacional y en el ánimo de la opinión pública, si este tipo de retórica, de discurso, es con el que nos estamos enfrentando y/o es otro el discurso y éstos solamente son recursos de humo.

Dice y habla de complejos el señor diputado. Para él todo lo que no encaje con su punto de vista lo interpreta como una fórmula para caer, ahora nos sorprende, en la ingobernabilidad. Si de complejos se trata, sería interesante saber si él padece el complejo de Dafne, aquella figura mitológica que pensaba que todo el mundo la quería violar; ahora resulta que todo lo que nosotros decimos le molesta, le agravia, le ofende, le perjudica a este señor.

Por la seriedad del debate, señores diputados de la mayoría, exigimos en este momento si a este tipo de discursos y no solamente ingenuos o candorosos porque tratan de ganar el aplauso con frases hechas, vimos como ya traía preparadas sus tarjetas en la primera intervención, si es el tono que vamos a esperar, porque para nosotros este diputado está fuera de tono, de tema y de tiempo.

Gracias.

El Presidente:

Para continuar la discusión sobre el informe de la Comisión de Hacienda y Crédito Público tiene la palabra el diputado Luis Manuel Jiménez Lemus, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 15 minutos, como miembro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Luis Manuel Jiménez Lemus:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El diputado Llamas ha desenterrado una iniciativa del mes de mayo, cuando su partido quiso reactivar un asunto resuelto apenas hace un mes. Sus disquisiciones enciclopédicas y estadísticas se resumen en dos argumentos: demagogia y electorerismo. Trata de resarcir a su partido de claras derrotas conceptuales en tribuna, está además haciendo uso de un acuerdo parlamentario que persigue el buen orden para demostrar, desafortunadamente, los peligros que veíamos algunos priístas, que desvirtuando el acuerdo debilita el trabajo en comisiones y puede ir en contra de una sana reforma del Congreso que nosotros deseamos.

No vamos a darle gusto de revivir un debate ya dado y superado, son bien conocidos sus propósitos, es sólo la estricta cortesía parlamentaria por la que le contestamos.

Los argumentos y las tesis que sustenta el informe de la Comisión de Hacienda es la línea de la responsabilidad priísta la que permitió con gran sacrificio fortalecer el ahorro, las finanzas públicas, reducir la deuda, abatir la inflación, estabilizar el tipo de cambio, reducir las tasas de interés, generar las exportaciones y saldos favorables del exterior, aumentar los recursos internacionales, salir del riesgo serio de insolvencia y quebranto nacional.

La de usted, la de su partido, demagógica y electorera, la que defiende a especuladores que aumentan los precios hasta en un 100%, cuando el IVA afectó sólo los costos en un 5%; la de los gobernadores y miembros de su partido que rechazaron el impuesto con una mano y con la otra reciben mayores participaciones.

Efectivamente, a los priístas no nos gusta como a nadie los impuestos, el IVA ni sus aumentos, pero sabemos que son necesarios para pagar maestros, para pagar sueldos, construir escuelas y hospitales, generar mayores participaciones para los estados y los municipios.

Bajar el IVA como lo desea usted, señor diputado y su partido, si es congruente implicaría que regresen recursos sus gobernadores, cuyas finanzas públicas quedaron maltrechas por la anterior reducción y acudieron a la deuda, que regresen los millones que han recibido.

Su propuesta hubiera significado un desequilibrio fiscal del 2% en relación al producto interno bruto; el IVA dará 2 mil 400 millones de nuevos pesos en participaciones, 11 mil millones de nuevos pesos de mayor captación de impuestos, que prácticamente la recaudación del IVA se mantiene en este año a nivel real, en un 1%, frente al 20% de caída del impuesto sobre la renta.

Su propuesta significaría un desequilibrio fiscal del 2% del producto interno bruto. Usted querría, reavivando el tema, hacer al pueblo de México desandar lo andado, que con gran sacrificio ha hecho; hacernos recaer en desequilibrios financieros, perder la confianza que comenzamos a recuperar, debilitar las instituciones. Si su propuesta tuviera credibilidad, eso es lo que ocasionaría.

Estamos conscientes de los avances en la estabilidad financiera que el aumento del IVA provocó, junto con otras medidas. Por esa estabilidad ahora podemos pensar en la recuperación y el crecimiento. Estamos los priístas al lado de los obreros y los empresarios, en el sentido de que ahora el imperativo es la recuperación económica. Pensamos que el Gobierno debe hacer mucho más y debe hacer los ajustes necesarios de política económica para lograrlo.

Estamos con los empresarios y obreros y campesinos, en que debemos encontrar mecanismos concretos para apoyar la recuperación. Es cierto: ni las exportaciones ni la inversión privada son suficientes para estimular la recuperación; lo que requerimos son otros esquemas, se requiere apoyar verdaderamente el poder adquisitivo de los trabajadores, se requiere más inversión pública que estimule la actividad económica, más acciones de la banca de desarrollo y la vivienda, más recursos a estados y municipios.

Tendrán que adelantarse algunos mecanismos planteados de la fracción priísta, hará propuestas concretas, eficaces, que nos permitan salir del problema y reitero, la fracción priísta está abierta al diálogo, a la concertación con todas aquellas fuerzas que hacen de la política un ejercicio racional de talento y respeto a los ciudadanos. Es cuanto.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Saúl Escobar Toledo.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:

Gracias, señor Presidente; compañeras:

compañeros legisladores:

La política económica que el Gobierno ha aplicado para superar la crisis, es totalmente equivocada. Es falso que el país pueda salir de esta catástrofe con la aplicación de un conjunto de medidas como el aumento al impuesto al valor agregado en un 50%, que atenta contra el desarrollo sustentable de la nación, a corto y largo plazos.

De la misma manera resulta inadmisible que en el I Informe de Gobierno del Presidente de la República y en otras declaraciones que se han hecho más recientemente, se venga a decir que lo peor de la crisis ya pasó, que las medidas tomadas fueron dolorosas pero que ya se tienen todas las condiciones para iniciar la recuperación y superar la crisis económica.

Estos señalamientos se hacen cuando se admite un mayor decrecimiento del producto interno bruto, un decrecimiento sin paralelo en la historia contemporánea del país, cuando las micro, pequeñas y medianas empresas desaparecen masivamente, cuando se generan más de 2 millones de desempleados, cuando el mercado interno se encuentra colapsado, cuando el pueblo de México profundiza la miseria y millones de mexicanos pierden la credibilidad y la confianza y deambulan por el territorio nacional en busca de ingresos y de un empleo remunerativo.

Es ante estas circunstancias cuando se está realizando un referendum, el referendum de la libertad, fundamentado en el artículo 39 de la Constitución. El Partido de la Revolución Democrática se ha sumado a muchas de las organizaciones convocantes de este referendum y llama hoy, por mi conducto, a todos los legisladores de las fracciones parlamentarias para que se sumen a este esfuerzo nacional y el día de mañana tengan el orgullo y la dignidad de haber actuado conforme a su conciencia y su libertad individual.

Congruente con este llamado y con ese referendum, el PRD reitera que el impuesto al valor agregado debe reducirse del 15% al 10% y se conserve la tasa 0% para los satisfactores básicos. Esta propuesta se hace aun a pesar de la mayoría de los legisladores pertenecientes al partido oficial, que han obedecido dócilmente las indicaciones del Ejecutivo.

En este dictamen que se nos presenta, en este informe que se nos presenta, se vuelve a conservar la tasa del impuesto al valor agregado al 15%, sin considerar los efectos lesivos que dicho impuesto regresivo tiene para la economía popular y para el país en general.

Señores legisladores, nos sumamos a este esfuerzo nacional, a este referendum que puede poner en claro de qué lado están las opiniones mayoritarias, de qué lado se inclina el pueblo de México y a que voten en consecuencia con esta opinión del pueblo.

Señor diputado del PRI que me antecedió en la palabra, no está haciendo usted un acto de cortesía al discutir la baja del impuesto al valor agregado; no está haciendo una concesión graciosa, está usted en todo caso cumpliendo con su deber, un deber que la mayoría pospuso indefinidamente al meter las propuestas de la oposición en la llamada congeladora. No está usted pues, haciéndonos un favor a nadie. En todo caso está desquitando un poco el sueldo que le pagan.

Y quiero decir también que no estamos de acuerdo en que ahora se pase de la congeladora al carpetazo y que rápidamente se deshagan de propuestas que debieron haber sido discutidas con más detenimiento.

Y para abundar en esto yo quiero decirle que la medida de aumento al impuesto al valor agregado ha sido un error genial, ha sido un error genial porque no ha, como ustedes dijeron y como lo reiteraron hace un momento, no ha resuelto el problema de las finanzas públicas de manera fundamental.

Como usted sabe señor diputado, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta han sido los principales impuestos tributarios, sin embargo el impuesto al valor agregado disminuyó en su captación en los últimos seis meses, en los primeros seis meses del año y si no hubo una caída mayor de los ingresos del Gobierno Federal, fue no por el aumento al impuesto al valor agregado, sino fundamentalmente porque se le aumentaron otro tipo de partidas, principalmente los no tributarios que aumentaron en una cantidad significativa.

La aportación que el aumento al IVA tuvo sobre las finanzas públicas, fue en todo caso marginal y en cambio, si se hubiera mantenido el IVA al 10%, quizá hubiera habido un aumento o una caída menos grave del producto, de la actividad económica y en ese sentido incluso, quizá la recaudación hubiera aumentado.

De esta manera podemos concluir que desde el punto de vista de la lógica de la recuperación económica y del combate a la crisis, el aumento al IVA fue un error, pero si lo que se quería era dar una señal al exterior de estabilización de los mercados, lo lograron, sólo que lo lograron con un enorme sacrificio del pueblo mexicano y con un enorme costo político para ustedes mismos.

Han tenido, pues, ahora un segundo error genial que seguramente les va a costar políticamente, pero que al pueblo mexicano le va a seguir costando en sacrificio, en empleos, en ingresos.

Sigan por este camino de obedecer las recetas del Ejecutivo, que a su vez obedece casi incondicionalmente al FMI y seguiremos sumidos en la crisis.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Jorge Ocejo Moreno.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Al diputado del PRI que nos antecedió en la palabra, traigo aquí una calculadora, traigo aquí el informe de Hacienda del primer semestre y le quiero decir que si quiso hablar aquí sobre otras personas de demagogia y electorerismo, a él no le pudo quedar ni el populismo, porque no lo pudo hacer, pero yo creo que es necesario que pasemos a concretar sobre el asunto del impuesto al valor agregado que no se quiere bajar y que él habla de un desequilibrio fiscal. Mi amigo, 15 mil millones de superávit en las finanzas públicas no es desequilibrio fiscal, véalo por donde lo vea.

Y mire nada más. Los cálculos actualizados del primer semestre y vamos a concretar, porque si no de otra manera puras palabras no sirven. Aquí está la calculadora, aquí están las cifras.

En el primer semestre de 1995, en el primer trimestre la recaudación del IVA fueron 9 mil 955 millones de nuevos pesos, es decir, al 10% estaba entonces el IVA, la base de cálculo fue 99 mil 551 millones.

En el segundo trimestre la recaudación del IVA fueron 13 mil 347, nada más que fue al 15% y la base fue 88 mil 980 millones de nuevos pesos.

En total en ese primer semestre la base para el cálculo del IVA fueron 188 mil 531 millones de nuevos pesos, sobre los que se hicieron los cargos o los cálculos del IVA de las personas que lo causaron.

El primer semestre tuvimos un superávit de 15 mil 292 millones de nuevos pesos. Si el IVA hubiese sido todo el semestre el 7%, como propuso el Partido Acción Nacional, se hubieran recaudado en lugar de 23 mil 302 millones en el semestre, 13 mil 197, es decir, 10 mil 104 millones de nuevos pesos de menos, que si los restamos al superávit de 15 mil 292 nos deja todavía un superávit de 5 mil 187 millones.

Las cifras no mienten, señores del PRI, las cifras son muy claras. Ahí hay un superávit aun habiendo tenido un impuesto al valor agregado del 7% en todo el primer semestre, aun así hubiese habido 5 mil 187 millones de nuevos pesos de superávit en las cuentas públicas.

Entiendan y debe de saberlo todo el pueblo de México, que con el IVA del 7% habríamos tenido los ciudadanos más de 10 mil millones de nuevos pesos en nuestros bolsillos. Para hacer actividad económica y para generar también mayor impuesto al valor agregado, pero a partir de nosotros, de los ciudadanos que hoy tienen dificultades hasta para poder comer, muchos millones de ellos.

Pero reflexionemos también un poco sobre otros aspectos. Lo que está mal es el modelo económico, y eso ustedes mismos también tienen que reconocerlo. No puede seguirse por la vía del gobierno rico y del ahorro interno público, que es muy fácil: se lo quito al ciudadano, no necesito crecimiento, se lo retiro a los ciudadanos, 15 mil millones de superávit. Pero un pueblo pobre, el ahorro interno privado no se puede dar mientras no haya crecimiento. Si no hay crecimiento nunca habrá ahorro, fuera privado ni nunca habrá ahorro interno suficiente.

Los gobiernos deben de ver por su pueblo y si algo no sale bien hay que corregirlo y ya basta de quitarle el dinero a los ciudadanos, hay que corregir esa absurda imposición del 15% al impuesto al valor agregado e implantar un 7% y aquí está la calculadora y hagamos los cálculos para que veamos que no existe ningún déficit fiscal ni mucho menos.

Queda muy poco tiempo, señores, entre las manos se nos está deshaciendo la planta productiva nacional y se nos está deshaciendo el país y se nos están deshaciendo las propias personas y ciudadanos, los cuales ya no tienen hoy suficientes recursos para poder vivir.

Señores, síganle haciendo igual y verán a qué vamos a llegar.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Roberto Campa Cifrián.

El diputado Roberto Rafael Campa Cifrián:

Con su permiso, señor Presidente; ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados:

He leído con detenimiento las notas que en estas tribuna apoyaron la exposición de mi compañero, el diputado Oscar Levín, para sustentar una respuesta a la pregunta que aquí mismo hiciera el señor diputado García Villa.

Habré de referirme a los puntos centrales. Se sientan a firmar un punto de acuerdo para la reforma política del Distrito Federal y después no la reconocen; se oponen en principio a la participación de los ciudadanos en las elecciones y apoyan abiertamente a aquellos que consideran sus candidatos; tejen de día, destejen de noche.

Vengo de manera categórica a responder, esta posición es una posición individual del diputado Oscar Levín, la respuesta categórica es "no", no es una posición individual, refleja la preocupación del PRI, la preocupación por un partido que refleja inconsistencias en estos asuntos y que, como se ha dicho con toda claridad, ¿qué es lo que quiere.

En ninguna de las materias que planteó aquí el diputado Levín, entendemos una posición consistente y congruente del Partido Acción Nacional.

Pero además debo decir si nos referimos al tono y a las palabras usadas en la tribuna, tampoco aceptamos el epíteto de traidores a la patria. Me parece que convendría ser más cuidadosos, no sólo para no reclamar en lo que no tienen razón, sino para venir aquí a plantear posiciones, para venir aquí a plantear epítetos, que me parece no corresponden a las tareas de este cuerpo de representación popular.

Debo decir que nos parece clara la estrategia. Yo creo que nadie supone que la discusión en torno al incremento al valor agregado fue una discusión superficial o al vapor.

Vayamos al fondo del asunto, compañeras y compañeros. Lo que se discutió a principios de este año, lo que se ha venido discutiendo, tiene que ver con que México mantenga la posibilidad de cumplir con sus compromisos, internos y externos o la posibilidad de que México acepte como un mejor camino, el camino de negar sus obligaciones hacia adentro y hacia afuera.

Nadie duda y nadie cuestiona que estamos pasando por momentos muy difíciles en la economía; lo que conviene reflexionar es ¿cuál hubiera sido el resultado de optarse por un camino distinto? Y conviene recordar aquí que la realidad, la realidad de la economía, con todas sus injusticias, en su momento fue una: o aceptar las recomendaciones de los organismos financieros y del Fondo Monetario Internacional y aceptar una política de ajuste en la economía, ortodoxia de ajuste en la economía, como la que el fondo ha negociado con todos los países en los últimos años, con países grandes y chicos, con demócratas y militares autoritarios, con países capitalistas y socialistas, con todos los países del mundo, el fondo ha negociado prácticamente lo mismo: un programa ortodoxo de ajuste que fortalezca los ingresos y que revise los egresos.

Ese es el fondo del programa económico que estamos viviendo en este momento. Ese es el fondo y era esa posibilidad o la otra decir simplemente: no acepto la negociación y no puedo pagar y, en consecuencia, me declaro en moratoria.

La disyuntiva real era esa, esa era la disyuntiva y conviene discutir aquí a la luz de las dificultades que tiene en este momento la economía, cuáles hubiesen sido las dificultades de negar nuestras obligaciones con el exterior. Hay ejemplos en el mundo, hay ejemplos de países mucho más lejanos a México, el ejemplo de Perú es un ejemplo que puede ilustrar lo que le pasa a un país, lo que le pasó a un país después de negar sus obligaciones y decir: mi compromiso es con los nacionales, no con los de afuera.

Ciertamente el compromiso es con los de aquí, es con los nacionales; pero el resultado para los nacionales de una posición de enfrentamiento con la comunidad económica internacional hubiera sido mucho peor que la que tenemos en este momento.

Como mi tiempo se ha acabado debo decir que el programa económico no está ayuno de logros. Ciertamente estamos pasando por un tiempo muy difícil, pero hoy tenemos, a pesar de la burbuja, tasas de interés de menos de la mitad de las que tuvimos a principios de año; hoy tenemos una paridad prácticamente estable, ha comenzado otra vez, afortunadamente, a renacer la confianza de la inversión.

Hoy tenemos estabilidad, nos preocupan mucho los precios, pero recordemos que en enero, febrero y marzo, los precios se incrementaban a una velocidad mucho menor que la discusión que tenemos por el IVA. Discutamos aquí entre opciones y alternativas reales, no entre lo que nosotros quisiéramos que fuera, entre lo que es el mundo de la economía, el mundo de la realidad y es lo que se puede y desafortunadamente no lo que se quiere.

Y termino diciendo: ojalá algún gobernador del PAN rechace los ingresos adicionales que le corresponden por el aumento del IVA. Esa sería una posición congruente y consistente que dijeran: ¡No aceptamos! ¡No aceptamos esa política y, en consecuencia, no acepto una posición congruente con el PAN en la Cámara, los ingresos adicionales que corresponden por el incremento al IVA:

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Jorge Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:

No cabe duda que el diputado Campa como boxeador sería muy eficaz. El señor siempre cabecea para el lado del golpe. Acabaría inmediatamente con las peleas. Gracias por darnos todos esos argumentos por los cuales ya sabemos que su partido va a desaparecer del plano político. Sigan colaborando con el extranjero. ¡Felicidades! Van por buen camino. Nosotros en la oposición, el PAN y el PRD realmente los animamos a que sigan ustedes pisoteando al pueblo como lo están haciendo. ¡Van bien! realmente nos anima que sigan en esas posiciones, no la cambien por favor.

El plan económico. Si nadie cree en un plan, no quiero saber qué tan bueno pueda ser, pero ninguno de los sectores: ni el sector obrero ni el sector campesino ni el sector industrial ni el sector popular, ninguno de los sectores cree que puede funcionar este plan financiero, no va a funcionar, aunque fuera bueno, que no lo es. O sea, francamente, van bien muchachos. Síganle por ahí. Nos veremos en 1997.

Lo que le quiero llamar la atención a mi diputado Campa es lo siguiente: ya sé que no tienen argumentos para discutir, por eso se desvían tendiendo "cortinas de humo" de que si el D.F., que si esto, que si lo otro. Bueno, síganle, de todas maneras al pueblo no lo engañarán, el pueblo no tiene dinero en la bolsa; el pueblo no puede comprar, el pueblo no tiene trabajo y eso, los argumentos no lo alimentan; los argumentos no lo tranquilizan, el pueblo quiere que le devuelvan su dinero que le robaron despiadadamente porque siguen las indicaciones del International Monetary Found, porque así son las instrucciones que están diciendo los colaboracionistas del PRI, con estos instrumentos ya pasados de moda.

Desgraciadamente ustedes no leen, pero si ustedes se dan cuenta de la tendencia de los economistas más avanzados, es un clamor generalizado en todo el mundo, inclusive en los países capitalistas del grupo de los siete, en contra de este modelo. Hay articulistas que dicen que los que están acabando con los puestos de trabajo en los países avanzados no son los inmigrantes ilegales; son los tenedores de los bonos y las políticas arterioscleróticas del Fondo Monetario Internacional.

¡Por favor! ¿Cuál es la necesidad de apoyar a ultranza, con mucho más rigor una política realmente pasada de moda que ni siquiera los que nos la recetan la siguen? Jamás en Estados Unidos en las últimas décadas, en sus últimos lustros, ha habido un superávit...

El Presidente:

Diputado Padilla, ¿acepta una pregunta del diputado González Luna.

El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:

Acepto todas las interpelaciones que el diputado me quiera hacer.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Mauro González Luna.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza (desde su curul):

Veo que la vulgaridad de su respuesta ya es costumbre desde que el diputado de Yucatán, cuyo nombre no recuerdo, la implantó.

¡Ojalá que su argumento no sea de carpa, señor diputado!

El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:

Gracias; no le veo nada de malo a las carpas, pero ¡bueno!

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza (desde su curul):

Yo sí, aquí no es una carpa. Pero no tiene por qué despreciar... Voy a concretar mi pregunta, señor diputado.

¿Por qué en la época del presidente Salinas apoyaron masivamente todas las iniciativas neoliberales que en este momento en forma oportunista usted pretende desechar.

El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:

Qué amable por darme oportunidad de decirle que usted como economista es muy buen abogado. No tiene idea de lo que está diciendo.

A eso voy; si no me deja ¿cómo le voy a contestar.

La política económica es una cosa y los cambios constitucionales son otra cosa totalmente distinta, tienen implicaciones económicas unas, tienen implicaciones legales otras y tienen otras implicaciones totalmente distintas.

Un plan económico es todo un paquete en que van reformas fiscales, va manejo económico, que son las herramientas primordiales de una política económica y en ésas, ¡jamás! y usted puede revisar todos y cada uno de los Diarios de los Debates, el PAN no apoyó ni las políticas monetarias ni las políticas fiscales. Que hubo cambios legales en algunas implicaciones, no tienen definitivamente la injerencia ni la importancia en las políticas económicas y yo no sé desde cuando es usted aliado de los priístas, pues se dedica a defenderlos y a desviar el tema.

Bueno, regresamos al diputado Campa que realmente... y ¿quién está hablando de carpas? fíjese, se pone usted a gritar como si estuviera en una.

A lo que llego es a lo siguiente, diputado Campa, hizo usted un excelente despliegue de distracción del objetivo, ustedes pisotearon al pueblo, pisotearon la voluntad del pueblo al recetarle un 50% de impuesto. Francamente, así, a costa del pueblo, no nos interesan las victorias electorales, señor; estamos dispuestos a dar lo que sea, con tal de que el pueblo realmente tenga una satisfacción, pero ustedes, ustedes están cavando su propia tumba ¡Adelante con ella!, no los vamos a interrumpir, sigan cavando, mientras más hondo mejor, no se vayan a salir.

Muchas gracias.

El Presidente:

Diputado Padilla, ¿acepta una pregunta del diputado José Carmen Soto?

El diputado Jorge Humberto Padilla:

¡Adelante con la pregunta:

El diputado José Carmen Soto Correa (desde su curul):

Con mucho respeto le quiero hacer una pregunta muy concreta.

Si todos los argumentos que usted ha dado son válidos para los senadores de su partido que también votaron, quisiera que me explicara ¿por qué los senadores de su partido votaron a su favor.

Muchas gracias.

El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:

Bueno, le agradezco mucho la pregunta, porque realmente demuestra que no tiene idea de qué fue lo que pasó. O sea, los senadores de Acción Nacional, en la iniciativa de ley del Ejecutivo para incrementar el IVA del 10% al 15% y puede usted revisar los Diarios de los Debates y la votación, votaron en contra. No sé de qué está hablando usted, señor.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Saúl Escobar Toledo.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza (desde su curul):

Señor Presidente; pido antes la palabra para alusiones personales.

El Presidente:

En primera instancia, para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Mauro González Luna.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Seré muy breve: la posición de su servidor, quiero fijarla en forma clarísima, señores legisladores del otrora Acción Nacional. Esa forma de argumentar simplemente evidencia su falta de lógica y de consistencia desde que su partido traicionó la doctrina original de Acción Nacional. Los convoco a que escuchen, aunque les duela.

No estoy defendiendo al PRI, porque el PRI ya es un despojo del Gobierno. El verdadero gobierno en México, señores priístas y abran los ojos, lo constituye el jefe del Ejecutivo con la complicidad de los dirigentes del llamado Partido Acción Nacional, con el apoyo de un gobierno históricamente antimexicano, que es el de los Estados Unidos. ¡Esa es la realidad:

Y lo que quiero decir es que los argumentos esgrimidos por el PRI deben ser desechados terminantemente en cuanto al IVA. De eso no hay duda; pero ése no es el centro del debate, es su oportunismo, señores panistas, su oportunismo para rasgarse las vestiduras cuando ustedes apoyaron constantemente las políticas neoliberales del tristemente célebre señor Salinas. Esa es la raíz del problema y ahora están ustedes queriendo capitalizar la desgracia en la que han ustedes, en complicidad con Salinas, metido a este pueblo noble de México. Ese es el problema, ése es el problema, señores oportunistas.

Y ¿por qué en Jalisco de manera local están aumentando las cargas a los jaliscienses? Y ¿por qué no quieren pagar las indemnizaciones a las víctimas del asesinato en el penal de Puente Grande, indemnizaciones recomendadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Dónde está su vergüenza? ¡En la basura, señores panistas:

No quiero que se utilice el insulto para contrarrestar estos argumentos que son una verdad sagrada y que seguiremos difundiendo en toda la nación, para que no sigan engañando a un pueblo noble que todavía cree que el PAN es lo mismo de hace varios años. Ese es el compromiso de nosotros y ojalá que la gente de buena voluntad de ese partido en desintegración, que es el PRI, abra los ojos para luchar verdaderamente con argumentos válidos por un pueblo anhelante de esperanza.

Muchas gracias.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio (desde su curul):

Para contestar alusiones personales, señor Presidente.

El Presidente:

Pero estaba en primer lugar el diputado Saúl Escobar y posteriormente usted.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio (desde su curul):

Para contestar alusiones personales.

El Presidente:

Pero a usted no lo han aludido, diputado Peniche y Bolio.

Tiene la palabra el diputado Peniche y Bolio...

Yo le he dicho que no lo han aludido personalmente, sin embargo él alega que sí...

Yo creo que tiene razón, diputado Peniche y Bolio, es mejor que entre para rectificación de hechos el diputado Saúl Escobar y posteriormente le damos la palabra a usted.

Adelante, diputado Escobar.

El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:

Con su venia, señor Presidente; compañeros:

El diputado Campa nos ha asegurado que ha habido logros a partir de las medidas que se decidieron en este Congreso. El problema, diputado Campa, es que nadie, nadie está de acuerdo con esa afirmación. Los empresarios de México todos los días hacen un llamado al Gobierno Federal para que rectifique su política económica.

¡Las medidas que se han decidido por el Gobierno, algunas de las cuales han sido ratificadas por este Congreso, gracias al voto mayoritario del PRI, son desconocidas, repudiadas, por la mayoría o la totalidad de los organismos de empresarios y trabajadores!

¡Es una política sin sustento social, sin apoyo, en el más completo aislamiento político de que se tenga memoria en este país! ¡Los logros nadie los reconoce! ¡Todos los días en la prensa aparecen frases como ésta: "el Gobierno debe generar de inmediato expectativas reales de desarrollo para que el empresariado mexicano se comprometa a trabajar por el futuro de México"!

¡Todos los días hay afirmaciones como ésta El Gobierno está solo en la conducción económica del país y eso es una grave amenaza a la estabilidad política, económica y social de la nación:

Pregunta usted si había otra alternativa. Y yo le digo: "¡Sí había y sí hay otra alternativa!" ¡La alternativa era negociar con patriotismo la deuda externa de México con el Fondo Monetario Internacional! ¡La alternativa era negociar, no humillarse ante el Fondo Monetario Internacional y el tesoro de los Estados Unidos!

¡Había entonces otra alternativa y hoy la hay: esa alternativa tenía qué ver con el patriotismo y la decisión política de llegar a Washington con un Gobierno legítimo y con pleno reconocimiento democrático! ¡Pero como este Gobierno gobierna solo, sin el consenso, sin el reconocimiento, sin la democracia ni el consenso social que da la fuerza política para negociar, se fueron a humillar a los Estados Unidos, como lo han hecho constantemente!

¡Y en ese sentido, en efecto también nosotros le reclamamos al PAN que en el Senado haya votado favorablemente por el empréstito con los Estados Unidos!

¡También le reclamamos al Partido Acción Nacional que en el pasado hayan avalado la política neoliberal del capitalismo salvaje que nos impusieron! ¡Porque ahí, en las medidas neoliberales que vienen de De la Madrid y pasaron por Salinas, están también las raíces de la crisis actual! ¡No sólo en el voto del IVA que se hizo recientemente en este Congreso! ¡Es una crisis estructural en la que también el PAN ha sido cómplice!

¡Pero el PRI no puede venirnos ahora a reclamar y a decir que la alternativa era el desastre! ¡Porque nosotros hemos propuesto varias veces y junto con nosotros organizaciones de empresarios y trabajadores hemos propuesto alternativas que son y siguen siendo viables!

¡Compañero Campa: "el fatalismo no es el futuro del país"! No es: ¡O el Fondo Monetario Internacional o la debacle! ¡O entregarnos a Estados Unidos o la catástrofe!

¡Hay salidas que ponen por delante los intereses del país, que en otros tiempos fueron viables y que hoy siguen siendo viables:

Por eso, compañeros legisladores, nosotros los llamamos, a los del PAN y a los del PRI, a ambos por igual, a reconsiderar, a sumarse al referendum de la libertad, a sumarse, entre otras, a las propuestas que han hecho organismos sociales, donde hay empresarios y trabajadores, consumidores y amas de casa, empleados y desempleados, a que se sumen a ésta, como a otras iniciativas, para la reconstrucción económica del país.

¡Que se sumen con decisión el PAN y el PRI a una nueva política económica! ¡Que se sumen con decisión el PAN y el PRI a la rectificación! ¡Y que se sumen, por lo tanto, a una nueva alternativa de política económica que es ya un patrimonio de muchas organizaciones y no sólo del PRD!

¡Ese es el futuro cierto del país! ¡Ese es el futuro nacionalista! ¡Ese es el futuro para reconstruir no sólo la economía y volver a abrir las empresas y darle empleo a tantos mexicanos, sino también el futuro para un mejor bienestar de todos los mexicanos:

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Francisco Peniche y Bolio.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Con su permiso, señor Presidente:

Una vez más me toca en suerte poner en su lugar a ciertas personas.

El señor diputado González Luna, que como es homónimo del que fuera el señor licenciado don Efraín González Luna, me obliga a tener que decir el diputado González Luna "El Pequeño", para no confundirlo con su tío, el González Luna "El Grande", como Victor Hugo tenía que distinguir entre Napoleón Bonaparte "El Grande" y Napoleón Tercero "El Pequeño"; lo mismo sucede en esta Cámara, una cosa es el tío y otra muy distinta el sobrino, que viene a desgañitarse en esta tribuna y no digo que a mesarse los cabellos, porque no los tiene.

El Presidente:

¿Dígame, señora diputada.

La diputada Gloria Sánchez Hernández (desde su curul):

Yo hago una moción para que se guarde respeto, señor Presidente, por favor.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Señora diputada, le estoy dando la razón, ¡qué más quiere:

Es preciso guardarle respeto al tema que se está tratando. Se está tratando el aumento al IVA. En ningún momento Acción Nacional ha estado de acuerdo con el aumento al 15%.

"El Pequeño" sacó a relucir lo que ya es muy sobado en él: que Acción Nacional está siempre en connivencia con Carlos Salinas de Gortari, con el neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari y que ahora venimos a la tribuna para quejarnos de eso. Yo le pregunto: ¿Cuándo Acción Nacional aprobó un Presupuesto de Egresos en tiempos de Carlos Salinas de Gortari? ¿Cuándo aprobó una Cuenta Pública rendida en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari? ¿Cuándo Acción Nacional aprobó que se contrajeran deudas de plazo exigible y en moneda extranjera?

Siempre estuvimos nosotros en contra de esa política económica de Carlos Salinas de Gortari y no me extraña que ahora Mauro venga a decir que estuvimos coludidos con quien siempre estuvimos en su contra.

Lo que sí no debe de extrañarnos, señores diputados, es que el sobrino, el otrora panista, ¡el otrora panista!, venga a producirse en esta tribuna siempre, constantemente, en contra del partido que en una época lo cobijó en su seno. No nos extraña, no nos extraña cuando Bruto también traicionó a César. Bruto sabía perfectamente bien los pasos que iba a dar Julio César antes de llegar al Senado Romano.

No nos extrañó tampoco, porque no nos extraña la actitud de Judas, que sabía perfectamente bien los pasos que también daría nuestro Salvador antes de su crucifixión y traicionó a su maestro y tampoco nos extrañó ni ha extrañado a la historia la actitud de un Victoriano Huerta, que conocía perfectamente bien hasta los más recónditos rincones de Palacio Nacional y que habiéndole encomendado a Francisco I. Madero, no dudó en traicionarlo.

¿Por qué nos extraña ahora en 1995, que el otrora panista se comporte como Bruto, se comporte como Judas y se comporte como Victoriano Huerta? ¡Es la misma masa que adorna a unas y a otras personas:

Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Mauro González Luna.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Se reitera el insulto del muy alto señor diputado de Yucatán, los argumentos esgrimidos por el diputado Peniche y Bolio me parecen desproporcionados y además con una carga emotiva que deja entrever la amargura que está detrás de un partido que le da la espalda al pueblo, ése es el fondo, señor diputado.

Ustedes siempre se ríen cuando ven las verdades panistas, es una reacción muy interesante; me honra, señor diputado, me honra ser sobrino de ese gran hombre que fue Efraín González Luna y que estaría seguramente avergonzado de la conducta de los dirigentes y de muchos diputados de ese partido, porque Efraín González Luna en humanismo político, no habló nunca de la grandeza, del orgullo, de la jactancia de sentirse ustedes redentores, porque eso de hablar de Judas y del Redentor es ustedes jugar el papel de Jesuses en esta discusión, esto me parece una blasfemia, señor diputado, si usted es creyente y, si no, un argumento absolutamente desproporcionado.

Y hablar aquí de Victoriano Huerta es totalmente fuera de sentido, yo le sugiero con todo respeto que revise usted la forma de utilizar los argumentos con lógica, con oportunidad, con talento, con categoría y ya que usted cita a algunas figuras históricas, también le digo aquellas palabras del enorme tribuno francés Mirabeau cuando se refirió sí a un orador retórico como usted, cuando le dijo: "en usted no hay grandeza porque detrás de su verborrea está esa amargura de traición verdadera", señor diputado.

¿Por qué consistentemente y tengo todo el derecho a insistir, usted no me puede cuestionar lo que Acción Nacional hizo por más de 50 años: señalarle al Gobierno que estaba actuando en contra de los intereses del pueblo? El hecho de reiterar esta verdad en algo demerito la conducta, la conducta honorable de tantos panistas de otro tiempo, como Christlieb, como Gómez Morín, como Herrera y Lazo y a usted no quiere que le repitamos las verdades, pues las vamos a seguir repitiendo aunque le duela, porque la verdad, la verdad señor diputado Peniche y Bolio, hay que decirla siempre y ustedes la han olvidado, ése es el problema, la han olvidado y sólo la recuerdan cuando les conviene, ése es un grave error, señor Peniche y Bolio y no sólo es un error, es una irresponsabilidad histórica y le quiero recordar de nuevo, para finalizar, aquellas palabras de Gómez Morín, que era también pequeño en la estatura pero grande en su responsabilidad, en su congruencia, en sus palabras, era un hombre honorable, sencillo, porque si usted dice que yo soy pequeño, sí soy pequeño y anhelo ser grande.

Pero para ser grande se necesita recorrer la vida y tal vez ni siquiera así se llega a ser grande y los que jactanciosamente se sienten grandes, como ustedes los de Acción Nacional, despreciando el honor de un pueblo, son los que merecen el señalamiento con índice de fuego que hizo Gómez Morín a los otrora verdaderos traidores a la patria: "Que nunca el espíritu de transacción y componenda, que nunca el espíritu de transacción y componenda sea lo que prive en Acción Nacional".¡Qué desgracia para los mexicanos! Y por eso aquí no les hablo a ustedes, diputados, hablo al pueblo de México para que abra los ojos, para que asimile esa verdadera traición del otrora Acción Nacional porque es inequívoca, es incuestionable la posición asumida por su candidato, por sus dirigentes en cuanto a la conducta de Salinas de Gortari.

Siempre ha sido su protegido, siempre ha sido su socio, aunque les duela, porque esto, la verdad señores legisladores, basta ya de mentiras al pueblo de México, basta ya de insultos; queremos congruencia, queremos moralidad, queremos humanismo integral, señor Peniche y Bolio. No venga usted con insultos, no me afectan, diputado, puede usted seguir insultando, lo grave no es que insulte a un diputado que con todas las limitaciones está tratando de servir al pueblo; lo grave, lo lamentable, lo vergonzoso, es que sigan insultando al pueblo de México.

Muchas gracias.

El Presidente:

Me permito informar que han solicitado la palabra para rectificación de hechos, los diputados: Juan Guerra, Graco Ramírez y Eugenio Ortiz Walls, pero para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra el diputado Peniche y Bolio. También ha solicitado para rectificación de hechos el diputado Antonio Tenorio Adame.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Con su venia, señor Presidente:

Ya esperaba la réplica del otrora panista Mauro González Luna insiste en hablar de la divinidad de los políticos de Acción Nacional recordando palabras de nuestro fundador, de don Manuel Gómez Morín. Insiste en querer hacernos parecer ante la concurrencia como unos desleales a la institución que por más de 50 años ha marcado el paso democrático de México.

Yo no voy a invocar a Mirabeau, tampoco a los personajes que con tanta frecuencia el diputado González Luna siempre saca a relucir, producto de su innegable delirio de grandeza para poder presumir en esta tribuna de sus indiscutiblemente vastos conocimientos culturales y literarios. No voy a traer a colación a los personajes de El Cisne de Avon, que Mauro es muy afecto a presentar en esta tribuna y nos muestra al Rey Lear y a Otelo y a tantos otros personajes de la literatura inglesa o francesa.

Yo prefiero refugiarme en los encantos de la picaresca mexicana y voy a invocar a un compositor actual y contemporáneo, de gran fama y prestigio, en lo que es el encanto de la burlesca mexicana; me refiero a Chespirito.

Gómez Bolaños, con su seudónimo de "Chespirito", pone en labios de su personaje "El Chómpiras", cuando éste empieza a hablar de lo que deberían de ser las cosas para él notables y buenas y le dice su compañero: "el burro hablando de orejas". Ese es Mauro. Es el burro hablando de orejas. El desplazado por sí mismo, autodesplazado del Partido Acción Nacional que lo vio crecer y que hoy le voltea la espalda.

Sí es cierto, tenemos nosotros la enorme satisfacción y orgullo de haber sido el único partido político en donde está la gente realmente leal y fiel a sus principios, ésos somos los panistas, que nunca hemos traicionado al partido en donde crecimos y donde queremos morir, no nos hemos salido de él porque sabemos que es la única nave que habrá de conducir a México a su prosperidad.

Y la votación nos va dando la razón elección tras elección, hoy tenemos gobernadores panistas que en tiempos de González Luna "El Grande" no los había; ayuntamientos, un gobernador en Chihuahua con un Congreso priísta; un Congreso panista con un gobernador priísta como pasa en Aguascalientes; ayuntamientos panistas con gobernadores priístas como hay en Yucatán y que no fueron gobernadores también panistas porque bien sabemos la alquimia empleada por el partido oficial, al cual no se dirige González Luna.

Son justificados los silbidos que me den los que estoy agraviando con mis palabras, pero quien realmente está siempre al lado de ese partido al que me estoy refiriendo, es precisamente Mauro González Luna.

Yo no sé si realmente es una combinación entre el partido oficial y ese diputado. ¿Por qué no endereza sus baterías hacia el enemigo común, sino que siempre va en contra del partido que lo vio nacer? Eso no es ni por mucho ni lealtad ni fidelidad.

Por eso como dijo El Chómpiras: "el burro hablando de orejas".

Gracias.

El Presidente:

En la medida en que declinó hacer uso de la palabra el diputado Juan Guerra, tiene el uso de la palabra el diputado Graco Ramírez.

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:

Señor Presidente:

Este debate ilustra muchas cosas y muchas de las cosas que están ocurriendo en este país, nos muestra que estamos en tiempos de cambio, de transición y que ya no puede sorprendernos que haya priístas que se acerquen mucho más al pensamiento panista y haya panistas que vayan adoptando la conducta que antes mantuvo y mantuvieron muchos priístas.

Simplemente el reflejo del trato, cuando que el principio de ser y de estar comprometido con la democracia, uno fundamental es la tolerancia, no es posible aceptar el trato, la categoría y el uso de adjetivos con que se trata a un crítico o a un disidente. Me sorprende que en la tradición de Acción Nacional, si ustedes con el gobierno en sus manos, van a ser peores que los que hoy gobiernan, porque el trato a un crítico y a un disidente alcanza el rango de traidor o de Judas, qué poca tolerancia, qué poca tolerancia y qué poco democrático se es entonces.

No estamos hablando en este debate de mentiras porque Carlos Castillo Peraza, al que según el diputado Peniche y Bolio le vengo a dar total fidelidad y ay de aquel que no le tenga esa fidelidad a Carlos Castillo Peraza, señaló que Acción Nacional en el balance del sexenio pasado había logrado una gran victoria de carácter cultural, la llamó, porque la política económica y porque los postulados de Acción Nacional se habían hecho por parte del Gobierno sin ser todavía gobierno Acción Nacional.

Así lo señaló Carlos Castillo Peraza evaluando la gestión del Partido Acción Nacional, valorando el papel político de Acción Nacional y la importante influencia ideológica que tuvo en quienes condujeron el Gobierno del sexenio pasado y en este sexenio lo siguen conduciendo.

Diego Fernández de Cevallos confiesa en entrevista pública, que él habla por teléfono con el jefe del cártel de Montreal, que es de los pocos mexicanos con los cuales mantiene contacto Carlos Salinas y no es mentira ni es difamación; Diego Fernández de Cevallos lo acaba de declarar, ¿por qué se ofenden? Cada quien escoge sus amigos y uno de sus preclaros dirigentes, Diego Fernández, escoge a esos amigos. Reclámenle a Diego, no reclamen a quienes digan que Diego es amigo de Carlos Salinas de Gortari.

Qué tan amigo será que le habla por teléfono? ¿Cuánta intimidad, cuántas cosas construyeron en todo ese lapso? ¿Por qué se gana esto de La Ardilla como mote el jefe? Pero ¿a quién mandábamos? Mandaba Diego para votar todos juntos, a una sola voz, lo que proponía Carlos Salinas en esta Cámara de Diputados, por eso fue el jefe Diego y creo que La Ardilla le dicen, porque se la pasaba en Los Pinos.

Yo creo que en la división política del sistema parlamentario podemos aceptar como válido que hay dos cámaras, la Cámara alta y la Cámara baja. La Cámara alta es la de los senadores, la Cámara baja es la de los diputados. Los altos de Acción Nacional votaron a favor del IVA, aprobaron la política económica; los altos de Acción Nacional los dejaron a ustedes embarcados, compañeros, los senadores votaron en la tarde lo que ustedes hicieron en contra en la mañana; los bajos votaron en contra. Bueno, los altos votaron a favor, los pequeños votaron en contra.

La política económica, pues esto es la política económica. ¿Que es posible la economía si no es el crédito famoso? ¿Que es posible la política de empréstitos, que sostiene el IVA? ¿A quién compromete el IVA, señores? Si no lo sacaron del Fondo Monetario y con el tesoro norteamericano o son ignorantes o no quieren ver lo que están haciendo. Los altos, los bajos, tienen razón, ustedes los pequeños tienen razón, los altos no tienen razón, los senadores no tienen razón.

Y quiero decir una cosa para que me entiendan bien, el compañero González Luna, hay que reconocer una cosa al compañero González Luna, es de sabios cambiar de opinión y en buen cristiano: de los arrepentidos es el reino de los cielos. Se ha ganado usted el reino de los cielos, compañero González.

El Presidente:

Para rectificación de hechos se le concede el uso de la palabra al diputado Eugenio Ortiz Walls.

El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:

Con el permiso del diputado Presidente; señoras diputadas; señores diputados:

Se hablaba del IVA, que era precisamente el punto a discusión y esta sesión se ha desviado porque los temperamentos están inquietos.

Pero ya que el IVA fue, vamos a tratar de centrar, a tratar de llamar a la responsabilidad y al compromiso que tenemos como diputados. Todos podemos darnos consejos. Yo he repetido aquí que me gustan muchísimo los lugares comunes, porque realmente es la filosofía del pueblo y siempre hay alguna frase, hay algo que vale la pena reflexionar sobre ello.

Realmente los consejos no sirven para nada y ustedes saben perfectamente por qué, porque los inteligentes no los necesitan y los necios no los entienden. No se trata de dar consejos sino de pensar que en un momento dado lo que llama argumentaciones el diputado Mauro González Luna, también están con una carga de pasión y además de compromiso.

Ciertamente el que ha estado en Acción Nacional y no por pedigrí, sino porque entró por propia convicción, yo no puedo presumir de tener parientes en Acción Nacional, realmente mi generación en mi familia fue la que entró a Acción Nacional y entré por convicción. Mi papá no era de Acción Nacional ni mis tíos.

Pero don Manuel Gómez Morín siempre nos habló de que había necesidad de tener motivos espirituales para entrar a la lucha política y eso es precisamente lo que es Acción Nacional, una motivación permanente para que los hombres piensen y actúen de acuerdo con sus convicciones.

Acción Nacional trasciende las etiquetas, las calumnias, las infamias y las trasciende porque es una, no corporación, no un arreglo de intereses, sino un resultado de voluntades libres que se comprometen precisamente a servir al país, que no es solamente de personas de Acción Nacional, sino de personas de todas las ideologías y de todas las convicciones que se puedan imaginar.

Es verdaderamente para mí y para muchos, tengo seguridad, para muchos de todos los partidos, penoso, una disputa como la que estamos viendo. No se trata ni siquiera de que cada quien ponga en su retablo a sus demonios; se trata de que pensemos que todos somos mexicanos y que no hay derecho, Mauro, que tú que fuiste panista y que fuiste gente honesta en un momento dado porque tú consideraste conveniente salirte del partido, llegas y nos ofendes a todos. No se vale. Pero ya lo hiciste, ya lo hiciste, te voy a dar la oportunidad de que pases para alusiones personales y si quieres seguimos dialogando, que creo que no es a gusto de la Asamblea porque no es precisamente a lo que venimos aquí, a dirimir y a disputar por cosas personales.

Se trata... Tiempo hay y tiempo ha habido, ojalá haya tiempo para seguir trabajando por México y no estar perdiendo el tiempo sentado y sin hablar y sin venir a dar su testimonio a esta tribuna, para quien aludió por ahí.

Señores, yo quisiera pensar que Acción Nacional tiene una presencia, una presencia y una historia y una lucha que no va a terminar hoy ni por discursos ni por calumnias.

Graco, que hemos sido compañeros, también aprovecha la oportunidad para hacer su propia historia. La historia se hace aquí y realmente yo creo que vamos a tener oportunidad de platicar, ojalá pudiéramos platicar, no para distraer la atención ni para ganar una fotografía ni una nota en el periódico, sino que trabajemos por México, para servirlo con honestidad y de acuerdo con nuestras convicciones.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

Señor Presidente; compañeras y compañeros de todos los partidos:

Me encuentro en esta tribuna por solidaridad, en primer término, con mi compañero Mauro González Luna; en segundo, por un deber que me impele la conciencia porque siento que perdemos mucho en razón de elementos que nos avasallan en la confusión de una discusión que no hemos desarrollado todavía y que nos lleva frecuentemente a las fricciones internas.

Apelo a la ponderación, al buen juicio, pero no declino la crítica; prefiero la definición y la identidad que nos debe de ayudar para saber lo que somos por encima de lo que supuestamente nuestros adversarios quieran definirnos.

Siento que Acción Nacional y otros partidos, el mismo PRI, no han alcanzado a digerir lo que ha sido ese encontronazo con la historia que es el neoliberalismo.

Para mí el hecho de una vinculación y de un mimetismo entre el PRI y el PAN, es la comunión entre los liberales y entre los neoliberales.

Alguna vez leí y recuerdo ligeramente un artículo de Castillo Peraza que titulaba algo así como "La guerra y los apaches", refiriéndose a lo que ha sido el proceso histórico de México y lo definía como un conflicto de intereses de élites en que se encontraban confundidos los conservadores y los liberales.

Creo que esa confusión histórica prevalece en nuestro Congreso y que estamos por esa razón un poco con la piel ligera y lejos de profundizar en el análisis la racionalidad y la crítica y aceptarla, nos sobrecoge la emoción e impugnamos de manera efusiva y frente a la falta de argumentos a veces expresamos insultos. Los insultos no son parlamentarios. Lo que es nuestro deber como diputados, y por ello hago a ustedes un llamado, es propiciar la crítica y propiciarla con severidad, no temerla, aceptarla y rechazarla con criterios de racionalidad ideológicos y de partido; pero con argumentos.

Compañeros diputados: en estos momentos estamos corriendo el riesgo de ser una legislatura simplemente espectadora, de ver pasar el tren de la transición democrática o de reforma política del Estado o reforma política, simplemente como una Cámara ratificadora.

¿Cuál es nuestro deber, nuestra obligación, nuestra tarea histórica?, sino la de forjar el pluralismo parlamentario, en el que se expresen todas las corrientes, todos los grupos, subgrupos, fracciones y minifracciones que existan en este Congreso, para dar oportunidad, para que en él sea la posibilidad de que el pueblo de México se exprese con libertad, con racionalidad y con derecho.

No es ajeno que el liberalismo y el neoliberalismo, que representados por el PRI y el PAN estén unificados en aspectos políticos como fueron las reformas electorales, en aspectos económicos como fue el Tratado de Libre Comercio y, en ese sentido es en el que nosotros reclamamos nuestro puesto político, ideológico, en el derecho de identidad histórica que nos pertenece como herederos históricos de los intereses de la nación.

El PAN tiene más de 50 años de estar luchando, pertenece y expresa el pensamiento conservador del país, del que existen partes que son fundamentales para entender lo que somos y que pueden seguir construyendo la historia, pero como señalaba el compañero Graco, requerimos de la tolerancia, requerimos de la racionalidad y requerimos también de la pasión; pero sin insultos. Reivindico el derecho de mi compañero Mauro González Luna para expresar su sentir, la comprensión de lo que para él es la oportunidad que tiene para declarar una definición política, no la comparto del todo, pero reivindico su derecho.

Y hago un llamado a todos los compañeros diputados para que luchemos porque la Cámara de Diputados no sea simple Cámara ratificadora de la reforma política que ya comienza ahora a desarrollarse. Que seamos parte activa, porque somos la parte sustancial como legisladores y asumámonos también como su vanguardia proponiendo, haciendo iniciativas y trabajando para que el país tenga mejores leyes y mejores oportunidades.

Muchas gracias, compañeros.

INFORME DE LA COMISION DE PESCA

El Presidente:

Para dar lectura a un informe de la Comisión de Pesca, tiene la palabra el diputado Humberto Andrade Quezada.

El diputado Humberto Andrade Quezada:

«Comisión de Pesca.

Informe de actividades de la Comisión de Pesca en su visita a las areas afectadas por el huracán "Ismael".

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El día 19 del mes recién pasado, se tomó un punto de acuerdo en este pleno para investigar la forma que se dio el fenómeno meteorológico llamado Ismael; cómo se enfrentó, cómo impactó a la población y principalmente como esencial, las acciones para normalizar la situación y para enfrentar a futuro este tipo de meteoros.

La verdad es que los acontecimientos nos rebasan, la sucesión de fenómenos naturales golpeando a nuestro país nos desbordan y si apenas hace unos días el problema se llamaba Sonora y Sinaloa, ahora es el Golfo, principalmente Campeche, que está en condiciones de desastre, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, también dañados. Esperamos que no haya más que incluir a la lista, porque parece que ahora despertarnos a diario preguntando qué sucedió.

Si bien es cierto que los fenómenos naturales no los podemos controlar, también es cierto que al presentarse con esta profusión y asiduidad llaman a focos rojos para algo que sí podemos y debemos hacer: estar lo mejor preparados dentro de lo humano y tecnológicamente posible para enfrentarlos.

No es posible que sepamos de un calendario, que por lo general va de mayo a septiembre, donde se presentan tormentas y huracanes y que estando capacitados para detectarlos, dimensionarlos, no lo estemos para responder con la rapidez y la seguridad necesarias.

En la comisión vemos con claridad que lo importante de los puntos del análisis llevado a cabo en los lugares del desastre, es el trabajo que debe hacerse desde este momento para cubrir las deficiencias identificadas.

Las cifras son frías y varias. No nos queremos perder en ellas, porque independientemente de los montos de las pérdidas económicas, existe el dolor de la pérdida de vidas humanas. Decía el científico Zcent Gyorgy que en este mundo actual una muerte es una tragedia y 1 millón de muertes es un dato estadístico.

Sentimos el dolor que embarga a los familiares de los pescadores y sentimos que la tragedia de una familia no debe ser causada jamás por falta de infraestructura o capacitación. Creemos que esta legislatura, con las comisiones a las que compete el caso y a las demás, por interés del país, debemos pugnar por infraestructura adecuada, por la aplicación de la normatividad correspondiente a las diferentes áreas y por la búsqueda y aprobación de presupuestos en puntos prioritarios, como son vigilancia, pesca, marina y radiocomunicación. Enfatizamos en la necesidad de atender áreas prioritarias, como son la seguridad portuaria y la prevención de desastres marinos.

No podemos, pero sobre todo no debemos olvidarnos que el abandono de la inversión crónica en infraestructura y capacitación de los sexenios pasados, nos ha hecho más vulnerables para enfrentar con eficiencia y humanidad estos fenómenos naturales.

No debemos olvidar que lo que dejemos de hacer hoy, volverá a tener un costo social y humano mañana. Con todo respeto a quien sostenga la ortodoxia monetaria, debemos señalar enfáticamente que en 14 años las fuerzas del mercado no han sustituido ni estarán interesadas en sustituir las funciones esenciales del Estado: el dar protección esencial a la población.

Aspectos particulares

Desde el día 4 de octubre sostuvimos reuniones de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales, así como con representantes de organizaciones pesqueras, tanto del sector social como del privado y pescadores libres.

Seguridad Las reuniones se desarrollaron de manera tranquila, en dichos eventos escuchamos con atención diversas manifestaciones de descontento y reclamos en el sentido de que faltó oportunidad en los avisos meteorológicos, se cuestionó la precisión de los mismos.

Se hizo notar que las capitanías de puerto no cuentan con los equipos de comunicación o se encuentran totalmente obsoletos. También se señaló que las embarcaciones carecen de uniformidad en sus equipos de radiocomunicación, lo que impide una garantía de recepción en la totalidad de la flota y que el lenguaje utilizado no es reconocido por todos.

Un importante señalamiento relacionado con la información meteorológica fue el de la lentitud con que las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la interpretación y difusión de los informes, también se indicó que existe una diversidad de informes de parte de otras tantas autoridades, al mismo tiempo, lo que dificulta la toma de medidas oportunas.

Desde hace ya cuatro años las estaciones costeras que tenían la responsabilidad de la difusión de los informes meteorológicos no funcionan debido a la falta de recursos para el pago de los radiooperadores y para el mantenimiento de los equipos, lo cual representa un alto riesgo para los pescadores en altamar.

En el puerto de Topolobampo, Sinaloa, se hizo notar que cuando menos una embarcación recibió permiso para hacerse a la mar el mismo día 14 de septiembre a las 16:00 horas por parte de la capitanía de puerto, cuando en ese momento ya había embarcaciones hundidas en Altata, Sinaloa, demostrándose así la falta de información en relación al meteoro.

Así como el lamentable accidente ocurrido en este puerto en el rescate de los pescadores atrapados en el barco Geovanni, en donde perdieran la vida dos pescadores al ser perforada la embarcación por elementos de la Marina.

Entre otros reclamos se cuenta la lenta respuesta de la Secretaría de Marina para prestar ayuda después del huracán, la autorización para que se llevara a efecto un evento de motonaútica el día 17 de septiembre con la vigilancia y apoyo de la Marina, no obstante la urgencia de auxilio que en esos momentos se requería, como era el abastecimiento de combustibles y equipos adecuados.

Hasta el momento de la visita no se había rescatado ninguna de las embarcaciones hundidas, en las cuales se asegura todavía hay cuerpos por rescatar, ya sea por la falta de interés por parte de algunas compañías aseguradoras o por la incapacidad técnica.

En este sentido, muy elocuente resultó el planteamiento de la creación urgente de una guardia a costera especializada en la vigilancia de la zona de pesca exclusiva y deportiva, así como en labores de rescate, vinculada probablemente con la policía de caminos, puentes federales y puertos; que agilice los servicios de emergencia en altamar y que contribuya en la vigilancia y conservación de nuestros recursos naturales.

En referencia a la Bahía de Altata, surgieron reclamos unánimes y muy firmes de todos los sectores sociales para que se lleven cabo trabajos inmediatos e integrales de señalización y dragado, por considerarse puerto de abrigo natural intermedio entre Mazatlán y Topolobampo.

Existe, de acuerdo con los informes proporcionados por los propios pescadores y armadores, una escasa vigilancia sobre la seguridad de las embarcaciones y de los equipos de salvamento que por obligación deben de llevar tanto en actividades productivas, como en las deportivas y de transporte. Durante las temporadas de pesca de camarón surgen presiones para un relajamiento sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios en la expedición de las libretas de mar.

Acciones de atención a los damnificados

En general no encontramos reclamos mayores a las acciones que las diversas autoridades han implementado para hacer frente a las necesidades de los afectados por el huracán, excepto en casos particulares por falta de información, dilación en trámites o porque los familiares tienen residencia en otros estados.

Cabe hacer notar la falta de seguridad social de las familias que perdieron a algunos de sus miembros, debido a que no estaban inscritos en el IMSS, a lo bajo del registro salarial, elementos de responsabilidad de los empresarios del ramo, sector social o privado y de los propios derechohabientes. Ante esto el IMSS está implementando acciones tendientes a garantizar a los deudos la pensión correspondiente, incluso a quienes no estaban registrados, caso concreto los conocidos como "pavos".

Después de las reuniones realizadas en el Puerto de Guaymas, Topolobampo, Culiacán y Mazatlán, se concluyó con las siguientes propuestas generales y particulares:

1o. Construir una zona de refugio o puerto de albergue en Altata o el Perihuete.

2o. Se requiere la modernización de los sistemas de radiocomunicación de las capitanías de puerto y embarcaciones pesqueras.

3o. Es urgente se reinstalen los centros o centrales de radio en cada puerto.

4o. Se cumpla con los requisitos para otorgar permisos vía la pesca.

5o. Debe crearse una guardia costera con cuerpos de rescate especializados.

6o. Urge modernizar la flota pesquera.

7o. Se requiere de una banca de fomento y desarrollo pesquero.

8o. Urge establecer un sistema de becas económicas para los hijos de pescadores fallecidos. Para tal fin se propone crear un fideicomiso que contemple y asegure el futuro educativo, el cual proteja la educación desde primaria hasta profesional. En tanto se promueve el fideicomiso con la Secretaría de Educación Pública y la Sedesol, es conveniente que las delegaciones de la Sedesol de Sonora y Sinaloa, institucionalicen el programa de becas económicas para asegurar este apoyo a las familias afectadas.

9o. Se solicite al IMSS revise el procedimiento y criterios para otorgar las indemnizaciones y pensiones a las familias afectadas.

Se evidenció que la mayoría de pescadores son registrados con un salario más bajo que el que reciben y esto les afecta económicamente al momento de ser pensionados, por lo que se propone al IMSS busque una pensión justa en base a la revisión de nóminas de la anterior temporada y el último viaje de pesca.

10. Urge agilizar el trámite y sin burocratismo, para canalizar los apoyos económicos y financiamientos para reparar embarcaciones dañadas y reponer las que se perdieron totalmente.

11. Se agilice y eficienticen las acciones y operaciones de rescate de pescadores desaparecidos y embarcaciones hundidas ("Cargus" y "Huracán"), en los cuales se cree que las tripulaciones se encuentran atrapadas dentro de dichos barcos.

12. Urge se promueva un programa inmediato de señalamiento marítimo y de manera especial en zonas pesqueras, para protección y refugio ante amenaza de arribo de fenómenos meteorológicos y otras circunstancias (balizamiento de refugios o albergues naturales).

13. Que el día 14 de septiembre se registre como Día Nacional del Pescador.

Finalmente hacemos del conocimiento del pleno de esta Cámara que estamos girando oficios a las dependencias correspondientes para dar atención a las conclusiones de la gira de trabajo y también que hemos tenido entrevistas ya con la subsecretaría de Pesca, de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, encontrando eco para avanzar en las medidas sustanciales que a ellos competen.

Pedimos a la Presidencia de este pleno se sirva pedir a la Secretaría hacer llegar este documento a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Marina, de Educación, de Seguridad Social y de Desarrollo Social, para que den seguimiento al punto de acuerdo tomado el día 19 y estimen las conclusiones de la Comisión de Pesca.

Los diputados participantes en la Comisión de Trabajo fueron: Humberto Andrade Quezada, Jorge Abel López Sánchez, Rafael Núñez Pellegrín, Manuel Chable Gutiérrez, José Luis Leyson Castro, Heriberto Lizárraga Zataraín, Leobardo Aguirre Corral y Claudio Coello Herrera.»

Muchas Gracias

De enterado.

El diputado Manuel de Atocha Chable Gutiérrez (desde su curul):

Pido la palabra para rectificar hechos.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Manuel Chable.

El diputado Manuel de Atocha Chable Gutiérrez:

Con su permiso, señor Presidente; a los compañeros legisladores:

Hay un principio romano que señala textualmente: "que se derrumbe el cielo pero que se haga justicia". Desafortunadamente es uno de los valores que actualmente a millones de mexicanos no nos ha llegado.

Los pescadores de dos estados, de Sinaloa y Sonora, están pidiendo justicia. Lo mínimo que podemos hacer es pedir justicia para los deudos, para aquellos familiares que realmente nos pidieron y a los que todavía no hemos perdido la capacidad de asombro ante el dolor, lo mínimo que podemos hacer es venir a externarlos a todos ustedes como diputados.

A nadie le podemos echar la culpa del fenómeno meteorológico; eso es definitivo, pero sí desafortunadamente hay responsables, hay responsables de decenas de muertos que se hubieran podido evitar si realmente no hubiera tanta burocracia, si realmente hubiera responsabilidad entre los funcionarios que son los encargados de avisar a tiempo a nuestras embarcaciones.

Resulta insólito, resulta inaudito realmente, como decía el compañero Humberto Andrade, que 14 horas después, la embarcación denominada "El Che Guevara", estuviera saliendo de puerto cuando en esos momentos estaban siendo destrozados los barcos que se encontraban enfrente de las costas de Sinaloa.

Resulta verdaderamente lamentable que algunos altos funcionarios quieran echarle la culpa a los pescadores diciendo que ellos quisieron quedarse con el fin de seguir pescando. Es un absurdo y es una irresponsabilidad muy grave, realmente cuando vimos a pescadores de Topolobambo, de Culiacán, de Mazatlán, pescadores curtidos por la sal, pescadores curtidos por el mar, decían: señores diputados, a ustedes les estamos pidiendo que se hable con la verdad.

Y a mí me daría vergüenza realmente sentarme en la bancada de los perredistas, si no venimos a externar precisamente la verdad. Como representante, como secretario de esta comisión de la bancada perredista, lo mínimo que podemos decir, es señalar la verdad y una de esas verdades es precisamente la irresponsabilidad que tuvieron no sabemos si la Secretaría de Comunicaciones o tal vez el encargado de irradiar estos fenómenos cuando realmente suceden.

Resulta infantil también querer señalar que los barcos no tenían los medios de comunicación. No se necesita ser Pitágoras para darnos cuenta que dos meses antes se habían entregado a cerca de 15 mil pescadores su libreta de mar que les costaba 750 nuevos pesos.

Repito que no se necesita ser Pitágoras, que con esa cantidad se podía haber comprado el mejor equipo sofisticado de comunicación para hacerle llegar a los pescadores cuando verdaderamente iba a atacar a las costas de Sinaloa y Sonora este fenómeno meteorológico.

Nos encontramos desgraciadamente en un problema más de corrupción, en un problema más de irresponsabilidad, que si venimos aquí a mencionarlo para que estas cosas que sucedieron, no se vuelvan a repetir. Creemos, señores, que los que fallecieron y la demanda de los deudos, creo que es justo que se tome en cuenta esta petición y por lo mismo le pido yo a esta Presidencia que se investigue en forma exhaustiva y que se castigue a los que son verdaderamente responsables de que este fenómeno meteorológico haya acabado con decenas de mexicanos.

Muchas gracias, señores diputados.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Jorge Abel López Sánchez.

El diputado Jorge Abel López Sánchez:

Bueno, únicamente para ratificar en términos generales, el documento que el presidente de la Comisión de Pesca, el diputado Humberto Andrade, leyó ante este pleno y manifestarles que ciertamente tenemos que reconocer que se deben modernizar los equipos de radiocomunicación, tanto de embarcaciones pesqueras como de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El hecho es lamentable, puesto que a la fecha hay aproximadamente 75 pescadores desaparecidos, de los cuales 59 han aparecido muertos, 48 están debidamente identificados y 11 están sin identificar.

De ésos, un total de 16 están aún desaparecidos y que se presume están en las embarcaciones que se encuentran aún sumergidas.

Yo quiero manifestar, señor Presidente de esta Asamblea, que el documento que acaba de leer el presidente de la comisión no se quede en un simple documento que se transmita de manera burocrática a las comisiones que se hizo referencia. Yo quiero solicitarle, señor Presidente, que en un plazo no máximo de un mes, las comisiones correspondientes, principalmente la de Comunicaciones y Transportes, la de Seguridad Social, la de Desarrollo Social y la de Educación, emitan aquí un dictamen de los avances en las negociaciones y en los acuerdos que se den con las diferentes dependencias gubernamentales.

Es necesario y urgente que se cree un puerto de refugio en Altata o en Perihuete, Sinaloa; es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a través de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los recursos que habrá de canalizar para el próximo año en inversión para la creación del puerto de refugio, así como la modernización de los equipos de radiocomunicación, tanto de tierra como de las propias embarcaciones.

Igualmente pedirle a la Comisión de Educación, que en acuerdo con la Secretaría de Educación Pública se promueva la creación del fideicomiso del que ya hizo referencia aquí el presidente de la comisión, para garantizar el futuro educativo de los hijos de los pescadores desaparecidos.

Igualmente, que la Comisión de Seguridad Social le dé seguimiento al problema tan serio que nos plantearon los pescadores, de que la inmensa mayoría de los mismos, por las empresas pesqueras, son registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con el salario más bajo, para pagar menos impuestos y esto indudablemente viene en detrimento de las pensiones que habrán de recibir las familias de los pescadores desaparecidos. Igualmente que las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Desarrollo Social, informen de las inversiones que las dependencias en correspondencia habrán de tener en el próximo año en el Estado de Sinaloa.

Este es el comentario que yo quería hacer a este pleno y principalmente, reconocer que ciertamente tenemos la necesidad urgente de modernizar los equipos de radiocomunicación para garantizarles una información más rápida y más eficiente a las diferentes embarcaciones, porque tenemos que aceptar que para poder evitar futuros desastres en la materia, tenemos que reconocer que sí hubo lentitud en la información que se emitió a las embarcaciones pesqueras.

No hablamos de negligencia de funcionarios; lentitud principalmente por la transmisión de los mensajes de las embarcaciones, pero además el propio sistema de meteorología nacional emitió la dirección del meteoro cuatro horas después de que había recibido el documento y por otro lado, ellos recibieron seis horas antes de que el meteoro pegara en las costas de Sinaloa, emitieron la dirección y la hora exacta en que iba a llegar este meteoro y esto impidió que las embarcaciones pudieran refugiarse a tiempo. Un 8% de la flota de embarcaciones que andaban en alta mar, sólo un 8% pudo refugiarse a tiempo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Se pide a las comisiones mencionadas por el diputado López Sánchez, tomen nota de su propuesta.

Para rectificar hechos tiene la palabra la diputada Adriana Luna Parra.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Muy buenas tardes, ya, compañeras diputadas; compañeros diputados:

Yo quisiera tomar la palabra para ratificar esta denuncia que hace la Comisión de Pesca y retomarla y decir que otra vez ahora, como en los sismos de hace 10 años, la naturaleza vuelve a desenmascarar la corrupción y la falta de eficiencia de un sistema político.

Ahora se ha desenmascarado el olvido histórico del sector pesquero. La poca importancia que la conciencia política y este sistema político le ha dado a este sector, que es tan fundamental para el abasto y el alimento de todo el pueblo de México. Son miles y millones de familias de pescadores a lo largo de nuestras costas que se encuentran en el más absoluto olvido.

El diputado que habló, habló de corrupción, de corrupción de los manejos de los apoyos que se están dando; la corrupción en el manejo de la ayuda y de la vigilancia y de la seguridad de estos hombres que todos los días arriesgan su vida al salir al mar.

Quería yo tomar la palabra para ratificar y fortalecer las demandas de la Comisión de Pesca y sugerir además que se envíe esta situación y esta problemática a la Contraloría para que investigue y profundice en dónde quedó, como se dice vulgarmente, "en dónde quedó la bolita", que las secretarías se están enviando de un lado para otro.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Rafael Núñez Pellegrín.

El diputado Rafael Núñez Pellegrín:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Creo que lo que sucedió recientemente en Sinaloa es algo que hemos lamentado muchísimo. Hubo pérdida de vidas, como aquí se ha dicho, independientemente de las cuantiosas pérdidas materiales y hemos sentido que la autoridad o las autoridades que tienen una alta responsabilidad sobre los hechos, creo que no han asumido ese papel: las capitanías de puerto, las de comunicaciones y transportes, las del centro nacional meteorológico. En fin, fallaron todas ellas.

Y hoy que se están reclamando una serie de efectos, creo que debemos de exigir que por lo menos en la reparación de los daños materiales en parte se cumplan.

Acabamos de estar varios diputados en el norte del Estado de Sinaloa y la respuesta que les han dado ha sido la misma de un principio: ¡ignorar el problema y desatender aquello que quedaron de atender:

Se autorizaron, dicho por la titular de la Semarnap, 4 millones de nuevos pesos, para reparar en parte los daños materiales y hasta ahorita todavía no se ha definido la forma en que se van a distribuir esos recursos, cómo se van a aplicar las reglas para que los afectados tengan acceso a esos recursos y ellos siguen reclamando. Por lo tanto hay que agregar precisamente esa demanda urgente de que los recursos ya autorizados se defina lo más rápido posible la forma en que habrán de llegar a las personas que están requiriendo con urgencia de esos recursos.

Esto sería, agregando a lo que ya se ha dicho sobre este asunto de los efectos del Huracán Ismael. Ojalá y las comisiones a las que ya se ha hecho alusión aquí en esta tribuna, tomen su papel y nos ayuden para buscarle solución a esas personas que se encuentran desesperadas, unos por los familiares que perdieron y otros por que lo han perdido todo en cuestión de su patrimonio.

Muchas gracias.

ESTADO DE DURANGO

El Presidente:

Para hacer una denuncia sobre hechos acontecidos en el Estado de Durango, se han inscrito los diputados: Andrés Galván Rivas, del Partido Acción Nacional y José Rosas Aispuro Torres, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado Andrés Galván Rivas.

El diputado Andrés Galván Rivas:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Vengo a esta tribuna para participar a este honorable Congreso de la Unión, hechos graves que acontecen en el Estado de Durango, que ofenden a la sociedad duranguense y que justifican la indignación de esta soberanía.

Cito como antecedente el contexto del proceso electoral del 2 de julio de 1995, en el cual el Partido Acción Nacional obtuvo triunfos en 12 municipios y tres distritos locales, los cuales se le reconocieron el mismo día de la elección. Cabe mencionar que se impugnaron algunos municipios, así como también algunos distritos ante los organismos electorales competentes, fallando éstos en contra de nuestro partido y aceptando dicha resolución con madurez política.

En ejercicio de las atribuciones conferidas, los funcionarios públicos de Acción Nacional hemos sido objeto de múltiples agresiones físicas y verbales, que van desde el insulto hasta el intento de homicidio y permítaseme, honorable concurrencia, explicar por qué.

Primero, al iniciar la administración municipal en San Juan de Guadalupe, Durango, fue tomado el edificio de la presidencia municipal por militantes del PRI. Ellos fundamentaban que no estaban de acuerdo en que el Partido Acción Nacional pusiera como secretario y tesorero a miembros de nuestro partido y que además ellos demandaban la destitución del actual cuarto regidor de extracción panista; todo esto bajo amenazas que de no cumplirlo procederían a tomar medidas más drásticas, tales como la quema de objetos propiedad del municipio. Así las cosas, entre amenazas del PRI, transcurrieron varios días para que las autoridades estatales tomaran cartas en el asunto, obviamente no encontrando culpables.

En el municipio de Lerdo, Durango, el Gobierno panista también fue objeto de hechos delictivos cometidos por miembros del PRI al tomar el palacio municipal por espacio de dos días además de agresiones físicas de las que fue objeto la presidenta municipal, licenciada Rosario Castro Lozano, por conocidos militantes y funcionarios de elección popular de ese partido.

De todo esto se ha interpuesto ya las denuncias ante el Procurador de Justicia del Estado de Durango y en estos momentos esperamos que se actúe con estricto apego a derecho.

Pero algo muy difícil para mí, el día de hoy, es exponer ante todos ustedes el hecho grave y motivo por el cual he pasado a hacer uso de esta tribuna, que es el siguiente: es fácil hablar de un amigo cuando éste sobresale en su carrera profesional. Hablar de un amigo cuando este sobresale en su carrera política es para mí un orgullo, un joven lleno de vida, de la energía de la que todo hombre a su edad goza, hablar de mi amigo, de mi compañero, de su familia, de su esposa y de su hija que estaba por nacer, para mí es relativamente fácil; hablar de mi amigo el candidato a diputado, de su esfuerzo en campaña por conseguir el triunfo para poner en práctica sus ideales, sigue siendo fácil; hablar de Juan Diego Cardosa, el hombre recto, el hombre honesto, el amigo sincero para mí, sigue siendo sumamente fácil, pero compañeras y compañeros diputados, justo en este momento para mí es muy difícil hablar de ese amigo, de ese compañero, de ese joven abogado, recién electo diputado local hoy en funciones y digo que es difícil porque Juan Diego en estos momentos se debate entre la vida y la muerte; esto, a causa de un cobarde y criminal atentado a su persona, a la paz social que representa, a la democracia real que demanda nuestro país, ya que el día que denunció en tribuna el hecho que a su juicio y la consideración se veían involucrados elementos de la Policía Judicial estatal y justo cuando se dirigía a dar seguimiento a las investigaciones que pudieran probar lo que él manifestaba, fue secuestrado y violentamente golpeado para luego dispararle en la cabeza un tiro, lesionándolo de muerte.

No puedo dejar de pensar en él como un ser humano que pudiese perder la vida; como a un legislador que exige justicia y mucho menos como un esposo que añora día a día el regreso a su hogar a su familia y a la ilusión de convertirse en pocos meses en un distinguido padre de familia al que se le ha querido coartar su deseo de defender el interés de su pueblo.

Aunado a todo esto, la noche de ayer murió asesinado el secretario de un comité seccional de nuestro partido en una de las colonias de la ciudad de Durango; de igual forma es importante mencionar el asesinato que sufriera hace algunos días el ex presidente municipal de El Mezquital, Durango y miembro activo del PRI, quien acompañado de su hijo y un asistente fueron acribillados a mansalva en las puertas de su domicilio.

Con todo esto quiero dejar muy claro el hecho de que la inseguridad que priva en el Estado de Durango en la prevención de los delitos y la procuración de justicia ha dejado mucho qué desear.Por lo anterior, el grupo parlamentario de Acción Nacional de este honorable Congreso de la Unión manifiesta su más enérgico rechazo a los hechos delictivos que han quedado impunes en el Estado de Durango, lo que ha generado un clima de violencia e inseguridad que no es posible seguir soportando.

Con sucesos como éstos que atentan contra la convivencia social y la política en este Estado, destruyendo inclusive a familias duranguenses, resulta incongruente hablar de un diálogo político nacional que pudiera traer consigo la democracia. Es lamentable que aún existan intereses mezquinos que haciendo uso de métodos reprobables acallen el sentir de mujeres y hombres que con valentía denuncian las injusticias que se cometen en nuestra patria.

Exigimos se aclare el atentado sufrido por nuestro compañero licenciado Juan Diego Cardosa Hurtado, porque atacar en su integridad física a un representante popular en forma artera y criminal, es atentar contra nuestro estado de derecho, contra nuestras instituciones y contra nuestros más elementales derechos.

Reclamamos respeto para la vida, porque la consideramos lo más preciado del ser humano y nos oponemos terminantemente a todo tipo de violencia. Compañeros diputados: demandamos que dada la forma en que se dieron los acontecimientos narrados y la impunidad que impera en Durango, sean destituidos los servidores públicos que han resultado incapaces para combatir la criminalidad en esa región del país y porque para Acción Nacional es altamente sospechoso que a escasas 72 horas de que en la tribuna del Congreso local se denunciaran delitos cometidos por la Policía Judicial de aquel Estado, a cargo de nuestro compañero diputado Juan Diego Cardosa Hurtado, se atentara cobardemente contra su vida.

Nuestro partido reclama la investigación exhaustiva de estos hechos y el castigo a los responsables con estricto apego a derecho, a través de la fiscalía especial creada por el gobernador del Estado para tal efecto. Es hora de atacar en forma frontal y definida este tipo de conductas que han traído consigo pérdida de vidas y dolor a sus familias. Creo que todos los mexicanos debemos de mandar y poner nuestro mejor esfuerzo para evitar que continúen estos lamentables sucesos que a nada conducen.

A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, exhorto con todo respeto a esta soberanía a que nos aboquemos a encontrar e impulsar causas legales y políticas que hagan posible la convivencia civilizada de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Esta Presidencia manifiesta su indignación por el atentado cometido contra el diputado Juan Diego Cardosa Hurtado y une su voz a la de aquellos que plantean una total investigación de este lamentable hecho.

Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar esta sesión hasta la conclusión del orden del día.

Por tal motivo tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al mismo tema.

El diputado José Rosas Aispuro Torres:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

Los diputados priístas federales por el Estado de Durango, nos solidarizamos a la condena que la sociedad duranguense ha hecho sobre un atentado en contra del diputado local Juan Diego Cardosa Hurtado, el pasado viernes 20.

Hechos como éste, que afectan no sólo a la vida familiar sino a la convivencia social, no deben de quedar impunes, por lo que demandamos se realice una investigación exhaustiva por parte de la autoridad investigadora y, como consecuencia, de la autoridad jurisdiccional, el total esclarecimiento de tan reprobable acontecimiento, aplicándose la ley a quienes resulten responsables, para que la sociedad quede satisfecha y clara de estas acciones criminales.

Por la posición antes señalada, los priístas consideramos y celebramos que qué bueno que allá en la legislatura local del Estado de Durango, se hayan puesto de acuerdo las fracciones parlamentarias para crear una fiscalía especial y que sea la que investigue a fondo este lamentable crimen.

Los duranguenses, acostumbrados a vivir en un clima de paz social, rechazamos este tipo de acciones delictivas que atentan contra la tranquilidad, por lo que confiamos en que las autoridades competentes actuarán con prontitud para satisfacer la demanda de la sociedad con su total esclarecimiento.

Yo coincido en parte con lo que el diputado Galván señalara en esta tribuna, en el sentido de reprobar tan terrible acontecimiento en contra de un legislador, de un representante social, pero lamento que estos hechos se hayan dado o le haya puesto el marco a un proceso electoral en el que los duranguenses juzgamos, de un proceso electoral en el que se vio con transparencia, de un proceso electoral en el que todos aceptamos los resultados del mismo y que además nosotros no estamos de acuerdo con la afirmación de que nuestro partido ha estado obstaculizando la labor de las autoridades emanadas del Partido Acción Nacional.

Nosotros estamos comprometidos con el orden social, así lo hemos manifestado en diferentes foros en el Estado de Durango y no aceptamos que aquí se le venga a poner un marco de orden político electoral a un asunto que lastima seriamente a los duranguenses, que lastima a las familias, por lo que nosotros reiteramos la demanda para que la autoridad investigadora, a la mayor brevedad posible, pueda dar la respuesta que la sociedad demanda, pero que además las autoridades encargadas de la procuración de justicia, como lo ha señalado el diputado Galván Rivas, no coincidimos en que en este momento se pida la destitución de ellas, puesto que se ha estado actuando con sigilo, se ha estado actuando de acuerdo a lo que nuestro estado de derecho nos envuelve, al que estamos comprometidos y en el que debemos de respetar; si nosotros empezamos a violentar nuestro propio marco jurídico, nuestro estado de derecho, entonces sí nos lamentaremos de que las respuestas que hoy exige la sociedad no sean las que esperamos.

Por eso pues yo les pido, compañeros diputados de Acción Nacional, que no politicemos un asunto que efectivamente nos lastima a los duranguenses, porque lo político fue un asunto que lo juzgamos en su momento, lo político-electoral y que hoy este hecho se desenvuelve en acciones totalmente distintas a las del proceso electoral, pero reprobamos eso y reprobamos que se califique al Partido Revolucionario Institucional como instigador a las autoridades municipales emanadas de este partido y si ellos tienen duda, vamos a consultarle a nuestra gente, quien ha estado totalmente en desacuerdo con las acciones que algunas autoridades emanadas de Acción Nacional, por falta de sensibilidad política, no han podido entender y dar respuesta por los cauces institucionales a nuestras demandas y a las demandas de la población en general.

Gracias por su atención.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Salvador Gavaldón.

El diputado Matías Salvador Fernández Gavaldón:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En cumplimiento de mi deber como diputado y uniéndome a la exigencia del diputado Andrés Galván, denuncio la inseguridad e injusticia en el Estado de Durango, reforzando la petición de sustituir al procurador y subprocurador de Justicia del Estado de Durango.

El atropello sufrido por la presidenta municipal que ha sido nombrada con anterioridad, fue perpetrado por simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, siendo sin duda el reflejo de la precaria situación de los municipios y de los que el partido oficial está acostumbrado hacer de ellos.

Aquí están las pruebas del atropello en contra de la presidenta municipal de Lerdo, Durango.

Recientemente el atentado sufrido por el diputado Juan Diego Cardosa Hurtado en pasados días, ha rebasado todos los límites de la tolerancia y de la convivencia social de esta región. Agoniza hoy en un hospital de la ciudad de Durango.

En los municipios ganados por el Partido Acción Nacional en las últimas elecciones, se detectaron desvíos de fondos. El municipio de Pueblo Nuevo ha quedado con una deuda de 3 mil 304 millones de pesos viejos. Aquí está la prueba de mi afirmación.

Dejaron las autoridades priístas al municipio de Pueblo Nuevo en quiebra.

Pido a esta soberanía intervenga de manera conducente en los hechos que aquí se han señalado, para lograr el esclarecimiento y la solución de todos los problemas que acontecen.

La problemática económica, social y cultural de los municipios, resulta de urgente resolución para constituir éste la célula cívico-social de la organización jurídica y política de nuestro país.

Es importante que recordemos que los municipios son la base de la estructura política del país. Los diputados federales del Partido Acción Nacional exigimos un alto a la impunidad.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Fernández Gavaldón.

El diputado José Luis Fernando González Achem (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El Presidente:

Para rectificar hechos, el diputado González Achem.

El diputado José Luis Fernando González Achem:

Gracias, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:

Lamentamos profundamente el atentado que sufriera el diputado de Acción Nacional en el Estado de Durango, Juan Diego Cardosa. Creo que todos somos enemigos de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Hoy precisamente el Congreso del Estado acordó que se constituyera una fiscalía especial para llegar al fondo de la investigación y todos debemos estar pendientes de que esto acontezca.

Lo que quiero aclararle con todo respeto a don Salvador Fernández y a Andrés Galván, respetables compañeros diputados panistas, es que en el caso del municipio de Lerdo jamás los priístas agredieron a la presidenta municipal y quiero señalar que hemos respetado el triunfo de Acción Nacional en el municipio de Lerdo, desde donde siempre ha habido una militancia panista organizada.

Hoy en las elecciones del pasado 2 de julio obtuvieron el triunfo, obtuvieron 10 mil votos de 55 mil ciudadanos empadronados, 8 mil votaron por la planilla postulada por el PRI, 3 mil por el PRD y 3 mil por el PT. De acuerdo con la Constitución Política local el triunfo le correspondió a Acción Nacional y lo respetamos plenamente. Incluso el gobernador del Estado, en una actitud democrática y de madurez cívica que los panistas lerdenses le han reconocido, acudió a la toma de posesión en un acto político de cordialidad entre la ciudadanía lerdense de las diversas fuerzas políticas, pero en el uso de nuestro derecho los priístas fuimos a manifestarle a la presidenta municipal, de formación panista, una serie de peticiones a las que considero que tenemos derecho como ciudadanos y ella se llamó agredida.

Nadie la lesionó, si acaso la inexperiencia de los jefes policiacos recién ingresados a la administración pública pudo haberle causado una lastimadura.

Quiero dejar perfectamente claro que los priístas de Lerdo reconocemos el triunfo electoral de Acción Nacional en nuestro municipio y que en otros municipios también estamos dispuestos a contribuir para lograr el desarrollo de nuestros pueblos.

La jornada electoral, compañeros diputados, ya pasó. No politicemos eternamente. Le hemos pedido con respeto algunas peticiones al ayuntamiento que dirige Rosario Castro y solicitamos que sean escuchadas nuestras peticiones.

Quiero señalar que nadie la injurió, que nadie la insultó y mucho menos la agredió el pasado día 5 de octubre; tampoco tomamos la presidencia por dos días como asevera, creo que de buena fe, el compañero Andrés Galván.

Invitamos desde esta alta tribuna al ayuntamiento panista en Lerdo, Durango, a que nos convoque a todos los ciudadanos a sumar esfuerzos por lograr el desarrollo tan anhelado en nuestro municipio; ofrecemos la mejor colaboración para que Lerdo alcance el desarrollo que reclama y que merece. Quería hacer esta pequeña aclaración nada más.

El diputado Andrés Galván Rivas (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Andrés Galván Rivas.

El diputado Andrés Galván Rivas:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Solicito la palabra para rectificar hechos, porque si bien el tema central de mi intervención en la tribuna fue hacer la denuncia de un diputado local del Estado de Durango, pero necesariamente tendría yo que manifestar ante esta soberanía otros incidentes delictivos que se dieron a nuestros funcionarios públicos.

Quiero decirle con todo respeto a mi estimado amigo Luis Fernando González Achem, a quien respeto y también quiero decirle que quede claro que hay una demanda penal en contra de un diputado local de su partido y de un regidor de su partido por agresiones a la alcaldesa de Lerdo.

Yo tengo aquí en mi poder algunos documentos, algunos de la prensa, que ha narrado lo que se sucedió en el municipio de Lerdo. Haciendo uso de la fuerza entraron militantes de su partido, inconformes porque se les había quitado el presupuesto que anteriormente le daba el ayuntamiento de Lerdo para la CNC.

Pero no quiero abundar sobre este tema, sino que simplemente quiero aclararle, le quiero aclarar señor diputado y que ahí está la denuncia y que seguiremos esta denuncia porque exigiremos en Durango que se respete el derecho y la legalidad.

Voy a dar cita a una parte de un medio que se publica en La Laguna. Dice: "con un brazo falseado, la alcaldesa, junto con sus colaboradores, ubicó mesas y sillas en el quiosco de la plaza principal, frente a la presidencia, para empezar a trabajar.

"Despeinada, con la ropa sucia y el brazo lesionado, cubierto con una pañoleta, un tanto nerviosa, detalló que no existió ningún interés entre los priístas lerdenses para dialogar de manera pacífica, sin embargo, no anunció las medidas que tomará. Después sus colaboradores la llevaron a un médico particular para que le brindara atención". Un médico legista del cual tenemos un certificado y que se anexó a la demanda que interpusimos en momento.

Gracias.

El diputado José Luis Fernando González Achem (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales el diputado González Achem.

El diputado José Luis Fernando González Achem:

Señor Presidente:

Para aclarar, si me permite, que hay muchas noticias publicadas en la prensa de la comarca y de la entidad. Algunas señalan como falsas las declaraciones de algunos miembros de Acción Nacional. Yo quiero señalar que también en el Congreso del Estado a petición del Partido Revolucionario Institucional, se formó una comisión para investigar el caso del municipio de Lerdo y vuelvo a reiterar, ustedes se llaman amantes del derecho, también los priístas tenemos derecho a manifestarnos en los municipios donde ha ganado Acción Nacional.

Qué bueno que aquí Andrés Galván dice que en el Estado de Durango debe prevalecer el estado de derecho. Yo quiero señalar, con todo respeto y afecto, que en Lerdo existe, para los priístas e incluso para los ciudadanos que no militan en ningún partido político, el derecho a la manifestación, el derecho de petición. Vuelvo a recalcar que no fue agredida Rosario Castro, que hay muchos testimonios, que hay muchos documentos que, incluso, la policía municipal a cargo de una administración panista lesionó a mujeres campesinas que fueron a manifestarse públicamente. Hay también certificados médicos legistas en ese sentido y ella hizo un llamado al pueblo para confrontar y enfrentarlo, eso creo que lo debemos de evitar.

Quiero, desde esta tribuna, manifestar el deseo de los priístas de sumarnos al esfuerzo del Gobierno que encabeza y que esa comisión plural que se integró con miembros del PT, del PRD, del PAN y del PRI en el Congreso del Estado de Durango saque a flote la verdad y que aquí tú la reconozcas, Andrés Galván, cuando ésta aparezca, porque finalmente saldrá a la luz.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente:

A fin de hacer comentarios sobre el proceso electoral en el Estado de Puebla se han inscrito: la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del PRD; el diputado Cándido Pérez Verduzco, del PRI; el diputado José Luis Galeazzi Berra, del PAN, el diputado Luis Antonio Godina Herrera, del PRI. Por tal motivo tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Aunque sea ante unos cuantos señor diputado, voy a insistir nuevamente en poner el acento en mi Estado, el Estado de Puebla. El objetivo de mi intervención es despertar, a todos, la preocupación e indignación de esta soberanía respecto a lo que está pasando en Puebla, mi Estado, por la situación prevaleciente en el terreno cívico-electoral, resultado de la acción autoritaria provocadora, prepotente e ilegal que el gobernador Manuel Bartlett Díaz le ha impuesto al proceso electoral que allá se ha desarrollado.

Debe ser objeto de nuestra más seria atención que ahora, cuando por fin pareciera ser que existe la voluntad y la disposición de explorar los caminos hacia una verdadera y profunda reforma política y democrática de nuestro país, inmediatamente surgen distintas expresiones y hechos de provocación como los conocidos el día de ayer en supuesta relación con el EZLN, con la única finalidad de frustrar las profundas aspiraciones de transitar a la democracia que aún abriga los más diversos sectores de la sociedad, la gran mayoría del pueblo de México.

En ese sentido, retrógrado y no en otro, es en este sentido donde necesariamente tenemos que inscribir los actos del gobierno de mi Estado que ha implicado por parte de Manuel Bartlett Díaz el hacer pública su respuesta a la carta del Secretario de Gobernación donde éste le expresaba las acusaciones y preocupaciones señaladas en el Consejo General del IFE por parte de la representación del Partido Acción Nacional.

En virtud de que el Partido de la Revolución Democrática ha tenido un papel destacado y consecuente en la lucha democrática, en mi Estado, consideramos necesario responder a las tergiversaciones de la verdad y a los desplantes que hizo públicos el gobernador de Puebla.

Primero, el licenciado Manuel Bartlett, sabe que no dice la verdad cuando proclama que el nuevo código electoral de Puebla es el más avanzado del país porque según él, se abstuvo de presentar la iniciativa correspondiente cediendo al Congreso del Estado ese derecho, en el marco de una consulta ciudadana a nivel estatal, porque en los órganos electorales no existe la representación oficial del Poder Ejecutivo; porque de los integrantes de los órganos electorales el derecho a voz y voto solamente lo tienen los consejeros ciudadanos, con excepción del órgano estatal, donde además los representantes del Poder Legislativo de la mayoría y minoría, también cuentan con voz y voto y porque se dice que esta legislación electoral y los integrantes de la comisión estatal electoral fueron, cito: "consensados por unanimidad etcétera" y la historia nos ilustró desde hace mucho tiempo sobre quiénes han utilizado como mecanismo efectivo de la manipulación la práctica de repetir tantas veces una mentira hasta que ésta se convierte en verdad.

No obstante, yo les pregunto señores legisladores. ¿Quién reivindica que nadie le puede coartar o prohibir su derecho como gobernador a realizar proselitismo partidista como el principal abanderado priísta?, es Bartlett. Por ello mismo resulta imposible creer que se haya mantenido al margen del proyecto impuesto por el mayoritero de su partido en el Congreso del Estado, asesorado y reforzado por su famosísimo operador político que mucho tuvo que ver con la caída del sistema en 1988: José María Morfín Patraca, hoy, flamante secretario adjunto de la presidencia estatal del PRI y representante de su partido en la comisión estatal electoral.

Es falso que el código estatal electoral se haya acordado por unanimidad; la representación parlamentaria estatal del PRD votó en contra, aunque haya sido el único voto, votó en contra.

Por otro lado, para suplir la ausencia de la representación del Poder Ejecutivo, el PRI se adjudicó cinco consejeros ciudadanos propietarios, de los siete que conforman la comisión estatal electoral y por tanto, al presidente de dicho órgano y al secretario técnico, contando para ello con la complacencia y complicidad de los partidos paraestatales PPS y Frente Cardenista, que se prestaron a que por su conducto se designaran como consejeros ciudadanos, que tal como ahora ha quedado demostrado ante la opinión pública y por los medios de comunicación, son gente con una larga trayectoria como funcionarios públicos y con profundos vínculos partidistas con el PRI. A tal grado de cinismo y arbitrariedad se ha llegado, que la semana pasada el presidente sustituto de la comisión estatal electoral, licenciado Arnulfo Carballido, declaró públicamente a los medios de comunicación, que había dejado temporalmente guardada su identificación priísta, mientras estuviera en esa responsabilidad electoral.

Segundo, tampoco es cierto que la ciudadanización de los órganos y del proceso electoral sea un hecho, como prueba baste decir que para frustrarlo una vez que dichos órganos fueron conformados con base en una convocatoria abierta y por sorteo, se desató una cacería de brujas contra los ciudadanos consejeros y los actuarios electorales no afines al PRI, por medio de juicios sumarios como los llevados a cabo en contra de la consejera ciudadana de la comisión estatal electoral, doctora María Carmen Díaz Amador, a quien se le acusó de no reunir el perfil independiente por el hecho de haber asistido a una actividad académica de investigadores sobre la evaluación de la democracia en América latina, realizada en Nueva York, a quien no se le respetó su derecho constitucional de audiencia y defensa.

Otro caso es el de las consejeras ciudadanas de la comisión distrital electoral de Zacatlán, Griselda Tirado Evangelio y Socorro Quezada Tiempos, que por ser miembros de organizaciones no gubernamentales, se les destituyó. Además de que se ha eliminado a otros consejeros ciudadanos mediante levantamiento de actas administrativas, amenazas de encarcelamiento y obligándolos a renunciar, lo cual ha significado la remoción aproximada del 25% de los consejeros y actuarios electorales que componen los órganos electorales en mi entidad.

Tercero. El gobernador ha señalado que existe el interés por parte de la oposición, de tratar de federalizar las elecciones estatales, involucrando a las dependencias del Ejecutivo Federal a distintos organismos federales como el IFE y ventilando públicamente en la prensa nacional, la evolución del proceso electoral en Puebla, lo que a juicio del gobernador, revela un propósito recurrente de vulnerar la autonomía del Estado.

Don Manuel Bartlett, olvida que ha sido él precisamente, quien en una respuesta fuera de toda proporción a los cuestionamientos y exigencias democráticas de la oposición, para que se ajustara sus actos con apego a la Ley Electoral y a la Constitución Política del Estado, recurrió a la prensa nacional y erogando cuantiosas sumas del erario público y si no, que lo demuestre, pagó extensísimos desplegados con los cuales pretendía justificar jurídica, y política y teóricamente la conducta que ha tenido en el actual proceso electoral que vive Puebla.

Es falso que en Puebla las puertas estén abiertas para analizar cualquier diferencia que se expresan las invitaciones para hacerlo por la vía del diálogo y el acuerdo y por ello no sea ni necesario acudir a las otras instancias, como lo pregona el gobernador.

El PRD en Puebla, reiteradamente ha solicitado al Ejecutivo estatal, desde que éste asumió el cargo, utilizar la vía del diálogo para la solución política de los grandes y graves problemas que enfrentan los diferentes sectores de la población, sin que tal propósito haya encontrado eco en el gobernador, quien se ha limitado a realizar recientemente, reuniones formales de carácter privado en donde se hicieron oídos sordos a los reclamos de certeza, imparcialidad, equidad, independencia y legalidad que realizó mi partido sobre el actual proceso electoral.

Por último, compañeras y compañeros diputados: Manuel Bartlett Díaz viola flagrantemente la ley, con todos los actos de proselitismo que como si fuera candidato del PRI, realiza con recursos públicos, utilizando su tiempo como funcionario público y condicionando incluso los programas de gobierno, la prestación de servicios públicos o la realización de obras al voto a favor de su partido. El ha reiterado de que las leyes poblanas, a diferencia de las federales, no se lo prohiben. Hecho totalmente falso, porque el artículo 444 del código de defensa social, establece que:

"Se impondrá multa de 50 días a 100 días de salario y prisión de un año a tres años, al servidor público que condicione la prestación de un servicio público al cumplimiento de programas o la realización de obras públicas a la emisión del sufragio a favor de un partido político o candidato determinado a quien destine fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición en virtud de su cargo, sin prejuicio de las penas que le puedan corresponder por el delito de peculado al apoyo de un partido político o candidato determinado."

Todos estos hechos no pueden ser ajenos a la Cámara de Diputados, que como la tribuna más alta de la nación, debe mantenerse atenta a la situación en Puebla, porque no es un asunto que competa sólo a los poblanos cuando se busca el consenso y las vías para el diálogo nacional, para la reforma del Estado, actitudes como la de Bartlett, constituyen un serio obstáculo para su realización.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para hablar sobre el mismo tema tiene la palabra el diputado Cándido Pérez Verduzco, del Partido Revolucionario Institucional, por 15 minutos.

El diputado Cándido Pérez Verduzco:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El tema de los procesos electorales ha sido tratado en reiteradas ocasiones por todas las fracciones políticas en esta tribuna. Sin duda es un tema central en el contexto del gran debate nacional por la reforma política del Estado. En este gran debate ha sido tema de atención privilegiada por los compañeros de los partidos de oposición el caso de Puebla y la postura del gobernador Manuel Bartlett.

Los diputados de la fracción mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional consideramos que esta discusión debe centrarse, fundamentalmente, en las razones políticas que la animan y llamamos a los compañeros de la oposición a elevar el debate, dejando de lado la argumentación golpeadora y la actitud que pretende desacreditar el derecho del gobernador del Estado para opinar en función de su origen y militancia partidista.

No son válidas las amenazas, las denuncias sin fundamento ni pruebas, el recurso a descalificar las próximas elecciones en el Estado de Puebla. En Puebla nunca se ha condicionado la prestación de ningún servicio público o el cumplimiento de ningún programa o la realización de ninguna obra a la emisión del sufragio a favor de un partido político o candidato.

¡Las declaraciones genéricas, sin fundamento y sin pruebas, que se le imputan al ciudadano gobernador son falsas! Lo que sí se ha hecho, y ése es el tema político de debate, es vincular a los partidos políticos con los planes, programas y acciones que constituyen su oferta política y de ser electos por la mayoría con el mandato electoral que estarán obligados a cumplir, como lo establece en su artículo 41 la Constitución General de la República.

En Puebla, la Constitución Política del Estado libre y soberano ha encomendado la función estatal de organizar las elecciones a un organismo de carácter público, permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos principios rectores en el ejercicio de esa función son la certeza, la legalidad, la imparcialidad y la objetividad.

Es el código electoral del Estado de Puebla, quien ha establecido los requisitos y los procedimientos para la designación de los miembros de la comisión estatal electoral y para los miembros de las comisiones distritales electorales.

Exige que su actuación no afecte la independencia, la imparcialidad y la equidad que debe regir el ejercicio de su función. Es, en base a estos requisitos, cómo las instancias legales correspondientes han actuado en los casos mencionados por la compañera diputada del Partido de la Revolución Democrática y no en ningún caso por la intervención del gobernador del Estado.

Consideramos que no es con adjetivos ni con ofensas a la persona del gobernador como podremos contribuir al avance democrático en nuestro Estado y en el país. Lo que se hace necesario es afrontar el centro del debate, el verdadero fondo político de la discusión de este caso, que tiene qué ver con las preocupaciones fundamentales en la discusión por la reforma política del Estado.

¿Tienen o no derecho los funcionarios que reciben un mandato popular para ejercer funciones de gobierno, para opinar en la vida pública de acuerdo a su militancia partidista? En este sentido el asunto de fondo a discutir es si está prohibido para el partido en el poder dónde corresponda hacer proselitismo en favor de sus programas. Este es un asunto de debate nacional de gran importancia y no un asunto personal del gobernador Bartlett. Es el caso también de Chihuahua, de Baja California, donde con el programa "manos a la obra" tanto publicitó el gobernador de este Estado en favor de su partido, en la campaña política pasada. Es el caso de Jalisco, de Guanajuato, donde sus gobernadores de extracción panista, han realizado y realizan actividades proselitistas en favor de los programas de su partido en plenos procesos electorales.

Aquí es donde requerimos centrar el debate y no en torno a adjetivos ni a ofensas personales, que lo único que hacen es bordear el problema y evadir la verdadera discusión política.

En el caso de Puebla, la postura del gobernador Bartlett, que ha sido pública en los medios de comunicación, es una posición política apegada a derecho, que refrendamos aquí como posición de partido y que refrendamos de manera unánime los diputados priístas de la fracción poblana.

En el caso del proceso electoral en Puebla, que ha sido mencionado por la compañera que me antecedió en la palabra, quisiera puntualizar lo siguiente. El proceso electoral en nuestro Estado se desenvuelve apegado a derecho y está regido por las instancias legales correspondientes, derivadas de la nueva legislación estatal electoral promulgada por el honorable Congreso del Estado.

En Puebla contamos con una legislación electoral de consenso y los organismos electorales fueron integrados por unanimidad. El propósito de tratarlo aquí, que pretende vulnerar también la autonomía del Estado, permite sin embargo ventilarlo en el ámbito nacional y en forma pública, como el desenvolvimiento de un proceso apegado estrictamente a derecho, se trata, en efecto, de un proceso abierto al escrutinio público.

Es postura pública del gobernador Manuel Bartlett y es postura de los priístas defender la legalidad del proceso y del sufragio como condición indispensable para el desarrollo democrático de Puebla. Estamos empeñados en la construcción de un proceso electoral pacífico, democrático y transparente, para ello reiteramos la invitación para ampliar y profundizar el diálogo a todos los partidos políticos contendientes.

En particular, recordamos nuevamente a los compañeros del Partido Acción Nacional la invitación al diálogo al que fuimos invitados todos los partidos por el gobernador del Estado, por el gobierno del Estado de Puebla, con el propósito de examinar conjuntamente la justa electoral. El rechazo al diálogo degrada la vida democrática y cancela la política.

Prevalece en Puebla un clima de pluralismo, libertad y competencia electoral. Junto a las controversias que ha suscitado el ejercicio pleno de la libertad de expresión de las autoridades de Puebla, los partidos políticos hemos sido invitados sistemáticamente al diálogo y a la disposición para llegar a acuerdos.

Es de gran valor, sin duda, que la compañera del Partido de la Revolución Democrática trate aquí el tema sobre el proceso electoral en el Estado, que se trate en esta tribuna por los compañeros en forma libre y abierta. Si lo observamos en el contexto del gran debate político nacional, pero es importante también destacar que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo y de sus ayuntamientos, es una atribución del Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.

En este sentido rechazamos terminantemente la pretensión de la compañera y de los compañeros que en ocasiones pasadas han tocado este mismo tema en este mismo sentido, para desacreditar el proceso electoral en Puebla o para intentar someterlo a instancias que no corresponden a las que constitucionalmente en términos soberanos le corresponde a los órganos electorales y al Poder Legislativo del Estado de Puebla.

Para analizar y resolver las diferencias planteadas se requiere disposición al diálogo y al acuerdo, no es necesario acudir a instancias ajenas en detrimento a la autonomía del Estado de Puebla y en violación a la distribución de competencias y atribuciones contenidas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Los priístas estamos dispuestos al diálogo político para la reforma del Estado, en Puebla esta disposición tiene una significativa presencia y lo prueban los procedimientos legislativos y las formas de integración de los organismos electorales. También el desarrollo de las campañas y el planteamiento y la solución de las controversias. Llamamos a los compañeros de la oposición a dejar de bordear la verdadera discusión a dejar los adjetivos, las ofensas, las diatribas a la persona del gobernador y los llamamos a entrar al debate político de fondo, a definir dos actitudes de disposición al diálogo verdadero al que puede llevar a examinar el fondo de las controversias y la disposición para llegar a acuerdos que nos permitan avanzar en el gran propósito de construir un Estado de Puebla más democrático y un país más equitativo y más justo para todos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Apolonio Méndez Meneses, por cinco minutos.

El diputado Apolonio Méndez Meneses:

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Creo que se ha escrito y se ha leído bastante acerca del proceso electoral que en este momento se está llevando en el Estado de Puebla.

El gobernador Bartlett en su carácter de primer mandatario, como dice el compañero que me antecedió, por medio de sus programas de gobierno le hace propaganda a su partido que desde el punto de vista estricto me parece razonable, razonable porque es su gobierno, es el presupuesto y de alguna manera quiere decir este proceso para que la gente vote por el PRI.

Creo que también es justo señalar que así como se mencionan los grandes programas como son el "Plan Angelópolis" que es un plan ambicioso y que nosotros en su momento las cosas que creemos que son adecuadas las hemos aplaudido, sin embargo yo creo que también es de justeza que se diga que vivimos en un Estado extremadamente pobre, en un Estado de grandes contradicciones, en un Estado que tenemos un gran índice de rabia, en un Estado en el que han sido privilegiados los grandes señores del capital y que no son del PAN.

Por otro lado, es el Estado de los que más cólera tienen. En algunas zonas en donde hay grandes recursos acuíferos les falta el agua potable y se está trabajando pero también es justo que en esta campaña, si el gobernador Bartlett quiere hacer propaganda por su partido y si estamos hablando de un debate serio como mencionaba el compañero Cándido Pérez Verduzco, en ese debate serio debemos decir la verdad: Puebla no es la capital poblana, Puebla es todo el Estado y hay mucha pobreza y hay mucho abuso de parte de los que más tienen y de los que más saben.

Es necesario también mencionar que ha sido muy fina la implementación de esta campaña desde los orígenes; esto es, desde que fue aprobado el Código Electoral del Estado de Puebla, pero yo lo que veo grave y estamos hablando en un Estado en el que supuestamente debe haber separación de poderes y que no ha ocurrido y no ha ocurrido y se los demuestro con pruebas: en el caso de San Martín Texmelucan un compañero de Acción Nacional que en una junta auxiliar, San Jerónimo Tianguismanalco, fue a abrir las válvulas porque no tenían agua los del pueblo, le fabricaron un delito y está en la cárcel.

Hablando con el secretario de Gobernación, tratando de que vieran con buenos ojos que éste era un problema político y que se le pudiera dar una salida política, tuvimos reuniones con la gente del gobierno del Estado y no procedió. La persona ésta sigue en la cárcel.

Y les puedo sacar más, creo que la forma maquiavélica en que don Manuel Barlett quiere actuar con los poblanos es que el señor no conoce el Estado de Puebla y no conoce el Estado de Puebla porque tenemos grandes rezagos y lo más grave es que la sensibilidad que se requiere para manejar un Estado tan contradictorio como es nuestro Estado, requiere de algo más que experiencia en una Secretaría de Gobernación.

Yo les pido, compañeros diputados, que en este marco del debate serio, en este marco en el que tenemos una gran responsabilidad y en este marco de seriedad, si en verdad queremos dejar huella en nuestro país, debemos de hacer conciencia. Nosotros en Acción Nacional no estamos cerrados al diálogo ni estamos ofendiendo a la persona del gobernador, sabemos que el gobierno del Estado de Puebla mueve un equipo, pero también sentimos que muchos compañeros están sufriendo. Esto es, en el Estado de Puebla hay dolor y hay dolor por un mal gobierno.

Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Luis Antonio Godina.

El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

He querido pedir la palabra para rectificar hechos con el propósito de comentar en esta tribuna, una vez más, el proceso electoral en el Estado de Puebla. Ya el 19 de septiembre pasado tuvimos un primer debate y siento que al ser un tema recurrente, más vale que vayamos fijando posiciones de manera clara.

El 22 de septiembre de 1994, el Congreso local a través de una comisión, convocó a la sociedad a participar en foros regionales y reuniones de consulta sobre la reforma política del Estado. Los foros y reuniones incluyeron 10 grandes temas y se desenvolvieron en cinco sedes regionales, cada una de ellas a cargo de diputados coordinadores y relatores y cuatro en la ciudad de Puebla, entre el 14 de octubre y el 28 de noviembre de ese mismo año.

En total, el foro de consulta recibió 332 ponencias, además diversas instituciones de educación superior, públicas y privadas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fueron la sede para realizar seis reuniones adicionales. En ningún momento el Ejecutivo local participó en ese proceso.

Las reformas a la Constitución fueron aprobadas por consenso y en votación en lo general fueron aprobadas por todos los partidos políticos, salvo el Partido Acción Nacional; sin embargo dicho partido aprobó en lo general el Código Electoral del Estado de Puebla.

Y cuando digo que las reformas a la Constitución fueron aprobadas por consenso y algunos votos del PRD que se dieron también a favor de la elección de consejeros ciudadanos y del tribunal estatal electoral, se incluye el voto del esposo de la compañera del PRD que me antecedió en el uso de la palabra.

Mueve a curiosidad el hecho de que el Partido Acción Nacional ha demandado al gobierno del Estado intervenir, cuando no tiene atribuciones legales para hacerlo, como es el caso de la controversia originada por la destitución y la remoción de la consejera ciudadana, tema del cual hemos dado cuenta ya en el debate del 19 de septiembre y que en todo caso está en el Diario de los Debates.

Cabe señalar que las leyes electorales exigen a los partidos políticos una plataforma electoral; ésta contiene ofertas políticas o programas políticos que el partido somete a la consideración de la ciudadanía a través de los candidatos y, en Puebla, mi partido se ha pronunciado por construir un federalismo equilibrado y eficaz, promover la vida democrática en el Estado, estimular la inversión, el empleo, el desarrollo regional, profundizar la reforma y la justicia social, consolidar la educación para la vida, el desarrollo la competencia y esta plataforma; y no nos debe de extrañar, es congruente con los programas que desde el gobierno lleva a cabo un gobierno priísta.

Y sí es cierto, señora diputada del PRD, no existe ninguna ley local o federal que prohiba o considere como ilícito el acto de que el servidor público tiene que cumplir totalmente con la función encomendada por la ley y si no cumple con su trabajo debe ser sancionado; pero que se limite su libertad, sólo la Constitución lo puede hacer. Los servidores públicos tienen el derecho, la libertad y la obligación de exponer sus puntos de vista en materia política las veces que así lo consideren suficientes y necesarias.

En Puebla no se compran votos, se convence con hechos. En la sierra norte, en la Negra y en la Mixteca, donde se encuentran el mayor número de pobres de todo el país, se ejecutan programas concretos que buscan aliviar la situación de atraso y marginación, se instrumenta un programa específico para atender a las microrregiones indígenas, con base en esquemas de trabajo propios de la vocación de cada región y, en la zona metropolitana de Puebla, se trabaja en la Angelópolis un programa que es un compromiso de la campaña pasada y al cual se han opuesto el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática; es un programa que acaba de dar como producto agua para 300 mil poblanos de la zona sur de la ciudad, un programa que ha tendido una red de drenaje que equivale a la longitud de la carretera México-Puebla y construye vialidades que no tienen precedente.

El PRI en Puebla, a pesar de la crisis, ha mantenido el nivel de inversión del gobierno y ha fomentado la creación de empleos, se gobierna para todos y conservaremos, con base en proyectos concretos, el poder municipal y el Congreso el próximo 12 de noviembre.

No publicitar estos hechos como obra y logros de mi partido, sería pueril. ¿De qué federalismo estamos hablando, señoras y señores diputados? ¿Qué democracia queremos construir? ¿Un federalismo apegado al estado de derecho que respeta la autonomía y la vocación de las regiones o uno que atienda a intereses partidistas? ¿Una democracia que deje que los poblanos decidan, discutan, voten y elijan de manera libre a sus ayuntamientos y Congreso o una que desde el centro sujeta a presiones partidistas, también del centro, lesione la soberanía de nuestra tierra poblana.

Los priístas poblanos estamos por el federalismo y por la democracia.

El Partido Revolucionario Institucional lleva la iniciativa en Puebla. Sus proposiciones definen la agenda, el contenido del debate y las alternativas de solución.

No está por demás recordar esto es para los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, no está por demás recordar que los grupos poblanos que ahora protestan y no reconocen lo que aprobaron ellos mismos, son descendientes directos de quienes saludan en sus lecturas de historia la traición de Iturbide, se entristecieron con la derrota de los franceses, aplaudieron a Maximiliano, contemplaron displicente cómo asesinaban a los hermanos Serdán y construyeron el movimiento FUA en los años sesenta, pero ahora queremos decirles que la mayoría de los poblanos los condenaremos, una vez más, al lugar de donde nunca debieron haber salido: el basurero de la historia.

El Presidente:

Para rectificar hechos el diputado Manuel Beristáin Gómez, por cinco minutos.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Aquí se ha venido a hacer aseveraciones temerarias, porque cuando se le vincula al Partido Acción Nacional en la derrota de los franceses o con hechos históricos que ocurrieron antes de 1939, de ese mes histórico de septiembre, cuando fue fundado el Partido Acción Nacional, no tiene nada qué ver. Eso demuestra únicamente ignorancia histórica y falta de argumento político en esta tribuna.

Se ha dicho aquí que es importante escuchar las posiciones de manera clara. Acción Nacional, a partir del anterior debate, fijó claramente cuál es su posición respecto de las elecciones o del proceso electoral que el próximo 12 de noviembre se va a desarrollar en el Estado.

El mismo gobernador emite una carta al secretario de Gobernación y es publicada ésta en los medios y en el título central menciona: "un proceso abierto al escrutinio público", cuando en el contenido de su misma carta menciona que no se debe de generalizar un proceso electoral local. Hay contradicciones en lo que él dispone que debe de ser un escrutinio público en el proceso del Estado de Puebla.

Se ha mencionado reiteradamente que Acción Nacional votó en lo general a favor del nuevo Código Estatal y es cierto, no lo hemos negado nunca en esta tribuna, pero fue sólo un paso de la ley que antes estaba rezagada 17 años. Fue un solo paso, pero que quede claro que este instrumento jurídico que es el código estatal electoral no garantiza un proceso transparente y limpio y aceptamos haber votado en lo general, pero por dar un solo paso, pero no es el instrumento que garantice el proceso transparente en el Estado.

Es grave cuando un gobernador se quita la camiseta de gobernador y se pone la de su partido, sobre todo en época de campaña electoral en su propio Estado. Así es y ha sido Manuel Bartlett. Esta gravedad se agudiza más aun cuando en forma indiscriminada y abierta hace promoción a favor de los candidatos de su partido, el Revolucionario Institucional, utilizando recursos públicos que no son patrimonio de ningún gobernador y menos de un partido político.

Los poblanos deben merecer el más alto respeto y éste debe de partir principalmente de quien los gobierna y gobierna al Estado. En Puebla no ha sido así. Lo grave, a pesar de los señalamientos, de recomendaciones o sugerencias por parte de autoridades del Gobierno Federal y de organismos electorales que tienen un hilo conductor con el proceso electoral en el Estado de Puebla, no han podido cambiar la actitud de un gobernador que a todas luces se ha decidido a abandonar la seriedad de su cargo y convertirse en un abanderado del PRI a lo ancho y a lo largo de lo que él considera su propio territorio.

Hoy el presidente Ernesto Zedillo promueve abrir nuevos cauces en el ámbito democrático del país y esta actitud del presidente Zedillo, aquí lo reiteramos, pone a prueba al gobernador Bartlett para que demuestre él en sus hechos el interés de apoyar esta actitud del Presidente de la República.

Con su actuación hasta hoy solamente ha deteriorado esa actitud del Presidente de la República y este gobernador Bartlett únicamente podrá demostrar en lo que queda del tiempo de campaña y en la conclusión del próximo 12 de noviembre, su cambio de actitud, ese cambio de actitud para apoyar a su propio Presidente de la República.

Solamente de esa manera podemos construir un México democrático, podemos darle un futuro cierto a nuestro país, pero los cimientos se tienen que establecer en este proceso electoral próximo en Puebla y otros seis estados. El reto lo tiene Manuel Bartlett.

No podemos entender: cuando un gobernador tiene problemas financieros y económicos es cuando él entonces recurre al Gobierno Federal, fundado y argumentando el federalismo y presiona a través de este tema del federalismo y solamente para que le ayuden a resolver sus problemas financieros o económicos, esgrimiendo que el Gobierno Federal debe de cumplir el pacto federal, pero cuando organismos a nivel federal, incluyendo a la propia Secretaría de Gobernación o instituciones electorales, como el Registro Federal de Electores o el Instituto Federal Electoral, hace señalamientos o recomendaciones al gobernador, él se da porque están rompiendo el pacto federal.

Esto, señores, es una actitud incongruente, porque hay gobernadores que piensan que su territorio es de él y cuando no les conviene o afecta los intereses de Gobierno y sobre todo en esta campaña en Puebla, tratan de romper con ese pacto federal, el federalismo y cuando esas recomendaciones o sugerencias del centro afectan a los intereses de quien gobierna el Estado, no proceden. El mismo gobernador, en aras de esgrimir el federalismo, lo está sepultando con una actitud de cerrar la alternativa de un proceso democrático transparente en su propio Estado.

En Puebla, concluyendo, se ha confundido el federalismo con feudalismo, se ha confundido la integración de organismos electorales autónomos con organismos electorales subordinados; se ha confundido el concepto de gobernador con el concepto de candidato; se ha confundido el estado federalista con un estado separatista; se han confundido los dineros públicos con dineros de campaña de un partido político.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez, hasta por cinco minutos.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Señor Presidente, primero, yo quiero precisar que hay una serie de contradicciones en el documento que ha venido a leer el compañero Cándido, porque por una parte se está planteando que es una cuestión local y por otra que es la discusión que nacionalmente está en el debate.

Yo creo, primero, que la ciudadanización que se está impulsando en todo nuestro país no es ninguna dádiva graciosa del PRI ni del Gobierno, sino que son los reclamos y es el impulso y la presión que millones de mexicanos en todas partes está dando y esto ha tenido su expresión concreta en el Estado de Puebla.

Entonces quiero decirles que no es patrimonio del PRI esta ciudadanización, sino que a pesar, incluso del partido en el poder y a pesar de Manuel Bartlett, es que se ha podido avanzar y precisamente ésas son de las cosas que venimos a denunciar. ¿Cómo se ha tratado, cómo se ha venido acabando con esos pequeños espacios que la ciudadanía, que la sociedad civil ha venido alcanzando? Y venimos a denunciar, quiero repetir, quiero reiterar, cómo cerca del 25% de los ciudadanos que por no actuar de manera incondicional al Gobierno lo han estado quitando con presiones y con amenazas.

Entonces ésa es una realidad, ésas no son calumnias, ésos no son adjetivos. Ahí están los nombres concretos. Yo creo que eso es lo que tenemos que aclarar, que ahí está la gente, ahí están los procesos y además son públicas de todas las campañas de amenazas, de presión, que han motivado estas renuncias de muchos consejeros que se han atrevido a participar exigiendo una ciudadanización verdadera.

Por otra parte quiero mencionar que yo creo que no se ha estado cuestionando el derecho que tienen, que tenemos todos los mexicanos de hacer política y de expresar libremente nuestras preferencias político-electorales.

Lo que está claro aquí, en lo que hemos venido y vamos a seguir insistiendo, es en el uso incorrecto, desmesurado, que ha existido, de los recursos públicos que ha estado haciendo Manuel Bartlett. Eso es lo que hemos estado denunciando y yo creo que eso es lo que también tiene que ponerse aquí.

Ha estado presumiendo que en Estados Unidos, por cierto Bill Clinton, hace campaña a favor de su partido y ¿por qué Manuel Bartlett, que se siente en igualdad de proporciones, no lo va a poder hacer.

Primero, que hay distancias abismales y, por otra parte, también quiero decir que hay que conocer cuáles son las condiciones en las que se realizan campañas también en Estados Unidos, ya que tanto pone de ejemplo el gobernador del Estado de Puebla.

Aquí quiero recordar que se pagan todos los gastos que se erogan por parte del presidente de Estados Unidos y que tienen que ser totalmente distintos al erario público, que tiene que haber plena comprobación de estos gastos.

Yo quiero retar al gobernador de Puebla a que demuestre que estos gastos que ha estado haciendo de campaña por el Estado de Puebla no son a costa del erario público.

Eso es lo que nos haría mencionar que haya cuestiones nada más de descalificar, hay hechos concretos y exigimos también pruebas concretas y asumir responsabilidades. No hay que desviar la discusión.

Por otra parte, para terminar, se ha planteado aquí como un adalid de la democracia, del nuevo federalismo el gobernador Manuel Bartlett, cuando hay una práctica centralista, prepotente, no sólo cuando fue y además que intervino en el Estado de Puebla y en muchos cuando fue secretario de Gobernación, sino en concreto ahora en el Estado de Puebla.

Quiero denunciar también, como lo hemos estado haciendo, que ha estado obligando a firmar convenios en los municipios, en los 11 municipios que comprende su programa angelópolis, comprometiendo recursos públicos, sin importar la opinión de los ciudadanos de estos municipios.

¿Eso es el federalismo? ¿Eso es la democracia que está pregonando? Es en la práctica en donde está demostrando, no son calificativos, simplemente son hechos lo que está demostrando la actitud efectivamente no de federalismo, sino de feudalismo que hay en la concepción de Manuel Bartlett Díaz y eso es lo que nos está preocupando.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Jesús Sánchez Ochoa.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:

Señor Presidente:

señoras :

señores diputados:

En estos diálogos parlamentarios vuelve a aparecer, tanto a través del diputado Godina como del diputado Cándido, ese digamos pensamiento muy propio del priísmo nacional, el de apropiarse de la historia cual si fuese su propio patrimonio y descalificar como extraños de la historia nacional a quienes no piensan como ellos. Esa ha sido digamos su cantaleta, su estribillo. Su pensamiento y su concepción totalitaria los hace entender, entenderse a sí mismos como dueños de la nación.

Todo lo que pasó en México es su propiedad, todo lo bueno que ellos conciben en el desarrollo del proceso histórico, según su mentalidad totalitaria, autoritaria, les pertenece y quienes nos oponemos a sus proyectos, al proyecto histórico que ellos han sostenido, quienes durante 56 años hemos querido andar un camino diferente, somos los enemigos de la nación, somos los enemigos del pueblo; en fin.

Pero esa manipulación, decía, es sólo para justificar sus actos, su autoritarismo, lo justifican queriéndonos demostrar que los héroes nacionales estaban de acuerdo con su pensamiento; su autoritarismo lo quieren justificar en los aciertos que, según ellos, tuvieron otros personajes de la historia, evidentemente un recurso muy socorrido, pero un recurso que atenta contra la verdad histórica.

El proceso histórico nacional es un proceso en el que formamos parte todos, es un proceso en el que podemos ir distintas fuerzas o distintas corrientes, todos pertenecemos a ese proceso histórico, todos somos parte de esa realidad nacional, todos vamos realizando nuestro esfuerzo y nuestra aportación, según nuestras concepciones leales y según nuestro leal entender para construir el presente y preparar el futuro, no como patrimonio de unos pocos, sino como cauce, ámbito, para que ahí nos podamos realizar y se puedan realizar los mexicanos del futuro en justicia, en libertad y en paz.

Y sólo quiero poner un ejemplo de lo que aquí el diputado Cándido vino a afirmar: dijo que el gobierno de Bartlett actuaba al igual que el gobierno del PAN en Jalisco. El gobierno del PAN en Jalisco surgió de las elecciones, no pudo manipular el proceso porque no existía. Dice un principio de la filosofía: el obrar sigue al ser. ¿Cómo podría obrar quien todavía no existía?, pues aquí descaradamente vino a decir que la conducta de Bartlett se comparaba a la del gobierno panista en Jalisco.

Esa es una mentira del tamaño del mundo que no vio el diputado Cándido, por ese afán que tienen los priístas de manipular la historia, la mentira y la verdad, para adecuarla a su argumentación y así tratar de decir que lo que ellos sostienen es verdad. Qué más falso y qué más ridículo que este intento de tratar de implicar a un gobierno que todavía no existía en unas elecciones que fueron precisamente de las cuales surgió.

Por otra parte, sería muy bueno, muy importante, señores priístas, que compararan las leyes de Baja California, las leyes electorales, que un tribunal o un conjunto de estudiosos del derecho comparara en autonomía y libertad las leyes de Baja California, la ley de Chihuahua, la ley electoral, la ley de Guanajuato con la ley de Puebla, para que vean ustedes cuán atrasado va el gobierno de Bartlett, porque evidentemente es un gobierno al que se le ha pasado el tiempo, su historia, como se le pasó a quien es el titular del Ejecutivo.

Todos sabemos que a Puebla fue Bartlett, porque no pudo o no logró ser el presidente o el candidato a la Presidencia de la República. El no aspiraba jamás a ser gobernador de Puebla, él fue ahí a refugiar su tristeza y su abandono, su frustración y esa frustración la descarga ahora manipulando el proceso electoral como manipuló el proceso del cual Salinas surgió presidente.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Islas.

El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Señor Presidente; señoras; compañeros diputados federales:

Decía aquí Apolonio, el señor diputado de San Martín, que Bartlett no conoce el Estado. Yo quiero que lleguen muchos bartletts a Puebla, porque Bartlett ha logrado resolver los problemas de la mixteca poblana, de la sierra norte y de la sierra negra, donde está la extrema pobreza de Puebla; que venga como fue a San Martín Texmelucan, a iniciar las obras del tratamiento de aguas; que bueno y nos sentimos orgullosos y satisfechos los priístas, los que sentimos al partido, los que vemos a Bartlett que defiende a su partido, ¡ojalá sirviera de ejemplo para que mucha gente defienda al partido:

El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):

Señor Presidente, ¿admite el orador una interpelación?

El Presidente:

Señor diputado...

El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

No, señor diputado, no señor diputado, quiero decirle con todo respeto: para mis amigos del PRD, ojalá tuvieran candidatos de ustedes, no que su candidato a la presidencia municipal de Puebla, lo primero que declaró en un debate, es que no era perredista, que utilizaba las siglas de su partido. Lo más importante, lo más congruente y lo más significativo, será que entre tanto luchador social que conocí en la Universidad Autónoma de Puebla, que forman parte de sus filas, les den oportunidad ustedes de que representen sus colores y no que tengan que improvisar gente que no milita con ustedes. Esa es una incongruencia que ojalá la puedan resolver.

Hay luchadores sociales. Yo respeto a Rosa María, a su esposo, porque tuve la oportunidad de compartir con ellos ideales y objetivos en la máxima casa de estudios, en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los respeto porque son luchadores sociales, pero quiero decirles que ojalá tengamos muchos "bartletts", que resuelvan los problemas de los poblanos, porque como aquí se ha dicho por Apolonio, reconocen el Plan Angelópolis y reconocen también que en Teziutlán, donde gobierna Acción Nacional, hay 100 obras que demuestran lo que hace el compromiso de un partido político como el nuestro.

No quiero decirles a ustedes que aquí los señalamientos calumniosos que nos dicen cosas de Bartlett, ¡demuéstrenlos con pruebas! Bartlett ha demostrado su convicción, su militancia partidista y eso nos enorgullece a los priístas.

Ojalá sirviera de ejemplo para que no tomáramos actitudes demagógicas que en el sexenio pasado se hicieron en las concertaciones para hacer que muchos códigos electorales fueran a favor de otras opciones políticas.

Amigos nuestros; ¡qué curioso es que aquí se señala y cuando alguien viene con respeto a decir lo que ha sido en Puebla la participación política de un hombre, que aquí dijo Apolonio, no conoce el Estado! Pero no conoce el Estado y en los 217 municipios hay obras; hay propuestas que se plantearon en una campaña política. Nos dice Rosa María que se sustituyeron a representantes de los consejos estatales y de los consejos municipales. ¡Claro! Porque se comprobó que participaban con el Partido de la Revolución Democrática en Huehuetla y aquí mismo y en las sesiones largas y tediosas que ha habido en los consejos municipales y estatal electoral, en un reducido trabajo de 85 hojas se discutieron y se analizaron el cambio y la sustitución de muchos consejeros que no cumplían los requisitos necesarios.

Cuando se plantea la posibilidad de cambiar a los consejeros de Huehuetla, se menciona tan sólo que en Francisco Z. Mena, aun a petición del Partido Acción Nacional, se cambió a ese consejero y se sustituyó y ahora aquí venimos a decir que un Estado no es la apertura, cuando un gobernante dice: "yo me quito mis derechos para que sea el Congreso, en donde están los representantes populares, los que determinen de qué forma y de qué manera se va a hacer la Ley Electoral del Estado".

Y aquí mismo se señala que ¿por qué? Por una sencilla razón: porque Bartlett, digan lo que digan, es el hombre que en estos momentos está demostrando energía y vigor para defender a su partido.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Apolonio Méndez Meneses.

El diputado Apolonio Méndez Meneses:

Gracias, señor Presidente:

Dice un principio filosófico: "contra los hechos no hay argumentos".

Hablan de que existe una planta de tratamiento en San Martín Texmelucan. Las necesidades de un Estado o de un municipio, no son una planta de tratamiento. En el Estado de Puebla, si hacemos un análisis de los estados financieros que guardan los municipios, la mayoría están en quiebra, la mayoría están endeudados y no hablo de los municipios del PAN. Hablo de los que gobierna el Partido Revolucionario Institucional. Esto nos da una idea: o no se conoce la administración o quieren que las cosas vayan muy mal y que sigan mal. Independientemente del resultado de este debate, Víctor Hugo, yo creo que la situación real de este país, y cuando vas por tu distrito lo has de constatar, son peticiones, peticiones que no fueron satisfechas.

Desgraciadamente cuando existen algunas obras se les publicita de tal forma que creen que con éso queda satisfecha toda la población. Pero Puebla está despertando y en este 12 de noviembre, va a terminar de despertar y es una pena que un diputado joven como tú, no se acabe de sensibilizar en este sentido. No está funcionando este gobierno y no funciona porque el Estado de Puebla, las condiciones actuales, la definen números, números que los podemos medir en porcentajes: porcentaje de pobreza, porcentaje de marginación, porcentaje de delincuencia y porcentaje de injusticia en general.

Yo creo, señoras y señores diputados, que estos planteamientos deben hacerse no con gran oratoria, hay algunos que no la tenemos; pero sí con argumentos serios y reales, sobre todo. Yo creo que es motivo de reflexión y de mucha reflexión porque el Estado de Puebla no es la capital ni es el Plan Angelópolis. Hay muchos indígenas que en este momento están en gran punto de desnutrición y otros que en poco tiempo morirán, seguramente.

Gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos se han inscrito los diputados: Adolfo Aguilar Zinser, Antonio Tenorio Adame y Leonel Godoy.

En el uso de la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser.

El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):

Yo declino, señor Presidente.

El Presidente:

El diputado Godoy declina. Adelante, diputado Aguilar Zinser.

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:

Muchas gracias, señor Presidente:

Sin ser poblano, quizá en la interpretación federal de Manuel Bartlett esté ahora incurriendo en un delito al hablar sobre Puebla en esta tribuna. Porque estamos frente a un acontecimiento muy peculiar, que seguramente será motivo de reflexiones en este Congreso ahora que se inicia la discusión sobre la reforma del Estado. Estamos frente a una nueva doctrina federalista. Es una nueva doctrina federalista que propagan algunos gobernadores. En particular el señor Manuel Bartlett se distingue ya por ser quizá el paladín de este nuevo federalismo. Este nuevo federalismo tiene aristas muy importantes que seguramente darán mucho de qué hablar en esta Cámara de Diputados.

Yo quiero simplemente referirme a dos puntos que me parecen importantes ahora mismo. El primero de ellos es darle lectura a uno de los párrafos de las profundas reflexiones federalistas del señor gobernador Bartlett, en su carta al secretario de Gobernación, fechada el pasado 9 de octubre. El señor Bartlett, profundo conocedor del derecho constitucional, nos dice:

"Extraña la contumaz pretensión de federalizar las elecciones locales en las instituciones políticas. En los espacios sociales y en los medios de comunicación nacionales ha sido reiterado el recurso al Congreso de la Unión, a las dependencias del Ejecutivo Federal y a diversos organismos federales, que plantean ilegítimamente cuestiones que pertenecen a la esfera competencial de Puebla."

Señores diputados: estamos ilegítimamente, según el señor Bartlett, discutiendo asuntos que le competen únicamente a la autonomía de Puebla.

Esto, señores, en derecho constitucional se llama declaración de independencia del Estado Libre y Soberano de Puebla. De ello ninguno de nosotros nos enteramos. El señor Bartlett no sonó las campanas para independizar a su Estado y después venir a hacer estas afirmaciones.

Sin embargo al plantear esta doctrina constitucional el señor Bartlett también incurre en falsedades muy importantes, en falsedades que atentan contra instituciones que el país comienza a construir y que estamos obligados a defender. Es la institución de la participación de los consejeros ciudadanos en los procesos electorales. En esta misma carta el señor Bartlett hace la siguiente afirmación:

"En este orden debo señalar la intervención de los consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electoral, licenciado Santiago Creel Miranda y licenciado José Agustín Ortiz Pinchetti, en actos partidistas relacionados con las elecciones locales de Puebla, así lo demuestra su participación en el foro cívico convocado por organizaciones afines al PAN y vinculadas con el candidato de este partido a la presidencia municipal de Puebla.

Me permito remitir una copia de la protesta frente a la intervención suscrita por diversos organismos profesionales y sociales y por un nutrido grupo de ciudadanos...". Y continúo leyendo y dice: "así lo demuestra igualmente su intromisión en los asuntos de competencia de la Comisión Estatal Electoral, en particular con relación a la solicitud de remoción de la consejera ciudadana ya aludida. Dichos consejeros acreditan dependencia, parcialidad e iniquidad partidista, con el agravante de entrometerse en procesos electorales de carácter local, a pesar de su investidura como servidores públicos federales".

¿Qué curioso que lo diga el señor Bartlett? El es un servidor público en el gobierno del Estado y él si tiene derecho de intervenir en los procesos electorales locales a favor de su partido. Pero resulta que los consejeros ciudadanos no tienen derecho de participar en un acto, en un acto donde se habla de asuntos políticos pero que no es partidario y que el señor Bartlett mañosamente califica de partidario, aun teniendo pruebas fehacientes, como es la convocatoria al propio foro cívico, de que no hay en ello ninguna expresión partidaria que diga que se trata de un acto de campaña.

Y, por supuesto, la reacción de la que él habla, de los ciudadanos de Puebla indignados por la participación de los consejeros ciudadanos en ese acto, se trata del viejísimo, viejisísimo recurso que el señor Bartlett utilizó cuando era secretario de Gobernación en la capital, que son los desplegados de membrete.

Es muy curioso también el hecho de que el señor Manuel Bartlett fuera secretario de Gobernación y desde la camiseta de la Secretaría de Gobernación yo les preguntaría a los gobernadores de los estados en su tiempo, ¿qué tipo de secretario de Gobernación fue? El más centralista, el más arbitrario y el más impositivo. Ahora ya se quitó la camiseta de secretario de Gobernación y ahora es gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla, que no sé cuando se independizó de la República Mexicana.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

Señor Presidente; compañeros diputados:

Los excesos de mi amigo y paisano, Víctor Hugo Islas, me traen a esta tribuna para recordarle que yo, en mi calidad de candidato al gobierno del Estado de Puebla, en contienda directa con Manuel Bartlett, soy auténtico poblano.

Nuestro partido, el PRD, es un partido de la diversidad plural que representa el abanico político de las ideologías del pueblo mexicano. En ello se comprende a quienes luchan por la democracia y no es extraño que un ciudadano con los méritos de nuestro candidato haya asumido este compromiso de luchar por la democracia. Bienvenidos nuestros compañeros que en esta sala se encuentran aquí como diputados. Bienvenidos nuestros compañeros candidatos que se encuentran en las lides de competencia electoral en distintas regiones y puntos geográficos de la República Mexicana.

Un poco el debate se mantiene distorsionado, en la pretensión de atacar y defender personas y no de criticar y promover políticas. Por ello es importante tratar de desentrañar lo que representa Manuel Bartlett, avecindado del Estado de Puebla y quien ha sometido a nuestro Estado, desde sus orígenes, en la campaña en que realizamos conjuntamente y de la cual obtuve el 20% de la votación, dignamente, significó un costo social de 12 crímenes políticos que a la fecha no han sido detenidos los responsables.

¿Qué representa Manuel Bartlett en el espectro político y en la historia de nuestro país? Si quisiéramos definirlo de manera categórica, estaríamos hablando del viejo salinismo autoritario, ahí está definido de manera muy concreta Manuel Bartlett. En el presente está representando a una corriente de gobernadores y de priístas que no quieren la promoción de la democracia en nuestro país, que quieren mantener los esquemas de autoritarismo al que han sumido al pueblo de México. El en sí es el representante de una fuerza política opositora al cambio democrático que se está promoviendo en las mesas de negociación.

El cruce de vías se dará el 12 de noviembre, donde también coinciden elecciones de otros estados y las elecciones de consejeros ciudadanos. Para él es un punto crucial donde va a recuperar su capacidad de presencia, su necesidad política de representante del viejo autoritarismo y con ello cobrar facilidades de seguir existiendo políticamente.

Manuel Bartlett argumenta que las elecciones del Estado de Puebla son de competencia local, pero para fines de coordinación de padrón él ha estado sujeto a convenios con la Secretaría de Gobernación y lleva al igual que el esquema del IFE a nivel nacional, una falsa ciudadanización, hace a funcionarios del poder público ciudadanos y a ciudadanos los promueve como funcionarios. Esta falsa ciudadanización está también implícita en la concentración de dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo, en los órganos de competencia electoral.

Lo que aquí estamos refiriendo es que en Puebla no existen garantías constitucionales para realizar los comicios del 12 de noviembre, a estos extremos se ha llegado de un desafío al secretario de Gobernación como nunca antes hubiera ocurrido. Este desafío tiene propósito de acrecentar su imagen pública autoritaria, pero Manuel Bartlett, como se ha dicho aquí anteriormente, es un servidor público de la Federación y se encuentra sujeto también al control de las leyes federales; es en esta razón que debemos de recordar que la desaparición de poderes es el instrumento fundamental del Poder Federal que está sujeto al artículo 76 fracción VI como garantía de la Federación y en esas condiciones estamos fincando aquí el principio de las responsabilidades en que el gobernador de Puebla ha caído y en su momento haremos valer.

Muchas gracias.

El Presidente:

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día y dada la importancia del tema, voy a rogarle a la Secretaría dé lectura a un punto de acuerdo sobre acontecimientos relacionados con el conflicto chiapaneco. Este punto de acuerdo está suscrito por los cuatro grupos parlamentarios y por diputados independientes.

El secretario Joaquín Rodríguez Lugo:

PUNTO DE ACUERDO

Los integrantes de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, conscientes de la importancia del proceso de paz que se lleva en el Estado de Chiapas, al amparo de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y tomando en cuenta la detención y consignación ante el juez séptimo de distrito en materia penal en el Distrito Federal del señor Fernando Yáñez Muñoz, presenta a consideración de este pleno un punto de acuerdo que se fundamenta en lo siguiente

CONSIDERACIONES

Primero. Con fecha 1o. de enero de 1994 se inició un conflicto...

El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida (desde su curul):

Señor Presidente, aún no acaban los oradores sobre el punto anterior.

El Presidente:

Tiene razón, diputado, faltan efectivamente dos oradores sobre el punto anterior. Ruego a la Secretaría interrumpir la lectura y vamos a dar la palabra a los dos oradores del punto anterior que es el diputado José Luis Galeazzi Berra, del PAN y el diputado Luis Antonio Godina Herrera, del PRI.

Tiene la palabra el diputado José Luis Galeazzi Berra.

El diputado José Luis Galeazzi Berra:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Quisiera, antes de empezar mi intervención, recordarle al diputado Víctor Hugo Islas, pues parece que ya se le olvidó, que las leyes las hace el Poder Legislativo. Bartlett está para acatar las leyes, no para hacerlas. Bartlett no se quitó ni le otorgó los derechos al Legislativo, simplemente debe acatar esas leyes.

El día 12 de noviembre en el Estado de Puebla renovaremos 217 presidencias municipales y 26 diputados locales. A escasos 18 días que faltan para la realización de la jornada electoral, todos los ciudadanos en Puebla nos preguntamos, dadas las últimas actitudes del gobernador del Estado, si en estas elecciones se va a respetar la voluntad de la mayoría; si realmente la comisión estatal electoral, los consejeros distritales y los municipales van a actuar con apego a la legalidad, imparcialidad y limpieza que exigen los momentos difíciles en los que estamos pasando los poblanos y en general todos los mexicanos.

Esta legalidad, imparcialidad, limpieza electoral ya están siendo muy cuestionadas, porque han sido objeto de varias manchas que ennegrecen el panorama del proceso electoral.

Primera mancha: la no aprobación por parte de la comisión estatal electoral de implementar la lista nominal con fotografía en el proceso electoral del 12 de noviembre, a pesar de que técnica y políticamente se podía emplear.

Segunda mancha: la remoción sin causa justificada de la consejera ciudadana Maricarmen Díaz Amador, por el Congreso local, a solicitud de la comisión estatal electoral.

Tercera mancha: el autoritarismo del gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz y su actitud parcial hacia el PRI, haciendo campaña por todo el Estado, derrochando recursos federales y estatales diciendo "como yo soy del PRI, el PRI debe ganar en todo el Estado". El titular del Ejecutivo de Puebla en sus actos de gobierno hace proselitismo, que se ve reflejado en su discurso que ha pronunciado por todos los municipios del Estado, en los cuales ha emprendido una intensa y temporal gira de trabajo en favor de su partido y esto no lo va a negar el diputado Víctor Hugo.

Cuarta mancha: su programa pro empleo donde se dice que dará trabajo temporal a 44 mil poblanos durante tres meses, es muy cuestionable.

Qué casualidad que implementó un programa durante tres meses y qué casualidad que exactamente son tres meses lo que dura el periodo para que los partidos políticos puedan hacer proselitismo. Yo creo que no confundirá el señor gobernador pro empleo con pro voto.

Puebla es uno de los estados con mayores índices de desempleo, analfabetismo, marginación y miseria. El gobernador está aprovechando estos serios problemas para mantener al PRI en el poder. Al igual, los candidatos del PRI en estos meses han estado repartiendo despensas en todos los municipios del Estado, olvidándose que su partido primero empobreció al pueblo y hoy le quiere dar una despensa que le resuelve el problema de alimentación por sólo dos días y no por toda la vida.

Quinta mancha: se ha ensuciado el proceso utilizando los programas del Procampo nuevamente como un recurso totalmente electorero pues en la mayor parte de los municipios de Puebla se ha estado repartiendo a los campesinos este recurso trabajando ellos incluso horas extras. ¿Por qué no se reparte esta ayuda en época que no sea de campaña electoral? ¿por qué no se hace un programa de empleo permanente y no sólo temporal precisamente en época de elecciones.

Sexta mancha: el seudofederalismo que enarbola Manuel Bartlett. En respuesta el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, señala y aquí cito nuevamente la cita expresada hace unos momentos por un compañero: extraña la contumaz pretensión de federalizar las elecciones locales en las instituciones políticas, en los espacios sociales y en los medios de comunicación nacionales, donde se ha planteado ilegítimamente cuestiones que pertenecen a la esfera competencial de Puebla.

Con estas palabras se demuestra que el ex secretario de Gobernación, Bartlett, actuó de una forma y el gobernador Bartlett actúa en sentido contrario; antes intervenía y atropellaba la soberanía de los estados y hoy pretende que ni el secretario de Gobernación ni los medios de comunicación nacional pronuncien el nombre de Puebla. En dicha carta Bartlett da a conocer su rechazo a la intervención del Instituto Federal Electoral en el proceso electoral poblano. Yo creo que Bartlett está confundiendo federalismo con feudalismo.

Séptima mancha: el multicitado gobernador, en dicha carta pone en duda la honorabilidad, legalidad e imparcialidad de los consejeros ciudadanos Santiago Creel Miranda y José Agustín Ortiz Pinchetti, acusados injusta y calumniosamente de hacer proselitismo a favor de mi partido y juzgando sus opiniones libres, apegadas a la garantía constitucional de libertad de expresión, como una intromisión en los asuntos del Estado de Puebla. ¿Debemos pensar que el único que puede hablar libremente de Puebla es Bartlett? Esto da pie a pensar que se quiere llevar las elecciones a un panorama oscuro, confuso, desalentador y antidemocrático.

El poder de imponer lo propio y de sacrificar lo ajeno no admite participación y crea en la gente de mentalidad facciosa un complejo patrimonialista que hace considerar a la nación no como una realidad augusta por superiormente humana, no como venerable asamblea de almas con dignidad, con responsabilidad y con destino, sino como cosa, como empresa administrable y explotable. El apetito triunfante engendra el monopolio.

Es lógico que la fracción del partido oficial acuda a la mentira, al fraude, a la violencia, para conservar su situación; es lógico que cree instrumentos de dominación política y que aplaste todo intento de autodeterminación ciudadana, todo es perfectamente natural, como es natural también que de la intolerancia y el monopolio del poder nazca como hija legítima la corrupción.

La ley del apetito es la satisfacción y no soporta frenos ni disciplinas; es lógico que la ebriedad de la fuerza, combinada con el desconocimiento, el desprecio, la traición al bien común, empuje al imponer el acatamiento de la propia convicción y a sacrificar la ajena.

La intolerancia es el juego de las bajas fuerzas sicológicas, el término natural de la pendiente, se manifiesta en mil formas, a veces dice: el Estado soy yo, a veces dice: yo declaro que es favoritismo y prejuicio la convicción del pueblo y soy yo quien guarda el concepto racional y exacto del universo y de la vida.

A veces, y en el fondo es lo mismo, el león dicta en la selva una justicia sangrienta porque se llama león. En el Estado de Puebla este león tiene un nombre: Manuel Bartlett Díaz. En Puebla ya no queremos leones, ya no queremos dictadores, no queremos ni caciques ni señores feudales. En Puebla, señores, queremos democracia.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos han solicitado la palabra los diputados Víctor Hugo Islas y Héctor González Reyes. Tiene la palabra el diputado Adrián Víctor Hugo Islas.

El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández:

Amigo diputado, quiero comentarte que el que tú estés acá obedece al juego democrático que se da en Puebla. Las elecciones en Atlixco las ganamos nosotros, sin embargo aceptamos que en una determinación se anulara ese proceso electoral y qué bueno que esa oportunidad fue aprovechada por ustedes para salir adelante.

Yo quiero decirles a los que me antecedieron en el uso de la palabra, que cuando se manifiesta la competencia local de una elección, no implica, no supone una declaración de independencia. Quiero decirles que aquí se ha mencionado en reiteradas ocasiones la función y la responsabilidad que tuvo Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación, pero ahora ya no es secretario de Gobernación, es gobernador de Puebla y los poblanos y los priístas poblanos nos sentimos satisfechos y orgullosos de que un hombre tenga la convicción de señalar su militancia partidista.

Quiero decirles que los gobernantes surgidos de otro partido político no han renunciado a su militancia y eso no es ningún delito. Bartlett tampoco lo ha hecho.

Toño Tenorio nos decía que fue un adversario de Manuel Bartlett a la candidatura a la gubernatura del Estado y hablaba de un abanico. Claro, ese abanico permitió que Toño Tenorio fuera militante distinguido del Partido Revolucionario Institucional y que representara a nuestro partido por el distrito de Tehuacán, en donde los jóvenes de aquella época, cuando lo vimos llegar sentimos la oportunidad de acabar con algo muy importante y muy significativo, de acabar con un cacicazgo que existía en esa zona y en esa región.

Y si en esta oportunidad no tuvo la satisfacción de contar con el electorado, no es cosa nuestra, es cosa de los que hacen posible la democracia de nuestro partido, de los que hacen posible la democracia del pueblo de México. Serán los electores los que en su momento determinen el rumbo y el camino que debemos de seguir.

En Puebla no se ha hecho todo en materia electoral, sin duda falta mucho por hacer, pero no es acudiendo a la subcultura del fraude electoral como podremos construir nuevas relaciones de convivencia política. Sólo la cultura del derecho garantiza equidad, certeza, participación, justicia y democracia. Sólo apegándonos al derecho podremos atender el reclamo social.

La sociedad no quiere violencia física ni violencia verbal, quiere estabilidad, respeto y sobre todo pasos firmes en favor del desarrollo político, con una nueva ética partidista y con un compromiso irreversible. Con la verdad y la ley podremos garantizar un auténtico desarrollo compartido, haciendo fuerte y efectiva la vida institucional y democrática de nuestros estados y del país.

Ojalá y las fuerzas progresistas de nuestro Estado de Puebla hagan alianza con los que queremos cambiar y transformar nuestro Estado; hagan alianza con los que deseamos y anhelamos que Puebla avance y ojalá y no permitamos que la reacción logre sus objetivos.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Héctor González Reyes, del PRI... ¿Declina?..

Como el último orador de esta ronda está anotado el diputado Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional... También declina.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente:

Entonces ruego a la Secretaría dé lectura al punto de acuerdo que habíamos anunciado sobre acontecimientos relacionados con el conflicto chiapaneco.

Este punto de acuerdo está suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados.

El secretario Hugo Fernando Rodríguez Martínez:

PUNTO DE ACUERDO

"Los integrantes de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, conscientes de la importancia del proceso de paz que se lleva a cabo en el Estado de Chiapas, al amparo de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y tomando en cuenta la detención y consignación ante el juez séptimo de distrito en materia penal en el Distrito Federal, del señor Fernando Yáñez Muñoz, presenta a consideración de este pleno un punto de acuerdo que se fundamenta en las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Con fecha 1o. de enero de 1994 se inició un conflicto armado en el Estado de Chiapas, mediante el cual se solicitó por parte del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cumplimiento de diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico.

Segundo. Con fecha 9 de febrero de 1995 la Procuraduría Federal de la República solicitó a la autoridad judicial correspondiente la expedición de diversas órdenes de aprehensión en contra de presuntos integrantes del EZLN. Dentro de estas órdenes de aprehensión se encuentra la girada en contra del señor Fernando Yáñez Muñoz.

Tercera. Con fecha 11 de marzo de 1995 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que dispone en su artículo 4o. que las autoridades judiciales competentes mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los integrantes del EZLN que se encuentran sustraídos a la acción de la justicia y ordenarán que se aplace el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas dentro de dichos procedimientos.

De igual manera, la Procuraduría General de la República suspenderá las investigaciones relativas.

Cuarto. En la ley a que nos referimos en el inciso que antecede se crea la Comisión de Concordia y Pacificación, que tiene entre otras funciones el facilitar el diálogo, la negociación y apoyar la suscripción de acuerdos de concordia y pacificación.

Quinto. Con fecha 21 de octubre de 1995 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo al señor Fernando Yáñez Muñoz, acusándolo en función de la posesión de un arma AK-47, así como otra arma calibre 9 milímetros y 64 cartuchos útiles, por el delito de portación de arma de fuego reservada para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Sexto. El 23 de octubre de 1995, una vez trasladada la averiguación penal a la competencia de la Procuraduría General de la República, fue consignado el señor Fernando Yáñez Muñoz, ante el juez séptimo de distrito en materia penal en el Distrito Federal.

La detención del presunto miembro del EZLN, Fernando Yáñez Muñoz, alias comandante Germán, es un hecho que por ocurrir en estos momentos en que avanza el diálogo de San Andrés Larráinzar, que tiene como marco la ley antes citada, puede constituir un elemento de tensión en el proceso de paz y el acatamiento a la propia ley que aprobó esta soberanía.

Séptimo. Tomando en cuenta que esta aprehensión y consignación podría actualizar los supuestos del artículo 4o. de la ley a la que nos referimos, en el considerando tercero que antecede o por otro lado lo preceptuado en el artículo 13, es necesario conocer todos los elementos necesarios con esta aprehensión y consignación.

Octavo. Que de acuerdo con la ley antes referida, la Comisión de Concordia y Pacificación tiene facultades para coadyuvar en que continúe el diálogo y la negociación en el Estado de Chiapas, por lo que se considera conveniente que lleve a cabo todas las indagatorias correspondientes para tener elementos suficientes para poder pronunciarse sobre este tema.

Noveno. Que es necesario dar una señal clara al pueblo de México y en lo particular a las partes en conflicto, de la importancia de cumplir en sus términos con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y se propone el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Con objeto de que el Poder Legislativo se mantenga atento a la situación jurídica del señor Fernando Yáñez Muñoz y a la aplicación de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, se instruye a la Comisión de Concordia y Pacificación para que lleve a cabo todas las investigaciones que considere necesarias para aclarar las circunstancias necesarias con la aprehensión y consignación del señor Fernando Yáñez Muñoz y en su oportunidad informe al pleno de esta Cámara del resultado de su investigación.

México, D.F., salón de sesiones, a los 24 días del mes de octubre de 1995.- Firman los diputados: por el PRI, Humberto Roque Villanueva; por el PAN, Ricardo García Cervantes; por el PRD, Jesús Ortega; por el PT, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y, por el grupo de diputados ciudadanos, Tonatiuh Bravo Padilla.

El Presidente:

Para referirse a este punto de acuerdo, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Yo creo que es justo reconocer la actitud que ha prevalecido de parte del Congreso respecto al conflicto en Chiapas. Desde que aprobamos la Ley de Concordia y Paz, dejamos de manifiesto una preocupación esencial por encontrar, ante todo, una solución pacífica, atendiendo las demandas del levantamiento zapatista, una solución de paz con justicia y dignidad. Este ha sido el espíritu que ha movido no solamente a la Cámara de Diputados sino al Congreso en su conjunto. No todo mundo piensa como nosotros, por desgracia no todo mundo pareciera estar interesado en la paz y en una negociación política con justicia y dignidad.

Hoy, por el hecho de que se suscriba este punto de acuerdo me parece es estimulante, también el reivindicar nuestra posición al respecto. Pero tenemos que ver lo grave realmente de la circunstancia actual, la situación incluso en que estamos como Congreso y particularmente la que vive la Comisión de Concordia y Paz.

Si estos hechos no se esclarecieran, si quedaran así como ahora, con distintas versiones, yo pregunto: ¿Qué autoridad moral podría tener el Congreso y la comisión para ser garantes de un proceso de paz, para ser garantes de una negociación? ¿Qué credibilidad podría haber si de entrada las propias circunstancias de no esclarecerse representan ya un cuestionamiento a la ley, un cuestionamiento a la propia comisión y un cuestionamiento por lo mismo al Congreso en su conjunto.

Yo me imagino y les pediría que ustedes lo intenten, de que nosotros como comisión, que acabamos de asistir a una discusión de lo más importante, que es el asunto de autonomía y derechos indígenas, que después de estos avances que se han operado, nosotros llegamos con esta duda a la próxima reunión. ¿Quién podría no suponer, incluso los mismos miembros del EZLN que no se les puede detener ahí, porque apareció quizá en un periódico alguna foto donde uno de ellos estaba armado y alguien puede decir que por esa misma razón se les detiene? O sea, ¿cómo podríamos nosotros avanzar, el Congreso, en seguir apuntalando este proceso de negociación si esto no se esclarece? ¿Qué credibilidad nosotros tendríamos? Así de grave me parece a mí o al menos así estamos viviendo las circunstancias.

Ahora, el hecho no nos satisface como se presenta, nos parecen demasiadas coincidencias y ya nos parece demasiado manoseo también.

Justamente cuando estamos en una negociación que está avanzando ocurre una detención que según una versión es porque llevaba armas de uso restringido al Ejército, pero que según opiniones ya recabadas, es un acto alevosamente planeado en una esquina, con varios días de antelación. Y ya está tan manoseado el asunto que ahorita favorablemente ya no se habla de droga, eso ya quedó muy claro, no hay droga, pero se llegó a manejar el asunto también de droga.

Como nosotros mismos reflexionemos, aceptar esa versión que se nos está dando de que algunas personas, yo todavía no me atrevería ni a decir si son miembros ni siquiera de la judicial del Distrito Federal, de la procuraduría, yo ni siquiera eso aceptaría. Yo sé que fueron primero llevados a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, sé que después fueron trasladados a la PGR, pero yo no sé incluso quiénes fueron los que actuaron de esa forma, los que según versión de testigos: paran, detienen un vehículo, un Volks wagen que por cierto iban sus miembros a comprar un cilindro de gas y simple y sencillamente presentan ya unos resultados sin haber orden de aprehensión, sin haber nada, para mí es difícil no pensar que estamos ante una provocación. Para mí es difícil no pensar que estamos ante una agresión al proceso de paz, a la comisión y al curso mismo que está llevando la negociación.

Por lo menos yo no podría hasta el momento por las circunstancias, no puedo dejar de plantear esto porque me asaltan muchísimas dudas; porque pareciera que hay intentos de disminuir el peso que tiene la comisión, que es la comisión que nombró aquí el Congreso; de disminuir el papel del Congreso y de simple y sencillamente hacer a un lado la ley.

Yo, compañeros, quiero decir que los coordinadores, nosotros, la comisión, tenemos que agradecerles todo el apoyo porque lo necesitamos y porque está de por medio también el Congreso, porque está de por medio la credibilidad de esta comisión. Si alguna comisión ha avanzado generando y ganando credibilidad, que ha llevado incluso a los dirigentes del Ejército Zapatista a distinguir entre lo que es el Poder Ejecutivo y decir, aunque no aceptemos compromisos con el Ejecutivo, estamos dispuestos a aceptarlos con el Legislativo, si alguna comisión ha avanzado en esto, es la comisión que ustedes integraron de la cual nosotros por formar parte tenemos también la obligación de estarles rindiendo. Y esto nos trastoca de alguna forma todo.

Yo creo que la única forma de resolverlo es ir al fondo del asunto. Hay que ver desde quiénes los detuvieron;hay que ver desde las circunstancias; hay que ver realmente cómo se produce esto. Aquí ya no va a dar para medias tintas; aquí ya no podríamos, yo lo quiero establecer así, buscar dijéramos evadir la responsabilidad que algunas autoridades o gente, no sé quienes, pudiera tener si fuese el caso, porque está en entredicho también nuestra posición.

Aquí habrá que ir realmente a ver cuáles son las circunstancias y todos estamos claros de una cosa: la ley, incluido este señor comandante, llamado "comandante Germán", Fernando Yáñez, había establecido expresamente en el caso de él, la suspensión de las órdenes de aprehensión, era uno de los señalados para posibilitar el proceso de diálogo y de negociación.

No hay tampoco, dijéramos, alguna circunstancia atenuante; yo ni siquiera creo en eso de fortuito o de circunstancial, no me parece que sean las características de un caso de esta naturaleza.

Yo quiero entonces dejar esto en una inquietud, a reserva de que sobre el acuerdo que se está tomando podamos ir a fondo, como lo establece el propio compromiso, dejar esta inquietud.

¿A quién le puede interesar en este país afectar el proceso de paz? ¿Quién está jugando con esta situación? ¿Quién quiere menoscabar o le interesa afectar a la Comisión de Concordia? ¿Quién quiere disminuir al Poder Legislativo? Cuando menos yo creo que son preguntas interesantes y que tenemos que ir a fondo.

No podemos permitir, compañeros, nosotros llegar como Congreso sin autoridad y que nos vaya a afectar esto por no esclarecer esta situación. Y no estamos en tiempos largos, tenemos que hacerlo antes de la próxima ronda de conversaciones. Es muy importante esclarecer esto.

Compañeros: yo lo que les puedo decir es que en esta actitud que nos hemos movido la comisión, pedimos todo su apoyo y pedimos, lo quiero decir así, que si hubiera intereses oscuros, intereses que buscan desestabilizar al país, pues tratemos también de sacarlos a flote y no permitir que se afecte un proceso que me parece cada día va mejor encauzado.

Yo estoy entonces aquí, compañeros, para pedir su apoyo. Yo estoy aquí para reconocer la labor que ha realizado el Congreso, pero estoy aquí para advertir también que puede haber gente opuesta a los intereses que nosotros hemos expresado y que hay que ir a fondo, tope en lo que tope.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente:

Para hablar sobre el mismo tema tiene la palabra la diputada Carlota Botey.

La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

Con su venia, señor Presidente:

¡No más mentiras! ¡No más traiciones! En los momentos en que transcurrían las discusiones finales de la primera mesa de trabajo del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno, cultura y derecho indígena, en un operativo claramente prefabricado, el sábado 21 de octubre, se detuvo a Fernando Yáñez Muñoz, identificado por las autoridades policiacas del Distrito Federal como el supuesto comandante Germán. De manera tramposa las autoridades no dieron la noticia y la mantuvieron en secreto, mostrando de nuevo la ética traicionera del gobierno zedillista, puesta en práctica desde el 9 de febrero pasado.

Como bien lo ha confirmado la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y como lo ha declarado el propio Fernando Yáñez Muñoz, a la prensa nacional, él no tiene nada qué ver con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ni tampoco llevaba en el momento de su detención armas ni droga. ¿Acaso alguien cree sinceramente en este burdo operativo.

Como legisladora me preocupa lo siguiente: en medio de las luces, micrófonos, cámaras de los medios masivos de comunicación, se ha montado un gran escenario alrededor del diálogo entre el EZLN y el Gobierno, en el cual los zapatistas siempre han participado con suma responsabilidad y cautela y detrás de este mismo escenario se ha prefabricado un operativo de persecución y represión contra los disidentes y críticos de la política oficial.

Y esto no sólo en la Ciudad de México, sino en Chiapas, Guerrero, Tabasco y otras regiones del país. Así, de manera irresponsable y provocadora, el Ejército mexicano entró a Patihuich, comunidad del municipio de Ocosingo, el sábado 14 de octubre a las 11:00 de la noche. Fueron 14 soldados armados que se acercaron al centro del pueblo donde se realizaba en ese momento una fiesta. Esto, además de un grupo de 30 soldados que se mantuvieron vigilantes.

El domingo 15, en la noche, tres soldados rondaron las casas del mismo pueblo y todo parece indicar que se trata de un patrullaje militar nocturno en el interior de la comunidad. Todo ello va contra el sentido de la Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. ¡Fíjense en el nombre!: paz digna en Chiapas, aprobado el día 11 de marzo pasado en esta Cámara de Diputados.

De igual manera, el lunes 16, a la 1:00 de la tarde, entraron militares, soldados, al pueblo de La Garucha, esto como parte de actos de intimidación cotidiana a que son sometidos los habitantes de las comunidades de las cañadas. Esto manifiesta una doble actitud del Gobierno, por un lado, participa en el diálogo y por el otro no deja de amenazar, con presencia y con patrullaje, a las comunidades de las zonas en conflicto.

¡Cabe aclarar también que Fernando Yáñez Muñoz, a quien la Secretaría de Gobernación identifica como el supuesto comandante Germán, lo mismo lo hace Carlos Tello Díaz, en su libro de carácter supuestamente histórico! ¡Estaba en la lista de los que iban a ser aprehendidos en la incursión militar del 9 de febrero:

Por eso ante ello nos preguntamos: ¿En qué situación queda la ley aprobada por esta Cámara de Diputados? ¿Qué papel va a jugar la Cocopa ante el acto la violación a la ley? ¿Y si ella es la instancia encargada de dar seguimiento al diálogo y de respeto a la ley?

¡La sociedad ya está cansada de tanta mentira y engaño y de las actitudes traicioneras del Gobierno! ¿Cómo vamos a creer en el Gobierno si hace lo que hace? ¿En qué situación va a quedar el mismo diálogo en el que se ha comprometido el Gobierno, si ante la conducta represora y persecutoria de las autoridades todos corremos peligro? ¡Lo mismo los asesores, los invitados, los cinturones de paz, como los propios jefes zapatistas!

¡Los hechos ocurridos en Chiapas no son aislados, forman parte de una estrategia de guerra de baja intensidad que el Gobierno ha diseñado para la zona en conflicto y para otras regiones indígenas del país! ¡Guerra que pretende someter toda protesta y movilización social en contra de la política neoliberal que a todos nos ha empobrecido!

¡Por eso nuestra desconfianza es justificada y el mismo comandante David, de la delegación zapatista que asiste al diálogo, ha manifestado ante la prensa nacional e internacional la profunda desconfianza que tienen las comunidades indígenas hacia el Gobierno! ¡Esta desconfianza nos muestra a un Gobierno carente de legitimidad y que cada vez más basa su política en la represión y el encarcelamiento y no en el consenso!

Y por eso nos preguntamos: ¿Por qué ese afán por parte del Gobierno por complicar en este momento las cosas? ¿Acaso no tiene sensibilidad para percibir la difícil situación social en la que se encuentra el país?

Ante estos atropellos y como diputada convencionista, vengo a exigir a este recinto ¡la vigencia de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas! ¡Y el respeto en nuestro país al estado de derecho!

¡Solamente mediante la vigencia del estado de derecho podemos transitar hacia la democracia y acceder a una paz con justicia y dignidad:

El Presidente:

Muchas gracias, nos damos por enterados del punto de acuerdo.

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer.

El diputado Alejandro González Alcocer:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Creo yo que el llamado que hizo aquí el diputado Juan Guerra ha sido un llamado con toda la gravedad, que aquí él lo manifestó, del asunto, de lo que se infiere de estos acontecimientos, de la importancia que tiene el conflicto chiapaneco y lo que se ha logrado a través, precisamente de la Comisión de Concordia y Pacificación, que desde luego el Partido Acción Nacional, y yo en lo personal, ante la solicitud que hizo el diputado de apoyo, creo que se lo brindamos a la Cocopa, en general y a él, a los que están por esta lucha en general, porque es un conflicto que a todos los mexicanos nos envuelve.

Yo creo que es un llamado coherente el que hizo el diputado, pero creo que por otro lado hay una exageración, una tendencia a exagerar las consecuencias de una detención como a la que se refirió la diputada Botey.

Yo creo que para nada se ha violado la Ley del Diálogo y la Conciliación que aprobamos en este Congreso con un hecho aislado como es el de la detención del supuesto comandante Germán. Y hay una contradicción en la argumentación, porque si se sostiene, como él lo ha hecho, que no es miembro ni está ligado al EZLN, pues entonces, señores, no pasa absolutamente nada, más que en todo caso alguna detención que yo pudiera suponer, aún si, que fuera ilegal, que se dan todos los días en nuestro país desgraciadamente por autoridades que abusan del poder y que se corrompen.

Por eso no estamos ajenos ninguno de nosotros a que suceda algún atropello de esta naturaleza; si éste fuera el caso, es una detención que yo no pudiera ligar ni al proceso de Chiapas, porque él mismo se ha negado en este sentido ni en violación a la ley. Yo creo que esto, definitivamente para mí es una exageración o se ha llevado a niveles que no le corresponden, es una detención y yo creo que ahí sí debemos depositar toda la confianza, crear esa confianza y no seguir los rumores que crean la desconfianza precisamente, para que se aclare suficientemente la detención de este señor Yáñez y si es un abuso de la autoridad se castigue también a quienes abusaron de ella y a quienes lo detuvieron inventándole delitos y, si no es así, si él infringió la ley por llevar armas, pues también que se le castigue conforme a la ley, desligándolo definitivamente del conflicto chiapaneco.

Se trata aquí, por supuesto, de que ayudemos a crear confianza para que esto siga avanzando. Está el diálogo es cierto y se está llevando a cabo yo creo que además con una gran participación tanto del EZLN como del Gobierno.

Venir a exigir aquí la vigencia de la Ley del Diálogo, cuando éstos fueron hechos concretos, órdenes de aprehensión dictadas en aquellos momentos contra determinadas personas, creo que ésa es la exageración. Yo diría: vamos ayudando todos apoyando a la Cocopa y creándole y dándole toda la confianza, porque se está hablando sobre especulaciones ni siquiera nosotros conocemos a ciencia cierta qué es lo que pasó en la detención de Germán. Entonces depositemos nuestra confianza para que sea la Cocopa, comisión específica creada para estos asuntos, la que dilucide qué fue lo que pasó y apoyémosla en lugar de estar creando más incertidumbre.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Edgard Sánchez Ramírez, posteriormente el diputado Juan Guerra Ochoa.

El diputado Edgard Sánchez Ramírez:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

En efecto, para nadie escapa la gravedad del asunto, como ya señaló el diputado Juan Guerra en su intervención. Creo que lo peor que podríamos hacer en este momento es ocultar lo delicado del asunto que podría llevar a disminuir la responsabilidad y la posibilidad que tiene hoy el Poder Legislativo para contribuir realmente, como lo ha venido haciendo, al proceso de pacificación en el Estado de Chiapas y en general, en el país.

Por eso es que no me parece de ninguna manera una exageración lo señalado aquí por mi compañera diputada Carlota Botey, sobre el reclamo de que la Ley de Concordia y Pacificación sea cumplida y respetada por la autoridad, aun si, como ha señalado el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, los hechos fueran solamente responsabilidad de alguna autoridad menor o abuso de alguna autoridad menor; aun en ese caso y precisamente incluso por tratarse del abuso de alguna autoridad menor, sería un papel muy importante por parte del Poder Legislativo el exigir que haya respeto a esta ley y que ha sido aprobada en este poder.

El hecho de que Fernando Yáñez, señalado supuestamente como el comandante Germán, diga él mismo que no está involucrado en el Ejército Zapatista, no viene al caso sobre el asunto de que efectivamente las órdenes de aprehensión de las que se hablaron en el mes de febrero de este año, le incluían, independientemente de que fuera cierto o no su pertenencia al Ejército Zapatista. Entonces el señalamiento de la diputada Botey procede porque en efecto si para alguien era más explícito que para ninguna otra persona que los beneficios de la Ley de Concordia y Pacificación aprobadas en marzo le atañían, era entre otras personas al señor Fernando Yáñez, que junto con la persona que fue señalada como supuestamente el comandante Marcos, fueron señalados por el propio Ernesto Zedillo el 9 de febrero señalándolo como dirigente del Ejército Zapatista.

Entonces si algunas personas podrían estar en el marco de la aplicación de esta ley es entre otras y en segundo lugar pienso yo, Fernando Yáñez, que según explicó e incluso la propia compañera Rosario Ibarra ayer en una conferencia de prensa intentaba contactarla a ella para acogerse a los beneficios de esta Ley de Concordia y Pacificación aprobada por el Legislativo.

Es por eso que no me parece de ninguna manera una exageración reclamar que el Legislativo, siendo respetuoso de la autonomía de los poderes, sin embargo reclame el respeto, el respeto a esta ley que insisto, fue aprobada en el mes de marzo y quiero aprovechar entonces también la oportunidad para hacer explícito mi apoyo al punto de acuerdo aquí presentado para que sin pretender hablar a nombre de otros compañeras y compañeros diputados que en el mes de marzo nos abstuvimos o votamos en contra de la ley en aquel momento, del proyecto de ley, hacer explícito sin embargo mi respaldo a este punto de acuerdo, toda vez que en efecto si este punto de acuerdo debe servir para evitar que la acción que ha implicado la detención de Fernando Yáñez, venga a abortar el proceso de diálogo especialmente exitoso que pudimos comprobar la semana pasada en las mesas instaladas en San Andrés y en San Cristóbal, que si bien no han concluido aún en acuerdos, han abierto un camino de posibles soluciones a los problemas de fondo que están atrás del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Pero no solamente, como ya ha sido señalado, entorpece y provoca al proceso de diálogo sino a otra medida aún más importante, pienso yo, de mediano plazo. Como ustedes recuerdan, el Ejército Zapatista planteó en una consulta nacional realizada el pasado 27 de agosto la posibilidad de constituirse en una nueva fuerza política en el país. Lo que ocurre en las próximas horas en relación a la detención de Fernando Yáñez y lo que debería ser su inmediata liberación en justicia de aplicación de la Ley de Concordia, sentará un precedente muy importante para mostrar que hay garantías y seguridades para que esa nueva fuerza política pueda surgir en nuestro país.

Si la ley no es respetada, si a las personas que se les dieron garantías para moverse en el país al amparo de esa ley son ahora detenidas y no hay garantías a sus derechos reconocidos por esa ley, entonces se pondrán en duda las posibilidades de que esa nueva fuerza política bajo el impulso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional pueda expresarse en el país con la libertad y los derechos políticos de cualquier otra organización o fuerza política.

Por eso pienso que es muy importante respaldar todos nosotros este punto de acuerdo y buscar que el Poder Legislativo en efecto tenga una actitud de contribución activa a evitar que esta ley sea violentada con la detención de Fernando Yáñez Muñoz, supuestamente el comandante Germán.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Bueno, yo creo que lo más importante es que mantengamos una sola posición en esto, sin embargo, bueno, esto no quita algunas aclaraciones que en términos quizá no sean lo más importante del debate, pero que tampoco deja de ser necesario que se puntualice.

Tenemos que partir de lo que dice el Gobierno y las autoridades, y lo que el Gobierno y las autoridades en este caso correspondientes están señalando es que él es el comandante Germán y que Fernando Yáñez es el comandante Germán, porque esto fue lo que se señaló el 9 de febrero, que había orden de aprehensión contra Fernando Yáñez, alías el comandante Germán.

Yo por ejemplo ni quise poner en cuestión el que él ahora diga que él no es el comandante Germán, que si conoce al subcomandante Marcos, que no lo conoce, estoy partiendo de aquí de lo que está estableciendo la autoridad y me parece eso más relevante evidentemente que incluso lo que él mismo en este momento y en estas circunstancias pueda estar señalando, porque expresamente su nombre se había señalado desde el 9 de febrero; expresamente se había dicho que había orden, que se giraba orden de aprehensión, por eso no me parece relevante el otro aspecto.

Ahora, yo creo que también hay que puntualizar que aunque haya sido un abuso de alguna autoridad menor o de quien sea, si había orden de aprehensión contra él, si además éstas están suspendidas por efecto de una ley que aquí aprobamos y si todo lo demás que es una hipótesis, que sería la hipótesis de él, ni tenía armas y ya quedó claro que tampoco droga, con todo respeto pero sí se está violentando una ley que aprobamos que dejó suspendidas las órdenes de aprehensión, independientemente que esto se pueda reparar e independientemente que por lo mismo se le deje en libertad y que sea un acto de una autoridad menor.

Entonces me parece que no sería correcto de antemano establecer, porque hasta perdería interés, la necesidad de hacer esta investigación, en decir no se viola la ley. Es cierto que es un hecho, en eso, ante lo evidente todos tenemos que rendirnos, no estamos ante la detención de varios zapatistas, es un hecho, pero es un hecho que puede constituir un precedente y que deja muy mal parada a la comisión y a la propia ley, porque eso es lo relevante de que ese hecho, a partir de eso lo que se mueve es que hay una desconfianza en la negociación, si no hay garantías y si no hay esa investigación.

Ahora, yo sí tomo la palabra en que si fue un abuso y una autoridad menor, pues se reponga esto simple y sencillamente, por eso es importante ir a fondo en esta cuestión y yo creo que hay que ir con mente abierta y no hay que ir prejuiciados a que no se viola la ley a esto; lo más importante en cualquier otro caso quizá esto tuviera menos relevancia o sería así un hecho aislado, lo más importante es ver el contexto en el que nos estamos moviendo y es que estamos en una negociación, es que por efecto de una ley hay una negociación de una ley que nosotros aprobamos y que no podemos permitir que esto se violente, porque lo que se violenta es la negociación y que tenemos que seguir promoviendo una solución de paz con justicia y dignidad sobre la base de un proceso de negociación que lleve a resolver las demandas que todo mundo, incluido el Ejecutivo, ha reconocido como legítimas; o sea, si perdemos el contexto me parece que al descontextualizar esto le restamos importancia y la verdad yo digo está muy bien el apoyo, pero veamos también la magnitud del caso, no estaríamos incluso discutiendo, no hubiesen los coordinadores parlamentarios molestado, no se hubiesen molestado si fuera sólo el caso de un hecho aislado.

Si hay interés de los coordinadores, si firmó el coordinador del PRI, de Acción Nacional, del PRD y además del grupo Independiente, es precisamente porque sabemos las implicaciones que esto tiene en el contexto en que nos estamos moviendo ahora.

Por lo demás yo entiendo que desde la firma del punto de acuerdo hay un apoyo y hay un interés, como se señala en el mismo, específico de esta comisión, de ir a fondo en el asunto en cuestión. Sólo para rectificar estos hechos.

Muchísimas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra la diputada Adriana Luna Parra.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Yo quisiera ser muy breve, solamente para puntualizar la gravedad del hecho de esta detención.

El día 11 de marzo, con un fuerte conflicto personal y con mis amigos de la fracción, tanto yo como otros diputados, votamos en contra de esa ley. No era de ninguna manera porque dudáramos de la intención de esa ley, de todas las fracciones ni de nuestros compañeros legisladores, sino porque dudábamos de la palabra de Ernesto Zedillo, porque dudábamos porque constantemente se ha manejado con dos palabras y desgraciadamente este hecho nos regresa al 8 de febrero, este hecho nos regresa a comprobar cómo se está contradiciendo el espíritu de esa ley que tanto esfuerzo nos costó a todos y cada uno de los que estamos participando en este Congreso.

El espíritu de esta ley, es la concordia y la pacificación, en la que no sólo estamos implicados nosotros, sino miles y miles de ciudadanos que estamos luchando por la paz y por la justicia.

Hemos estado participando en el diálogo de San Cristóbal muchos de nosotros, algunos como invitados del Ejército Zapatista, otros como invitados y otros como miembros de la Cocopa. Estamos todos y hemos visto y hemos sido testigos y protagonistas de ese enorme esfuerzo, de ese enorme espíritu y de esa enorme lucha por la paz y por lograr un camino para el diálogo, para la solución de una paz con justicia y dignidad.

Salimos de ese esfuerzo y nos encontramos con esta noticia; es la doble palabra, es la traición, es la mentira. Por eso es que yo quería ratificar la importancia de este hecho, que reflexionemos, que participemos y apoyemos a nuestros compañeros legisladores de la Cocopa y a toda la sociedad y a todos los esfuerzos de paz y paremos esta doble palabra. Si estamos en este espíritu, si se está participando en este diálogo, no se puede jugar ahorita con detenciones arbitrarias fuera de toda legalidad, que atentan contra el espíritu de esa Ley de Concordia y Pacificación.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada.

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Alejandro Zapata Perogordo.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:

Se ha estado tocando un punto delicado dada la gravedad por la que ha atravesado en los últimos tiempos la nación y para ello todos los grupos parlamentarios dentro de la Cocopa, han puesto su grano de arena, han hecho a un lado actitudes partidistas y han sumado esfuerzos precisamente para que se pueda dar un diálogo y una paz digna, sobre todo en el Estado de Chiapas.

Aquí estamos viendo cómo el día de hoy, pese a circunstancias controvertidas, se llega a un punto de coincidencia no obstante de ese punto de coincidencia se hace lo que pudiéramos decir un falso debate. Vamos fortaleciéndonos, vamos realmente buscando la esencia, vamos tratando de encontrar el fondo y para ello coincidimos: solamente se puede hacer mediante el estado de derecho; solamente lo podemos lograr con el respeto a las leyes, solamente lo podemos lograr uniendo nuestros esfuerzos como lo hicimos el día de hoy.

Es necesario que en este recinto se aclaren ciertos posicionamientos y es que la Ley para el Diálogo y la Paz Digna en Chiapas, hasta estos momentos ha sido respetada y a lo que los quiero invitar es que continuemos en esa lucha para que se respete la ley que sale del órgano legislativo competente, precisamente para solucionar los grandes problemas de la nación y con base en ellos nos hemos solidarizado en los puntos de acuerdo, y con base en ello seguiremos por parte del Partido Acción Nacional, y esperamos que también por los demás grupos parlamentarios, luchando para que en México, el México que todos anhelamos, se pueda dar la verdad, se pueda dar la justicia y se pueda dar el estado de derecho.

Muchas gracias.

TELEVISA-MULTIVISION

El Presidente:

Para finalizar con este apartado de puntos de acuerdo, ruego a la Secretaría dé lectura a un punto de acuerdo para la convocatoria a una audiencia pública con la participación de las empresas Televisa y Multivisión, suscrita también por los grupos parlamentarios aquí representados en esta Cámara de Diputados.

El secretario Agustín Torres Delgado:

Como es del dominio público, los consorcios de comunicación Televisa y Multivisión están involucrados en una disputa judicial respecto al otorgamiento de concesiones por parte del Gobierno, de canales de televisión en la banda de UHF. Este litigio que tiene ya varias instancias fue llevado recientemente por Televisa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar la Ley Federal de Competencias que previene la formación de monopolios, reglamentaria del artículo 28 constitucional en la materia.

Entre otras muchas aristas de gran trascendencia pública, esta disputa judicial concierne de manera directa al régimen de concesiones de los medios electrónicos de comunicación y al ejercicio de la libertad de expresión. Estas son materias respecto a las cuales la Cámara de Diputados tiene un interés y compromiso específico.

Al efecto, la Comisión Especial de Comunicación Social ha concluido una primera etapa de trabajo consistente en la realización de consultas públicas, donde se recogen las más diversas opiniones de la sociedad respecto al orden jurídico bajo el cual operan los medios de comunicación en México.

En fecha próxima la comisión, siguiendo estos acuerdos, iniciará audiencias públicas a fin de avanzar en el cumplimiento de sus propósitos.

De conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a dicho interés y con el propósito de que esta representación esté adecuadamente informada y tenga acceso de primera mano a los distintos argumentos de los medios de comunicación, sobre el régimen de concesiones, se ha acordado los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Que en el marco de las audiencias públicas que serán próximamente convocadas por la Comisión Especial de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, se invita a los directivos de las empresas Televisa y Multivisión para que expongan ante esta comisión sus respectivos puntos de vista, relativos al régimen de concesiones.

Segundo. Asimismo y con el propósito de abordar la materia de competencia económica, se acuerda llevar a cabo dicha audiencia pública en forma de comisiones unidas, con la Comisión de Comercio de esta Cámara de Diputados, a fin de que cada una cumpla con la materia legislativa de su responsabilidad.

La realización de estas audiencias nos darán elementos de juicio adicionales, los cuales serán útiles para la consecución de los trabajos de la Comisión Especial de Comunicación Social en la revisión de la actual legislación relativa al tema.

De la misma manera permitirá a la Comisión de Comercio ampliar el debate sobre el control de prácticas monopólicas.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., 24 de octubre de 1995.- Por el grupo parlamentario del PRI, diputado Samuel Palma César; por el grupo parlamentario del PAN, diputada María Teresa Gómez Mont; por el grupo parlamentario del PRD, Ramón Sosamontes; por el grupo parlamentario del PT, diputado A. Primitivo Ríos Vázquez; por los cinco diputados, Adolfo Aguilar Zinser.

El Presidente:

Túrnese este punto de acuerdo a las comisiones de Comercio y a la Especial de Comunicación Social.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente:

Para hacer un pronunciamiento sobre hechos acontecidos en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, le concedemos el uso de la palabra a la diputada Rosa María Cabrera Lotfe.

La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:

Con su venia, señor Presidente; legisladoras y legisladores de la nación:

En el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, se preparó en días pasados un intento de agresión en contra de las autoridades municipales del ayuntamiento que encabeza el ciudadano Brizio Rincón Aguilar y el diputado local Fidel Robles Guadarrama, así como de un grupo de ciudadanos empeñados en impulsar un fuerte proceso de democratización municipal, por parte de conocidos dirigentes y militantes del PRI, entre los que destacaban los dirigentes de la colonia Carmelo Plan de Saburto: Manuel Maricalva Toledano y Braulio Martínez Carmona, contando para ello con el concurso del diputado local por el PRI, Antonio Rodríguez Baranda, actual presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la legislatura local.

Esta situación surgió como reacción a la denuncia penal que interpusiera el honorable ayuntamiento de Martínez de la Torre, ya que como consta en dicha denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común correspondiente, con número de averiguación previa 717/95 y de la cual me permito hacer entrega de una copia a la Secretaría, para que corra agregada al acta de esta sesión, el honorable ayuntamiento denunció, entre otros, a los mencionados dirigentes, por haber cometido diversos actos tipificados de delictuosos, denuncia presentada en el pasado mes de septiembre y que no hay avances en su investigación, así como distintas denuncias que existen en el propio Estado de Veracruz, en contra de dichos individuos, inclusive presentadas por las propias autoridades de desarrollo urbano del Estado y a las que se suman alrededor de seis denuncias por delitos de fraude, despojo, daños y robo.

El clima político que prevalece en Veracruz, aunado a la carencia de impartición de justicia, por la corrupción e impunidad que prevalece, generó un debate en la legislatura local sobre tales hechos ahora reseñados en esta tribuna y que motivaron un punto de acuerdo unánime en el sentido de repudiar la violencia para dirimir las controversias y conflictos políticos.

Al mismo tiempo que se mandató a las comisiones de Justicia y Desarrollo Urbano a que se abocaran a investigar los hechos y a dar cuenta de ello a dicha soberanía.

Me permito, en consecuencia, hacer entrega de una copia del acta de la sesión correspondiente de la legislatura del Estado de Veracruz, a efecto de que también corra agregada al acta de ésta sesión.

Lo anterior preocupa a nuestra fracción parlamentaria ya que no son hechos aislados, como en distintos momentos lo hemos acreditado, por lo que pedimos formalmente que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas conozca y dé seguimiento a esta denuncia, al punto que nos presente un informe del seguimiento dado a casos planteados con anterioridad.

Suscribimos el contenido del punto de acuerdo adoptado por la honorable legislatura del Estado de Veracruz y proponemos pronunciarnos en este mismo sentido, a la vez que exigimos que cesen las provocaciones y la violencia organizada para nuestros militantes y dirigentes.

Exigimos, igualmente, respeto a la investidura del diputado local Fidel Robles Guadarrama.

Es responsabilidad del gobierno del Estado de Veracruz garantizar la seguridad ciudadana y evitar actos ostensibles de grupos organizados expresamente para agredir a otros ciudadanos, grupos sociales y políticos.

Esperamos del gobierno del Estado de Veracruz el irrestricto cumplimiento de esa garantía y desde esta tribuna manifestamos que seremos vigilantes de cualquier intento de agresión.

En estos momentos en que esta legislatura federal ha mostrado verdadero interés y esfuerzo conjunto por lograr la paz y concordia en la nación, como recién lo acabamos de ver con el anterior punto de acuerdo respecto a Chiapas y en vías de procesar la aspiración de millones de mexicanas y mexicanos por lograr acuerdos que garanticen un tránsito pacífico a un nuevo orden en democracia, se impone que en entidades como Veracruz esos hechos no vuelvan a presentarse y evitemos así sucesos lamentables como el denunciado esta mañana por los legisladores del Estado de Durango.

Muchas gracias.

CONSTITUCION DE APATZINGAN

El Presidente:

Para hacer comentarios sobre el aniversario de la Constitución de Apatzingán, se han inscrito los diputados José Luis González Aguilera, del PRI y el diputado José Alfonso Solórzano Fraga, del PRD. En el uso de la palabra el diputado José Luis González Aguilera.

El diputado José Luis González Aguilera:

Señor Presidente; honorable Asamblea:

Traer a este recinto la reflexión sobre la Constitución de 1814, suscrita por el Congreso de Anáhuac en Apatzingán, el 22 de octubre del mismo año, es citar la obra de uno de los hombres más ilustres que ha dado nuestra patria: José María Morelos y Pavón, quien perfiló, junto con otros hombres, la primera constitución de Hispanoamérica.

Subordinada durante décadas nuestra patria, el México de 1814 vivió uno de los acontecimientos históricos que formuló los postulados políticos y sociales que rigen a nuestra nación, postulados que abanderaron el movimiento social que logró la independencia de nuestro país.

Fue la Constitución de Apatzingán la que propone una estructura política del México independiente y es Morelos de quien surge la idea de elaborar un documento que proclamara la total independencia de nuestra patria. Es sabido que la historia no la hace un solo hombre, es el fruto de la lucha de todos y en la Historia de México, Morelos participó activamente, ya que él contribuyó en el nacimiento del México independiente.

Morelos, el hombre que tuvo una formación humanística y que conoció por su origen las apremiantes necesidades de la clase popular, del régimen de pobreza, de la injusticia y de la desigualdad, inspirado por el pensamiento de los hombres que provocaron la Revolución Francesa, escribe uno de los poemas de libertad más justos, idealistas y utópicos de América latina: "Los Sentimientos de la Nación". Sólo que con una visión diferente, con una tradición histórica, llena de dolor y de rebeldía, la de un pueblo sojuzgado, humillado y marginado por una cultura diferente que lo colonizó y le negó uno de los derechos primordiales del hombre, que es la libertad; una cultura que arraigó las diferencias sociales a partir de la diferencia racial, que dividió y sembró el odio entre los mexicanos, que nos hizo sentirnos diferentes, ajenos, por el color de nuestra piel o por nuestra religión.

Esta lucha rindió frutos en la pluma de un hombre, Morelos, el que no sólo fue un guerrero valiente y gran estratega, sino un detentador de la libertad, la justicia y la igualdad.

En la Constitución de Apatzingán se encuentra la expresión "la validez normativa de los Sentimientos de la Nación", fundamentos que se articulan en la Constitución de 1917 y que en palabras del Siervo de la Nación, nos dicen que no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad, que todos somos iguales.

La lucha por la defensa de la soberanía y la obediencia aglutinó a los jefes de los ejércitos, de las guerrillas y de los núcleos armados que luchaban dispersos por la independencia de México, a través del Congreso Constituyente de Chilpancingo, un Congreso que fue extranjero en su patria, que se mantuvo errante como todo movimiento que proclama la libertad, que conoció a los pueblos con los que quería forjar una nación y que llegó a un pequeño lugar conocido como Apatzingán, lugar olvidado en la conciencia de los mexicanos y que vio nacer la primera luz de la emancipación de México en el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana.

Morelos, visionario, se manifestó por la necesidad de elaborar y llevar adelante un programa de organización política del país, sin justificar en ningún orden la nominación de los más poderosos sobre los más débiles. Luchó por quitarle la máscara al movimiento de independencia y lo libró de subterfugios y negó con franqueza la idea de depositar la soberanía de su lucha en la figura de un rey reconocido en México como un colonizador ajeno a los principios y valores de un pueblo oprimido.

Los ideales de Morelos buscan la libertad y demandan primordialmente que la soberanía de la nación se deposite en el pueblo.

Para los opresores, la Constitución de Apatzingán era un abominable código; para los mexicanos, un triunfo y la base para la construcción de un proyecto de nación.

Los postulados de la Constitución de Apatzingán fueron retomados en nuestra Constitución actual; principios como: la división de poderes, la supremacía de la Constitución, la soberanía popular y el reconocimiento de un Gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo.

La Constitución de Apatzingán estableció una serie de principios que sirvieron de base para elaborar la Constitución de 1824, la Constitución de 1857, la Constitución de 1917 y para llegar a un orden justo y saludable, como lo deseaba Morelos.

La Constitución de Apatzingán no tuvo vigencia positiva, pero en ella se forjaron los postulados que México ha seguido fielmente; una Constitución responde a la realidad del país, al que se dirige, al reclamo del pueblo que la hizo nacer.

El decreto constitucional para la libertad de la América mexicana expresó las soluciones que el país necesitaba en ese momento; soluciones que pueden resultar parciales al margen de los constantes cambios históricos del país. Cuando recordamos los reclamos que motivaron el surgimiento en la Constitución de Apatzingán en 1814, parece que 1995 se remonta a ese año y la conquista de la libertad, el deseo de la igualdad social y de justicia son exigencias vigentes que tal vez ya se han olvidado y que cuando se recuerdan con tanta exigencia es quizá porque el dogma ha sido superado por la práctica y necesita adecuarse al momento histórico de un país que continúa marginado, humillado y reprimido y que exige qu la Constitución que lo gobierna responda a su realidad.

A 181 años de distancia el recuerdo de los primeros pasos para elaborar una constitución debe tener la virtud de obligarnos a volver los ojos a lo que nos es propio, a la realidad de nuestro ser, a nuestra vocación histórica que espera, desde siempre, que se la traduzca y defina y todavía más, aunque sea paradójico, esta rememoración de nuestro pasado debe tener la virtud de afirmar nuestra fe en el futuro, animada por la obra grandiosa del Siervo de la Nación y de sus ilustres colaboradores. Obra quizá, de inexperiencia, pero de generosidad, de entusiasmo y de grandeza ejemplares.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado González Aguilera. En el uso de la palabra el diputado José Alfonso Solórzano Fraga, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El pasado 22 de octubre celebramos un aniversario más de la promulgación del decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, 181 años han transcurrido.

En el año de 1814, convocados por el generalísimo José María Morelos, se reunieron los insurgentes en Apatzingán para expedir el Primer Código Constitucional donde se estableció con claridad que la América mexicana era libre y que la soberanía reside en el pueblo.

El doctor José María Luis Mora, en un discurso sobre la independencia, apuntó: "tómese en las manos este precioso código sancionado entre el ruido y el estruendo de las armas, en el pueblo de Apatzingán, examínese imparcialmente y se hallarán consignados en él todos los principios característicos del sistema liberal: la soberanía del pueblo, la división de poderes, las atribuciones propias de cada uno de ellos, la libertad de prensa, las obligaciones mutuas entre el pueblo y el Gobierno, los derechos del hombre libre y los medios de defensa que se deben proporcionar al delincuente.

En una palabra, se hallarán demarcados con bastante precisión y puntualidad los límites de cada una de las autoridades establecidas y perfectamente combinadas, la libertad del ciudadano y el supremo poder de la sociedad". Termina la cita.

Hace 181 años los fundadores de nuestra patria visionariamente establecieron preceptos legales que hoy son norma para una convivencia civilizada. Cercados y perseguidos, amenazados por el hambre y a merced de las enfermedades, los miembros del Supremo Congreso Mexicano, reunidos en Apatzingán, promulgaron el decreto constitucional para fijar la forma de gobierno que debería regir a los pueblos de esta América, con el que habría de sustraer a la nación de la dominación extranjera y sustituir al despotismo de la monarquía española por un sistema de administración que reintegre a la nación misma el goce de sus augustos derechos, la conduzca a la gloria de la independencia y afiance sólidamente a la prosperidad de los ciudadanos.

Este decreto señala con precisión qué es la soberanía y la vincula con la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad.

Asimismo agrega que el Gobierno se integra para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos por lo que más les convenga; alterarlo, modificarlo y hasta abolirlo totalmente cuando su felicidad así lo requiera y apunta de manera precisa que la soberanía reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional.

Podemos apreciar la clara visión de los congresistas, sus determinaciones hoy son parte importante de nuestra concepción jurídica. Asimismo encontramos los preceptos que aseguran al ciudadano y a quien transita por la nación el respeto a su persona y a sus bienes.

Se apunta el derecho a la igualdad a la seguridad, a la prosperidad y a la libertad. Es enfático el decreto sobre el derecho del ciudadano a no ser víctima del abuso de autoridad y se exige el apego a las formalidades de la ley a los funcionarios públicos en sus actos.

Asimismo es claro el decreto constitucional sobre la libertad que tienen los ciudadanos para reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública y para hablar de discurrir y de manifestar sus opiniones.

Los derechos del ciudadano fueron una materia importante en este decreto constitucional de Apatzingán, sobre todo por el abuso que se cometía por las autoridades de ese entonces.

Otro aspecto sustancial de la Constitución de Apatzingán es la integración del gobierno, destacan la división de poderes y el proceso para emitir los sufragios con los que se elegirá a los integrantes del Supremo Congreso. Define que la soberania tendrá tres atribuciones: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares. Estos tres poderes, agrega, son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los que no deben ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación.

Con respecto al sufragio señala que habrá de sancionarse todo tipo de inducción mediante el cohecho o el soborno; a quien lo califique de delincuente, establece así que la libertad en el sufragio es fundamental.

Esas voces de los insurgentes hoy suenan con asombrosa actualidad. Estamos procesando una reforma de nuestras instituciones, de las prácticas políticas, de las relaciones entre poderes, de las relaciones entre la sociedad y el poder. Le hemos dado en llamar: "La Reforma Democrática del Estado" y ciertamente va a los orígenes de nuestra nación.

Es necesario hacer un balance y apoyados en la historia de la patria, de los esfuerzos que a lo largo de los años se han hecho para hacer de México una nación moderna, justa y democrática.

El país reclama ya un auténtico federalismo que reconozca a los estados, les retorne las atribuciones que permitan un desarrollo equilibrado, que los municipios sean efectivamente el núcleo fundamental del ejercicio político, la base de la democracia. Para ello se requiere regresarles facultad y permitirles mayores atribuciones en materia económica.

Por otra parte, la división entre los poderes tendrá que tornarse en los hechos, habrá que disminuir el presidencialismo y garantizar que los otros poderes actúen sin la dependencia hacia el Ejecutivo, cumpliendo a plenitud el papel que les otorga la Constitución. Ello sin menoscabo de emprender la reforma que permita que así sea.

Los derechos de los ciudadanos deben preservarse y establecer que la autoridad está obligada a respetarlos. El combate a las formas de la delincuencia no puede llevar a quebrantar el estado de derecho ni a atropellar la norma. La autoridad está obligada a garantizar los derechos de los ciudadanos. No puede convertir a la ciudadanía en víctima de supuestas medidas de persecución del delito. Está probado que las medidas arbitrarias no traen seguridad.

Por otra parte, me quiero referir a los procesos electorales próximos, en particular, a la elección de autoridades en Michoacán, que se celebrará el próximo 12 de noviembre:

Para la opinión pública, para millones de mexicanos, este proceso comicial es una prueba en varios sentidos:

Una, se refiere a la posibilidad de que haya concluido el periodo de exclusión política a que se ha sometido a las fuerzas democráticas representadas por el PRD.

En el gobierno que concluyo en 1994, se combatió por todos los medios al Partido de la Revolución Democrática, despojándolo de legítimos triunfos como fue el caso del Congreso del Estado de Michoacán en 1989 y de la gubernatura en 1992. Ahora será una prueba de si hay verdadera voluntad para la reforma electoral a fondo y para la reforma del Estado; porque no habrá ninguna de éstas si persisten tanto la política de exclusión, como la falsificación de la voluntad ciudadana, fenómeno que se presenta antes del día de la elección, a través de la iniquidad en la publicidad, en el acceso a los medios de comunicación y en el uso de éstos para difamar, distorsionar o directamente, engañar a la ciudadanía; así como el uso de los recursos públicos para inducir al voto, en la utilización de mecanismos por organizaciones para presionar al ciudadano, que por razones distintas a las políticas, pertenecen a ellas.

Para la reforma del Estado es fundamental reconocer la pluralidad de nuestro país. En la política hay diferentes expresiones en lo social o en materia étnica.

México no es una nación monocorde, es plural. Pretender sujetar a un país como el nuestro a que se exprese sólo por mecanismos determinados desde la cúpula o el centro, sólo conducirá a impedir que los problemas encuentren soluciones.

Honremos la memoria de nuestros próceres, actuemos con la misma convicción y compromiso hacia el futuro, ajustando a la ley el comportamiento de los funcionarios y encauzando los esfuerzos de la nación hacia las reformas que hoy son necesarias para reencontrar el camino de la justicia para todos sin exclusiones.

Compañeras y compañeros diputados: la reforma del Estado ha de responder al dictado de la sociedad, al dictado del pueblo, de quien dimana la soberanía. La sociedad mexicana se ha desarrollado al tiempo que ha madurado su diversidad, ha enfrentado nuevos y crecientes problemas, que para su solución requieren soluciones de nuestro tiempo, aunque enraizadas en la rica historia de la nación.

Cabe recordar en esta alta tribuna de la nación, en estos tiempos de cambio, el pensamiento señero de José María Morelos y Pavón, plasmado en Los Sentimientos de la Nación, que en el artículo 12 dice: "que como toda buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, que se mejoren sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto".

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga.

Para referirse al mismo tema, le concedemos el uso de la palabra al diputado Jesús Sánchez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Indudablemente el recordar un acontecimiento de esta naturaleza, como es el de la no promulgación propiamente dicha de la Constitución de Apatzingán, sino de la proposición de la Constitución de Apatzingán, indudablemente nos da oportunidad para compartir reflexiones sobre nuestro proceso histórico, sobre nuestro proceso jurídico, sobre nuestra vida nacional y así lo han hecho algunos compañeros diputados que me precedieron en el uso de la palabra.

Además hoy también en ese gran marco en el que la humanidad celebra la constitución o la creación de la Organización de las Naciones Unidas, es bueno que nosotros en esta tarde, ya cansados, hasta distantes del salón, porque ya no nos interesan los temas, procuremos sin embargo recordar a don José María Morelos y Pavón, a los insurgentes mexicanos que en medio de la lucha para alcanzar la Independencia Nacional actuaron procurando la configuración de una norma jurídica fundamental que ofreciera cauce y ámbito a la emergente nación mexicana.

Y fijarnos en este detalle, en esta circunstancia, yo creo que nos va a dar ánimos a nosotros para trabajar en la creación de leyes que respondan a los reclamos de justicia de la nación que representamos. Yo creo que nos va a dar ánimos a nosotros para que reflexionemos en nuestra norma fundamental y la adecuemos en lo que sea necesario a las exigencias del presente, pero sobre todo del porvenir, sobre todo del futuro.

Los insurgentes, en medio de aquella lucha difícil, de aquella lucha dolorosa, de aquellos sinsabores, no dudaron en tratar de crear un cauce jurídico para que al nacer la nación mexicana se encontrase cobijada por esa norma, por esa ley: la ley fundamental.

Y es que los insurgentes sabían, como ustedes también saben, que la vida sólo es posible en medio de una red de relaciones, de una red de relaciones que nos cobija a todos. Red de relaciones de los ciudadanos con los ciudadanos, de las instituciones con las instituciones, de los gobernados con las autoridades. Una red de relaciones que es donde nosotros podemos vivir nuestra libertad y esa libertad sólo es posible vivirla si sabemos y si somos capaces de respetar las libertades de los demás.

Ellos eran conscientes que debían tener en cuenta este proceso sociológico y que era necesario darle cauce pacífico, cauce seguro para que la convivencia de los mexicanos fuera una convivencia humana, una convivencia satisfactoria, una convivencia donde pudiera alcanzar cada mexicano su realización plena.

Sabían también que esa red de relaciones de libertades se caracteriza por la inconsistencia y la indeterminación, es decir, no es una red perfectamente acabada, es una red inacabada que está en proceso constante de cambio, de transformación y de creación, pero para que ese proceso de cambio, para que ese proceso de transformación pueda realizarse a la medida de nuestra dignidad y de nuestra vocación, es necesario darle un cauce, es necesario darle una dirección, es necesario imprimirle una fuerza positiva para que así verdaderamente pudiésemos constituirnos en una nación grande, soberana, plural, libre solidaria.

Sabían ellos que esa relación se da también entre el pasado y el futuro, entre el ya no y entre el todavía no y que requiere la unión entre el ya no y el todavía no una relación, una mediación y esa mediación sólo es posible a través de la norma jurídica que protege el interior y el exterior del hombre, para que este hombre, así protegido, pueda buscar su realización plena como hombre en la convivencia solidaria, libre, responsable con los demás, para construir su propia comunidad, la comunidad que le ha de permitir alcanzar su plena felicidad, su realización.

Quien afirma la libertad afirma ante todo la protección de la vida del portador de esa libertad y para eso es necesario una norma que garantice esa libertad, pero por supuesto, antes que nada la vida, la vida libre, la vida responsable, la vida solidaria de los ciudadanos en la nación. Esa protección se otorga en las naciones civilizadas mediante ordenamientos jurídicos, ordenamientos jurídicos que son plurales, que son múltiples y que miran a esa red de relaciones de la que ya hemos hablado.

En una sociedad con pluralidad, donde hay diversas formas de vida, donde hay una enorme cantidad de relaciones, el derecho tiene que ser marco de la vida nacional y eso fue lo que quisieron Morelos y sus seguidores, que el derecho fuese el marco de la vida nacional y es ahí donde creo yo que son inspiración para nosotros, diputados aspirantes a legisladores, hacer del derecho el marco de nuestra convivencia, hacer del derecho el marco de nuestras relaciones, hacer del derecho el marco donde sea posible el progreso en la libertad, en la responsabilidad y en la solidaridad.

Que la celebración de este acontecimiento, que el recuerdo de este aniversario nos estimule a trabajar con verdadero afán por transformar nuestras leyes y ponerlas así a la medida de nuestra dignidad y de nuestra vocación como nación, como pueblo libre y responsable, en medio del concierto de las naciones, de las Naciones Unidas, para hacer que la humanidad alcance la paz en la justicia y en la libertad.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias diputado José de Jesús Sánchez Ochoa.

TELEFONOS DE MEXICO

El Presidente:

Para hacer un comentario sobre las tarifas de la empresa Teléfonos de México, concedemos el uso de la palabra al diputado Víctor Quintana Silveyra.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Señor Presidente; compañeras y compañeros:

Este no es un comentario o no es sólo un comentario, sino también es una propuesta.

Muchas de las cosas que la gente me encargó decir sobre Teléfonos de México, no las puedo decir por respeto a esta soberanía.

Según la nota fechada el 20 de octubre por la agencia informativa de La Jornada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habría autorizado un 20% de aumento a las tarifas comercial, local y de larga distancia de Teléfonos de México. Dicha autorización será dada a conocer esta misma semana por el Diario Oficial de la Federación; esta autorización es la segunda que se hace en el año, el día 1o. de marzo ya se hizo otra, que consistió en un 10% a las tarifas de larga distancia y seis pesos al concepto de renta, que no acaba uno de saber renta de qué, si uno ya está comprando los nuevos aparatos de Teléfonos de México.

El próximo aumento, o sea, el que se va a anunciar esta semana, lo justificó desde el día 22 de agosto la empresa, diciendo que con base en su título de concesión se le permiten incrementos siguiendo la tasa de inflación menos 3%.

¿De quién estamos hablando? ¿A quién se le autoriza aumentar precios de acuerdo a la inflación? ¿A quién se le autoriza esta indexación? ¿Les autoriza a los trabajadores indexar la venta de su fuerza de trabajo conforme a la inflación? ¿Se les autoriza a los productores del campo indexar el aumento de los precios de garantía conforme a la inflación?

No, compañeras y compañeros, este Gobierno neoliberal autoriza el aumento al monopolio prohijado por la corrupción del sexenio salinista, al monopolio a quien le entregó en condiciones, todavía muy oscuras para la nación, el control de Teléfonos de México mediante el pago de 442.8 millones de dólares, cuando el valor oficial de la empresa en 1990 era de 7 mil millones de dólares.

¿A quién se le concede esta excepción a todas luces injusta e ilegal? ¿A una empresa nacional? ¿A una cooperativa? ¿A una empresa del sector social? No, compañeros, el privilegio se le confiere a Carlos Slim o como se traduzca al castellano ese apellido, al hombre que se tornó millonario especulando los años ochenta precisamente cuando más se empobrecía el pueblo de México, al que le bastaron cuatro años en el control de Telmex para engrosar su fortuna hasta 6 mil 600 millones de dólares, siendo uno de los primeros cuatro millonarios de la revista Forbes.

¿Es justo que una persona como ésta o como aquella, la que está detrás de él y a la que Carlos Slim le presta el nombre o a la mejor nada más le presta el apellido, reciba estos privilegios pasando sobre el interés de la nación? ¿Qué calidad moral tiene Telmex en estos momentos de crisis, de empobrecimiento generalizado, para que exija otro aumento más para seguirse enriqueciendo a costa del pueblo.

Siquiera estuviéramos hablando de una empresa eficiente, con altos índices de satisfacción de los usuarios, o con dificultades económicas por el hecho de brindar un buen servicio; pero no, Telmex en sus primeros cuatro años de privatización obtuvo utilidades de más de 31 mil millones de nuevos pesos y de 4 mil millones únicamente del primer semestre de 1995, pero al mismo tiempo fue la subcampeona en las quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor y tercer lugar en multas a pagar.

Estamos hablando de una empresa que acaba de ser autorizada por el Gobierno para adquirir el 49% de las acciones de Cablevisión y controlarlas junto con otra empresa altamente monopólica en México. que es Televisa. Estamos hablando de la empresa que junto con varios funcionarios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a quien le entregaron el control del servicio; enfrenta la denuncia penal no. AP1600/FESPLE/95, por los delitos de asociación delictuosa, revelación de secretos, ejercicio indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencia, peculado, falsedad en informes dados a una autoridad, delitos contra el consumo y riqueza nacionales, fraude y despojo de derechos de autor; denuncia que no ha sido satisfactoriamente respondida por la Procuraduría General de la República a la fecha.

Millones de mexicanas y mexicanos están hartos de las trapacerías y mañosadas de Teléfonos de México. El otro día me dijo una ciudadana: "los ladrones comunes y corrientes tienen que darse la molestia de dar el cristalazo o de venir a nuestra casa para violar la cerradura de la puerta, pero los ladrones de Telmex se dan el lujo de exigirnos que vayamos a llevarles el dinero que les vamos a pagar en sus oficinas, se dan el lujo de que si no les damos a tiempo el dinero que nos roban, nos cortan el servicio".

Son ya varias las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos sobre todo mujeres, en Monterrey y en Chihuahua, que han emprendido una gallarda y tenaz lucha contra el monopolio propiciado y protegido por el Gobierno. Ellas han demostrado que Telmex cobra servicio medido pero no tiene ningún sistema para medir las llamadas; que cobra miles de llamadas fantasmas; que las llamadas por cobrar muchas veces las cobra a quien las hace y a quien las recibe. No es extraño que en pocos años Telmex haya tenido esas fantásticas utilidades.

La nula regulación o la burla a la Ley de Protección al Consumidor, o la complicidad del Gobierno, les dio la patente de corso más fabulosa de la historia contemporánea de México. Por eso cientos de mujeres y de hombres han demandado ya al monopolio por fraude y esperamos que ahora sí las autoridades judiciales nos fallen a favor de los amigos de Salinas.

Compañeras y compañeros: decisiones como ésta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos llenan de dudas y de indignación. ¿A favor de quién está el Ejecutivo? ¿Por qué se protege de tal manera a los monopolios? ¿Para quién está gobernando Ernesto Zedillo? ¿Para la acumulación de unos cuantos de Estados Unidos y todavía más pocos de México? ¿Quién tiene el Poder en esta República? ¿Los poderes legítimamente constituidos? o ¿quiénes usaron el poder usurpado para enriquecerse, enriquecer a sus amigos despojando al pueblo de México e hipotecando nuestra soberanía.

Yo quiero pensar, compañeras y compañeros, yo quiero creer que esta soberanía no se va a dejar controlar por los plutócratas; que si el Ejecutivo decide a espaldas del pueblo, el Legislativo va a sacar la cara por nuestra gente, por sus raquíticos ingresos, por su dignidad. Yo quiero creer, compañeras y compañeros, incluso los que no me están escuchando, yo quiero creer que aquí no hay ningún instrumento servil ni no servil de Carlos Slim y de Carlos Salinas ni de los que se enriquecieron comerciando con la angustia de las familias mexicanas.

Yo quiero creer que en todos nosotros, independientemente del partido o fracción a la que pertenezcamos hay un compromiso decidido por impedir que a nuestro lacerado pueblo se le siga sangrando con nuevos aumentos, con nuevos impuestos, con nuevos despojos.

Por eso, confiando en su convicción patriótica y en su esfuerzo por responder al mandato de nuestro pueblo, les propongo, compañeras y compañeros, que emitamos un punto de acuerdo por el que los diputados de todas las fracciones emitamos un voto de censura y de rechazo a la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de autorizar el aumento de tarifas a Telmex y al mismo tiempo exijamos la comparecencia del titular de dicha dependencia para que nos explique:

1o. Las razones que fundamentan la concesión en condiciones de monopolio a la empresa Teléfonos de México y los procedimientos todavía muy oscuros por los que se otorgó dicha concesión al Grupo Carso, controlado por Carlos Slim.

2o. Las razones por las que se autorizó la compra del 49% de las acciones de Cablevisión a Teléfonos de México, empresa que controlará junto con Televisa obstruyendo la futura competencia y

3o. Que explique el Secretario de Comunicaciones y Transportes las razones por las que violando todos los pactos y en disonancia con el ambiente que se vive en México ahora, se ha autorizado o se va a autorizar el incremento de tarifas de inminente publicación en el Diario Oficial.

Yo los convoco compañeras y compañeros a sumarnos a este punto de acuerdo. Ejerzamos nuestra soberanía, nuestra razón de ser y de hacer está en la ciudadanía, nunca en los que lucran con ella.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Quintana Silveyra. Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado José Alberto Castañeda Pérez, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Alberto Castañeda Pérez:

Gracias, con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

Desde luego que como Partido Acción Nacional estamos de acuerdo con la propuesta de nuestro compañero de que se suspenda, de que no se aumenten esas tarifas, pero queremos llegar un paso más adelante y es lo que vengo a expresarles. No sólo es necesario que se detengan esos incrementos que están incidiendo de manera significativa en la economía familiar, sino además es posible que se bajen las tarifas y ahorita les voy a decir de qué manera y en qué me soporto.

Necesitamos que exista desde luego competencia efectiva y que exista un desarrollo en el campo de las telecomunicaciones, pero ante las actuales circunstancias que vive el país, hay que ser muy objetivos y tener los datos en la mano, necesitamos ver si procede o no procede ese incremento y si pudiera o no proceder una disminución a las tarifas. Ponemos a su consideración el siguiente análisis:

En 1993 Teléfonos de México tuvo ingresos por 24 mil 601 millones de nuevos pesos, con una utilidad, según lo que nos reportan sus balances a la bolsa de valores, de 9 mil 004 millones de nuevos pesos; esto equivale a una utilidad neta de 36.6%.

En 1994, Teléfonos de México ingresó 29 mil 213 millones de nuevos pesos, una utilidad neta de 7 mil 861 millones de nuevos pesos, 26.9% de utilidad neto.

En lo que va de 1995, es decir el primer semestre, tuvo ingresos de 19 mil 278 millones de nuevos pesos, con una utilidad neta de 4 mil 068 millones de nuevos pesos, es decir, 21%.

Como puede verse, la empresa tiene muy altas utilidades netas, es decir, una empresa rentable en una época de crisis. Pero esto no es todo, esto es lo que tal vez todos conocemos, pero lo que tal vez muchos desconocen es lo siguiente:

Además Teléfonos de México se beneficia con recursos fiscales, lo que es verdaderamente inadmisible, existe la siguiente disposición en la Ley de Ingresos de la Federación, capítulo IX, artículo 24, aprobado el 28 de diciembre de 1989, se establece la Ley del Impuesto por la Prestación de Servicios Telefónicos hoy vigente. Esta ley establece, escúchenme bien, un impuesto de 29% que se causará sobre el importe de los ingresos por la prestación de servicios telefónicos; sin embargo, contra este 29% se establece que los contribuyentes pueden acreditar el monto de las inversiones que realicen hasta por el 65% del total del impuesto. Además de esto, la totalidad del impuesto será deducible para efectos del impuesto sobre la renta.

O sea, Teléfonos de México, señores, se beneficia con los impuestos, se beneficia con recursos fiscales, en lugar de que estos recursos sean ocupados en obra pública o en gasto social.

Si sumáramos nosotros los ingresos de 1990 a 1994, tendríamos ventas de 81 mil 512 millones de nuevos pesos, el impuesto 29% nos daría 23 mil 639 millones de nuevos pesos; el 65% que acredita Telmex son 15 mil 365.3 millones de nuevos pesos. Es decir, todos los usuarios hemos capitalizado a esa empresa, pero castigando el uso de los recursos públicos por la nada despreciable suma de 15 mil 365 millones de nuevos pesos que si los convirtiéramos en dólares al tipo de cambio vigente de 1990-1994, serían 4 mil 730 millones de dólares, aproximadamente el 50% del total invertido por Telmex.

Por lo anterior, hoy sólo no se justifica el aumento de tarifas, sino sería procedente que esta apropiación de recursos públicos por Telmex deje de seguirse realizando, pues sólo para este año llegará casi a 7 mil millones de nuevos pesos que irían en beneficio de Telmex, en lugar de destinarse al gasto del Gobierno, al bienestar para la familia o bien quitar el impuesto, lo que podría redundar en una baja de tarifas equivalente al 18.8%, que es el 65% del 29% del impuesto.

Ya basta, señores legisladores: Telmex es la empresa que más se ha beneficiado con la existencia de la mayor fábrica de monopolios en el país, me refiero a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es hora de que Telmex beneficie a todos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Castañeda Pérez.

Para rectificación de hechos tiene el uso de la palabra la diputada Consuelo Botello Treviño.

La diputada Consuelo Botello Treviño:

Ciudadano Presidente; ciudadanos diputados:

Voy a variar ligeramente la tónica de este tema que se acaba de plantear, no porque no me parezcan muy importantes las manifestaciones de los dos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra sobre la injusticia que comete esta empresa Teléfonos de México.

Pero yo quiero hacer una referencia más de fondo. En este día, en esta sesión hemos tomado una serie de puntos de acuerdo signados por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y quizá vengan otros puntos de acuerdo que hemos considerado, dadas las circunstancias que vive el país, signar y proponer.

Pero yo me pregunto: todos estos puntos de acuerdo que con la mejor intención del mundo, con la mayor preocupación por los distintos problemas del país, buscando la solución a ellos, tomamos en esta Soberanía, ¿en dónde están? ¿Se han ejecutado? ¿Han tenido un seguimiento de parte nuestra y hemos visto un resultado positivo? Creo que en muchos casos no hay eso y esto no es justo ni para eso hemos tomado los puntos de acuerdo.

Si somos realmente la representación popular, si estamos aquí representando al pueblo de México en los diversos estados, en todos los niveles y todas las tendencias y nosotros nos hemos puesto de acuerdo para establecer determinado mandato o determinada sugestión o una propuesta que siempre es en función de un bien común o de resolver un problema, ¿dónde están los puntos de acuerdo.

No quisiera imaginar a algún señor Secretario que ya ha recibido el punto de acuerdo, lo lee con gran parsimonia y cuidado y lo tira a la basura. Sería lastimoso que eso fuese el resultado de un trabajo que se hace aquí, de concertación entre todos los grupos políticos, buscando el acuerdo y la solución a los problemas.

Yo quisiera proponer que busquemos, a través de nuestras comisiones, a través de nuestras coordinaciones, alguna estrategia que nos permita darnos cuenta si estos puntos de acuerdo son ejecutados cuando van dirigidos a alguna autoridad que puede hacerlo. Si por ejemplo en el caso concreto que acabamos de oír, Comunicaciones y Transportes al recibir este punto de acuerdo unánime sobre que no debe permitir que Teléfonos de México aumente sus tarifas, si la Secretaria de Comunicaciones se va a enfrentar a este problema y lo va a resolver en favor del pueblo de México representado aquí.

Eso es lo que habría que hacer, tendríamos que tener una estrategia, porque son puntos de acuerdo tan importantes como éste que acabamos de suscribir y muchos otros que nos hemos planteado a lo largo de las sesiones y que muchas veces ni tenemos el seguimiento y nos damos cuenta, a través del tiempo, cómo se han hecho puntos de acuerdo, que no suban las gasolinas, que no se haga esto y todo sigue igual y eso no es justo.

Las circunstancias del pueblo de México ya no permiten dilaciones, exigen verdaderamente que lo que esta representación popular acuerda en su beneficio se cumpla y que vamos a las secretarías a donde van dirigidos los puntos de acuerdo o a las direcciones o a las empresas, que de veras se aboquen seriamente a estudiar nuestras propuestas y a cumplirlas.

Gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Botello Treviño.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente:

Para hacer comentarios sobre la elección de consejeros ciudadanos en el Distrito Federal el próximo 12 de noviembre, se han inscrito los diputados Raúl Armando Quintero Martínez, del PRD; Florentino Castro López, del PRI; Carmen Segura Rangel, del PAN; Jaime Mariano del Río Navarro, del PRI.

Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del PRD.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Compañeras y compañeros legisladores:

Lamento que a estas horas del día a un tema de esta importancia le toque su lugar en esta sesión, pero en virtud de que hay un litigio que está en curso y en torno al cual hay la presunción de que en el curso de esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede emitir un juicio que puede tener implicaciones políticas sumamente graves e importantes para los ciudadanos del Distrito Federal, es que nosotros hemos insistido, pese al cansancio y la hora, en intervenir en esta plenaria.

Queremos señalar que el proceso de la elección de consejeros ciudadanos que se habrá de efectuar el próximo día 12 de noviembre se ha visto contaminado por lo menos por dos tipos de problemas. Primero, porque en los últimos días una intervención que no tiene origen ni petición de ninguna parte, sino de motu proprio del señor Procurador General de la República, Lozano Gracia, ha intervenido, ha pedido, ha opinado, ha presionado a la Suprema Corte en el sentido de que declare inconstitucional la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y que en consecuencia dé por cancelado el proceso electoral que habrá de concluir dentro de 20 días, es decir, el día 12 de noviembre.

Debo señalar que el Partido de la Revolución Democrática votó en contra, junto con el Partido Acción Nacional y con los compañeros del Partido del Trabajo, de esta Ley de Participación Ciudadana, porque violaba los artículos 41 y 122 de la Constitución, al cancelar el derecho y la norma constitucional de participar en los procesos electorales a través de los partidos políticos.

Que esta Ley de Participación Ciudadana fue una imposición del Partido Revolucionario Institucional, pero que en este momento toda vez que la ley que se impuso en este Congreso se abrió, que se lanzó a los ciudadanos, que generó expectativa extraordinariamente amplia de participación de aspirantes a consejeros ciudadanos; que en acatamiento a las normas de esta ley de participación se lanzaron a las calles y a las casas a buscar firmas de apoyo; que tenía un requisito por lo demás exagerado y arbitrario del 4%.

Esta fase le anuló el derecho de participar en la elección a más de la mitad de los inicialmente lanzados a buscar su inscripción como candidatos ciudadanos.

En una segunda fase, ya depurada a la luz de que no consiguieron el 4% de las firmas estos aspirantes a consejeros ciudadanos; que a gente que no se dedica de manera profesional y que conseguir el 4% de firmas era un obstáculo extraordinariamente alto, quedaron inscritos 1 mil 200 candidatos a consejeros ciudadanos que reunieron el requisito.

Ahora mismo, el problema que se está generando de enorme incertidumbre, para que a escasos días de la elección estos ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad con la aprobación de la ley, que no tienen ninguna responsabilidad en la aplicación de una ley retroactiva, si es que la suprema Corte de Justicia primero le da entrada a la concepción de la declaración de inconstitucionalidad y tercero, no tendrían responsabilidad sino derecho a ampararse contra esa disposición que cancelaría el derecho como terceros perjudicados.

Esta situación se ha agravado, insisto, por la petición que hizo el pasado día 12 de octubre el señor Procurador General de la República, Lozano Gracia.

Nosotros pensamos que en este momento el proceso electoral de los consejos ciudadanos del Distrito Federal, debe concluir, debe terminar porque todos los aspirantes, muchos de ellos vinculados a los partidos políticos nacionales o regionales con registro en el Distrito Federal, muchos de ellos auténticamente ciudadanos, sin ninguna vinculación con ningún partido político, han desarrollado ya una campaña: cumplieron el requisito del 4%; pasaron la depuración arbitraria que se hizo en los comités delegacionales, por instrucción de los señores delegados y llevan ya varias semanas de campaña con montos económicos conseguidos con enormes sacrificios, en el caso de la mayoría de los candidatos a consejeros ciudadanos, independientes o verdaderamente ciudadanos y no en el caso de aquellos vinculados a los delegados políticos.

Por esa razón, sería inadmisible que el Congreso de la Unión, que fue la instancia, que aprobó la Ley de Participación Ciudadana, no hiciera ningún comentario ante esta situación.

Por otra parte, esta misma aprobación de la ley, que ha hecho que anden en la Ciudad de México en campaña 1 mil 200 candidatos a cubrir 365 áreas ciudadanas, han estado enfrentado diversos problemas.

En las delegaciones políticas hemos encontrado una abierta, deliberada, desmesurada y desmedida concentración de apoyos económicos y materiales en favor de los candidatos que los delegados políticos en las 16 delegaciones quisieran que salgan adelante en las áreas vecinales.

Diversas artimañas están en juego, diversas trampas se están procesando y eso que hace que a 20 días de la elección llamemos la atención en esta Cámara de Diputados.

Primero. Debemos decir que hay un rasuramiento del padrón calculado en por lo menos entre el 8% y el 9% del listado nominal.

Segundo. Se han estado rechazando y dejando sin ninguna posibilidad de apelación en el comité central, por decisión de los representantes del PRI, de candidatos que con justicia interpusieron apelaciones a la cancelación de sus registros. No sucedió esto con candidatos vinculados al Gobierno, a las delegaciones o al PRI, que en el caso de los consejeros ciudadanos no necesariamente son lo mismo, toda vez que en diversas áreas y en distintas delegaciones hay candidatos del PRI y candidatos de los delegados en pugna y en disputa.

El gobierno del Distrito Federal lanzó una campaña de apoyo a los candidatos en las delegaciones con unas famosas llamadas "brigadas de bienestar" que, finalmente, después de que lanzaron esta campaña de apoyo a distintos candidatos oficiales, por protestas de la oposición en el comité central y a petición del propio comité central, el gobierno del Distrito Federal apenas el día domingo, por voz del señor regente, dio por canceladas estas brigadas que estaban siendo utilizadas como brigadas pronasoleras en apoyo a los candidatos de las delegaciones y, en distintos lugares, de candidatos del PRI.

Pero lo más preocupante es que en la última semana en distintas delegaciones candidatos independientes, candidatos simpatizantes del PRD han estado siendo golpeados, reprimidos o amenazados. El pasado domingo en Tlatelolco nuestra compañera candidata, simpatizante del Partido de la Revolución Democrática, en el área que comprende la Unidad Tlatelolco, fue violentamente agredida por un militante del Partido Revolucionario Institucional. Fue arrancada toda su propaganda y ha sido amenazada de muerte.

El mismo domingo en Iztapalapa, acompañando yo mismo a los compañeros Luis Bustamante y Pilar Quintero, en la colonia Renovación en la delegación Iztapalapa, fuimos brutalmente agredidos por una brigada de gente profundamente fuera de sus casillas, drogada, encementada, que fue instada y reunida por la candidata en el área cinco de la delegación Iztapalapa, por la candidata Norma Gutiérrez, hermana del asambleísta del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez.

En esta colonia Renovación donde viven y trabajan los pepenadores de la Ciudad de México, se desató, bajando de camiones de basura, con los logotipos de propiedad del Departamento del Distrito Federal, por lo menos 50 personas drogadas que arremetieron contra una brigada de unas 150 personas que andaban apoyando la candidatura de Luis Bustamante y Pilar Quintero, la mayoría mujeres y varios niños.

Estas agresiones y la situación que vivimos en la colonia Renovación, en donde los colonos nos dijeron que en esta colonia la señora Norma Gutiérrez y su hermano Cuauhtémoc Gutiérrez son caciques que cobran, como en las películas del padrino, seguridad a todos los establecimientos, a los más pequeños 50 pesos a la semana, a los más grandes 80 pesos a la semana; establecimiento que se niega a pagar la cuota de protección en la tarde del día que se negaron a pagar la cuota son saqueados y son asaltados.

Los camiones del Departamento del Distrito Federal circulan sin ninguna placa, la mayoría de los vehículos robados en el Distrito Federal circulan sin placas en la colonia Renovación con conocimiento del gobierno del Distrito Federal, del secretario de Protección y Vialidad y del señor procurador de Justicia del Distrito Federal.

Si quieren encontrar los vehículos robados en la capital tienen que darse una vuelta en la colonia Renovación y ahí van a encontrar varias centenas de los mismos.

Por ello nosotros planteamos el día de ayer en la regencia, pese a que no nos recibieron por la cerrazón y por la alianza que hay entre este caciquismo intolerable para una ciudad en que se supone impera la ley, que las autoridades se negaran a escuchar a los aspirantes a consejeros ciudadanos y a un diputado federal que iban a pedir que se nos diga si la colonia Renovación es un área en donde no se aplica la ley de la capital y las leyes del país; que nos digan si en esa colonia quien dicta la ley y quien impone las normas es precisamente la señora Norma Gutiérrez y su hermano el asambleísta, priísta Cuauhtémoc Gutiérrez; que nos digan si en la colonia Renovación pueden circular sin ningún problema los vehículos robados en la capital y que nos digan si es posible que se sigan pagando por los ciudadanos que tienen establecimientos, que pagan sus impuestos normalmente, cuotas adicionales a personas que no representan ninguna institución política ni jurídica de nuestra capital.

Finalmente la última situación que coloca en un ambiente de inseguridad y de incertidumbre la elección del 12 de noviembre es la aprobación que se hizo el pasado fin de semana en el comité central, de 1 mil 200 asistentes electorales.

Todos sabemos que los "mapaches", todos sabemos que los truculentos en cada proceso electoral están encabezados por los llamados "asistentes electorales".

La Ley de Participación Ciudadana no contempla que el día de la elección haya asistentes electorales, ¿por qué la imposición del PRI? ¿Por qué la imposición del gobierno del Distrito Federal y del comité central para que haya 1 mil 200 asistentes electorales? Esos asistentes provienen de los órganos corporativos, esos asistentes provienen de la gente especializada en hacer trampas electorales, esos asistentes electorales son los que desde ahora denunciamos, van a manchar el proceso electoral ante consejeros ciudadanos, a los cuales les han cancelado el derecho de tener representantes en las casillas. Paradoja, contradicción: a los candidatos se les niega el derecho de tener representantes en las urnas, pero el Gobierno sí se plantea poner asistentes electorales.

Esta síntesis hace que nosotros, a nombre del Partido de la Revolución Democrática planteemos:

Primero, que le pidamos al señor Procurador General de la República se serene en cuanto a sus opiniones en relación al proceso electoral de la Ciudad de México; que si no quiere que se coloquen sus opiniones como más de interés partidista que de procurador, deje que corra el proceso:

Segundo, al gobierno del Distrito Federal y al Partido Revolucionario Institucional, le demandamos que se orienten por respetar la ley, porque no se trabaje para conseguir prebendas ilegítimamente en las delegaciones y para que no se eche a andar ningún mecanismo de defraudación que ponga en riesgo la estabilidad de un proceso que de por sí ha dejado a los ciudadanos aspirantes a consejeros ciudadanos, en una condición francamente difícil en este proceso.

Estas son las peticiones y los comentarios que nosotros queríamos hacer.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias diputado Quintero Martínez.

En el uso de la palabra, para rectificar hechos el diputado Zapata Perogordo.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:

Pretendo ser muy breve y solamente para clarificar un punto: el señor Procurador General de la República, lo mismo que el regente del Departamento del Distrito Federal, al igual que el secretario de Gobernación, han comparecido dentro del procedimiento que se lleva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la acción de inconstitucionalidad en relación a la ley que está impugnada y por lo tanto con base en sus atribuciones tienen que establecer la posición que constitucional y jurídicamente piensan que debe ser lo correcto.

Entonces no es una opinión partidista del procurador; no hagamos de esto falsos debates; son opiniones desde el punto de vista jurídico como el regente, el Departamento del Distrito Federal también solicita que se sobresea el procedimiento, como el secretario de Gobernación solicita que sea negada precisamente la demanda y el señor procurador, mediante argumentos netamente jurídicos, señala que es una ley inconstitucional, o sea, es un argumento de carácter jurídico y no político partidista.

Si difieren de esa opinión, bueno, respeto la postura de ustedes. Lo que sí pretendo es que no haga de esto un falso debate porque entonces se puede perder la sustancia del recinto y de la tribuna.

Gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos el diputado Armando Quintero.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Yo fui cuidadoso al señalar y no involucré justamente al Partido Acción Nacional. Me referí al señor procurador, porque él es responsable, en lo individual, de sus actos, o sea, quiero dejar muy claramente sentado este criterio que comparto con mi compañero Leonel Godoy, de que no debe estar siendo asociado necesariamente.

Pero por lo mismo, compañeros de Acción Nacional, por lo mismo, nosotros, todos los partidos políticos y en particular los legisladores a todos los funcionarios y no en este caso porque haya uno que sea de nuestro partido, no le pidamos que se rija conforme a las normas constitucionales. Una intervención desmedida y presiones fuera de su contexto, del señor procurador, pueden afectar a terceros que no son responsables de las leyes que se aprobaron aquí y que son los candidatos a consejeros ciudadanos, que es la preocupación y los derechos que nosotros estamos defendiendo.

En estos momento hay unos consejeros ciudadanos que ya están en campaña, que están en condiciones de candidatos conforme a la Ley de Participación Ciudadana que se aprobó en el Congreso de la Unión; que una disposición en este momento, sobre la cancelación de este proceso, afecta a terceros, perjudicados, que no tienen responsabilidad en el debate que se está efectuando.

Por lo demás, considero que en el debate y seguramente en esa parte, hay acuerdos en relación a las violaciones y a la forma monstruosa en que se presenta una ley que francamente ha distorsionado un proceso electoral que debió ser de otra naturaleza y debió tener otras características.

En éso creo que hay acuerdo de parte de nosotros con las posiciones de Acción Nacional. Pero en este momento una decisión apresurada y un acuerdo de declarar inconstitucional el proceso electoral, da terceros perjudicados que resultaría inadmisible que se aceptara simplemente de esta manera. Por eso nosotros, aclaro, no hemos vinculado la filiación política del señor procurador.

El Presidente:

En el uso de la palabra el diputado Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Florentino Castro López:

Con su permiso, señor Presidente:

Quisiera comentar algunas coincidencias que tenemos tanto con el diputado Quintero, como con el compañero diputado del PAN que pasó a la tribuna a hablar sobre el tema y algunas precisiones también con los dos.

Primeramente que nada, quisiéramos señalar que los diputados nunca aprobamos la Ley de Participación Ciudadana. La Ley de Participación Ciudadana la aprobó la Asamblea de Representantes. Lo que nosotros aprobamos fueron las modificaciones al estatuto. Desde en el debate sobre el estatuto los diputados priístas manifestamos y hoy lo reiteramos, que esta modificación al estatuto y la futura ley eran una buena oportunidad para que pudiéramos tener un proceso electoral donde la sociedad civil, los ciudadanos, pudieran tener una participación abierta y decidida. Aquí se dijo que esto no sucedería.

Hoy el diputado Quintero, la opinión pública en general, estarán totalmente de acuerdo que la participación de los ciudadanos en el Distrito Federal fue amplísima. Más de 3 mil fórmulas solicitaron su registro para contender como candidatos a consejeros ciudadanos y fueron capaces de llevar arriba de 2 millones de firmas avalando sus candidaturas y que el día de hoy más de 1 mil fórmulas están participando en la contienda que sucederá el día 12 de noviembre.

Nos parece que la participación del señor procurador es la participación en su calidad de procurador y que coincidimos con Armando Quintero, que sería de un alto riesgo, tanto para la Suprema Corte de Justicia como para el propio procurador, el frenar ahorita un proceso que ha sido de amplia participación por parte de los ciudadanos, apoyados o no por los partidos políticos.

Nosotros pensamos que los partidos políticos han ayudado a conducir este proceso inédito, donde quienes están participando son los ciudadanos y quienes están o deberían de estar vigilando el proceso son los partidos.

En todas las etapas del proceso la ley aprobada por la Asamblea contempla la participación de los partidos políticos en el órgano central y en los órganos delegacionales.

Quisiera, solamente por las referencias hechas a imposiciones partidistas, señalar que no todos los órganos electorales de la ciudad, los delegacionales, tienen mayoría del Partido Revolucionario Institucional; muchos de ellos tienen del Partido de la Revolución Democrática y otros del Partido Acción Nacional, por el trabajo político que ya han hecho las dirigencias de estos partidos o bien acreditando a sus representantes o bien acercando a consejeros ciudadanos afines a su partido.

Quisiera recordar que el coordinador del órgano central no es públicamente un simpatizante del Partido Revolucionario Institucional. Lo es de otro partido político, según lo dicho por él mismo.

Quisiera señalar que cualquier irregularidad presentada, son las autoridades electorales delegacionales y central quienes tienen que tomar las medidas a que haya lugar.

Que los partidos políticos, los representantes populares, los dirigentes comunitarios que hay en la ciudad, lo que deberíamos de hacer es construir espacios y escenarios donde no sucedieran enfrentamientos como los señalados aquí por el diputado Armando Quintero.

Me parece que si hemos sido capaces de integrar un órgano electoral, con representantes partidistas, con representantes ciudadanos, avalados por los partidos políticos, tanto en las delegaciones como en el órgano central, si nos hemos puesto de acuerdo en quien es el coordinador de cada uno de los órganos, si nos hemos puesto de acuerdo en el propio secretario técnico del órgano central y de los 16 órganos delegacionales, también podemos seguir trabajando para que los acontecimientos aquí señalados no se presenten por ningún grupo ciudadano o de partido político alguno.

Me parece que se trata eminentemente de un trabajo político donde todos deberíamos de luchar porque esta contienda inédita en la ciudad y en el país pueda darse en el mayor marco de civilidad posible.

Por otro lado quisiera también precisarle al diputado Quintero, que la ley prevé que no sólo los partidos tienen representantes a nivel de casillas, sino que lo tienen los propios candidatos. La ley prevé que cada una de las fórmulas tenga un representante en la casilla. Deberíamos trabajar todos por la transparencia de este proceso y por garantizar que en cada casilla no sólo haya representantes de los partidos, que la ley lo prevé también, sino también representantes de los candidatos en cada una de éstas.

Que deberíamos hacer un gran trabajo como partidos políticos, para que a nivel de casilla, a nivel de órgano delegacional y a nivel de órgano central, para que el proceso de consejeros ciudadanos se dé con la mayor transparencia posible. Creo que por tratarse de un proceso inédito bien vale la pena y por tratarse de un proceso donde los partidos políticos no están participando de manera directa.

El diputado Quintero sabe por lo menos que en uno de los escenarios que él señala se generó un enfrentamiento, tanto los diputados de su partido, los dirigentes de su partido, como los del Partido Revolucionario Institucional, mucho podemos hacer para trabajar políticamente, no sólo en la colonia Renovación, sino en la zona de Cabeza de Juárez, donde coinciden más de 13 organizaciones sociales, la mayoría de ellas militantes del Partido de la Revolución Democrática y por supuesto que son vecinos de la colonia Renovación y del grupo de pepenadores al que se refirió el diputado Quintero.

Pero creo que aquí, incluyendo al diputado Quintero, hay otros diputados del Partido de la Revolución Democrática que conocen la zona, que la han trabajado y que bien podrían ayudar a construir escenarios de civilidad; ahí está Chela Rojas, ahí está René Arce, que conocen bien la zona y que seguramente su intervención y la de otros diputados priístas permitirá que la campaña continúe en un marco de civilidad.

Así pues, nosotros consideramos que estamos viviendo un proceso inédito que todos deberíamos de cuidar, que nosotros los priístas, que jamás hemos pedido que se declare inconstitucional la ley, esperamos que la Corte no resuelva en este sentido y que el día 12 de noviembre seamos capaces de dejar a la sociedad civil que escoja un modelo de representación que bien le hace falta a la ciudad para el trato diario de los problemas de los vecinos de esta gran capital.

Trabajemos todos haciendo política, construyendo escenarios que retiren la violencia y que nos lleven a la aplicación estricta de la ley y de la civilidad.

Muchísimas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, por cinco minutos, se concede el uso de la palabra a la diputada Graciela Rojas Cruz.

La diputada Graciela Rojas Cruz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El tema de la campaña de los candidatos a consejeros en la Ciudad de México se está dando en varias partes. Creo que resultan bastante complejas y se enfrentan esas campañas de candidatos a varios escenarios que no se habían conocido.

Por ejemplo, que en algunas áreas, que en muchas áreas hay una gran intensidad en las campañas y una indiferencia muy grande, se palpa, no hay ambiente en la ciudad de la ciudadanía hacia esas campañas.

Hay también y empiezan a haber esos roces que vino aquí a denunciar mi compañero de partido, el diputado Quintero, en las diversas áreas, estos tres hechos que sucedieron el día domingo fue bueno, porque lo conoció la prensa, porque hay diputados, porque hay asambleístas que conocen a los que fueron agredidos y tal parece que de los que agredieron también hay diputados y asambleístas y por eso se conoció.

Pero empieza a haber en las áreas vecinales problemas de roces, porque los candidatos son de las colonias de esa área y entonces yo creo que los factores de esto que está tras de los candidatos a consejeros ciudadanos, porque los actores fundamentales que están detrás de los candidatos, son los partidos políticos.

Que el haber modificado en esta Cámara de Diputados el artículo 123 del Estatuto de Gobierno llevó a que los partidos políticos impulsaran a sus militantes y gran parte de las candidaturas son miembros de los partidos políticos incluyendo el mío y entonces estamos en su gran mayoría ante candidatos consejeros a ciudadanos que son militantes y que con su derecho como ciudadanos están participando, pero que al mismo tiempo son vecinos de esas áreas, conocen al del PRI que está participando, conocen ahora, por ejemplo, que en varias áreas están cuatro o cinco del PRI y que uno de ellos es impulsado por la delegación.

Y en fin, yo creo que entonces se debe tener mucho cuidado en esto, nosotros aquí cuando planteamos nuestra posición respecto a las modificaciones al Estatuto en el artículo 123 y 125 de ese instrumento, planteamos que lo que se estaba haciendo era una acción de inconstitucionalidad y que fue avalada por la mayoría.

Los partidos políticos representados en la Asamblea, que son un poco más que los que estamos aquí, pidieron la intervención de la Suprema Corte de Justicia y en unos días ésta va a dictaminar si fue inconstitucional o no lo de la Ley de Participación Ciudadana, que tiene qué ver con lo que se hizo en esta Cámara de la modificación del artículo 123 y creo yo y ésa es la posición que creo que los legisladores deben de adoptar, que se tiene que respetar si la Suprema Corte dice que es inconstitucional y que se para, la elección se tiene que respetar.

Creo que ésa es una congruencia que deben ser los que demandamos esta acción de la Suprema Corte de Justicia, sí y si lógicamente esta resolución trae daños a los candidatos que ahorita están ya en plena campaña, que ya recibieron de parte de los comités delegacionales, es decir del Departamento del D.F. una prerrogativa y trae daño porque han gastado, se tiene que ver cómo el Departamento del D.F. va a resarcir los daños a la economía que le haya hecho a los candidatos pero no tenemos nosotros, compañero Florentino, que invitar a la Corte a que su resolución sea a favor de no inconstitucionalidad.

Creo que la Corte en eso es libre, cada parte pugna porque sea que se sobresea, otra parte porque se dé a favor, pero yo creo que la Corte es libre y el legislador tiene que respetar esto y acatarlo.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Muchas gracias diputada Graciela Rojas.

En el uso de la palabra la diputada Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del partido Acción Nacional.

La diputada María del Carmen Segura Rangel:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

A pesar de lo avanzando de esta sesión considero ineludible la oportunidad de hacer referencia a este proceso de organización de la elección de los consejos de ciudadanos para realizar un balance de las diversas etapas que hasta la fecha se han desarrollado y concluido y de sus repercusiones.

Pero quiero iniciar esta intervención con una serie de precisiones, sobre todo para el diputado Armando Quintero. Me preocupa que en esta tribuna se diga, respecto de la acción de inconstitucionalidad, que el Procurador General de la República esté presionando a la Suprema Corte de Justicia cuando, como legisladores, debiéramos saber que de acuerdo con la legislación aplicable, legislación que aquí aprobamos, establece que se le debe dar vista al Procurador General de la República no como parte en este proceso, sino como una mera opinión de carácter jurídico.

También sabemos que no fue un solo partido el que planteó esta acción de inconstitucionalidad; también el PRD y el PT presentaron esta solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por esa razón yo no quise dejar pasar esta oportunidad porque tal pareciera que ahora se trata de hacer responsable a la oposición cuando que los causantes de una inconstitucionalidad son también causantes de las consecuencias que se originen a raíz de dicha inconstitucionalidad.

La oposición no tiene por qué pagar culpas ajenas por culpa de una mayoría, de una mayoría en este Congreso y en la Asamblea de Representantes que no tuvo reparo en consumar una serie de violaciones, es que estamos ante la interposición de una acción de inconstitucionalidad.

Y por lo que se refiere al Partido Acción Nacional, fueron tres los motivos que hicieron que tuviéramos que acudir ante la Suprema Corte de Justicia; el primero de ellos, porque no estamos dispuestos a que quede impune una violación a la Constitución; en segundo lugar, porque tenemos que hacer eficaz al aparato de justicia y esto solamente sabremos como va a funcionar si lo sometemos a la prueba de su aplicación y en tercer lugar, porque no es posible que se siente el precedente de que una mayoría numérica a sabiendas de serlo, consume una violación a la Constitución cuando aquí se está hablando de determinaciones plurales, de realizar pactos de civilidad cuando esa mayoría es la primera que los incumple.

Desde esta tribuna yo hago una respetuosa excitativa a la Suprema Corte de Justicia para que se resuelva cuanto antes esta acción de inconstitucionalidad. Nosotros sustentamos nuestro regreso a la mesa de la reforma política del Distrito Federal precisamente en uno de los puntos que tiene que ver con la seguridad jurídica en este proceso y es la necesaria definición de este recurso ante la Suprema Corte de Justicia antes de que se realice el proceso electoral.

Por otra parte, me voy a permitir hacer referencia a una serie de hechos que se han suscitado en las diversas etapas de organización de este proceso electoral porque considero que no es una visión amplia, certera, la del diputado Armando Quintero. Existen una serie de acontecimientos que sí están poniendo en entredicho este proceso electoral, de una contradicción de origen que plantea una inconstitucionalidad consistente en un aparente divorcio entre ciudadanos independientes y partidos políticos que han producido otra serie de contradicciones tanto en la misma Ley de Participación Ciudadana, como en la realidad, sumadas a un clima de desconfianza y confusión.

Por un lado se busca descalificar a los partidos políticos y en ese contexto se nos deja exclusivamente con voz pero sin voto, en el proceso de organización, pero por otro, ha quedado claramente demostrado en la realidad que hemos sido factor determinante para la buena marcha de esta organización, prueba de ello es la conformación de las 365 áreas vecinales; los partidos políticos fuimos los que tuvimos que conciliar durante tres días completos la integración de las 365 áreas vecinales, así como también de los comites delegacionales.

Y aquí el diputado Florentino Castro vino a decir que no en todas tiene mayoría el PRI; sí, efectivamente, pero sí se asegura de antemano el bloque mayoritario en cada una de la toma de decisiones de una manera o de otra. Sabemos que también existen comisionados ciudadanos que fueron electos en la Asamblea de Representantes, desde ahí ya tenemos asegurada una mayoría.

Pero además, el hecho de que el coordinador se haya logrado que no fuera de extracción priísta, esto podríamos considerarlo como garbanzo de a libra, porque todas y cada una de las determinaciones sistemáticamente se toman en un sentido y en muy pocas ocasiones hemos logrado frenar violaciones a la misma Ley de Participación Ciudadana, ley que a nuestro juicio deja mucho que desear, pero al fin y al cabo es el instrumento de trabajo y tenemos que acatarla.

Se dice en este proceso electoral que se trata de que los ciudadanos ejerzan en plenitud sus derechos; sin embargo, el comité central tomó el acuerdo de que los candidatos interesados en los resultados de este proceso, sólo tienen derecho a nombrar un representante propietario y a pesar de un fuerte debate que tuvimos en el seno del comité central, no fue posible persuadir a la mayoría numérica de que tuviera un suplente para el caso de que faltara el propietario en la mesa receptora de votación.

Se ha pretendido dejar en un plano de rivalidad o antagonismo, los objetivos que persiguen los partidos políticos respecto de ciudadanos independientes. Pero por otro lado, la misma Ley de Participación Ciudadana prevé la conformación de un bloque común para el 12 de noviembre, entre partidos políticos y ciudadanos; incluso la misma ley prevé que si en una mesa receptora de votación los candidatos no presentaron impugnaciones, pueden servirse de aquellas impugnaciones que hubieran presentado los partidos políticos.

Compañeras y compañeros: ¿consideran ustedes que será posible con este clima de animadversión en la imagen de los partidos políticos, que se integre ese frente común para la defensa del voto el 12 de noviembre.

Otra contradicción más, se dice que habrá respeto a la ley y en consecuencia a los derechos que la misma ley confiere a candidatos y a partidos políticos. De manera arbitraria y caprichosa, el comité central acordó declarar precluidos nueve recursos de rectificación, que fueron interpuestos en tiempo y forma por diversos partidos políticos y fórmulas de candidatos; además de violentar la ley, a algunos juristas connotados que forman parte de este comité central, no les importó poner en entredicho su prestigio como abogados.

Cómo entonces se va a evitar confundir a la ciudadanía, tanto a candidatos como a posibles votantes, habiendo tantas y tantas contradicciones en este proceso. Esto claro que va a desanimar a candidatos y a votantes y deberemos hacer grandes esfuerzos para poder motivar la participación ciudadana el 12 de noviembre.

A los candidatos se les dijo que se les facilitaría su participación en este proceso, pero por otra se les sometió a duras pruebas de perseverancia. Aquí el diputado Florentino Castro manifestó que hubo un gran entusiasmo para la participación como candidatos. Quiero precisar, señor diputado, que no fueron más de 3 mil los que solicitaron avales a través de los comites delegacionales, fueron 4 mil 600 aproximadamente, 4 mil 600 ciudadanos que pensaron de veras que podían sacar adelante una candidatura, hubo tantas expectativas que se pensaba que habría aproximadamente 12 fórmulas de candidatos por área vecinal, sin embargo al final tenemos un total de 1 mil 493, un promedio de cuatro fórmulas por área vecinal, ni siquiera el equivalente a una por partido político y además tenemos cinco áreas con fórmula única que ahí se pueden sentar tranquilamente, ya no pueden hacer campaña los candidatos y de todas maneras van a tener ya un espacio en su correspondiente delegación.

Quiero aprovechar para hacer ante este pleno una denuncia, una denuncia de un hecho que se suscitó el día de ayer por la noche y que a nombre de los diputados del Partido Acción Nacional presentamos nuestra más enérgica protesta, debido a la agresión física que sufrió ayer 23 de octubre por la noche, la coordinadora de la Organización Ciudadana Acción Vecinal en Magdalena Contreras, la señora Carmen Rodríguez Miramón, a manos de un grupo de sujetos fue golpeada al salir del comité delegacional.

Ya desde hace algunas semanas a los candidatos de acción vecinal en esa misma delegación les ha sido afectada su propaganda, como en el caso de sus mantas, reiteradamente se les ha destruido o se las han desaparecido. De estos hechos ya de por si reprobables, se generó que ayer por la mañana la señora Carmen Rodríguez Miramón recibió una llamada telefónica amenazándola. Dicha amenaza fue cumplida por la noche, pero además se le advirtió que no quedaría en ella sino que esta deleznable acción también sería ejercida en contra de otros integrantes de esta Organización Acción Vecinal en la delegación Magdalena Contreras.

Hechos como éste en nada contribuyen a motivar la participación ciudadana y sí ponen en riesgo el orden la estabilidad social, por ello debemos exigir a las autoridades competentes que se agilice la investigación, a efecto de castigar a aquellos que están interesados en crear un clima de amedrentamiento y de violencia que atenta contra este proceso electoral.

Si de veras señoras y señores legisladores, queremos que los ciudadanos acudan a las urnas el 12 de noviembre, tenemos que realizar grandes esfuerzos para lograrlo.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Segura Rangel.

El último orador sobre este punto inscrito, es el diputado Jaime del Río Navarro, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jaime Mariano Del Río Navarro:

Señor Presidente; honorable Asamblea:

Con algunas diferencias en su argumentación y en sus conclusiones, coincidimos plenamente con los propósitos de mi querido amigo el señor diputado Armando Quintero. Estaríamos inclusive, como partido, dispuestos a suscribir junto con el PRD esa convocatoria con los dos puntos que señalan, esto es, recomendar serenidad al señor Procurador General de la República, cuidado en sus opiniones para no contaminar el proceso y a no manipular con publicidad una obligación que entendemos es legal, pero que en la confusión se puede aprovechar con fines partidarios.

Estaríamos igualmente dispuestos a suscribir la segunda recomendación de su convocatoria, siempre y cuando en ella estuviéramos incluidos gobierno de la ciudad y por supuesto todos los partidos políticos, esto es corresponsabilizarnos el Departamento del Distrito Federal y todos los partidos políticos, con la civilidad, la transparencia, la legalidad y la confiabilidad del proceso. Por supuesto que sí señor diputado Armando Quintero.

Por otro lado, escuché con atención y con respeto los señalamientos que hace mi querida amiga, antigua compañera de la Asamblea de Representantes, la diputada Carmen Segura, a quien reconozco su preocupación por los temas de la ciudad. Yo no tendría inconveniente en respaldar sus afirmaciones y sus verdades, sin embargo, respetuosamente difiero porque tengo las mías.

A mí me parece que no podemos llegar a la conclusión de que está en riesgo la transparencia y la confiabilidad del proceso electoral, por lo señalado por la diputada Segura, en razón de que hay algunas cosas que deben ser precisadas.

Se cuenta con información de que fueron cerca de 2 millones de ciudadanos en esta capital los que firmaron como avales y yo quiero destacar que esto significa casi el 40% del padrón electoral de la Ciudad de México y esto, mis amigos, mis amigas, rebasa el nivel de participación en elecciones locales en la República Mexicana después de las elecciones del 21 de agosto de 1994.

Vemos también que existieron casi 1 mil 300 fórmulas que están contendiendo en las 365 áreas vecinales, efectivamente con un promedio de cuatro fórmulas por área. Esto habla del espíritu de competencia entre los ciudadanos del Distrito Federal.

Existen además más de 80 mil ciudadanos que se encontrarán capacitados y en disposición de participar en el proceso en los órganos electorales y en las cerca de las 10 mil casillas que aproximadamente se instalarán en la Ciudad de México. Esto nos habla de una estructura que representa de entrada confiabilidad.

Vemos que existe un padrón auditado, un padrón que está aprobado por las fuerzas políticas y que ha reunido un alto porcentaje de confiabilidad. Yo me allano inclusive a la afirmación que hace el diputado Armando Quintero, de que hay confiabilidad en un 92% por lo menos.

Finalmente creemos que el trabajo de consenso que realizan los órganos electorales a nivel central y a nivel delegacional hablan del propósito de construir ciudadano, gobierno de la ciudad y partidos políticos, un escenario que responda más a las necesidades de los habitantes de esta ciudad capital.

Hay algunas cuestiones planteadas por mi amiga la diputada Carmen Segura, en donde respetuosamente señalamos no estar de acuerdo. Yo invitaría...

El diputado Víctor Manuel Palacios Sosa (desde su curul):

Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al orador.

El Presidente:

Diputado del Río, ¿acepta una pregunta.

El diputado Jaime Mariano del Río Navarro:

Con mucho gusto.

El diputado Víctor Manuel Palacios Sosa (desde su curul):

Nada más por pura curiosidad, quisiera saber cómo se saca el 92% de confiabilidad. ¿Cuál es el procedimiento matemático?

El diputado Jaime Mariano del Río Navarro:

Yo con todo gusto señor diputado, le voy a hacer la chamba que usted debe de hacer en su curul.

No tengo ninguna obligación, pero como gentileza lo voy a hacer. Cuando usted cuenta con un padrón electoral y al listado nominal tiene usted una deficiencia de entrega de credenciales del 8%, la confiabilidad es del 92%. Espero que lo haya entendido.

Ahora, los quiero invitar a que olvidando las diferencias podamos entrar en las cosas que nos unifican para construir, que sin duda son muchas.

Miren ustedes, yo creo que el verdadero debate que debe darse en relación al proceso electoral y a la figura de los consejeros ciudadanos no es precisamente el jurídico, es el que tiene que ver con una tesis política y social. Yo pienso que se quiere soslayar y es por eso que la presento.

¿Es viable política y jurídicamente el proceso de elección de consejeros ciudadanos? En lo jurídico, nosotros reiteramos nuestras posiciones y argumentos, que fueron parte de un largo e intenso y por cierto muy culto debate que se dio en este recinto.

Es un asunto que hoy ocupa al más alto nivel del Poder Judicial Federal. Mi partido considera, en relación a ello que aun las opiniones más serias pueden ser utilizadas publicitariamente como un instrumento de presión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con pretensiones partidistas y en un riesgoso juego que podría lesionar la soberanía, la legalidad y la libertad de decisión del Poder Judicial.

Acusamos recibo de que no es la pretención ni del procurador ni de quien hoy lo representó, los representantes de Acción Nacional y estamos confiados en esa respuesta.

Por eso es que en lo jurídico hoy sólo nos remitimos a lo dicho en el pasado debate de referencia.

A nuestro juicio, un debate con mensaje a la sociedad es el que se daría en lo político y en lo social y yo preciso posiciones que ha manifestado nuestro partido en esta tribuna y ante la opinión pública.

Como partido creemos que para participar en los asuntos de interés diario y común de esta ciudad, no se requiere pertenecer a ningún partido político.

Creemos que tiene la sociedad civil el derecho a conservar un espacio apartidista que hoy por cierto reclama y que desea ampliar con facultades decisorias y efectivas.

Pensamos que hay espacios que deben ser reservados a los partidos políticos y otros a la sociedad civil bajo formas apartidistas.

Opinamos que no se justifica la desconfianza a los ciudadanos para cumplir con su función como consejeros, porque simplemente no representa a un partido político y vaya que he escuchado opiniones que me preocupan de parte de mis compañeros de Acción Nacional en relación a esta desconfianza. Si se me precisa, yo en esta tribuna o ante los medios lo aclararía.

Finalmente que no se vale impulsar clientelarmente a la sociedad civil a participar en las decisiones de la ciudad y a la hora de la verdad evitarlo por la vía de los hechos.

Con respeto y confianza a la respuesta de las fuerzas políticas aquí representadas, hoy con toda humildad, con cortesía, pero con energía, los convoco a que eliminemos la cultura del fraude anticipado, que justifica previamente la derrota con intentonas de deslegitimación de cualquier elección. Recordemos, ello sólo ha generado el desgaste del sistema de representación que no ayuda a nadie y que perjudica a la nación.

Por su atención, muchas gracias.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para presentar una propuesta.

El Presidente:

Para presentar una propuesta, tiene el uso de la palabra el diputado José Peniche y Bolio.

El diputado Francisco José Peniche y Bolio:

Gracias, señor Presidente:

Ante la nutrida concurrencia que tenemos en el salón, voy a continuar la exposición muy acertada que hizo mi compañera Carmen Segura respecto de los vicios de procedimiento cometidos en las elecciones que se van a llevarse a cabo para consejeros ciudadanos. Pero antes de dar lectura a la protesta es mi obligación, es un deber jurídico que tengo como abogado y como militante activo de Acción Nacional, rescatar la actitud del Procurador General de la República quien no ha hecho declaraciones de motu proprio en el sentido de que considere inconstitucional la Ley de Participación Ciudadana, sino que estas declaraciones las hizo por escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en virtud de que la Ley Orgánica del artículo 105 constitucional establece como partes en el procedimiento no solamente a los actores y a las autoridades demandadas, sino también al Procurador General de la República y de éstos, los señores del Partido de la Revolución Democrática, algunos no lo ignoran porque son muy buenos abogados, pero por lo que veo algunos de ellos sí lo ignoran.

Entonces la petición que hizo el Procurador General de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue ni más ni menos que en cumplimiento de una obligación procesal que le impone la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional al igual que como, en materia de amparo, son parte también los ministerios públicos y no me dejará mentir el diputado Leonel Godoy que desde esta tribuna estoy viendo que afirma con la cabeza lo que estoy diciendo.

La propuesta que presentamos a la consideración de esta Asamblea, dice lo siguiente:

«Los diputados abajo firmantes, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que en virtud de las agresiones que han sufrido candidatos a consejeros ciudadanos, así como simpatizantes y colaboradores de los mismos, se envíe una petición al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a fin de que gire instrucciones para que se agilice el procedimiento de investigación de las denuncias presentadas en las diversas agencias del Ministerio Público a fin de que se castigue a los responsables.

Segundo. Que se solicite al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal provea de las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y la seguridad de los participantes en las etapas que faltan para concluir con tranquilidad.

Firmamos la presente petición los diputados: Cecilia Romero, Miguel Hernández Labastida, Martha Patricia Mendoza, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Patricia Garduño, María Teresa Gómez Mont, un servidor, Javier Viniegra Zubiria y María del Carmen Segura.»

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Justicia y a la Comisión del Distrito Federal.

EDUCACION SUPERIOR

El Presidente:

A fin de fijar posición del grupo parlamentario del PRD, sobre acontecimientos en la Universidad Nacional Autónoma de México, le damos el uso de la palabra a la diputada Rosario Robles Berlanga.

La diputada Maria del Rosario Robles Berlanga:

Gracias, compañeras y compañeros diputados:

Deseo aclarar que no voy a hablar a nombre del Partido de la Revolución Democrática, sino de un grupo plural de diputados partidarios de la eliminación de toda práctica discriminatoria y excluyente, que deseamos exponer ante esta tribuna la siguiente denuncia que presentaremos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que solicitamos que la comisión correspondiente de esta Cámara la considere de manera inmediata.

Denuncia por discriminación en contra de los aspirantes a ingresar a la UNAM, que provienen de la educación pública que constituye violación de garantías individuales.

Para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México se requiere, de acuerdo a su legislación, presentar un examen de admisión. Este año de 1995 y aparentemente desde 1992, se le otorgó sólo a un grupo de aspirantes, la oportunidad de presentar dicho examen en dos ocasiones. Solamente los estudiantes provenientes de las escuelas privadas incorporadas a la UNAM, estuvieron en condiciones de presentar en dos oportunidades el examen de selección: la primera, el 25 de febrero y la segunda, el 27 de mayo.

Esto contrasta con el hecho de que los aspirantes egresados de las escuelas públicas, sólo pudieron presentarse en la segunda fecha. Queremos señalar que se encuentran en nuestro poder testimonios y documentos que prueban los hechos denunciados, los mismos serán entregados con la denuncia correspondiente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Planteamos a la consideración de este Poder Legislativo, que el hecho descrito es nugatorio del principio de igualdad jurídica consagrado en el artículo 1o. de la Carta Magna y que a la letra dice:

" Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse si no en los casos y con las condiciones que ella misma establece."

Esta idea igualitaria está asociada con las instituciones republicanas y democráticas y el principio de igualdad salvaguarda los derechos de todos los habitantes del país sin distinción de religión, sexo, raza o posición social o económica.

La igualdad es condición indispensable para la democracia. Cuando se habla de igualdad se implica obviamente la aplicación de la misma regla a situaciones esencialmente similares.

En el caso de los aspirantes de escuelas públicas, no se ha demostrado que su situación sea esencialmente distinta a los estudiantes que gozan de doble oportunidad. Si existe alguna diferencia entre los aspirantes de la escuela pública y las privadas incorporadas a la UNAM, ésta es en todo caso de desventaja social para los egresados de las públicas, lo que podría justificar alguna acción compensatoria a su favor, pero de ninguna manera explicaría lo contrario.

Es un principio toral del derecho mexicano, que el que por desventaja resulta desigual al resto, recibe compensaciones que al menos en algo restablezcan el principio igualitario inherente tanto a la más elemental democracia como a la Constitución Mexicana. Obviamente éste no es el caso de los egresados de las escuelas privadas incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México.

La UNAM como organismo público descentralizado del Estado mexicano, debe sujetarse a los principios de la Carta Magna y de sus propios reglamentos. El reglamento general de inscripciones de la propia UNAM en su artículo 2o. inciso c, a la letra dice: "para ingresar a la Universidad es indispensable: c) ser aceptado mediante concurso de selección que comprenderá una prueba escrita, no dos".

En ausencia de una demostrada desventaja de los postulantes provenientes de la educación privada, la diferenciación que las autoridades universitarias realizan es discriminatoria, en perjuicio de quienes proviniendo de la escuela pública buscan ingresar a la UNAM.

Es contraria al espíritu la letra de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y transgrede la propia reglamentación universitaria.

Solicitamos a este pleno que esta denuncia sea canalizada a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, para su atención inmediata y firman, por el Partido Revolucionario Institucional, los diputados: María Elena Yrizar Arias, Alejandro Rojas Díaz-Durán, Aurelio Salinas, Florencio Catalán, Gaspar Avila, José Salcedo Solís, Jaime Martínez Veloz, José Luis Flores Méndez, José Luis Leyson Castro, Lauro Rendón, Manuel Russek, Mario Rosales Anaya, Miguel Angel García, Virgilia Noguera y Mario Rosales Anaya, que aquí está con doble firma, es decir, doble apoyo a los excluidos de la UNAM. Por el Partido del Trabajo: Ezequiel Flores Rodríguez, Oscar González Yáñez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; en representación de los diputados: Marta Alvarado, Adolfo Aguilar Zinser, Tonatiuh Bravo Padilla; por el Partido de la Revolución Democrática: Carlos Núñez, Eliseo Moyao, Jesús Ortega Martínez, Juan Guerra, Leonel Godoy, Martín Longoria, Miguel Moreno Brizuela, Raúl Livas, Saúl Escobar, Víctor Quintana, Salvador Martínez Della Rocca, Gloria Sánchez Hernández, Octavio Romero Oropeza y una servidora, Rosario Robles.

Gracias.

El Presidente:

Túrnese esta petición de un grupo plural de diputados, a la Comisión de Derechos Humanos.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

El secretario Francisco Martínez Rivera:

Señor Presidente; se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones- Ordinarias. Segundo Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

Jueves 26 de octubre de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXII aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero González, tendrá lugar el 30 de octubre a las 10:30 horas.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo y Veracruz.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Cruz de Maarjamaa, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Vicente Luis Coca Alvarez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Sikatuna, que le confiere el gobierno de la República de Filipinas.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Marcela Lombardo Otero, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Amistad, que le confiere el gobierno de la República Socialista de Vietnam.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Perla Gutiérrez de Cavagna, para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Italia en Acapulco, Guerrero.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Gallatin Stebelski Orlowski, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Polonia, en Tulancingo, con circunscripción consular en los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Ignacio López Martínez y Pascual Vargas Lucio, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Comentarios

Sobre el proceso electoral en el Estado de Michoacán; a cargo del diputado Desiderio Camacho Garibo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la construcción de la autopista Veracruz-Puebla, a cargo del diputado Eliseo Moyao Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 21:27 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 26 de octubre a las 10:00 horas.