SUMARIO
Dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de dicha ley. Es de primera lectura.
Fundamentan las posiciones de sus respectivos grupos parlamentarlos los diputados:
Joaquín Humberto Vela González
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Juan Antonio García Villa
Antonio Sánchez Gochicoa
Expresa sus dudas el diputado Eduardo Guzmán Ortiz.
Responde el secretario de Hacienda y Crédito Público doctor Guillermo Ortiz Martínez.
Eduardo Guzmán Ortiz, en su derecho a réplica.
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Eric Eber Villanueva Mukul
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Eric Eber Villanueva Mukul, en su derecho a réplica.
Respuesta del Secretario de Hacienda y Credito Público.
Jorge Humberto Padilla Olvera
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Jorge Humberto Padilla Olvera, en su derecho a réplica.
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Oscar Guillermo Levín Coppel
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Oscar Guillermo Levín Coppel, en su derecho a réplica.
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Luis Sánchez Aguilar
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Luis Sánchez Aguilar, en su derecho a réplica.
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Carlos Zeferino Torreblanca Galindo
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Joaquín Humberto Vela González
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Joaquín Humberto Vela González, en su derecho a réplica.
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Raúl Alejandro Livas Vera
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Raúl Alejandro Livas Vera, en su derecho a réplica.
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Marcos Efrén Parra Gómez
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Marcos Efrén Parra Gómez, en su derecho a réplica.
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Dulce María Sauri Riancho
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Dulce María Sauri Riancho, en su derecho a réplica.
Respuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra a los diputados:
Joaquín Humberto Vela González
Raúl Armando Quintero Martínez
Salvador Beltrán del Río Madrid
Francisco Suárez y Dávila
Hace un resumen de sus intervenciones el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Guillermo Ortiz Martínez.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Fernando Salgado Delgado
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Primo Rivera Torres:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 265 diputados, por lo tanto hay quorum.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Solicito registre la asistencia del diputado Tenorio.
El Presidente (a las 11:13 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Viernes 17 de noviembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Comparecencia del licenciado Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con tres minutos del jueves dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, el Presidente abre la sesión solemne para conmemorar al quincuagésimo aniversario del retorno a la patria de la fuerza aérea expedicionaria mexicana Escuadrón Doscientos uno.
Hacen uso de la palabra los diputados Miguel Rodríguez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Esquinca Gurusquieta, del mismo partido y Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, del Partido de la Revolución Democrática.
Puestos todos de pie, se entona el Himno Nacional Mexicano y el Presidente clausura la sesión solemne.
A las doce horas con nueve minutos, con una asistencia registrada de trescientos quince diputados, el Presidente abre la sesión ordinaria.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del septuagésimo tercer aniversario luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar, quien presenta iniciativa de Ley de Control de Cambios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los informes sobre la situación económica, las finanzas y la deuda públicas, correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y se corre traslado a la Cámara de Senadores.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Armada de México, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
La Secretaría da primera lectura a dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas:
Guadalupe Martín Vázquez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Mérida, Yucatán:
Martha Eugenia Aguilar Borbolla, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Malasia en México.
Se da segunda lectura y se someten a discusión siete dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Roberto Miranda Sánchez y José Luis Sánchez León puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de Guatemala:
Sergio Dávalos Tejadilla, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Chile:
Ambrosio Ariza López, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil:
Gabriela Ruiz Bonilla, Rosa Delia Alvarado Gutiérrez y María Elena Rosales Cabrera, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
No habiendo quien haga uso de la palabra en ninguno de los casos, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos once votos. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Sube a la tribuna la diputada Ana Lilia Cepeda de León, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo respecto de la seguridad pública en el Estado de Morelos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Para expresar sus opiniones respecto del mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados Jorge Armando Meade Ocaranza, del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Antonio Tallabs Ortega, del Partido Acción Nacional.
Comentan el aumento de franquicias en las zonas fronterizas, los diputados Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos y Oscar Villalobos Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.
Para expresar sus opiniones respecto del quincuagésimo aniversario de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hacen uso de la palabra los diputados José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional y Miguel Angel Islas Chío, del Partido Revolucionario Institucional.
Comentan el informe de Amnistía Internacional sobre México, los diputados Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; María de la Luz Lima Malvido, del Partido Revolucionario Institucional y Edgar Sánchez Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada María Leticia Calzada Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, quien a nombre de diputados de todos los grupos parlamentarios, presenta un punto de acuerdo respecto de la selva tropical maya. Se turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con treinta y un minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, viernes diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Primo Rivera Torres:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 30 de octubre de este año.
Estas comisiones, de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de los integrantes de esta Cámara, este dictamen, de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES
1o. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores el día 3 de octubre de 1995, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentada por el Ejecutivo Federal, con el propósito de establecer los principios generales para la constitución y el funcionamiento de un sistema nacional de seguridad pública, contemplando aspectos como la definición de acciones y objetivos de la seguridad pública; elementos que integrarán el sistema, materias objeto de la coordinación, instrumentos del sistema, instancias de coordinación y mecanismos de participación de la sociedad.
2o. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores acordó turnar la iniciativa del Ejecutivo Federal a las comisiones unidas de Estudios Legislativos primera sección, Gobernación segunda sección y Justicia.
3o. El día 10 de octubre de 1995 en reunión de trabajo celebrada por las comisiones unidas de la Cámara de Senadores que dictaminaron la iniciativa se acordó entre otros puntos convocar a participar en un foro de análisis de la iniciativa a los secretarios generales de gobierno, procuradores generales de justicia, funcionarios encargados de seguridad pública de los estados, presidentes municipales, así como también para que expresaren opiniones y propuestas a los estudiosos de la seguridad pública, expertos en derecho, organizaciones sociales y ciudadanía en general.
Además de las participaciones en el foro mencionado, se recibieron propuestas y observaciones de senadores de la República, diputados federales, secretarios generales de gobierno, procuradores generales de justicia y encargados de organismos de seguridad pública en los estados.
4o. El día 17 de octubre de 1995, se llevó a cabo en la Cámara de Senadores un trabajo de conferencia en que participaron miembros de ambas cámaras del Congreso de la Unión; en esta reunión se vertieron variados comentarios y puntos de vista en relación con el contenido de la iniciativa del Ejecutivo Federal a dictaminar por el Senado de la República.
5o. El día 31 de octubre de este año los secretarios de la Cámara de Diputados dieron cuenta al pleno de la recepción de la minuta con proyecto de ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El presidente de la mesa directiva acordó el misma día el turno respectivo a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para su estudio y dictamen.
6o. Las comisiones unidas que dictaminan se reunieron el día 15 de noviembre para discutir el presente dictamen y analizar los documentos fundamentales del proceso legislativo consistentes en la iniciativa del Ejecutivo Federal, el dictamen de las comisiones del Senado, unidas de Estudios Legislativos, primera sección, gobernación segunda sección, y justicia y la minuta con proyecto de ley general que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de los variados elementos contemplados en los antecedentes referidos.
7o. De acuerdo con los antecedentes indicados, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con las atribuciones antes señaladas presentan el dictamen bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
En cualquier ámbito de la República Mexicana, los aspectos de mayor trascendencia para sus habitantes son aquellos de inmediato contacto entre las autoridades y los gobernados, no escapa a esta característica la seguridad pública, rubro que se localiza en uno de los puntos más altos de interés por las aristas que toca en aras de la preservación del orden y la paz públicos, aspectos que se consideran tanto en el dictamen de la colegisladora como en la iniciativa del Ejecutivo Federal, primordialmente en cuanto hace a la consecución de los fines de la materia que nos ocupa, referidos a la prevención, persecución y sanción por infracciones y delitos.
El continente de la seguridad pública está dado principalmente por un anhelo de bienestar traducido en la suma de la tranquilidad privada de cada uno de los habitantes, misma que al trascender naturalmente deviene interés público; en este contexto, la acción del Estado en sus tres vertientes se vuelve necesaria para salvaguardar y en su caso restituir ese deseo.
Los cada vez más complejos métodos y formas que se adoptan para quebrantar la tranquilidad y el orden públicos, han rebasado límites geográficos y esto constituye un factor que contribuye a la impunidad y prohija la realización de actividades antisociales es así que para hacerle frente a este creciente fenómeno se vuelve indispensable la adopción de políticas uniformes de actuación, de carácter nacional, sin desdoro de la naturaleza federal de la República, sino sustentándose precisamente en ella.
De esta manera, en diciembre de 1994 el Constituyente Permanente introdujo en los artículos 21 y 73 de la ley fundamental, reformas que denotan el interés que representa para los niveles de gobierno que integran el Estado Federal. Los elementos que integran la reforma aludida se constituyen por:
1) La atribución de la función de seguridad pública a la Federación, al Distrito Federal, a los estados y a los municipios, en el ámbito constitucional de competencia que les corresponda:
2) El establecimiento de un sistema nacional de seguridad pública:
3) Los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que regirán la actuación de las instituciones policiales:
4) La facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública.
Dicha reforma consideró que el combate a la delincuencia y la preservación del estado de derecho, requieren de una coordinación que debe entenderse como una función del Estado mexicano en su integridad y por ello, con pleno respeto a la autonomía y a las funciones que el artículo 115 constitucional otorga a los municipios en materia de seguridad pública, las reformas al artículo 21 en comento, establecen la necesaria colaboración entre las instituciones policiales, con el propósito fundamental de obtener mayor certidumbre jurídica en todos los habitantes de la República Mexicana. La idea fundamental en que se sustentó fue el establecimiento de medidas tendientes a eficientar la prevención del delito, al necesario intercambio de experiencias y datos que coadyuven a la detención de delincuentes organizados que actúan en perjuicio de la sociedad, en diferentes entidades federativas e igualmente a una mejor administración de los elementos y recursos de las instituciones policiales.
Para contar con policías profesionales que den respuesta a las demandas de la sociedad y cumplan con la legalidad, honradez y eficiencia requeridos por la norma constitucional propuesta, es menester preparar y capacitar debidamente a los elementos encargados de la seguridad pública, para que puedan iniciar con dignidad y limpieza la carrera policial.
Consecuente con estos propósitos, se adicionó al artículo 73 en su fracción XXIII para que el Congreso de la Unión tenga las facultades para expedir las leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en materia de seguridad pública así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal.
Claramente se determinó que la meta de la seguridad pública, al ser una de las finalidades del Estado nacional, es también objetivo de las partes que lo conforman: Federación, estados, municipios y Distrito Federal, partes que enmarcadas en un Estado federal habrán de representar cada una en el ámbito de su competencia, toda la fuerza del Estado mexicano, articulando las potencialidades de los niveles de gobierno, para que con un esfuerzo conjunto se haga frente a la delincuencia.
Dentro del marco de las reformas constitucionales y concebida la seguridad pública como un derecho de todo individuo y una función a cargo de servidores de la sociedad, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 contempla a la iniciativa que se dictamina como una estrategia de fondo para regular y poner en marcha el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se insertarán estándares nacionales de calidad en el servicio de la seguridad, la creación de una auténtica carrera policial y los mecanismos de coordinación que respetando la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios se dé entre los tres órdenes de gobierno.
Conforme a dicho instrumento ejecutivo, se promoverá la consolidación de la profesionalización permanente de los recursos humanos de la seguridad pública y establecer así niveles mínimos de calidad y eficiencia. Igualmente se previó la regulación y utilización del Registro Nacional de Servicios Policiales como el instrumento para obtener un mejor control y aprovechamiento de los recursos humanos y la adecuada y eficaz coordinación, mismo que en la iniciativa es denominado Registro Nacional de Personal Policial.
El plan nacional mencionado también alude al consejo nacional como responsable de la coordinación eficiente del sistema en diversas tareas a llevar a cabo. Las acciones y decisiones se apoyarán en un sistema de información moderno y confiable para consulta de las autoridades de los tres niveles.
Los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de seguridad pública contenidas en el plan nacional antes referido, son recogidas en la iniciativa presidencial sometida a la consideración del Congreso de la Unión. Como se ha visto, la participación del Poder Legislativo es necesaria para el diseño de un sistema nacional de seguridad pública, sustentado en políticas y acciones públicas homogéneas y en principios de actuación que se insertan en la Constitución, de legalidad, honradez, eficiencia y profesionalismo, que permita responder a la urgente y nacional demanda de los mexicanos, exigente, sobre todo, de protección auténtica y oportuna, de su integridad física y familiar así como de su patrimonio, por lo que corresponde ahora a esta soberanía nacional cumplimentar el mandato constitucional a través de la ley respectiva.
Contenido de la iniciativa del Ejecutivo Federal
Para las comisiones unidas que dictaminan es necesario el análisis de la iniciativa del Ejecutivo Federal como principal sustento de los razonamientos contenidos en el presente dictamen que someten a esta Asamblea.
La reforma constitucional a que se ha hecho referencia determinó que la coordinación en materia de seguridad pública se dé a partir de las bases precisas que se dicten por el Congreso de la Unión con miras al establecimiento de un sistema nacional bajo la mencionada disposición fundamental de constituir la seguridad pública una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en las respectivas competencias que la propia Constitución señala y se recoge como objeto en el artículo 1o. de la iniciativa presentada, la que una vez en vigor será de observancia general en todo el territorio nacional.
El tema de la seguridad pública no podría entenderse aislado en ningún orden nacional y menos aún en el que se enmarca nuestro país. En efecto, se encaminan a un mismo vértice la prevención, la investigación y persecución de las infracciones y delitos, la readaptación del delincuente, la adaptación de los menores infractores, así como las actividades que realizan las instituciones a cargo de la protección de instalaciones y servicios estratégicos del país, que precisan para su objetivación eficaz, de una armonía y equilibrio precisos, a los que la iniciativa responde en congruencia con el concepto de la seguridad pública que se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así, contenidos en el mismo Título Primero de "Disposiciones Generales" se expresan los fines de la función de seguridad pública a realizar por las autoridades de la policía preventiva, el Ministerio Público, los responsables de la prisión preventiva, de la ejecución de penas y del tratamiento de menores infractores, de las encargadas de la protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir.
Las materias y acciones de diversa competencia se coordinarán para su aplicación y ejecución a través de convenios generales y específicos.
Se reiteran los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que para regir la conducta de los miembros de las instituciones policiales fueron dispuestos ya por la Constitución General.
A nivel enunciativo también se considera la integración de instrumentos de información a través del establecimiento de bases de datos sobre la seguridad pública y el establecimiento de mecanismos de participación para la sociedad en la planeación y supervisión de la seguridad pública.
Como bases para el sistema nacional ya enunciado se precisan los fines que se persiguen con la coordinación de autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, considerando los rubros de planeación, ejecución, evaluación y supervisión. La actuación coordinada exige una precisión normativa que determine las materias objeto de la misma y los alcances de la participación que en ella se tenga, tendiente principalmente a evitar conflictos de competencia; así, en secuencia lógica, como materias objeto de la coordinación, la iniciativa enuncia las relativas a procedimientos e instrumentos de información, reglas de ingreso, permanencia, promoción y retiro de los miembros de las instituciones policiales; sistemas disciplinarios y de estímulos y recompensas; organización, administración, operación y modernización; asignación de recursos; suministro, intercambio y sistematización de información; acciones y operaciones policiales conjuntas; regulación y control de los servicios privados de seguridad y otros auxiliares; relaciones con la comunidad y fomento de la cultura de prevención de infracciones y delitos, así como las relacionadas con las anteriores que resulten necesarias para el incremento de la eficacia de medidas y acciones para alcanzar los fines de la seguridad pública.
Se establece como instancia superior para coordinar esta función pública al Consejo Nacional de Seguridad Pública, al cual concurrirán en el ámbito de sus atribuciones los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, así como los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, siendo atribución del consejo determinar la forma y modalidades en que participarían los municipios del país. Es necesario destacar la importancia que a la integración del consejo se da en la iniciativa, al no preverse la acreditación ni por supuesto actuación de representantes ni de suplentes, a fin de reunir a los responsables de la función de seguridad pública que redundará en la eficacia de las funciones que al consejo corresponden.
Atendiendo a las materias de coordinación anteriormente enunciadas, la iniciativa propone el funcionamiento en conferencias en las materias de prevención y readaptación social, de procuración de justicia y de participación municipal, igualmente se prevé la formación de comisiones en diversas áreas de la materia, enfatizando la respectiva al estudio de la incidencia delictiva, en las que podrán participar las dependencias y entidades de la Federación, Distrito Federal, estados y municipios, que tengan relación con el sistema nacional por su competencia. El propósito de contar con un mayor y mejor conocimiento de las materias de coordinación propuestas en la iniciativa también informa la obligación de invitar a expertos, instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionadas.
El consejo de que se trata estará a cargo de la coordinación y dirección del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondiéndole la regulación de su organización y funcionamiento y en su seno se dará cauce a la elaboración de propuestas para el Programa Nacional de Seguridad Pública, de reformas legales y reglamentarias en la materia, así como al análisis de proyectos y estudios; igualmente le corresponderá determinar lineamientos para establecer políticas generales, las medidas de vinculación del propio sistema con otros, sean nacionales, regionales o locales, emitir bases y reglas para la realización de operativos conjuntos entre las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno.
Previsión importante es la que reconociendo la necesidad de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen atribuye al consejo la realización de programas de ese carácter en coordinación con las entidades y dependencias competentes.
La figura del secretario ejecutivo de este consejo forma parte integrante del mismo y su designación se propone a cargo del presidente de ese cuerpo colegiado, contemplándose como requisitos que sustentarán su labor, los de la ciudadanía mexicana, tener más de 35 años de edad y ser de reconocida capacidad, probidad y experiencia en tareas de la seguridad pública.
La estructura política de la nación mexicana se refleja coherentemente en las diversas instancias previstas en la iniciativa, se mencionó ya como órgano superior de coordinación al consejo nacional y para la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los otros ámbitos se proponen consejos locales, municipales y delegacionales. Igualmente, la unidad geográfica, económica, demográfica y social de algunas zonas del país requiere ser reconocida en esta materia, proponiendo la iniciativa para el cumplimiento de la función de seguridad pública, instancias regionales e intermunicipales para abordar la atención de la problemática con una visión que sin soslayar esa identidad que surge por la cercanía abarque un ámbito mayor que el estrictamente delimitado por el criterio geopolítico, pero que también considera el aspecto formal de unidad de gobierno y, en consecuencia, de toma de decisiones por la autoridad competente. Consejos e instancias cuya organización, en lo conducente, se asimilará a la del consejo nacional y funciones que posibiliten en su competencia, la coordinación y los fines de la función de seguridad pública.
Se plantea en este tema, que los consejos locales y las instancias regionales sean la vía para proponer al consejo nacional acuerdos, programas específicos y convenios.
Contiene el Título Segundo, las normas relativas a la actuación y formación de los integrantes de las instituciones policiales, en las que atendiendo a la naturaleza federal de la República, establece como criterio orientador de las diversas instancias de coordinación del sistema nacional la promoción para que se contemplen deberes mínimos en las normas aplicables, a efecto de que se logre el apego de los integrantes de las instituciones policiales a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que para su actuación establece el artículo 21 de la Carta Magna.
Asimismo, considerando la carrera policial como el elemento básico para la formación de los integrantes de las instituciones policiales, la contempla con el carácter de obligatoria y permanente y obliga a su instrumentación por la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en sus ámbitos correspondientes de competencia, previendo su coordinación a través de un servicio nacional de apoyo encaminado a homologar procedimientos y asemejar contenidos mínimos de planes y programas para dicha formación.
Aborda la iniciativa aspectos diversos en el rubro de información nacional sobre seguridad pública, estableciéndose como obligatorio para la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, el suministro, intercambio y sistematización de la misma; así, se proponen el Registro Nacional de Personal Policial, el Registro Nacional de Equipo, la Estadística de Seguridad Pública y la Información sobre Delincuentes.
El Registro Nacional de Personal Policial está enfocado a la obtención de un mayor control de quienes ingresan, permanecen y se retiran de las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para ello en la iniciativa se proponen contenidos mínimos que permitirán identificarlos, conocer sus antecedentes laborales, desempeño en el servicio de seguridad pública y modificaciones en la condición de dichos servidores. El aspecto disciplinario se entiende básico en el registro de que se trata, así como su comportamiento al efecto al igual que se registrarán los estímulos y reconocimientos, serán notificadas al registro las sanciones administrativas y cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria o resolución que los modifique.
Con el mismo fin se prevé la notificación de órdenes de aprehensión o detención y atinadamente se sujeta a la condición de no poner en riesgo la investigación o la causa procesal, ya que se entiende de mayor importancia la prosecución que el asiento del registro.
Del registro se derivará una clave que deberá contenerse en la identificación de los integrantes de las instituciones policiales, quienes estarán obligados a portarla. La implementación del registro tiene una consecuencia lógica, consistente en la consulta obligatoria previa al ingreso de toda persona a cualquier institución policial, incluyendo las de formación policial.
Tocante al registro nacional de equipo, se pretende la obtención de certeza respecto de la utilización de vehículos asignados y armas autorizadas, de suerte que se detallan los contenidos mínimos de los asientos respectivos. Importantes son las normas que prevén la obligación de portar sólo las armas asignadas o autorizadas, las que disponen que dicha portación sólo podrá ser durante el tiempo de ejercicio de sus funciones o para un horario, misión o comisión determinados, así como la que obliga en caso de aseguramiento a una comunicación inmediata, incumplimiento que dará lugar a una portación ilegal y en consecuencia a las sanciones que determinen las normas aplicables.
Para el análisis de la problemática de seguridad pública y la consecuente planeación, así como para su evaluación y reorientación en los diversos ámbitos que componen el Estado Federal, se prevé la existencia de instrumentos de acopio de datos, mismos que serán señalados vía reglamento y la información se recibirá conforme lo determine la ley de la materia. La materia de la estadística estará conformada por los datos y cifras relevantes acerca de servicios de seguridad preventiva, procuración de justicia, administración de justicia, sistemas de prisión preventiva, de ejecución de sentencias, tratamiento de menores infractores y los factores asociados a la problemática.
Además de los fines de planeación anteriores, para una mejor detección y persecución de los delitos, la iniciativa propone la integración y actualización permanente a nivel nacional de una base de datos sobre delincuentes o probables responsables de delitos en que se contendrán las características criminales, medios de identificación; así como los recursos y modos de operación, que se nutrirá con las aportaciones de las dependencias y entidades que contribuyen a la seguridad pública, sujetándose en este caso también la proveniente del Ministerio Público a la reserva de aquella información que ponga en riesgo alguna investigación y solo durante el tiempo en que exista tal condición.
Por la importancia que representa para la seguridad pública la inscripción, actualización y consulta de los registros y las bases de datos antes mencionados, la iniciativa propone mecanismos de seguridad que permitan identificar a los responsables y usuarios de los mismos, a efecto de detectar en todo momento cualquier variación y acceso. Igualmente se prevén distintos niveles de consulta conforme a la clasificación que se establezca, comprendiendo entre ellos la que podrá tener carácter público.
Como garantía del manejo confidencial y reservado de la información, es obligatorio no proporcionar al público aquella que ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra las personas y su honra, frente a cuyo incumplimiento se responsabilizará de manera equiparada por el delito de revelación de secretos. Para la veracidad de los datos asentados se permite que los interesados que los consideren falsos o erróneos, puedan solicitar la correspondiente investigación para, en su caso, corregir lo que proceda.
El concepto de la seguridad pública se relaciona con las personas y su patrimonio, cuya afectación directa genera una expectativa de atención inmediata de las autoridades, lo que fue considerado en la iniciativa para señalar que el consejo nacional promoverá e impulsará el establecimiento de mecanismos ágiles de recepción de reportes telefónicos sobre emergencias, faltas y delitos, así como el de localización de personas y de bienes, mecanismo que tendrá comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.
Si bien la seguridad pública se conceptúa como una función estatal, la realización de sus fines hace necesaria la participación de la sociedad, así en el Título Tercero de la iniciativa se abre la posibilidad para que la sociedad intervenga respecto de las funciones del consejo nacional y en general de las actividades de la seguridad pública en el país a través de los mecanismos que establezca el propio consejo. Para ello se establece la obligación de las instancias de coordinación de promover la creación de una entidad de consulta y participación de la comunidad en las instituciones de seguridad pública.
El Título Cuarto de la iniciativa relativo a los servicios privados de seguridad, propone que la prestación de los servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluidos su traslado, sean autorizados por la Secretaría de Gobernación si comprenden varias entidades federativas o de acuerdo a las leyes locales, la autoridad administrativa si se prestan sólo en el territorio de una de ellas. Dichos servicios se conciben como auxiliares a la función de seguridad pública y en ese tenor sus integrantes coadyuvarán con las autoridades e instituciones policiales en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad, competente federal, local o municipal, lo anterior conforme a los requisitos y condiciones de la respectiva autorización sin que esto implique que ejercerán las funciones que a las autoridades correspondan.
Las normas de la iniciativa y de las leyes aplicables a las instituciones policiales se preceptúan como obligatorias para las personas que presten estos servicios y su personal, con especial énfasis se incluye a los principios de actuación y desempeño y a la obligación de aportar datos para el registro de su personal y equipo, así como la información estadística y sobre la delincuencia.
Cuatro disposiciones transitorias contempla la iniciativa del Ejecutivo Federal, relativas a la vigencia al día posterior al de su publicación; la autorización al Ejecutivo Federal para realizar las trasferencias presupuestales necesarias a efecto de la operación del sistema nacional, instancias, instrumentos, mecanismos y programas que lo componen; la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Pública dentro del plazo de 90 días a partir de la publicación de la ley y el establecimiento de la obligación del consejo nacional para que en su primera sesión determine procedimientos y plazos para la instalación de las restantes instancias y el establecimiento de instrumentos y servicios que la iniciativa contiene.
Modificaciones introducidas a la iniciativa del Ejecutivo Federal por la Cámara de Senadores
La revisión de la historia parlamentaria de nuestro país nos muestra que el ánimo de perfeccionamiento de las normas ha sido una constante en la tradición jurídica nacional, en ello ha estado presente siempre el interés por el perfeccionamiento de la organización del Estado, en el caso que nos ocupa este interés ha estado presente en el proceso Legislativo de conformación de la presente ley, sustentado primordialmente en la consecución del bienestar social a través de una protección eficaz de los derechos y bienes del individuo.
El perfeccionamiento de las instituciones jurídicas y de las respectivas estructuras del Estado formalmente, depende en principio de la acción sustantiva del ejercicio de la función legislativa, que en este caso fue iniciado por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Senadores, la que estableció un mecanismo de trabajo que permitió recoger opiniones y puntos de vista de diputados federales, así como de juristas destacados, que modificaron en numerosos y variados aspectos la iniciativa del Ejecutivo Federal, coadyuvando al enriquecimiento de su contenido.
La materia de que se trata exigió un análisis cuidadoso en extremo por los temas que toca y que siempre están referidas a la protección de las persona y sus bienes, adicionalmente, por su aplicación en el ámbito nacional en aras de una mayor eficacia, involucrando los distintos niveles de gobierno que constitucionalmente conforman el Estado Federal mexicano. Existió un estrecho contacto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal, de manera que, incluso antes de iniciarse formalmente el proceso legislativo, las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión emitieron sus comentarios respecto de un anteproyecto de la iniciativa.
La colegisladora realizó un detallado estudio del contenido de la iniciativa del Ejecutivo Federal, partiendo del análisis sociojurídico de la problemática en la materia, la inserción del sistema que en ella se propone dentro de nuestro régimen político y a la luz de la Constitución General, introduciendo modificaciones sustanciales con las que coinciden plenamente las comisiones unidas que dictaminan, en razón de lo atinadas que resultan para el enriquecimiento de dicha iniciativa y de que en ellas hubo intensa participación de diversos miembros de esta Cámara Revisora en los trabajos de conferencia que el Senado de la República convocó.
Las conclusiones vertidas por la colegisladora hallan eco en las comisiones unidas que dictaminan ya que giran en torno a la constitucionalidad y oportunidad de la iniciativa del Ejecutivo Federal, basada la primera principalmente en la congruencia con el sistema federal y la segunda, en la respuesta que representa para la ciudadanía dado el fenómeno actual de incremento de la delincuencia a través de complejas y modernas formas de operación, cuyo abatimiento será posible en un marco de coordinación nacional. Se enfatiza la tendencia a no engrosar la estructura administrativa, sino al aprovechamiento de los recursos con que se cuenta en los diferentes ámbitos coordinando esfuerzos para una mayor eficacia y la necesidad de modernizar la actuación de las instituciones policiales con base en sistemas de información de delitos y delincuentes así como de sus propios miembros, para estos últimos el fin es la dignificación de su función mediante el establecimiento de la carrera policial.
La denominación de la iniciativa fue modificada atendiendo al fin esencial de una ley como la de la especie, esto es, si se trata de una ley no sustantiva sino relativa a la regulación del marco de organización de los diferentes niveles de gobierno en una materia en la que cada uno de ellos tiene competencia ya determinada, lo adecuado es referir su carácter general y conforme lo establece la fracción XXIII del artículo 73 constitucional aludir a las bases de coordinación en materia de seguridad pública, por ello se estima adecuada la denominación de Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es unificada la terminología utilizada en la iniciativa al referirse a los diferentes ámbitos competenciales en la materia, así se modifican diversos artículos para referirlos a la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, éstos son: 1o., 4o., 6o., 8o., 12, 16 fracción X, 24, 25, 26, 28, 32, 38, 47, 48 y 53.
De carácter técnico fueron las modificaciones practicadas por la colegisladora a la redacción de los artículos 6o., 11, 15, 16, 17 fracción IV, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 42, 43 y 54, que involucran por una parte la imperatividad normativa siendo innecesaria la utilización de fórmulas gramaticales que la enfaticen y por la otra al tener el carácter de hipótesis normativas su redacción debe referirse naturalmente a un tiempo futuro.
El contenido del artículo 3o. se precisó para referir los fines de la seguridad pública y dentro de ellos incluir aquel que preside toda organización estatal y que es la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, así como que aquellos se alcanzarán por las autoridades mediante la prevención, persecución y sanción de infracciones y delitos y la reinserción social del delincuente y del menor infractor. Se consideró necesario resaltar aspectos relacionados con la prevención, así se crea un párrafo que enfatiza la obligación del Estado para combatir las comisiones de los delitos desde sus causas y para inducir el respeto a la legalidad a través de políticas y programas que fomenten valores culturales y cívicos en la sociedad.
Los términos "las bases de coordinación" que como objeto de convenios generales y específicos entre los integrantes del sistema nacional se contenían en la iniciativa, fueron sustituidos para referirlos a "las disposiciones de esta ley", en lo que hace a su artículo 4o.
Siendo fundamental en la iniciativa la coordinación de los diferentes niveles de actuación en la Federación, la Cámara de Senadores estimó prudente determinar expresamente el objeto primero de dicha coordinación, así se modifica el artículo 8o. para referir en primer término el integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Igualmente vital es la determinación clara de las materias que comprenderá la coordinación y en este sentido fueron las variaciones introducidas a las fracciones III, IV y Vl del artículo 9o., de la iniciativa. La primera de ellas para suprimir la calificación de policial para las operaciones a coordinar y referir dicha operación a las instituciones de seguridad pública; referencia que se aplicará también a la organización, administración y modernización tecnológica. En la fracción IV el cambio se da en razón de que más que asignación de recursos para la seguridad pública, la naturaleza del órgano ejecutor requiere se mencione como propuestas de aplicación de recursos. Complementariamente, en la parte final de la fracción VI se remite la coordinación en materia de acciones policiales conjuntas a los términos del artículo 5o., disposición ésta que fue también modificada y trasladada del numeral 17 para que desde el título de disposiciones generales se evite la confusión sobre una posible subordinación o invasión de competencias entre las instituciones y autoridades que actuarán además cumpliendo sin excepción las normas constitucionales y legales aplicables cuando se trate de persecución de delitos.
En virtud de que el ámbito municipal se conforma en cada uno de los estados de nuestra Federación, resulta congruente con las disposiciones constitucionales que rigen a los estados y a los municipios como la forma de su organización políticoadministrativa, que la actuación de estos últimos se dé como naturalmente corresponde, en el ámbito estatal, por ello es suprimida la parte final del artículo 11 de la iniciativa, relativa a la determinación por el consejo nacional de la forma y modalidades en que participarían los municipios del país. Lo anterior se vincula con la modificación del artículo 18 que prevé dicha participación municipal en los consejos estatales.
El mismo precepto fue adicionado con una fracción que incorpora como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública al Secretario de Comunicaciones y Transportes, atendiendo a que esta dependencia tiene a su cargo la Policía Federal de Caminos y Puertos y al personal de seguridad que vigila puertos y aeropuertos.
En la obtención de un mejor conocimiento acerca de las materias objeto de coordinación se consideró que las conferencias de prevención y readaptación social, de procuración de justicia y de participación municipal, son instancias del sistema nacional y no del consejo, como se propuso en la iniciativa del Ejecutivo Federal; es en este sentido que se modifica su artículo 12.
La importancia de las funciones atribuidas al secretario ejecutivo del sistema como instrumentador y administrador del propio sistema a cuyo consejo concurren dependencias federales, gobernadores y el jefe del gobierno del Distrito Federal, hizo que el Senado de la República replanteara en el artículo 13 la forma de su designación, de modo que de un nombramiento directo por el presidente del consejo se transita a una designación del consejo a propuesta del citado presidente. La misma razón subyace en la inclusión como requisito para acceder a dicho cargo el de contar con título de licenciado en derecho debidamente registrado.
De la fracción I del artículo 14 de la iniciativa fue eliminada la mención de dirección del sistema nacional para conservar sólo la de su coordinación a cargo del consejo nacional con el claro afán de evitar interpretaciones inadecuadas en cuanto a inexistentes relaciones de suprasubordinación dado los diversos niveles de competencia que participan en el sistema de que se trata.
En esa misma disposición, con la colegisladora, teniendo en cuenta que el consejo nacional es una instancia de coordinación que se reúne periódicamente, se estima apropiado para éste más que fijar normas para su organización y funcionamiento, hacerlo respecto del sistema en su conjunto.
Respecto de las funciones del secretario ejecutivo del sistema contenidas en el artículo 16 de la iniciativa, se introdujeron algunos cambios que las precisan. Así, la fracción IX preservando las líneas de relación que se deducen de la Constitución general y de las distintas leyes aplicables, señala que las sugerencias para el desarrollo eficaz de las funciones de las instituciones de seguridad pública se hagan no a dichas instituciones sino a las autoridades competentes. Del mismo modo es modificada la fracción X para disponer la promoción por conducto de las instituciones de seguridad pública de acciones conjuntas y no la coordinación de estas últimas, planteada en la iniciativa con el fin de impedir que de esta coordinación se infiera una relación subordinada.
La claridad en las funciones de este secretario ejecutivo motiva que la fracción XI del citado artículo 16 se refiera a la adopción por éste de las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservación de la seguridad pública como función de apoyo al sistema y suprimir la excepción relativa a los casos urgentes y graves. También a ello obedeció el que se considerara atinadamente que la función adecuada para el secretario técnico es la de coordinar acciones entre las policías federales preventivas en lugar de la anteriormente prevista para coordinar a dichas policías.
En la intención de dignificar la labor de los integrantes de las instituciones policiales se contiene en la iniciativa bajo el numeral 22, un catálogo de deberes a ser promovidos para su adopción en las normas aplicables; sobre ellos, se coincide con el Senado en la oportunidad para señalar expresamente como tal, el de oponerse a cualquier acto de corrupción. En el mismo precepto se adiciona como último párrafo el señalamiento de que las leyes respectivas establecerán sanciones por el incumplimiento de los deberes enunciados y la exclusión de responsabilidad para aquellos policías que se nieguen a cumplir órdenes ilegales.
La consideración de que la seguridad pública rebasa el aspecto meramente policiaco hizo necesaria la variación de la denominación de la Sección Primera del Capítulo IV para referirse al registro nacional del personal de seguridad pública y no como del personal policial que mencionaba la iniciativa del Ejecutivo Federal; en el mismo sentido son modificados los artículos 26, 27, 28 y 29.
La inclusión del personal de custodia en la realización de la función de seguridad pública que se hace en el artículo 3o. de la iniciativa hace innecesario su reiteración en los artículos 31 y 37 para las disposiciones de las secciones en que éstos se encuentran, por lo que tales preceptos son modificados y el texto que toma su lugar se refiere a la no aplicación de las disposiciones sobre registro de personal de seguridad pública y de armamento y equipo a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de los estados, así como a los que en el Distrito Federal desempeñan la función judicial.
La denominación de la Sección Segunda del Capítulo IV del Título Segundo se modifica para comprender en ella expresamente, además del equipo, al armamento, en razón de que en el registro nacional que se dispone habrán de inscribirse no sólo los vehículos y otros equipos, sino también las armas y municiones que les hayan sido autorizadas.
Para inhibir eventos no deseados que se relacionan con la portación de armas se contiene con el número 33, la disposición relativa a que sólo podrán portarse las que sean de cargo, coincidiendo estas comisiones con las acertadas precisiones realizadas por la colegisladora en el sentido de mencionar de manera genérica a cualquier persona que ejerza funciones de seguridad pública y no como se contemplaba al citar estrictamente a los integrantes de las instituciones de seguridad pública y la de incluir las asignaciones que en lo particular se hacen a dichas personas respecto de las armas que se registran colectivamente para la institución a la que pertenecen.
Para quienes por haber cometido algún hecho delictivo y hayan sido sancionados y para aquellos que sean considerados probables responsables de su comisión, se encuentren indiciados o procesados, resultaría estigmatizante el que fueren inscritos en un catálogo denominado información sobre delincuentes, razón para determinar que esa base de datos sea designada como información de apoyo a la procuración de justicia y tales son las modificaciones que se hicieron a la denominación de la Sección Cuarta del Capítulo IV del Título Segundo de la iniciativa y a su artículo 41.
El artículo 48 de la iniciativa que regula el establecimiento de servicio de comunicación telefónico para recibir reportes de la comunidad sobre emergencias, faltas y delitos, es concebido con mayor amplitud en previsión de los adelantos tecnológicos en materia de comunicación y en dicha razón se suprime el término telefónica.
La enunciación de las acciones que se promoverán como participación de la comunidad que se contienen en el artículo 50 es sistematizada en diversas fracciones a las que se agrega la posibilidad de realizar denuncias o quejas sobre irregularidades.
En la minuta con proyecto de ley que se dictamina se adicionan dos preceptos al rubro de transitorios, encaminados a una derogación tácita de aquellas disposiciones que se opongan a la ley de que se trata y otra, de carácter expreso, relativa al acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se crea la coordinación de seguridad pública de la nación y que fue publicada el 26 de abril de 1994 en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo anterior, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Cámara de Diputados, se pronuncian por la aprobación en sus términos de la minuta con proyecto de ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobado por la Cámara de Senadores el día 30 de octubre de 1995.
Por las consideraciones antes señaladas, las comisiones unidas que suscriben, se permiten someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
Artículo 2o. El Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la presente ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública.
Artículo 3o. Conforme al artículo 21 constitucional y para los efectos de esta ley, la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.
El Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.
La función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país; así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley.
Artículo 4o. Cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal o de los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes componentes del sistema nacional.
Artículo 5o. La coordinación y aplicación de esta ley, se hará con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones y autoridades que intervienen en el sistema nacional.
Cuando las acciones conjuntas sean para perseguir delitos, se cumplirán sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables.
Artículo 6o. La conducta de los miembros de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Las autoridades establecerán instrumentos de formación policial que inculquen estos principios.
Artículo 7o. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, integrarán los instrumentos de información del sistema nacional, para cuyo efecto se establecerán las bases de datos sobre la seguridad pública.
Artículo 8o. Las autoridades establecerán mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la seguridad pública, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.
TITULO SEGUNDO
Del Sistema Nacional de Seguridad Pública
CAPITULO I
De la coordinación entre la Federación,el Distrito Federal, los estados y los municipios
Artículo 9o. Las autoridades competentes de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para:
I. Integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública:
II. Determinar las políticas de seguridad pública, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones, a través de las instancias previstas en esta ley:
III. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y para la formación de sus integrantes:
IV. Establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados todos los instrumentos de información del sistema nacional:
V. Formular propuestas para el Programa Nacional de Seguridad Pública, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo:
VI. Tomar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos.
Artículo 10. La coordinación comprenderá las materias siguientes:
I. Procedimientos e instrumentos de formación, reglas de ingreso, permanencia, promoción y retiro de los miembros de las instituciones policiales:
II. Sistemas disciplinarios, así como de estímulos y recompensas:
III. Organización, administración, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública:
IV. Las propuestas de aplicación de recursos para la seguridad pública, incluido el financiamiento conjunto:
V. Suministro, intercambio y sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública:
VI. Acciones policiales conjuntas, en los términos del artículo 5o. de esta ley:
VII. Regulación y control de los servicios privados de seguridad y otros auxiliares:
VIII. Relaciones con la comunidad y fomento de la cultura de prevención de infracciones y delitos y
IX. Las relacionadas con las anteriores, que sean necesarias para incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a alcanzar los fines de la seguridad pública.
Artículo 11. Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.
CAPITULO II
De las instancias de coordinación SECCION PRIMERA
Del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Artículo 12. El consejo nacional será la instancia superior de coordinación del sistema nacional y estará integrado por:
I. El Secretario de Gobernación, quien lo presidirá:
II. Los gobernadores de los estados:
III. El Secretario de la Defensa Nacional:
IV. El Secretario de Marina:
V. El Secretario de Comunicaciones y Transportes:
VI. El Procurador General de la República:
VII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal:
VIII. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 13. Para el conocimiento de las distintas materias de coordinación a que se refiere esta ley, el Sistema Nacional de Seguridad Pública contará con las conferencias de prevención y de readaptación social, la de procuración de justicia y la de participación municipal. También podrá formar las comisiones necesarias para las diferentes áreas de la materia y en particular, para el estudio especializado de las incidencias delictivas; en ellas podrán participar las dependencias y entidades de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios que, por razón de su competencia, tengan relación con el sistema nacional.
Con la misma finalidad, se invitará a expertos, instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionadas con la materia.
Artículo 14. El consejo designará, a propuesta de su presidente, al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos:
II. Tener más de 35 años de edad:
III. Contar con título de licenciado en derecho debidamente registrado:
IV. Ser de reconocida capacidad y probidad y contar con experiencia en áreas de seguridad pública.
Artículo 15. El consejo conocerá y resolverá los asuntos siguientes:
I. La coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
II. La determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas generales en materia de seguridad pública:
III. La formulación de propuestas para el Programa Nacional de Seguridad Pública, así como la evaluación periódica de éste y otros relacionados:
IV. La determinación de medidas para vincular el sistema nacional con otros nacionales, regionales o locales:
V. La emisión de bases y reglas para la realización de operativos conjuntos entre corporaciones policiales federales, locales y municipales:
VI. La realización de programas de cooperación internacional sobre seguridad pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes:
VII. La elaboración de propuestas de reformas a leyes y reglamentos en materia de seguridad pública:
VIII. El análisis de proyectos y estudios que se sometan a su consideración por conducto del secretario ejecutivo:
IX. La expedición de reglas para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
X. Los demás que sean necesarios para cumplir los objetivos de esta ley.
Artículo 16. El consejo se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.
Corresponderá al presidente, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del sistema nacional.
Los miembros del consejo podrán proponer acuerdos y resoluciones, así como vigilar su cumplimiento.
Artículo 17. Serán funciones del secretario ejecutivo del sistema nacional:
I. Elaborar las propuestas de contenido del Programa Nacional de Seguridad Pública y someterlas a la aprobación del consejo:
II. Levantar y certificar los acuerdos que se tomen en el consejo, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que refiere el artículo 11:
III. Ejecutar y dar seguimiento a acuerdos y resoluciones del consejo:
IV. Proponer para su aprobación al consejo políticas, lineamientos y acciones para el buen desempeño de las instituciones de seguridad pública del país:
V. Elaborar y publicar informes de actividades del consejo:
VI. Coordinar el servicio nacional de apoyo a la carrera policial y las instituciones nacionales de formación de las policías:
VII. Administrar y sistematizar los instrumentos de información del sistema nacional, así como recabar todos los datos que se requieran:
VIII. Informar periódicamente al consejo de sus actividades:
IX. Formular sugerencias a las autoridades competentes, para que las instituciones de seguridad pública de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, desarrollen de manera más eficaz sus funciones:
X. Promover, por conducto de las instituciones de seguridad pública, la realización de acciones conjuntas, conforme a las bases y reglas que emita el consejo y sin menoscabo de otras que realicen las autoridades competentes:
XI. Tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservación de la seguridad pública:
XII. Realizar estudios especializados sobre las materias de seguridad pública:
XIII. Coordinar acciones entre las policías federales preventivas.
SECCION SEGUNDA
De los consejos locales y regionales de coordinación
Artículo 18. En el Distrito Federal y en los estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación y planeación y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus respectivos ámbitos de Gobierno. En el caso de los consejos estatales, participarán los municipios atendiendo a las características regionales y demográficas de cada entidad federativa.
En las entidades federativas se establecerán consejos de coordinación delegacionales o municipales, según sus características, para la realización de dichas actividades.
Artículo 19. Cuando para el cumplimiento de la función de seguridad pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente.
Cuando se requiera la participación de dos o más municipios, ya sea de un mismo o de diferentes entidades federativas, podrán también establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes.
Artículo 20. Los consejos locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al consejo nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la seguridad pública, en sus ámbitos de competencia.
Artículo 21. Los consejos locales y las instancias regionales podrán proponer al consejo nacional acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.
CAPITULO III
De la actuación y formación de los integrantes de las institucionespoliciales
Artículo 22. Para que la actuación de los integrantes de las instituciones policiales se apeguen a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, las instancias de coordinación del sistema nacional promoverán que en las normas aplicables se prevean, como mínimo, los deberes siguientes:
I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos:
II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho:
III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo:
IV. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como: amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente:
V. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población:
VI. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción:
VII. Abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables:
VIII. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente:
IX. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda:
X. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho:
XI. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes.
En las leyes respectivas, se establecerán sanciones por el incumplimiento de los deberes que establece este artículo. No serán sancionados los policías que se nieguen a cumplir órdenes ilegales.
Artículo 23. La carrera policial es el elemento básico para la formación de los integrantes de las instituciones policiales, a fin de cumplir con los principios de actuación y desempeño. Comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, promoción y separación del servicio, así como su evaluación.
Artículo 24. La carrera policial, en sus diferentes niveles, se establecerá con carácter de obligatoria y permanente. Deberá instrumentarse por la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia y de manera coordinada, a través de un servicio nacional de apoyo que homologue procedimientos y busque la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas para la formación de los integrantes de las instituciones policiales.
La dignificación de las corporaciones policiales será considerada por las legislaciones federal, estatales y del Distrito Federal, acorde con la calidad y riesgo de la función y las posibilidades de cada entidad.
CAPITULO IV
De la información nacional sobre seguridad pública
Artículo 25. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la información sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios a que se refiere esta ley.
SECCION PRIMERA
Del registro nacional del personal de seguridad pública
Artículo 26. El registro nacional de personal de seguridad pública contendrá la información relativa a los integrantes de las instituciones de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.
Artículo 27. El registro contendrá, por lo menos:
I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes laborales, así como su trayectoria en los servicios de seguridad pública:
II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público:
III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.
Cuando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al registro.
Las órdenes de detención o aprehensión se notificarán cuando no pongan en riesgo la investigación o la causa procesal.
El reglamento especificará los demás datos que deban aportar al registro cada una de las instituciones de seguridad pública.
Artículo 28. Las autoridades competentes de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados en el registro los datos relativos a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en los términos de esta ley y el reglamento. Se consideran miembros de las instituciones de seguridad pública, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente.
Artículo 29. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública ostentarán una identificación que incluya fotografía, nombre, nombramiento y clave de inscripción en el registro.
Artículo 30. La consulta del registro será obligatoria y previa al ingreso de toda persona a cualquier institución policial, incluyendo las de formación. Con los resultados de la consulta la autoridad procederá de conformidad con las normas conducentes.
Artículo 31. Las disposiciones previstas en esta sección no serán aplicables a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal.
SECCION SEGUNDA
Del registro nacional de armamento y equipo
Artículo 32. Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios manifestarán al registro nacional de equipo:
I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo:
II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.
Artículo 33. Cualquier persona que ejerza funciones de seguridad pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la institución de seguridad pública a que pertenezcan, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 34. Las armas sólo podrán ser portadas durante el tiempo del ejercicio de funciones o para un horario, misión o comisión determinados, de acuerdo con los ordenamientos de cada institución.
Artículo 35. En el caso de que los elementos de seguridad pública aseguren armas y/o municiones, lo comunicarán de inmediato al registro nacional de armamento y equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 36. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 33 al 35 de esta ley dará lugar a que la portación de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.
Artículo 37. Las disposiciones previstas en esta sección no serán aplicables a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal.
SECCION TERCERA
De la estadística de seguridad pública
Artículo 38. El reglamento señalará los instrumentos de acopio de datos que permitan analizar la incidencia criminológica y en general, la problemática de seguridad pública en los ámbitos de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, con el propósito de planear las estrategias de las políticas tendientes a la preservación del orden y la paz públicos. Para este efecto, dispondrá los mecanismos que permitan la evaluación y reorientación, en su caso, de las políticas de seguridad pública.
Artículo 39. Las normas generales para la recepción de la información serán establecidas de conformidad con la Ley de Información, Estadística y Geográfica.
Artículo 40. La estadística de seguridad pública sistematizará los datos y cifras relevantes sobre servicios de seguridad preventiva, procuración y administración de justicia, sistemas de prisión preventiva, de ejecución de sentencias y de tratamiento de menores y los factores asociados a la problemática de seguridad pública.
SECCION CUARTA
De la información de apoyo a la procuración de justicia
Artículo 41. Se integrará una base nacional de datos sobre personas probables responsables de delitos, indiciadas, procesadas o sentenciadas, de consulta obligatoria en las actividades de seguridad pública, donde se incluyan sus características criminales, medios de identificación, recursos y modos de operación. Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las instituciones de prevención, procuración y administración de justicia, readaptación social y en general, todas las instituciones que deban contribuir a la seguridad pública, relativa a las investigaciones, averiguaciones previas, órdenes de detención y aprehensión, sentencias o ejecución de penas.
Esta información servirá para lograr los propósitos a que refiere el artículo 38 y para instruir la mejor detección y persecución de los delitos.
Dicha información se dará de baja de esta base de datos, por resoluciones de libertad por desvanecimiento de datos o falta de elementos para procesar, así como por sentencias absolutorias.
Artículo 42. La institución del Ministerio Público sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, pero la proporcionará inmediatamente después que deje de existir tal condición.
SECCION QUINTA
De las reglas generales sobre la información
Artículo 43. El reglamento determinará las bases para incorporar otros servicios o instrumentos que tiendan a integrar la información sobre seguridad pública y los mecanismos modernos que den agilidad y rapidez a su acceso.
También determinará las condiciones de seguridad sobre manejo y acceso a la información, la que tendrá siempre un responsable de inscripción. En los casos necesarios se asignará una clave confidencial a los responsables de inscribir a las personas autorizadas para obtener la información en los sistemas, a fin de que quede la debida constancia de cualquier movimiento o consulta.
Artículo 44. Para el acceso a la información sobre seguridad pública, podrán establecerse los diferentes niveles de consulta, respecto de:
I. La policía preventiva:
II. La policía judicial:
III. El Ministerio Público:
IV. Las autoridades judiciales:
V. Las autoridades administrativas de readaptación social:
VI. Otras autoridades.
El reglamento señalará el nivel en la clasificación que corresponda a cada tipo o acceso de información y la que podrá tener carácter público.
Artículo 45. La información será manejada bajo los principios de confidencialidad y reserva. No se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de responsabilidades de otra naturaleza.
Artículo 46. Cualquier interesado que estime falsa o errónea alguna información, podrá solicitar la investigación correspondiente con el objeto de que, en su caso, se anote la corrección que proceda, conforme al procedimiento que establezca el reglamento.
CAPITULO V
De los servicios de atención a la población
Artículo 47. El consejo nacional impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.
Artículo 48. El consejo nacional promoverá que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.
El servicio tendrá comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.
TITULO TERCERO
De la participación de la comunidad
Artículo 49. El consejo nacional establecerá mecanismos y procedimientos para la participación de la sociedad respecto de las funciones que realice y en general, de las actividades de la seguridad pública en el país.
Artículo 50. Dentro de los consejos de coordinación para la seguridad pública que prevé esta ley, se promoverá la participación de la comunidad, para:
I. Conocer y opinar sobre políticas y seguridad pública:
II. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorar esta función:
III. Realizar labores de seguimiento:
IV. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los miembros de las instituciones policiales;
V. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades:
VI. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de seguridad pública.
Artículo 51. Los consejos de coordinación promoverán que las instituciones de seguridad pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior.
TITULO CUARTO
De los servicios privados de seguridad
Artículo 52. Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado, deberán obtener autorización previa de la Secretaría de Gobernación, cuando los servicios comprendan varias entidades federativas, o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para su supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.
Artículo 53. Los servicios privados de seguridad son auxiliares a la función de seguridad pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.
Los particulares que presten este servicio estarán impedidos para ejercer las funciones que corresponden a las autoridades de seguridad pública.
Artículo 54. Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se regirán en lo conducente por las normas que esta ley y las demás aplicables establecen para las instituciones de seguridad pública, incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y en general proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al sistema nacional.
TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Conforme a las disposiciones legales aplicables, el Ejecutivo Federal realizará las transferencias presupuestarias necesarias, a efecto de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las instancias, los instrumentos, mecanismos y programas que lo conformen, puedan establecerse y desarrollar las funciones ordenadas en la presente ley.
Tercero. El Consejo Nacional de Seguridad Pública se instalará dentro del plazo de 90 días contados a partir de la publicación de la presente ley.
Cuarto. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su primera sesión, determinará los procedimientos y los plazos máximos, para que se instalen las demás instancias de coordinación y se establezcan los instrumentos y servicios que prevé esta ley.
Quinto. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido por la presente ley.
Sexto. Se deroga el acuerdo por el que se crea la coordinación de seguridad pública de la nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 1994.
Salón de comisiones de la Cámara de Diputados. México, D.F., 16 de noviembre de 1995. Por las comisiones los diputados: Dionisio Pérez Jácome, Fernando Pérez Noriega, Fructuoso López Cárdenas, Amadeo Flores Espinosa, Gerardo Arellano Aguilar, Leonel Godoy Rangel, Jesús Zambrano Grijalva, Carmen Segura Rangel, Eduardo Escobedo Miramontes, Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Píndaro Urióstegui Miranda, Javier Pineda y Serino, Oscar Villalobos Chávez, Claudia Esqueda Llanes , Manlio Gómez Uranga, María de la Luz Lima Malvido, Humberto Meza Galván, Marcelino Miranda Añorve, Ramiro Calvillo Ramos, José Francisco Lozada Chávez, Guadalupe Morales Ledezma, Juan Manuel Cruz Acevedo, Francisco Peralta Burelo, Guillermo Zúñiga Martínez, Eustaquio de León Contreras, Yrene Ramos Dávila, Mario de la Torre Hernández, Patricia Garduño Morales, Alejandro González Alcocer, Alejandro Zapata Perogordo, Ramón Sosamontes Herreramoro, Ezequiel Flores Rodríguez y María Cristina Díaz Salazar.»
Es de primera lectura.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Presidente:
En cumplimiento de la disposición constitucional, se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados, el licenciado Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a lo establecido por los grupos parlamentarios.
Se designa en comisión para introducirlo a este recinto, a las mesas directivas de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Programación y Presupuesto. Se les ruega cumplan con su cometido.
De conformidad con los artículos 93 y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):
Señor Presidente, como el que tiene las facultades para ver lo de la vigilancia de este recinto es usted, quiero preguntarle si usted ordenó la militarización de este recinto, el que haya gente con armas en el estacionamiento, el que tengamos rodeada de esta forma, y si no, pido por lo tanto que a través de la oficialía se pueda desalojar a todos esos cuerpos ajenos y extraños a este recinto parlamentario.
El Presidente:
Solicito a la Oficialía Mayor informar a esta Presidencia de esta situación.
De conformidad con los artículos 93 y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el licenciado Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público, para ampliar la información contenida en la exposición de motivos de las iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1996.
Solicito a usted, licenciado Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público, ocupar el lugar que se le ha asignado en la Secretaría.
Dígame, diputada Cabrera.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe (desde su curul):
Gracias, señor Presidente.
Nada más señalar que el diputado Juan Guerra, vicecoordinador general de nuestra fracción parlamentaria, hizo mención sobre la situación de resguardo que rodea este recinto parlamentario. Usted no ha dado respuesta a esa inquietud.
El Presidente:
Se solicitó información a la Oficialía Mayor y se está procediendo a establecer.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Señor Presidente, está usted informado por dos diputados de la situación que prevalece en este recinto; usted es responsable por Reglamento de que se respete el recinto, de tal manera que no puede usted eludir su responsabilidad, de otra manera no es usted acreedor al mérito que le han otorgado sus compañeros.
El Presidente:
Tomará esta Presidencia las medidas pertinentes para resguardar el orden y la seguridad y la inviolabilidad de este recinto, señor diputado.
De acuerdo con el procedimiento para el desahogo de esta comparecencia, harán uso de la palabra para fijar posiciones los siguientes diputados:
Por el Partido del Trabajo, el diputado Joaquín Vela González; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Saúl Escobar Toledo; por el Partido Acción Nacional, el diputado Juan Antonio García Villa; por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Antonio Sánchez Gochicoa.
En consecuencia, tiene la palabra por la fracción del Partido del Trabajo, el diputado Joaquín Humberto Vela González.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
La evaluación de las propuestas de política económica y de presupuesto para 1996 debe partir de los resultados alcanzados en 1995 y estos resultados son sumamente contradictorios y poco alentadores.
Hace unos nueve meses el Secretario de Hacienda presentó un paquete de medidas con las que estuvimos en desacuerdo. Esas medidas se centraban en la restricción del crédito interno y la reducción del gasto público. Se argumentaba que con ambas medidas se lograría estabilizar el mercado cambiario y conjurar la hiperinflación.
Se dijo también que la estabilización permitiría que operara un ajuste ordenado de la cuenta corriente.
La flotación del tipo de cambio se adoptó como una medida complementaria para reflejar la escasez en el mercado cambiario y medir la recuperación o pérdida de la confianza de los mercados.
Las autoridades insistieron que la parte más dolorosa del ajuste tendría lugar en los primeros meses, en los cuales se concentraría los mayores recortes al gasto público y la restricción del crédito; una vez asegurada la estabilidad habría condiciones para iniciar la recuperación económica.
Una de nuestras principales objeciones a este paquete de medidas se refería al carácter contraproducente que llevaba implícito. La confianza que se podía ganar al lograr cierta estabilidad macroeconómica y ajustar las cuentas externas se perdería casi simultáneamente al provocar fuertes daños al aparato productivo, debido al brutal encarecimiento del crédito.
A pocas semanas de que termina el año los resultados del paquete económico están a la vista y son contradictorios.
Si bien casi se alcanzó el equilibrio en la cuenta corriente, se verificó un sobreajuste cuyos méritos son discutibles, ya que al mismo tiempo se produjo un verdadero colapso de la actividad productiva y se deterioró más la cartera crediticia de los bancos. Pero lo más perturbador fue lo que sucedió en el mercado cambiario a partir de los primeros días de septiembre: el peso comenzó a perder valor constantemente frente al dólar, situación que se agudizó en las últimas semanas.
Las autoridades hacendarias y monetarias han tenido enormes dificultades para explicar este comportamiento del tipo de cambio habiendo dejado a un lado su declaración inicial de que una eventual caída del peso sería un reflejo de la falta de confianza, insisten ahora que se trata de un fenómeno puramente transitorio, producto de acciones de naturaleza especulativa.
Además de esa explicación, las autoridades ofrecen otra diametralmente opuesta, de que los inversionistas han modificado en un sentido desfavorable sus expectativas sobre la posibilidad de lograr mayor crecimiento el año próximo.
A nuestro juicio, simple y sencillamente la política del Gobierno fracasó, a pesar de contar en su haber con ciertos logros parciales. Fracasó esencialmente porque tuvo toda la libertad de acción para alcanzar sus objetivos tal y como estaba concebida.
De acuerdo a la filosofía de medios y fines que aplicó el Gobierno, un rebrote especulativo no debería existir por definición, dado el monto de las reservas internacionales, el superávit presupuestario y el ajuste logrado en la cuenta corriente, pero la especulación y la desconfianza existe porque el mundo no funciona como lo prevén dogmáticamente ciertas teorías.
Aun si los mercados fueran perfectos, difícilmente creerían en verdades a medias.
Un ajuste de la cuenta corriente que coincide con un fuerte deterioro de la mayor parte del aparto productivo, carece de credibilidad a largo plazo.
A juicio de los mercados, somos como el hombre que logra sobrevivir y adquirir alimentos vendiendo día a día su propia sangre.
Desafortunadamente, para la gran mayoría de los mexicanos, este Gobierno actuó de manera incorrecta, efectuando una combinación insostenible entre la política monetaria y fiscal de un lado y cambiaria de otro, complicando la situación favorable en que se encontraba el sector exportador a raíz de la devaluación.
La única alternativa viable, tal y como lo señalamos en su oportunidad, radica en mantener un tipo de cambio competitivo, no en sentido estático sino dinámico, sin confiar ciegamente en las fuerzas del mercado, para definir el precio alternativo del peso mexicano.
Al mismo tiempo, en lugar de generar un superávit fiscal y sacrificar una gran cantidad de recursos públicos rescatando a los grupos financieros, debió haberse efectuado una política selectiva de fomento para evitar el colapso de la planta productiva y lograr que el repunte de las exportaciones tuviera mayor amplitud y durabilidad.
Nuestra capacidad de asombro está a prueba porque se pretende ahora prolongar por un año más esta desafortunada y fallida política económica, efectuando ajustes puramente secundarios.
El tipo de cambio se mantendrá en flotación transfiriendo cualquier presión que se produzca en éste al mercado de dinero, sin importar los efectos sobre la planta productiva.
El paso de un presupuesto superavitario a otro equilibrado, puede considerarse un avance en la dirección de favorecer la recuperación económica; sin embargo, no se observa un esfuerzo por ampliar razonablemente la frontera del ingreso presupuestal, principalmente el que proviene de la tributación directa y por ello se restringe el margen de acción para aumentar el gasto público.
La desgravación de la pequeña empresa y los incentivos fiscales a la inversión y a la creación de empleos son medidas positivas, pero debieron haber sido compensadas con otras para evitar una merma excesiva del ingreso presupuestario, por ejemplo, gravando las ganancias especulativas en la Bolsa de Valores o reincorporando los dividendos e ingresos por intereses en el impuesto personal sobre la renta.
Es ilógico que a estas alturas veamos que la gran mayoría de mexicanos, excepto los que tienen ingreso mínimo, paguemos nuestro impuesto sobre la renta y la gente que realiza transacciones sobre acciones en el mercado de valores esté exento, como lo señala el artículo 77, la fracción 16 del artículo 77, situación que desde nuestro punto de vista debiera ser quitada y que estos señores efectivamente pagaran su impuesto como lo pagamos la gran mayoría de los mexicanos.
Al no darse estos pasos y haber aumentado el IVA, las desgravaciones para favorecer la recuperación serán de hecho pagadas por los contribuyentes más débiles, con lo cual lo que podría ganarse por un lado estimulando se perderá de otro al comprimir el mercado interno.
Se argumenta que el gasto público podría ampliarse sobre la marcha a medida que lleguen los ingresos por privatizaciones, pero podrían darse mermas imprevistas si no se materializan las metas del ingreso tributario, dado el peso creciente del impuesto indirecto que está en función de la actividad económica.
También podrían existir erogaciones extraordinarias, ya que se reitera el compromiso de seguir subsidiando a los intermediarios financieros.
El aumento relativo de los gastos de inversión es alentador, pero no se hizo un esfuerzo por determinar las necesidades de inversión a partir de las metas declaradas del crecimiento del PIB.
El compromiso de promover la eficiencia y calidad del gasto, resulta poco creíble, dadas las enormes fugas que se pusieron de manifiesto en la medición de la cuenta pública de 1993 y 1994.
Parece que se tiene una fe muy grande en la capacidad de inversión del sector privado, pero sus condiciones de sobreendeudamiento difícilmente se revertirán en un plazo tan corto y menos aún si se mantiene la actual interrelación entre el mercado de cambios y el de dinero.
En suma, no sólo estamos ante un proyecto de presupuesto meramente neutro, que no guarda concordancia real con las metas de recuperación económica para 1996, ya que tiende a anular entre sí varios de sus más importantes instrumentos, desestimando al mismo tiempo la situación de la planta productiva, cuya capacidad de recuperación es sumamente limitada.
También estamos ante los riesgos que surgen de la fe ingenua en los mercados, por lo cual seguiremos estando sujetos a los vaivenes de los capitales especulativos y el crecimiento económico constituirá una meta poco menos que inalcanzable.
Para superar esta situación demandamos una reformulación total de las prioridades de la estrategia económica, de forma tal que la meta de un crecimiento autosostenible determine las otras variables económicas; el fortalecimiento de la actividad productiva constituye la mejor garantía para lograr un tipo de cambio estable y competitivo.
Para favorecer el crecimiento se requiere de formular también los programas presupuestarios, a fin de dar cabida a una política responsable de fomento del aparato productivo. Debe descartarse el principio de equilibrio presupuestario por ejercicio para adoptar otro de equilibrio por ciclos económicos, que permita ejercer oportunamente medidas de apoyo no inflacionarias, a favor de las actividades de exportación y creación de empleos.
También debe descartarse la idea de que una cuenta corriente en cuasi equilibrio, es un activo a favor de la recuperación, tendiendo en cuanto no existen garantías para alcanzar las metas de inversión extranjeras directas.
Las actividades de fomento deben tener una naturaleza activa y no pasiva, rompiendo con la fe ingenua en los mercados que ha exacerbado los ciclos de pánico financiero y cambiario. Aun cuando se opere con márgenes moderados de déficit fiscal, no por ello debe renunciarse a compensar los incentivos con medidas de racionalización de la estructura tributaria, aumentado la carga en los sectores que pueden soportarlo.
En especial, resulta indispensable establecer impuestos y otros mecanismos regulatorios para penalizar las actividades especulativas en la Bolsa de Valores. Ello no sólo permitirá aumentar el margen de maniobra del gasto público sino también generará mayor certidumbre en las cuentas externas y en el balance de los mercados cambiarios, todo ello en beneficio del aparato productivo.
El verdadero reconocimiento de la acción de los mercados debe ubicarse en otros sectores como el financiero. La llamada política de fortalecimiento de los intermediarios financieros no ha sido más que una táctica de subsidio indiscriminado, que ha aportado muy poco a la racionalización integral del sector, al condonar las pérdidas de los consorcios carreteros y de los bancos el Estado ha desestimado una señal del mercado que demuestra que se despilfarró trabajo social o se efectuó la apropiación indebida de los excedentes generados por el esfuerzo de miles de trabajadores.
La prueba más contundente de la irracionalidad de esta política de rescate es que aun después de haber efectuado un enorme sacrificio fiscal, equivalente al 5% del PIB, no existe ninguna garantía de que esos mismos agentes no vuelvan a incurrir en riesgos de quiebra.
La racionalización del sector financiero debe apoyarse en la recuperación del papel del Estado como gerente directo del crédito, reforzando las fuerzas concurrenciales y la ética de los negocios, a partir del establecimiento de una procuraduría especial para asuntos financieros.
Finalmente, la baja en las tasas de interés, sin la cual no podrá reactivarse el aparato productivo y dinamizar la creación de empleos, deberá surgir de la combinación entre medidas que profundicen la reforma del sector financiero y cambios en las variables macroeconómicas, bajo la lógica de una nueva articulación entre medidas tributarias, monetarias y cambiarias.
Sin ánimo de efectuar augurios sombríos podemos decir que ésta es posiblemente la última oportunidad de hacer y de efectuar rectificaciones viables en la estrategia económica en condiciones relativamente ventajosas. El paso del tiempo opera en perjuicio de todos los mexicanos, principalmente de aquellos que esperan ansiosamente la apertura de nuevas fuentes de trabajo y el incremento de sus magras percepciones.
En el Partido del Trabajo consideramos que no hay duda, no debe existir duda, lo que la economía mexicana requiere es un incremento claro, sin ningún tipo de cortapisa a toda la actividad productiva. Deben, no solamente algunas de las medidas de incentivos fiscales que se han planteado, deben ser llevadas adelante, tenemos que profundizar. Toda aquella inversión productiva que genere empleos, que genere la mayor actividad económica tiene que ser impulsada y tiene, en contraparte, que ser gravada la actividad especulativa que no aporta ningún valor real a la economía y, en consecuencia, tampoco tiene repercusiones directas sobre las condiciones de vida de los mexicanos.
Señor Secretario de Hacienda: nosotros pensamos que es totalmente incorrecto que se someta a la población mexicana a un sacrificio, a una etapa de fuerte deterioro y crisis social para que en pocos días se pierda todo el esfuerzo realizado por todos los mexicanos a lo largo de 10 meses. ¿Ante esa situación, qué va a hacer la Secretaría de Hacienda? ¿Cuáles son las medidas que hoy propone, que permita efectivamente regular el funcionamiento del sistema financiero y que impida en lo subsecuente, que este tipo de etapas especulativas atenten contra los niveles de vida de los mexicanos.
Es, como señalo en el documento, hoy tal vez la última oportunidad para hacer las rectificaciones que requiere la economía mexicana y las rectificaciones que requiere es el incentivar la actividad productiva y no permitir que los sectores especulativos y financieros se sigan enriqueciendo a costa de los mexicanos y que la crisis se siga haciendo recaer en las espaldas de los mexicanos. Hoy es el día en que nuestro país exige cambios; esperamos que estos cambios sean positivos y en favor de México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, señor Presidente; compañeras; compañeros legisladores; señor secretario de Hacienda, licenciado Guillermo Ortiz Martínez:
Hemos leído con cuidado los documentos entregados por usted el martes pasado y queremos expresarle con franqueza que estamos profundamente decepcionados, no vemos en la política económica delineada por el Gobierno para 1996 un proyecto claro, positivo, contundente para salir de la crisis y mejorar los niveles de vida de la población; por el contrario, se trata de la continuidad de un conjunto de ortodoxias y dogmas ideológicos cuya aplicación ha demostrado sobradamente que lleva al fracaso, a la recesión, a la inestabilidad y a la caída del bienestar de los mexicanos.
Primero. Los principales objetivos del Gobierno: crecer al 3% y bajar la inflación al 20% son incompatibles a partir de los instrumentos contenidos en los proyectos.
Si no se cambia de política y de políticos, se tendrá que optar por reducir la meta de crecimiento para controlar la inflación o bien dejar que suban los precios por encima de lo previsto para alcanzar la cifra calculada de aumento del producto.
Siempre hemos sostenido que se puede crecer y controlar la inflación aun con un pequeño déficit público. Pero el análisis de los documentos de política económica para 1996 tienen como prioridad otra vez, reprimir la demanda con el propósito de contener la inflación.
Con esta filosofía y con estos instrumentos no hay salida o se crece o se controla la inflación. Así, estamos ante un programa que aparentemente proclama la recuperación como uno de los objetivos principales, cuando en realidad, sigue siendo recesivo. Es un programa de ajuste envuelto en una fraseología de aliento a la producción; es decir, señor secretario, que nos quiere dar gato por liebre.
La meta del 3% parece inviable cuando, por ejemplo, se nos dice que las exportaciones serán el motor fundamental de la economía. En realidad, el arrastre de las exportaciones en el conjunto de la planta productiva mexicana, es muy débil. Las exportaciones han significado apenas el 16% de la demanda global, así que apostarle a las exportaciones como motor fundamental de la economía para salir de la crisis, es un error. Una cosa parecida nos dijo aquí Jaime Serra, hace un año y así le fue.
Nuestros temores se confirman cuando observamos que el consumo total crecerá según sus cálculos en apenas 0.67%, cuando este componente ha formado más del 65% de la demanda global.
Por ello, parece irreal que con estos ritmos de crecimiento del consumo en la inversión, se proyecte un crecimiento de la demanda agregada de 4.17% y de un crecimiento del PIB de 3%.
En otras palabras, la economía no podrá crecer al 3% cuando se propone que la demanda interna en mercado nacional siga muy deprimido. También son un error las políticas planteadas, porque ello implica que el salario real y el ingreso de la mayoría de los mexicanos seguirán muy castigados.
El indicador que se calcula de un crecimiento de consumo privado de apenas 0.97%, después de la caída que tuvo en 1995 de casi 10%, es una prueba fehaciente. Es un error y una terrible injusticia mantener deprimidos los salarios y los ingresos de la mayoría de los mexicanos.
Aunado a ello, hay que decir que para colmo, no se prevé ninguna medida de alivio fiscal para beneficio directo de los asalariados.
Pero, señor secretario, aun si se alcanzara la meta de crecer al 3%, ello es completamente insuficiente, ya que significaría que a fines de 1996, estaríamos al mismo nivel en términos de producto real, al de fines de 1993; es decir, en el mejor de los casos, habremos perdido tres años, tres años perdidos de esfuerzo productivo, con el agravante de que como usted sabe, la población habrá aumentado, por lo que el producto per capita habrá retrocedido en 1996 al nivel que tenía hace 20 años, pues hay que recordar que en 1995 retrocedió casi 8%.
De ese tamaño es la magnitud de nuestro rezago. Por ello, el esfuerzo que se propone es tan insuficiente, tan tibio, tan desproporcionado con nuestras necesidades, que en el mejor de los casos si tiene éxito será como querer sacar el agua del barco con una corcholata para salvarnos del naufragio.
Segundo. En las políticas que nos somete a consideración no hay ninguna medida para aliviar o atemperar la instabilidad de los mercados financieros. Se habla en cambio de mantener el régimen de flotación del tipo de cambio.
En materia de tasas de interés, se dice que serán instrumento para revertir los movimientos especulativos; es decir, seguirán aumentando estas tasas de interés si sigue perdiendo terreno el peso.
Estas políticas, la desflotación de la paridad cambiaria y la de aumentar las tasas de interés para arraigar los capitales, son equivocadas; son las políticas que se han puesto en práctica todo este año y que no han terminado con la inestabilidad, produciendo daños cada vez más graves sobre la economía.
Cuando usted dijo el martes pasado que: "no había que hacerle el juego a los especuladores", entendimos que se refería, sin mencionarlo, al señor Miguel Mancera, gobernador del Banco de México, ya que las políticas de este instituto han dejado actuar libremente a todos aquellos que han querido lucrar con los movimientos de la paridad. En efecto, el señor Mancera, es hoy la pieza central de la especulación en México.
Lo malo, señor Secretario, es que Hacienda participa en la comisión de cambios; incluso, según la ley, la preside, por lo que es una lástima que se deje llevar por esta política y no haya hecho nada y tampoco piense hacer nada para acabar con los especuladores.
Pero también es un error querer combatir la volatilidad del tipo de cambio con aumentos constantes en las tasas de interés. Con ello, sólo se logra precisamente, aumentar la desconfianza y golpear la planta productiva.
Tercero. En los documentos se habla de continuar el cambio estructural, que en otras palabras significa continuar con las privatizaciones. Este es otro grave error de su programa. No estamos a favor de un Estado obeso ni inflado, lo hemos dicho antes. Pero tampoco apoyamos privatizaciones que resultan un pésimo negocio para la nación y que ponen en riesgo la soberanía nacional. Como ejemplo de lo primero, ahí están las carreteras y los bancos, los cuales han significado no una menor carga financiera para la nación, sino al contrario, un peso adicional enorme por la cantidad de recursos públicos que se les ha destinado y se les destinará si aprobamos el presupuesto de egresos para 1996, que nos ha propuesto. Se trata de 83 mil 900 millones de nuevos pesos, equivalentes al 5.1% del producto interno bruto y sólo para 1996 serán más de 1 mil 400 millones de nuevos pesos.
Decir que las privatizaciones mejoran las finanzas públicas cuando se les tiene que transferir tal cantidad de recursos, no tiene asidero en la realidad. En el segundo caso, es decir, el problema de la soberanía, ahí está la venta de las petroquímicas. No es por cierto, sólo el punto de vista del PRD, sino una opinión compartida por industriales y trabajadores. Consulte, por favor, a los miembros de Canacintra y a los trabajadores petroleros.
Cuarto. El programa que nos presentan, es inconsistente. No plantea metas suficientes en materia de crecimiento del producto, empleos, salarios y estabilidad financiera y no se ajusta, por lo tanto, a las necesidades y problemas que presenta hoy la economía mexicana. No es viable ni realista, ni adecuado para México.
Nuestra propuesta, señor Secretario, es que para 1996, apliquemos un plan de emergencia económica que sea la base para una reorientación profunda de la política económica que nos lleve a un crecimiento a tasas más altas, de manera sostenida, con justicia social y preservación de la soberanía, es decir, en una dirección completamente diferente a la que se nos propone en los documentos del Ejecutivo.
Como parte inicial de esta reorientación, dentro del plan de emergencia proponemos:
Primero. Una política de gasto más decidida, orientada hacia la expansión del consumo, la inversión y el gasto social, de tal manera que permita basar la recuperación en un crecimiento del mercado interno, sobre todo del consumo de la población más castigada. Ello implicaría también cambiar la política salarial de tal manera que en 1996 se repusiera lo perdido sólo en 1995.
Segundo. Una política de alivio inmediato en materia fiscal, en beneficio de los sectores sociales de menores ingresos.
Tercero. Una política de combate a la especulación que incluya mecanismos de regulación del tipo de cambio y sanciones o impuestos especiales a los capitales especulativos. Diversos organismos han hecho propuestas en este sentido. Apenas ayer se pronunciaron el consejo coordinador empresarial y la Concanaco. Hace una semana se habló del Fondo de Estabilización Monetaria con Aportación de Empresas Exportadoras. Nosotros hemos propuesto mecanismos de regulación de la oferta de divisas prioritarias, para garantizar el abasto de alimentos, materias primas y equipo para la planta productiva.
Cuarto. Una política de tasa de interés a la baja, que resultará del combate frontal a la especulación, de tal manera que la atracción del ahorro externo e interno se lograría no por la vía de los aumentos súbitos y verticales de las tasas de interés, sino mediante mejores expectativas de crecimiento económico. Lo que dará mayor seguridad y evitará pagar primas de riesgo tan altas como hasta ahora. Esta nueva política permitirá también avanzar en la solución de las carteras vencidas. Para ello se deberá de contar con una Ley de Adeudos, tal y como lo hemos propuesto a esta soberanía.
Quinto. Se requiere suspender las privatizaciones, en particular la venta de industrias petroquímicas, ya que no se debe recargar a la nación con nuevos fracasos y mayores costos financieros y tampoco se debe privarla de una planta productiva que le servirá para reorientar la economía. Tampoco podemos tolerar que se ceda soberanía económica y energética.
Sexto. Finalmente, pero no en último lugar, proponemos la renegociación de la deuda externa ya que ello y voy a citar un documento que no es del PRD, "podría ampliar los márgenes de maniobra que tiene la economía, pues estos recursos se canalizarían hacia la recuperación del poder de compra de los salarios y la creación de empleos productivos".
Esta formulación, señor secretario, es de los industriales de la Confederación de Cámaras Industriales, la Concamin. La así llamada por ustedes "desmesura perredista de exigir esta renegociación de la deuda externa", se convirtió ya en la sensatez de industriales, trabajadores y muchas organizaciones sociales y civiles que hoy demandan, precisamente esto: la renegociación de la deuda externa.
¡Queda claro hoy dónde está la razón, donde ha estado la razón y donde está la insensatez de quienes siguen diciendo que el peso de la deuda externa no es problema:
Este plan de emergencia deberá ser la base inicial de un nuevo proyecto económico de largo plazo. Este proyecto está definido de manera sintética en los 12 puntos del referendum de la libertad.
Le voy a entregar cuando termine mi intervención, si me lo permite un ejemplar del folleto que contiene una explicación de las medidas, para que usted las conozca, así como de nuestra iniciativa de ley de modificación de adeudos, elaborada por el diputado Mauro González Luna.
En dicho referendum se proponen, además de muchas cosas ya mencionadas, en síntesis una nueva política hacia el campo, una nueva política de fomento industrial, reforma fiscal a fondo, un nuevo esquema de descentralización de los recursos de la Federación, estados y municipios, una política de deuda externa regulada por una nueva Ley General de Deuda Pública. Revisar el Tratado de Libre Comercio y adoptar una política comercial más acorde a nuestras necesidades e intereses y una política de rescate y defensa de la soberanía nacional.
Señor Secretario; compañeros legisladores: hay un gran consenso por el cambio. Hay un clamor coincidente en amas de casa, consumidores, trabajadores y empresarios por terminar con las políticas que tanto daño nos han hecho y que hoy el Gobierno pretende continuar en lo fundamental en 1996.
Durante este año impusieron esas políticas en el más completo aislamiento social. Nadie las apoyó en este país. Han perdido confianza, credibilidad, gobernabilidad. La única manera de recuperarlas y de sentar las bases del crecimiento y la justicia social es cambiando de políticas; este cambio sólo podrá ser resultado de un consenso amplio y democrático. ¡Abramos ya el diálogo por la reforma económica, es urgente:
Nadie, ni al PRD por supuesto, le satisface gobernar un municipio o un estado o un país saqueado y dejado en ruinas; por ello no festejamos los errores del Gobierno y sus pésimos resultados. Con estas políticas todos los mexicanos han salido lastimados. No deseamos, no queremos que la situación económica se agrave pero, señor secretario, hay cosas que no dependen de nuestros deseos.
Persistir en el error significará un mayor aislamiento y repudio al Gobierno y su partido. La disyuntiva planteada por la sociedad es, por lo menos en lo que se refiere a políticas económicas, muy clara. ¡O las cambian o los cambian:
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Antonio García Villa:
Señor Presidente de la Cámara; señor Secretario de Hacienda; señoras y señores diputados:
Hace menos de un año, el 9 de diciembre de 1994, desde esta misma tribuna el Secretario de Hacienda, otro por supuesto, pero del mismo Gobierno, nos vino aquí a proponer un programa económico para 1995 que dijo sería prudente y comprometido, literalmente prudente y comprometido.
Hoy, tras una brutal caída de la producción nacional, del ingreso, del empleo y del nivel de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos, como ha sucedido precisamente durante los últimos doce meses, el documento de criterios generales de política económica para el año próximo que se nos presenta, nos dice simple y lacónicamente que 1995 ha sido un año de ajuste; de ajuste, ¡vaya eufemismo:
El 9 de diciembre de 1994 el Secretario de Hacienda, otro por supuesto, nos dijo aquí que para el año que corre se planteaban tres objetivos generales de la política económica: el primero consistiría en consolidar la estabilidad de precios mediante una reducción de la inflación para situarla en 1995 en 4% El pasado martes otro Secretario de Hacienda, en este caso usted, licenciado Ortiz y en un documento similar al de su colega, nos vino a informar aquí que se estima que para el cierre de 1995 la inflación se sitúe alrededor del 50%.
Para el primer Secretario de Hacienda del sexenio el 4% de inflación en 1995 era en su línea de pensamiento algo moderado y comprometido. Para usted, señor licenciado Ortiz, seguramente un aumento del orden del 50% en el nivel general de los precios es un simple ajuste y tiene razón, si hablamos finalmente de 12 veces más de lo inicialmente comprometido en materia de inflación para este año, pues es cierto, se trata de un ajuste, así de sencillo.
El segundo objetivo general de política económica para 1995 presentado aquí por el Secretario de Hacienda, otro, no el que está hoy aquí, consistía en iniciar una etapa de mayor crecimiento con un aumento en la tasa de actividad económica del 4% en 1995, que se reflejaría en una mayor generación de empleo. once meses después, el Secretario de Hacienda nos ha venido a decir que al cierre del año 1995 se espera una caída del producto interno bruto cercana al 6%. Nótese bien, el antecesor nos habló del inicio de una etapa de mayor crecimiento económico de cuando menos el 4% y usted, licenciado Ortiz, nos ha hecho el favor de informarnos, no de un crecimiento durante 1995 y ni siquiera de un trastabilleo económico, sino de una caída y de una caída de cuando menos el 6%.
En fin, su predecesor, con desbordado optimismo, ahora lo vemos claramente, aseguró que el aumento en la actividad económica durante el año se reflejaría en una mayor generación de empleo; en contraste, usted nos ha informado que sólo en los primeros nueve meses del año el número de trabajadores que cotizan en el Seguro Social se redujo en poco más de 900 mil, es decir, más de 100 mil mexicanos que mes a mes han quedado sin trabajo y eso sólo si se considera a los que cotizan en el IMSS, de donde se desprende que la cifra debe ser mayor, quizá mucho mayor.
El tercer objetivo general de política económica del Gobierno para 1995 esbozado aquí por el Secretario de Hacienda, el anterior, aunque quizá la distinción es ociosa, si uno tuvo y el otro tiene, ambos secretarios de Estado han tenido como jefe al que sabe cómo hacer las cosas, el tercer objetivo decía, no fue otro que alcanzar un aumento permanente y continuo a partir de 1995 en el ingreso real de los trabajadores y en el bienestar de las familias mexicanas. Así se dijo con todas sus letras. Recordar hoy aquí este tercer objetivo, es decir, el bienestar prometido para las familias es, al mismo tiempo burla cruel, humor negro y olvidado lema de campaña, pero así fue ofrecido tal bienestar y justamente para 1995.
Pero resulta que en 1995, para decirlo con términos suaves como el empleado por usted, ha sido sólo un año de ajuste. Crisis profunda, altísimo desempleo, brutal caída de la producción, severo deterioro del nivel de vida, inflación asfixiante, inestabilidad de los mercados, desmesuradas tasas de interés, alarmante cierre de empresas, disparos intermitentes del tipo de cambio etcétera, pero sólo es un año de ajuste.
En el folleto de criterios generales de política económica para 1995 nos hace usted, señor secretario, el favor de ilustrarnos y al efecto nos informa lo siguiente: la crisis económica, dice, se fue gestando durante mucho tiempo, antes de que estallara con fuerza a fines del año pasado. Lo anterior significa, señores diputados, que en realidad, contra lo que se ha dicho, hoy sabemos por el señor secretario Ortiz que no hubo precisamente lo que se dio en llamar el error de noviembre y tampoco el error de diciembre; la falla, la aparentemente no advertida deficiencia en el funcionamiento de la economía mexicana, fue de larga gestación.
¿En qué consistió tal deficiencia?, la respuesta la trae el propio documento oficial y reza así: "en esos años, los últimos, se registró una reducción sistemática en los niveles de ahorro interno. Mientras que en 1988 el ahorro interno representaba alrededor del 22% del producto
interno bruto, para 1994 esa proporción había disminuido a menos de 16%". Y agrega: "la insuficiencia de ahorro interno provocó que la inversión productiva careciera del dinamismo deseable y que por lo tanto el crecimiento económico fuese particularmente reducido". Concluye el documento, este pasaje así: "la caída del ahorro interno explica en última instancia el bajo crecimiento que por muchos años ha afectado a la economía mexicana y sin duda es una de las razones fundamentales de la intensidad y magnitud de la crisis".
No deja de llamar la atención que este interesante, clave, fundamental dato de la economía mexicana que hoy se trae a colación, haya estado prácticamente ausente en los optimistas diagnósticos hechos por el anterior gobierno, del cual el actual no puede desligarse y por supuesto también ausente de los cuasi triunfalistas pronósticos que sobre el futuro de la economía del país se hicieron, como puede constatarse por quien revise por ejemplo los informes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo del anterior sexenio.
¿Por qué hasta ahora, en realidad hasta mayo de este año, al publicarse el Plan Nacional de Desarrollo, no se había invocado este dato? ¿Por qué antes no se le dio la importancia que hoy se le atribuye? ¿Se quiso en realidad, de manera deliberada, ocultar, en razón de no haberse instrumentado políticas definidas para impulsar el ahorro interno? ¿Qué acaso el que sabe cómo hacerlo no sabía en realidad ni siquiera cómo estaban las cosas en materia de ahorro interno.
El campo, señores, queda abierto a la especulación.
Pues bien, convertida la caída del ahorro interno en la principal causa de la crisis, según el diagnóstico oficial, crisis de larga duración o gestación, ahora sólo nos falta saber por qué rayos se desplomó el ahorro interno y la respuesta es más que sorprendente, increíble de verdad si no hubiera aquí, allá y en todas partes, tantos rasgos kafkaianos en la conducción gubernamental de la economía.
Como para irse de espaldas, ahora resulta, según se sostiene en el folleto de criterios generales, que entre los factores que influyeron en la caída del ahorro interno destaca la apreciación no sostenible del tipo de cambio real, lo que estimuló el aumento en el consumo e inhibió el ahorro.
En otras palabras, lo que hoy se dice es que la sobrevaluación del peso provocó la caída del ahorro interno, pero da la casualidad, señores, que todavía hasta mediados de diciembre del año pasado la tesis gubernamental era clara y categórica que no había tal sobrevaluación del peso. Así lo sostuvieron en numerosas ocasiones funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, pero también los diputados del PRI, cuando hace justo un año discutimos aquí el último informe de Salinas de Gortari y los legisladores de Acción Nacional insistimos con razones y argumentos en que sí había tal sobrevaluación de nuestra moneda.
En este punto, el tiempo nos dio la razón y también ustedes debieran, señores, darnos la razón, aunque seguramente se resistirán a reconocerlo expresamente.
Otro dato más: dice el folleto de criterios generales que ante la falta de ahorro interno, de inversión productiva y de crecimiento económico, se generalizó la percepción entre los inversionistas de que el financiamiento del déficit de la cuenta corriente era insostenible, provocando un retiro masivo de capitales externos y perdiéndole súbitamente todo acceso adicional a los recursos financieros antes disponibles por el país.
Pues bien, señores diputados, Acción Nacional y sus legisladores señalaron cuando menos los dos años anteriores al estallamiento de la crisis, el peligro que significaba el creciente déficit que venía registrando la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos. Apuntamos el grave riesgo en que se encontraba la economía mexicana si no reducía y reordenaba tal déficit, reducción y reordenamiento por cierto que hoy forman parte de la política económica gubernamental, aunque ahora bajo condiciones diferentes y por supuesto adversas a las prevalecientes en el tiempo en que el PAN hizo la advertencia y la correspondiente proposición.
Quien quiera y tenga memoria podrá recordar sin mayor dificultad que Salinas de Gortari en su último informe de gobierno hizo todo un alegato para defender su política de déficit creciente en cuenta corriente, defensa hecha con datos y argumentos que hoy debe reconocerse como falsos, argumentos sin embargo que fueron recogidos, esgrimidos y hasta reforzados por los diputados del PRI cuando hace apenas un año llevamos aquí el análisis de dicho informe presidencial.
En fin, hoy se reconoce como verdad lo que antes negaban y hasta combatían y por cierto, no acerca de cuestiones menores, sino fundamentales, claves para explicar como hoy se afirma, la causa principal que durante mucho tiempo gestó la crisis que hoy tiene sumido al país en el desconcierto y a millones de mexicanos en la miseria y lo que es peor, sin expectativas claras.
Señor secretario, señores diputados: el que sabe cómo hacerlo hoy pide propuestas y no sólo críticas, pero de entrada con el solo tono las descalifica, sin embargo, propuestas hemos hecho y haremos. Vayan como botones de muestra las dos siguientes.
La abrogación del impuesto al activo a las empresas para impulsar la recuperación económica, que ahora recoge la política oficial luego de que esta medida fue acremente criticada, pero se recoge de manera transitoria y parcial.
También nuestra propuesta de darle verdadera vigencia al federalismo, especialmente en materia tributaria, para desatar las energías creadoras de todo el país, hoy sólo latentes por el voraz centralismo que las asfixia y en respuesta se formulan tímidas e insuficientes medidas.
En resumen, señor secretario, nos gustaría saber qué piensa usted acerca de su diagnóstico de la economía nacional, de su propio diagnóstico de las proyecciones que hace para 1996 y de la solidez, viabilidad y eficacia de la política económica que hoy nos propone para el año próximo. ¿Qué piensa usted a la luz de lo sucedido aquí hace apenas 11 meses, cuando el anterior Secretario de Hacienda, por cierto del mismo Gobierno, del mismo sexenio y del mismo partido, vino aquí a proponer y a defender lo que resultó un castillo de naipes, casi ficción pura?
¿Por qué cree usted, señor secretario Ortiz, que los mexicanos hoy sí deben creerle? ¿Por qué considera que los mexicanos hoy sí han de confiar en usted y en la política que propone.
Por su respuesta, gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Antonio Sánchez Gochicoa, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Antonio Sánchez Gochicoa:
Honorable Asamblea; ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público:
Hoy hablar de política económica es referirnos a uno de Ios temas más intensos del debate nacional.
El balance actual de resultados no da lugar a complacencias; enfrentamos una situación muy difícil, que se muestra angustiosa para millones de hogares mexicanos.
Por ello, más allá de la pertinencia de la política propuesta y de analizar su viabilidad, quisiera, compañeras y compañeros, señor secretario, que juntos hagamos una reflexión en el camino:
¿Qué es lo que ha impedido en los últimos años que nuestra economía crezca? ¿Por qué no hemos podido generar empleos de manera creciente y sostenida? Sólo con este tipo de análisis podremos justipreciar las iniciativas del Ejecutivo y revisarlas con madurez crítica y sentido político.
Sin duda la intervención directa y creciente del Estado fue incapaz de mantener el crecimiento económico en el pasado, pero tampoco la menor participación actual lo ha hecho. Estos son datos.
Correctamente el Plan Nacional de Desarrollo, establece que una de las limitantes más severas al crecimiento ha sido la incapacidad de generar suficiente ahorro interno, no obstante, la fracción priísta, al igual que la sociedad entera, se pregunta:
¿Ha sido sólo la insuficiencia de ahorro interno la causa del bajo crecimiento? ¿Fue ésa la única causa del golpazo de la economía mexicana a finales de 1994.
Estas son las preguntas clave, por lo que el debate no debe reducirse sólo, asi la crisis se enfrentó con las medidas adecuadas o no.
A juicio nuestro la pérdida de confianza y credibilidad sin duda jugó un papel determinante en 1994, sin embargo creemos que existen otros elementos, factores reales, distorsiones del aparato productivo en sectores básicos que han inhibido el crecimiento.
Baste señalar algunos ejemplos: las cuantiosas inversiones realizadas en el sector carretero no se han reflejado en una mayor eficiencia del aparato productivo, a nuestro juicio por dos razones fundamentales: una red de autopistas desarticulada y financiada en su mayor parte con inversión 100% privada y por lo tanto con tarifas muy elevadas.
La combinación de estas acciones ha hecho que esta red esté permanentemente subutilizada.
Asimismo, en un sector fundamental, como lo es en el mundo moderno el de las telecomunicaciones, han prevalecido prácticas monopólicas que pervierten el suministro de estos insumos al resto del aparato productivo.
La regulación, si bien no ha sido laxa, con el dinamismo del cambio estructural se superó la velocidad de apertura del sector.
Desde antes de esta crisis, la ineficiencia del sector financiero ha sido manifiesta a juzgar por la evolución de la cartera vencida.
Entre otras cosas, esto ha derivado en excesivos márgenes de intermediación, propiciando altos costos financieros al sector real de la economía, además de inducir un círculo vicioso en la propia cartera.
A estos ejemplos se le pueden sumar los desequilibrios regionales; la rigidez del mercado laboral ante el cambio estructural; un sector energético reprimido, que ha atendido más aspectos inerciales que a una vocación estratégica; una política industrial en proceso de definición y un sector agropecuario con derechos de propiedad todavía inciertos.
Una lección se desprende de estas experiencias. El mercado es importante, pero sin una adecuada conducción y rectoría del Estado, las distorsiones del aparato productivo no sólo no se resuelven sino que se profundizan, convirtiéndose en un límite al crecimiento.
El reverso de la moneda es que un mercado sin señales precisas se convierte en una fuente de atraso económico-social.
Pero hay otra lección tan importante como ésta, que nos ha dejado un sabor amargo: la política económica pierde su efectividad ante la desconfianza y la falta de credibilidad. No importa qué hagamos, mantener las finanzas públicas en equilibrio, mejorar el perfil de la deuda, generar un superávit comercial, en fin, cuando falla la confianza poco queda.
Honorable Asamblea: los priístas estamos convencidos de las bondades de la estabilidad macroeconómica, sabemos que la inestabilidad no sólo daña el crecimiento sino que es terriblemente injusta e inequitativa, pues con sus elevadas tasas de interés retira recursos al gasto social, paraliza a la producción y transfiere esos recursos justamente a los que menos lo necesitan, a los propietarios del capital.
Nuestra aspiración es la justicia social, la entendemos como un camino de oportunidades para el bienestar, de oportunidades producto del esfuerzo, no de la dádiva, por eso demandamos una política económica que cumpla sus propósitos: enfrentar la crisis que hoy vivimos con disciplina y sacrificio, no tendría ningún sentido si no se convierte en punto de partida para Ia recuperación económica y la justicia social.
Ese es el camino que queremos transitar. Así entendemos la revisión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y el proyecto de ley de ingresos. Por ello, a los priístas nos complace que nuestras principales propuestas hayan sido incorporadas al proyecto que hoy se somete a la consideración de esta soberanía.
Es un paquete que busca, en un marco de estabilidad, estimular la inversión privada, otorgar mayor seguridad a los contribuyentes, propiciar la progresividad de las cargas fiscales, presenta un aumento en la inversión pública y en el gasto social, reduce el gasto corriente, imprime una mayor claridad a la estructura del decreto de presupuesto, presenta también un primer avance en materia de descentralización. Todos esos aspectos serán cuidadosamente revisados en el trabajo de comisiones.
Ciudadano Secretario, este año ha tenido como característica recurrente la incertidumbre y la falta de confianza. Nunca como ahora la interdependencia entre la economía y la política se ha hecho más evidente.
Las medidas para enfrentar la emergencia económica han impuesto sacrificios a todos. Existen propuestas capaces de ofrecer resultados espectaculares en el corto plazo, pero que supone restricciones severas para las generaciones futuras. No podemos aceptar esas visiones, hemos actuado anteponiendo el interés de la nación.
Nuestra lealtad está más que probada, por ello los priístas exigimos, que hoy como nunca, el Ejecutivo eche mano de todas las atribuciones e instrumentos que el marco legal le otorga, para obtener la estabilidad y recuperar la confianza.
Asimismo demandamos un estado fuerte, promotor del desarrollo, rector de la conducta de los particulares. Un estado que ejerza el poder para proteger y beneficiar a los que menos tienen. Un estado que anteponga a los intereses de grupo el interés de la República.
Esta es la hora de la decisión. Está en juego el futuro de una generación de mexicanos que esperan de nosotros acciones firmes, sólidas y que vayan a fondo.
Para hacerlo, el presidente Zedillo cuenta con el respaldo de la mayoría representada en este Congreso. Sus decisiones han sido y serán apoyadas. Pedimos actuar sin contemplaciones, la nación espera atenta.
Muchas gracias.
ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
El Presidente:
Señor licenciado Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público: Se va a proceder al desahogo de la etapa de preguntas y respuestas. Para la primera ronda de preguntas por cinco minutos con derecho a réplica por tres minutos, se han inscritos los siguientes diputados: Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional; Oscar Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional; Tonatiuh Bravo Padilla, del GPC; Luis Sánchez Aguilar y Zeferino Torreblanca Galindo del Grupo Parlamentario Ciudadano.
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz: (desde su curul):
Señor Presidente, una moción de orden. No tenemos en esta Cámara fracciones independientes, tenemos diputados agrupados en grupos parlamentarios por partido, de acuerdo a reglamento y en la relación, al acuerdo que tuvimos para el desahogo de esta ronda, en este momento estamos en el desahogo de la primera, que son partidos políticos y después los compañeros diputados que se han inscrito, para estos efectos, con otra mecánica y después continuaríamos con el misma orden que teníamos en la primera ronda; en la segunda, es simplemente la aclaración para que todos tengamos certeza en la relación del desahogo de este tema.
El Presidente:
Se toma nota de la moción. Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Señor secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez: La propuesta presupuestaria que hace el Ejecutivo, independientemente de que sea superavitario o equilibrado el presupuesto, ya que en los textos hasta donde hemos podido observar no nos queda claro si va a ser superavitario, equilibrado o deficitario dicho presupuesto. Está dirigido a convencer a los mercados y a los organismos internacionales de que existe responsabilidad y probidad fiscal. Los intereses de la planta productiva especialmente la pequeña y mediana empresas y de la sociedad en su conjunto, vienen en segundo lugar.
Nosotros efectuamos la valoración inversa. Primero hay que tomar en cuenta a la planta productiva interna a partir de políticas viables y realistas y convencer a los mercados con resultados productivos patentes que se reflejen en el consumo y en la inversión. Por supuesto y en primer término, hay que convencer a la mayoría de los mexicanos que han sido afectados por la crisis y por la política oficial.
Desafortunadamente además de los problemas generales que presenta el presupuesto existen numerosas cuestiones específicas que no sólo merman su efectividad, sino que aumentan la iniquidad que ya existe en nuestro sistema económico y social.
Señor secretario: si la propuesta de presupuesto de buscar el equilibrio o generar un superávit presupuestario representa ya un problema para nosotros de credibilidad de las cifras globales. Si el ingreso y el gasto son deflactados, no de acuerdo con la inflación real con la que inicia el año de 1996, sino la inflación estimada al final de 1996, se produce una distorsión total sobre el balance que deja sin sentido hablar de déficit, superávit o equilibrio.
En realidad el monto, creemos, será menor debido a que la inflación de este año ya depreció en los hechos el valor de la moneda.
El error de cálculo en la estimación desde nuestro punto de vista del gasto real, queda en evidencia cuando se compara con el cálculo de las cuentas del producto en el cual se utiliza el deflator correspondiente a 1995. ¿Considera, señor secretario que el calcular la evolución del presupuesto y de los indicadores económicos, sólo a partir de los resultados de 1995 es lo correcto? Nosotros creemos que no; que el cálculo correcto se tiene que hacer con referencia al año de 1994, que tuvo un monto más elevado. Por supuesto, de no hacerlo así, nosotros tendríamos ciertamente un crecimiento para el año que entra, si se cumplen las expectativas. Pero si lo comparamos con 1994, aún continuaremos con el déficit en las cuentas presupuestales.
El presupuesto, el año que entra, quisiera que nos lo confirmara, ¿será mayor o menor al de 1994 y, en su caso en qué proporción?.
Por otra parte, nos parece que en el presupuesto de egresos se sigue planteando una política que no compartimos. Se sigue dando prioridad al rescate de ciertos sectores de la economía del sector privado que han estado en problemas y que han mostrado su ineficiencia y a los cuales se les asignan montos impresionantes de recursos.
Por ejemplo, para el rescate de las carreteras, se señalan recursos por más de 14 mil millones de nuevos pesos o de pesos, a partir del año que entra.
Quisiéramos señor secretario, que nos explicara estos montos ¿hacia quién van dirigidos?; ¿en qué plazos se entregarán?; ¿en qué monto total se llegará para salvar la ineficiencia de los tramos carreteros otorgados a la iniciativa privada?, ya que hasta donde entendemos se les dieron 6 mil millones de nuevos pesos este año y aún se les otorgarán 8 mil millones de nuevos pesos, monto éste similar al que se otorgará a los programas de alimentación del propio presupuesto.
Asimismo quisiéramos que nos señalara ¿en qué plazo se pretende que se reintegren los cuantiosos recursos otorgados a los bancos vía-Fobaproa? ya que según el presupuesto, éstos serán reintegrados al parecer a lo largo de 30 años, sin condiciones que limiten la concesión y por supuesto sin condiciones claras de tarifas y de control de estos tramos carreteros.
Quisiéramos también por último, que nos dijera la comparación entre los montos que se destinan al sector social y la proporción que éstos guardan con estas aportaciones para las subvenciones al sector privado de la economía, para rescatarlos de sus problemas financieros.
Gracias por sus respuestas.
El Presidente:
Para responder tiene la palabra el doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señor Presidente; señor diputado Guzmán Ortiz:
Hizo usted diversos cuestionamientos en relación con aspectos incluidos en el programa económico y en el presupuesto.
La primera consideración se refiere a los deflatores que fueron utilizados para el cálculo del presupuesto del año 1996.
Yo quisiera informarle señor diputado Guzmán Ortiz, que el cálculo utilizado para la presentación de las cifras presupuestales para el año 1996, no corresponde a la inflación punta a punta, como parece que usted sugirió en su intervención. Este cálculo se hizo, como es costumbre, utilizando la inflación promedio entre 1995 y 1996. En base a este cálculo, el gasto total, el gasto neto presupuestal, efectivamente tiene una reducción de casi 1% del producto interno bruto. Sin embargo, la estructura presupuestal es tal que a pesar de esta caída del gasto neto total, se está incrementando la inversión del sector público, en términos reales.
Esto es, en el presupuesto que está a la consideración de ustedes, se está incrementando la inversión, sobre todo en los sectores energético y de infraestructura y también en los aspectos de obra, del gasto social de manera importante; se está apoyando al sector salud en la inversión física, se está apoyando también la inversión física del sector educación y asimismo se está fortaleciendo la infraestructura carretera del país, a través de erogaciones importantes para la conservación y el mantenimiento de la red carretera federal y recursos adicionales que también entran dentro del rubro de gasto social, para las carreteras rurales que este año generaron empleos considerables; este año en el programa de carreteras rurales, se generaron más de 150 mil empleos. De manera que efectivamente el gasto está reduciéndose en relación con el año de 1995 y también, desde luego, con el año de 1994 como fue oportunamente mencionado. Sin embargo el carácter del presupuesto que se está proponiendo, es muy distinto.
Habló usted, señor diputado Guzmán Ortiz, del problema de las carreteras. Menciona que se están destinando montos muy importantes al problema carretero.
Efectivamente, en el documento de criterios de política económica, se menciona cuál es el costo de las operaciones de capitalización para las autopistas concesionadas que representan alrededor de 14 mil millones de pesos punto nueve del PlB, que serán erogados en los próximos veinte años. Yo quisiera recordarle cuál es la racionalidad de este gasto:
En primer lugar, existe una obligación contractual por parte del Gobierno Federal, de garantizar a los concesionarios carreteros, porque así fueron otorgados los títulos de concesión durante la pasada administración, existe, repito, la obligación contractual de garantizar aforos e ingresos y en algunos casos, una rentabilidad mínima sobre el capital. Lo que ha ocurrido, como ustedes saben y como señaló el diputado Sánchez Gochicoa, hace un momento, es que las carreteras de cuota están siendo muy poco transitadas. Los aforos no se han materializado y por lo tanto los ingresos que se esperaban, han sido menores a lo previsto.
Señor Presidente: se me ha agotado el tiempo. Le suplico un minuto más para poder concluir la respuesta.
El Presidente:
Adelante, señor secretario Ortiz.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Muy bien. De manera que lo que se trata es de capitalizar las carreteras, con objeto de que los ingresos que se deriven de las mismas, puedan servir para poder cubrir los requerimientos de la deuda de las mismas y al mismo tiempo bajar de manera muy importante las cuotas carreteras para que efectivamente eso redunde en beneficio de los usuarios y no tengamos una infraestructura carretera desperdiciada como hoy la tenemos.
Quiero recordar asimismo que estas aportaciones de capital que está realizando el Gobierno Federal, van a revertirse al propio Gobierno al término de las concesiones. De manera que efectivamente hubo fallas en los cálculos de aforo y de ingresos; hubo fallas en los cálculos de aforo y de ingresos, esto es evidente.
Por ello es que, repito, no están alcanzando los ingresos de las carreteras para cubrir los compromisos que se habían contraído anteriormente. Sin embargo, las carreteras están concesionadas, éstas van a revertir al país, se van a bajar las cuotas y esto finalmente va a resultar en una utilización pues mucho más eficaz de nuestra red carretera.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para hacer uso de su derecho de réplica el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, hasta por tres minutos.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente; señor secretario:
Ciertamente el tiempo que se otorga es breve para cada uno de nosotros y más breve lo fue para analizar cerca de 5 mil páginas que contiene el presupuesto con todo y sus anexos, en 72 horas escasas. Entonces los errores puntuales a la mejor podrían ser perdonados, a nosotros no, a ustedes porque ustedes lo elaboraron.
Desafortunadamente no me contestó una parte: el monto en que el presupuesto cae con respecto a 1994, puntualmente. Me dijo en cuanto cae, según sus cálculos, respecto a 1995.
Ciertamente tampoco, la brevedad de tiempo lo evita quiza, la relación entre el costo que tienen los programas sociales con estos rescates a la ineficiencia privada.
Y me dice algo más que ya habíamos oído en las reunión de comisión, que es preocupante: "Se hicieron mal los cálculos". Pues habría que revisar en donde se recibieron los que hicieron los cálculos, en qué escuela. Esperamos que no haya sido en Harvard. ¿Si? Es probable que haya sido en Harvard, porque ciertamente que están mal los cálculos.
El año pasado se les dieron 1 mil 600 millones por lo menos más a estos tramos carreteros, por encima de lo ya autorizado. Está en la cuenta y el presupuesto del sector rebasó más o menos en esa cantidad, se excedió en 1 mil 585 millones.
O sea que lo que se excede es para pagar la ineficiencia privada. Sin condicionamientos en cuanto a cuotas, más que al parecer mantenerlas estables. ¿Y quién va a viajar por esas carreteras, con el costo que tienen? No cualquiera. Hay un cálculo que del norte del país, del noroeste al D.F., vale más de 1 mil pesos viajar por esas carreteras y para un transportista éste es un costo exagerado. No digamos para los particulares.
Este año se va a dar otra cuantía de este tamaño, sólo para las carreteras, ¿si? Y se nos dice que se les van a dar "porque se firmó". Bueno, yo quisiera saber quién firmó tamaño contrato. ¿En dónde se paga la ineficiencia de los contratantes? ¡Y por otro lado se restringen, como en el caso de las universidades, el ingreso de los estudiantes según los datos del propio presupuesto a 12 mil por año! ¡Y el presupuesto real de las universidades, el de la UNAM, se ve restringido! ¡Ese monto es la mitad casi del presupuesto de este año para la UNAM! ¡Para pagar la ineficiencia:
De la inversión de Capufe, ¿si?, se destina casi 60%, no a reparar carreteras, que están bastante dañadas, sino a subvencionar estas cuestiones. El Fobaproa, aquí dice, yo no entiendo, antes había plazos o los plazos originales eran de tres, cinco y ocho años para reintegran la salvación. Ahora dice que es de treinta años, plazos hasta treinta años. Yo quisiera ver si cualquier deudor del ADE tiene hasta 30 años con las condiciones de este tipo, para rescatar condiciones de este tipo, ¿si?, de este tipo.
Entonces me parece que la respuesta, quizá el tiempo lo limita, no ha sido suficiente, pero creo que si demuestra algo, porque en eso podemos estar de acuerdo, que hay diferentes intereses que atender a partir del presupuesto. El presupuesto está orientado sí en una parte a dar interés al sector social, pero en una parte fundamental, no equitativa, creo yo, porque son 51 tramos carreteros con quienes los administran, contra más de 60 o contra 90 millones de mexicanos, quitando los famosos 300 que controlan la economía del país.
Por sus respuestas y si pueden ser más puntuales, gracias.
El Presidente:
Para responder tiene la palabra por cinco minutos, el licenciado Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señor Presidente:
Efectivamente, señor diputado Guzmán Ortiz, omití darle la referencia del comportamiento presupuestal respecto del año de 1994. La cifra es que el gasto neto total para 1996, en relación con el año de 1994, cae 15.16% en términos reales. Ya habíamos mencionado, cuando se presentó el presupuesto para 1995, que se esperaba una caída del gasto neto de alrededor de 9.7%, junto con la caída que se espera para el año de 1996, la referencia con respecto a 1994 es de 15.16%.
Déjeme abundar más en el problema de las carreteras. Efectivamente, señor diputado, hubo fallas en los cálculos que se hicieron respecto del aforo y respecto de las tarifas. La manera como se otorgaron estas concesiones es que se hicieron estudios técnicos respecto del costo de las carreteras, respecto del tráfico esperado, respecto de las cuotas que se supone se podían obtener por el tránsito de vehículos, de los distintos tipos de vehículos. En base a estos distintos supuestos se determinó cuál era el monto de capital necesario que tenían que poner los concesionarios y el resto se apalancó, se apalancó con instituciones de crédito o bien se emitieron valores, bonos, entre el gran público nacional y extranjero, para financiar las carreteras.
En los títulos de concesión, repito, había garantías de aforo y en algunos casos garantías sobre un rendimiento mínimo a la inversión por parte de los concesionarios.
Yo quisiera mencionarle que de todas maneras, aún con estas limitaciones, se construyeron más de 4 mil kilómetros de carreteras durante la pasada administración, carreteras de altas especificaciones, que si bien al día de hoy están siendo subutilizadas y, efectivamente, van a requerir una contribución mayor de capital por parte del Gobierno, de todas maneras una inversión muy importante por parte del sector privado, del orden de los miles de millones de nuevos pesos, que de no haberse concesionado esta carretera las hubiera tenido que poner el Gobierno. Aun en el peor de los casos, aún en esta situación en que el Gobierno tiene que capitalizar las carreteras, lo importante es que se hicieron, que están ahí, que se van a bajar las cuotas, que se van a utilizar y que le van a servir al país y que al final de cuentas hubo una participación muy importante por parte del sector privado, por parte de los concesionarios, que sí están pagando desde luego un costo por estas carreteras y el costo que se está pagando, evidentemente, es que en muchos casos la recuperación del capital va a ser muy inferior a lo que se esperaba; en algunos casos los rendimientos van a ser negativos y de todas maneras las carreteras van a revertirse al Estado al fin de los periodos de concesión.
Es cierto que hubo esas fallas, es cierto que las cosas no resultaron como se preveían, esto es cierto tanto en el ámbito de las carreteras como en algunos otros que se mencionaron anteriormente, pero en el caso específico de las carreteras, repito, creo que además de la obligación contractual que tiene el sector público para capitalizarlas, el hecho está en que éstas son obras de infraestructura que van a quedar ahí o para beneficio de los usuarios para impulsar el desarrollo nacional a través de un país mejor comunicado, con vías de comunicación modernas, eficaces, repito, se va a bajar el precio, en algunos casos ya se ha hecho, se ha bajado el precio de las cuotascarreteras de manera muy importante con objeto de beneficiar directamente a los usuarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Con el objeto de agilizar el procedimiento y por acuerdo de las fracciones, se les pide a los diputados que hagan su participación desde su curul.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Eric Villanueva Mukul.
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz (desde su curul):
Señor Presidente, la aclaración de los partidos es que la pregunta se haga desde la curul, perdón por la información incorrecta que mandamos, pues que la pregunta se haga en tribuna y la réplica desde la curul.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eric Eber Villanueva Mukul.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor Presidente; señor secretario:
Comparece usted ante esta Cámara de Diputados tres días después de que nos presentó los criterios generales de política económica para el año de 1995. Hoy el indicador denominado tasas de intereses interbancarias de equilibrio y uno se pregunta por cierto, ¿quién o qué puede estar en equilibrio con el actual nivel de tasas de interés? En fin, hoy día este indicador ha llegado a casi 70 puntos, 10 arriba respecto al nivel que tenía cuando nos vimos el martes anterior, un 16.7% más.
Si nos remontamos más atrás, a principios de octubre pasado, encontramos este mismo indicador que se encontraba en 34%, esto significa que las tasas de interés son casi el doble, 92% más que su nivel de hace apenas mes y medio. La casi duplicación de mes y medio de las llamadas tasas de equilibrio se ha dado a pesar del acuerdo para la recuperación económica que comenzó antes del rumor golpista y continuó en el breve lapso que ha transcurrido desde el martes en que usted nos visitó, las políticas que se pretenden para el año que entra, que nos presentó las políticas que se pretenden para el año que entra.
El deterioro de la situación parece resistente a las acciones del gabinete económico, ello tiene diversos y preocupantes significados, una consecuencia inmediata y evidente es la que se refiere al impacto que han tenido los aumentos de los intereses sobre las empresas y familias en un contexto en el que existe un alto nivel de sobreendeudamiento y niveles de carteras vencidas verdaderamente críticos. El nuevo aumento en los intereses, aun si durase poco, ya ha afectado a los deudores al abultar más al menos una parte de los crecidos saldos, de hecho esto puede marcar las diferencias entre la solvencia y la insolvencia de miles de empresas mexicanas y de familias. El problema sin embargo no se restringe al grave hecho del enorme costo social y económico que la elevación tiene sobre empresas y familias.
Una segunda dimensión del problema se evidencia en lo siguiente: la drástica elevación de las tasas de interés desde principios de octubre hasta la fecha ha tenido como principal objetivo el contener la devaluación del tipo de cambio del peso con el dólar y sin embargo el peso se ha devaluado en un poco más del 22% desde los primeros días de octubre hasta la fecha.
Tenemos entonces a la vista esta cuestión, una vez más se hace meridianamente visible que las políticas aplicadas no están dando los resultados que ustedes mismos esperan, la dificultad que la sociedad encuentra para ganar esa dichosa credibilidad en las políticas que ustedes proponen, saltan a la vista: el tipo de cambio promedio previsto en los criterios de política general es de 7.70 pesos por dólar; el día de hoy el dólar se cotiza ya a un nivel superior que la meta oficial para 1996.
Por el otro lado, las tasas de interés sobrepasan ya cualquier pronóstico y expectativas de ustedes mismos, de hecho volvieron a los niveles más altos alcanzados desde el inicio de la crisis; el Ejecutivo plantea que el consumo privado colaboraría con un modesto 0.97% para la recuperación de la oferta y el PlB y la inversión privada con otro medio punto porcentual. ¿Qué puede esperarse en este contexto de la recuperación del consumo y de la inversión privada en que ustedes fincan una parte de la esperanza de la recuperación para 1996.
Razonablemente no puede plantearse esto. El consumo en la inversión no puede recuperarse con los actuales niveles de las tasas de interés, entonces no podrá haber recuperación económica anunciada. Si el tipo de cambio base para 1996 ha sido ya rebasado por la realidad mes y medio antes que empiece el 1996, la inflación no podrá apegarse a la meta oficial ni tampoco los balances de cuentas externas que se nos ofrece.
De hecho, al conocerse la argumentación oficial la sensación de que al igual que ocurrió el año pasado, las metas macroeconómica y las cifras presupuestales lo mismo que las políticas ofrecidas para 1995 todo ello ya estaba absolutamente rebasado por la realidad en el momento mismo que aquí las discutimos, pero toda esta situación coloca en una situación muy incómoda a la Cámara de Diputados, cuya responsabilidad constitucional estriba en aprobar anualmente los presupuestos y los ingresos de la Federación para beneficio de la nación y sin embargo usted nos ha dicho aquí que los movimientos especulativos nada tienen qué ver con la realidad económica del país; que los fundamentos de la economía son sumamente sólidos y que la especulación es temporal; que se explica la situación por razones políticas o por irracionalidades de especuladores o por lo que sea, menos por el problema de nuestra propia economía.
En el PRD sostenemos que todo esto no es así, que indiscutiblemente los problemas económicos están contaminando como pocas veces los políticos y que los políticos están afectando a la economía; que efectivamente existen movimientos especulativos autónomos pero además de ello, los hechos que estamos viviendo muestran las extremas debilidades de la economía mexicana y las peligrosas incapacidades de las políticas que se están aplicando, parece irrebatible la necesidad de cambiar de rumbo a la política económica.
Señor secretario, en la dirección que ha sugerido mi compañero el diputado Saúl Escobar ¿qué puede explicarnos al respecto.
Y antes de terminar, yo quisiera decirle: señor, de acuerdo al proyecto de egresos que nos presentan, en el gasto neto total el presupuesto de servicio a la deuda representa el 15.9%. Yo quiero darles algunas cifras de lo que se puede hacer con esas cantidades: podemos irrigar 720 mil hectáreas; podemos construir 2 millones 942 mil viviendas...
El Presidente:
Señor diputado, su tiempo ha concluido, sirvase redondear su intervención por favor.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Termino. Termino, señor secretario. Decía que con el servicio de la deuda se pueden hacer por cierto y lo escuchen los señores diputados del sector campesino, 723 mil hectáreas pudiéramos irrigar; se pudieran construir 2 millones 942 mil viviendas según los techos financieros de Fonhapo; pudiéramos comprar 2 millones 452 Volkswagen sedán; representa lo mismo que todo el gasto de salud y educación juntos, que todo el gasto de seguridad social del IMSS y el ISSSTE.
Señor Secretario, ¿por qué no podemos hacer una renegociación de la deuda razonada y razonable que nos permita que una parte de este gasto tan incrementado sirva para reactivar realmente la economía nacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para responder tiene la palabra el licenciado Guillermo Ortiz Martínez.
EL doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia señor Presidente:
Señor diputado Villanueva, su intervención tiene creo que dos partes muy claras. En la primera cuestiona usted la viabilidad del programa económico para 1996 con base en lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en particular en la evolución de las tasas de interés y del tipo de cambio.
Finalmente usted mencionó las cifras del servicio de la deuda y cuestionó por qué no podemos renegociar esta deuda, con el fin de bajar su servicio, con objeto de destinar esos recursos al desarrollo nacional.
Voy a permitirme brevemente hacer una pequeña reseña de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, por qué las tasas de interés y el tiempo de cambio están a este nivel, por qué pensarnos que éste es un fenómeno estrictamente temporal, por qué pensamos que no corresponde con las condiciones objetivas de la economía y por qué pensamos que esto no pone en entredicho las metas económicas para el próximo año.
Yo diré que a mediados de septiembre, señor diputado, ocurrieron varios fenómenos, entre ellos una revisión de expectativas sobre el comportamiento de la economía en el tercer trimestre.
Siempre se dijo por parte del Gobierno, el que la caída de la actividad económica iba a ser más pronunciada quizá durante el segundo trimestre; que en el tercer trimestre íbamos a ver una situación de mejora respecto del segundo trimestre y para el cuarto íbamos a ver ya indicadores más positivos.
De hecho la caída del segundo trimestre, que fue del 10.5%, fue una caída muy pronunciada que desde luego puso la posibilidad de recuperación en el tercer trimestre aun si se diera una recuperación respecto del segundo, que seguramente vamos a verla, seguramente se va a dar, pero de todas maneras los niveles de actividad económica eran sumamente bajos. Esto provocó que hubiera un retiro de fondos por parte de inversionistas, primero de la Bolsa de Valores.
En esas épocas también salió un reporte de la OCDE en que se estimaba que la recuperación de la economía mexicana iba a ser más lenta. En este clima de deterioro de expectativas respecto de la recuperación de la economía, como usted recuerda, se sucedieron eventos de carácter político que contribuyeron también a que este clima se deteriorara aún más.
Esto propició que inversionistas, del exterior sobre todo, tomaran posiciones cortas respecto de valores gubernamentales, de valores de renta fija y de renta variable; esto es, que estuvieran tomando posiciones, apostándole a que el precio de las acciones iba a bajar ante la expectativa de malos resultados de las empresas y que el tipo de cambio se iba a devaluar. Esto llegó a constituir un negocio importante y propició, entre otras cosas, los rumores y los infundios, porque ese calificativo merecen, que se produjeron hace algunas semanas.
Todo ello contribuyó a un clima de volatilidad, de intranquilidad y de especulación. Esto desde luego repercutió en una elevación del tipo de cambio a niveles que en algunos días rebasó los ocho pesos por dólar y que las tasas de interés también se elevaran considerablemente.
A esto hay que añadirle algunos factores estacionales. Normalmente a finales del año ocurre algún retiro por parte de inversionistas institucionales de mercados emergentes y en particular en el caso de México, repito, esto fue agravado por consideraciones respecto del retraso que podía tener la recuperación económica.
Sin embargo y quisiera referirme a ello más adelante, es evidente que las condiciones económicas no corresponden a lo que está ocurriendo en los mercados financieros y desde luego la irracionalidad y la especulación no pueden prosperar indefinidamente si las condiciones básicas de la economía no lo garantizan. Es por ello que estamos seguros que éste es un fenómeno temporal que empezará a revertirse.
De hecho creo que en los últimos días ya hemos visto un poco más de calma, un poco más de tranquilidad en los mercados y creo que hacia adelante veremos un regreso a situaciones más normales.
Si me permite, señor Presidente, la parte de la pregunta de la deuda la contestaré en mi próximo turno, ya que se me acabó el tiempo.
Muchas gracias.
El Presidente:
A usted, señor secretario.
Tiene la palabra para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Eric Villanueva Mukul.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul (desde su curul):
Señor secretario, con todo respeto debo decirle que la explicación que usted acaba de dar es la que hemos oído en los últimos años respecto al porqué de la caída de nuestra moneda, por qué a la caída de la bolsa.
Yo quiero afirmar una cuestión, la debilidad no está en la especulación; la debilidad está en que nuestro modelo se sustenta en los capitales especulativos. Es una debilidad intrínseca, y el país ya no resiste más eso. La última devaluación, el último juego especulativo nos costó a los mexicanos cerca de 200 mil millones de nuevos pesos. Esto, si fallo en números, está entre 100 y 200, usted póngale allá cualquiera, por la expresión que veo, pero ésa es la debilidad del modelo, por eso nosotros decimos, la fracción del PRD, que tenemos que acotar a los capitales especulativos y que tenemos que empezar a dar un giro en el modelo económico, para privilegiar a la economía real sobre la economía financiera, sobre la especulación y privilegiar a los intereses nacionales sobre los capitales externos.
El Presidente:
Para responder, tiene la palabra el licenciado Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Señor diputado Eric Villanueva, yo coincido totalmente con usted que tenemos una situación económica frágil. Coincido con usted en que efectivamente la vulnerabilidad económica que hoy todavía tenemos refleja el hecho de que en años anteriores nos hicimos demasiado dependientes de capitales de corto plazo. En eso coincidimos totalmente, señor diputado.
Creo que la mejor manera y la mejor receta para dejar de depender de estos capitales de corto plazo es fortalecernos internamente, es fortalecer el ahorro interno, es propiciar políticas de crecimiento económico como las que están contenidas en el proyecto de presupuesto y de la ley de ingresos que estamos poniendo a su consideración para el año de 1996.
Creo que en el pasado, y esto es algo en lo que tiene usted toda la razón, llegamos a una situación en que se financió una parte muy importante de los déficit en cuenta corriente con ahorro de corto plazo, con ahorro que por definición y que por naturaleza es volátil. Estoy convencido que tenemos que disminuir la dependencia en la economía de estos flujos. Para ello, repito, la mejor receta, lo mejor que podemos hacer los mexicanos es fortalecer nuestra base económica, fortalecer nuestro ahorro interno y usar el capital externo únicamente como un complemento al ahorro doméstico.
En cuanto a la parte de su pregunta sobre la deuda que omití contestar hace un momento, yo quisiera más que llenar estos minutos que me quedan de cifras, decirle algunas cuestiones generales.
A pesar del efecto del tipo de cambio, a pesar del efecto de la devaluación sobre los saldos de nuestra deuda, todavía hoy en día la deuda total del país, la deuda neta total del país, es de aproximadamente 38% del producto interno bruto.
Esta cifra es, yo diría, bastante menor que el promedio de los países de la OCDE y bastante menor del promedio de los países de América Latina.
Usted señala que el servicio de la deuda interna y externa para el año de 1996, es de aproximadamente 4% del producto interno bruto. Es cierto que esta cifra había sido menor en los últimos años, sin embargo la elevación de los intereses la ha hecho crecer.
Quiero señalar sin embargo que esta cifra ya es menor a la que se pagó en el año de 1995 en casi medio punto del producto.
En 1995, el pago de intereses sobre la deuda total del país, fue de 4.4% del producto interno bruto; en 1996 estamos estimando un 4%.
Si consideramos cuál es la proporción de ese pago de intereses, por ejemplo, sobre las exportaciones totales del país, que es un concepto que mide la capacidad de pago, para 1996 vamos a tener la cifra histórica más baja del coeficiente de pago de interés a exportaciones. Esto es, nosotros estamos seguros que tanto el perfil de los vencimientos de la deuda para 1996, que es mucho más favorable que el que enfrentamos para el año de 1995, como el monto de la misma, como su estructura, no son un obstáculo para el desarrollo económico.
No necesitamos, señor diputado, hacer una renegociación de la deuda para impulsar los objetivos del desarrollo nacional; lo que tenemos que hacer es continuar mejorando su perfil de vencimientos; tenemos que seguir buscando mejores condiciones cuando salimos a los mercados internacionales de capital y tenemos que continuar alargando los plazos de vencimiento para que tengamos un perfil de amortizaciones menos onerosas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:
En este librito dice: "Criterios Generales de Política Económica". Y dice: De los objetivos para 1996, se pueden dividir en tres vertientes:
Primera vertiente. Incentivar la inversión y el empleo a través de un paquete de estímulos fiscales. Más claro no puede estar.
Segundo. Fortalecer los programas de saneamiento financiero:
Tercero. Avanzar en el proceso de cambio estructural.
Y dice, en la página 24: "...el eje que articula los distintos instrumentos de política económica del próximo año, es la reactivación económica".
Pregunto: ¿Cómo se pretende que las medidas contenidas en la Miscelánea Fiscal promoverán el crecimiento económico? Porque exentando a las pequeñas empresas del impuesto sobre los activos, sólo logrará prolongar su agonía. El extender a México, Monterrey y Guadalajara los beneficios de ciertas depreciaciones sólo ayudará a las empresas que ya tienen utilidades y las podrán aprovechar.
¿Por qué no se procede de una vez a abrogar este tan impopular y retroactivo impuesto sobre los activos.
Segunda pregunta: ¿Por qué se apoya a las grandes empresas automotrices con la derogación del ISAIN y no se da ningún incentivo similar o diferente a las empresas mexicanas que están en peores problemas, como la textilera, la zapatera etcétera, una lista interminable.
Tercera pregunta: ¿Por qué no se cumplió la promesa hecha por el Presidente de que se iniciaría el proceso que nos llevaría a un verdadero federalismo fiscal? Dicho proceso no se ve reflejado en la Miscelánea, donde los cambios propuestos por el Ejecutivo, son notoriamente insuficientes, por no llamarlos meramente marginales.
Cuarta pregunta: el Ejecutivo presenta al mismo momento las iniciativas del IMSS y en la Miscelánea Fiscal incluye la Ley del Impuesto Sobre la Renta y es triste observar que las bases de tributación del impuesto sobre productos del trabajo y las bases para calcular las cotizaciones del seguro son tremendamente diferentes. ¿Dónde quedó la simplificación fiscal.
Quinta: ¿Dónde quedó la promesa de restituir la justicia y la equidad en el cálculo del impuesto sobre productos del trabajo, dándole progresividad al artículo 80 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, donde actualmente la cajera del banco paga casi la misma tasa de impuestos que el presidente del consejo de administración de la banca.
Francamente si esas promesas no fueron cumplidas y si como dicen los criterios generales, el eje que articula los distintos instrumentos de política económica es precisamente la reactivación económica y en la miscelánea y el presupuesto no se ven éstos, yo no entiendo cómo se quiere lograr los objetivos.
Y cierro nada más con un consejo que no requiere ninguna respuesta, que el problema es de confianza y lo básico para recuperar la confianza es que se tenga congruencia entre lo que se dice y la realidad, que lo dicho se demuestre con hechos.
Por sus respuestas puntuales, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para responder el licenciado Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Muchas gracias por sus preguntas, señor diputado Padilla.
La primera es cómo es que las medidas contenidas en la Miscelánea Fiscal van a reactivar el crecimiento, en particular se refiere usted al impuesto al activo. Yo quisiera mencionarle que ésta no es la única medida. En el decreto que firmó el señor Presidente a raíz de la celebración de la Alianza para la Recuperación Económica, se incluyen varias medidas adicionales a la del impuesto al activo, entre otras, de las más importantes, pues es un crédito fiscal al empleo; esto es, las empresas que aumenten su nivel de empleo por encima de los niveles que tenían en el año 1995, van a recibir un crédito fiscal equivalente al 20% del salario mínimo elevado al año.
También serán deducibles las inversiones que se realicen por encima de las efectuadas en el año 1995 durante los dos últimos meses de este año y del año 1996. Este es un estímulo que no se había dado en muchos, muchos años, si es que alguna vez se dio.
El impuesto al activo que usted menciona beneficia a las pequeñas y medianas empresas, beneficia al 90% de las empresas del país; de manera que éste también es un estímulo muy importante.
Su segunda pregunta respecto al sector automotriz ¿Por qué el sector automotriz? Yo quisiera responderle que este sector representa el 10% del producto interno bruto, es un sector de gran importancia para el país. Todas las empresas o la mayor parte de las empresas de autopartes son empresas mexicanas que emplean a miles y miles de trabajadores. Se estima que el empleo total generado por la industria automotriz y de autopartes es de más de medio millón de trabajadores; de manera que ante la caída tan impresionante que hubo en la demanda interna de vehículos, de automóviles en el año de 1995, se está dando un estímulo, no solamente para las empresas armadoras, se esta dando un estímulo para que todas las ramas conectadas con la industria automotriz que abarcan pues muchos sectores de la actividad industrial del país se puedan beneficiar. Esa es la racionalidad de la medida, señor diputado.
Su tercera pregunta fue en relación con el federalismo. Yo quisiera mencionarle primero, que éste es un proceso gradual y éste es un proceso en el cual el Presidente de la República está comprometido. La filosofía aquí es equilibrar los recursos y las responsabilidades entre los tres órdenes de gobierno, esto implica medidas tanto de ingreso como de gasto y hay un avance considerable ya en el año de 1996. Se está proponiendo incrementar las participaciones a los estados en más de 4.6% en términos reales para ser exacto. Entonces, a pesar de que caen los ingresos de la Federación, crecen los ingresos de los estados. Se están trasladando impuestos que hoy cobra la Federación al cobro directo por los estados; se está dando una mayor participación también en algunos impuestos federales. Se está descentralizando una parte muy importante del ramo 26 que se está transfiriendo directamente a los estados; se están proponiendo acciones concretas de descentralización también para entidades ejecutoras del gasto como es la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Salud y están en ciernes también programas para otras dependencias ejecutoras como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En el decreto de presupuesto se establece la posibilidad de que estas entidades celebren convenios con los estados para ir, de acuerdo con ellos, realizando estas funciones de descentralización. De manera, señor diputado, que estamos muy conscientes en el compromiso del presidente Zedillo, en el compromiso de este Congreso en avanzar en materia de federalismo y se está haciendo. Repito, éste es un proceso gradual, pero creo que para el año de 1996 hay un avance importante.
En relación a la pregunta sobre la base gravable del impuesto sobre la renta del IMSS y del Infonavit tiene usted toda la razón. El impuesto sobre la renta, el IMSS y el Infonavit tienen en general, como base gravable la nómina. El impuesto sobre la renta de personas físicas se aplica sobre el total de los ingresos que perciben los trabajadores y la recaudación que se obtiene se utiliza para financiar el gasto público federal. Sin embargo, las contribuciones de seguridad social tienen como base los ingresos de los trabajadores, pero las aportaciones se devuelven al trabajador ya sea como prestaciones o como ingresos futuros en materia de pensiones. Es cierto que sería muy deseable llegar a una misma base, esto, sin embargo, requiere cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, para homologar las bases de cotizaciones. Creo que tenemos que hacer un estudio muy serio sobre la conveniencia de homologar esta base, estamos convencidos que tenemos que movernos en esa dirección, pero ello implica también que algunos trabajadores puedan perder algunas prestaciones o que éstas sean gravadas y esto me lleva a la última pregunta en relación con el artículo 80 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Creo que efectivamente y coincido con usted totalmente señor diputado, en que tenemos un régimen impositivo que grava demasiado rápido a trabajadores que tienen ingresos bajos e ingresos medios. Tenemos ciertamente que corregir esta situación y tenemos un compromiso que fue suscrito en el seno de la Alianza para la Recuperación Económica con la ayuda del consejo asesor fiscal, abocarnos a la tarea de revisar esta estructura, incluyendo también la estructura de la base gravable para todos los trabajadores.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra por tres minutos para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Jorge Padilla Olvera.
El diputado Jorge Humberto Padilla Olvera (desde su curul):
Bueno, en la primer pregunta creo que la contestación prácticamente me da la razón a mí.
Si en el 90% de las empresas se benefician ¿Por qué no se abroga de una vez el impuesto éste tan impopular y que está deteniendo real y verdaderamente la inversión.
En segundo lugar, realmente mencioné las más importantes, porque el crédito es eso de los que contraten a nuevos trabajadores tiene la misma aplicación o sea, solamente beneficiará a las empresas que tienen utilidades que están en crecimiento. Pero el problema ahorita es que más del 70% de las empresas están prácticamente quebradas o sea, difícilmente van a poder invertir, difícilmente van a poder crear nuevos puestos de trabajo y francamente será imposible que aprovechen estos beneficios fiscales o sea que la miscelánea fiscal no promoverá ningún crecimiento económico.
Y no entiendo yo esa fijación con el impuesto sobre los activos, si solamente representa el 0.5% o sea, 0.5% de la recaudación total, no llega ni al 1, al millar del producto interno bruto. Francamente es una lucha demasiado tesonera, terca, por tan poquito.
Segunda pregunta, simple y sencillamente no estoy en contra de que se le ayude a la industria automotriz, pero ¿Cuántos puestos de trabajo significan?, miles, correcto. Pero hay millones desocupados. ¿Por qué no apoyar a esos millones de mexicanos que trabajan empresas, que son sus propietarios, otros mexicanos, compatriotas también.
La tercer pregunta, el gradualismo que usted precisamente menciona del federalismo, pues más bien parece un gradualismo de eternidad por el paso con que se está avanzando a través de esta ley. Y ¿Por qué por decretos? ¿El Congreso dónde está? ¿Por qué tener que recurrir a los decretos presidenciales si constitucionalmente nos corresponden todas esas facultades.
El punto número cuatro, le doy gracias por haberme dado toda la razón, o sea que lo que prometen de simplificación fiscal, pues no lo cumplieron. Y bueno y el impuesto sobre producto del trabajo en el punto 15, también me da la razón, lo cual se lo agradezco.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para responder, el licenciado Guillermo Ortiz.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Respecto del impuesto al activo, tiene usted razón diputado en que éste no es un impuesto adicional y que la recaudación por este impuesto es relativamente pequeña. Sin embargo, es un impuesto complementario al de la renta.
El IMPAC ha sido un instrumento eficaz para combatir la evasión proveniente de la manipulación de precios de transferencia, ya que ninguna de las diversas técnicas que se utilizan para determinarlos, es precisa. Especialmente tratándose de precios de transferencia de bienes intangibles. Este es un punto que creo que es muy importante y sobre todo, es del orden, aplica sobre todo a las grandes empresas. Es por ello que pensamos que con esa medida de exentar a las empresas pequeñas, estamos preservando el espíritu y el impacto más importante de las empresas.
Hay que recordar también que ha habido una serie de flexibilizaciones a la aplicación del impuesto al activo, que buscan proteger proyectos de larga maduración e impedir que se realicen inversiones productivas. Por ejemplo, no se paga el impuesto al activo durante el periodo preoperativo, al inicio de operaciones y los dos siguientes, esto es, con nuevas inversiones hay cuatro años de gracia, digamos, para pagar el impuesto al activo. También con incrementos netos en cualquier inversión, se difiere por cuatro años el pago de este impuesto.
El IMPAC, que es pago en exceso del impuesto sobre la renta actualizado por inflación, se puede recuperar en los siguientes días de ejercicios; se permite acreditar este impuesto, la cantidad actualizada que resulte de lo que se pagó en excesos o del impuesto sobre la renta, en cada uno de los tres ejercicios anteriores a la aplicación del impuesto, esto es, si usted tiene pérdidas este año, pero pagó durante los tres últimos años un impuesto al activo en exceso al impuesto sobre la renta, puede acreditar ese exceso con el pago de este año.
También el impuesto al activo se ajusta para que no se neutralicen los beneficios fiscales producto de las reducciones de la tasa del impuesto sobre la renta o de algún otro mecanismo como la deducción inmediata.
Menciona usted que hay millones de desocupados que también merecen apoyo. Esto lo estamos haciendo, señor diputado. En los programas correspondientes al sector social, se está incrementando el número de becas que el año pasado, más bien en 1995, llegaron 700 mil de sus 500 mil en 1994. Estamos proponiendo que el número de becas se incremente a 900 mil para el año 1996.
En el caso del programa de empleos que se puso en marcha en 1995, por el que se beneficiaron a más de 700 mil trabajadores en empleos temporales, sobre todo en el sector rural, pero también en el área de la construcción, reparación de caminos rurales, estamos proponiendo en el presupuesto que se eleve este número a 815 mil empleos durante este año. De manera que con los escasos recursos presupuestales, se está promoviendo el empleo y se está promoviendo proteger, como usted señala, en alguna medida, a los millones de compatriotas que están desempleados hoy en día.
En cuanto a la parte de federalismo, efectivamente, éste es un proceso gradual, pero creo que el avance que se ha realizado, que se está proponiendo durante este año, es un paso muy importante, repito, esto está tanto en la vía del gasto como del ingreso. Y no hemos avanzado, digamos, con mayor celeridad, porque los temas inherentes a la repartición de responsabilidades, los temas inherentes a la repartición de recursos, obviamente son muy complejos. En algunos casos las modificaciones, por ejemplo a fórmulas de participaciones, implican que unos ganan y otros pierden. De hecho, lo que está ocurriendo en el presupuesto de 1996, es que hay una transferencia adicional de la Federación a los estados. El presupuesto de la Federación está cayendo, en términos reales y el presupuesto de los estados se está incrementando también en términos reales.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Oscar Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional, por cinco minutos.
El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:
Con su venia, señor Presidente; señor Secretario de Hacienda y Crédito Público; compañeras y compañeros diputados:
Es evidente que el mundo ha cambiado y México no puede quedarse atrás en el camino de la trasnacionalización y la interdependencia, la revolución tecnológica, el crecimiento en la participación de los sectores privados y la democracia como forma de gobierno; factores que transformaron las condiciones sociales en diferentes países, situaciones a las que México no pudo, no puede ni debe ser ajeno.
No hay vuelta atrás. No hay virajes ni de 90 ni de 180 grados. El modelo mexicano ha logrado innumerables éxitos. Una vez aceptado esto, las vías para conseguirlo, como son la estrategia económica, la reconstrucción institucional, la reforma democrática, deben ser sometidos al más amplio escrutinio para determinar las acciones, ritmos, tiempos y formas para atenuar los sacrificios insoslayables que en este sentido exige la reforma estructural.
Es en estos términos, señor secretario, donde los priístas centramos nuestra intervención y le preguntamos, en su calidad de jefe de las finanzas nacionales. Le comento que alguna de nuestras opiniones interrogantes exceden su área de responsabilidad y algunas son producto de acumulaciones de muchos años de política económica. Sin embargo, considero que sus juicios sobre estos cuestionamientos serán de ayuda a nuestra tarea de análisis y acción legislativa.
¿Por qué si quisimos apertura rápida que en otras latitudes tomó decenas de años, no la acompañamos de una política industrial activa en defensa de nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestros empresarios.
Algunos de nosotros pensamos que el Estado redujo su papel en materia de política industrial, al concepto de que la mejor política industrial es aquella que no se tiene. Es más, en muchos corredores de las oficinas administrativas, se comentaba que la mejor política industrial era la política comercial.
¿Considera usted, señor Secretario de Hacienda, que en este cambio de política económica que nos propone para lograr la recuperación es necesaria una política industrial más activa y definida por parte del Gobierno?
¿Por qué los grandes equilibrios macroeconómicos, precios, cuentas públicas, balanza de pagos, son los únicos a lograr?
¿Por qué para la política económica no parecieran contar los desajustes crecientes en el mercado de trabajo?
¿Por qué, señor secretario, en todos estos años hemos tenido esa atención limitada a la macroeconomía y por qué a nuestro parecer esa desatención a la microeconomía, en particular a las empresas que sirven de base natural a nuestra formación económica.
La liberalización comercial, señor secretario, a nuestro juicio empujo a una liberalización excesiva de la cuenta de capitales, que en su mayoría no vinieron a construir nueva riqueza nacional, sino a obtener ganancias especulativas y a facilitar un mayor consumo de bienes importados.
¿No cree usted que esta política fue incongruente con nuestro nivel de ahorro interno y que propicio la adicción de la economía mexicana a capitales especulativos de origen externo.
En los foros internacionales se discute la volatilidad de estos flujos y la necesidad de regularlos. En concreto quisiera conocer su opinión sobre este tema y en particular del llamado impuesto togging y sobre el exitoso, a nuestro juicio, esquema chileno de obligatoriedad a la permanencia y encaje a los capitales así llamados "golondrinos".
¿Por qué la preocupación exagerada sobre el alza de precios y por qué la despreocupación, o podríamos decir, atención secundaria durante tanto tiempo a la recuperación económica.
Se han fortalecido los derechos de la propiedad privada, señor secretario, pero hemos avanzado poco desde nuestro punto de vista en los programas sociales que forman parte de los planteamientos esenciales de la Revolución Mexicana y que dieron origen a la ideología del Partido Revolucionario Institucional.
En su presupuesto está implícita esta relación, lo reconozco, nuestro partido empuja y empieza a verse su acción. El PRI defiende el presupuesto en educación, salud, vivienda, atención a zonas marginadas. Pero yo le pregunto, señor secretario: ¿Por qué no mayores compromisos con los que sufren los embates de la crisis? ¿Por qué no programas más agresivos en materia de política social que combatan la pobreza extrema.
El PRI, nuestro partido, señor secretario, ya no es el partido único, ni el presidencialismo el factor único de cuestión en la vida social y política de México. Las decisiones ya no pueden venir exclusivamente de arriba a abajo, más y más habrán de seguir el sentido inverso, los priístas lo sabemos y queremos ser el espejo fiel de las demandas populares, de las exigencias de la sociedad civil.
No podemos, ni usted señor secretario, ni nosotros, permitir una sociedad más polarizada, con más pobres y pocos ricos en sus extremos. Resolver este dilema de nuestro país es también la condición indispensable que nos permitirá continuar siendo por muchos años más el partido mayoritario, porque es en este contexto que tendremos que trabajar fieles al ideal revolucionario de progresar con equidad social.
Por su atención y comentarios a estos cuestionamientos, gracias señor secretario.
El Presidente:
Tiene la palabra el licenciado Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Muchas gracias por su intervención.
Con su venia, señor Presidente:
Usted hace una serie de cuestionamientos señor diputado, algunos, usted señala, que no son competencia directa de mi responsabilidad y a ellos pues, ciertamente no voy a darles respuesta. Déjeme entrar a los que sí son competencia del área de mi responsabilidad.
Pregunta usted por qué no tomamos en cuenta los desajustes del mercado de trabajo. Creo que ya mencioné que en el presupuesto para 1996 estamos incluyendo, como nunca se había hecho anteriormente, programas específicos para promover el empleo a través de estímulos fiscales y también a través del presupuesto de egresos estamos poniendo a consideración de ustedes recursos destinados a la capacitación, recursos destinados a la creación de empleos temporales, recursos destinados también a la creación de nuevos programas, como el programa de certificación laboral, que debe tener un impacto sobre la productividad en el largo plazo. De manera, señor diputado, que estamos comprometidos a impulsar tanto el empleo como aquellas partidas presupuestales que vayan directamente aplicadas a la creación de nuevos empleos.
En materia de atención a la pequeña empresa, bueno pues además de las medidas ya mencionadas en el ámbito tributario, se está buscando apoyar a la pequeña y mediana empresas a través de los programas destinados a proteger a aquellas que están excesivamente endeudadas a través del ADE, ya llevamos en el programa de atención a los deudores de la Banca un avance de 1995 en las cartas de intención firmadas y un avance superior al 75% de las reestructuraciones. Creo que las empresas pequeñas y medianas, las que usted señala, han sido las más directamente beneficiadas por este programa.
En materia de política financiera, se señala que hay que hacer algo respecto de los movimientos de capital de corto plazo que están desestabilizando al país y sugiere usted la posibilidad de poner un impuesto, como se ha hecho en otros países, como Chile y como Colombia. Yo aquí le respondería, señor diputado, que ni Chile ni Colombia tienen flujos comerciales y financieros con el exterior del orden de los que los tiene México, México este año va a tener flujos comerciales con el exterior superiores a los 150 mil millones de dólares, tenemos una frontera de 3 mil kilómetros con los Estados Unidos, los controles que funcionan en otros países, en el caso de México no necesariamente funcionan, yo creo, repito, para quitarnos la vulnerabilidad de los flujos de corto plazo, es imprescindible fortalecer el ahorro nacional; para 1996 tendremos finanzas públicas equilibradas, nos habremos quitado el problema de los créditos de corto plazo, habremos pagado los Tesobonos y estaremos en una posición mucho más fuerte para que los flujos de corto plazo no tengan los efectos desestabilizadores del pasado.
En materia de política social, diputado, este presupuesto contempla acciones en distintos ámbitos que van mucho más allá de lo que se hizo el año pasado o de lo que se está haciendo durante el presente año, en los programas que influyen de manera directa en el bienestar de la población, me permito comentar, señor diputado, que no obstante la reducción del gasto público, se incrementaron los programas de gasto social en 2.5% en términos reales.
Déjeme darle algunos ejemplos concretos; los desayunos escolares para los niños pasaron de 1 millón 500 mil a 1 millón 750 mil en este ejercicio, es decir, en 20% más. El DIF ha otorgado 1 millón 224 mil despensas mensualmente a familias de escasos recursos. Se aumentó a 2.8 millones el número de familias de escasos recursos que fueron apoyados a través del Programa de Subsidio al Consumo de Tortilla y el Programa de Abasto de Liconsa incrementó su cobertura a casi 30 millones de personas en el medio rural. Se construyeron más de 21 mil nuevos salones y talleres para atender a una mayor población en las escuelas públicas. A través de la Conace se enfocan a las comunidades más apartadas y se está atendiendo un número mayor de comunidades con un presupuesto superior en 15% en términos reales; el Conacyt está incrementando de manera muy importante el número de becas.
En materia de gasto de salud, para 1996 se está proponiendo incrementar de manera muy importante la cobertura del paquete de salud básica, la meta para el año 2000 es que toda la población, o sea los 10 millones de mexicanos que hoy no tienen atención de salud por ninguna de las instituciones existentes, sea cubierto íntegramente, para 1996 estamos proponiendo que se haga un avance del 30% en este objetivo, esto es, que cobramos a 3 millones de mexicanos que hoy no tienen ningún servicio de salud. De manera diputado y le puedo seguir dando ejemplos puntualmente que si de algo está consciente este Gobierno es de su responsabilidad en el ámbito social y a pesar de la estrechez presupuestal, a pesar de que está cayendo el gasto global del Gobierno, se están incrementando los recursos justamente en los reclamos que acaba de hacer usted en materia social y que son compromisos que han sido adoptados también por el Presidente de la República.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra por tres minutos para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Oscar Levín Coppel.
El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel (desde su curul):
Señor secretario, la política de contención que llevamos a cabo en este año, se vuelve hoy en un cambio importante de política económica a una política económica de recuperación de crecimiento. Esta política de recuperación de crecimiento es resultado y quiero que quede claro acá, de una posición muy clara de los diputados de mi fracción y de otras fracciones, tengo que reconocerlo, para no haber aceptado bajo ninguna circunstancia aumentos de impuestos que lastimaran más a nuestro pueblo y así también decidimos los diputados del PRI apoyar con toda fortaleza el modelo económico para salir de la crisis que el presidente Zedillo nos presentó, veo con gusto que hay en su emoción ganas de rectificación, de variar la política económica a una política económica que le responda a las necesidades del pueblo de México.
Quiero decirle y esto es un asunto muy importante para nosotros, que nosotros sentimos que debe haber cambios en los acentos; que tiene que ser el modelo mexicano más heterodoxo y más gradualista; que muchos de los cambios que hemos hecho, tenemos mucho que aprender de las experiencias de otros países que lo hicieron con menos violencia que lo hicimos nosotros. Muchos países de América Latina, de Europa Oriental y en general de todo el orbe, han logrado más espacio en los organismos internacionales que el que hemos logrado nosotros.
Le queremos decir señor secretario de Hacienda, que su partido le exige una política económica que vaya enderezada a atender los problemas sociales fundamentales, no de asistencialismo social; una política de desarrollo social; que genere lo que los mexicanos quieren, que es fundamentalmente ocupación y empleo digno. El presupuesto va en la dirección correcta, hay un esfuerzo muy claro y un compromiso del presidente Zedillo; los priístas vamos a estar con usted, lo vamos a apoyar, pero vamos a ser exigentes y vamos a ser muy exigentes de que tengamos cumplimiento con el pueblo, debemos tener tranquilidad y coordinación; en este caso la diputación priísta se pronuncia a favor de este cambio en la política económica y a que esos acentos en esta misma sean pronunciados en un definitivo alivio para el pueblo de México en materia de ocupación, salarios y justicia social.
Por sus comentarios, muchas gracias señor secretario.
El Presidente:
Tiene la palabra el ciudadano Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Muchas gracias diputado Oscar Levín:
Creo, señor diputado, que el Gobierno comparte plenamente el sentimiento que usted ha expresado en cuanto a poner un acento distinto a la política económica; quiero mencionar que esta política de contención como usted la llamó, era indispensable aplicarla en el año 1995, creo que se nos olvida porque han pasado ya algunos meses, el peligro en que el país estuvo a principios de este año. No es exagerado afirmar que estuvimos al borde de un colapso económico y financiero si hubiéramos tenido la necesidad de entrar a un proceso de moratoria, si hubiéramos tenido necesidad de entrar a un proceso de suspensión de pagos, si no hubiéramos podido negociar el cumplimiento de las obligaciones del país, si hubiéramos tenido que entrar a un proceso de control de cambios y de restricción de nuestro comercio. El desempleo que hoy estamos viviendo, la contracción salarial que se ha dado, la baja en el nivel de vida de los mexicanos, hubiera sido mucho más cruenta. Es por ello, diputado, que habiendo pasado esta etapa en que teníamos que buscar a toda costa no entrar en una situación que nos pusiera al borde de un colapso financiero, estamos ahora en posibilidad, ya corregidos algunos de los desequilibrios más importantes, de proponer una estrategia de crecimiento y de proponer una estrategia de atención social y una estrategia que vaya realmente al fondo de los desequilibrios tan lacerantes que está viviendo el pueblo de México.
En ese sentido, el programa que se está proponiendo para el año 1996 es un primer paso.
Estamos convencidos además, y éste es un aspecto de una pregunta que no contesté anteriormente, que el crecimiento económico previsto para el año 1996, a pesar de las circunstancias de hoy, a pesar de las circunstancias de la tasa de interés, a pesar de la circunstancia del tipo de cambio, es un piso. Estamos seguros de que para el segundo semestre del año que entra, estaremos creciendo a tasas mucho más elevadas que el 3%.
Creo que estaremos entonces en mucho mejores posibilidades de impulsar los objetivos del desarrollo nacional. El compromiso del Presidente de la República, el compromiso del Gobierno, es un compromiso con el crecimiento, es un compromiso con el empleo, es un compromiso con la eliminación de la pobreza extrema y es un compromiso también de abatimento gradual pero consistente los desequilibrios sociales con los que nos encontramos.
Pero no nos podemos brincar etapas, señor diputado. Teníamos primero que buscar, contener, repito y conjurar el problema de la insolvencia, el problema que nos hubiera causado el tener que irnos a una moratoria, el problema que hubiera significado un desempleo mucho mayor y una baja en el nivel de vida mucho peor de la que hoy estamos viviendo, que de por sí es una situación muy apremiante y muy dolorosa para todos los mexicanos.
En resumen, diputado, este presupuesto es un presupuesto de crecimiento y es un presupuesto de aliento y es un presupuesto que busca iniciar decididamente la corrección de las desigualdades sociales que usted señala.
Muchas gracias.
El Presidente:
Se ha inscrito para hacer uso de la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Una breve aclaración antes: los cinco ciudadanos que actuamos juntos y agrupados en nuestros trabajos legislativos, lo hacemos en el ejercicio de los derechos de libre asociación que nos concede la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo mi intervención es avalada y por tanto a nombre de cinco diputados integrantes de esta LVI Legislatura.
Señor secretario: en las diversas ocasiones en que usted ha explicado los motivos de la crisis económica que se desencadenó en diciembre del año pasado, ha señalado reiteradamente que el retiro de capitales externos fue la causa fundamental que la propició. En su intervención incluso del pasado día martes, lo volvió a reafirmar.
No se ha hecho, en nuestra opinión, una valoración crítica del modelo económico que se aplica en nuestro país. Sin embargo, señor secretario, en la gráfica que mostramos aquí y que desde luego usted conoce porque le he pedido a la Secretaría que se la proporcione, una copia de la misma, se muestra la evolución histórica...
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
No me la han proporcionado.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Aquí se la proporciono yo. Sin embargo, señor secretario, en la gráfica que mostramos aquí y que desde luego usted conoce, se muestra la evolución histórica de las tasas de crecimiento del producto interno bruto desde 1935 hasta la fecha.
Como observamos, las tasas anualizadas promedio de crecimiento fueron las siguientes: de 1935 a 1940, periodo del presidente Lázaro Cárdenas, se creció a un 5% en promedio.
Durante el periodo del presidente Avila Camacho se obtuvo un 7.1% de crecimiento anualizado promedio; con Miguel Alemán Valdés 6.6%; con Adolfo Ruiz Cortines 7.5%; con el presidente López Mateos 7.9%; con Díaz Ordaz 8.1%; con Luis Echeverría 7.2%; con López Portillo 7%.
A partir de la aplicación del actual modelo económico bajó a 1.1% en el periodo de Miguel de la Madrid; 2.9% con Salinas de Gortari y la estimación de organismos internacionales para el periodo del presidente Zedillo es de 1.8%.
Hago la aclaración enfática de que no planteo ni mucho menos, regresar al anterior modelo, éste se agotó y dejó graves secuelas de endeudamiento, pero el hecho es claro, antes siquiera crecíamos. En 13 años el actual modelo no ha demostrado ni siquiera podernos ubicar en las tasas históricas de crecimiento que el modelo histórico de la Revolución Mexicana logró para nuestro país.
El promedio de creación de empleos entre 1970 y 1982 fue aproximadamente de 710 mil empleos al año; entre 1982 y 1994 sólo se han creado 118 mil empleos por año.
En cuanto al poder adquisitivo de los salarios, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el INEGI calculan que a pesos constantes de 1978, los salarios han perdido la mitad de su poder de compra. Por lo tanto, este modelo no se caracteriza por apoyar ni mucho menos el poder adquisitivo del salario.
En cuanto a pesos se refiere, sólo tuvimos un año de conquista en la inflación de un dígito, pero en 1995 estamos de nuevo en el 50% de inflación.
En lo que al desequilibrio externo se refiere, basta ver el déficit de la balanza comercial y el saldo en cuenta corriente para constatar que el actual modelo ha hecho aumentar el desequilibrio con el exterior.
Compañeros diputados, señor secretario, cuando el presidente Zedillo llegue a la mitad de su mandato el producto interno bruto se encontrará, en el mejor de los casos, 3% abajo de como él lo recibió. Según las metas económicas presentadas por usted para 1996, después de la caída de casi 6% del PIB, creceremos un 3% en el próximo año; sin embargo, el costo de la deuda, del pago de la deuda, será del orden del 4% del PIB o sea, será mayor la transferencia de recursos netos al exterior que el crecimiento de nuestra economía.
¿Por qué entonces, doctor Ortiz, negarse a hacer una revisión del modelo? ¿Por qué empecinarse en ese modelo cuando no satisface las demandas de crecimiento del PIB, cuando no crea suficientes empleos, cuando no restituye el poder adquisitivo de los salarios, cuando sigue propiciando el desequilibrio externo? ¿Por qué continuar ortodoxos e inalterables cuando este modelo económico no sirve cabalmente a los factores de la producción, cuando lo mismo se quejan de él empresarios, empleados, trabajadores y sobre todo las amas de casa? ¿Por qué, señor secretario, no revisar y cambiar críticamente de modelo, si el actual ha mostrado que sus leves ventajas y lo que obtiene en crecimiento lo pierde en la ya clásica crisis sexenal y además de acuerdo a los resultados electorales del pasado domingo, el más afectado por ese modelo es su propio partido.
Esa es la primera parte de mi pregunta.
La segunda, ¿cómo se le quitará, qué se hará para quitarle la vulnerabilidad a nuestra economía?, porque, señor secretario, compañeros diputados, en tanto Israel no cae en colapso económico y financiero a raíz del lamentable crimen de su primer ministro, Yitzhak Rabín, en México basta un burdo rumor para afectar seriamente la estabilidad financiera y la estabilidad económica.
Por ello, señor secretario, ¿cómo entonces sentará esta enorme vulnerabilidad que tiene y caracteriza a nuestra economía.
Como de antemano sé que cuando se critica al modelo económico, se suele responder que sólo se critica y no hay propuestas alternativas, le haré entrega de siete medidas que pueden ser ampliamente debatidas.
La pregunta última, señor secretario, es: ¿Se tomarán en cuenta ahora sí las propuestas de diversos sectores sociales y económicos que nuestro país ha hecho en muy diversas ocasiones que hasta ahora, en mi opinión, en nuestra opinión, no han sido tomadas en consideración.
Por su respuestas de antemano, señor secretario, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el licenciado Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señor Presidente:
Muchas gracias por su pregunta, diputado Tonatiuh Bravo.
Nos presenta usted con una gráfica muy interesante, una gráfica muy ilustrativa, en la que se muestra cuál es el promedio de crecimiento en diversas administraciones, en los últimos años, en las últimas décadas en nuestro país y de ahí concluye usted que a partir de la aplicación del "llamado nuevo modelo económico", pues se ha reducido la tasa de crecimiento del país y además hace usted una proyección que va un poco más allá del arrojo con que algunos economistas hacen proyecciones, porque usted está proyectando ya cuál va a ser el crecimiento promedio para todo el sexenio. Esto, dice usted, que es estimación de organismos internacionales, en fin, creo que también afirmación de que a mediados del sexenio, el producto interno bruto será todavía 3% menor al que existía cuando el presidente Zedillo tomó las riendas del poder, creo que también constituye una proyección yo diría un tanto valiente o arrojada por su parte.
Creo que si analizamos con un poco más de cuidado el cuadro que usted nos presenta, es evidente que si bien durante el sexenio del presidente López Portillo, de 1977 a 1982, el crecimiento promedio fue muy alto, pues fue en esos años cuando se gestó pues el desequilibrio en las cuentas externas y también la situación de endeudamiento del exterior, basado entonces en nuestra riqueza petrolera y en supuestos de crecimiento del peso y del petróleo, pues que llegaron al colapso financiero de 1982 y a la necesidad de realizar pues un periodo de ajuste largo en los años ochenta, mientras que se pudo hacer una renegociación de la deuda externa y reducir las transferencias del país al exterior.
De manera que creo que debemos también utilizar estos datos con algún cuidado, porque llevar a la conclusión de que el llamado modelo actual, que habría que precisar más cuáles son las características del mismo, ha fracaso basado en estas cifras, pues es una interpretación que debe hacerse con mayor cuidado, señor diputado.
Creo que algo que hemos observado en el mundo en los últimos años y particularmente en la última década, es un proceso continuo de globalización. Yo le diría interpretando estas gráficas, señor diputado, que lo que ocurrió es que el haber mantenido durante tantos años un modelo de economía cerrada, un modelo de intervención o de participación creciente del Estado, un modelo de sobrerregulación económica, un modelo en que se le cerraron espacios a la sociedad civil y a la iniciativa privada, el cambio de esa situación para llegar a otra, en la que pudiéramos integrarnos a una corriente, que ya era una corriente, yo diría, muy difícil de sustraerse a ella, que es la globalización económica y que la hemos visto en todas partes del mundo, eso justamente, ese proceso de adaptarnos ha sido lo que ha provocado los traumas que se reflejan en esta gráfica.
Cierto también que se aplicaron en años anteriores y en sexenios anteriores, políticas económicas que si bien iban impulsando y avanzando hacia la globalización, no tuvieron en cuenta algunos desequilibrios que se produjeron de manera paralela a la misma.
De modo, diputado, que cuando usted dice que por qué no cambiar de modelo, yo creo que lo que estamos haciendo, como mencioné anteriormente, es cambiando el énfasis de la política.
Creo que como mencioné en respuesta a la pregunta que formuló el diputado Oscar Levín, ahora que hemos ya corregido los desequilibrios fundamentales que tuvimos que enfrentar a principios de año, pues estamos en condiciones de proponer una estrategia de crecimiento. De manera, diputado, que este pronóstico de crecimiento que usted hace para el sexenio del presidente Zedillo, yo espero y estoy convencido pues que es un pronóstico que se va a quedar corto.
Yo creo y estoy convencido también de que a mediados ya del próximo año, estaremos viendo un crecimiento realmente vigoroso, para entrar a partir de 1997 en una situación totalmente distinta, no sólo la que vivimos este año y el pasado, sino las que se vivieron en los sexenios anteriores y en los que el crecimiento fue claramente insuficiente.
Habla usted de la vulnerabilidad, diputado, yo coincido con usted, como lo he hecho con algunos de los compañeros que han hablado anteriormente, en que es indispensable, en que es fundamental reducir esta vulnerabilidad a los capitales de corto plazo.
Y repito, la mejor manera de hacerlo, es fortalecernos. ¿Fortalecernos cómo? Bueno, disminuir nuestra dependencia del ahorro externo y sobre todo disminuir nuestra dependencia del ahorro de corto plazo.
Ya se me acabó el tiempo, pero quisiera reiterarle, que estamos totalmente abiertos, señor diputado, a discutir, estamos totalmente abiertos a analizar las propuestas que usted menciona, las propuestas que también otros diputados de diversos partidos han puesto sobre la mesa, para darle una orientación a esta economía, que realmente redunde en un proceso de crecimiento sostenido y que busca amainar las desigualdades sociales que nos laceran a todos.
Muchas gracias.
El Presidente:
También se ha inscrito el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Señor Presidente:
señoras y señores diputados:
El secretario ha dicho aquí cuatro veces que se le acabó el tiempo. Yo pienso que se le acabó la razón y la argumentación. Acaba de hacer pronósticos; viniendo de él, cuando ninguna predicción suya se cumple, tenemos temores muy fundados del hundimiento de la economía. El y el equipo hacendario nos hablaron hace un año aquí de un crecimiento del 4% y de una inflación de sólo cuatro puntos. La caída será de 6% en el PIB y la inflación del 50%, aproximadamente.
Bajo la égida del secretario se engendró el AUSEE, que naufragó en tres semanas; el PARAUSEE que periclitó en dos semanas; el PND y el ARE, que resultaron criaturas nonatas. Pero nos dice el secretario que todo eso se debe a la maldad de aquellos que reparten en las redacciones boletines de prensa o que desde el exterior fabrican infundios. Mi pregunta, señor secretario, es ¿quién es el autor de los infundios? ¿Va demandar Hacienda al Dow Jones? ¿Va a demandar acaso a Carlos Salinas, consejero del Wall Street copropietario del mismo o "Chairman of the board", Peter Kann o al responsable editorial Robert Bartley.
Dice el secretario, nuevamente, que la vía es la correcta. Sustenta su antigua tesis: no hay de otra. Nosotros hemos expuesto en esta tribuna la proposición de la fracción Social Demócrata denominada el Contraplán, es el plan Social Demócrata de desarrollo horizonte2000. Le haremos entrega, señor secretario, al término de esta sesión, del documento y le informamos que el día de ayer presentamos una iniciativa de ley que es parte de ese plan, es una ley de control de cambios. Visto que todo el recetario monetarista que usted ha venido aplicando naufragó y fracasó, la propuesta Social Demócrata tiene hoy por lo menos el beneficio de la duda, porque cada vez que usted eleva la tasa de interés, los dólares se fugan con mayor rapidez.
La propuesta del Contraplán, señor secretario, habla de la moratoria, visto que su intentona de pagatoria tampoco ha dado resultados. Resultó una tomadura de pelo su pago por adelantado; al 31 de octubre usted debió pagar 2 mil millones de dólares, sólo abonó 700 y pidió tregua a los acreedores sobre la diferencia; el Contraplan plantea, señor secretario, la reforma fiscal integral y la intervención directa de la sociedad en la economía.
Nuestra segunda pregunta, señor secretario es: ¿qué andan haciendo en su antesala los señores Ewart Williams, Claudio Loser, Peter Allum, Alfredo Leone, Lorenzo Figlindi, Fritz Krockow. ¿Se trata acaso de caballeros que vienen a hacer turismo o son los nuevos interventores del departamento del tesoro sobre nuestra economía.
Señor secretario: al 10 de noviembre el Banco de México le había prestado a los 18 banqueros de nuevo cuño, 20 mil millones de dólares, más de tres veces el capital social de todos ellos y le debe al exterior (el Banco de México), fondo monetario y otras autoridades, 21 mil millones de dólares, cuatro tantos el capital social del banco.
Nosotros nos preguntamos, señor secretario, ¿cómo se ha llegado a semejante aberración?; ¿cómo se han violado todas las reglas bancarias y del sentido común?; ¿cómo esta banca que según el decálogo que elaboró el jefe del comité de desincorporación bancaria, un señor Guillermo Ortiz, el 24 de septiembre del 1990, creo que no es un homónimo, es usted mismo, un decálogo que decía que había que venderle los bancos a gente con aptitud y calidad moral.
Yo me pregunto ¿Quién investigó la calidad moral de Marisca, de Cabal, de Isidoro Rodríguez y otros gangsters de cuello blanco? En su decálogo también dijo que se aseguraría que la banca sería controlada por mexicanos y yo me pregunto ¿Quién autorizó, sino la Secretaría de Hacienda, que el Probursa pase a manos extranjeras, al Banco de Bilbao y Vizcaya? ¿Que Bital esté a punto de pasar a manos del Banco Hispano Portugués y que Inverlat al Banco de Nueva Escocia.
Señor secretario, usted tiene un raro poder, cuando habla hace temblar a la planta productiva; quiebra las empresas; cuando habla se desploman los mercados financieros; cae el peso; sube el dólar; se eleva la tasa de interés.
Desde luego no quisiera yo verlo mudo señor secretario. Pero nos preguntamos ¿Quién tiene la razón? Si está usted en el error o está la realidad equivocada. Creemos honestamente que 90 millones de mexicanos ya dieron su veredicto.
Con tan pobre desempeño señor secretario, esta fracción Social Demócrata se pregunta: ¿Por qué se aferra usted al cargo? ¿acaso no tiene usted dignidad para presentar una renuncia honorable, vista la impotencia de su acción? Señor secretario, tiene usted salidas dignas: o la academia o el exterior. En la academia usted podría seguir los pasos de su maestro Pedro.
En el exterior los de su antiguo compañero de escuela José, allá en Washington o los de su antiguo jefe Carlos un poco más allá, en la ciudad de Montreal.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el licenciado Guillermo Ortiz Martínez, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para responder.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, Secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señor Presidente; muchas gracias por sus preguntas, señor diputado Sánchez Aguilar.
Creo que las respuestas que voy a dar tocan los diversos puntos que usted mencionó: en primer lugar, pregunta usted quién es el autor de la especulación o de los infundios, a quién vamos a demandar. Y también propone usted un plan del Partido Social Demócrata, que propone entre otras cosas un control de cambios, la moratoria y una reforma fiscal integral, la cual usted no especificó, pero supongo que esta propuesta la tiene bien meditada.
Así que déjeme hacer algunos comentarios sobre estos primeros temas. En relación con los movimientos de capital de corto plazo; en relación con los movimientos especulativos, quisiera decirle que en los países en los que hay libre movilidad de capitales, como es el caso de México y de la mayor parte de los países del mundo, las transacciones que se realizan en los mercados financieros, se hacen a través de instituciones, de instituciones bancarias, de instituciones financieras que hacen estos movimientos o bien por cuenta propia o bien por cuenta de clientes, por cuenta de terceros.
En ningún caso y en ningún país esos movimientos se registran a nivel nominal. Hay acuerdos y hay disposiciones de confidencialidad que hacen muy difícil el poder detectar exactamente de dónde vienen o quién hace la transacción, a menos de que se sospeche de operaciones ilícitas tipo lavado de dinero. Es por ello, señor diputado, que resulta extremadamente difícil el poder localizar y el poder precisar quiénes son los autores de los rumores que se benefician directamente con la volatilidad de los mercados financieros y con los problemas que éstos acarrean para toda la sociedad y para los países que son víctimas de esos ataques. México no es un caso único ni es un caso exclusivo. Hemos visto en años anteriores cómo han sido víctimas de ataques especulativos, países que tienen una condición mucho menos frágil y monedas mucho más fuertes que la de México.
De manera que las soluciones que usted propone para poder contrarrestar esta vulnerabilidad, que trata sobre la parte de control de cambios, moratoria y de reforma fiscal integral, yo creo, señor diputado, que de aplicarse este programa lo que ocurriría en el país sería una situación mucho más difícil, una situación mucho más complicada y una situación mucho más caótica de lo que jamás hemos visto.
Dice usted que el control de cambios es una alternativa. El control de cambios, señor diputado, ya se ensayó en este país en 1982. Duró tres meses el control integral de cambios; con una frontera de 3 mil 000 kilómetros, con literalmente millones de cruces fronterizos todos los días, creo que sería prácticamente imposible, como ya se demostró cuando se intentó aplicar, que cualquier forma de control de cambios pudiera ser efectiva. Quizá, valdría la pena, señor diputado, que se revisara con cuidado esa experiencia histórica que no ocurrió en otro país, que no ocurrió en Europa, que no ocurrió en América del Sur; que ocurrió en México. Se intentó y no se pudo sostener. Creo que es la mejor prueba de que esta propuesta simplemente en un país como el nuestro, no funciona.
La moratoria, señor diputado: creo que la moratoria tendría consecuencias, como lo hemos dicho, verdaderamente funestas para nuestro país, porque no solamente el Gobierno deje de pagar. Eso no es lo que implica solamente la moratoria. Los mercados evidentemente se contaminarían; si dejamos de pagar obligaciones de deuda pública, el sector privado y las empresas no podrían ya financiarse afuera, porque toda la deuda tanto del sector público como del sector privado, la deuda de las empresas, sería automáticamente degradada; se exigiría el pago de las obligaciones y no solamente interrumpiríamos los flujos financieros, sino también los flujos de comercio. Yo quisiera recordarle como en los años ochenta tuvimos problemas, incluso de abasto en algunas épocas, de abasto de insumos importantes, de insumos esenciales que se empleaban en procesos productivos y eso qué. El control de cambios duró tres meses y después se implementó una versión mucho más moderada, mucho más suave, digamos, del control de cambios. De manera que estas soluciones que usted propone, con todo respeto, señor diputado, creo que pondrían al país en una situación mucho más difícil.
Pregunta usted quiénes son los señores Loser, Heber, en fin, una serie de nombres que usted dio y pregunta usted si son los interventores del tesoro de los Estados Unidos, que están en nuestro país para revisar el problema económico. Yo le digo que no son representantes del tesoro, esa gente que usted mencionó, señor diputado, son integrantes de una misión del Fondo Monetario Internacional, que está en México haciendo una revisión rutinaria, como está establecido en los convenios que hemos firmado sobre la marcha y la evaluación de la economía mexicana.
Tampoco son interventores, señor diputado, porque el programa que se está proponiendo hoy a esta soberanía, acuérdese usted que las bases se dieron a conocer hace algunas semanas, cuando se firmó el Acuerdo para Recuperación Económica. Y entonces estos señores no habían llegado.
Por otra parte, se está presentando un presupuesto a ustedes para su consideración, que no tiene todavía el visto bueno del Fondo Monetario Internacional; que no está sujeto tampoco a que se apruebe o no por esa institución, es un programa que está diseñado por el Gobierno de México y que está propuesto a la consideración de esta soberanía, con independencia de lo que pueda o no opinar el fondo monetario. De manera que estos señores no vienen de la tesorería.
En tercer lugar, señor diputado está usted equivocado en cuanto a las cifras. Menciona usted que se han prestado por parte del Banco de México 20 mil millones de dólares a los banqueros. Esa cifra está equivocada, señor diputado. La cifra correspondiente se encuentra en el documento de criterios de política económica.
En cuanto al decálogo, señor diputado, que usted menciona y que me atribuye a mi, no fue dicho por el entonces, presidente del comité de desincorporación bancaria. Yo quisiera recordarle, además, que la forma como se realizó la desincorporación de los bancos fue a través de un cuerpo colegiado en el que participaron distintas personas, tanto del Gobierno como fuera de él.
Desde luego y en retrospectiva, es evidente que hubo fallas y que algunas de las personas que finalmente compraron bancos, pues resultaron personas que no debieron haber estado ahí, en primer lugar.
Finalmente, señor diputado, en cuanto se presenten las condiciones apropiadas, pues podremos consultar a su partido, señor diputado, para ver qué otras son las propuestas que se están pretendiendo llevar a cabo. Hemos manifestado nuestra disposición al diálogo, nuestra disposición a recibir propuestas por parte de los distintos partidos. Ya nos ha adelantado, usted, señor diputado, algunas de las suyas; que creo que llevarían a este país a un verdadero caos. Espero que las próximas que usted presente, señor diputado, las haya meditado un poco más detenidamente.
Muchas gracias.
El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):
¡Señor Presidente:
El Presidente:
No hay derecho a réplica de su parte.
El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):
¡Quiero que me diga qué instancia se niega a otorgarme el derecho de réplica:
El Presidente:
Se ha inscrito para hacer uso de la palabra el diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.
El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):
¡Señor Presidente: quiero que me diga qué instancia se niega a otorgarme el derecho de réplica:
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.
El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul): ¡Quien tomó la decisión..:
El Presidente:
Diputado Víctor Hugo Islas, tiene uso de la palabra. Vamos a escuchar... ¡Permítame, señor diputado Sánchez Aguilar:
El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):
¡Aquí tengo el reporte de que son 123 mil millones de nuevos pesos a la..:
El diputado Miguel Angel Islas Chío (desde su curul):
Señor Presidente, quisiera recordar que para normar esta comparecencia hay un acuerdo parlamentario previo, debemos sujetarnos a él.
Por otra parte, con la apertura con que trabajamos en esta Cámara y en una interpretación flexible al reglamento, hemos convenido la participación del señor diputado Sánchez Aguilar. En base a ello yo solamente le pido, señor Presidente, continuar con el orden ya establecido en ese acuerdo parlamentario.
El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):
¡Con todo respeto diputado, ese acuerdo que usted señala seguramente emana de una comisión de concertación y que se reúne a espaldas de la plenaria:
El diputado Miguel Angel Islas Chío (desde su curul):
¡No compañero, emana del artículo 45 de la Ley Orgánica, que señala que éstas estarán reguladas, las sesiones, por un acuerdo parlamentario entre las fracciones!
El Presidente:
¡Moción de orden:
El diputado Miguel Angel Islas Chío (desde su curul):
¡Continúe, señor Presidente!... ¡Señor Presidente, en esa moción le pedimos continuar con el orden establecido en este acuerdo parlamentario:
El Presidente:
El diputado Ramón Sosamontes tiene el uso de la palabra, para hacer una moción.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro (desde su curul):
Con todo respeto, señor Presidente y en uso de sus atribuciones y por el bien de la comparecencia, nosotros le propondríamos que le dieran derecho a réplica al diputado Luis Sánchez Aguilar. Vamos bien, hay que seguir bien. Tenemos derecho a hablar, contestar y debatir.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Que formule el diputado Luis Sánchez Aguilar la pregunta.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Pregunto, ¿sí hay sonido.
Muy bien. El señor secretario ha tenido el atrevimiento de decir que el Banco de México no le ha prestado a los banqueros de nuevo cuño 20 mil millones de dólares. Tenemos a la vista el balance del Banco de México, cifras oficiales al 10 de noviembre: "el crédito a los intermediarios financieros asciende a 123 mil 091 millones de nuevos pesos"; eso a una tasa barata son 20 mil millones de dólares. La pregunta es: ¿Cómo es posible que se preste tres veces el capital social de todos los banqueros privados, que sólo asciende a 6 mil millones de dólares.
Segundo. ¿Cómo es posible, balance del Banco de México, que se le deba al fondo monetario, a autoridades financieras del extranjero 124 mil 809 millones de nuevos pesos, a tasa barata 21 mil millones de dólares, equivalentes a cuatro tantos, cuatro veces el capital contable del Banco de México? ¡Esto va en contra de toda norma bancaria, sobre todo en el caso de los bancos mexicanos, cuando sabido es que están todos quebrados, cuando sabido es que no otorgaron garantías reales!
Y respecto del control de cambio, señor secretario, el hecho de que no haya funcionado con aquella administración corrupta 19761982, no quiere decir que sea una vía que deba ser cancelada, lo que debió hacerse en aquella época era haber aplicado la ley y haber encarcelado a los contrabandistas de divisas, a los que violaron el decreto de control cambiario.
El Presidente:
Señor, licenciado Guillermo Ortiz Martínez ¿desea usted hacer uso de la palabra.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, Secretario de Hacienda y Crédito Público:
Sí, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el licenciado Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, Secretario de Hacienda y Crédito Público:
Hay dos preguntas muy puntuales, por parte del diputado Sánchez Aguilar; la primera es, la referida al balance del Banco de México en donde hay una cifra del activo que se denomina créditos a intermediarios financieros. Evidentemente el Banco de México, señor diputado, opera no desde ahora, opera desde siempre con los intermediarios financieros y esta cifra que usted menciona es simplemente el reflejo de la operación normal del Banco de México con los intermediarios; el Banco de México tiene dos funciones, la primera es o era anteriormente hasta antes de la reforma constitucional el operar, el darle crédito al Gobierno Federal.
A partir de la reforma constitucional de 1992, el Banco de México ya no está en posibilidad de otorgar crédito al Gobierno Federal, antes se hacia a través sobre todo, del mecanismo del encaje legal que se imponía a la banca comercial. ahora la operación del Gobierno Federal, del Banco de México, se reduce a una operación de tesorería, de manera que toda la operación que antes se realizaba con el Gobierno Federal ahora se hace a través de los intermediarios financieros, ésta es una operación totalmente normal, señor diputado.
La cifra a la que yo pensé que usted se refería era al crédito que se daba a través de Fobraproa o sea a través de los programas de capitalización temporal a los bancos, porque usted mencionó que cómo es posible que se le preste a los intermediarios esta cifra si están en una situación digamos de insuficiencia de capital; para ello se había establecido un programa en el Fobaproa, Programa de Capitalización Temporal llamado Procapte en que se les llegaron a prestar a los bancos aproximadamente unos 7 mil millones de dólares, digo de pesos, perdón, 7 mil millones de nuevos pesos y que a la fecha este saldo se ha reducido ya de manera considerable. De manera que el crédito otorgando digamos por operaciones especiales a los intermediarios financieros a través del programa de Procapte, es una cifra que era, repito, 7 mil 400 millones de pesos y que actualmente la última cifra no la tengo, es una cifra sustancialmente menor a la que le acabo de mencionar.
Lo que usted menciona es una cifra de operación normal con los intermediarios que viene desde hace mucho tiempo.
La otra pregunta específica señor diputado en relación a los créditos recibidos por el Fondo Monetario Internacional, es cierto que se han recibido créditos tanto del Fondo Monetario Internacional como por parte de la tesorería americana del orden de los 24 mil millones de dólares, o sea aproximadamente la mitad del fondo monetario, la mitad de la tesorería americana que se han utilizado para cubrir el monto total de los Tesobonos casi "el saldo de los Tesobonos que queda es de menos de 1 mil 500 millones de dólares que se han utilizado también para hacer pagos de corto plazo.
Déjenme hacer unas cuentas muy rápidas; hemos utilizado aproximadamente la mitad del paquete financiero, usted recuerda que el paquete total era del orden de los 50 mil millones de dólares, se han utilizado 24 mil 500 millones, se han amortizado alrededor de 27 mil 500 millones de dólares en Tesobonos, se han amortizado alrededor de 2 mil millones de dolares adicionales en créditos de corto plazo al Gobierno Federal y se han incrementado las reservas Internacionales en 8 mil millones.
Estas han sido las cuentas, sí, muy resumidas, de la utilización del paquete financiero.
Muchas gracias, señor diputado.
El Presidente:
Se ha inscrito para hacer uso de la palabra el diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.
Tiene la palabra el diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo:
Con el permiso de la Presidencia; señor secretario Ortiz; señoras, señores legisladores.
Se ha insistido en sostener un modelo económico ortodoxo como única alternativa viable para resolver la profunda crisis que agobia a la mayoría de los mexicanos. La aplicación de la política económica ha sido estricta y, diría yo, hasta inflexible, si somos sinceros debemos reconocer que no ha ofrecido resultados tangibles para la sociedad mexicana, hoy se resienten las alzas, alzas de precios y los mayores costos financieros por una turbulencia financiera que desde septiembre se ubica oficialmente como temporal.
Apoyado también en la gráfica que está aquí enfrente y que proporciono al ciudadano Secretario Ortiz, presento claramente cómo se han comportado algunas de las variables macroeconómicas desde que se dieron a conocer los criterios de política económica para 1995 en diciembre de 1994.
El producto interno bruto real se estableció en 4% en los criterios de política económica para 1995; en el marco del Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, el conocido como AUSEE, en enero de 1995 el PIB se fijó en 1.5%; meses más tarde, en marzo de 1995, dentro del Programa para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, el conocido como PARAUSEE, se estima que el PIB decrecería en 2% y el resultado esperado según las propias estimaciones oficiales, el PIB ha tenido un crecimiento negativo del 5.8%.
Hasta este momento, representa el 190% de diferencia en relación a lo pronosticado al principio de año. Por otro lado, la inflación se estimó en 4% en los criterios de política económica en aquél entonces, se modifica en el AUSEE en 19%; en el PARAUSEE se fija en 42% para fijarse y estimarse como resultado de plan de choque en 50% como se muestra en la gráfica, lo que representa en porcentaje un 19% de variación comparado con el PARAUSEE.
Para el caso de las tasas de interés, medidas en términos de los certificados de la Tesorería de la Federación, los Cetes, se fijaron en 11% en los criterios de política económica para el 1995, en 24% para el AUSEE, 40.3% en el PARAUSEE, para registrar el día de hoy una tasa de los certificados de la Tesorería de la Federación de 59.99%, significando esto una diferencia entre las metas y los resultados de casi un 50%.
Doctor Ortiz, con base en las cifras aquí presentadas, cabría formular las siguientes interrogantes:
1o. ¿En razón de qué los agentes económicos van a responder positivamente a las exhortaciones de confianza y a creer que el sostenimiento del programa económico que nos ha conducido a esta crisis ahora sí nos conducirá al crecimiento.
2o. ¿Por qué debemos creer en una conducción económica que primero ofreció sacar al país en cuatro meses; después a partir de septiembre y hoy sostiene que será en 1996? ¿Cómo van a confiar los responsables de la planta productiva nacional, los pequeños empresarios, los obreros, en fin, la población en su conjunto en un programa económico que promete un crecimiento para 1996 del 3% y una inflación del 20% para 1996, ya lo decía, cuando las proyecciones económicas que esa misma conducción económica hizo para 1995 se incumplieron rotundamente.
Por último ciudadano secretario Ortiz, preguntar si se tiene contemplado algún programa de contingencia, alguna red para soportar cualquier eventualidad como la que hemos vivido en estos últimos meses en la economía nacional.
Por su respuesta, de antemano muchas gracias ciudadano secretario.
El Presidente:
Señor licenciado Guillermo Ortiz Martínez, ¿desea usted hacer uso de la palabra.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Sí, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el licenciado Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortíz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Publico:
Con su venia, señor Presidente; señor diputado Torreblanca, muchas gracias por su pregunta.
Usted ha circulado una hoja con algunos indicadores económicos, en los cuales señala las diferencias entre lo proyectado a principios de este año, las revisiones que se hicieron en el mes de marzo y los resultados que se están obteniendo.
Yo diría que vamos a examinar estos resultados con un poco más de detenimiento, señor diputado.
En marzo, cuando se anunció el programa para superar la emergencia económica, se mencionó que los objetivos fundamentales del programa eran, primero, lograr un ajuste ordenado de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En segundo lugar estabilizar los mercados financieros; en tercer lugar contener los efectos inflacionarios de la devaluación y finalmente proteger a los sectores más desprotegidos de la población de los efectos de la recesión.
Yo le propongo, señor diputado, que vayamos viendo cada uno de los objetivos y en qué medida se han cumplido.
Creo que el objetivo de propiciar un ajuste ordenado de la cuenta corriente, no solamente se ha cumplido sino que se ha cumplido con creces. Hoy la cuenta corriente está prácticamente en equilibrio y ha sido sobre todo gracias al comportamiento de las exportaciones y no tanto a la caída de las importaciones, de manera que efectivamente la tasa de reducción del crecimiento económico para el año, ha sido mayor de la que se anticipaba en el mes de marzo. Esto es muy cierto. ¿Por qué, por qué ha sido mayor de la anticipada en el mes de marzo.
En primer lugar porque la corrección de la cuenta corriente se ha dado más rápido de lo que se pensaba, esto es la disminución del ingreso nacional adicional, proveniente del ahorro del exterior, se ha corregido de manera más rápida de lo que se habla anticipado.
Un segundo factor muy importante es la situación de los deudores, tanto de las empresas como de las familias. Es evidente que cuando las tasas de interés subieron a los niveles que llegaron y que desafortunadamente han repuntado en fechas recientes, el impacto sobre el consumo de las familias y sobre la inversión de las empresas, fue mucho mayor al que se estaba estimando originalmente, de manera que el crecimiento económico ha resultado todavía más negativo de lo que se pensaba entonces.
Sin embargo, si vemos el resto de los objetivos que se buscaron en aquel momento, como fue el contener las presiones inflacionarias, eso definitivamente se ha logrado. A partir del mes de abril en que la inflación fue del 8% hemos visto inflaciones decrecientes y en los últimos meses se han estabilizado alrededor del 2%, de manera que ese objetivo se logró aunque la inflación que resulte al final de año efectivamente va a estar por encima de la originalmente prevista.
Finalmente, en materia de proteger de los efectos de la crisis a los sectores más afectados, ya he mencionado anteriormente los programas que se han puesto en marcha, que han servido para generar este año 700 mil empleos adicionales y que han servido también para capacitar a 750 mil trabajadores, de manera que en cuanto a los objetivos sustantivos que se persiguieron a principio de año, yo diría que se han cumplido en su mayoría.
Cierto que la caída del producto ha sido mayor que la anticipada, pero también es cierto que la recuperación que se estuvo mencionando que llegaría todavía en este año se está dando.
Las cifras de empleo del Seguro Social que salieron en esta semana indican que durante el mes de octubre aumentó el empleo de asegurados permanentes en 74 mil trabajadores.
Ayer salió el indicador de desempleo por parte del INEGI, la tasa de desempleo abierto, que llegó a un máximo de 7.6% en el mes de julio y agosto, para septiembre cayó ya a 6.8%.
O sea, estamos viendo también indicadores adelantados en algunas industrias, como cemento, producción de acero para consumo nacional, producción de cerveza, automóviles etcétera, que ha habido ya ciertamente en los últimos meses se ha detenido la caída de la producción y estamos viendo un pequeño repunte. No quiero decir desde luego que esta recuperación se está produciendo de manera rápida y que tenemos ya la certeza de que se está dando un proceso de crecimiento otra vez; a lo que me refiero es que la recuperación y la economía, entendida ésta como que deje de caer la actividad económica y comencemos a ver indicadores positivos, ya se está dando.
Esa es la base, señor diputado, para poder proponer para el año 1996 un programa de crecimiento que estamos seguros va a dar resultado.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para la segunda ronda de preguntas por cinco minutos, con derecho a réplica por tres minutos, se han inscrito los siguientes diputados.
Serafín Nuñez Ramos, por el Partido del Trabajo; Raúl Livas Vera, por el Partido de la Revolución Democrática; Marcos Efrén Parra Gómez, por el Partido Acción Nacional; Dulce María Sauri Riancho, por el Partido Revolucionario Institucional.
En lugar de Serafín Núñez Ramos participa y tiene el uso de la palabra el diputado Joaquín Vela González.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
Hay un tema en lo referente a la política de ingresos, que es particularmente importante porque tiene qué ver directamente con las condiciones de vida de la población.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se realiza una proyección que genera una reducción relativa del peso del impuesto a la renta muy grande que lleva su participación. El impuesto a la renta, junto con el Impuesto a los activos, apenas en la propuesta llega a un 16.7% de los ingresos federales totales y a un poco más de 4% del PIB o sea, a magnitudes que contrastan agudamente con lo que existía a comienzos de la década, cuando alcanzaban a cerca del 25% de los ingresos totales.
O sea, el impuesto sobre la renta señalo que ahora en la propuesta apenas llega a un 16.7%, cuando a principios de la década llegaba a 25, y apenas representa cerca del 4% del PIB, cuando representaba cerca del 6%. O sea que hay una disminución sensible relativa del impuesto directo para privilegiar el incremento de impuestos indirectos.
La información suministrada por el Gobierno no permite establecer qué parte de la reducción corresponde a los distintos tipos de contribuyentes, aunque cabe suponer, por la propia argumentación que se nos presenta, que vincula el hecho a la necesidad de desgravar a la empresa mexicana para ayudarla a revertir la crisis e incrementar la inversión de capital, que la parte principal de la reducción de la carga fiscal reposa sobre las sociedades mercantiles.
Sin embargo, el peso de las sociedades mercantiles en la contribución al impuesto a la renta, es relativamente reducida en México, de la misma manera que también lo es el de los grandes contribuyentes personales.
Esto surge del hecho de que más del 60%, alrededor del 62% del pago del impuesto sobre la renta, es a los llamados causantes cautivos, es decir, a los trabajadores que no tienen otra alternativa en la medida que les es descontado de su salario el pago del impuesto.
Esto representa cerca del 62%, esta es la parte, entonces, es una parte muy pequeña la que terminan pagando, digamos, como impuesto los grandes contribuyentes y las sociedades mercantiles.
Al considerar estas cuestiones, debe tenerse en cuenta que la situación económica de la empresa mexicana está lejos de ser uniforme, por lo que no puede ser considerada con el mismo patrón.
Mientras la gran masa de la pequeña y mediana empresa atraviesa por una de sus etapas más críticas, el núcleo de grandes exportadores de bienes y servicios se encuentra viviendo una de sus mejores épocas, por lo que debe de constituir una fuente esencial de tributación y lo mismo vale para una parte sustancial, tal vez el mayoritario, de los grandes contribuyentes personales.
Señor secretario, las preguntas concretas serían las siguientes:
¿Cómo se distribuyen la recaudación programada entre los causantes cautivos y los no cautivos?
¿Qué parte del total corresponde a las sociedades mercantiles y dentro de él a las grandes empresas?
Dentro de las personas físicas, ¿qué parte corresponde a los grandes contribuyentes?
Finalmente, quiero hacer una reflexión. Nosotros desde que empezó esta legislatura hemos estado señalando la necesidad de que se graven las ganancias bursátiles, de que se grave a los especuladores.
En la legislación chilena hay una propuesta, por las dificultades que se nos han esgrimido para gravarlo, sin embargo, en la legislación chilena hay una propuesta que tendríamos que valorar en México y es que el hecho de que se realicen ventas de títulos en la Bolsa de Valores, genera una ganancia al que realiza esa venta. Esa ganancia debiera, desde nuestro punto de vista ser gravada, pero en el caso de la economía chilena, se considera que sí es capital especulativo aquel que en menos de un año realiza la venta de este título accionario.
¿Por qué no en México, aquellos que realizan compra y venta con demasiada frecuencia, no son sujetos a un gravamen que permitiría, también a través de ese mecanismo, mejorar las condiciones de las finanzas públicas nacionales.
Por su respuesta muchas gracias.
El Presidente:
Para responder, tiene la palabra el cuidadano Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Muchas gracias por su pregunta, señor diputado Vela.
Menciona usted que el impuesto sobre la renta llegó en años anteriores al 17% de la recaudación y representaba una parte más importante de lo que representa ahora en relación con el producto interno bruto.
Déjeme mencionar, señor diputado, que a pesar de la reducciones que se dieron en años anteriores a la tasa del impuesto sobre la renta, tanto a personas físicas como a personas morales, usted recordará que hace unos años la tasa máxima del impuesto sobre la renta a personas morales, llegaba al 42% y a personas físicas la tasa marginal excedía 50%. Esas tasas se redujeron los últimos años de manera sustancial, sin embargo, la recaudación como proporción del producto interno bruto de lo que corresponde al impuesto sobre la renta, en realidad ha disminuido únicamente en el año de 1995 y esto obedece sobre todo a la crisis económica por la que estamos viviendo. Déjeme darle por ejemplo algunos datos.
En 1968 el impuesto sobre la renta constituía el 4.7% del producto interno bruto; en 1989 el 5.1%; en 1990, 4.8% que fue cuando se hicieron los cambios importantes y después continuó aumentando, 5.11%, 5.69%, 6.14%, 5.82% o sea que no ha habido una caída como proporción del producto interno bruto del impuesto sobre la renta.
En 1995 efectivamente éste cayó casi en 1%, ¿por qué? Evidentemente ante la crisis económica pues las utilidades de las empresas disminuyeron de manera muy importante, se registraron importantes pérdidas cambiaras también, que mermaron la base del impuesto y esta es la razón por la cual se ve una caída en el año de 1995, pero la tendencia que llevábamos en años anteriores, era a incrementarla en relación a los niveles que veíamos en los años ochenta.
De manera que a pesar de la reducción de la tasa marginada al impuesto sobre la renta a personas morales y físicas, veíamos un incremento en la recaudación como proporción del PIB.
La razón, señor diputado, por la que esto ocurrió, es la siguiente: usted menciona con razón que los causantes cautivos han sido, digamos, la fuente principal de este impuesto. En años anteriores se hizo un esfuerzo muy importante para aumentar la base del impuesto y de una base de causantes no cautivos, digamos un registro de causantes no cautivos que constituían únicamente unos cuantos miles o cientos de miles de empresas y de personas físicas con actividades empresariales, actualmente hay ya más de cinco millones de registros de personales morales y de personas físicas con actividades empresariales, distintos de los causantes cautivos.
Entonces se ha hecho un esfuerzo que se va a reafirmar en el año de 1996, para continuar aumentando la base de este impuesto.
De manera que en relación con la pregunta que usted hacía sobre el porcentaje del impuesto que corresponde a causantes cautivos, en relación con los que no lo son, yo diría que esta proporción ha ido disminuyendo de manera muy considerable a lo largo de los años.
Por ello es muy importante continuar aumentando el padrón de personas morales y de personas físicas, con capacidad empresarial, entre ese universo distinto de los causantes cautivos. ¿Qué parte de esto corresponde a los grandes contribuyentes? Pues una parte muy importante. Yo diría que entre las grandes empresas, los grandes contribuyentes ciertamente contribuyen con más de la mitad del impuesto sobre la renta, ¿no? Y el resto se distribuye entre los causantes cautivos y también aquellas personas físicas con actividad empresarial y el resto de las personas morales que se han ido incluyendo al patrón.
Finalmente, señor diputado, en relación al impuesto sobre ganancia de capital, usted menciona que habría que gravar las autilidades generadas por transacciones en la Bolsa de Valores.
Quisiera yo mencionar, antes de contestar esa pregunta específicamente, que las ganancias de capitales en enajenación de todo tipo de valores y de acciones que se negocian fuera de bolsa sí está gravada, porque de esta manera pues se podrían hacer elusiones y evasiones fiscales muy fácilmente. La razón por la cual las ganancias de empresas de transacciones que se cotizan en bolsa no están gravadas, es que estas empresas que en su totalidad constituyen parte del universo de empresas dictaminadas ya pagaron impuestos sobre utilidades y sobre dividendos, de manera que el valor de una empresa que se cotiza en bolsa, bueno, supuestamente es el valor presente del flujo de utilidades descontadas que ya causaron impuesto. Esta es la razón, señor diputado, por la cual las enajenaciones de acciones de empresas cotizadas en bolsa no está gravadas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, por tres minutos, para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Joaquín Humberto Vela González.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Gracias, señor Presidente; señor secretario:
La preocupación es que si de la captación total que se realiza del impuesto a la renta, el 62% son cautivos, en buena medida nos estamos refiriendo ahí a los trabajadores, a los que no tienen posibilidad ninguna de evadir el pago del impuesto. Es una proporción muy alta. La preocupación que nosotros tenemos como partido es que tenemos una estructura de tributación demasiado injusta, inequitativa y que tendríamos que hacer esfuerzos por cambiarla, porque resulta que los trabajadores aportan el 62% y los grandes empresarios y los que tienen grandes ganancias apenas el restante 38%; es decir, creo que ahí no hay vuelta de hoja, es una estructura inequitativa, necesitaríamos plantear ahora, en la nueva estructura tributaria, formas diferentes.
Y con respecto al gravamen a las ganancias bursátiles, la propuesta es que como hacen en Chile alguien que compra títulos en la bolsa y los vende antes de un año, ésos son los elementos que a ellos les hace presumir que son especuladores. ¿Por qué no, si allá en Chile lo están aplicando de esa manera, por qué en México no hacemos un mecanismo de este tipo? Si encontramos señores, que están comprando títulos bursátiles y a los tres meses los están vendiendo o al mes los están vendiendo, evidentemente nos encontramos ante el hecho de que esas personas están haciendo especulación, a esas personas son a las que nosotros proponemos que se grave, no al que está realizando efectivamente compra de acciones que son y se convierten en mecanismos de financiamiento para las empresas productivas o de servicios que estén funcionando en el país; sino aquellos que se dedican a la compra y venta de títulos en un periodo muy corto. La propuesta es que si en Chile lo están haciendo nosotros debiéramos analizar la posibilidad de hacerlo en México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para responder, tiene la palabra el señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señor Presidente; señor diputado Joaquín Vela:
Usted menciona, señor diputado, que el 62% de la recaudación por concepto del impuesto sobre la renta, corresponde a ingresos de los trabajadores.
Yo le había mencionado anteriormente que más del 50% de los ingresos que se recaudan por motivo de impuesto sobre la renta corresponden a empresas; la cifra exacta o la cifra aproximada más correcta, es que el 60% de los ingresos que corresponden al impuesto sobre la renta señor diputado, corresponden a empresas, no el 62% a los trabajadores, como usted mencionó. Pero si usted está de acuerdo, con oportunidad checamos esta información porque está desde luego disponible en los documentos que han sido entregados a ustedes. La información es que el 60% de la recaudación sobre impuesto sobre la renta corresponde a las empresas; este 60%, más del 50%, aproximadamente un 60% ó 70%, corresponde a las empresas grandes. La clasificación de empresas grandes y empresas gigantes.
Del 40% que corresponde a los trabajadores, el 36% corresponde particularmente al gravámen sobre salarios, es el 36%, el 4% restante corresponde a gravámenes sobre honorarios, regalías etcétera. De manera que no es el 62%, señor diputado, de la recaudación, lo que constituye el impuesto sobre productos del trabajo o sobre los asalariados, sino únicamente el 36% en materia de sueldos y el 4% en términos de honorarios y regalías.
En relación con la segunda pregunta que usted hacía señalando el caso Ochimeno, en el que se gravan las utilidades generadas por transacciones de acciones en bolsa, cuando éstas se realizan antes de un año de haber adquirido las acciones en primer lugar, creo que ésta es una propuesta que merece estudiarse. Sin embargo, como le mencioné anteriormente, la razón por la cual no se gravan en México, no tiene tanto que ver con el plazo de permanencia o con el plazo de tenencia de una acción por parte de un participante en el mercado, sino el hecho de que el precio de una acción en la bolsa refleja sobre todo el valor presente de utilidades esperadas. Esas utilidades están gravadas al igual que los dividendos, de manera que ésa es la razón por la cual no se está incluyendo en esta propuesta el gravar ganancias de capital derivadas de acciones de empresas que cotizan en bolsa que, repito, son empresas que están totalmente... yo diría, que el universo de empresas que cotizan en bolsa corresponden ciertamente a las empresas que tienen dictámenes fiscales y esto significa que el control fiscal sobre el pago de utilidades y dividendos, es mucho más riguroso que en empresas que no están dictaminadas.
Esta es la razón, señor diputado, por la cual no se ha avanzado esta propuesta.
Finalmente, en lo que usted menciona sobre la estructura de la tributación hacia los trabajadores, hemos mencionado anteriormente que efectivamente, los impuestos que se pagan por concepto de productos del trabajo, aún a niveles relativamente bajos de salarios, son muy onerosos y es por ello que estamos comprometidos, como ya mencionamos anteriormente, en el seno del consejo asesor fiscal en el cual está desde luego representado el consejo del trabajo, a examinar esta situación y hacer propuestas para modificar la situación existente el día de hoy, durante el próximo periodo de sesiones.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tomando en consideración que han transcurrió las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene la palabra el diputado Raúl Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raul Alejandro Livas Vera:
Con su venia, señor Presidente; señor secretario; compañeros todos:
Me da gusto escuchar de boca del secretario, que estamos en unas condiciones diferentes y que el futuro pinta promisorio y me da gusto también que haya señalado la independencia de nuestro Gobierno y del Ejecutivo para poder determinar la forma en la que se llevará a cabo la política económica, porque atender a intereses extranjeros o a intereses de un grupo en particular por parte de un funcionario público, me permito recordarle, secretario, ya lo comentábamos en otra ocasión, es traición a la patria. Así pues, para evitar problemas posteriores, es conveniente hacer una primer pregunta:
¿Cuál es la filosofía y el nivel de compromiso que hace usted y su dependencia para satisfacer plenamente los derechos consagrados en nuestra Constitución y en particular, los derechos sociales?; es decir, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación y sobre todo, el compromiso para tener un salario que cumpla con lo que se marca en nuestra legislación, es decir, que el salario mínimo sirva para satisfacer las necesidades elementales de un trabajador.
En segundo lugar, la siguiente pregunta iría en el siguiente sentido; hemos recibido una propuesta de Ley de Ingresos y de Egresos de la Federación. ¿Cuáles son los planes y programas específicos y sectoriales que respaldan la asignación de gasto? Nos gustaría saber la fundamentación de cada uno de ellos, en virtud de que de no existir un respaldo adecuado, me permito recordarles a todos los compañeros legisladores que estamos y es una responsabilidad de todos nosotros, establecer las modificaciones, llevar a cabo las modificaciones necesarias para poder satisfacer los objetivos que se han señalado en lo general y que en lo particular implicaría, por ejemplo, dar cumplimiento a los acuerdos que hemos hecho entre las diferentes fracciones, como el de garantizar un porcentaje que se destine a la educación y que aparentemente en el presupuesto no se contempla.
Por otro lado, queremos señalar que aunque se nos ha dicho que la fundamentación por la cual se está llevando a cabo un programa específico de apoyos y de subsidios para lograr la recuperación económica, en otra ocasión también señalábamos que nos preocupaba que estos subsidios fueran insuficientes, pero también injustos y peligrosamente dirigidos.
En el caso de la industria automotriz señalábamos que la balanza de la industria automotriz representaba un saldo negativo, que para 1991, por cada peso que se exportaba, se importaba 1.28; que para 1992, por cada peso que se exportaba, se importaba: 1.52; que para 1993, por cada peso que se exportaba, se importaba: 1.10 y que para 1994, por cada peso que se exportaba, se importaba: 1.12. Se nos dijo que la información estaba mal. Le hago entrega de la fuente, que es el Banco de México, que fue lo que señalé la vez pasada y un desglose de cada una de todas las fracciones que correspaldan la información que acabo de señalar.
Así pues, cómo se quiere manejar un eje en el cual se piensa que la recuperación económica va a permitir y va a seguir manteniendo el equilibrio de nuestras cuentas externas, si el mecanismo que se sigue es parcial y además a todas luces peligroso en relación con las cuentas externas.
Por eso pedimos que se revise esta política de estímulos y esta política de subsidios.
Así pues, queremos nada más saber si estas cifras que están aquí presentadas están mal, en qué consiste y cuál es la fuente que la respalda.
Y en tercer lugar, se ha señalado que al fin se ha descubierto que la base de crecimiento autosostenido es el ahorro interno y por lo tanto la política económica se va a enfocar a incrementarlo. Sin embargo, el ahorro interno tiene dos características: por un lado puede ser voluntario y por otro lado puede ser forzado. Los mecanismos que se han planteado hasta ahorita nos parecen indicar que se trata única y exclusivamente de incrementar el ahorro interno forzado.
¿Por qué lo decimos? Porque para poder tener ahorro interno voluntario y dado que el ahorro depende del nivel de ingreso y el ingreso ha venido cayendo sistemáticamente durante los últimos 13 años y las medidas que se aplican el día de hoy no son significativamente diferentes como para poder incrementar el ingreso disponible y de esta manera poder incrementar la posibilidad de ahorro, entonces nosotros pensamos que es necesario: o bien, modificar la actual política o bien eliminar totalmente los mecanismos de control que existen para la determinación libre de los salarios.
Y por otro lado para desligarlo de una política nefasta, que ha sido una de las causantes principales de concentración del ingreso y que ha consistido en fijar los incrementos salariales en función de la inflación esperada y que la inflación esperada siempre ha sido superior a la realizada, esto ha ocasionado que el gran deterioro de los salarios mínimos y por lo tanto un factor fundamental de la concentración del ingreso, aunque no sea el único factor. Podemos debatir sobre el resto de los factores, pero no es éste el momento. La pregunta en concreto es: ¿Cuáles son las razones que impiden modificar la política salarial que hasta ahorita estamos padeciendo.
Nosotros estamos haciendo una propuesta concreta, en el sentido de dejar libres todos los salarios contractuales para que sean, de acuerdo con la productividad y las posibilidades de cada empresa, fijados con la libre participación de los trabajadores y de los empresarios. Pero, en el caso del salario mínimo por haber sido factor fundamental de indicación del tipo de la negociación, demandamos una nueva política salarial: que la política salarial de hoy en adelante, empezando con el próximo salario mínimo, implique el reconocimiento de la pérdida de poder adquisitivo.
Y a partir de ahí, dado el incremento medio de la productividad y ante la falta de elementos para determinar qué parte corresponde al salario y qué parte al capital asignar arbitrariamente un 50% del incremento de la productividad como añadido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de esta manera determinar una nueva política salarial que rompa definitivamente con la actual con todos los problemas que haya significado.
Por sus respuestas, muchas gracias.
El Presidente:
Para responder, tiene la palabra por cinco minutos el doctor Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señor Presidente, muchas gracias señor diputado Raúl Livas por sus preguntas.
La primera pregunta es en relación a la política social, a la satisfacción de los derechos sociales y, en particular, al salario, que esto se conecta con la última parte de su intervención, en la que vuelve a mencionar el aspecto salarial, incluyendo propuestas en relación con la determinación de los salarios contractuales y también con la determinación del salario mínimo.
Yo quisiera responder la primera parte, señor diputado, mencionando que a pesar de la reducción del gasto programable total, el gasto en desarrollo social registra un incremento de 2.5% en términos reales respecto del cierre previsto para el año de 1995, esto significa que el gasto social va a constituir alrededor del 54% del gasto programable para el ejercicio que estamos presentando. Este incremento en el gasto social permitirá redoblar esfuerzos en programas de educación, de salud, capacitación, de previsión de servicios urbanos básicos y sobre todo, acciones para mitigar las condiciones de la pobreza extrema. Déjeme darle algunos ejemplos.
En el sector educativo se va a atender a un número récord de niños en escuelas públicas. La matrícula en educación básica va a incrementarse en cerca de 3%. Se van a construir 23 mil aulas, talleres, laboratorios, que va a representar un incremento real del 9%. Se van a imprimir alrededor de 158 millones de libros de texto gratuitos, que es el 21% más que en 1995.
En el sector salud, el programa del presidente Zedillo es proporcionar servicios básicos de atención a los 10 millones de mexicanos que hoy no cuentan con estos servicios. Para 1996 se propone cubrir la tercera parte del objetivo, esto es, cubrir a 3.4 millones de personas que hoy no tienen acceso a estos servicios.
Para proteger a la población infantil en el próximo año se van a proporcionar alrededor de 8687 millones de vacunas, lo que representa un incremento del 15% y esto va a permitir incrementar la proporción de niños vacunados del 92% a 95%.
En apoyos alimentarios y nutricionales el gasto crece en 12% en términos rales, para ubicarse en alrededor de 10 mil 700 millones de nuevos pesos. Destaca el otorgamiento de 2 millones de desayunos escolares diariamente, que superan en medio millón a los que se están otorgando hoy en día.
El Programa de Tortillas Solidaridad va a cubrir a 2.8 millones de familias que tienen ingresos de menos de dos salarios mínimos. Se están entregando también cuatro litros por semana a 5.4 millones de niños que pertenecen también a familias con menos de dos salarios mínimos.
Diconsa está abasteciendo cerca de 20 mil tiendas rurales y otras 1 mil en zonas urbanas marginales, con aproximadamente 30 millones de beneficiarios.
Yo creo que el gasto social, el incremento real del gasto social en el año próximo busca un impacto verdadero en las acciones del sector, al consolidar objetivos propuestos en diferentes ramas; en la parte de educación, de nutrición, de alimentación y de salud familiar. Además, está buscando una mejor focalización de los subsidios, para que realmente se vaya a atender a las zonas marginales; esto es, en relación con la parte social.
En relación con los programas sectoriales que usted presentó, que respaldan el presupuesto, hay en el decreto una serie de apartados en los cuales se detallan no todos, pero la mayor parte de estos programas que usted menciona y desde luego, será facultad del Congreso, a través de las deliberaciones de la Comisión de Programación y Presupuesto, el entrar con las entidades ejecutoras para que los puedan, Ios señores diputados, conocer en detalle cuáles son los programas que se mencionan.
En relación con los datos de la industria automotriz, vamos a revisar los datos que usted nos ha proporcionado, la información que nosotros tenemos es que la industria terminal es superavitaria, la industria terminal. La industria de autopartes es ligeramente deficitaria, pero para el año 1995 en su conjunto, la industria de autopartes y la industria automotriz va a ser superavitaria.
Por otra parte, lo que se está dando en el caso de la industria automotriz de autopartes es una integración de empresas nacionales mucho más intensa, si vemos lo que ha ocurrido digamos en los últimos meses del año, ha habido programas específicos por parte de las armadoras y por parte de las empresas de autopartes, más grandes se han ido integrando a productores nacionales; sin embargo, Ios datos que usted nos proporciona habrá que dividirlos entre industria terminal y autopartes y ver si efectivamente el viraje que se ha dado este año es como lo estoy diciendo. La información se la proporcionaremos, esperamos de las mismas fuentes que usted la obtuvo, señor diputado.
Finalmente en lo que respecta a la parte salarial, creo que estamos totalmente de acuerdo, señor diputado, en que en materia de negociaciones laborales correspondientes a los contratos colectivos, éstas se deben hacer con la mayor libertad de las partes; es más, este acuerdo quedó plasmado específicamente en la firma de los acuerdos correspondientes al Acuerdo para la Recuperación Económica, específicamente se menciona el punto de que las negociaciones salariales contractuales se van a hacer con absoluta libertad de las partes.
En cuanto a salario mínimo, tiene usted toda la razón del mundo en que es un salario insuficiente, eso lo reconocemos, se tiene que reconocer obviamente por todo el mundo porque es un hecho y es muy cierto y es indispensable que ese salario se vaya recuperando. Creo que va a ser fundamental, por ello para el año de 1996 el que efectivamente se dé la recuperación económica que el empleo comience a incrementarse a pesar de que cuando mencioné en una de las respuestas anteriores, la proporción de asalariados que ganan el salario mínimo es de aproximadamente el 8% de la fuerza de trabajo.
Muchas gracias, señor diputado.
El Presidente:
Tiene la palabra para hacer uso de su derecho de réplica, por tres minutos el diputado Raúl Livas Vera.
El diputado Raúl Alejandro Livas Vera:
Muchas gracias, señor secretario, muchas gracias por su respuesta, nada más que me permito hacer algunas precisiones.
En lo que se refiere a la industria automotriz ya veremos posteriormente cuáles son los datos que usted tiene, yo estoy hablando de la industria automotriz en general, porque yo no vi que en el decreto se hiciera alguna diferenciación entre la terminal y una parte de la industria, ahí se habla en general de la industria y por eso de ahí tomé los datos generales y ésos son los que tenemos que constatar; o bien a quién se está apoyando en el decreto, en los subsidios y eso es lo que tenemos que comparar.
Por otro lado, en relación a toda la información sobre el apoyo y el incremento del gasto social, estoy de acuerdo, pero hay muchos numeritos, lo que me importa en concreto es ¿Se hizo alguna evaluación sobre el impacto de cuántos pobres menos va a haber con todo este gasto realizado de esta manera, porque el presente año el número de pobres se incrementó en más de 2 millones de personas y el número de pobres se ha venido incrementando durante los últimos 12 años y ahorita tenemos en el país más de 60 millones de pobres y más de 20 millones extremadamente pobres. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención antes de que la realidad nos rebase. Entonces yo lo que quiero saber es: ¿Cuánto piensan que van a disminuir los pobres con todo ese gasto? ¿Cuántos pobres menos vamos a tener o cuántos más?, porque nosotros tenemos pensado que se van a incrementar los pobres en lugar de disminuir, ya que el gasto total en la pobreza va a ser del orden de 63 centavos diarios y como los pobres se incrementaron, al dividirlo por una población objetivo, pues no va a alcanzar, entonces ahí estamos en un problema, eso es lo que yo quiero señalar.
Por último, quiero hacer incapie en la cuestión de la política salarial. Sí, qué bueno que se reconoce que el salario mínimo es insuficiente y que se ha aplicado mal la política salarial, pero obviamente no se está corrigiendo para 1996, sino que se está siguiendo exactamente la misma, la misma política que en el pasado, entonces lo único que podemos esperar es que éste todavía caiga mucho más porque un incremento del 21% programado para el año que entra, obviamente no va a convencer una inflación que ya ahorita se estima por todo mundo no de 20.5%, sino como ya sabemos que siempre se le falla y espero que no le fallen como le fallaron este año, porque entonces va a ser del 200%, es decir 10 veces más, ojalá y nada más le fallen por unos 10 puntitos pero si le fallan 10 puntitos es lo que va a perder el salario y eso es lo que no queremos que suceda, por eso establecemos que no se fije la recuperación salarial, ni la determinación del salario mínimo en función de la inflación esperada, sino de la realizada y ése es el planteamiento y sobre eso queremos y habíamos pedido que se manifestara.
El Presidente:
Tiene la palabra para responder por cinco minutos, el secretario, Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Muchas gracias por su pregunta, por su réplica señor diputado Livas:
Creo que seria ocioso por parte nuestra el no reconocer, el no estar profundamente preocupados por el problema de pobreza, creo que usted tiene toda la razón al señalar este problema como quizá el más grave que enfrenta la sociedad mexicana.
Y yo no quisiera pues, entrar tampoco mucho en el juego de los números, usted menciona que hay 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza y 20 en condiciones de pobreza extrema, los datos, los últimos datos que se dieron a conocer a través de la CEPAL en el estudio último que se realizó que fue en 1992, indican que 13.6 millones de mexicanos estaban en condiciones de pobreza extrema, los cuales equivalen a la población conjunta de 14 estados de la República, de manera que ésa es la magnitud del problema que estamos enfrentando.
Tener este número de compatriotas en situación de pobreza extrema, pues es una situación de extrema gravedad que implica que uno de cada siete mexicanos se encuentra en esta situación y eso nos muestra pues, el enorme reto que debe de enfrentar el país para tener resultados cuantitativos y específicos como usted lo demanda.
Yo quisiera mencionar, como ustedes van a ver al examinar el decreto de presupuesto, que específicamente se está estipulando en el decreto de presupuesto, que las dependencias encargadas de administrar los programas, ya sea los programas de tipo social o los programas de inversión en las distintas áreas, tienen la obligación de hacer una evaluación cuantitativa de los resultados de los programas; creo que será muy útil en los próximos días, señor diputado, que esta pregunta específica que usted estaba haciendo de decir cuál es el resultado en términos concretos de los programas sociales que mencioné anteriormente, de los programas de salud, de los programas de nutrición, de los programas de educación, de los programas de desayunos escolares, de los programas de asistencia en materia de leche o de despensas a las familias, cómo es que este conjunto de programas va a mejorar efectivamente la situación de los pobres en este país.
Yo creo que una de las formas como pueden lograrse resultados concretos, es mediante la articulación de estos programas. En muchos casos lo que ocurre, señor diputado, no es que los recursos sean necesariamente insuficientes, sino que están mal aplicados. Déjeme ponerle un ejemplo.
De poco, sirve señor diputado, el que se entreguen desayunos o alimentos a niños que están en condiciones de extrema pobreza, si esos niños tienen infecciones parasitarias; o sea lo que es indispensable hacer es que haya un paquete de atención a esos niños, que los lleven desde la lactancia, en que se asegure que tengan leche suficiente, que los lleven desde el periodo preescolar con un paquete de salud básica, para asegurarse que la alimentación que reciben no se la están comiendo los parásitos, para asegurarse que hay oportunidades de educación, que hay oportunidades de educación desde el inicio de su periodo escolar. En fin, lo que tenemos que hacer es enfocarnos, señor diputado y a eso están dirigidos los nuevos artículos que están incluyéndose en el decreto del presupuesto, para fin de integrar, articular estos programas y poder tener una evaluación cuantitativa, así que yo creo que será muy importante que ustedes los señores diputados puedan examinar de qué manera estos programas sociales se puedan concatenar para realmente producir resultados específicos y cuantitativos.
Por parte de la Secretaría de Hacienda, estaremos desde luego muy interesados en apoyar estos esfuerzos que se hagan por parte del Poder Legislativo, para llegar a conclusiones específicas en materia de evaluación de resultados.
En materia de nuevo de política salarial, creo, señor diputado, con usted y coincido totalmente en que debemos hacer esfuerzos para que el salario mínimo que ha llegado a niveles históricos mínimos, en términos reales, tenga de aquí adelante un proceso de recuperación.
Ahora este proceso de recuperación del salario mínimo tiene que darse desde luego de acuerdo a las posibilidades reales de la economía y la mejor garantía para la recuperación salarial será el crecimiento económico.
Es por ello, señor diputado, que el programa que se está proponiendo a ustedes para el año de 1996 pretende este objetivo. Desde luego estamos y estaremos siempre atentos a recibir sus propuestas para fortalecer las características de este programa, que haga factible el alcanzar una mayor tasa de crecimiento de la que está en el programa.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Marcos Efrén Parra Gómez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Marcos Efrén Parra Gómez:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Señor licenciado Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público; distinguidos visitantes:
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por la representación y representatividad que tenemos, hemos manifestado nuestro respeto y apoyo a las instituciones, en las que creemos y queremos seguir haciéndolo. En tal virtud, hemos de sumarnos a las medidas que se adopten en la solución de los distintos problemas que el país enfrenta en la medida de su viabilidad y razonabilidad.
Tanto en el mensaje de toma de posesión como en el I Informe de Gobierno, el presidente Zedillo se comprometió a impulsar un nuevo federalismo, nosotros lo llamamos más puntualmente un auténtico federalismo. Tales afirmaciones recibieron los elogios de propios y extraños. Al fin llegaba un Presidente que tomaba al toro por los cuernos, sin embargo, el aumento en las participaciones federales que se contempla en el presupuesto de egresos de la Federación se integra de la siguiente manera:
1o. La descentralización ¿hasta dónde? de las secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Comunicaciones y Transportes y de Salud y Educación.
2o. La descentralización de un 65% del ramo 26, que ya de por sí venían manejando los estados y municipios con el nombre de Pronasol.
3o. La ampliación de las potestades tributarias para ampliar las bases gravables a las entidades federativas o sea, más gravámenes para la población.
4. La entrega de 68 mil 659.3 millones de nuevos pesos, que se destina a estados y municipios para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se las reparta.
Este último importe representa un aumento nominal de 23 mil 965.2 millones de nuevos pesos en términos nominales, así como un incremento real de solamente el 3.7%, lo cual no es ni con mucho un avance significativo en la descentralización.
Respetuosamente, señor secretario, si ésta es la manera en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpreta el compromiso del primer mandatario de poner en práctica la construcción de un nuevo federalismo, ¿cuál será entonces la expectativa de las entidades federativas para los años siguientes y cuánto tiempo tendrá que pasar para implementarlo.
Por otra parte, el presupuesto de egresos de la Federación muestra de manera muy optimista las estimaciones de sus variables, tal es el caso de las tasas de interés, que en el presente año han estado fluctuando en su promedio más bajo alrededor del 40% y después de los rumores de las últimas semanas las tasas se han elevado hasta alcanzar aproximadamente el 80% Asimismo se prevé que el tipo de cambio del dólar frente al peso estará en diciembre de 1996 a $7.70.
Con estos supuestos, ¿de qué modo podremos llegar al final de 1996 con una inflación del 20.5%? A todas luces es una meta que parece difícil de alcanzar, además es probable que alguna de las consideraciones pudiera no llegar a cumplirse, con lo cual las pretensiones ofrecidas pudieran sufrir un resquebrajamiento y por lo tanto se repetiría la historia de otros sexenios.
¿Qué pasaría en caso de que alguna de las situaciones contempladas en el presupuesto no llegaran a cumplirse? ¿Hay algún plan de contingencia que permita aportar alguna solución a cualquier imprevisto que pudiera presentarse en 1996.
Por otra parte, el informe hacendario correspondiente al tercer trimestre de 1995 muestra un superávit del Gobierno Federal de 17 mil 401 millones de nuevos pesos. Tal superávit fiscal no tiene antecedente con algunos otros presentados e incluso presumidos por la administración del presidente Salinas.
¿Qué va a hacerse con esos recursos si uno de los objetivos para 1996 es mantener un equilibrio en las finanzas públicas? ¿Por qué no se ha usado dicho monto en gasto de inversión que desde el presente año hubiera alentado la reactivación económica y la creación de empleos.
De acuerdo con los criterios generales de la política económica para la iniciativa de ingresos y el proyecto de egresos de la Federación para 1996, buena parte de la responsabilidad de la crisis en la que está sumido el país, se debe a la reducción sistemática de los niveles de ahorro, que disminuyeron del 22% del producto interno bruto en el año de 1988 a 16% en 1994.
Si en el ejercicio de 1996 se da la intención de fortalecer el ahorro interno, ¿cómo podrá darse este fenómeno entre los mexicanos, cuyo índice de desempleo ha venido aumentando considerablemente hasta alcanzar una cifra de casi 1 millón de vacantes en el presente año.
Sería imposible sostener que un país con altos índices de desempleo pueda ahorrar. ¿Qué técnica o qué procedimientos se usarán para incrementar el ahorro interno hasta los porcentajes estimados o nuevamente tendremos que acudir al ahorro externo con las cargas presupuestales que conllevan?
Por último, señor secretario, es de todos conocido que el Ejecutivo Federal, de acuerdo con el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantiene una partida secreta, cuyo uso y destino están sujetos a la discrecionalidad del primer mandatario.
Para el presente año, dicha partida está presupuestada en un importe de 650 millones de nuevos pesos, lo cual representa un incremento de 150 en relación con el anterior, es decir un 30%.
Si es intención del Ejecutivo apegarse a una reducción en el gasto público, ¿por qué dicha partida en vez de disminuir se estimula con un aumento de aquel porcentaje? Por sus respuestas muchas gracias, señor secretario.
El Presidente:
Tiene la palabra para responder, por cinco minutos, el licenciado Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señor Presidente:
Muchas gracias, señor diputado Parra, por sus preguntas, que según apunté, son seis. Voy a tratar de dar respuesta puntual a cada una de ellas.
En materia de descentralización y federalismo, usted dice que nos estamos quedando cortos. Yo le digo, señor diputado, que el Gobierno Federal reafirma su compromiso de llevar adelante una transferencia de responsabilidades y funciones, así como de recursos a los estados y municipios.
Creo que debemos en este proceso tener muy claras cuáles son aquellas funciones que pueden transferirse con base en ventajas comparativas naturales a los estados y municipios y cuáles son las que deben quedar básicamente administradas por la Federación.
Durante 1995 las dependencias han trabajado en definir las bases que permitan lograr un avance muy significativo durante el año de 1996. Como sabemos, en 1996 se está planteando la descentralización de 65% del ramo 26, la de la Secretaría de Agricultura, la concreción del proceso de desconcentración de la ejecución del gasto de la Secretaría de Salud, como paso previo a la completa transferencia a los estados.
También se está proponiendo para 1996 avances específicos en la descentralización del manejo del agua.
Quiero ser un poco más específico. En el decreto del presupuesto de egresos se incluyó en el artículo 20, el cual sienta las bases para la descentralización, al establecer que las dependencias ejecutoras harán convenios en el marco de los convenios de desarrollo social, para establecer puntualmente la mecánica de transferencia de recursos y responsabilidades a los estados y a las entidades federativas.
En el caso del ramo 26 lo que se propone es que la Secretaría de Desarrollo Social a fines de enero, publique en el Diario Oficial de la Federación, las reglas bajo las cuales se hará esta transferencia, esto es, la fórmula de distribución de aquellos recursos que suman más de 7 mil millones de pesos, que serán directamente transferidos a los estados. A su vez los estados tendrán que hacer un convenio con los municipios, para determinar la fórmula de dichas transferencias.
En la parte de agricultura se propone la transferencia a gobiernos estatales del 85% de las funciones operativas, esto implica la transferencia de aproximadamente 1 mil millones de nuevos pesos, lo que representa más del 6% del presupuesto de la Secretaría de Agricultura.
La Secretaría de Agricultura ya ha iniciado discusiones con los gobiernos de los estados para concretar los convenios de descentralización a lo largo de 1996.
En el caso de salud se prevé concretar el proceso de desconcentración y trabajar en un esquema integral que permita transferir eventualmente de manera completa a los estados recursos y facultades. Además se avanzará en una mayor coordinación en el programa de IMSSSolidaridad para alcanzar una mayor contabilización entre los recursos y las metas.
En la parte de agua la Comisión Nacional del Agua avanzará en la descentralización de las funciones operativas a los estados. Esta transferencia se hará utilizando el manejo de las cuencas que incorporan un concepto más regional que estatal, ya que como sabemos todos las cuencas acuíferas, pues pueden desde luego abarcar más de un estado.
Construcción y mantenimiento de carreteras alimentadoras. Se ha avanzando en el análisis de mecanismos para poder efectivamente transferir lo que hoy hacen los centros SCT que dependen de la Secretaría de Comunicaciones a nivel central, para poder ser transferidos a los estados.
En fin, hay proposiciones concretas que se están incluyendo en el decreto de presupuesto para ir realizando este proceso de descentralización.
En segundo lugar, plantea usted el asunto de las tasas de interés y del tipo de cambio: ¿Cómo es posible que vayamos a lograr un crecimiento el año próximo si las tasas de interés hoy se encuentran a niveles muy elevadas y el tipo de cambio ha excedido el nivel promedio que se prevé para el año 1996.
Yo quisiera recordarle, señor diputado, en el sentido de que cuando se anunció el programa económico el 9 de marzo, el tipo de cambio el día anterior, estaba a $7.50. Se había previsto un tipo de cambio promedio para el año de 1996 de alrededor de $6.00. El promedio que llevamos al día de hoy es como de $6.30 en promedio.
Nosotros estamos seguros, como ya le mencioné anteriormente, que este nivel de tasas de interés y de tipo de cambio, es un fenómeno temporal que va a ceder próximamente. Hemos visto ya, repito, en los últimos días una mejora en cuanto a los niveles tanto de tasas de interés como de tipo de cambio. Hoy, según me han informado, el tipo de cambio ya cerró a niveles por abajo de $7.70, me parece.
En cuanto al plan de contingencia. Es evidente que resulta imposible adelantar las condiciones que pudieran prevalecer en un contexto como el que usted señala. La respuesta de las autoridades dependerá de un diagnóstico preciso que permita identificar las causas de tal contingencia; lo que sí le puedo yo señalar, diputado, es lo que no se hará, cuáles son las medidas que no se tomarán en este plan de contingencia.
Lo que no vamos a hacer es dar marcha atrás en cuanto a la apertura comercial, en cuanto a la apertura económica; tampoco vamos a irnos por el esquema de controles de capitales, de controles de cambios, que ya lo hemos discutido, éstos se aplicaron en algún momento y no funcionaron; tampoco vamos a abandonar, diputado, la disciplina de las finanzas públicas. Es evidente que la respuesta de política económica habrá de calibrarse de acuerdo a las circunstancias.
En cuanto al superávit que llevamos al tercer trimestre, diputado, como se informó oportunamente a esta Cámara, el día de ayer, al enviar el informe trimestral de finanzas públicas, éste ascendió a 17 mil 400 millones de nuevos pesos que es totalmente congruente con la proyección que tenemos para fin de año de un superávit de 8 mil millones de pesos, el cual, adicionado a los recursos adicionales que proporciona el Banco de México, por razones de superávit de operación, se aplicará íntegramente para el pago del programa de apoyo a los deudores, correspondiente a 1995 y 1996. Esto es, el superávit de 1995 se utilizará íntegramente para apoyar el programa de los deudores.
Habla usted también del fortalecimiento del ahorro interno. Coincidimos con usted, diputado, que ésta es una prioridad. Hemos mencionado ya algunos mecanismos por los cuales el Gobierno pretende el fortalecimiento del ahorro interno en 1996 y en los años por venir. Creo yo que la iniciativa de ley que está a su consideración para reformar el sistema de pensiones va a ser un avance importante en ese sentido.
Finalmente, en cuanto a la llamada partida secreta, los gastos contingentes, efectivamente éstos se incrementan en términos nominales, pero hay una caída en términos reales en relación con el año de 1995 y lo que le puedo decir es que la propuesta del Ejecutivo, que está a consideración de ustedes y que está fundamentada en el artículo 74 de la Constitución, pues estará, repito, a consideración de ustedes el aceptar o no esta propuesta del Ejecutivo. Lo que le puedo añadir, diputado, es que en términos reales, ésta es la cantidad menor que se ha propuesto en los últimos 10 años.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, en uso de su derecho de réplica, el diputado Marcos Efrén Parra Gómez.
El diputado Marcos Efrén Parra Gómez:
Gracias, señor Presidente:
Muchas gracias señor secretario por sus respuestas. Respecto, principalmente al punto de federalismo, el Partido Acción Nacional insiste en que es necesario aumentar en cuando menos cinco puntos porcentuales el fondo general de participaciones. Insistir en que los ayuntamientos deben estar gravados con tasa 0% en el impuesto al valor agregado, de modo que los gobiernos puedan recuperar los egresos que efectúan por ese concepto.
Adicionalmente, consideramos que debe observarse rigurosamente lo que establece la ley de la materia en el pago del impuesto predial por parte de las entidades paraestatales que tienen sede en los municipios. También consideramos que es necesario el otorgamiento de facultades en materia fiscal a los ayuntamientos, exige la justa distribución de los ingresos fiscales que evite a los gobiernos municipales imponer gravámenes adicionales al pueblo. Advertimos que dado el crecimiento de la oposición y sus victorias locales, esto equivaldría a obligar a los ayuntamientos a hacerse antipopulares.
Los costos políticos de las rectificaciones deben recaer sobre los que mantuvieron durante decenios el esquema centralista que hoy debe dejarse atrás. También consideramos que por lo que respecta específicamente al llamado ramo 26, del presupuesto federal, debe eliminarse todo control administrativo, operativo y de fiscalización por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.
Estas son algunas consideraciones que consideramos debe contemplar el presupuesto de egresos en lo que a federalismo respecta. Sin embargo, usted me hace algunas observaciones, algunos comentarios en relación con lo que le llama descentralización de las funciones de algunas secretarías y me hace favor de proporcionarme algunos montos y algunos onceptos que quedarán, si el presupuesto de egresos se aprueba, en manos de los ayuntamientos.
Hace usted referencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde carreteras alimentadoras, servicios de carreteras alimentadoras estarían en manos de los municipios; hace usted alusión al sistema de agua potable y a algunos otros renglones del sector salud y el sector educación.
Sin embargo, en nuestro concepto, esto señor secretario, es una desconcentración, no una descentralización y realmente no representa un ingreso adicional para los municipios, porque los montos que están presupuestados tienen un destino específico.
Una aseveración así equivaldría a suponer una afirmación tal como que si usted enviara a un empleado a pagar la luz y el teléfono de su casa, eso lo pudiera usted considerar como un incremento de sueldo y más aún, como buen Secretario de Hacienda, que todavía le retuviera el impuesto sobre la renta por ese ingreso adicional.
Muchas gracias señor secretario.
El Presidente:
Tiene la palabra para responder el licenciado Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señor Presidente:
De nuevo le agradezco señor diputado Parra sus preguntas.
Primer tema: fondo general de participaciones; lo que usted propone, diputado, además lo hace muy explícito al referirse incluso a que los municipios no deben pagar el costo político de tener mayores ingresos, creo que es muy transparente la forma como usted lo está planteando.
Es que lo que usted plantea, el planteamiento de su partido, es que se quieren más ingresos pero no más responsabilidades. Por lo menos es como se está interpretando.
Creo que fue usted muy explícito y además muy honesto en reconocerlo públicamente. El concepto de federalismo que nosotros tenemos es distinto diputado. El concepto de federalismo es que los ingresos deben de ir acompañados con responsabilidades y que el costo político debe ser pagado por todos los niveles de gobierno.
Usted por otra parte no menciona y esto sí me sorprende un poco, una de las fuentes principales y más subutilizadas para fortalecer las finanzas de los municipios, que es el impuesto predial.
Todos sabemos que, por ejemplo, el impuesto predial que llegó a representar hace 10 años, cerca del medio punto del PIB, al haberse modificado la ley de coordinación fiscal, se redujo el esfuerzo a nivel municipal para recaudación de este impuesto, llegando a representar hace dos o tres años, aproximadamente el 20% o el 25% en términos reales, de lo que se recaudaba hace 15 años. De manera que éste es un rubro diputado, en el cual creo que se puede hacer un enorme esfuerzo adicional por parte de los municipios.
Menciona usted la tasa 0% en el IVA, para los municipios. Yo quisiera mencionarle, en relación con la tasa 0%, que tenemos una distorsión importante en la aplicación de esta tasa en relación no solamente en el caso de los municipios, que usted propone, ni en el caso de otros productos. Mire usted, la tasa 0% en todos los países del mundo que tienen sistema del IVA, se usa exclusivamente para los bienes que se consumen fuera del país, porque obviamente el impuesto al valor agregado, es un impuesto al consumo, que tiene una connotación territorial; esto es, el impuesto al valor agregado grava el consumo de bienes y servicios que se hace en territorio nacional. Esa es la razón por la cual a los productos de exportación no solamente se les quita la carga final, sino la carga latente que equivale justamente a tasa 0%.
En el régimen actual del IVA, lo que se pretende, diputado, es tratar de uniformar la base y no continuar haciendo excepciones. El Gobierno Federal paga IVA por sus adquisiciones, los gobiernos estatales pagan el IVA por sus adquisiciones y también los municipios pagan el IVA por sus adquisiciones. El exceptuar al municipio del pago del IVA por sus adquisiciones o ponerlo en un régimen de tasa 0%, equivaldría justamente a romper esa estructura del impuesto al valor agregado.
En relación a la eliminación del control en ramo 26, lo que se está proponiendo, señor diputado, es hacerlo totalmente transparente. La eliminación de todo control, como usted propone, creo que tendría problemas que han sido señalados notablemente por diputados de otros partidos, en cuanto a que si no hay ninguna normatividad en la aplicación de los recursos del ramo 26, bueno, pues entonces esto puede prestar a que se utilicen, digamos, con total discrecionalidad y en algunos casos, no digo que en todos, capricho por parte de los encargados de ejecutar este gasto en los ámbitos municipales; lo que se quiere es que los recursos del ramo 26 se apliquen con efectividad a los propósitos que deben de estar destinados, esto es, al mejoramiento municipal, a obras de agua potable, de mejoramiento de escuelas, a obras, repito, que están comprendidas dentro de la filosofía general de este ramo. El quitar todos los controles, diputado, podría, en su caso, prestarse a algunos abusos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, por el Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Dulce María Sauri Riancho:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados; señor secretario:
Los priístas entendemos el federalismo como un pacto social de fuerte sentido solidario y de apoyo mutuo entre los estados más desarrollados y las entidades que sufren rezago y marginación.
No creemos ni aspiramos a un federalismo de caja registradora que sólo tintinea cuando las monedas caen. Tampoco queremos que se establezca la ley del más fuerte, el más rico, el que cree que por sí mismo puede estar y vivir mejor sin considerar que el bienestar propio es el bienestar del conjunto.
Creemos en el federalismo hacendario, fiscal y de gasto, que abarque atribuciones y responsabilidades. Un federalismo acompasado como dos piernas que exigen coordinación para que el cuerpo avance. Queremos un federalismo fiscal que se traduzca en más participaciones en los ingresos federales, en mayor potestad tributaria para cobrar contribuciones reservadas hasta ahora a la Federación; que los estados recauden, en vez del Gobierno Federal, no además de la Federación. Las finanzas estatales padecen de un déficit crónico estructural, incapaces de responder con sus propios recursos a las demandas de los ciudadanos, se han endeudado entre otras causas por la desigual aportación al gasto educativo. Ha habido avances, es cierto; pero son insuficientes.
Se propone incrementar la participación en el impuesto sobre cervezas, cigarrillos y licor, pero se requiere un mayor porcentaje sin aumentar la tasa general. Habíamos hablado de hacer 100% participable el impuesto sobre automóviles nuevos Nissan, pero el Ejecutivo propone abrogarlo para 1996.
Ante esta situación, los priístas proponemos un incremento real, neto, sustancial del fondo general de participaciones. Requerimos su respuesta sobre la viabilidad concreta de incrementar este fondo. No sólo esperanzados en la economía que genere una mayor recaudación, sino en forma de compromiso, ya ahora, constante y sonante.
Mayor participación a los estados y municipios demanda un proceso más acelerado de descentralización del gasto federal. Las finanzas no son "cobija" de la que se pueda tirar el lado de las participaciones, dejando al descubierto el lado del gasto. ¡Los priístas queremos un proceso de descentralización que implique trasladar hacia los estados la toma de decisiones, los recursos, no los problemas que no ha podido resolver el Gobierno Federal:
El avance este año ha sido muy lento. Hablábamos de descentralizar al sector agropecuario, las obras de pequeña irrigación, el Procampo, la construcción de escuelas y caminos, los servicios de salud, el mantenimiento de carreteras entre muchas otras.
Solo la modificación de las reglas de operación del ramo de desarrollo regional y en una parte del sector agropecuario se reflejan estos avances. Hace falta en materia de federalismo hacendario la visión del largo plazo. Un programa integral que establezca con claridad y contundencia los mecanismos y los tiempos, fuentes de financiamiento que aseguren la suficiencia de recursos en el mediano plazo a los programas que habrían de transferirse a estados y municipios.
¡Los priístas no estamos dispuestos a esperar otro año, para venir aquí nuevamente a plantear la cuestión de la descentralización del gasto federal! ¿Qué mecanismos propone para avanzar en forma contundente y real en 1996, en este proceso?
¿Cuáles han sido las principales resistencias que han inhibido el avance acelerado del que hablábamos en enero de este año? ¿Se propone modificar las formas de operación del ramo de desarrollo regional, para dar un impulso decisivo a la descentralización? ¿Cómo se propone el Gobierno Federal conciliar la operación del fondo social municipal que concentra los recursos más cuantiosos con el respeto a la soberanía estatal?
¡Aún animado por buenos propósitos, el Gobierno Federal no puede, constitucionalmente, tratar en forma directa con los municipios y las organizaciones de productores, sin reconocer la interlocución de los órganos de planeación y decisión estatales!
¿Cómo se pretende asegurar que el ramo 26 seguirá conservando su característica propia: desarrollo regional, que significa asignar más recursos a los estados y a los municipios más rezagados, con la operación descentralizada y la asignación equitativa entre las entidades federativas de estos recursos.
También en materia de descentralización deseamos sus comentarios respecto al programa de apoyos directos y productivos al campo, Procede, que estaría dotado de 1 mil 200 millones de nuevos pesos.
¿Cuáles son los mecanismos propuestos de asignación de recursos entre regiones y grupos de productores? No deseamos la reproducción de esquemas centralizados y paternalistas de distribución de apoyos tan necesarios en el medio rural. Procede concentra muchos recursos en el proyecto de presupuesto. Otros programas de gran importancia para el sector rural, como pequeña irrigación, sanidad vegetal y animal, investigación agropecuaria, los tienen muy escasos o insuficientes.
La representación campesina analiza la posibilidad de ejecutar reasignaciones entre programas sin afectar meta, utilizando además los recurso excelentes del Procampo.
Por último, señor secretario, quiero referirme a los subsidios y transferencias.
Aun cuando el proyecto de decreto trae un capítulo para hacer más clara y transparente la información y los mecanismos de su administración ¿Cómo se prevé avanzar en 1996 en la evaluación de resultados obtenidos en la aplicación de los subsidios, de tal manera que se garantice que lleguen a los que verdaderamente los necesitan, sin cargas financieras, burocratismos y desviaciones.
Por sus comentarios y respuestas, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra por cinco minutos, para responder, el licenciado Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señor Presidente:
Muchas gracias, señora diputada Dulce María Sauri por sus observaciones, por sus preguntas, que tocan diversos temas de federalismo, de gasto, de subsidios, preguntas específicas respecto a la mecánica de distribución del ramo 26. Voy a procurar darle respuesta a cada una de ellas.
Usted se pronuncia por un incremento en el nivel de participaciones. De hecho, diputada, se está proponiendo a su consideración un incremento considerable en los ingresos y en las participaciones a los estados en el año 1996. A pesar de que el gasto del Gobierno Federal está cayendo, el incremento en las participaciones a los estados está creciendo en términos reales en 4.6%. Está creciendo básicamente por dos conceptos: en primer lugar, como usted sabe, el año próximo, 1996, los estados se van a beneficiar con el incremento adicional de cuatro meses de reparto en lo que toca al impuesto al valor agregado, en la tasa del 15%; en segundo lugar hay una propuesta, que se haga 100% participable a los estados una proporción del impuesto especial a producción y servicios, del llamado IEPS, a alcoholes y tabacos. Usted menciona que hay que incrementar la propuesta del Ejecutivo; desde luego, será prerrogativa de ustedes el hacerlo.
En materia de gasto federal menciona usted adecuadamente que lo que se propone en el año de 1996 es un primer paso, pero yo le aseguro diputada que no nos vamos a quedar ahí; el compromiso del Presidente en materia no de desconcentración, porque la desconcentración es muy distinta a la descentralización y ahí yo quisiera retornar al comentario del diputado Parra, que hizo hace un momento, en el cual mencionaba que lo que se estaba haciendo era un proceso de desconcentración y no realmente descentralización, yo quisiera ser muy enfático en que lo que se propone es una verdadera descentralización, en el sentido de que la responsabilidad del ejercicio ya no va a seguir siendo responsabilidad del Gobierno Federal, sino que pasa a los gobiernos y a las entidades; ésta es la diferencia entre desconcentración y descentralización.
La responsabilidad, repito, de la aplicación de los recursos, aún en las propuestas incipientes que hay en relación, por ejemplo, con el gasto de la Secretaría de Agricultura, será responsabilidad de las entidades estatales el que se manejen esos recursos. Desde luego se tienen que absorber las responsabilidades administrativas que van acompañando a estos recursos, pero será la facultad de los estados el poder hacer los cambios que juzguen pertinentes en la orientación misma de los fondos que se están descentralizando.
Pregunta usted, señora diputada ¿Cómo se pretende distribuir el ramo 26 sin lesionar la autonomía, sin lesionar la soberanía de los estados? Lo que se pretende hacer en relación con el ramo 26, señora diputada, es en una primera instancia publicar de manera transparente los criterios de distribución de los recursos asignados al ramo 26 que se pretenden sean distribuidos. Hay un compromiso por parte de la Sedesol de publicar a más tardar el 31 de enero la fórmula precisa por la cual estos recursos se van a distribuir entre los distintos estados de la Federación.
También en el decreto de presupuesto se establece un mecanismo por el cual se faculta a las entidades ejecutoras a celebrar convenios con los gobiernos estatales, en el caso específico del ramo 26 será ciertamente a través del convenio de desarrollo social en el sentido de que la Sedesol, a través de ese convenio con las entidades federativas se logrará la distribución de los recursos a nivel municipal; de manera que será a través de estos convenios, repito, como se haga la distribución a nivel de los municipios, como se reparta dentro de cada una de las entidades federativas, en el sentido desde luego, la normatividad que debe acompañar a la aplicación del ramo 26 debe ser una normatividad general, una normatividad que asegure que los recursos se van a dirigir justamente a las prioridades que están establecidas por los propios municipios porque de ahí emana justamente las necesidades con objeto de preservar en todo momento la soberanía de los estados.
En ese sentido estamos totalmente de acuerdo que esta distribución del ramo 26 debe hacerse con pleno respeto a la soberanía de los estados.
Por último, señora diputada, usted pregunta ¿Cómo se va a poder analizar que los subsidios y transferencias contenidas en el presupuesto realmente se dediquen a los objetivos que se buscan y se puedan cuantificar sus beneficios.
También en el decreto de presupuesto hay disposiciones que no estaban contempladas en decretos anteriores por lo cual se van a poder evaluar con precisión cuáles son los objetivos, la población objetiva a la que están dirigidos los subsidios y las transferencias contempladas en el presupuesto, así como un mecanismo de evaluación que podrá ser, bueno desde luego, que será transparente y que además podrá ser evaluado en la cuenta pública y por lo tanto será responsabilidad de este Congreso el verificar si los subsidios se dirigieron exactamente a lo que se suponía que tenían que ir y si realmente fueron efectivos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para hacer uso de su derecho de réplica por tres minutos, la diputada Dulce María Sauri Riancho.
La diputada Dulce María Sauri Riancho:
Muchas gracias, señor Presidente:
Señor secretario, celebro las coincidencias de apreciación sobre federalismo hacendario, la urgente necesidad de un programa integral y la decisión de avanzar real y decididamente en la descentralización del gasto federal.
Pero hay un aspecto en el que deseo profundizar, las finanzas estatales. No basta con lograr unas finanzas nacionales sanas, en equilibrio, cuando la gran mayoría de los estados vive verdadera angustia o limitaciones por la fragilidad de su situación financiera. No puede haber buenas cuentas hacendarias sin que estén sanas las finanzas de sus partes constituyentes, es más, sin finanzas estatales sanas la descentralización corre riesgos, frente a la urgencia de cumplir compromisos de pago, los recursos podrían ser desviados de sus objetivos y programas, sanear las finanzas estatales es condición básica para avanzar en el federalismo hacendario.
¿Qué ha realizado el Gobierno Federal y qué prevé realizar en 1996 para apoyar el saneamiento de las finanzas estatales? Señor secretario, algunas veces quisiera que el Secretario de Hacienda tuviese el extraño poder que tuvo Jano, el Rey de Lazio, que favorecido por Saturno veía el pasado y el porvenir; el pasado para aprender y el porvenir para preveer. Queremos creer que la recuperación se va a dar en la forma prevista, necesitamos creer. ¿Qué bases reales hay para considerar que ahora sí habrá recuperación no sólo de las grandes cuentas y de los indicadores macroeconómicos, sino de los ingresos reales de las personas y de las familias y sobre todo de la confianza, la divisa más devaluada en los últimos tiempos?
¿Por qué hemos de creer en un proyecto al que la actual inestabilidad financiera modifica en sus supuestos económicos básicos? ¿Por qué hemos de creer que la recuperación económica a pesar de la inestabilidad sí se va a dar?
El autor clásico de la revolución neoliberal, el que escribiera el fin de la historia donde señalaba el triunfo del capitalismo universal, acaba de rectificar en un libro titulado Confianza, advierte que más allá de los valores individuales que en apariencia han sido la fuente del desarrollo del capitalismo, ha sido la confianza en las instituciones sociales la que ha permitido el desarrollo del sistema. Se trata del valor económico de la confianza. Confiamos en nuestras instituciones, pero la confianza no sólo es un acto de fe, es razón y son acciones. Está dando usted ahora aquí las razones, esperamos las acciones.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para responder, por cinco minutos, el doctor Guillermo Ortiz Martínez.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señor Presidente; señora diputada:
Toca usted en esta ocasión dos temas, uno referente a las finanzas estatales y el segundo, a un problema de carácter nacional y a un problema también de carácter casi sicológico, que es la confianza.
En cuanto a las finanzas estatales, apunta usted que no basta tener las finanzas nacionales sanas cuando hay un problema serio que todos reconocemos en materia de finanzas estatales. Pregunta usted señora diputada: ¿qué se ha hecho y qué se va a hacer para contribuir a fortalecer las finanzas estatales?, déjeme primero mencionar qué se ha hecho.
Durante el año de 1995, se destinaron más de 4 mil millones de pesos a apoyar el saneamiento de las finanzas estatales; se instituyó un programa de reestructuración de las deudas de estados y municipios y también de las empresas paramunicipales y paraestatales con objeto de sanear las finanzas a través de reestructuraciones denominadas en Udis, las llamadas unidades de inversión. La mayor parte de esos 4 mil millones de pesos se destinaron a reducir los saldos de la deuda que sumaban a principios de año más de 22 mil o 23 mil millones de nuevos pesos; la deuda se ha reducido aproximadamente en ese monto y llevamos ya cerca del 90% de reestructuraciones en Udis de las deudas estatales, de las deudas municipales y también de las empresas asociadas con estados y municipios, de manera que se ha dado un avance importante en ese sentido.
Se han firmado, por parte de la Secretaría de Hacienda convenios con los gobiernos estatales, con el fin no solamente de sanear las finanzas públicas durante el año de 1995, sino de tener programas hacia adelante, que aseguren que las finanzas van a permanecer en una trayectoria ordenada en los próximos años.
Creo que el incremento de las participaciones reales que se está previendo en el presupuesto de 1996 en cuanto al incremento de las participaciones, repito, del 4.6% en términos reales, va a ayudar de manera considerable a tener una mejor situación de finanzas estatales en el próximo año.
También existe una previsión en el ramo 23, de apoyo a estados y municipios. Esta previsión continuará utilizándose por lo menos parcialmente para continuar el saneamiento de las finanzas estatales.
Existe también una innovación dentro del mismo ramo, que estamos proponiendo a su consideración y que se refiere a una previsión de contingencia para desastres naturales. Se está proponiendo a esta soberanía que se dediquen 1 mil 500 millones de nuevos pesos en un fondo de contingencia para casos de desastres naturales.
En muchas ocasiones, cuando ocurre un desastre natural, la ayuda federal que proviene de distintas dependencias es insuficiente y los estados también en muchas ocasiones tienen que contribuir de su propio erario para poder solventar los problemas derivados de estas circunstancias.
Por primera vez en el presupuesto se está poniendo específicamente una partida para atender los problemas derivados de desastres naturales, de manera que coincidimos totalmente con usted, señora diputada, en que una prioridad nacional no solamente es tener las finanzas del Gobierno Federal sanas, sino que también es fundamental que continúen apoyándose los esfuerzos de saneamiento de finanzas estatales.
En cuanto su última pregunta, en relación a la recuperación, ¿por qué hemos de creer que el proyecto se va a dar?, yo le contestaría brevemente, señora diputada, que se va a dar porque tenemos las bases, porque hemos superado durante este año una adversidad gracias al esfuerzo de los mexicanos, que no habíamos comprendido totalmente la magnitud del problema que enfrentábamos a principios del año.
Los resultados han sido muy difíciles, pero creo que hemos superado, repito, la parte más compleja del problema que enfrentábamos en los meses de enero, febrero y marzo, que era un problema de potencial insolvencia del país.
Se ha procedido a ordenar el desequilibrio de la cuenta corriente. Tenemos un aparato productivo que si bien reconocemos ha sido severamente afectado sobre todo las empresas pequeñas y medianas durante este año, también se han puesto en marcha programas para aliviar esta situación.
Estamos convencidos, señora diputada, que la confianza que usted señala que es fundamental para que esto marche, para que esto tenga viabilidad, será un esfuerzo en el que el Gobierno estará comprometido de ganársela todos los días, de manera que tenemos, señora diputada, toda la fe en que vamos a proceder a superar esta nueva etapa de incertidumbre, que creo que afortunadamente en los últimos días ya hemos tenido algunos signos de que está abatiéndose y que tenemos todos los elementos para iniciar un firme proceso de recuperación en 1996.
Muchas gracias.
CONCLUSIONES
El Presidente:
Para concluir esta sesión, se concederá el uso de la palabra a los grupos parlamentarios. En consecuencia tiene la palabra el diputado Joaquín Vela González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por cinco minutos.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Compañeros legisladores señor Secretario de Hacienda:
Creo que las opiniones que aquí han vertido los diferentes partidos concluyen en un elemento: hoy es un momento de definición. La política económica a partir de la discusión que hemos sostenido tiene que sufrir importantes cambios y modificaciones.
Aquello de que no hay de otra yo lo revertiría y diría: hoy es necesario cambiarla y no hay de otra, porque la que se había venido aplicando ya no tiene funcionalidad. Es, creo, coincidencia de todas las fracciones, la necesidad que tiene nuestro país de crecer. Yo conozco otra alternativa para crecer: generar las condiciones para la inversión, aumentar la producción y crear también el mejor marco para el crecimiento de la productividad.
Vamos a tener mayor tributación solamente si producimos más. La Secretaría de Hacienda va a tener mayores captaciones tributarias si nuestro país logra de manera efectiva hacer crecer su economía. Por ello nosotros como Partido del Trabajo proponemos: no debe ser solamente vislumbrada la posibilidad de establecer incentivos fiscales, como aparece en la Alianza para la Recuperación Económica. Hoy más que nunca la industria mexicana requiere importantes incentivos fiscales, particularmente toda aquella producción de carácter productivo.
Necesitamos que toda aquella producción que vaya a generar empleos para los mexicanos y que vaya a incrementar nuestro producto interno bruto encuentre hoy en el Gobierno mexicano y con las opiniones de los partidos, las condiciones para que efectivamente la producción pueda crecer.
Es obligación del Gobierno crear todas las condiciones, no es con políticas recesivas como se van a establecer las condiciones del crecimiento. Ya los mexicanos han sufrido 10 meses de esa política de shock y hoy requiere que esto se transforme.
Necesitamos generar las condiciones para que toda inversión productiva en México pueda hacer crecer al país. En consecuencia, no vamos a estar de acuerdo, no vamos a apoyar esas políticas que solamente sirven para apoyar a aquellos que no producen riqueza social, a aquellos que solamente sirven para la circulación, a toda la parte del capital financiero; es importante, es necesario en la producción, pero no producen riqueza social, solamente la hacen circular.
Hoy nuestro país, por sus habitantes, por su necesidad de inversión, requiere que realicemos inversiones productivas.
Yo quiero concluir mi intervención señalando lo siguiente. Todo aquello que sea inversión productiva y que genere riqueza social debe ser apoyado. Esa debe ser una conclusión que ojalá pudiéramos escuchar del Secretario de Hacienda para que efectivamente nuestro país caminara por el sendero de la producción y del bienestar social.
Y segundo, necesitamos de manera seria pensar en establecer mecanismos de regulación, regular al capital financiero y a los especuladores.
Es verdad que es un tema que ha sido muy discutido, pero también es verdad que son básicamente estos señores los únicos que han ganado.
Es paradójico que los mexicanos, que toda la población mexicana, sea sometida 10 meses a un sacrificio enorme para que en un periodo de 15 días los especuladores se lleven y todo eso que se le quitó de la boca a los mexicanos, ellos en una sola tajada se lo vuelvan a llevar. Creo que eso es antiético, no es moral seguir aplicando una política de ese tipo que atenta contra los mexicanos.
Señor secretario, nosotros creemos y estamos en la convicción de que hoy México y que en el Gobierno habrá sensibilidad a partir de hoy, sería un parteaguas porque la política económica en México tendrá características diferentes.
Tendremos una política de fomento que promueva la industria mexicana y el bienestar de los mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Armando Quintero Martínez, por cinco minutos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Buenas tardes, señor Presidente; señor secretario:
Después de varias horas de oír la dogmática interpretación de la realidad del señor Secretario de Hacienda, nosotros seguimos teniendo respuestas insatisfactorias a problemas que la sociedad ve.
Primera tesis falsa. Dicen que la inestabilidad financiera que se vive en el país no corresponde a la solidez del ajuste y de las medidas económicas tomadas.
Señor secretario, es una falacia. Si la economía de nuestro país estuviera estructuralmente sana, fuerte y correspondiera a un país en vías de desarollo, los rumores le harían lo que el viento a Juárez a la economía; pero es tan débil, frágil, la economía estructural del país que un simple rumor hace que haya una gran fuga de capitales y una devaluación. Es falso entonces tratar de engañar a los mexicanos con esta tesis.
Segundo. Usted dijo en su comparecencia anterior que los especuladores quieren que haya cambio de rumbo. Falso, señor secretario. Los especuladores quieren que usted siga igual aplicando la misma política que hasta ahora, porque ésa es la que los ha hecho enormemente ricos. Es el pueblo de México el que quiere que haya cambios. Los empresarios, los trabajadores, los campesinos, los comerciantes, los partidos políticos, hasta el suyo, el del PRI, que normalmente apoya todo, hasta hoy aquí ha habido algunos matices. O sea, ustedes ya francamente han roto, han hecho talco el consenso social con su proyecto económico. Creo que debieran rectificar y ser sensibles a las demandas de la sociedad.
Tercero. Usted nos ha dicho aquí: "¡pues es que hubo unos errores en quienes compraron los bancos..!" "¡Oh, pues hubo unos errores ahí a la hora de hacer los cálculos cuando las carreteras..!" "¡Oh, pues también hubo unos cuantos errores a la hora de poner énfasis en el capital financiero!" bueno, muy bien. ¿Y quién los paga? ¿Quién se hace responsable de ello? ¿Qué culpa tienen los trabajadores que no toman ninguna decisión? ¿Qué culpa tienen los campesinos? ¿Qué culpa tienen los pequeños comerciantes? La culpa es de ustedes.
Creo que debieran irse haciendo cargo de rendir cuentas y de que cuando las cuentas que rinden al pueblo de México sean malas como las que usted está rindiendo hoy, pues francamente pudiera el pueblo tomar algún tipo de decisiones que permitan corregir la política o corregir a los funcionarios.
Tercero. Dicen que hubo unos rumores, reconoce usted, pero yo no he visto que el enorme costo que tuvo el país, México todo, las clases sociales todas por el rumor de que hubo un golpe de Estado en México, no los ha conmovido a ustedes para mandar una investigación, cuya cola es visible y aquí cabe el adagio: el gato por más que se esconda la cola enseña; y la cola lleva al Dow Jones, la cola lleva a Carlos Salinas. Apúrense a investigar, porque el pueblo de México quiere culpables.
Cuarto. El gasto social. Usted nos viene a decir con singular alegría, diría Levín, que va haber un aumento del 2.5%, pero miren, compañeros, basta de engaños. La situación del gasto social para este año, es igual a la que habrá en 1982, vienen a proponernos 14 años de retrocesos, como buenos cangrejos.
Nos dicen, con una alegría desbordada: no, no, no hay 40 millones de pobres y 20 de extremadamente pobres, nada hay más hay 13.5 millones, que es el equivalente a varios países centroamericanos. ¡Vaya consuelo:
Ustedes se han especializado en producir dos cosas solamente: muchos pobres y se han especializado en exportar, pero no escobas como dijo alguna vez el ex secretario Serra, sino exportar pobres mexicanos a Estados Unidos.
Quinto. Usted ¿qué nos puede decir? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo va a iniciarse en concreto la recuperación de industrias que anteriormente eran básicas para el desarrollo y el empleo en nuestro país, como la industria del calzado, del vestido, del juguete, de los alimentos.
Pero no nos diga promesas, dígale usted a los empresarios y a los trabajadores desempleados, a partir de cuándo va a empezar la recuperación, a partir de cuándo va a empezar el empleo.
Sexto. Pago de la deuda. Ustedes no dejan de pagar la deuda, no porque haya problemas económicos. Si recordaran a Juárez aprenderían algo, pero ya ahora no les gusta recordar a Juárez sino a Churchill, a Washington y a todos estos personajes.
No dejan de pagar la deuda por sumisión ideológica, y esa sumisión ideológica le está trayendo un enorme daño al pueblo de México, sumido en la miseria, en la desesperanza, en la prostitución, en el robo, en la inseguridad y en todos los males de los países sumidos en la pobreza y en la miseria.
Y el empleo. Ustedes nos dicen: va a haber 900 mil becas del miserable salario mínimo. ¿Quién de los funcionarios, que por cierto se acaban de autopagar sus cuatro mesesitos de salario, estaría dispuesto con el salario mínimo? Hay 2 millones 600 mil mexicanos que perdieron su empleo, ¿Qué va a hacer usted con los que sobran que no van alcanzar con las becas.
Séptimo. No estén gritando, compañeros, ya voy a terminar. En educación se están planteando 10 mil millones 219 mil... Señor presidente, pido que solicite orden.
El Presidente:
Señor diputado su tiempo ha concluido.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Voy a concluir. 10 mil millones 219.9 millones, eso representa el 11.58% de la deuda. Es mejor desarrollar a los mexicanos en la educación que tenerlos en la ignorancia.
Finalmente, en salarios. En 1995 hubo una pérdida del 25% y hay un acumulado de aproximadamente 80% en 17 años, ¿qué vamos a hacer.
Finalmente, para que se callen los jilgueros. Hay una partida secreta del Presidente de 650 millones de nuevos pesos, ¿qué explicación le merecen los mexicanos para que siga válida esta partida.
Usted y los niños de Harvard que lo acompañan, son tan dogmáticos que más que economistas parecen fundamentalistas. Ustedes, los hijos de las estadísticas y de los dígitos, deben reconocer que la economía sirve a la gente y si no sirve a la gente entonces no sirve.
Por ello nosotros planteamos que debe haber un cambio...
Quisiera, compañeros diputados...
El Presidente:
¡Orden en la sala de sesiones, señores diputados:
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Voy a concluir. Le quiero hacer, como el lunes es Día de la Revolución Mexicana, quiero hacerle un obsequio al señor secretario en este día, que es La Breve Historia de la Revolución Mexicana, de Jesús Silva Herzog.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, para una moción de orden, por favor.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):
Señor Presidente: yo quiero agradecerle, en primer lugar, la tolerancia que se le había dado a la reunión hasta este momento, previo a la intervención del compañero Armando Quintero y que fue pareja. No hubo ya la receptividad para escuchar las conclusiones que tampoco pensábamos extendernos más. Nada más le quiero decir que el que se lleva se aguanta y si el secretario se extiende de sus cinco minutos, lo van a ver.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Salvador Beltrán del Río, por cinco minutos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid:
Señor Presidente, con su permiso; señor secretario; compañeras y compañeros diputados:
Antes que nada señalar que pues yo no le traigo un regalo aquí al señor secretario, pero sí un reclamo por parte de nuestra fracción parlamentaria, puesto que no sabemos si por no entender el cuestionamiento del diputado Parra, fue tergiversado.
Acción Nacional definitivamente no le teme a las responsabilidades que la voluntad le ha venido encomendando. Lo que rechazamos, es que se nos quiera responsabilizar por errores producto de un centralismo y presidencialismo exacerbados que por más de 65 años hemos venido padeciendo. Por supuesto que no pedimos más recursos y menos responsabilidades; al contrario y de conformidad con el espíritu del Constituyente de 1917, se trata de más responsabilidades para estados y municipios, pero sí con los necesarios recursos para hacer frente a los mismos, simple y sencillamente auténtico federalismo, señor secretario.
Por lo que se refiere a la pregunta que el diputado Marcos le hizo en relación a la descentralización del ramo 26, me permito señalar que estamos nosotros hablando de descentralización, no de desconcentración. Insistimos en que no tiene nada qué hacer la Federación al vigilar los recursos que en su momento irían a ser manejados por las entidades y los municipios. Hay autoridades locales para vigilar y fiscalizar el uso de los recursos; de lo contrario, se estaría violando el espíritu federalista y de la Constitución.
Señor secretario: hemos estado aquí discutiendo por más de seis horas los criterios generales de política económica para el año que entra. El grupo parlamentario de Acción Nacional espera que dicha discusión sirva efectivamente para entablar un diálogo, para abrir los ojos de las autoridades y mostrar que efectivamente hay otros caminos, hay otras vías; que esto no se convierta sólo en una diálogo de sordos.
A lo largo del día los diversos grupos parlamentarios le hemos demostrado a usted que este Gobierno al igual que sus predecesores, no han sabido cumplir con sus promesas.
Las metas económicas en la mayoría de los casos se han quedado rezagadas, con excepción de la inflación cuya meta en los últimos años, consistentemente ha venido siendo rebasada.
Ha quedado por demás evidente que hasta el momento, a casi un año de Gobierno, las autoridades no saben cómo hacerlo o no pueden hacerlo o son incapaces de dar el bienestar tan prometido a las familias mexicanas.
Pero si esto no fuera suficiente, ahora presentan a la sociedad una vez más una serie de metas carentes de credibilidad, sólo mencionaré dos: la inflación del 20% anunciada, que quién sabe en cuantos meses, no años, será alcanzada y el tipo de cambio cuyo promedio ha venido siendo rebasado ya y que las empresas mexicanas en sus proyecciones financieras de ninguna manera han venido usando.
Todo esto ha ocasionado una severa crisis de confianza y credibilidad que puede calificarse como la más severa de la historia, especialmente porque se viene enfrentando al principio de un sexenio.
Hemos llegado a tal nivel de desconfianza y poca credibilidad, que no importan las medidas económicas que adopten las autoridades, simplemente porque vienen de éstas, no son recibidas adecuadamente por los diversos factores de la economía. La razón es que la mayoría de las veces no se llega al fondo del problema y además no se cumple con ellas.
Las autoridades en nuestro país parecen no percibir que todas las medidas económicas adoptadas hasta ahora, no han tenido los resultados esperados; el Gobierno se despacha con la "cuchara grande" al autorizarse aumentos de precios y tarifas, sólo en apariencia se compromete a disminuir el gasto.
El prometido aumento salarial con el índice inflacionario, quedará nulo rápidamente, los empresarios reciben sólo paliativos a la grave crisis que enfrentan, las cuales prácticamente no resuelven nada a sus problemas.
El proyecto de pensiones, uno de los más importantes del sexenio, se está complicando, entre otras razones por la falta de discusión previa entre los diversos sectores involucrados.
El aumento en las tasas de interés para impedir que el tipo de cambio aumente, no sirvió de nada; las presiones aún continúan.
Es un hecho el que la racionalidad y ortodoxia económica no funciona en estos momentos en nuestro país. Todos los sectores económicos del país pedimos a gritos que se modifique la política económica: ayer fue el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, antier la Iglesia Católica, hace unas semanas las cámaras industriales, los sindicatos obreros, los campesinos, los partidos políticos, que han venido haciendo una serie de propuestas ante la grave crisis económica por la que pasa el país.
Ahí están las propuestas, falta el sopesarlas, el considerarlas. Pero sobre todo, falta el ánimo de dialogar con seriedad y sobre todo con voluntad. A pesar de ello, las autoridades continúan con las medidas del libro de texto y por lo tanto, al pie de la letra las recetas económicas.
¿Hasta cuándo se entenderá pues que es necesario hacer algo diferente? ¿Acaso se carece de la imaginación o por la soberbia se impide reconocerlo? Tal parece que se han quemado todos los ases y los mercados siguen sin tranquilizarse.
Hoy por hoy se necesita el Gobierno darse cuenta de que el camino es incorrecto y que debe modificar su estrategia. Es el momento de hacer la necesaria pausa en el camino; de hablar con la verdad; de frente a la nación; de reconocer con toda honestidad la gravedad del problema, de hacer un llamado, de sumar esfuerzos todos, absolutamente todos, empezando por el Gobierno. Señor secretario: por el bien de México, hay que hacerlo. ¡ Es urgente!
Gracias.
El Presidente:
Quiero señalar que no hay inconveniente de esta Presidencia para otorgar flexibilidad en el uso del tiempo. El problema es el respeto que ustedes se merecen, para ustedes mismos. Yo estoy tratando de mantener los debates lo más cercano posible al uso del tiempo acordado. Entiendo que algunas apreciaciones se extienden algo más, pero llamo a su comprensión y apoyo para continuar la sesión.
Tiene la palabra el diputado Francisco Suárez y Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, por cinco minutos.
El diputado Francisco Suárez y Dávila:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea; señor secretario:
Nuestro país está viviendo momentos extraordinariamente difíciles, no podemos soslayarlo. A la ya severa recesión económica y al elevado desempleo, la reciente inestabilidad financiera regresa con fuerza redoblada y en forma sorpresiva, produce una nueva escalada de reetiquetación de precios, al mismo tiempo que las altas tasas de interés asesta nuevos golpes a algunas empresas moribundas y a familias sobreendeudadas. Ello obliga a una profunda reflexión nacional. En ella el Legislativo asume su papel con responsabilidad. Los diputados priístas hemos planteado con seriedad nuestros argumentos y razones, porque así creemos que cumplimos mejor nuestro compromiso con el país. Apoyamos así demandas populares e instituciones de Gobierno, sin alardes demagógicos. Esa es nuestra respuesta a la sociedad que reclama que hagamos nuestra su voz de angustia.
Se busca el cambio. Justamente el programa económico planteado por el Ejecutivo contiene, y lo subrayo, un cambio de política. Se trata de una política ya no para ajustar, sino para crecer, ya no de terapia intensiva, sino de recuperación. Hay un nuevo México y una nueva sustancia; reducción de impuestos y beneficios de seguridad y simplificación para el contribuyente; aumento a la inversión pública en infraestructura y en los sectores sociales; estímulo al empleo y a la inversión y una visión de federalismo integral. Palabras que parecieron enterrarse en los últimos tiempos y que hoy el priísmo reclama y rescata. Nuestra exigencia es no trastocar las políticas. Pero pensamos que se requiere la búsqueda de mayores espacios, de ampliar los márgenes de maniobra que hoy la sociedad reclama.
Dentro de las líneas generales de política, una nueva forma de ganar espacios es evitar el dogma haciendo que prevalezca el pragmatismo; apertura hacia el exterior, sí, pero no la del libro de texto, que deja en indefensión a nuestra industria; papel para los mercados, sí, pero no con especuladores que mueven el tipo de cambio con unos cuantos millones de dólares y sacuden a la sociedad. Decimos no a una política fiscal neutra; queremos una que estimule a la inversión y al empleo. Tampoco queremos una moneda neutra en condiciones de capacidad productiva ociosa; aceptamos una banca central autónoma, pero no autárquica y tampoco el culto a la estabilidad cuando ésta es estancamiento y penuria.
Pensamos que la política económica y la política han de apoyarse recíprocamente, buscando siempre el beneficio de la población y el fortalecimiento de la República.
No hay duda que entre analistas de afuera y la sociedad de adentro, el dilema siempre debe resolverse en favor de lo nuestro. Así consideramos que el Gobierno de México, apoyado por su Congreso, debe darse y tomarse los márgenes necesarios de maniobra y así exigirlo tanto a los organismos como a los acreedores del exterior.
Es en el crecimiento y no en el estancamiento en donde está la posibilidad de integrarnos a las corrientes globalizadoras. La mayor preocupación, el imperativo nacional es que se haga realidad la recuperación del crecimiento. Se han expresado aquí dudas sobre si el motor de las exportaciones es suficiente, si el consumo privado o si la inversión privada y condiciones de desconfianza van a hacer su trabajo.
El trabajador de bajos ingresos sigue asimilando la parte principal del ajuste y debe restablecerse su poder de compra. La lealtad de los campesinos con el país se ha coadyuvado de manera fundamental, para que continúe su desarrollo en paz merece el apoyo más amplio y decidido en el presupuesto.
Se han plasmado ya en la legislación aspectos que los priístas propugnamos, como la tasa 0% del IVA en alimentos y medicinas. Trato justo a los trabajadores bancarios. Descentralización del gasto social. Se han descartado ya potestades tributarias como en gasolinas. Legislaremos en otras acciones.
Nuestro partido concibe el federalismo de manera integral. Propugnaremos por un incremento en el fondo general de participaciones.
Señor Secretario: éste es un foro plural, pero respetuoso, preocupado por la situación que impera en el país, expresa el sentir de la bancada priísta de respaldar al Presidente de la República en su empeño por sacar al país adelante. Pero igualmente manifestamos nuestra seria preocupación por la situación que afronta la mayoría de las familias mexicanas.
Nuestro partido aspira a legislar con responsabilidad y en forma activa en las importantes iniciativas que ha recibido. Daremos apoyo razonado, pero vigilante, atento a que se haga uso de los márgenes de maniobra que el interés nacional reclama. Realizaremos los ajustes necesarios.
Somos priístas, pero ante todo somos mexicanos y como tales nos mueve el interés nacional, la salvaguardia de las instituciones y el beneficio de las mayorías.
Esa es nuestra historia y seremos congruentes con ella.
Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al doctor Guillermo Ortiz Martínez, Secretario de Hacienda y Crédito Público.
El doctor Guillermo Ortiz Martínez, secretario de Hacienda y Crédito Público:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Quiero antes que nada agradecer el diálogo abierto y respetuoso que hemos venido sosteniendo sobre la política económica propuesta por el Ejecutivo Federal para 1996.
He escuchado con atención e interés los planteamientos de los legisladores. Mucho reconozco la madurez de este ejercicio republicano, que tanto bien hace a nuestras instituciones.
Encuentro coincidencia en las posiciones planteadas. Primero, sobre la dureza del ajuste y segundo, sobre la urgencia de pasar a una nueva etapa de crecimiento sano y sostenido que nos permita pronto superar este difícil episodio que tanto sacrificio nos ha impuesto, crecimiento que dé frutos a todos los mexicanos.
Recojo con particular interés el planteamiento de mi partido, el Revolucionario Institucional sobre la imperiosa necesidad de alinear los instrumentos de política económica para dirigirnos al propósito urgente de la recuperación.
Como expliqué, el programa económico plasmado en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos que se ha propuesto, cumplen con este propósito, pues se alienta la recuperación haciendo uso de los distintos instrumentos de la política económica.
Hemos reconocido, desde que se inició la crisis, que el programa de 1996 no sólo tendría que ser un programa de ajuste, como alguien mencionó, sino un programa de sacrificios dolorosos, ya que se hacía imperativo superar aquellos obstáculos que fueron minando la fortaleza de nuestra economía y la hicieron muy vulnerable.
Sin ambages, pero también sin un espíritu catastrofista se anticipó que el ajuste sería doloroso y que se registraría una caída en la actividad económica y un repunte en el crecimiento.
En 1995 fue necesario que se contrajera el gasto de las familias, empresas y gobierno. El reto consistió en llevar a cabo este ajuste de gasto de manera ordenada para evitar una catástrofe mayor a las dificultades que hoy tenemos.
Quisiera por un momento que consideráramos lo que significa una pérdida de ingresos de 8% del producto.
De esta manera no podemos soslayar la gravedad de la crisis. La contracción del ingreso se manifiesta irremediablemente en la pérdida de empleos y en el cierre de empresas, en estas circunstancias es comprensible la angustia y la zozobra de quienes ven cómo se cierran sus fuentes de empleo o de quienes se ven obligados a prescindir incluso de los satisfactores más necesarios.
No obstante la violencia de la crisis, el país no ha caído en una espiral inflacionaria y se ha logrado alejar el colapso del sistema financiero, que de haber ocurrido hubiera paralizado el sistema de pagos. El apoyo de la sociedad y su respuesta responsable permitieron instrumentar un conjunto de medidas que contribuyeron a atenuar las manifestaciones más graves de la crisis.
Debemos reconocer que a pesar de los altos costos sociales se han corregido los principales obstáculos que impedían a nuestro país crecer sanamente.
Es cierto también, que cuando la estrategia que empezaba a mostrar resultados positivos, un nuevo capítulo de turbulencia financiera ha venido a causar desesperanza y ha llevado a una pérdida de confianza que es necesario recuperar, pero con perseverancia y con el esfuerzo que todos sabemos hacer, vamos a superar esta nueva etapa como ya la estamos superando.
La estrategia de crecimiento que se propone parte de una visión realista de las posibilidades de nuestra economía. Dicha estrategia se articula en torno a una reactivación que con el tiempo y el esfuerzo dará lugar a un proceso perdurable de crecimiento.
Las finanzas públicas habrán de jugar un papel de catalizador que dispare el gasto de inversión y el consumo privado; su manejo deberá ser, sin embargo, prudente y responsable, pero dentro de los márgenes que tenemos, que ya los hemos analizado en esta ocasión, tanto la política de ingreso como de gasto se van a enfocar justamente al proceso de recuperación de la economía y a la creación de empleos. Una estrategia de esta naturaleza debe ser la guía que tengamos en materia presupuestal, en materia de finanzas públicas y en materia de la conducción de la política económica para el próximo año.
Ahora estamos listos para iniciar una sólida recuperación. El programa propuesto a su consideración contiene los instrumentos adecuados para lograr este propósito. Procedamos ahora a analizar con seriedad los documentos que fueron sometidos a su consideración y que esta reflexión solamente tenga el límite de procurar todos juntos el interés nacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
Se ruega a la comisión designada acompañar al secretario Guillermo Ortiz Martínez, cuando desee retirarse de este recinto.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova (desde su curul):
¡Señor Presidente...
El Presidente:
Permítame señor diputado. No hay ningún artículo en el reglamento que me impida darle a usted la palabra, solamente que esta comparecencia se está realizando bajo reglas claras establecidas en concertación con los grupos parlamentarios, uno de los cuales es al que usted pertenece y de acuerdo con eso yo no lo puedo romper, no estoy autorizado por los coordinadores de las distintas fracciones a romper ese esquema.
Por favor, hable usted con su coordinación y quizá, ello nos podría ayudar a continuar de manera ordenada esta sesión.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Alejandro Torres Aguilar:
Señor Presidente se han agotado los asuntos en cartera; se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Segundo Año. LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 21 de noviembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Campeche.
Dictamen a discusión
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 17:31 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 21 de noviembre a las 10:00 horas.
| ADE | Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores |
| ARE | Alianza para la Recuperación Económica |
| AUSEE | Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica |
| Bital | Banco Internacional, Sociedad Anónima |
| Canacintra | Cámara Nacional de la Industria de Transformación |
| Capufe | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos |
| CEPAL | Comisión Económica Para América Latina |
| Cetes | Certificados de la Tesorería de la Federación |
| Conace | (Sin aclaración) |
| Conacyt | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| Concanaco | Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio |
| D.F. | Distrito Federal |
| Diconsa | Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima |
| DIF | Desarrollo Integral de la Familia |
| Fobaproa | Fondo Bancario para la Protección al Ahorro |
| Fonhapo | Fondo Nacional de Habitación Popular |
| IMPAC | (Sin aclaración) |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Infonavit | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
| Inverlat | Inversiones Latinoamericanas |
| ISAIN | (Sin aclaración) |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| Liconsa | Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima |
| OSD | (Sin aclaración) |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PARAUSEE | Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica |
| PIB | Producto interno bruto |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Procampo | Programa de Apoyos Directos al Campo |
| Procapte | Programa de Capitalización Temporal |
| Procede | Programa para la Certificación de Parcelas y Titulación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos en Ejidos |
| Pronasol | Programa Nacional de Solidaridad |
| SCT | Secretaria de Comunicaciones y Transportes |
| Sedesol | Secretaria de Desarrollo Social |
| Tesobonos | Bonos de la Tesorería de la Federación |
| Udis | Unidades de Inversión |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |