Presidencia de la diputada Regina Reyes Retana Márquez

ASISTENCIA

La Presidenta:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

El secretario Primo Rivera Torres:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 273 diputados. Por lo tanto, hay quorum.

La Presidenta (a las 12:07 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Primo Rivera Torres:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 22 de noviembre de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Quintana Roo y Tabasco.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.

De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Armada de México.

De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Comentarios

Sobre el aniversario de la Revolución Mexicana.

Sobre la agenda de acción de APEC, a cargo del diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Intervención sobre aclaración del diputado Luis Garfias Magaña.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Audomaro Alba Padilla:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado Fernando Salgado Delgado

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del martes veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de doscientos setenta y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos que se realizaron al término de la sesión anterior y reclama respeto para todos los miembros de la legislatura.

Hacen uso de la palabra, para referirse al mismo asunto, los diputados: Manuel Hinojosa Juárez, del Partido Revolucionario Institucional; Gaspar Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo y Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.

Se da lectura a diversas comunicaciones del Congreso del Estado de Campeche, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Previa moción de orden del diputado Gutiérrez Vidal y en virtud de que el dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo treinta y tres de la Ley General de Sociedades Cooperativas, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.

Se somete a discusión el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado José Eduardo Escobedo Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional y, para expresar las posiciones de sus grupos parlamentarios, los diputados: Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo, en pro; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Patricia Garduño Morales, del Partido Acción Nacional, en pro y Píndaro Urióstegui Miranda, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Debaten el proyecto de decreto en lo general, los diputados: José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Ramiro Javier Calvillo Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; José Rafael Castelazo y de los Angeles, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y acepta una interpelación del diputado González Luna; José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Humberto Meza Galván, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Luis Sánchez Aguilar, en contra; Serafín Núñez Ramos, del Partido del Trabajo, en pro y Marta Alvarado Castañón, motu proprio, para rectificar hechos.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y el Presidente informa que se reservaron, para la discusión en lo particular, los artículos: tercero, quinto, noveno, diez, doce, quince y cincuenta.

La Asamblea autoriza que la votación nominal se realice en lo general y en lo particular, al término de la discusión de los artículos reservados.

Inicia el debate sobre los artículos reservados, la diputada Ysabel Molina Warner, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a los artículos tercero y cincuenta; previa moción de orden que desde su curul hace el diputado Pérez Noriega y de la lectura del artículo noventa y seis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, continúa el debate y hacen uso de la palabra los diputados: Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; María del Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional, en contra del artículo cincuenta, para el cual presenta una nueva redacción; Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Fernando Pérez Noriega, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas respecto a los artículos quinto, noveno, décimo y quince; Ramiro Javier Calvillo Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del texto del dictamen y acepta una interpelación del diputado González Luna; Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, para proponer reformas al artículo doce y aceptar una interpelación del diputado Rascón Córdova; Luis Garfias Magaña, en pro del texto del dictamen; Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, en contra del artículo doce; Dionisio Eduardo Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados: Luis Sánchez Aguilar, motu proprio; Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática; José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional y Alejandro González Alcocer, del mismo partido.

Terminan el debate en lo particular sobre los artículos impugnados, los diputados: Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Esquinca Gurusquieta, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo, en contra del artículo doce.

La Asamblea considera suficientemente discutidos los artículos reservados para la discusión en lo particular y autoriza a que la votación en lo general, en lo particular y de las proposiciones de los grupos parlamentarios, se realice en un solo acto.

La Secretaría recoge la votación nominal autorizada que resulta aprobatoria para el dictamen en lo general y de los artículos no impugnados, por trescientos treinta y un votos en pro y veintinueve en contra; para los artículos tercero y noveno, por trescientos veinticinco votos en pro y veintinueve en contra; para el artículo doce, por doscientos cuarenta y cinco votos en pro y ciento quince en contra; para el artículo cincuenta, por doscientos cuarenta y cinco votos en pro y ochenta en contra.

Respecto de las proposiciones de los grupos parlamentarios, la votación arroja las siguientes cifras: para el Partido Acción Nacional, ochenta votos en pro y doscientas ochenta en contra; para el Partido de la Revolución Democrática, veintinueve votos en pro y trescientos treinta y uno en contra y para el Partido del Trabajo, siete votos en pro y trescientos cincuenta y cuatro en contra.

Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.

El Presidente informa que en el curso de la sesión se recibió el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en virtud de que dicho dictamen ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.

Se concede el uso de la palabra al diputado Hildiberto Ochoa Samayoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo respecto del proyecto de Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Para referirse al septuagésimo tercer aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, hace uso de la palabra la diputada Virginia Hernández Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa para que se ponga en letras de oro en las columnas de la Cámara de Diputados, el nombre del prócer Ricardo Flores Magón. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Apoya la iniciativa el diputado Arnoldo Martínez Verdugo, del Partido de la Revolución Democrática.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con siete minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»

Está a discusión el acta...

El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal (desde su curul):

Una aclaración.

La Presidenta:

Sí señor diputado, diga.

El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal (desde su curul):

Si me permite, señora Presidenta, en la lectura del acta queremos hacer dos precisiones. Lo que se refiere a la primera lectura del dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo, hay dos imprecisiones en el acta: si se le leyó el dictamen ayer, no se dispensó la lectura y no se ha entregado copia a los diputados del dictamen, que yo quedé de hacer para la segunda lectura.

Creo que sí es importante que se haga esta precisión, o sea: que no se ha entregado copia a los diputados, en todo caso que se suprima eso y que sí se leyó el dictamen en primera lectura.

La Presidenta:

Tomamos nota, señor diputado.

El secretario Audomaro Alba Padilla:

Con la aclaración del diputado Gutiérrez Vidal, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El secretario Aurelio Marín Huazo:

Se va a dar lectura a dos comunicaciones.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad Chetumal, Quintana Roo.- México.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La VII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se permite comunicar que en sesión celebrada el día 26 de octubre de 1995, abrió su tercer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente a su tercer año de ejercicio constitucional, mismo que fue clausurado el día 28 de octubre del presente año.

Para tal efecto, se eligió a los miembros de la mesa directiva, quedando integrada de la siguiente forma:

Presidente, Margarito Albornoz Cupul; vicepresidente, Hugo Ravell Magaña.

Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 30 de octubre de 1995.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, Angel de J. Marín Carrillo.»

De enterado.

ESTADO DE TABASCO

La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tenemos el honor de comunicar a usted que con fecha 31 de octubre del año en curso, fue electa la mesa directiva que presidirá los trabajos legislativos de este honorable Congreso en el mes de noviembre integrada por los siguientes diputados:

Presidente, Gonzalo Becerra Andrade; vicepresidente, Daniel García Hernández; secretario, Manuel Eugenio Graniel Cáceres; prosecretario, José Alvaro Castro Marín.

Sin otro particular hacemos propicia la ocasión para reiterarle nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, a 3 de noviembre de 1995.- El presidente del honorable Congreso del Estado, Gonzalo Becerra Andrade y Manuel Eugenio Graniel Cáceres, secretario.»

De enterado.

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1994

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.

En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario Primo Rivera Torres:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.

Honorable Asamblea: en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74 fracción IV párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994. Así, en los términos establecidos por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, recibió para su estudio, análisis, revisión y dictamen, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

En dicho documento de carácter anual se dan a conocer los resultados financieros, programáticos, presupuestales y económicos de la administración pública federal, en los términos señalados por la Ley de Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y la información relacionada, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Planeación.

Por su parte, la Comisión de Vigilancia, dentro del marco de sus atribuciones, turnó al órgano técnico de esta Cámara de Diputados, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994, con el propósito de realizar una revisión que permita profundizar en el conocimiento y evaluación de las características, términos y condiciones en que se desarrolló la gestión financiera y administrativa gubernamental, atento a lo dispuesto por los artículos 1o., 3o., 10, fracciones I, II, IV y XX de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.

La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para efecto del análisis de la Cuenta Pública de 1994, coordinó las actividades relacionadas con el estudio, discusión y evaluación de los resultados alcanzados en los sectores o ramos específicos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Con el propósito de ampliar la información y aclarar dudas relacionadas con la gestión financiera, el ajuste a los criterios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los principales programas, se realizaron nueve sesiones de trabajo con subsecretarios, oficiales mayores y directores generales de dependencias y entidades del Gobierno Federal. En todas estas reuniones, se contó con la participación de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara de Diputados.

Con base en el informe previo, en las observaciones emanadas de las reuniones de análisis entre la comisión dictaminadora y servidores públicos del Poder Ejecutivo y con fundamento en la legislación aplicable, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública procedió a elaborar el dictamen respectivo, con el propósito de sustentar el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.

A continuación se presenta a su consideración dicho:

DICTAMEN

I. Observancia de los preceptos jurídico-normativos

Del estudio y análisis de la documentación e información relativa se verificó que las dependencias y entidades antes citadas realizaron su gestión con apego a los siguientes preceptos: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento; Ley General de Deuda Pública; Ley de Ingresos y Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, aplicables al ejercicio de 1994; Ley de Adquisiciones y Obras Públicas; reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles; reglamento de la Ley de Obras Públicas; Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento; Ley de Planeación; Ley de Servicios de Tesorería de la Federación; Ley General de Bienes Nacionales; Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; acuerdo por el que se establecen las bases y lineamientos conforme a los cuales las dependencias y entidades de la administración pública federal formularán y presentarán sus programas anuales de requerimientos inmobiliarios, así como relativos a obras en inmuebles destinados o utilizados para oficinas públicas; normas y procedimientos generales para la afectación, baja y destino final de bienes muebles de las dependencias de la Administración publica federal y el acuerdo que establece las bases de integración y funcionamiento de los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles y de las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Del informe previo rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda se advierten salvedades y discrepancias, fundamentalmente en materia de obra pública, adquisiciones, baja de bienes muebles, emisión de normatividad y flujo de información en tales materias a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Por lo que dicho órgano técnico deberá realizar las revisiones específicas sobre el particular y rendirá a esta Cámara los informes con los resultados correspondientes.

II. Principios básicos de contabilidad gubernamental

A fin de evaluar la aplicación de los principios básicos de contabilidad gubernamental, en la elaboración e integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994, la Contaduría Mayor de Hacienda realizó su revisión en dos vertientes; por un lado, examinó el diseño de los sistemas contables de las dependencias y entidades de la administración pública paraestatal y por otro, comprobó su aplicación en el registro contable de sus operaciones y en la elaboración de sus estados financieros.

Del análisis efectuado se desprende que, en general, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se presentó de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables al sector gubernamental. No obstante, se detectaron algunas deficiencias, como las que se detallan a continuación, por lo que la Contaduría Mayor de Hacienda procederá a llevar a cabo revisiones específicas sobre el particular.

Algunas dependencias no han depurado sus cuentas colectivas de balance y no efectúan con regularidad recuentos físicos de sus bienes inventariables y de los artículos en almacén y se detectaron clasificaciones inadecuadas del gasto.

Por lo que se refiere a las entidades paraestatales, se desprende que aplicaron razonablemente los principios de contabilidad en el registro de sus operaciones, aunque en el caso de la Lotenal e ISSSTE, los auditores externos expresaron opinión negativa o con salvedad, lo que se tratará en un apartado por separado.

III. Análisis de los resultados financiero-presupuestales

III.1 Resultados generales de la gestión financiera

En 1994 el saneamiento de las finanzas públicas continuó siendo un factor primordial para coadyuvar a la estabilización económica, al registrar resultados positivos en los balances presupuestal y primario.

Los ingresos del sector público presupuestario representaron el 25.8% del PIB, debido a los efectos de la mayor actividad económica en la recaudación tributaria y a desgravaciones fiscales acordadas en la concertación social.

El gasto neto devengado fue de 26% del PIB, superior en 1.2% a la meta; el gasto adicional se financió con ingresos excedentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto de presupuesto de egresos de la Federación.

Los ingresos adicionales se utilizaron para financiar parte del gasto programable y se liberaron recursos presupuestales por 3 mil 584.5 millones de nuevos pesos, para cubrir mayores intereses de la deuda externa, cuyo monto en pesos se incrementó en 33.2% respecto al original, por el aumento de las tasas de interés internacionales y el ajuste en la paridad de la moneda. Otra parte de estos recursos adicionales se orientaron a las participaciones a estados y municipios, estímulos fiscales y otros.

La composición del gasto neto devengable difirió a la prevista, ya que la participación del gasto programable fue inferior en 0.8% a la estimada. De este total se canalizó el 82.1% de los recursos presupuestales a las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo nacional, como son: educación, salud, infraestructura urbana, desarrollo rural, energéticos y comunicaciones y transportes.

Con los ingresos adicionales del año se fortaleció el ahorro público superando la estimación original en 0.5% del PIB.

El balance presupuestal fue superavitario en 1 mil 298.1 millones de nuevos pesos, superior al previsto original de 600 millones de nuevos pesos. El balance primario también fue superavitario en una proporción de tres puntos porcentuales del PIB.

Sin embargo, el pago de intereses superó en 0.3% del PIB a lo previsto por el incremento de las tasas de interés internacionales y el saldo de la deuda del sector público presupuestario creció en 13.8% como proporción del PIB. El aumento obedeció a la depreciación del peso, a la revaluación y a una mayor colocación de Tesobonos y a los recursos provenientes del SAR.

El periodo de vencimiento de la deuda interna se redujo, los plazos para la deuda externa fueron similares a los del año anterior y el endeudamiento neto externo fue inferior al autorizado por esta soberanía.

Con los resultados de 1994 se concluye que se alcanzaron casi todas las metas globales de finanzas públicas, habiendo efectuado ajustes en su composición, lo que generó balances presupuestal y primario positivos.

III.2 Ingresos públicos

La Ley de Ingresos para 1994, aprobada por esta soberanía, preveía generar recursos suficientes para financiar las actividades gubernamentales y fortalecer el ahorro interno, con objeto de incrementar los fondos disponibles para atender las demandas sociales y apoyar la inversión pública, principalmente en la infraestructura física. En el marco de la concertación social, las políticas tributarias y de precios y tarifas del sector público serían compatibles con el comportamiento de la inflación esperada y la mayor competencia en la apertura comercial, para coadyuvar a la estabilidad de precios.

Por segundo año consecutivo no se sometió para su aprobación la iniciativa de ley para adicionar y reformar diversas disposiciones fiscales, Miscelánea Fiscal. En la Ley de Ingresos correspondiente se incorporaron las facilidades fiscales que establece las reducciones impositivas acordadas en la concertación social.

El régimen fiscal de Petróleos Mexicanos se modificó con objeto de dar mayor autonomía de gestión al corporativo y a sus filiales. Para ello se adecuaron los derechos a cargo del organismo y los montos fijos que se establecieron en la Ley de Ingresos se sustituyeron por tasas vinculadas con los ingresos que percibe, con lo cual se disminuyó la carga fiscal de Pemex en materia de derechos y se incrementó en la de impuestos.

En la política de precios y tarifas se estableció para Pemex un aumento gradual acorde con la inflación esperada para los precios de ciertos combustibles y se vincularon los precios de otros con referentes al mercado internacional. La tarifa eléctrica industrial de alta tensión se redujo, dependiendo de los patrones de consumo de los usuarios y en las tarifas eléctricas de baja tensión se eliminó el incremento mensual a que estaba sujeta la tarifa aplicable al bombeo para riego agrícola.

Como resultado de las medidas aplicadas los ingresos ordinarios del sector público presupuestal en 1994 ascendieron a 323 mil 717.0 millones de nuevos pesos, que superaron en 8.3% a los estimados y representaron el 25.8% del PIB. Con relación a la Ley de Ingresos, los ingresos ordinarios del Gobierno Federal presentaron una variación positiva del 9.5% y en los organismos y empresas también fue positivo en un 5.9%. Estos resultados permitieron financiar el 99.4% del gasto neto devengado.

En 1994 el Gobierno Federal captó ingresos ordinarios por 215 mil 301.2 millones de nuevos pesos, equivalente al 17.2% del PIB, lo que le permitió financiar el 96.6% de su gasto neto. De este total de recursos recaudados el 98.4% correspondió a los ingresos corrientes y la diferencia a los de capital, cuya participación superó a la estimada.

La estructura de los ingresos corrientes difirió ligeramente de la prevista porque la participación de los no tributarios superó a la estimada; sin embargo tres cuartas partes de los ingresos corrientes fueron tributarios, cuya carga fiscal representó el 12.8% del PIB, como resultado de las reformas fiscales y la ampliación del padrón de contribuyentes.

En su mayor parte los ingresos ordinarios provinieron de los impuestos sobre la renta, al valor agregado y el especial sobre producción y servicios.

La recaudación al impuesto sobre la renta superó a la prevista en la Ley de Ingresos y la carga fiscal fue de 5.4% como proporción del PIB. Su participación en los ingresos tributarios del Gobierno Federal fue inferior en 0.9% al estimado, debido a que aumentaron las correspondientes al impuesto al valor agregado y al de importación.

En el impuesto al valor agregado el monto fue superior en 14.4% al estimado, por el incremento en los pagos de Pemex.

El impuesto especial sobre producción y servicios tuvo una recaudación menor a la estimada, manteniéndose por su monto como el tercer gravamen en importancia; su participación a los ingresos tributarios fue del 17.4%.

La participación de los ingresos no tributarios superó en 1.3% las previsiones, por el aumento en lo relativo a aprovechamiento y productos que compensaron la disminución en los derechos; sin embargo estos últimos continuaron siendo importantes por su monto representando dos terceras partes del total.

Los organismos y empresas captaron ingresos propios por 108 mil 415.8 millones de nuevos pesos, superior en 5.9% a lo estimado; la variación se presentó por ingresos propios y adicionales que obtuvieron el IMSS, Pemex y CFE, entidades que generaron el 81.3% del total.

III.3 Gasto público

El sector público presupuestal ejerció en 1994 un gasto neto devengado por 325 mil 812.1 millones de nuevos pesos, superior en 7% a la asignación original.

El gasto programable alcanzó la cifra de 249 mil 480.5 millones de nuevos pesos, superior en 5.9% a lo previsto, destinándose mayores recursos al gasto social y a la inversión en áreas estratégicas y prioritarias, especialmente energéticos y comunicaciones y transportes, para ampliar y mejorar la infraestructura productiva y social.

La mayor participación del gasto de capital obedeció a transferencias otorgadas a entidades de control presupuestal indirecto como son: Banco Nacional de Crédito Rural, SNC, la Comisión Nacional del Agua y los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, entre otros.

El gasto no programable fue de 76 mil 331.6 millones de nuevos pesos, superior en 10.7% a lo previsto, correspondiendo el 51.5% a los recursos adicionales que se canalizaron a las (participaciones a estados y municipios, estímulos fiscales y otros), por incremento en la recaudación federal participable. El 48.5% se dedicó a cubrir el costo financiero de la deuda externa, que fue mayor por el aumento de las tasas de interés internacionales.

El gasto excedente fue financiado con ingresos adicionales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 del decreto aprobatorio del presupuesto de egresos de la Federación.

III.4 Deuda pública

Los objetivos en materia de deuda externa se cumplieron parcialmente, teniéndose en sus aspectos positivos el afianzamiento de presencia en los mercados internacionales de capitales al colocar deuda en el mercado asiático mediante la edición de Bonos Dragón; los plazos de vencimiento fueron similares a los del año anterior y el nivel de endeudamiento neto devengado fue inferior al autorizado por esta soberanía. Sin embargo el saldo de la deuda externa del sector público se incrementó en proporción al PIB como resultado de la depreciación del peso con las principales divisas y el costo financiero de la deuda externa aumentó en 0.1% del PIB, debido al alza de las tasas de interés internacionales.

A nivel de devengado, el endeudamiento externo neto fue de 3 mil 618.8 millones de dólares. Al 31 de diciembre de 1994, el saldo de la deuda externa bruta ascendió a 85 mil 435.4 millones de dólares, la que incluye 3 mil 069.6 millones de dólares por concepto de depreciación del dólar con otras divisas. Con la deducción de activos financieros en el exterior, el saldo se reduce a 76 mil 889.9 millones de dólares. En moneda nacional el saldo a diciembre de 1994 es de 370 mil 403.3 millones de nuevos pesos, correspondiendo el 86.6% al Gobierno Federal y 13.4% al paraestatal.

Respecto al año anterior aumentó en 75.9% en términos nominales, como efecto de la revaluación de la deuda y la asunción de pasivos. En términos del PIB equivalió a 29.6%.

La política de deuda interna se orientó a disminuir su costo financiero y a ampliar sus periodos de vencimiento. Estos objetivos se cumplieron parcialmente reduciéndose el costo financiero en términos reales y como proporción del PIB por pagos anticipados de amortización con recursos del fondo de contingencia y requerirse menores recursos crediticios. Sin embargo el saldo se incrementó en términos reales y como proporción del PIB por la revalorización de los Tesobonos al cierre del ejercicio.

El endeudamiento neto interno devengado fue de 12 mil 329.1 millones de nuevos pesos, correspondiendo 11 mil 660.5 millones de nuevos pesos al Gobierno Federal y 668.6 millones de nuevos pesos a los organismos y empresas paraestatales.

El saldo de la deuda interna al 31 de diciembre de 1994, reducida de los saldos positivos en el fondo de contingencia y cuenta corriente, se ubicó en 181 mil 108.6 millones de nuevos pesos, lo que equivalió a 14.5% del PIB.

En total el saldo de la deuda del sector público presupuestal ascendió a 565 mil 819.1 millones de nuevos pesos, correspondiendo el 65.5% a la deuda externa y el 34.5% a la interna. Se superó en 211 mil 836.7 millones de nuevos pesos al del año anterior, variación ocurrida por el efecto de la revaluación en la paridad del peso.

IV. Variaciones presupuestales

IV.1 En los ingresos ordinarios

a) Gobierno Federal

Los ingresos corrientes en 1994 fueron de 211 mil 866.9 millones de nuevos pesos y los de capital de 3 mil 434.3 millones de nuevos pesos.

Los ingresos tributarios fueron de 160 mil 368.4 millones de nuevos pesos, superiores en 6.7% a lo estimado. Por concepto del impuesto al valor agregado se generaron 41 mil 302.4 millones de nuevos pesos por incrementos en las ventas internas de productos petrolíferos y petroquímicos, pagos adicionales que efectuó Pemex e ingresos adicionales por la importación de bienes tangibles por mayores volúmenes de importaciones de mercancías. También influyó una mayor presencia fiscal y el aumento en precios de bienes sujetos a este gravamen.

El impuesto sobre la renta recaudó 64 mil 074.9 millones de nuevos pesos por los aumentos salariales y contractuales otorgados en el año, ampliación en el padrón de contribuyentes, intensificación en las acciones de fiscalización, simplificación de trámites fiscales y asistencia técnica y actualización trimestral de los diferentes rangos y tarifas conforme al índice tradicional de precios al consumidor.

El impuesto general de importación captó 12 mil 708.1 millones de nuevos pesos, superior a su estimación por un mayor volumen de importación de mercancías, en rango superior al 20%, aunque se presentó una disminución en las tarifas arancelarias.

Los ingresos no tributarios alcanzaron 51 mil 498.5 millones de nuevos pesos, superior en 15.8% a la estimación de la Ley de Ingresos.

Los aprovechamientos fueron por 12 mil 882.1 millones de nuevos pesos, incorporándose nuevos conceptos, como las utilidades del Banco de México, que generó un remanente de 4 mil millones de nuevos pesos y los derechos por acuñación de moneda metálica y desmonetización de billetes que fueron por 2 mil 253.8 millones de nuevos pesos.

En productos se registraron 3 mil 341.1 millones de nuevos pesos mayor a la estimación por los intereses de valores, créditos y bonos, por el aumento de tasas de interés, los intereses generados por los recursos del fondo de contingencia y los rendimientos del capital por la venta de empresas paraestatales.

En los ingresos de capital se captaron 3 mil 434.3 millones de nuevos pesos, proviniendo en su mayor parte de la venta de entidades paraestatales, traspaso de fondos y liquidación de fideicomisos.

Los ingresos no recurrentes ascendieron a 4 mil 801.1 millones de nuevos pesos, que se captaron por la venta de Telmex y el grupo financiero Serfin.

b) Organismos y empresas

Los ingresos ordinarios de los organismos y empresas sujetas a control presupuestal ascendieron a 126 mil 323.0 millones de nuevos pesos, correspondiendo 89.6% a recursos propios y 10.2% a transferencias del Gobierno Federal.

Los ingresos ordinarios superaron en 7.6% a los previstos en la Ley de Ingresos, originados en Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos, IMSS, ISSSTE y CFE.

Estos ingresos adicionales se debieron a transferencias destinadas a la construcción de carreteras concesionadas, por el aumento de las cuotas obreropatronales, un mayor número de asegurados, celebración de convenios, transferencias del Gobierno-Federal, mayor consumo de energía eléctrica de uso industrial y residencial y venta con descuento de la cartera vencida de CFE.

IV.2 En el gasto neto

El gasto neto del Gobierno Federal ascendió a 222 mil 850.1 millones de nuevos pesos, monto superior en 6.9% al presupuesto original. El gasto programable modificó su estructura aumentando la participación de los ramos administrativos que contribuyen a la capitalización del campo; la modernización de la infraestructura carretera, aeroportuaria y de comunicaciones; la reforma del sistema educativo, la federalización de los programas y contenidos de estudio, la revalorización económica y social del magisterio; la ampliación de los servicios médicos, asistenciales y de seguridad social y el equipamiento urbano, vivienda e infraestructura hidráulica.

El gasto programable se superó en 8 mil 143.5 millones de nuevos pesos que se financiaron con los ingresos ordinarios excedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del presupuesto de egresos de la Federación. También hubo ampliaciones en cada ramo administrativo por las reasignaciones de los ramos generales, erogaciones no sectorizables y solidaridad y de desarrollo regional, que son previsiones para cubrir erogaciones en programas prioritarios no considerados en el presupuesto original. Estas transferencias a los ramos no incrementaron el gasto programable que fue autorizado por la Cámara de Diputados.

Los gastos adicionales, que superaron en 5.6% al presupuesto, se efectuaron por las aportaciones para la educación básica en los estados, Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Agricultura y Recursos Hidráulicos y Comunicaciones y Transportes.

Las ampliaciones fueron para incrementos salariales, estímulos por productividad y aportaciones al Fovissste.

El gasto neto de los organismos y empresas de control directo fue de 120 mil 869.2 millones de nuevos pesos, correspondiendo el 95.2% al programable y el 4.8% al no programable. Del gasto programable el 77.7% fue para el gasto de operación y el 22.3% para el de inversión.

Se superó en 8.1% al presupuesto original dándose en el IMSS, CFE y Caminos y Puentes Federales de Ingresos.

El gasto no programable aumentó en 22.6% por pagos adicionales en el costo financiero que efectuaron Pemex y Ferronales.

V. Evaluación de las transferencias e inversión pública

Se erogaron 89 mil 682.1 millones de nuevos pesos por concepto de transferencias, correspondiendo 85.6% a organismos y empresas no incluidas en el presupuesto y el 14.4% a las sujetas a control presupuestal; crecieron en 19.1% con relación a 1993 y se canalizaron para los ramos de aportaciones para educación básica en los estados, Educación Pública, Agricultura y Recursos Hidráulicos y Hacienda y Crédito Público, las que en conjunto recibieron el 80.8% de las transferencias.

La inversión pública en 1994 ascendió a 49 mil 812.0 millones de nuevos pesos, teniendo un incremento real del 11%.

VI. Evaluación sectorial del gasto

VI.1 Orientación sectorial de las erogaciones

La política de gasto público aprobada para el ejercicio fiscal de 1994 se orientó a consolidar la asignación sectorial de los recursos presupuestales, dando prioridad al desarrollo social, al desarrollo rural y a la infraestructura básica.

El gasto programable sectorial fue de 244 mil 534.8 millones de nuevos pesos, superior en 12.2% real al ejercido en 1993 y 5.6% al presupuestado. Como porcentaje del PIB un 19.9%, lo que representa un incremento del 1.5 puntos porcentuales respecto al del año anterior.

El 86.5% del gasto sectorial se destinó a los programas prioritarios definidos en el presupuesto de egresos de la Federación de 1994. Por sectores, su distribución fue la siguiente: 52.6% se canalizó a desarrollo social; 20.9% en energético; 6.6% en desarrollo rural; 6.4% en comunicaciones y transportes; 5.3% en justicia y seguridad; 3.6% en comercio y el 4.6% restante en los sectores administración, industrial y minería, turismo y pesca.

VI.2 Sector desarrollo rural integral

El gasto programable del sector fue de 16 mil 095.9 millones de nuevos pesos, superior en 5.3% al presupuestado por recursos adicionales al Procampo para apoyar la producción y comercialización de maíz, frijol, soya, algodón y otros productos. Se subsidiaron las importaciones de trigo destinadas a la industria, se rehabilitaron unidades de riego por bombeo eléctrico para mejorar la producción y productividad agrícolas y se destinaron recursos no presupuestados al programa especial de atención de cartera agropecuaria vencida.

La producción de los 10 cultivos básicos fue superior en 15.5% a la registrada en 1993, por el incremento en las cosechas de maíz, frijol, trigo, algodón, cártamo, soya y sorgo, por los apoyos financieros a los productos y aumentos en los rendimientos promedio por hectárea. En la producción de arroz, cebada y ajonjolí se registraron menores cosechas por la disminución en la superficie sembrada por retrasos en las lluvias y precios inferiores o poco atractivos al de otros productos.

La producción de carne creció 7.6% por mayor demanda interna de la carne de res y de aves. La producción de leche disminuyó 1.2% por baja de su precio en el mercado interno y aumento de las ventas de leche en polvo. Al modernizarse el sistema de mercadeo y liberarse el precio, aumentó 1% la producción de huevo.

La superficie cultivable en áreas de riego y de temporal superaron las metas trazadas por una mayor rehabilitación de unidades de riego por bombeo eléctrico. Se intensificaron las campañas sanitarias y aumentó la participación de los productores y gobiernos estatales en estas jornadas.

En la prevención y combate de incendios y en el diagnóstico de plagas y tratamiento de enfermedades a los recursos silvícolas, aumentaron las metas alcanzadas por la coordinación, establecida en los distritos de riego con probosque y los grupos voluntarios para el desarrollo de acciones preventivas.

En el sector se cumplieron parcialmente las metas relativas a los servicios de extensión agrícola y a la protección y control de áreas agrícolas con la detección de plagas y campañas fitosanitarias. Tampoco se alcanzaron los niveles previstos en la asistencia técnica a productores pecuarios y silvícolas, en la operación de viveros y en la reforestación y vigilancia de áreas forestales.

En materia de reforma agraria se superaron las metas de ejecutar resoluciones presidenciales, en el deslinde y declaratoria de terrenos nacionales, en la actualización y vigencia del catastro rural y en la integración de carpetas básicas de ejidos y comunidades, por la conciliación de las partes en conflicto, la simplificación de los procedimientos administrativos y la descentralización de los servicios de informática. Se cumplieron parcialmente las metas de regularizar la propiedad de posesionarnos de terrenos nacional y la escrituración de lotes en áreas ejidales y comunales.

VI.3 Sector pesca

En el sector se ejercieron 379.8 millones de nuevos pesos, cifra inferior en 8.9% a lo autorizado, porque se suspendieron obras en algunos proyectos acuícolas por problemas técnicos, administrativos y legales. Se obtuvieron economías en la contratación de obras de construcción, conservación y rehabilitación de escolleras y dragado y se efectuaron reducciones en apoyo a las medidas de ahorro presupuestal.

Los indicadores de producción mejoraron respecto a 1993. A la mayor captura contribuyeron las medidas de regulación pesquera, que fueron de establecimiento de vedas y tallas mínimas para la captura. Se incorporaron 375 embarcaciones pesqueras y se emplearon nuevos sistemas. Para la mayor producción acuícola influyeron los programas de repoblamiento en los centros de producción y de sanidad en los bancos de producción de ostión, la aplicación de tecnologías avanzadas para la producción de camarón, la incorporación de siete laboratorios productores de alevines y poslarvas y al equipamiento de 37 centros con mejor tecnología. Con el incremento de la producción pesquera aumentó la disponibilidad de especies para el abasto de la industria y el mercado interno.

El saldo de la balanza comercial pesquera fue superavitario, por la mayor producción de camarón exportable, el aumento de captura de especies exportables con alto valor comercial y el fomento de la inversión privada. El consumo humano directo aumentó por programas específicos para modernizar pescaderías e instalar más puntos de venta, impartir mayor capacidad y campañas de difusión.

VI.4 Sector industrial y energéticos

En el sector se erogaron 51 mil 225.4 millones de nuevos pesos, superior en 9.1% al presupuesto original, por mayores erogaciones en la CFE y en Pemex.

En los resultados sectoriales, la producción de petróleo crudo, gas natural y petroquímicos fue mayor a la prevista, por la terminación de diversos pozos de desarrollo en la región marina, alta participación del gas asociado y se dispuso de más materia prima básica para los petroquímicos. La elaboración de refinados fue inferior a la programada, por no alcanzarse las cuotas de producción de gas licuado y gasolina Magna Sin.

La comercialización interna de los derivados del petróleo y del gas natural superó las metas de venta de refinados, petroquímicos y gas natural, por las mayores adquisiciones de combustóleo y gas natural de la CFE y el repunte de los precios de los petroquímicos en el mercado internacional.

Se superaron las metas de exportación de productos petroquímicos por la reactivación en el mercado internacional y Pemex fortaleció su política de comercialización. Se cumplieron parcialmente las metas de petróleo crudo y petrolíferos por la subreoferta en el mercado europeo de crudos dulces del mar del norte y de otras regiones y disminuyeron los volúmenes excedentes de combustóleo, diesel y gasóleo de vacío por su mayor demanda en el mercado nacional.

Las metas de generación y comercialización interna de energía eléctrica se superaron con la entrada en operación de varias plantas, por el mayor dinamismo de la actividad económica, principalmente de la industria manufacturera y la incorporación de nuevos usuarios al servicio eléctrico. Las ventas externas de energía eléctrica fueron inferiores a las programadas por la disminución en la demanda de Belice.

VI.5 Sector comercio

El gasto del sector fue de 8 mil 845.8 millones de nuevos pesos, inferior en 0.5% al presupuesto original, por la reducción de los precios de garantía del maíz y del frijol al ponerse en marcha el Procampo, por compras menores de frijol y apoyos inferiores a los previstos y en el Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal.

En los resultados sectoriales, se superaron las metas de compra de maíz en 6.2%, en la venta de frijol en 20.2%, en el acopio de productos básicos en 24.4%, en las familias beneficiadas mediante el programa de subsidios a la tortilla en 1% y en el establecimiento de lecherías en 1.2 %, por favorables cosechas de maíz en el norte de la República, mayor comercialización interna y externa de frijol, recepción de trigo por cuenta de terceros y el manejo de un solo padrón de beneficiarios.

Se cumplieron parcialmente las metas de compra de frijol, venta de maíz, acopio de almacenamiento de productos agropecuarios, distribución diaria de leche y niños beneficiados mediante el programa de abasto social de leche.

Estos resultados se debieron a una mayor participación del sector privado en la comercialización del frijol, sobreestimación de los inventarios de maíz, depuración del padrón de beneficiarios, asistencia irregular a los centros de distribución de leche y escasa aceptación de la leche en polvo.

VI.6 Sector turismo

En el sector se ejercieron 516.0 millones de nuevos pesos, inferior en 7.6% al presupuesto, por la disminución del gasto en Fonatur, la no obtención oportuna de los créditos del BID y los recursos generados por la venta de los Club Med.

En los resultados sectoriales se incrementó el turismo receptivo y la captación de divisas disminuyendo la salida de éstas por turismo egresivo por los eventos y campañas llevadas a cabo en coordinación con los gobiernos estatales y prestadores de servicios. Se tuvo un impacto favorable en el sector por la recuperación de la economía de los Estados Unidos y la mayor oferta de paquetes turísticos a menor costo. El saldo favorable de la balanza turística superó a la registrada en 1993.

La participación de la actividad turística en el PIB se elevó por el dinamismo de los establecimientos de comida rápida y los servicios de hotelería en centros de playa. Se rebasaron las metas de ampliación de la oferta hotelera por incremento de la inversión extranjera en el sector y la participación de Fonatur en el desarrollo de megaproyectos turísticos en colaboración con inversionistas nacionales y extranjeros. Hubo mayor capacitación a empleados al implantarse jornadas de calidad y cursos de especialización a instructores.

Se cumplieron parcialmente las metas de la demanda hotelera y de construcción y remodelación de cuartos de hotel por retrasos en los créditos del BID.

VI.7 Sector comunicaciones y transportes

El gasto del sector fue de 15 mil 600.9 millones de nuevos pesos, superior en 11.3% al presupuesto original y en 21.9% al erogado en 1993, derivado de las aportaciones financieras efectuadas para apoyar las obras concesionadas de modernización y ampliación-carretera, la ejecución del Programa Red de Educación Satelital, la liquidación del personal de base y confianza de Puerto Mex, la indemnización a los usuarios de la aviación general y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el apoyo a las operaciones de carga de Ferronales, la continuación del programa de retiro voluntario y la liquidación del personal de los talleres externalizados.

El subsector carretero, el transporte de carga y pasajeros aumentó en 6.5% y 1.5% respectivamente, por el aumento del parque vehículos, las reformas a la legislación y normatividad aplicables y el crecimiento de la red carretera.

En el subsector ferroviario, se superó la meta de transporte de carga por la movilización de la producción de maíz en Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, el incremento de volúmenes transportado de otros productos, principalmente químicos y de la industria automotriz y el incremento de tráfico de mercancías con el exterior. La meta del transporte de pasajeros se cumplió parcialmente al suprimirse rutas improductivas, la preferencia por el autotransporte y la eliminación de coches de pasajeros.

En el subsector marítimo, el movimiento de carga y el traslado de pasajeros se incrementaron, con relación a 1993 por la modernización de la infraestructura portuaria, la concesión a la iniciativa privada de la operación de las terminales para cruceros y la construcción de marinas y muelles de atraque para el arribo de cruceros turísticos.

En el subsector aéreo, se superaron los resultados de 1993 en la transportación de carga y pasajeros por la creación de nuevas empresas, la ampliación de la cobertura en el mercado nacional y el incremento de los servicios con el exterior.

En comunicaciones, Sepomex superó la meta de manejo y transporte de piezas postales por el aumento de los puntos de servicios y en su flota vehicular.

VI.8 Sector desarrollo social

El gasto programable del sector fue de 128 mil 636.4 millones de nuevos pesos, superior en 12.0% al ejercido en 1993 y un 3.0% mayor al presupuestado. El aumento se registró principalmente en los subsectores de educación, salud y seguridad social y desarrollo urbano, ecología y agua potable.

Subsector educación

En el subsector se erogaron 56 mil 086.0 millones de nuevos pesos, superior en 2.9% al presupuesto, como resultado de los recursos adicionales transferidos para apoyar la educación básica en los estados, el pago de los incrementos salariales y los estímulos de productividad y eficiencia derivados del programa carrera magisterial, los apoyos otorgados a la entidades de control indirecto para actualizar planes y programas de estudio, capacitar a investigadores y profesores, adquirir material didáctico y equipo de cómputo adicional, otorgar becas a estudiantes sobresalientes y construir y equipar espacios para los proyectos de investigación científica y tecnológica.

Las acciones desarrolladas en el sector de educación permitieron mantener el grado de escolaridad de la población en 6.7 en promedio y reducir el analfabetismo en el país.

En educación preescolar, el grado de absorción de la demanda fue de 76.4% por el mayor número de técnicos promotores y bachilleres para impartir la educación en comunidades urbano-marginadas, rurales e indígenas y una mayor operación de los jardines de niños existentes que ofrecieron apoyos educativos, recreativos, médicos y alimentarios a hijos de madres trabajadoras de escasos recursos.

En educación primaria, se atendió al 98% de la población de seis a 15 años de edad al consolidarse el programa (modelo de primaria para niños migrantes). Los índices de eficiencia terminal, deserción y reprobación mejoraron respecto al ciclo anterior por una dotación de material didáctico, libros de lectura, acervos bibliográficos y el otorgamiento de becas.

En educación secundaria, la oferta educativa en las zonas rurales y de difícil acceso incrementó por la operación de la Red de Educación Satelital, la intensificación de campañas de difusión y la aplicación del sistema automatizado de inscripción y distribución en 16 estados y el Distrito Federal. Los índices de absorción de egresados de primaria, eficiencia terminal, reprobación y deserción fueron similares a los del ciclo anterior. En este nivel educativo influyó que muchos jóvenes se incorporaron al mercado de trabajo por condiciones económicas de sus familias.

En la educación media superior, los índices de absorción de egresados de secundaria y de eficiencia terminal fueron superiores a los del ciclo anterior por la implantación de nuevas carreras, la descentralización de este servicio educativo, la incorporación de material didáctico y equipo de cómputo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cursos de regularización.

En educación superior, se atendieron menos alumnos que en el ciclo anterior al haberse otorgado prioridad a la consolidación de la matricula y al mejoramiento de la calidad de los servicios, más que a la ampliación de la cobertura de atención.

En posgrado se superaron los resultados por la creación de opciones educativas orientadas para alentar y fortalecer las áreas prioritarias para el desarrollo del país.

En el sistema extraescolar, la atención de la demanda de educación inicial y especial fue inferior a la registrada en el ciclo anterior por falta de personal idóneo y de investigaciones sobre el desarrollo infantil. En las modalidades de alfabetización, primaria y secundaria para adultos siguió presente la falta de arraigo y permanencia de la población mayor de 15 años.

Subsector salud y seguridad social

En el subsector se ejercieron 53 mil 798.0 millones de nuevos pesos, superior en 2.7% con relación al presupuesto original, por las mayores erogaciones que realizaron el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud.

El IMSS efectuó erogaciones adicionales para pagar aumentos salariales, adquirir insumos y sufragar el mayor costo de los servicios de arrendamientos de inmuebles, equipo médico y traslado de enfermos.

En el ISSSTE hubo mayor gasto al haber otorgado mayores créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda, el aumento en el costo de los servicios subrogados en el segundo y tercer niveles de atención, el incremento a las pensiones y jubilaciones, la realización de trabajos extraordinarios en el hospital regional 20 de Noviembre, para convertirlo en Centro Médico Nacional y adquisiciones adicionales de inmobiliario y equipo médico de ese centro.

La Secretaría de Salud aumentó su gasto para cubrir incrementos salariales y creación de plazas para ejecutar el programa enfermedades infecto-contagiosas en las entidades federativas donde se localizan los principales focos endémicos.

En 1994 los servicios médicos alcanzaron un aumento a la población atendida en 1.4% al año anterior por un número mayor de promotores voluntarios, parteras y médicos tradicionales para atender a comunidades rurales y urbanomarginadas, el programa (cirugía extramuros) para atender personas de escasos recursos y la incorporación de 277 nuevas unidades médicas al servicio.

En el control de enfermedades prevenibles por vacunación disminuyeron los índices de sarampión y tuberculosis por las campañas efectuadas en el programa (vacunación universal) en donde el 93% de los niños de uno a cuatro años de edad contó con el esquema básico de vacunación a nivel nacional.

La incidencia del paludismo disminuyó al aplicarse el programa respectivo en las entidades federativas donde se presentaron estos focos endémicos; Se incrementaron los casos de dengue por los brotes en algunos estados de la República aplicándose el programa preventivo.

Las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA y la sífilis, mostraron tendencias decrecientes y de estabilización, intensificándose las campañas de difusión y reforzando los mecanismos para la certificación de la sangre.

La incidencia del cólera se redujo al incrementarse las actividades de saneamiento básico.

Las enfermedades diarréicas y respiratorias agudas decrecieron por la difusión de medidas preventivas y la capacitación y actualización del personal médico y paramédico.

Se mantuvo la tasa de fecundidad de tres hijos por mujer en edad fértil al intensificarse la difusión y promoción del control de la natalidad y la continuación de otros programas de planificación familiar.

Se mejoraron los servicios médicos curativos y de rehabilitación con diversas acciones y se reforzaron los de protección del medio ambiente y al saneamiento básico.

En asistencia social se aplicaron programas de atención y mejoramiento nutricional, promoción del desarrollo familiar y comunitario y protección y asistencia a población desamparada.

El conjunto de acciones del sector salud contribuyeron a que la tasa de mortalidad general se mantuviera en 4.7 defunciones por cada 1 mil habitantes y la esperanza de vida al nacer 3 en 71.6 años.

Subsector trabajo y previsión social

En el ámbito laboral se ejerció un gasto de 502.2 millones de nuevos pesos, inferior en 5.7% al presupuesto original, por las transferencias que se efectuaron al ramo 26 Solidaridad y Desarrollo Regional, para apoyar el programa de becas de capacitación para trabajadores y desempleados y las actividades del sistema nacional de empleo.

En materia de justicia laboral, se atendieron más asuntos a los programados por el aumento de las demandas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se realizaron más inspecciones para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, se atendieron más asuntos para la defensa del trabajador, se superaron las metas de solicitudes de empleo y becas de capacitación a desempleados y trabajadores. Se cumplieron parcialmente las metas de registro de comisiones mixtas de seguridad e higiene y la de otorgamiento de créditos a los trabajadores, al no captar el Fonacot los ingresos propios previstos al aumento de su cartera vencida.

Subsector desarrollo urbano, ecología y agua potable

En el subsector se ejercieron 8 mil 016.5 millones de nuevos pesos, superior en 32.7% al original, por el apoyo a las acciones de vivienda y urbanización en localidades urbanas y rurales marginadas, la protección y preservación del medio ambiente, la transferencia de recursos al programa especial de productores de café y obras adicionales de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

En materia urbana se realizaron ocho foros nacionales para revisar 31 proyectos de actualización de leyes estatales de desarrollo urbano y se apoyó a los municipios en la actualización técnica y validación jurídica de 24 planes de desarrollo urbano que complementaron los 116 que fueron aprobados en el Programa de Cien Ciudades.

Se instalaron ventanillas únicas en 91 ayuntamientos para el trámite integral de licencias de uso de suelo y de construcción. Se actualizaron los catastros municipales en 11 estados de la República, se emitieron dictámenes técnicos para constituir reservas territoriales en 14 estados, se regularizó la tenencia de la tierra en 21 estados y se realizaron 17 expropiaciones en diversas entidades federativas.

Continuó la ejecución del Programa Especial para el Fomento y Regulación de la Vivienda en 27 entidades federativas, se establecieron acuerdos con el notariado nacional para el cobro de un arancel uniforme y se eximió el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles y a las viviendas de interés social en 11 estados. La Sedesol y la Fonhapo financiaron el término de la edificación y 16 mil 642 pies de casa y el mejoramiento de 29 mil 258 viviendas.

En el ámbito ecológico se decretaron seis normas oficiales mexicanas y se publicaron otros 31. Concluyó el ordenamiento ecológico general del territorio nacional que se constituye como instrumento rector para determinar los usos, destinos, reserva del suelo y considerar los aspectos ambientales en la formulación y actualización de los planes de desarrollo. La Profepa realizó 74 auditorías ambientales y supervisó 212 que realizaron diversas empresas.

Erogaciones no sectorizables (ramo 23)

El 39% del gasto programable del ramo 23 fue ejercido directamente y el 61% transferido a otros ramos.

Del total ejercido directamente (8 mil 099.4 millones de nuevos pesos) sólo el 7.8% se destinó a gastos contingentes, suma considerablemente menor a la ejercida en el pasado. Esta menor asignación responde a una preocupación mostrada recurrentemente por diputados de legislaturas anteriores.

VII. Estado financiero de entidades paraestatales

Una de las principales fuentes de información para evaluar tanto los resultados financieros como el origen y destino de los recursos públicos que se aplicaron en su operación, lo constituyen los estados financieros, los cuales en los casos de las entidades, fueron dictaminados por despachos de contadores públicos independientes designados por la entonces Secogef.

En opinión de los auditores externos, los estados financieros de los organismos y empresas de control presupuestal directo presentaron razonablemente su situación financiera al 31 de diciembre de 1994, salvo en el caso de dos entidades. En el ISSSTE se incluyen salvedades específicas por incumplimiento de los principios generales de contabilidad; en tanto que en la Lotenal el auditor externo emitió opinión negativa por incumplimiento a las disposiciones de los boletines B10 y B12 emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y sus cuatro documentos de adecuaciones para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, por incumplimiento de los principios generales de contabilidad y limitación a los procedimientos aplicados al auditor externo.

VIII. Aspectos sobre la modernización el sector público

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se estableció como una prioridad la modernización del país, que implicaba, entre otros aspectos, reducir el gasto público, impulsar la producción y la productividad en el campo, erradicar la pobreza extrema, profundizar la apertura comercial con el exterior y adecuar la legislación aplicable en materia económica.

Así se continuó con el proceso de redimensionamiento del sector paraestatal, con la finalidad de optimizar los recursos del sector público. Para el 31 de diciembre de 1994 formaban parte de la administración pública federal 215 entidades paraestatales y 34 más estaban en proceso de desincorporación.

En 1994 se incorporaron al sector público, como entidades paraestatales el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), Luz y Fuerza del Centro, el Fondo de Cultura Económica y 12 administraciones portuarias integrales, con objeto de fortalecer la presencia gubernamental en áreas estratégicas y prioritarias.

Por otra parte, en el PND 1989-1994, en su apartado 5,3,1 "Modernización del Campo", se estableció como objetivo fundamental aumentar la producción y productividad al campo. Así, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1994, se reguló el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

La operación del Procampo le correspondió a la entonces SARH, a través de su órgano desconcentrado Aserca. De conformidad con lo reportado en la cuenta pública de 1994, se informa que durante ese año se apoyó la producción de siete cultivos básicos, con un gasto de 4 mil 869.5 millones de nuevos pesos. Es de señalarse que la dependencia debe detallar las explicaciones de las variaciones registradas en el cumplimiento de las metas de apoyos directos a la producción, la superficie apoyada en cada entidad federativa y los recursos que específicamente se destinaron a cada una de ellas, por lo que deberá efectuarse recomendación sobre el particular.

Por lo que respecta al Pronasol, en 1994 se continuó con su ejecución, habiéndose ejercido 9 mil 270.0 millones de nuevos pesos, gasto que superó en 12.2% al erogado en 1993 y en 5.2% al asignado originalmente. De dichos recursos 7 mil 945.0 millones de nuevos pesos fueron erogados a través de los gobiernos estatales y el resto (1 mil 325 millones de nuevos pesos) por los distintos ramos de la administración pública federal. A dichos recursos se sumaron 4 mil 403.4 millones de nuevos pesos que aportaron los gobiernos estatales y en su caso, los beneficiarios de las obras, por lo que el gasto total ejercido en el marco de solidaridad fue de 13 mil 673.4 millones de nuevos pesos.

Los 9 mil 270 millones de nuevos pesos se distribuyeron en tres vertientes, destinándose el 65.9% a proyectos de bienestar social, el 18.5% a proyectos productivos y el 15.6% a infraestructura básica de apoyo.

En lo concerniente a la apertura comercial con el exterior, en 1994 México celebró acuerdos comerciales con Costa Rica y Bolivia; se firmó el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela (Grupo de los Tres); entró en vigor el Tratado de Libre Comercio que celebraron México, Estados Unidos y Canadá y México ingresó a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

En materia de adecuaciones al marco jurídico que regula la actividad económica, destacan las modificaciones relativas a la Ley de Navegación, al reglamento de la Ley de Puertos, al reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, al reglamento de la Ley Forestal, al reglamento de la Ley Federal de Turismo, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

Con base en lo anterior, la comisión que suscribe somete a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1994

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento de lo establecido por el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal, presentó en tiempo y forma a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, para su revisión.

Que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública revisó la documentación presentada para verificar el cumplimiento de objetivos y conocer el resultado de la gestión financiera y presupuestal.

Que es necesario dar mayor profundidad y oportunidad al análisis y dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con el fin de fortalecer las funciones de fiscalización que por ley ejerce el Poder Legislativo.

Que la realización de nueve reuniones de trabajo con servidores públicos de las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal involucradas, en las que se atendieron los planteamientos y dudas de los diputados, asistiendo a estas reuniones, además, funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda, con lo que se enriqueció el contenido del informe previo que este órgano técnico realiza.

Que el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda a que se refiere el artículo 3o. fracción II inciso a de la Ley Orgánica de la propia contaduría, correspondiente a la Cuenta Pública de 1994, fue recibido en tiempo y forma en esta Cámara y turnado a esta dictaminadora para su consideración.

Que del análisis del trabajo realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, se determinaron algunas deficiencias y discrepancias por parte de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, motivo por el cual se hace necesario formular recomendaciones al Poder Ejecutivo, a fin de corregir y perfeccionar la gestión del sector público federal, sujeto a control presupuestal.

Que por lo expuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 fracción III, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3o. fracción II inciso a; 14, 5, l9 y 20 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta representación, el siguiente:

DECRETO

Artículo 1o. La Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, fue recibida oportunamente, iniciándose el proceso de revisión por la Contaduría Mayor de Hacienda de conformidad con el artículo 74 fracción IV párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, con la finalidad de conocer los resultados de la gestión financiera de la administración pública federal, comprobar si se ajustó a los criterios señalados en los decretos del presupuesto de egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación y verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas contenidos en los programas.

Artículo 2o. Se analizó el cumplimiento de los objetivos y prioridades contenidos en los programas elaborados por las dependencias y entidades y su concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.

Artículo 3o. Se verificó la observancia por parte de las dependencias y entidades comprendidas en el presupuesto de egresos de la Federación, con relación a los preceptos legales aplicables en el ejercicio presupuestal de 1994.

Artículo 4o. Con base en lo anterior, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de la facultad que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formula las siguientes recomendaciones en materia de observancia de preceptos legales.

a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en su carácter de dependencias globalizadoras, deberán reforzar sus mecanismos de control a fin de evitar deficiencias en el flujo de información entre ésta y las dependencias y entidades en materia de obra pública, adquisiciones, baja de bienes muebles y emisión de normatividad.

b) Es fundamental que las dependencias y entidades, que no lo han hecho, elaboren y aprueben el manual de integración y funcionamiento de su comité de adquisiciones, proponiendo las respectivas políticas internas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

c) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de las discrepancias entre los usuarios sobre la eficiencia del sistema de compensación de adeudos, deberá proceder al diagnóstico respectivo, a fin de que se adopten las medidas pertinentes.

d) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá hacer más ágiles los mecanismos mediante los cuales dé a conocer a las dependencias y entidades de la administración pública federal, las disposiciones en materia de gasto público.

e) A su vez las entidades deberán, en atención a las disposiciones contenidas en las normas y procedimientos generales para la afectación, baja y destino final de bienes muebles, registrar las partes reaprovechables de bienes muebles dados de baja.

Artículo 5o. De las revisiones practicadas se desprenden incumplimientos por parte de dependencias y entidades en los procesos de programación, presupuestación y en sus sistemas de información y registro para el adecuado ejercicio y control de metas y recursos contenidos en el presupuesto de egresos de la Federación. En consecuencia se instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados para que instrumente las siguientes:

ACCIONES

1o. Que las dependencias y entidades del Gobierno Federal cumplan con el desahogo de las recomendaciones emitidas por esta Cámara, parcialmente atendidas y las no atendidas, mismas que se detallan en el anexo II del informe previo de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994.

2o. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refuerce los procedimientos de registro y control de los recursos que se canalizan al fondo de contingencia y su aplicación directa a los fines de su constitución.

3o. Que el Gobierno Federal transparente la canalización de subsidios y transferencias, evaluando su eficiencia y los resultados logrados.

4o. Que la Contaduría Mayor de Hacienda incluya, dentro de las revisiones que realice en relación con la cuenta pública de 1994, la evaluación de los resultados de los programas y proyectos de las dependencias y entidades.

5o. Que el Gobierno Federal promueva la evaluación de proyectos como elementos fundamentales para determinar la orientación del gasto público.

6o. Que el sector salud avance en la instrumentación de la política de descentralización de los servicios de salud transfiriendo responsabilidades, programas y recursos, así como que evalúe la calidad de los servicios y revise la evolución de los costos y los programas de inversión.

7o. Que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo promueva prácticas, métodos y acciones que permitan integrar indicadores de gestión y de productividad para el seguimiento y evaluación de programas sustantivos, en todas las dependencias y entidades.

8o. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca el seguimiento, supervisión y control del programa de concesión de carreteras para su adecuada legalidad, eficiencia y rentabilidad financiera.

9o. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revise puntualmente los procedimientos, términos y condiciones de ley para el otorgamiento de concesiones de los servicios de telecomunicaciones.

10. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantenga una estrecha supervisión y seguimiento en los procesos de desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias.

11. Que la Secretaría de Desarrollo Social revise la viabilidad de los programas con claro destino social e incluya medidas de eficiencia financiera. Deberá conciliar los padrones de los subprogramas de leche y tortilla del programa social de abasto.

12. Que la información que proporcione la Secretaría de Desarrollo Social respecto al Programa Nacional de Solidaridad para integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, contenga el presupuesto y metas autorizadas, así como el presupuesto ejercido y el cumplimiento de metas, por entidad federativa.

13. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo den seguimiento permanente e induzcan medidas para su cumplimiento respecto de las metas y compromisos de los convenios de saneamiento financiero y las de déficit-superávit en las dependencias y entidades.

14. Que el sector agropecuario revise sus programas, en particular el Procampo y Procede, para que los recursos asignados contribuyan de manera eficaz al desarrollo del sector.

15. Que la información que proporcione la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural respecto al Procampo para integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, contengan el presupuesto y metas autorizadas por cultivo a apoyar, así como el presupuesto ejercido y el cumplimiento de sus metas por entidad federativa.

16. Que se revisen los indicadores de productividad de Luz y Fuerza del Centro y se tomen las medidas conducentes para elevar su eficiencia.

17. Que la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo exploren y apliquen mecanismos especiales para el control, supervisión y fiscalización de los recursos del ramo 25, e induzcan sistemas de información específicos, para su reporte.

18. Que el Instituto Nacional Indigenista revise la complementariedad entre sus programas y los llevados a cabo por otras dependencias y entidades del Gobierno Federal, para lo cual deberá de revisar y mantener actualizados sus indicadores de productividad y eficiencia.

19. Que se revise la efectividad y resultados de los programas de difusión y promoción que lleva a cabo la Secretaría de Turismo.

20. Que el Gobierno Federal promueva convenios con los gobiernos de los estados y los congresos locales para fiscalizar el ejercicio de los recursos del ramo 25.

21. Que se revise de manera detallada los sobreejercicios o subejercicios de gasto de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a efecto de disponer de información oportuna y específica sobre dichos resultados.

Artículo 6o. La Contaduría Mayor de Hacienda, en acatamiento a lo establecido en el artículo 3o. de su Ley Orgánica, deberá ejercer las funciones de contraloría y practicar las auditorías destacando las irregularidades por el incumplimiento de la normatividad vigente y en su caso promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, que conforme a derecho procedan. De sus acciones deberá informar a esta Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia.

Artículo 7o. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos a los que hubiese lugar, instruyéndola para que, dentro del término de ley, rinda el informe de resultados correspondiente por conducto de la Comisión de Vigilancia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., 21 de noviembre de 1995.- Diputados: Antonio Sánchez Gochicoa, presidente de la comisión; Marcos Parra Gómez; Jaime del Río Navarro, José Manuel García García, Raúl Livas Veras, Eduardo Guzmán Ortiz, secretarios; Eduardo Arias Aparicio, Manuel Beristáin Gómez, César Chávez Castillo, Saúl Escobar Toledo, Pedro Etienne Llano, Guadalupe Flores Valdez, Carlos Flores Vizcarra, Miguel Angel García García, Luis Antonio Godina Herrera, María del Rosario Guerra Díaz, María Cecilia Hernández Ríos, Miguel Angel Islas Chío, René Juárez Cisneros, José Luis Leyson Castro, Marco Antonio Michel Díaz, Jorge Padilla Olvera, Cándido Pérez Verduzco, Filemón Ramírez Pérez, Luis Rico y Samaniego, Dulce María Sauri Riancho, Francisco Suárez y Dávila, Kurt Thomsen D'Abbadie, David Vargas Santos y Carlota Vargas Garza.»

Es de primera lectura.

CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1994

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.

En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario Audomaro Alba Padilla:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisión del Distrito Federal.

Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio de 1994.

Honorable Asamblea: en los términos del artículo 74 fracción IV constitucional y en cumplimiento al artículo octavo transitorio del decreto de fecha 21 de octubre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 del mismo mes y año, por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89,104, 105,107 y 122, así como la denominación del Título Quinto, se adiciona la fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde por última vez a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, revisar la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 1994.

Para tales efectos los miembros de la Comisión del Distrito Federal, a partir de la recepción de la cuenta pública en el mes de junio del año en curso, han procedido a su estudio y análisis para lo cual, además de la revisión directa a la cuenta pública, se consideraron los informes de avance de actividades elaborados por el Departamento del Distrito Federal relativos a 1994, los cuales fueron enviados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Asimismo, este análisis abarcó la información contenida en el Informe previo sobre la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1994, remitido por la Contaduría Mayor de Hacienda, en los términos de la fracción IV del artículo 74 constitucional y de la Ley Orgánica de ese órgano fiscalizador, el cual contiene observaciones preliminares y ofrece una visión global del estado que guardaba el sector DDF, debiéndose apuntar que dicho documento será ampliado con el informe de resultados, derivado de las auditorías específicas que practique la Contaduría Mayor de Hacienda, con motivo de la revisión de la cuenta pública de 1994.

Adicionalmente estos trabajos fueron enriquecidos con información proporcionada por diversos servidores públicos del Departamento del Distrito Federal, analizándose con especial cuidado lo relativo al comportamiento de diversas empresas del sector paraestatal, tales como STC-Metro, Ruta100 y Servimet.

Con base en lo anterior se elaboró el presente dictamen relativo a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1994, a partir de las consideraciones generales y preliminares formuladas por la Contaduría Mayor de Hacienda y contenidas en el informe previo referido.

Aspectos jurídico-normativos

En esta materia se comprobó que en términos generales se cumplieron las disposiciones jurídicas de "observancia obligatoria para la gestión administrativa y financiera del sector DDF"; no obstante se detectaron algunas deficiencias las cuales no se pueden generalizar ni son concluyentes, básicamente en las siguientes materias:

En materia de adquisiciones y obras públicas se detectaron algunas deficiencias, básicamente en la emisión de normatividad; formalización de contratos y en el levantamiento de actas de entrega-recepción en las entidades (Fidere, Fividesu, STE y STC).

En lo concerniente a los aspectos normativos relacionados con el presupuesto, la contabilidad y el gasto público federal, se determinaron algunas insuficiencias entre la información proporcionada por diversas entidades como son Fidere, Fividesu y STE y la aportada por la SHCP respecto a la celebración de contratos de adquisiciones.

En cuanto a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se observó incumplimiento de 43 servidores públicos por lo que respecta a la presentación de su declaración anual de situación patrimonial.

Con referencia a la Ley General de Bienes Nacionales, se observó desfasamiento en la presentación del programa anual calendarizado de necesidades inmobiliarias.

Finalmente se observaron algunos incumplimientos por cuanto hace a normas y procedimientos para la afectación, baja y destino final de bienes muebles.

Aplicación de los principios básicos de contabilidad gubernamental:

El sector central cuenta con un sistema de contabilidad denominado "Sistema Integral de Contabilidad", en cumplimiento a lo que establece el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. En lo referente al sector paraestatal, cada entidad del Departamento del Distrito Federal desarrolla su propio sistema contable, que debe ser autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los sistemas contables del sector central y paraestatal se rigen por los principios básicos de contabilidad gubernamental, en cumplimiento del artículo 84 del reglamento de la citada ley y supletoriamente sólo en los casos de entidades, se aplican los principios establecidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las normas de información financiera e instructivos específicos que emitan en coordinación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (antes Secogef), relacionados particularmente con el reconocimiento de las obligaciones laborales de las entidades del sector paraestatal al retiro de sus trabajadores.

Se comprobó que el sistema integral de contabilidad empleado por el Departamento del Distrito Federal para el registro de sus operaciones, se apegó a los principios básicos de contabilidad gubernamental y a las normas específicas dictadas por las secretarías señaladas, con excepción de las entidades Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, cuya situación financiera fue incorporada a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal del ejercicio 1994, sin contar con el dictamen financiero del contador público independiente, por encontrarse en proceso de autorización de la Secodadm (antes Secogef).

Esta conclusión emana de las respuestas recibidas a cuestionamientos enviados por la Contaduría Mayor de Hacienda respecto a la forma y términos en que se han registrado las operaciones y conforme a los resultados de las auditorías practicadas en ejercicios anteriores, además de la revisión que se practicó a los dictámenes de los estados financieros de entidades paraestatales emitidos por los contadores públicos independientes.

Del análisis y evaluación efectuados al diseño del sistema, se determinó que no se han efectuado modificaciones a éste y tomando en cuenta las revisiones efectuadas por la CMH, se considera que el sistema integral de contabilidad que utiliza el DDF, se ajusta a los servicios básicos de contabilidad gubernamental. Sin embargo, conviene señalar que en las auditorías practicadas al Departamento del Distrito Federal se observa que algunas de las unidades administrativas clasifican incorrectamente y de manera recurrente, erogaciones como gasto de inversión aun cuando por su naturaleza corresponden a gasto corriente; no se registra oportunamente el traspaso de obras en proceso a obras terminadas ni la totalidad de las bajas de activo fijo; asimismo se han observado frecuentes incumplimientos de los principios "cumplimiento de disposiciones legales" y "control presupuestario".

Cabe hacer mención que con base en dictámenes emitidos por auditores externos sobresale el caso de "Industrial de Abastos", donde los mismos expresaron salvedad por limitaciones en el alcance de su revisión por falta de documentación, mediante la cual se formalizó la entrega de predios al Departamento del Distrito Federal y la determinación y pago de los impuestos.

En lo que corresponde al caso de Ruta-100, expresaron excepciones por limitaciones a sus procedimientos de auditoría y salvedades por desvío a los principios de contabilidad generalmente aceptados, como son la incertidumbre en la razonabilidad de registro de ingresos por pasajes, cuya omisión en el registro puede alcanzar hasta un 15% y por ajustes importantes a resultados de ejercicios anteriores, por 18 mil 791.0 miles de nuevos pesos.

Asimismo, la Contaduría Mayor de Hacienda, con fundamento en el artículo 12 de su Ley Orgánica, expresa algunas recomendaciones a las políticas contables de las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal, que aun cuando no implican situaciones y omisiones importantes, es necesario atender en beneficio de la información financiera.

Resultados financiero-presupuestales del Departamento del Distrito Federal

De la revisión de la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, se concluye que esta dependencia cumplió con los objetivos y metas prioritarios contenidos en el presupuesto de egresos autorizado por la Cámara de Diputados, así como con los ingresos establecidos en la respectiva ley aprobada por el Congreso de la Unión.

Para 1994 el Departamento del Distrito Federal conservó la estabilidad de sus finanzas, después de aplicar una política de ingresos orientada a incrementar la eficiencia de la administración tributaria, promover una carga tributaria más equitativa y recaudar los recursos suficientes para financiar su gasto.

El resultado conjunto de las políticas de ingresos y egresos condujo a un déficit de 281.7 millones de nuevos pesos, en lugar de 5 millones de nuevos pesos aprobado originalmente, debido a que el gasto neto se incrementó en mayor proporción que lo hicieron los ingresos ordinarios. No obstante, el déficit fue cubierto con el endeudamiento neto de 343.6 millones de nuevos pesos, importe inferior a los 470.0 millones de nuevos pesos aprobados por el Congreso de la Unión en el artículo 6o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal.

Ingresos

Los ingresos ordinarios (propios, participaciones, transferencias del Gobierno Federal y propios de organismos) del sector Departamento del Distrito Federal, por 17 mil 034.5 millones de nuevos pesos, superaron en 5.3% la meta de recaudación establecida en la Ley de Ingresos. El incremento obedeció principalmente a las actualizaciones hechas a las tasas, cuotas y tarifas de las contribuciones locales, la ampliación del universo de contribuyentes y las auditorías e inspecciones que se efectuaron para evitar la evasión y elusión fiscales, factores que contribuyeron principalmente a la mayor captación de ingresos propios, los cuales se incrementaron en todos sus rubros.

Las transferencias que otorgó el Gobierno Federal al sector central ascendieron a 261.7 millones de nuevos pesos y se destinaron a: el mantenimiento de obras de urbanización en diferentes delegaciones; el pago de becas a trabajadores desempleados, estudiantes y profesionistas que prestaron su servicio social y, el acondicionamiento de recintos policiales de la SGPV.

Asimismo se financiaron otros programas como: hospital digno, para el equipamiento, rehabilitación y ampliación de los hospitales administrados por el DDF; con solidaridad obrera vivienda digna, para realizar acciones de mantenimiento en unidades habitacionales y multifamiliares; niños en solidaridad, mediante el cual se otorgó asistencia médica, despensas y becas a infantes de bajos recursos; el de jubilados y pensionados y el de solidaridad forestal.

En lo que se refiere al endeudamiento por parte del Departamento del Distrito Federal, se obtuvieron financiamientos por 389.5 millones de nuevos pesos. Entre ellos destacan los contratos para el equipamiento y ampliación de la red del Metro, la compra de insumos y refacciones de importación para el programa de mantenimiento y la adquisición de carros por la operación de la Línea 8; adicionalmente se contrataron financiamientos para apoyar la ejecución de los proyectos de reforestación rural en el valle de México y de conservación ecológica en el área metrópolitana de la Ciudad de México, que específicamente se utilizaron en la deforestación de las sierras de Guadalupe y Santa Catarina.

Egresos

El gasto neto del DDF gasto total menos ADEFA fue de 17 mil 316.2 millones de nuevos pesos, superior en 7.0% al estimado en el presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal. La variación se debió al incremento del gasto programable corriente, ya que el de capital y el gasto no programable (destinado a pagar los intereses y comisiones de la deuda) fueron inferiores a los previstos. El excedente del gasto fue financiado con los mayores ingresos destinados a cubrir las erogaciones correspondientes a los programas prioritarios y parte del endeudamiento neto, con lo cual se dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 13 del decreto que aprueba el presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal para 1994 y 6o. del decreto que aprueba la Ley de Ingresos de 1994, respectivamente.

Tal variación en el gasto se explica principalmente por las erogaciones adicionales para atender la demanda ciudadana por servicios e infraestructura básica a cargo de las unidades administrativas siguientes: Comisión de Vialidad y Transporte Urbano; Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica; delegaciones, así como la Secretaría de Protección y Vialidad y la Policía Auxiliar.

El gasto en la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano (Covitur) fue de 993.1 millones de nuevos pesos y el aumento de 27.2% con respecto a lo previsto se originó en el rubro de obras públicas. Este incremento se explica porque se canalizaron mayores recursos que los estimados, para financiar la construcción de la Línea 8 del Metro (Garibaldi-Constitución de 1917) y se inició la construcción de la Línea B del Metro (Buenavista-Ciudad Azteca), obra no programada originalmente.

El gasto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) fue de 1 mil 412.3 millones de nuevos pesos y superó en 15.6% al presupuestado, como resultado de las mayores erogaciones en servicios generales y obras públicas. El incremento obedeció fundamentalmente a: pagos de agua en bloque; de trabajos adicionales de mantenimiento y conservación de los sistemas de agua potable y drenaje; trabajos no previstos de desazolve de la red de drenaje y de mantenimiento preventivo al parque vehicular.

El gasto en obras públicas de la citada dependencia excedió al presupuestado, debido a que se lograron avances superiores a los previstos en la construcción de tanques de almacenamiento de agua potable; en la excavación y construcción de captaciones del colector semiprofundo Canal Nacional-Canal de Chalco; en la construcción de una planta de bombeo de aguas negras; en la rehabilitación y reposición de pozos en el valle de México y la cuenca del Lerma y por la realización de trabajos no previstos en el entubamiento del gran canal de desagüe.

El gasto ejercido por las delegaciones (2 mil 896.3 millones de nuevos pesos) fue superior en 10.0% al estimado originalmente, como resultado de los aumentos registrados en los capítulos de servicios generales y servicios personales. Las erogaciones adicionales en servicios generales se explican porque las acciones de mantenimiento y conservación de la red secundaria de agua potable fueron mayores que las programadas, se autorizaron ampliaciones presupuestales a varias delegaciones para que cubrieran los costos mayores de diversos servicios básicos; se incrementó el reparto de agua potable en pipas, la recolección de residuos sólidos en la vía pública, debido a que se operaron más unidades recolectoras y aumentó el número de rutas domiciliarias; la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica y realizaron trabajos adicionales de conservación y mantenimiento en áreas verdes.

El gasto en servicios personales se incrementó porque se estableció un programa de estímulos al personal con 10 o más años de servicio y se contrató a personal eventual (600 trabajadores) para colocar carteles en la vía pública con mensajes alusivos a la conservación y apoyo al cuidado de las zonas reforestadas del Distrito Federal y su área conurbada, contratación que no se previó inicialmente.

Deuda

Al finalizar el ejercicio de 1994, el saldo de la deuda ascendió a 1 mil 473.3 millones de nuevos pesos y superó en 53.4% al de 1993. El incremento se explica en 67.0% por el endeudamiento neto que se contrató en el ejercicio, en 25.7% por la revaluación de la deuda por concepto del deslizamiento cambiario y en 7.3% por la capitalización de intereses; el aumento por revaluación se debió a la depreciación del peso respecto a otras divisas, en particular el yen japonés, el dólar estadounidense y el franco francés, monedas cuyo peso relativo es elevado en el saldo de la deuda externa.

Por lo tanto esta comisión comprobó que el endeudamiento neto ascendió a 343.6 millones de nuevos pesos, importe inferior al previsto en la Ley de Ingresos (470.0 millones de nuevos pesos). El menor endeudamiento del sector central se debió a que no se utilizaron todos los créditos autorizados porque los proveedores extranjeros no entregaron oportunamente las refacciones importadas para dar mantenimiento a la infraestructura del Metro y porque los proyectos de mejoramiento ambiental que cuentan con financiamiento externo no avanzaron en la proporción esperada.

Con los pagos de principal que efectuó el sector DDF durante 1994 (45.9 millones de nuevos pesos), se amortizaron créditos del protocolo francés, Nacional Financiera, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y Banco Nacional de París.

Aportaciones y subsidios

Las aportaciones del DDF a las entidades coordinadas registraron una ampliación neta por 300 mil 476.6 millones de nuevos pesos, al pasar de un original por 2 millones 025 mil 685.9 miles a un presupuesto modificado de 2 millones 326 mil 156.5 miles. La ampliación neta ejercida por 227 mil 590.4 miles se destinó a cubrir: el programa de redimensionamiento estructural de Ruta-100; operación de la Línea 8 del Metro y el programa de sustitución de campamentos provisionales por vivienda digna operado por el Fividesu, entre otros.

De las aportaciones recibidas por el sector paraestatal, el 93.6% se canalizó al sector transporte, el 5.6% al Fividesu y el 0.8% a la caja de previsión para los trabajadores a lista de raya y Servimet, recursos que en su gran mayoría provinieron de aportaciones del Departamento del Distrito Federal y en una cantidad no significativa, de transferencias del Gobierno Federal para las becas a prestadores del servicio social.

Las aportaciones que recibió Ruta-100 se destinaron a cubrir: la liquidación de 418 empleados en el marco del programa de redimensionamiento estructural; el pago de aportaciones al ISSSTE y Fovissste; el pago del impuesto sobre el producto del trabajo; la compra de diversos materiales y suministros; la contratación de servicios diversos; la reconstrucción de motores, transmisiones y diferenciales; la rehabilitación de autobuses y los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de 27 módulos operativos.

Al STC se le otorgaron transferencias para sufragar: el aumento salarial del personal por la revisión de su contrato colectivo de trabajo; la contratación de 1 mil 315 plazas para poner en operación la Línea 8 del Metro; los incrementos en costos y volumen de servicios básicos; la adquisición de refacciones mayores; la construcción de obras de infraestructura y los pagos parciales que se hicieron a los proveedores por la adquisición y la reconstrucción de carros del Metro.

Las aportaciones que el STE recibió del DDF las orientó a cubrir: el incremento salarial derivado de la revisión de su contrato colectivo de trabajo con la Alianza de Tranviarios de México; la adquisición de refacciones menores; el incremento en el costo de los servicios básicos; la rehabilitación del parque vehícular y el pago no previsto por los trabajos en la red de líneas elevadas y vía permanente.

Las aportaciones que recibió el Fividesu se destinaron a apoyar: la edificación y mejoramiento de vivienda popular a través de la oferta de materiales a precios inferiores a los que prevalecen en el mercado; la construcción de viviendas terminadas y la edificación de pies de casa. Entre las acciones más importantes que se realizaron en el marco del programa de sustitución de campamentos por vivienda definitiva, destacan los frentes ubicados en las delegaciones Iztacalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

La caja de previsión para los trabajadores a lista de raya recibió aportaciones del DDF para: complementar el fondo de pensiones del personal jubilado; cubrir el aumento salarial autorizado (5.0%) y sufragar el importe de los estímulos a la productividad.

Por último las transferencias que otorgó el Gobierno Federal a los organismos y empresas (Fividesu, STE, Servimet, Ficapro y Captralir), se canalizaron a pagar becas a estudiantes y profesionistas que se encontraban prestando su servicio social.

Los subsidios que destinó el sector central sumaron 529.0 millones de nuevos pesos y se destinaron a construir plazas y locales comerciales para los comerciantes ambulantes que ejercían sus actividades en el centro histórico de la Ciudad de México. Así se construyó la plaza comercial Talavera; se concluyeron diversas obras en las plazas Venustiano Carranza y conjuntos Rayón I y II; se liquidaron las obras realizadas en los corredores comerciales de la Merced y Candelaria y se finiquitaron los trabajos realizados a 13 plazas comerciales.

También se canalizaron recursos al Programa de Asistencia Social, el cual cubrió varios fines: proporcionar en los centros de desarrollo infantil servicios especializados de medicina, nutrición y pedagogía a los hijos de trabajadoras del DDF; subsidios en el pago del impuesto predial y derechos por servicios de agua a viudas, pensionados y jubilados y apoyar la operación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Instituto Federal Electoral en el cumplimiento de sus programas, en especial lo referente a los comicios celebrados en agosto de 1994, en virtud del acuerdo de colaboración que celebraron el DDF con el IFE.

Estados financieros del sector Departamento del Distrito Federal La situación financiera del sector paraestatal del Departamento del Distrito Federal, integrado por 11 entidades controladas presupuestalmente, fue revisada y dictaminada en todos los casos por contadores públicos independientes, contratados por la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

En opinión de los auditores externos, se determinó que en nueve entidades paraestatales su situación financiera se apegó razonablemente a los principios de contabilidad generalmente aceptados y se elaboraron conforme a las normas de información financiera específicas, expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la entonces, Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

Como se había mencionado en el apartado relativo a la aplicación de los principios básicos de contabilidad gubernamental, reiteramos que en las entidades: autotransportes de pasajeros Ruta-100 e industrial de abastos, los auditores externos expresaron incumplimiento de principios de contabilidad generalmente aceptados y limitaciones en la aplicación de sus procedimientos de auditoría, situaciones que les impidió conocer la razonabilidad de la situación financiera de las entidades señaladas, por lo que la Contaduría Mayor de Hacienda, dentro de su plan de auditorias de la cuenta pública de 1994, se ha reservado la facultad de ampliar los procedimientos de auditoria necesarios.

Desempeño programático presupuestal

En el gasto ejercido por el Departamento del Distrito Federal, de las acciones desarrolladas a nivel de ámbitos programáticos, destacan las siguientes:

Se concluyó la construcción de la Línea 8 del Metro, se iniciaron las obras de la Línea B y se apoyó a Ruta-100 en el redimensionamiento estructural y en el financiamiento de su déficit de operación y se superaron las metas de transportación de pasajeros en trolebús y tren ligero.

La meta de construcción de las plantas de bombeo para aguas negras tuvo un avance mayor al programado, al igual que la construcción de la red secundaria para drenaje.

En el ámbito de justicia y seguridad pública, los resultados superaron a los programados, debido a la mayor demanda de los servicios de vigilancia y de asuntos en primera instancia.

En el ámbito de bienestar social, se cubrió una mayor demanda de agua potable en el Distrito Federal; se proporcionaron más servicios de salud y se atendieron más eventos deportivos.

A continuación y en aras de una mejor comprensión de lo antes señalado, se hace un análisis más detallado por ámbitos de acción.

Ambito de transporte

Para ofrecer un servicio con amplia cobertura y capacidad, mediante la expansión, modernización y conservación de la infraestructura del transporte coordinado por el Departamento del Distrito Federal, se erogaron 3 mil 804.1 millones de nuevos pesos, monto superior en 10.3% a lo presupuestado. Los programas prioritarios fueron: el "Transporte Colectivo Metro y Tren Ligero" y FQ "Servicios de Transporte Urbano e Interurbano", que representaron el 97.2% del total ejercido en este ámbito.

Dentro del programa de ampliación de infraestructura se concluyó la construcción de la Línea 8 del Metro Garibaldi-Constitución de 1917 conforme al programa modificado, con lo cual se benefició alrededor de 600 mil habitantes de la región sur-oriente y el centro de la capital y se iniciaron las obras de la Línea B del Metro.

En materia de modernización, la meta consistente en efectuar pagos parciales por la adquisición de carros para la Línea 8 del Metro, se cumplió en un 63.6%, debido a que el STC acordó con el proveedor modificar el calendario de entrega de los trenes NE-92, para mejorar su control de calidad, entre otras causas. Con respecto a Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, entraron en operación 98 autobuses articulados y aumentaron las acciones de mantenimiento correctivo al parque vehicular.

La meta de transportación de pasajeros en trolebús y tren ligero se superó en 10.0%, debido a la normalización de las rutas de cinco líneas de trolebús, la incorporación de tres estaciones del tren ligero en el tramo Huipulco-Xochimilco, al servicio permanente que prestaron las flotas de ambos medios de transporte. La meta de transportación de pasajeros en autobús se cumplió en un 96.3%, debido a la obsolescencia de la flota y las metas de la transportación de pasajeros por metro y metro férreo, se cumplieron en un 99.2%, debido principalmente, a la preferencia de los usuarios de otros medios de transporte.

Ambito de infraestructura urbana

En los siete programas que integran este ámbito, el DDF erogó 2 mil 742.7 millones de nuevos pesos, equivalentes al 15.9% del gasto programable total. Sólo en el programa prioritario ED "Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras" se erogó el 23.8% del gasto total del ámbito.

En el subprograma 01 "Construcción y Ampliación" del programa ED, la meta para la construcción de plantas de bombeo para aguas negras fue superior en 84.6% a lo previsto y en la construcción de la red secundaria para drenaje se superó la meta en 30.2%, debido a que en la delegación Xochimilco se abrieron cepas y se realizaron estudios preliminares durante 1993, con lo cual se agilizó la prestación del servicio.

En la construcción del túnel para drenaje profundo, las metas de fabricación de anillos para dovelas y construcción de lumbreras, se superaron en 9.2% y 79.2%, respectivamente; en la construcción del colector semiprofundo Canal Nacional-Canal de Chalco, los resultados superaron a lo programado en obras de excavación, construcción de captaciones y construcción de lozas/tapa.

Con la conclusión de la segunda etapa Cerro del Judío-Ajusco del acueducto perimetral, se benefició a los habitantes de las delegaciones Alvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan; se continuó con la ampliación del drenaje profundo en los interceptores oriente-sur y oriente.

La meta de construcción y adecuación de plantas de tratamiento para aguas negras sólo se cumplió en 25.4%, debido a que la DGCOH no adquirió oportunamente los predios para construir las plantas Santa Catarina y San Salvador Cuautenco. La meta para el entubamiento del canal de desagüe se cumplió en 72.2%, en virtud de que fue necesario probar métodos del mejoramiento del terreno y alternativas de construcción.

Ambito de bienestar social

En el ámbito de bienestar social se incluyeron 13 programas, con un gasto de 2 mil 922.8 millones de nuevos pesos, equivalentes al 17.0% del gasto programable del DDF.

En materia de salud, mediante la infraestructura de los servicios médicos del DDF, se proporcionaron 217 mil 125 consultas de detección de enfermedades crónico-degenerativas y 1 millón 269 mil 557 consultas de medicina general y especializada; se aplicaron 503 mil 531 dosis de vacunas, como resultado de la campaña nacional de vacunación de la primera y segunda semanas nacionales de salud.

Las metas para construcción de viviendas en el área metropolitana se cumplieron parcialmente, debido a que en algunas unidades de las delegaciones Alvaro Obregón y Gustavo A. Madero fue necesario aumentar las acciones de mantenimiento y porque no se, concretaron los financiamientos bancarios que presupuestó el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano y se cancelaron diversos proyectos de vivienda. Asimismo se apoyó a familias de escasos recursos con la construcción de pies de casa y venta de materiales del Fividesu, en beneficio de 890 y 70 mil 645 personas, respectivamente.

Ambito de justicia y seguridad pública

En este ámbito se ejercieron 3 mil 202.3 millones de nuevos pesos en tres programas, monto superior en 15.4% al presupuestado y equivalente al 18.6% del gasto programable del DDF.

Los resultados obtenidos superaron lo programado, debido al aumento de la demanda de vigilancia especial a empresas y particulares y de seguridad especializada a empresas públicas y privadas; la Secretaría de Protección y Vialidad adquirió 1 mil patrullas, 15 motocicletas, tres ambulancias y 318 radios transreceptores y se atendieron más asuntos en primera instancia del orden penal, civil, arrendamiento, inmobiliario, familiar, concursal y de inmatriculación judicial.

Ambito ecológico

En el ámbito ecológico se erogaron 1 mil 408.5 millones de nuevos pesos, monto inferior en 14.6% a lo presupuestado. Estos recursos se distribuyeron en cuatro programas cuyo costo total representa el 8.2% del gasto programable del DDF.

De las acciones en este ámbito resalta el aumento en el cultivo de árboles, principalmente de especies que requieren menor tiempo para su desarrollo; se recolectaron 5.4 millones de toneladas de basura; con la utilización del sistema de transferencia de basura se trasladaron 3.1 millones de toneladas a los sitios de disposición final y en los cinco rellenos sanitarios se confinaron 4.5 millones de toneladas de desechos sólidos; se plantaron más árboles de los programados debido a la mayor participación ciudadana y del Ejército nacional y se operó de manera continua el sistema de drenaje.

En el área del Distrito Federal, las metas de verificación de vehículos automotores se cumplieron parcialmente, debido a que parte de los propietarios acudieron a los centros de verificación del Estado de México.

Ambito de abasto y comercialización

En este ámbito, el DDF ejerció 181.6 millones de nuevos pesos en tres programas, cuyo gasto fue superior en 22.4% a lo presupuestado y representó el 1.1% del gasto programable total.

En general los resultados fueron menores a los programados: en la construcción de lecherías dentro del programa DDF, Conasupo, Liconsa no autorizó la construcción de cuatro unidades porque aún estaban en estudio las encuestas de opinión para definir su factibilidad; en la conservación y/o mantenimiento de mercados públicos no se logró la concertación con las mesas directivas; en la modernización de los mercados públicos los comerciantes no aceptaron modificar sus procedimientos operativos y organizativos y en los sitios de tianguis y mercados sobre ruedas, la modernización física no avanzó, debido a que no fueron autorizados los requerimientos adicionales para poner en marcha un programa de modernización y reordenamiento integral y a que en varias delegaciones no hubo espacios suficientes para la construcción de la infraestructura multimodal.

Ambito administrativo

El Departamento del Distrito Federal en el ámbito administrativo, ejerció 2 mil 948.5 millones de nuevos pesos, equivalentes al 17.1% del gasto programable total, distribuidos en ocho programas.

Destacan dentro de los conceptos de gasto, la transferencia de recursos al fideicomiso para la remodelación del zoológico de Chapultepec, la liquidación de trabajadores de industrial de abasto y el pago de pasivos por diversos impuestos de Ruta-100. Asimismo se otorgaron menos préstamos de mediano plazo, debido a que aumentó la demanda de los de corto plazo y más créditos hipotecarios, por la mayor demanda de los miembros de la caja de previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.

RECOMENDACIONES

Primera. Se considera necesario que de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se presente en la Cuenta Pública del Distrito Federal, un apartado que indique las causas que provocaron las modificaciones en el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados por unidad administrativa, a fin de analizar con la amplitud necesaria las acciones realizadas en el ejercicio.

Segunda. Que el Departamento del Distrito Federal, en su cuenta pública en el apartado "análisis programático" presente explicaciones precisas y suficientes sobre las variaciones registradas en el cumplimiento de las metas y en el ejercicio de los recursos empleados en la ejecución de los programas y los comentarios sobre la incorporación de proyectos y/o metas omitidos en el presupuesto aprobado originalmente.

Tercera. Es necesario que el Departamento del Distrito Federal instruya a los órganos de gobierno de las entidades paraestatales controladas presupuestalmente, así como a las unidades administrativas de su sector central, a registrar con oportunidad los traspasos de obras en proceso a obras terminadas y registrar oportunamente la totalidad de las bajas de activo fijo, que surjan de los procesos de desincorporación de bienes.

Cuarta. Es necesario que el Departamento del Distrito Federal garantice que sus unidades administrativas que ejecuten programas de obra, prevean las acciones necesarias que permitan el cabal cumplimiento de los programas, evitando el no ejercicio del gasto por problemas relacionados a la adquisición o expropiación oportuna de predios, obtención de licencias y/o permisos, estudios de factibilidad, entre otros aspectos.

Quinta. En el sector DDF se advierten algunas deficiencias, omisiones y discrepancias, por cuanto hace al cumplimiento de diversos preceptos normativos, fundamentalmente en materia de obra pública, adquisiciones, baja de bienes muebles, emisión de normatividad y flujo de información en esas materias a la SHCP y a la Secodadm. En tal sentido, el DDF deberá ejercer las acciones necesarias, a fin de perfeccionar corregir en su caso, la gestión administrativa y financiera que realiza.

Sexta. Es conveniente que el Departamento del Distrito Federal incorpore por separado en su cuenta pública, la información relativa al ejercicio del presupuesto de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a efecto de hacer congruente su presentación con el presupuesto de egresos.

Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 70 y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 fracción III, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos aplicables:

CONSIDERANDO

Que el análisis de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, efectuado por los miembros de esta comisión; del informe previo presentado por la Contaduría Mayor de Hacienda sobre el particular; de los informes presentados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la información derivada de las reuniones con servidores públicos del sector DDF, se observaron algunos aspectos en la gestión administrativa y financiera de dicho sector, que es necesario corregir y profundizar en su revisión y seguimiento.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración y aprobación en su caso, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1994

Artículo 1o. Se efectuaron los trabajos de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1994. Asimismo se valoró la observancia de los criterios señalados en el presupuesto y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas.

Artículo 2o. La Contaduría Mayor de Hacienda, en los términos de lo dispuesto por el artículo 3o., fracciones I y II, inciso b, de su Ley Orgánica, en funciones de contraloría deberá practicar revisiones, auditorías y en su caso, las visitas e inspecciones que estimen necesarias al Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, a fin de profundizar en la revisión de la cuenta pública, promoviendo en su caso, las acciones legales que correspondan; informando de las acciones promovidas a esta Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia.

Artículo 3o. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda, para los efectos legales procedentes, a fin de que en términos de ley, rinda el informe de resultados correspondiente, por conducto de la Comisión de Vigilancia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de noviembre de 1995. Por la Comisión del Distrito Federal.- Diputados, por el Partido Revolucionario Institucional: Oscar Levín Coppel, Adolfo R. Flores Rodríguez, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Víctor Manuel Alvarez Trasviña, Ofelia Casillas Ontiveros, José R. Castelazo y de los Angeles, Florentino Castro López, Ignacio Contreras Flores, Carlos Aceves del Olmo, Jaime M. del Río Navarro, J. Eduardo Escobedo Miramontes, Ana María Licona Spínola, Francisco Maldonado Ruiz, José Noé Mario Moreno Carbajal, Alejandro Rojas Díaz-Durán, Carlos A. Reta Martínez, Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, José Sánchez Juárez; por el Partido Acción Nacional: Patricia Garduño Morales, María Elena Alvarez Bernal, Manuel Arciniega Portillo, Miguel Hernández Labastida, María del Carmen Segura Rangel, José Luis Torres Ortega, Javier Viniegra Zubiria; por el Partido de la Revolución Democrática: Graciela Rojas Cruz, René Arce Islas, Marco Antonio Rascón Córdova, Ramón Sosamontes Herreramoro y por el Partido del Trabajo: Oscar González Yañez.»

Es de primera lectura.

LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Armada de México.

En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario Aurelio Marín Huazo:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Comisión de Marina.

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Armada de México.

Honorable Congreso: a la Comisión de Marina, se turnó para su estudio y análisis la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, presentada por el Ejecutivo Federal el día 31 de octubre de 1995.

Esta comisión, con las facultades que le otorgan los artículos 42, 43, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio de la iniciativa que se propone para reformar el Título Primero y los artículos 2o., 3o., 12, 14, 19, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 69, 72, 77, 78, 79, 94, 95, 97, 98, 102, 105, 109, 110 y 115; y se adicionan con las fracciones XIII y XIV el artículo 2o., con las fracciones I y Il el artículo 64, con el inciso c, la fracción II del artículo 78, con la fracción V el artículo 96, con los subincisos 1, 2, 3 en el inciso c y con los incisos a, b y c, el artículo 97, con la fracción VII el artículo 109, con las fracciones III y IV el artículo 110 y se derogan las fracciones IV y V del artículo 12, las fracciones I a IV del artículo 24, el artículo 26, las fracciones I a VII del artículo 50, los artículos 62, 82, la fracción IV del artículo 97 y artículo 106, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

Es la dinámica mundial un continuo proceso de transformación, en el que se encuentra inmersa nuestra nación. El Estado mexicano en aras de esa transforrnación no cesa de realizar acciones dentro de ese dinamismo, a fin de mantenerse constantemente actualizado y de alcanzar su mejoramiento para consolidar sus instituciones, así como con el objeto de fortalecer su soberanía y su capacidad para garantizar el bienestar y la seguridad nacional, actuando siempre bajo el imperio de la ley en favor de todos los mexicanos.

En este sentido, dentro de las estrategias y líneas de acción para el fortalecimiento de la soberanía y garantizar la seguridad nacional de México, señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se encuentran tanto las de actualizar la planeación estratégica de sus fuerzas armadas, modernizar y consolidar sus capacidades militares, operativas, de inteligencia y técnicas, como contar con los elementos que le permitan dar respuesta inmediata a emergencias y desastres al fortalecer el resguardo de las instalaciones vitales del país y con ese objetivo revisar y actualizar su legislación en la materia, para prevenir y enfrentar oportunamente las nuevas circunstancias y desafíos.

La estructura básica de la Armada de México tiene su orígen en la Ley de Secretarías y Departarnentos de Estados de 1939, en donde aparece como Departamento de la Marina Nacional, el que se creó como resultado de la necesidad de diseñar una política en asuntos relacionados con el mar.

A su vez, dentro de la dinámica nacional de la Armada de México ha ido consolidando ajustes a su marco normativo conforme a los requerimientos que se han presentado a las condiciones del país, a efecto de alcanzar un mejor desempeño de su misión, funciones y atribuciones que le han sido asignadas de conformidad con el nuevo orden jurídico que la rige a partir de que entró en vigor la Ley Orgánica de la Armada de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1993.

La Armada de México dentro de su nuevo marco legal y reglamentario cuenta con los elementos necesarios para garantizar el empleo del poder naval militar de la Federación en la seguridad interior y la defensa exterior del país dentro del ámbito espacial de su competencia en los mares, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, así como en los correspondientes espacios aéreos de éstos. Asimismo para participar en la protección del medio marino y tráfico marítimo, fluvial y lacustre de jurisdicción federal y en la protección de la vida humana en el mar.

La Armada de México también garantiza la vigilancia del cumplimiento de las normas aplicables para la conservación y protección de especies marinas, así como otras acciones tendientes a prevenir las alteraciones del ecosistema. Igualmente contribuye al desarrollo coordinado de la investigación oceanográfica, realiza tareas complementarias de protección civil y de ayuda a la población.

Conforme a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, para lograr el fortalecimiento del estado de derecho y dar plena vigencia a sus instituciones, en la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México que el Ejecutivo somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, se busca consolidar las capacidades navales que tiene la Armada de México con objeto de cooperar y coadyuvar con las demás autoridades competentes en un efectivo y eficaz combate al narcotráfico, al tráfico ilegal de armas y al terrorismo, así como para crear y fomentar la cultura naval y asegurar la eficiencia de sus instituciones con estricto apego a la ley.

Para tales efectos y así alcanzar los objetivos señalados, en la presente iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, se sustituye en el Título Primero la palabra funciones por atribuciones, por ser este concepto más propio, toda vez que distribuye los asuntos que corresponden a la institución militar y resulta ser más amplio al comprender no sólo las acciones a cargo de la misma, sino además la facultad y potestad concedida por disposición legal.

Se propone incluir dentro del marco de atribuciones de la Armada de México, la de alistar a las fuerzas que la constituyen, por ser una actividad propia de la organización naval militar, la jurisdicción naval militar en los ríos, circunstancia que el Ejecutivo considera necesaria para el desarrollo de acciones por parte del personal naval en el combate y lucha contra las actividades ilícitas anteriormente mencionadas, porque éstas atentan contra la vida y tranquilidad de los habitantes del país y ponen en riesgo la seguridad nacional. También se propone especificar las correlativas a la de efectuar operaciones de búsqueda en el mar, así como en aguas internacionales y en todas aquellas que les corresponda ejercer jurisdicción, lo que se apega tanto a nuestra Constitución Política como a la Ley Federal del Mar y a los tratados internacionales suscritos por México.

Estructuralmente, dentro del marco de la actualización y mejoramiento de la Armada de México, se precisan las facultades del alto mando y se concretan en el orden y sucesión las líneas de responsabilidad en ausencia de carácter incidental y accidental, señalando que el alto mando será suplido por el subsecretario y éste a su vez por la autoridad naval que el propio alto mando ordene. Para las suplencias en las regiones, fuerzas navales, mandos superiores y subordinados, se especifica cómo operan las suplencias de sus titulares.

Se dinamiza la estructura orgánica del Estado Mayor general, de las regiones navales, fuerzas de tarea y del cuartel general. La organización interna del primero de los citados queda comprendida dentro del reglamento del Estado Mayor general, lo que permitirá fluidez y celeridad a las funciones asignadas al mismo. Las regiones navales agrupan además de zonas navales, unidades y establecimientos que se

encuentran dentro de su jurisdicción, lo que procurará mejores medios en el desarrollo de las operaciones en su área de responsabilidad, sin que represente asignación de recursos adicionales.

Las fuerzas navales se regulan como unidades orgánicas constituidas por flotillas, buques de desembarco y de apoyo logístico, unidades aeronavales y de infantería de marina embarcadas, así como otros medios de combate que se les asignen para el cumplimiento de sus funciones. En cuanto a las fuerzas de tarea se determina la autoridad de quien dependen para el eficaz cumplimiento de su misión. Asimismo por lo que respecta al cuartel general de la Armada de México, se precisa que se constituye en la sede de la Secretaría de Marina para el cumplimiento de sus funciones y servicios de carácter operativo, donde reside el alto mando.

Para mejorar las condiciones del personal, a fin de que se desarrolle dentro de un ámbito de seguridad y estabilidad para obtener mayores grados de eficiencia, se considera con estabilidad dentro de la institución a los egresados de las escuelas de formación en el momento en que se les expida el despacho de guardiamarina o primer maestre y se adiciona el requisito que debe cumplir aquel personal que ingrese como marinero o clase y ostente la jerarquía de oficial o capitán cuando haya obtenido ésta sin ascensos sucesivos.

Igualmente, en la presente iniciativa se propone ajustar y regular con mayor precisión la especialización del cuerpo general, a fin de nutrir las necesidades de la Armada de México de personal altamente capacitado para realizar las operaciones y funciones en las áreas de aeronáutica naval, infantería de Marina, máquinas y las demás que el propio servicio requiera.

También se propone reestructurar los servicios para conjuntar el de cultura física y deportes dentro del docente. En razón de las funciones asignadas, se crea el servicio de meteorología por ser éste necesario para la seguridad dentro de las actividades del sector marítimo y pesquero del país, y representar un auxiliar de gran importancia y utilidad para un moderno y adecuado desempeño de las funciones que tiene a su cargo la institución armada.

Asimismo, se precisan los conceptos de especialización, formación y adiestramiento para el personal, se ajustan los tiempos en la contraprestación de los servicios que éste debe otorgar, cuando realice estudios por cuenta de la propia institución, para el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas a la Armada de México y se regula en beneficio del propio personal, los supuestos de en depósito, licencias menores e ilimitadas y los relativos a las reservas y bajas de personal.

CONSIDERACIONES

De los debates surgidos y sostenidos por los diputados integrantes de la Comisión de Marina, con motivo del análisis de la propuesta, nos permitimos presentar a la consideración de la honorable Asamblea para su aprobación, el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

Artículo único. Se reforman el Título Primero y los artículos 2o., 3o., 12, 14, 19, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 69, 72, 77, 78, 79, 94, 95, 97, 98, 102, 105, 109, 110 y 115; se adicionan con las fracciones XIII y XIV el artículo 2o., con las fracciones I y II del artículo 64, con el inciso c, la fracción II del artículo 78, con la fracción V el artículo 96, con los subincisos 1, 2, 3 en el inciso c y con los incisos a, b y c el artículo 97, con la fracción VII el artículo 101, con la fracción VIII el artículo 109, con las fracciones III y IV el artículo 110 y se derogan las fracciones IV y V del artículo 12, las fracciones I a IV del artículo 24, el artículo 26, las fracciones I a VII del artículo 50, los artículos 62, 82, la fracción IV del artículo 97 y el artículo 106, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO

Misión y atribuciones

"Artículo 2o. Son atribuciones de la Armada de México:

I. Organizar, adiestrar, alistar, equipar y operar a las fuerzas que la constituyen para el cumplimiento de su misión y ejercicio de sus funciones:

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Ejercer jurisdicción naval militar en nombre de la Federación en el mar territorial, zona económica exclusiva, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes:

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Efectuar operaciones de búsqueda, rescate y salvamento en el mar, así como en aguas interiores y en todas aquéllas en las que le corresponda ejercer su jurisdicción:

VI. Participar en tareas de protección en las instalaciones vitales del país:

VII. Auxiliar a la población en los casos y zonas de desastre o emergencia:

VIII. Vigilar los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales y en su caso, coadyuvar con el Ministerio Público en el combate al terrorismo, contrabando, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y sicotrópicos en los términos de las disposiciones legales aplicables:

IX. Realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de los recursos marítimos, actuando por sí o en colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras:

X. Organizar y operar el servicio de policía marítima, así como colaborar con la autoridad marítima competente en los servicios de vigilancia en los puertos:

XI. Intervenir en la prevención y control de la contaminación marítima, así como vigilar y proteger el medio marino dentro del área de su responsabilidad, actuando por sí o en colaboración con otras dependencias e instituciones nacionales o extranjeras:

XII. Fomentar y participar con las autoridades civiles en misiones culturales y de acción en aspectos relacionados con actividades marítimas:

XIII. Realizar levantamientos topohidrográficos de los mares y costas nacionales y publicar la cartografía náutica, así como la información necesaria para la seguridad de la navegación:

XIV. Administrar y fomentar la educación naval militar en el país y

XV. Las demás que le señalen las disposiciones aplicables y le encomiende el mando supremo.

Artículo 3o. La Armada de México ejecutará las atribuciones anteriormente señaladas, por sí sola o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea cuando lo ordene el mando supremo o cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 12. El alto mando lo ejercerá el Secretario de Marina, será el responsable ante el mando supremo de:

I. y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Participar en la formulación de los planes de seguridad nacional:

IV. Se deroga.

V. Se deroga.

VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Regiones, zonas y sectores navales:

IV. a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. El alto mando será suplido por el subsecretario y en ausencia de éste por la autoridad naval que el propio alto mando designe:

II. Los mandos superiores en jefe serán suplidos:

A. En las regiones navales, con carácter incidental por el jefe de Estado Mayor y con carácter accidental, por el comandante de zona más antiguo de su jurisdicción y

B. En las fuerzas navales por el jefe de Estado Mayor.

III. Los mandos superiores serán suplidos con carácter incidental por los jefes de Estado Mayor y con carácter accidental por los comandantes de sector más antiguos de su jurisdicción:

IV. Los mandos subordinados serán suplidos por los segundos comandantes.

En los casos a que se refieren las fracciones II a IV, las ausencias de quien deba suplir a los titulares, serán cubiertas por el militar de mayor jerarquía perteneciente al mismo cuerpo.

Artículo 24. Para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas el Estado Mayor general de la Armada, se organiza conforme a su reglamento.

Artículo 25. Las regiones navales son las áreas geográficas delimitadas por el mando supremo, que agrupan zonas navales, así como unidades y establecimientos que se encuentren dentro de su jurisdicción. Están al mando de un comandante de la categoría de almirante del cuerpo general en servicio activo.

Artículo 26. Se deroga.

Artículo 27. El mando de la región naval será el responsable en su área, tanto de la planeación, conducción y coordinación de las operaciones navales, incluyendo las conjuntas y combinadas, así como aquellas del sistema de seguridad nacional que procedan.

Artículo 32. Las fuerzas navales son las unidades orgánicas constituidas por flotillas, buques de desembarco y de apoyo logístico, unidades aeronavales y de infantería de Marina embarcadas y otros medios de combate que se les asignen para el cumplimiento de las funciones que ordene el alto mando. Están al mando de un comandante de la categoría de almirante del cuerpo general en servicio activo.

Artículo 33. Los mandos de las fuerzas navales y sus mandos subordinados, recibirán del alto mando el apoyo logístico de mantenimiento y reparación necesarios, de manera directa o por conducto de los mandos territoriales y sus establecimientos adscritos.

Artículo 34. Las fuerzas de tarea son grupos que se constituyen en forma temporal, para cumplir una misión específica.

Artículo 35. El mando de las fuerzas de tarea será designado por la autoridad que ordene su integración.

Artículo 36. Para el cumplimiento de sus funciones y servicios de carácter operativo, administrativo y logístico, el cuartel general de la Armada de México se constituye en la sede de la Secretaría de Marina donde residirá el alto mando.

Artículo 38. Los establecimientos de educación naval según el nivel de enseñanza que imparten son:

I. Centro de Estudios Superiores Navales:

II. Heroica Escuela Naval Militar:

III. Otras escuelas de educación superior:

IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 48. Pertenece a la milicia permanente el personal que satisfaga los siguientes requisitos:

I. El egresado de la escuela de formación a quienes se les expida el despacho de guardamarina o primer maestre:

II. El que habiendo causado alta como marinero o equivalente, obtenga por ascensos sucesivos la jerarquía de primer contramaestre o equivalente y haya cumplido ininterrumpidamente cinco años de servicio.

El que haya ingresado como marinero o clase y ostente la jerarquía de oficial o capitán y no haya obtenido ésta, por ascensos sucesivos, deberá cumplir el tiempo de servicios a que se refiere la fracción siguiente, a partir de la fecha en que obtenga la jerarquía de oficial o capitán:

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 50. El personal de la milicia auxiliar es el que presta sus servicios en forma temporal mediante contrato, así como los cadetes y alumnos de las escuelas de la Armada.

La estancia en el servicio activo de este personal estará sujeta a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 53. El cuerpo general y los servicios están constituidos por núcleos y escalas. Los núcleos agrupan al personal profesional, las escalas al técnico profesional y no profesional.

Artículo 54. El núcleo del cuerpo general está constituido por personal procedente de la heroica Escuela Naval Militar; quienes podrán especializarse en aeronáutica naval, infantería de marina, maquinas y aquéllas que resulten necesarias para la Armada de México, en los términos previstos en el plan general de educación naval.

Artículo 55. Los núcleos de los servicios están constituidos por personal profesional procedente de establecimientos educativos superiores de la Armada de México o de otras instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Los estudios de estas últimas para su validez, deberán ser revalidados y reconocidos por la autoridad educativa correspondiente.

Artículo 56. Los servicios de la Armada de México son:

I. Administración e intendencia naval:

II. Comunicaciones navales:

III. Docente naval:

IV. Electrónica naval:

V. Ingenieros navales;

VI. Justicia naval;

VII. Meteorología naval:

VIII. Músicos navales:

IX. Sanidad naval:

X. Trabajo social naval:

XI. Otros que se establezcan por el alto mando.

Artículo 61. La formación y adiestramiento del personal, están sujetos a lo previsto en el plan general de educación naval y tienen como objeto capacitarlo para el cumplimiento de sus funciones dentro de la Armada de México.

Artículo 62. Derogado.

Artículo 63. El plan general de educación naval establecerá los requerimientos para cumplir los objetivos de:

I. a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El adiestramiento, formación y especialización, se llevará a cabo en los establecimientos de educación naval, en las unidades y dependencias de la Armada, así como en otros centros educativos nacionales o extranjeros.

Artículo 64. El personal designado para efectuar cursos por cuenta de la institución en centros educativos, ajenos a la Armada de México nacionales o extranjeros, se comprometerá a prestar sus servicios conforme a las siguientes reglas:

I. En planteles nacionales un tiempo de servicios equivalente a una vez y media del tiempo que duren sus estudios:

II. En planteles extranjeros un tiempo de servicios de dos veces del tiempo que duren sus estudios.

Artículo 65. El personal seleccionado para efectuar cursos en establecimientos educativos de la Armada de México, deberá firmar un contrato en el que se establezca la obligación de servir por un término igual al de duración de sus estudios.

Artículo 69. Los cargos y comisiones que desempeñe el personal naval, deberán estar de acuerdo con su jerarquía, así como de las funciones específicas del cuerpo o servicio al que pertenezcan.

Artículo 72. El personal de los servicios desempeñará las siguientes funciones:

I. Ejercer los cargos y comisiones administrativas inherentes a su servicio o especialidad:

II. y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 77. La equivalencia de las jerarquías de la Armada con las del Ejército y Fuerza Aérea, son las siguientes:

I. a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) y b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Escala técnico profesional de marinero a capitán de fragata.

c) Escala no profesional de marinero a capitán de corbeta.

Artículo 79. Se consideran como grados tope, los señalados en los escalafones respectivos para cada núcleo o escala en razón del cuerpo o servicio a que pertenezca, siendo los máximos aquéllos a los que se refiere el artículo anterior y los previstos por la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Artículo 82. Derogado.

Artículo 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Los almirantes, capitanes y oficiales que pasen a esta situación por resolución de organismo disciplinario, en los términos en que lo dispone la Ley de Disciplina de la Armada de México.

Artículo 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Mientras permanezca en depósito no será ascendido:

II. Se le deducirá de la antigüedad en el grado que ostente el tiempo que dure en depósito y pasará a ocupar el lugar que le corresponda del escalafón:

III. El depósito podrá ser suspendido o cancelado a juicio del alto mando.

Artículo 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Menores:

II. Ordinaria:

III. Extraordinaria,

IV. Por enfermedad y

V. Ilimitada.

Artículo 97. Las licencias menores y las ordinarias estarán sujetas a las siguientes reglas:

I. Las licencias menores se conceden hasta por 72 horas, conforme al reglamento correspondiente:

II. Las licencias ordinarias hasta por 15 días serán autorizadas por los mandos correspondientes y conforme a las disposiciones existentes sobre el particular:

III. Las licencias ordinarias mayores de 15 días hasta seis meses se sujetarán a las siguientes normas:

A. Serán concedidas por el alto mando:

B. Podrá concederse un mes por cada dos años de servicios, otorgada al máximo no volverá a autorizarse:

C. Serán otorgadas con disfrute de emolumentos, conforme a las siguientes disposiciones:

1. En las licencias hasta por un mes se percibirá la totalidad de los emolumentos:

2. En las licencias mayores de un mes y hasta tres meses se percibirán únicamente haberes:

3. En las licencias mayores de tres meses, el personal no recibirá haberes, asignaciones, compensaciones, ni algún otro tipo de percepción económica.

IV. Se deroga.

Artículo 98. La licencia extraordinaria es la que se concede al personal del activo para separarse temporalmente del servicio por un periodo de seis meses un día a un año, si es para asuntos particulares o bien, por el tiempo que sea necesario para el desempeño de cargos de elección popular. El personal que se encuentre haciendo uso de esta licencia no tiene derecho a percepción alguna, ni a ser ascendido mientras se encuentre en esta situación.

Artículo 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Que cuente con la aprobación del mando supremo, tratándose de personal de la jerarquía de capitán de navío hasta almirante.

Artículo 102. Al personal que se le haya concedido licencia mayor de seis meses, a excepción de la conferida para el desempeño de cargos de elección popular, se le deducirá el tiempo que dure la misma de la antigüedad en el grado que ostente, por lo que a su término ocupará el lugar que le corresponda del escalafón a que pertenezca.

Artículo 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A y B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Declarado prófugo de la justicia, tratándose de almirantes, capitanes y oficiales de la milicia permanente, sin perjuicio del proceso que se les siga.

D. Por faltar tres días consecutivos el personal de la milicia auxiliar, constituyendo este hecho además una causal de rescisión del contrato respectivo, sin perjuicio del proceso que se les siga.

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. a D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 y 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios, conforme a las cláusulas de su contrato y demás disposiciones legales. El afectado será escuchado en defensa dentro de los tres días siguientes a su notificación.

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A y B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios en los términos de su contrato y demás disposiciones legales. El afectado será escuchado en defensa dentro de los tres días siguientes a su notificación.

Artículo 106. (Derogado.)

Artículo 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Almirantes, capitanes y oficiales en situación de retiro y los oficiales que hayan causado baja del servicio activo por solicitarla:

II. Clases y marinería que hayan causado baja del activo por solicitarla, hasta la edad de 36 años:

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Capitanes y oficiales pertenecientes a la Marina Mercante Nacional:

V. El demás personal de la Marina Mercante Nacional hasta la edad de 36 años:

VI. Empleados civiles de la Secretaría de Marina:

VII. Personal de procedencia civil que tenga una profesión u oficio relacionado directamente con las actividades marítimas o portuarias:

VIII. Ciudadanos mexicanos que así lo soliciten, quienes permanecerán en esta reserva hasta la edad de 30 años.

Artículo 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. El comprendido en la fracción II del artículo anterior hasta los 45 años:

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. El personal de la Marina Mercante Nacional comprendido en la fracción V del artículo anterior hasta la edad de 50 años:

IV. El comprendido en la fracción VIII del artículo precedente hasta la edad de 40 años.

Artículo 115. Los recursos materiales de la Armada de México, constituyen los elementos a que se refiere el artículo 8o. de esta ley y que son necesarios para que el personal cumpla con la misión y atribuciones que tiene encomendada la institución naval militar."

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El personal del servicio de cultura física y deportes quedará integrado al servicio docente, conservando sus derechos.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales, que se opongan al presente decreto.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a 16 de noviembre de 1995, México, D.F.- Diputados: Fernando Gómez González, presidente; José Iñiguez Cervantes, Carlos Servando Ponce de León Coluby, Roldán Alvarez Ayala, Antonio Piza Soberanis, secretarios; Gabriel Aguiar Ortega, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Leonel Efraín Cota Montaño, Genaro Alfonso del Angel Amador, Jesús Esquinca Gurusquieta, Pedro René Etienne Llano, Jorge González González, Alejandro Higuera Osuna, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Cecilio Lepe Bautista, Efrén Leyva Acevedo, Jorge Abel López Sánchez, Agustín Martínez Maldonado, José Luis Mata Bracamontes, J. Jesús Ortega Martínez, José Fidel Pineda Valdez, Marcelo Ramírez Ramírez, María del Carmen Ricárdez Vela, Calixto Javier Rivera Díaz, Miguel Rodríguez Ramírez, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Ramón Sosamontes Herreramoro, Alfredo Valdez Gaxiola, Carlos José Verteramo Pérez, Samuel Ayala Luévanos, Lorenzo Miguel Lucero Palma y Joaquín Pérez del Angel.»

Es de segunda lectura.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Fernando Flores Gómez González, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Jesús Flores Gómez González:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Acudo a esta tribuna para manifestar y poner en consideración del pleno de esta Cámara de Diputados las razones, argumentos y bases que fundamentan el dictamen que la Comisión de Marina emitió respecto a la iniciativa del decreto enviado por el Ejecutivo de la Unión, en el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Armada de México.

En sus orígenes la marina militar estuvo ligada estructuralmente al Ejército, ya que ambos dependían de una secretaría, que era la de Guerra y Marina, que tenía una estructura orgánica estrictamente militar, con sólo un departamento dedicado a los servicios de marina de guerra y mercante.

Con la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 31 de diciembre de 1939, aparece el Departamento de la Marina Nacional, con el propósito de concentrar en una sola institución los asuntos relacionados con el mar que antes eran realizados por diversas dependencias.

Para la formación del Departamento de la Marina Nacional pasaron de la Secretaría de Guerra y Marina la Marina Militar; de la de Comunicaciones y Obras Públicas, la Marina Mercante, la Administración de Puertos, Faros y las Obras Marítimas, y del Departamento Autónomo de Caza y Pesca, la pesca marítima y fluvial. Poco después, en 1940, cambió el nombre de esta dependencia a Departamento Autónomo de Marina. Posteriormente el presidente Manuel Avila Camacho la elevó a la categoría de Secretaría de Estado.

Con la Ley Orgánica de la Administración Pública del 22 de diciembre de 1976, la Secretaría de Marina quedó exclusivamente a cargo de la Armada de México. Las leyes que regulaban la conducta de los miembros de la Armada fueron normas castrenses del Ejército, sin embargo poco a poco la Armada ha ido creando su propia legislación naval, adecuándola a sus particulares circunstancias de vida, usos y costumbres.

De acuerdo a las estrategias y líneas de acción para el fortalecimiento de la soberanía y garantizar la seguridad nacional de México, se encuentran, entre otras, la de revisar y actualizar su legislación para prevenir y enfrentar oportunamente las nuevas circunstancias, con ello la Armada ha ido consolidando ajustes a su marco normativo, conforme a los requerimientos que se han presentado en su crecimiento.

La presente iniciativa que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Armada de México, busca ampliar su capacidad naval, su participación con otras autoridades e instituciones, fomentar la cultura naval y asegurar su eficiencia.

Se sustituye la palabra "funciones" por "atribuciones", por ser este concepto más propio, toda vez que distribuye los asuntos que le corresponden a esta institución militar.

Se propone especificar las operaciones de búsqueda en el mar, así como en aguas internacionales y en todas aquellas que le correspondan en su jurisdicción.

Se determina la participación de la Armada en tareas de protección e instalaciones vitales del país, como una medida para garantizar la seguridad de las mismas dentro del ámbito de su competencia.

Se prevé que, en su caso, coadyuve con el Ministerio Público a combatir el terrorismo, el contrabando, el tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y sicotrópicos, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Se incorporan actividades de carácter meteorológico, así como las de realizar levantamientos topohidrográficos y publicar la cartografía náutica correspondiente, la participación con las autoridades civiles en misiones culturales y cívicas, así como el fomento a la educación naval en el país.

Se precisan las facultades del alto mando y se concreta el orden y sucesión de las lineas de responsabilidad en ausencias incidental y accidental, señalando que el alto mando será suplido por el subsecretario y éste a su vez por la autoridad que el propio alto mando o sea, el secretario, ordene.

Se especifican cómo funcionarán las suplencias de los titulares de las regiones, fuerzas navales y mandos superiores y subordinados.

Se agiliza la estructura orgánica del Estado Mayor de las regiones navales, fuerzas navales, fuerzas de tarea y del cuartel general.

Se regula el funcionamiento de las fuerzas navales, se determina la autoridad de quien dependen las fuerzas de tarea, asimismo se precisa que el cuartel general de la Armada de México constituye la sede de la Secretaría de Marina para el cumplimiento de las funciones y servicios y ahí es donde reside el alto mando o Secretario de Marina.

Se mejoran las condiciones del personal a fin de que se desarrolle dentro de un ámbito de seguridad y estabilidad para obtener mayor eficiencia, se considera con estabilidad dentro de la institución a los egresados de las escuelas de formación en el momento en que se les expida. Al despacho de guardiamarina o primer maestre y se adiciona que el requisito que debe de cumplir aquel personal que ingrese como marinero o clase que ostente la jerarquía de oficial a capitán y haya obtenido ésa en ascensos sucesivos.

También se propone ajustar con mayor precisión la especialización del cuerpo general, tratando de que sea capacitado para realizar actividades en las áreas de aeronáutica naval, infantería de marina y de máquinas.

Se crea el servicio de meteorología por ser éste necesario para la seguridad dentro de las actividades del sector marítimo y pesquero del país.

Se ajustan los tiempos de contraprestación de los servicios que debe cumplir el personal cuando realice estudios por cuenta de la institución. Además se regula en beneficio del propio personal, los supuestos depósitos, licencias menores e ilimitadas y los relativos a las reservas y bajas del servicio activo.

Los miembros de la Comisión de Marina de esta Cámara de Diputados llevamos a efecto varias reuniones de trabajo incluyendo una con senadores integrantes de la Comisión de Marina; otra, con el almirante Secretario de Marina en la que estuvo acompañado por el subsecretario, el oficial mayor, el jefe de Estado Mayor, el inspector y contralor, así como por otros miembros de la Armada de México.

Tuvimos diversos diálogos, escuchamos toda clase de opiniones inclusive había diputados que no pertenecen a la comisión pero que consideramos que por su experiencia nos podrían aportar ideas para enriquecer nuestros conocimientos. Todo aquello que nos fue sugerido que mejorara el contenido de la presente iniciativa, fue quitado, modificado o bien incluido en su texto.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, solicito de esta soberanía su voto favorable en lo general y en lo particular al contenido de este proyecto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Armada de México.

Señoras y señores diputados: los marinos mexicanos provienen de todos los ámbitos del territorio nacional, los estados de la Federación tienen una digna representación en nuestra institución formando un valioso prisma que es el alma nacional.

El ideario de México es el ideario de los marinos, la Armada es respetuosa, los que la integramos tenemos un gran amor a la patria y cumplimos cabalmente con nuestro deber, para sus miembros no se antepone ninguna consideración personal a la realización del deber público. Cada día pugnamos para que la labor de los marinos militares se distinga por un alto valor humanitario en favor de sus compatriotas, el cual se encuentra fundado de manera importante y sólida en los principios del deber, honor, lealtad y servicio, en cualguier momento, bajo cualquier circunstancia, cuando se encuentren cerca de una instalación naval, de un barco, de un marino, en fin, de la Armada que es su casa, no duden en acercarse, ya que siempre encontrarán la mano amiga que por vocación está al servicio de ustedes, está a su servicio.

Y quiero recordarles que más allá de las playas, tambien hay patria.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

En consecuencia, está a discusión en lo general.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados: por el PRD, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez; por el PAN, José Iñiguez Cervantes; por el Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Valdez Gaxiola.

Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del PRD.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:

Compañeras y compañeros legisladores:

Efectivamente tal como lo ha relatado el presidente de la Comisión de Marina, diputado Fernando Flores Gómez, esta ley fue objeto de múltiples reuniones, de estudio en reuniones de la Comisión de Marina, nos reunimos también con los senadores de la Comisión de Marina, con el propio Secretario de Marina y creo que refleja en alguna redacción el consenso que fuimos logrando en el trabajo de comisiones.

Es muy importante que estemos actualizando la legislación militar, la legislación naval; ya vimos la Ley de Disciplina del Ejército, ahora esta Ley Orgánica y parece ser que viene la Ley sobre Armas de Fuego. Es muy importante que estemos viendo de conjunto algunas cuestiones que tienen qué ver con la Defensa Nacional, con la Marina.

Sobre todo fue objeto de discusión el artículo 2o. fracción Vlll de la ley que estamos analizando, la Ley Orgánica de la Armada de México, porque se incluyó una cuestión que no estaba en la redacción original que era el combate al terrorismo y hubo una discusión incluso pública, hubo un desplegado de la Academia Mexicana de Derechos Humanos que preside la licenciada Mariclear Acosta, en el sentido de que no quedara la redacción original en el sentido de que la Armada, una de sus funciones era el combate al terrorismo puesto que habría que precisar claramente que éstas no son funciones de la Armada y por lo tanto la redacción finalmente... no son funciones porque no ejerce funciones de policía y finalmente hubo una discusión y quedó que la Armada una de sus funciones será la de coadyuvar con el Ministerio Público en el combate al terrorismo, al contrabando, al tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y sicotrópicos en los términos de las disposiciones legales aplicables.

De esta forma, con esta redacción queda a nuestro juicio salvado el tema de que la Armada mexicana no ejerza funciones de policía y esto está ligado también con el tema de que necesitamos avanzar en la precisión de una política de seguridad nacional para México. En varios artículos se precisa que la Armada será... participará en los planes de seguridad nacional, sin embargo esto todavía es un tema tabú en nuestro país, es un tema que no se alcanza a discutir y que necesitamos nosotros como cuerpo legislativo, académicos y estudiosos, necesitamos hacer todos una discusión sobre esta política de seguridad nacional que sirva a los intereses de nuestra patria. Hoy todavía éste es un tema en el cual no hemos avanzado lo suficiente.

Porque esto esta ligado, compañeras y compañeros, al tema de la privatización de los puertos; ahora que los puertos se privaticen también tendrá efectos sobre algunas de las funciones de la Marina y evidentemente va a haber modificaciones en cuanto a una política de seguridad nacional, puesto que ahora los puertos van a ser parte de las firmas multinacionales que compren estos puertos, que intervengan en la privatización de los puertos.

Por eso nos parece que es muy importante paralelamente a la discusión de estas leyes ir avanzando en una definición clara de cuál es la política de seguridad nacional que rige a este país.

Finalmente debo anunciar que el Partido de la Revolución Democrática votará a favor en lo general y en lo particular, pensamos que hubo consenso, hubo forma de que nuestras opiniones fueran escuchadas y por lo tanto el voto de mi fracción parlamentaria será a favor de esta ley.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado José Iñiguez Cervantes, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Iñiguez Cervantes:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Acudo a esta tribuna para fijar la posición de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

La Ley Orgánica de la Armada de México ha sido actualizada mediante reformas, adiciones y derogaciones en su articulado, a partir de 1951. Esa constante actualización demuestra, en primer lugar, el interés del pueblo de México a través de sus representantes, por modernizar y mantener al día una de las instituciones más importantes en el ámbito de la seguridad interior y exterior y para la soberanía del país.

En efecto, la seguridad y protección de nuestro mar territorial, tanto en el Caribe y el Golfo de México, como en el Pacífico y el golfo de Cortés, exigen la existencia y el funcionamiento de una Armada bien organizada, mejor adiestrada y equipada y en óptimas condiciones de operatividad.

Todos conocemos la gran extensión de nuestros mares territoriales al oriente, al poniente y al sur, por lo que su protección no resulta fácil. La riqueza de nuestros mares constituye para las flotas pesqueras de otros países un verdadero atractivo, por lo que necesitamos contar con una fuerza naval plena de pericia y habilidosa en el uso de la tecnología moderna, dispuesta a proteger siempre los legítimos intereses y los cuantiosos recursos marítimos de México.

El cumplimiento de una tarea así no puede dejarse a la arbitrariedad y buen juicio de los mexicanos en general, es necesaria una institución como la Armada de México, dotada de los medios necesarios para alcanzar sus fines; la representación nacional no puede menos que mantenerse atenta al paso del tiempo y a la evolución de las circunstancias, para actualizar las atribuciones de la Armada y crear, mediante la deliberación, acuerdos necesarios, las normas que faciliten y determinen el servicio eficiente y cualificado a la nación.

La Armada, como institución integrada por hombres, necesita el derecho para su eficaz y oportuna coordinación. Al adecuar la norma jurídica o integrar nuevos supuestos bajo su campo de comprensión, lo hacemos para que el personal integrante de la Armada pueda actuar bajo nuevas circunstancias y en algunos campos nuevos de actividad, siempre al servicio de México, de su seguridad y soberanía.

Todos sabemos por la información diaria que los narcotraficantes y contrabandistas cruzan o intentan cruzar nuestras aguas territoriales para cometer sus ilícitos y obtener pingües beneficios para sí y sus cómplices. Esas actividades lesionan la convivencia y destruyen parcialmente la seguridad de los mexicanos. Necesita el Estado mexicano hacer uso de los órganos de poder para defender el bien común nacional.

Ciertamente son los sabedores de las situaciones de emergencia surgidas en nuestro mar territorial y costas por la presencia de fenómenos naturales, cuyo poder de destrucción ha quedado fehacientemente comprobado. Los mexicanos necesitamos en esas circunstancias contar con instituciones aptas para canalizar la solidaridad de todos.

El servicio a la seguridad interior y exterior, la defensa de la soberanía y el apoyo a la solidaridad de los mexicanos en el mar y desde el mar, en los litorales y desde los mismos, exige el funcionamiento de una Armada moderna, bien preparada y mejor dirigida, por lo que consideramos oportuno votar a favor de las reformas, adiciones y derogaciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Al aprobar estas reformas, adiciones y derogaciones a la susodicha ley, queremos regular hechos sociales de cierta frecuencia e importancia en nuestro acontecer nacional. En efecto, el capacitar jurídicamente a la Armada de México para conocer mediante investigación acuciosa el relieve de nuestros mares y costas nacionales, equivale a dotarla de los medios y recursos necesarios para acrecentar el conocimiento de nuestra geografía marítima y las riquezas que pueden y deben estar al servicio de la nación.

Indudablemente los mexicanos necesitamos dar un fuerte impulso a la educación naval militar, porque una educación de esa naturaleza permitirá o deberá permitir el impulso a la vocación marítima de nuestro país, hoy tan débil.

Esperamos que la disciplina de la Armada propicie el cultivo de numerosas vocaciones de mexicanos interesados en el mar y que así cultivados, contribuyan con su servicio y profesión a dinamizar un ámbito de nuestra vida nacional tan promisorio como el conocimiento, uso y cuidado de nuestros mares.

El determinar con claridad el tiempo que por obligación han de servir en la institución quienes en ella y con recursos públicos se preparen, es justo y recto. Todos los mexicanos somos corresponsables de la historia de nuestro país, pero quienes han podido cultivar su inteligencia, desarrollar sus aptitudes y consolidar sus habilidades por la institución y preparación recibida en una instrucción definida por esencia al servicio de la nación, más obligación tienen.

No es mucho el tiempo que por obligación han de servir a la Armada y se comprende la mayor exigencia para quienes fueron enviados al extranjero a capacitarse. Si a eso añadimos que tienen seguro el empleo, dicha obligación más parece una recompensa, sobre todo en tiempo de crisis.

Las reformas y adiciones contribuyen, desde nuestro punto de vista, a precisar y clarificar el texto de la norma y con ello propician su vigencia y contribuyen aunque sea en parte mínima a perfeccionar nuestro orden jurídico.

Como se apunta en el dictamen, el conjunto de reformas y adiciones pretende hacer más nítido y definido el mando de la Armada de México; el precisar las competencias y modos de acceder a determinada función y de servicios, siempre será benéfico para una institución cualquiera y más para una institución armada.

Los claroscuros en la transferencia y ejercicio del mando no contribuyen al sano desarrollo de ninguna institución y generan obstrucciones a la fluidez de la vida institucional. Las reformas ya casi no dejan espacio a la discrecionalidad, lo que es un avance y esperamos genere una operación más idónea en los diversos niveles de mando de la Armada, que por su naturaleza jerárquica requiere de canales bien definidos de operación.

Nos parece que la ley mejora al precisar los tiempos de las licencias ordinarias y lo referente a la remuneración de los licenciados, tratándose de relaciones humanas; el legislador sabe el carácter imprevisible e incontrolable de los sentimientos humanos pero manifiesta su voluntad de respetarlo, al establecer tiempos prudentes y flexibles para su evaluación, pero teniendo en cuenta al mismo tiempo las exigencias del bien común.

El tiempo que utilizamos los servidores públicos no nos pertenece de manera predominante; es tiempo de la nación y de las instituciones a las que servimos. No podemos los funcionarios públicos hacer uso del tiempo a nuestro arbitrio y conveniencia. Esas adecuaciones tratan de hacer justicia a los integrantes de la Armada y a la misma institución.

La naturaleza misma del servicio de la Armada mexicana la involucra en los frecuentes problemas surgidos por la presencia imprevisible en nuestros mares, litorales y costas, de grandes fenómenos naturales como ciclones y terremotos, aquellos que cuando acaecen generan muchos daños. La Armada, con su acción oportuna, organizada y eficaz, ha de disminuir el impacto de dichas tormentas sobre las poblaciones de nuestras costas; sus mandos y subordinados han de conocer cada día mejor la meteorología sobre México, a fin de preparar acciones de previsión y orientación para los pobladores de los litorales y riberas de los grandes ríos.

De reconocer a la Armada competencia en dichas investigaciones, evidentemente también se reconoce su responsabilidad consecuente en la ejecución de dichas tareas. Esperamos que no vuelva nunca a acontecer lo sucedido en el Mar de Cortés, donde al parecer no funcionó adecuadamente la información y se perdieron lamentablemente muchas vidas humanas, pero también hemos de recordar la colaboración de las fuerzas integrantes de la Armada en el salvamento de numerosas y valiosas vidas de mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados, que la aprobación de estas reformas y adiciones para actualizar la Ley Orgánica de la Armada de México, contribuya, con su aplicación oportuna, a perfeccionar el servicio de los marinos a su país, a su institución y a la realización de su propia vocación.

En perspectiva histórica ninguna regulación puede tener la pretensión de ser última e insuperable y los cambios sufridos hasta ahora por la Ley Orgánica de la Armada de Mexico así nos lo demuestran. En efecto, podemos hablar de modificaciones profundas a dicha normatividad, llevadas a cabo en 1951, en 1971 y en diciembre de 1993. Ahora la reformamos y adicionamos con seriedad y con la voluntad de adecuarla a las exigencias del presente, damos un paso, pero no hemos concluido el camino, con esa conciencia otorgamos nuestro voto a favor.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Alfredo Valdez Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alfredo Valdez Gaxiola:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas y diputados:

Con el propósito de mantener actualizado el marco legal que norma el ejercicio de las atribuciones de la Armada de México, se presenta a la consideración de este pleno la iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Armada de México.

Como es de su conocimiento, la sociedad a nivel internacional se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación. Nuestro país se ha incorporado a esta dinámica de cambio, lo que hace necesario adecuar el quehacer de las instituciones a los requerimientos de la propia sociedad.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 señala como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la soberanía y el garantizar la seguridad nacional del país. En su estrategia y líneas de acción se establece que se actualizará la planeación estratégica de las fuerzas armadas a través de la modernización y consolidación de las capacidades militares operativas, de inteligencia, técnicas, además de contar con elementos capacitados que les permitan dar respuesta inmediata ante emergencias y desastres.

La Armada de México tiene una gran responsabilidad en la salvaguarda de la soberanía nacional, particularmente en lo que se refiere a la seguridad y protección de nuestros mares, islas, cayos, arrecifes, zócalos y la plataforma continental, así como de los espacios aéreos que corresponden a éstos.

En los últimos años, la Armada de México ha ampliado sus actividades a la protección del medio ambiente; además de vigilar el tráfico marino, fluvial y lacustre de competencia Federal.

De especial relevancia será la protección de las vidad humanas en el mar. Con adecuaciones que se proponen a la Ley Orgánica, la Armada de México contará con un marco legal acorde con las circunstancias actuales y podrá desarrolar sus funciones con mayor eficacia.

Se establecen con claridad sus atribuciones y responsabilidades, entre éstas destacan la de alistar las fuerzas que la constituyen, así como su organización, adiestramiento, equipamiento y operación.

Ejercer jurisdicción naval y militar a nombre de la Federación en el mar territorial, zona económica exclusiva, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y la plataforma continental, así como en las aguas interiores, lacustres y ríos y en sus partes navegables. Se incluye también el espacio aéreo correspondiente.

Se confirma la importante contribución de la Armada en casos de desastre para realizar acciones de búsqueda, rescate y salvamento en el mar y en las aguas interiores, así como de auxiliar a la población civil en las zonas de emergencia.

Otra importante atribución es la de proteger el equilibrio ecológico. Se prevé su participación en el área de su responsabilidad e intervenir en la protección del medio marino; asimismo, de realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de recursos marinos.

Para todos es conocido la participación de esta institución en la protección de especies marinas en peligro de extinción, como es el caso de la tortuga, donde no sólo se vigila que su explotación sea racional, sino que se lleven a cabo los programas de reproducción de la especie.

De igual forma, entre sus atribuciones, se tiene la de coadyuvar con el Ministerio Público en el combate contra actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad de la población.

Por otra parte, con la propuesta de reforma a esta Ley Orgánica, se precisan las facultades del alto mando, se concreta, además, el orden y sucesión de las líneas de responsabilidad en ausencias de carácter incidental o accidental; se adecúa la estructura orgánica, lo que eficientizará el desarrollo de las operaciones en las áreas de responsabilidad.

En forma paralela, se pretende mejorar las condiciones del personal egresado desde las escuelas de formación en un ámbito de seguridad y estabilidad.

Normar la especialización para dotar a la Armada de personal altamente capacitado, en las áreas que se requieran de acuerdo a los requerimientos propios de sus atribuciones.

Se precisan los conceptos de especializacón, formación y adiestramiento para el personal en tiempos de la contraprestación de los servicios cuando se realicen estudios con cargos a la propia institución.

Sobresale en esta iniciativa la creación de un servicio de metereología como un servicio de apoyo a la actividad marítima y pesquera del país y de gran utilidad para el desempeño de sus atribuciones.

Compañeros diputados: para la fracción priísta esta iniciativa de Ley Orgánica de la Armada de México permite adecuar el marco legal a la dinámica del cambio que la sociedad mexicana exige.

Es reconocido por todos el intenso trabajo diario de la Armada de México por velar nuestra soberanía, por la seguridad de nuestros mares, por la protección de las vidas humanas, por el resguardo de nuestros recursos marinos y sólo por señalar las más trascendentes.

Por ello, los convoco a todos a votar en favor de esta iniciativa para darle a la Armada el marco legal que necesita para seguir trabajando con patriotismo por el engrandecimiento de México.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:

Gracias, diputada Presidenta:

En torno a la actualización de la normatividad de la Armada de México y en torno al conjunto del dictamen que en este momento nos ocupa, los cinco ciudadanos queremos señalar brevemente tres aspectos que nos parecen fundamentales.

El primero de ellos es que las responsabilidades constitucionales que le son conferidas a la Armada de México, como son la defensa de nuestras costas y espacios marítimos, la protección de la soberanía y la seguridad nacionales, las labores de protección ecológica y nuestros recursos naturales, las funciones de apoyo en casos de desastres y contingencias naturales, así como el apoyo a las labores de los sectores productivos del mar, se verán fortalecidas fundamentalmente con esta actualización normativa, necesaria, para nuestra Armada de México.

Por tal motivo, los cinco diputados hemos decidido votar en favor, en lo general y en lo particular de esta propuesta, porque fundamentalmente sentimos que contribuye a la modernización de la fuerza naval de nuestro país; porque desarrolla y actualiza las funciones de nuestra Armada de México; porque define de manera más clara ámbitos y responsabilidades, espacios de acción de las fuerzas militares del mar; porque refuerza la labor en torno a la defensa y soberanía nacionales.

Por estas razones, que nos parecen fundamentales, es que hemos resuelto apoyar de manera positiva el dictamen.

Queremos hacer dos apreciaciones, además, que nos parecen cruciales ya que se toca el tema de la Armada de México.

La primera de ellas es que nosotros sentimos la necesidad de mayores apoyos económicos a la labor que realiza cotidianamente la Armada de nuestro país. Eso porque en diversas ocasiones se ha considerado por los especialistas y analistas de la misma, como insuficiente la cantidad de recursos que se otorgan para el desempeño cotidiano de las funciones y de las labores que realiza la Armada Nacional.

Y por otro lado, porque la gran cantidad de kilómetros de costas y de recursos marítimos que tiene nuestro país, hacen necesaria una mayor inversión en este plano que, como ya lo hemos señalado, es fundamental, no solamente para la defensa nacional, sino también es fundamental para el apoyo de los sectores productivos del mar en nuestros litorales.

Por eso, nosotros nos pronunciamos por un mayor apoyo en recursos económicos para el desempeño de la Armada de México.

Por otro lado, nosotros consideramos importante señalar el día de hoy, que también será fundamental la necesidad de abordar el tema de seguridad nacional en el próximo diálogo sobre la reforma política, la reforma democrática del Estado, en este dictamen que el día de hoy discutimos, es en diversas ocasiones mencionada la seguridad nacional.

Y no solamente en éste, sino fue objeto también de debate el día de ayer y el día en que se discutió la Ley de Disciplina del Ejército, de nueva cuenta el tema de la seguridad nacional.

Por tal motivo, nosotros queremos aquí dejar constancia de la necesidad de abordar el tema de la seguridad nacional como uno de los temas y proponer que sea adicionado a la agenda de la reforma democrática para el Estado el tema y la materia de seguridad nacional, con el propósito de que en foros convocados expresamente para ello, no solamente especialistas, sino también estudiosos, académicos y sobre todo, las instituciones que constitucionalmente están responsabilizadas del resguardo de la seguridad nacional, opinemos en torno al nuevo significado de este concepto, a sus alcances y a la necesidad de actualizarlo constitucional y normativamente.

Por tales motivos, pues, nos sumamos al apoyo de este dictamen, haciendo estas dos consideraciones de la necesidad de incrementar los recursos de los que dispone la Armada de México por un lado y por otro, lado la necesidad de que en el próximo diálogo sobre la reforma del Estado, se incluya el tema de seguridad nacional para su discusión y su análisis.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El secretario Aurelio Marín Huazo:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido señora Presidenta.

La Presidenta:

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

El secretario Aurelio Marín Huazo:

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

El secretario Alejandro Torres Aguilar:

Se emitieron 321 votos en pro y ninguno en contra.

La Presidenta:

Aprobado en lo general y en lo particular por 321 votos, por unanimidad.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Armada de México.

El secretario Alejandro Torres Aguilar:

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los dputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, fue turnada la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos presentada a esta soberanía por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas comisiones, de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 42, 43, fracción II, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de los integrantes de esta honorable Cámara, este dictamen con proyecto de decreto, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día 19 de octubre de 1995, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno, de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos presentada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

El pleno de la Cámara de Diputados acordó el día 20 de octubre, turnar la iniciativa del Ejecutivo Federal para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

Los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal fueron convocados el día 21 de noviembre, sesión en la que fue analizado y discutido el presente dictamen.

De acuerdo con los antecedentes indicados, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal con las atribuciones antes señaladas, presentan a la consideración de los integrantes de esta honorable Cámara, este dictamen con proyecto de decreto, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el mes de diciembre del año de 1994 el poder revisor llevó a cabo un reforma constitucional en las materias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia, entre las que introdujo una modificación al sistema de organización política del Distrito Federal contenido en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo tocante a la función judicial.

La reforma mencionada principalmente tiende al fortalecimiento de los órganos judiciales, distinguiendo las funciones administrativas que venían desempeñando de las propiamente jurisdiccionales, de modo que quienes tienen a su cargo esa impartición de justicia, para mayor eficacia, dediquen a ella todo su empeño y encargándose a la figura del Consejo de la Judicatura, que funcionará en pleno o comisiones, la responsabilidad de la administración, vigilancia y disciplina, así como las de intervenir en la designación de magistrados, designar y adscribir a los jueces de primera instancia.

Se previó una integración colegiada para el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en la que participan los tres órganos locales de Gobierno. Estos consejeros deben reunir los mismos requisitos que para ser magistrado son necesarios, durando cinco años en el cargo con sustitución escalonada y sin la posibilidad de ser nombrados para un nuevo periodo. La remoción solo procederá en los términos del Título Cuarto de la Constitución general.

Igualmente, se sientan los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que deben regir la carrera judicial, dejando a la ley el desarrollo de las bases que le darán operatividad.

Expresamente se determinó la aplicabilidad de impedimentos a magistrados, jueces y consejeros, referidos a la aceptación y desempeño de empleo o encargo federal, estatal, del Distrito Federal o de particulares, con la salvedad de los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia, así como el de actuar dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso que se siga ante los organos judiciales del Distrito Federal y el de ocupar los cargos de jefe del Distrito Federal, secretario general, Procurador General de Justicia o representante a la Asamblea del Distrito Federal.

En consideración de la modificación constitucional mencionada, se hace necesario reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia judicial, atenta la atribución que la propia Constitución impone al Congreso de la Unión para determinar en dicho estatuto, las bases para la organización y facultades de los órganos locales de Gobierno del Distrito Federal, entre los cuales se encuentra el Tribunal Superior de Justicia.

De este modo, atendiendo a las referidas modificaciones introducidas por el poder revisor a la fracción VII del artículo 122 constitucional, las comisiones unidas actuantes, consideran oportuno regular en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal las bases en los temas relativos a la integración y funciones del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, nombramiento, adscripción y remoción de magistrados, jueces y empleados, impedimentos de magistrados y elaboración del proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Respecto de la intervención que la Constitución Federal atribuye al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en la designación de magistrados, se plantea ésta como la formulación de opinión que el jefe del Distrito Federal, escuchará siendo responsabilidad del consejo la verificación del cumplimiento de los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 122 constitucional para acceder a esta función así como el de las condiciones previstas en el propio Estatuto de Gobierno.

Igualmente se trata lo concerniente a la integración del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el cual se conformará con siete miembros que deberán reunir los requisitos que para ser magistrado establece la ley y desempeñarse con independencia e imparcialidad; se integrará por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que también presidirá dicho consejo, un magistrado, un juez de primera instancia y un juez de paz, que serán electos mediante insaculación; dos consejeros designados por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y uno por el jefe del Distrito Federal. Los consejeros, durante su encargo sólo podrán ser removidos en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal.

A la actuación del Consejo de la Judicatura en pleno se le encomiendan las relevantes funciones de opinar sobre la designación y ratificación de magistrados, así como resolver sobre la adscripción y remoción de los mismos; designar, adscribir y remover a los jueces de primera instancia y a los jueces de paz y a los que con cualquier otra denominación se creen en el Distrito Federal, todo ello en los términos que en materia de carrera judicial prevea la ley.

El pleno y las salas del Tribunal Superior de Justicia, así como los jueces y demás órganos judiciales, nombrarán y removerán a sus funcionarios y empleados, conforme a lo que establezca la ley en materia de carrera judicial.

Se coincide también en la conveniencia de prever expresamente en el Estatuto de Gobierno los supuestos que impidan que magistrados, jueces y consejeros actúen como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos judiciales del Distrito Federal y que ocupen los cargos de jefe del Distrito Federal, secretario general, Procurador General de Justicia o representante a la Asamblea del Distrito Federal, en los dos años posteriores a la fecha de su retiro, salvo que se hubiere desempeñado el cargo con carácter provisional.

La elaboración del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales se encomienda al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, mismo que lo remitirá para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal.

En razón de la calidad de servidores públicos que tienen los magistrados, jueces y titulares de los órganos judiciales que con ese carácter sean creados y de la naturaleza de la función que se encomienda al Consejo de la Judicatura en cuanto a la materia de responsabilidades de los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se estima atinada la reforma que se propone al artículo 3o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a fin de darle al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el carácter de autoridad competente para la aplicación de la ley de que se trata.

En congruencia con lo anterior, la reforma del artículo 51 determina que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal será el encargado de establecer los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la mencionada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos así como para aplicar las sanciones administrativas que el mismo ordenamiento prevé.

En cuanto al registro patrimonial de los servidores públicos, se propone que las atribuciones que prevé la ley de la materia se confieran también al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.

Por las consideraciones antes señaladas, las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal que suscriben, se permiten someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente dictamen con

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Artículo primero. Se reforman los artículos 77, 83, 84, 85, y se adicionan con un segundo párrafo los artículos 80 y 82 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 77. La Ley Orgánica respectiva establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Artículo 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En la designación de los magistrados, el jefe del Distrito Federal deberá escuchar la opinión previa del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el cual verificará que se cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 122, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las condiciones previstas en el párrafo anterior.

Artículo 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En la ratificación de magistrados intervendrán las mismas autoridades y se seguirán las mismas formalidades que para su designación.

Artículo 83. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales estarán a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en los términos que, conforme a las bases que señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este estatuto, establezca la Ley Orgánica respectiva.

El consejo se integrará por siete miembros, de los cuales, uno será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del consejo; un magistrado, un juez de primera instancia y un juez de paz, electos mediante insaculación; dos consejeros designados por la Asamblea de Representantes y uno por el jefe del Distrito Federal. Los tres últimos deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los consejeros deberán reunir los requisitos que para ser magistrados establece la ley. El consejo funcionará en pleno o en comisiones.

Los consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

Los consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

El consejo, actuando en pleno, opinará sobre la designación y ratificación de magistrados; resolverá sobre la adscripción y remoción de magistrados; designará, adscribirá y removerá a los jueces de primera instancia, a los jueces de paz y a los que con cualquier otra denominación se creen en el Distrito Federal; todo ello en los términos que la ley prevea en materia de carrera judicial.

El pleno y las salas del Tribunal Superior de Justicia, así como los jueces y demás órganos judiciales, nombrarán y removerán a sus funcionarios y empleados conforme a lo que establezca la ley en materia de carrera judicial.

Artículo 84. Los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia y los consejeros de la judicatura del Distrito Federal no podrán, en ningún caso, aceptar o desempeñar empleo, o encargo de la Federación, de los estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior estarán impedidos, durante los dos años siguientes a la fecha de su retiro, para actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos judiciales del Distrito Federal. Durante dicho plazo, los magistrados no podrán ocupar el cargo de jefe del Distrito Federal, secretario general, Procurador General de Justicia o Representante a la Asamblea del Distrito Federal, salvo que el cargo desempeñado en el órgano judicial respectivo, lo hubiera sido con el carácter de provisional.

Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia.

La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores será sancionada con la pérdida del cargo dentro del órgano judicial de que se trate, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean.

Artículo 85. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal elaborará el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales y lo remitirá para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal." Artículo segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 3o., el párrafo primero del artículo 51 y el párrafo segundo del artículo 79 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

"Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal:

VII a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 51. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal establecerá los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47, así como para aplicar las sanciones establecidas en el presente Capítulo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las atribuciones que este título otorga a la Secretaría se confieren, en el ámbito de sus respectivas competencias, tanto al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, como a las cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión y Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A los miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, les serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 1o. del mismo, salvo la duración en el cargo, la cual se sujetará a lo previsto en el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994.

Para los efectos de los artículos 3o., 51 y 79 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las referencias hechas al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- A 21 días de noviembre de 1995.- Por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, los diputados: Dionisio Pérez Jácome, Oscar Guillermo Levín Coppel, José Eduardo Escobedo Miramontes, Patricia Garduño Morales, Adolfo Flores Rodríguez, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Jaime Mariano del Río Navarro, Víctor Manuel Alvarez Trasviña, José Rafael Castelazo y de los Angeles, Ofelia Casillas Ontiveros, Florentino Castro López, Ignacio Contreras Flores, Ana María Adelina Licona Spínola, José Noé Mario Moreno Carbajal, Carlos Alfonso Reta Martínez, Alejandro Rojas Díaz-Durán, Víctor Manuel Rubio Ragazzoni, José Sánchez Juárez, Carlos Aceves del Olmo, Francisco Maldonado Ruiz, María Elena Alvarez Bernal, Carmen Segura Rangel, Miguel Arciniega Portillo, René Arce Islas, Ramón Sosamontes Herreramoro, Oscar González Yáñez, Marco Antonio Razcón Córdova, Graciela Rojas Cruz, José Luis Torres Ortega, Javier Viniegra Zubiria, Fructuoso López Cárdenas, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, José de Jesús Zambrano Grijalva, Armando Ballinas Mayes,Salvador Beltrán del Río, Ricardo García Cervantes, José Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna, Ignacio González Rebolledo, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Samuel Palma César, Francisco Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de segunda lectura.

La Presidenta:

De conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra el diputado Eduardo Escobedo Miramontes.

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Se somete a la consideración de ustedes el proyecto relativo al decreto para adicionar y reformar diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal e igualmente tres artículos relativos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Para ello, me permito recordar a esta Asamblea la reforma constitucional que se aprobó en diciembre de 1994 en relación a tres temas fundamentales: los asuntos relativos a seguridad pública, el asunto relativo a impartición de justicia y, finalmente, como tercer punto, el asunto relativo a procuración de justicia.

En la reforma que se aprobó a diversos artículos en diciembre del año pasado, se modificaron varios preceptos constitucionales relativos al Poder Judicial de la Federación y especialmente a la compactación de la Suprema Corte de Justicia a efecto de pasar de una composición de 26 ministros a 11 ministros, y al establecimiento de un Consejo de la Judicatura Federal que fuera integrado por siete miembros; y que tendría como funciones fundamentales las relativas a la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo relativo a la Suprema Corte de Justicia y segundo, lo relativo a la elaboración del proyecto de presupuestos del Poder Judicial de la Federación, con excepción también, de lo relativo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En esa modificación que se hizo en diciembre del año pasado, se modificó y se reformuló la fracción VII del artículo 122 de la Constitución que, como ustedes saben, ese precepto establece las bases de organización política del Distrito Federal.

Por disposición de la fracción I de ese artículo 122, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece las bases de organización de los órganos locales de gobierno y también establece las facultades de dichos órganos para después ser reguladas en las respectivas leyes orgánicas que ahora son de la competencia de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Las modificaciones a esa fracción VII del artículo 122, fundamentalmente se centraron en la incorporación del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal con siete miembros, uno de los cuales sería el presidente del Tribunal Superior de Justicia y, por lo tanto magistrado; otro sería uno de los magistrados; uno más sería un juez de primera instancia y otro, un juez de paz, e igualmente habría dos comisionados o dos consejeros designados por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y uno más por el jefe del Distrito Federal.

Se mencionó igualmente en la reforma, el señalamiento de que el consejo tendría a su cargo lo relativo a la administración y vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia y de los juzgados, e igualmente la elaboración del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia.

Hay diferencias sustanciales, de fondo, entre las facultades que tiene el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, con respecto al que tiene el Consejo de la Judicatura Federal en el ámbito del Poder Judicial de la Federación. En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal elabora el proyecto de presupuestos de todo el Poder Judicial con excepción de la corte, en el caso del relativo al Distrito Federal, es para todo el aparato judicial que es el Tribunal Superior de Justicia y los juzgados.

Igualmente en tanto el Federal tiene que ver con la administración, vigilancia y disciplina de lo relativo al Poder Judicial de la Federación, con excepción de la corte, en el caso del Distrito Federal es para todo el ámbito del Tribunal Superior de Justicia.

Las modificaciones que hoy se presentan a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, tienen que ver fundamentalmente con los siguientes artículos:

El artículo 77, una adición de segundo párrafo a los artículos 80 y al 82, modificaciones al 83, 84 y 85 y reitero, modificaciones a tres artículos de la Ley Federal de Responsabilidades.

En el primero de ellos, en el artículo 77, por disposición del décimo párrafo del artículo 122 de la Constitución, se establece ahora en la propuesta del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, desarrolle las bases de la carrera judicial, de conformidad con los principios ya establecidos de la Constitución, de objetividad, de imparcialidad, de independencia y de profesionalismo.

De esta manera se adecúa este artículo 77, al precepto señalado en el artículo 122 de la Constitución y será la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del fuero común, quienes desarrollen lo relativo a las normas de selección de ingreso, de promoción, de suspensión, de retiro de estímulos al personal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Igualmente se adiciona un segundo párrafo al artículo 80, que viene a concretar de una manera específica el señalamiento del mandato de la Constitución, que se establece en el artículo 122.

En efecto, el artículo 122 en la fracción VlI, establece que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, deberá intervenir en la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Como ustedes saben, la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, también por disposición de la Constitución, recae en el jefe del Distrito Federal y la aprobación definitiva o no, a ese nombramiento, corresponde a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Ahora, de acuerdo con esta adición al segundo párrafo del artículo 80 del Estatuto, el Consejo de la Judicatura tendrá que dar una previa opinión al jefe del Distrito Federal, en virtud de que el propuesto satisfaga los requisitos establecidos en la Constitución, fundamentalmente en el artículo 95, que son los mismos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, al efecto de que entonces el jefe del Distrito Federal, esté en posibilidad de someter su nombramiento a la aprobación o rechazo de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

En congruencia con esa disposición, también se establece una adición al artículo 82 del Estatuto de Gobierno. De tal manera que estas mismas tres instancias que intervienen en la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, puedan también intervenir en la ratificación de los magistrados, dado que hay una previsión constitucional de que los magistrados duren en su encargo seis años, al término de los cuales, tienen que ser ratificados y si son ratificados, sólo podrán ser removidos por las causas establecidas en el Título Cuarto de la Constitución General de la República.

Por lo tanto, tendrá también el Consejo de la Judicatura, intervención en proceso de ratificación ante el jefe del Distrito Federal y ante la Asamblea de Representantes.

Se establece una modificación sustancial al artículo 83 del Estatuto, de tal manera de prever todo lo relativo al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, empezando por el efecto de su integración a la que ya me he referido, el señalamiento de que durarán los consejeros cinco años en el ejercicio de sus funciones, deberán de operar de manera escalonada y funcionará este Consejo de la Judicatura en pleno o en comisiones. Y como funciones importantísimas que este artículo 83 atribuye al Consejo de la Judicatura actuando en pleno, estarán la de intervenir en la cuestión relativa a la designación y ratificación de los magistrados, resolver sobre las cuestiones relativas a su adscripción y remoción e igualmente designar, adscribir y remover a los jueces de primera instancia y de paz, que integren el aparato judicial del Distrito Federal.

Todo esto tendrá que hacerse en términos del desarrollo de la carrera judicial que establezca la Ley Orgánica que dicte la Asamblea de Representantes.

En el artículo 84, se vienen a establecer los impedimentos para efecto de adecuarse a las disposiciones constitucionales, fundamentalmente al artículo 101 y al 122. De tal manera de que se prevé que no podrá ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia el jefe del Distrito Federal, el secretario general o los secretarios generales, el Procurador General de Justicia o los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, si no se separan un año antes de la designación. Y a la inversa, por disposición que se prevé en este artículo 84, recogiendo la fundamentación constitucional, habrá una prohibición para que dentro de los dos años siguientes al retiro de los magistrados, puedan acceder al cargo de jefe del Distrito Federal, de asambleísta o de secretario del Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

Finalmente, en el artículo 85, de la reforma que está a consideración de ustedes, se propone la adecuación para el efecto de que quede claro que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal elaborará el presupuesto del propio Tribunal Superior de Justicia, a efecto de enviarlo al jefe del Distrito Federal y éste someterlo a la consideración y aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Por último, el proyecto de decreto contempla modificaciones a tres artículos de la Ley de Responsabilidades para insertar expresamente la figura del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. De esta manera, se reformula una fracción Vl del artículo 3o. de la Ley de Responsabilidades, que establece cuáles son los órganos competentes para aplicarla; y se establece que será el Consejo de la Judicatura en vez del Tribunal Superior de Justicia. Igual mención se hace en el artículo 51 para el efecto de contemplar de que será el Consejo de la Judicatura y no el Tribunal Superior de Justicia, el que establecerá los órganos y los procedimientos para identificar, investigar y determinar las sanciones que por responsabilidades al artículo 47 se establezcan para los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Y finalmente, lo relativo al artículo 79, en donde también será el Consejo de la Judicatura quien cuente con la atribución para llevar a cabo el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos del aparato de justicia del Distrito Federal.

Hago una mención a esta Asamblea, de que por un error de transcripción, aparece en el documento que fue entregado a ustedes y distribuido, un segundo párrafo del artículo segundo transitorio que aparece en el proyecto de decreto. El primer párrafo hace una remisión al escalonamiento de los consejeros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. De tal manera que, aplicando los transitorios de la reforma constitucional, el magistrado y los jueces que han sido ya insaculados y forman parte del consejo que ya esté integrado, funcionarán hasta el último día de noviembre del año 2001. En tanto que el relativo a uno de los nombrados por la Asamblea y a uno de los nombrados por el jefe de Gobierno, funcionarán hasta el último día de noviembre del año 1999 y el restante, hasta el último día de noviembre de 1997.

La segunda parte dice:

"Para los efectos de los artículos 3o., 51 y 79 de la Ley Federal de Responsabilidades, las referencias hechas al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se entenderán hechas al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal." Esta parte, vamos a proponer en un momento más que se suprima; fue un error de transcripción y no tiene ningún sentido en virtud de que se están modificando precisamente los artículos 3o., 51 y 79.

En tal virtud, dejo en poder de la Secretaría la siguiente propuesta de rectificación:

"Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente.

En base a lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone suprimir el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto relativo a reformas y adiciones a diversos preceptos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos respecto al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.

Lo anterior, en virtud de que por un error de transcripción, aparece una referencia que no tiene razón de ser, precisamente porque el proyecto contempla modificar los artículos: 3o., 51 y 79, para incluir al Consejo de la Judicatura en vez de la mención del ordenamiento vigente que habla del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal." En tal virtud, al momento de la votación, se llevaría a cabo ésta sin ese segundo párrafo del artículo segundo transitorio.

Atentamente. Diputado Eduardo Escobedo y diputada Patricia Garduño Morales.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, diputado Escobedo.

En consecuencia, está a discusión en lo general, con la modificación propuesta por la comisión.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los siguientes oradores, para fijar posición: Graciela Rojas Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, del Partido Acción Nacional y el diputado Jorge Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, tiene la palabra la diputada Graciela Rojas Cruz, del PRD.

La diputada Graciela Rojas Cruz:

Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 18 de octubre es irrelevante desde el punto de vista de su contenido, pues simplemente adecúa una serie de preceptos constitucionales para su aplicación en el caso del Poder Judicial del Distrito Federal, aunque presenta algunos aspectos dignos de consideración. Para desarrollar este material revisaremos los cambios que el Presidente propone para varios artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para posteriormente hacer algunas observaciones generales sobre la iniciativa.

Artículo 80. Es de los dos artículos del estatuto en el cual la reforma no modifica su contenido, sino que adiciona un párrafo. En este caso la adición es para que el jefe del Distrito Federal, como funcionario facultado para nombrar los magistrados, deberá escuchar previamente la opinión del Consejo de la Judicatura, el cual, además verificará que los designados cumplan con los requisitos correspondientes.

Esta adición tiene una doble problemática. Por una parte, acota el ejercicio de una facultad del jefe del Distrito Federal al obligarlo a escuchar una opinión previa antes de hacer sus designaciones. Lo que no sucede igual con el Presidente de la República en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

El segundo aspecto tiene que ver con la facultad que se da el Consejo de la Judicatura para revisar si los presuntos designados cumplen con los requisitos a que están obligados, lo que puede hacer innecesaria la ratificación que de acuerdo a la Constitución le corresponde hacer a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Siempre hemos estado en contra de la forma autoritaria en que el titular del Gobierno de la capital ha ejercido su encargo, en donde sus decisiones las toma sin mediar ninguna acción previa como consulta, son de otra forma, lo que ha hecho que un elevado número de acciones de Gobierno sean repelidas por diversos sectores de la población.

A partir de esta consideración, podría ser aceptable la adición que se propone y más bien la discusión hay que realizarla acerca de si el Consejo de la Judicatura es la mejor instancia para la consulta.

Cuando se estaba discutiendo el Estatuto de Gobierno ante el mecanismo propuesto para elegir al jefe del Distrito Federal, el PRD propuso que previo al nombramiento de este funcionario, el presidente realizara consultas sobre el posible nombramiento con el presidente del partido político que debe ser integrante de este funcionario. Obviamente, esta propuesta no fue aceptada. Ante ello, llama la atención que ahora sí se proponga este mecanismo.

Sin embargo, si consideramos como se integra el Consejo de la Judicatura entonces vemos que no es la mejor opción. De los ocho integrantes del consejo, cuatro son integrantes del Poder Judicial: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, un magistrado y dos jueces. Ya que en el pasado fue una práctica común de la presidencia del tribunal, es decir, el señor Saturnino Agüero aprovechó su cargo para promover a personal afín a sus posturas. Incluso, en algún momento de su gestión intentó convertir a su secretario particular en magistrado.

Por esas razones, la consulta puede ser un procedimiento que reproduzca grupos de poder dentro del Poder Judicial y haga que los nuevos nombramientos, simplemente reproduzcan las condiciones en que se dé éste, independientemente de como sean.

El otro elemento que se introduce junto con la consulta, esto es la verificación de requisitos de quienes vayan a ser designados, hace que no esté claro en qué momento y para qué se hace la consulta. Si la consulta es sólo para revisar requisitos, es exagerado que se le dé rango de precepto legal a ésta. En cambio, si es para analizar candidatos a magistrados, saldría sobrando el que el consejo revise requisitos.

En todo caso, la consulta debería ser para que el jefe del Distrito Federal recabe informes acerca del desempeño, antigüedad, etcétera, que han tenido los integrantes del Poder Judicial en lo que se esté pensando para su promoción como magistrados.

Por otra parte, hay que considerar que este mecanismo de consulta es la forma en que se propone cumplir con la norma constitucional que da al consejo la facultad de participar en el nombramiento de magistrados. Con respecto a esta revisión de requisitos, esto puede convertir la participación de la Asamblea de Representantes en la ratificación de magistrados en un mero trámite.

En la Constitución y el Estatuto se establece que a la Asamblea le corresponde ratificar los nombramientos que haga el jefe del Distrito Federal, sin más normas que las de fijar tiempos para realizar esta ratificación, así como procedimientos por si se llega a desechar algún nombramiento.

Al no haber más precisiones acerca del mecanismo que debe seguir la Asamblea para ratificar magistrados, esto se deberá normar en otros ordenamientos que bien podrían ser la Ley Orgánica de la Asamblea, su Reglamento Interno o alguna otra legislación referente al Poder Judicial, ordenamientos que corresponden expedir a la Asamblea.

Los antecedentes en este sentido prácticamente limitan la participación de la Asamblea a la verificación de requisitos de los designados, pues aunque se ha seguido todo un procedimiento antes de la ratificación, que incluyen entrevistas con los designados y hasta consultas a la población en general estos mecanismos se orientan a analizar el cumplimiento de requisitos.

Si el Consejo de la Judicatura en la práctica avalara las designaciones que haga el jefe del Distrito Federal, entonces, la ratificación por la Asamblea tenderá a hacer lo que más ha deseado siempre el PRI, que sean estos procedimientos de un mero trámite, que dé la apariencia de una participación por el legislativo en la conformación del Poder Judicial.

Artículo 82. En este caso la adición que se propone simplemente establece que en los procedimientos de ratificación de magistrados participarán las mismas instancias que en su designación y que son: el jefe del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura y la Asamblea de Representantes. Dado que el consejo puede llegar a remover magistrados, esta norma debería complementarse con mecanismos de evaluación del trabajo de magistrados, en el cual, colaboren las instancias encargadas de participar en los procesos de nombramiento y ratificación.

Comentarios finales. Por ser una iniciativa que simplemente adecúa al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, es poco lo que se puede agregar, siendo nuestros puntos de vista finales, los siguientes:

1. Resulta pobre el que las adecuaciones a una ley se limite a trasladar textos de un ordenamiento a otro, es decir, del artículo 122 en su fracción VII, al Estatuto de Gobierno.

2. Alguno de los procedimientos que se propone incluir, en especial la consulta que debe realizar el jefe del Distrito Federal con la Judicatura para designar magistrados, introduce un elemento a discutir acerca de la división de poderes, en donde un poder, el Ejecutivo, se ve obligado a consultar a otro, Judicial, acerca de cómo ejerce sus atribuciones en la conformación de los órganos de éste segundo.

3. El mecanismo más usado para el nombramiento de ministros y magistrados era nombramiento por parte del Ejecutivo y ratificación por el Legislativo, por lo que esta consulta debería ser del Legislativo hacia el Consejo de la Judicatura, para que la participación del Legislativo en este proceso tenga una razón de ser, pues si queda como se propone en la iniciativa, la intervención del legislativo sería meramente ornamental.

Esos son puntos de vista del Partido de la Revolución Democrática. Como ustedes recuerdan, compañeras y compañeros diputados, en 1994, a finales del año pasado, cuando se discutió las reformas al Poder Judicial y que fueron como 26 artículos de la Constitución los que se tuvieron que reformar, el PRD votó en contra. En consecuencia, y por lo mencionado en este documento, el PRD se va a abstener en esta votación que se haga.

Gracias por escucharme.

La Presidenta:

Gracias diputada.

Tiene la palabra el diputado Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, del Partido Acción Nacional.

El diputado Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Una vez más el tema de la justicia es abordado por esta Cámara de Diputados. Inicio mi intervención con un breve extracto de lo que ello significa, la justicia como instinto nace con el hombre, demuestra en el reparto equitativo de lo recolectado y en forma negativa en la imposición de la ley del más fuerte que genera en la víctima el sentimiento de injusticia.

El griego Hesiodo en su obra denominada Los trabajos y los días, afirma: "Las bestias, los peces y las aves se devoran entre sí, pero el hijo de Cronos dio a los hombres la justicia y es con mucho lo mejor que tienen".

La intromisión del Poder Ejecutivo en la esfera de competencia de los poderes Legislativo y Judicial siempre ha sido práctica cotidiana y una de las principales banderas de la gesta constituyente, fue la real y efectiva división de los poderes que continuamente ha decaído en su concepto por el liberalismo que también siempre ha imperado en nuestro sistema. Ahora a fines del Siglo XX el Poder Judicial día con día ve más ahogada su autonomía por el nefasto centralismo, tráfico de influencias y corrupción que han caracterizado a nuestra nación.

En consecuencia nos seguimos preguntando: ¿qué es la justicia?, en un contexto de guerras, genocidio, hambre, epidemias, discriminación, sociedades enfermas, crisis sociopolítica y económica, en un asombroso desarrollo científico que no ha sido cultural porque no ha significado progreso para todos y que ubica a los ciudadanos mexicanos en la más grave de sus encrucijadas, sobrevivencia o destrucción total, justicia o injusticia. Los recientes acontecimientos nacionales han traído verdaderas transformaciones en todos los órdenes: político, jurídico, económico y social, generando un nuevo enfoque del quehacer político en nuestra patria y en esta Cámara, traduciéndose en la búsqueda de la pluralidad ideológica y en la restauración de los valores morales.

Las leyes y normas aún en el supuesto de que fueran puntualmente observadas, son imperfectas y no permiten el cabal desarrollo de un Poder Judicial verdaderamente impartidor de justicias, con el agravante de que la mayoría de las veces quienes ejercen la función de impartirla buscan satisfacer sus propios intereses y no acceden a instituir una verdadera disciplina en que su única misión es la de ser auténticos servidores públicos y que al contrario, éstos son acostumbrados a las dádivas, a los festejos, a las canonjías y privilegios, pero en cambio, para con sus superiores o recomendadores de ser servidores públicos se convierten en esclavos serviles.

Por ello, atendiendo a las modificaciones introducidas a la fracción VII del artículo 122 constitucional se hace necesario reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia judicial; por ello, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal estimaron oportuno el fortalecimiento de los órganos judiciales, distinguiendo las funciones administrativas de las propiamente jurisdiccionales, creándose las bases para la integración y función del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el que actuando en pleno, tendrá las funciones sobre designación y ratificación de magistrados, resolverá sobre la adscripción y remoción de los mismos, designará, adscribirá y removerá jueces de primera instancia y de paz, así como a los que con cualquiera otra denominación se creen en el Distrito Federal. Resolverá, asimismo, sobre impedimentos de elección a funcionarios y sobre la elaboración de su presupuesto y también determinará las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones de estos servidores públicos.

Darle una nueva composición y estructura de funciones al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es incuestionable que se realiza una actualización que redimensiona su objetivo, ya que consideramos a la función judicial como una de las áreas en que se manifiesta y ejercita básicamente la soberanía y que una adecuada impartición de justicia constituye un avance en la cultura y civilización de nuestra sociedad.

Declaramos categóricamente que apoyar la reforma propuesta se debe a la necesidad de encontrar una nueva forma que reivindique al Poder Judicial, de que los encargados de su impartición llenen las cualidades irremplazables de elevada rectitud y competencia, de ilustrado criterio, acertado juicio y ejemplar honradez; coincidimos con la nueva integración del Consejo de Judicatura del Distrito Federal, así como los requisitos que se plantean sean cumplidos por sus integrantes para crear nuevamente la esperanza de nuestro pueblo de una verdadera impartición de justicia.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional congruente con su participación y postura del 21 de diciembre de 1994 en que consideramos positiva la creación del Consejo de Judicatura Federal, consideramos también proponer que sea aprobada la iniciativa que integra el Consejo de Judicatura del Distrito Federal; la iniciativa vuelve a tomar el tema de la justicia, que como todos sabemos, es un problema que se agudiza día con día como una permanente experiencia en la edad moderna, corresponde a una materia trascendental en la vida de los mexicanos, y si bien, tiene muchas implicaciones sus beneficios son mucho mayores.

El Poder Judicial para poder ser efectivo, debe contar con independencia y unidad suficientes para garantizar la realización de la justicia y la protección del derecho.

Hasta ahora México se ha caracterizado por tener un Poder Judicial que ha sido ejemplo de impunidad y de no aplicar la justicia de una manera pronta y gratuita. Su actuación, en la mayoría de los casos ha estado estrechamente vinculada a la corrupción y a la protección de los intereses de los más poderosos, por ello, el ciudadano ha perdido la confianza en la ley, en el derecho y en nuestros tribunales porque las propias autoridades se han encargado de que la pierda.

La iniciativa en un concepto general ha sido un reclamo de varios grupos parlamentarios de nuestro partido, trae nuevamente una esperanza para que el ciudadano vuelva a creer y a confiar en las instituciones encargadas de impartición de justicia, de que pueda realmente recuperar el crédito en el derecho y éste debe recuperarse, porque un país que vive sin un régimen de derecho como día a día se puede ir perdiendo por la pésima actuación de nuestros gobernantes y funcionarios judiciales, es un país condenado a la esclavitud.

A nuestro México, con su tradición jurídica no podemos permitir dejarlo caer en esa esclavitud y eso es en gran parte responsabilidad de nosotros como legisladores.

La actuación de los presidentes de los tribunales superiores de justicia y demás funcionarios judiciales, en su mayoría, siempre han dejado mucho que desear desempeñando papeles ridículos, vendiendo la justicia al mejor postor, prestándose al tráfico de influencias en beneficio de los más poderosos, favoreciendo intereses propios y sumisos a la recomendación, a la conseja y a la orden de sus superiores o allegados, reconocemos que hacer cambios de fondo a todo el sistema de justicia, debe irse dando poco a poco, como en noviembre del año pasado se inició y se dieron los pasos; consideramos que estos pasos son el camino correcto, por lo tanto, el voto del Partido Acción Nacional será afirmativo a la iniciativa, pues para nadie es omiso el hecho de que una demanda por demás sentida y justificada de los ciudadanos ha sido una procuración de impartición de mejor justicia, por ello la reforma que nos ocupa y cuyo contenido se ha precisado en el dictamen por ustedes también ya conocido, es muestra clara de que el derecho se debe adecuar a los cambios y exigencias que se tienen en la sociedad.

Termino mi intervención con este breve pensamiento: "Siendo la justicia aspiración de todo individuo y la base angular en que descansa la tranquilidad y la paz social, así como la cúspide de los valores, el hombre ha defendido aún con su vida el que su impartición sea pronta y expedita, ya que la justicia cuando es tardía, es injusta".

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jorge Moreno Collado, del PRI.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Señora Presidenta; honorable y muy exigua Asamblea:

Las reformas que esta Legislatura del Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 1994 en la materia de seguridad pública y de protección e impartición de justicia, modificaron el sistema organizativo del Distrito Federal en dos sentidos, primero, precisó y delineó esa reforma el perfil del Distrito Federal, como una más acabada entidad federativa, con división de poderes muy precisa, y en segundo término, renovó aspectos torales relacionados con la función judicial, particularmente introduciendo la figura del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en correspondencia a las modificaciones que en esta misma materia se aprobaron en relación con el Poder Judicial Federal, que reintegró a la Suprema Corte de Justicia y creó el Consejo de la Judicatura Federal.

Las reformas antes dichas, eliminaron para el Distrito Federal el carácter de departamento administrativo, lo que explica que su titular haya dejado de ser jefe del Departamento para convertirse, a partir de 1997, únicamente en Jefe del Distrito Federal, titular de un Ejecutivo que seguramente deberá ser elegido por voto universal y directo de la ciudadanía de la capital de la República, a partir de ese próximo año mencionado.

En las propias reformas constitucionales al artículo 122, se le otorgó a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el carácter de un cuerpo representativo con funciones legislativas de primera magnitud, lo que consta en el catálogo de cerca de 50 materias que la propia Constitución le atribuye expresamente para legislar en el ámbito local.

La Asamblea de Representantes así, es ya un órgano que recoge con precisión las expresiones de la voluntad general de los habitantes del Distrito Federal y contribuye a la integración debida de la representación popular del conglomerado urbano más grande de la República; pero al lado de la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, también se determinó en las enmiendas constitucionales de diciembre pasado, darle el giro de modernización que exige, en un estado de derecho eficaz y democrático, el Poder Judicial de esta entidad federativa.

En consecuencia, la fracción VII del multicitado artículo 122 constitucional, introdujo el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal al que encarga la administración, vigilancia y disciplina de todos los integrantes del Poder Judicial del Distrito Federal, la intervención en la designación de magistrados y jueces de primera instancia y de manera implícita, cuidar el constante perfeccionamiento de la carrera judicial, lo cual no tiene otra finalidad más legítima que la de formar jueces que unan a la probidad y a la sabiduría la inteligencia juiciosa que exige la función de decidir el derecho de cada persona y los alcances de la justicia para cada quien.

Como puede advertirse, las reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que ahora se consultan a esta soberanía, no sólo implican adecuar estas disposiciones al texto constitucional que he descrito, sino suponen también determinar procedimientos y mecanismos para que en el Distrito Federal impere la legalidad en las funciones jurisdiccionales, se persiga la excelencia en el ejercicio de la Judicatura y se alcance la confianza en el derecho, sobre todo lo cual debe descansar un régimen constitucional de democracia.

Es de explorado derecho en materia política y constitucional, que el Poder Judicial ejerce ante todo, una función técnica de la aplicación de la ley a los casos concretos, que aunque la protección jurisdiccional a la constitucionalidad de las leyes y a los derechos humanos acerca a los gobiernos democráticos a un probable gobierno por los jueces, no es la función política ni de gobierno lo que distingue a la magistratura judicial, ya que ésta debe estar exenta de ideología y privada de tendencias políticas al discernir resoluciones.

Por eso mismo la formación de jueces, la carrera judicial, la integración de los magistrados, debe ser un mecanismo ineludible en una sociedad democrática y en un régimen republicano. De ahí que, alejados de formalidades partidistas y electorales, los jueces sean escogidos por su aplicación técnica y científica y su habilidad en el manejo de la ley y que para ello exista un órgano especializado que vigile la carrera judicial y contribuya a la designación de magistrados y jueces con aquellas características.

Es un gran avance lo que ordena el 122 constitucional y que ahora recoge el Estatuto de Gobierno, cuyas modificaciones están a discusión. Se trata de que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal intervenía mediante opinión previa en la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que el jefe del Distrito Federal debe proponer a la Asamblea de Representantes.

Así pues, la conjunción de dos poderes y la opinión de un órgano especializado y calificado, podrán tomar decisiones maduras en la designación y ratificación de magistrados honorables, jueces probos sin los que sería imposible vivir en un régimen de seguridad jurídica y de integridad republicana.

Señoras y señores diputados, en un sistema constitucional y de derecho, la buena fe se presume, la obediencia a la ley se entiende como la normalidad normativa, el derecho se manifiesta con la muy elevada calidad de ser el mínimo ético de la sociedad.

Moralidad pública y derecho, deben tender a encontrarse en un vértice de convivencia democrática, en lo que lo regular y recurrente sean la prudencia y honradez de los gobernantes, la probidad de los jueces, la sabiduría y arrojo de los legisladores y el civismo de los ciudadanos.

La ley debe convocar más al perfeccionamiento colectivo que al temor de la sanción. La ley como expresión del derecho, ha de cumplir más funciones restitutorias que represivas. La sociedad así lo exige; los ciudadanos y las familias, las comunidades de la nación así lo esperan.

En un país de leyes, en un estado de derecho, deben imperar la temperancia, la conciliación y la equidad como presupuestos de la certidumbre, de la seguridad en la convivencia y la seguridad en el futuro y como fundamento también de la confianza que es base de la paz y del progreso. Pero si el trastocamiento frecuente del orden jurídico genera desasosiego e incertidumbre; si nadie tiene tiempo de planear el mañana por el apremio del hoy, del asecho, de la amenaza; si la inseguridad llena los espacios que debieran ocupar la laboriosidad, la imaginación y el talento para producir y compartir, no son posibles ni la confianza, ni el desarrollo, ni la justicia.

Más grave aún si la desconfianza e incertidumbre provienen de los encargados de aplicar la ley, de quienes gobiernan y enjuician. Esto explica la especialización que alienta al Consejo de la Judicatura, que es otro mérito adicional de la reforma que hoy se consulta a esta Cámara. El Tribunal Superior de Justicia, por su dimensión, por el cúmulo de trabajo de sus salas, por la complejidad de los asuntos que conoce, por la multiplicidad y carácter técnico de la legislación que aplica, por la elevada calidad de los litigantes y la indudable capacidad de demanda y litigio de la población del Distrito Federal, es un órgano pletórico de juicio, un instrumento de justicia saturado que necesita el desahogo de sus apremios técnicos y administrativos.

Por esta razón conviene un Consejo de la Judicatura de reducida dimensión, de sólo siete miembros, como el que propone el dictamen, que se distingan por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas, tal como lo consigna el artículo 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, cuya reforma se propone.

En consecuencia, formación y actualización de funcionarios judiciales; desarrollo de la carrera judicial; designación nítida e imparcial de magistrados con la intervención del Consejo de la Judicatura, procedimiento que se repite para su ratificación; especialización funcional en este consejo para la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia; integración plural del consejo, similar al del Consejo de la Judicatura Federal; establecimiento de incompatibilidades de los magistrados y jueces y asignación de funciones presupuestales al Consejo de la Judicatura, son las materias fundamentales de las reformas y adiciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que se ponen a discusión y que dan congruencia a este ordenamiento con los textos de la Constitución General de la República.

Por eso, en nuestras leyes deben promover los mejores modos de integrar los órganos de gobierno, mecanismos democráticos, instrumentos racionales, como los aquí analizados, pero nuestras leyes deben ser igualmente severas para combatir la corrupción y la colisión o colusión de funcionarios o jueces, pues se trata de un crimen contra la confianza institucional, una desviación ocultada tras la autoridad y sostenida desde el poder, lo cual lo hace doblemente lesiva, porque pretende provechos ilegítimos y una impunidad intolerables.

Es por ello que en este mismo dictamen se actualiza la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyos artículos 51 y 79 confieren al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal competencia para establecer los órganos y sistemas para investigar, identificar y determinar las responsabilidades del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de dicha ley y para aplicar las sanciones que la misma previene.

En consecuencia, con la proposición de suprimir el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del decreto que propuso el diputado Escobedo, pido a la honorable Asamblea otorgue su voto aprobatorio a las reformas que se le consultan.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

La Presidenta:

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto, con la modificación propuesta por el diputado Escobedo.

La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular con la modificación propuesta por la comisión en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron 295 votos en pro, uno en contra.

La Presidenta:

Aprobado en lo general y en lo particular por 295 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

REVOLUCION MEXICANA

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Eugenio Ortiz Walls, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al aniversario de la Revolución Mexicana.

El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:

En la vida del hombre todo es historia. Sean diputada Presidenta, sean aceptados diputados y el hecho histórico es reconocible porque trasciende su propio momento, ligado e influido al y por el antecedente se da, acontece, ocurre y discurre e integra los hechos del porvenir.

Son varios los tiempos del tiempo humano, ya Gregorio Marañón, el pensador español de este siglo, nos hablaba de tiempos viejos y de tiempos nuevos y de tiempos unidos en la inmediatez que fueron nuevos y que serán viejos, 20 de noviembre de 1910; 20 de noviembre de 1995.

Antes de ayer, los mexicanos de ahora conmemoramos 85 años del inicio de un proceso histórico que denominamos Revolución Mexicana. Antes de ayer, en la capital de la República como en muchas ciudades del país, la Revolución Mexicana fue conmemorada, como ya es tradición, con un ceremonia solemne y con un desfile deportivo.

Como es sabido en todo el mundo o casi todo el mundo donde ha habido una revolución, creo que no habrá excepción, se conmemoran también con ceremonias solemnes y desfiles, las correspondientes revoluciones. Yo considero que es preferible conmemorar las revoluciones de todo tipo y alcance, con ceremonias y desfiles deportivos, que considerarlas como deporte permanente, o lo que es peor, como negocio.

Los pueblos en un esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios.

Con estas palabras se inicia el preámbulo del Plan de San Luis, enarbolado en 1910 como bandera revolucionaria en contra de la dictadura, de la injusticia y de la opresión.

La Revolución de 1910 encabezada por Francisco I. Madero, como toda revolución, fue el desenlace de un largo proceso, acelerado por la actitud de un régimen que se mantenía en el poder a espaldas del pueblo y que protegía a unos cuantos que acaparaban la riqueza del país, ahondando la desigualdad política, económica, social entre los mexicanos.

Francisco I. Madero y el movimiento popular de 1910, fueron el hombre y el acontecimiento, que más allá de las conmemoraciones y de los discursos constituyen un jalón de profunda significación histórica, en la lucha del pueblo mexicano, contra la represión, el fraude, la explotación, la arbitrariedad y el capricho de los poderosos.

Demasiado tiempo sobre las espaldas de una Revolución, 1910-1995, 85 años. La Revolución fue traicionada, la Revolución a veces es traicionada, el esfuerzo patriótico del presidente Madero y de los mejores hombres de la revolución náufraga por la traición de los herederos del viejo régimen, y el cuartelazo de Victoriano Huerta incendia nuevamente el país. Derrotado el usurpador, el movimiento revolucionario deviene en lucha de caudillos y facciones. Así, fracasan los propósitos de unidad y de progreso. Villa, Zapata, Carranza, Obregón, Calles, etcétera.

Un millón de vidas cegadas por las balas, por el hambre y las enfermedades es el balance de esta guerra entre hermanos. La ambición de poder y de dominio por encima de los intereses del país y de la misma Constitución promulgada como norma suprema para garantizar los derechos del pueblo. Una vez más, el caudillo o el jefe máximo. Nuevamente la opresión, el fraude electoral, la arbitrariedad y la injusticia. Para que una Revolución se traduzca en justicia y libertad para un pueblo debe gestarse primero en las conciencias, debe constituir una convicción amplia y profundamente compartida y una decisión de luchar y vigilar por sus objetivos, para cerrar el paso a oportunistas y aventureros que, con el pretexto de que la Revolución es un proceso permanente postergan indefinidamente la instauración de una auténtica república democrática en la que el poder público no puede tener otro origen que la voluntad del pueblo libremente expresada a través del voto; ni otro objetivo que servir a los intereses nacionales.

Sufragio Efectivo. No Reelección. Lema que Francisco I. Madero hizo suyo para reclamarle no sin ironía al anciano dictador el incumplimiento reiterado a su compromiso para que ningún grupo se impusiera y perpetuara en el poder. Sufragio Efectivo. No Reelección, postulado revolucionario que ha adoptado la República como lema y que debe ser defendido y respetado, porque en el pueblo mexicano reside esencial y originariamente la soberanía nacional y la ejerce a través de autoridades legítimas sujetas al imperio de la ley.

En su genuina manifestación popular, el movimiento revolucionario desarrolló desde 1910 hasta ahora, un hondo sentido de reinvidicaciones sociales. Frente a las oligarquías nativas y extranjeras, frente a los privilegios de individuos y grupos, el pueblo mantiene exigencias de justicia y solidaridad social que se traduzcan en oportunidades reales de educación y de trabajo, de salud y de seguridad, de vivienda digna, de información veraz y oportuna; de libre organización social y política. En suma, los mexicanos mantienen viva, a 85 años del inicio de la Revolución, su exigencia de un cambio democrático de las estructuras políticas, económicas y sociales que le permitan decidir el destino personal y colectivo en función del bien común nacional.

Desde su fundación, Acción Nacional como los precursores y combatientes de la Revolución lo hicieron en su momento, también ha luchado por el cambio democrático de estas estructuras; cambio hacia la justicia, con igualdad en las oportunidades de educación y de trabajo, de salud y seguridad, de vivienda digna, de información veraz y oportuna, de libre organización social y política, para que en nuestra patria ya no haya mexicanos de segunda, marginados por la miseria, la ignorancia, la explotación y la opresión política.

Por lo demás, sé que a muchos les preocuparon y les seguirán preocupando algunas frases del discurso pronunciado el día de anteayer por el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. Por algo será.

Por lo que toca al Partido Acción Nacional y a su grupo parlamentario y por lo que he expresado anteriormente, tengan la seguridad que no nos damos por aludidos.

Pensamos también y reconocemos que en otras identidades políticas, que en otras realidades políticas, hay hombres de bien y hombres de lucha y hombres que han hecho suyos los principios de la Revolución iniciada por Madero en 1910.

Jesús Reyes Heroles, diría: "Revolución hecha rutina es un contrasentido", lo acabo de leer precisamente en el libro que nos obsequió el día de hoy la diputada Mónica Leñero Alvarez. Realmente, no hagamos de la Revolución una rutina; sigámosla conmemorándola, pero vamos a hacer que sus objetivos se cumplan antes de terminar este siglo.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Rascón Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros:

En pleno auge económico, hace 85 años el porfiriato sucumbió frente a las aspiraciones sociales y democráticas de los mexicanos. Este hecho le ahorró al régimen porfirista, el proceso de agonía y lenta descomposición. Este hecho marcó el precedente histórico de que en México las más de las veces las transiciones se hacen con rupturas. Nuestra referencia por tanto, no son las transiciones, ni la española, ni la chilena, sino como se dieron en México.

El pacto para la transición de los tratados de Ciudad Juárez en 1911, al no integrar el cambio económico y social del régimen porfirista, sucumbió a las presiones internas y a los intereses norteamericanos organizados en México por el embajador Lein Wilson.

Los intereses se volvieron no sólo rumor, sino golpe de Estado y la Revolución se hizo incontenible, más allá de las estructuras políticas reformadoras y moderadas.

A 85 años de iniciada la Revolución Mexicana, hoy estamos como nación, más cerca del porfiriato que de las aspiraciones de quienes lo derrocaron. Parecieran estos 85 años, una larga transición hacia el mismo esquema autoritario, pero ahora mezclado un intervencionismo y anexión de pesadilla que jamás imaginaron al restaurar la República, Juárez y los patriotas de la época.

Medios de comunicación y narcotráfico, parecieran las únicas aportaciones a la modernidad de estos tiempos. Si concebimos el estado revolucionario desde 1910, como un proceso de transición, explicaremos con el neoliberalismo las causas del neoporfirismo y el neosantanismo.

Hoy, México se debate como en el siglo pasado y en la Revolución, entre una nación soberana, rayo pertinaz latinoamericano o ser una estrella más en la hegemonía y los intereses de la gran potencia del norte.

Los restos de don Porfirio, en México los tenemos; pues no existe aún sufragio efectivo. Abiertos de par en par las puertas al extranjero, rezaba la canción de Judith Reyes, México camina sin rumbo económico, sin soberanía económica, en un proceso de debilitamiento de la identidad productiva interna, mientras, con la ilusión del jugador de poker como política económica, queremos entrar al gran azar de los especuladores de Nueva York, con el dinero de todo el esfuerzo de los mexicanos.

Una mezcla de debilidad, mediocridad, entreguismo y miedo, caracterizan a nuestros gobernantes que se horrorizan con solo pensar que gobiernan y se deben a los mexicanos y no a la estabilidad global del imperio y sus intereses.

Olvidamos a los defensores de Veracruz en 1914, pese a que la idea que motivó la invasión norteamericana, permanece aún en el imperio, pero ahora es privatización, es venta de empresas paraestatales, son intereses, reservas monetarias, deuda, petróleo, subordinación, intervencionismo, proteccionismo, "ayuda", hegemonismo e integración comercial.

El Tratado de Libre Comercio, al igual que los Tratados de Bucareli, abrieron el apetito sobre México y su destino como nación independiente.

La ideología de la Revolución Mexicana fue sustituida por las nuevas ideas neoliberales y conservadoras. La no ideología del Estado nos anexó a la globalización sin que el pueblo se beneficiará. Con ello se decidió sepultar la obra revolucionaria, la obra de Cárdenas y la obra social.

Emiliano Zapata y Francisco Villa son motivo ahora de consignación penal y remitidos al agente del Ministerio Público al pretender reclamar la obra no cumplida en la Revolución.

La ideología neoliberal abrió un proceso de ruptura sin cambios, sustituyendo todo aquello que las luchas del siglo pasado y la Revolución, hizo la gran fuerza del pueblo de México, había sido desechado.

Hace 85 años el proceso revolucionario cortó de tajo la carrera hacia la descomposición del porfiriato. El pueblo, por encima de la clase política, rescató la Revolución y el constitucionalismo y lo llevó al terreno de la reforma social. El pueblo y los ejércitos campesinos, se impusieron en la Convención de Aguascalientes y el Constituyente de Querétaro. Ambos pactos de transición se dieron una vez depurado el país de las fuerzas políticas del antiguo régimen porfirista.

Sin embargo, muchos intereses económicos prevalecieron. En el sureste, en Chiapas, por ejemplo, la estructura feudal permaneció intacta; por eso Chiapas vive hoy su propia Revolución y por eso la disyuntiva es si se consolidará la vieja estructura o el federalismo ayudará a la causa campesina indígena para barrer ahora la estructura productiva agraria de más de 500 años que permanece casi intacta.

La obra de la Revolución está casi destruida, así como sus principales instituciones. Ya se acabó con la reforma agraria y el sindicalismo se subordinó a las nuevas formas modernas de producción y explotación. Ahora van en contra del bienestar social que se expresa en la privatización de los fondos del Seguro Social, pensiones y el Infonavit. Dos sexenios les bastó a un pequeño grupo encabezado por Carlos Salinas, para destruír la obra de la Revolución y en vez de transformarla en favor del pueblo, restituyendo los derechos políticos y sociales, dando fin al corporativismo y en base a reformas de fondo, han empantanado al país en un cambio, con un solo rumbo; La anexión a la globalización destruyendo la obra social de los mexicanos.

La violencia ha surgido como hace 85 años. El Estado se convirtió en el México bronco; el Estado y el Gobierno son el México bronco, pues dejó de ser factor de cambio democrático y social y se convirtió en la fuente de la crisis política y económica. El Estado y los últimos gobiernos ya no gobiernan para el pueblo y sus intereses, se han separado de él; son distintos a él.

En 85 años, la Iglesia, a base de una reforma hecha por la pasada legislatura, regresó por sus fueros; su alta jerarquía constituye hoy un sólido partido político actuante y es por ello, factor de división más que de concordia y unidad.

Dos instituciones estaban castigadas para el bien de la estabilidad del país. La Iglesia y el Ejército. Un demonio ha sido suelto y el otro está por regresar al extenderle y mezclarle sus funciones de seguridad nacional, con las de seguridad pública.

A 85 años hay un proceso de ataque a las garantías individuales, dando poder extraordinario a policías y gendarmes, porque el Estado ha dejado de sustentar la seguridad nacional en el bienestar social. Le teme hoy al pueblo y por ello se prepara para reprimirlo. A 85 años las nuevas prisiones, expresión exacta de los regímenes y los finales de régimen, sustituyen a San Juan de Ulúa, Belén y Las Islas Marías, y son síntoma claro de la descomposición social. Almoloya, es hoy, además de prisión, es el lugar donde se guardan los peores secretos y crímenes de Estado y donde se dirimen las pugnas en el poder.

A 85 años de la Revolución de 1910, en México hay rebelión de los colgados, hay peones sin tierra y sin derechos, hay explotación infantil, hay salarios de hambre; no hay democracia, no hay soberanía, no hay independencia, no hay Estado ni Gobierno fuerte. ¿Quién es el presidente Zedillo? ¿Cuál es el papel que está jugando? ¿Es el final de don Porfirio? ¿Es León de la Barra? ¿Es Madero o es Huerta.

Esa es la duda y la incertidumbre que vive la nación. Ya el Secretario de Gobernación nos ha anunciado que el Presidente seguirá siendo débil, que no dará golpes de timón, que no hará nada espectacular; siempre a merced de los grupos. En pocas palabras: que no gobernará, no decidirá nada y no conducirá.

A 85 años hay masacres peores y más impunes que las de Cananea y Río Blanco. Hay protección a los intereses extranjeros sobre los de los mexicanos. Hay despojo de tierras. Hay un grupo científico conocido como generación del cambio, que viven perseguidos, asesinados y en el exilio, pero que sigue teniendo poder en el país. ¡El último de ellos está al frente del Gobierno:

A 85 años, hemos gastado la palabra "transición", invocando que ésta sea pacífica, pero algo pasa que no avanza. La reforma del Estado, que debiera ser un acuerdo para la transición, un pacto en lo político, equivaldría a los tratados de Ciudad Juárez, un acuerdo que abriera urgentemente el proceso de cambio económico y político, con reglas y con orden.

Sin embargo, ya nada nos salva de la necesidad de rupturas. Dos rupturas, dos golpes de timón son hoy necesarios: uno es con la política económica y otro es con el final de régimen de partido de Estado.

Ojalá que logremos, antes de final de siglo, recuperar los anhelos de los que han muerto por México a lo largo de estos 85 años. A todos ellos este Congreso les expresa un solemne reconocimiento, esperando que el sacrificio de todos ellos sea para recordarnos que somos y debemos ser una nación soberana.

Hoy la defensa de la nación debe recuperar la fuerza de las instituciones republicanas, en particular el Congreso. Nuestras instituciones, sin verdadera soberanía, sin ejercicio pleno de ella, sin dictados desde el exterior, son una caricatura, un grupo de payasos, un circo como los que genialmente describió Diego Rivera en los muros de Palacio Nacional y en la Secretaría de Educación Pública.

Poderes públicos, Gobierno sin fuerza por falta de soberanía, se convierten en orden circense y grotesco. Cuando esto sucede ha venido el pueblo y ha barrido con imperios y palacios y así vengan todos vestidos de catrines, de impecables uniformes militares, con medallas al pecho y modernas levitas son, como en 1910, desplazados.

Este fue el mensaje al mundo de la Revolución Mexicana. Una Revolución plebeya, popular, conducida por hombres y mujeres geniales que más que letrados los movía un profundo compromiso con su país y un instinto por la causa popular. Esto hizo que por muchos años el pueblo de México y sus gobiernos fueran respetados en el mundo entero.

Hoy no somos lo que éramos, pero tampoco lo que quisimos ser. Hoy no somos ni paz ni rebelión, ni estabilidad ni catástrofe plena. No somos certidumbre ni caos total, somos el pueblo del sol, el errabundo, el que ha luchado por siempre y desde siempre.

Hace 85 años se inició una etapa de profunda transformación. Fueron ellos, los más pobres, los más explotados, los que nos hicieron un país verdaderamente moderno y fuerte entre las naciones. Ellos son los últimos nuevamente que esperan y por eso desde el fondo de las comunidades, los pueblos, las barriadas, en las fábricas y en las escuelas, son los que esperan de nuevo a tomar la palabra.

Viva el pueblo de México! ¡Mueran los traidores de México:

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Antonio Martínez Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar del mismo tema.

El diputado José Antonio Martínez Torres:

Con su venia, diputada Presidenta; compañeras y compañeros:

Cuando la razón de Estado se utiliza para acallar la razón del ciudadano surge la Revolución. La primera busca conservar el poder; la segunda, la democracia. La Revolución, establecer un nuevo orden social.

Hace 85 años la razón del ciudadano, enarbolada por Madero, puso fin a la razón de Estado, de un Estado autoritario, mediante la Revolución. Una muerte pausada en el exilio fue el corolario de un heroísmo manchado por la ambición. Las instituciones del nuevo orden social más que síntesis de la idea democrática de Madero, del anhelo de justicia social de Zapata, de la legalidad de Carranza, del afán constructivo de Obregón, del talento de Calles y de la vocación nacionalista de Cárdenas, más que todo ello, son los valores del pueblo soberano los que otorgan identidad al cristalizarse en una organización: el Estado mexicano.

No se trata de justificar con las injusticias de ayer las iniquidades de hoy; 85 años de historia de México requieren un ejercicio de reflexión política. Asociada al poder la sociedad posrevolucionaria emerge en las grandes organizaciones; los ciudadanos en su inmensa mayoría encuentran en ellas identidad y pertenencia y en el proceso de maduración abren espacios expresivos y se perfilan como interlocutores políticos.

El Estado encuentra en el apoyo ciudadano el mayor sustento para el nacionalismo y su ánimo reivindicatorio. Es el sistema de partidos, con todas sus carencias, el camino que se transita para dar sentido a la incipiente democracia mexicana. Se relaciona así, por la vía institucional, la sociedad con el poder, la sociedad con la política.

En su tránsito de rural a urbana, la relación de la sociedad con la economía se da al encontrar cauces de movilidad sustentados en la educación mediante las nuevas oportunidades. Es la estabilidad, con sus costos, el valor que sustenta la relación sociedad, Estado y su desarrollo.

El año 1968, al tiempo que revela el agotamiento de un modelo y la cancelación de oportunidades, impone dolorosamente la razón de Estado de nuevo por encima de la razón ciudadana. La sociedad en ese momento, ya mayoritariamente urbana, vive el ritmo de la modernidad. El Estado, vuelto sobre sí mismo, es vano freno a sus impulsos.

Tratando de retomar la justicia social, valor máximo de la Revolución, el Estado mexicano asume el papel paternalista y con crédito externo intenta el sostenimiento de una sociedad que demográficamente se había multiplicado y exigía crecimiento. Aparece en el escenario de la cotidianeidad la crísis, fenómeno que será recurrente hasta nuestros días. Querer y no poder, sea por la ineludible globalización, por el crecimiento demográfico, por el imperio del mercado, al poner en el centro de los valores al dinero, en un escape modernizador hacia el futuro, se concentra el ingreso, se profundiza y amplía la pobreza, se agudiza el desempleo, resurge la carestía, se recicla la crisis.

Se instala desdibujado el propósito de justicia social, se desplaza nuestra propia vía de desarrollo. Consecuencia de poner al dinero en el centro de los valores renace la violencia, muestra de la crísis social que se manifiesta en la pérdida de credibilidad hacia las instituciones.

Los crímenes del 1994 muestran el quebrantamiento de los valores de la ética pública, que aunados al argumento de insuficiencia democrática, atisban un escenario de crisis política y la necesaria reforma del Estado.

Olvidando que la responsabilidad es de todos, hay algunos desesperanzados que ven en este proceso una constante degradación. Sujetos a la historia de lo inmediato han perdido la perspectiva. Atribulados por las carencias y los yerros cotidianos se han sumido en el aprendizaje del fracaso, confunden la política con la página roja y fracasan cada vez mejor. Las circunstancias los absorben, los problemas los agobian y se muestran incapaces de construir, en medio de un cambio vertiginoso y constante, el crecimiento económico ligado a la democracia política. Su discurso alienta el abatimiento social, olvidan que al tiempo de la democracia corresponde también la decisión de la sociedad en todo el ámbito de lo público. Esperan ansiosos unos y pacientes otros, la irremediable entrega del poder como ofrenda de sacrificio. Tomemos conciencia de que la transición y la alternancia que tanto se anhela, el pueblo le está construyendo hoy como nuestro destino común y sin exclusiones.

Creadora del México moderno, la Revolución abarca el Siglo XX mexicano y es punto de partida insustituíble de la vocación popular por la democracia. En el marco de una sana competencia, la Revolución hoy pasa obligadamente por el ejercicio plural y, democrático del poder. El presidencialismo con apego a la Constitución, la división y colaboración republicana entre poderes, son parte de la Revolución hoy; revitalizar el federalismo con reconocimiento a la soberanía de los estados, a la autonomía municipal, es parte de la Revolución hoy. Rehacer consensos y acuerdos en la toma de decisiones de alcance nacional, regional, estatal, municipal y comunitario, integran la agenda de la relación sociedad-Estado en la Revolución, hoy.

La verdad de la Revolución hoy sigue siendo la justicia social, no se trata de volver a concepciones anteriores, un mandato democrático obliga a transformaciones; por ello, nos replanteamos el concepto mismo del Estado como un instrumento que los ciudadanos se dan así mismos para tener un orden social sustentado en valores. La Revolución hoy, es que la sociedad es origen y fundamento del Estado, por eso la Revolución hoy, es restituir al individuo su lugar frente al Estado.

La Revolución hoy, es que el modelo económico no sea más importante que la realidad misma; la Revolución hoy, es recuperar la política, sólo hay una, la sustentada en la ética; la Revolución hoy, es que el oficio de la política nos dé la razón para la esperanza, sin patrimonialismo histórico o político, la Revolución es nuestra, es nuestra Revolución, es la Revolución de todos y para todos, por la razón del ciudadano es la Revolución hoy la que toma su lugar en México hacia la plena democracia, al crear entre todos las nuevas instituciones del Siglo XXI estamos haciendo la Revolución, hoy.

Muchas gracias.

MECANISMO DE COOPERACION ASIA-PACIFICO

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la agenda de acción de APEC.

El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte :

Con su permiso, señora Presidenta señoras y señores diputados:

El pasado fin de semana se reunieron, en la ciudad japonesa de Osaka, los jefes de Estado y de gobierno de 18 países miembros del foro de Cooperación Económica del Area Pacífico del APEC, de la cuenca del Pacífico, incluso el propio presidente Zedillo estuvo en esta reunión a la que el presidente Clinton no pudo ir por un conflicto con su Congreso.

Nosotros, en México, hemos desaprovechado nuestra pertenencia a la cuenca del Pacífico, simplemente la tenemos anotada como otras tantas de las organizaciones a las que pertenece el país, pero que no la hemos trabajado. La única vez que la hemos utilizado fue para ir a comprar zapatos, para comprar ropa muy barata en Taiwan, en Hong Kong, en China y no se trató por ningún momento de venderles productos mexicanos. Esos productos importados que contribuyeron a que muchas empresas nacionales quebraran, son el único contacto importante que hemos tenido con la cuenca del Pacífico, pero esta reunión de APEC, cambia radicalmente lo que se ha hecho y esperamos que todos los mexicanos, el Gobierno y la sociedad seamos capaces de aprovechar esta oportunidad.

Es procedente repetir que la región del Asia Pacífico a la que México pertenece está frente a una oportunidad de oro para canalizar conjuntamente el dinamismo económico de la región, aprovechando las ventajas colectivas y elevar como consecuencia los niveles de vida de su población.

Para muchos industriales y comerciantes, el exportar se limita exclusivamente a hacerlo a los vecinos del norte y nuestras autoridades aún no hacen un esfuerzo suficiente para diversificar los destinos de nuestras exportaciones, esperamos que este nuevo acicate haga que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial redoble el esfuerzo de promover y animar a los empresarios mexicanos para que se atrevan a llegar a otros potenciales mercados.

Esto es un doble beneficio el que México debe aprovechar para diversificar sus mercados y disminuir la excesiva concentración de negocios que estamos experimentando con un solo país. Al tiempo que busquemos nivelar la balanza comercial que tenemos con varios de los países que integran dicha área Asia-Pacífico, así como aumentar la presencia de México en esa parte del mundo.

El saldo de la balanza comercial con la mayoría de los países de APEC es deficitario para México en forma muy importante. Con Corea, Corea del Sur, tuvimos un déficit de 636 millones de dólares en el año de 1993 y de 359 millones en el año de 1994, que son las últimas cifras; con Japón tuvimos un déficit de 2 mil 668 millones de dólares en 1993 y de 1 mil 461 en 1994; y quiero aclarar que los déficit se han reducido, no porque hayamos exportado más, sino porque se redujeron las importaciones por los mecanismos de defensa que impuso el Gobierno mexicano.

El comercio debemos de impulsarlo a base de participar más, no de bloquear. En este foro del Asia-Pacífico, se pensó un plan de acción que contiene nueve grandes rubros de los cuales quiero destacar cuatro:

El primero es que el proceso de liberación y facilitación será total; o sea, a la inversa de lo operado en el año de 1994, lo que tenemos que hacer es abrir las fronteras y competir con ellos en cuestiones de calidad, en cuestiones de precio y de agresividad. Los industriales mexicanos han sido demasiado protegidos por su Gobierno y yo invitaría a que la Secretaría de Industria, de Comercio y Fomento Industrial impulse a los mexicanos a competir y no que siga arropado en el proteccionismo.

México ya se abrió, pero, ¿qué han dado los socios?, ¿qué ha dado Japón.

Japón no se ha abierto y es el tiempo de que se abra, pero cuando se abra tenemos que estar presente si queremos aprovechar la oportunidad.

Segundo, cada país del APEC asegurará la transparencia de leyes, reglamentos y procedimientos administrativos y asimismo evitará medidas que aumenten niveles de proteccionismo como las medidas no arancelarias. Aquí es un trabajo del Congreso para participar, no nada más para escuchar lo que fue firmado en Osaka y este proceso va a comenzar en forma simultánea en todos los países en 1997, sólo tenemos el año que entra para entregar un calendario de acción unilateral; estamos obligados a ser mucho más agresivos, mucho más participativos.

Si tenemos solamente un año para prepararnos, tenemos que estar conscientes de que para el año 2020 México ya firmó un compromiso para estar totalmente abierto, no podemos ya quedarnos quietos, estamos obligados a actuar, estamos obligados a hacer lo posible por participar; y yo quisiera que quedara claro que en los campos que pueden lograrse acuerdos para beneficio de México y de los mexicanos, están, primero, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, segundo, a elevar el desarrollo y el nivel de vida de los mexicanos y el tercero, en enfrentar políticas de competencia para garantizar y maximizar tanto la operación eficiente de mercados, la competencia entre productores y consumidores y, sobre todo, beneficiar al consumidor.

Lo que se ha firmado en Osaka, debe ser ahora traducido en leyes, reglamentos, en acciones de este Congreso y del Poder Ejecutivo. Yo los invito a que participemos, a que aprovechemos la oportunidad por el bien de México y de los mexicanos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

El presidente Zedillo estuvo el pasado fin de semana en la reunión de la APEC, en Osaka, Japón, y según varias crónicas de la prensa, los reporteros mexicanos que fueron no tuvieron acceso a la información de las actividades del presidente Zedillo, no tuvieron acceso a un conjunto de informaciones que se desprendían de la reunión a la que participó el doctor Zedillo.

Y esto me parece muy negativo ya que hemos estado insistiendo, cada vez que el doctor Zedillo pide permiso a este órgano legislativo para sus viajes presidenciales, que informe cuáles son los resultados, cuáles son los acuerdos concretos, cuáles son el tipo de acuerdos marco que permitan que esta soberanía también le dé seguimiento a los acuerdos que México establece con otros países y con los conjuntos de países.

Y quiero recordar, pues, que está el compromiso de que el Ejecutivo Federal a través del secretario José Angel Gurría, comparezca ante esta Cámara para que nos informe de los viajes presidenciales.

Hay varios acuerdos traducidos de la reunión de la APEC, en el sentido de liberalizar el comercio para el año 2010. Hubo otra reunión en la Cumbre de las Américas, en Miami, en diciembre del año pasado, que también se trazó el objetivo de una zona de libre comercio en el continente americano para el año 2005; está en curso un acuerdo con la Unión Europea, que deben empezarse las negociaciones ahora en diciembre de este año y lo que está resultando es que en la medida en que México pretende abrir sus marcos de negociación con otras regiones, por ejemplo, con el Asia-Pacífico, el Tratado de Libre Comercio suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá, se está convirtiendo en una camisa de fuerza, nos está limitando bastante para la diversificación de nuestros acuerdos comerciales y hay que recordar que la zona Asia-Pacífico es una de las zonas de mayor dinamismo y ya recordaba aquí el diputado Díaz y Pérez Duarte cómo no tenemos acceso a ese mercado o de manera muy limitada; incluso, tenemos una polémica con la República Popular China, acerca de la elevación de aranceles a productos chinos acusados de dumping.

Y yo creo que aquí es necesario que este órgano legislativo, que esta Cámara de Diputados vayamos teniendo acceso a la información, vayamos teniendo decisión sobre qué va a pasar con estos acuerdos que se firman, de que en el año 2010 va a haber una zona de libre comercio con el Asia-Pacífico; en el 2005 con el continente americano, las cláusulas que está imponiendo la Unión Europea que entre otras está la cláusula democrática.

Recibimos la semana pasada a legisladores alemanes y se referían a la necesidad de que México firme esta cláusula democrática, sin que eso implique injerencia en los asuntos internos de nuestro país.

Entonces lo que es necesario, repito, destacar, es que los parlamentos del mundo necesitamos ir tomando cartas en el asunto y con el Asia-Pacífico tenemos el foro parlamentario Asia-Pacífico, con la Unión Europea están los encuentros entre el parlamento latinoamericano y el parlamento europeo, una de cuyas reuniones se celebró en mayo en Bruselas, pero este mecanismo parlamentario no lo tenemos con el Tratado de Libre Comercio y hoy que tiene dos años de firmarse el Tratado de Libre Comercio, yo creo que es urgente una revisión total, profunda.

Ya se está viendo el deterioro de la pequeña y mediana industria, producto de este Tratado de Libre Comercio, que se nos está convirtiendo en una camisa de fuerza para acuerdos comerciales con otras zonas del mundo.

Yo creo pues, que la reflexión que tenemos que hacer del viaje del doctor Zedillo, en primera instancia que se nos informe y segundo, establecer mecanismos parlamentarios para ir procesando estos acuerdos con otras áreas del mundo que también tienen sus condiciones, que también tienen su intereses pero sobre todo, nosotros necesitamos defender el interés nacional.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Augusto Gómez Villanueva:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:

Hemos escuchado con gran interés las intervenciones de nuestros compañeros que nos antecedieron en el uso de la palabra, ambos distinguidos secretarios de la Comisión de Relaciones Exteriores y que se han referido a un tema de actualidad que rebasa no solamente las fronteras de nuestro continente, sino que en realidad abarca las fronteras de todos los confines del mundo.

Se trata de un paso más que un grupo de países que se han identificado en su área geopolítica como los países que forman parte de Asia-Pacífico, que han no solamente intentado encontrar mecanismos que permitan la libre elección de su comercio, sino además, dar pasos para que se logre impulsar un amplio programa de transferencia de tecnología.

Se trata de países que hablan distintos idiomas, como son países como Japón, como China, como Korea, como Indonesia, como Tailandia, como Australia y países como Canadá, Estados Unidos, México y Chile; se trata de 18 países que comprenden el equivalente a dos mil millones de habitantes en el planeta, cuyo producto interno bruto se expresa en digamos el 40% del producto interno bruto de todo el orbe, de tal manera que este bloque de países sin duda alguna nos muestra, no solamente el propósito de impulsar todo un proceso de liberalización de su comercio, sino de ponerse a tono con las grandes corrientes que en el mundo, hoy por hoy, nos obligan a que nuestro país se inserte en las actividades comerciales que rebasen los tradicionales marcos regionales.

Ya hablaban nuestros compañeros cómo efectivamente ante el ejemplo de una Europa, que ha logrado integrar en el curso de todos los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, primero a partir de la Comunidad Económica Europea y ahora en la Unión Europea, todo un proceso de integración que ha propiciado avances muy importantes que le han permitido no solamente enfrentar la gran crisis que genera el fin de la guerra fría, sino además, absorber toda la complejidad de la problemática de Europa Oriental para poder, de esta manera, configurar toda una concepción de economía regional que le permita afrontar los grandes retos que impone este proceso de apertura.

El propio Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, en su Plan Nacional de Desarrollo establece claramente el propósito de su Gobierno de asumir una actitud más agresiva de la política exterior mexicana para lograr su inserción o la inserción de nuestro país dentro del ámbito de todos estos procesos de cambio tan profundos que están ocurriendo en las diferentes regiones en este momento en el mundo.

Y este cambio que opera con una gran velocidad contempla a su vez las experiencias, no solamente las experiencias de los avances de la integración de la Comunidad Económica Europea, sino también ve y lo ha visto con un gran interés, la experiencia del Tratado de Libre Comercio de México con Canadá y Estados Unidos y por esa razón han considerado que es necesario definir una estrategia para poder iniciar el verdadero proceso de liberalización del comercio.

Así pues, cuando México acude a este foro internacional, no solamente es consecuente con su propósito de inserción en la economía mundial, sino además, establece normas que permiten fijar no solamente la invariabilidad de nuestros principios, sino también, el propósito de la voluntad de sumar nuestra experiencia en esta nueva etapa de la historia contemporánea.

De tal manera que para nosotros la participación de México en APEC no puede ser vista simplemente como un interés distante de México para lograr esta participación importante en la economía mundial, sino que hoy por hoy, nos muestra cómo efectivamente la visión que México ha tenido para ir configurando las bases de su participación en el comercio internacional, se hayan no solamente a partir de sus referencias de la experiencia lejana, sino sobre todo, la experiencia distante en cuanto a la evolución, que ya hemos advertido, de un año de vigencia del Tratado de Libre Comercio, sino además hemos trasmitido a esos países nuestra preocupación porque algunos de los problemas que se reflejan a través del procesó de la globalización, a través de la apertura, sean problemas que sean contemplados por una visión a largo plazo y es por ello que sí admitimos y coincidimos que es importante en la estrategia de inserción que se hayan hecho dos definiciones, una, que los países industrializados se puedan integrar hacia el año 2010 y los otros que se encuentran en otro nivel de desarrollo puedan incorporarse en el año 2020, pero previamente a esta incorporación se ha considerado fundamental el lograr que primero se reúnan, haya una reunión de ministros o de cancilleres en el año de 1996, para encontrar o sugerir los mecanismos prácticos de incorporación y en 1997 podamos nosotros sugerir cuáles podrían ser estas sugestiones que contribuyan al avance de este proyecto tan importante de integración en el marco de Asia-Pacífico.

Creemos, compañeros, que esto nos obliga a dos cuestiones fundamentales. La primera, a que atendamos atando los planteamientos que han hecho nuestros compañeros diputados de Acción Nacional, como del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que no sólo revisemos con todo cuidado y con todo los términos en que se opera la balanza comercial y sobre todo, su referencia frente a los porcentajes de nuestra balanza en relación con los Estados Unidos.

Tenemos que advertir que la estrategia para la apertura nos tiene que conducir a establecer un mecanismo interno y otro mecanismo externo que haga posible que podamos lograr la atracción de inversiones, la atracción de la transferencia de tecnología que nos permita sustituir los mecanismos actuales de nuestra propia industria, y a su vez, podamos transferirlos a la mediana y la pequeña industria en un proceso muy amplio de incorporación de los mexicanos a una actividad productiva que hoy por hoy exige la cooperación internacional.

Creemos que efectivamente el Poder Legislativo juega un papel fundamental, pero también ya hemos, en anterior ocasión, mencionado, en ocasión de la reforma a la Ley Orgánica de la administración pública, cuando se ha facultado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se transforme en promotora del desarrollo comercio, recordamos cómo en realidad a quien habrá de corresponder, aprovechar esas oportunidades, será sin duda alguna al sector empresarial que hoy por hoy debe de lanzar su mirada hacia aquellos confines y debe también encontrar mecanismos de coordinación que faciliten su acceso a esas actividades en el resto del mundo.

Nosotros consideramos que efectivamente sea importante que tengamos un diálogo directo no sólo con la Cancillería, sino con las entidades encargadas del comercio exterior que faciliten establecer esos mecanismos de comunicación, es decir, que además de que sea promovido por el Gobierno de la República, expresado a través de su voluntad de participación en este tipo de eventos y de foros, además de que hayamos ya impulsado grandes experiencias en materia de comercio regional y no sólo en el norte, sino al centro y hacia el sur de nuestro continente, estemos hoy mirando hacia el mundo de Asia-Pacífico, buscando sobre todo que podamos ser un escenario en el cual se combinen, no sólo las inversiones, sino también políticas de tratamiento hacia las actividades productivas de nuestro país.

Estos aspectos que ahora lo estamos empezando a examinar, a raíz de la gran convocatoria que se han hecho por esas importantes naciones en el mundo, sin duda alguna tendrán que tener una repercusión en nuestra propia acción interna.

La vida parlamentaria diplomática ha sido un camino fundamental. Creemos que hace poco tiempo en que nosotros convivimos y compartimos con los representantes de 18 país en Acapulco, durante el mes de enero, hoy se refleja en una materialización de esa propuesta y de esa recomendación en la que todos estuvimos de acuerdo.

Finalmente creo, compañeros, que estas oportunidades de lograr enlazar la acción legislativa con las tareas del Ejecutivo en materia internacional, nos habrán de ir elevando de manera gradual hacia una política que responda esencialmente a líneas de consenso, líneas de consenso, que ya lo anunciara el señor canciller Gurría en el Senado de la República en su comparecencia y que seguramente lo ha reiterado en distintas ocasiones ante nuestros propios compañeros diputados, en las que buscamos que la política exterior, independientemente de que se ajuste a la defensa de los principios fundamentales que establece la Constitución, tenga el dinamismo, pero a su vez refleje la voluntad de los partidos políticos que estamos integrados en esta Cámara de Diputados.

Por ese motivo, nosotros saludamos, el Partido Revolucionario Institucional, los resultados obtenidos por APEC, los resultados obtenidos en este foro en que sin duda alguna el reconocimiento a la fortaleza de nuestro país es un reconocimiento a la voluntad de cambio, al propósito de transformación y al sentido de lucha hacia el futuro del pueblo de México.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

El secretario Audomaro Alba Padilla:

Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 23 de noviembre de 1995.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California y Morelos.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1994.

De la Comisión del Distrito Federal con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1994.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 15:45 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana, jueves 23 de noviembre, a las 10:00 horas.