SUMARIO
Oficio de la colegisladora con el que comunica la elección de la mesa directiva que funcionará durante el mes de noviembre. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal con la que informa la creación de nuevos municipios en esa entidad. De enterado.
Comunicación del diputadoItzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, donde denuncia las agresiones a las que fue sujeto.
El Presidente, conforme al artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena recabar la información a fin de proceder en consecuencia.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera, presenta iniciativa de reformas y adiciones a dichos ordenamientos. Se turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
La diputada María Leticia Calzada Gómez, presenta iniciativa de reformas al artículo 4o. de la Carta Magna. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que comunica que los ciudadanos Margot Caballero Brouseet, Fernando Calvillo Escobedo y Francisco Cortés García, han dejado de prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a la de Puntos Constitucionales del Senado de la República, para su conocimiento.
Oficio del Senado la República, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Sergio Dávalos Tejadilla, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio del Senado de la República, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Roberto Miranda Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio del Senado de la República, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ambrosio Ariza López, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio del Senado de la República, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Luis Sánchez León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficios del Senado de la República, con los que remite minutas con proyecto de decreto que conceden permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Gabriela Ruiz Bonilla, Rosa Delia Alvarado Gutiérrez y María Elena Rosales Cabrera, puedan prestar sus servicios en esa Embajada en nuestro país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen de las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a dicha ley. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional, del 16 al 20 de noviembre, a fin de asistir a la III Cumbre del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo en Osaka, Japón. Es de segunda lectura.
A discusión, hacen uso de la palabra los diputados:
Mara Nadiezhda Robles Villaseñor
Carlos Alfonso Reta Martínez
Aprobado el proyecto de decreto. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Pasa a la tribuna el diputado Ricardo Francisco García Cervantes, quien presenta punto de acuerdo en relación al rumor de golpe de Estado del pasado 3 de noviembre.
Expresan sus opiniones al respecto los diputados:
José Rafael Castelazo y de los Angeles, quien propone reforma al punto de acuerdo.
Ifigenia Martha Martínez Hernández
Manuel Arciniega Portillo
Eduardo Guzmán Ortiz
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, para rectificar hechos.
Luis Sánchez Aguilar
Ricardo Francisco García Cervantes, para rectificar hechos.
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, para contestar alusiones personales.
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Para rectificar hechos los diputados:
Luis Garfias Magaña
Fernando Jesús Flores Gómez González
Gaspar Eugenio Ortiz Walls
Aprobado el punto de acuerdo, con la modificación propuesta.
El diputado José Jesús Ortega Martínez, presenta punto de acuerdo respecto a la responsabilidad penal en la que incurrieron quienes propalaron dicho rumor.
Expresan sus opiniones los diputados:
José Narro Céspedes
Francisco Curi Pérez Fernández
José Alejandro Zapata Perogordo
Salvador Mikel Rivera
Aprobado el punto de acuerdo.
El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, presenta declaración política firmada por representantes de todos los grupos parlamentarios, en relación con el asesinato del primer ministro de ese país, Yitzhak Rabín.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez, comenta respecto a la situación laboral de los trabajadores de limpia del municipio de Villahermosa, Tabasco y la huelga de hambre que sostiene.
Expresa sus opiniones al respecto el diputadoCarlos Mario de la Fuente Lazo.
Para comentar respecto al proceso electoral en dicha entidad, pasan a la tribuna los diputados:
Manuel Beristáin Gómez
Edgar Román Benítez Gálvez
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales los diputados:
Manuel Beristáin Gómez
Edgar Román Benítez Gálvez
Manuel Beristáin Gómez
Héctor González Reyes
José Luis Galeazzi Berra
Francisco Antonio Tenorio Adame, en su turno.
Matilde del Mar Hidalgo y García Barna, en su turno.
Francisco Antonio Tenorio Adame
María de los Angeles Marina Blanco Casco
Rosa María Cabrera Lotfe, quien hace un pronunciamiento.
Rafael Ayala López
María Cecilia Hernández Ríos
Rosa María Cabrera Lotfe, para contestar alusiones personales.
Se refieren a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a dicha ley, los diputados:
Francisco José Peniche y Bolio
Ezequiel Flores Rodríguez
Javier González Garza
Florentino Castro López
Patricia Garduño Morales, quien presenta un punto de acuerdo que se turna a la Comisión del Distrito Federal.
El diputado Mario Alejandro Rosales Anaya se refiere a los problemas políticos en que se encuentra el municipio de Techaluta de dicha entidad.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado
Fernando Salgado Delgado
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 280 diputados, por lo tanto hay quorum.
El Presidente:
Sí, señor diputado.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Conmigo 281.
El Presidente (a las 11:33 horas):
Se toma nota de su asistencia, señor diputado.
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Segundo Año. LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 7 de noviembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato, Quintana Roo y Tlaxcala.
Comunicación del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
Iniciativas de diputados
Para adicionar un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Calzada Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Para reformar y adicionar la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de María Rosa Márquez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por los que se comunica que los ciudadanos Margot Caballero Brouseet, Fernando Calvillo Escobedo y Francisco Cortés García, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso al general de brigada Diplomado de Estado Mayor Sergio Dávalos Tejadilla, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Militar de las fuerzas armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Proyecto de decreto que concede permiso al general brigadier de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Proyecto de decreto que concede permiso al vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Ambrosio Ariza López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Proyecto de decreto que concede permiso al teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor José Luis Sánchez León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Gabriela Ruiz Bonilla, para prestar servicios como asistente comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosa Delia Alvarado Gutiérrez, para prestar servicios como operadora, de procesador de palabras/recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Elena Rosales Cabrera, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Dictamen de primera lectura
De las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Armada nacionales.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional del 16 al 20 de noviembre de 1995, a fin de que asista a la III Reunión Cumbre del Mecanismo de Cooperación Económica, Asia-Pacífico (APEC) que tendrá lugar en Osaka, Japón.
Comentarios
Punto de acuerdo sobre el rumor de golpe de Estado del 4 de noviembre a cargo del diputado Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabín.
Sobre el Estado de Puebla, a cargo del diputado Manuel Beristáin Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre la situación económica del país, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la huelga de hambre, a cargo del diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la Ley de Participación Ciudadana, a cargo de la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el municipio de Techaluta, Jalisco, a cargo del diputado Mario Rosales Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Primo Rivera Torres:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado
Adolfo Ramón Flores
Rodríguez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta y nueve minutos del martes treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de doscientos ochenta y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se corrige a solicitud del diputado Gutiérrez Vidal y se aprueba en votación económica.
Se da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Baja California, con el que informa de asuntos relacionados con su legislatura, de enterado y otro, que transcribe punto de acuerdo que se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos.
Dos comunicaciones del Congreso del Estado de Puebla, con los que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Matías Salvador Fernández Gavaldón, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos veinticinco, veintiséis y veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Ecología y Medio Ambiente y de Bosques y Selvas.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante su intervención se produce desorden en la sala por la irrupción de personas ajenas acompañadas de la diputada María del Rosario Ybarra de la Garza. Desde su curul el diputado Ortiz Walls presenta moción de orden que hace suya la Presidencia.
La iniciativa del diputado Sánchez Ochoa, se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Una minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Presidencia del diputado
Pablo Moreno Cota
La Secretaría da primera lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional del dieciséis al veinte de noviembre, para asistir a la Tercera Reunión Cumbre del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, que tendrá lugar en Osaka, Japón.
Se concede el uso de la palabra a la diputada María de la Luz Lima Malvido, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un informe de la Comisión de Participación Ciudadana. De enterado.
Para rectificar hechos, sobre el informe, hacen uso de la palabra los diputados Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo que se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional.
Se realiza la elección de mesa directiva para el mes de noviembre y realizado el escrutinio y cómputo correspondientes, resulta triunfadora, por trescientos diecisiete votos, la planilla integrada por los diputados: Fernando Salgado Delgado, como presidente; Regina Reyes Retana Márquez, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Eric Eber Villanueva Mukul y José Narro Céspedes, como vicepresidentes; Primo Rivera Torres, Audomaro Alba Padilla, Aurelio Marín Huazo y Octavio Romero Oropeza, como secretarios; María Virginia Betanzos Moreno, Jorge Humberto Gómez García, Alejandro Torres Aguilar y César Humberto González Magallón, como prosecretarios.
Por instrucciones de la Presidencia se da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, al que adjunta Iniciativa de Ley del Impuesto General de Importaciones. Se turna a la Comisión de Comercio.
Otro oficio de la misma Secretaría con iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Armada de México. Se turna a la Comisión de Marina.
Para presentar un punto de acuerdo, firmado por diputados de todos los grupos parlamentarios, respecto a las elecciones en el Estado de Oaxaca, hace uso de la palabra el diputado Flavio Sosa Villavicencio, del Partido de la Revolución Democrática. Se recibe.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a los problemas laborales del servicio de limpia del municipio de Villahermosa, Tabasco y decide en compañía de dos trabajadores tabasqueños, iniciar una huelga de hambre.
Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado Carlos Mario de la Fuente Lazo, del Partido Revolucionario Institucional.
Comenta la detención de un ciudadano argentino en territorio nacional, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.
Sube a la tribuna el diputado Carlos Alfonso Reta Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace un pronunciamiento sobre la reanudación de ensayos nucleares de la República de Francia, firmado por diputados representantes de todos los grupos parlamentarios de la legislatura.
Para dar lectura a sendos papeles respecto a la tradición del Día de Muertos, hacen uso de la palabra los diputados Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova y Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, ambos del Partido de la Revolución Democrática.
Se otorga el uso de la palabra a la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una declaración política firmada por diputados de todos los grupos parlamentarios de la legislatura, en torno a la solidaridad de México con el pueblo de la República Arabe Saharahuí Democrática.
El Presidente agradece a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a los diputados en general y a los colaboradores administrativos de la Cámara de Diputados, el apoyo que recibió durante su gestión.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con treinta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes siete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
CAMARA DE SENADORES
El secretario Audomaro Alba Padilla:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora tenemos el honor de comunicar a ustedes que en sesión pública celebrada en esta fecha, se eligió la mesa directiva que funcionará durante el tercer mes del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura.
Presidente: Ernesto Navarro González; vicepresidentes: Orlando Arvizu Lara, Emilio Goicoechea Luna; secretarios: Graciela Larios Rivas, Raúl Juárez Valencia, Guillermo del Río Ortegón, Luis González Pintor; prosecretarios: Jesús Orozco Alfaro, Carlos Grajales Salas, Judith Murguía Corral, Enrique Hernández Quinto.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 31 de octubre de 1995. Senadores: Manuel Medellín Milán y Ricardo González Cruz, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE GUANAJUATO
La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- México, D.F.
El honorable LVI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, comunica que en sesión celebrada el día de hoy procedió a elegir presidente y vicepresidente de la mesa directiva a fungir durante el segundo mes de su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, la cual quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: Juan de Dios Vargas Origel; vicepresidente: J. Cruz González Granados.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 18 de octubre de 1995.- Humberto Barrera Paniagua y Fernando Hernández Gutiérrez, diputados secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE QUINTANA ROO
El secretario Alejandro Torres Aguilar:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La VII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por este medio se permite comunicar que en sesión celebrada el día 5 de octubre de 1995, clausuró su segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente a su tercer año de ejercicio constitucional.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 9 de octubre de 1995.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, profesor Angel de J. Marín Carrillo.»
De enterado.
ESTADO DE TLAXCALA
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
«Escudo del Estado.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Por instrucciones del Presidente de la mesa directiva, me permito comunicar que la LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aprobó en diversas sesiones ordinarias la creación de nuevos municipios integrantes del territorio de Tlaxcala.
Por lo que de los 52 existentes se incrementan a 60; los que a continuación se listan:
NUMERO
MUNICIPIO NUEVO
FECHA DE APROBACION DE DECRETO 215
SAN DAMIÁN TEXOLOC
26 DE SEPTIEMBRE DE 1995 216
EMILIANO ZAPATA
26 DE SEPTIEMBRE DE 1995 217
LÁZARO CÁRDENAS
26 DE SEPTIEMBRE DE 1995 218
SAN JERÓNIMO ZACUALAPAN 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995 219
SAN LUCAS TECOPILCO
30 DE SEPTIEMBRE DE 1995 220
SANTA ANA NOPALUCAN
30 DE SEPTIEMBRE DE 1995 221
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1995 229
BENITO JUÁREZ
7 DE SEPTIEMBRE DE 1995
Lo anterior para su conocimiento y efectos a que den lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de Xicoténcatl, a 23 de octubre de 1995.- El oficial mayor del honorable Congreso, licenciado José Cruz Omar Zacatelco Sánchez.»
De enterado.
AGRESION A DIPUTADO
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Diputado Fernando Salgado Delgado.- Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- LVI Legislatura del Congreso de la Unión.- Presente.
Por medio de la presente deseo hacer de su conocimiento los siguientes hechos ocurridos en agravio de mi persona y que por su gravedad considero hacen necesaria la intervención de usted como Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
El día 5 de noviembre, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas, regresaba a mi domicilio particular después de haber sostenido diversas reuniones de trabajo relacionadas con mi desempeño como legislador y a las que me había dedicado desde las 8:30 horas de la mañana, ya encontrándome adentro de mi casa, fui amagado con armas de fuego cortas y largas por un grupo de sujetos que dijeron ser miembros de la Policía Judicial Federal.
Al solicitarles la orden de cateo o la orden judicial bajo la cual actuaban, pusieron sus armas en mi cabeza, me golpearon, me tiraron al suelo boca abajo y me obligaron a mantener las manos sobre la nuca. En esa posición permanecí por cerca de dos horas. En tanto esto ocurría, mi asistente el joven Guillermo Flores, quien conducía mi auto y se encontraba afuera de mi residencia, fue igualmente amagado y conducido al interior con los objetos personales que llevaba en el vehículo.
El grupo de quienes se identificaron como judiciales federales estaba compuesto de al menos cuatro sujetos en el interior de mi domicilio y probablemente otros más esperaban afuera; los cuatro portaban pistolas, por lo menos dos de ellos tenían también rifles de los llamados R15, sus edades fluctuaban entre los 45 y 50 años, estaban uniformados con camisas color caqui y a uno de ellos se dirigían como "comandante" y recibían órdenes directas de él.
Una vez que nos obligaron a acostarnos en el suelo, preguntaron quién era el que trabajaba para "diputado federal" situación que me pareció extraña, pues hasta ese momento no había nada que me identificara frente a ellos; al responder que yo, concentraron su atención, insultos y sistemáticos amagos sobre mi persona, señalándome en repetidas ocasiones que me matarían. De manera insistente, dijeron también, que ellos no acudían por dinero.
Por espacio de dos horas se dedicaron a revisar minuciosamente mi casa. En mi portafolio personal encontraron la credencial en la que se me identifica como diputado federal, entonces llamaron de nuevo al "comandante" y él preguntó de nueva cuenta quién era el diputado federal, al identificarme este sujeto me volvió a insultar y a amenazar de muerte sin motivo expreso.
Después de ese tiempo, me encerraron en uno de los baños y se retiraron no sin antes patearnos y amenazarnos una vez más de muerte si decíamos o denunciábamos el hecho.
Dado que uno de los sujetos sustrajo sólo cuatro objetos cuyo valor es menor en relación a otros de mi propiedad que se encontraban en ese domicilio, incluido un automóvil, cheques y otros igualmente accesibles, estoy convencido de que el allanamiento a mi domicilio, los golpes y las amenazas de muerte responden a un móvil, que desconozco, pero distinto al robo.
Por tal motivo y en virtud de que mi condición de diputado federal era previamente conocida por quienes perpetraron la agresión, solicito a usted, en su carácter de Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y en los términos del artículo 61 segundo párrafo, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, promueva las investigaciones a que haya lugar con las autoridades correspondientes, para que de manera pronta y expedita se esclarezcan los hechos mencionados. Adjunto copia simple del acta número 34395/955 levantada el mismo día de los hechos ante el agente del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, D.F., 6 de noviembre de 1995.- Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.»
Con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena recabar los informes necesarios a las autoridades señaladas en la denuncia como presuntas responsables y, en su oportunidad, proceder en consecuencia.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Leticia Calzada Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No se encuentra en el salón.
LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa para reformar y adicionar la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
«Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El sistema de seguridad social mexicano es expresión de las mejores causas del pueblo y de la clase trabajadora, fruto de las reformas sociales de la Revolución de 1910. El Congreso Constituyente de 1917 recogió los principios fundamentales de lo que, casi ocho décadas después, se ha convertido en un conjunto de instituciones públicas creadas en torno a una idea básica: proporcionar servicios de salud y bienestar social a un número creciente de mexicanos.
La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo a través de la prestación de servicios médicos y de guarderias para los hijos de las madres aseguradas, la prevención y atención de riesgos de trabajo, de prestaciones sociales, de otorgamiento de subsidios y de pensiones. De ahí que la seguridad social sea considerada como un derecho social y como un instrumento de justicia y equidad, constituida bajo los principios de solidaridad y de redistribución de la riqueza e ingreso nacionales.
Ya el Constituyente de Querétaro al considerar, en la fracción XXIX del artículo 123 de nuestra Carta Magna, de utilidad social, el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, obligaba a los gobiernos Federal y estatales a fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular. Con ello marcaba el inicio de un proceso que, hasta las reformas a las leyes reglamentarias promovidas por el titular del Poder Ejecutivo Federal en 1992, sería ascendente.
En la fracción XII del mismo artículo, el Constituyente determinó que en toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo, los patronos estarían obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrían cobrar rentas que no excedieran del .5% mensual de valor catastral de las fincas.
Sucesivas reformas constitucionales perfeccionaron la norma con una óptica que comprometía al Estado y a la acción pública en la provisión de los satisfactores necesarios para alcanzar el bienestar de los asegurados, sus familiares y otros sectores de la población desprotegida. De esa manera, en 1929 la citada fracción XXIX constitucional es reformada para considerar de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social; cuatro décadas más tarde, con la reforma de 1974, se comprende, adicionando a los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, los servicios de guardería y se extienden sus fines de protección y bienestar a campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familias.
En materia de vivienda, la modificación a las fracciones XII del apartado A y XI, inciso f, del apartado B del artículo 123 constitucional operadas en 1972 dieron pauta a la creación de fondos nacionales de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de los trabajadores como una obligación de los patrones, establecer un sistema de financiamiento que permitiera otorgar a aquéllos crédito barato y suficiente para la adquisición, en propiedad, de dichas habitaciones. Por ello se consideró de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo tripartita encargado de administrar el fondo nacional de la vivienda. Para el caso de los trabajadores al servicio del Estado, se facultó al organismo encargado de la seguridad social, mediante reforma a su ley respectiva, la administración del fondo de la vivienda y el otorgamiento de los créditos correspondientes.
Entonces, diversas voces se alzaron, no sin razón, para sostener que, con la creación de los organismos de vivienda, el Estado transfería un subsidio a los patrones y compartía una responsabilidad que el Constituyente había depositado sólo en ellos.
De esa manera, punto culminante de la acción constitucional de 1917 fue la creación de las leyes del Seguro Social en 1943, del ISSSTE en 1959 y del Infonavit en 1973, cuyas instituciones conforman el pilar de la seguridad social en México. Sus principios y rasgos característicos: obligatoriedad, tendencia a la universalidad, integralidad, solidaridad y subsidiariedad son el producto de un ejercicio legislativo que se propuso recoger lo mejor de la experiencia nacional e internacional en el ámbito de los seguros y la seguridad social. El Seguro Social, tal como lo define su ley, es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional.
De acuerdo a la doctrina y filosofía de la seguridad social mexicana, expuesta por diversos tratadistas, la tarea de sus instituciones, su razón misma de ser, es la de mejorar la calidad de la población amparada, lograr amplias y generosas expresiones de solidaridad humana, ser un poderoso instrumento redistribuidor de la riqueza y el bienestar y preservar los valores esenciales de los mexicanos. Las instituciones públicas de seguridad social son un referente obligado de las manifestaciones más notables de la vertiente social del Estado mexicano que, a pesar de sus desviaciones e insuficiencias, contribuyó a atemperar las desigualdades y elevar el nivel de vida de amplias capas de la población.
Por ello, para lograr que cumplan con sus objetivos, es fundamental ampliar la cobertura, elevar la calidad y calidez de los servicios, mejorar las prestaciones y consolidar su autonomía financiera.
Cualquier iniciativa que se aparte de estas premisas y someta a la seguridad social a determinaciones que la hagan alejarse de sus fines, en aras de otorgarle preeminencia al mercado y los particulares, irá en detrimento de su población beneficiaria, de la calidad de vida de los mexicanos y será motivo de perturbación social.
Hoy, las instituciones de seguridad social enfrentan dificultades enormes que ponen en tela de juicio su existencia misma; la mayoría de ellas, producto de una acción combinada de problemas surgidos a lo largo de su desarrollo y de políticas equivocadas que han profundizado sus debilidades.
En particular, desde la década pasada hubo evidencias de las dificultades financieras que sufrían diversos ramos de aseguramiento. Lo cierto, es que el camino elegido para hacer frente a la crisis estructural de la economía mexicana, que con una gran fuerza se manifestó en 1982, provocó un mayor debilitamiento de las instituciones públicas de seguridad social sostenidas, hasta entonces, con niveles crecientes de empleo, de aumentos reales al salario y una inversión histórica en gasto social no alcanzada hasta nuestros días.
No se entendió, como parece no entenderse ahora, que ningún sistema público de seguridad social es capaz de soportar crisis económicas recurrentes y de la magnitud de las que ha sufrido México, sin que se apliquen medidas compensatorias por parte del Estado y se corrija el rumbo de la política económica.
Así, la crisis de los ochenta, se tradujo en una crisis financiera del IMSS, lo que provocó serias distorsiones en la forma en que venía financiándose cada uno de los ramos de aseguramiento. Motivo por el que se tomó la decisión en 1990, de separar las contabilidades de los ramos de enfermedades y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM) e incrementar el monto de las cuotas obrero-patronales. En el caso de este último seguro, los incrementos aprobados en 1991 y 1993 serían progresivos y llevarían a un porcentaje del 8.5% del salario base del trabajador, que se aporta en forma tripartita, hacia 1996.
Sin embargo, la caída salarial persistente, la ausencia de una política industrial que fomentara la creación de empleos productivos y permanentes, el aliento a la inversión especulativa y el paulatino decrecimiento de la participación estatal en el cumplimiento de responsabilidades en el renglón del gasto social, hicieron que las disposiciones legislativas fueran insuficientes para resolver los estragos causados a la seguridad social en la década anterior, así como para encarar el futuro crecimiento de la poblacion derechohabiente.
El régimen colectivo y de reparto, piedra angular de la solidaridad intergeneracional que sostiene nuestro sistema de seguridad social y en el que se sustentan los fondos de pensiones, sensible a los fenómenos descritos y a un entorno económico cambiante, fue cuestionado de raíz. Antes de que la nueva crisis económica que hoy sacude a la nación se manifestara, provocando que el desempleo y la caída salarial se profundicen y amenacen con colapsar a las instituciones públicas, se introdujo en la ley un seguro complementario basado en la capitalización individual de los recursos y en la sustitución del principio de solidaridad por el de equivalencia. De esa manera, se suplió parcialmente la administración pública de los fondos de pensiones con la participación de la banca privada e instituciones financieras.
La moda neoliberal lo bautizó como Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que, por las evidencias no ha fortalecido, como se esperaba, el ahorro, ni ha servido para el retiro. Para crearlo fue preciso reformar en 1992 las leyes del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit y del impuesto sobre la renta, entre otros ordenamientos.
Los autores de la iniciativa concibieron integramente el SAR, incorporando una subcuenta de vivienda al sistema y propusieron que recursos de ésta fueran entregados al trabajador al momento de su jubilación, aunque sus rendimientos financieros estuvieran reglamentados en forma distinta a los del retiro para efectos del goce de una pensión complementaria, al término de la vida laboral del trabajador.
Así, en un solo acto, se dio el primer paso orientado a consumar la privatización definitiva de los fondos de pensiones y de un derecho social básico: el acceso a la vivienda. En este último asunto, teniendo como pretexto, además, la ineficiencia administrativa del Infonavit, la corrupción de la que eran partícipes sindicatos, autoridades, empresas contratistas y organizaciones patronales; fenómeno que se había convertido en un nicho de jugosos negocios y en una instancia con un permanente rezago en calidad, cantidad y oportunidad en el cumplimiento de su objetivo central: promover la construcción de vivienda para los trabajadores.
A tres años del establecimiento del SAR, es posible hacer una evaluación a la luz de sus principales objetivos y de los fenómenos generados durante su desarrollo. El apremio es mayor por cuanto las instituciones públicas de seguridad social se ven amenazadas por la falta de recursos financieros para respaldar sus compromisos legales:
I. El ahorro interno decreció, al pasar del 21% del producto interno bruto en 1992, año de su creación, al 16% reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo 19952000 para 1994. De tal modo que, a pesar de los recursos acumulados en el SAR, no ha sido posible fortalecer por esa vía la masa de ahorro interno que requiere el país.
II. No han mejorado sustancialmente los ingresos de los trabajadores retirados. De 1992 a 1995 la cuantía mínima de los pensionados del IMSS pasó del 85% al 100% del salario mínimo, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales. En cambio los jubilados del ISSSTE vieron decaer sus ingresos al indexar la cuantía de la pensión al salario mínimo y no a los incrementos salariales recibidos por los trabajadores en activo como ocurría antes de 1992.
Adicionalmente, los recursos acumulados por las nuevas generaciones de jubilados y pensionados para su retiro en el SAR son muy raquíticos.
III. No se ha avanzado hacia la universalización del sistema de pensiones: de acuerdo al I Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo, existen actualmente cerca de 2.5 millones de ciudadanos mayores de 65 años sin gozar de los beneficios de una pensión de retiro.
IV. La cantidad de que puede disponer un trabajador en caso de despido, es apenas el equivalente al 10% del pequeñísimo ahorro generado en tres años. Para un trabajador cuyos ingresos mensuales fueran de 2.5 salarios mínimos, significa que podría retirar apenas 100 nuevos pesos y dejar pasar cinco años para acceder al mismo porcentaje otra vez.
V. A tres años de distancia, no se ha puesto en práctica el compromiso de permitir a los trabajadores la libre elección sobre la inversión de sus ahorros.
VI. El crédito a la vivienda se encuentra muy restringido porque los recursos de la subcuenta están en manos de los bancos, generando suspicacias y malestar entre los trabajadores. Existen amenazas abiertas de sindicatos enteros de abandonar el Infonavit, como sucede con el gremio telefonista y denuncias constantes de jineteo de los recursos.
Las circunstancias descritas, obligan a los legisladores a actuar con prontitud a fin de detener el deterioro de nuestra seguridad social y de sus ramos de aseguramiento, reforzar los mecanismos que se han dado históricamente y eliminar los elementos ajenos que la distorsionan.
Por esa razón, el espíritu que anima la iniciativa de ley que sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión, es el de llevar a cabo una rectificación legislativa oportuna y urgente para afrontar con éxito los problemas financieros de sus instituciones y volver los ojos a los principios fundantes de la seguridad social mexicana. Para quienes la suscriben, antes que profundizar la privatización de los fondos de pensiones y dejar al Sistema de Ahorro para el Retiro como el único pilar, se requiere fortalecer su carácter solidario y redistributivo.
Por lo tanto, proponemos una reforma legislativa que sea congruente con un modelo de desarrollo que no sacrifique salario, empleo y responsabilidad estatal en la provisión de los servicios y prestaciones que otorga la seguridad social, sino que se orienta a procurar el bienestar de los mexicanos. Una reforma coherente con el compromiso de hacer crecer al país sobre bases distintas, en donde el salario, el empleo y la distribución equitativa del ingreso sean el centro de una verdadera política social. Esa es la razón que nos anima a proponer una reforma legislativa con las siguientes características:
Terminar con el sistema mixto en la administración de los fondos de pensiones iniciado en 1992 con la creación del SAR y con el que se permitió la participación de las instituciones de crédito y otras entidades financieras en la recepción, traslado y aplicación de los recursos derivados de las aportaciones patronales.
Trasladar la aportación del 2% que las empresas hacen, por concepto de seguro de retiro, a favor de los trabajadores, a las reservas financieras del IMSS. Realizar lo anterior implica aumentar la cuota tripartita del IMSS al 10.6% del salario base de cotización del trabajador para sostener el seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte. El impacto que esta medida tendría ayudaría a resolver la amenaza de insuficiencia de fondos que, según estudios del propio IMSS, se presentaría a partir del año 2002, manteniendo el monto de la cuota invanable.
De acuerdo a los cálculos actuariales correspondientes, este traslado representaría para el Seguro Social llegar a una situación financiera adecuada para sortear las dificultades inmediatas y en el año 2020 contar con una reserva que alcanzaría para pagar 2.2 años de pensiones, incluyendo las de los trabajadores del IMSS, cuyo monto equivaldría a más de 25 mil millones de dólares. Para ello tendrán que cumplirse, necesariamente, las siguientes premisas:
Cinco por ciento de incremento de asegurados desde 1996.
Dos por ciento de crecimiento real de los salarios desde 1996.
Diez punto seis por ciento de cuota de IVCM desde 1996 (8.5% + 2% del SAR + aumento en la aportación del Estado).
Cien por ciento de salario mínimo como cuantía mínima.
Cien por ciento del sobrante a reservas financieras.
Cinco por ciento tasa real de inversión de las reservas.
Un país que no pudiera aspirar a conseguir el crecimiento de los índices salariales y de empleo señalados arriba, tendría que renunciar a crecer, a salir de su crisis y a la existencia misma de sus instituciones de seguridad social.
Trasladar la aportación del 2% que las dependencias y entidades públicas hacen a favor de los trabajadores a las reservas financieras del ISSSTE. Ello significa incrementar las aportaciones que éstas hacen, al 5.5% del sueldo básico de cotización del trabajador, para respaldar el pago de las jubilaciones y pensiones.
Rescatar el sistema de reparto, en el renglón de las pensiones y el principio de solidaridad como soporte único del sistema de seguridad social.
Reforzar las finanzas del IMSS y del ISSSTE al integrarles los recursos acumulados hasta hoy en la subcuenta de retiro del SAR, cuyo monto total, al mes de julio de 1995, ascendía a 17 mil 826 millones de nuevos pesos.
Facilitar al Infonavit y al Fovissste el uso de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda que, en julio pasado, llegaron a 23 mil 555 millones de nuevos pesos, lo cual representa la posibilidad de cubrir el costo íntegro de 164 mil 670 viviendas con recursos del Infonavit y 31 mil viviendas con las aportaciones destinadas al Fovissste, incluyendo gastos de escrituración. O bien un total de 235 mil 500 viviendas de interés social, suficiente para satisfacer las necesidades de habitación de una ciudad media como la de Toluca y su área metropolitana.
Resolver el problema financiero que amenaza con colapsar a las instituciones públicas.
De esta manera, los recursos captados por las instituciones de seguridad social, en estricto apego a su normatividad, se capitalizarían en su beneficio y no como se pretende ahora, para favorecer las cuantiosas ganancias que las administradoras de los fondos de pensiones obtendrían, en caso de que se privatizaran los fondos públicos y colectivos.
No podríamos presentar esta iniciativa sin considerar la delicada situación del seguro de enfermedades y maternidad del IMSS que, de acuerdo al diagnóstico hecho público por los funcionarios de la institución, enfrenta un problema de desfinanciamiento histórico que compromete la calidad del servicio en el corto plazo. En la actualidad este ramo de aseguramiento gasta más de lo que recibe por concepto de cuotas, aspecto que adquiere una mayor complejidad en la medida en que se requiere incrementar su cobertura y mejorar el servicio. Ello ha conducido a que se utilicen recursos provenientes de los ramos del seguro de IVCM y guarderías para hacer frente a los costos de la atención médica.
Por ese motivo consideramos oportuno el aumento de las cuotas en el seguro de enfermedades y maternidad. No creemos, por supuesto, que el incremento deba provenir de los obreros ni de los patrones; la difícil situación económica les plantea, de por sí, problemas a los que no conviene sumar otra carga. Esta responsabilidad la debe asumir el Estado que, por lo demás, ha ido disminuyendo su participación en el sostenimiento del seguro.
La propuesta consiste entonces en recuperar paulatinamente la aportación histórica del Estado en el ramo de enfermedades y maternidad. Para ello se propone elevar la cuota del Estado al 4.625% sobre el salario base de cotización del trabajador. Con el fin de evitar una presión en las finanzas del Estado, que hagan inviable esta reforma, planteamos hacerla vigente en su totalidad hasta el 1o. de enero de 1997 y que del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1996 la cuota del Estado sea del 2.625% sobre el salario base de cotización del trabajador.
Aceptar en sus términos esta propuesta representaría que para 1996 la cuota del seguro de enfermedades y maternidad, de conformidad con los propios datos del citado diagnóstico, superaría su punto de equilibro financiero, al totalizar el 14.5% del salario base de cotización del trabajador. Adicionalmente detendría la fuga de recursos del seguro de IVCM hacia el de enfermedades y maternidad y tendería a fortalecerlo.
Conviene apuntar que con la reforma al artículo 115 del la Ley del Seguro Social aquí propuesta, se modificaría la forma de cálculo de las aportaciones del Estado al seguro de enfermedades y maternidad, haciéndolo más transparente y comprensible.
Por otra parte, es de elemental justicia recoger la demanda de las viudas de los pensionados que, en reiterados momentos y por distintos medios, han solicitado al honorable Congreso de la Unión elevar al 100% la pensión que reciben del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si bien lo anterior impactará en pequeña escala las finanzas de la institución, ello representará un gesto de sensibilidad y responsabilidad de todos los legisladores, que no tendrá un efecto negativo en el equilibrio de aquéllas.
Los anteriores puntos se complementan con otras modificaciones tendientes a hacer justicia a jubilados y pensionados y a derechohabientes que carecen de vivienda propia, avanzando hacia un manejo más transparente de los recursos destinados al renglón habitacional.
Así, creemos necesario que las cuantías mínimas de las pensiones otorgadas por el ISSSTE aumentan al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo.
En el rubro de la vivienda incluimos un paquete de medidas que, entre otras cosas:
Obligan a los institutos de vivienda a entregar, por conducto de los patrones, dependencias y entidades, semestralmente a los trabajadores el comprobante de las aportaciones a su favor.
Adicionan a los criterios de asignación de créditos y financiamiento para vivienda la obligación de elaborarlos en función de los lineamientos establecidos en la materia por los programas nacionales de desarrollo urbano y vivienda, así como las necesidades identificadas en los respectivos programas estatales y municipales de desarrollo y en los planes de desarrollo urbano.
Se orientan a fomentar una mayor participación social en los programas de vivienda y asegurar formas altemativas de financiamiento, al asignar una fracción de las subastas a la promoción de la vivienda bajo modalidades autogestionarias impulsadas por organizaciones sociales de trabajadores que acrediten contar con el necesario apoyo técnico.
Al mismo tiempo que restituyen a los institutos de vivienda la facultad de adquirir reservas territoriales, les permite apropiarse y enajenar predios con objeto de destinarlos al uso de habitaciones de interés social o bien conservarlos como reserva territorial para el mismo fin y se establece la obligación de que aquéllos se coordinen con los respectivos institutos estatales de vivienda en la definición de los predios considerados como reserva territorial.
Eliminan de las leyes del Infonavit y del ISSSTE, las disposiciones en vigor mediante las cuales el consejo de administración y junta directiva, respectivamente, pueden autorizar excepciones en la obtención de financiamiento para la construcción de conjuntos habitacionales para los miembros de dichos órganos, los trabajadores de los institutos, sus cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado, así como a aquéllas en las que participen como accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios.
Para asegurar el destino de los recursos, una vez aprobada la presente reforma, se dispone en los transitorios que los fondos constituidos a la fecha a favor de los trabajadores en las subcuentas de retiro del Sistema de Ahorro para el Retiro, se acrediten al trabajador y se integren a las reservas financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda, para respaldar el pago de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, jubilación y retiro por edad y tiempo de servicios, de acuerdo a lo establecido en las leyes respectivas.
Asimismo que al momento de su retiro, el trabajador reciba el monto de los recursos ahorrados en el Sistema de Ahorro para el Retiro hasta la fecha de entrada en vigor de las presentes reformas, conservando su valor real.
También, que los fondos constituidos a favor de los trabajadores en la subcuenta de vivienda del Sistema de Ahorro para el Retiro, se acrediten al total de sus aportaciones y se integren a las reservas financieras del Infonavit o del Fovissste, según corresponda. En los dos supuestos anteriores los recursos serán transferidos a las instituciones en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, con la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Finalmente, el decreto prevé que al desaparecer la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, los trabajadores a su servicio sean reubicados en otras dependencia de la administración pública federal y les sean respetados íntegramente sus derechos laborales.
Aceptar esta iniciativa requiere de todos los legisladores entender el momento crucial por el que atraviesan nuestras instituciones de seguridad social y asumir, de una vez por todas, que su fortalecimiento depende de una política social deliberada y de una política economica que propicie el crecimiento del empleo productivo y la recuperación del ingreso de millones de mexicanos que sólo viven del producto de su trabajo.
Sólo una reforma como la que proponemos, dirigida a fortalecer un regimen de reparto, garantiza el espíritu de universalidad que alienta a nuestras instituciones Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fraccion II del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Artículo primero. Se reforman los artículos 10, 45, 115 primer parrafo, 153, 177, 253 fracción I; se derogan la fracción V del artículo 10, el capítulo V-Bis, el artículo 231-bis, el segundo párrafo de la fracción XIV del artículo 240, el segundo párrafo de la fracción X-bis, el tercer párrafo del artículo 271 y el artículo 280-bis de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Artículo 10. Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo pueden embargarse por autoridad judicial las prestaciones y subsidios, hasta el 50% de su monto.
Artículo 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte y
IV. Guarderías para hijos de asegurados.
Artículo 45. El pago de las cuotas obrero-patronales será por bimestres vencidos, a más tardar el día 15 de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año.
Los patrones y demás sujetos obligados efectuarán enteros provisionales a cuenta de las cuotas bimestrales a más tardar el día 15 de cada uno de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año. El entero provisional de que se trate será el equivalente al 50% del monto de las cuotas obrero-patronales correspondientes al bimestre inmediato anterior.
Artículo 115. La cuantía de la contribución del Estado para el seguro de enfermedades y maternidad será igual al 4.625% sobre el salario base de cotización del trabajador.
Artículo 153. La pensión de viudez será igual al 100% de la pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada, que el pensionado fallecido disfrutaba o de la que hubiere correspondido al asegurado en caso de invalidez.
Artículo 177. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para los seguros a que se refiere este capítulo, las cuotas del 7.950% y 2.125% sobre el salario base de cotización respectivamente.
Capítulo V-bis.
Del Seguro de Retiro (se deroga.)
Artículo 231-bis. (se deroga.)
Artículo 240. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. a XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundo párrafo (se deroga.)
XV. a XXII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 253. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Decidir sobre las inversiones de los fondos del instituto, con sujeción a lo previsto en esta ley y sus reglamentos.
II. X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundo párrafo (se deroga.)
Artículo 271. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tercer párrafo (se deroga.)
Artículo 280-bis. (se deroga.)
Artículo segundo. Se reforman los artículos 29 fracción II, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 fracciones III y V, 43, 43-bis, 45, 47, 51-bis fracción I, 59, 67; se adicionan los artículos 45-bis-4, 60, 61, 65 y 67; se derogan la fracción XI del artículo 16, el último párrafo de la fracción III del artículo 29, el segundo párrafo de la fracción II del artículo 30, el último párrafo de la fracción I y el tercer párrafo de la fracción II del artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:
Artículo 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. a X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI. (se deroga.)
XII. y XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en los términos de la Ley Federal del Trabajo, de la presente ley y sus reglamentos:
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundo y tercer párrafos (se derogan.)
Artículo 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundo párrafo (se deroga.)
III a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 35. El pago de las aportaciones señaladas en la fracción II del artículo 29 será mensual, a más tardar el día 17 del mes subsecuente al mes que comprendan. Tratándose de personas físicas será el día 17 o el día hábil siguiente, si aquél no lo fuere, del mes subsecuente al mes que comprendan. Estas aportaciones constituyen depósitos de dinero en favor de los trabajadores. El saldo pagará intereses en función del remanente de operación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
A tal efecto el consejo de administración procederá, al cierre de cada ejercicio, a estimar los elementos del activo y del pasivo del instituto de acuerdo con los criterios aplicables y ajustándose a sanas técnicas contables, hecho lo cual se pasará a determinar el remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se lleven a las reservas previstas en esta ley.
El consejo de administración del instituto efectuará, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, una estimación de su remanente de operación para el año inmediato siguiente a aquél al que corresponda. El 50% de la estimación citada se acreditará a las aportaciones del trabajador en 12 exhibiciones pagaderas el último de cada mes. Una vez determinado por el consejo de administración el remanente de operación del instituto, en los términos del párrafo anterior se procederá, en su caso, a efectuar el pago de intereses definitivo, lo que deberá hacerse a más tardar en el mes de marzo de cada año.
Una vez que el consejo de administración del instituto haya fijado tanto la estimación como determinado el remanente de operación a que se refiere el artículo, deberá publicarlos en periódicos de amplia circulación en el país a más tardar el 5o. día hábil siguiente al de la fijación de la estimación, así como al de la determinación del remanente citado.
El consejo deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos dirigida a lograr que las aportaciones de los trabajadores conserven permanentemente, por lo menos, su valor real.
La aplicación y entrega de los depósitos se hará conforme a lo dispuesto por el articulo 141 y demás disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo y de la presente ley.
Artículo 36. Los depósitos constituidos a favor de los trabajadores, así como la cantidad adicional a que se refiere la fracción I del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones aplicables de la presente ley, estarán exentos de toda clase de impuestos.
Artículo 37. Los derechos de los trabajadores titulares de depósitos constituidos en el instituto o de sus causahabientes o beneficiarios, prescribirán en un plazo de 10 años.
Artículo 38. Las aportaciones en favor de cada trabajador se acreditarán en la forma que determine el reglamento que expida el consejo de administración.
Los trabajadores tienen derecho en todo tiempo a que los patrones exhiban ante el instituto los comprobantes respectivos. El instituto, por conducto de los patrones, entregará semestralmente a los trabajadores el comprobante de las aportaciones hechas en su favor.
Artículo 39. Las aportaciones y las entregas de los descuentos a que se refiere el artículo 29 de la presente ley se hará por conducto de las oficinas receptoras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de las autorizadas por ésta. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al instituto, en un plazo no mayor de 15 días, el importe total de las recaudaciones efectuadas.
Artículo 40. En los casos de jubilación, de incapacidad total permanente, de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más o de invalidez definitiva, en los términos de la Ley del Seguro Social, se entregará al trabajador el total de los depósitos que tenga en su favor en el instituto. En caso de muerte del trabajador dicha entrega se hará a sus beneficiarios, en el orden de prelación siguiente:
a) Los que al efecto el trabajador haya designado ante el instituto.
b) La viuda, el viudo y los hijos que dependan económicamente del trabajador en el momento de su muerte.
c) Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en el inciso anterior, cuando dependan económicamente del trabajador.
d) A falta de cónyuge superstite concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.
e) Los hijos que no dependan económicamente del trabajador;
f) Los ascendientes que no dependan económicamente del trabajador y
g) A falta de cónyuge superstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción d, en la proporción en que cada una dependía de él.
En los casos a que se refiere el presente artículo los trabajadores o sus beneficiarios recibirán una cantidad adicional igual a los depósitos que tengan constituidos en el instituto.
Cuando los trabajadores hubieren recibido crédito del instituto, la entrega de las cantidades a que tuvieren derecho se hará en los términos de la fracción III del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ultimo párrafo (se deroga).
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tercer párrafo (se deroga).
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III. Al pago de los depósitos que le correspondan a los trabajadores en los términos de la ley:
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. A la inversión en inmuebles estrictamente necesarios para sus fines:
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 43. El instituto deberá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias. Los recursos del fondo nacional, en tanto se aplican a los fines señalados en el artículo anterior, deberán mantenerse en el Banco de México, invertidos en valores gubernamentales de inmediata realización.
Artículo 43-bis. Al momento en que el trabajador reciba crédito del instituto, sus aportaciones acumuladas hasta la fecha se aplicarán de inmediato como pago inicial de alguno de los conceptos a que se refieren los incisos de la fracción I del artículo 42 de la presente ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 45. Para los efectos de lo previsto en el artículo 149 de la Ley Federal del Trabajo, la asignación de los créditos y financiamientos del instituto, se hará conforme a los criterios que tomen debidamente en cuenta la equidad en la aplicación de los mismos y su adecuada distribución entre las distintas regiones y localidades del país, procurando la desconcentración de las zonas más densamente pobladas. Asimismo, dichos criterios se elaborarán en función de los lineamientos establecidos en la materia por los programas nacionales de desarrollo urbano y vivienda, así como por las necesidades identificadas en los respectivos programas estatales y municipales de desarrollo y en los planes de desarrollo urbano de los centros de población.
Con sujeción a dichos criterios y, en su caso, a las normas generales que establezca el consejo de administración determinará las cantidades globales que se asignen a las distintas regiones y localidades del país y dentro de esta asignación, al financiamiento de:
a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas;
b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones;
c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores:
d) La adquisición de terrenos para que se construyan en ellos viviendas o conjuntos habitacionales destinados a los trabajadores.
Artículo 45-bis. Las convocatorias para las subastas de financiamientos se formularán por el consejo de administración; al formular dichas convocatorias se tomarán en cuenta las promociones del sector obrero, de los trabajadores en lo individual y del sector patronal. Con el objeto de asegurar formas alternativas de financiamiento, se asignará una fracción de las subastas a la promoción de vivienda bajo modalidades autogestionarias impulsadas por organizaciones sociales de trabajadores que acrediten contar con el necesario apoyo técnico.
Artículo 47. El consejo de administración expedirá las reglas conforme a las cuales se otorgará en forma inmediata y sin exigir más requisitos que los previstos en las propias reglas, los créditos a los que se refiere la fracción I del artículo 42.
Artículo 42. Dichas reglas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Las reglas antes citadas tomarán en cuenta el número de miembros de la familia de los trabajadores, el salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo por los interesados, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como las características y precios de venta de las habitaciones disponibles.
Dentro de cada grupo de trabajadores en una clasificación semejante, si hay varios con el mismo derecho, se asignará entre éstos los créditos individuales mediante un sistema de sorteos ante notario público.
En los lugares donde haya delegados o comisiones consultivas, el sorteo se realizará con la asistencia de éstos.
Los trabajadores podrán recibir crédito del instituto una sola vez.
Artículo 51-bis-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Los miembros del consejo de administración y trabajadores del instituto, sus cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado, así como aquéllas en las que participen como accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios:
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 59. El trabajador que tenga 50 años cumplidos o más de edad y que deje de estar sujeto a una relación laboral conforme a lo previsto en el artículo 41 de esta ley y por quien el patrón o los patrones hayan hecho aportaciones, tiene derecho a optar por la devolución de sus depósitos o por la continuación de sus derechos y obligaciones en el instituto.
Los trabajadores que no reúnan el requisito de la edad tendrán derecho a:
a) La devolución de sus depósitos a partir de que cumplan 50 años, previa comprobación de que han dejado de estar sujetos a una relación laboral conforme a lo previsto en el artículo 41 de esta ley y no se encuentren inscritos en el régimen de continuación voluntaria.
b) Continuar voluntariamente dentro del régimen del instituto cuando se llenen los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.
El derecho a continuar dentro del régimen del instituto se pierde si no se solicita dentro de un plazo de 12 meses contado a partir de la fecha en que, conforme a lo dispuesto por el artículo 41, se considere que ha dejado de existir la relación laboral respectiva.
Artículo 60. La continuación voluntaria de los trabajadores dentro del régimen del instituto, a que se refiere el artículo anterior, termina:
a) Por la existencia de una nueva relación laboral:
b) Por la declaración expresa al instituto, firmada por el trabajador y
c) Porque el trabajador deje de constituir los depósitos durante un periodo de seis meses.
Artículo 61. Los trabajadores que se jubilen y por quienes el patrón o patrones respectivos hayan hecho aportaciones, tienen derecho a optar por la devolución de sus depósitos y de la cantidad adicional a que se refiere el artículo 40 de esta ley o por la continuación de sus derechos y obligaciones con el instituto. A dichos trabajadores se les aplicará en lo conducente conforme lo que establezca el reglamento respectivo, lo dispuesto en los artículos 59 y 60. En el caso de que opten por permanecer voluntariamente dentro del régimen del instituto, las instituciones o patrones que les cubran el importe de su jubilación, tendrán la obligación de retener y enterar el monto de las aportaciones y descuentos a cargo del trabajador jubilado, con sujeción a las normas que en materia de aportaciones y entregas de descuentos establece esta ley.
Artículo 65. El instituto sólo podrá realizar las inversiones en los bienes muebles e inmuebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines. El instituto podrá adquirir y enajenar predios con el objeto de destinarlos al uso de habitación de interés social o bien conservarlos como reserva territorial para el mismo fin. Habrá obligación por parte del instituto para coordinarse con los respectivos institutos estatales de vivienda en la definición de los predios considerados como reserva territorial.
Artículo 67. Los depósitos constituidos en favor de los trabajadores en los términos del artículo 123, apartado A fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Título Cuarto, Capítulo III, de la Ley Federal del Trabajo, así como la cantidad adicional a que se refiere dicho título, no podrán ser objeto de cesión o embargo, excepto cuando se trate de los créditos otorgados por el instituto a los trabajadores.
Artículo tercero. Se reforman el primer párrafo y la fracción V del artículo 21; los párrafos primero y cuarto del artículo 22; el tercer párrafo del artículo 57; las fracciones III y V del artículo 103, el artículo 104; el artículo 107; el segundo párrafo del artículo 108; el tercer párrafo del artículo 111; los artículos 121 y 122; la fracción II del artículo 126; la fracción I del artículo 126-bis-E; la fracción III del artículo 157 y el artículo 182, se adicionan el artículo 102, el inciso A, la fracción I del artículo 103, el artículo 104-bis, un tercer párrafo al artículo 108, el artículo 106-bis, los artículos 112, 114, 115, 116, 119 y 123; se deroga la fracción XXI del artículo 3o., el quinto párrafo del artículo 22, el Capítulo V-bis, el último párrafo de la fracción I y el segundo párrafo de la fracción II del artículo 103, el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 126, la fracción I del artículo 169 y el artículo 188-bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar de la siguiente forma:
" Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIX. Promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y recreación;
XX. Servicios funerarios.
XXI. (Se deroga.)
Artículo 21. Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta ley cubrirán al instituto, como aportaciones, el equivalente al 19.75% del suelo básico de cotización de los trabajadores.
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Cinco punto cincuenta por ciento para la prima que se establezca anualmente conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta ley.
VI y VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 22. Las dependencias y entidades públicas harán entregas quincenales al instituto, a más tardar los días 10 y 25 de cada mes por conducto de sus respectivas tesorerías o departamentos correspondientes, del importe de las cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16, 21 y 25, fracción II de esta ley. También entregarán en los plazos señalados, el importe de los descuentos que el instituto ordene que se hagan a los trabajadores por otros adeudos derivados de la aplicación de esta ley.
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No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones, las que deberán ser enteradas al instituto.
Quinto párrafo. (Se deroga.)
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Artículo 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo.
Capítulo V-bis. (Se deroga.)
Artículo 102. La junta directiva determinará el porcentaje de los recursos del fondo que se destinará anualmente al financiamiento de adquisiciones de terrenos, de programas de casas-habitación para ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, a préstamos hipotecarios y a la construcción, reparación, ampliación o mejoras de dichas casas; así como al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.
Artículo 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) A la adquisición de terrenos para que se construyan en ellos viviendas o conjuntos habitacionales destinados a la habitación de los trabajadores.
b) a e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundo párrafo. (Se deroga.)
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundo párrafo. (Se deroga.)
III. Al pago de los depósitos que les corresponden a los trabajadores en términos de ley:
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. A la inversión en muebles e inmuebles estrictamente necesarios para sus fines:
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 104. Las convocatorias para las subastas de financiamiento se formularán por la comisión ejecutiva, conforme a los criterios que tomen debidamente en cuenta la equidad y su adecuada distribución entre los diversos grupos de trabajadores localizados en las distintas regiones y entidades del país, procurando la desconcentración de las zonas urbanas más densamente pobladas. Asimismo, dichos criterios se elaborarán en función de los lineamientos establecidos en la materia por los programas nacionales de desarrollo urbano y vivienda, así como por las necesidades identificadas en los respectivos programas estatales y municipales de desarrollo y en los planes de desarrollo urbano de los centros de población.
Artículo 104-bis. Con el objeto de asegurar formas alternativas de financiamiento, se asignará una fracción de las subastas a la promoción de vivienda bajo modalidades autogestionarías, impulsadas por organizaciones sociales de trabajadores que acrediten contar con el necesario apoyo técnico.
Artículo 106. Las aportaciones al fondo de la vivienda previstas en la fracción VI del artículo 21 de esta ley, se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores. El fondo de la vivienda, por conducto de las dependencias y entidades, entregará semestralmente a los trabajadores el comprobante de las aportaciones hechas a su favor.
Las aportaciones y depósitos se sujetarán a las siguientes disposiciones:
I. Cuando un trabajador reciba un financiamiento del fondo, el importe de los depósitos que en su favor se hayan acumulado hasta la fecha, se aplicarán de inmediato como pago inicial del crédito concedido:
II. Durante la vigencia del crédito se aplicará la aportación al pago de los abonos subsecuentes que deba hacer el trabajador;
III. Una vez liquidado el crédito otorgado a un trabajador, se continuará aplicando el total de las aportaciones para integrar un nuevo depósito a su favor;
IV. En caso de jubilación, incapacidad total permanente o muerte, el trabajador o sus beneficiarios tendrán derecho a la entrega de un tanto más del salario de los depósitos que se hubieran constituido a su favor, de acuerdo a lo establecido en esta ley;
V. Cuando el trabajador tenga 50 años o más de edad y deje de prestar sus servicios a las dependencias o entidades sujetas al régimen de beneficios que otorga esta ley, se entregarán los depósitos constituidos en su favor, en los términos de la misma:
VI. En el caso de que los trabajadores hubieran recibido crédito hipotecario con los recursos del fondo, la devolución de depósitos establecida en la fracción IV anterior, se hará con la deducción de la cantidad aplicada al pago de crédito hipotecario en los términos de las fracciones I y II, por lo que la cantidad adicional a que se refiere el artículo 112 de esta ley será igual al monto del saldo resultante.
Artículo 106-bis. El saldo de las aportaciones pagará intereses en función del remanente de operación del fondo de la vivienda. Al efecto, la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda procederá, al cierre de cada ejercicio, a estimar los elementos del activo y del pasivo del fondo de acuerdo a los criterios aplicados y ajustándose a sanas técnicas contables, hecho lo cual se pasará a determinar el remanente de operación. No se consideran remanentes las cantidades que se lleven a las reservas previstas en esta ley.
La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda efectuará, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, una estimación del remanente de operación del citado fondo para el año inmediato siguiente a aquél al que corresponda. El 50% de la estimación citada se acreditará como pago provisional de intereses a las aportaciones, en 12 exhibiciones pagaderas el último día de cada mes. Una vez determinado por la comisión ejecutiva, el remanente de operación del fondo en los términos del párrafo anterior, se procederá, en su caso, a efectuar el pago definitivo de los intereses, lo que deberá hacerse a más tardar en el mes de marzo de cada año.
Una vez que la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda haya fijado tanto la estimación, como determinando el remanente de operación a que se refiere este artículo, deberá publicarlos en periódicos de amplia circulación en el país a más tardar el quinto día hábil siguiente al de la fijación de la estimación, así como al de la determinación del remanente citado.
La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos, dirigida a lograr que las aportaciones de los trabajadores conserven, permanente, por lo menos, su valor real.
Artículo 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la aplicación de los recursos del fondo se consideraran, entre otras, las siguientes circunstancias:
I. La demanda de habitación y las necesidades de vivienda dando preferencia a los trabajadores de bajos sueldos o salarios, en las diversas localidades y regiones del país:
II. La factibilidad y las posibilidades reales de llevar ha cabo construcciones habitacionales;
III. El monto de las aportaciones al fondo, provenientes de las diversas regiones y localidades del país:
IV. El número de trabajadores en las diferentes regiones o localidades del territorio nacional.
Artículo 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las reglas antes citadas tomarán en cuenta el número de miembros de la familia de los trabajadores, la antigüedad, el sueldo, el salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo entre los interesados, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, las características y precios de venta de las habitaciones disponibles y la oferta y demanda regional de vivienda. Dentro de cada grupo de trabajadores en una clasificación semejante, si hay varios con el mismo derecho, se asignarán los créditos individuales mediante un sistema de sorteos ante notario público.
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Artículo 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A falta del beneficiario designado, la adjudicación del inmueble deberá hacerse conforme al orden de prelación que establece el artículo 112.
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Artículo 112. En los casos de pensión o jubilación, de incapacidad total permanente o muerte, el trabajador o sus beneficiarios tendrán derecho a la entrega de un tanto más del saldo de los depósitos que se hubieren constituido a su favor, de acuerdo a lo establecido en esta ley. En caso de muerte del trabajador, dicha entrega se hará a sus beneficiarios, en el orden de prelación siguiente:
I. Los que al afecto el trabajador, jubilado o pensionista haya designado para estos fines ante el instituto:
II. La viuda, el viudo y los hijos que dependan económicamente del trabajador en el momento de su muerte:
III. Los ascendientes que concurran con las personas mencionadas en la fracción anterior cuando dependan económicamente del trabajador:
IV. A falta de viuda o viudo, concurrirán con las personas señaladas en las acciones anteriores, el supérstite con quien el derechohabiente vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con el que tuvo hijos y siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato:
V. Los hijos que no dependan económicamente del trabajador:
VI. Los ascendientes que no dependan económicamente del trabajador:
VII. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción IV, en la proporción en que cada una dependía de él.
Para garantizar el pago de los depósitos a que este artículo se refiere, el instituto está obligado a construir una reserva actuarial en los términos señalados en el artículo 182.
Artículo 114. El trabajador que deje de prestar servicio en la dependencia o entidad correspondiente conforme a lo previsto en el artículo anterior y por quien la dependencia o entidad haya hecho aportaciones, tiene derecho a optar por la devolución de sus depósitos o por la continuación de sus derechos y obligaciones con el fondo. En este último caso, la base para las aportaciones a su cargo, será el sueldo o salario promedio que hubiere percibido durante los últimos seis meses.
El derecho a continuar dentro del régimen del fondo se pierde si no se ejercita mediante solicitud presentada de acuerdo con lo que establezca el reglamento correspondiente, dentro de un plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha en que, conforme a lo dispuesto por el artículo anterior, se considera que ha dejado de existir la prestación de servicios respectiva.
Artículo 115. La continuación voluntaria de los trabajadores dentro del régimen del fondo a que se refiere el artículo anterior termina:
I. Por la reanudación de servicios en alguna dependencia o entidad de la administración pública;
II. Por declaración del instituto, aceptada por el trabajador:
III. Porque el trabajador deje de constituir los depósitos durante seis meses.
Artículo 116. A los trabajadores que se pensionen o jubilen se les aplicará, conforme a lo que establezca el reglamento respectivo, lo dispuesto en los artículos anteriores.
En el caso de que opten por permanecer voluntariamente dentro del régimen del fondo, el instituto les descontará de sus pensiones las aportaciones a cargo del trabajador pensionado o jubilado, con sujeción a las normas que en la materia de aportaciones y entregas de descuentos establece esta ley.
Artículo 119. Los derechos de los trabajadores titulares de depósitos constituidos en el fondo o de sus causahabientes o beneficiarios, prescribirán un lapso de 10 años.
Artículo 121. Las aportaciones al fondo de vivienda previstas por esta ley, así como la cantidad adicional a la que se refiere el artículo 112 de la misma, estarán exentos en toda clase de impuestos y no podrá ser objeto de cesión o de embargo, excepto cuando se trate de los créditos otorgados con cargo al fondo.
Artículo 122. El instituto deberá mantener en efectivo o depósitos bancarios a la vista, las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias relacionadas con el fondo de la vivienda. Los recursos del fondo, en tanto se apliquen a los fines señalados en el artículo anterior, deberán mantenerse en el Banco de México, invertidos en valores gubernamentales de inmediata realización.
Artículo 123. El instituto sólo podrá realizar con cargo al fondo de inversiones, los bienes muebles e inmuebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines.
El instituto podrá adquirir y enajenar predios con el objeto de destinarlos al uso de habitación de interés social o bien conservarlos como reserva territorial para el mismo fin. Habrá obligación por parte del instituto para coordinarse con los respectivos institutos estatales de vivienda, en la definición de los predios considerados como reserva territorial.
Artículo 126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Efectuar las aportaciones en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la presente ley y de sus reglamentos:
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Penúltimo párrafo. (Se deroga.)
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Artículo 126-bis-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Los miembros de la junta directiva, de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y los trabajadores del instituto, sus cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado, así como aquéllas en las que participen como accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 157. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Decidir las inversiones del instituto y determinar las reservas actuariales y financieras que deban constituirse para asegurar el otorgamiento de las prestaciones y servicios que determina esta ley, así como el cumplimiento de sus fines.
IV a XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 169. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Decidir, a propuesta del vocal ejecutivo, las inversiones de los recursos financieros del fondo.
IV a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 182. La constitución de las reservas actuariales será prioritaria sobre las financieras, con el fin de garantizar el pago de los compromisos de pensiones, indemnizaciones globales, amortizaciones de créditos otorgados a los trabajadores en los términos de las fracciones I y II del artículo 103 de esta ley y entrega de depósitos prevista en el artículo 112 de la misma.
Las reservas actuariales serán invertidas en las condiciones generales que proponga el Gobierno Federal por el conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 188-bis. (Se deroga.)"
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las reformas al artículo 115 de la Ley del Seguro Social entrarán en vigor el 1o. de enero de 1997. Durante el periodo comprendido entre el 1o. de enero al 31 de diciembre de 1996, la cuantía de la contribución del Estado para el seguro de enfermedades y maternidad, será igual al 2.625% sobre el salario base de cotización del trabajador.
Tercero. Se abroga el decreto para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1994.
Cuarto. Se abrogan las resoluciones y disposiciones emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
D
Quinto. Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.
Sexto. Los fondos constituidos hasta la fecha a favor de los trabajadores en la subcuenta de retiro del Sistema de Ahorro para el Retiro, se acreditarán al trabajador por las instituciones de crédito o entidades financieras que los manejen y se integrarán a las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del los Trabajadores del Estado, según corresponda, para respaldar el pago de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, jubilación y de retiro por edad y tiempo de servicios, de acuerdo a lo establecido en las leyes respectivas.
Dichos fondos se integrarán en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Séptimo. Al recibir su primer pago por concepto de seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, jubilación o de retiro por edad y tiempo de servicios, tanto el IMSS como el ISSSTE, según sea el caso, cubrirán a los trabajadores o a sus familiares, conservando su valor real, los fondos constituidos en la subcuenta de retiro del Sistema de Ahorro para el Retiro, acreditados en los términos del transitorio sexto.
Octavo. Los fondos constituidos a favor de los trabajadores en la subcuenta de vivienda del Sistema de Ahorro para el Retiro, se acreditarán al total de sus aportaciones y se integrarán a las reservas financiera del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Noveno. Para el caso de los trabajadores sujetos al régimen de la ley del ISSSTE, los fondos constituidos hasta la fecha a su favor en la subcuenta de vivienda del Sistema de Ahorro para el Retiro, se acreditarán al total de sus aportaciones y se integrarán a la reservas financieras del fondo de la vivienda. Dichos fondos se integrarán en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Décimo. Las instituciones de crédito y entidades financieras que al momento de entrar en vigor el presente decreto manejen recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro, entregarán, por conducto de las empresas, dependencias y entidades públicas, comprobante del saldo acreditado en favor de los trabajadores, en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la fecha en que se realice dicha acreditación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigilarán el proceso de integración de los fondos de que hablan los transitorios sexto, octavo y noveno.
Decimoprimero. Los trabajadores contratados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que, como el resultado de la aprobación del presente decreto, vean afectada su fuente de empleo, serán reubicados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en alguna u otra dependencia de la administración pública federal y les serán respetados todos sus derechos de acuerdo a la legislación laboral vigente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, noviembre 7 de 1995.- Diputados María Rosa Márquez Cabrera, Amado Cruz Malpica, Everardo Martínez Sánchez, Armando Quintero Martínez, René Arce Islas, Hildiberto Ochoa Samayoa, Elías Miguel Moreno Brizuela, Eliseo Moyao Morales, Leticia Burgos Ochoa, Adriana Luna Parra y Trejo Lerdo, Saúl Escobar Toledo, Jesús Ortega Martínez, Ramón Sosamontes Herreramoro y Juan Guerra Ochoa.»
En obvio de tiempo y en atención a la gran atención de los legisladores, les suplico y hago entrega a la Secretaría del texto íntegro de la propuesta y solicito que se asiente en actas y que pueda ser distribuida a todos los legisladores.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Leticia Calzada Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Leticia Calzada Gómez:
Con su venia, señor Presidente:
El Presidente:
Se suplica que de acuerdo al artículo 207 del reglamento, los concurrente guarden el debido respeto y atención a este recinto.
La diputada María Leticia Calzada Gómez:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
«Los diputados de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la LVI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno un proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1o. El interés de la nación mexicana por la promoción y la protección de las garantías individuales es consecuencia directa de la comprensión, no sólo nacional sino internacional, como afirma la ONU, de que "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana".
2o. La comunidad mundial, en los últimos 23 años, ha debatido con gran intensidad en torno a la necesidad de restablecer, proteger y conservar el medio ambiente.
3o. Que en este debate ha estado presente la preocupación por usar y manejar adecuadamente los recursos naturales disponibles capaces de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, a fin de que puedan disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de sus actividades.
4o. El medio ambiente es, en primer lugar, el sitio en el que viven los individuos. Es el habitat de los seres humanos. Por lo tanto tiene un valor intrínseco y exige de todos la obligación de respetarlo.
Un medio ambiente ecológicamente equilibrado es un prerequisito para el cumplimiento integral de los derechos humanos.
5o. Reconocer este derecho humano, significa que el Estado debe:
Salvaguardar la protección y conservación de la biodiversidad que contiene su territorio;
Utilizar y manejar sustentablemente sus recursos naturales;
Regenerar y proteger todos los cuerpos de agua y los recursos forestales bajo jurisdicción nacional;
Atender prioritariamente el problema de la degradación de la tierra;
Reducir y eliminar todas las formas de contaminación grave que afectan a la salud humana y a los ecosistemas:
Desarrollar y promover el manejo responsable de la biotecnología:
Fomentar la participación de la población en la toma de decisiones para la administración del medio ambiente, priorizando la participación de la mujer, los jóvenes, los niños y las comunidades indígenas:
Garantizar el derecho a la información ambiental:
Coordinar las funciones ambientales del Gobierno en sus tres niveles, procurando la federalización del cuidado del medio ambiente:
Reconocer el rol fundamental que juegan los trabajadores y los sindicatos para reducir los costos humanos y económicos asociados con la salud ocupacional, la seguridad y el desarrollo ambiental:
Reconocer el papel central que ocupan las empresas e industrias en el desarrollo sustentable:
Promover la investigación científica y tecnológica:
6o. El proceso de reconocimiento del derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado ha venido consolidándose. Ahí está la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y las múltiples convenciones globales y regionales en este campo, ubicándose ya como parte del derecho internacional, con efectos legales directos en el plano de la legislación nacional.
Por la otra, ahí está también la declaración de Estocolmo de 1972, la Carta de la Tierra, de junio de 1992. En ambas declaraciones la comunidad mundial se compromete a insertar en sus constituciones este derecho. Actualmente, cerca de 40 naciones ya lo han hecho, como un objetivo básico y obligación del Estado. De éstas, 10 son naciones latinoamericanas.
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores abajo firmantes del Partido de la Revolución Democrática sometemos a la consideración del pleno el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se recorren los actuales cuarto, quinto y sexto párrafos, pasando a ser quinto, sexto y séptimo párrafos, para quedar como sigue:
Artículo único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Todo individuo tiene derecho a disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado y adecuado para su desarrollo; el Estado garantizará el cumplimiento de este derecho, mediante la instrumentación de políticas que tiendan a mantener las posibilidades de la diversidad biológica para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo a los 7 días del mes de noviembre de 1995.- Rúbricas.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Primo Rivera Torres:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio número DAN-02762 con fecha 24 del actual, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Me permito hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar la carta de la interesada.
Margot Caballero Brousset, auxiliar de contabilidad; en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese gobierno."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de octubre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 24 del actual, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Me permito hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar la carta del interesado.
Fernando Calvillo Escobedo, jardinero; en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese gobierno."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de octubre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 24 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Me permito hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar la carta del interesado.
Francisco Cortés García, jardinero; en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese gobierno."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de octubre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
REPUBLICA DE CHILE
El secretario Audomaro Alba Padilla:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Sergio Dávalos Tejadilla, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 30 de octubre de 1995.- Senadores secretarios: Manuel Medellín Milán y Ricardo González Cruz.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Sergio Dávalos Tejadilla, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., 30 de octubre de 1995.- Senadores: Eugenio Ruiz Orozco, presidente; Manuel Medellín Milán, secretario; Ricardo González Cruz, secretario.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., 30 de octubre de 1995. -El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA DE GUATEMALA.
La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 31 de octubre de 1995.- Senadores secretarios: Manuel Medellín Milán y Ricardo González Cruz.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Sergio Dávalos Tejadilla, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., 31 de octubre de 1995.- Senadores: Eugenio Ruiz Orozco, presidente; Manuel Medellín Milán, secretario; Ricardo González Cruz, secretario.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., 31 de octubre de 1995. -El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
El secretario Alejandro Torres Aguilar:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Ambrosio Ariza López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de comendador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 31 de octubre de 1995. Senadores secretarios: Manuel Medellín Milán y Ricardo González Cruz.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Ambrosio Ariza López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de comendador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., 31 de octubre de 1995.- Senadores: Eugenio Ruiz Orozco, presidente; Manuel Medellín Milán, secretario; Ricardo González Cruz, secretario.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., 31 de octubre de 1995. -El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA DE GUATEMALA (II)
El secretario Aurelio Marín Huazo:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor José Luis Sánchez León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 31 de octubre de 1995.- Senadores secretarios: Manuel Medellín Milán y Ricardo González Cruz.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor José Luis Sánchez León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de comendador, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., 31 de octubre de 1995.- Senadores: Eugenio Ruiz Orozco, presidente; Manuel Medellín Milán, secretario; Ricardo González Cruz, secretario.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., 31 de octubre de 1995. -El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario Primo Rivera Torres:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Gabriela Ruiz Bonilla, para prestar servicios como asistente comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 31 de octubre de 1995.- Senadores secretarios: Manuel Medellín Milán y Ricardo González Cruz.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Ruiz Bonilla, para prestar servicios como asistente comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., 31 de octubre de 1995.- Senadores: Eugenio Ruiz Orozco, presidente; Manuel Medellín Milán, secretario; Ricardo González Cruz, secretario.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., 31 de octubre de 1995. -El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El secretario Audomaro Alba Padilla:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosa Delia Alvarado Gutiérrez, para prestar servicios como operadora de procesador de palabras/recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 31 de octubre de 1995.- Senadores secretarios: Manuel Medellín Milán y Ricardo González Cruz.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Rosa Delia Alvarado Gutiérrez, para prestar servicios como operadora de procesador de palabras/recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., 31 de octubre de 1995.- Senadores: Eugenio Ruiz Orozco, presidente; Manuel Medellín Milán, secretario; Ricardo González Cruz, secretario.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., 31 de octubre de 1995. -El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Elena Rosales Cabrera, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México D.F., 31 de octubre de 1995.- Senadores Manuel Medellín Milán y Ricardo González Cruz, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Elena Rosales Cabrera, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en Ciudad de México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., 31 de octubre de 1995.- Senadores Eugenio Ruiz Orozco, Presidente; Manuel Medellín Milán y Ricardo González Cruz, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., 31 de octubre de 1995. -El licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, Oficial Mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y ARMADA NACIONALES
El secretario Alejandro Torres Aguilar:
«Comisiones unidas de Defensa y de Marina.
Honorable Congreso: a las comisiones unidas de Defensa y de Marina, se turnó para su estudio y análisis la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Armada nacionales, presentada por el Ejecutivo Federal el día 18 de octubre de 1995.
Ambas comisiones, con las facultades que les otorgan los artículos 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al estudio de la iniciativa que se propone para reformar la denominación de Ley de Disciplina del Ejército y Armada nacionales por la de Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, y los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 7o., 8o., 12, 14, 17, 22, 27, 29, 31 párrafo segundo, 34, 35 fracciones I y II, 36 fracción III, 37 inciso a, 39, 41, y se adiciona la fracción IV del artículo 36 de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES
La disciplina militar como norma permanente e indispensable para la existencia y funcionamiento de las fuerzas armadas, encuentra su fundamento en el artículo 13 constitucional, el cual establece la existencia del fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar.
La Ley de Disciplina del Ejército y Armada nacionales se encuentra en vigor desde el 15 de marzo de 1926, sin que hasta la fecha haya sido objeto de reformas que incorporen y regulen los cambios a los cuales se ha visto sujeto el instituto armado.
Dicho ordenamiento fue expedido de acuerdo a la composición del Ejército y Armada nacionales, que en ese entonces eran las únicas fuerzas armadas existentes, integradas en una sola secretaría de Estado, denominada de Guerra y Marina.
La creación de la Fuerza Aérea como Fuerza Armada y la separación de la Secretaría de Guerra y Marina en dos secretarías de Estado, la de la Defensa Nacional y la de Marina, generó la necesidad de que para cada una de ellas se estructurara su propia legislación, razón por la cual se elaboró para la Armada de México su propia Ley de Disciplina, quedando vigente el ordenamiento original para el Ejército, aplicado también para la Fuerza Aérea.
En ese orden de ideas, la presente iniciativa que se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión se ha elaborado con el propósito de que la norma se actualice conforme a la composición actual del Ejército y fuerza aérea mexicanos, correspondiendo por tal motivo proponer las reformas siguientes:
La denominación vigente de "Ley de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales" se modificaría por la de "Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos", en virtud que actualmente este ordenamiento sólo tiene aplicación para dicho instituto armado, pues la Armada de México cuenta con su propia ley de disciplina, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1978, haciendo acorde además dicha denominación con lo previsto en diversos preceptos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Asimismo se propone reformar los artículos 1o., 2o., 3o., 22 y 31, para eliminar en su texto los términos relativos a la "Armada de México", para sustituirlos por "Ejército y Fuerza Aérea" y agregar únicamente en obvio de repeticiones en el artículo 1o., además de Ejército y Fuerza Aérea, la palabra mexicanos, denominación oficial de este instituto armado. Ello establecerá así, en forma concreta, cuál será el ámbito de su aplicación, excluyendo de la misma a la Armada de México.
En el artículo 4o., se sustituirá el vocablo "inferior" por el de "subalterno", considerándolo más adecuado porque subalterno es aquel que tiene en relación a otro, un grado de menor jerarquía en el escalafón del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos y sustituir la referencia a "Ley Penal Militar" por la de "Leyes y Reglamentos Militares", ya que el faltar a las consideraciones mutuas entre el superior y el subalterno no necesariamente conlleva la aplicación de una ley penal, sino que puede ser materia de otros ordenamientos de carácter reglamentario, además de que la ley penal a que se hace referencia, fue abrogada al entrar en vigor el Código de Justicia Militar, por lo tanto no existe justificación para su cita.
En el artículo 7o., se sustituye "inferiores" por "subalternos", en razón que dicho término se considera más apropiado, ya que de acuerdo a los ordenamientos militares, subalterno es aquel que se encuentra bajo las órdenes de un superior.
En el artículo 8o., se propone sustituir la palabra "especies", por las de "murmuraciones, quejas o descontentos", para atender al significado gramatical del citado término y evitar confusiones y dudas sobre su significado.
Se propone reformar también el contenido de los artículos 12, 14, 29 y 41 para sustituirla en su texto "Ley Penal Militar" por "Código de Justicia Militar", ordenamiento castrense actualmente en vigor en el que se regula desde el punto de vista penal el fuero de guerra y que abrogó a la citada Ley Penal Militar; en el artículo 17, se propone modificar "Constitución General de la República" por "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominación oficial que corresponde a nuestro máximo ordenamiento y que le fue otorgada por el constituyente de Querétaro en 1917, en el artículo 27; se sustituiría "Ley de Procedimientos Penales" por "Código de Justicia Militar", en virtud que dicha ley fue abrogada por el código castrense el cual contiene actualmente en su Libro Tercero el procedimiento penal militar.
De igual forma, se propone reformar el artículo 34 para sustituir la frase "cuerpos, establecimientos y dependencias del Ejército y de la Armada nacionales", por la de "unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea" y hacer acordes dichos conceptos a la doctrina militar vigente y a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, suprimiéndose además "Armada nacionales" por los motivos que ya han sido expuestos con anterioridad.
En el artículo 35, se reformarían las fracciones I y II, suprimiéndose en la primera, "cuerpo, establecimiento etcétera" por "unidad, dependencia o instalación", por los mismos motivos y, en la fracción II, se suprime "drogas heroicas" por "narcóticos", haciendo acorde esta expresión a lo previsto en la Ley General de Salud y Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
En el artículo 36, se modifica la fracción III, misma que reformada se adiciona en la fracción IV, para establecer el procedimiento a seguir cuando el consejo de honor determine que aquello, aquellos hechos de los que conoce, pueden ser constitutivos de delito, circunstancia necesaria a fin de evitar dudas y situaciones confusas, toda vez que la persecución de los delitos incumbe exclusivamente al Ministerio Público; asimismo, en la fracción III, se adiciona el contenido para hacer congruente el nuevo texto a lo previsto en la fracción II párrafo D del artículo 170 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y establecer una acción que en la práctica efectúa este organismo; de esta forma, con las reformas propuestas se pretende precisar en un marco jurídico real algunas de las funciones que competen al consejo de honor, en beneficio del prestigio y buen nombre del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
También en el artículo 37, se reformaría el inciso a, para señalar el término por el que las clases y soldados cumplirán sus arrestos en las prisiones militares y que será hasta de 15 días, en forma similar a como se señala para los oficiales en el inciso b, del mismo artículo.
Por último en el artículo 39, se propone sustituir "Secretaría de Guerra" por "Secretaría de la Defensa Nacional", en razón de que el ámbito de competencia del presente ordenamiento será en dicha Secretaría y que por otra parte la Secretaría de Guerra, actualmente ya no existe.
Con las reformas propuestas, la Ley de Disciplina para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conservará su espíritu y objetivos, permitiendo al instituto armado satisfacer sus requerimientos en un marco jurídico acorde a la realidad.
CONSIDERACIONES
De los debates surgidos y sostenidos por las comisiones unidas de Defensa y de Marina, con motivo del análisis de la propuesta, surgieron las siguientes:
CONCLUSIONES
Al tenor de un comparativo entre el texto vigente de la Ley de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales y la propuesta, no existe una diferencia sustancial que modifique de fondo la propuesta señalada, por lo que las comisiones unidas de Defensa y de Marina, se permiten presentar a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y ARMADA NACIONALES
Artículo único. Se reforman la denominación de Ley de Disciplina del Ejército y Armada, Nacionales por la de Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 7o., 8o., 12, 14, 17, 22, 27, 29, 31, párrafo segundo, 34, 35 fracciones I y II, 36 fracción III, 37 inciso a), 39, 41; y se adiciona la fracción IV del artículo 36 de la propia ley; para quedar como sigue:
Artículo 1o. El servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga al interés personal, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.
Artículo 2o. El militar debe observar buen comportamiento, para que el pueblo deposite su confianza en el Ejército y Fuerza Aérea y los considere como la salvaguarda de sus derechos.
Artículo 3o. La disciplina en el Ejército y Fuerza Aérea es la norma a que los militares deben ajustar su conducta; tiene como bases la obediencia y un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral y por objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares.
Artículo 4o. La disciplina exige respeto y consideraciones mutuas entre el superior y el subalterno; la infracción de esta norma de conducta se castigará de conformidad con las leyes y reglamentos militares.
Artículo 5o. El militar debe proceder de un modo legal, justo y enérgico en el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de obtener la estimación y obediencia de sus subalternos. Es deber del superior educar y dirigir a los individuos que la nación pone bajo su mando.
Artículo 7o. El superior será responsable del orden en las tropas que tuviere a su mando, así como del cumplimiento de las obligaciones del servicio, sin que pueda disculparse en ningún caso con la omisión y descuido de sus subalternos.
Artículo 8o. Todo militar que mande tropas, inspirará en ellas la satisfacción de cumplir con las leyes, reglamentos y órdenes emanadas de la superioridad; no propalará ni permitirá que se propalen murmuraciones, quejas o descontentos que impidan el cumplimiento de las obligaciones o que depriman el ánimo de sus subalternos.
Artículo 12. Cuando el militar eleve quejas infundadas, haga públicas falsas imputaciones o cometa indiscreciones en asuntos del servicio, será castigado con arreglo a lo prescrito por el Código de Justicia Militar.
Artículo 14. Queda estrictamente prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya un delito; el militar que las expida y el subalterno que las cumpla, serán responsables conforme al Código de Justicia Militar.
Artículo 17. Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes; así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso, sin que por ello pierda los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 22. El militar guardará la compostura que corresponde a su dignidad y la marcialidad que debe ostentar como miembro del Ejército y Fuerza Aérea.
Artículo 27. Cuando un militar cometa una falta, el superior debe imponerle el correctivo que merezca, de conformidad con esta ley y si aquél incurriere en un delito, se procederá de acuerdo con el Código de Justicia Militar. Queda estrictamente prohibida la reprensión, por ser contraria a la dignidad militar.
Artículo 29. El que impida el cumplimiento de un arresto, el que permita que se quebrante, así como el que no lo cumpla, serán sancionados de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Justicia Militar.
Artículo 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Superioridad jerárquica" es la que corresponde a la dignidad militar que representa el grado, con arreglo a la escala del Ejército y Fuerza Aérea.
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Artículo 34. El consejo de honor se establecerá en las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea y se constituirá y funcionará conforme al Reglamento respectivo.
Artículo 35. Corresponde conocer al consejo de honor:
I. De todo lo relativo a la reputación de la unidad, dependencia o instalación:
II. De los vicios de la embriaguez, uso de narcóticos y juegos prohibidos por la ley:
III. a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Acordar se solicite la baja del Ejército y Fuerza Aérea, por determinación de mala conducta en audiencia pública, para el personal de tropa y de los militares de la clase de auxiliares.
IV. Turnar al Ministerio Público, las constancias respectivas en los casos en que determine que es competencia de los tribunales correspondientes.
Artículo 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Para las clases y soldados, el cambio de cuerpo o el arresto hasta por 15 días en las prisiones militares:
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 39. Se prohibe a los individuos que componen el consejo de honor, externar los asuntos que se traten en el seno del consejo y murmurar de las providencias acordadas por el mencionado consejo. El que faltare a esta prescripción será excluido del honroso cargo que desempeña, previa aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Artículo 41. Los miembros de un consejo de honor serán responsables, conforme al Código de Justicia Militar, de las arbitrariedades o abusos que cometieren en el ejercicio de sus funciones.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a este decreto Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, México, D.F., a 7 de noviembre de 1995.- Diputados Luis Garfias Magaña, presidente de la Comisión de Defensa; Fernando Flores Gómez, presidente de la Comisión de Marina.
Integrantes de las comisiones unidas de Defensa y de Marina. De la Comisión de Defensa: Manuel de Jesús Espino Barrientos, Jesús Esquinca Gurusquieta, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Miguel Rodríguez Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Tito Rubín Cruz, Mario de la Torre Hernández, Héctor Armando González Mocken, Marcelino Miranda Añorve, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Joaquín Rodríguez Lugo, Fernando Orihuela Carmona, Raúl Ramírez Chávez, Jorge Armando Meade Ocaranza, Antonio Medina Ojeda, Fernando Flores Gómez González, Salvador Mikel Rivera, Pedro Guadalupe López y Macías, Eusebio Moreno Muñoz, Gerardo Nava Bolaños, Cruz Pérez Cuéllar, Sergio Meza López, Ricardo García Cervantes, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Rosario Ybarra de la Garza, Carlos Navarrete Ruiz, Carlos Servando Ponce de León Coluby, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y Octavio G. West Silva.
De la Comisión de Marina: José Iñiguez Cervantes, Carlos Servando Ponce de León Coluby, Roldán Alvarez Ayala, Antonio Piza Soberanis, Gabriel Aguiar Ortega, Gustavo Cárdenas Monroy, Leonel Efraín Cota Montaño, Genaro Alfonso del Angel Amador, Jesús Esquinca Gurusquieta, Pedro Etienne Llano, Jorge González González, Alejandro Higuera Osuna, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Cecilio Lepe Bautista, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Abel López Sánchez, Agustín Martínez Maldonado, José Luis Mata Bracamontes, Jesús Ortega Martínez, J. Fidel Pineda Valdez, Marcelo Ramírez Ramírez, María del Carmen Ricárdez Vela, Calixto Javier Rivera Díaz, Miguel Rodríguez Ramírez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Ramón Sosamontes Herreramoro, Alfredo Valdez Gaxiola, Carlos José Verteramo Pérez, Lorenzo Miguel Lucero Palma y Joaquín Juárez del Angel.»
Es de primera lectura.
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PERMISO PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El secretario Primo Rivera Torres:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto del Senado de la República, concediendo autorización al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días del 16 al 20 de noviembre de 1995, a fin de que asista a la III Reunión Cumbre del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en Osaka, Japón.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 88 y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la referida minuta, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
1o. Con fecha 26 del presente mes, la Secretaría de Gobernación hizo llegar a la Cámara de Senadores, una iniciativa con proyecto de decreto por el que el titular del Poder Ejecutivo solicita permiso para ausentarse del país los días del 16 al 20 de noviembre de 1995.
2o. La iniciativa de referencia fue hecha del conocimiento del pleno del Senado de la República el día 26 de los corrientes, acordándose la dispensa de todos los trámites reglamentarios y, sin discusión alguna, la solicitud fue aprobada por 107 votos en pro y un voto en contra, disponiéndose en consecuencia su envío a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
3o. La minuta con proyecto de decreto aprobada, fue a su vez presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del propio día 26 de los corrientes, ordenando la Presidencia de la mesa directiva el siguiente trámite:
"Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales." 4o. Esta comisión, con base en lo dispuesto por los artículos 42, 43, 48 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 57, 65, 87, 88, 93 y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedió a estudiar el expediente integrado y, en consecuencia, se permite sustentar su dictamen bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
1o. Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89 fracción X, constituye una de las facultades y obligaciones del Presidente dirigir la política exterior del país de acuerdo a los principios normativos que en el propio precepto se contienen.
2o. La iniciativa con proyecto de decreto por la cual solicita permiso el Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional, del 16 al 20 de noviembre próximo, conlleva el objetivo de hacer posible que el titular del Ejecutivo asista a la III Reunión Cumbre del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar para esas fechas en Osaka, Japón.
3o. El Congreso es competente, en los términos del artículo 88 de nuestra Carta Magna, para conocer y resolver sobre la solicitud de permiso que formule el Presidente de la República, para ausentarse del territorio nacional, por lo que el Senado nos ha remitido ya aprobada y diligenciada en términos reglamentarios, la solicitud mencionada en los numerales anteriores.
4o. Es evidente que constituye una de las prioridades de la política exterior mexicana el fortalecimiento de nuestros lazos con los países de la región Asia-Pacífico, a fin de consolidar nuestra presencia en esa área y preservar nuestra inserción en el mecanismo de consulta y cooperación económica que constituye la APEC.
5o. En los últimos años el interés de México en la región del Pacífico se ha acentuado y este hecho se acreditó particularmente cuando, en el marco de la V Reunión Ministerial del organismo, ingresamos como país miembro con plenos derechos. De las reuniones de líderes celebradas en los dos años precedentes emanó el principio de favorecer la cooperación entre las economías de la región, con miras a reducir las diferencias entre sus niveles de desarrollo.
6o. Esta es una afirmación que debe respaldarse, en cuanto contribuye a integrar y de ninguna manera a excluir a nuestro país de las políticas de beneficio económico y social que derivan de los acuerdos interestatales que en la APEC se generan, como ocurrirá factiblemente en la III Reunión Cumbre, que se ha convocado con objeto de adoptar programas comerciales y de cooperación que contribuyan al logro de las metas establecidas en la declaración conjunta, suscrita por el organismo en 1994.
7o. Como el señor Presidente lo indica en su solicitud de autorización ya referida, su visita a Japón le concederá asimismo oportunidad de entrevistas bilaterales con otros jefes de Estado y de Gobierno, en procuración de que México amplíe sus vínculos y consolide su presencia en la región, con el convencimiento de que el propósito esencial de la defensa de nuestra soberanía requiere en gran medida diversificar e intensificar contactos con el exterior.
8o. Por lo anterior y en atención a las diversas consideraciones que se han expuesto, esta comisión estima que la visita del señor presidente Ernesto Zedillo al Japón contribuirá de manera positiva a fortalecer nuestra posición con los países de la región Asia-Pacífico y a la vez a propiciar un mayor apoyo a los esfuerzos que deben realizarse para aprovechar los beneficios de la cooperación internacional entre esos países y México, por lo que se permite proponer a la consideración de este honorable pleno el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días del 16 al 20 de noviembre de 1995, a fin de que asista a la III Reunión Cumbre del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en Osaka, Japón.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- México, D.F., a 31 de octubre de 1995.- Por la Comisión los siguientes diputados: Dionisio Eduardo Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan García Villa, Luis Garfias magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna, Ignacio González Rebolledo, secretario interino; Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda Serino, Píndaro Urióstegui Miranda, José Antonio Torres y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Esta Presidencia informa que están inscritos para la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto, los siguientes diputados: la diputada Mara Robles Villaseñor, del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Carlos Reta, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Mara Robles Villaseñor, del PRD.
La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:
Muchas gracias, señor Presidente:
Bueno, el Partido de la Revolución Democrática desea expresar sus consideraciones acerca de la solicitud de permiso para ausentarse del país por parte del presidente Ernesto Zedillo.
La visita de Ernesto Zedillo a Japón, a celebrarse del 16 al 19 de noviembre, con motivo de la III Reunión Cumbre del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido APEC, se produce, como todos sabemos, en medio de la peor crisis económica, política y social de México en toda su historia y en momentos en que la política exterior mexicana, como sabemos también, se ha norteamericanizado.
Durante meses, pero particularmente en el de enero, nuestro partido ha advertido en torno a los gravísimos riesgos que entrañaba el paquete de rescate financiero, orquestado por el gobierno de William Clinton a "favor" de México, donde el petróleo quedó en prenda, pese a que habría sido posible reunir, recurriendo a solicitar el apoyo de países europeos, occidentales y del Japón, el monto necesario para salir de esa crisis, diversificando de esa manera nuestra dependencia comercial y financiera frente a los Estados Unidos.
Sin embargo, esa propuesta nunca fue retomada y ahora la relaciones entre México y Japón han ido de mal en peor.
Si bien México participa formalmente en foros como la conferencia de Cooperación Económica del Pacifico y el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, ello no ha derivado en realidad en un incremento del comercio y de las inversiones con los países de la llamada cuenca del Pacífico. De hecho, solamente un 2% de las exportaciones mexicanas se dirigen al mercado japonés, en tanto Japón vende un 7% de sus exportaciones a México y si bien México constituye el socio más importante para Japón en América latina, la inversión extranjera directa japonesa en territorio nacional ha tenido un comportamiento más bien errático, oscilando entre el .6% y el 3.2% entre 1989 y 1992, cifras que contrastan definitivamente con las de nuestro comercio dependiente con Estados Unidos.
A nivel oficial se esperaba que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte alentaría la inversión japonesa en México, pero hasta hoy son Estados Unidos y los países de la Unión Europea los que superan con mucho a sus contrapartes japonesas en el flujo de capitales hacia este país.
Entre el 16 y el 22 de diciembre de 1992, el entonces presidente Salinas de Gortari realizó una visita oficial a Japón, a fin de calmar los ánimos y aplacar los temores de los socios japoneses ante el advenimiento del TLC.
¿Qué aspectos concretos se lograron con esa visita? Creo que sería exagerado decir que ninguno, ya que las proporciones de comercio e inversiones en México claramente denotan una norteamericanización, pero no hubo un recambio de estrategia fundamental que reorientara nuestra política hacia el Asia-Pacífico.
Consideramos que no por el simple hecho de asistir al país del sol naciente en visita oficial, en donde por cierto se destina una gran cantidad de recursos que buena falta le harían a la economía nacional, podrá nuestro país revertir el deterioro que prevalece en sus lazos económicos con Tokio, el Partido de la Revolución Democrática considera que México debe estrechar sus vínculos estratégicos con Japón y con otros países del Pacífico asiático, vínculos que permitan en realidad crear de manera explícita contrapesos a la subordinación de nuestra economía a los Estados Unidos. De otro modo la visita del presidente Ernesto Zedillo difícilmente rebasará el nivel protocolario.
Consideramos que una medida concreta, sería el fortalecer el foro parlamentario Asia-Pacífico, de manera que esta legislatura fuera una contraparte en ese ímpetu renovador de las relaciones con Japón, si existiera ese ánimo, de manera que no se repitiera la trágica experiencia en donde los legisladores fueron siempre convidados de piedra a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
La fórmula para recomenzar un nuevo camino en las relaciones con Japón, implicaría la propia democratización de las visitas del Ejecutivo al exterior.
Consideramos pues, que la situación económica de nuestro país no admite que una vez más se mantenga hacia Japón una política exterior de bajo perfil, que tranquilice a los norteamericanos, pero que no contribuya de manera decisiva a encontrar alternativas para el desarrollo económico y tecnológico de México.
Por eso nuestra exigencia, como siempre lo hemos hecho, es que antes de la salida del Presidente a este tipo de foros, se discuta con el Ejecutivo cuales son las estrategias a llevar y que después se rindan informes explícitos, más allá de los de trámite, sobre cuales son los resultados de esa visita.
Que vaya pues, el presidente Zedillo, pero que lo haga con la seriedad que requiere dejar de depender, de la manera tan patética en la que actualmente se encuentra nuestro país respecto a Estados Unidos.
Lo que exigimos es que su visita se convierta realmente en una ofensiva para lograr una mayor relación con los países del Asia-Pacífico.
Exigimos pues que la política exterior, sea una política exterior de Estado y no de partido o en el peor de los casos una política personal, como desgraciadamente ha pasado en otros sexenios.
Creemos pues que el Partido de la Revolución Democrática, al fijar esta posición, contribuye de manera prepositiva a la exigencia de que nuestro país no continúe con la complacencia del partido en el poder en manos de los norteamericanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Reta Martínez, del PRI.
El diputado Carlos Alfonso Reta Martínez:
Con su permiso, señor Presidente:
El Siglo XX concluye en un escenario de cambios profundos, en este nuevo orden mundial emergente, en el que la sociedad internacional avanza hacia la globalización, los países del norte siguen consolidando su predominio económico y tecnológico, mientras que los del sur, pese a sus procesos de reforma económica, observan la ampliación de la brecha, que los separa del desarrollo y el bienestar, un mayor deterioro económico y la multiplicación de sectores de la población que viven en la pobreza extrema.
Coinciden al mismo tiempo la globalización y la regionalización, donde grupos de países se han constituido en bloques comerciales, para aprovechar las ventajas comparativas de las economías de escala. Así el mundo se ha dividido en tres grandes zonas comerciales: América del norte, la Unión Europea y la cuenca del Pacífico, con la excepción de la Europa comunitaria; se trata, en general, de alianzas económicas a partir de la apertura comercial y financiera, entre ellos existe una gran interdependencia bajo los efectos de las comunicaciones modernas y la economía globalizada.
La solicitud del Presidente de la República, Ernesto Zedillo, para que el Congreso de la Unión le otorgue la autorización constitucional para ausentarse del territorio nacional del 16 al 20 de noviembre, con el objeto de participar en la III Reunión Cumbre de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, que tendrá lugar en Osaka, Japón, debemos considerarla dentro del desarrollo de una política exterior que busca aprovechar para el país las ventajas que ofrece el escenario internacional. Las entrevistas bilaterales con otros jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la reunión, da oportunidad de desahogar asuntos de interés fundamental para el futuro de las relaciones de la región Asia-Pacífico.
Sabemos que el desarrollo de México debe sustentarse, sin ninguna duda, en el esfuerzo interno, pero sus alcances estarán siempre condicionados a la manera en que nuestro país, conforme a su interés nacional, se inserte en el nuevo orden mundial y aproveche las oportunidades que éste le brinda.
Por ello, la política exterior de México, sustentada en principios históricos y orientada por objetivos precisos, ha desarrollado una estrategia para lograr una activa inserción en el mundo a través de la intensificación y la diversificación de sus relaciones internacionales. La proximidad geográfica con la economía más grande del mundo y potencia militar única: los Estados Unidos de América, hace que la relación en lo bilateral y en lo multilateral se torne compleja. La diversificación en ese marco constituye una necesidad estratégica para nuestro país.
Las opciones son múltiples, junto al Tratado Trilateral de Libre Comercio con América del Norte, México sigue incrementando sus vinculaciones políticas y económicas con los países latinoamericanos. A la fecha, se han suscrito acuerdos de libre comercio con el grupo de los tres: Colombia y Venezuela con Costa Rica, en Centroamérica y con países del cono sur como Chile y Bolivia. México, conviene precisarlo, es parte de acuerdos multilaterales como el pacto andino y busca una mayor colaboración con el Mercosur.
Con la Europa comunitaria, las relaciones están normadas por un acuerdo marco de cooperación llamado de tercera generación, único en su género por su amplitud y vastedad. México es parte, además de la OCDE.
La cuenca del Pacífico-Asiático es la región de mayor expansión económica en el mundo. México abrió, a partir de 1989, embajadas en Singapur, Corea del Sur, Malasia, Tailandia y Nueva Zelandia y consulados en Changai y Osaka.
En el plano multilateral ingresó a los tres principales mecanismos de concertación política, la cooperación económica y la liberación comercial regional, que son: el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico y el Consejo de Cooperación Económico Asia-Pacífico, la APEC.
México, en su calidad de país del Pacífico, se incorporó a la APEC. El principal foro de la cuenca en 1993 está integrado por 18 países con una población de más de 2 mil millones de habitantes y con un producto nacional bruto que representa el 50% del total mundial. Su aporte a las transacciones del comercio internacional superan el 40% del total.
Con la cuenca del Pacífico es necesario consolidar la actual presencia mexicana y propiciar contactos y acuerdos que permitan convertir a nuestro país en un socio económico de mayor envergadura para los llamados "tigres asiáticos". Como parte de esa estrategia se precisa una más intensa participación en sus organismos de cooperación, a fin de desarrollar nuevos proyectos y fomentar más la interrelación comercial y humana.
La III Reunión Cumbre de la APEC, tiene como propósito adoptar programas comerciales y de cooperación, lo que constituye una oportunidad para que con la participación del presidente Zedillo, México amplíe sus vínculos y fortalezca su presencia en la región.
Señoras y señores diputados: les pido su aprobación al decreto que concede autorización al presidente Zedillo para ausentarse del territorio nacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 323 votos en pro y siete en contra.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por 323 votos.
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
SOBERANIA NACIONAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo sobre el rumor de golpe de Estado, del 3 de noviembre.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El pasado viernes, el pueblo de México y la comunidad internacional conoció de un rumor de golpe de Estado en nuestra patria.
Ante el rumor perverso y malintencionado del pasado viernes, promovido con claro propósito de desestabilización nacional, tanto en lo económico, como en lo político, tenemos que afirmar que desgraciadamente logró dañarnos en lo económico.
Pero es importante reflexionar y resaltar el contenido mismo del rumor. Un golpe de Estado, que presume una posible deslealtad de las fuerzas armadas, lo que representa un agravio, no sólo para los militares, sino para el pueblo de México que por su vocación democrática confía en que nuestras instituciones armadas son titulares de la noble misión de salvaguardar las instituciones de la República, emanadas del orden constitucional.
Considero que corresponde a esta representación popular y nacional enfrentar la maleficencia del rumor, negando categórica y patrióticamente la viabilidad del autoritarismo y de la desaparición del orden constitucional mexicano por ser contrarios a la vocación y esfuerzo democrático del pueblo de México.
Por tanto, con fundamento en las facultades que la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento Interior me confieren, pongo a consideración de esta Asamblea representativa de la nación, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Unico. Que se integre una comisión especial de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de que con la representación de esta Cámara, presente a la colegisladora, honorable Cámara de Senadores, a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, una expresión de respeto y solidaridad que manifieste nuestra confianza en la unidad nacional y nuestro compromiso con las instituciones de la República dentro del orden constitucional.
Asimismo, que esta comisión exprese a las fuerzas armadas de nuestro país, nuestra confianza en su lealtad a las instituciones de la patria."
Solicito a la Presidencia que este punto de acuerdo sea considerado de urgente resolución. Dejo el punto en la Secretaría.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
El secretario Audomaro Alba Padilla:
En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.
El secretario Audomaro Alba Padilla:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente resolución.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión la proposición.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Castelazo.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
La política es el medio privilegiado por la sociedad mexicana para dirimir diferencias y conflictos, así como para acentuar convergencias y acuerdos. La política se propone garantizar una convivencia pacífica y productiva, velando por el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En su devenir, nuestro desarrollo político ha debido enfrentarse a múltiples adversidades, las cuales se explican por razones históricas, geopolíticas y culturales. En tales adversidades se fraguaron nuestras instituciones republicanas; ellas provienen de auténticos movimientos sociales. De ahí su legitimidad, vigencia y fortaleza.
México es país de instituciones, justamente por su disposición a cambiarlas, enriquecerlas y adaptarlas permanentemente. Frenar la reacción interna, siempre coludida con la ambición externa, le ha significado a nuestro país pérdidas irreparables. Han sido experiencias que se antojan irrepetibles. Ni la sociedad ni el Gobierno estamos dispuestos a tolerarlas; por ello, en su difícil desenvolvimiento, la democracia ha sido aspiración constante y ardua la construcción del camino para alcanzarla.
En este proceso, hombres e instituciones han jugado un papel fundamental. Hoy en día estamos comprometidos, una vez más, a renovarlas en bien de nuestra población. ¿Cuáles son estas instituciones.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos cobija por igual a todos los habitantes de esta gran nación; los poderes públicos legal y legítimamente establecidos, la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los gobiernos, congresos y tribunales estatales, así como los municipios, conforman una unidad indivisible.
Los partidos políticos se constituyen en las organizaciones garantes de la transformación del país, de la identificación de sus necesidades y demandas, de la conducción inteligente del conflicto social, de la trasmisión pacífica del poder.
La prensa es el medio protector de los derechos de todos al ejercer, sin más límite que el dictado por la ética, la libertad de expresión.
Las fuerzas armadas son ejemplo de lealtad al pueblo de México y apoyo a los gobiernos civiles.
Las representaciones del trabajo, del capital y de la cultura defienden y promueven sus intereses e ideas en el marco de la ley. Nada, nadie detendrá nuestro avance. Así lo demuestra la historia nacional, una y otra vez.
Por eso debemos sentirnos estimulados para continuar armando el andamiaje que demanda un desarrollo social justo, equilibrado y equitativo. El disfrute total de nuestras libertades. El respeto integral a nuestras garantías y protección de los derechos humanos. El ejercicio pleno de la democracia, tanto por la vía electoral, como por la eficaz distribución de la riqueza.
Los diputados integrantes de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, ratificamos nuestra responsabilidad para salvaguardar a México de aquellos intereses empeñados en debilitarlo. ¡Hacemos un llamado a la unidad en torno a nuestras instituciones políticas que dan sentido, coherencia y consistencia a nuestro ser nacional!
¡Hacemos un llamado a la conciencia de cada ciudadano y de cada organización social para acrecentar, frente a los hechos, la confianza en nosotros mismos!
¡Las versiones infundadas y cobardes sólo son rumores tendientes a exacerbar el ánimo de los escépticos, pero como lo constata la realidad, no logran siquiera tocar los fundamentos de nuestras instituciones! ¡La unidad en torno a las instituciones democráticas que nos rigen se traduce en soberanía para interactuar en condiciones de igualdad con el mundo! ¡La unidad previene contra la especulación y fortalece nuestra unidad nacional!
Suscribimos el punto de acuerdo con una adición.
Por lo que se refiere a la comisión especial de la Cámara de Diputados a que se refiere el punto de acuerdo, por mi modesto conducto la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional propone que la misma sea la de Régimen Interno y Concertación Política de la propia Cámara.
Lo que respetuosamente se pone a su consideración.
Hago entrega de esta propuesta de adición a la Secretaría. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Ante rumores especulativos, acciones soberanas; ésa es la actitud de nuestro partido.
El rumor y el impacto que tuvo en los mercados financieros este intento de desestabilizar la economía tiene múltiples significados. No sólo es un asunto de orden judicial, sino también es un asunto que revela cuestiones de carácter político, social y económico.
La similitud del rumor es el primer asunto que debemos reconocer. Existen elementos de la realidad que conforman un contexto propicio para que el rumor alcanzara el vuelo que tuvo el viernes. Tenemos que ser francos y honestos. Debemos de señalar algunas de estas fallas estructurales de nuestra economía: la creciente tensión social ocasionada por el desempleo, por la insuficiencia de los salarios, por la tendencia a la quiebra de un número muy significativo de empresas agrícolas, industriales y comerciales; la confusión política que se expresa en escenarios como Chiapas y en acontecimientos como la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero y otras que no han sido aclaradas; la inseguridad financiera ante un peso que flota por debajo del diferencial de la inflación de México con Estados Unidos y ante las crecientes obligaciones que tiene México con el exterior, que está cubriendo con nuevos préstamos o solicitando ampliación de plazos; la insolvencia interna y externa de la economía es un hecho patente que no puede negarse; las carteras vencidas en el interior junto con la crisis del sistema bancario y la insolvencia externa; una recesión que avanza hacia niveles de explosión social; el fracaso de la política de ajuste, en el sentido de que permita la recuperación de la economía.
Después de 10 meses de aplicación, hace apenas dos semanas se presentaron turbulencias en los mercados financieros que obligaron al Gobierno a anticipar los criterios de política económica de 1996 mediante un nuevo pacto, llamado ahora ARE, evento que sólo tuvo un efecto tranquilizante de cortísimo plazo, pero que no aborda las cuestiones de fondo que determinan la recesión y la inestabilidad de la economía.
También se observa de manera muy clara que la economía mexicana es más atractiva para las actividades especulativas del capital que para las inversiones productivas, esto es resultado lógico de toda una política económica aplicada en los últimos 13 años, conocida como neoliberalismo, que ha dado prioridad al sector financiero sacrificando a la esfera real y productiva de la economía.
Por lo anterior, nuestra respuesta ante el rumor del viernes pasado no puede ser sólo la obvia y urgente necesidad de investigar y castigar a quienes resulten responsables de un deliberado propósito de desestabilizar los mercados financieros. Nuestra respuesta debe ir más a fondo y abarcar, mucho más que eso, tomando en cuenta la complejidad del problema que enfrentamos. Cuando menos, debemos de enfrentar los siguientes objetivos.
Debemos legislar para imponer ciertos límites y candados a los movimientos volátiles del capital; en particular, debemos regular las inversiones en cartera de corto plazo. Hasta un país como Chile, a quien se pone como modelo de la recuperación neoliberal, tiene límites y recontroles sobre los movimientos especulativos de capital.
Debemos también exigir y contribuir a cambiar la política económica y social y a formular una distinta a la del modelo neoliberal, que ha dado resultados tan negativos para nuestra economía. La nueva política debe dar más atención y preferencia al mercado interno y a la economía real y no sólo a la economía financiera, también al mercado laboral y a los mercados de bienes y servicios para la población mexicana.
Esta nueva política debe empezar por revisar las relaciones económicas de México con el exterior; el aperturismo le ha hecho un grave daño a la estructura productiva del país. Es necesario tener una política selectiva de importaciones para poder crecer.
No podemos nosotros consentir que un crecimiento del 2% del producto interno bruto, como se registró en el último año del anterior Gobierno, haya producido un déficit del 8% en la balanza comercial y que sea necesario un decrecimiento del 6% del producto interno bruto para tener un superávit comercial del 2% y apenas un equilibrio en la balanza de pagos.
Algo hay tremendamente equivocado en estas relaciones: la relación entre déficit externo y tasa de crecimiento del producto interno bruto.
Además, este pequeño superávit de la balanza de pagos está acompañado de una devaluación de más del 100%; pensemos en lo que se dice que ha alcanzado el programa de ajuste, se dice un incremento de las exportaciones del 33% y recordemos la caída en el producto interno bruto del 6% y el aumento en el desempleo y preguntémonos cómo es posible que en una economía en recesión y en una economía en crisis aún puedan aumentar las exportaciones en 33%, ¿de dónde salió este aumento en las exportaciones?
No pudo haber salido más que de la disminución en el consumo de los habitantes del país, del aumento en el desempleo, de la disminución en la inversión, todo para satisfacer la voracidad de un mercado externo a tasas decrecientes de salarios reales y de precios internos por la devaluación, esto no es sano. Esto no es conveniente, esto coloca a nuestra economía en un grado de indefensión y vulnerabilidad ante embates desestabilizadores del exterior.
Por lo tanto, tenemos ya que contemplar, con toda frialdad, este cambio en la política económica que estamos viviendo y esta limitación en las inversiones especulativas; debemos exigir que se aclare no sólo quiénes son los autores del rumor del viernes, sino quiénes han creado un clima de confusión política en el país.
En suma, estamos ante un problema complejo que exige, para empezar, las siguientes acciones: aclaración del rumor, regulación de los movimientos especulativos de capital, estabilización del tipo de cambio, mayor intervención del Banco de México en la estabilidad monetaria y cambiaria del país, cambio en la política económica y transparencia política, lo cual implica necesariamente la reforma democrática del Estado.
En estas acciones estamos comprometidos y en estas acciones el Poder Legislativo debe tener una respuesta y una aportación clara.
Por eso suscribimos el punto de acuerdo presentado por el PAN, porque consideramos que la Cámara de Diputados, por ser parte del Poder Legislativo, es corresponsable con los otros dos poderes de la Unión, de fortalecer y preservar las instituciones de la República, pero también con la franqueza y honestidad con que pasemos a esta alta tribuna, decimos que para fortalecer verdaderamente a las instituciones, debemos de tener un cambio en la política económica.
No a las privatizaciones de la petroquímica nacional, no a las privatizaciones de los fondos de pensiones del Seguro Social.
Necesitamos fortalecer las instituciones de la República y no debilitarlas, limitar la famosa independencia del Banco de México para hacer que asuma su responsabilidad en el mercado cambiario y en los movimientos especulativos de capital. Ya van dos veces que se le va la reserva nacional al director del Banco de México, el mismo director del Banco de México van dos veces que pierde las reservas internacionales del país. Entonces, señores, tenemos que actuar.
Por esta razón nosotros pedimos que apoyemos esta moción pero debemos de ir más lejos en nuestra inminente labor legislativa que tenemos por delante.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Arciniega Portillo, del PAN.
El diputado Manuel Arciniega Portillo:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Son ya varios los años en que gran número de mexicanos de todo tipo de ideologías hemos trabajado para desarrollar una cultura democrática que sirva de sustento para la conformación de nuestra República representativa.
A lo largo de este esfuerzo diversos han sido los foros en los que se ha discutido y debatido lo que hay que perpetuar y lo que hay que cambiar, lo que hay que corregir y lo que hay que fortalecer; sin embargo este esfuerzo se ha llevado a cabo siempre dentro del marco de libertades que nos otorga nuestra Constitución y a través de las instituciones que se han creado para este efecto. Es claro que en esta dinámica de ejercicio democrático pueden surgir cuestionamientos, críticas o contrapropuestas al debate mismo o sobre el actuar de quienes son los protagonistas de la vida política nacional.
Esto en un sistema político democrático es muy válido y contribuye al desarrollo balanceado del propio sistema, pero lo que de ninguna manera es válido ni aceptable es la propagación de rumores y falsedades que sólo sirvan para dañar el esfuerzo generalizado de nosotros los mexicanos. Si bien es cierto, innegable, que nuestro país atraviesa por una seria crisis política, económica y social, ésta debe ser superada a través del trabajo institucional de todos los poderes de la República y como resultado de medidas consensadas con la nueva cultura democrática que estamos construyendo, cultura que nos debe permitir contener las tentaciones de todo autoritarismo o las ambiciones del poder por el poder mismo.
Por ello es que a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y como representante de la nación, vengo a manifestar la más enérgica censura contra el rumor, este rumor dolosamente propagado al extranjero, con la clara intención de desestabilizar nuestra economía y de cuestionar la vigencia en la institucionalidad en nuestro país bajo el argumento de que se llevó a cabo un absurdo e inexistente golpe de Estado.
La simple idea es inadmisible entre una clara y absoluta mayoría de los mexicanos, pero por si algunos se han atrevido a analizarla como una opción para México, queremos decirles que este país no es presa fácil de un cuartelazo y que este Congreso depositario de la soberanía del pueblo nunca permitiría ni avalaría situación semejante.
Hoy, compañeros legisladores, este cuerpo colegiado debe refrendar su compromiso con las instituciones nacionales, especialmente con las fuerzas armadas, cuya lealtad a la República está fuera de duda.
Para quienes lo olvidan, dentro y fuera del país, México tiene ya una decisión fundamental y es permanecer fiel y en firme tránsito a un sistema republicano y democrático, federal, representativo y con plena división de poderes. Tenemos vocación total para la democracia, aún con sistemas imperfectos, por lo que como Congreso soberano debemos vivir y propagar a plenitud el respeto y la colaboración entre poderes para el desarrollo de nuestra nación.
Por lo tanto, con la firme convicción de fortalecer la imagen de la República en su conjunto, apoyamos el punto de acuerdo y la propuesta del diputado Castelazo, para la formación y el trabajo de esta comisión que tenga la tarea de hacer llegar personalmente a los poderes Ejecutivo y Judicial, un mensaje que confirme la unidad nacional dentro del marco de nuestra Constitución; que refrende nuestro compromiso con las instituciones de la patria y presente un sentimiento de confianza y lealtad de las fuerzas armadas como salvaguarda de las instituciones de la República, de los procesos democráticos y de la transición nacional en marcha.
Señoras y señores, estimados colegas: es imperativo que ante cualquier tipo de insinuación de rompimiento del estado de derecho y del orden constitucional, soportes de nuestro país, hagamos un frente común y solidario que demuestre que todos los mexicanos estamos construyendo un país, estamos construyendo un México democrático, un México fortalecido, pero sobre todo, un México respetado y respetable.
Gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nuestro país inició este año padeciendo una severa crisis financiera; en estos meses esta crisis se convirtió en productiva, trayendo consigo efectos devastadores: cierres de empresas, desempleo masivo, entre otros.
Ante este hecho el Gobierno, lejos de ser sensible a las necesidades derivadas de esta crisis para la mayoría de los mexicanos, ha impuesto una política económica que muchos de nosotros hemos rechazado.
Se nos ha señalado que no hay otro camino, que el camino por el que se va es el correcto. Sólo hace unos días se nos refrendó esta apreciación, al firmar el famoso ARE, que de nueva cuenta hace recaer el costo de la crisis, como ya es costumbre desde hace más de 15 años, en la mayoría de los mexicanos.
Aumento salarial de 10%, que sumado a lo ya otorgado, da con dificultades el 28%, ante una inflación del 50%. Perspectiva de un aumento del 10% el año que entra, ante una probabilidad de inflación del 20% por lo menos. Deterioro por lo tanto en las condiciones de vida y de salud y en todos sentidos de la mayoría de los mexicanos.
En este contexto serio de inestabilidad económica, de malestar social, de inconformidad de grandes sectores de la población, el pasado fin de semana nuestro país fue víctima del rumor, un rumor que, hay que decirlo, se apoya desafortunadamente en estas condiciones negativas en que hoy se desenvuelve la sociedad mexicana, en que hoy se desenvuelve la economía.
El rumor provino de los Estados Unidos, pero creemos nosotros que no es su fuente sólo ahí, sino que tiene bases internas que lo sustentaron y que le dieron pauta para tener las repercusiones que todos conocemos.
Hay un elemento importante y que hay que señalar, ante estos hechos graves del rumor, no cualquier rumor, sino el de un golpe de Estado que a todos debería de preocuparnos y nos preocupó y nos sigue preocupando, que no hubo una respuesta firme del Gobierno; el encargado del despacho contestó que no habría respuesta y creo que todos los mexicanos esperábamos respuesta firme de que dicho rumor era sólo eso; no hubo una posición firme y queremos respetuosamente señalar que ésta es una responsabilidad del Gobierno, que tiene que asumir y que debe de enfrentar, ante las graves condiciones que generó dicho rumor y que en el futuro, de no enfrentarse adecuadamente, puede generar para la mayoría de los mexicanos.
La ola especulativa no se hizo esperar, el rumor y la falta de respuesta se conjugaron para dimensionar aún más el problema, lo hicieron mayor. Por eso ahora creemos que es fundamental, que es imprescindible, ciertamente a pesar de las diferencias, sumarnos en un esfuerzo común para enfrentar este tipo de acciones.
Si estamos aquí, si hemos optado por la vía de la política para dirimir nuestras diferencias, no podemos estar ciertamente por la vía de las armas y mucho menos por la vía de la fuerza y el golpe de Estado, para dirimir esas diferencias y para cambiar el rumbo del país.
En ese esfuerzo y por eso, nosotros apoyamos el punto de acuerdo y apoyaremos cualquier acción que apunte en ese sentido; pero como alguien que me antecedió en la palabra señaló, lo hacemos también señalando que no estamos de acuerdo cómo se enfrentan los problemas; que no estamos de acuerdo que sólo hay un camino; que creemos que las opciones, las propuestas que se han hecho desde diferentes foros por diferentes fuerzas políticas, tienen que ser no sólo escuchadas, sino integradas a una visión que permita que este tipo de acciones, que los rumores que debilitan no al Gobierno, no al Gobierno sino al país y que lesionan al conjunto de los mexicanos, sean frenados de tajo.
Creemos por lo tanto, que también es obligación que a los responsables de ese rumor se les busque y se les sancione; se les tiene que sancionar porque no puede quedar impune una acción que afecta y pudo haber afectado a lo máximo a más de 90 millones de mexicanos.
Insistimos, hacemos un llamado al esclarecimiento de los hechos, pero sobre todo, a la sensibilidad política para que la defensa de la soberanía nacional, de las instituciones de nuestro país y del conjunto de los mexicanos sea real, tomando en cuenta no sólo una opinión, sino la opinión del conjunto de las fuerzas políticas de este país y de las organizaciones sociales y en suma, de todos los mexicanos que formamos parte de él.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Marco Rascón, del PRD, para hechos.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Perdonen esta visita intempestiva, pero quiero estar presente para patentar que no por ser subescapista nos interesa la estabilidad de su país...
El Presidente:
Señor diputado, permítame usted un minuto; están haciendo una moción.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
No la acepto.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes (desde su curul):
Para hacer una moción de orden.
El Presidente:
Tiene la palabra para moción de orden, diputado.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Sin violentar el derecho que tiene todo diputado de su libertad de expresión, quiero solicitar a la Presidencia, a su vez, solicite al orador, se retire el objeto que tiene sobre la cara, que no permite que escuchemos su intervención.
El Presidente:
Señor orador, en atención...
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
No es la crisis ni las catástrofes las que nos hacen un débil Congreso; es la falta de voluntad para detener a los que atentan contra México a través de una política económica que beneficie al norte. De pie contra el intervencionismo.
Aquí se ha venido a darle vueltas al asunto, cuando hay un claro intervencionismo, hay un claro intervencionismo sobre nuestro país, en lo económico, en lo político y eso es lo que enferma a la nación mexicana.
Este Congreso no quiere asumir tampoco que estamos fuertemente intervenidos. Ese es el asunto de fondo, no es el problema nada más del rumor ¿A poco creen que el Dow Jones se maneja solo y de que Carlos Salinas, allá, se maneja solo? Ese es el problema de fondo.
El Presidente:
Para el mismo tema se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente:
En un acto de grave irresponsabilidad histórica, esta plenaria acaba de aprobar la enésima gira de turismo político del doctor Zedillo. Este, en un nuevo acto escapista, se va de viaje, ahora al extremo oriente. Antes ya fue al brindis a Washington, con Clinton, luego, al "centro vacacional de Bariloche", después a Nueva York a una fiesta de cumpleaños.
Compañeras y compañeros diputados: el encargado del Ejecutivo nada tiene qué hacer hoy en el oriente. Hoy su prioridad no son los pueblos de Asia ni los de la cuenca del Pacífico, sino el pueblo de México y la crisis de confianza y de credibilidad en las instituciones mexicanas, como ha quedado demostrado el pasado fin de semana.
Hace ocho días declaramos a la revista Proceso, número 991, 30 de octubre, lo siguiente: "Salinas pretendía la reelección, pero Colosio se mostró rebelde. El proyecto neoliberal salinista no prosperó debido a que la sociedad cerró cualquier resquicio a la reelección; sin embargo, hoy el maximato opera de manera retorcida, dijimos ese día, una declaración de Salinas hace variar la bolsa de valores o modifica la paridad del peso frente al dólar."
"Zedillo cometió su más grande error al haberlo enviado al exilio; lo debió mandar a Almoloya de Juárez. Salinas por ahora está en Canadá, porque en los Estados Unidos podría ser más extraditable. De todas formas, concluíamos en esa declaración, Salinas está en su elemento, cerca de las editoriales, de la información, de la especulación de los mercados bursátiles y cambiarios. Salinas, concluíamos, tiene a su alcance y en cualquier momento, subrayo el momento, lo activa contra México, el mundo de la intriga financiera."
Ese momento, compañeras y compañeros, fue el viernes pasado. Salinas de Gortari, aprovechando su posición de miembro del consejo de directores de la empresa trasnacional Dow Jones, uno de 17 miembros y además importante accionista de esa corporación, asestó un golpe cuasi mortal al Gobierno de su pupilo Zedillo Ponce de León.
Si sólo se tratase de ello, esta fracción Social Demócrata no tendría por qué pronunciarse, sería un pleito de familia, sin embargo, lo grave es que se ha afectado nuevamente a la mayoría de los mexicanos. El dólar llegó a cotizarse a N$8.00, la bolsa continuó en turbulencia y el rumor de que el Ejército se aprestaba a tomar el poder y que había enfrentamientos armados en Chiapas, desquició el conjunto de la nación.
A todo esto se agregó el rumor de la renuncia del Secretario de Hacienda. De todo esto, al momento lo único que tendríamos que lamentar es que esa renuncia no haya ocurrido, por lo que significa el proyecto neoliberal que el Secretario de Hacienda y Crédito Público sigue imponiendo a la nación.
¿Qué ocurrió en las altas esferas del poder? Zedillo Ponce de León, escapista como es, se encerró en sí mismo, en Los Pinos, no contrarrestó la información con oportunidad; Guillermo Ortiz, miope como es, no vio el alcance de la intriga financiera que postró al mercado financiero bursátil y cambiario y Carlos Salomón Cámara, inepto como es, fue incapaz de diseñar una política de comunicación social que evitase, en ese ominoso fin de semana, todo tipo de especulación sobre el destino del país.
Quedó evidenciado que él, Salomón Cámara y su jefe, pueden ser expertos en muchas cosas, mas no en trasmitir al pueblo de México confianza, seguridad o credibilidad en sus acciones.
Quedó evidenciado que Salomón Cámara fue estafado por los "lobistas" que contrató en Washington por varios millones de dólares para que lo asistieran en la defensa de la imagen del gobierno zedillista ante la gran prensa internacional, porque he aquí que el principal consorcio de información de aquel país, es el que golpea nuevamente la imagen de Zedillo.
¿De qué han servido esos dólares? ¿De qué sirven los cabilderos de Washington a sueldo de Salomón Cámara? De nada.
Pero la pregunta hoy es, compañeras y compañeros diputados: ¿Cuál es la perspectiva en este enfrentamiento entre el señor Salinas y el señor Zedillo? ¿Quién puede más en esta guerra informativa? ¿Puede Zedillo enfrentarse a la corporación Dow Jones? ¿Puede Salomón Cámara contratar un mejor grupo de cabilderos para contrarrestar las informaciones del Wall Street Journal? Creemos que no. Esa batalla la tiene perdida la Cámara y su jefe Zedillo.
Porque veamos que es el Dow Jones en términos planetarios. Es una empresa que maneja, entre otros periódicos y publicaciones, los siguientes:
1o. El periódico Demografía Americana.
2o. El periódico Wall Street Journal de Asia, que se publica en Hong Kong.
3o. El semanario Wall Street Journal de Asia.
4o. El semanario Barron's National Business and Financial Weekly.
5o. La revista económica para el lejano oriente que se publica en Hong Kong.
6o. El semanario sobre empresas nacionales y empleo.
7o. Los papeles Ottaway, que publican 28 diarios en 13 estados de la Unión Americana.
8o. Dinero Inteligente.
9o. Y es sólo uno dentro de la corporación, el periódico Wall Street Journal, que es el de más alto tiraje en Estados Unidos, muy por encima del New York Times.
10. El periódico Wall Street Journal de Europa, con sede en Bélgica, que es el de más amplia difusión en términos continentales.
Pero eso sólo son sus periódicos y publicaciones; maneja además los servicios como agencia de noticias planetarias de la Ap Down Jones, que es la que se atribuyó el despacho que causó el desastre de la bolsa, por cuanto es un servicio de noticias financieras de negocios y económicas, en colaboración con la Associated Press, la AP.
Otra agencia es los servicios de noticias Down Jones, propiedad exclusiva de la corporación, especializada esta información financiera y de negocios.
La tercera es las noticias mundiales financieras a través de líneas de computación propiedad de Dow Jones.
La cuarta es los archivos denominados Federal Feellings, que contiene un verdadero fichero económico y financiero de la situación económica mundial.
El quinto es el Monitor de los Mercados Financieros para Inversionistas.
El sexto es las líneas de informaciones para el mercado llamado Tele Rate.
Y el último de estos servicios es las líneas de información deportiva.
Además el Dow Jones maneja también a nivel mundial la publicación América Economía, una conversión del 50% en la publicación bursátil y económica en América latina, en sociedad con un grupo empresarial chileno.
Maneja Data Times, que es un servicio a periódicos en línea por computadora.
Euroexpansión, Grupo Expansión, la revista de negocios francesa.
En Alemania el Handelsblatt Dow Jones y en Japón el Minex, otra empresa de divulgación financiera.
Además de esto, múltiples empresas de información económico-financiera en todos los continentes.
Con este poder de la transnacional Dow Jones no es previsible que el señor Salomón Cámara pueda enfrentar los ataques que de manera evidente dirige Carlos Salinas por conducto de ese consorcio al Gobierno y al pueblo mexicano.
¿Cuál sería entonces la posición razonable para enfrentar las acciones desestabilizadoras que continúa realizando Salinas de Gortari? ¿Cuál es el mecanismo para poder contrarrestarlo? Si no va a ser posible construir el contra Dow Jones hay que ir a la causa, no a los efectos. La única solución que plantea un hombre demencial, que en el exterior se resiste a la pérdida del poder y que pretende recuperar espacios de fuerza y de poder para seguir influyendo en la cosa pública nacional, es mandar traerlo, extraditarlo, para someterlo en nuestro país a juicio, por las fechorías que el pueblo de México le imputa.
Esta fracción Social Demócrata ha presentado a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, que presiden los diputados "prianistas" Pérez Jácome y Pérez Noriega, una demanda de juicio político para que sea traído Salinas a México y responda ante la comisión instructora de esta Cámara, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio y esa comisión duerme el sueño de los justos, puesto que no da respuesta oportuna al momento, como ha ocurrido en otras cinco demandas anteriores de juicio político.
Salinas, además de ese delito ya imputado, debería ser sujeto de un proceso de extradición, para responder por la vía del juicio político, no necesariamente ante la procuraduría, puesto que sigue disfrutando de su fuero presidencial tal como la Constitución señala, hasta un año después de abandonar el cargo, por los siguientes delitos que se derivan de la acción ofensiva del "viernes negro" anterior.
Salinas de Gortari debe responder hoy por hoy a graves actos de sabotaje a la economía nacional; debe responder por los delitos contra la economía pública y, desde luego, debe responder ante el pueblo de México por conducto de esta honorable representación nacional, por acciones que tipifican una nueva traición a la patria.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Para rectificar hechos se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hube de meditar sobre la necesidad de solicitar el uso de la palabra, llegando a la conclusión de que precisamente el tema que nos ocupa, de salvaguardar las instituciones de la República, hacía oportuna una reflexión con ustedes desde la tribuna.
Quiero decirle al compañero, diputado Rascón y a los 499 diputados restantes, entre ellos incluido el de la voz, que defenderemos siempre el derecho de expresarse con libertad en esta alta tribuna de la nación; que hoy estamos tratando el tema de la defensa de las instituciones de la República a partir de nuestra representación popular y nacional y no estamos defendiendo el congreso de las catrinas y de las máscaras; estamos defendiendo el Congreso de los Diputados, el Congreso de los representantes de la nación.
Defenderé siempre el derecho a que el pueblo de México pueda asistir a este Congreso y observar las deliberaciones de sus representantes desde las galerías. Lo hemos hecho. Defenderé siempre el derecho a que cada parlamentario mexicano, en uso de sus facultades, pase a esta tribuna y aun a nombre de la fracción Social Demócrata, se exprese con toda libertad argumentando lo que a su leal saber y entender sea de consideración de una Asamblea. Pero quiero pedir que reflexionemos si el congreso de las catrinas y de las máscaras es aquel que pueda encontrar la defensa popular, si ese congreso de las estridencias es el que esté dispuesto a defender, aun con la vida, ante un eventual golpe de Estado, al mexicano de la calle.
Quiero pedir disculpas por haber hecho esta reflexión en voz alta y delante de ustedes, pero es que nadie da lo que no tiene. Si este Congreso no ofrece la credibilidad y la confianza al pueblo de México, no podemos pedir que crean en nosotros.
Gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Marco Rascón Córdova.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Compañeros diputados:
He usado mi propia persona para el escarnio y creo que en situaciones dramáticas a veces la utilización de este tipo de recursos puede ser mucho más claro e incluso que muchos de los discursos formales en los cuales no se llega al fondo y que son del interés nacional, como lo que está exigiendo el pueblo de México en su propia defensa.
Es complicado hablar de... hacer este tipo de cosas con su propia persona, frente al estado de ánimo que tiene nuestro país, que tienen nuestras instituciones. Lamentablemente no se pudo escuchar lo que decía con esta visita inesperada del presidente Clinton a este Congreso* y es en retribución a un hecho que a mí como mexicano me ha indignado y que nosotros tenemos, de alguna manera, que responder: el hecho de que en el Congreso de Estados Unidos se discute el problema de México con peores cosas de éstas, con una caricaturización peor que ésta, a través de sus congresistas, como Hellms, a través de la manera como reciben a nuestros representantes nacionales.
En la pasada visita del presidente Zedillo a Estados Unidos, la versión de la prensa norteamericana fue que habia llegado Zedillo a darle gracias a su rescatista.
Independientemente, yo se lo había señalado a algunos diputados del PRI, hay cuestiones que a mí sí me indignan como mexicano. Hoy quizá podamos discutir y debatir sobre la utilización de este tipo de hechos y este tipo de elementos que a mí no me avergüenzan, cuando el problema, el problema de fondo, no se ha debatido.
Es mi opinión la que he insistido y he planteado en esta tribuna, en muchas intervenciones, en el sentido de que la causa de nuestros problemas es que estamos intervenidos desde hace tiempo, económica y políticamente y eso tiene en crisis nuestro propio sistema político.
¿Qué podemos esperar de una reforma del Estado? ¿Qué podemos pensar de nuestra producción, si cuando nuestros socios, con los que nos integramos económicamente, cada vez son más proteccionistas.
Hay una actitud que no es la actitud hacia México, no es favorable hacia México. Yo quisiera decirle al diputado Cervantes que ojalá esta disculpa, yo me sumaría a ella, sí es a los mexicanos.
Yo nada más quisiera subrayar que estaría totalmente en contra de que nuestro país, el Gobierno y este Congreso, lanzara o interpretara de que esta disculpa, es una disculpa al dueño de esta cara.
Muchas gracias.
*Muestra una máscara.
El Presidente:
Para referirse al mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Adolfo Aguilar Zinser.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En el ánimo de la propuesta presentada por el diputado Ricardo García Cervantes, los cinco diputados vemos un claro ánimo de defender la institucionalidad del país y de hacerlo desde una perspectiva no partidaria, suprapartidaria.
El concepto de golpe de Estado, nos alude directa y personalmente a todos los integrantes de este cuerpo; si hay un golpe de Estado, este golpe de Estado sería directa y expresamente en contra de nosotros. Nos darían a nosotros un golpe de Estado. El golpe de Estado es, por definición, la interrupción de la vida constitucional e institucional.
Nuestra primera, primordial obligación, porque tenemos un mandato que nos convierte en representantes de la nación, es defender la institucionalidad de este Congreso, que es la parte de la institucionalidad republicana en cuya custodia tenemos nosotros responsabilidad.
Tenemos que reconocer, al asumir esta responsabilidad, señores legisladores, que si el río suena es que agua lleva. Hay rumorólogos, pero también, quizá, hay golpistas.
En el ánimo de la propuesta presentada por el diputado Ricardo García Cervantes, hay una aseveración que es innegable y tenemos que hacer y refrendar aquí. El Ejército mexicano no ha dado indicio alguno de querer ser partícipe de un golpe de Estado contra las instituciones de este país y eso hay que decirlo y recalcarlo.
Sin embargo sí hay otros sectores de este país que podrían estar muy interesados en interrumpir la vida institucional, en interrumpir la legalidad constitucional a favor de sus intereses. ¿Por qué sería esto, señores legisladores? Porque la interrupción de la institucionalidad y de la constitucionalidad sería, en este momento tan dramático que vive el país, la interrupción del proceso de la reforma democrática. Esto hay que recalcarlo. No es un golpe de Estado en abstracto, no es un rumor en el vacío; es un rumor en medio de condiciones climáticas absolutamente favorables para que una gota de ese tamaño, absurda, tenga un efecto devastador sobre nuestra moneda.
Entonces, señores, hay que reconocer que detrás del rumor, adentro del rumor, en el núcleo del rumor, hay una voluntad golpista. Quizá no podamos descubrirla o identificarla, pero debemos hacerlo como lo señaló el diputado Jesús Ortega, del Partido de la Revolución Democrática, hay que investigarlo. Hay que investigarlo no sólo porque hay un rumorólogo detrás de ello, sino porque tal vez hay un golpista detrás de este rumor.
Pero cualquiera que sea la identidad o la fuente de estos rumores o de esta preparación climática para un posible intento de interrumpir la vida constitucional del país, hay una responsabilidad inmediata que sí podemos y debemos comenzar y con toda conciencia cumplir, que es la responsabilidad que le toca a este Congreso de acelerar y profundizar la reforma democrática. Nosotros tenemos la obligación, en este momento, de hacer de la reforma democrática el eje de toda nuestra actividad legislativa.
Tenemos que profundizarla, pero no sólo la que se refiere en general a la reforma del Estado o a la reforma electoral, si no hay una en concreto, que es la que se refiere a la reforma de este propio Congreso. Este Congreso tiene en su horizonte una reforma que debe hacerse con un sentido no partidario para fortalecer a la institución y no sólo a las partes integrantes de ella y no sólo a los partidos representados en ella.
Porque en la medida en que se fortalezca la institución, como se ha dicho en esta tribuna, nosotros tendremos un Congreso digno y si tenemos un Congreso más digno frente a los ciudadanos, tendremos un interlocutor que sea escuchado por los ciudadanos y que sea capaz de convocar a los ciudadanos a la defensa de la institucionalidad; tenemos una institucionalidad precaria, porque es una institucionalidad vulnerada por graves problemas de credibilidad.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es defender la parte de la institucionalidad que es nuestra y esa parte es este Congreso y la tenemos que defender por encima de nuestros partidos, señores diputados. En una reforma interna del Congreso que nos haga presentes ante la ciudadanía, como verdaderos y dignos representantes, que los ciudadanos se agolpen a las puertas de este Congreso a hablar con nosotros, porque los podemos escuchar y porque los vamos a escuchar.
Que no nos vengan a reclamar, que nos vengan a presentar sus puntos de vista ciudadanos, porque saben que seremos eco de ellos. Esta es una reforma que sí podemos hacer juntos en este Congreso, para la cual no necesitamos ampararnos en nuestras trincheras partidarias.
Es una reforma que nos daría a nosotros, a esta LVI Legislatura, un papel histórico en este país, que es haber logrado que en el trabajo legislativo el Congreso se fortaleciera. ¡En el trabajo legislativo:
Yo creo, señores diputados, que hay tres funciones primordiales en este clima político del país para este Congreso:
1o. La función de interlocutores. Tenemos que ser interlocutores, lo estamos siendo con la Cocopa en Chiapas; lo estamos siendo con la comisión o comunicación social; lo debemos de hacer en todas y cada una de las otras comisiones en las que haya esfuerzos muy importantes. Fortalecer al Congreso es ser interlocutores.
2o. Ser expresión. ¿Qué significa ser expresión? Pues ser expresión de lo que está ocurriendo en el país, de lo que los ciudadanos nos traen. Nuevamente insisto, no únicamente y sí legítimamente de los partidos, pero no únicamente de los partidos:
3o. Lo más importante es: ser poder. Tenemos que ser poder. Ser poder republicano, tomar decisiones republicanas y asumir responsabilidades por las decisiones republicanas que estamos tomando en este Congreso. Que la ciudadanía sepa que hay decisiones que tomó el Congreso en ejercicio pleno de su soberanía republicana y no porque se lo mandó el Presidente de la República o porque lo decidió una mayoría mecánica.
¡Ese sería el más grande fortalecimiento de nuestro Congreso! ¡Que la ciudadanía nos reconociera en la calle, que los medios de comunicación que están aquí presentes dijeran: "Hoy el Congreso de la Unión tomó la decisión de..."! Y que ésta sea una decisión republicana.
¡Es en esa medida, señores, que no va a haber golpe de Estado en este país! ¡Es en esa medida en la que esta Cámara está en condiciones de evitar que haya un golpe de Estado en este país! ¡Porque hay golpistas, señores, hay golpistas y los golpistas están agazapados, los golpistas no llevan etiqueta de golpistas; los golpistas acechan en la sombra, en la oscuridad, en el rumor; se amparan en las instituciones nacionales y extranjeras, en los medios de comunicación, para lanzarse en el momento en el que lo crean prudente y posible!
¡Hay quien quiere preparar en este país un clima de golpe de Estado! ¡Nosotros, en este Congreso, tenemos la capacidad y el poder que debemos de rescatar, de evitarlo:
Muchas gracias.
*Muestra una máscara.
El Presidente:
Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Luis Garfias.
El diputado Luis Garfias Magaña:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
He pedido la palabra para dejar claro, de una vez por todas, la posición de las fuerzas armadas respecto a este absurdo rumor que circuló la semana pasada.
Las fuerzas armadas mexicanas desde hace muchos años son una fuerza totalmente institucionalizada y profesional y desde hace muchos años han dado sobradas muestras a este país de su respeto al Gobierno que el país se da y de su respeto al Presidente de la República, en su doble carácter: de Primer Magistrado de la Nación y Supremo Comandante de las Fuerzas Armadas.
Por eso rechazamos, contundentemente, toda alusión a golpistas en lo que se refiere o lo que podría referirse a las fuerzas armadas.
El último intento o el último movimiento golpista que hubo en México fue en 1913, por un general de triste memoria: el general Victoriano Huerta. Que también disolvió a la Cámara de Diputados en el año de 1913.
Desde entonces jamás ha vuelto a haber el más mínimo intento de las fuerzas armadas por tomar el poder en cualquier forma.
Posiblemente haya golpistas en el sector civil o en el elemento civil, lo ignoro; pero lo que sí quiero dejar claramente establecido es que en las fuerzas armadas: Armada, Fuerza Aérea y Ejército, está totalmente descartado.
Su profesionalismo, su institucionalización al Gobierno ha sido muchas veces probado.
Por ello, señoras y señores, creo que es el momento de dejar plenamente dicho que las fuerzas armadas respetan a su país, respetan a los poderes que éste se da: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ¡y respetan al Presidente de la República, ya dije a ustedes, en su doble carácter: de Primer Magistrado del país y Supremo Comandante de las Fuerzas Armadas:
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Fernando Flores Gómez.
El diputado Fernando Jesús Flores Gómez González:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El mar ha sido a lo largo de la biografía de la humanidad, el maestro sincero que educa a las personas en la voluntad firme de carácter definido, de personalidad recia, pundonorosa, digna, leal y plena de los más altos conceptos.
La profesión de marino militar tiene una dimensión de religión laica. El mar responsabiliza a sus hijos y así no hay un solo miembro de la Armada que no esté juramentado para servir a México, a sus instituciones y a los mexicanos.
La lealtad es el cumplimiento con nobleza, honradez, rectitud y sin reservas, de una obligación o de un pacto. También se llama leal al defensor del poder legítimo. Pertenecer a la Armada de México es para nosotros un privilegio, un honor. Conservarlo con integridad es una responsabilidad, un gran compromiso que sólo con el cumplimiento de la doctrina naval se logrará.
Les aseguro que todos y cada uno de los miembros de la Armada mantienen siempre con integridad la conducta de portar con dignidad el uniforme de marino.
Quiero transmitir a ustedes el acendrado apego que en la Armada tenemos por nuestra Carta Magna, piedra angular de todas nuestras instituciones, ratificando nuestra voluntad clara y definida para cumplir con los objetivos de la Secretaría de Marina, Armada de México.
La Armada es una institución militar de carácter permanente, que se rige con disciplina, con honor, que tiene leyes, reglamentos y que es un importante pilar en la estructura republicana, a la cual la nación le ha conferido la tarea de emplear el poder naval de la Federación en su ámbito de acción.
Es deseable que todos los mexicanos no nos dejemos llevar por los vaivenes del rumor, de la intriga, del desconcierto. Debemos todos unir nuestras voluntades para seguir adelante. Hoy es una ocasión propicia para reafirmarlo.
No lo debería de decir porque creo que es obvio, sin embargo quiero recordarles que todos los miembros de la Armada que están prestando sus servicios en ella, lo hacen por vocación, que están orgullosos del uniforme que portan, que están orgullosos de su trabajo y que ese uniforme blanco por nada y por nadie será mancillado.
Por la mente de los marinos militares jamás ha pasado siquiera el pensamiento de querer faltarle el respeto a las instituciones y a quienes las representan, a las instituciones legalmente constituidas.
México es nuestro país; su suelo, su cielo, sus mares, su población, su tradición, son la nación mexicana. Lo que todos queremos es una nación, una patria limpia, democrática, respetuosa y respetable, en la que el pueblo de México tenga la certeza de que su Armada está integrada por hombres limpios, leales, incapaces de quebrantar el honor, elemento fundamental de nuestro quehacer cotidiano.
Los que pertenecemos a la Armada de México trabajamos para ella, hablamos sin murmurar, somos leales, siempre hemos sido leales a la institución y al pueblo que representamos. Por nuestras leyes, reglamentos, usos y costumbres, está prohibido murmurar, condenar o encontrar faltas constantes hacia las instituciones, hacia la República.
Cuando alguien no sienta esto es mejor que pida su baja de la institución y entonces dé rienda suelta a la maldad de su corazón; pero mientras prestamos nuestros servicios a la Armada de México, que no es otra cosa que el pueblo mismo portando con dignidad el uniforme de marino, jamás de los jamases censuraremos, murmuraremos o intentaremos ir contra las instituciones o ir contra la patria.
Quien no es así, la primera ráfaga de viento que pase se lo llevará y probablemente ese desventurado nunca sabrá por qué.
Al elegir la carrera naval se toma una decisión muy importante que implica una gran responsabilidad y el compromiso de una sólida formación que en el ejercicio de la ardua profesión permite integrarse a las unidades y establecimientos de la Armada para cumplir cabal y lealmente con el sagrado principio de servir, de defender, por sobre todas las cosas, a sus hermanos, al pueblo de México, a la República.
La Armada, nuestra Armada, la Armada del pueblo, siempre ha sido leal; ni antes ni ahora ni nunca quebrantaremos, sus miembros, el juramento que hacemos al ingresar a esta institución.
Para los miembros de la Armada el trabajo es las 24 horas diarias, los 365 días del año; en la Armada no hay sol, no hay noche, no hay muerte, no hay dolor, no habrá ya calor ni sed ni hambre ni lluvias ni enfermedades ni familia, no deberá nada atemorizar a los miembros de la Armada; todo habrá concluido excepto una cosa, el cumplimiento del deber; en el puesto que se le designe, ahí se quedará para la defensa de la nación, de su pueblo, de su raza, de sus costumbres.
Todos los mexicanos, sin importar partido político, ideología, color, sexo, clase social, credo religioso, en fin, todos los mexicanos estamos en el mismo barco que es México.
Si algo llegara a sucederle, provocado por quien fuere, todos nos hundiríamos dando mucho qué decir a nuestros hijos porque no supimos conducir nuestra nave a puerto seguro.
Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México: los quiero invitar a que reflexionemos, a que evitemos todo lo negativo que está pasando, que hagamos a un lado rumores; que pensemos en México, en nuestras raíces, en nuestras familias, en nuestros hijos y que cada uno, uno a uno, borremos la intranquilidad de nuestras mentes y apoyemos con nuestro grano de arena a salir adelante a nuestro país para que siempre estemos orgullosos de ser mexicanos.
Estén ustedes seguros, estén ustedes seguros que el personal de la Armada no les fallará, en él verán ustedes siempre a la lealtad y el trabajo conjugado, siempre para servir a México.
Muchas gracias.
El Presidente:
En el uso de la voz el diputado Eugenio Ortiz Walls, para el mismo tema.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:
Con el permiso del diputado Presidente; señoras diputadas; señores diputados:
En el Teatro Degollado de la ciudad de Guadalajara hay una frase que creo que ha impactado a todos los que la hemos leído: "Que nunca llegue hasta nosotros el rumor de la discordia". El rumor, propio de gente de mala entraña, de verdadero envenenamiento que divide, separa, destruye, hiere, salga de donde salga, que nunca llegue hasta nosotros el rumor de la discordia.
Defender las instituciones es defender al país, a México. México es fundamentalmente instituciones, independientemente que los mexicanos no las defendamos como debiera hacerse, y el estado de derecho empieza por la Constitución, por la Ley Suprema y por encima de nuestras diferencias yo pido un acopio de fortaleza personal para enfrentar a este rumor anti-México para que la fuerza de la nación de la que somos representantes se enfrente a esta cobardía.
Las virtudes cívicas no son solamente propias de los civiles. Las civites, las civitas, la ciudad, el Estado, es precisamente lo que nos obliga a tener esas virtudes a militares y a civiles y por encima de las diferencias tenemos que hacer un esfuerzo todos los mexicanos, los diputados, los representantes del pueblo fundamentalmente, pero también los medios, los medios de comunicación social, porque los medios de comunicación social en cuanto veraces, en cuanto a la obligación moral de llevar al pueblo lo que sucede aquí, que sea lo que sucede en verdad; que los medios sepan que todo lo que a veces algunos en abuso, no de libertades, sino en abusos del rumor, hacen que parezca que nuestras instituciones y nuestro Congreso sea verdaderamente algo que no exista.
México es uno y tenemos que luchar por la unidad, independientemente de las diferencias. O nos salvamos todos o nos perdemos todos y los pueblos no se salvan ni se condenan, los pueblos tienen que vivir y sobrevivir con dignidad, con justicia y con libertad.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El secretario Audomaro Alba Padilla:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias... Suficientemente discutida.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a tomar la votación económica con la modificación propuesta por el diputado José Castelazo.
El secretario Audomaro Alba Padilla:
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición con la modificación propuesta por el diputado José Rafael Castelazo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada con la modificación propuesta por el diputado José Rafael Castelazo.
El Presidente:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día. En consecuencia y para presentar un punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez.
El diputado José Jesús Ortega Martínez:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Después de escuchar las intervenciones sobre el tema del rumor del golpe de Estado que afectó la economía nacional y la economía de todos los mexicanos y de todos los ciudadanos y después de observar que todos los grupos parlamentarios y todos los diputados apoyamos la propuesta de fortalecer las instituciones y con ello avanzar y desarrollar un país más justo y democrático, el que les habla dudó de si presentaba este punto de acuerdo, pero la intervención del diputado Aguilar Zinser y de otros compañeros, me reafirmaron la necesidad de plantearlo, sobre todo, porque me parece que vamos a coincidir todos en ello.
Creo que hay que congratularnos de que la Cámara de Diputados ha llegado a un acuerdo como el que hace unos momentos aprobamos, de que la Cámara de Diputados está presta y dispuesta a la defensa de las instituciones y a rechazar cualquier intentona que afecte aún más la estabilidad política y que lesione las instituciones fundamentales de la República; pero me parece, compañeras y compañeros, que para defender eficazmente dichas instituciones se requiere más que declaraciones que, siendo importantes en las condiciones y en las circunstancias de nuestro país, serían insuficientes.
Por ello, para ser consecuentes con esta declaración que hace unos momentos hemos aprobado todos los diputados de todos los grupos parlamentarios, reitero, para ser congruentes, nos basamos, para ello, en las siguientes consideraciones:
Primero. Que para grave y justificada preocupación de la sociedad mexicana, el pasado viernes 3 de los corrientes tuvo difusión nacional e internacional la versión periodística, según la cual, estaba en curso un golpe de Estado militar en México;
Segundo. Que dicha versión repercutió muy desfavorablemente en el delicado equilibrio que guardan las finanzas del país, provocando directamente una baja en las acciones mexicanas, tanto en los medios bursátiles nacionales, como extranjeros, así como en la paridad cambiaria del peso frente al dólar, golpeando con ello la ya de por sí lastimada economía de la gran mayoría de los mexicanos:
Tercero. Que las características del acontecimiento permiten suponer, fundadamente, la existencia de una acción concertada de importantes intereses económicos y políticos en contra de la estabilidad económica y la gobernabilidad de nuestro país, así como del proceso de democratización y transición pactada al que aspiran los ciudadanos y
Cuarto. Que es responsabilidad jurídica y política del Gobierno Federal salir al paso de tales amenazas y buscar detenerlas con los legítimos medios del derecho y el consenso de las fuerzas políticas de vocación democrática.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la acreditada práctica parlamentaria que permite la comunicación respetuosa entre los poderes, los suscritos, diputados federales de los diversos grupos parlamentarios, sometemos a la consideración de esta soberanía, a título de obvia y urgente resolución, el presente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión resuelve:
Exhortar al Ejecutivo Federal a fin de que, a través de los órganos que correspondan, inicie la gestiones y los trámites necesarios a objeto de que exija la responsabilidad jurídica de quien resulte ser el autor de haber difundido notas sobre un supuesto golpe de Estado en México, que trajo consecuencias y efectos negativos para la economía nacional.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, D.F., a los 7 días del mes de noviembre de 1995.
Firman la proposición los diputados: Roberto Robles Garnica, José Jesús Ortega Martínez, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Francisco Curi Pérez Fernández y Ramón Sosamontes Herreramoro.»
Lo pongo, pues, a su consideración.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
El secretario Alejandro Torres Aguilar:
En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche la proposición, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El secretario Alejandro Torres Aguilar:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente resolución.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión la proposición y tiene el uso de la palabra el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Una reforma que no toque el problema económico, como se ha visto, no es una reforma de fondo. Mientras la política económica en nuestro país siga favoreciendo al capital especulativo, a la usura y al sector financiero, estaremos en manos de este tipo de grupos que buscan en el fondo desestabilizar para seguirse favoreciendo a partir del esfuerzo y del trabajo de los mexicanos.
Mientras no se enfrenten los problemas de descapitalización de la planta productiva y del campo; mientras no se enfrenten los problemas de la cartera vencida; mientras no se siga una política integral que busque apoyar a la inversión productiva en contraposición de la inversión especulativa, como es lo que ha venido pasando; si no hacemos eso, seguiremos estando en manos del sector bancario de nuestro país y de los financieros; por eso, es importante que fortalezcamos la posición como Congreso de incluir el tema del debate económico en la reforma del Estado que nos permita cambiar esta política neoliberal que en la alianza de recuperación económica en lo fundamental, en lo sustantivo se mantiene intocada.
Volvemos a ver en esa alianza el sacrificio del salario y del empleo como parte de la estrategia de recuperación y para enfrentar la crisis. Vemos también, en la alianza, el tratar de volver a resucitar los pactos como parte de una política de concertación entre grupos y el Gobierno Federal sin tomar en cuenta a la mayor parte de la población y la corresponsabilidad que le corresponde a este Congreso de la Unión.
La inestabilidad en que ha estado sumido nuestro país ha sido recurrente en torno a los mercados cambiarios financieros y la amenaza de estallidos sociales, ante la falta de salidas a la crisis productiva y a la crisis económica, social y política que está enfrentando México; persiste la volatilidad en el mercado cambiario, la alianza repite la fábula tradicional que desde hace 12 años se venía aplicando de los antiguos pactos, que vuelven a sujetar a los trabajadores para favorecer ahora al capital financiero.
Las medidas no están organizadas en torno a un eje de prioridades que permita crear efectos dinámicos en beneficio de la economía en su conjunto. Subsiste el agudo encarecimiento del crédito, entendiendo que éste es uno de los principales problemas que tiene la planta productiva y que tiene la economía nacional.
Se les vuelve a exonerar a los banqueros de todo sacrificio y se le impone a la sociedad una política de subsidio a favor de una banca mal administrada, por eso, el Partido del Trabajo plantea que no podemos seguir en este Congreso como en un muro de lamentos y proponemos lo siguiente:
Primero. La necesidad de formular una política integral de fomento activo que permita capitalizar los lazos establecidos con la economía global.
Segundo. La reorganización de la banca para terminar con el subsidio al rentismo y a la especulación.
Tercero. La recuperación salarial que combine instrumentos tributarios y laborales.
Cuarto. El cambio necesario por la irresponsabilidad y la incapacidad que ha demostrado el gobernador del Banco de México, porque ha favorecido la protección del sector financiero en contra de los intereses nacionales.
Quinto. Nuestro reconocimiento a la lealtad del Ejército a las instituciones de la República:
Sexto. Que se incluya el tema económico en la agenda de la reforma del Estado y que el Congreso convoque lo más pronto posible para que esto nos permita sentar las bases de un nuevo acuerdo, de un nuevo pacto social entre los mexicanos, para construir un México más justo y más democrático.
En el marco de lo anterior y con las observaciones que hemos señalado, nos sumamos a la propuesta que acaba de dar a conocer el diputado Jesús Ortega en esta tribuna.
Condenamos también los rumores que dejan entrever los intereses mezquinos de pequeños grupos.
Estamos también en desacuerdo en que el vocero de la Casa Blanca, ante la falta de respuesta y la inmovilidad de los responsables de la política interior y económica de nuestro país, tenga que emitir una posición para tratar de apoyar a México ante la incapacidad del actual Gobierno de la República.
Por eso, el PT plantea la exigencia de que debemos de convocar, como Congreso, lo más pronto posible al gran debate nacional, al gran diálogo nacional que incluya en la agenda el tema económico, que nos permita sentar las bases de un México que no esté en manos de los especuladores ni de los usureros.
Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra, para hablar del mismo tema, al diputado Francisco Curi Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:
Con su venia, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados:
En boca del diputado Jesús Ortega Martínez, coordinador de la diputación perredista en esta Cámara, se plantea a la Asamblea la necesidad de llegar a fondo en la investigación sobre el rumor que hemos venido comentando y que tan gravemente afectó los indicadores económicos más importantes de México y que puso en una minicrisis económica y financiera al país; que demuestra, en principio, la fragilidad financiera de las instituciones económicas mexicanas, demuestra también la fragilidad con la que las instituciones responden a una situación delicada como ésta y por supuesto, pone en juego un elemento desestabilizador para calibrar la capacidad de respuesta de las instituciones mexicanas.
En eso estamos hoy poniendo aquí nuestro grano de arena para salir en defensa de las instituciones mexicanas, sí, pero también tenemos que decir que vemos con extrañeza cómo un rumor de este calibre, cómo una situación tan delicada de injerencia en la política interna, cómo un hecho que se da fuera de nuestras fronteras y que afecta seriamente al interior de nuestro país, cuenta con una respuesta tan débil, cuenta con una respuesta tan fuera de tono y fuera de momento, como la que se dio cuando el rumor comenzó a cundir por todas partes.
Algunos han señalado que era tan fuerte el rumor, que la Presidencia de la República primero tuvo que corroborar si era cierto o no, porque con frecuencia se le hace más caso a las informaciones que vienen de los Estados Unidos que a las informaciones que campean en nuestro país.
Esto refleja que hay debilidad y que se está aprovechando esta debilidad para causar un desequilibrio severo. No es defender al Presidente de la República lo que estamos haciendo aquí, estamos defendiendo el estado de derecho mexicano. Bien lo decía Adolfo Aguilar Zinser, que esta defensa no era la defensa en abstracto, sino que tienen nombres y apellidos y que buena parte de esta defensa tiene qué ver con lo que el Poder Legislativo es y representa.
Si bien es cierto que en este momento estamos imbuidos de una demanda que desde diferentes flancos y diferentes formaciones políticas se ha generado, por realizar una reforma profunda del Estado mexicano; si bien es cierto que es necesario reformar las instituciones, para dotar a este país de condiciones de estabilidad, de democracia y de capacidad de maniobra en un Gobierno creíble, también es cierto que aun con la falta, con la ausencia de instituciones como muchos de nosotros las quisiéramos, son nuestras instituciones y tendremos que defenderlas y salir a defenderlas frente a cualquier acechanza del exterior.
Se ha señalado culpables. Las notas periodísticas y varias primeras planas le han puesto también nombre y apellido a quienes podrían estar directamente relacionados con este asunto.
No es para nosotros casualidad, quizá para algunos lo sea, que el único mexicano que forma parte del directorio de la agencia que difundió la noticia, es un ex presidente de la República, a quien se le señala como probable responsable de hechos bochornosos y delicados en nuestro país.
No es para nosotros, pues, una cuestión casual, que un alto directivo de esta agencia, si no tuvo qué ver directamente con la nota, como se hace referencia en la aclaración que hace Dow Jones, por lo menos debiera haber tenido conocimiento de ella y debería de haber tenido también la capacidad para poder opinar y parar un rumor, que sabía perfectamente, como experto en economía que es, los graves problemas que podría ocasionar al interior del país.
¿Es culpable por acción o es culpable por omisión Carlos Salinas de Gortari.
Sin embargo la solicitud que plantea el grupo parlamentario de la Revolución Democrática no tiene como propósito etiquetar, de salida, una investigación hacia alguna persona en particular. Como deben ser estas cosas, el planteamiento es que se haga la investigación con plena libertad, pero también con la mayor profundidad que el caso amerita.
La ausencia de iniciativa política que el Gobierno ha tenido, el Gobierno Federal, que ahora la Cámara retoma y en buena hora; la ausencia de iniciativa política que se ha dado en todos estos días, provoca el caos y el caos puede provocar un golpe de timón; un golpe de timón que vaya en contra de la reforma del Estado que todos queremos, un golpe de timón que vaya en contra de la necesidad de implementar medidas urgentes para aliviar las necesidades de amplias capas de la población mexicana que han resentido los graves efectos de las medidas aplicadas por el Gobierno y un golpe de timón que pudiera causar graves problemas en la necesidad de que estas instituciones se reformen y que lleguemos a un auténtico cambio en la democracia y por la justicia.
Se requiere llegar a fondo, a fondo en estas investigaciones. Esto lo propone el PRD y esperamos que sea acogida esta solicitud y este planteamiento en los mismos términos y con la misma altura que el Partido de la Revolución Democrática propone con plena responsabilidad: el fortalecimiento institucional, pero que propone también con plena responsabilidad la investigación de que caiga quien caiga.
No podemos permitir que nuestro país sea vaivén de juegos especulativos y de sabotajes financieros que se urden en otras latitudes y que tienen como cómplices a mexicanos que debieran, en principio, respetar su investidura como tales o mejor declararse ciudadanos de ese nuevo país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional, para el mismo tema.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:
Con su autorización, señor Presidente; honorable Asamblea:
El día de hoy nos ha tocado debatir nuevamente sobre hechos lamentables para el pueblo de México y reitero, nuevamente, porque todavía sufrimos y padecemos los estragos de esa crisis que pesa sobre nuestra espalda y ahora surgen elementos externos que hacen más doloroso el paso por el cual vamos transitando.
Acción Nacional en múltiples ocasiones ha establecido que la única solución es el estado de derecho y hoy, reiteramos esa posición. Nos complace escuchar el punto de acuerdo propuesto por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, porque va encaminado precisamente a establecer una situación jurídica. Adicionalmente es uno de los postulados fundamentales de nuestra nación. Aquí en este recinto está grabado con letras de oro, ese postulado que se refiere que "Entre los Individuos como entre las Naciones el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz" y en México precisamente se ha faltado al respeto, al respeto que exigimos y merecemos los mexicanos, al respeto que solamente se puede dar con la convivencia armónica de la sociedad a través de las normas legales y su observancia.
Precisamente por ello apoyamos la postura del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, porque estamos convencidos de que ha sido vulnerada la ley, han sido vulnerados los principios fundamentales que salieron de esta misma Cámara de Diputados y me voy a permitir leer una parte de la Ley de Imprenta, precisamente en lo que se refiere al artículo 3o., donde se califica una presunta ilicitud que consideramos se ha puesto en entredicho. Cito:
"Artículo 3o. Constituye un ataque al orden o a la paz pública, fracción II, la publicación o propagación de noticias falsas o adulteradas sobre acontecimientos de actualidad capaces de perturbar la paz o la tranquilidad de la República o en alguna parte de ella o de causar el alza o baja de los precios de las mercancías o de lastimar el crédito de la nación o de algún Estado o municipio o de los bancos legalmente constituidos."
Compañeros, no está en juego ningún grupo parlamentario. Todos los mexicanos nos hemos sentido afectados. La norma fundamental ha sido violentada; lo menos que se puede solicitar es que, a quien le corresponda, haga que el estado de derecho impere. Ese es el único fortalecimiento que los mexicanos esperamos. Es el único fortalecimiento institucional que los mexicanos merecemos y es ahí donde precisamente, junto con el Partido de la Revolución Democrática y aquellos grupos políticos que se quieran sumar, estamos dispuestos a compartir las acciones para hacer valer la soberanía nacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para el mismo tema, el diputado Salvador Mikel Rivera, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Salvador Mikel Rivera:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del PRI coincide plenamente en la necesidad y la urgencia de que este poder, que es el depositario de la soberanía popular, haga público su enérgico rechazo a la política del rumor y demostrar que más allá de nuestras diferencias existe un compromiso con la unidad democrática y la defensa institucional de la nación.
Hoy como nunca, todas las fuerzas políticas, todos los partidos comprometidos con México, comprometidos con la democracia y la legalidad, firmamos un punto de acuerdo para dejar constancia de nuestro compromiso por defender siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia nuestra soberanía, para rechazar enérgicamente que se repitan acciones como éstas.
Desafortunadamente no es la primera ocasión que en México se intentan políticas del rumor para tratar de generar incertidumbre y desconfianza. Pero, afortunadamente también, en esas ocasiones como lo hacemos hoy, la unidad de todos los mexicanos se ha impuesto sobre quienes han intentado dividirnos. Ni ayer ni hoy han prosperado ni prosperarán estos intentos, porque contamos con fuerzas armadas leales, institucionales, profesionales y honestas, comprometidas con la defensa del estado de derecho y de la soberanía. También porque la sociedad, los partidos, el Congreso y todas nuestras instituciones, siempre han actuado como hoy, con sentido de oportunidad, con prudencia, para evitar que estos intentos prosperen.
Nadie, sea quien sea, puede detener, como aquí ya se ha dicho, el avance democrático del país. Todos los que formamos parte de este poder, estamos aquí porque creemos en la política como el único instrumento civilizado para dirimir nuestras diferencias. Porque creemos en la política, no podemos admitir ni dar cabida ni mucho menos alentar o mantener actitudes complacientes frente a estos rumores que intentan romper la institucionalidad y por qué no, aquí también se ha señalado, interrumpir el diálogo para la reforma del Estado.
Nuestro compromiso, de todo el Congreso, de todas las fuerzas políticas, es con la defensa de nuestra vida institucional y con el avance democrático.
Este punto de acuerdo que propone el Partido de la Revolución Democrática expresa también el avance y el fortalecimiento de nuestra vida democrática, de una vida democrática fundada en la corresponsabilidad de todos: de ciudadanos, partidos y poderes públicos. Actitudes como éstas demuestran también que tenemos muy claro, todas las fuerzas políticas, que más allá de nuestras naturales diferencias, se impone nuestro compromiso con México y que es precisamente con estas acciones de convergencia, de unidad, como podemos seguir construyendo paso a paso, día a día, con acciones cotidianas, nuestro avance democrático; entendido éste, no como statu quo, sino con un flujo de intercambios, de acuerdos, de compromisos compartidos en lo fundamental y con respeto irrestricto a nuestras diferencias.
Toda democracia sólo tiene sustento y viabilidad si todos los actores políticos somos capaces de construir acuerdos básicos y respetarlos.
Se convalida aquí y queda acreditado, que este avance democrático con el que todos estamos comprometidos, requiere de nuestro esfuerzo permanente, de una gran disposición para acreditar en los hechos, nuestra responsabilidad y nuestra ética democrática de reconocer recíprocamente nuestras diferencias y traducirlas en reglas y relaciones de convivencia civilizada que nos permita resolverlas.
Tenemos que seguir acreditando, con acciones como éstas, con nuestro trabajo serio y responsable, el prestigio y la fuerza de este Congreso, de este Congreso como un órgano deliberativo, serio, responsable, que constituya un espacio privilegiado de negociación para alcanzar compromisos amplios e inclusivos que contribuyan a fortalecer la unidad y la soberanía de la nación.
Por eso apoyamos y nos sumamos a este punto de acuerdo, porque frente a estos embates contra la nación, esta Cámara reafirma su apuesta por la moderación, la oportunidad y la prudencia; su apuesta en buscar, por encima de nuestras divergencias y nuestras diferencias, nuestros puntos de acuerdo; apuesta a la aceptación de la coexistencia respetuosa de todas las fuerzas políticas; apuesta a guiar nuestra acción por la lógica del compromiso democrático, que es el único que nos va a permitir construir, juntos, un futuro colectivo para México, fundado en la unidad y la defensa de la soberanía.
Por ello suscribimos este punto de acuerdo, junto con el que ya se firmó, a efecto de que todos juntos, como Poder Legislativo, reafirmemos nuestro compromiso con México y la defensa de nuestras instituciones democráticas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.
El secretario Jesús Antonio Tallabs Ortega:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición...
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a tomar la votación económica.
El secretario Jesús Antonio Tallabs Ortega:
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE ISRAEL
El Presidente:
Para presentar un punto de acuerdo sobre el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabín, se concede el uso de la palabra al diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Los abajo firmantes, en nombre de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, se pronuncian en relación al asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabín, ocurrido el pasado 4 de noviembre y declaran como punto de acuerdo lo siguiente:
Pocos conflictos en el mundo han sido tan prolongados y complejos como los de Medio Oriente. La zona ha vivido desde 1948 décadas de violencia que se han traducido en un gran número de atentados y enfrentamientos, junto con otros muchos intentos de pacificación.
Ese tiempo ha sido un recuento de avance y retroceso que ha derivado en un lamentable derramamiento de sangre de esos pueblos. Aquél apretón de manos ocurrido en 1993, entre Rabín y Arafat, hizo abrigar a la comunidad internacional la idea de que estaba creando los cimientos para erradicar los enfrentamientos. Esa esperanza debe ser hoy reiterada. El asesinato del líder israelí no sólo es un fuerte golpe para su pueblo, sino un duro golpe para la paz.
En cualquier punto en conflicto del planeta, donde se va construyendo afanosamente la paz y violentamente se quita la vida a uno de sus arquitectos, se da un paso atrás en la historia de la humanidad y se oscurece su futuro.
Por lo tanto, ante la trágica desaparición de Yitzhak Rabín esta soberanía declara:
Uno. Deploramos profundamente el asesinato del primer ministro israelí, cuyo crimen representa la pérdida de un gran estadista y expresamos al pueblo y al parlamento israelíes nuestra solidaridad en estos difíciles momentos.
Dos. En los extremos ideológicos están los más graves peligros. Por ello, la violencia extrema sólo constata que ésta nunca ha sido un medio para acercar a los pueblos ni ha sido fruto apetecible para las mujeres y hombres del mundo.
Tres. Hacemos votos para que el proceso de paz en esa región continúe a pesar del reprobable magnicidio y para que se eliminen mediante el diálogo obstáculos que pueda haber para lograrla, con el propósito de alcanzar un futuro común por las vías de la coexistencia.
Cuatro. Si en 1994 Rabín se hizo acreedor junto con Yasser Arafat al Premio Nobel de la Paz, hoy en 1995, junto con él se levanta la voz de muchos pueblos para construir la paz anhelada, el mundo armonioso y menos dividido por creencias o razas, un mundo donde todos los hombres tengamos un espacio digno. Rabín ha muerto y ya ha sido sepultado, sin embargo el deseo de paz seguirá siempre vivo en el corazón de los pueblos.
Nos pronunciamos por una paz estable y duradera.
Diputados Carlos Reta y Augusto Gómez Villanueva, Partido Revolucionario Institucional; diputado Tarcisio Navarrete, Partido Acción Nacional; diputado Cuauhtémoc Sandoval, Partido de la Revolución Democrática y diputado Eduardo Guzmán, Partido del Trabajo. Rúbricas. Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de noviembre de 1995.
Muchas gracias.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente:
Para hablar acerca de una huelga de hambre, tiene la palabra el diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Compañeras y compañeros diputados:
Hace ocho días esta misma tribuna planteamos nosotros la necesidad de que las voces de los diversos pudieran ayudar con su representatividad a que la sensibilidad política del gobierno de Tabasco y de las autoridades de la Secretaría de Gobernación ayudara a resolver el problema de los trabajadores de limpia del centro de Villahermosa Tabasco.
Lamentablemente en ese día, pese a que convocamos a que la voz que planteábamos aquí no se quedara en el aire, no hubo representación partidaria, aparte de la nuestra, que se comprometiera a ayudar a resolver un problema que no es partidista sino social, el problema de trabajadores, de los más pobres trabajadores del Estado de Tabasco.
A ocho días deseo informarles que aquí mismo nos pusimos en huelga de hambre dos compañeros de Tabasco, que ahora mismo me acompañan y les pido que pasen, al frente y un servidor, nos pusimos en huelga de hambre. Llevamos ocho días y apenas hemos logrado que el día de ayer por la tarde-noche tres de los cuatro compañeros trabajadores presos injustamente en Tabasco, fueran puestos en libertad. Queda uno más, que es uno de los dos principales dirigentes de los trabajadores de Tabasco.
Hoy en la Secretaría de Gobernación, por mediación del coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Jesús Ortega, en pláticas con el subsecretario Navitidad González Paras, se nos ha pedido que demos un paso de correspondencia a la libertad de los tres compañeros, para no dar muestras de cerrazón y abrir un cauce que permita una mesa de diálogo y de negociación, que permita que estos 320 humildes trabajadores de limpia puedan reintegrarse a su Estado y puedan reintegrarse a su trabajo y puedan reintegrarle a sus familias así sea el miserable salario de 260 pesos quincenales.
Y creo, compañeras y compañeros diputados y oí con mucha atención al diputado coordinador de la bancada de Acción Nacional, que me merece todo el respeto, porque es un diputado serio y responsable, cuando se refería criticando a la catrina y a las máscaras que este Congreso no da lo que no tiene y nadie da lo que no tiene; efectivamente, pero la credibilidad, compañero coordinador, se lo digo con todo respeto, tampoco se la vamos a dar al pueblo porque no haya catrinas ni máscaras, a veces aquí mismo muchos diputados vienen a hablar con máscaras y parecen catrinas, porque las luchas de gente humilde no son atendidas y es lamentable que tengamos que llegar a ocho días de huelga de hambre, seis mexicanos, tres en Tabasco y tres en el Distrito Federal, para apenas lograr la sensibilidad de que se libere a tres compañeros presos injustamente.
Yo soy partidario del gran diálogo nacional que hace unos cuantos días apenas se estableció en la Secretaría de Gobernación, pero me cuestiono a veces, si para liberar tres compañeros presos hay que hacer una huelga de hambre, verdaderamente ¿será posible mover las conciencias y las sensibilidades de quienes no quieren entender problemas mínimos, de quienes en cualquier disidencia ven un muro al cual hay que destruir, aplastar y enterrar. ¿Podrá haber reforma política en el país desatendiendo los problemas de la gente más pobre de nuestro país? ¿Podrá haber diálogo, podrá haber como dijo el diputado Peniche y Bolio o no recuerdo el nombre del otro diputado de Acción Nacional, que convocaba a que no nos gane la confrontación a los mexicanos, cuando hay gobernantes que se aferran a aplastar, literalmente aplastar, ya no a sus contrincantes políticos, sino a sus trabajadores más modestos.
Yo creo, compañeras y compañeros diputados, que la credibilidad de esta Cámara se la vamos a dar todos con nuestra conducta seria y responsable, con nuestras propuestas republicanas, con nuestras miras altas y nuestros largos alientos en bien del país, pero no hay país que valga si no vale por su gente y si nosotros tenemos a la gente más humilde tirada en la basura, entonces no vale este recinto fastuoso ni vale que no haya máscaras ni catrinas.
Por ello quiero decirles aquí públicamente que deseo pedirles su apoyo a todos, sin distinción de partidos, que nos ayuden en este problema social, que nosotros vamos a levantar las dos huelgas de hambre en Tabasco y aquí pero que el problema que originó que los compañeros fueran encarcelados, que es la restitución de su empleo modestísimo de 260 pesos quincenales, les sea devuelto a los compañeros.
Les invito a que ojalá la Cámara pueda aprobar un punto de acuerdo que convoque a las autoridades del Estado y del Gobierno Federal a que de una vez por todas permitan una solución y que haga que los compañeros, éstos tabasqueños muy pobres pero que han dado una lucha muy digna, puedan regresar no con una victoria sino con su trabajo modesto pero digno y que puedan reintegrarse a su Estado y a su vida normal.
Quiero decirles que vamos a levantar la huelga de hambre para que no haya pretexto, que no haya acusaciones de intransigencia, que no haya reflexiones en términos de que a lo mejor este conflicto social es parte del conflicto político y que quiere quitar al gobernador ni cosa por el estilo. Hemos deslindado muy claramente el problema laboral y social de los compañeros, del asunto político, no lo hemos mezclado y ojalá este día la sensibilidad de ustedes sí salga a flote y nos ayuden a resolver en definitiva este problema. Damos por concluida, pues, la huelga de hambre.
Gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Mario de la Fuente Lazo, del PRI.
El diputado Carlos Mario De La Fuente Lazo:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En días anteriores, acudí a esta tribuna para manifestar el deseo y la voluntad por resolver el conflicto laboral existente con los trabajadores de limpia del municipio del centro. Aproveché la ocasión para informar ante ustedes el grado de avance existente en ese momento, quedando por resolver la liberación de tres personas de las nueve detenidas en su origen, hecho que como les mencioné dependía de la autoridad federal.
En ese momento también externé que esto sería de un momento a otro, debido a las gestiones realizadas por los diputados de Tabasco y por el senador Auldarico Hernández Jerónimo, quien ha estado en contacto con la secretaría de gobierno y por el mismo diputado Armando Quintero, quien pues es obvio que ha estado muy presente luchando también para sacar adelante este problema que es lo que más me interesa que se resuelva.
Independientemente de hacerse lo contrario a lo hablado, les quiero informar a ustedes que los tres trabajadores, como lo acaba de informar también el diputado Quintero, ya fueron liberados conforme a derecho, conforme a derecho y a una gran voluntad política, a un gran deseo de que se resuelvan las cosas; vuelvo a reiterar aquí que estuvimos en contacto y seguimos en contacto con las autoridades del gobierno de Tabasco.
Reitero una vez más a ustedes el deseo de seguir apoyando y llevar a feliz término este conflicto que beneficie a los trabajadores de Tabasco. Lo más importante en este caso es que va caminando la negociación dentro del derecho, cuando hay voluntad y cuando hay cabalidad para ayudar a la mayoría. Que sepan los trabajadores de limpia de Tabasco, que no vengo en lo personal a abogar por nadie, me interesa la resolución colectiva, me interesa el problema de los trabajadores de limpia como le interesa a Tabasco y al gobernador de Tabasco.
Muchas gracias.
ESTADO DE PUEBLA
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre el Estado de Puebla, se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
A cinco días de que se lleven a efecto las elecciones en el Estado de Puebla, es urgente puntualizar algunos aspectos y resaltar algunos problemas que se han venido sucediendo durante la campaña, durante la preparación de este proceso electoral que el próximo domingo será en el Estado de Puebla.
Hemos señalado en forma reiterada que la presencia en el gobierno del Estado de Puebla de un político como Manuel Bartlett Díaz, que mezcla una doble función: por un lado como gobernador y por el otro tomando la estafeta casi de candidato priísta, ha hecho mucho daño a la confiabilidad del proceso electoral del próximo domingo que se llevará a cabo en este Estado.
Hay algunos aspectos que resaltar, primero: en la conformación de los propios organismos electorales se ha hecho con consejeros ciudadanos con plena identidad priísta y que a su vez éstos han nombrado a funcionarios totalmente relacionados con el Partido Revolucionario Institucional; se ha detectado en la propia capital del Estado por lo menos 20 ciudadanos consejeros propietarios que han tenido relación directa con el Partido Revolucionario Institucional o que tienen parentesco con los dirigentes o lazos consanguíneos con los candidatos.
Segundo: se ha roto la autonomía de los organismos electorales en los distritos y municipios, ya que hay una fuerza de coptación por parte de la comisión estatal electoral, que además ha entrado en una fase de contubernio entre ésta y el Partido Revolucionario Institucional, formando un dúo antidemocrático que no garantiza y que no beneficia en nada al proceso electoral próximo en Puebla.
A pesar de existir 68 impugnaciones del Partido Acción Nacional y ahí están los nombres que pedían, en contra de consejeros ciudadanos que violentan el propio código estatal electoral, no ha habido respuesta a estas impugnaciones, haciéndose notoria la actitud de cerrazón de dichos organismos electorales.
Cuando la comisión estatal electoral dio de baja a María del Carmen Díaz Amador, consejera ciudadana, la argumentación principal de esa comisión estatal electoral fue falta de independencia, de imparcialidad, de equidad y estos mismos argumentos están contenidos en las impugnaciones, en las 68 impugnaciones, presentadas en tiempo y forma ante los organismos electorales, pero este argumento solamente ha valido en un sentido, en contra de Maricarmen Díaz Amador, pero no así para dar respuesta a las 68 impugnaciones presentadas por el Partido Acción Nacional ante los organismos electorales.
Tercero, durante la campaña electoral el gobernador nunca dejó de hacer proselitismo político, a pesar de reiterados señalamientos en esta tribuna, a pesar de algunas recomendaciones de la propia Secretaría de Gobernación, a pesar del criterio emitido en el Instituto Federal Electoral, disfrazando muchas veces esa actitud de campaña electoral en programas emergentes de empleo, inauguración de obras, apoyos económicos extraordinarios a municipios, presencia muchas veces injustificada del propio gobernador, para inaugurar obras que le correspondía hacer esto a los propios presidentes municipales.
El último caso de éstos fue el domingo pasado, siete días antes de la elección, en este evento inaugura parcialmente una obra que está inconclusa y así lo señalan los propios medios, inauguración parcial del anillo periférico de la capital del Estado, dándose el lujo el gobernador de contratar al grupo "Bronco", pero antes de que el propio grupo "Bronco" se instalara en el lugar de la inauguración, este lugar estaba tapizado de propaganda de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional; se habían distribuido enormes cantidades de gorras, de bolsas de mandado, de camisetas.
Si esto no representa directa o indirectamente hacer uso de recursos para promover el voto hacia un partido, se deja en severa duda la contundencia de los mismos hechos.
Por cierto, el proyecto Angelópolis ha provocado que el propio Congreso del Estado, en un mayoriteo rudo y sin tacto político, apruebe un convenio de coordinación entre el gobierno del Estado, el municipio de la capital y municipios conurbados a éste, atándolos de manos para que se haga uso de los recursos en función del proyecto Angelópolis, triturando el 115 constitucional, sometiendo que la autonomía y la libertad del municipio en el uso de los recursos se vea subordinada al propio gobierno del Estado, pulverizando la autonomía y la libertad municipal.
Esto, señores, no puede ser, sobre todo porque en este convenio aprobado se ata de manos al propio municipio de la capital y a los conurbados hasta 1998, independientemente de que la última encuesta hecha favorece al PAN en forma muy considerable en la capital. ¿Qué no estará limitando el gobernador las posibilidades de gobierno de la propia capital en manos de la oposición.
Cuarto. De acuerdo al artículo 113 fracción IV del Código Estatal Electoral, el presidente de cada comisión distrital electoral, a más tardar el tercer domingo del mes de octubre del año de la elección, debe de publicar la lista de funcionarios de casilla y la lista de las casillas mismas, indicando domicilio y ubicación, así como los nombres de los funcionarios que van a estar integrados a éstas.
Esto no se dio formalmente; en forma totalmente fuera del procedimiento se da una copia borrosa a los comisionados en las comisiones distritales y municipales y que limita que los partidos políticos hagan uso de esa facultad explícita en la fracción V de este mismo artículo 113 del código estatal electoral, dejándolos en un estado de completa indefensión.
Y todavía el gobernador Manuel Bartlett, se queja que la oposición y organismos electorales federales, como es el Instituto Federal Electoral y el Registro Federal de Electores, lo quieren amordazar y argumenta que en función del federalismo lo que pide la oposición es romper este federalismo.
El gobernador Bartlett se olvida que cuando fue secretario de Gobernación tomó decisiones y sancionó desde el centro a varios gobernadores de su propio partido y que tomó parte en los procesos electorales locales en más de un Estado. Lo que antes él hizo, hoy le extraña y le parece raro.
Cabe aclarar al señor gobernador Bartleltt que fortalecer el federalismo no es pretexto para concentrar poder y dirigir a su antojo las elecciones locales. Acción Nacional no lo entiende así y la prueba han sido las elecciones en Guanajuato y Baja California, con leyes electorales muy a la vanguardia de la que tiene el Estado de Puebla, con organismos electorales integrados con una verdadera representación ciudadana e imparcialidad, garantizando precisamente la transparencia del proceso electoral. Sin embargo lo que vemos en Puebla es un federalismo a ultranza o caciquismo político ancestral.
El próximo domingo Bartlett tiene un reto claro en Puebla, porque los ojos a nivel nacional e internacional están puestos en nuestro Estado, porque a pesar del proselitismo abierto y exacerbado por parte del gobernador a favor de su partido, las encuestas elaboradas por el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara, presentadas el anterior domingo, dan una clara ventaja al Partido Acción Nacional en la capital y en el segundo municipio más grande del Estado; en la capital hasta de 15 puntos y en Tehuacán de siete puntos la diferencia.
Esto hoy por hoy, este resultado de las encuestas que se han hecho en otros estados y que han tenido un alto índice de precisión y de confiabilidad, no pueden de ninguna manera desviarse en el Estado de Puebla, a pesar del proselitismo de Bartlett, a pesar de organismos electorales parciales, a pesar de la ausencia de un padrón con fotografía, a pesar de las graves anomalías que se han dado durante la campaña electoral, condicionando o amenazando que si no votan a favor del PRI o no va a haber obra, o no va a haber recursos. A pesar de que el sistema de cómputo en 1988 cayó en manos de Bartlett.
Hoy, en 1995, los resultados deben ser congruentes con las encuestas que marcan la preferencia del electorado. Puebla no puede ser la excepción. Puebla debe tener antes que nada el triunfo de la democracia.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al diputado Edgar Román Benítez Gálvez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Edgar Román Benítez Gálvez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Efectivamente, a cinco días de que sea la contienda electoral en nuestro Estado de Puebla, cinco días en que todo es tranquilidad, en que todos los partidos políticos, especialmente al que represento con mucho orgullo, el Partido Revolucionario Institucional, ha manifestado a todos los ciudadanos su plataforma política, su plataforma de trabajo. Es así como hacemos campaña, desde luego con absoluto respeto a nuestros contingentes de la oposición, porque no nos gusta descalificar.
Aquí nuestro compañero se ha referido a que los funcionarios son la mayoría de nuestro partido. Todos sabemos que para elegir a los funcionarios es necesaria la participación de todos los partidos políticos y si somos la mayoría quiere decir que los panistas han propuesto a los priístas como funcionarios de nuestras casillas.
El código electoral estatal de Puebla garantiza los avances democráticos, establece en su artículo 55 que todos los partidos políticos tienen derecho ante la comisión distrital electoral de contar con un representante. En el caso del Partido Acción Nacional es el licenciado Berardo López, ex auxiliar de Jorge López, ex diputado en el Congreso estatal de Puebla. Es decir, una persona con experiencia política y desde luego en procesos electorales.
Este representante no acudió a las tres primeras sesiones, en todas las demás sí ha estado presente. Desde luego en la que se aprobó el procedimiento de integración de las mesas directivas de casillas estuvo presente, no presentó ninguna objeción, estuvo de acuerdo en todo y con todos los partidos políticos. De esta manera se hizo la primera publicación en los municipios correspondientes ante la opinión pública, cumpliendo al mandato del presidente de la comisión distrital electoral y de acuerdo a los términos que marca el artículo 113, en su fracción IV, es decir, el tercer domingo de octubre.
Durante su publicación no se presentaron objeciones, mismas que tiene derecho todo representante y todo ciudadano, de acuerdo a la fracción IV del código electoral estatal. No hubo ningún reclamo, ninguna objeción dentro del plazo establecido, es decir, de los 10 días que marca el código.
El representante de Acción Nacional quiere conocer el listado definitivo y lo exige a la comisión distrital, muestra de incongruencia y falta de respeto a la ley.
No es posible, porque en términos de lo que marca el artículo 113, en su fracción VI, se establece que el presidente de la comisión distrital deberá mandar una segunda publicación, que se hará el día anterior de la jornada electoral, debiendo ser definitiva.
El día de ayer, en reunión de comisión distrital en la ciudad de Tehuacán, se acordó entregar a los partidos políticos el listado el próximo jueves nueve del presente. Cabe señalar que todos los partidos políticos tienen derecho a solicitar copias certificadas. Si el representante de Acción Nacional no lo ha hecho o no se ha asegurado o manifiesta que no son legibles los listados, ¿qué clase de representante tienen entonces? Que este representante asuma su responsabilidad y que cumpla sus funciones de cada representante en términos de ley; son corresponsables del proceso electoral, participando en vigilancia y en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso electoral.
Señoras, señores: el próximo 12 de noviembre reconoceremos nuestros triunfos, también sabremos reconocer los triunfos de la oposición. Somos en campaña respetuosos; así logré un triunfo aplastante con mi contendiente de Acción Nacional en el VI distrito electoral; así seguiremos logrando muchos triunfos, siendo respetuosos, dando plataforma de trabajo, siendo propositivos. Descalificando no se logra nada.
Por eso, la ciudadanía en general en el Estado de Puebla, confía en nosotros, en nuestro partido, el Revolucionario Institucional.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificación de hechos el diputado Manuel Beristáin.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Muchas gracias.
Señor Presidente; compañeros legisladores:
La rectificación de hechos juega en verdad cuando en esta tribuna se argumentan cuestiones que están muy alejadas de la realidad.
Yo le preguntaría al propio diputado que me antecedió en el uso de la palabra y que por cierto radica en el mismo distrito de un servidor, que si le llama tranquilidad a que ayer mismo, y si no está enterado por esta vía se lo hago saber, renunciaron 200 funcionarios de casillas y que está en un verdadero problema el propio comité municipal electoral y el distrital.
Y voy a explicar por qué pasa esto, porque si bien es cierto que la ley menciona un tiempo, para que aquellos ciudadanos que quieran integrarse como consejeros ciudadanos en los órganos electorales, presenten su solicitud con los requisitos que la misma ley señala, no fue así, es decir, los organismos electorales no esperaron a que los ciudadanos llegaran a sus oficinas, fueron estos organismos electorales a buscar a los ciudadanos que más les interesaba a ellos, para conformar parcialmente estos órganos electorales.
Esto, señores, tiene un costo para ustedes mismos, ayer estaba en crisis, hoy no creo que la hayan resuelto, 200 funcionarios, que al mismo tiempo renuncian a sus cargos, creo que no es tranquilidad electoral a casi cinco días del proceso electoral mismo.
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra menciona que porque son mayoría, Acción Nacional propuso a priístas. Señor diputado, las encuestas señalan que en la capital es mayoría Acción Nacional 47.1% y el PRI tiene 32.4%. Ni en la encuesta son mayoría, señor diputado.
Y yo lo quisiera llevar a un debate en otro nivel, simplemente referirme puntualmente a lo que el señor diputado menciona, hice clara referencia al código estatal electoral en su artículo 113 y que espero que lo tenga a mano señor diputado, ábralo en la página 86. Hice referencia clara a la fracción IV y la fracción IV menciona sobre la lista previa de las casillas y de los funcionarios de casilla, no me refería a la definitiva, que marca la fracción VI, sino dije que nos dejaban a la oposición en un estado de indefensión, precisamente porque de la fracción IV se derivan las impugnaciones a la lista de funcionarios y a la ubicación de las casillas y esa facultad la encontramos en la siguiente fracción, que es la fracción V.
Creo que son aclaraciones muy precisas y que no caben argumentos ante los hechos que se han dado en el Estado de Puebla.
Gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Edgar Román Benítez Gálvez del PRI.
El diputado Edgar Román Benítez Gálvez:
Con su permiso:
Me voy a referir aquí a un adelanto de mi compañero diputado, en que por un lado habla de que las encuestas están favorables a su partido, por otro lado viene a buscar argumentos en los que de antemano reconoce la derrota. Yo no voy a hablar ahorita ni de que vamos a triunfar ni de que vamos a derrotarlos, porque la encuesta únicamente se da el día de las elecciones y ése es el próximo 12 de noviembre.
Ahora, ¿qué me da confianza a mí y por qué veo tranquilo las elecciones el próximo 12 de noviembre? Pues muy sencillo, tenemos los mejores candidatos, candidatos elegidos por la mayoría de los ciudadanos, que han manifestado sus propuestas abiertas, claras y de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía.
Otra cosa que me da fundamento y confianza de que vamos a triunfar, de que en el distrito, en la ciudad de Tehuacán ha habido gobiernos panistas, ahí afortunadamente la ciudadanía ya no quiere saber nada de ellos, como sucedió en Chihuahua. Ya tuvieron su oportunidad, no la han sabido aprovechar, es fácil venir aquí, lamentar, descalificar al adversario...
El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid (desde su curul):
Señor Presidente, ¿podría preguntar, por favor, al orador si acepta una pregunta.
El Presidente:
¿Acepta usted una pregunta del señor diputado.
El diputado Edgar Román Benítez Gálvez:
Al finalizar, por favor.
Por esto es mi confianza, porque tenemos las mejores propuestas, porque sabemos trabajar cuando se requiere y porque la ciudadanía así también lo necesita y así lo exige y el próximo 12 de noviembre vamos a triunfar.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Beristain, del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:
Los señalamientos sin fundamento, los señalamientos únicamente por salir del paso ante una serie de anomalías y que a ojos nacionales consta, creo que no ayuda en nada al proceso próximo en nuestro Estado de Puebla.
Menciona el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que Acción Nacional ha gobernado, no nada más Tehuacán, sino varios municipios del distrito de Tehuacán antes integrado por 19 municipios, hoy, dividido en dos distritos que son el XIV y el XV; pero aun así vamos a gobernar en muchos más de los que hemos gobernado. Tlacotepec de Porfirio Díaz, que ha sido la reserva política del Partido Revolucionario Institucional, que es el corazón de la Sierra Negra, ya cambió de color, a color azul, señores. No lo aceptan; la montaña igual, Vicente Guerrero y Coyomeapan y los ayuntamientos conurbados a Tehuacán, tienen la experiencia y tienen, yo diría, la diferencia entre una administración del PAN y otra del PRI.
Mencionó aquí también el señor diputado que lanza sus mejores candidatos. No es cuestión de meternos al análisis en lo particular, pero, en fin, ya que lo mencionó, únicamente daré como muestra un botón: el candidato al distrito de Tehuacán, al XIV distrito, Arturo Barbosa Prieto. Fue impuesto hace tres años por el gobernador, a pesar de sus propios compañeros de partido de ahí del comité municipal del PRI de Tehuacán. Hoy, nuevamente lo impone como candidato a diputado local por el distrito XIV. Será el mejor candidato del gobernador porque ni siquiera, señor diputado, de su partido, porque se los impusieron en los dos eventos, hace tres años y hoy.
Pero yo no quisiera hurgar más sobre aspectos personales de los candidatos porque hay un amplio expediente para cada uno de ellos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el diputado Héctor González Reyes, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Héctor González Reyes:
Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Ya se volvió aquí un sube y baja con estar mencionando a Puebla. Llega el momento en que la reacción panista de Puebla está sacando, como siempre, "sus uñas emboscadas".
En Puebla, el Partido Acción Nacional ha asumido desde principios de los años ochenta un perfil político muy claro que se puede resumir en la idea de hacer de la disidencia, estridencia. ¡Escandalosos! Sin una propuesta sólida, coherente o moderna, el PAN no ha realizado, por orfandad teórica, un diagnóstico serio de la ciudad de Puebla; su estrategia estriba en capitalizar la inconformidad y el malestar social que ellos mismos han provocado siendo paleros.
Su peor enemigo son los buenos gobiernos, como es el caso; su aporte es el caos, su interés no es el bienestar de los poblanos porque además ni son poblanos, llegan de Oaxaca, de Guanajuato y ahí todos mexicanos, sino la descomposición de un gobierno aunque esto afecte a la sociedad, para tratar de acceder al poder.
Como un partido sin ideas, el PAN resiente la pobreza del liderazgo, de sus dirigentes y el poco carisma de su candidato a la presidencia municipal por la capital del Estado, por lo que no es casual que su influencia sea muy limitada dentro de la entidad y muestre claros signos de desaliento, que se traducen en la mayor beligerancia discursiva, asumiendo actitudes fundamentalistas que desde este momento pretenden justificar su probable derrota electoral.
Puebla siempre ha querido ser botín de la reacción, de diferentes colores y matices. Pero siempre el pueblo los ha rechazado, en los años setenta., y acuérdense bien la historia y no es porque como aquí alguien pasó hace días a decir: "Ustedes se creen dueños de la historia"; no somos dueños de la historia, están marcados por la historia, como personeros y prestanombres. Pero siempre el pueblo los ha rechazado.
En los años setenta, dividieron a la Universidad Autónoma de Puebla los reaccionarios llamados "fuas", aliados con algunos que esclavizan conciencias.
No podía soportar que sus hijos estuvieran al lado de los hijos de los campesinos y de los obreros, por lo que crearon su bastión, engañosamente lo etiquetaron como Universidad Popular.
El PAN en Puebla revela su pobreza intelectual, encierra una visión neoliberal y que tantos beneficios les produjo, expresan su verdadera posición de agrupación derechista similar a las posturas de los neofranquistas.
Cuando los panistas de Puebla hablan dogmáticamente del bien común y mayor atención a quien menos tiene, no es más que una expresión de una visión asistencialista en la que se encubre un mesianismo que ve en la sociedad los demás, una condición de inferioridad.
Es fácil observar en esta postura un profundo menosprecio hacia las clases sociales más necesitadas, lo que revela un fondo racista propio de quienes ven en la pobreza un rasgo de paisaje tercermundista que tanto les avergüenza cuando viajan al exterior a entrevistarse con sus amos.
Una vez más toman fuerza las palabras del licenciado Benito Juárez, que muchos de ustedes vienen aquí a mencionar, pero les habría de dar vergüenza porque fueron los que lo denigraron y lo han denigrado. Cuando aquí vienen a mencionar al licenciado Benito Juárez y ven hacia el cielo, les puede caer en la cara cuando dijo: "El triunfo de la reacción es moralmente imposible".
Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado José Luis Galeazzi, del PAN.
El diputado José Luis Galeazzi Berra:
Con su permiso, señor presidente; diputadas y diputados:
Se ha venido a hablar de algunas cosas, de hechos, de lo que está pasando en nuestro Estado y han dicho también que no somos poblanos.
Yo quisiera decirle al diputado que me antecedió: nuestro gobernador no es poblano, es tabasqueño y de aquí, de eso se deriva que todas las imposiciones que ha hecho a lo largo de los 217 municipios en Puebla. Yo podría hablar del candidato a la presidencia municipal de Atlixco, Puebla, es una imposición directa del gobernador.
Se ha hablado también de un triunfo aplastante. Yo les aseguro a ustedes que si todas las elecciones hubieran sido extraordinarias, que no hubieran sido el 21 de agosto, las de Puebla, las hubieran perdido todas. ¿Y por qué les digo esto? Porque se dio en Atlixco una elección extraordinaria de la cual yo soy producto y después se dio la devaluación, se dio una devaluación del 100% y se dio el aumento del 15% de IVA.
Entonces el 30 de abril la elección extraordinaria en mi distrito, en el IV distrito, se ganó, después de que en 1988 en ese distrito su diputado anterior en la LV Legislatura, el señor Eleazar Camarillo Ochoa, cacique de ahí de la región, que ya fue diputado en la LI, después puso a un gato, a Lino García, después volvió a ser ¿verdad?, en la LIII; después puso a otro gato: Serafín Sánchez Campos y después fue él otra vez, en la LV, en la pasada. En 1988 el PRI tuvo una votación de más de 80 mil votos para Salinas y 35 mil para el diputado. Ese fue un hecho muy raro que se dio ahí.
Ahora, con la participación ciudadana en el distrito, con el cuidado de todas las casillas del distrito y con lo que ustedes han provocado con la crisis, porque de ninguna manera nosotros hemos sido los culpables de la crisis, porque no hemos estado gobernando en Puebla, nunca hemos gobernado en Puebla, ustedes son directamente los... No hemos tenido un gobernador panista, se dio este triunfo y ustedes si reflexionaran un poco sobre esto, si las elecciones como se están dando ahora y el miedo que ustedes tienen a perderlas ¿verdad? y la imposición de candidatos y el caciquismo y la imposición y el autoritarismo de su gobernador, muestran en sus actitudes este miedo a perder las elecciones, porque ya las perdieron el 30 de abril.
Y no es raro que caciques defiendan a caciques. La única intervención que tuvo Eleazar Camarillo en sus nueve años de diputado federal, fue ésta de tres cuartos de cuartilla y al final decía: "Esa es mi proposición. Vuelvo a repetir: no vine a defender ni a criticar. Yo pocas veces he pasado a esta tribuna; pero considero que también debe verse lo bueno de un gobernante, no nada más lo malo."
Eso decía Eleazar Camarillo en su única intervención en nueve años.
Yo quisiera, señores del PRI, que escojan candidatos que por lo menos defiendan o participen para desarrollar los pueblos y que también trabajen por la democracia, porque en Puebla, este 12 va a ser un ejemplo y es un reto para ustedes, para que realmente México y el Estado de Puebla avancen.
Gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo... ¿No se encuentra en el salón?..
Tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame, para el mismo tema.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:
Señor Presidente, con su permiso; compañeros legisladores:
Estamos en las vísperas de las elecciones del Estado Libre y Soberano de Puebla y ya hemos dedicado dos sesiones, por lo menos, a un debate de pronósticos reservados. Esto es muy revelador de que las condiciones en que se desarrollan los futuros comicios de nuestra entidad están entre paréntesis, están sujetos a duda, porque no existen garantías para la emisión libre del sufragio. De tal suerte, el gobernador del Estado no está cumpliendo uno de los mandatos supremos de la Constitución.
Los oradores del PRI que me han antecedido en el uso de la palabra, reconozco el valor y esfuerzo del compañero Benítez, que al igual que el compañero Manuel Beristáin, los tres somos hijos de Tehuacán. Aquí también existen otras distinguidas legisladoras, como la compañera Teresa Gómez Mont, originaria de Tehuacán, que en su historia larga de participación legislativa cuenta con próceres que han participado, con próceres que han participado en nuestro Poder Legislativo, como Barbabosa en 1824, como De la Mora en el Congreso Constituyente de Cádiz, como Pastor Rué en 1917.
Benítez ha hecho un esfuerzo superior y me agrada este ejercicio parlamentario que ha realizado. Sin embargo su participación es francamente reveladora de la colusión entre la comisión estatal electoral y el partido oficial. Realmente nos leyó un informe de la Comisión Estatal Electoral.
Y en esos términos lo aceptamos, porque está acorde con la actitud asumida por nuestro gobernador. Nuestro gobernador no es más que el eco fallido, secundario, de lo que correspondía al teatro de Pirandello, al teatro de lo grotesco. Bartlett corresponde a la política de lo grotesco, donde el escenario de la vida real se convierte en el teatro, al mismo tiempo que el teatro es el escenario de la vida real. Una cosa y la otra, actores con protagonistas de la vida real, no tienen diferencia.
Y lo digo porque lo que yo vengo aquí a aclarar es la participación del gobernador en una actitud que no le corresponde, en una actividad que no es la suya. Se ha dado a la tarea de "caza-consejeros electorales" y no es solamente la consejera ciudadana local María del Carmen Díaz, sino también la participación del consejero ciudadano Santiago Creel, que el pasado 3 de octubre tuviera una participación en un foro cívico.
A esta participación el gobernador Bartlett le ha dedicado alrededor de 10 cuartillas, que han sido publicadas posiblemente en inserción pagada en algunos diarios nacionales.
En esto nosotros recogemos precisamente lo grotesco de la política. Porque, por una parte, cuando le conviene habla de los ciudadanos y, cuando le conviene los censura como funcionarios.
En el citado documento, aparecido el pasado domingo 5 de noviembre en La Jornada, el gobernador hace un análisis del foro cívico, que califica como un acto partidista, excluyente, radical, sectario, imparcial, para de esa manera desacreditar una actividad pública abierta que tomó decisiones de acuerdo con el público que había convocado.
Era una actividad pública a la cual el gobernador se atribuye la facultad de calificarla y derivar en una cierta censura para decir que esa actividad por no ser priísta no era imparcial y era por lo tanto una actividad radical, en donde había participado el consejero federal Santiago Creel. En realidad fue un archivo de filiación política el que hace el gobernador de cada uno de los participantes, recabado de distintas fuentes pero sí muy acorde con su anterior actividad en el control de las actividades políticas de los ciudadanos.
El gobernador está controlando las actividades ciudadanas, las actividades partidarias y las que no le corresponden o no son afectas a él las persigue, aunque para ello tenga que decir que él es respetuoso de la libertad de expresión y que ha llegado al conocimiento de los sucesos por medio de las publicaciones de los diarios que circulan en la capital poblana. En el fondo hay un sentimiento de censura y de censura profesional en el cual hemos vivido los poblanos.
¿Por qué esta actitud abierta del gobernador Bartlett, que es un profesional de la política, un político con imaginación y con experiencia y con una biografía política ampliamente conocida y reconocida? La actitud que asume Bartlett no es otra más que el hecho de que la sentencia del fin de su periodo está próximo.
Hay el sentimiento de que si Bartlett pierde Puebla y pierde Tehuacán deja de gobernar Puebla. Yo pensaba que en algún momento tendríamos que acudir al expediente de juicio político para analizar la falta de responsabilidad de los actos públicos del gobernador de Puebla.
Yo pensaba que era posible que llegáramos a la desaparición de poderes con la aplicación del artículo 76 fracción Vl de la Constitución, en conflicto de poderes, en violaciones al voto público, en las nueve causales que existen para dar el desconocimiento de los poderes públicos en Puebla.
Pero la verdad que a la velocidad en que estamos girando y a los niveles en que a veces nos someten los compañeros como Héctor González, que nos habla de la disidencia, la estridencia y cae en la entropía, entonces caemos en cuenta de que la situación en Puebla es sumamente vulnerable; hay ingobernabilidad, no hay garantías constitucionales para la celebración de los comicios públicos, no existe un gobernador, existe un comisario de partido que está ejecutando órdenes para impedir una derrota abierta a su política.
El PRD no es compañero de viaje del PAN, nuestras diferencias políticas e ideológicas son incluso mucho más profundas que las que tenemos con los compañeros priístas, con algunos priístas; es ésa la diferencia, que nosotros estamos por la celebración de comicios transparentes, en una lucha auténtica en favor de la democracia, tenemos un voto diferenciado y tenemos electorado también diferenciado. Los hechos coyunturales y los resultados históricos inmediatos por el momento no nos dan posibilidad de alternancia inmediata en el gobierno del Estado de Puebla.
Como es conocido, en todo el país predomina un modelo de imposición partidaria del que se nos ha excluido, del que se nos ha remitido forzosamente a una tercera posición, por la colusión entre el PRI y el PAN; en esto nosotros también somos claros, que los liberales priístas y los neoliberales panistas también tienen fuertes alianzas.
Nosotros diferenciamos nuestro voto, cualquiera que sea el resultado de la lucha electoral de Puebla, cualquiera que no sean los votos que recabemos son votos por la democracia, son votos en favor de impulsar elecciones limpias, transparentes, creíbles, competitivas y de justicia electoral.
En esa razón el PRD finca las esperanzas de revertir las condiciones electorales en el Estado de Puebla y en la nación entera.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra sobre el mismo tema la diputada Matilde del Mar Hidalgo, del PRI.
La diputada Matilde Del Mar Hidalgo y García Barna:
Con la venia de la Presidencia, a todos ustedes; compañeros diputados:
Qué gusto me ha dado el poder encontrar a un compañero a quien conozco de hace tantos años como el diputado Tenorio; le conozco desde que pertenecía a las juventudes comunistas; luego nos encontramos cuando él fue diputado priísta y éste es el reencuentro con un diputado perredista, lo cual me permite poner en duda algunas situaciones, pero no tanto, creo que cada quien es juzgado por sus obras y por sus hechos.
El habló y yo quiero hacer hincapié en esto, del Estado Libre y Soberano de Puebla, así es; el Estado Libre y Soberano de Puebla, aunque el trata de confundirnos no respecto a algo así como el Teatro-Laboratorio de Grotowski, no, que jamás hubo más salida de Polonia porque nadie lo entendió como yo tampoco le entendí, las alusiones que hizo ahorita, de, asimismo, no comprendo cómo es posible que el señor del PRD se ponga a defender al Ayatola Creel, que es obviamente de Acción Nacional. Yo creo que tendríamos que tener un poco de cuidado para no confundirnos en este extraño o extraña participación.
Obviamente yo les he dicho a los amigos del PAN y lo reitero en este momento, que ustedes llegan hasta donde llega el asfalto, no podemos hablar de otras zonas donde hayamos encontrado su influencia y su trabajo, inclusive en muchas partes ni siquiera han tenido candidatos o la suficiente gente como representantes en las casillas. Pero esto vendrá más adelante, del otro lado del polvo; sí está el PRD; pero con un gran problema porque como entre ellos mismos no se entienden entonces pues peor nos confunden y en las zonas indígenas pues han llegado todavía a una confusión más terrible, con la compañía de la teología de la liberación.
De todas maneras yo sí quiero hacer la aclaración de que no hay absolutamente ningún hecho de tipo de enfrentamiento electoral hasta este momento en ninguna parte del Estado; se dio en mi distrito el caso de la muerte del presidente del PRI de Huehuetla, que es gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, sin embargo no somos tan conscientes o tan inconscientes de luego gritar "fraude", o "asesinato". Las cosas se están investigando como debe ser y dentro de los cauces como deben ser, no lo tomamos como un pretexto o como un mártir.
Algún momento ya tendremos el resultado de la investigación.
Respecto a la información sobre la reforma electoral yo sí quisiera dejar muy sentado en aquello del Estado Libre y Soberano de Puebla, a quien puso tanto hincapié como lo hizo ahorita el diputado Tenorio y que pues ustedes, sus representantes en el Estado, después de tres meses de diversos foros en los que estuvo la iniciativa privada, las universidades regionales, había más de 952 ponencias de las cuales había muchísimas que fueron muy válidas.
También quiero decir que la decisión de una ley electoral pues se ha tomado en algunos aspectos muy interesantes en esta forma: el Poder Ejecutivo se abstuvo totalmente de todo proceso legislativo y no envió ninguna iniciativa. Los puntos básicos de la reforma, propuestos por los diferentes partidos, se dieron, así como la conformación del Congreso; de acuerdo a la consulta se aprobó aumentar de 22 a 26 diputaciones de mayoría relativa y los de representación de siete a 13.
Respecto a los partidos políticos estatales, también están considerados así como las prerrogativas a los diferentes partidos. Para los organismos electorales hay una autonomía total de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; la integración es por dos representantes del Poder Legislativo: uno de la mayoría y uno de la minoría, así como seis consejeros ciudadanos que fueron presentados por los diferentes partidos, no con su suplente, como en el caso de la consejera ciudadana que fue retirada y entró en su lugar el suplente de ella, el licenciado Cárdenas, quien también estaba propuesto por Acción Nacional.
El registro estatal de electores está respecto a un convenio con el IFE, pero es precisamente para la utilización de las credenciales y las mismas. De la calificación se elimina la de diputados y la de ayuntamientos; el Poder Legislativo solamente calificará la elección del gobernador y los organismos electorales competentes harán las diversas declaraciones para diputados y ayuntamientos.
Aparte de esto sí me gustaría nada más, para aclarar en la forma que se dio la votación, porque es interesante, o sea, respecto a los resultados de las diferentes votaciones en la Cámara, la reforma constitucional fue aprobada por todos los partidos, menos dos diputados de Acción Nacional; el nuevo Código Electoral fue aprobado en general por todos los partidos, menos el PRD; las demás disposiciones reglamentarias, por unanimidad y el Código Electoral registró 49 votos, 30 por unanimidad y 19 con diferentes votaciones.
Y ahora me pregunto: ¿Por qué si esto fue aprobado así, si se tuvieron 100 mil discusiones, en el momento en que estamos viendo la situación, entonces gritamos y decimos mamá, yo no hice eso.
El señor gobernador, a quien yo respeto y estimo y le conozco hace muchos años y a quien por cierto recuerdo una frase que fue vital en mi carrera política, el decirme que el que no estaba preparado para perder, es que nunca había estado preparado para ganar, quiero decirles que estamos preparados a perder por la buena, totalmente, pero también a defender con todas nuestras fuerzas esta posición y si el gobernador está al frente de todo esto y está cumpliendo con lo que como candidato priísta a la gubernatura ofreció, creo que no tiene absolutamente nada que ver el hecho de que o haga libremente en ese aspecto y sobre todo, no, al entregar estas obras y sea él mismo el que esté asumiendo la defensa de sus propias convicciones.
El Estado Libre y Soberano de Puebla tiene su ley y sus artículos electorales, se la dieron ellos, los del propio Congreso local y eso los obliga a que respetemos lo que aceptamos. Señores, realmente no es posible decir: no hombre, ahora sí me rajo, cuando ya voté a favor.
Creo que es de todos tomar el toro con valentía, y si ustedes van a ganar, bien ganado; nosotros no acostumbramos gritar desde antes de que empiece la elección, fraude, acostumbramos trabajar. Ojalá y nos encontremos en la tribuna igual que en el asfalto, que en las comunidades, que viendo el desarrollo de los programas, ayudando y cumpliendo con lo que nos comprometimos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Antonio Tenorio Adame, del PRD.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:
Por segunda ocasión mis paisanos, amigos priístas, hacen mención a mi condición de priísta en el pasado. Nunca me he avergonzado de haber pertenecido al PRI. Ha sido mi historia personal y en la cual me he desarrollado. En él me formé como en otras instancias y organizaciones políticas, como el Movimiento de Liberación Nacional con el general Cárdenas, como el Comité de Defensa de Presos Políticos con David Alfaro Siqueiros y con Filomeno Mata.
Esto explica mi origen y mi consecuencia. El hombre es su consecuencia. Lo que sí debo explicar son alusiones y es mi tema. Es que no solamente yo cambié, cambió el PRI, dejó la ideología del nacionalismo mexicano, del nacionalismo revolucionario y fincó sus esperanzas en el trasnacionalismo, en el neoliberalismo, en el TLC, en la entrega del país a los Estados Unidos.
En esa razón, yo opté por mi desprendimiento en virtud también de la falta de congruencia histórica del partido del PRI, al no seguir los senderos de la Revolución Mexicana.
No defiendo al ayatola que se dice aquí, Santiago Creel; simplemente explico los hechos. Yo lo que creo es que el gobernador del Estado de Puebla no es consecuente con su postura y que le falta al respeto al Congreso de la Unión. Nosotros, en las legislaturas pasadas votamos por consejeros ciudadanos; el gobernador de Puebla habla hasta en cinco ocasiones del funcionario público federal electoral. En esa
razón, el Congreso de la Unión debe de pedirle explicaciones al gobernador de Puebla para que nos haga entender si nosotros nos equivocamos o él ha asumido descarnadamente lo que en realidad es el IFE, una violación a la Constitución, en razón de que no respeta la división de poderes, ya que en él se conjugan dos poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
En el IFE tampoco hay, como tampoco existe en la comisión estatal electoral, una ciudanización transparente. Lo mismo los tratan como funcionarios públicos que como ciudadanos. En esa razón yo estaría solicitando al gobernador del Estado de Puebla aclare su posición con respecto a las decisiones del Congreso de la Unión.
Nosotros consideramos que habíamos elegido consejeros ciudadanos y él ha aludido para responsabilizar a Santiago Creel como funcionario público federal electoral y, por ello es necesario que en otro momento entremos en el debate de la división de poderes y en el debate de la ciudanización auténtica y responsable del IFE y no simulada y ficticia como ocurre a nivel federal y como falsariamente también la ha cometido el gobernador del Estado de Puebla en su reciente reforma electoral.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra la diputada Marina Blanco Casco.
La diputada María de los Angeles Marina Blanco Casco:
Los poblanos vemos con preocupación que con el pretexto de supuestas anomalías preelectorales y con el pretexto de que se busca un proceso limpio y democrático, hay voces que se han levantado en contra de las actividades que vienen realizando los actores del proceso electoral en Puebla. Estas voces manifiestan con reiteración anomalías que sólo en su capacidad imaginativa han podido crear.
La realidad es muy diversa a la que su ficción ha venido generando. La realidad cotidiana de los poblanos es la búsqueda de la estabilidad y el progreso de nuestro Estado.
Reclamamos de todos ecuanimidad, respeto por nuestra capacidad para decidir el destino que queremos en el marco de respeto a las instituciones y a las leyes. Nosotros no podemos de ninguna manera aceptar que aquí se venga a decir que en Puebla no tenemos capacidad para llevar a cabo nuestro proceso electoral y que es pertinente a cada paso del mismo se traiga el tema para su discusión aquí a esta Cámara.
Quiero manifestar una vez más que los priístas estamos empeñados en llevar a cabo elecciones en donde la voluntad soberana de los poblanos sea la que defina el rumbo de nuestra entidad.
En Puebla estamos hartos de que quieran seguir utilizando nuestras elecciones como pretexto para satisfacer sus afanes protagónicos o exhibicionistas. Estamos igualmente cansados de las incongruencias políticas, puesto que mientras por un lado manifiestan que quieren que haya unidad nacional para evitar la inestabilidad política y financiera, por otro, buscan por todos los medios desestabilizar a Puebla, porque en realidad no es el pueblo realmente lo que les importa. Lo que les interesa es alcanzar el poder sin importarles los medios y están convencidos que mientras a los poblanos les va mal a la oposición le va bien.
Dejen por favor que sea el pueblo quien decida su destino y acatemos todos su soberana voluntad.
Cada quien ha creado su propia estrategia de trabajo. En Puebla se ha hecho campaña con propuestas de gobierno. Otros partidos hacen campaña con ataques y ofensas. Cada quien ha puesto su estrategia. Que el pueblo decida.
El Presidente:
Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Muchas gracias, con su venia, señor Presidente:
He escuchado con suma atención el debate en torno al proceso electoral de Puebla y me parece que es altamente preocupante el contenido triunfalista, incluso hasta grosero, del discurso priísta, sobre todo porque no sólo en Puebla, sino en las distintas entidades del país en donde se desarrollan procesos de elección local, éstos se dan en francas condiciones de iniquidad e injusticia electoral para los ciudadanos y los partidos políticos. Por ello hago uso de la tribuna para presentar un pronunciamiento político en torno a las jornadas electorales del próximo 12 de noviembre.
Señoras y señores legisladores de la nación: considerando que, las actuales circunstancias del país exigen un pleno compromiso del Poder Legislativo para que por consenso logremos contar con una verdadera reforma integral del Estado, que los principales actores de la vida política nacional se encuentran comprometidos a tal hecho mediante la firma del inicio del diálogo; que se están construyendo los consensos para lograr una reforma electoral integral; que el respeto al sufragio, como expresión de libertad política, garantiza por sí mismo el arribo de ciudadanas y ciudadanos que representen los intereses legítimos del pueblo de México; que es menester que en las contiendas electorales prevalezca el respeto entre los partidos políticos contendientes de las y los ciudadanos, así como de las instituciones públicas; que por medio del ejercicio democrático se busque el mejoramiento de la vida social, económica, política y cultural; que se celebrarán jornadas electorales en distintos estados de la República, el venidero 12 del presente, a saber, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y el Distrito Federal, por lo que pido al señor Presidente, solicito a usted señor Presidente, si me presta atención, instruya a la Secretaría, a fin de que dé lectura al documento que presento a esta plenaria, en los apartados que yo misma le pueda señalar.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría dé lectura al documento presentado por la diputada.
El secretario Aurelio Marín Huazo:
"Mexicano, conoce tu partido,conoce tu historia, conoce tus instituciones. Por México, por tus hijos, razona tu voto, secretaría de acción electoral. subsecretaría de capacitación electoral, 1995. Tiene un escudo del Partido Revolucionario Institucional.
¿Qué es el PRI? Es una organización de mexicanos comprometidos en construir una sociedad libre e igualitaria, caracterizada por la democracia y la justicia social y que se sustenta en los postulados de la Revolución Mexicana.
¿Qué ha hecho el PRI por México? Antecedentes. Conquista 1521, Independencia 1821, La Reforma 1860, el Porfiriato 1876, la Revolución 1928.
Cuatrocientos siete años de pobreza, guerras, esclavitud, ignorancia, miseria y enfermedades; en 1929 nace el PRI y a partir de su origen ha hecho posible en México lo siguiente: estabilidad, escuelas, vivienda, salud, posibilidades de desarrollo y, lo más valioso, paz.
Ideología del PAN. Conservador, neoliberal; se basa en el individualismo, es peligrosa porque manipulan a la gente mezclando su mensaje político con mensajes religiosos. Realidad, los ciudadanos de los estados gobernados por el PAN, como Baja California, Chihuahua y Guanajuato, están hartos de represión, corrupción, violencia, pésima administración, despidos masivos de trabajadores, cero obra pública, antidemocracia y represión. Sigue el concepto de ideología del PAN.
Proclama como parte fundamental de su doctrina la protección para el más fuerte. Por ejemplo, afirma que no es necesario que haya IMSS, ISSSTE, escuelas oficiales, Infonavit etcétera, ya que protegiendo al empresario, quitándole esos gastos y eliminando los sindicatos, éste crecerá y será más rico y por lo tanto tendrá mayor poder económico.
No necesitará que la ley lo obligue, sino que voluntariamente otorgará vivienda, salud y mejores sueldos a sus trabajadores."
Viene otro recuadro, que dice: "práctica política".
"Criticar y calumniar todo lo que hace el Gobierno, sin reconocer nunca sus logros, buscando votos de castigo, sin ofrecer alternativas.
Si ganan, hay democracia; si pierden, hay fraude.
PRD. Ideología. No la tiene, es una mezcla de estalinismo, trostskismo, priístas radicales y hasta panismo.
Su práctica política: la violencia es su ley. Todo lo quieren solucionar con marchas y plantones, cargando la agresividad y ataques.
Si ganan, hay democracia; si pierden, hay fraude.
La realidad de la campaña en 1994, Cárdenas se contradijo siempre, por ejemplo, en contra del TLC, a favor del TLC. México, D.F., Michoacán y Tabasco, son ejemplos de los trastornos tan graves que causa la violencia de este partido: contaminación, bloqueo de carreteras, agresiones físicas etcétera."
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Muchas gracias señor secretario. Muchas gracias.
Es evidente que el proselitismo basado en documentos como el que hoy se presenta, no sólo enrarece el ambiente previo a las jornadas electorales, sino que de facto constituye un agravio a los derechos ciudadanos y de los partidos políticos nacionales, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyendo a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudades, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, tal como rige el tercer párrafo del artículo 41 constitucional de nuestra Carta Magna.
Por todo lo anterior, las fracciones parlamentarias abajo firmantes, manifestamos nuestro total rechazo a toda clase de expresiones publicitarias y propagandísticas, que difamen o denigren a los adversarios políticos, descalificando su accionar, su propuesta programática, su ideología y sus principios.
Conminamos desde esta tribuna para que el Partido Revolucionario Institucional ponga fin a la distribución que realiza su secretaría de acción electoral del comité ejecutivo nacional del documento que hoy hemos presentado a esta soberanía.
Asimismo informamos que nos reservamos el derecho para acudir ante el Tribunal Federal Electoral, a fin de solicitar la sanción al Partido Revolucionario Institucional sobre la base de los artículos 38 primer punto, inciso o, artículos 39, 342 y 343, así como los demás relativos y aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Y ante la Procuraduría General de la República por los delitos de difamación y calumnia, en agravio de los derechos ciudadanos y de los partidos políticos.
Suscriben el presente pronunciamiento en representación de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, las y los siguientes legisladores; diputados: Ricardo García Cervantes, coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional; Jesús Ortega, coordinador de la fracción parlamentaria de la Revolución Democrática; Rafael Ayala López, Javier González Garza, Mara Robles Villaseñor y la de la voz.
Señor Presidente, me voy a permitir entregar el documento con las firmas originales, al cual le he anexado una fotostática del folleto al que se le ha dado lectura en esta tribuna, porque éste no lo vamos a reservar para el ejercicio pleno de nuestros derechos.
Muchísimas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Rafael Ayala López, del Partido Acción Nacional.
El diputado Rafael Ayala López:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Simplemente para hacer algunas reflexiones en el breve espacio de tiempo con el que contamos para refrendar, a nombre de nuestro grupo parlamentario, este rechazo que hacemos a este tipo de publicidad electoral que el Partido Revolucionario Institucional de una manera oficial y nacional por su partido, a través de su secretaría de acción electoral ha estado divulgando. Nos parece que ciertamente como menciona el documento, este tipo de acciones electorales no contribuyen en nada a generar este clima que de un tiempo acá hemos estado empeñados en construir.
Esta descalificación y esta manera de ganar prosélitos entre el electorado aseverando una serie de mentiras y de falsa información acerca de los principales opositores en los lugares donde se celebrarán elecciones este próximo domingo dejan pues, mucho que desear y dejan mucho que desear porque evidentemente están dirigidos a un público que puede ser que les crea las mentiras que aquí se señalan.
Ya desde la campaña presidencial pasada nuestro candidato Diego Fernández de Cevallos, se propuso convencer al electorado por forjar una patria sin mentiras; una patria en donde ciertamente los procesos electorales se den con pasión, con calor, con enjundia, como deben ser los actos electorales, puesto que se está ofertando a la ciudadanía una solución política a sus problemas; pero no a base de mentiras. Admitimos la crítica y se vale inclusive descalificar el programa o la propuesta del adversario, pero no con mentiras, no con mentiras porque ciertamente no es ésta la forma de construir ese clima que necesitamos de diálogo y de concertación para poder avanzar en las cosas que nos preocupan como país.
Todo este día ha bordado en torno a los rumores ha bordado en torno a las calumnias, ha bordado en torno a esas acciones insensatas que pretenden de una o de otra manera convencer a algún sector de la población de que este país se está desbaratando en las manos y que son necesarias soluciones golpistas. Y afortunadamente el consenso que se tiene por el Congreso, inclusive habiéndose firmado ya puntos de acuerdo sobre el particular, desdicen pues este actuar, este querer hacer las cosas bien.
Se debatió hace unos minutos acerca de las elecciones en el Estado de Puebla y se hablaba del discurso que manejaba el señor gobernador del Estado acerca de la imputación que le hace al Partido Acción Nacional de tener una doble moralidad. Ciertamente queda claro con este rechazo que han hecho dos grupos parlamentarios de esta publicidad distribuida en todos los estados donde se van a celebrar comicios, que hay un rechazo pues a esta técnica, a esta estrategia de ganar votos y de ganar electores.
La descalificación que se pretende hacer de estos dos partidos, entre otros, el mío, pues causan y motivan a hilaridad, sino revelaran en el fondo la convicción y la visión que tienen en el Partido Revolucionario Institucional de que esto es lo que le sucederá al país de llegar a ser gobernados por la oposición los ciudadanos.
Dice que una de las realidades para el Partido Acción Nacional es de que Baja California y Guanajuato, entre otros, pues los ciudadanos están hartos de represión, corrupción, violencia, pésima administración, cero obra pública, antidemocracia y más represión. Como que se les acabaron los epítetos. Si esto fuera así, la realidad electoral sería de otra manera, sería de otra forma y no hubiese refrendado la ciudadanía de Baja California la confianza en el partido que hoy lo gobierna y también en Guanajuato.
Nos sumamos pues, como grupo parlamentario, ratificamos nuestro rechazo a este tipo de propaganda y hacemos un exhorto de adeveras a los priístas para que abandonen este tipo de estrategias electorales que lo único que hacen es acabarlos de hundir frente a los ojos de la ciudadanía.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra la diputada María Cecilia Hernández Ríos, sobre el mismo tema, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Cecilia Hernández Ríos:
Con su permiso, señor Presidente: ¿De qué se trata aquí amigos de la oposición? Parece que a ustedes les duele que les digan las verdades, porque cuando se trata de atacar, cuando lo hace el Partido Acción Nacional, como lo empezó a hacer en el Estado de Puebla, todo era perfecto; ahí no habían errores, ahí sí se estaba generando un proceso democrático en el Estado de Puebla.
Aquí no hemos venido, como lo decía la compañera Rosa María, con una actitud triunfalista, simplemente hemos venido a decir de cómo se ha generado, cómo se ha desarrollado el proceso electoral en el Estado de Puebla.
Válido es que cada partido presente sus propuestas, su plataforma y además dé a conocer sus logros.
En el marco de respeto que han tenido todos los partidos en el Estado de Puebla, todos han tenido las mismas oportunidades, todos han ido a hacer la campaña, sus candidatos han ido a presentar sus propuestas...
El Presidente:
Diputada, ¿aceptaría usted una pregunta.
La diputada María Cecilia Hernández Ríos:
No señor.
El Presidente:
No la acepta.
La diputada María Cecilia Hernández Ríos:
Pero qué bueno que también aquí se ha analizado y se ha dicho. Parece que, vuelvo a repetirlo, cuando se les dicen las verdades empiezan a reaccionar.
Y qué bueno que ha llegado la madurez política de los partidos políticos que participan en el proceso electoral de Puebla, porque precisamente de eso se trata, precisamente de eso el Partido Revolucionario Institucional siempre ha pedido a los actores en ese proceso, de que nos conduzcamos con respeto, en el marco de la pluralidad y en el marco de la libertad que tienen todos los partidos políticos.
En el Estado de Puebla y aquí también quiero referirme a lo que decía el compañero Beristáin, que de alguna manera se había, en la comisión distrital, habían renunciado varios consejeros ciudadanos y que habían renunciado funcionarios de casilla. Pues vamos a ser precisamente los partidos políticos los que invitemos, porque así ha sido la invitación que ha hecho la autoridad electoral, de que en la integración de los funcionarios de casilla, todos los ciudadanos tenían derecho a la participación para integrar estos organismos electorales.
De ahí pues que yo también quiero pedirles a los partidos políticos, a los candidatos que participan en el proceso de Puebla, que precisamente estamos ya a unos cuantos días de que se realicen las elecciones, dejemos que sea la ciudadanía la que determine, la que diga qué partido político debe de tener el triunfo en el Congreso del Estado y qué partidos políticos deben de tener las presidencias municipales en los 217 municipios del Estado de Puebla.
El Presidente:
Para hacer uso de la palabra en relación a contestar alusiones personales, tiene la palabra la diputada Rosa María Cabrera del PRD.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Señor Presidente, con su venia:
A confesión de parte, relevancia de pruebas. Si no es así, no entiendo cómo calificar el discurso de la diputada que me antecedió, en términos del contenido triunfalista.
Yo quiero decir aquí que lo que he presentado no se remite sólo a Puebla. Dije claramente que era un pronunciamiento político en torno a las jornadas electorales venideras y apelé a la sensibilidad, a la comprensión, pero sobre todo al papel fundamental que tiene que jugar el Poder Legislativo como instancia que representa y es depositaria, en consecuencia, de la propia soberanía nacional.
Es claro que en los procesos electorales, en los términos en que éstos se desarrollan, existen controles de los mismos por parte del Estado, a través de su partido; que es cierto que también el PRI se ha convertido y lo sigue siendo, en la agencia electoral del propio Gobierno; que hay manejo discrecional en el uso del padrón electoral y los listados nominales de electores; que ha habido una utilización indebida de los recursos públicos, sobre todo y sobre todo, de los recursos que no le compete al PRI utilizar para fines propagandísticos y publicitarios.
Pero fundamentalmente, lo que vimos con folletos como el que aquí se presentó hace unos momentos, es la incapacidad del Partido Revolucionario Institucional de presentarle a la nación, en todos los procesos de elección donde contienden, una oferta política que sea realmente sustentada en propuestas programáticas, más allá de sustentarse en acciones o en hechos que denigran al adversario político.
Lo que yo vine a señalar a esta tribuna es una estrategia de acción electoral que es altamente denigrante de los adversarios políticos; somos partidos políticos nacionales, estamos representados en esta soberanía; merecemos el más profundo respeto en los términos en que la propia Constitución lo establece y los artículos a los que yo invoqué, leo solamente uno de ellos, dice que las obligaciones de los partidos políticos nacionales, es precisamente el artículo 38, el punto primero, el inciso "o":
"Es abstenerse de participar denigrando al adversario político."
Y esta actitud está debidamente sancionada por el Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales y también está tipificada por el Código Penal en Materia de Fuero Común para el Distrito Federal y para toda la República, por cuanto a delitos electorales se refiere.
Por lo demás, efectivamente, espero verlos pronto en las urnas y ojalá se respete el sufragio efectivo, para que en libertad las ciudadanas y los ciudadanos puedan efectivamente emitir su voto y elegir a representantes legítimos, no sólo legalizados por la vía del fraude electoral.
LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre la decisión de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la Ley de Participación Ciudadana, tiene la palabra el diputado Francisco José Peniche y Bolio, del PAN.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Vengo a cumplir la comisión que inmerecidamente me encargó el grupo parlamentario de mi partido, para comentar el fallo que hoy hace una semana emitiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se sobreseyó por supuesta improcedencia, la acción de inconstitucionalidad que hicieron valer ante dicho alto tribunal, asambleístas de los partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y del Partido Ecologista.
No cabe duda que cuando la Corte dice "fallar", falla. Y falló, empleando el verbo "fallar" en su doble acepción de "resolver" y de "equivocarse". La Corte ha emitido un fallo, un fallo en el cual, por una apretada y minúscula mayoría de un solo voto, que ni en las elecciones de Quebec se dio en Canadá, se declaró la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad que se había hecho valer.
Es indiscutible que no hay precedentes que hubieran podido servirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar un fallo favorable y no los hay porque el tono en que se pronuncia esa resolución lleva el número uno; es el primer caso que se da en la historia de México de una acción de inconstitucionalidad.
Es muy relevante por tanto la resolución dictada por ese alto tribunal. Vale la pena hacer una apretadísima relación de los hechos que llevaron a la culminación de este fallo.
Todo comienza con la reforma constitucional de los artículos 41 y 122, por virtud de la cual se da mayor injerencia a los partidos políticos en las elecciones. De ahí podemos pasar a la reforma que esta Cámara hizo de los artículos 123 y 125 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, reforma que dicho sea de paso no hubo ninguna iniciativa para que hubiera podido producirse esa reforma, pero que no es el momento para volver otra vez a discutir lo que ya hace meses habíamos debatido.
Deviniendo de este Estatuto jurídico de Gobierno del Distrito Federal, conoce la Asamblea de la nueva Ley de Participación Ciudadana, en la cual en los artículos del 60 al 68 y en el 71 se incide nuevamente en relegar a los partidos políticos en su legítima y auténtica expresión de que fueran éstos quienes propusieran a los consejeros ciudadanos.
Los grupos parlamentarios de la oposición que mencioné hace un momento, coinciden en elevar a la Suprema Corte la instancia de la acción de inconstitucionalidad y he aquí la demanda presentada por los grupos parlamentarios de la oposición, con excepción naturalmente del Partido Revolucionario Institucional.
En esta demanda, que no cabe duda que podamos calificarla una verdadera joya jurídica, es artífice de ella el asambleísta Fauzi Hamdan Amad, quien hace una prolija, exhaustiva e inteligente alegación de la inconstitucionalidad de los artículos del 60 al 68 y del 71 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, publicada el 12 de junio de 1995.
No viene al caso dar lectura a los agravios o conceptos de violación vertidos en la demanda presentada por los asambleístas. Sin embargo yo creo que sí es importante mencionar que en la demanda de que se trata los asambleístas tuvieron el cuidado de precisarle y abrirle los ojos a los 11 ministros de la Suprema Corte, respecto de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad para que, aun cuando se pudiera pensar que "se estaban curando en salud", quisieron prever anticipadamente la posibilidad de que la Corte pudiera fallar en el sentido de que se trataba de un acto de materia electoral.
El antecedente de esta advertencia estriba, descansa y reposa en el texto del artículo 105 constitucional, recientemente reformado por este Congreso. En él, en ese artículo 105, recordarán ustedes que hay dos pilares que son: el de las controversias constitucionales y el de las acciones de inconstitucionalidad.
En ambos, tanto las iniciativas como las resoluciones de este Congreso, tuvieron la timidez de excluir la materia electoral. Luego es procedente la acción de inconstitucionalidad, siempre y cuando no se trate de materia electoral.
Los asambleístas en su demanda dijeron: "No escapa a los promoventes de esta acción de inconstitucionalidad que pudiera reputarse en materia electoral, ya que el artículo 105 fracción II primer párrafo de la Constitución y 19 fracción II de la ley reglamentaria de las fracciones I y ll del 105, consideran que en cuanto que es improcedente dicha acción, tratándose de normas que se refieran a la materia electoral.
La materia electoral se asimila al proceso electoral en sí mismo, ya que con motivo de las últimas reformas constitucionales, a partir de 1990 la organización de las elecciones federales corresponde a los Poderes Legislativo y Ejecutivo."
Si la acción y la inconstitucionalidad enderezada contra la Ley de Participación Ciudadana se refiere y limita al derecho constitucional de postular candidatos, esto es un acto previo sine qua non, quiere decir: indispensable, para iniciar todo el proceso electoral, de modo que es innegable que la presente acción de inconstitucionalidad no cae en el supuesto de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 19 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución.
Si la materia electoral incluyera el derecho en sí mismo de participar postulando candidatos, por la misma razón, necesitaría impedirlo el Poder Judicial de la Federación, para conocer bien sea a través del juicio de amparo, controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, cualquier violación constitucional a través de normas generales o de actos de autoridad en particular que llegaren a conculcar, limitar, restringir o prohibir el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos; es decir, si una norma general yendo más allá de la Constitución limitara el derecho de voto de los ciudadanos, consagrado en el artículo 35 constitucional, evidentemente que tal derecho así conculcado no constituye propiamente la materia electoral, sino un presupuesto anterior para participar en lo que es el proceso electoral.
Llegó a la Corte la demanda de la que me he limitado a citar exclusivamente el párrafo más importante de la misma. Originalmente se turna esta demanda al ministro Juventino B. Castro y Castro y hay cosas realmente curiosas que han sucedido en este debate, en ese debate, me refiero al debate de la Suprema Corte, no al debate que tengamos en el seno de esta Cámara. Se da la paradoja de que el ministro don Juventino Castro y Castro, al recibir la demanda de la cual he leído los párrafos conducentes, considera a priori que es notoriamente improcedente y con fundamento en tal razón desechó de plano, por notoriamente improcedente, la demanda presentada por Acción Nacional y los demás partidos políticos actores.
Se interpone el recurso correspondiente contra la resolución del desechamiento y se turna para que resuelva ese recurso, al ministro Juan Díaz Romero.
El ministro Díaz Romero estudia el recurso que se hace valer contra el desechamiento de la demanda y considera que no existe la notoria improcedencia, por no tratarse de materia electoral, ya que él, el ministro Díaz Romero, dijo en su proyecto: "No hay ni en la Constitución ni en ninguna otra ley secundaria, ninguna definición de lo que deba entenderse por acto electoral o materia electoral y en consecuencia se debe revocar la resolución que desechó la demanda de los asambleístas y debe admitirse la demanda de los mismos". ¿Cómo creen ustedes que salió el fallo de hace una semana en la Suprema Corte.
El ministro Castro y Castro, que había votado, formulado su proyecto en el sentido de que se trataba de una ley de materia electoral, vota a favor de los partidos de oposición considerando que no es materia electoral y el ministro que había postulado el principio de que no era de materia electoral en el pleno de hace una semana, ese mismo ministro dijo que sí era materia electoral.
Aquí tengo en las manos, porque mejor que un servidor sería la voz de los propios ministros de la Corte la que nos ilustrara respecto de este tema, de si es o no es materia electoral el acto previo consistente en una norma general y abstracta que regule unas elecciones, eso es motivo de la controversia constitucional, la ley y no una elección concreta.
Tengo la versión taquigráfica de los discursos pronunciados por los 11 ministros de la Suprema Corte que al fundamentar su voto emitieron sus opiniones en el seno de ese alto Tribunal de la Nación. Sería sumamente prolijo aun resumido, poder ni siquiera sintetizar lo que esos 11 ministros expusieron para fundar sus votos. Pero no, me resisto a la tentación de únicamente citar un breve párrafo del ministro Mariano Azuela, quien votó a favor de que se conociera de la inconstitucionalidad de la ley e inclusive externó su criterio en el sentido de que era inconstitucional la Ley de Participación Ciudadana del D.F.
Dijo así el ministro Azuela: "Si la Suprema Corte - son palabras del ministro de la Corte-, si la Suprema Corte, so pretexto de cumplir con su objetivo se apartara de la Constitución, estaría creando lo que con el tiempo sería su autodestrucción. La Suprema Corte debe respetar lo que la Constitución, en el dinamismo que le da el poder reformador de la misma, le va imprimiendo al paso del tiempo y tenemos que reconocer como una evidencia, que ese poder reformador de la Constitución estableció una novedosa forma de defender la Constitución, que es la acción de inconstitucionalidad, pero que al establecer esta acción de inconstitucionalidad no quiso abrirle las puertas a que con toda facilidad la Suprema Corte declare inconstitucionales las leyes de los distintos congresos de la República," etcétera.
Recalco el concepto del ministro Azuela de que con el pretexto de cumplir con su objetivo se apartara la Suprema Corte de la Constitución creando así su autodestrucción, esto tiene un poder, una atracción y un simbolismo realmente extraordinarios, es la voz de un integrante de la Suprema Corte quien está presagiando la autodestrucción del más alto Tribunal de Justicia de la Nación, so pretexto de que hay una excepción para el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad.
¿Qué resultó después de oírse las opiniones de los 11 ministros? Se puso el juego realmente muy interesante, vinieron los votos y mientras el ministro David Genaro Góngora Pimentel votó porque se considerara procedente la acción de inconstitucionalidad y fue más allá, en su voto también dijo que la Ley de Participación Ciudadana infringía los artículos 41 y 122 de la Constitución, bien, que es el motivo de la acción presentada.
Le reviró la ministra Olga María Sánchez Cordero, quien alegó que era improcedente la demanda. Siguió en su turno Sergio Salvador Aguirre Anguiano y vota a favor... voy a emplear de nosotros para podernos comunicar perfectamente bien el bando en que se encuentran las posiciones distintas...
El Presidente:
Señor diputado, su tiempo ha concluido; le pedimos atentamente redondear su intervención.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio:
No puedo, señores, detener el reloj, su camino, y hacer esta tarde perpetua, pero sí puedo y hago valer mi derecho y acogerme al artículo 103 que me concede media hora y no 15 minutos, con la promesa de mi parte de que no agotaré los 15 minutos.
Siguiendo el curso de mi narración que ya estoy por terminar, se van empatando los votos y votan a favor de nosotros: Góngora Pimentel, Aguirre, Mariano Azuela por supuesto, don Juventino Castro y Castro y don Jesús Gudiño Pelayo y votan en contra: Olga María Sánchez Cordero, Juan Díaz Romero, Juan N. Silva, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios.
Cinco a cinco. No fue entonces un trabajo en balde el realizado por Acción Nacional al presentar esta demanda, la votación quedó empatada cinco a cinco, faltaba el voto del presidente de la Corte; don Vicente Aguinacua Alemana inclina la balanza en contra de la procedencia de la acción y se pierde la demanda de inconstitucionalidad por la microscópica diferencia de un solo voto y quedó seis a cinco.
Los comentarios que han habido tanto en la prensa como en los demás medios de comunicación es que Acción Nacional perdió una batalla jurídica. Señores, Acción Nacional no ha perdido ni una sola batalla. La Corte no entró al fondo de la materia controvertida; el próximo domingo que vayamos a votar por los consejeros ciudadanos no vamos a saber ni entonces ni nunca si realmente esa Ley de Participación Ciudadana es o no es constitucional porque eso no lo trató la Corte.
La Corte sesgó el tema de entrar al fondo de la discusión del debate planteado para irse a la incompetencia de resolver el recurso por tratarse de una materia electoral.
No hay por tanto por qué pensar en que estemos tristes, preocupados o dolidos. Hubo un sobreseimiento. Para quienes no son abogados, yo recuerdo cómo nos explicaban en procesal la verdadera equivalencia del sobreseimiento: es sentarse sobre, eso es un sobreseimiento, sentarse sobre el expediente; no analizo lo que tú me estás combatiendo en tu expediente, me siento sobre él por una supuesta causal de improcedencia y eso fue lo que hizo la Corte.
No entró al fondo de la cuestión planteada, se fue a la causal de sobreseimiento de que se trataba de una materia electoral, cuando que de lo que se trataba era de una norma que iba a dar pie para que hubiera el proceso electoral.
Yo le preguntaría a los ministros que votaron en esa forma si es lo mismo una promesa de venta que una compraventa; son dos instituciones completamente distintas.
Para terminar, señores diputados y agradeciendo a la Presidencia que me hubiera concedido este tiempo extraordinario en esta perorata, quiero acudir a las palabras de nuestro fundador cuando en un caso semejante al que ahora tenemos, podría haber sombras o tristeza en las filas panistas o de la ciudadanía, porque aquí no son las filas panistas las que han perdido un pleito, el litigio no se resolvió en cuanto al fondo, nunca ha dicho la Corte ni lo dirá, si la Ley de Participación Ciudadana del D.F. es o no es inconstitucional, eso no lo dijo la Corte y que quede bien claro.
Entonces recordando a don Manuel Gómez Morín, cuando en casos semejantes se habían presentado en Acción Nacional estas situaciones sombrías, él, no solamente con la elegancia que caracterizaba su prosa, sino aun con un verbo más o menos poético, dijo estas palabras que me honro y me conmuevo en reproducir:
"Basta ya de sombras dijo el maestro, es tiempo ya de salir, como el gran Florentino, a ver de nuevo las estrellas; que este ambiente cárdeno y gris que nos envuelve y nos penetra, tenga como en los grecos más trágicos, la encendida iluminación ascensional de la esperanza. Salgamos a ver de nuevo las estrellas."
Don Manuel, eso haremos los panistas, saldremos a ver de nuevo las estrellas y ya nos preparamos para presentar una iniciativa de reforma constitucional que no dé pie para malas interpretaciones de quienes podrán ser todo los ministros que quieran en la Suprema Corte, pero que aquí fallaron.
Gracias.
El Presidente:
En relación al mismo tema se concede el uso de la palabra al diputado Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo.
El diputado Ezequiel Flores Rodríguez:
Muchas gracias, señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
En mi partido existe preocupación, dijéramos inquietud, por esta reciente declaración de improcedencia de la Suprema Corte de Justicia, frente a la Ley de Participación Ciudadana; sin embargo, también entendemos que por más que hubiera querido hacer el máximo tribunal, constitucionalmente está impedido por el 105 constitucional.
Consideramos frente a esta declaración, como he dicho, frente a esta declaración de la Suprema Corte de Justicia, que la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía del Distrito Federal, queda situada en una gran indefensión, porque al aprobar leyes de esta naturaleza, leyes electorales por una mayoría parlamentaria, en este caso la mayoría constituía por un solo partido, por la mayoría del Revolucionario Institucional, nos parece una situación delicada y atentatoria a los derechos políticos de la ciudadanía, dado que de esta manera no se les permite decidir su propio destino, decidir sus propias formas de gobierno y sus propias formas de organización.
Pero, compañeros legisladores, en el Partido del Trabajo creemos que el mal no radica en que el máximo tribunal se haya manifestado en este sentido. Para nosotros la causa que ahora coloca a los ciudadanos, principalmente del Distrito Federal en una situación de desventaja, estriba en las reformas que de esta Cámara salieron el pasado diciembre de 1994.
En este sentido, mi partido, el Partido del Trabajo, fue lo suficientemente categórico al manifestar que la Suprema Corte de Justicia también debía ver y resolver sobre cuestiones electorales.
Sin embargo, una vez más el mayoriteo se impuso y hoy compañeros, debemos reconocerlo así, las consecuencias las tenemos a la vista. Hoy tenemos en el Distrito Federal una Ley de Participación Ciudadana que sigue manipulando, que sigue funcionando y actuando en función de los intereses y de los designios del Gobierno.
Hoy tenemos pues, que la Ley de Participación Ciudadana continúa regulando y controlando las formas de organización de los ciudadanos en el Distrito Federal.
Nosotros juzgamos que se debe dejar a voluntad de los mismos, a voluntad de la ciudadanía, que se elijan jefes de manzana, asociaciones de residentes etcétera, la forma de organización que sea, pero no debemos permitir que el Gobierno sea quien organice y controle el proceso electoral a través de sus delegaciones aquí en el Distrito Federal.
En este sentido compañeros legisladores, mi partido está proponiendo que se reabra nuevamente la discusión sobre las reformas al artículo 105 constitucional, para darle competencia a ese máximo tribunal de justicia de la nación por cuanto hace principalmente a las acciones de inconstitucionalidad que versen sobre leyes electorales.
Una salida así amigos legisladores, consideramos que permitirá llegar al verdadero consenso que incluya a todas las expresiones políticas que hoy estamos preocupadas por encontrar el rumbo democrático que está reclamando nuestro país.
Muchas gracias.
El Presidente:
En uso de la palabra el diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el mismo tema.
El diputado Javier González Garza:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Un tema de suma trascendencia nos ocupa hoy. Hemos luchado por muchos años por tener una división de poderes en nuestro país, de tal forma que podamos hablar de su independencia de cada uno de ellos con respecto a los otros. Por lo tanto siempre estaremos defendiendo esa independencia de cada uno de los poderes.
No me voy a referir a las elecciones del próximo 12 de noviembre en el Distrito Federal, elecciones normadas por esta ley, a todas luces inconstitucional, de participación ciudadana en el Distrito Federal, me quiero referir al punto brillantemente planteado por el maestro Peniche y Bolio, me felicito de haber estado presente en su exposición.
Gracias.
En este punto sería suficiente acogernos a las frases del ministro Mariano Azuela efectivamente. El problema fundamental está ahí, en la posibilidad real de autodestrucción de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La reforma legal que entró en vigor el 31 de diciembre de 1994, consolidó de manera definitiva el propósito histórico de hacer de la Suprema Corte un verdadero tribunal constitucional, cuando menos así lo creímos todos cuando fue aprobada esa reforma. A esa Suprema Corte fue promovida por las bancadas de todos los partidos de oposición en la Asamblea de Representantes una solicitud de inconstitucionalidad de la mencionada ley.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confundió las esferas electoral, política y constitucional. Justo en este último terreno es donde nos preocupa enormemente la situación.
La petición no fue para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación juzgase sobre un asunto electoral. Todos sabemos que esto es materia del Tribunal Federal Electoral. No pedimos que la Suprema Corte juzgase sobre el resultado de algún proceso electoral, tampoco sobre el cumplimiento de las normas en ese proceso. No, lo que nosotros pedimos fue que resolviese sobre un problema de inconstitucionalidad de una ley. Esto es, de las contradicciones que subyacen entre la Ley de Participación Ciudadana en el Distrito Federal y el texto constitucional vigente.
Pedimos que dictaminará la incompatibilidad de una ley particular con el marco constitucional que nos rige, porque nosotros establecíamos que dicha ley violentaría a los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos políticos, los cuales son institutos de interés público consagrados en nuestro marco jurídico.
La Suprema Corte rehuyó la responsabilidad y se establece un vacío legal. Este es el problema más importante que deja esta indecisión.
Efectivamente, la Suprema Corte se sentó, en el peor sentido de la palabra, en el expediente. Seguramente fueron tomadas en cuenta, consideraciones políticas y electorales en el proceso de discusión.
Contamos efectivamente con las minutas de las discusiones y las tomas de posición de los ministros, pero no fueron tomadas las consideraciones jurídicas constitucionales a las que estaban obligados a someterse.
¿Qué va a pasar con un resolutivo de esta naturaleza? ¿Qué puede pasar en el país cuando la Suprema Corte de Justicia deja de atender un asunto evidentemente de su competencia? Pensemos en algún gobernador. Hace un rato se discutía el asunto de Puebla, pensemos en el gobernador Bartlett, pensemos que propusiese y no dudamos que lograría mayoría, que las mujeres no votasen en Puebla. ¿Qué diría la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que ése es un asunto electoral. Este es el problema fundamental que estamos hoy abriendo la posibilidad de discutir para corregir un asunto en el cual hoy estamos empantanados.
Esa es la preocupación de que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya negado a aceptar el problema presentado.
¿Qué fue lo que pasó? Recordemos un poco cuál fue la situación. Estábamos un poco antes de esta resolución, cuando se estaba discutiendo la Ley de Participación Ciudadana, todos los partidos políticos con el propio gobierno del Distrito Federal, dicha Ley de Participación Ciudadana.
Entramos a una discusión en la que había, recuérdenlo por favor, distintos propuestas; se había abierto la propuesta de que pudiesen los partidos inscribir candidatos y que también los ciudadanos a través de firmas pudiesen inscribir candidatos. Se hablaba de porcentajes. En eso estábamos cuando de pronto el gobierno de la Ciudad de México y el PRI tuvieron miedo, miedo a unas elecciones y entonces se fueron solos con este mayoriteo que puede hacer fracasar las próximas negociaciones y discusiones que hoy volvemos a tener en la mesa de discusión.
Hoy, como hace un año, como hace seis meses, estamos discutiendo nuevamente la posibilidad de una reforma política integral en el Distrito Federal.
Recordemos por favor lo que pasó en la última discusión, ese problema nos puede llevar al fracaso mismo de lo que hoy tenemos enfrente, pero ya no quedan muchas más posibilidades, pensamos en que si en este nuevo intento, no llegamos a clarificar el problema de la reforma política en el Distrito Federal, como parte sustantiva de la reforma democrática del Estado, de la que tanto hemos hablado, pero no se decide este Congreso a abordar, si fracasamos en esto, vamos a caer en un tobogán.
Queremos unirnos a la petición o al anuncio presentado por el maestro Peniche y Bolio. Es evidente que se requiere la revisión del artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria, no es posible que este tipo de vacíos queden y nuestro máximo tribunal constitucional en la República Mexicana, esté dando estas muestras de ineficiencia y efectivamente falló la Suprema Corte de Justicia.
Gracias.
El Presidente:
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el mismo tema.
El diputado Florentino Castro López:
Me parece que el día de hoy, que esta Cámara ha discutido alrededor de un tema que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones nacionales, que tiene que ver por el respeto y defensa del marco legal vigente en el país.
El día de hoy que llegamos a acuerdos, a puntos de acuerdo, sobre la necesidad de consolidar las instituciones, bien vale la pena hoy ratificar nuestro respeto por una de las grandes instituciones nacionales como es la Suprema Corte de Justicia, que es uno de los tres poderes nacionales y que estamos obligados desde acá a exigir, a pedir el fortalecimiento de ésta que sin duda es una de las tres grandes instituciones nacionales.
Lo hacemos como lo hicimos hace una semana apenas, cuando discutíamos el tema del procurador, su opinión sobre este asunto y la petición que hubo de algún compañero diputado del PRD que esta Cámara hiciera algún señalamiento al procurador y que tanto los diputados del propio PRD, Graciela Rojas en particular, los diputados panistas y los diputados priístas, reiteramos que esta Cámara no tenía porqué hacer ningún señalamiento al señor procurador, que en estricto cumplimiento de sus facultades, en su calidad de abogado de la nación, estaba emitiendo su opinión.
También dijimos en aquel momento, lo dijo de manera particular Graciela Rojas y un compañero diputado del PAN que habló sobre el tema, que una vez resuelto el asunto por la Corte, todos estaríamos respetando la decisión que la corte tomara.
Yo creo que con la resolución de la Corte efectivamente no perdió Acción Nacional, tampoco perdieron los demás partidos políticos que habían iniciado este procedimiento frente a la Corte. Yo creo que ganaron los más de 4 mil ciudadanos capitalinos, que fueron capaces de intentarlo y lograron aproximadamente 1 mil 500, participar en un proceso ciudadano para convertirse en representantes de los vecinos, para discutir los temas cotidianos que tienen que ver con la vida diaria de pueblos, colonias, unidades habitacionales y en las que la presencia de los partidos políticos no siempre es el mejor elemento para encontrar consensos y alternativas de solución.
Creo que ésas más de 4 mil fórmulas que juntaron firmas, que buscaron documentos, que llegaron a solicitar su registro, son las que ganaron, porque debíamos recordar que después de la discusión las encuestas manejadas por los medios de difusión de la ciudad, reiteraron de manera permanente la voluntad, la simpatía mayoritaria de los capitalinos por la no participación de los partidos políticos en este proceso. Ahí están las encuestas, ahí están los periódicos que han publicado esta tendencia de los capitalinos a que este proceso se mantuviera al margen de los partidos políticos.
Hay dos partidos políticos que están participando en el proceso, que por un lado tenían una actitud de la Corte y, por otro lado, a través de una asociación civil claramente identificada con el partido, con la participación de los dirigentes del partido en la ciudad, anunciaron su creación, tomaron la protesta, hicieron publicidad uniforme y están participando activamente en el proceso electoral, están identificados sus candidatos por delegación, son los más fáciles de identificar por los colores institucionales que los candidatos están utilizando; por la figura de un distinguido miembro de su partido que aparece en la publicidad y otra organización afín al Partido de la Revolución Democrática que también ha anunciado públicamente, ha tomado protestas a sus candidatos, ha anunciado quiénes son sus representantes en las mesas receptoras de votos el próximo domingo.
A pesar de esta participación de los partidos, muchos ciudadanos, muchos, comunes y corrientes están compitiendo para convertirse en representantes de los vecinos de la Ciudad.
Nosotros quisiéramos que tampoco el domingo perdiera Acción Nacional, ni el Partido de la Revolución Democrática, quisiéramos que ganaran los vecinos de la capital, los que fueron capaces de presentarles a sus vecinos en una elección inédita, con una estructura territorial nueva: 365 minidistritos, áreas vecinales que sean capaces de haber presentado una oferta, que tiene que ver con los pequeños y grandes problemas de las zonas en las que vive nuestra gente.
El día de hoy, pues los diputados del Partido Revolucionario Institucional que participamos en un debate que ganamos en la tribuna el día que discutimos el tema y por supuesto ganamos en los votos y otro día ganamos en los medios y luego lo ganamos en las encuestas de la opinión pública, el día de hoy reiteramos nuestro absoluto respeto a la división de poderes, a la Suprema Corte de Justicia, en particular a los ciudadanos de esta capital que votarán el próximo domingo, que deseamos que sean ellos los que ganen, que sean ellos quienes sean capaces de darle una gran lección a todos los habitantes del país en una elección que por primera vez los ciudadanos, muchos de ellos, están participando sin la tutela de partido político alguno.
¿Qué ganen los ciudadanos? ¿Eso es lo que quieren? Nunca nos imaginamos una más amplia participación que la lograda en esta elección, y que gane también lo que hoy defendimos: la consolidación de las instituciones nacionales.
Hoy aquí, el día que votamos dos puntos de acuerdo: por la consolidación de las instituciones nacionales, los priístas declaramos nuestro absoluto respeto a la división de poderes y a las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Muchísimas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Garduño Morales, del Partido Acción Nacional.
La diputada Patricia Garduño Morales:
Muchas gracias, señor Presidente; diputadas, diputados:
Pedí hacer uso de la palabra para comentar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del pasado 31 de octubre, en relación a la solicitud de diversos partidos políticos, para que ese tribunal declarara inconstitucional la Ley de Participación Ciudadana en sus secciones tercera y cuarta, por violentar derechos políticos.
Hago referencia a esto, porque el diputado Florentino Castro desvió totalmente el tema y no se refirió a lo que estábamos comentando.
Antes de comentar la lamentable equivocación de la Corte, quiero hacer algunos comentarios a lo que dio origen a la petición de los representantes de los partidos políticos de oposición presentes en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Primero, las modificaciones al Estatuto Jurídico de Gobierno que excluyó a los partidos políticos de la elección de consejeros ciudadanos, porque el PRI y aquí quiero hacer también referencia a un comentario del diputado Florentino Castro, no quiso someter a la prueba su membrete, a la elección de los ciudadanos. A nosotros no nos da vergüenza diputado Castro, mostrarnos ante la ciudadanía con nuestro esquema, nuestro partido y nuestro emblema. A ustedes sí y por eso sacaron a los partidos políticos de la elección.
Segundo, la aprobación de la mayoría priísta de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de la Ley de Participación Ciudadana. Que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no puede entrar al estudio del fondo del asunto por tratarse de materia electoral, es necesario señalar que entonces esta ley fue expedida por un órgano que no tiene facultades para ello y por lo tanto se trata de una ley inconstitucional.
La Constitución señala que la Asamblea de Representantes tiene solamente aquellas facultades que le son expresamente conferidas. La materia electoral es facultad del Congreso de la Unión y por lo tanto estamos en presencia de una ley notoriamente inconstitucional.
Tercero, los derechos políticos en nuestro país tradicionalmente no han estado suficientemente protegidos. Esto porque la Corte se ha negado sistemáticamente a resolver controversias en esa materia. Esto ha permitido violación de derechos políticos sin que exista un control de la constitucionalidad de estos actos.
Este hecho de enorme trascendencia para la vida política de la nación, deja en indefinición el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal.
La Suprema Corte resolvió el pasado 31 de octubre por simple mayoría seis a cinco, no entrar al fondo del asunto. Era grave responsabilidad de la Corte, delinear el contenido de derechos subjetivos públicos elevados al rango constitucional, pero lamentablemente evadió formalmente su deber y posición jurídica. La Corte recurrió al argumento al que hemos señalado y se negó a reconocer que estábamos en presencia de violación de derechos políticos constitucionales de los ciudadanos y de los partidos. Tendrá que revisarse este punto, pues existe evidente evasión de análisis de la materia y fondo que debió estudiar y resolver.
La Corte eludió el fondo y se sujetó a argumentos de forma. No nos queda duda que la Corte debió actuar de manera diferente. La Suprema Corte no logró demostrar que el cambio no fue sólo de ministros pues continúan las inercias y las actitudes. Vaya sin embargo nuestro reconocimiento a los ministros que antecedieron el derecho y la ley.
Antes de someter a consideración del pleno de esta Cámara un punto de acuerdo, quiero solamente hacer unas precisiones en relación a lo señalado por el diputado Florentino Castro. El habla del fortalecimiento de las instituciones; efectivamente, pero el fortalecimiento viene a través de la actuación de ellos mismos, a través de la recta aplicación de la justicia. El fortalecimiento de las instituciones no puede darse nada más porque lo diga el diputado Castro, sino porque en su actuación demuestran que lo merecen.
Esta Cámara no tenía por qué decir nada en relación a la opinión del procurador, señala el diputado Castro. Efectivamente; pero lo que pasa es que de acuerdo a la ley reglamentaria, el procurador tenía no sólo el derecho, sino la obligación de emitir un comentario en relación al asunto en controversia. Por eso estamos nosotros señalando en este momento, nuestros comentarios en relación al fallo de la Corte, no es que estemos en contra de las instituciones ni que no respetemos el acuerdo dado ya por la Corte, estamos respetándolo. Pero estamos de todos modos manifestando nuestra opinión en este sentido.
Y una precisión más. El diputado Castro señala que la simpatía de los capitalinos fue para que no intervinieran los partidos políticos. El diputado Castro se olvida de que si queremos entrar a un régimen de veras democrático, tenemos que buscar el fortalecimiento de los partidos y lo único que se ha logrado con esto, es, en primer lugar, un gran desconcierto de los capitalinos. En segundo, un gran desconocimiento y aquí también quiero señalar que ha habido manipulación y que si les preguntamos a los capitalinos, no saben que va a haber elecciones, no saben qué día se va a votar, no saben cómo van a votar y ésa es una realidad, aunque pretenda negarlo. Hay un gran desconcierto y nosotros efectivamente queríamos presentarnos con logotipo y con nombre, porque sabemos el respaldo ciudadano y el que los capitalinos y los mexicanos confían cada vez más en la propuesta presentada por Acción Nacional. Caso contrario de los diputados del PRI, que están pretendiendo ocultar sus siglas y se presentan simulados. A nosotros no nos da vergüenza.
Finalmente, quiero presentar un punto de acuerdo a consideración de este pleno. Se han escuchado voces de asambleístas y diputados del PRI, que afirman que no se violó la Constitución y por lo tanto tampoco los derechos políticos de los ciudadanos. Seguramente, precisamente por eso no se opondrán al siguiente punto de acuerdo.
"En virtud de lo anterior, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso, ponemos a la consideración del pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Que esta Cámara de Diputados le solicite al Ejecutivo Federal, en su calidad de representante del Estado mexicano, pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una opinión consultiva, que no es vinculante, para el caso específico de la Ley de Participación Ciudadana y opine si se vulneran los derechos políticos consagrados en la Constitución y en la convención.
Esto tiene como propósito valorar si nuestra legislación ha garantizado un proceso para la elección de consejeros ciudadanos apegado a la legalidad reconocida nacional e internacionalmente."
Firman los diputados: Ricardo García Cervantes, Alejandro González Alcocer, Cecilia Romero, Tarcisio Navarrete, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Gabriel Llamas, Miguel Hernández Labastida, Martha Patricia Mendoza Peña, Rafael Ayala, Francisco José Peniche y Bolio, Alejandro Zapata Perogordo, Salvador Beltrán del Río y la de la voz, diputada Patricia Garduño Morales.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese esta propuesta a la Comisión del Distrito Federal.
Pregunte la Secretaría a esta Asamblea, en términos del artículo 58 del reglamento, si se admite o no a discusión esta proposición.
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se autoriza o no a discusión esta proposición.
El Presidente:
Pregunte la Secretaría si esta propuesta es de aceptarse a discusión en términos del artículo 58 del reglamento...
A ver, tiene la palabra el diputado Gómez Villanueva.
El diputado Augusto Gómez Villanueva (desde su curul):
Es simplemente una moción. La moción es que ya se turnó a la comisión correspondiente.
El Presidente:
A ver, Miguel Hernández, una moción. Por favor, diputado Hernández Labastida, su moción.
El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida (desde su curul):
Es correcta su solicitud a la Secretaría: que con base en el 58 se pregunte a la Asamblea si se acepta a discusión.
Posteriormente, si se acepta, se pregunta si de acuerdo con el 59 es de urgente resolución.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aceptarse a discusión.
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
En virtud del resultado, se desecha la propuesta.
Una moción, una moción del diputado Osorio.
El diputado Juan José Osorio Palacios (desde su curul):
No se ha desechado la propuesta. Simplemente no se discute. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
¡Señor Presidente! ¡Una moción:
El Presidente:
Sí, señor diputado.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Le rogaría, señor Presidente, que instruyera a la Secretaría a que lea el artículo 151 del reglamento y después de ello acepte usted mi petición de que se cuente nominalmente la votación.
El Presidente:
Esta proposición ya fue votada y con obvio resultado, señor diputado.
Se instruye a la Secretaría lea el artículo 151 del reglamento.
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
"Artículo 151. Si al dar la Secretaría cuenta del resultado de la votación económica, algún miembro de la Cámara pidiera que se cuenten los votos, se contarán efectivamente. A este fin se mantendrán todos, incluso el Presidente y los secretarios, en pie o sentados, según el sentido en que hubieren dado su voto; dos miembros que hayan votado, uno en pro y otro en contra, contarán a los que aprueban y otros dos de la misma clase a los que reprueban; estos cuatro individuos, que nombrará el Presidente, darán razón al mismo en la presencia de los secretarios del resultado de su cuenta y hallándose conformes se publicará la votación."
El Presidente:
Tiene la palabra para una moción el diputado.
El diputado Jorge Efraín Moreno Collado (desde su curul):
La moción sería la siguiente:
En una rectificación de la votación se debe de admitir a discusión y enviarse a comisiones, como determina la fracción III del artículo 58, que dice lo siguiente:
"Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición."
Suponiendo que ya está admitida, dice: "en el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada."
Entonces en este momento se mandaría a la comisión para que, en su momento, se conozca el dictamen que ésta produzca.
El diputado Alejandro González Alcocer (desde su curul):
¡Señor Presidente:
El Presidente:
El diputado González Alcocer.
El diputado Alejandro González Alcocer (desde su curul):
Para hacer también una moción.
Fue muy clara la diputada al proponerlo en los términos del artículo 59 del reglamento.
Creo que usted formuló mal la pregunta al decir si se considera o no de obvia y urgente resolución, porque preguntó otra cosa. Pero además de ello se está pidiendo que los votos se cuenten nominalmente porque ya lo ha solicitado así algún miembro de esta Cámara, de acuerdo al 151. Entonces, no es el procedimiento del 58 sino del 59. Si se considera o no de urgente y obvia resolución para después de la votación en todo caso pasarlo a comisiones, si no se aprobara.
El Presidente:
Se preguntó, señor diputado, en términos del artículo 58, porque primero se pregunta si se admite a discusión la proposición. Después en votación posterior se pregunta si se admite por obvia y urgente resolución. Y en atención a la moción del diputado Jorge Moreno Collado, en el que, en efecto, al admitirse la proposición se pasa a la Comisión del Distrito Federal, trámite que ya había dado con anterioridad esta Presidencia, esta proposición pasa a la Comisión del Distrito Federal.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Señor Presidente. ¿Me permite una moción de procedimiento.
El Presidente:
Sí, señor.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
De acuerdo a lo que leyó la Secretaría una vez hecha la votación en lo económico, dijo otra cosa, que había sido desechada por mayoría económica evidente que él resolvió de acuerdo a lo que vio, que lo faculta por cierto el reglamento. Sin embargo, yo me acogí al artículo 151 del propio reglamento, para que se cuenten los votos uno por uno y así resolver este diferendo.
El diputado Jorge Moreno Collado acaba de hacer otra moción de procedimiento, donde señala que en virtud de que en los términos del 158 se aprobó discutir se pase después en los términos del 58 fracción III a la comisión respectiva, pero para eso se requeriría que corrija la Secretaría y diga que ganó la proposición de que se pase a discusión; eso tendría que ser reglamentariamente, señor Presidente.
El Presidente:
Muy bien. De acuerdo a los términos del artículo 151 y en atención a la moción del señor diputado Godoy, pedimos que dos de los diputados que hayan votado, uno a favor y otro en contra, hagan las veces de escrutadores y cuenten a los diputados que estén a favor o en contra de la proposición.
Diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, a favor y el diputado Javier González Garza, para votos en contra de la proposición.
El diputado Jorge Moreno Collado, para una moción.
El diputado Jorge Efraín Moreno Collado (desde su curul):
Si va a proceder a una votación en este momento, sí es aplicable la Ley Orgánica que determina que es el momento de verificar si existe o no el quorum. Por lo tanto, verifíquese si existe el quorum, en cuyo caso sería válida la votación.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
¡Señor Presidente, el quorum se verifica con la elección:
El Presidente:
Diputados: el conteo de votos dará el quorum reglamentario, si éste existe.
El diputado Javier González Garza (desde su curul):
Compañeros diputados:
Hace un momento todos escuchamos que el señor Presidente había turnado esta propuesta a la Comisión del Distrito Federal. Yo le pido al señor Presidente, si no es así, que rectifique, pero si es así el asunto está resuelto y que se vaya esta propuesta a la Comisión del Distrito Federal.
Gracias.
El Presidente:
Se ratifica nuevamente el trámite de enviarlo a la Comisión del Distrito Federal.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre el municipio de Techaluta, Jalisco, tiene la palabra el diputado Mario Alejandro Rosales Anaya.
El diputado Mario Alejandro Rosales Anaya:
Con su permiso, señor Presidente:
Solicité hacer uso de la palabra para hacer algunos comentarios sobre el municipio de Techaluta, un municipio que se ha visto agobiado por problemas de carácter político. En estos momentos me acaban de informar que ya hubo un acuerdo; sin embargo me reservo el derecho para hacer mis comentarios, una vez que haya comprobado que es satisfactorio para ambas partes.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Sobre el mismo tema el diputado Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Declino hacer uso de la palabra.
El Presidente:
El diputado Manuel Baeza González, del PAN, para el mismo tema.
El diputado Manuel Baeza González:
Declino hacer uso de la palabra.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Segundo Año. LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 9 de noviembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Tamaulipas.
Dictamen a discusión
De las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Marina con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejercito y Armada Nacionales.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 19:46 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 9 a las 10:00 horas.
Se pasa a sesión secreta.
| APEC | Consejo Económico Asia-Pacífico (por las siglas en inglés) |
| ARE | Acuerdo para la Recuperación Económica |
| Cocopa | Comisión de Concordia y Pacificación |
| D.F. | Distrito Federal |
| DS | (Sin aclaración) |
| Fovissste | Fondo de Vivienda del ISSSTE |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Infonavit | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| IVCM | Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte |
| Mercosur | Mercado Común de América del Sur |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| SAR | Sistema de Ahorro para el Retiro |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |