SUMARIO
Diversas comunicaciones del Congreso estatal con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Diversas comunicaciones del Congreso estatal con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de dicho ordenamiento. Es de segunda lectura.
El diputado Miguel Angel García García, fundamenta el dictamen a nombre de la comisión.
Para sustentar las posiciones de sus respectivos grupos parlamentarios, pasan a la tribuna los diputados:
Eduardo Guzmán Ortiz
César Antonio Chávez Castillo, quien presenta voto particular.
Luls Alberto Rico y Samaniego
Anastacia Guadalupe Flores Valdez
A discusión en lo general y en lo particular los diputados:
Eduardo Arias Aparicio
Filemón Ramírez Pérez
Víctor Manuel Quintana Silveyra, para rectificar hechos.
Pedro René Etienne Llano
Cándido Pérez Verduzco
Erlc Eber Villanueva Mukul, para rectificar hechos.
Aprobado el proyecto de decreto, pasa al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión del Distrito Federal con proyecto de decreto relativo a la revisión de dicha cuenta. Es de segunda lectura.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles, fundamenta el dictamen a nombre de la comisión.
A discusión en lo general y en lo particular hacen uso de la paiabra los diputados:
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, quien presenta voto particular.
Manuel Arciniega Portillo
Ana María Adelina Licona Spínola
Graciela Rojas Cruz
Irma Eugenia Cedillo y Amador
Ramón Miguel Hernández Labastida
Florentino Castro López
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, para contestar alusiones personales.
Javier González Garza, para rectificar hechos.
Aprobado el proyecto de decreto, pasa al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona dichas leyes. Se turnan a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de dicha ley. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa se refiere a diversos hechos relacionados con la labor legislativa de la LVI Legislatura.
Expresan sus comentarios los diputados:
Augusto Gómez Villanueva
José de Jesús Sánchez Ochoa, para rectificar hechos.
Eduardo Guzmán Ortiz
Leonel Godoy Rangel, para rectificar hechos.
Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos.
Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie, para rectificar hechos.
Comentan la situación de los trabajadores de limpia del municipio de Villahermosa, los diputados:
Raúl Armando Quintero Martínez
César Raúl Ojeda Zubieta, para rectificar hechos.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado
Jesús Antonio Tallabs Ortega
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 295 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 11:40 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 23 de noviembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California y Morelos.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia de la diputada
Regina Reyes Retana Márquez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con siete minutos del miércoles veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco y con una asistencia de doscientos setenta y tres diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, que con una aclaración del diputado Gutiérrez Vidal, se aprueba en votación económica.
Se da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Quintana Roo y Tabasco, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cuatro, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la primera lectura al dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cuatro.
Se dispensa la segunda lectura y se somete a discusión un dictamen de la Comisión de Marina con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Armada de México.
Fundamenta el dictamen, el diputado Fernando Jesús Flores Gómez González, del Partido Revolucionario Institucional y para expresar sus opiniones en pro, los diputados: Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; José Iñiguez Cervantes, del Partido Acción Nacional; Alfredo Valdez Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, motu proprio.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintiún votos en pro. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
También se dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Eduardo Escobedo Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional, quien fundamenta el dictamen y a nombre de las comisiones propone una reforma al artículo segundo transitorio del proyecto de decreto.
Fundamentan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Graciela Rojas Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, quien expresa la decisión de su grupo de no votar este dictamen; Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, del Partido Acción Nacional en pro y Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y por instrucciones de la Presidenta la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, con la reforma propuesta por las comisiones, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y cinco votos en pro y uno en contra. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Se refieren al aniversario de la Revolución Mexicana, los diputados: Gaspar Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional; Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática y José Antonio Martínez Torres, del Partido Revolucionario Institucional.
Para expresar sus comentarios respecto de la agenda de acción del Mecanismo de Cooperación AsiaPacífico (APEC), por sus siglas en inglés), se concede el uso de la palabra a los diputados: Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del Partido Acción Nacional; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática y Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las quince horas con cincuenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, jueves veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, Señor Presidente.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El secretario Audomaro Alba Padilla:
«Escudo Nacional.Poder Legislativo del Estado de Baja California.XV Legislatura Constitucional.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Por medio del presente nos permitimos comunicarles que en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre del año en curso, la XV Legislatura del Estado de Baja California, tuvo a bien hacer la designación del ciudadano David Gutiérrez García, como contador mayor de Hacienda; así como del ciudadano Rubén Chávez Chávez, como oficial mayor.
Sin otro particular de momento, reiteramos una vez más nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, noviembre 7 de 1995. Diputados: José Cervantes Govea, presidente; Jesús Salvador Minor Mora, secretario.»
De enterado.
ESTADO DE MORELOS
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
«Escudo. Poder Legislativo. XLVI Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del honorable Congreso del Estado de Morelos, tenemos el honor de informar a usted que en sesión de esta fecha, se dio inicio al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de este honorable Congreso del Estado, asimismo me permito informar que se eligió a los diputados María Teresa Rivera Rojas y Justino Morales Banderas, quienes fungirán como presidente y vicepresidente respectivamente de la mesa directiva, que estará en funciones durante el mes de noviembre del año en curso y como secretarios por el segundo periodo antes citado a los diputados Germán García Reynoso y Liborio Román Cruz Mejía.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, noviembre 5 de 1995. El oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Morelos, licenciado Wilfrido López Luna.»
De enterado.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1994
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Primo Rivera Torres:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.
Honorable Asamblea: en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74 fracción IV párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994. Así, en los términos establecidos por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, recibió para su estudio, análisis, revisión y dictamen, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
En dicho documento de carácter anual se dan a conocer los resultados financieros, programáticos, presupuestales y económicos de la administración pública federal, en los términos señalados por la Ley de Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y la información relacionada, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
Por su parte, la Comisión de Vigilancia, dentro del marco de sus atribuciones, turnó al órgano técnico de esta Cámara de Diputados, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994, con el propósito de realizar una revisión que permita profundizar en el conocimiento y evaluación de las características, términos y condiciones en que se desarrolló la gestión financiera y administrativa gubernamental, atento a lo dispuesto por los artículos 1o., 3o., 10, fracciones I, II, IV y XX de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para efecto del análisis de la Cuenta Pública de 1994, coordinó las actividades relacionadas con el estudio, discusión y evaluación de los resultados alcanzados en los sectores o ramos específicos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Con el propósito de ampliar la información y aclarar dudas relacionadas con la gestión financiera, el ajuste a los criterios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los principales programas, se realizaron nueve sesiones de trabajo con subsecretarios, oficiales mayores y directores generales de dependencias y entidades del Gobierno Federal. En todas estas reuniones, se contó con la participación de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara de Diputados.
Con base en el informe previo, en las observaciones emanadas de las reuniones de análisis entre la comisión dictaminadora y servidores públicos del Poder Ejecutivo y con fundamento en la legislación aplicable, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública procedió a elaborar el dictamen respectivo, con el propósito de sustentar el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.
A continuación se presenta a su consideración dicho:
DICTAMEN
I. Observancia de los preceptos jurídico-normativos
Del estudio y análisis de la documentación e información relativa se verificó que las dependencias y entidades antes citadas realizaron su gestión con apego a los siguientes preceptos: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento; Ley General de Deuda Pública; Ley de Ingresos y Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, aplicables al ejercicio de 1994; Ley de Adquisiciones y Obras Públicas; reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles; reglamento de la Ley de Obras Públicas; Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento; Ley de Planeación; Ley de Servicios de Tesorería de la Federación; Ley General de Bienes Nacionales; Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; acuerdo por el que se establecen las bases y lineamientos conforme a los cuales las dependencias y entidades de la administración pública federal formularán y presentarán sus programas anuales de requerimientos inmobiliarios, así como relativos a obras en inmuebles destinados o utilizados para oficinas públicas; normas y procedimientos generales para la afectación, baja y destino final de bienes muebles de las dependencias de la Administración publica federal y el acuerdo que establece las bases de integración y funcionamiento de los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles y de las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Del informe previo rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda se advierten salvedades y discrepancias, fundamentalmente en materia de obra pública, adquisiciones, baja de bienes muebles, emisión de normatividad y flujo de información en tales materias a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Por lo que dicho órgano técnico deberá realizar las revisiones específicas sobre el particular y rendirá a esta Cámara los informes con los resultados correspondientes.
II. Principios básicos de contabilidad gubernamental
A fin de evaluar la aplicación de los principios básicos de contabilidad gubernamental, en la elaboración e integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994, la Contaduría Mayor de Hacienda realizó su revisión en dos vertientes; por un lado, examinó el diseño de los sistemas contables de las dependencias y entidades de la administración pública paraestatal y por otro, comprobó su aplicación en el registro contable de sus operaciones y en la elaboración de sus estados financieros.
Del análisis efectuado se desprende que, en general, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se presentó de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables al sector gubernamental. No obstante, se detectaron algunas deficiencias, como las que se detallan a continuación, por lo que la Contaduría Mayor de Hacienda procederá a llevar a cabo revisiones específicas sobre el particular.
Algunas dependencias no han depurado sus cuentas colectivas de balance y no efectúan con regularidad recuentos físicos de sus bienes inventariables y de los artículos en almacén y se detectaron clasificaciones inadecuadas del gasto.
Por lo que se refiere a las entidades paraestatales, se desprende que aplicaron razonablemente los principios de contabilidad en el registro de sus operaciones, aunque en el caso de la Lotenal e ISSSTE, los auditores externos expresaron opinión negativa o con salvedad, lo que se tratará en un apartado por separado.
III. Análisis de los resultados financiero-presupuestales
III.1 Resultados generales de la gestión financiera
En 1994 el saneamiento de las finanzas públicas continuó siendo un factor primordial para coadyuvar a la estabilización económica, al registrar resultados positivos en los balances presupuestal y primario.
Los ingresos del sector público presupuestario representaron el 25.8% del PIB, debido a los efectos de la mayor actividad económica en la recaudación tributaria y a desgravaciones fiscales acordadas en la concertación social.
El gasto neto devengado fue de 26% del PIB, superior en 1.2% a la meta; el gasto adicional se financió con ingresos excedentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto de presupuesto de egresos de la Federación.
Los ingresos adicionales se utilizaron para financiar parte del gasto programable y se liberaron recursos presupuestales por 3 mil 584.5 millones de nuevos pesos, para cubrir mayores intereses de la deuda externa, cuyo monto en pesos se incrementó en 33.2% respecto al original, por el aumento de las tasas de interés internacionales y el ajuste en la paridad de la moneda. Otra parte de estos recursos adicionales se orientaron a las participaciones a estados y municipios, estímulos fiscales y otros.
La composición del gasto neto devengable difirió a la prevista, ya que la participación del gasto programable fue inferior en 0.8% a la estimada. De este total se canalizó el 82.1% de los recursos presupuestales a las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo nacional, como son: educación, salud, infraestructura urbana, desarrollo rural, energéticos y comunicaciones y transportes.
Con los ingresos adicionales del año se fortaleció el ahorro público superando la estimación original en 0.5% del PIB.
El balance presupuestal fue superavitario en 1 mil 298.1 millones de nuevos pesos, superior al previsto original de 600 millones de nuevos pesos. El balance primario también fue superavitario en una proporción de tres puntos porcentuales del PIB.
Sin embargo, el pago de intereses superó en 0.3% del PIB a lo previsto por el incremento de las tasas de interés internacionales y el saldo de la deuda del sector público presupuestario creció en 13.8% como proporción del PIB. El aumento obedeció a la depreciación del peso, a la revaluación y a una mayor colocación de Tesobonos y a los recursos provenientes del SAR.
El periodo de vencimiento de la deuda interna se redujo, los plazos para la deuda externa fueron similares a los del año anterior y el endeudamiento neto externo fue inferior al autorizado por esta soberanía.
Con los resultados de 1994 se concluye que se alcanzaron casi todas las metas globales de finanzas públicas, habiendo efectuado ajustes en su composición, lo que generó balances presupuestal y primario positivos.
III.2 Ingresos públicos
La Ley de Ingresos para 1994, aprobada por esta soberanía, preveía generar recursos suficientes para financiar las actividades gubernamentales y fortalecer el ahorro interno, con objeto de incrementar los fondos disponibles para atender las demandas sociales y apoyar la inversión pública, principalmente en la infraestructura física. En el marco de la concertación social, las políticas tributarias y de precios y tarifas del sector público serían compatibles con el comportamiento de la inflación esperada y la mayor competencia en la apertura comercial, para coadyuvar a la estabilidad de precios.
Por segundo año consecutivo no se sometió para su aprobación la iniciativa de ley para adicionar y reformar diversas disposiciones fiscales, Miscelánea Fiscal. En la Ley de Ingresos correspondiente se incorporaron las facilidades fiscales que establece las reducciones impositivas acordadas en la concertación social.
El régimen fiscal de Petróleos Mexicanos se modificó con objeto de dar mayor autonomía de gestión al corporativo y a sus filiales. Para ello se adecuaron los derechos a cargo del organismo y los montos fijos que se establecieron en la Ley de Ingresos se sustituyeron por tasas vinculadas con los ingresos que percibe, con lo cual se disminuyó la carga fiscal de Pemex en materia de derechos y se incrementó en la de impuestos.
En la política de precios y tarifas se estableció para Pemex un aumento gradual acorde con la inflación esperada para los precios de ciertos combustibles y se vincularon los precios de otros con referentes al mercado internacional. La tarifa eléctrica industrial de alta tensión se redujo, dependiendo de los patrones de consumo de los usuarios y en las tarifas eléctricas de baja tensión se eliminó el incremento mensual a que estaba sujeta la tarifa aplicable al bombeo para riego agrícola.
Como resultado de las medidas aplicadas los ingresos ordinarios del sector público presupuestal en 1994 ascendieron a 323 mil 717.0 millones de nuevos pesos, que superaron en 8.3% a los estimados y representaron el 25.8% del PIB. Con relación a la Ley de Ingresos, los ingresos ordinarios del Gobierno Federal presentaron una variación positiva del 9.5% y en los organismos y empresas también fue positivo en un 5.9%. Estos resultados permitieron financiar el 99.4% del gasto neto devengado.
En 1994 el Gobierno Federal captó ingresos ordinarios por 215 mil 301.2 millones de nuevos pesos, equivalente al 17.2% del PIB, lo que le permitió financiar el 96.6% de su gasto neto. De este total de recursos recaudados el 98.4% correspondió a los ingresos corrientes y la diferencia a los de capital, cuya participación superó a la estimada.
La estructura de los ingresos corrientes difirió ligeramente de la prevista porque la participación de los no tributarios superó a la estimada; sin embargo tres cuartas partes de los ingresos corrientes fueron tributarios, cuya carga fiscal representó el 12.8% del PIB, como resultado de las reformas fiscales y la ampliación del padrón de contribuyentes.
En su mayor parte los ingresos ordinarios provinieron de los impuestos sobre la renta, al valor agregado y el especial sobre producción y servicios.
La recaudación al impuesto sobre la renta superó a la prevista en la Ley de Ingresos y la carga fiscal fue de 5.4% como proporción del PIB. Su participación en los ingresos tributarios del Gobierno Federal fue inferior en 0.9% al estimado, debido a que aumentaron las correspondientes al impuesto al valor agregado y al de importación.
En el impuesto al valor agregado el monto fue superior en 14.4% al estimado, por el incremento en los pagos de Pemex.
El impuesto especial sobre producción y servicios tuvo una recaudación menor a la estimada, manteniéndose por su monto como el tercer gravamen en importancia; su participación a los ingresos tributarios fue del 17.4%.
La participación de los ingresos no tributarios superó en 1.3% las previsiones, por el aumento en lo relativo a aprovechamiento y productos que compensaron la disminución en los derechos; sin embargo estos últimos continuaron siendo importantes por su monto representando dos terceras partes del total.
Los organismos y empresas captaron ingresos propios por 108 mil 415.8 millones de nuevos pesos, superior en 5.9% a lo estimado; la variación se presentó por ingresos propios y adicionales que obtuvieron el IMSS, Pemex y CFE, entidades que generaron el 81.3% del total.
III.3 Gasto público
El sector público presupuestal ejerció en 1994 un gasto neto devengado por 325 mil 812.1 millones de nuevos pesos, superior en 7% a la asignación original.
El gasto programable alcanzó la cifra de 249 mil 480.5 millones de nuevos pesos, superior en 5.9% a lo previsto, destinándose mayores recursos al gasto social y a la inversión en áreas estratégicas y prioritarias, especialmente energéticos y comunicaciones y transportes, para ampliar y mejorar la infraestructura productiva y social.
La mayor participación del gasto de capital obedeció a transferencias otorgadas a entidades de control presupuestal indirecto como son: Banco Nacional de Crédito Rural, SNC, la Comisión Nacional del Agua y los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, entre otros.
El gasto no programable fue de 76 mil 331.6 millones de nuevos pesos, superior en 10.7% a lo previsto, correspondiendo el 51.5% a los recursos adicionales que se canalizaron a las (participaciones a estados y municipios, estímulos fiscales y otros), por incremento en la recaudación federal participable. El 48.5% se dedicó a cubrir el costo financiero de la deuda externa, que fue mayor por el aumento de las tasas de interés internacionales.
El gasto excedente fue financiado con ingresos adicionales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 del decreto aprobatorio del presupuesto de egresos de la Federación.
III.4 Deuda pública
Los objetivos en materia de deuda externa se cumplieron parcialmente, teniéndose en sus aspectos positivos el afianzamiento de presencia en los mercados internacionales de capitales al colocar deuda en el mercado asiático mediante la edición de Bonos Dragón; los plazos de vencimiento fueron similares a los del año anterior y el nivel de endeudamiento neto devengado fue inferior al autorizado por esta soberanía. Sin embargo el saldo de la deuda externa del sector público se incrementó en proporción al PIB como resultado de la depreciación del peso con las principales divisas y el costo financiero de la deuda externa aumentó en 0.1% del PIB, debido al alza de las tasas de interés internacionales.
A nivel de devengado, el endeudamiento externo neto fue de 3 mil 618.8 millones de dólares. Al 31 de diciembre de 1994, el saldo de la deuda externa bruta ascendió a 85 mil 435.4 millones de dólares, la que incluye 3 mil 069.6 millones de dólares por concepto de depreciación del dólar con otras divisas. Con la deducción de activos financieros en el exterior, el saldo se reduce a 76 mil 889.9 millones de dólares. En moneda nacional el saldo a diciembre de 1994 es de 370 mil 403.3 millones de nuevos pesos, correspondiendo el 86.6% al Gobierno Federal y 13.4% al paraestatal.
Respecto al año anterior aumentó en 75.9% en términos nominales, como efecto de la revaluación de la deuda y la asunción de pasivos. En términos del PIB equivalió a 29.6%.
La política de deuda interna se orientó a disminuir su costo financiero y a ampliar sus periodos de vencimiento. Estos objetivos se cumplieron parcialmente reduciéndose el costo financiero en términos reales y como proporción del PIB por pagos anticipados de amortización con recursos del fondo de contingencia y requerirse menores recursos crediticios. Sin embargo el saldo se incrementó en términos reales y como proporción del PIB por la revalorización de los Tesobonos al cierre del ejercicio.
El endeudamiento neto interno devengado fue de 12 mil 329.1 millones de nuevos pesos, correspondiendo 11 mil 660.5 millones de nuevos pesos al Gobierno Federal y 668.6 millones de nuevos pesos a los organismos y empresas paraestatales.
El saldo de la deuda interna al 31 de diciembre de 1994, reducida de los saldos positivos en el fondo de contingencia y cuenta corriente, se ubicó en 181 mil 108.6 millones de nuevos pesos, lo que equivalió a 14.5% del PIB.
En total el saldo de la deuda del sector público presupuestal ascendió a 565 mil 819.1 millones de nuevos pesos, correspondiendo el 65.5% a la deuda externa y el 34.5% a la interna. Se superó en 211 mil 836.7 millones de nuevos pesos al del año anterior, variación ocurrida por el efecto de la revaluación en la paridad del peso.
IV. Variaciones presupuestales
IV.1 En los ingresos ordinarios
a) Gobierno Federal
Los ingresos corrientes en 1994 fueron de 211 mil 866.9 millones de nuevos pesos y los de capital de 3 mil 434.3 millones de nuevos pesos.
Los ingresos tributarios fueron de 160 mil 368.4 millones de nuevos pesos, superiores en 6.7% a lo estimado. Por concepto del impuesto al valor agregado se generaron 41 mil 302.4 millones de nuevos pesos por incrementos en las ventas internas de productos petrolíferos y petroquímicos, pagos adicionales que efectuó Pemex e ingresos adicionales por la importación de bienes tangibles por mayores volúmenes de importaciones de mercancías. También influyó una mayor presencia fiscal y el aumento en precios de bienes sujetos a este gravamen.
El impuesto sobre la renta recaudó 64 mil 074.9 millones de nuevos pesos por los aumentos salariales y contractuales otorgados en el año, ampliación en el padrón de contribuyentes, intensificación en las acciones de fiscalización, simplificación de trámites fiscales y asistencia técnica y actualización trimestral de los diferentes rangos y tarifas conforme al índice tradicional de precios al consumidor.
El impuesto general de importación captó 12 mil 708.1 millones de nuevos pesos, superior a su estimación por un mayor volumen de importación de mercancías, en rango superior al 20%, aunque se presentó una disminución en las tarifas arancelarias.
Los ingresos no tributarios alcanzaron 51 mil 498.5 millones de nuevos pesos, superior en 15.8% a la estimación de la Ley de Ingresos.
Los aprovechamientos fueron por 12 mil 882.1 millones de nuevos pesos, incorporándose nuevos conceptos, como las utilidades del Banco de México, que generó un remanente de 4 mil millones de nuevos pesos y los derechos por acuñación de moneda metálica y desmonetización de billetes que fueron por 2 mil 253.8 millones de nuevos pesos.
En productos se registraron 3 mil 341.1 millones de nuevos pesos mayor a la estimación por los intereses de valores, créditos y bonos, por el aumento de tasas de interés, los intereses generados por los recursos del fondo de contingencia y los rendimientos del capital por la venta de empresas paraestatales.
En los ingresos de capital se captaron 3 mil 434.3 millones de nuevos pesos, proviniendo en su mayor parte de la venta de entidades paraestatales, traspaso de fondos y liquidación de fideicomisos.
Los ingresos no recurrentes ascendieron a 4 mil 801.1 millones de nuevos pesos, que se captaron por la venta de Telmex y el grupo financiero Serfin.
b) Organismos y empresas
Los ingresos ordinarios de los organismos y empresas sujetas a control presupuestal ascendieron a 126 mil 323.0 millones de nuevos pesos, correspondiendo 89.6% a recursos propios y 10.2% a transferencias del Gobierno Federal.
Los ingresos ordinarios superaron en 7.6% a los previstos en la Ley de Ingresos, originados en Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos, IMSS, ISSSTE y CFE.
Estos ingresos adicionales se debieron a transferencias destinadas a la construcción de carreteras concesionadas, por el aumento de las cuotas obreropatronales, un mayor número de asegurados, celebración de convenios, transferencias del Gobierno Federal, mayor consumo de energía eléctrica de uso industrial y residencial y venta con descuento de la cartera vencida de CFE.
IV.2 En el gasto neto
El gasto neto del Gobierno Federal ascendió a 222 mil 850.1 millones de nuevos pesos, monto superior en 6.9% al presupuesto original. El gasto programable modificó su estructura aumentando la participación de los ramos administrativos que contribuyen a la capitalización del campo; la modernización de la infraestructura carretera, aeroportuaria y de comunicaciones; la reforma del sistema educativo, la federalización de los programas y contenidos de estudio, la revalorización económica y social del magisterio; la ampliación de los servicios médicos, asistenciales y de seguridad social y el equipamiento urbano, vivienda e infraestructura hidráulica.
El gasto programable se superó en 8 mil 143.5 millones de nuevos pesos que se financiaron con los ingresos ordinarios excedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del presupuesto de egresos de la Federación. También hubo ampliaciones en cada ramo administrativo por las reasignaciones de los ramos generales, erogaciones no sectorizables y solidaridad y de desarrollo regional, que son previsiones para cubrir erogaciones en programas prioritarios no considerados en el presupuesto original. Estas transferencias a los ramos no incrementaron el gasto programable que fue autorizado por la Cámara de Diputados.
Los gastos adicionales, que superaron en 5.6% al presupuesto, se efectuaron por las aportaciones para la educación básica en los estados, Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Agricultura y Recursos Hidráulicos y Comunicaciones y Transportes.
Las ampliaciones fueron para incrementos salariales, estímulos por productividad y aportaciones al Fovissste.
El gasto neto de los organismos y empresas de control directo fue de 120 mil 869.2 millones de nuevos pesos, correspondiendo el 95.2% al programable y el 4.8% al no programable. Del gasto programable el 77.7% fue para el gasto de operación y el 22.3% para el de inversión.
Se superó en 8.1% al presupuesto original dándose en el IMSS, CFE y Caminos y Puentes Federales de Ingresos.
El gasto no programable aumentó en 22.6% por pagos adicionales en el costo financiero que efectuaron Pemex y Ferronales.
V. Evaluación de las transferencias e inversión pública
Se erogaron 89 mil 682.1 millones de nuevos pesos por concepto de transferencias, correspondiendo 85.6% a organismos y empresas no incluidas en el presupuesto y el 14.4% a las sujetas a control presupuestal; crecieron en 19.1% con relación a 1993 y se canalizaron para los ramos de aportaciones para educación básica en los estados, Educación Pública, Agricultura y Recursos Hidráulicos y Hacienda y Crédito Público, las que en conjunto recibieron el 80.8% de las transferencias.
La inversión pública en 1994 ascendió a 49 mil 812.0 millones de nuevos pesos, teniendo un incremento real del 11%.
VI. Evaluación sectorial del gasto
VI.1 Orientación sectorial de las erogaciones
La política de gasto público aprobada para el ejercicio fiscal de 1994 se orientó a consolidar la asignación sectorial de los recursos presupuestales, dando prioridad al desarrollo social, al desarrollo rural y a la infraestructura básica.
El gasto programable sectorial fue de 244 mil 534.8 millones de nuevos pesos, superior en 12.2% real al ejercido en 1993 y 5.6% al presupuestado. Como porcentaje del PIB un 19.9%, lo que representa un incremento del 1.5 puntos porcentuales respecto al del año anterior.
El 86.5% del gasto sectorial se destinó a los programas prioritarios definidos en el presupuesto de egresos de la Federación de 1994. Por sectores, su distribución fue la siguiente: 52.6% se canalizó a desarrollo social; 20.9% en energético; 6.6% en desarrollo rural; 6.4% en comunicaciones y transportes; 5.3% en justicia y seguridad; 3.6% en comercio y el 4.6% restante en los sectores administración, industrial y minería, turismo y pesca.
VI.2 Sector desarrollo rural integral
El gasto programable del sector fue de 16 mil 095.9 millones de nuevos pesos, superior en 5.3% al presupuestado por recursos adicionales al Procampo para apoyar la producción y comercialización de maíz, frijol, soya, algodón y otros productos. Se subsidiaron las importaciones de trigo destinadas a la industria, se rehabilitaron unidades de riego por bombeo eléctrico para mejorar la producción y productividad agrícolas y se destinaron recursos no presupuestados al programa especial de atención de cartera agropecuaria vencida.
La producción de los 10 cultivos básicos fue superior en 15.5% a la registrada en 1993, por el incremento en las cosechas de maíz, frijol, trigo, algodón, cártamo, soya y sorgo, por los apoyos financieros a los productos y aumentos en los rendimientos promedio por hectárea. En la producción de arroz, cebada y ajonjolí se registraron menores cosechas por la disminución en la superficie sembrada por retrasos en las lluvias y precios inferiores o poco atractivos al de otros productos.
La producción de carne creció 7.6% por mayor demanda interna de la carne de res y de aves. La producción de leche disminuyó 1.2% por baja de su precio en el mercado interno y aumento de las ventas de leche en polvo. Al modernizarse el sistema de mercadeo y liberarse el precio, aumentó 1% la producción de huevo.
La superficie cultivable en áreas de riego y de temporal superaron las metas trazadas por una mayor rehabilitación de unidades de riego por bombeo eléctrico. Se intensificaron las campañas sanitarias y aumentó la participación de los productores y gobiernos estatales en estas jornadas.
En la prevención y combate de incendios y en el diagnóstico de plagas y tratamiento de enfermedades a los recursos silvícolas, aumentaron las metas alcanzadas por la coordinación, establecida en los distritos de riego con probosque y los grupos voluntarios para el desarrollo de acciones preventivas.
En el sector se cumplieron parcialmente las metas relativas a los servicios de extensión agrícola y a la protección y control de áreas agrícolas con la detección de plagas y campañas fitosanitarias. Tampoco se alcanzaron los niveles previstos en la asistencia técnica a productores pecuarios y silvícolas, en la operación de viveros y en la reforestación y vigilancia de áreas forestales.
En materia de reforma agraria se superaron las metas de ejecutar resoluciones presidenciales, en el deslinde y declaratoria de terrenos nacionales, en la actualización y vigencia del catastro rural y en la integración de carpetas básicas de ejidos y comunidades, por la conciliación de las partes en conflicto, la simplificación de los procedimientos administrativos y la descentralización de los servicios de informática. Se cumplieron parcialmente las metas de regularizar la propiedad de posesionarnos de terrenos nacional y la escrituración de lotes en áreas ejidales y comunales.
VI.3 Sector pesca
En el sector se ejercieron 379.8 millones de nuevos pesos, cifra inferior en 8.9% a lo autorizado, porque se suspendieron obras en algunos proyectos acuícolas por problemas técnicos, administrativos y legales. Se obtuvieron economías en la contratación de obras de construcción, conservación y rehabilitación de escolleras y dragado y se efectuaron reducciones en apoyo a las medidas de ahorro presupuestal.
Los indicadores de producción mejoraron respecto a 1993. A la mayor captura contribuyeron las medidas de regulación pesquera, que fueron de establecimiento de vedas y tallas mínimas para la captura. Se incorporaron 375 embarcaciones pesqueras y se emplearon nuevos sistemas. Para la mayor producción acuícola influyeron los programas de repoblamiento en los centros de producción y de sanidad en los bancos de producción de ostión, la aplicación de tecnologías avanzadas para la producción de camarón, la incorporación de siete laboratorios productores de alevines y poslarvas y al equipamiento de 37 centros con mejor tecnología. Con el incremento de la producción pesquera aumentó la disponibilidad de especies para el abasto de la industria y el mercado interno.
El saldo de la balanza comercial pesquera fue superavitario, por la mayor producción de camarón exportable, el aumento de captura de especies exportables con alto valor comercial y el fomento de la inversión privada. El consumo humano directo aumentó por programas específicos para modernizar pescaderías e instalar más puntos de venta, impartir mayor capacidad y campañas de difusión.
VI.4 Sector industrial y energéticos
En el sector se erogaron 51 mil 225.4 millones de nuevos pesos, superior en 9.1% al presupuesto original, por mayores erogaciones en la CFE y en Pemex.
En los resultados sectoriales, la producción de petróleo crudo, gas natural y petroquímicos fue mayor a la prevista, por la terminación de diversos pozos de desarrollo en la región marina, alta participación del gas asociado y se dispuso de más materia prima básica para los petroquímicos. La elaboración de refinados fue inferior a la programada, por no alcanzarse las cuotas de producción de gas licuado y gasolina Magna Sin.
La comercialización interna de los derivados del petróleo y del gas natural superó las metas de venta de refinados, petroquímicos y gas natural, por las mayores adquisiciones de combustóleo y gas natural de la CFE y el repunte de los precios de los petroquímicos en el mercado internacional.
Se superaron las metas de exportación de productos petroquímicos por la reactivación en el mercado internacional y Pemex fortaleció su política de comercialización. Se cumplieron parcialmente las metas de petróleo crudo y petrolíferos por la subreoferta en el mercado europeo de crudos dulces del mar del norte y de otras regiones y disminuyeron los volúmenes excedentes de combustóleo, diesel y gasóleo de vacío por su mayor demanda en el mercado nacional.
Las metas de generación y comercialización interna de energía eléctrica se superaron con la entrada en operación de varias plantas, por el mayor dinamismo de la actividad económica, principalmente de la industria manufacturera y la incorporación de nuevos usuarios al servicio eléctrico. Las ventas externas de energía eléctrica fueron inferiores a las programadas por la disminución en la demanda de Belice.
VI.5 Sector comercio
El gasto del sector fue de 8 mil 845.8 millones de nuevos pesos, inferior en 0.5% al presupuesto original, por la reducción de los precios de garantía del maíz y del frijol al ponerse en marcha el Procampo, por compras menores de frijol y apoyos inferiores a los previstos y en el Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal.
En los resultados sectoriales, se superaron las metas de compra de maíz en 6.2%, en la venta de frijol en 20.2%, en el acopio de productos básicos en 24.4%, en las familias beneficiadas mediante el programa de subsidios a la tortilla en 1% y en el establecimiento de lecherías en 1.2 %, por favorables cosechas de maíz en el norte de la República, mayor comercialización interna y externa de frijol, recepción de trigo por cuenta de terceros y el manejo de un solo padrón de beneficiarios.
Se cumplieron parcialmente las metas de compra de frijol, venta de maíz, acopio de almacenamiento de productos agropecuarios, distribución diaria de leche y niños beneficiados mediante el programa de abasto social de leche.
Estos resultados se debieron a una mayor participación del sector privado en la comercialización del frijol, sobreestimación de los inventarios de maíz, depuración del padrón de beneficiarios, asistencia irregular a los centros de distribución de leche y escasa aceptación de la leche en polvo.
VI.6 Sector turismo
En el sector se ejercieron 516.0 millones de nuevos pesos, inferior en 7.6% al presupuesto, por la disminución del gasto en Fonatur, la no obtención oportuna de los créditos del BID y los recursos generados por la venta de los Club Med.
En los resultados sectoriales se incrementó el turismo receptivo y la captación de divisas disminuyendo la salida de éstas por turismo egresivo por los eventos y campañas llevadas a cabo en coordinación con los gobiernos estatales y prestadores de servicios. Se tuvo un impacto favorable en el sector por la recuperación de la economía de los Estados Unidos y la mayor oferta de paquetes turísticos a menor costo. El saldo favorable de la balanza turística superó a la registrada en 1993.
La participación de la actividad turística en el PIB se elevó por el dinamismo de los establecimientos de comida rápida y los servicios de hotelería en centros de playa. Se rebasaron las metas de ampliación de la oferta hotelera por incremento de la inversión extranjera en el sector y la participación de Fonatur en el desarrollo de megaproyectos turísticos en colaboración con inversionistas nacionales y extranjeros. Hubo mayor capacitación a empleados al implantarse jornadas de calidad y cursos de especialización a instructores.
Se cumplieron parcialmente las metas de la demanda hotelera y de construcción y remodelación de cuartos de hotel por retrasos en los créditos del BID.
VI.7 Sector comunicaciones y transportes
El gasto del sector fue de 15 mil 600.9 millones de nuevos pesos, superior en 11.3% al presupuesto original y en 21.9% al erogado en 1993, derivado de las aportaciones financieras efectuadas para apoyar las obras concesionadas de modernización y ampliacióncarretera, la ejecución del Programa Red de Educación Satelital, la liquidación del personal de base y confianza de Puerto Mex, la indemnización a los usuarios de la aviación general y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el apoyo a las operaciones de carga de Ferronales, la continuación del programa de retiro voluntario y la liquidación del personal de los talleres externalizados.
El subsector carretero, el transporte de carga y pasajeros aumentó en 6.5% y 1.5% respectivamente, por el aumento del parque vehículos, las reformas a la legislación y normatividad aplicables y el crecimiento de la red carretera.
En el subsector ferroviario, se superó la meta de transporte de carga por la movilización de la producción de maíz en Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, el incremento de volúmenes transportado de otros productos, principalmente químicos y de la industria automotriz y el incremento de tráfico de mercancías con el exterior. La meta del transporte de pasajeros se cumplió parcialmente al suprimirse rutas improductivas, la preferencia por el autotransporte y la eliminación de coches de pasajeros.
En el subsector marítimo, el movimiento de carga y el traslado de pasajeros se incrementaron, con relación a 1993 por la modernización de la infraestructura portuaria, la concesión a la iniciativa privada de la operación de las terminales para cruceros y la construcción de marinas y muelles de atraque para el arribo de cruceros turísticos.
En el subsector aéreo, se superaron los resultados de 1993 en la transportación de carga y pasajeros por la creación de nuevas empresas, la ampliación de la cobertura en el mercado nacional y el incremento de los servicios con el exterior.
En comunicaciones, Sepomex superó la meta de manejo y transporte de piezas postales por el aumento de los puntos de servicios y en su flota vehicular.
VI.8 Sector desarrollo social
El gasto programable del sector fue de 128 mil 636.4 millones de nuevos pesos, superior en 12.0% al ejercido en 1993 y un 3.0% mayor al presupuestado. El aumento se registró principalmente en los subsectores de educación, salud y seguridad social y desarrollo urbano, ecología y agua potable.
Subsector educación En el subsector se erogaron 56 mil 086.0 millones de nuevos pesos, superior en 2.9% al presupuesto, como resultado de los recursos adicionales transferidos para apoyar la educación básica en los estados, el pago de los incrementos salariales y los estímulos de productividad y eficiencia derivados del programa carrera magisterial, los apoyos otorgados a la entidades de control indirecto para actualizar planes y programas de estudio, capacitar a investigadores y profesores, adquirir material didáctico y equipo de cómputo adicional, otorgar becas a estudiantes sobresalientes y construir y equipar espacios para los proyectos de investigación científica y tecnológica.
Las acciones desarrolladas en el sector de educación permitieron mantener el grado de escolaridad de la población en 6.7 en promedio y reducir el analfabetismo en el país.
En educación preescolar, el grado de absorción de la demanda fue de 76.4% por el mayor número de técnicos promotores y bachilleres para impartir la educación en comunidades urbanomarginadas, rurales e indígenas y una mayor operación de los jardines de niños existentes que ofrecieron apoyos educativos, recreativos, médicos y alimentarios a hijos de madres trabajadoras de escasos recursos.
En educación primaria, se atendió al 98% de la población de seis a 15 años de edad al consolidarse el programa (modelo de primaria para niños migrantes). Los índices de eficiencia terminal, deserción y reprobación mejoraron respecto al ciclo anterior por una dotación de material didáctico, libros de lectura, acervos bibliográficos y el otorgamiento de becas.
En educación secundaria, la oferta educativa en las zonas rurales y de difícil acceso incrementó por la operación de la Red de Educación Satelital, la intensificación de campañas de difusión y la aplicación del sistema automatizado de inscripción y distribución en 16 estados y el Distrito Federal. Los índices de absorción de egresados de primaria, eficiencia terminal, reprobación y deserción fueron similares a los del ciclo anterior. En este nivel educativo influyó que muchos jóvenes se incorporaron al mercado de trabajo por condiciones económicas de sus familias.
En la educación media superior, los índices de absorción de egresados de secundaria y de eficiencia terminal fueron superiores a los del ciclo anterior por la implantación de nuevas carreras, la descentralización de este servicio educativo, la incorporación de material didáctico y equipo de cómputo en el proceso de enseñanzaaprendizaje y cursos de regularización.
En educación superior, se atendieron menos alumnos que en el ciclo anterior al haberse otorgado prioridad a la consolidación de la matricula y al mejoramiento de la calidad de los servicios, más que a la ampliación de la cobertura de atención.
En posgrado se superaron los resultados por la creación de opciones educativas orientadas para alentar y fortalecer las áreas prioritarias para el desarrollo del país.
En el sistema extraescolar, la atención de la demanda de educación inicial y especial fue inferior a la registrada en el ciclo anterior por falta de personal idóneo y de investigaciones sobre el desarrollo infantil. En las modalidades de alfabetización, primaria y secundaria para adultos siguió presente la falta de arraigo y permanencia de la población mayor de 15 años.
Subsector salud y seguridad social
En el subsector se ejercieron 53 mil 798.0 millones de nuevos pesos, superior en 2.7% con relación al presupuesto original, por las mayores erogaciones que realizaron el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud.
El IMSS efectuó erogaciones adicionales para pagar aumentos salariales, adquirir insumos y sufragar el mayor costo de los servicios de arrendamientos de inmuebles, equipo médico y traslado de enfermos.
En el ISSSTE hubo mayor gasto al haber otorgado mayores créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda, el aumento en el costo de los servicios subrogados en el segundo y tercer niveles de atención, el incremento a las pensiones y jubilaciones, la realización de trabajos extraordinarios en el hospital regional 20 de Noviembre, para convertirlo en Centro Médico Nacional y adquisiciones adicionales de inmobiliario y equipo médico de ese centro.
La Secretaría de Salud aumentó su gasto para cubrir incrementos salariales y creación de plazas para ejecutar el programa enfermedades infectocontagiosas en las entidades federativas donde se localizan los principales focos endémicos.
En 1994 los servicios médicos alcanzaron un aumento a la población atendida en 1.4% al año anterior por un número mayor de promotores voluntarios, parteras y médicos tradicionales para atender a comunidades rurales y urbanomarginadas, el programa (cirugía extramuros) para atender personas de escasos recursos y la incorporación de 277 nuevas unidades médicas al servicio.
En el control de enfermedades prevenibles por vacunación disminuyeron los índices de sarampión y tuberculosis por las campañas efectuadas en el programa (vacunación universal) en donde el 93% de los niños de uno a cuatro años de edad contó con el esquema básico de vacunación a nivel nacional.
La incidencia del paludismo disminuyó al aplicarse el programa respectivo en las entidades federativas donde se presentaron estos focos endémicos; Se incrementaron los casos de dengue por los brotes en algunos estados de la República aplicándose el programa preventivo.
Las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA y la sífilis, mostraron tendencias decrecientes y de estabilización, intensificándose las campañas de difusión y reforzando los mecanismos para la certificación de la sangre.
La incidencia del cólera se redujo al incrementarse las actividades de saneamiento básico.
Las enfermedades diarréicas y respiratorias agudas decrecieron por la difusión de medidas preventivas y la capacitación y actualización del personal médico y paramédico.
Se mantuvo la tasa de fecundidad de tres hijos por mujer en edad fértil al intensificarse la difusión y promoción del control de la natalidad y la continuación de otros programas de planificación familiar.
Se mejoraron los servicios médicos curativos y de rehabilitación con diversas acciones y se reforzaron los de protección del medio ambiente y al saneamiento básico.
En asistencia social se aplicaron programas de atención y mejoramiento nutricional, promoción del desarrollo familiar y comunitario y protección y asistencia a población desamparada.
El conjunto de acciones del sector salud contribuyeron a que la tasa de mortalidad general se mantuviera en 4.7 defunciones por cada 1 mil habitantes y la esperanza de vida al nacer 3 en 71.6 años.
Subsector trabajo y previsión social
En el ámbito laboral se ejerció un gasto de 502.2 millones de nuevos pesos, inferior en 5.7% al presupuesto original, por las transferencias que se efectuaron al ramo 26 Solidaridad y Desarrollo Regional, para apoyar el programa de becas de capacitación para trabajadores y desempleados y las actividades del sistema nacional de empleo.
En materia de justicia laboral, se atendieron más asuntos a los programados por el aumento de las demandas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se realizaron más inspecciones para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral, se atendieron más asuntos para la defensa del trabajador, se superaron las metas de solicitudes de empleo y becas de capacitación a desempleados y trabajadores. Se cumplieron parcialmente las metas de registro de comisiones mixtas de seguridad e higiene y la de otorgamiento de créditos a los trabajadores, al no captar el Fonacot los ingresos propios previstos al aumento de su cartera vencida.
Subsector desarrollo urbano, ecología y agua potable
En el subsector se ejercieron 8 mil 016.5 millones de nuevos pesos, superior en 32.7% al original, por el apoyo a las acciones de vivienda y urbanización en localidades urbanas y rurales marginadas, la protección y preservación del medio ambiente, la transferencia de recursos al programa especial de productores de café y obras adicionales de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
En materia urbana se realizaron ocho foros nacionales para revisar 31 proyectos de actualización de leyes estatales de desarrollo urbano y se apoyó a los municipios en la actualización técnica y validación jurídica de 24 planes de desarrollo urbano que complementaron los 116 que fueron aprobados en el Programa de Cien Ciudades.
Se instalaron ventanillas únicas en 91 ayuntamientos para el trámite integral de licencias de uso de suelo y de construcción. Se actualizaron los catastros municipales en 11 estados de la República, se emitieron dictámenes técnicos para constituir reservas territoriales en 14 estados, se regularizó la tenencia de la tierra en 21 estados y se realizaron 17 expropiaciones en diversas entidades federativas.
Continuó la ejecución del Programa Especial para el Fomento y Regulación de la Vivienda en 27 entidades federativas, se establecieron acuerdos con el notariado nacional para el cobro de un arancel uniforme y se eximió el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles y a las viviendas de interés social en 11 estados. La Sedesol y la Fonhapo financiaron el término de la edificación y 16 mil 642 pies de casa y el mejoramiento de 29 mil 258 viviendas.
En el ámbito ecológico se decretaron seis normas oficiales mexicanas y se publicaron otros 31. Concluyó el ordenamiento ecológico general del territorio nacional que se constituye como instrumento rector para determinar los usos, destinos, reserva del suelo y considerar los aspectos ambientales en la formulación y actualización de los planes de desarrollo. La Profepa realizó 74 auditorías ambientales y supervisó 212 que realizaron diversas empresas.
Erogaciones no sectorizables (ramo 23)
El 39% del gasto programable del ramo 23 fue ejercido directamente y el 61% transferido a otros ramos.
Del total ejercido directamente (8 mil 099.4 millones de nuevos pesos) sólo el 7.8% se destinó a gastos contingentes, suma considerablemente menor a la ejercida en el pasado. Esta menor asignación responde a una preocupación mostrada recurrentemente por diputados de legislaturas anteriores.
VII. Estado financiero de entidades paraestatales
Una de las principales fuentes de información para evaluar tanto los resultados financieros como el origen y destino de los recursos públicos que se aplicaron en su operación, lo constituyen los estados financieros, los cuales en los casos de las entidades, fueron dictaminados por despachos de contadores públicos independientes designados por la entonces Secogef.
En opinión de los auditores externos, los estados financieros de los organismos y empresas de control presupuestal directo presentaron razonablemente su situación financiera al 31 de diciembre de 1994, salvo en el caso de dos entidades. En el ISSSTE se incluyen salvedades específicas por incumplimiento de los principios generales de contabilidad; en tanto que en la Lotenal el auditor externo emitió opinión negativa por incumplimiento a las disposiciones de los boletines B10 y B12 emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y sus cuatro documentos de adecuaciones para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, por incumplimiento de los principios generales de contabilidad y limitación a los procedimientos aplicados al auditor externo.
VIII. Aspectos sobre la modernización del sector público
En el Plan Nacional de Desarrollo 19891994 se estableció como una prioridad la modernización del país, que implicaba, entre otros aspectos, reducir el gasto público, impulsar la producción y la productividad en el campo, erradicar la pobreza extrema, profundizar la apertura comercial con el exterior y adecuar la legislación aplicable en materia económica.
Así se continuó con el proceso de redimensionamiento del sector paraestatal, con la finalidad de optimizar los recursos del sector público. Para el 31 de diciembre de 1994 formaban parte de la administración pública federal 215 entidades paraestatales y 34 más estaban en proceso de desincorporación.
En 1994 se incorporaron al sector público, como entidades paraestatales el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), Luz y Fuerza del Centro, el Fondo de Cultura Económica y 12 administraciones portuarias integrales, con objeto de fortalecer la presencia gubernamental en áreas estratégicas y prioritarias.
Por otra parte, en el PND 19891994, en su apartado 5,3,1 "Modernización del Campo", se estableció como objetivo fundamental aumentar la producción y productividad al campo. Así, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1994, se reguló el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).
La operación del Procampo le correspondió a la entonces SARH, a través de su órgano desconcentrado Aserca. De conformidad con lo reportado en la cuenta pública de 1994, se informa que durante ese año se apoyó la producción de siete cultivos básicos, con un gasto de 4 mil 869.5 millones de nuevos pesos. Es de señalarse que la dependencia debe detallar las explicaciones de las variaciones registradas en el cumplimiento de las metas de apoyos directos a la producción, la superficie apoyada en cada entidad federativa y los recursos que específicamente se destinaron a cada una de ellas, por lo que deberá efectuarse recomendación sobre el particular.
Por lo que respecta al Pronasol, en 1994 se continuó con su ejecución, habiéndose ejercido 9 mil 270.0 millones de nuevos pesos, gasto que superó en 12.2% al erogado en 1993 y en 5.2% al asignado originalmente. De dichos recursos 7 mil 945.0 millones de nuevos pesos fueron erogados a través de los gobiernos estatales y el resto (1 mil 325 millones de nuevos pesos) por los distintos ramos de la administración pública federal. A dichos recursos se sumaron 4 mil 403.4 millones de nuevos pesos que aportaron los gobiernos estatales y en su caso, los beneficiarios de las obras, por lo que el gasto total ejercido en el marco de solidaridad fue de 13 mil 673.4 millones de nuevos pesos.
Los 9 mil 270 millones de nuevos pesos se distribuyeron en tres vertientes, destinándose el 65.9% a proyectos de bienestar social, el 18.5% a proyectos productivos y el 15.6% a infraestructura básica de apoyo.
En lo concerniente a la apertura comercial con el exterior, en 1994 México celebró acuerdos comerciales con Costa Rica y Bolivia; se firmó el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela (Grupo de los Tres); entró en vigor el Tratado de Libre Comercio que celebraron México, Estados Unidos y Canadá y México ingresó a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
En materia de adecuaciones al marco jurídico que regula la actividad económica, destacan las modificaciones relativas a la Ley de Navegación, al reglamento de la Ley de Puertos, al reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, al reglamento de la Ley Forestal, al reglamento de la Ley Federal de Turismo, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.
Con base en lo anterior, la comisión que suscribe somete a la consideración de la Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1994
CONSIDERANDO
Que en cumplimiento de lo establecido por el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal, presentó en tiempo y forma a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, para su revisión.
Que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública revisó la documentación presentada para verificar el cumplimiento de objetivos y conocer el resultado de la gestión financiera y presupuestal.
Que es necesario dar mayor profundidad y oportunidad al análisis y dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con el fin de fortalecer las funciones de fiscalización que por ley ejerce el Poder Legislativo.
Que la realización de nueve reuniones de trabajo con servidores públicos de las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal involucradas, en las que se atendieron los planteamientos y dudas de los diputados, asistiendo a estas reuniones, además, funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda, con lo que se enriqueció el contenido del informe previo que este órgano técnico realiza.
Que el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda a que se refiere el artículo 3o. fracción II inciso a de la Ley Orgánica de la propia contaduría, correspondiente a la Cuenta Pública de 1994, fue recibido en tiempo y forma en esta Cámara y turnado a esta dictaminadora para su consideración.
Que del análisis del trabajo realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, se determinaron algunas deficiencias y discrepancias por parte de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, motivo por el cual se hace necesario formular recomendaciones al Poder Ejecutivo, a fin de corregir y perfeccionar la gestión del sector público federal, sujeto a control presupuestal.
Que por lo expuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 fracción III, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3o. fracción II inciso a; 14, 5, l9 y 20 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta representación, el siguiente:
DECRETO
Artículo 1o. La Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, fue recibida oportunamente, iniciándose el proceso de revisión por la Contaduría Mayor de Hacienda de conformidad con el artículo 74 fracción IV párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, con la finalidad de conocer los resultados de la gestión financiera de la administración pública federal, comprobar si se ajustó a los criterios señalados en los decretos del presupuesto de egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación y verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas contenidos en los programas.
Artículo 2o. Se analizó el cumplimiento de los objetivos y prioridades contenidos en los programas elaborados por las dependencias y entidades y su concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 19891994.
Artículo 3o. Se verificó la observancia por parte de las dependencias y entidades comprendidas en el presupuesto de egresos de la Federación, con relación a los preceptos legales aplicables en el ejercicio presupuestal de 1994.
Artículo 4o. Con base en lo anterior, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de la facultad que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formula las siguientes recomendaciones en materia de observancia de preceptos legales.
a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en su carácter de dependencias globalizadoras, deberán reforzar sus mecanismos de control a fin de evitar deficiencias en el flujo de información entre ésta y las dependencias y entidades en materia de obra pública, adquisiciones, baja de bienes muebles y emisión de normatividad.
b) Es fundamental que las dependencias y entidades, que no lo han hecho, elaboren y aprueben el manual de integración y funcionamiento de su comité de adquisiciones, proponiendo las respectivas políticas internas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
c) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de las discrepancias entre los usuarios sobre la eficiencia del sistema de compensación de adeudos, deberá proceder al diagnóstico respectivo, a fin de que se adopten las medidas pertinentes.
d) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá hacer más ágiles los mecanismos mediante los cuales dé a conocer a las dependencias y entidades de la administración pública federal, las disposiciones en materia de gasto público.
e) A su vez las entidades deberán, en atención a las disposiciones contenidas en las normas y procedimientos generales para la afectación, baja y destino final de bienes muebles, registrar las partes reaprovechables de bienes muebles dados de baja.
Artículo 5o. De las revisiones practicadas se desprenden incumplimientos por parte de dependencias y entidades en los procesos de programación, presupuestación y en sus sistemas de información y registro para el adecuado ejercicio y control de metas y recursos contenidos en el presupuesto de egresos de la Federación. En consecuencia se instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados para que instrumente las siguientes:
ACCIONES
1o. Que las dependencias y entidades del Gobierno Federal cumplan con el desahogo de las recomendaciones emitidas por esta Cámara, parcialmente atendidas y las no atendidas, mismas que se detallan en el anexo II del informe previo de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994.
2o. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refuerce los procedimientos de registro y control de los recursos que se canalizan al fondo de contingencia y su aplicación directa a los fines de su constitución.
3o. Que el Gobierno Federal transparente la canalización de subsidios y transferencias, evaluando su eficiencia y los resultados logrados.
4o. Que la Contaduría Mayor de Hacienda incluya, dentro de las revisiones que realice en relación con la cuenta pública de 1994, la evaluación de los resultados de los programas y proyectos de las dependencias y entidades.
5o. Que el Gobierno Federal promueva la evaluación de proyectos como elementos fundamentales para determinar la orientación del gasto público.
6o. Que el sector salud avance en la instrumentación de la política de descentralización de los servicios de salud transfiriendo responsabilidades, programas y recursos, así como que evalúe la calidad de los servicios y revise la evolución de los costos y los programas de inversión.
7o. Que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo promueva prácticas, métodos y acciones que permitan integrar indicadores de gestión y de productividad para el seguimiento y evaluación de programas sustantivos, en todas las dependencias y entidades.
8o. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca el seguimiento, supervisión y control del programa de concesión de carreteras para su adecuada legalidad, eficiencia y rentabilidad financiera.
9o. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revise puntualmente los procedimientos, términos y condiciones de ley para el otorgamiento de concesiones de los servicios de telecomunicaciones.
10. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantenga una estrecha supervisión y seguimiento en los procesos de desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias.
11. Que la Secretaría de Desarrollo Social revise la viabilidad de los programas con claro destino social e incluya medidas de eficiencia financiera. Deberá conciliar los padrones de los subprogramas de leche y tortilla del programa social de abasto.
12. Que la información que proporcione la Secretaría de Desarrollo Social respecto al Programa Nacional de Solidaridad para integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, contenga el presupuesto y metas autorizadas, así como el presupuesto ejercido y el cumplimiento de metas, por entidad federativa.
13. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo den seguimiento permanente e induzcan medidas para su cumplimiento respecto de las metas y compromisos de los convenios de saneamiento financiero y las de déficitsuperávit en las dependencias y entidades.
14. Que el sector agropecuario revise sus programas, en particular el Procampo y Procede, para que los recursos asignados contribuyan de manera eficaz al desarrollo del sector.
15. Que la información que proporcione la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural respecto al Procampo para integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, contengan el presupuesto y metas autorizadas por cultivo a apoyar, así como el presupuesto ejercido y el cumplimiento de sus metas por entidad federativa.
16. Que se revisen los indicadores de productividad de Luz y Fuerza del Centro y se tomen las medidas conducentes para elevar su eficiencia.
17. Que la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo exploren y apliquen mecanismos especiales para el control, supervisión y fiscalización de los recursos del ramo 25, e induzcan sistemas de información específicos, para su reporte.
18. Que el Instituto Nacional Indigenista revise la complementariedad entre sus programas y los llevados a cabo por otras dependencias y entidades del Gobierno Federal, para lo cual deberá de revisar y mantener actualizados sus indicadores de productividad y eficiencia.
19. Que se revise la efectividad y resultados de los programas de difusión y promoción que lleva a cabo la Secretaría de Turismo.
20. Que el Gobierno Federal promueva convenios con los gobiernos de los estados y los congresos locales para fiscalizar el ejercicio de los recursos del ramo 25.
21. Que se revise de manera detallada los sobreejercicios o subejercicios de gasto de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a efecto de disponer de información oportuna y específica sobre dichos resultados.
Artículo 6o. La Contaduría Mayor de Hacienda, en acatamiento a lo establecido en el artículo 3o. de su Ley Orgánica, deberá ejercer las funciones de contraloría y practicar las auditorías destacando las irregularidades por el incumplimiento de la normatividad vigente y en su caso promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, que conforme a derecho procedan. De sus acciones deberá informar a esta Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia.
Artículo 7o. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda para todos los efectos a los que hubiese lugar, instruyéndola para que, dentro del término de ley, rinda el informe de resultados correspondiente por conducto de la Comisión de Vigilancia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., 21 de noviembre de 1995. Diputados: Antonio Sánchez Gochicoa, presidente de la comisión; Marcos Parra Gómez; Jaime del Río Navarro, José Manuel García García, Raúl Livas Veras, Eduardo Guzmán Ortiz, secretarios; Eduardo Arias Aparicio, Manuel Beristáin Gómez, César Chávez Castillo, Saúl Escobar Toledo, Pedro Etienne Llano, Guadalupe Flores Valdez, Carlos Flores Vizcarra, Miguel Angel García García, Luis Antonio Godina Herrera, María del Rosario Guerra Díaz, María Cecilia Hernández Ríos, Miguel Angel Islas Chío, René Juárez Cisneros, José Luis Leyson Castro, Marco Antonio Michel Díaz, Jorge Padilla Olvera, Cándido Pérez Verduzco, Filemón Ramírez Pérez, Luis Rico y Samaniego, Dulce María Sauri Riancho, Francisco Suárez y Dávila, Kurt Thomsen D'Abbadie, David Vargas Santos y Carlota Vargas Garza.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Miguel Angel García García, para fundamentar el dictamen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Miguel Angel García García:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con base en el artículo 108 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expongo ante esta tribuna los fundamentos que dan sustento al dictamen referente a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio fiscal de 1994.
Conforme a lo señalado bajo la fracción IV del artículo 74 constitucional y el artículo 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el documento de cuenta pública fue recibido por esta soberanía el pasado 8 del mes de junio de 1995, para su análisis y revisión correspondiente.
El marco jurídico normativo que sustenta estos trabajos se apega a las siguientes disposiciones. Los artículos 42, 43, 47, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 6o. de la Ley de Planeación; artículos 1o., 3o., 10, fracción IV, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 26, 37 y 38 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda en vigor.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública elabora el presente dictamen producto del trabajo legislativo de las diversas fracciones parlamentarias y de la integración de una mesa de redacción plural. Se incorporan, desde luego, las previsiones, evaluaciones y análisis del informe previo, elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda, que fue presentado por ese órgano técnico a esta Cámara, el pasado 10 de noviembre.
Con el propósito de profundizar en el conocimiento y evaluación de las características, términos y condiciones en que se desarrolló la gestión financiera y administrativa gubernamental en relación a los artículos 1o., 3o., 10, fracción I, Il, IV y 20 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública coordinó acciones relacionadas con el estudio, discusión y evaluación de los resultados alcanzados en los sectores o ramos específicos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Dentro de las acciones desarrolladas por la comisión se destacan las siguientes:
Durante el mes de octubre se llevaron nueve reuniones de trabajo con subsecretarios, oficiales mayores y directores generales de dependencias y entidades del Gobierno Federal, para profundizar en el análisis de la cuenta pública. Durante el desarrollo de las mismas se encontró una amplia disposición y profesionalismo de la mayoría de los funcionarios para dar respuesta a los planteamientos de los diputados de las distintas fracciones parlamentarias, con excepción de algunos servidores públicos que no estuvieron; a la altura que exige este tipo de ejercicio.
Cabe destacar aquí que no obstante a que los funcionarios, muchos de ellos no fueron responsables del ejercicio del gasto de 1994, mostraron su institucionalidad y vocación de servicio. Los temas tratados en estas reuniones fueron de los sectores de salud y seguridad social, energéticos, comunicaciones y transportes, desarrollo rural y pesca, educación, desarrollo social, medio ambiente y ecología, comercio, contraloría y desarrollo administrativo, finanzas públicas, gasto, ingreso y de deuda pública.
De las observaciones emanadas de las más de 90 intervenciones de los diputados en las reuniones de análisis y con fundamento en la legislación aplicable, la comisión dictaminadora procedió a elaborar el dictamen correspondiente, con el propósito de sustentar el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994.
Del examen previo realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, se desprende que la cuenta pública referida se presentó conforme a la ley de principios básicos de contabilidad gubernamental.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, durante sus trabajos de análisis contó también con el apoyo y la valiosa participación de los presidentes y diputados miembros de las diversas comisiones sectoriales a quienes se les proporcionó información específica de cada ramo y desde luego tuvieron oportunidad de participar en las intensas reuniones de trabajo con los funcionarios federales.
Esta interlocución significó un importante insumo para en primer término, dar cumplimiento a la labor fiscalizadora que tiene como atribución esta Cámara y por otro lado, conocer de primera mano, el impacto y costobeneficio que los diversos programas tienen y tuvieron en el desarrollo nacional.
Más allá del análisis de metas técnicas, la revisión de cuenta pública, constituyó una oportunidad para evaluar las cuestiones públicas, para avanzar en la consolidación de un intercambio de información y evaluación de los diferentes programas y erogaciones; para anteponer criterios de transparencia, eficiencia y eficacia, en el uso de los recursos públicos; para evaluar el impacto del gasto en el desarrollo regional y de las entidades federativas; para revisar con detenimiento del desempeño institucional y financiero de las empresas públicas. Pero sobre todo, para obtener mayores elementos de juicio y análisis para el ejercicio de la inversión pública y la selectividad en la aplicación de los diversos tipos de subsidios.
Compañeras y compañeros diputados: el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, concluye: "del análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994, se desprende la consideración general de que en términos generales y en un contexto global, las finanzas gubernamentales fueron acordes y congruentes y en algunos aspectos superaron los objetivos y metas contemplados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobados por la Cámara de Diputados".
Sin embargo, el mismo documento también advierte que: "durante los trabajos de revisión se observó que algunas de las explicaciones presentadas en la cuenta pública de 1994, fueron insuficientes para conocer las causas de las variaciones registradas en el cumplimiento de las metas y la aplicación del gasto de algunos programas, por lo que este órgano técnico profundizará sus revisiones e informará lo correspondiente en el informe de resultados respectivos".
Del mismo modo, el dictamen que está a su consideración señala en su artículo 5o. que de las revisiones practicadas, se desprenden incumplimientos por parte de dependencias y entidades en los procesos de programación, presupuestación y en sus sistemas de información y registro para el adecuado ejercicio y control de metas y recursos contenidos en el presupuesto de egresos de la Federación.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se instrumenten 21 acciones específicas para cumplimiento a lo señalado por las distintas fracciones parlamentarias en materia de gasto público de 1994.
Por tanto, señoras y señores legisladores, el proceso de revisión de la Cuenta Pública Federal de 1994, no se agota en esta sesión. De hecho es un proceso que apenas inicia en ésta su primera etapa. Corresponderá a la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados, dar seguimiento y enriquecer estos trabajos.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen.
Para fijar posición, se han registrado los siguientes diputados:
Por el Partido del Trabajo, Eduardo Guzmán Ortiz; por el Partido de la Revolución Democrática, César Antonio Chávez Castillo; por el Partido Acción Nacional, Eduardo Arias Aparicio y por el Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe Flores Valdez.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, hasta por 15 minutos.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ciertamente el análisis de la cuenta pública de 1994 y su evaluación, se inicia con este primer dictamen. No tenemos todos los elementos aún, para juzgar la honestidad o no con que se manejó esta cuenta pública y el destino de los recursos de millones de mexicanos. Sin embargo, hoy, lo que si hemos podido ya ubicar, es algunas anomalías que están señaladas en el propio cuerpo de la propuesta del dictamen, como otras más que están en el informe previo de la Contaduría Mayor.
Pero para nosotros, aunque esto es así, creemos que hoy el cuerpo del dictamen no puede ser avalado porque refleja algo contra lo que hemos estado, desde que se ha impuesto en este país, la política llamada neoliberal que favorece a sectores del aparato financiero y bancario. Esta cuenta, al igual que las anteriores, refleja que una parte importante del destino de los recursos, va para financiar la ineficiencia de sectores privados a los cuales se les han dado beneficios exagerados. Asimismo como en sectores prioritarios para la economía y se supone, para el bienestar de millones de mexicanos, se deja de ejercer el presupuesto autorizado.
En las reuniones que se llevaron acabo con los funcionarios públicos, encontramos evasivas, falta de respuesta, inexactitudes e incluso, un desdén por esta Cámara de Diputados para darle información complementaria suficiente, para analizar la cuenta pública. Ellos hasta el momento de las peticiones que se hicieron, que fueron variadas, no menos de dos o tres por sector, hasta el momento, en el caso del que habla, sólo ha recibido una sola respuesta. La información complementaria o ausente para analizar con mayor detenimiento la cuenta. Por lo tanto, no hay la información suficiente. Este solo hecho nos podría llevar a no aceptar los resultados, en principio.
Pero no sólo eso. Hay algunos elementos que ya hemos dicho en esta tribuna, que son de conocimiento público y que parecen intrascendentes en cuanto a la presentación de la cuenta y por supuesto, para los que la hacen.
En el sector Comunicaciones y Transportes, en el año de 1994, se erogaron 1 mil 585 millones de nuevos pesos más para carreteras. Pero este exceso que hubo, se destinó en una proporción aún mayor a este monto o sea, 1 mil 613 millones, para solucionar los problemas de ineficiencia financiera de 10 tramos carreteros, se dice, que tienen un alto contenido social y no encontramos repuesta a cuál era el alto contenido social de una carretera social que va de esta ciudad a la ciudad de Acapulco y que nadie transita por su alto costo o el alto beneficio social de la carretera que va de León a Aguascalientes, que nadie transita por su alto costo y así los 10 tramos carreteros y se les otorgan 1 mil 610 millones de pesos, para sacarlos de la crisis financiera o para solucionar problemas financieros a fondo perdido. Cierto que el Ejecutivo puede hacerlo, pero ¿a quién le pidió autorización moral para financiar a estos capitalistas ineficientes.
Por el contrario, en el rubro de la Sedesol se dejaron de ejercer 500 millones de nuevos pesos, cuando se supone que son recursos que benefician, se supone, lo subrayo, a sectores desposeídos o marginados de la población y aquí se dice que por problemas operativos no se gastaron estos recursos.
Otro ejemplo de cómo se orienta el gasto público lo tenemos, el ejercicio de él, lo tenemos en Pemex. Curiosamente se aprobó la desincorporación de la petroquímica básica y parecería no lógico que este año bajaran los recursos destinados a este sector. Pero los recursos para inversión de Pemex no empezaron a bajar este año, empezaron a bajar en 1993 y en 1994 también lo hicieron y resulta relevante que precisamente en el sector de la petroquímica básica, el rubro de inversión no se haya utilizado en un 41%, o sea, se preveía la privatización o fue una acción anterior deliberada para justificar esta privatización.
Se señala que hay problemas serios para mantener las reservas de petróleo, que uno de los problemas fundamentales es la exploración y los recursos previamente destinados a inversión en este sector no son utilizados plenamente.
Lo propio ocurre con otros rubros. Por ejemplo, todos reconocemos que en este país hay grandes deficiencias para la población, millones y millones de mexicanos; 40 decimos algunos, el Secretario de Hacienda dice que 13.5. Sin embargo, el programa de tortilla se mantuvo estático durante todo el año de 1994 y parece que en 1995 será lo mismo. El programa de abasto de leche disminuyó de 6.8 millones de litros a 4.9, se señala que porque se beneficiaba a sectores que no lo merecían, pero si aceptamos los 13 millones de pobres en este país, creo que aún nos falta mucho por apoyarlos mínimamente.
En ese sentido, nosotros y compañeros de otros partidos, hicimos múltiples cuestionamientos a esta orientación del gasto ejercido. Desafortunadamente por la mecánica que se sigue para la vigilancia del gasto siempre estaremos hablando a toro pasado. Hace 11 meses que se acabó de ejercer el gasto y hoy estamos empezando a discutir sus resultados.
No tenemos la atribución de vigilar su aplicación en el tiempo y en el momento que se concreta. Nos parece que en este sentido es menester que prestemos atención a las comisiones de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a las comisiones del propio Congreso, pero sobre todo, a impulsar la iniciativa de establecer mecánicas más ágiles y cotidianas de vigilancia del gasto para que sus desviaciones o modificaciones no se concreten.
El Presidente:
Esta Presidencia invita a todos los diputados a que ocupen sus lugares y correspondan al orador con la atención que se sirven reclamar cuando ellos hacen uso de la tribuna.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente:
Creo yo que elementos hay suficientes, considera nuestro partido que esta mecánica y que esta preeminencia que tiene el Ejecutivo sobre el ejercicio del gasto, si bien es legal, resulta muchas veces inmoral sobre todo cuando se ejerce para fines que no han sido previamente aprobados y segundo, sobre todo, para financiar a quiénes han sido los beneficiarios de la explotación de millones de mexicanos y de la crisis y de una crisis que hoy se agudizó, pero que en 1982 también tuvo sus efectos y tuvo sus beneficiarios y en 1985 y 1987 también los tuvo y que en la lógica del Gobierno deben de seguir siendo apoyados con recursos públicos.
Nos parece que esta disposición no es un problema sólo legal, sino, insistimos, un problema moral. ¿A dónde deben ir los recursos que se obtienen por ingresos de los millones de trabajadores de este país? ¿A solucionar los problemas de la mayoría de la población o a solucionar los problemas de la ineficiencia de sectores privados que han demostrado, como el bancario este año o como otros más en años pasados su gran ineficiencia y su falta de sensibilidad para compartir los costos de la crisis?
Por ello consideramos que no debe de ser apoyado este dictamen; sin embargo, también creemos que hay una parte positiva, se está y hay que reconocerlo, abriendo una parte de sensibilidad en la discusión que tenemos para hacer reclamos, recomendaciones y aún exigencias para que estas cosas empiecen a ser modificadas.
En ese sentido apuntan las peticiones, las recomendaciones del dictamen que se hace para que sean impulsadas por la Contaduría Mayor. Nos parece que esta parte del dictamen debiera ser apoyada y aún con limitaciones por diferencias tenidas entre las fracciones parlamentarias o por limitaciones de la propia ley que no permite hacer exigencias más contundentes si avanzan en el sentido de poner siquiera ciertos parámetros al actuar de las instancias del Ejecutivo y a que se vigile de una mejor manera la aplicación del gasto y su orientación. Por eso nosotros, en ese sentido, apoyaremos las recomendaciones, aunque, insistimos, aún mantenemos que la opinión de que debe de haber mayor puntualización y mayor exigencia y mayor energía en señalar estas recomendaciones que hoy se le hacen a la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se vigile y, en su caso, se revise, para su dictamen definitivo, el ejercicio del presupuesto de 1994.
Por su atención, gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado César Antonio Chávez Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, para el mismo tema y hasta por 15 minutos.
El diputado César Antonio Chávez Castillo:
Señor Presidente, antes que nada, quiero aclarar que vengo a leer un voto particular y no a fijar posición, para que quede claro en el Diario de los Debates y en la administración del tiempo, tengo derecho a 30 minutos.
Compañeras y compañeros diputados, vengo a leer el voto particular del Partido de la Revolución Democrática, un día antes de que venza el plazo para las instituciones y las dependencias públicas que fueron auditadas en el gasto público de 1993 y que ha traído como consecuencia dictámenes y recomendaciones de la Contaduría de Hacienda; por tal motivo, estamos revisando la cuenta pública de 1994 cuando no ha concluido el proceso de 1993; 23 meses después de que se cerró el ejercicio contable.
Voto particular en contra del dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.
Aspectos generales: El Partido de la Revolución Democrática sostiene que la práctica y el marco general con los cuales se ha venido revisando la Cuenta de la Hacienda Pública Federal presenta elementos de insatisfacción de tal importancia, que prácticamente han convertido al que debería de ser un ejercicio democrático republicano y expresión de la división de poderes de la Unión, en sólo un intranscendente ritual anual destinado a convalidar el manejo fiscal del Poder Ejecutivo y no a la revisión como ordena la Constitución.
La revisión de la cuenta pública correspondiente al año fiscal de 1994, por lo pronto, ha adolecido de los viejos problemas e insuficiencias, esos problemas están determinados por la combinación de elementos de diversa naturaleza entre los cuales destacan:
1o. Un marco normativo anticuado y deficiente que no está acorde ni con las necesidades políticas y técnicas ni con las correspondientes posibilidades de una fiscalización eficaz, plural, moderna, expedita y transparente de la cuenta pública.
2o. La práctica de la subordinación de los diputados del partido de Estado a los planteamientos del Poder Ejecutivo que ha evitado hasta ahora que la Cámara o su órgano técnico profundice en su primordial tarea de fiscalización.
3o. La insuficiente atención de la plenaria de la Cámara de Diputados a la calidad, eficiencia y productividad de los trabajos del órgano técnico, que es la Contaduría Mayor de Hacienda.
4o. Lo anterior ha derivado, entre otras cosas, en la poca seriedad con la cual algunas dependencias del Ejecutivo han atendido a su obligación de informar con precisión a la Cámara de Diputados y a la Contaduría Mayor de Hacienda sobre el ejercicio fiscal y presupuestal.
Así, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática cree asentar, en primer lugar, su decepción por la forma y el fondo del dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994.
Un machote que con muy insignificantes excepciones y unos cuantos datos actualizados podría referirse al año fiscal de 1989, 1992 ó 1993 o a cualquier otro año, es lo mismo. No parecería que estamos en 1995 discutiendo las políticas económicas que a finales de 1994 condujeron a la economía mexicana a la más grave crisis económica que han conocido estas generaciones.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha sostenido que durante el año fiscal de 1994, el Gobierno, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, cometió graves errores en la conducción de la política económica que se tradujeron en un enorme costo económico y social para el país, un grave riesgo para la soberanía nacional, en particular el acelerado e indiscriminado proceso de apertura comercial y financiera que inició en 1994 y culminó con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, combinando con el mantenimiento de una irresponsable política de sobrevaluación del tipo de cambio real del peso con el dólar norteamericano, produjo progresivamente, a lo largo del año, el abultamiento de los déficit en las cuentas comercial y corriente hasta niveles infinanciables.
Por otro lado, estos déficit fueron financiados por el estímulo al ingreso al país de capital de corto plazo, utilizando para ello una política de alta tasa de intereses reales que ha resultado sumamente costosa, tanto para las empresas como para las familias mexicanas.
Al generar este contexto de economía abierta un tipo de cambio sobrevaluado y altas tasas de interés reales, la política económica aplicada por el Ejecutivo durante el año de 1994, creó condiciones muy adversas para la competitividad de la planta productiva nacional y ventajas injustificables para los competidores extranjeros.
Se presentó un progresivo deterioro de importantes indicadores macroeconómicos del país a lo largo del año, tales como la precipitada reducción de las reservas internacionales del Banco de México, la presión por la elevación de las tasas de interés y la creciente presión de los inversionistas nacionales y extranjeros, para que los títulos de deuda pública interna ofrecieran garantías contra riesgos cambiarios.
Son inexplicables las equivocadas medidas adoptadas por las autoridades hacendarías y monetarias del país, que condujeron a aplazar el inevitable ajuste de tipo de cambio, cuando ya no existían reservas internacionales en el Banco Central y a permitir la conversión masiva de títulos de deuda interna sin protección de riesgos cambiarios, a títulos que indizaban su valor en moneda nacional al cambio de cotización del peso en dólar. A la postre, los acrecentados déficit de las cuentas comercial y corriente, aunados a la drástica reducción de las reservas internacionales del Banco de México, junto con la tesobonización de la deuda pública interna, fueron los elementos que finalmente determinaron la precipitación de la crisis económica mexicana, en condiciones de extrema debilidad y vulnerabilidad y que tienen postrado al país en la grave situación actual de recesión, inflación, desempleo, sobrevaluación externa y endeudamiento externo.
Dado que la política fiscal del año de 1994 se desarrolló con el contexto de la competencia electoral por la Presidencia de la República y la renovación de ambas cámaras del Congreso de la Unión y de la competencia para elegir al director de la Organización Mundial de Comercio, siendo patente y público el interés del titular del Ejecutivo, Carlos Salinas de Gortari, de ganar la dirección del organismo internacional y al no existir argumentos económicos sólidos que justificaran el aplazamiento del ajuste suficiente al tipo de cambio del peso en dólar, la permisibilidad de la salida de las reservas internacionales del Banco de México y la masiva conversión de deuda interna en Tesobonos, es presumible la responsabilidad del Ejecutivo Federal de priorizar sus objetivos, así como los fines electorales del partido en el Gobierno, por sobre los intereses económicos de la nación, lo cual obligó que el ajuste económico se realizara en condiciones de extrema debilidad, con mucho mayor costo económico social que el que se hubiera requerido de hacerse a tiempo y un grave riesgo para la soberanía nacional.
Por todo lo anterior, resultan inaceptables alusiones al desarrollo de la política económica durante 1994, en el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, tales como los siguientes:
En 1994, el saneamiento de las finanzas públicas continuó siendo un factor primordial para coadyuvar a la estabilización económica, al registrar resultados positivos en los balances presupuestal y primario. Página cuatro romano.
En la página cinco del dictamen señala que: "Sin embargo, el pago de intereses superó en 0.3% el producto interno bruto, a lo previsto por el incremento de las tasas de interés internacionales y el saldo de la deuda en el sector público presupuestario creció en 13.8%, como proporción del producto interno bruto".
Al compararse estas dos citas del dictamen y la información que ofrecen, se hace evidente que lo afirmado en la primera referencia, que la presunción de existencia de estabilidad económica al finalizar el año fiscal de 1994 es insostenible, como inexplicable es que ni en el dictamen ni en la propia Cuenta Pública Federal de 1994, se hagan alusiones suficientes a la liga entre la política económica, la de egresos, la de ingresos y en particular, la de deuda pública, que valúen en forma objetiva y profesional los graves desaciertos de política económica contenidos por el Ejecutivo, el gabinete económico y las autoridades monetarias durante este año.
Tanto el dictamen emitido por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública como el informe previo, que sobre la cuenta pública realizó la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la Cámara de Diputados, se caracterizan por su superficialidad, pues se limitan a pedir información adicional sobre los diferentes sectores o simplemente solicitan al Poder Ejecutivo que en los informes sectoriales se realicen comentarios amplios sobre las causas de las variaciones registradas tanto en el cumplimento de las metas programáticas, como del ejercicio de los recursos que se asignan a los sectores, con el fin de tener elementos para evaluar los resultados programáticopresupuestales que se reportan cada año, o peor aún, justifican o explican de manera muy superficial las desviaciones presupuestales que año con año, se repiten en el uso que el Ejecutivo da a los recursos públicos.
Asimismo se limitan a hacer recomendaciones al Ejecutivo Federal, para que se apegue a los ordenamientos legales, que se eviten rezagos en la ejecución de las obras, que haya congruencia entre la previsión de las metas y la asignación de los recursos, entre otras sugerencias.
De esta forma, más que una evaluación y una programación de acción de control, vigilancia, corrección y sanción, lo que la Contaduría Mayor de Hacienda y la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública realizan, después de su revisión es sólo una serie de justificaciones, recomendaciones administrativas, peticiones de mayor información y un relato meramente descriptivo, superficial y fuera de la realidad de lo que fue el ejercicio fiscal de 1994.
Por otra parte, en materia presupuestal nuestro grupo parlamentario no ha estado de acuerdo, no sólo en lo que se refiere a la aplicación del gasto público, sino también en lo que se refiere a la metodología para el ejercicio del gasto. Consideramos que al Ejecutivo Federal se le permiten atribuciones excesivas en términos de la capacidad para modificar partidas presupuestales en rubros, ramos y sectores, por tanto, al revisar la cuenta pública nos encontramos con enormes modificaciones al ejercicio del gasto.
Daremos algunos ejemplos de las desviaciones presupuestales que encontramos en la cuenta pública de 1994: encontramos secretarías de Estado que aumentaron su gasto de manera excesiva, ejercieron recursos más allá de los autorizados por esta Cámara de Diputados, en montos bastante elevados.
Así, por ejemplo, tenemos el caso de la Contraloría General de la República, donde su presupuesto registró un aumento del 90.2% respecto al originalmente aprobado; la Secretaría de Gobernación incrementó su presupuesto en un 27.5% respecto al original; la Secretaría de Relaciones Exteriores se excedió en su gasto en un 30.1%; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 41.2%; la Defensa Nacional en un 37.5%; Comunicaciones y Transportes en un 21.4%; la Secretaría de Marina en un 26.1%; la Procuraduría General de la República en un 45.9%; Energía, Minas e Industria Paraestatal, en un 82%.
En suma, tenemos varias secretarías de Estado, algunas muy importantes, en donde los incrementos entre el presupuesto original y ejercido, son de rangos extraordinariamente elevados.
Consideramos que son demasiadas las desviaciones presupuestales, además de que las variaciones respecto al presupuesto original son muy elevadas. A partir de esta situación, debemos plantear un cuestionamiento de reflexión.
¿Qué sentido tiene que la Cámara de Diputados revise, establezca las condiciones y apruebe el presupuesto de egresos de la Federación?, si el Ejecutivo Federal finalmente lo ejerce con toda la libertad de hacer los cambios que a él le parecen convenientes, sin respetar los criterios aprobados por el Poder Legislativo y cuyos resultados observamos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que revisamos año con año.
Otro punto importante que queremos destacar, es lo que se refiere al ramo 23, "Erogaciones no sectorializables". En lo correspondiente al gasto ejercido directamente por este ramo, en el informe previo de la cuenta pública de 1994, realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, se nos dice que el 39% del gasto programable del ramo 23 fue ejercido directamente y el 61% transferido a diversos ramos administrativos del gasto ejercido directamente por el ramo 23; 8 mil 99.4 millones de nuevos pesos, el 54.3%, se destinó al programa de apoyo al desarrollo regional; el 30.1% al de prestaciones económicas y sociales; el 7.8% al del gasto de contingencia; el 4.1% al del paquete salarial; el 2.6% al de justicia y seguridad nacional y el 1.1% del apoyo al mejoramiento de la productividad.
Al buscar en qué consistieron los gastos de cada uno de estos programas, nos encontramos que la Contaduría Mayor de Hacienda sólo presenta explicaciones vagas y superficiales sobre cómo, de qué manera, se ejercieron estos recursos, pero la explicación que más nos sorprendió acerca de que cómo se ejercieron los recursos presupuestales, es el de los gastos contingentes, ya que el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda nos dice que los recursos de este programa se ejercieron para sufragar erogaciones imprevistas en que incurrió el Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus funciones.
Si calculamos la cantidad que corresponde al 7.8% del gasto directo ejercido por el ramo 27 resulta que fueron gastados en 1994 sólo por una persona y para gastos imprevistos, la cantidad extraordinaria de 631.75 millones de nuevos pesos.
Pedimos que la Comisión de Vigilancia instruya a la Contaduría Mayor de Hacienda para realizar las auditorías necesarias para investigar exactamente en qué consistieron esas erogaciones imprevistas y en general se establezca claramente cómo se ejercieron los 20 mil 765.2 millones de nuevos pesos que conformaron el ramo 23 durante el ejercicio fiscal de 1994.
Compañeras y compañeros: finalmente existe actualmente un debate que no se da públicamente, en relación a establecer un sistema nacional de fiscalización y de contraloría.
El Presidente de la República en varias ocasiones se ha comprometido con este sistema.
Desde los Veinte Compromisos para la Democracia, cuando era candidato, en el lobby de esta Cámara de Diputados, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el informe presidencial ha establecido el Ejecutivo Federal la necesidad de establecer un sistema nacional de fiscalización y de contraloría que sea aceptado por todos.
Esta Cámara de Diputados no ha construido la interlocución necesaria para que esto ocurra en nuestro país.
Invito a todas las diputadas y a los diputados y a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, para que hagamos eco a esta necesidad que tiene nuestro país y de manera inmediata en el próximo periodo ordinario o en uno extraordinario, podamos construir los consensos necesarios para resolver este problema que tanto aqueja a nuestro país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alberto Rico y Samaniego, del Partido Acción Nacional, por 15 minutos.
El diputado Luis Alberto Rico y Samaniego:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Hoy, a esta Cámara que representa a la nación, nuevamente le toca dictaminar sobre los recursos y el uso de ellos que hizo el Ejecutivo Federal. La historia vuelve a escribirse, esta vez con el ejercicio del presupuesto de 1994.
A esta soberanía le toca hacer un juicio sobre la forma en que el Gobierno de la República usó lo recursos económicos de los mexicanos y nos toca ver con el análisis previo de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara, no sólo el Presupuesto de Egresos de 1994, sino si se cumplieron los criterios de política económica y el Plan Nacional de Desarrollo 19891994, que el propio Gobierno se fijó para alcanzar las metas que se dio desde 1989 y al finalizar 1993, para el año que terminó el sexenio de Carlos Salinas como Presidente de la República.
No es posible hacer un análisis numérico exclusivamente como lo pretende el PRI; no es posible decirle a los mexicanos que el trabajo de esta Cámara se circunscribe a la suma y resta de partidas, a la comparación de porcentajes, a hacer, en fin, un trabajo de aritmética simple. No, esta Cámara tiene una encomienda muy superior: emitir un juicio sobre el uso que el Gobierno hizo de los recursos que los propios mexicanos le encomendamos ese año.
El Gobierno fijó, como eje de la política económica, una reforma en tres vertientes: la primera, para el crecimiento económico, la segunda para la justicia y la tercera para la democracia.
Dejemos para otras ocasiones el análisis del aspecto de la justicia y de la democracia, éstas ya han recibido el juicio severísimo del mexicano y del propio presidente Zedillo.
Por ahora, veamos el crecimiento que el país alcanzó en 1994 que es sólo el 3.8% del producto interno bruto, mientras que en el Plan Nacional de Desarrollo se establecía para ese año una meta del 6%.
Este porcentaje tan bajo, comparado con la meta, se debió a la obcecada cerrazón del Gobierno de mantener un dólar barato, es decir, un peso sobrevaluado, haciendo que las grandes importaciones de bienes de consumo e intermedios, crearan empleos en Estados Unidos, mientras a los obreros mexicanos se les despedía de sus trabajos, aquí, en su país.
Así, el Gobierno mexicano con la sobrevaluación del peso y con la libre importación de bienes, hacía prosperar la economía estadounidense, mientras castigaba severamente a aquellos mexicanos que, arriesgando su patrimonio y hasta el de sus hijos, habrán tenido la osadía de abrir una pequeña o mediana industria.
Esos mexicanos, arriesgándose con créditos, con intereses altísimos hasta seis veces mayores que los de sus poderosos competidores extranjeros, creyeron que el Gobierno hacía posible la competencia equitativa, pero no. El Gobierno favoreció a los empresarios extranjeros, a los banqueros mexicanos y a los poderosos amigos del círculo interno del primer nivel. El Gobierno, al privatizar Teléfonos de México, se hizo de la vista gorda y permitió que los mexicanos pagaran 800 dólares por la instalación de un teléfono, que tardaba meses en ejecutarse mientras en Estados Unidos se pagaba 40 ó 50.
¿Por qué el crédito en México costó en 1994 cinco o seis veces más que en Estados Unidos? ¿Haría esto competitivo a la nueva y pequeña empresa generadora del 80% del empleo en el país? ¿Por qué las carreteras concesionadas son de las más caras del mundo? ¿Por qué emitió el Gobierno el equivalente, entre 1993 y 1994, a 30 mil millones de dolares en Tesobonos pagaderos a plazos cortísimos, sabiendo que el déficit de cuenta corriente crecía a pasos agigantados y la entrada de capital bajaba en caída libre?
¿Por qué favoreció la entrada del capital, que hoy viene y mañana se va, en lugar de favorecer fiscalmente las inversiones, esas que se anclan al piso, que crean empleos y no se pueden transportar ni desmantelar de la noche a la mañana? ¿Es esto conducir atinadamente la economía de un país.
Los diputados del PRI sostendrán que estas consideraciones están fuera de lugar, porque esta Cámara debe abocarse únicamente a lo que dispone la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que por tanto sólo debemos comparar cifras, porcentajes, partidas etcétera y que se verificó que las dependencias y entidades federales realizaron su gestión de acuerdo con apego a los siguientes preceptos jurídicos:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; Presupuesto de Egresos de la Federación de 1994; Ley de Adquisiciones etcétera.
Y que será la Comisión de Vigilancia y la Contaduría Mayor de Hacienda, las que a través de revisiones y auditorias, procedan en consecuencia dentro de un año.
Pero si de cifras y partidas hablamos, hablemos de lo que el dictamen que hoy se somete a consideración dice y que tomando de la revisión previa asienta: "En lo referente a deuda externa se incrementaron en 33.2% los intereses por el aumento de las tasas de interés internacionales y el ajuste de la paridad de la moneda".
Sobre lo anterior, cabe aclarar que la tasa Prime Rate en Estados Unidos se incrementó solamente algo así como el 2% durante todo 1994 y la tasa Libor una cantidad similar, además el ajuste de la paridad del peso sufrió una devaluación en abril del orden del 12% y escasamente en los últimos días de diciembre algo así como un 20%, lo cual obviamente no puede ocasionar un incremento del 33%.
El dictamen de la Comisión de Programación y Cuenta Pública, no incluye siquiera un señalamiento a que el saldo de la deuda del sector público al 31 de diciembre de ese año se incrementó en 211 mil 836 millones de nuevos pesos representando este incremento el 13.8%, discutible, del producto interno bruto, posiblemente sea muy superior. Esto representa el presupuesto de muchos estados y de muchas secretarías de Estado durante un año.
El dictamen tiene inconsistencias graves. Al señalar los saldos de la deuda externa e interna en 370 mil 403.3 y 181 mil 106.6 millones de nuevos pesos, lo cual, sumados, dan un total de 551 mil 500 (casi 12) millones de nuevos pesos; mientras en renglones subsecuentes establece la cantidad de 565 mil 819 con una diferencia entre ambas, del orden 14 mil millones de nuevos pesos. También en lo referente a ingresos ordinarios de organismos y empresas, sitúa el ingreso en 126 mil 323 millones de nuevos pesos, correspondiendo, dice, el 89.6% a recursos propios y el 10.2% a transferencias, es decir, 113 mil 185 millones de nuevos pesos de ingresos propios, mientras líneas adelante dice que el ingreso, el mismo, el ordinario de organismos y empresas ascendió a 108 mil 415.8 millones, con una diferencia entre ambas afirmaciones de casi 5 mil millones de nuevos pesos.
De las afirmaciones contenidas en la revisión que efectuó la Contaduría Mayor de Hacienda, se establecen porcentajes del producto interno bruto que representan el saldo de la deuda del sector público, de las deudas externa e interna y otros rubros; de esta forma, se obtienen cantidades diferentes del producto interno bruto, lo cual pone en seria duda la acuciosidad y la exactitud del dictamen.
En los considerandos se establece claramente que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública revisó la documentación presentada con la finalidad de conocer los resultados de la gestión financiera de la administración pública federal y comprobar, según el artículo 1o. del decreto, si se ajustó a los criterios señalados en los decretos del presupuesto de egresos y Ley de Ingresos y verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas contenidas en los programas e instruir a la Contaduría Mayor de Hacienda a que instrumente acciones concretas para corregir acciones y omisiones importantes.
Que el artículo 2o. establece que se analizó el cumplimiento de los objetivos y prioridades contenidos en los programas y su concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 19891994; que el artículo 3o. establece que se verificó la observancia por parte de las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos del 1994 con relación a los preceptos legales aplicables en el ejercicio presupuestal de 1994.
Que se dice con claridad que se analizó y se verificó la observancia de disposiciones, leyes decretos y ordena a la Contaduría Mayor que instrumente acciones concretas para corregir y posiblemente castigar lo que en materia de programas y disposiciones contables pueden ser omisiones y faltas, lo cual significa que hay un considerable número de irregularidades importantes.
El decreto en cuestión omite analizar el comportamiento del ramo de subsidios y transferencias y cabe aclarar que los subsidios dados a los intermediarios como fueron los molineros y los harineros, hicieron que éstos se beneficiaran y beneficiaran a grandes empresas relacionadas con la tortilla, con el pretexto del subsidio al abasto de este popular alimento.
El decreto también omite hacer ningún señalamiento sobre el uso oscuro del fondo de contingencia, que se dijo por el presidente Salinas, serviría para pagar la deuda y ésta no sólo no diminuyó, sino aumentó según el propio documento establece, en nada menos que 211 mil 836.7 millones de nuevos pesos, cifra estratosférica.
Acción Nacional, congruente con su doctrina social humanista, sostiene que el ejercicio del gasto de un Gobierno, debe promover al hombre y sus comunidades, como la familiar, como la del trabajo, como su municipio y su Estado, a niveles superiores de bienestar y de bien vivir.
De tal manera que la economía, el presupuesto, el gasto, la deuda externa e interna estén precisamente al servicio del hombre y no éste al servicio de la macro o microeconomía.
Por eso, Acción Nacional y sus diputados, por el compromiso éticosocial con México, no aprobarán la cuenta pública de 1994, precisamente porque sirvió para empobrecer a millones de mexicanos y enriquecer a muy pocos, a dejar precisamente al país colgando de un hilo que especuladores mexicanos y extranjeros se aprestan a cortar.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Guadalupe Flores Valdez, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Anastacia Guadalupe Flores Valdez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Acudo a esta tribuna para hablar en nombre de mi fracción parlamentaria, del PRI, en favor del dictamen que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, presenta a la consideración de esta soberanía, respecto de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994.
Corresponde a esta representación nacional dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política Mexicana, con objeto de proceder al análisis, revisión y en su caso, aprobación del dictamen, sobre los resultados alcanzados en dicho ejercicio fiscal.
Es preciso destacar que este proceso de fiscalización adquiere un carácter integral en virtud de que al inscribirse dentro de la estructura programática del sistema nacional de planeación, debe dar cuenta de lo alcanzado, permitiéndonos con ello realizar una evaluación objetiva y razonada de los propósitos y metas que animaron las políticas de la administración pública federal durante 1994.
El ejercicio de las atribuciones de control y de fiscalización que nuestro ordenamiento jurídico le confiere a esta Cámara de Diputados, se orientan a revisar si se observó el marco jurídico y si los resultados de la gestión gubernamental tienen un soporte contable y financiero transparente, lo que a la vez nos permite conocer si la aplicación de los recursos públicos se hizo de manera eficiente, sin dispendios ni desviaciones.
En definitiva, es atribución legal de esta soberanía vigilar que las acciones de Gobierno se traduzcan en mejores condiciones de vida para la ciudadanía.
El dictamen que hoy se presenta está sustentado en el informe previo que envía a través de la Comisión de Vigilancia, la Contaduría Mayor de Hacienda. Dicho informe se integra a partir de las revisiones, análisis y evaluaciones que el órgano técnico consideró pertinente realizar respecto del ejercicio fiscal de 1994.
Por su parte, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, celebró audiencias con los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal, con objeto de ampliar la información, así como conocer los pormenores de los resultados generales en materia de finanzas públicas y del ejercicio presupuestal. Fue así como en nueve reuniones de trabajo en donde participaron los diputados de la comisión dictaminadora y de otras comisiones con atribuciones sobre la materia, se examinó y evaluó el ejercicio de los ingresos y de los gastos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas de los principales programas y subprogramas del Ejecutivo Federal.
¿Cuáles son los aspectos más relevantes y significativos que se incorporan al dictamen como resultado de los trabajos de análisis y revisión realizados por la comisión dictaminadora y el órgano técnico de esta honorable Cámara de Diputados.
Durante el ejercicio de 1994, se observó que en términos generales los preceptos normativos y los principios de contabilidad gubernamental se cumplieron y las salvedades e incumplimientos que se detectaron quedaron debidamente identificadas en primera instancia, correspondiéndole a la Contaduría Mayor de Hacienda dar el seguimiento que permita su corrección.
En segundo término, el dictamen muestra los resultados principales de la gestión financiera presupuestal de las dependencias y entidades públicas, con objeto de determinar si se ajustan a lo establecido en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
El propósito último es constatar si la información financiera que se presenta en la cuenta pública cumple con los lineamientos aprobados en ley por esta soberanía.
Ciertamente se trata de resultados preliminares y de observaciones generales que ameritarán un estudio más pormenorizado y un programa de auditorías específicas.
En 1994 el saneamiento de las finanzas públicas contribuyó a lograr resultados positivos en los balances presupuestal y primario. Los ingresos ordinarios del sector público ascendieron a: 323 mil 717 millones de nuevos pesos, monto superior en 8.3% a lo estimado en la Ley de Ingresos y 4.2% real, respecto de 1993.
Como porcentaje del PIB, dichos ingresos representaron el 25.8%, proporción que representó: 1.5 puntos porcentuales más que la estimación inicial.
Respecto de las metas establecidas, los ingresos ordinarios del Gobierno Federal tuvieron una variación positiva de 9.5%, mientras que los de los organismos y empresas crecieron un 5.9%.
Por lo que se refiere a la política general del gasto público durante 1994, se mantuvo la estrategia de ajustar el nivel de las erogaciones al de los ingresos para lograr el equilibrio presupuestal, asignar los recursos de manera selectiva, dándole prioridad a los programas sociales, procurando una mayor eficiencia en la asignación y ejercicio de los recursos.
El gasto neto devengado del sector público presupuestario ascendió a 325 mil 812.1 millones de nuevos pesos, cifra superior en 7% a lo presupuestado y como proporción del producto interno representó el 26%.
El gasto programable alcanzó un monto de 249 mil 480.5 millones de nuevos pesos, cantidad superior en 5.9% a la prevista; dicho resultado fue consecuencia de haber destinado más recursos al gasto social y al gasto de inversión en áreas estratégicas y prioritarias.
Por sectores el gasto programable se distribuyó de la siguiente manera: 52.6% en desarrollo social; 20.9% en el sector energético; 6.6% en desarrollo rural; 6.4% en comunicaciones y transportes; 5.3% en justicia y seguridad; 3.6% en comercio y 4.6% en los sectores administración industrial y minería, turismo y pesca.
El gasto del sector desarrollo social ascendió a 128 mil 636.4 millones de nuevos pesos, superior en 3% a la meta proyectada. Los incrementos principales se registraron en los siguientes subsectores: desarrollo urbano con un 32.7% de incremento respecto al presupuestado; educación con un 2.9%; salud laboral creció 2.7%.
El gasto no programable se situó en 76 mil 331.6 millones de nuevos pesos, lo que constituye una variación del 10.7% a la meta original. Conviene señalar que más de la mitad de estos recursos se canalizaron a participaciones a estados y municipios, rubro que experimenta un incremento de casi 6% real como resultado del incremento en la recaudación federal participable. El resto de las erogaciones no programables se destinaron para atender el costo financiero de la deuda externa, el cual se vio afectado por el alza en las tasas internacionales.
El balance presupuestal, sin incluir los ingresos extraordinarios de la desincorporación, resultó superavitario en un 1 mil 298.1 millones de nuevos pesos, saldo favorable respecto a la estimación original. El balance primario también reflejó un saldo positivo equivalente a tres puntos porcentuales del producto interno bruto.
En materia de deuda pública se lograron resultados parciales. Si bien el endeudamiento neto externo ascendió a 3 mil 618.8 millones de dólares, lo que representó un monto inferior en 27.6% al autorizado por el honorable Congreso de la Unión, el saldo de la deuda externa del sector público se incrementó como proporción del PIB, al haberse modificado la paridad cambiara.
Por su parte, el saldo de la deuda pública interna se incrementó en términos reales y como proporción del PIB, al haberse revalorizado los Tesobonos al cierre del ejercicio.
Los resultados del proceso del redimensionamiento del sector público iniciado en 1983 fue el siguiente: 215 entidades paraestatales vigentes y 34 en proceso de enajenación. Durante 1994 se concluyeron 24 procesos de desincorporación, generando un ingreso total de 2 mil 828 millones de nuevos pesos y 532.2 millones de dólares mismos que ingresaron al fondo de contingencia.
La aplicación de los recursos depositados en dicho fondo se destinaron para cancelar la deuda interna por valor de 13 mil 851.4 millones de nuevos pesos. En términos generales se puede constatar que la mayor parte de las metas globales en materia de finanzas públicas se alcanzaron, como resultado de la evolución favorable de los ingresos públicos, de la disciplina presupuestal y del equilibrio fiscal registrado.
Cabe señalar que de acuerdo al artículo 14 del decreto aprobatorio del presupuesto, es posible tener mayores erogaciones si se tienen ingresos adicionales; la diferencia entre lo autorizado por esta soberanía y lo ejercido al final del año tiene precisamente su fundamento en este artículo.
Compañeras y compañeros diputados: el dictamen que hoy se discute es el resultado de un proceso de trabajo e intercambio de opiniones a partir de tres soportes básicos; por un lado, la presentación de la cuenta pública realizada por el Ejecutivo Federal, las nueve reuniones con representantes de diversas secretarías y dependencias de la administración pública federal, para analizar en detalles específicos el ejercicio fiscal de 1994 y el informe previo rendido por el órgano técnico de esta soberanía.
El desarrollo de este proceso constitucional de revisión de la cuenta no ha concluido, constituye una primera aproximación para evaluar lo realizado y lo que faltó por hacer. En esta última situación se prestó especial atención a las explicaciones sobre variaciones en el ejercicio de los recursos públicos y las salvedades o deficiencias detectadas, las cuales serán objeto de mayor estudio por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda.
En este sentido esta comisión dictaminadora propuso una serie de medidas para mejorar el análisis programático, financiero y de metas, así como un conjunto de medidas correctivas para mejorar la estructura de la Cuenta Pública Federal.
Corresponde, pues, ahora a la Contaduría Mayor de Hacienda, a la Comisión de Vigilancia, practicar las auditorías específicas para integrar el informe de resultados definitivos.
Por lo anterior expuesto y para facilitar la fiscalización de esta Cámara a través de la Comisión de Vigilancia y su cuerpo técnico, con todo respeto, conminamos a todos ustedes para que demos un voto a favor del presente dictamen.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que se han registrado, para la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes diputados: en contra, por el Partido Acción Nacional, Eduardo Arias Aparicio; en contra, del PRD, Pedro René Etienne Llano; en pro, Filemón Ramírez Pérez, del PRI y también, en pro, Cándido Pérez Verduzco, del PRI.
Consecuentemente tiene la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio, del PAN.
El diputado Eduardo Arias Aparicio:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la revisión de la cuenta pública y que esta revisión tendrá por objeto lo siguiente: Conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
El mismo artículo, además, establece que si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
En estricto sentido legislativo, este debate debiera hacerse cuando la Contaduría Mayor de Hacienda, entre ella, la Cámara de Diputados, el informe sobre el resultado de la revisión de la cuenta pública en los 10 primeros días del mes de septiembre del año siguiente al de su recepción. Esto quiere decir que estaríamos debatiendo la cuenta pública 22 meses después de que fuera ejercida, lo cual, desde luego, suena absurdo. Es urgente adecuar los tiempos marcados tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda para que la entrega de los documentos de la cuenta pública, así como el proceso de revisión se dé en el año inmediato siguiente a su ejercicio.
Sin embargo el calendario legislativo marca este tiempo para discutir la cuenta pública, por lo que podemos considerar que ésta es una revisión previa o preliminar de la cuenta pública de 1994.
En el dictamen, con el que no estamos de acuerdo, se indica que con base en el informe previo, en las observaciones emanadas de las reuniones de análisis entre la comisión dictaminadora y servidores públicos del Poder Ejecutivo y con fundamento en la legislación aplicable, se procedió a elaborar el dictamen respectivo con el propósito de sustentar el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 1994.
Se les olvidó mencionar que otro documento que tenemos precisamente los diputados, es el documento del que se parte para la revisión; es decir, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994, prácticamente se hace mención sólo al informe previo y esto, ya que el presente dictamen fue sacado al vapor, es sólo un mal resumen de dicho informe previo. Se puede constatar párrafos completos transcritos y con algunos errores de transcripción.
Con base en esta información del Ejecutivo y la previa de la Contaduría Mayor y con las limitaciones de tiempo que se tuvo, puesto que el informe previo fue entregado tan sólo hace ocho días, se concluye que el gasto público no se apegó a los criterios señalados en el presupuesto de egresos de 1994 y las dependencias del Ejecutivo no ejercieron correcta y estrictamente sus presupuestos conforme a los programas y subprogramas aprobados.
A continuación analizo brevemente cuatro aspectos que nos indican que no se cumplió ni los objetivos de los programas ni el ejercicio estricto de su presupuesto; estos cuatro aspectos son los siguientes:
a) Cumplimiento de los programas:
b) Observancia de los preceptos legales:
c) Ejercicio del presupuesto:
d) El seguimiento de las recomendaciones.
En relación al cumplimiento de los programas, la Contaduría Mayor de Hacienda realizó una evaluación selectiva de los programas que para alcanzar los objetivos y metas de la política económica se fijaron los 10 sectores en que está dividida la administración pública y la contaduría analizó 31 programas. Vamos a ver algunos ejemplos de este análisis.
Veamos en el sector desarrollo rural e integral. Si tomamos el programa 3F, que tiene como título "fomento, promoción y aprovechamiento para la producción y productividad primaria e industrial" y en donde el Ejecutivo se estableció como objetivo en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1994 el contribuir a elevar la producción y productividad agropecuaria, forestal y agroindustrial, encontramos lo siguiente:
En 1994 la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos heredó, en el programa citado, 1 mil 255 millones de nuevos pesos, monto que superó en 37.2% lo presupuestado.
Dentro del análisis que hace la contaduría, seleccionó uno de los cuatro subprogramas para su evaluación, que fue el 01, que tiene como título "fomento agrícola", y lo seleccionó porque su gasto representó el 62% del ejercido en el programa y los resultados de su evaluación de este subprograma fueron los siguientes: se gastó un 56% más de lo presupuestado y a pesar de ello se cumplieron parcialmente las metas; es decir, se gastó más y se obtuvo menos. Por ejemplo, para coordinar y operar las acciones en las áreas agrícolas de 1 millón 500 mil hectáreas programadas, únicamente se cubrió el 12.9%.
Veamos otro ejemplo. En el programa A, desarrollo de áreas de riego, y analizando el primer subprograma que es irrigación mayor, tenía como meta incorporar superficie nueva a riego y sus resultados fueron los siguientes: con un gasto similar al presupuesto original, sólo se cubrió el 53% de la meta establecida.
En el programa F, los resultados fueron inferiores a lo programado en 29% respecto a la construcción de obras y 66.7% en capacidad instalada de agua potable.
Veamos otro sector, vamos al sector educación. Programa DA, educación básica, con un sobregiro de 16.1% en los resultados totales de la Secretaría, vemos que el subprograma 01, educación preescolar general, se cumplió el 88% de la meta prevista, pero eso sí, con una erogación superior al 25% de lo presupuestado. Es decir, en los cuatro subprogramas comentados se hizo menos, pero eso sí, se gastó más.
Veamos algo que no sea únicamente datos negativos, vamos a ver algo positivo, también tenía que tener algo positivo esto. Programa DH, apoyo a la educación. En el subprograma 01, becas e intercambio educativo, la Secretaría de Educación Pública superó en un 13.9% la meta fijada en becas. La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, superó la meta en un 2.1%; el Consejo Nacional de Fomento Educativo, superó la meta en 1.7%, excelente, pero además, lo hicieron con un gasto ligeramente inferior al presupuesto, entre 1.5% y 5% inferior a lo que marcaba el presupuesto.
Y ¿cómo lograron esta eficiencia?, la explicación es muy sencilla, se otorgaron más becas con una menor erogación de recursos, porque se autorizaron becas por única vez y con vigencia de un mes a alumnos de educación básica en el Distrito Federal, en lugar de becas normales que serían otorgadas por un periodo de 10 meses, es decir, para decir que tuvieron una eficiencia excelente, dieron becas por el término de un mes en lugar de 10 meses. Magnífico ejercicio del presupuesto y para maquillar las cifras que en un momento dado se presentan a esta Legislatura.
Vamos a ver ahora la observancia de las leyes. Del informe previo se concluye que las entidades y dependencias incumplieron más de 30 artículos de las leyes aplicables y el dictamen hace una serie de recomendaciones para que se observen los preceptos legales; la observancia de la ley obliga a todos, pero más a los que forman parte del aparato del Estado.
Con respecto a cómo se ejerció el presupuesto, veamos lo siguiente: en el dictamen aprobatorio del presupuesto para 1994, se indicaba, entre otros objetivos y acciones, los siguientes: consolidar la recomposición del gasto público, dando prioridad al desarrollo social, al desarrollo rural y a infraestructura social y económica del país, ejercer las erogaciones públicas con eficiencia, selectividad y la más estricta disciplina presupuestal.
Ya vimos algunos ejemplos de como se hizo esta selectividad en programas de urgencia social, pero vamos a algunos otros ejemplos.
En la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se ejerció un 17% arriba del presupuesto aprobado; en la Secretaría de Educación se ejerció un 12% superior a lo presupuestado; en la Secretaría de Pesca se ejerció un 4% adicional; en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se erogó un 2% menor a lo presupuestado. Estas son algunas de las áreas de gran contenido social a las que se les iba a dar prioridad y si en estas áreas se dio un incremento máximo de un 17%, para ser congruente el Ejecutivo, deberíamos esperar que en otras áreas el gasto fuera menor a este 17% o ligeramente superior a lo programado, pero no fue así. Veamos los siguientes datos:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerció 2 mil 100 millones de nuevos pesos arriba de lo presupuestado, es decir, un 41% adicional; en la Procuraduría General de la República se gastó un 46% superior a lo presupuestado y en la Contraloría General de la Federación un escaso 90% arriba de lo aprobado por la legislatura anterior para el presupuesto de 1994.
Y en algunas de las empresas también vamos a ver qué fue lo que pasó con ellas: la Productora e Importadora de papel gastó un 84% arriba de lo presupuestado y Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios, un 190% arriba de lo presupuestado. Esto es en comparación con el escaso 5%, 6% y 17% máximo que se gastó adicionalmente e indebidamente en aquellos sectores que iban a ser prioritarios para el Ejecutivo.
Pero adicionalmente los programas que tuvieron más incremento fueron en muchos casos los destinados al área administrativa. Veamos algunos ejemplos.
La Secretaría de Gobernación gastó un 107% arriba de lo presupuestado en el área administrativa; la Secretaría de Agricultura, en el mismo programa, también gastó un 107% superior; la Secretaría de Hacienda, para aspectos administrativos gastó también un 58% adicional a lo presupuestado.
Con lo anterior vemos que no se cumplieron los objetivos indicados en el presupuesto de egresos.
El otro aspecto que indicamos que trataríamos, es respecto a las recomendaciones. Todos los años, en el dictamen que rinde la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, hace una serie de recomendaciones para que el Ejecutivo Federal, en el siguiente año, corrija y adecúe su ejercicio bajo esas recomendaciones, pero la realidad es que poco caso hace el Ejecutivo a lo que se dice en la Cámara de Diputados.
En los dictámenes de cuenta pública de 1991, 1992 y 1993, se hicieron 51 recomendaciones de las que el Ejecutivo ha atendido únicamente el 53%. Esto, compañeros, es el valor que le da el Ejecutivo a lo que de esta Cámara sale, porque para lo único que la aprovecha es para justificar y legalizar sus acciones.
Por todo lo anterior y por lo indicado por el diputado Luis Rico y Samaniego, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está en contra de aprobar el dictamen.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Filemón Ramírez Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Filemón Ramírez Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Una de las prácticas más sanas de la democracia es la atribución que el mando constitucional les confiere a los representantes populares para verificar la calidad, transparencia y eficiencia de las cuentas que el Poder Ejecutivo rinde a la sociedad mexicana.
Para la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional el dictamen sobre los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal constituye una de las acciones de control y de fiscalización más importantes que realiza el Poder Legislativo. Se trata de vigilar y de evaluar la correcta y eficiente aplicación de los recursos públicos en la consecución de objetivos sociales.
La rendición de cuentas a esta soberanía debe ser clara y objetiva, aportando elementos de análisis e información suficiente para encauzar las deliberaciones hacia los resultados concretos.
El dictamen que hoy se somete a la consideración de esta soberanía formula una serie de acciones para que el órgano técnico profundice en diversas materias, como la calidad de la fiscalización, disponer de información oportuna y una asignación eficiente de los recursos presupuestales. Se trata de 21 recomendaciones agrupadas en cinco capítulos centrales: mejorar la asignación de recursos presupuestales.
El dictamen enfatiza la importancia de la asignación eficiente y oportuna de recursos para la ejecución de los programas prioritarios, destaca la importancia de disponer de indicadores de gestión y de productividad para el adecuado seguimiento de los programas sustantivos en todas las dependencias y entidades del sector público. Recomienda a las dependencias globalizadoras a adoptar las medidas pertinentes para que los convenios de saneamiento financiero se traduzcan en metas y compromisos específicos en materia de eficiencia.
Una acción igualmente importante en este sentido tiene que ver con la complementariedad de esfuerzos que realizan las dependencias públicas. Deben evitarse duplicidades y dispendio de recursos, sobre todo en aquellos programas destinados a comunidades indígenas, como la difusión y promoción de actividades en materia turística.
Evaluación de criterios: uno de los criterios centrales para determinar la orientación del gasto público debe estar sustentado en la evaluación de los costos y beneficio de la acción pública.
La política de gasto público debe definir prioridades y ejecutarse conforme a objetivos y metas específicos. Una correcta evaluación de programas y proyectos guía el proceso de toma de decisiones y optimiza los recursos escasos.
Especial énfasis se deberá dar al otorgamiento de concesiones en carreteras y servicios de telecomunicaciones.
Particularmente la comisión dictaminadora insistió en revisar los programas sociales para que se incluyan medidas que contribuyan a elevar su eficiencia y rentabilidad social. El propósito es ampliar la cobertura de servicios sin por ello relajar controles para una efectiva supervisión y seguimiento.
En este sentido deben evitarse los subejercicios en los programas de contenido social, aduciendo problemas operativos o calendario.
Optimización de subsidios: dada la escasez de recursos, es muy importante reforzar las acciones que permitan la canalización de subsidios y transferencias, debe de evaluarse eficiencia a la luz de los resultados alcanzados.
En las circunstancias actuales deberá de vigilarse que los estímulos y apoyos lleguen a la población objetivo.
En el caso del programa social de abasto, se deberán de conciliar los padrones de los subprogramas de leche y tortilla.
Descentralización: la diputación priísta considera que la descentralización del presupuesto es un proceso integral, que no se limita a transferir programas o recursos, sino también responsabilidades.
Por ello se recomienda revisar el proceso de descentralización del sector salud del ramo 25 en materia de federalización educativa y de desarrollo regional.
Es necesario disponer de mecanismos especiales para un control, supervisión y fiscalización de los recursos que se transfieren en el marco de colaboración y respecto a los ordenes de gobierno.
Sobre el particular estaremos muy pendientes los diputados priístas.
Mejorar la fiscalización: todas las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea, hemos coincidido en la necesidad de fortalecer las acciones de fiscalización en el marco de la división y el equilibrio de poderes.
La Contaduría Mayor de Hacienda deberá de consolidar los avances que en los últimos años se han emprendido para modernizar sus funciones y procedimientos de trabajo.
Para apoyar estos esfuerzos, y a la luz de los resultados preliminares ofrecidos por la Contaduría Mayor de Hacienda, se recomienda incluir en las revisiones que realice respecto a la cuenta pública de 1994, una evaluación pormenorizada de los resultados de los programas y proyectos de las dependencias y entidades.
Asimismo que se revise de manera detallada los ejercicios o subejercicios de gastos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a efecto de disponer de información oportuna y específica sobre dichos resultados.
En materia de desincorporación, se recomienda una estrecha supervisión y seguimiento de los procesos de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias, para lo cual el Ejecutivo Federal deberá de reforzar sus sistemas de información y los procedimientos de registro y control de los recursos que se canalizan al fondo de contingencia para hacer transparente su aplicación directa conforme a los fines que motivaron su constitución.
Honorable Asamblea: como lo hemos dejado señalado en esta intervención, el manejo de los recursos públicos que el pueblo confía en los funcionarios, es uno de los aspectos que deben de responder al criterio de transparencia, es un reclamo básico de la vida democrática con la correcta aplicación de la ley que hemos de ver sobre todas las cosas como un instrumento que orienta y evita la inadecuada utilización de los recursos públicos y con la atención vigilante de parte de esta Cámara de Diputados, se lograrán al consolidarse un federalismo que responda a nuestras necesidades, los recursos públicos sirvan para ofrecer mejores servicios y atenciones a la sociedad mexicana, por ende, ayuden a elevar el nivel de nuestra convivencia.
Muchas gracias.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, para rectificar hechos.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Realmente resultan preocupantes los aplausos a la autocomplacencia. Es muy difícil hacer un análisis de la chequera del Presidente de la República y siendo el Pronasol la chequera del Presidente de la República, pues aquí resulta muy difícil como se ha ejercido y yo siento que los compañeros del principal partido de la derecha de este país, el PRI, han estado rehuyendo el debate y han estado describiendo únicamente la cuenta pública, sin hacer pronunciamientos críticos al respecto, quedando muy por debajo de lo que la sociedad espera de esta soberanía.
En concreto, yo quiero decir sobre el Pronasol lo siguiente: en primer lugar, la cantidad ejercida por el rubro solidaridad durante 1994, resulta 864 millones de nuevos pesos menos a la autorizada por esta soberanía, pero sin embargo, el gasto de solidaridad resulta en 1 mil 325 millones de nuevos pesos más y esto se debe, nos dice el documento de la cuenta pública, a que se transfirieron a otras dependencias y organismos, cantidades para que realizaran obras bajo el rubro solidaridad.
Al respecto, queremos señalar lo siguiente, nos parece injustificable la práctica de seguir enmarcando dentro del Pronasol, programas que no estaban incluidos originalmente en él y que finalmente utilizaron sus recursos.
La fracción parlamentaria del PRD solicita que toda la información sobre el ramo 26, solidaridad y desarrollo regional, que haya en la cuenta pública, sea concentrada en el capítulo referente a solidaridad y que se nos hagan las cuentas claras, que no se nos escamoteen y haya que perseguir a las cifras a lo largo de todo el documento.
Segundo, de las cifras se desprende que el presupuesto de solidaridad se ha venido incrementando; sin embargo, ha sido totalmente insuficiente, ya no digamos para reducir, sino ni siquiera para suavizar los efectos del programa económico neoliberal salinista que este Gobierno y la mayoría de este Poder Ejecutivo sigue apoyando.
En el sexenio de triste memoria que terminó el año pasado, cada pobre recibió de el Pronasol la fabulosa cantidad de 34 nuevos centavos diarios. En 12 años, el gasto real por habitante en los rubros que comprende el Pronasol, se redujo a un 50%.
Ahora bien, hay que señalar en tercer lugar, la dimensión política o el carácter político del Pronasol. No es únicamente esta fracción que lo dice, sino varios de los evaluadores del programa, porque el Pronasol ha sido el programa más evaluado de las últimas administraciones. El Pronasol fue un instrumento político para favorecer la figura presidencial.
Cientos de obras que se hicieron con los recursos del pueblo y que se hicieron por otras dependencias, a final de cuentas llevaron la marca solidaridad y la tristemente célebre marca de Carlos Salinas de Gortari.
Las decisiones fundamentales sobre solidaridad se siguen tomando por el Ejecutivo en el centro de la República, haciendo que las propuestas del Pronasol en el sentido de federalizar el programa no se cumplan, porque se sigue decidiendo aquí desde el centro, lo fundamental, pasando sobre la sociedad y la soberanía de los estados.
Viola la Constitución Política, la manera como se ejerce el Pronasol, deja demasiada discrecionalidad al Ejecutivo y concentra demasiado recursos en la Secretaría de Hacienda.
Finalmente, yo pienso que la evaluación fundamental que esta soberanía debe demandar del Pronasol es si fue capaz el Pronasol de reducir el número de pobres que hay en este país, que a pesar del incremento presupuestal que tuvo y a pesar de la propaganda sensiblera que desplegó a lo largo del sexenio salinista, se redujera el número de pobres y en este sentido, el Pronasol sale muy mal librado, porque en el sexenio que se echó a andar este tristemente celebre programa, el número de pobres en el país no únicamente no se redujo, sino se aumentó; aunque viéndolo bien, podríamos decir que el Pronasol sale bien librado en otro sentido. Si bien el Pronasol no fue capaz de reducir el número de pobres, parece y esto debe de investigarlo bien la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, parece que el Pronasol sí fue muy eficiente, no para reducir los pobres, sino para incrementar el número de presidentes municipales, de diputados, de gobernadores y hasta Presidente de la República priísta. Esto hay que considerarlo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Siguiendo con el orden de oradores, tiene la palabra el diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su venia, señor Presidente:
En el trasfondo de esta discusión está un problema de vital importancia para la Cámara de Diputados, porque más allá del dictamen, estamos discutiendo cómo ejercer las facultades de control y fiscalización de la cuenta pública que constitucionalmente tiene esta soberanía. Este ha sido el sentido del voto particular que a nombre de la fracción del Partido de la Revolución Democrática presentó el diputado César Chávez; ha sido también parte de las preocupaciones que escuchamos en la intervención del diputado Eduardo Arias; y cabe preguntarnos si efectivamente el dictamen a discusión contribuye a ejercer estas facultades, si los señalamientos del informe previo están contemplados plenamente y si hay, por lo tanto, una posibilidad de seguimiento para ejercer, a plenitud, las facultades constitucionales de control y fiscalización del gasto público.
Cualquiera de nosotros, con una lectura a fondo del documento, puede comprobar que nuevamente se presenta un dictamen deformado, que contempla ligeras matices de críticas y señalamientos, pero que en conjunto es un dictamen muy alejado de la realidad y un dictamen ineficaz para ejercer plenamente las facultades de control y fiscalización que tenemos.
Para que esto no quede como una simple afirmación, bastaría que leyéramos la parte contemplada en este dictamen. Cito textualmente: "Los ingresos del sector público presupuestario, representaron el 25.8% del PIB debido a los efectos de la mayor actividad económica".
Más adelante, con los resultados de 1994, se concluye que se alcanzaron casi todas las metas globales de finanzas públicas.
Después de estas "perlas", algunos de nosotros nos preguntamos si el dictamen no estaría refiriéndose a otro año o incluso a otro país. Pero más adelante, al evaluar programas, señalan aspectos y generalidades que son francamente inadmisibles, porque no resisten la más mínima comparación con la realidad que vivimos.
Dice y vuelvo a citar el dictamen: "la producción de carne creció 7.6% por mayor demanda interna de la carne de res y de aves". Más adelante en la misma página: "la superficie cultivable en áreas de riego y de temporal, superaron las metas trazadas por una mayor rehabilitación de unidades de riego por bombeo eléctrico". En la página siguiente: "el incremento de la producción pesquera aumentó la disponibilidad de especies para el abasto de la industria y el mercado interno".
Cabría, al escuchar estas afirmaciones, preguntarle a la realidad, pero sobre todo, a la que viven la mayoría de los mexicanos, si son sostenibles estas formulaciones del dictamen a discusión.
Sin embargo, donde más grande es el abismo con la realidad, es cuando el dictamen aborda el problema de la deuda pública. Dice en efecto: "los objetivos en materia de deuda externa, se cumplieron parcialmente, teniéndose en sus aspectos positivos el afianzamiento de presencia en los mercados internacionales de capitales".
Compañeros diputados: si esta afirmación fuera cierta, la angustia que ha vivido las autoridades financieras durante 1995, sería entonces un mito genial que habría que incluir en este diccionario elaborado por los tecnócratas de Hacienda.
Dice más adelante: "la política de deuda interna se orientó a disminuir su costo financiero y a ampliar su periodo de vencimiento por la revalorización de los Tesobonos". Pero en ese año, el de 1994, la colocación primaria de los Tesobonos, fue de 16 mil, 675 millones de dólares, colocación que no pago por la aprobación de esta soberanía y ya sé que alguno de los abogados expertos en defender lo indefinible, van a argumentar que técnicamente fue deuda interna y que por lo tanto no tendría por qué pasar por la aprobación de la soberanía del Congreso. Pero al ser título indexados al tipo de cambio y dada la libre convertibilidad, se constituyó en un verdadero "sifón" sobre nuestras reservas.
Por ello afirmamos que cuando el dictamen establece que los objetivos en materia de deuda durante 1994 se cumplieron parcialmente, es quedarse en un exceso de examen superficial.
La política de deuda en 1994, exhibió su total fracaso y estamos todavía ahora, pagando las consecuencias. Los objetivos oficiales en materia de deuda que aparentemente se cumplieron total o parcialmente como establece el proyecto de dictamen, fueron fuertemente cuestionados por la crisis económica financiera de diciembre de 1994.
Tenemos un dictamen para el cual no existe la realidad. Los objetivos oficiales que no se cumplieron fueron los siguientes: No se cumplió la reducción del saldo histórico de la deuda externa. La deuda externa tuvo una variación respecto a 1993 en términos reales, de 64%.
Tampoco se logró el objetivo de diversificación de las fuentes de financiamiento, ya que la deuda externa del sector público por monedas y países acreedores, tuvieron insignificantes variaciones que no indica una ampliación en las fuentes de financiamiento. Tampoco podemos decir que se logró la ampliación de la vida media de los créditos, pues el perfil de la deuda pública externa de largo y corto plazo, respectivamente, tuvo la siguiente estructura porcentual: 94.6% y 5.4% en 1993, frente a: 92.6% y 7.4% en 1994.
Más aún, los objetivos planteados en materia de deuda interna de disminuir el costo financiero y ampliar los periodos de vencimiento, así como el de reducir el saldo tanto en términos reales como en relación al producto interno bruto, fueron desechados con objeto de adecuar la estructura y perfil de los pasivos del Gobierno a la necesidad de reducir los impactos desfavorables de los acontecimientos suscitados durante 1994.
La extraordinaria emisión de Tesobonos por parte del Gobierno, que pasó de 2.9% a 54% de la estructura de la deuda interna, incubó una de las mayores bombas financieras ocurridas en nuestro país. A los poseedores de Tesobonos, se les premió con atractivas tasas de interés, por encima de las ofrecidas en los mercados internacionales y se les cubrió de riesgos cambiarios, con lo cual también obtuvieron importantes ganancias.
El endeudamiento interno creció más del 1000% con relación a 1993, debido a la colocación de Tesobonos, con lo cual el saldo de la deuda interna del sector público presupuestario, pasó de 143 mil millones de nuevos pesos, a más de 195 mil millones, o sea, un incremento real del 27%.
Compañeros: no es posible, al analizar este dictamen, hacer a un lado la preocupación del fortalecimiento del Poder Legislativo. Para nosotros, este fortalecimiento pasa por ejercer plenamente las facultades que tenemos conferidas, en particular, las facultades constitucionales para revisar la cuenta pública, para comprobar si se ajusta al presupuesto y, sobre todo, como establece la Constitución, para comprobar el cumplimiento de los objetivos de los programas.
Compañeros diputados: No sigamos en la autocensura, no nos mantengamos en esta autoinhibición, en limitarnos a matices tan leves que no pueden ocultar la realidad. Pero más aún, no nos convirtamos en cómplices silentes de la corrupción o de la ineficiencia que afectaron severamente la marcha del país y que están condensados en la cuenta pública de 1994.
Esperamos que se pueda proseguir ejerciendo por parte de la Comisión de Vigilancia, las facultades que tiene para esclarecer el manejo de estos recursos, patrimonio del pueblo; por ello, por ser este dictamen un recuento divorciado de la realidad, votaremos en contra del proyecto de dictamen de la cuenta pública de 1994.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cándido Pérez Verduzco, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cándido Pérez Verduzco:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Se han recogido aquí una serie de alusiones respecto de la cuenta pública que convendría aclarar.
Primero, es necesario entender la naturaleza del proceso de fiscalización que esta soberanía realiza a través de su órgano técnico. Se trata de analizar, revisar y evaluar los resultados de la gestión financiera y presupuestaria de las dependencias y entidades públicas, por lo tanto, el debate del día de hoy debe acotarse toda vez que estamos en la fase inicial del proceso.
Del proceso del control y auditoría legislativa. Si actuamos con responsabilidad deberemos de verificar si lo realizado por el Gobierno Federal se ajusta al marco normativo, a los criterios de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de 1994, aprobado por esta Cámara y a los objetivos y metas de los programas del Gobierno Federal. No se trata aquí de desconocer avances en materia de saneamiento de finanzas públicas, como tampoco caer en la complacencia frente a deficiencias o limitaciones en el ejercicio de los recursos públicos.
Entendemos el proceso como una rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, no es un ejercicio aritmético ni una interpretación contable de resultados. Se equivocan quienes piensan que ésa es la tarea que viene realizando esta soberanía.
Para la fracción parlamentaria del PRI, el proceso de fiscalización debe hacerse de manera clara y objetiva, buscando en todo momento responder a las aspiraciones legítimas de todos los mexicanos para que los recursos públicos se ejerzan con honestidad y transparencia.
No minimicemos el debate sobre la cuenta pública, ciertamente no es un ejercicio de suma y resta, pues en ello va de por medio el bienestar y la justicia de los mexicanos. Tampoco adelantemos conclusiones buscando descalificar el proceso de análisis y revisión de la cuenta pública, acatemos con madurez y responsabilidad lo que el marco normativo establece. Seamos respetuosos de los tiempos, instancias y procedimientos que intervienen en el proceso de esta revisión. Así, con mayores elementos, con información a detalle y con los resultados de la evaluación realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda, asumamos compromisos que permitan de la cuenta pública una rendición veraz, objetiva y oportuna de los resultados que todos los mexicanos esperan de sus autoridades.
La fase en la que nos encontramos nos hace pronunciar a la fracción parlamentaria priísta por mejorar los procesos de fiscalización, que el Poder Legislativo realiza sobre el Poder Ejecutivo en materia del ejercicio de los fondos públicos. En este sentido, participamos en los trabajos plurales y de consenso y seguiremos participando para que con ello podamos concluir en la definición de un órgano superior de fiscalización, que significará un avance en el fortalecimiento del esquema de división de poderes y la presencia de esta soberanía en la vida nacional.
El dictamen que hoy propone la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública a la consideración de esta soberanía, está orientado a la exigencia compartida por todos los diputados para profundizar la revisión de la Cuenta Pública que hoy nos ocupa, precisando instrucciones a la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara, para que a partir de la metodología empleada acentúe su trabajo en 21 aspectos que señala con precisión el cuerpo del decreto propuesto a efecto de rendir información suficiente que permita a esta soberanía valorar el cumplimiento y las insuficiencias que se presentan.
El decreto puntualiza observaciones a las que se deberán ajustarse las diversas entidades de la administración pública federal; destaca la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, para que refuercen sus mecanismos de control y eviten insuficiencias de información para valorar el cumplimiento de la normatividad de las diversas entidades en materia de obra pública, adquisiciones y baja de bienes muebles.
En conclusión, la fracción parlamentaria priísta con respeto a la opinión que se ha vertido en esta tribuna, solicitamos su razonable apoyo para aprobar el presente dictamen porque no emite ningún juicio de valor que signifique autocomplacencia ni encubrimiento, porque es un documento técnico derivado de reuniones intensas donde hubo alrededor de 90 participaciones de todas las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara y para su elaboración se contó, además, con el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, porque el dictamen recoge señalamientos hechos por los grupos partidistas en esta tribuna, así como en las comisiones, porque no se está aprobando la cuenta pública y en el documento que hoy se presenta a la consideración de esta soberanía se precisan instrucciones a nuestro órgano técnico, para que se profundice en el análisis e investigación de las deficiencias detectadas.
Aprobaremos con ello un programa de trabajo para la Contaduría Mayor de Hacienda, que es el órgano técnico para analizar y profundizar en los aspectos señalados en el documento del dictamen, mismo que será enriquecido por el seguimiento que realice la Comisión de Vigilancia y la propia Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del PRD.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor Presidente:
Voy a ser muy breve, simplemente no quise dejar pasar la oportunidad para comentar obviamente un tema que ha sido el patito feo de la política económica en los últimos 13 años, me refiero al concepto general de desarrollo rural.
Mil novecientos noventa y cuarto, fue un año en el que significó varios giros en la política económica, en los Criterios de Política Económica Destinados al Campo. Uno de ellos, desde luego, fue el presupuesto y 1994 significó crecimiento importante del presupuesto destinado al campo, pero aunque el crecimiento fue significativo, lamentablemente ese crecimiento en la inversión no significó, por el contrario un giro en el conjunto de los instrumentos de política económica y significó la continuación de la apertura hacia el mercado internacional de manera indiscriminada y la política de retiro del Estado en todos sus instrumentos de fomento.
Y digo que lamentablemente, porque aunque 1994 significó también un pequeño respiro en el proceso de estancamiento de la producción en el campo, tampoco lo fue lo suficientemente importante como para variar las tendencias que se habían venido acumulando en el conjunto del sexenio.
Mil novecientos noventa y cuatro, también puede ser un resultado, puede servir de un punto de referencia para evaluar el resultado de la política económica de Carlos Salinas de Gortari hacia el campo en el periodo 19891994 y en ése nos encontramos con el primer tropiezo. En el periodo 19891994 apenas el campo logra crecer si es que le podemos llamar crecimiento en un 1.25% anual; es decir, mucho muy por debajo de las tasas de crecimiento poblacionales y mucho muy por debajo de las necesidades de la producción nacional.
Si eso lo comparamos también con el periodo 19821988, veremos que estamos hablando de un virtual estancamiento en los 12 años precedentes y que ya presagiaba lo que ocurrió en 1995, que es una caída del 10% del producto interno bruto del campo en su conjunto y esto es así, porque independientemente de las sequías y de los desastres naturales de este año, ha sido el proceso de acumulación de la falta de atención en el conjunto de los aspectos que integran el desarrollo rural.
Nada más para darles un ejemplo, en el renglón de asistencia técnica en 1994, el número de hectáreas beneficiadas disminuyó en un 11%, casi en un 12%. También en las campañas fitosanitarias la superficie cubierta fue menor en un 2.5%; también en el fomento forestal la asistencia técnica y otros renglones disminuyeron muy significativamente, tanto respecto a lo programado como a las metas alcanzadas del año anterior.
En cuanto a la infraestructura hidroagrícola, se mantiene el bajo nivel de servicio, ya que el número de hectáreas incorporadas a riegos supera ligeramente a 1993; respecto a 1991 y 1992 se encuentra por debajo. Yo quiero llamar la atención en este aspecto, porque el presupuesto asignado en 1995 es muy parecido al de 1994 y dicho ya de paso, la propuesta para 1996 es igual en términos globales al de 1995 y 1994 y en algunos aspectos, en aspectos sustanciales es menor.
Si la experiencia pasada no nos sirve para prever lo que puede pasar en los próximos años, en la evaluación de 1996 que hagamos en los próximos años estaremos repitiendo esto. Es por lo tanto necesario revisar los criterios de políticas generales, no podemos olvidar tampoco que 1994 fue el año del inicio de la apertura a través del TLC y que hoy, en 1995 tenemos una caída de más del 13.5% de productos básicos y de 12.5% en producción de maíz.
Y tampoco podemos olvidar que 1994 fue el inicio del Procampo y que fue presentado como la panacea que nos iba a ayudar a salir de este problema productivo en el campo; hoy sabemos que el Procampo ha sido totalmente insuficiente para reactivar la producción.
En ese sentido yo utilizaría más que nada el análisis de la cuenta pública del 1994, para mirar hacia adelante y ver qué perspectivas tenemos para el campo mexicano.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Primo Rivera Torres:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
*Se instruye a la Secretaría para que inserte en el Diario de los Debates el voto particular emitido por el Partido de la Revolución Democrática, en voz del diputado César Antonio Chávez Castillo.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario Primo Rivera Torres:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación.)
Se emitieron 255 votos en pro y 139 votos en contra.
Dos señores diputados llegaron a votar cuando el Presidente había cerrado la votación, así que se corrige la información. Se emitieron 253 votos en pro y 139 votos en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 253 votos.
El secretario Primo Rivera Torres:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.
_______ * Apéndice 1, se encuentra al final de esta edición.
CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1994
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1994.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Audomaro Alba Padilla:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Comisión del Distrito Federal.
Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio de 1994.
Honorable Asamblea: en los términos del artículo 74 fracción IV constitucional y en cumplimiento al artículo octavo transitorio del decreto de fecha 21 de octubre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 del mismo mes y año, por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89,104, 105,107 y 122, así como la denominación del Título Quinto, se adiciona la fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde por última vez a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, revisar la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 1994.
Para tales efectos los miembros de la Comisión del Distrito Federal, a partir de la recepción de la cuenta pública en el mes de junio del año en curso, han procedido a su estudio y análisis para lo cual, además de la revisión directa a la cuenta pública, se consideraron los informes de avance de actividades elaborados por el Departamento del Distrito Federal relativos a 1994, los cuales fueron enviados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Asimismo, este análisis abarcó la información contenida en el Informe previo sobre la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1994, remitido por la Contaduría Mayor de Hacienda, en los términos de la fracción IV del artículo 74 constitucional y de la Ley Orgánica de ese órgano fiscalizador, el cual contiene observaciones preliminares y ofrece una visión global del estado que guardaba el sector DDF, debiéndose apuntar que dicho documento será ampliado con el informe de resultados, derivado de las auditorías específicas que practique la Contaduría Mayor de Hacienda, con motivo de la revisión de la cuenta pública de 1994.
Adicionalmente estos trabajos fueron enriquecidos con información proporcionada por diversos servidores públicos del Departamento del Distrito Federal, analizándose con especial cuidado lo relativo al comportamiento de diversas empresas del sector paraestatal, tales como STCMetro, Ruta-100 y Servimet.
Con base en lo anterior se elaboró el presente dictamen relativo a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1994, a partir de las consideraciones generales y preliminares formuladas por la Contaduría Mayor de Hacienda y contenidas en el informe previo referido.
Aspectos jurídico-normativos En esta materia se comprobó que en términos generales se cumplieron las disposiciones jurídicas de "observancia obligatoria para la gestión administrativa y financiera del sector DDF"; no obstante se detectaron algunas deficiencias las cuales no se pueden generalizar ni son concluyentes, básicamente en las siguientes materias:
En materia de adquisiciones y obras públicas se detectaron algunas deficiencias, básicamente en la emisión de normatividad; formalización de contratos y en el levantamiento de actas de entregarecepción en las entidades (Fidere, Fividesu, STE y STC).
En lo concerniente a los aspectos normativos relacionados con el presupuesto, la contabilidad y el gasto público federal, se determinaron algunas insuficiencias entre la información proporcionada por diversas entidades como son Fidere, Fividesu y STE y la aportada por la SHCP respecto a la celebración de contratos de adquisiciones.
En cuanto a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se observó incumplimiento de 43 servidores públicos por lo que respecta a la presentación de su declaración anual de situación patrimonial.
Con referencia a la Ley General de Bienes Nacionales, se observó desfasamiento en la presentación del programa anual calendarizado de necesidades inmobiliarias.
Finalmente se observaron algunos incumplimientos por cuanto hace a normas y procedimientos para la afectación, baja y destino final de bienes muebles.
Aplicación de los principios básicos de contabilidad gubernamental:
El sector central cuenta con un sistema de contabilidad denominado "Sistema Integral de Contabilidad", en cumplimiento a lo que establece el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. En lo referente al sector paraestatal, cada entidad del Departamento del Distrito Federal desarrolla su propio sistema contable, que debe ser autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los sistemas contables del sector central y paraestatal se rigen por los principios básicos de contabilidad gubernamental, en cumplimiento del artículo 84 del reglamento de la citada ley y supletoriamente sólo en los casos de entidades, se aplican los principios establecidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las normas de información financiera e instructivos específicos que emitan en coordinación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (antes Secogef), relacionados particularmente con el reconocimiento de las obligaciones laborales de las entidades del sector paraestatal al retiro de sus trabajadores.
Se comprobó que el sistema integral de contabilidad empleado por el Departamento del Distrito Federal para el registro de sus operaciones, se apegó a los principios básicos de contabilidad gubernamental y a las normas específicas dictadas por las secretarías señaladas, con excepción de las entidades Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, cuya situación financiera fue incorporada a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal del ejercicio 1994, sin contar con el dictamen financiero del contador público independiente, por encontrarse en proceso de autorización de la Secodadm (antes Secogef).
Esta conclusión emana de las respuestas recibidas a cuestionamientos enviados por la Contaduría Mayor de Hacienda respecto a la forma y términos en que se han registrado las operaciones y conforme a los resultados de las auditorías practicadas en ejercicios anteriores, además de la revisión que se practicó a los dictámenes de los estados financieros de entidades paraestatales emitidos por los contadores públicos independientes.
Del análisis y evaluación efectuados al diseño del sistema, se determinó que no se han efectuado modificaciones a éste y tomando en cuenta las revisiones efectuadas por la CMH, se considera que el sistema integral de contabilidad que utiliza el DDF, se ajusta a los servicios básicos de contabilidad gubernamental. Sin embargo, conviene señalar que en las auditorías practicadas al Departamento del Distrito Federal se observa que algunas de las unidades administrativas clasifican incorrectamente y de manera recurrente, erogaciones como gasto de inversión aun cuando por su naturaleza corresponden a gasto corriente; no se registra oportunamente el traspaso de obras en proceso a obras terminadas ni la totalidad de las bajas de activo fijo; asimismo se han observado frecuentes incumplimientos de los principios "cumplimiento de disposiciones legales" y "control presupuestario".
Cabe hacer mención que con base en dictámenes emitidos por auditores externos sobresale el caso de "Industrial de Abastos", donde los mismos expresaron salvedad por limitaciones en el alcance de su revisión por falta de documentación, mediante la cual se formalizó la entrega de predios al Departamento del Distrito Federal y la determinación y pago de los impuestos.
En lo que corresponde al caso de Ruta-100, expresaron excepciones por limitaciones a sus procedimientos de auditoría y salvedades por desvío a los principios de contabilidad generalmente aceptados, como son la incertidumbre en la razonabilidad de registro de ingresos por pasajes, cuya omisión en el registro puede alcanzar hasta un 15% y por ajustes importantes a resultados de ejercicios anteriores, por 18 mil 791.0 miles de nuevos pesos.
Asimismo, la Contaduría Mayor de Hacienda, con fundamento en el artículo 12 de su Ley Orgánica, expresa algunas recomendaciones a las políticas contables de las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal, que aun cuando no implican situaciones y omisiones importantes, es necesario atender en beneficio de la información financiera.
Resultados financiero-presupuestales del Departamento del Distrito Federal
De la revisión de la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, se concluye que esta dependencia cumplió con los objetivos y metas prioritarios contenidos en el presupuesto de egresos autorizado por la Cámara de Diputados, así como con los ingresos establecidos en la respectiva ley aprobada por el Congreso de la Unión.
Para 1994 el Departamento del Distrito Federal conservó la estabilidad de sus finanzas, después de aplicar una política de ingresos orientada a incrementar la eficiencia de la administración tributaria, promover una carga tributaria más equitativa y recaudar los recursos suficientes para financiar su gasto.
El resultado conjunto de las políticas de ingresos y egresos condujo a un déficit de 281.7 millones de nuevos pesos, en lugar de 5 millones de nuevos pesos aprobado originalmente, debido a que el gasto neto se incrementó en mayor proporción que lo hicieron los ingresos ordinarios. No obstante, el déficit fue cubierto con el endeudamiento neto de 343.6 millones de nuevos pesos, importe inferior a los 470.0 millones de nuevos pesos aprobados por el Congreso de la Unión en el artículo 6o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal.
Ingresos Los ingresos ordinarios (propios, participaciones, transferencias del Gobierno Federal y propios de organismos) del sector Departamento del Distrito Federal, por 17 mil 034.5 millones de nuevos pesos, superaron en 5.3% la meta de recaudación establecida en la Ley de Ingresos. El incremento obedeció principalmente a las actualizaciones hechas a las tasas, cuotas y tarifas de las contribuciones locales, la ampliación del universo de contribuyentes y las auditorías e inspecciones que se efectuaron para evitar la evasión y elusión fiscales, factores que contribuyeron principalmente a la mayor captación de ingresos propios, los cuales se incrementaron en todos sus rubros.
Las transferencias que otorgó el Gobierno Federal al sector central ascendieron a 261.7 millones de nuevos pesos y se destinaron a: el mantenimiento de obras de urbanización en diferentes delegaciones; el pago de becas a trabajadores desempleados, estudiantes y profesionistas que prestaron su servicio social y, el acondicionamiento de recintos policiales de la SGPV.
Asimismo se financiaron otros programas como: hospital digno, para el equipamiento, rehabilitación y ampliación de los hospitales administrados por el DDF; con solidaridad obrera vivienda digna, para realizar acciones de mantenimiento en unidades habitacionales y multifamiliares; niños en solidaridad, mediante el cual se otorgó asistencia médica, despensas y becas a infantes de bajos recursos; el de jubilados y pensionados y el de solidaridad forestal.
En lo que se refiere al endeudamiento por parte del Departamento del Distrito Federal, se obtuvieron financiamientos por 389.5 millones de nuevos pesos. Entre ellos destacan los contratos para el equipamiento y ampliación de la red del Metro, la compra de insumos y refacciones de importación para el programa de mantenimiento y la adquisición de carros por la operación de la Línea 8; adicionalmente se contrataron financiamientos para apoyar la ejecución de los proyectos de reforestación rural en el valle de México y de conservación ecológica en el área metrópolitana de la Ciudad de México, que específicamente se utilizaron en la deforestación de las sierras de Guadalupe y Santa Catarina.
Egresos
El gasto neto del DDF gasto total menos ADEFA fue de 17 mil 316.2 millones de nuevos pesos, superior en 7.0% al estimado en el presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal. La variación se debió al incremento del gasto programable corriente, ya que el de capital y el gasto no programable (destinado a pagar los intereses y comisiones de la deuda) fueron inferiores a los previstos. El excedente del gasto fue financiado con los mayores ingresos destinados a cubrir las erogaciones correspondientes a los programas prioritarios y parte del endeudamiento neto, con lo cual se dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 13 del decreto que aprueba el presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal para 1994 y 6o. del decreto que aprueba la Ley de Ingresos de 1994, respectivamente.
Tal variación en el gasto se explica principalmente por las erogaciones adicionales para atender la demanda ciudadana por servicios e infraestructura básica a cargo de las unidades administrativas siguientes: Comisión de Vialidad y Transporte Urbano; Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica; delegaciones, así como la Secretaría de Protección y Vialidad y la Policía Auxiliar.
El gasto en la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano (Covitur) fue de 993.1 millones de nuevos pesos y el aumento de 27.2% con respecto a lo previsto se originó en el rubro de obras públicas. Este incremento se explica porque se canalizaron mayores recursos que los estimados, para financiar la construcción de la Línea 8 del Metro (GaribaldiConstitución de 1917) y se inició la construcción de la Línea B del Metro (BuenavistaCiudad Azteca), obra no programada originalmente.
El gasto de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) fue de 1 mil 412.3 millones de nuevos pesos y superó en 15.6% al presupuestado, como resultado de las mayores erogaciones en servicios generales y obras públicas. El incremento obedeció fundamentalmente a: pagos de agua en bloque; de trabajos adicionales de mantenimiento y conservación de los sistemas de agua potable y drenaje; trabajos no previstos de desazolve de la red de drenaje y de mantenimiento preventivo al parque vehicular.
El gasto en obras públicas de la citada dependencia excedió al presupuestado, debido a que se lograron avances superiores a los previstos en la construcción de tanques de almacenamiento de agua potable; en la excavación y construcción de captaciones del colector semiprofundo Canal NacionalCanal de Chalco; en la construcción de una planta de bombeo de aguas negras; en la rehabilitación y reposición de pozos en el valle de México y la cuenca del Lerma y por la realización de trabajos no previstos en el entubamiento del gran canal de desagüe.
El gasto ejercido por las delegaciones (2 mil 896.3 millones de nuevos pesos) fue superior en 10.0% al estimado originalmente, como resultado de los aumentos registrados en los capítulos de servicios generales y servicios personales. Las erogaciones adicionales en servicios generales se explican porque las acciones de mantenimiento y conservación de la red secundaria de agua potable fueron mayores que las programadas, se autorizaron ampliaciones presupuestales a varias delegaciones para que cubrieran los costos mayores de diversos servicios básicos; se incrementó el reparto de agua potable en pipas, la recolección de residuos sólidos en la vía pública, debido a que se operaron más unidades recolectoras y aumentó el número de rutas domiciliarias; la conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica y realizaron trabajos adicionales de conservación y mantenimiento en áreas verdes.
El gasto en servicios personales se incrementó porque se estableció un programa de estímulos al personal con 10 o más años de servicio y se contrató a personal eventual (600 trabajadores) para colocar carteles en la vía pública con mensajes alusivos a la conservación y apoyo al cuidado de las zonas reforestadas del Distrito Federal y su área conurbada, contratación que no se previó inicialmente.
Deuda
Al finalizar el ejercicio de 1994, el saldo de la deuda ascendió a 1 mil 473.3 millones de nuevos pesos y superó en 53.4% al de 1993. El incremento se explica en 67.0% por el endeudamiento neto que se contrató en el ejercicio, en 25.7% por la revaluación de la deuda por concepto del deslizamiento cambiario y en 7.3% por la capitalización de intereses; el aumento por revaluación se debió a la depreciación del peso respecto a otras divisas, en particular el yen japonés, el dólar estadounidense y el franco francés, monedas cuyo peso relativo es elevado en el saldo de la deuda externa.
Por lo tanto esta comisión comprobó que el endeudamiento neto ascendió a 343.6 millones de nuevos pesos, importe inferior al previsto en la Ley de Ingresos (470.0 millones de nuevos pesos). El menor endeudamiento del sector central se debió a que no se utilizaron todos los créditos autorizados porque los proveedores extranjeros no entregaron oportunamente las refacciones importadas para dar mantenimiento a la infraestructura del Metro y porque los proyectos de mejoramiento ambiental que cuentan con financiamiento externo no avanzaron en la proporción esperada.
Con los pagos de principal que efectuó el sector DDF durante 1994 (45.9 millones de nuevos pesos), se amortizaron créditos del protocolo francés, Nacional Financiera, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y Banco Nacional de París.
Aportaciones y subsidios Las aportaciones del DDF a las entidades coordinadas registraron una ampliación neta por 300 mil 476.6 millones de nuevos pesos, al pasar de un original por 2 millones 025 mil 685.9 miles a un presupuesto modificado de 2 millones 326 mil 156.5 miles. La ampliación neta ejercida por 227 mil 590.4 miles se destinó a cubrir: el programa de redimensionamiento estructural de Ruta-100; operación de la Línea 8 del Metro y el programa de sustitución de campamentos provisionales por vivienda digna operado por el Fividesu, entre otros.
De las aportaciones recibidas por el sector paraestatal, el 93.6% se canalizó al sector transporte, el 5.6% al Fividesu y el 0.8% a la caja de previsión para los trabajadores a lista de raya y Servimet, recursos que en su gran mayoría provinieron de aportaciones del Departamento del Distrito Federal y en una cantidad no significativa, de transferencias del Gobierno Federal para las becas a prestadores del servicio social.
Las aportaciones que recibió Ruta-100 se destinaron a cubrir: la liquidación de 418 empleados en el marco del programa de redimensionamiento estructural; el pago de aportaciones al ISSSTE y Fovissste; el pago del impuesto sobre el producto del trabajo; la compra de diversos materiales y suministros; la contratación de servicios diversos; la reconstrucción de motores, transmisiones y diferenciales; la rehabilitación de autobuses y los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de 27 módulos operativos.
Al STC se le otorgaron transferencias para sufragar: el aumento salarial del personal por la revisión de su contrato colectivo de trabajo; la contratación de 1 mil 315 plazas para poner en operación la Línea 8 del Metro; los incrementos en costos y volumen de servicios básicos; la adquisición de refacciones mayores; la construcción de obras de infraestructura y los pagos parciales que se hicieron a los proveedores por la adquisición y la reconstrucción de carros del Metro.
Las aportaciones que el STE recibió del DDF las orientó a cubrir: el incremento salarial derivado de la revisión de su contrato colectivo de trabajo con la Alianza de Tranviarios de México; la adquisición de refacciones menores; el incremento en el costo de los servicios básicos; la rehabilitación del parque vehícular y el pago no previsto por los trabajos en la red de líneas elevadas y vía permanente.
Las aportaciones que recibió el Fividesu se destinaron a apoyar: la edificación y mejoramiento de vivienda popular a través de la oferta de materiales a precios inferiores a los que prevalecen en el mercado; la construcción de viviendas terminadas y la edificación de pies de casa. Entre las acciones más importantes que se realizaron en el marco del programa de sustitución de campamentos por vivienda definitiva, destacan los frentes ubicados en las delegaciones Iztacalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
La caja de previsión para los trabajadores a lista de raya recibió aportaciones del DDF para complementar el fondo de pensiones del personal jubilado; cubrir el aumento salarial autorizado (5.0%) y sufragar el importe de los estímulos a la productividad.
Por último las transferencias que otorgó el Gobierno Federal a los organismos y empresas (Fividesu, STE, Servimet, Ficapro y Captralir), se canalizaron a pagar becas a estudiantes y profesionistas que se encontraban prestando su servicio social.
Los subsidios que destinó el sector central sumaron 529.0 millones de nuevos pesos y se destinaron a construir plazas y locales comerciales para los comerciantes ambulantes que ejercían sus actividades en el centro histórico de la Ciudad de México. Así se construyó la plaza comercial Talavera; se concluyeron diversas obras en las plazas Venustiano Carranza y conjuntos Rayón I y II; se liquidaron las obras realizadas en los corredores comerciales de la Merced y Candelaria y se finiquitaron los trabajos realizados a 13 plazas comerciales.
También se canalizaron recursos al Programa de Asistencia Social, el cual cubrió varios fines: proporcionar en los centros de desarrollo infantil servicios especializados de medicina, nutrición y pedagogía a los hijos de trabajadoras del DDF; subsidios en el pago del impuesto predial y derechos por servicios de agua a viudas, pensionados y jubilados y apoyar la operación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Instituto Federal Electoral en el cumplimiento de sus programas, en especial lo referente a los comicios celebrados en agosto de 1994, en virtud del acuerdo de colaboración que celebraron el DDF con el IFE.
Estados financieros del sector Departamento del Distrito Federal
La situación financiera del sector paraestatal del Departamento del Distrito Federal, integrado por 11 entidades controladas presupuestalmente, fue revisada y dictaminada en todos los casos por contadores públicos independientes, contratados por la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
En opinión de los auditores externos, se determinó que en nueve entidades paraestatales su situación financiera se apegó razonablemente a los principios de contabilidad generalmente aceptados y se elaboraron conforme a las normas de información financiera específicas, expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la entonces, Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Como se había mencionado en el apartado relativo a la aplicación de los principios básicos de contabilidad gubernamental, reiteramos que en las entidades: autotransportes de pasajeros Ruta-100 e industrial de abastos, los auditores externos expresaron incumplimiento de principios de contabilidad generalmente aceptados y limitaciones en la aplicación de sus procedimientos de auditoría, situaciones que les impidió conocer la razonabilidad de la situación financiera de las entidades señaladas, por lo que la Contaduría Mayor de Hacienda, dentro de su plan de auditorias de la cuenta pública de 1994, se ha reservado la facultad de ampliar los procedimientos de auditoria necesarios.
Desempeño programático presupuestal
En el gasto ejercido por el Departamento del Distrito Federal, de las acciones desarrolladas a nivel de ámbitos programáticos, destacan las siguientes:
Se concluyó la construcción de la Línea 8 del Metro, se iniciaron las obras de la Línea B y se apoyó a Ruta-100 en el redimensionamiento estructural y en el financiamiento de su déficit de operación y se superaron las metas de transportación de pasajeros en trolebús y tren ligero.
La meta de construcción de las plantas de bombeo para aguas negras tuvo un avance mayor al programado, al igual que la construcción de la red secundaria para drenaje.
En el ámbito de justicia y seguridad pública, los resultados superaron a los programados, debido a la mayor demanda de los servicios de vigilancia y de asuntos en primera instancia.
En el ámbito de bienestar social, se cubrió una mayor demanda de agua potable en el Distrito Federal; se proporcionaron más servicios de salud y se atendieron más eventos deportivos.
A continuación y en aras de una mejor comprensión de lo antes señalado, se hace un análisis más detallado por ámbitos de acción.
Ambito de transporte Para ofrecer un servicio con amplia cobertura y capacidad, mediante la expansión, modernización y conservación de la infraestructura del transporte coordinado por el Departamento del Distrito Federal, se erogaron 3 mil 804.1 millones de nuevos pesos, monto superior en 10.3% a lo presupuestado. Los programas prioritarios fueron: el "Transporte Colectivo Metro y Tren Ligero" y FQ "Servicios de Transporte Urbano e Interurbano", que representaron el 97.2% del total ejercido en este ámbito.
Dentro del programa de ampliación de infraestructura se concluyó la construcción de la Línea 8 del Metro GaribaldiConstitución de 1917 conforme al programa modificado, con lo cual se benefició alrededor de 600 mil habitantes de la región suroriente y el centro de la capital y se iniciaron las obras de la Línea B del Metro.
En materia de modernización, la meta consistente en efectuar pagos parciales por la adquisición de carros para la Línea 8 del Metro, se cumplió en un 63.6%, debido a que el STC acordó con el proveedor modificar el calendario de entrega de los trenes NE92, para mejorar su control de calidad, entre otras causas. Con respecto a Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, entraron en operación 98 autobuses articulados y aumentaron las acciones de mantenimiento correctivo al parque vehicular.
La meta de transportación de pasajeros en trolebús y tren ligero se superó en 10.0%, debido a la normalización de las rutas de cinco líneas de trolebús, la incorporación de tres estaciones del tren ligero en el tramo HuipulcoXochimilco, al servicio permanente que prestaron las flotas de ambos medios de transporte. La meta de transportación de pasajeros en autobús se cumplió en un 96.3%, debido a la obsolescencia de la flota y las metas de la transportación de pasajeros por metro y metro férreo, se cumplieron en un 99.2%, debido principalmente, a la preferencia de los usuarios de otros medios de transporte.
Ambito de infraestructura urbana
En los siete programas que integran este ámbito, el DDF erogó 2 mil 742.7 millones de nuevos pesos, equivalentes al 15.9% del gasto programable total. Sólo en el programa prioritario ED "Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras" se erogó el 23.8% del gasto total del ámbito.
En el subprograma 01 "Construcción y Ampliación" del programa ED, la meta para la construcción de plantas de bombeo para aguas negras fue superior en 84.6% a lo previsto y en la construcción de la red secundaria para drenaje se superó la meta en 30.2%, debido a que en la delegación Xochimilco se abrieron cepas y se realizaron estudios preliminares durante 1993, con lo cual se agilizó la prestación del servicio.
En la construcción del túnel para drenaje profundo, las metas de fabricación de anillos para dovelas y construcción de lumbreras, se superaron en 9.2% y 79.2%, respectivamente; en la construcción del colector semiprofundo Canal NacionalCanal de Chalco, los resultados superaron a lo programado en obras de excavación, construcción de captaciones y construcción de lozas/tapa.
Con la conclusión de la segunda etapa Cerro del JudíoAjusco del acueducto perimetral, se benefició a los habitantes de las delegaciones Alvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan; se continuó con la ampliación del drenaje profundo en los interceptores orientesur y oriente.
La meta de construcción y adecuación de plantas de tratamiento para aguas negras sólo se cumplió en 25.4%, debido a que la DGCOH no adquirió oportunamente los predios para construir las plantas Santa Catarina y San Salvador Cuautenco. La meta para el entubamiento del canal de desagüe se cumplió en 72.2%, en virtud de que fue necesario probar métodos del mejoramiento del terreno y alternativas de construcción.
Ambito de bienestar social
En el ámbito de bienestar social se incluyeron 13 programas, con un gasto de 2 mil 922.8 millones de nuevos pesos, equivalentes al 17.0% del gasto programable del DDF.
En materia de salud, mediante la infraestructura de los servicios médicos del DDF, se proporcionaron 217 mil 125 consultas de detección de enfermedades crónicodegenerativas y 1 millón 269 mil 557 consultas de medicina general y especializada; se aplicaron 503 mil 531 dosis de vacunas, como resultado de la campaña nacional de vacunación de la primera y segunda semanas nacionales de salud.
Las metas para construcción de viviendas en el área metropolitana se cumplieron parcialmente, debido a que en algunas unidades de las delegaciones Alvaro Obregón y Gustavo A. Madero fue necesario aumentar las acciones de mantenimiento y porque no se, concretaron los financiamientos bancarios que presupuestó el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano y se cancelaron diversos proyectos de vivienda. Asimismo se apoyó a familias de escasos recursos con la construcción de pies de casa y venta de materiales del Fividesu, en beneficio de 890 y 70 mil 645 personas, respectivamente.
Ambito de justicia y seguridad pública
En este ámbito se ejercieron 3 mil 202.3 millones de nuevos pesos en tres programas, monto superior en 15.4% al presupuestado y equivalente al 18.6% del gasto programable del DDF.
Los resultados obtenidos superaron lo programado, debido al aumento de la demanda de vigilancia especial a empresas y particulares y de seguridad especializada a empresas públicas y privadas; la Secretaría de Protección y Vialidad adquirió 1 mil patrullas, 15 motocicletas, tres ambulancias y 318 radios transreceptores y se atendieron más asuntos en primera instancia del orden penal, civil, arrendamiento, inmobiliario, familiar, concursal y de inmatriculación judicial.
Ambito ecológico
En el ámbito ecológico se erogaron 1 mil 408.5 millones de nuevos pesos, monto inferior en 14.6% a lo presupuestado. Estos recursos se distribuyeron en cuatro programas cuyo costo total representa el 8.2% del gasto programable del DDF.
De las acciones en este ámbito resalta el aumento en el cultivo de árboles, principalmente de especies que requieren menor tiempo para su desarrollo; se recolectaron 5.4 millones de toneladas de basura; con la utilización del sistema de transferencia de basura se trasladaron 3.1 millones de toneladas a los sitios de disposición final y en los cinco rellenos sanitarios se confinaron 4.5 millones de toneladas de desechos sólidos; se plantaron más árboles de los programados debido a la mayor participación ciudadana y del Ejército nacional y se operó de manera continua el sistema de drenaje.
En el área del Distrito Federal, las metas de verificación de vehículos automotores se cumplieron parcialmente, debido a que parte de los propietarios acudieron a los centros de verificación del Estado de México.
Ambito de abasto y comercialización
En este ámbito, el DDF ejerció 181.6 millones de nuevos pesos en tres programas, cuyo gasto fue superior en 22.4% a lo presupuestado y representó el 1.1% del gasto programable total.
En general los resultados fueron menores a los programados: en la construcción de lecherías dentro del programa DDF, Conasupo, Liconsa no autorizó la construcción de cuatro unidades porque aún estaban en estudio las encuestas de opinión para definir su factibilidad; en la conservación y/o mantenimiento de mercados públicos no se logró la concertación con las mesas directivas; en la modernización de los mercados públicos los comerciantes no aceptaron modificar sus procedimientos operativos y organizativos y en los sitios de tianguis y mercados sobre ruedas, la modernización física no avanzó, debido a que no fueron autorizados los requerimientos adicionales para poner en marcha un programa de modernización y reordenamiento integral y a que en varias delegaciones no hubo espacios suficientes para la construcción de la infraestructura multimodal.
Ambito administrativo
El Departamento del Distrito Federal en el ámbito administrativo, ejerció 2 mil 948.5 millones de nuevos pesos, equivalentes al 17.1% del gasto programable total, distribuidos en ocho programas.
Destacan dentro de los conceptos de gasto, la transferencia de recursos al fideicomiso para la remodelación del zoológico de Chapultepec, la liquidación de trabajadores de industrial de abasto y el pago de pasivos por diversos impuestos de Ruta-100. Asimismo se otorgaron menos préstamos de mediano plazo, debido a que aumentó la demanda de los de corto plazo y más créditos hipotecarios, por la mayor demanda de los miembros de la caja de previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.
RECOMENDACIONES
Primera. Se considera necesario que de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se presente en la Cuenta Pública del Distrito Federal, un apartado que indique las causas que provocaron las modificaciones en el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados por unidad administrativa, a fin de analizar con la amplitud necesaria las acciones realizadas en el ejercicio.
Segunda. Que el Departamento del Distrito Federal, en su cuenta pública en el apartado "análisis programático" presente explicaciones precisas y suficientes sobre las variaciones registradas en el cumplimiento de las metas y en el ejercicio de los recursos empleados en la ejecución de los programas y los comentarios sobre la incorporación de proyectos y/o metas omitidos en el presupuesto aprobado originalmente.
Tercera. Es necesario que el Departamento del Distrito Federal instruya a los órganos de gobierno de las entidades paraestatales controladas presupuestalmente, así como a las unidades administrativas de su sector central, a registrar con oportunidad los traspasos de obras en proceso a obras terminadas y registrar oportunamente la totalidad de las bajas de activo fijo, que surjan de los procesos de desincorporación de bienes.
Cuarta. Es necesario que el Departamento del Distrito Federal garantice que sus unidades administrativas que ejecuten programas de obra, prevean las acciones necesarias que permitan el cabal cumplimiento de los programas, evitando el no ejercicio del gasto por problemas relacionados a la adquisición o expropiación oportuna de predios, obtención de licencias y/o permisos, estudios de factibilidad, entre otros aspectos.
Quinta. En el sector DDF se advierten algunas deficiencias, omisiones y discrepancias, por cuanto hace al cumplimiento de diversos preceptos normativos, fundamentalmente en materia de obra pública, adquisiciones, baja de bienes muebles, emisión de normatividad y flujo de información en esas materias a la SHCP y a la Secodadm. En tal sentido, el DDF deberá ejercer las acciones necesarias, a fin de perfeccionar corregir en su caso, la gestión administrativa y financiera que realiza.
Sexta. Es conveniente que el Departamento del Distrito Federal incorpore por separado en su cuenta pública, la información relativa al ejercicio del presupuesto de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a efecto de hacer congruente su presentación con el presupuesto de egresos.
Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 70 y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 fracción III, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos aplicables:
CONSIDERANDO
Que el análisis de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, efectuado por los miembros de esta comisión; del informe previo presentado por la Contaduría Mayor de Hacienda sobre el particular; de los informes presentados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la información derivada de las reuniones con servidores públicos del sector DDF, se observaron algunos aspectos en la gestión administrativa y financiera de dicho sector, que es necesario corregir y profundizar en su revisión y seguimiento.
Por lo antes expuesto, se somete a la consideración y aprobación en su caso, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1994
Artículo 1o. Se efectuaron los trabajos de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1994. Asimismo se valoró la observancia de los criterios señalados en el presupuesto y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas.
Artículo 2o. La Contaduría Mayor de Hacienda, en los términos de lo dispuesto por el artículo 3o., fracciones I y II, inciso b, de su Ley Orgánica, en funciones de contraloría deberá practicar revisiones, auditorías y en su caso, las visitas e inspecciones que estimen necesarias al Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, a fin de profundizar en la revisión de la cuenta pública, promoviendo en su caso, las acciones legales que correspondan; informando de las acciones promovidas a esta Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia.
Artículo 3o. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda, para los efectos legales procedentes, a fin de que en términos de ley, rinda el informe de resultados correspondiente, por conducto de la Comisión de Vigilancia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 21 de noviembre de 1995. Por la Comisión del Distrito Federal. Diputados, por el Partido Revolucionario Institucional: Oscar Levín Coppel, Adolfo R. Flores Rodríguez, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Víctor Manuel Alvarez Trasviña, Ofelia Casillas Ontiveros, José R. Castelazo y de los Angeles, Florentino Castro López, Ignacio Contreras Flores, Carlos Aceves del Olmo, Jaime M. del Río Navarro, J. Eduardo Escobedo Miramontes, Ana María Licona Spínola, Francisco Maldonado Ruiz, José Noé Mario Moreno Carbajal, Alejandro Rojas DíazDurán, Carlos A. Reta Martínez, Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, José Sánchez Juárez; por el Partido Acción Nacional: Patricia Garduño Morales, María Elena Alvarez Bernal, Manuel Arciniega Portillo, Miguel Hernández Labastida, María del Carmen Segura Rangel, José Luis Torres Ortega, Javier Viniegra Zubiria; por el Partido de la Revolución Democrática: Graciela Rojas Cruz, René Arce Islas, Marco Antonio Rascón Córdova, Ramón Sosamontes Herreramoro y por el Partido del Trabajo: Oscar González Yañez.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
En consecuencia tiene la palabra el diputado José Castelazo y de los Angeles, para fundamentar el dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:
Con su venia, señor Presidente; colegas diputadas y diputados:
El día de hoy protagonizamos un momento particular todos nosotros. Marca fin a la facultad de esta Cámara para revisar la Cuenta Pública del Distrito Federal. A partir de la legislación vigente, inscrita en el proceso gradual de democratización de la entidad, pasa a ser una responsabilidad de la Asamblea de Representantes.
Me corresponde presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente a 1994, aprobado el pasado 21 de noviembre por 18 votos correspondientes a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
En contra votaron los diputados pertenecientes a la Comisión del Distrito Federal del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. No se contó con el voto del Partido del Trabajo por ausencia de su representante.
La cuenta pública de 1994 se apegó en tiempo y forma a lo establecido por nuestro marco legal. En su momento fue turnada por el Departamento del Distrito Federal a la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara para su revisión.
La Contaduría Mayor de Hacienda realizó diversos análisis y estudios, obteniendo los resultados consecuentes vertidos en un informe previo, enviado oportunamente a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta soberanía. Esta a su vez lo turnó a la Comisión del Distrito Federal perteneciente a la LVI Legislatura.
Antes de elaborar el dictamen se celebraron encuentros con el secretario de finanzas del Departamento del Distrito Federal, a los cuales asistimos 15 diputados de tres fracciones representadas en la comisión: PRI, PAN y PRD. En dichas reuniones se formularon una serie de cuestionamientos para aclarar en lo posible el gasto efectuado durante el año que nos ocupa y contar con mayores elementos de juicio para el dictamen.
Una vez vista la cuenta pública desde diversos ángulos, por diputados de esta comisión, arribamos a las siguientes consideraciones: la cuenta pública del gobierno de la ciudad refleja una administración sociofinanciera cuyo objetivo se centra precisamente en brindar un mayor beneficio a los habitantes del Distrito Federal; por ende, no puede ser evaluada con los mismos parámetros de eficiencia y rentabilidad de las administraciones privadas.
La administración es sociofinanciera al responder a una política social del gobierno de la ciudad, quien ha buscado en todo momento contar con finanzas sanas, de tal forma que desde el punto de vista de los ingresos funcione un sistema de impuestos progresivo y equitativo, con objeto de recaudar más de los que más tienen.
Así se ha implementado a lo largo de los últimos años un sistema impositivo, claro y transparente.
En el marco de la actuación del Departamento del Distrito Federal el gasto se observa como distributivo, en la medida comprobable que apoya a los sectores con menores recursos y está orientado hacia las zonas con mayores rezagos sociales.
De igual forma se da acceso a servicio médico a la población desprotegida y se otorgan grandes y notorios subsidios al transporte, vivienda y agua, transfiriendo recursos de las zonas de mayor potencial económico hacia las de mayor rezago social.
La descentralización del gasto hacia las delegaciones, las cuales llevan a cabo obras de infraestructura en zonas marginadas relativas a drenaje, agua potable, pavimentación de calles, guarniciones, áreas verdes, escuelas y espacios de recreación, se ha apoyado gradualmente del 13% del presupuesto en 1989, al 22% en 1994, a fin de atender las demandas ciudadanas con mayor celeridad, de acuerdo con la importancia de las necesidades.
Cabe destacar que se han atendido prioridades definidas por la Asamblea de Representantes a través de los programas prioritarios, representando el 66% del presupuesto de egresos.
La cuenta pública reiteramos no puede ir más allá del registro de todos los gastos, es un sistema de contabilidad ordenado y sistematizado por programas, metas y unidades ejecutoras del gasto. Sintéticamente es un sistema de contabilidad social, reflectora de las finanzas públicas de la ciudad, sujetándose a lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
En consecuencia, la cuenta pública no puede calificarse como bien o mal elaborada, debe entenderse como instrumento que justamente da cuenta del cómo se dispusieron los recursos financieros durante el ejercicio presupuestal correspondiente.
El proceso de elaboración de la cuenta pública implica la integración de información de más de dos millones y medio de registros contables, incorporados en 42 programas de 75 unidades de gasto, proceso que requiere para su elaboración de seis meses después del cierre del ejercicio fiscal correspondiente. Es por ello que su integración, análisis y revisión ocupa por lo menos nueve meses.
Como se mencionó, la ciudad cuenta con finanzas sanas y sólidas cimentándose en el tiempo.
Esto es así en razón de sustentarse en un programa de gobierno claro, el cual detalla las prioridades de la ciudadanía y al mismo tiempo está consciente de su capacidad para generar los ingresos diarios, los asigna de acuerdo con sus posibilidades para su ejecución a través del gasto.
Si no hubiese esta claridad, las finanzas sufrirían un problema de congruencia en su evolución.
La continuidad en el gasto evidencia el objeto central de su orientación social, mientras la tendencia de los ingresos manifiesta una mejor administración.
El anterior argumento se entiende mejor si se observa la disminución de las transferencias del Gobierno Federal y la limitación para incrementar las tarifas impositivas más allá de su propia actualización.
Esta circunstancia probablemente aceleró una administración tributaria más eficiente, con gran cobertura en predial, agua potable y nóminas, entre otros ingresos.
En este orden de ideas las finanzas sanas no constituyen un concepto subjetivo. Detrás de ellas existe una política clara y consistente de ingresos y gastos asociados.
La Ciudad de México, como ninguna en el mundo por su tamaño y complejidad, cuenta con finanzas sanas. Hay un equilibrio entre ingresos y gastos y paralelamente entre la capacidad de contribución de sus habitantes y la capacidad de los servicios prestados a la ciudadanía. No se gasta más ni menos de lo que ingresa. Esta aseveración es verdaderamente relevante.
No existe, pues, un déficit importante. Cuando lo ha habido, éste se ha cubierto haciendo un uso racional y prudente de la contratación de deuda para financiarlo, garantizando no convertir al crédito en una carga difícil de atender. En 1994 el servicio de la deuda fue de 2.1%.
Conviene insistir en que a pesar de los menores ingresos por la reducción de transferencias del Gobierno Federal, en 1994 no disminuyó ni el monto ni la calidad de los servicios otorgados a los ciudadanos. Recordemos la Línea 8 del Metro o el inicio de la línea "B" o las 1 mil patrullas nuevas para la policía preventiva.
Es cierto, el transporte está subsidiado, pero tal subsidio lo pagamos todos los que aquí vivimos. Para ello no dependemos de ningún recurso del Gobierno Federal.
Permítaseme abundar en el tema. En 1988 los ingresos propios, locales, representaban el 23% de los ingresos totales del Distrito Federal, cifra que en 1994 se incrementó hasta 48%, más del doble, compensando con ello no sólo la reducción de las participaciones en impuestos federales, sino permitiendo un crecimiento importante del gasto en términos reales, esto es, por encima de la inflación. De esta forma, los ingresos propios se han convertido en el pilar de las finanzas públicas capitalinas, situación que se traduce en una mayor certidumbre en el financiamiento del gasto. En suma las transferencias o subsidios del Gobierno Federal se redujeron del 17% de los ingresos totales en 1988 al 1% en 1994.
Por otro lado, las participaciones en impuestos federales disminuyeron del 48% en 1988 a 35% en 1994, debido al cambio de la fórmula que en lugar de ser resarcitoria se convirtió en distributiva, al considerar variables como crecimiento de la población y grado de desarrollo de las entidades federativas. En otros términos, de acuerdo al producto interno bruto de cada entidad.
En lo referente a la deuda del gobierno del Distrito Federal, en 1989 ésta podía cubrirse en su totalidad con el equivalente a 19 días de recaudación, mientras que en 1994 la cifra aumentó a 29 días. Cabe aquí una reflexión útil; ¿Qué empresa o familia podrían pagar sus deudas acumuladas, como automóvil y crédito hipotecario, tan sólo con un mes de sus ingresos? Sólo aquellos bien administrados.
Los ingresos propios del Distrito Federal se han incrementado en 16% como promedio anual real; sin embargo, en el futuro no será posible ampliar la base de contribuyentes, por lo que no se esperan aumentos importantes en los mismos, aunque la propia ley prevé la actualización de las tarifas de acuerdo con la inflación de cada año.
Para ubicarnos mejor sobre lo dicho, el 21% del producto interno bruto nacional se genera en la Ciudad de México, del PIB nacional se separa el 20% para todas las entidades. De este 20% sólo el 14% se recibe vía participaciones en el Distrito Federal, esto es dos centavos de cada peso repartible.
Por otro lado, para tener una idea de magnitudes acerca del presupuesto que maneja nuestra ciudad pongamos un ejemplo: la ciudad de Nueva York ejerce un monto anual de 30 mil millones de dólares y cuenta con un déficit del 10%, equivalente más o menos a 3 mil millones de dólares. El presupuesto de la ciudad de México es de aproximadamente 3 mil millones de dólares igual al déficit de Nueva York. Nuestro propio déficit alcanzó tan sólo el 2% de esta última cifra en 1994. Adicionalmente Nueva York cuenta con importantes apoyos, federal y de su propio estado.
Respecto del famoso ramo 26, que la Federación está distribuyendo a los estados, pero no desde ahora, sino desde hace algunos años, destaca el hecho de que a la ciudad de México en 1994 casi no le tocaron recursos.
Ahora bien, el gasto ejercido en 1994 se destinó a los siguientes programas prioritarios. El total ejercido fue de 15 mil 535, millones de nuevos pesos, de estos 10 mil 997 es decir, el 66% fue prioritario. ¿Qué fue lo prioritario? Transporte, 3 mil 699, 24%; Seguridad Pública 2 mil 335, 15%; Agua, Drenaje y Tratamiento, 943.6%; Justicia 802, 5%; Salud, 467, 3%; Ecología, 1 mil 238, 8%; Vivienda, 395, 3%; Infraestructura Educativa, 169, 1.1%; el gasto no prioritario fue de 5 mil 238 millones; el 34% del gasto de inversión fue de 37%, mientras que el de gasto corriente de 63%, por la cantidad de personal que presta servicios directamente a la población.
El ejercicio del gasto se caracteriza por tratar de dar suficiencia presupuestal al otorgamiento de servicios básicos y busca, en su aplicación, ser más eficiente para resolver las demandas ciudadanas generando con ello un mayor bienestar social.
El Gobierno de la ciudad, sin embargo, sigue enfrentando el reto de hacer del Distrito Federal un espacio seguro y democrático, que propicie y aliente el desarrollo dinámico y sustentable para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Resalta la necesidad de que el gasto continúe poseyendo una orientación social para seguir contribuyendo a una mejor distribución del bienestar, se abatan desigualdades, se eleven niveles de empleo e ingreso, se proteja el medio ambiente y mantenga las finanzas públicas sanas. La política de gasto ha respondido a estos propósitos con especial énfasis en los grupos de menores ingresos.
Evidentemente, advertimos deficiencias en la elaboración de la cuenta pública de 1994. En materia contable, las de registro, insuficiencia de documentación comprobable, transferencia de recursos de una partida a otra que requiere mayor explicación y deficiencias en la contabilidad de las propias dependencias. Estas deficiencias están suficientemente comentadas en el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda e igualmente tratadas en el dictamen, cuya copia fue entregada en la sesión pasada y la cual, seguramente, ha sido revisada por los interesados integrantes de esta soberanía.
Como en años anteriores, se vuelve a llamar la atención sobre Ruta-100 e industrial de abasto. La primera, legalmente ya no existe y la segunda está en liquidación. Además de las recomendaciones contenidas en el dictamen sugerimos que, para que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal cumpla en adelante con esta importante labor fiscalizadora, cuente con su propia contaduría mayor y órgano de vigilancia exclusivo para el Distrito Federal. Seguramente así será.
Por último y en virtud de la inminente reforma política del Distrito Federal, ésta habrá de contemplar, en cualquier modalidad que se adopte, la necesidad de asegurar la capacidad y viabilidad financiera de la ciudad. Todos esperamos que así suceda.
Por lo expuesto, les exhorto a aprobar el dictamen de decreto referido al ejercicio de la cuenta pública de 1994, correspondiente al Departamento del Distrito Federal. Hagámoslo con la convicción de que el Gobierno de la ciudad de México habrá de transitar hacia un espacio más democrático, mejor dotado de capacidad administrativa y más desahogada, financieramente, para responder lúcidamente a sus múltiples desafíos poblacionales y de servicios.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen.
Se han registrado para hacer uso de la palabra, para fijar posición, los siguientes diputados:
por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Marco Rascón Córdova; por el Partido Acción Nacional, el diputado Manuel Arciniega Portillo y por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada Ana María Licona Spínola.
Tiene la palabra el diputado Marco Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Los que quedamos, allá los que están en "Los Cristales", un saludo, los que están comiendo.
Si ésta será la última vez que este Congreso revisa el ejercicio de la Cuenta Pública del Distrito Federal, hagámoslo con mínimo decoro, a fin de sentar el precedente a quienes lo harán después y a fin de establecer que la facultad que hoy termina para esta disminuida soberanía, es para bien y no para mal.
El dictamen presentado a este pleno por la Comisión del Distrito Federal es muy perseverante en señalar todas las fuentes informativas para llegar a sus conclusiones, consideramos en positivo las opiniones que se dieron para poder integrar este informe.
Sin embargo, lo exhaustivo de la presentación no define con precisión ni deslinda responsabilidades concretas sobre los manejos fuera de la norma contable y el tamaño de los recursos que fueron manejados fuera de las reglas establecidas por la Contaduría Mayor y la Secretaría de Hacienda.
Por otra parte, el dictamen si bien anuncia que este documento será ampliado con el informe de resultados derivado de las auditorías específicas que practique la Contaduría Mayor de Hacienda, las bases y juicios centrales ya estarán sentados en este informe y este dictamen.
Votar a favor del decreto, por tanto, sería avalar de antemano el ejercicio de un presupuesto que pensamos tuvo graves desvíos y una aplicación incorrecta.
¿Qué es lo que interesa saber de este informe?, ¿cuál es el sentido de esta revisión a la cuenta pública de 1994? Lo esencial es saber cuáles fueron los criterios fundamentales para la aplicación del presupuesto, teniendo como marco de referencia lo aprobado por este Congreso a finales de 1993.
Con los datos que tenemos a la vista, podemos saber y rastrear con plena objetividad, así como los arqueólogos lo hacen con menores y más lejanos datos, los criterios, presiones y preocupaciones de la autoridad encargada de aplicar el presupuesto.
Tenemos a la vista, en el informe y en el dictamen, tres tipos de ejercicio presupuestal: el ejercicio menor a lo presupuestado, el igual a lo presupuestado y lo que excedió a lo presupuestado. Si lo viéramos como una empresa, otros partidos quizá así lo juzgarán, hay fallas que no son menores, pues son porcentajes excedidos hasta en un 27%, como es el caso de la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, que no pudo prever una obra del tamaño de la Línea 8 del Metro con anticipación ¿Por qué esta falta de previsión?, hubo hechos como las elecciones del 21 de agosto, para adelantar el término de las obras y esto precipitó concursos, licitaciones y exigió aumento de presupuesto.
Más allá de la frialdad numérica, hay en este informe huellas que las vicisitudes de la autoridad y sus preocupaciones, el central es el de la coyuntura política electoral. De ahí se desprende lo que de manera muy tenue, pero que no pudo soslayar el dictamen, sobre las irregularidades en las adquisiciones, obras públicas, emisión de normatividad, formalización de contratos y en el levantamiento de actas de entregarecepción. Podemos fundamentar que iban como alma que lleva los votos, construyendo acá, parchando allá, mientras el aparato propagandístico publicitario se daba vuelo con el bienestar de tu familia y él sabe cómo hacerlo. No era un problema electoral solamente, sino un problema de Estado, la continuidad política en el Gobierno del mismo proyecto económico.
Vemos hoy, en este informe, sobre la aplicación del presupuesto en el Distrito Federal, plena coincidencia y coherencia con la estrategia electoral del PRI para ganar las elecciones de 1994.
Este informe es una radiografía del esqueleto clientelar y la unión entre el Gobierno y el PRI en 1994. En este informe, hoy, podemos decir claramente a qué nos enfrentamos los candidatos de la oposición, contra qué competimos y efectivamente no era sólo propaganda, sino una amplia maquinaria clientelar electoral que funcionaba incluso al margen de los mismos candidatos del PRI.
El presupuesto plantea que esta estrategia estuvo altamente centralizada y que en este objetivo no hubo desvíos.
En la relación de cifras y porcentajes presentados de junio a la fecha y condensados en el dictamen de la comisión, se observan fallas y máscaras de lo que es el presupuesto real y el criterio central que motivó su aplicación. El problema político para el regente, como responsable directo de esta elección para su propio partido.
Muerto el niño de la democracia, hoy estamos aquí las fuerzas políticas en el Congreso, haciendo juicios sobre hechos consumados y legitimados por la autoridad electoral; pero que hoy, a lo lejos y tras las cifras de su aplicación de la cuenta pública, nos convertimos nuevamente en colegio electoral, jueces y parte de un sistema político deformada y sobreviviente a más de cuatro reformas políticoelectorales. Ese es el problema de fondo, pues en todo caso coincidiríamos, defenderíamos y avalaríamos los yerros en el presupuesto si su aplicación fuera para beneficio de la ciudadanía, fomentara la actividad económica y estuvieran sujetos a criterios fundamentados en el servicio público.
Sobre el aspecto jurídico y normativo
En el dictamen se reconocen los yerros y vacíos, pero no se precisan montos y tamaños y se diluye la posibilidad de fincar responsabilidades; se avala la conducta sin precisar antes el tamaño del yerro.
En el dictamen se reconocen insuficiencias entre la información proporcionada por diversas entidades y la aportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la celebración de contratos de adquisiciones.
¿De qué tamaño fueron estas insuficiencias? ¿Quiénes no la cumplieron? Esto no es simple, ya que estas normas no se cumplieron en lo relativo a contratos de adquisiciones. ¿Cómo vamos a normar nuestro juicio si sólo se señala la deficiencia pero no el deficiente ni el tamaño de la deficiencia? Aunado a ello, señala el dictamen el incumplimiento por parte de funcionarios que no cumplieron con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No saber quiénes fueron, da un doble anonimato a los causantes de los desvíos, ya que por una parte hay protección para hacer públicas las declaraciones patrimoniales, y por otra parte, cuando se viola la obligación de presentarla, tampoco hay información de quiénes y cuándo.
Entonces ¿para qué sirve la ley? Sólo para el ajuste de cuentas interno, dentro del aparato del Gobierno, y como instrumento del control político. Sólo podemos saber algo de los funcionarios cuando caen en desgracia en el poder. Se requiere mayor información y por eso el dictamen debe ser rechazado y ampliado, con datos precisos sobre las responsabilidades aquí señaladas o la cuestión de que en el decreto las recomendaciones sean establecidas a nivel del articulado del mismo decreto.
¡Qué significa el desfasamiento en la presentación del programa anual calendarizado de necesidades inmobiliarias? Podríamos pensar que el Gobierno se hace cada vez más pequeño en relación a empleos, pero más alto en relación a inmuebles utilizados, ya que este renglón creció. En lo relativo a bienes muebles, el incumplimiento a las normas y procedimientos para la afectación, señaladas también en el dictamen, baja y destino final de estos bienes, pudo haber sido el reparto de los automóviles y mobiliario usado por el Departamento del Distrito Federal de manera extraordinaria durante la campaña.
La falta a la norma deja sin datos precisos al legislador para saber si más allá de las necesidades hubo dolo o delito.
Los ingresos contra los egresos y la deuda
Vía el aumento de impuestos, tarifas, servicios y pago de derecho, los ingresos ordinarios aumentaron en 5.3% más de lo programado. Habría que señalar que es de los años donde este monto de ahorro fue uno de los menores y que en otros años fue sumamente mayor.
Por otra parte, el gasto neto del Departamento del Distrito Federal aumentó en un 7%. Este gasto se compensó sin deuda, misma que tuvo una estructura del 67% de deuda contratada; 25.7% por deslizamiento cambiario y 7.3% por la capitalización de intereses. La deuda contratada para financiar el déficit de 281.7 millones de nuevos pesos, nos ilustra el informe y el dictamen, fue cubierto con 343.6 millones de nuevos pesos contratados, pero que resultaron inferiores a los 470 millones aprobados por el congreso en la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal.
Aquí hay un problema o por lo menos las cuentas al PRD no nos salen. Uno es la ruta del dictamen, que significa el gran margen para su discrecionalidad, pues con los criterios de contrastar ingresos ejercidos contra gasto ejercido, menos el incremento del 5.3% a los ingresos, hace relativos los 470 millones de nuevos pesos de endeudamiento autorizado; ahí es donde aparecen los 281 millones como déficit. Sin embargo, si medimos y si ustedes pudieran haberse endeudado más dentro del margen autorizado, a esto habría que agregar lo que no gastaron, que fueron las refacciones para el Metro que no llegaron y el incumplimiento de las metas y objetivos de la prioridad número uno, que es la protección ecológica, que les significó un ahorro neto de 205 millones y una cantidad no determinada por las refacciones del Metro que no llegaron.
Los ingresos ordinarios estimados. Si checamos los ingresos ordinarios estimados autorizados por la Cámara, eran de 16 mil 180.4 millones de nuevos pesos, más un endeudamiento autorizado de 470 millones, que hicieron un total de 16 mil 650.4 millones de nuevos pesos; esto fue lo autorizado por este Congreso, que contra el gasto ejercido de 17 mil 316.2 millones de nuevos pesos, originan un déficit entre lo autorizado y lo ejercido de 665.8 millones de nuevos pesos y no de 281.7 millones de nuevos pesos, que es el déficit de lo que ingresó y se gastó más allá de lo aprobado. En matemáticas y para álgebra se llama ley de los contrarios, donde menos por menos da más, pero tratándose de finanzas y contabilidad no es una regla aplicable, es decir, déficit por déficit no da superávit.
Por otra parte, con lo que respecta al saldo de la deuda se dice que ésta ascendió a 1 mil 473.3 millones de nuevos pesos y superó 53.4 la deuda de 1993, es decir, 786.7, por tanto el 67% de aumento de la deuda sería de 527.1 millones de nuevos pesos y no lo que se reporta de 343.6 millones; esta cifra rebasa, por tanto, 57 millones de nuevos pesos, los 470 millones autorizados por este Congreso.
Aquí cabe hacer la aclaración o por lo menos la reflexión, de que si se suman los ahorros por los incrementos a los ingresos, bueno, pues, entonces con esto si a partir de aquí se aumenta lo que fue la contratación de deuda autorizada por el Congreso, pues esto de alguna manera da un margen de discrecionalidad con el manejo de los recursos provenientes del endeudamiento. Pero si los checamos con lo que fue autorizado, bueno pues, el ahorro es ahorro, pero esto no se puede medir en relación con lo que fue ya autorizado.
Pero no vayamos por pequeñeces, pues esto rebasa en muy poco lo gastado por Carlos Madrazo en su campaña en Tabasco, es decir, 241 millones de nuevos pesos; 70% de lo que significa la deuda extrañamente disminuida en este dictamen. Vamos en adelante a presentar la ruta que seguimos para argumentar la utilización en favor de los candidatos del PRI en la campaña 1994, este presupuesto.
Sobre las aportaciones a subsidios, aquí un gran paréntesis, en este apartado del dictamen consideramos que debe hacerse primero la aclaración que las cifras de este rubro o están en viejos pesos o están incoherentes, pues solamente en el renglón de ampliación neta se señalan 300 mil 476 millones de nuevos pesos, que sería más del 250% de todo el presupuesto del Distrito Federal; no derrochemos fantasías y quitemos a esta cifra los tres dígitos correspondientes para acercanos a la realidad.
1. El excedente de 27.2% al presupuesto programado para el término de la Línea 8 del Metro, antes de las elecciones del 21 de agosto significó solamente 270 millones de pesos adicionales a la obra pública aprobada por las irregularidades ya mencionadas en los aspectos jurídicos normativos del propio dictamen. No fue posible para los planificadores urbanos predecir la construcción de la Línea 8 del Metro en diciembre de 1993, porque no concordaron aquí los planificadores urbanos y los financieros del Gobierno con esta obra publicitada a lo largo de la campaña y terminada antes del 21 de agosto, fue uno de los ejes propagandísticos indirectos en favor del oficialismo aquí en la ciudad.
En el mismo rubro de aportaciones y subsidios a entidades coordinadas, el caso de Autotransporte de Pasajeros Ruta-100 es el más señalado y significativo, estos recursos fueron para aplicar el programa de redimensionamiento estructural que significó redimensionar al desempleo en primera instancia a 418 empleados de la empresa; parte de este programa redimensionador, es el juicio de que Ruta-100 la empresa, fue una excepción que no cumplió con la normatividad del Sistema Integral de Contabilidad ampliado por el Departamento del Distrito Federal, misma responsabilidad que ahora el Gobierno del Departamento del Distrito Federal en campaña, lo trasladó al sindicato y los trabajadores.
No se les ocurrió antes la posibilidad de una responsabilidad por parte de la empresa y sus directivos, curiosamente en la cárcel están los representantes de los trabajadores y no los directivos de la empresa cuya responsabilidad está señalada por lo menos en el informe y el dictamen.
En este ámbito, hubo un gasto excedente de más de 380 millones de nuevos pesos, cuya parte de justificación fueron el proceso electoral y los contratos, un gasto feliz para los dueños de la política y el dinero.
2. La construcción de operación hidraúlica superó también el gasto presupuestado en 15.6% es decir, se gastaron 220 millones de pesos más que lo programado. Entendemos que meter y sacar agua, recogerla y distribuirla contra las leyes de la naturaleza cuesta eso y más, lo que no es razonable es la falta de planificación y un gasto accidentado, cuando según la ciencia de la economía y la administración debieran preverlo. Los accidentes no nacen, se hacen, decía un spot en tiempos de López Portillo hasta que los eliminaron tras el accidente del pozo petrolero Iztoc.
Asimismo, las imprevisiones en este año, los accidentes presupuestales de 1994 parecieron que no nacieron, sino que se hicieron en función de las necesidades extraordinarias de la política y el año electoral. En descargo a esta irregularidad surgía en la manera de hacer las cosas y los intereses que están ya establecidos con tantos años de un solo partido en el Gobierno de la ciudad y sin contrapeso, deberíamos reconocer a quienes vigilan y trabajan en el asunto del agua para que no nos falte y no nos ahoguemos, pero junto a ello, y en honor a su trabajo, debemos de ser escrupulosos en los recursos públicos a partir de los cuales es posible hacer y mantener esta gran obra pública cuyo valor es histórico.
El ámbito ecológico
Evitar la catástrofe ecológica nos cuesta mucho en lo relativo al funcionamiento, sin embargo en lo que respecta a lo preventivo, el gasto fue inferior a lo programado en un 14.6% es decir...
El Presidente:
Señor diputado:
Han transcurrido tres minutos más, perdóneme diputado, permítame tantito, usted dice que se trata de un voto particular, le voy a pedir de favor que lo mencione en el micrófono con las condiciones que quiera usted que quede registrado y le ruego que concluya su intervención.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Es un voto particular en contra del dictamen y por lo tanto, me acojo al artículo 113 del Reglamento.
Gracias, señor Presidente.
Las delegaciones
Otro gasto aumentado fueron los gastos administrativos de las delegaciones que superaron en un 10% lo programado y que significó 289 millones de nuevos pesos. ¿Qué significan 289 millones de pesos en una administración y en un sistema donde la discrecionalidad es piedra angular de control político y social? ¿Qué significan los aumentos en servicios generales y servicios personales? Dice el dictamen que en servicios generales se explican por las acciones de mantenimiento y conservación de la red secundaria de agua potable pues se incrementó el reparto de agua potable, en pipas, la recolección de residuos sólidos en la vía pública, más unidades recolectoras y aumentó el número de rutas domiciliarias, es decir, el voto de la periferia sin agua y el voto de las clases medias.
Se sostendrá este gasto o bajará de acuerdo con la falta de fechas electorales de 1996, ya no lo veremos nosotros sino que eso lo analizará la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En lo relativo a servicios personales, los estímulos al personal de más de 10 años de labores en el Departamento del Distrito Federal y la contratación de 600 trabajadores para la propaganda ecológica cuyo presupuesto no aplicaron al 100%, faltará un siglo para creerles que fueron para estimular la siembra de arbolitos y no para hacer trabajos de propaganda política. Se harán extensivo estos estímulos a los trabajadores del servicio público y se sostendrán.
Vivienda
El Fividesu y en el Programa de Vivienda... el Programa de Vivienda en el Distrito Federal, más bien, gastó el 97.4% del presupuesto y solo se cumplió con el 32% de las metas de lo que significa vivienda. ¿Qué fue de este presupuesto? Nosotros lo vimos claro y ustedes lo vieron claro y muchos compañeros, todos los candidatos aquí en el Distrito Federal, los candidatos en el Distrito Federal nos encontramos con una actividad inusitada por parte de las delegaciones del Fividesu para repintar las unidades habitacionales en los distritos. Esto era promovido vía los comités distritales del PRI con las delegaciones políticas a fin de fortalecer a cada comité delegacional del PRI. ¿Lo recordáis aún? Pues aquí está ahora en forma de cifra como un 5.6% de las aportaciones y subsidios a las entidades coordinadas.
De este renglón salieron muy escasas viviendas, 890 pies de casa, dice el informe, más de 70 mil beneficiados, cómo... Aparte, bueno esto fue, porqué 70 mil beneficiados, pues es la distribución de materiales de construcción, rehabilitación de unidades habitacionales y los 80 ó 90 pies de casa que de seguro fueron entregados hasta después del 21 de agosto.
Fividesu, por su parte, es uno de los organismos que construye más caro, tiene más altos gastos de administración y trabaja con el esquema de él construir y luego repartir como cuotas. Fividesu en el auge aún de 1994, dice que construyó 890 pies de casa. Saben lo que es eso con respecto al déficit actual de vivienda en el Distrito Federal ni el .002% de ese déficit, pero con el 97% del presupuesto ejercido; es decir, 130 millones que debieron convertirse mínimamente, mínimamente según nuestros cálculos, en 1 mil 876 viviendas de 56 metros cuadrados con un valor de 70 mil nuevos pesos, cada una.
Comercio ambulante
Veamos ahora el presupuesto en lo relativo al voto de los comerciantes callejeros. En este renglón se utilizaron subsidios por 529 millones de nuevos pesos en la construcción de plazas y locales comerciales para la reubicación y rehabilitación de mercados. No hay que argumentar mucho, los resultados están ahí y nuevamente pues están las calles y está el grave problema.
A los ambulantes primero los pusieron en la incertidumbre como la forma ritual para redefinir el compromiso al voto, quitarle seguridad y luego condicionárselas y regresárselas después de haber pagado con lealtad política. En esto habría que señalar que los ambulantes son una fuente de ingreso a través de vía pública, para el PRI son ingresos generando recursos para la política ya que estos recursos no requieren ni facturación ni la necesidad de darles cuentas a nadie.
Quien controla las calles de la ciudad en tiempos de crisis la controla políticamente aunque ello conlleve a otras contradicciones. En el caso del comercio ambulante hoy sabemos de la cifra de 529 millones, casi el doble del excedente utilizado para terminar la Línea 8 del Metro, casi el doble de lo gastado por las 16 delegaciones juntas, casi el doble del aumento de gasto realizado por la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, por el presupuesto los conoceréis y sabréis lo estratégico que son estos sectores en tiempos electorales y en tiempos de crisis.
Salud
Otros recursos señalados en el ámbito del bienestar social que se mantuvo con respecto a lo programable, 17% se nos señalan objetivos alcanzados de vacunación, consultas y atención en materia de salud que habría que cruzar con los programas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia a fin de que ambas cuentas no nos estén cobrando la misma factura y la estemos pagando; es decir, hay que ver lo que sería todo el gasto en la Secretaría de Salubridad y Asistencia y lo que está presentado aquí como actividades o gastos en lo relativo a acciones de salud.
Justicia y seguridad
En justicia y seguridad se respondió a las preocupaciones de las clases medias que seguro fueron más patrullas y equipo para las colonias de clase media cuyo voto también estaba en disputa y era una de las principales preocupaciones. Este presupuesto se incrementó en 493 millones, sin contar los tanques antimotines y otros equipos paramilitares y policiacos en contra de la población y en prevención de lo que pudiera venir.
Dice el informe que este presupuesto fue para darle más vigilancia a empresas y particulares con vigilancia especializada. ¿No que quieren más chico el Estado? ¿Por qué no absorben todas las consecuencias y responsabilidades de la privatización? ¿Por qué estos pagos se cargan al Estado y los contribuyentes? Si son privados, a resolver de manera privada también lo que son los gastos de la propia seguridad.
Abasto y comercialización
Se ejerció, como en el caso de Fividesu, 181.6 millones, o sea menor, de nuevos pesos, perdón, 22.4% mayor, pero no se cumplieron las metas, señala el dictamen. También aquí se rebasó el gasto, pese al rechazo de locatarios a la modernización de sus mercados. En la campaña ésta era la queja central de los locatarios, a los locatarios los mantuvieron amenazados constantemente, de que tenían que participar en la modernización. ¿Saben de la que se salvaron? ¿Qué hubiera pasado si se endeudan en 1994? ¿Cómo estarían ahora.
El dictamen en ese sentido es contradictorio, pues señala un aumento en el presupuesto y al mismo tiempo informa de una caída de todos los resultados. ¿En qué se gastó este presupuesto, cómo y por quiénes.
Administrativo
En el ámbito administrativo el Departamento ejerció además el 17% del gasto programado, lo cual hubiese sido suficiente, sin los agregados en subsidios y aportaciones mencionados anteriormente y que obviamente estuvieron marcados por el contexto electoral.
Conclusión, nuestras conclusiones y nuestro voto.
Si sumamos todos los excedentes de gasto y la justificación de éstos, podríamos pensar que hubo un gasto y presupuesto en favor de los candidatos del PRI de manera indirecta, por 2 mil 500 millones de nuevos pesos. Estos significaría que el 6.92% para ser exactos, casi el 7% de lo que establece el dictamen, fue la parte del presupuesto del Departamento del Distrito Federal que se utilizó en la campaña 1994 en favor de los candidatos del PRI a la Presidencia de la República, para diputados, asambleístas y senadores. Este porcentaje es justamente el 7% que aparece como gasto superior a lo programado en el presupuesto de egresos del Departamento.
Ante este análisis, el PRD quiere expresar su voto en contra en lo general del dictamen y el proyecto de decreto, así como está establecido y propone, propondría, para ser consecuentes, porque nos parecieron importantes las recomendaciones que presenta el dictamen, las recomendaciones precisan, lo cual podría ser el camino para la aclaración de todo lo que fuera la cuenta pública.
En ese sentido, nosotros propondríamos en lo particular, como único, que las recomendaciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, del dictamen, sustituyan a los artículos 1o. y 2o. del decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio de 1994, es decir, que las recomendaciones pasen a ser el articulado del decreto y con eso estaríamos transmitiendo a quienes revisarán la cuenta pública en tiempos posteriores, con no recomendaciones sino con el peso, con el valor que es la ley y que partiría de este Congreso.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Arciniega Portillo, del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Arciniega Portillo:
Con tu permiso, Toño.
La revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio de 1994, es particularmente especial para este Congreso. Como es de su conocimiento, ésta es la última ocasión en que la cuenta del Distrito Federal es discutida en esta tribuna. La ocasión ameritaba entonces un análisis más profundo y crítico, de forma tal en que fijáramos un precedente positivo a los trabajos venideros de la Asamblea legislativa.
Los diputados de Acción Nacional reconocemos la disposición de los señores legisladores de las otras fracciones, para la realización del dictamen hoy a discusión, que indudablemente fue enriquecido por el intercambio de ideas y puntos de vista.
Sin embargo, hemos decidido votar en contra del dictamen de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal de 1994.
Para fundamentar la posición de nuestro partido y a nombre de mis compañeros diputados, me permito presentar a esta soberanía algunas consideraciones.
Sobre el dictamen podemos señalar que una vez más contamos con poco tiempo para el análisis serio y objetivo, de ahí que las conclusiones del dictamen disten mucho de ser profundas y congruentes.
Por otro lado, cabe reconocer que hubo un avance muy relativo en cuanto a la señalización clara de las entidades que incurrieron en incumplimientos, ya sea disposiciones normativas, informativas o de política de gasto.
En la discusión de la cuenta de 1993 nos referíamos a este punto, haciendo ver que no se indicaba en el dictamen la referencia a entidades irregulares. Con gusto apreciamos en la revisión que hoy da lugar, que dicha sugerencia fue tomada en cuenta, aunque nos hubiera gustado conocer un poco más que simplemente las iniciales.
Pero sigamos revisando el dictamen. En el apartado denominado resultados financieros presupuestales del Departamento del Distrito Federal, cita en su segundo párrafo, abro comillas: "El Departamento del Distrito Federal conservó la estabilidad de sus finanzas después de aplicar una política de ingresos orientada a incrementar la eficiencia de la administración tributaria más equitativa y recaudar los recursos suficientes para financiar su gasto".
Siendo que tan solo un párrafo abajo, menciona que como resultado se obtuvo un déficit de 281 millones de nuevos pesos, sabiendo que lo previsto era tan solo de 5 millones, es decir un 5.624% de excedente.
Asimismo, las variaciones de cumplimiento de metas, ejercicio de recursos o no erogaciones, continúan siendo una constante en la revisión de la cuenta cada año.
La valoración final de nuestro voto en contra, no radica únicamente en el dictamen, sino además en la información contenida en el informe previo y lo que representó para los capitalinos el año de 1994.
Empezaré por las cuestiones de forma. Por ejemplo, tratar de encontrar el fundamento a un incremento del 7% del gasto presupuestado, pero no en gasto de capital, sino en gasto corriente y por lo mismo improductivo. El IDA, Industrial de Abastos con un exceso de 1 mil 600% en su gasto, de 4 millones a 66 millones, continuando con Servimet, con un 60.8% de exceso y las transferencias no consideradas en el presupuesto y utilizadas como donativos a la ANDA y al Colegio Nacional de Economistas, organismos del PRI.
Y por último, busquemos la explicación del ejercicio del presupuesto realizado con eficiencia, racionalidad y estricta disciplina, cuando a todas luces no es compatible con la realidad y citaré tan solo tres ejemplos.
a) En el ámbito administrativo se ejercieron 28% más de lo presupuestado y no aparece señalado en el dictamen.
b) En el ámbito de bienestar social se dejaron de ejercer 3.3% y tampoco aparece señalado en el dictamen.
c) En el ámbito de ecología se gastó 14.6% menos de lo presupuestado, es decir más burocracia y menos programas.
Con todos los señalamientos anteriores no podemos más que cuestionarnos profundamente las acciones que toma el Departamento del Distrito Federal sobre las recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, que a todas luces siguen ignorando. Ya el año pasado hicimos un cuestionamiento amplio sobre este tema.
Podríamos seguir comentando anomalías. La última a la que haré mención es sobre la contratación de 600 eventuales como equipo de instalación en cartera, en año electoral.
Con todo esto, no podemos sorprendernos si dentro de la misma Comisión del Distrito Federal entrega a los diputados de oposición información a medias, literalmente a medias. Es decir, nos entregaron las páginas nada más nones y las pares nunca las recibimos, con una exigencia directamente al secretario de finanzas, como a los encargados de la comisión y a los de la oposición exactamente.
Señores diputados, el Distrito Federal ya no puede seguir manejándose con altas dosis de discrecionalidad sexenal, hoy día ni siquiera podemos ufanarnos de los avances en materia democrática o la voluntad de las autoridades y el partido de Estado para la mejor convivencia. El cierre de la cuenta pública de 1994 representa para el Distrito Federal y sus habitantes un impasse en la historia. Otra instancia asumirá la responsabilidad de la revisión de gastos esperamos que el resultado no sea el mismo: recomendaciones no acatadas, excesos a discreción en los gastos, déficit no previstos; alza de impuestos; cobro excesivo de servicios, etcétera.
Cerramos un sexenio con la imagen ilusoria de Servimex como la empresa desarrollada del Siglo XXI, con un sistema de transporte, como Ruta-100, que vivió en la ilegalidad hasta que su misma ambición la devoró y en este sentido exigimos más contundencia para encontrar las desviaciones, las diferencias, las grillas, las políticas, todo lo que le metieron a la Ruta-100 por parte de las autoridades y por parte del sindicato.
Aún con todo aquello que los administradores anteriores nos quisieron hacer creer, hoy el Distrito Federal continúa reclamando, día con día, la verdadera elección y remoción de sus autoridades, continúa reclamando la correcta y eficiente asignación de recursos, continúa reclamando la viabilidad de los proyectos de bienestar social, continúa reclamando la seriedad y honestidad de sus gobernantes, continúa reclamando su soberanía del Estado 32 y la verdadera democracia para el Distrito Federal.
Finalmente, el Partido Acción Nacional hace votos para que a partir del año fiscal que está por concluir, e inicio de un sexenio más, se sigan las recomendaciones derivadas del proceso de revisión. Exhortamos a la autoridad para reducir su participación discrecional, ya que mientras más transparente sea el uso y asignación de los recursos, más sencilla será la convivencia ciudadana y la cercanía entre sus gobernantes.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Ana María Licona Spínola, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Ana María Adelina Licona Spínola:
Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
El análisis y el dictamen de la Hacienda Pública del Distrito Federal de 1994 fue un ejercicio de trabajo legislativo plural, en el que los diputados de las distintas fracciones integrantes de la Comisión del Distrito Federal pusimos el mejor de nuestros esfuerzos, no sólo por tratarse de una obligación de carácter legal, sino de un compromiso con nuestros representados.
Apoyándonos para esto con los informes de avance de actividades elaboradas por el Departamento del Distrito Federal de 1994 y en múltiples reuniones sostenidas con servidores públicos del gobierno capitalino, con el fin de que el manejo de la cuenta pública de nuestra ciudad garantice a sus habitantes transparencia y claridad.
También fue y hay que reconocerlo, un trabajo nostálgico, porque ésta es la última vez que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión tiene esta competencia.
Este sentimiento se atenuó frente al beneplácito porque gracias al trabajo político de todos los partidos, empujado muy fuertemente por mi fracción, procedió la reforma para que sea la Asamblea de Representantes la que en adelante se encargue de esta función y debemos estar seguros que debe y podrá aumentar sus funciones como lo queremos los capitalinos.
Claros estamos de que somos capaces de avanzar en el proceso de reforma de ciudad, donde uno de los objetivos para alcanzar es dar mayores facultades a la Asamblea, y en donde mi fracción desde siempre ha manifestado voluntad para convertir a este órgano en el legislativo de la Ciudad de México.
Siendo desde la pasada legislatura, desde la LV Legislatura, donde se pugnó porque el Departamento del Distrito Federal pueda estar mejor administrado haciendo un gobierno propio con una nueva organización.
Los priístas trabajamos al interior de la comisión y de nuestra propia fracción con un alto sentido de responsabilidad y con una actitud crítica que nos permita con toda objetividad reconocer avances y retrocesos en la difícil operación de esta ciudad que requiere de una mayor equidad, de igualdad de oportunidades, de mayor calidad de vida en sus habitantes, ante la difícil gobernabilidad de esta megalópolis.
Como priístas votamos a favor del dictamen, ya que pudimos constatar que en términos generales la acción de las autoridades del Gobierno de la ciudad estuvieron enmarcadas en las disposiciones jurídicas que son de observancia para la gestión, administración y financiamiento del sector del Distrito Federal.
No dudamos tampoco en señalar las deficiencias detectadas en algunas entidades dependientes del Gobierno de la ciudad como Fidere, Fividesu, Sistema de Transporte Eléctrico y Sistema de Transporte Colectivo.
Sin embargo, quisiera destacar tres aspectos que en materia de obra pública y de Gobierno me parecen fundamentales por su relevancia en el desarrollo de una ciudad como la nuestra.
En primer término, debemos considerar que en un año difícil, un año muy peculiar, en finales de un sexenio, con un proceso electoral de la más alta magnitud, nuestra ciudad pudo inaugurar una trascendental obra como la Línea 8 del Metro, Garibaldi Constitución de 1917.
Esta línea une al centro de la ciudad con una de sus zonas más populares como lo es Iztapalapa. Aquí se benefician alrededor de 600 mil habitantes; pero además de los lugares socioeconómicos más deprimidos, que absolutamente vieron mejorada su calidad de vida al contar con un servicio de la calidad de nuestro Metro.
Hoy esta obra les permite con rapidez, con seguridad, a muy bajo costo, acudir a sus centros de trabajo, a sus centros de estudio, estar comunicados con el lejano centro histórico de la Ciudad de México y esto también significó una fuente de trabajo más para los capitalinos.
La labor realizada en el ámbito del bienestar familiar, particularmente en el de salud, al que hago referencia seguramente por mi formación profesional, permito comentar que esta ciudad enfrentó y acotó la terrible enfermedad del cólera que desde 1991 hizo presencia en el Distrito Federal, pero que en 1994 amenazaba en convertirse con un problema muy grave para los habitantes de esta ciudad.
Gracias a la coordinación de las instituciones del sector salud aunados a las acciones de introducción, mantenimiento y conservación de la red de agua potable y drenaje, así como el incremento en la recolección de residuos sólidos en la vía pública, al haber aumentado unidades y rutas para este efecto, lograron contener esta amenaza para la salud de los capitalinos.
Cabe destacar que el gasto en agua, por supuesto recurso escaso, caro y al cual dedicaron importantes versiones, se corrió gran parte del gasto corriente, lo que justifica imprecisiones, que si bien suceden en cualquier modesto municipio, más tratándose de esta gran urbe.
Como en toda ciudad, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos como un magno conflicto social, propio del hacinamiento de grandes masas de población en espacios reducidos, a la gran disparidad en los niveles de vida que conllevan a incrementar la violencia urbana, aunado a otros factores como el desempleo, ocuparon otro de los rubros prioritarios para el ejercicio de gobierno de esta ciudad en 1994.
Los capitalinos pidieron seguridad pública, esto demandó aumento de la vigilancia especial a empresas particulares, así como seguridad también especializada a empresas públicas y privadas, por lo que la entonces denominada Secretaría de Protección y Vialidad adquirió equipamiento para la policía, dentro del cual se encuentran 1 mil patrullas atendiendo así en parte, un reclamo de la ciudadanía incrementando el parque vehicular.
Este parque vehicular indispensable para la vigilancia y seguridad, este beneficio fue mayor, ya que la mayoría de estas patrullas fueron asignadas a labores de prevención en las colonias de más alto índice de criminalidad.
En un balance objetivo, crítico, del ejercicio del gobierno del Distrito Federal de 1994, podemos concluir que no obstante reconociendo algunas deficiencias naturales en un volumen de cuenta de tal magnitud, se cumple con las necesidades de una población mayoritariamente popular en su condición socioeconómico y las muchísimas demandas que esta población exige le sean cubiertas.
El crecimiento experimentado por la capital de la República en las últimas décadas la sitúa entre las urbes más grandes del mundo, por lo que sus problemas son complejos y de difícil solución. Asimismo las características de esta gran ciudad en donde transitan no sólo sus habitantes sino que a través de ella se transportan millones de habitantes de las zonas conurbadas, agudizan cualquier problema que en otra ciudad difícilmente se da.
Por último, no nos queda más que ponernos a disposición de la Asamblea para que todo aquello que le sea útil en materia de revisión y evaluación de esta importante función de fiscalización, ahora de competencia única de ese órgano, redunde en un trabajo que arroje transparencia y claridad para los habitantes de nuestra ciudad.
Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que se han inscrito para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes oradores.
En contra, la diputada Graciela Rojas Cruz, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Miguel Hernández Labastida, del Partido Acción Nacional. En pro, la diputada Irma Eugenia Cedillo y Amador, del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Graciela Rojas Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Graciela Rojas Cruz:
Con su permiso, compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados que se encuentran en esta sesión:
Esta es la última Cuenta Pública del Distrito Federal que analizará la Cámara de Diputados. Creo que es acertado que sea posteriormente la Asamblea de Representantes del Distrito Federal la que revise la Cuenta Pública de esta entidad, tal vez ahí se le dé importancia, la importancia que merece este tema llamado cuenta pública, ya que para la Cuenta Pública Federal se celebraron varias reuniones con diversos funcionarios de la administración pública federal para intercambiar opiniones, cuestión que nosotros consideramos es valioso y es importante.
En cambio para la Cuenta Pública del Distrito Federal sólo tuvimos dos entrevistas con el responsable de las finanzas del Distrito Federal. No obstante, nos interesa hacer una revisión de esta cuenta desde dos ángulos: el relativo a la observancia de la normatividad correspondiente a la materia y el que se refiere a la orientación del gasto público a la luz de los problemas que se siguen padeciendo en la capital, para evaluar si los programas que integran el presupuesto son los más adecuados para superar esa problemática.
Desde que se presentó y aprobó la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio de 1994, el Partido de la Revolución Democrática rechazó su orientación y al conocer la cuenta pública desde ese mismo ejercicio, ratificamos aquella postura.
Uno de los principales objetivos de la política económica aplicada por la administración que examinamos, fue la de contar con finanzas públicas sanas y para lograr ese objetivo no repararon en los medios y llegaron hasta la postergación de acciones urgentes para enfrentar carencias y superar problemas de diversa magnitud.
La situación económica del país en general y de la Ciudad de México en particular muestra que los sacrificios a que se nos sometió fueron en vano, pues la crisis esta muy lejos de superarse. Por ello nuestro cuestionamiento de hasta dónde fue válido el ahorro que se dio durante la administración pasada, incluyendo el ejercicio fiscal de 1994, toda vez que no se cuenta con una situación económica favorable ni se logró mejorar los niveles de calidad de vida de los mexicanos.
El año 1994 coincidió con un proceso electoral federal y como ha sido costumbre en nuestro país, éste es un elemento de distorsión del gasto público, pues ha sido práctica común en el ejercicio gubernamental, dar prioridad a los gastos y programas que incidan sobre el resultado electoral.
Esta tradición de la política mexicana, es a todas luces perversa y constituye un elemento que debemos considerar.
En 1995 se han presentado las siguientes situaciones: transporte, la quiebra de Ruta-100; la elevación de tarifas del transporte concesionado; el programa "Va Derecho" y las constantes denuncias de corrupción en los organismos correspondientes; seguridad pública, fuerte incremento en los indices de inseguridad, justicia, renovación del Tribunal Superior de Justicia, caso Polo Uscanga, comercio, agudización de los problemas con los comerciantes ambulantes; medio ambiente, mantenimiento de altos indices de contaminación, empleo, elevada tasa de desempleo abierto.
Aunque estas situaciones se han dado durante 1995, no hay que perder de vista el hecho que dentro del presupuesto del Distrito Federal se incluyen programas cuyas metas se orientan a evitar o disminuir situaciones como las que se enumeran, lo que debemos tener presente.
Desde el informe de avance enerodiciembre de 1994 del Distrito Federal, detectamos situaciones que ahora en la cuenta pública se están corroborando y que requieren de un análisis más de fondo.
De esos aspectos abordaremos sólo dos: seguridad pública y justicia. En la sesión del martes anterior, fue ampliamente discutida la Ley de Seguridad Pública, con la cual se pretende salir a abatir los elevados indices de inseguridad que vive el país, situación de la cual no se salva nuestra capital. De hecho, en lo que va de 1995, se han elevado los índices delictivos en 30%, tendencia que se venía presentando desde años anteriores.
Para 1994 se aprobaron para el Programa SO, seguridad pública, recursos originales por 1 millón 954 mil 587 nuevos pesos, cantidad que se elevó a 2 millones 357 mil 697 nuevos pesos, para que al final se ejercieran 2 millones 355 mil 242 nuevos pesos.
La mayoría de las 20 metas que integran el programa presentaron un avance superior al previsto, lo que muestra por una parte la existencia de mayores requerimientos de la población por servicios de seguridad. Pero hay varios casos en los que el incumplimiento de metas implica una merma en las posibilidades de actuar eficientemente por la entonces Secretaría General de Protección y Vialidad; por ejemplo, se previó la contratación y equipamiento de 5 mil 666 nuevos elementos de la policía y solamente se incorporaron 204, de las consultas y asistencias médicas al personal no se cumplieron el 27.3% de las programadas y en raciones alimenticias para el mismo personal, se distribuyeron casi una cuarta parte menos de los esperado.
Este incumplimiento de metas necesariamente lleva a disminuir las condiciones laborales del personal de la Secretaría y con ello su capacidad de operación. Además, el incumplimiento se da sin que se refleje en el manejo presupuestal. Por ejemplo: si originalmente se previó gastar 1 mil 800 nuevos pesos por cada nuevo elemento, al final el promedio fue de 2 mil 700 nuevos pesos. En cuanto a las consultas, el costo promedio original era de 81 nuevos pesos, terminó en 113 nuevos pesos.
En sentido contrario, hay metas para los festejos artísticos y los mensajes de orientación, en donde el avance de metas fue de: 176.9% y 209.5% respectivamente, sobre lo esperado. Lo que muestra que se confundió la eficiencia en materia de seguridad pública con la promoción artística y la comunicación social.
En suma, no debe sorprendernos que cada vez haya más inseguridad, el ejercicio de 1994 nos muestra algunas de las causas para que ello sea así.
Justicia. El Programa CK, promoción de la justicia, es en donde se establecen las metas y acciones con las que se pretende procurar e impartir justicia en la capital y son: la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las dependencias responsables, ambas, trascendieron mucho en los últimos años, pero no tanto por el cumplimiento de sus funciones, sino por el cambio constante de procurador que se dio en la administración pasada en el primer caso y en el segundo, el escándalo en que se vio involucrado el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Para este programa se asignaron originalmente 779 mil 194 nuevos pesos, que posteriormente se modificaron a 817 mil 302 nuevos pesos, para que terminaran ejerciéndose 801 mil 680 nuevos pesos. Estos datos podrían hacer pensar que hubo nivel de eficiencia en la labor de esas dependencias, o cuando menos se logró resolver los planes previstos. Sin embargo eso no es así y al analizar meta por meta, sus avances físicos y financieros, podemos establecer por qué la ciudadanía capitalina está lejos de contar con un aparato de promoción e impartición de justicia acorde con sus requerimientos.
Los resultados de estas carencias son: impunidad, sobresaturación de penales y centros de readaptación, inseguridad pública y en general una serie de cuestiones que en nada ayudan a contar con mejores niveles de vida.
De las 64 metas físicas que integran el programa, 36 no cumplieron; de las metas financieras establecidas, solamente en nueve se ejerció todo el presupuesto. Sin embargo no hay coherencia en los porcentajes de avance físico y financiero en prácticamente ninguna.
Hay metas que en el avance físico es de 0% y sin embargo hubo gasto, como son los casos de las metas 17 y 18, en las que se reportan avances financieros, en ambos casos, de 94.4%.
Prácticamente en todas las metas que correspondió cubrir al tribunal, el avance financiero fue superior al 94%, a pesar de que físicamente los porcentajes oscilaron entre 0% y 90%.
De las metas con mayor porcentaje de avance, tenemos: celebrar audiencias: 25%; dictar sentencias: 25.9%; admitir demandas y desechar improcedentes: 30.2%; resolver desistimientos: 19.2%; resolver expedientes pendientes de demanda: 41.0 %.
Frente a los reclamos sociales por una mejor impartición de justicia no se puede decir que estos porcentajes se deben a la poca solicitud de la población, sino son el resultado de la ineficiencia de los encargados de impartir justicia en nuestra ciudad capital.
A la luz de la cuenta pública vemos que los reclamos que en su momento hiciera Polo Uscanga eran solamente una parte del problema, que la gestión del máximo órgano de justicia en la Ciudad de México estuvo plagada de ineficiencias sobre las que hay que profundizar si se quiere avanzar en ese campo.
A la luz de estos dos temas, que brevemente hemos desglosado, hay elementos suficientes para rechazar la cuenta pública de 1994, no sólo porque hay inconsistencias legales y numéricas, muchas de ellas están consignadas por la Contaduría Mayor de Hacienda en su informe previo, sino porque es evidente que el ejercicio que se realizó estuvo lejos de ser lo que esta ciudad necesita para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Fue una gestión que no avalamos ni en su orientación ni en sus resultados, como tampoco respaldamos las cifras en que pretenden sustentarse.
Lo preocupante de esto, en la actualidad, en este momento, en este año, es que observamos que en la gestión actual de esta administración del Distrito Federal se sigue la misma línea, se observan las mismas conductas y esperamos nosotros que la cuenta pública de 1995, que se va a analizar en la Asamblea de Representantes, sea de mejor manera realizada, se le tome mayor importancia, porque consideramos que tal parece, yo considero mejor dicho, no quiero hablar en plural, hablo por mí misma, considero que el discutir la cuenta pública tal parece que es un trago amargo para muchos diputados, cuando es una de nuestras facultades y responsabilidades sustantivas, que tenemos deberes y que tenemos que cumplirlos.
Les agradezco a todos los presentes haberme escuchado. Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias que establece el artículo 28 del Reglamento, la Presidencia, con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Eugenia Cedillo y Amador, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Irma Eugenia Cedillo y Amador:
Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
He solicitado hacer uso de la palabra con objeto de apoyar a nombre de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, el dictamen que presenta la Comisión del Distrito Federal sobre la cuenta pública de esta entidad, correspondiente al año de 1994; lo hago fundada en los siguientes criterios.
Primero. El dictamen es un documento que refleja en forma puntual las disposiciones legales y jurídicas, pues la comisión, después de haber estudiado la cuenta pública entregada a esta representación nacional en tiempo y forma por las autoridades correspondientes y los avances de las actividades emitidas por la Asamblea Legislativa, así como el informe previo remitido por la Contaduría Mayor de Hacienda, ha comprobado que dicha cuenta pública se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto aprobado por este Poder Legislativo para este año.
Además, como se afirma en el informe previo sobre la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda, cito textualmente: "respecto a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal realizó diversas acciones tendientes a su cumplimiento, como son: control y vigilancia mediante auditorías al ejercicio del presupuesto de egresos, particularmente la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; emisión de políticas y lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y auditoría de las unidades administrativas; contratación de créditos y financiamientos externos en los términos de ley; actualización de padrones de contribuyentes; establecimiento de políticas generales en materia de construcción y conservación de obras públicas y las relacionadas con programas de remodelación urbana.
En los términos de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal de 1994, se observó que la totalidad de los ingresos recaudados se concentraron en la Tesorería del Distrito Federal reportándose en los informes mensuales correspondientes. Término de la cita.
Segundo. Es un dictamen objetivo porque parte de una información precisa sobre el ejercicio del presupuesto de egresos y de la Ley de Ingresos a que tuvo que sujetarse el Departamento del Distrito Federal y en su contenido prevalece el análisis serio que refleja el hecho de que el sistema integral de contabilidad que utiliza el Departamento del Distrito Federal se ajusta a los principios básicos de contabilidad gubernamental y a las disposiciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Con la excepción, como se dice en el dictamen de las entidades, Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y Autotransporte Urbano de Pasajeros Ruta-100, cuya situación fue incorporada a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal del ejercicio de 1994, sin contar con el dictamen financiero del contador público Independiente por encontrarse en proceso de autorización de la Secodadm, antes Secogef.
Tercero. De la lectura del dictamen se desprende que el ejercicio del presupuesto de egresos y de la Ley de Ingresos fue orientada por un gobierno comprometido con las mayorías, pues se atendieron con especial cuidado las acciones encaminadas a favorecer los reclamos de la ciudadanía, como puede comprobarse en los gastos de obras públicas, de justicia y seguridad pública, de bienestar social y en materia de ecología.
En este sentido deseo destacar que fueron superadas las metas de construcción de las plantas de bombeo para aguas negras, igual que la construcción de la red secundaria para el drenaje. El mismo comportamiento tuvieron los resultados en el ámbito de justicia y seguridad pública por el incremento de los servicios de vigilancia, asunto de primera instancia.
En cuanto al bienestar social, se cubrió una mayor demanda de agua potable, de servicios de salud y de eventos deportivos.
Cuarto. Porque las acciones emprendidas por el Departamento del Distrito Federal están totalmente documentadas y pueden ser fácilmente comprobadas, pues existe toda la información necesaria y en caso de haber irregularidades ésta es una función que le corresponde ejercer a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Quinto. Ciertamente existen algunos problemas en la presentación de la cuenta pública pero no son de fondo sino de forma, como son algunas discrepancias de información entre algunas entidades, llámense Servimet, Fividesu y Sistema de Transporte Colectivo, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secodadm.
Por otro lado me han llamado la atención en forma especial algunos rubros como son los correspondientes a lo que fue la empresa Autotransporte Urbano de Pasajeros Ruta-100, el gasto en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el convenio de colaboración del Departamento del Distrito Federal y el IFE y los Servicios Metropolitanos.
Respecto al primer caso hay que destacar que la preocupación de las autoridades del Distrito Federal ajustadas a los criterios que nos señala esta Cámara de Diputados, tuvo un especial cuidado de aumentar en un 27.2% el gasto dedicado a la inversión física y en un 39% la dedicada a bienes muebles e inmuebles, lo que demuestra una decidida acción en favor de los reclamos de la ciudadanía por ampliar los servicios de esta modalidad de transporte que ha sido y sigue siendo una demanda permanente de los habitantes de esta gran urbe.
En cuanto al presupuesto destinado a la Asamblea de Representantes, éste fue modificado pues originalmente se presupuestaron 72 mil 288 nuevos pesos y se ejercieron 93 mil 184.9 nuevos pesos; es decir, hubo un aumento de aproximadamente 29% que se justifica plenamente pues es un órgano donde se ha expresado la voluntad del pueblo del Distrito Federal y en la medida de su fortalecimiento se amplían los espacios donde concurren las principales fuerzas políticas de esta entidad que representan la pluralidad y la conciencia ciudadana.
Haber dedicado mayores recursos económicos que los presupuestados originalmente a la Asamblea de Representantes fue indudablemente un acierto pues en esa medida se apoyó a un órgano que ha resultado ser una expresión vigorosa de la vida democrática del Distrito Federal.
Con el mismo propósito de impulsar la vida democrática de la ciudad y contribuir a fortalecerla en el ámbito nacional, el Departamento del Distrito Federal y el Instituto Federal Electoral firmaron el pasado 23 de marzo de 1994 un convenio de colaboración para apoyar a la junta local ejecutiva del IFE de esta entidad por medio del cual se hizo una erogación de 73 mil 431.3 nuevos pesos que fueron registrados en el programa administración, partida 4 mil 409 nuevos pesos.
No cabe duda que los recursos destinados a promover el ejercicio democrático como el que los partidos políticos y los órganos electorales protagonizamos en 1994 del cual surgió la conformación de esta LVI Legislatura, fortalecen a las instituciones nacionales, impulsan la sana convivencia política, consolidan las expresiones plurales y ayudan a la orientación política de la población que a través de las campañas de los partidos pueden conocer las diversas opciones y proyectos de desarrollo nacional.
Finalmente, quiero hacer mención que el ejercicio fiscal de Servimet permitió ampliar en un 60.9% los montos presupuestados, de tal manera que la asignación autorizada ascendió a 408.5 millones de nuevos pesos. El aumento presupuestal de esta empresa sirvió para canalizar apoyos a los programas del zoológico de Chapultepec por 84 mil 500 nuevos pesos; al museo interactivo infantil por 26 mil 706 nuevos pesos; a Fividesu por 13 mil nuevos pesos; al Patronato Filarmónica de la Ciudad de México, por 10 mil 300 nuevos pesos y a diversas instituciones educativas.
Por todo lo anterior, pido a este pleno el voto aprobatorio al dictamen de la Cuenta Pública del Distrito Federal correspondiente al año de 1994 que nos presenta la comisión respectiva.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Miguel Hernández Labastida, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictam.
El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Hablar de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, es hablar de la gestión financieroadministrativa de una de las ciudades más importantes y a la vez más difíciles de gobernar en el mundo, pero en estos momentos de lo que se trata no es de reconocer esfuerzos, sino de realizar una de nuestras tareas más difíciles, o sea, realizar la crítica constructiva lo más constructiva posible, sin dejar de reconocer por un lado que en el documento que sustenta el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio de 1994, se han incluido sugerencias presentadas por diputados de mi partido, aunque naturalmente no aparecieron otras observaciones de fondo referentes a la valoración de la gestión administrativa.
Por principio de cuentas y como es por todos conocido, esta revisión aún continúa, pues quedan pendientes todavía auditorías a realizarse por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, pero sin menoscabo de ello, basta con leer el propio dictamen para fundamentar nuestra posición en contra de la gestión financieroadministrativa de 1994.
Lamentablemente los diputados panistas no pudimos proceder al análisis y estudio de la cuenta pública, desde su recepción en el mes de junio, tal como lo señala el documento, pues ni se nos informó de dicha recepción ni de los informes de avance de actividades elaborados por el Departamento del Distrito Federal, que recibimos hasta el 31 de octubre.
Al tratar los aspectos jurídiconormativos, se pretende acotar las deficiencias cuando se menciona que en términos generales se cumplieron las disposiciones jurídicas, aun cuando se detectaron deficiencias que supuestamente no son concluyentes, como las detectadas en materia de adquisiciones y obras públicas, tanto en la emisión de normatividades como en lo que se refiere a la formalización de contratos y en el levantamiento de actas de entrega-recepción.
Asimismo lo mismo en Fidere, en el Fividesu, en el Servicio de Transporte Eléctrico como en el Sistema de Transporte Colectivo.
Que nos perdonen los dictaminadores que aprobaron esta cuenta, pero estas deficiencias pueden tener consecuencias gravísimas e incalculables, que en un momento dado nos pueden hacer pensar cualquier cosa.
Pero las insuficiencias relacionadas con el presupuesto, la contabilidad y el gasto público federal, entre la información proporcionada por estas entidades y la aportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la celebración de contratos de adquisiciones, tampoco les merece gran preocupación.
Claro, también es pecata minuta que 43 servidores públicos no hubiesen presentado su declaración anual de situación patrimonial, pero desconocemos si se les sancionó o no o si continúan trabajando o en el puesto.
Tampoco es relevante seguramente el desfasamiento en la calendarización de necesidades inmobiliarias o el incumplimiento en las normas y procedimientos para la afectación, la baja y el destino final de muebles e inmuebles.
En nuestra opinión no deben de existir discrepancias en la contabilidad del sector central ni de su sector paraestatal, ya que al existir criterios diferentes, como el aplicar los principios básicos de contabilidad gubernamental por un lado y los principios establecidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las normas e instructivos emitidos por Hacienda y por la Secogef, por el otro propician errores, fallas e incumplimientos como las presentadas en la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y en Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, cuya situación financiera se agregó a la cuenta pública, tal como lo señala el dictamen, sin contar aún con el dictamen financiero de contador público independiente, pero, sin embargo se expresaron excepciones por limitaciones a sus procedimientos de auditoría y salvedades por desvío a los principios de contabilidad, como son la incertidumbre en el registro de ingresos por pasajes, cuya omisión pudo alcanzar hasta el 15% o por ajustes a resultados de ejercicios anteriores por cerca de 19 millones de pesos.
¿O qué diremos de la salvedad por limitaciones en el alcance de la revisión de industrial de abastos, por la falta de documentación en la entrega de predios al Departamento del Distrito Federal y en la determinación y pago de impuestos? Esto es inaceptable, así se encuentre en liquidación dicha entidad.
Un corolario extraordinario es el segundo párrafo de la página cuatro del dictamen, cuando por un lado asienta que se considera que el sistema integral que utiliza el Departamento del Distrito Federal se ajusta a los servicios básicos de contabilidad gubernamental y por el otro dice textual: "conviene señalar que las auditorías practicadas al Departamento del Distrito Federal, se observo que algunas de las unidades administrativas clasifican incorrectamente y de manera recurrente, erogaciones como gasto de inversión, aun cuando por su naturaleza corresponden a gasto corriente. No se registra oportunamente el traspaso de obras en proceso a obras determinadas ni en la totalidad las bajas de activo fijo. Asimismo se han observado frecuentes incumplimientos de los principios, cumplimiento de disposiciones legales y el de control presupuestario". Aquí acaba la cita.
Señores diputados, con esta afirmación tenemos razones más que suficientes para votar en contra de la gestión contable financiera presupuestal y administrativa presentada por esta cuenta pública.
De aquí que si se cumplieron o no sus objetivos y programas, que si se superaron los ingresos en un 5.3%, que si se gastó de más en un 7%, que si se obtuvo un déficit de 282 millones en vez de 5, que si nos endeudamos por 344 millones en vez de por 460, que si el gasto de Covitur aumentó el 27.2% o el de la dirección general de construcciones y obras hidráulicas el 16% o que si las delegaciones superaron su gasto en más del 10%, puede ser relevante o no, según el efecto que tiene la gestión administrativa, en beneficio de la comunidad.
Tenemos que ver si se cumplieron los objetivos presupuestales tal como los señaló el Departamento: preservar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, procurando impartir justicia en forma eficiente y oportuna, el de proporcionar tener un Sistema de Transporte Colectivo idóneo; el de proporcionar servicios básicos; impulsar la construcción de vivienda; incrementar la atención a demandas sociales de salud, de educación; en prevenir y controlar la contaminación; promover la inversión productiva y fomentar la generación de empleos, y conservar una estructura sana en las finanzas.
Muy brevemente, mencionarles que de los siete ámbitos en que se dividieron los 41 programas, de los cuales 14 fueron prioritarios, podríamos decir muy someramente que en el ámbito del transporte, que se vio incrementado en un 10% contra el presupuesto y dentro del gasto programable, podríamos considerar, para no profundizar demasiado, que pese a los servicios que se proporcionan en el Metro, debemos de promover su mantenimiento, que fue una petición de los propios trabajadores, a efecto de evitar los accidentes.
El insistir en finiquitar a como dé lugar el litigio Ruta-100, donde efectivamente tanto sindicato como directivos deben de ser puestos en orden y analizar a fondo este aspecto de subsidios en una ciudad, que siendo de las más importantes del mundo, es de las más subsidiadas en materia de transporte.
Por lo que se refiere a la infraestructura urbana, reconociendo el aspecto del drenaje profundo y demás, tenemos que insistir en el programa de construcción y adecuación para el agua potable, conocer qué es lo que ha pasado con el problema de medidores que no se estaba cobrando totalmente a quien está disfrutando de este servicio y analizar a fondo qué ha sucedido con las líneas de construcción, ya que existen infinidad de fugas. El 30% de todo ese costo que aquí se mencionaba, que significa el traer agua de fuera, el 30% se está diluyendo en fugas.
En lo que se refiere al bienestar social, al ámbito de bienestar social que se vio disminuido, tanto en el presupuesto como en el gasto programable, simplemente insistir que pese a la atención curativa y preventiva, que efectivamente se dio dentro de este ámbito, sí existen todavía deficiencias en vivienda y en educación, pero que hay dos problemas sociales que se deben de atender a fondo, como es la indigencia y el paracaidismo.
En materia de justicia y seguridad pública, donde se viene incrementado presupuestalmente y el gasto programable, insistir en lo siguiente. Qué bueno que se compró todo este equipo para la policía, pero recordemos a quién desconfía más la ciudadanía, si al delincuente o a la policía y hay de aquel que caiga en la justicia de barandilla.
Asimismo debemos de insistir en eliminar a como dé lugar ese servicio de los "grulleros", que es el gran negocio del Distrito Federal, que por 250 pesos te dejan libre si te llevaron al corralón o por 150 pesos para que no llegues al corralón.
El aspecto del incremento de la delincuencia ya lo comentaban en ocasiones pasadas aquí algunos diputados, se ha elevado el 30%, a grado tal que tenemos 140 mil delitos en el año en esta gran ciudad, o sea, que si de algo carece la población es de seguridad pública.
Por el aspecto en el ámbito ecológico, que también lamentablemente se vio reducido su programa, su presupuesto y su programa, simplemente mencionar que para nosotros este programa de Hoy no Circula se tiene que revisar por las carencias que esto significa y por la demagogia que esto implica.
Recordar que pese a que sí se ha hablado de tratamiento de agua y demás, poco se habla de tratar de industrializar la basura. Sí se habla de rellenos sanitarios, pero tenemos que analizar a fondo cuál es este problema que se puede terminar.
Señor Presidente, pido unos dos minutos para culminar esta intervención.
El Presidente:
Hemos concedido tres de tolerancia, continúe, señor diputado.
El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida:
Gracias. En el ámbito de ecología, como les decía, no se ha podido proteger nuestras reservas ecológicas, pues todavía así vemos que pese a que Milpa Alta es toda una reserva ecológica, ya tiene más de una serie de reservas de paracaidistas.
En lo que se refiere al Programa Silvícola, pues resulta que no se pudo llevar a cabo completamente porque no hubo los arbolitos suficientes.
En abasto y comercio, simplemente mencionar todavía el problema de ambulantaje que se debe de analizar a fondo y cuestionarnos finalmente en el aspecto administrativo, en el ámbito administrativo ¿Cómo es posible que el sector central haya tenido que hacer aportaciones para lograr la liquidación de trabajadores de Industrial de Abastos y para pagar los pasivos de Ruta-100.
Como ustedes ven para nosotros esta gestión de ninguna manera ha sido positiva y es razón por la que votaremos en contra y a la vez nos felicitamos ser la última ocasión de tratarlo por beneficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y esperando que no sólo sea ésta la facultad la que se les delegue, sino todas las que aún permanecen en la Constitución adjudicadas a este Congreso que debe de dejar de ser Congreso local, para convertirse en Congreso Federal realmente para el Distrito Federal.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Florentino Castro López:
Con su permiso, señor Presidente:
La diputada Ana María Licona terminaba su intervención diciendo que esta Cámara de Diputados debía poner al servicio de la Asamblea de Representantes toda la experiencia, la buena y la mala, que en materia de análisis y vigilancia de las cuentas públicas del Distrito Federal hemos acumulado los diputados de ésta y otras legislaturas.
El diputado Labastida, con mucha razón señala que tuvimos poco tiempo para analizar el dictamen. Desgraciadamente la Comisión del Distrito del Distrito Federal recibió el informe previo de la revisión de la cuenta pública de parte de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, hace apenas una semana, y en una semana difícilmente...
El Presidente:
¿Acepta una pregunta, diputado Castro.
El diputado Florentino Castro López:
No, no le permito. Me parece que ésta que es la última revisión que hacemos como Cámara
de Diputados y el día que en la reunión de la comisión el diputado Hernández Labastida y el diputado Marco Rascón señalaba que valía la pena en esta última discusión, analizar los grandes temas de la ciudad, me parece que era un buen pretexto, independientemente de las cifras, para que pudiéramos hablar de lo que significa administrar, de lo que significa operar esta ciudad.
Los capitalinos estamos abordando, sobre todo, si tiene éxito la mesa de reforma política, estamos abordando a tener una ciudad distinta con una estructura jurídica, política, administrativa y financiera distinta a la actual.
Los capitalinos estamos hablando de elección directa del regente. Los capitalinos estamos hablando ya de nuevas formas de elección de los delegados; los capitalinos estamos hablando de fórmulas de consulta a la sociedad, como el referendum y otros, los capitalinos estamos hablando de consolidar a la Asamblea de Representantes como un órgano legislativo propio para la ciudad.
Esta ciudad formalmente antidemocrática, indiscutiblemente antidemocrática en la formalidad, centralizada en su administración, con un gran centralismo, ha sido capaz en la vía de los hechos de lograr avances importantes. Quienes hemos tenido la suerte de ocupar puestos públicos en la ciudad, quienes son dirigentes de organizaciones sociales de la ciudad, como lo es Marco Rascón y como lo es la compañera diputada Graciela Rojas, saben que esta ciudad en la práctica es en muchos casos la más democrática de las ciudades y que los capitalinos somos capaces de discutir en mesas, a veces en las delegaciones, otras veces a nivel central, otras veces en un plantón, otras veces en el Zócalo o en la Asamblea, los más, a veces, aparentemente sencillos y modestos problemas que enfrentan los capitalinos.
Cientos de organizaciones sociales todos los días en la ciudad dan prueba clara de que están vivas, de que tienen una gran capacidad de gestión, de que quieren a la Ciudad de México, de que tienen capacidad de defender sus principios, sus proyectos.
Un Gobierno que a veces lo recibe de entrada, otras veces después de un plantón y otras formas, también ha aprendido en los años a hablar, a discutir con todas estas organizaciones sociales, de la que los capitalinos debemos sentirnos orgullosos.
Algunas veces he comentado con compañeros diputados de la ciudad que ojalá que a la hora de formalizar la democracia de la Ciudad de México, seamos capaces de recuperar esta herencia, este capital, que en la antidemocracia formal hemos sido capaces de ganar los capitalinos en la democracia real, la que impone los hechos, la que impone las necesidades de la gente.
Ojalá que cuando tengamos regente electo, Asamblea Legislativa con mayores facultades, delegados electos de manera distinta a la de hoy, consejos ciudadanos como los actuales o mejores, dejemos abiertos los caminos que la sociedad y sus organizaciones ya han construido para abordar los temas de la ciudad.
Así pues, que en medio de las limitaciones legales para poder ser democráticos la vida democrática de esta ciudad está por todos lados, molesta a muchos.
Muchos pensarían que había que meterle controles, represión, fórmulas de ordenar esta expresión extraordinaria de estas organizaciones, cientos de organizaciones de vecinos, que frente a la falta de cauces tomaron calles, edificios, mesas de trabajo y han podido construir una manera distinta de hacer las cosas y de hacer el gobierno en la Ciudad de México. Ojalá que en esa mesa toda esta cultura construida por todos tenga cabida y que en la democracia formal estas expresiones puedan seguir teniendo cauce.
También, ojalá que la Asamblea de Representantes pueda, con mecanismos de más tiempo y de mayor profundidad, vigilar, fiscalizar la cuenta pública del gobierno de la ciudad. Eso es lo que todos los diputados de todas las fracciones queremos, ésa es la obligación legal que tenemos y, además, me parece que es lo más sano para la ciudad.
El diputado Labastida señalaba algunos de los siete grandes objetivos de la ciudad o de las siete grandes metas, de las siete ambiciones de la ciudad que nos proponíamos para el año de 1994. Muchos de éstos se cumplieron, las finanzas de la ciudad están equilibradas, son sanas. Según el Banco de México ésta es la entidad con finanzas más sanas y equilibradas de todo el país.
Por otro lado, grandes proyectos pudieron consolidarse en el último año de gobierno que hoy estamos analizando. Por ejemplo y el diputado Hernández Labastida hacía señalamientos, en materia de tratamiento de agua, la planta del Cerro de la Estrella, la más grande de América latina pudo duplicar su capacidad de tratamiento y mejorar hasta el sistema terciario el tratamiento del agua. El parque ecológico de Xochimilco recibe de esta planta el agua limpia hoy que ha permitido recuperarle a esta zona de la ciudad esta área que es orgullo de los capitalinos.
Los canales de delegaciones como Tláhuac, reciben del Cerro de la Estrella, hoy con capacidad doble de agua tratada, agua que tiene posibilidades de servir a los campesinos, a los que cultivan las hortalizas y otros productos en delegaciones como ésta.
El problema de la administración del uso del suelo es en la Ciudad de México, sin duda, un problema grave. A falta de una ley, a falta de un reglamento, los campesinos inventaron en este proceso de negociación continúa, lo que se conoció como Cedec, 42 Cedec se pudieron consolidar en la ciudad para negociar entre los que vivían y los que llegaban, entre lo que se tenía y lo nuevo que llegaba, para conciliar esta lucha que el uso del suelo genera en la ciudad.
En materia ecológica, el solo hecho de haber logrado expropiar la sierra de Santa Catarina, 2 mil 900 hectáreas y haber expropiado la sierra de Guadalupe, haber terminado la construcción de los muros que limitan la zona habitacional de la zona ecológica, me parece que es un buen logro para cualquier ciudad que como ésta, le urge mantener y recuperar sus áreas de preservación ecológica, no sólo como áreas verdes, sino sobre todo como alimentadoras de los mantos acuíferos, que es uno de los grandes problemas que la ciudad enfrenta.
En materia de tratamiento de basura, está en este momento en plena construcción la planta industrializadora de basura y tratamiento de basura en los tiraderos de Santa Catarina, después de que fueron reubicados los que estaban en Santa Cruz Meyehualco; y donde antes hubo una planta de tratamiento, hoy tenemos un parque verde, un parque lleno de árboles de aproximadamente 150 hectáreas. El trabajo hecho en el Centro Histórico. La recuperación del zoológico de Chapultepec. La Línea 8 del Metro; el inicio de la Línea "B" del Metro, con una visión metropolitana, de una Metro que se sale de la zona de la ciudad y se va para el Estado de México, como ya lo hizo antes la línea Zaragoza del Metro, son motivos suficientes para que los diputados y los asambleístas en el futuro, tengan tiempos legislativos amplios, profundos, donde podamos analizar el difícil fenómeno de administrar esta gran ciudad.
Me parece pues, que esta ciudad pueda seguir siendo viable; que esta ciudad pueda seguir siendo espacio para cientos de millones de mexicanos nacidos aquí o fuera de ella; me parece pues, que esta ciudad es un fenómeno digno del análisis de sus representantes populares, no sólo en lo que a cifras se refiere, sino al cómo gobernar y cómo administrar esta ciudad.
Yo creo que los diputados hicimos en nuestras normas y nuestras reglas, el mejor de los esfuerzos. Yo espero que los asambleístas lo hagan mejor que nosotros, vigilen mejor, fiscalicen mejor, para bien de los que nosotros representamos y de quienes representan los asambleístas de la ciudad.
Muchísimas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Marco Rascón, para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Yo agradezco al diputado Florentino algunos de los conceptos. Pero yo creo que sí habría que precisar algunas cosas:
A partir de 1985, hay una emergencia muy grande por parte de la sociedad en lo que es la participación, la toma de decisiones tanto en el ámbito de sus comunidades, sus barrios, las localidades. Pero esto creo que es importante señalar que fue pese a las resistencias gubernamentales que se dieron.
Yo creo que aquí hay un avance muy importante de la ciudadanía, de la sociedad, donde la autoridad y el gobierno no han estado a la altura de estos cambios y esta madurez que ha tenido la propia sociedad y que esto no se ha reflejado o se ha reflejado muchísimo menos en lo que son las formas, las formas del nuevo gobierno que está requiriendo la sociedad.
Si hoy contemplamos lo que ha sido el ambiente democrático que se vive en los barrios, en los movimientos sociales, en las formas de participación ciudadana, cuando lo vemos contrastado con lo que fue la pasada elección de los consejeros ciudadanos, pues obviamente no hay una correspondencia y no hay una respuesta decidida por aquellos que de alguna manera estaban en primera instancia, responsables o por lo menos debían haber tenido un papel para ser parte de este proceso de cambio.
Hay otra cuestión de las cosas que se señalan, que también habría que acumular o señalar como parte de las resistencias, que son los grandes intereses económicos que han convertido o no han hecho viable la propia ciudad; la manera cómo ésta ha crecido históricamente; la manera cómo se ha extendido especialmente; la medida de los servicios que se han ido requiriendo. Pero al mismo tiempo que en vez de haber convertido en viable esta misma ciudad, la han trastocado, la han vuelto en una gran parte en una ciudad caótica. Esto de alguna manera se debe a estos intereses económicos y a la propia autoridad que de alguna manera no ha abierto a la participación, no ha abierto las formas de gobierno a esta gran participación ciudadana.
Yo creo que bueno, los comentarios del compañero Florentino Castro, tienen qué ver con esta idea de discutir la ciudad. Sin embargo debemos insistir que cada vez que hablamos de la ciudad, pero cada vez que vamos a entrar al terreno de la decisión sobre la Ciudad de México, hay algo y hay sobre todo la posición de su propio partido, la posición de su propia fracción, que a la hora de querer avanzar son los que han sido factor no tanto de cambio, sino más bien de obstaculización al cambio.
Hoy vivimos momentos muy importantes en la Ciudad de México, para poder iniciar este proceso de democratización, hoy esta facultad que se le va a este Congreso para poder revisar la cuenta pública, bueno, por la misma asistencia, el mismo interés que han tenido todos los diputados, nos parece que debería tener otro tipo de respuesta.
Yo sí agradezco, bueno, por la idea de por lo menos tratar o intentar levantar este debate sobre los grandes problemas de la ciudad, frente a un hecho que se nos va, que ya prácticamente hay una actitud de cantarle "Las Golondrinas" a esta facultad que era importante, que hoy para bien se va a la Asamblea Legislativa, pero que de alguna manera esto no garantiza que la Asamblea Legislativa vaya a recoger con la idea de poderla convertir en un proceso de profunda democratización en la vida de nuestra ciudad.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Javier González Garza:
Gracias, señor Presidente:
Efectivamente estamos terminando la discusión sobre Cuenta Pública del Distrito Federal. Referencias son pocas al documento presentado. Nos parece oportuno mencionar algunas de las recomendaciones que en el propio dictamen se establecen. Por ejemplo, que el Departamento del Distrito Federal en su cuenta pública, en el apartado: "Análisis Programático", presente explicaciones precisas y suficientes sobre las valoraciones registradas en el cumplimiento de las metas y en el ejercicio de los recursos empleados, en la ejecución de los programas y los comentarios sobre la incorporación de proyectos y/o metas omitidas en el presupuesto aprobado originalmente.
Nos parece una recomendación muy importante. Las recomendaciones que vienen en el propio dictamen harían indispensable que éste no se aprobase y que diésemos curso a estas recomendaciones, antes de ser aprobada por última vez en esta Cámara de Diputados.
Ahora bien, con respecto a que la Ciudad de México es la más democrática de todas las ciudades, quisiera decirles que efectivamente tenemos en la Ciudad de México una sociedad participativa, activa, que se confronta con las formas tradicionales de control político, una de las cuales la acabamos de presenciar en la elección de consejeros ciudadanos, un proceso que se determinó autoritariamente por uno solo de los partidos, el suyo, licenciado Castro y que mostró en los hechos el fracaso electoral más grande que recuerde esta ciudad.
Quiero solamente mencionar que efectivamente estamos en una mesa de discusión sobre la reforma política del Distrito Federal...
El Presidente:
Señor diputado González, permítame. A los señores diputados se les ruega que guarden el debido respeto al orador. En su caso, si no tienen interés de estar en esta discusión, pueden retirarse cuando ustedes gusten.
El diputado Javier González Garza:
Gracias, señor Presidente. Efectivamente estamos discutiendo los problemas de una reforma política en el Distrito Federal; hemos hablado de la elección directa del gobernador o del regente, de nuevas formas de consulta, de convertir a la Asamblea de Representantes en una cámara local, de, en general, una nueva vida democrática.
Estos puntos seguramente van a ser tratados acá, con posterioridad. El resultado de aquello tendrá que venir a esta Cámara de Diputados y solo espero, licenciado Castro, los candados que se quieren poner a la participación democrática correspondiente a la elección de delegados, correspondiente a quien tiene la llave para poder hacer referendum, plebiscitos, en la Ciudad de México, consultas populares.
Porque podemos tener una ley que diga que todo eso existe, pero que nadie pueda hacer uso de esos recursos.
Efectivamente, nos vamos a enfrentar aquí y espero que sea con una fórmula de consenso la que llegue a esta Cámara. Porque de otra manera si van a dar el mismo espectáculo que se dio cuando se aprobó la Ley de Participación Ciudadana, esta ciudad seguirá contando con gente absolutamente democrática que ya no va a estar en posibilidades de aguantar estos candados que todavía hoy se quieren poner. Ojalá y en esa discusión podamos avanzar sustancialmente.
Gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
*Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que se inserte en el Diario de los Debates el voto particular emitido por el Partido de la Revolución Democrática, en voz del diputado Marco Rascón.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El secretario Aurelio Marín Huazo, por la afirmativa.
*Apéndice 2, se encuentra al final de está edición.
El diputado Alejandro Torres Aguilar, por la negativa.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 248 votos en pro y 125 en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 248 votos a favor.
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
LEYES GENERAL DE DEUDA PUBLICA Y DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL
El Presidente:
Se acaba de recibir un oficio de la Secretaría de Gobernación. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
El secretario Aurelio Marín Huazo:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. - Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes iniciativa de decreto que adiciona y reforma a las leyes General de Deuda Pública y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Documento que el titular del Ejecutivo propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 23 de noviembre de 1995. - Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
El desarrollo de los modernos mercados financieros internacionales genera nuevos y complejos instrumentos de financiamiento, cuyas características y efectos no siempre obedecen a los esquemas tradicionales.
En particular, el financiamiento de proyectos de infraestructura de larga maduración, que requieren la concurrencia de cuantiosas inversiones y de capacidad tecnológica y operativa importante, en los que el pago de los mismos se liga directamente al flujo de recursos que genere la comercialización de los bienes o servicios de los propios proyectos, hace necesario reconocer el servicio del financiamiento de manera acorde al impacto real que produce en los presupuestos de las dependencias y entidades públicas.
En esa virtud corresponde fortalecer el registro contable tradicional de esos proyectos, para reflejar de manera adecuada el tipo de obligaciones que las dependencias y entidades asumen, pues están condicionadas a que dichos proyectos funcionen y generen los recursos necesarios para servir las obligaciones a que los mismos han dado lugar.
Tal es el caso, por vía de ejemplo, de los proyectos de generación o transmisión de energía eléctrica, de plantas de refinación o programas de exploración o explotación de hidrocarburos, o del acopio, dotación o tratamiento de aguas, en que los recursos financieros y tecnológicos privados complementan las disponibilidades presupuestales públicas.
En la actualidad nuestro país requiere contar con la infraestructura necesaria para satisfacer de mejor manera los requerimientos de la población y existen inversionistas dispuestos a canalizar recursos financieros y tecnológicos para desarrollar proyectos prioritarios.
En ese orden de ideas, ante la conveniencia de realizar las señaladas operaciones, es necesario, por una parte, reconocer el impacto diferido que el servicio de los financiamientos correspondientes tiene en los presupuestos de dependencias y entidades públicas, dado que están sujetos, en cuanto a su exigibilidad, a contingencias tales como la oportuna y adecuada entrega y operación de una planta o instalación destinada a generar los bienes o servicios que el sector público requiere para ofrecer a la población nacional y por otra, reconocer el hecho de que por ser erogaciones públicas deben sujetarse a los principios legales de gastos de este tipo, así como a la congruencia y transparencia propias de sus características.
Por lo anterior, la presente iniciativa propone adicionar un párrafo tercero al artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, a fin de establecer que respecto a las operaciones citadas sólo se consideren como pasivo directo los pagos correspondientes a los vencimientos del ejercicio corriente y el que le sigue, en tanto que el resto se considere como pasivo contingente; ello en razón de las características que, conforme a la vida y desarrollo de los proyectos, van haciendo exigible su pago en forma sucesiva, hasta su finiquito total. Este tratamiento sería excepcional para proyectos de infraestructura prioritarios y de largo plazo y sujeto a la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En congruencia con lo anterior, se propone también a esa soberanía adicionar el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, para establecer que las obligaciones derivadas de los proyectos referidos queden sujetas, para fines de su ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestal de años subsecuentes, pero que el pago de tales obligaciones se considere preferencial para ser incluido, hasta el finiquito total de las mismas, en las iniciativas de presupuestos de egresos de años posteriores que se propongan a la Cámara de Diputados.
En todo caso, se mantiene y amplía la obligación que se establece en el texto vigente del artículo cuya modificación se propone, de informar de manera especial a la Cámara de Diputados, de los casos que se encuentren en los supuestos señalados, al presentar el proyecto de presupuesto de egresos.
Las reformas propuestas permitirán dotar a proyectos prioritarios cuya realización resulte necesaria para la mejor atención y servicio de las necesidades públicas, de una mayor certeza jurídica que agilice su contratación y precisión contable en el registro de las obligaciones inherentes.
Es de hacerse notar que los términos de la presente iniciativa respetan la técnica y los conceptos de las leyes que se propone modificar, pues dado que datan de 1976, no siempre coinciden con la terminología que utilizan las demás leyes de vigencia más reciente que rigen las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
En esta virtud, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción I y 73 fracciones VIII y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su apreciable conducto someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA A LAS LEYES GENERAL DE DEUDA PUBLICA Y DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL
Artículo primero. Se adiciona el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública con un tercer párrafo para quedar como sigue."
"Artículo 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratándose de obligaciones derivadas de financiamientos de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, referidos a actividades prioritarias y mediante los cuales las entidades adquieran bienes o servicios bajo cualquier modalidad, cuya fuente de pago sea el suficiente flujo de recursos que el mismo proyecto genere y en los que se cuente con la previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, sólo se considerará como pasivo directo, para efectos de lapresente ley y hasta el pago total del financiamiento, a los montos de financiamiento a pagar durante el ejercicio anual corriente y el ejercicio siguiente."
Artículo segundo. Se adiciona el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal con un párrafo segundo y se modifica el actual párrafo segundo, pasando a ser tercero, para quedar como sigue:
"Artículo 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratándose de proyectos incluidos en programas prioritarios a los que se refiere el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la mencionada Secretaría, en los términos que establezca el reglamento de esta ley, haya otorgado su autorización por considerar que el modelo de financiamiento correspondiente fue el más recomendable de acuerdo a las condiciones imperantes, a la estructura del proyecto y al flujo de recursos que generó, el servicio de las obligaciones derivadas de los financiamientos correspondientes se considerará preferente para ser incluido en los presupuestos de egresos de los años posteriores, hasta la total terminación de los pagos relativos.
Cuando los supuestos a que se refiere este artículo correspondan a programas de entidades cuyos presupuestos se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación se hará mención especial de estos casos al presentar el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados."
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día lo. de enero de 1996.
Reitero a ustedes, secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 23 de noviembre de 1995.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Se acaba de recibir un oficio de la Cámara de Senadores.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
LEY DE AEROPUERTOS
El secretario Audomaro Alba Padilla:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de ley de aeropuertos.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 23 de noviembre de 1995.- Senadores secretarios: Graciela Larios Livas y Enrique Hernández Quinto.
MINUTA PROYECTO DE LEY DE AEROPUERTOS
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, los cuales son parte integrante de las vías generales de comunicación.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Aeródromo civil: área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación.
Los aeródromos civiles se clasifican en aeródromos de servicio al público y aeródromos de servicio particular:
II. Aeródromo de servicio al público: aeródromo civil en el que existe la obligación de prestar servicios aeroportuarios y complementarios de manera general e indiscriminada a los usuarios.
Los aeródromos de servicio al público incluyen, en los términos de la presente ley, a los aeropuertos, que son de servicio público y están sujetos a concesión y a los aeródromos de servicio general, sujetos a permiso:
III. Aeródromo de servicio general: aeródromo de servicio al público, distinto a los aeropuertos, destinado a la atención de las aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial:
IV. Aeródromo de servicio particular: aeródromo civil destinado a los propios fines del permisionario o a los de terceros con quienes libremente contrate:
V. Aeródromo internacional: aeródromo de servicio al público declarado internacional por el Ejecutivo Federal y habilitado, de conformidad con las disposiciones aplicables, con infraestructura, instalaciones y equipos adecuados para atender a las aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo internacional y que cuenta con autoridades competentes:
VI. Aeropuerto: aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial.
Unicamente los aeródromos civiles que tengan el carácter de aeropuerto podrán prestar servicio a las aeronaves de transporte aéreo regular:
VII. Administrador aeroportuario: persona física designada por el concesionario o permisionario de un aeródromo civil, que tendrá a su cargo la coordinación de las actividades de administración y operación que se realicen dentro del mismo:
VIII. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:
IX. Servicios: comprenden los aeroportuarios, complementarios y comerciales:
X. Zona de protección: espacio aéreo de dimensiones definidas, destinado a proteger los procedimientos de aproximación y salida de las aeronaves en los aeródromos civiles.
Artículo 3o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles.
Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que aquellas que surjan entre particulares puedan someterse a arbitraje, de conformidad con las disposiciones aplicables.
En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de aeropuertos.
Artículo 4o. Los aeródromos civiles se rigen por lo previsto en la presente ley, por los tratados internacionales y a falta de disposición expresa, se aplicará:
I. La Ley de Vías Generales de Comunicación:
II. La Ley General de Bienes Nacionales:
III. La Ley de Aviación Civil:
IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo:
V. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización:
VI. Los códigos de comercio; civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 5o. Los aeródromos civiles según sus características en cuanto a infraestructura, instalaciones, equipos y servicios, se clasificarán en categorías, en los términos que establezca el reglamento respectivo.
CAPITULO II
De la autoridad aeroportuaria
Artículo 6o. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:
I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil:
II. Construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles y prestar los servicios, cuando así lo requiera el interés público:
III. Otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación:
IV. Establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves:
V. Fijar las bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria de los servicios, así como establecer las condiciones mínimas de operación con las que deberán contar los aeródromos civiles, según su naturaleza y categorías:
VI. Establecer las normas básicas de seguridad en los aeródromos civiles:
VII. Disponer el cierre parcial o total de aeródromos civiles, cuando no reúnan las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas:
VIII. Vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar aeródromos civiles:
IX. Llevar el registro aeronáutico mexicano, a efecto de incluir las inscripciones relacionadas con aeródromos civiles:
X. Imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo previsto en esta ley:
XI. Interpretar la presente ley y sus reglamentos para efectos administrativos:
XII. Las demás que le otorguen esta ley y otros ordenamientos.
Artículo 7o. El comandante de aeródromo representará a la Secretaría en su carácter de autoridad aeroportuaria y ejercerá sus atribuciones en los aeródromos civiles, dentro de la adscripción territorial que expresamente le sea determinada por la misma.
En el ejercicio de sus funciones levantará actas administrativas; coordinará sus actividades con las demás autoridades civiles y militares que ejerzan funciones en el aeródromo civil; verificará que los sistemas de emergencia se encuentren en óptimas condiciones de uso; reportará a las autoridades competentes todas aquellas situaciones que deban ser hechas de su conocimiento y en general, realizará los actos indispensables que se requieran para hacer efectivas las atribuciones de la Secretaría.
Artículo 8o. Las autoridades competentes realizarán las acciones necesarias para el adecuado ejercicio de las atribuciones que les correspondan en los aeródromos civiles, para lo cual éstas deberán contar con áreas e instalaciones apropiadas en los mismos.
En el ejercicio de sus funciones, las autoridades deberán programar, coordinar y realizar sus actividades en forma tal que no impidan la eficiencia general en la operación de los aeródromos civiles y en la prestación de los servicios. Asimismo deberán contar con el personal capacitado, suficiente y adecuado, de acuerdo a los horarios, número de pasajeros y operaciones.
La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, deberá llevar a cabo todos aquellos actos en el interior de los aeródromos civiles que sean necesarios para la debida coordinación entre las autoridades que actúen en los mismos.
Artículo 9o. Corresponderá al Estado, por conducto del órgano u organismo que al efecto designe, la prestación de los servicios de control de tránsito aéreo, radioayudas, telecomunicaciones e información aeronáuticas.
CAPITULO III
De las concesiones y de los permisos
SECCION PRIMERA
De las concesiones
Artículo 10. Se requiere concesión otorgada por la Secretaría para la administración, operación, explotación y en su caso, construcción de aeropuertos.
Las concesiones a que se refiere este artículo se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas e incluirán las actividades de administración, operación, explotación y en su caso, construcción.
Artículo 11. Las concesiones a que se refiere esta sección se otorgarán mediante licitación pública, conforme a lo siguiente:
I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que se presenten proposiciones en presencia de los participantes:
II. Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo máximo de 180 días naturales, expedirá la convocatoria; o señalará al propio interesado las razones de la improcedencia de su petición:
III. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en por lo menos, un periódico de amplia circulación de la entidad federativa en donde se encuentre o pretenda establecer el aeropuerto:
IV. Las bases del concurso incluirán, como mínimo:
a) La descripción del proyecto;
b) La descripción de los terrenos y de su situación jurídica;
c) Las modalidades de operación y los servicios que se podrán prestar:
d) Las condiciones de seguridad con que debe contar el aeropuerto;
e) La vigencia de la concesión:
f) Los criterios con que se seleccionará el ganador, que podrán tomar en cuenta, entre otros, los niveles de calidad ofrecidos, el monto de las inversiones requeridas, las especificaciones técnicas propuestas, la capacidad de operación, las tarifas y las contraprestaciones ofrecidas al Estado:
V. Los interesados deberán acreditar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, debiendo señalar previamente:
a) Aquellas actividades cuya ejecución pretendan contratar con terceros:
b) En su caso, demostrar legalmente la posibilidad de usar y aprovechar el terreno para establecer las instalaciones necesarias para prestar los servicios, según se trate:
c) Que cumple con los requisitos técnicos de seguridad y disposiciones en materia ambiental:
d) Que cuenta con el personal técnico y administrativo capacitado:
VI. La Secretaría emitirá el fallo con base en el análisis comparativo de las proposiciones recibidas, el cual será dado a conocer a todos los participantes:
VII. La Secretaría, en su caso, otorgará la concesión dentro del plazo señalado en las bases correspondientes y un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del concesionario:
VIII. No se otorgará la concesión cuando las proposiciones presentadas no ofrezcan las mejores condiciones para el desarrollo aeroportuario nacional; no cumplan con los requisitos de las bases de la licitación, así como con las especificaciones técnicas o de seguridad del aeropuerto o por causas que pudieran afectar la soberanía y seguridad nacional; o bien, las proposiciones económicas que, en su caso se presenten, no sean satisfactorias a juicio de la Secretaría. En estos casos, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.
Artículo 12. La Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, en los siguientes casos:
I. A los permisionarios de aeródromos civiles en operación que pretendan adoptar el carácter de aeropuerto, siempre que el cambio propuesto sea congruente con las políticas y programas para el desarrollo aeroportuario nacional, el aeródromo civil haya estado en operación continua por lo menos los últimos cinco años y se cumpla con los requisitos para la concesión de que se trate:
II. A los concesionarios que requieran un aeropuerto complementario, con el objeto de satisfacer un incremento en la demanda y siempre que se demuestre que dicho incremento, es necesario para ampliar la capacidad existente con otro aeropuerto; que la operación de ambos aeropuertos por el mismo concesionario será económicamente más eficiente, en comparación con otras opciones, para lograr una mejor coordinación y prestación de los servicios; que se ha cumplido con las obligaciones establecidas en el título de concesión y que se reúnen los requisitos que al efecto se señalen, para la nueva concesión.
Cuando por causas de interés público se ordene la reubicación de un aeropuerto, el concesionario del mismo, tendrá derecho a recibir en forma directa la nueva concesión, si cumple con los requisitos establecidos.
Artículo 13. En caso de que los concesionarios a que hace referencia el artículo 12, no manifiesten interés en recibir la nueva concesión, se seguirán los procedimientos establecidos en esta ley para otorgarla.
Artículo 14. La Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, a las entidades de la administración pública federal.
Asimismo la Secretaría podrá asignar concesiones a las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios constituidas para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos.
En todos los casos, los concesionarios deberán cumplir con lo previsto en la presente ley y sus reglamentos.
La Secretaría se reserva la facultad de restringir la cesión de derechos de las concesiones otorgadas de conformidad con este artículo.
Artículo 15. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 50 años y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones hasta por un plazo que no exceda de 50 años adicionales, siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en el título respectivo y lo solicite antes de que den inicio los últimos cinco años de la vigencia de la concesión y acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría.
Artículo 16. Los aeropuertos construidos sobre bienes del dominio particular deberán ser utilizados, durante el tiempo de vigencia de la concesión, exclusivamente para su objeto, aun en el caso de que fueran gravados o enajenados, salvo autorización previa de la Secretaría. Esta limitación deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.
Al término de la concesión y para mantener en operación el aeropuerto, la Federación tendrá derecho de preferencia para la adquisición del mismo, mediante avalúo que se lleve a cabo de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables o, en caso de que el propietario prefiera mantener su propiedad, para su arrendamiento.
SECCION SEGUNDA
De los permisos
Artículo 17. La Secretaría otorgará permisos a personas físicas o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, para la administración, operación, explotación y en su caso, construcción de aeródromos civiles distintos a los aeropuertos.
Para aeródromos de servicio general, el permiso se otorgará exclusivamente a sociedades mercantiles mexicanas e incluirán las actividades de administración, operación, explotación y en su caso, construcción.
Los permisos se otorgarán previo cumplimiento de los requisitos exigidos en esta ley y sus reglamentos; por los plazos que señale el permiso respectivo, pero en ningún caso podrán exceder de 130 años y podrán ser prorrogados por tiempo determinado, siempre que se hubiese cumplido con lo previsto en el título y se acepten las nuevas condiciones que establezca la Secretaría.
Artículo 18. Los interesados en obtener permiso deberán acreditar, como mínimo y según la naturaleza del aeródromo civil de que se trate, lo siguiente:
I. La capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, para asegurar que se opere en condiciones de calidad y seguridad:
II. La acreditación legal de la posibilidad de usar y aprovechar el terreno para establecer instalaciones necesarias para prestar los servicios, según se trate, que cumpla con requisitos técnicos de seguridad y disposiciones en materia ambiental y cuente con el personal técnico y administrativo capacitado.
La resolución de la Secretaría sobre el otorgamiento de permisos, deberá emitirse en un plazo que no exceda de 90 días naturales, contado a partir de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente integrada.
SECCION TERCERA
Disposiciones comunes
Artículo 19. La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% en el capital de las sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público.
Se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para que la inversión a que se refiere el párrafo anterior participe en un porcentaje mayor. Dicha comisión deberá considerar al resolver, que se propicie el desarrollo regional y tecnológico y se salvaguarde la integridad soberana de la nación.
Artículo 20. Cuando se trate de bienes del dominio público de la Federación, la Secretaría también podrá concesionar su uso y aprovechamiento, en los términos de la ley de la materia. La duración de esta concesión se sujetará a la vigencia de la concesión o permiso otorgado de conformidad con la sección primera y segunda de este capítulo.
Al término del plazo de la concesión de bienes del dominio público de la Federación, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado revertirán en favor de la nación.
Artículo 21. Para el otorgamiento de concesiones y permisos previstos en esta ley, se deberá contar con la opinión de una comisión intersecretarial, que tendrá por objeto conocer las propuestas que al efecto presente la Secretaría, para lo cual deberá atender principalmente a criterios de capacidad jurídica, administrativa y financiera de los posibles concesionarios o permisionarios.
La comisión intersecretarial a que se refiere el párrafo anterior, se constituirá mediante acuerdo del Ejecutivo Federal; en todo caso, formarán parte de la misma la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República; será presidida por la Secretaría y conocerá de los asuntos que el propio acuerdo señale.
Artículo 22. No podrán ser titulares de permisos las personas físicas que estén inhabilitadas para ejercer el comercio, hayan sido condenados por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud cualquiera que haya sido la pena. La misma restricción se aplicará a los directores generales o sus equivalentes o a los socios o miembros del órgano de administración de las personas morales concesionarias o permisionarias.
En caso de que se incurra en los supuestos señalados en el párrafo anterior, el concesionario o persona moral permisionaria tiene obligación de remover al miembro del órgano de administración respectivo o si se trata de los socios, de iniciar las medidas conducentes a la transmisión de los títulos representativos correspondientes. Esta obligación deberá preverse en los estatutos sociales.
Artículo 23. Cuando cualquier persona o grupo de personas adquiera, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria o permisionaria de un aeródromo civil, se requerirá notificar a la Secretaría. En caso de que la Secretaría, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación respectiva, no objete dicha adquisición, se entenderá como aprobada.
Para los efectos señalados en el presente artículo, se entenderá que una persona o grupo de personas adquiere el control de un aeródromo civil cuando sea propietario de 35% o más de los títulos representativos del capital social de una concesionaria o permisionaria, tenga el control de la asamblea general de accionistas, esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros encargados de la administración o por cualquier otro medio controle el aeródromo civil de que se trate.
Artículo 24. El cambio de director general, de cualquier miembro del consejo de administración de la concesionaria o permisionaria o del administrador aeroportuario, deberá ser notificado a la Secretaría. En caso de que la Secretaría, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación respectiva no objete dichas designaciones, se entenderán como confirmadas.
Artículo 25. El título de concesión o permiso, según sea el caso, deberá contener, entre otros:
I. El nombre, nacionalidad y domicilio del concesionario o permisionario:
II. El objeto de la concesión o permiso:
III. La delimitación del aeródromo civil y de su zona de protección, así como la determinación de su régimen inmobiliario:
IV. Las condiciones de construcción, administración, operación y explotación del aeródromo civil, así como de su seguridad operativa:
V. El programa maestro de desarrollo o, en su caso, el programa indicativo de inversiones, a que se refieren los artículos 38 y 39 de esta ley:
VI. Las condiciones de seguridad del aeródromo civil:
VII. Los requisitos para el inicio de operaciones:
VIII. Los servicios que podrá prestar el concesionario o permisionario;
IX. La facultad para arrendar los espacios en los aeródromos civiles para la prestación de los servicios de que se trate;
X. Los derechos y obligaciones del concesionario o permisionario:
XI. El periodo de vigencia,
XII. Las características y el monto de la garantía que, en su caso, deberá otorgar el concesionario:
XIII. En su caso, las contraprestaciones y su forma de pago.
Artículo 26. Las concesiones y permisos, según sea el caso, terminan por:
I. Vencimiento del plazo establecido o de las prórrogas que se hubieran otorgado:
II. Renuncia del titular:
III. Revocación:
IV. Rescate, en caso de bienes del dominio público:
V. Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión o permiso, salvo causa de fuerza mayor:
VI. Disolución, liquidación o quiebra de la concesionaria o permisionaria y
VII. Muerte de la persona física permisionaria.
En el caso de rescate se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales y procederá indemnización.
La terminación de la concesión o permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia.
Artículo 27. Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las siguientes:
I. No iniciar la administración, operación, explotación o, en su caso, construcción del aeródromo civil, en los plazos que al efecto se establezcan en el título de concesión o permiso:
II. No mantener vigentes los seguros a que se refiere esta ley:
III. Ceder, gravar, transferir o enajenar las concesiones o los permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, en contravención a lo dispuesto en esta ley:
IV. Alterar la naturaleza o condiciones de los aeródromos civiles establecidas en el título de concesión o permiso, sin autorización de la Secretaría:
V. Consentir el uso del aeródromo civil a cualquier aeronave que no cumpla con los requisitos de la Ley de Aviación Civil o no haya sido autorizada por quien controla la navegación aérea o que su acción u omisión dolosa contribuya a la comisión de algún delito;
VI. Tener conocimiento de que se ha incurrido en los supuestos establecidos en el artículo 22 de esta ley y no haber tomado las medidas previstas en el mismo, en el caso del concesionario o persona moral permisionaria o incurrir en los citados supuestos en el caso de persona física permisionaria:
VII. Modificar el porcentaje de inversión extranjera en contravención a lo establecido en el artículo 19 de esta ley:
VIII. Contravenir las disposiciones en materia de seguridad en los aeródromos civiles, establecidas en esta ley y otros ordenamientos aplicables:
IX. Interrumpir, total o parcialmente, la operación del aeródromo civil o la prestación de los servicios aeroportuarios o complementarios, sin causa justificada:
X. No cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeródromo civil:
XI. Prestar servicios distintos a los que le son permitidos:
XII. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios:
XIII. Aplicar tarifas y precios que excedan a los registrados o, en su caso, sujetos a regulación:
XIV. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil:
XV. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya quedado firme en términos de ley.
La Secretaría podrá revocar las concesiones o permisos de manera inmediata únicamente en los supuestos de las fracciones I a VI anteriores.
En los casos de las fracciones VII a XV, la Secretaría sólo podrá revocar la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.
Artículo 28. El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, estará imposibilitado para obtener, directa o indirectamente, otra concesión o permiso de los contemplados en la presente ley, dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que hubiere quedado firme la resolución respectiva.
Artículo 29. Los concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales sólo podrán suscribir, individualmente o en su conjunto, directa o indirectamente, hasta el 5% de las acciones ordinarias del capital social de una sociedad mercantil concesionaria de un aeropuerto o de su controladora. La misma restricción en porcentaje se aplicará cuando la concesionaria de un aeropuerto participe en el capital de concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo.
En ningún caso un grupo de concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales, podrán adquirir directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria de un aeropuerto. La misma restricción se aplicará cuando un grupo de concesionarios de aeropuertos participen en el capital de concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo.
Artículo 30. Los concesionarios o permisionarios deberán dar aviso a la Secretaría de las modificaciones que realicen a sus estatutos, relativas a la disolución anticipada, cambio de objeto, fusión, transformación o escisión, 90 días naturales antes de su formalización.
Artículo 31. Los concesionarios o permisionarios deberán permitir el acceso a los aeródromos civiles a las autoridades federales, con el fin de que puedan desarrollar sus funciones de autoridad en los mismos y a los prestadores de los servicios a la navegación aérea, para lo cual estarán obligados a destinar un espacio adecuado en los aeródromos civiles, cuyas dimensiones y demás términos y condiciones serán fijados en el título de concesión o permiso respectivo.
Artículo 32. Los aeródromos civiles en donde se preste servicio a aeronaves militares, se sujetarán en lo conducente a esta ley, sin perjuicio de la coordinación que exista con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
CAPITULO IV
De la cesión de derechos Artículo 33. La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión total de los derechos y obligaciones de las concesiones o permisos, siempre que el cesionario cumpla con los requisitos que esta ley exige para ser concesionario o permisionario, se comprometa a realizar las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la Secretaría.
Artículo 34. Los concesionarios o permisionarios en ningún caso podrán ceder ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos, así como los bienes afectos a la concesión o al permiso, a ningún gobierno o estado extranjero.
Artículo 35. La ejecución de una garantía no significa la cesión automática de los derechos de la concesión o permiso de que se trate, a menos de que la Secretaría lo autorice.
CAPITULO V
De la infraestructura
Artículo 36. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, establecerá las condiciones de construcción y conservación de los aeródromos civiles.
Los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada.
Artículo 37. Es de utilidad pública la construcción, ampliación y conservación de aeropuertos.
La Secretaría por sí o por cuenta de los concesionarios, previa evaluación y cuando lo considere procedente, efectuará la compraventa o, en su defecto, promoverá la expropiación de los terrenos y construcciones necesarios para la construcción, ampliación y conservación de aeropuertos.
Artículo 38. El concesionario deberá elaborar un programa maestro de desarrollo, revisable cada cinco años, el cual una vez autorizado por la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional en el ámbito de su competencia, con base en las políticas y programas establecidos para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional y su interrelación con otros modos de transporte, será parte integrante del título de concesión.
Artículo 39. El permisionario de un aeródromo de servicio al público deberá elaborar un programa indicativo de inversiones en materia de construcción, conservación y mantenimiento, en el que se incluyan medidas específicas relacionadas con la seguridad y la protección al ambiente y hacerlo del conocimiento de la Secretaría.
Artículo 40. Para realizar trabajos de construcción o reconstrucción en los aeródromos civiles, distintos de aquellos incluidos en los programas a que se refieren los artículos 38 y 39 de esta ley, se requerirá autorización previa de la Secretaría.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los trabajos de urgencia, de mantenimiento y los trabajos menores de construcción que no afecten las operaciones aéreas y se realicen para la conservación y buen funcionamiento del aeródromo civil, en el entendido de que el concesionario o permisionario informará a la Secretaría de las obras realizadas.
Artículo 41. Los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y protección ambiental, que correspondan.
CAPITULO VI
De la administración
Artículo 42. La Secretaría, en el reglamento correspondiente, podrá establecer los requisitos que deberá reunir el administrador aeroportuario, cuyo nombramiento será hecho del conocimiento de la Secretaría por el concesionario o permisionario respectivo, en los términos y para los efectos del artículo 24 de esta ley.
Los actos que lleve a cabo el administrador aeroportuario se entenderán como realizados por el concesionario o permisionario, según sea el caso.
Artículo 43. En materia de administración corresponderá a los concesionarios y permisionarios, entre otros:
I. Planear, programar y efectuar las acciones necesarias para la operación, desarrollo y promoción del aeródromo civil:
II. Llevar a cabo las acciones conducentes a la ejecución del programa maestro de desarrollo o el programa indicativo de inversiones, según sea el caso:
III. Percibir en los términos que fijen los reglamentos correspondientes y el título de concesión o permiso, los ingresos por el uso de la infraestructura del aeródromo civil, por la celebración de contratos, por los servicios que preste directamente, así como por las actividades comerciales que realice:
IV. Establecer programas de capacitación y atender las disposiciones que sobre la materia establezca la autoridad competente:
V. Coordinar las actividades de los prestadores de servicios y usuarios del aeródromo civil para lograr un adecuado funcionamiento del mismo:
VI. En el caso de aeropuertos, los concesionarios deberán coordinar las operaciones y demás servicios que se presten en el mismo, sobre bases equitativas y no discriminatorias:
VII. Proporcionar la información estadística requerida por las autoridades competentes.
Artículo 44. En cada aeropuerto, el concesionario deberá constituir una comisión consultiva formada, entre otros, con representantes del gobierno estatal y municipal, así como de las cámaras de comercio, turismo e industria de la región, de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo que operen en el aeropuerto y del administrador aeroportuario.
La comisión consultiva coadyuvará en la promoción del aeropuerto y podrá emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana y turística, así como el equilibrio ecológico de la zona, para lo cual el administrador del aeropuerto deberá informar a la comisión sobre el programa maestro de desarrollo y sus modificaciones, así como los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización del aeropuerto.
La organización y funcionamiento de las comisiones consultivas se determinará en el reglamento respectivo.
CAPITULO VII
De la operación y los servicios
Artículo 45. La operación de los aeródromos civiles comprende la prestación de los servicios mediante el aprovechamiento de la infraestructura, instalaciones y equipos.
Artículo 46. Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad.
Artículo 47. Los concesionarios o permisionarios deberán responsabilizarse del control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en zonas restringidas del aeródromo civil, así como de que las áreas cercanas a los equipos de ayuda a la navegación aérea instalados dentro de los mismos se mantengan libres de obstáculos que puedan afectar su operación.
Artículo 48. Para efectos de su regulación, los servicios en los aeródromos civiles se clasifican en:
I. Servicios aeroportuarios: los que le corresponde prestar originariamente al concesionario o permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil y que pueden proporcionarse directamente o a través de terceros que designe y contrate. Estos servicios incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos, así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil, y a la extinción de incendios y rescate, entre otros:
II. Servicios complementarios: los que pueden ser prestados por los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, para sí mismos o para otros usuarios o por terceros que aquéllos designen. Estos servicios incluyen, entre otros, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, avituallamiento, almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación d aeronaves.
Para la prestación de estos servicios deberá suscribirse contrato con el concesionario o permisionario del aeródromo civil de que se trate:
III. Servicios comerciales: los que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeródromo civil y que no son esenciales para la operación del mismo ni de las aeronaves. Estos servicios pueden ser prestados directamente por el concesionario o permisionario o por terceros que con él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros.
Artículo 49. Todos los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles están obligados a permitir su uso y prestar los servicios aeroportuarios y complementarios con que cuenten, en forma prioritaria, a las aeronaves militares, a aquellas que apoyen en casos de desastre y a las que se encuentren en condiciones de emergencia.
Artículo 50. El administrador aeroportuario podrá, en caso fortuito o de fuerza mayor, suspender por el tiempo estrictamente necesario la prestación de los servicios aeroportuarios, con el fin de preservar la seguridad de las personas y de los bienes. En estos casos reportará de inmediato a la autoridad aeroportuaria y en su caso, al comité de operación y horarios, las causas que motivaron tal medida.
Artículo 51. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, deberá establecer requisitos para la acreditación técnica del personal a cargo de los servicios aeroportuarios y complementarios.
Artículo 52. Los prestadores de servicios aeroportuarios y complementarios que sean personas distintas a los concesionarios o permisionarios, por el hecho de suscribir el contrato respectivo, serán responsables solidarios con éstos ante la Secretaría, del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, relacionadas con el servicio respectivo, consignadas en el título de concesión o permiso.
Artículo 53. En los aeródromos civiles de servicio al público, los servicios aeroportuarios y complementarios se prestarán a todos los usuarios solicitantes de manera permanente, uniforme y regular, en condiciones no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio y conforme a las prioridades de turno y horarios establecidos en las reglas de operación del aeródromo civil, de acuerdo con los criterios señalados por la Secretaría.
Los servicios aeroportuarios se prestarán en forma gratuita a las aeronaves de Estado militares y aquellas que realicen funciones de seguridad nacional.
Artículo 54. Todos los actos y contratos para la prestación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en los aeródromos civiles de servicio al público serán de carácter mercantil.
Cuando los servicios aeroportuarios y complementarios se proporcionen en los aeropuertos por personas distintas a los concesionarios, los prestadores de dichos servicios deberán constituirse como sociedades mercantiles mexicanas.
Artículo 55. En los aeródromos civiles de servicio al público las contraprestaciones por los servicios deberán pagarse de contado, salvo que en los contratos correspondientes se estipule lo contrario.
Si las contraprestaciones no son pagadas, los concesionarios o permisionarios, así como los prestadores de servicios, podrán suspender la prestación de los mismos, únicamente por el servicio de que se trate y conforme a lo establecido en los contratos respectivos. En ningún caso se podrá negar el servicio de aterrizaje a los usuarios en los aeródromos civiles.
Artículo 56. Los prestadores de servicios aeroportuarios y complementarios que sean personas distintas a los concesionarios o permisionarios, deberán contar con capacidad técnica, según la naturaleza del servicio de que se trate, no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 22 de esta ley y cumplir con las demás disposiciones aplicables.
Los contratos que celebren los concesionarios o permisionarios con los prestadores de los servicios aeroportuarios y complementarios y que de acuerdo al reglamento respectivo sean objeto de autorización por parte de la misma, deberán presentarse ante ésta en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su formalización. Si no se cuenta con la citada autorización dichos contratos no surtirán efectos. La Secretaría deberá resolver en un plazo máximo de 30 días naturales y si no resuelve, se considerará autorizado el contrato.
Cuando el incumplimiento de los contratos a que se refiere el párrafo anterior, afecte la adecuada operación del aeródromo civil y constituya una causa de revocación de las previstas en el artículo 27 de esta ley, la Secretaría, oyendo previamente al afectado, podrá revocar la autorización de dichos contratos. El concesionario o permisionario, en estos casos, deberá asegurar que no se interrumpan los servicios del aeródromo civil.
Artículo 57. El concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios que permitan a los usuarios seleccionar al prestador de servicios que convenga a sus intereses.
Por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, el concesionario podrá limitar el número de los prestadores de servicios complementarios, después de escuchar la opinión del comité de operación y horarios del aeropuerto a que se refiere el artículo 61 de esta ley. En este caso, el concesionario, con participación de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, adjudicará los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como de calidad y precios para los usuarios.
Artículo 58. Los servicios complementarios no podrán dejar de prestarse. En el caso de aeropuertos donde los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo no los proporcionen, el concesionario del aeropuerto deberá hacerlo, directamente o a través de los terceros que él designe y contrate, hasta en tanto prevalezca dicha situación. Para los demás aeródromos civiles, que no sean aeropuerto, corresponderá a los permisionarios prestar los servicios complementarios, directamente o a través de terceros.
Artículo 59. Cuando los aeródromos civiles de servicio particular o las instalaciones de uso particular dentro de un aeropuerto cuenten con capacidad excedente, la Secretaría, con vista en el interés público, podrá disponer que los permisionarios u operadores de las instalaciones de que se trate presten temporalmente servicio al público, conforme a condiciones que no les afecten operativa y financieramente.
La disposición estará vigente en tanto subsistan las causas que le dieron origen.
Artículo 60. La prestación de los servicios comerciales no debe constituir un obstáculo para la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios ni la de éstos respecto a los aeroportuarios ni poner en peligro la seguridad del aeródromo civil o la operación de las aeronaves. En caso de que esto ocurra, la Secretaría ordenará las adecuaciones necesarias.
Las áreas que se destinen a la prestación de los servicios comerciales serán descritas en el programa maestro de desarrollo o en el programa indicativo de inversiones, según sea el caso y para modificarlas se requerirá de autorización previa de la Secretaría.
Artículo 61. En cada aeropuerto se constituirá un comité de operación y horarios que estará integrado por el concesionario del aeropuerto a través del administrador aeroportuario, por el comandante de aeródromo y por las demás autoridades civiles y militares que intervienen en el mismo, así como por los representantes de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y de los prestadores de servicios.
Dicho comité será presidido por el administrador aeroportuario y su funcionamiento y operación se ajustará a un reglamento interno que se incluirá en las reglas de operación del aeropuerto.
Artículo 62. El comité de operación y horarios emitirá recomendaciones relacionadas con:
I. El funcionamiento, operación y horario del aeropuerto:
II. El programa maestro de desarrollo del aeropuerto y sus modificaciones:
III. La asignación de horarios de operación, áreas, posiciones de contacto y remotas, itinerarios y de espacios dentro del aeropuerto, de acuerdo a los criterios establecidos:
IV. Las condiciones para la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios:
V. Las tarifas y los precios:
VI. Las reglas de operación:
VII. Las medidas necesarias para la eficiente operación aeroportuaria:
VIII. La solución de los conflictos entre la administración del aeropuerto y los prestadores de servicios:
IX. Las quejas de los usuarios.
En el seno del comité, los participantes coordinarán sus acciones y asumirán los compromisos necesarios para el eficiente funcionamiento del aeropuerto.
En los aeródromos civiles donde se ubiquen bases aéreas militares o aeronavales, el comandante del mismo y el de la instalación militar, coordinarán lo conducente en las fracciones I a IV y VI de este artículo, a fin de dar prioridad a las operaciones aéreas militares por razones de seguridad nacional, interior y apoyo a la población civil en casos de desastre.
Artículo 63. En los aeropuertos, el administrador aeroportuario determinará los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con las bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios y oyendo la recomendación del comité de operación y horarios a que se refiere el artículo 61 de esta ley.
Artículo 64. Las construcciones e instalaciones en los terrenos adyacentes e inmediatos a los aeródromos civiles, dentro de las zonas de protección, estarán sujetas a las restricciones que señalen las disposiciones jurídicas a que se refiere el artículo 41 de esta ley, a efecto de eliminar obstáculos a las operaciones de las aeronaves.
Artículo 65. Cada aeródromo civil de servicio al público deberá contar con sus propias reglas de operación, conforme a los criterios y lineamientos generales que disponga la Secretaría.
El concesionario o permisionario deberá someter las reglas de operación a la autorización de la Secretaría, escuchando previamente y en su caso, al comité de operación y horarios.
Artículo 66. Para atender necesidades derivadas de caso fortuito o fuerza mayor, la Secretaría estará facultada para imponer modalidades en la operación de los aeródromos civiles y en la prestación de los servicios, sólo por el tiempo y proporción que resulte estrictamente necesario.
CAPITULO VIII
De las tarifas y precios
Artículo 67. La Secretaría podrá establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación de los servicios aeroportuarios y para los arrendamientos y contraprestaciones relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebren con los prestadores de servicios complementarios, cuando no existan condiciones razonables de competencia, de acuerdo con la opinión de la Comisión Federal de Competencia.
Artículo 68. Cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que los servicios complementarios no reflejan condiciones adecuadas de competencia, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en su caso, se establezca regulación tarifaria o de precios.
Artículo 69. Las tarifas correspondientes a los servicios aeroportuarios y complementarios en los aeródromos civiles de servicio al público, deberán registrarse ante la Secretaría de manera previa al inicio de su vigencia y deberán hacerse del conocimiento de los usuarios.
Artículo 70. La regulación tarifaria o de precios que llegue a aplicarse, se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron. Los prestadores de servicios sujetos a regulación podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita su opinión sobre la subsistencia de tales condiciones.
En la regulación se podrán establecer tarifas y precios máximos por el uso de bienes o la prestación de servicios específicos o conjuntos de éstos, así como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia. Esta regulación deberá permitir la prestación de los servicios y la explotación de los bienes en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia.
CAPITULO IX
De la seguridad
Artículo 71. La vigilancia interna en los aeródromos civiles será responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestará conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.
En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, carga, correo, instalaciones y equipo.
Artículo 72. Los concesionarios y permisionarios deberán poner en práctica programas de emergencia y contingencia, colaborar en los dispositivos de seguridad en las operaciones aeroportuarias y mantener los equipos de rescate y extinción de incendios en óptimas condiciones de operación. Asimismo deberán hacer del conocimiento de la autoridad aeroportuaria cualquier situación técnica y operativa, relevante o emergente, en materia de seguridad.
Artículo 73. A nivel nacional deberá existir un comité de seguridad aeroportuaria integrado de conformidad con el reglamento respectivo, que será el encargado de emitir el programa nacional de seguridad aeroportuaria conforme a los lineamientos que señale la Secretaría.
En los aeropuertos deberán funcionar comités locales de seguridad, presididos por un representante de la Secretaría, que emitirán los programas de seguridad correspondientes, previa opinión del comité de seguridad aeroportuaria. Estos deberán autorizarse por la Secretaría para su entrada en vigor.
CAPITULO X
De la protección al ambiente
Artículo 74. En los aeródromos civiles los concesionarios y permisionarios deberán observar las disposiciones aplicables en materia de protección al ambiente; particularmente en lo que les corresponda respecto a la atenuación del ruido y al control efectivo de la contaminación del aire, agua y suelo, tanto en sus instalaciones, como en su zona de protección.
CAPITULO XI
Del registro aeronáutico mexicano
Artículo 75. Se inscribirán en el registro aeronáutico mexicano:
I. Los documentos por medio de los cuales se adquiera, transmita, ceda, modifique, grave o extinga la propiedad y los demás derechos reales sobre los aeródromos civiles:
II. Las concesiones y permisos, sus modificaciones y revocaciones:
III. Las ayudas a la navegación aérea:
IV. Los contratos que autorice la Secretaría de conformidad con el artículo 56 de esta ley :
V. Las pólizas de seguro.
El reglamento respectivo determinará los requisitos a que deberán sujetarse las inscripciones, cancelaciones y certificaciones que deban expedirse.
CAPITULO XII
Del seguro
Artículo 76. Los concesionarios y permisionarios de aeródromos de servicio al público, así como los prestadores de servicios, serán responsables por los daños ocasionados, que resulten por causas que les sean imputables, por lo que deberán contar con seguro que cubra las indemnizaciones correspondientes.
El contrato de seguro deberá ser registrado ante la Secretaría y estar vigente por los plazos de duración de la concesión o permiso y sus prórrogas.
CAPITULO XIII
De la requisa
Artículo 77. En caso de desastre natural, guerra, grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal podrá hacer la requisa de los aeropuertos, los servicios aeroportuarios y complementarios, así como de los demás bienes muebles e inmuebles y disponer de todo ello como juzgue conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere a servicio de la requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra o conflicto armado internacionales, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje.
CAPITULO XIV
De la verificación
Artículo 78. La Secretaría verificará el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables de conformidad con los programas que para tal efecto se establezcan.
Los concesionarios o permisionarios y, en su caso, los prestadores de servicios, estarán obligados a permitir el acceso a los verificadores de la Secretaría a sus instalaciones, a transportarlos en sus equipos para que realicen la verificación en términos de la presente ley y en general, a otorgarles todas las facilidades para estos fines, así como a proporcionar a la misma los informes con los datos que permitan conocer la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles y demás servicios relacionados.
Las personas sujetas a verificación, cubrirán las cuotas que por este concepto se originen.
Artículo 79. Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros, tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
Artículo 80. Si el concesionario o permisionario de un aeródromo de servicio al público no cumple con las condiciones de seguridad y operación contenidas en las disposiciones aplicables, la Secretaría podrá nombrar un verificador especial por el tiempo que resulte necesario para corregir las irregularidades de que se trate.
CAPITULO XV
De las sanciones
Artículo 81. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:
I. No cumplir con las condiciones de construcción, operación y explotación de aeródromos civiles, con multa de 5 mil a 120 mil días de salario:
II. Construir u operar un aeródromo civil sin la concesión o permiso correspondiente, con multa de 5 mil a 200 mil días de salario:
III. Ceder los derechos y obligaciones de la concesión o permiso en contravención a lo dispuesto en esta ley, con multa de 5 mil a 200 mil días de salario:
IV. No hacer del conocimiento de la Secretaría de manera negligente, los accidentes o incidentes ocurridos en los aeródromos, relativos a la seguridad de sus operaciones, salvo causa de fuerza mayor, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
V. No cumplir con lo solicitado en el dictamen correspondiente conforme a las facultades de verificación de la autoridad, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
VI. Negar el aterrizaje de aeronaves, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
VII. Aplicar tarifas y precios que excedan a los registrados o, en su caso, sujetos a regulación, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
VIII. No prestar los servicios en la forma en que fueron ofrecidos, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
IX. No dar aviso a la Secretaría de las modificaciones realizadas a estatutos, con multa de 1 mil a 5 mil días de salario:
X. No apoyar en operaciones de búsqueda y salvamento de aeronaves, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario:
XI. Obstruir o interferir la radiocomunicación aeronáutica o los lugares de tránsito de un aeródromo civil, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario:
XII. Inundar o por negligencia permitir que se inunde un aeródromo civil, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario:
XIII. Contravenir las disposiciones en materia de seguridad en los aeródromos civiles, establecidas en esta ley y otros ordenamientos aplicables, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
XIV. Interrumpir, total o parcialmente, la operación del aeródromo civil o la prestación de los servicios aeroportuarios o complementarios, sin causa justificada, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
XV. No cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeródromo civil, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario:
XVI. No cubrir oportunamente las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios, con multa de 1 mil a 5 mil días de salario:
XVII. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil, con multa de 5 mil a 200 mil días de salario.
Cualquier otra infracción a esta ley o a sus reglamentos que no esté expresamente prevista en este capítulo, será sancionada por la Secretaría con multa de hasta 50 mil días de salario.
En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una sanción equivalente hasta por el doble de la cuantía señalada.
Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Artículo 82. En el caso de terceros autorizados por esta Secretaría para llevar a cabo verificaciones técnicas en los términos de esta ley, se les aplicará por violación a las condiciones que se establezcan en las autorizaciones respectivas, multa hasta de 50 mil días de salario.
Artículo 83. Cuando sin haber previamente obtenido concesión o permiso, se construyan u operen aeródromos civiles, la Secretaría podrá solicitar a las autoridades competentes el desalojo de los infractores y, en su caso, que se realice a cargo de los mismos, la demolición de las obras y la reparación de los daños causados.
Una vez que la Secretaría tenga conocimiento de lo anterior y en tanto se dicta la resolución definitiva, solicitará a la autoridad correspondiente el aseguramiento de las obras ejecutadas y de las instalaciones establecidas.
Artículo 84. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que, en su caso resulte ni de la revocación que proceda.
Artículo 85. Para declarar la revocación de concesiones y permisos, la imposición de las sanciones previstas en esta ley, así como la interposición del recurso administrativo de revisión, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan los artículos 327; 328; 371 fracción I incisos b y c y 567 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; el artículo 8o. de la Ley de Aviación Civil; así como las demás disposiciones que se opongan a la presente ley.
Las disposiciones reglamentarias y administrativas en vigor se continuarán aplicando hasta en tanto no sean derogadas por otras, salvo en lo que se opongan a la presente ley.
Cuando en otras disposiciones se haga referencia a la figura de comandante de aeropuerto, se entenderá como comandante de aeródromo en los términos de esta ley.
Tercero. El organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares podrá continuar administrando aeropuertos en los términos de su decreto de creación de fecha 10 de junio de 1965, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año y de sus decretos modificatorios, hasta en tanto la Secretaría, de conformidad con lo previsto en esta ley, otorgue concesiones respecto de los aeropuertos administrados por dicho organismo.
Lo anterior, en el entendido de que Aeropuertos y Servicios Auxiliares deberá ajustarse a lo dispuesto en esta ley, en lo relativo a la construcción, administración, operación y explotación de aeropuertos y en la prestación de los servicios.
Cuarto. Las concesiones, permisos y autorizaciones que se otorguen con motivo de la presente ley, no afectarán los derechos de los trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, los que serán respetados conforme a la ley de la materia.
Quinto. Las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley serán respetadas en sus términos hasta su vencimiento.
Lo anterior, en el entendido de que los concesionarios y permisionarios deberán ajustarse a lo dispuesto en esta ley, en lo relativo a la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles y en la prestación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.
Los aeródromos de servicio general que al momento de la publicación de este ordenamiento reciban aeronaves destinadas al servicio de transporte aéreo regular, tendrán un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de esta ley, para regularizar su situación ante la Secretaría.
Por lo que se refiere a las concesiones y permisos en trámite, se estará a lo dispuesto en esta ley.
Sexto. Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se sancionarán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se cometieron.
Séptimo. A más tardar en 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, el Ejecutivo Federal constituirá la comisión intersecretarial a que se refiere el artículo 21 de esta ley.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 23 de noviembre de 1995. Senadores: Ernesto Navarro González, presidente; Graciela Larios Rivas, secretaria y Enrique Hernández Quinto, secretario.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
TRABAJO LEGISLATIVO
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Guerra Ochoa, para realizar comentarios sobre el trabajo legislativo del segundo año de ejercicio.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es mi interés comentar las declaraciones que aparecen hoy en la mayoría de la prensa por lo menos nacional, que es la que hemos revisado, respecto a que atribuidas al líder del grupo parlamentario del PRI, si es necesario se seguirá haciendo uso del mayoriteo. Pero también venimos a protestar aquí por la dinámica denigrante en que se mantiene el Congreso de la Unión.
No podemos sentirnos en absoluto satisfechos, algunos diputados priístas, como Francisco Peralta, han tenido el valor incluso de reconocerlo, lo que es la inutilidad hasta ahora del trabajo parlamentario, el cómo esto frustra no solamente corazones y almas de la bancada de oposición, sino incluso dentro del grupo mayoritario, porque parafraseándolo, creemos que venimos a legislar, luego resulta que hay que encontrar una vocación, la del que se la descubre al contarnos anécdotas y la de alguno quizá sólo al darle lectura.
La Cámara se mantiene prácticamente sin alteraciones, con una subordinación hacia el Ejecutivo que resulta cada día más inadmisible. ¿Cómo es posible, tan sólo por preguntarnos, que la revisión de la cuenta pública se haga en cinco días sin asesores, que la Cámara no tenga ni siquiera presupuesto para parar una verdadera revisión? ¿En verdad alguien cree que lo que acabamos de votar es la revisión de la cuenta pública? Yo dudo incluso de quienes intervinieron, que han tenido tiempo de darle una buena lectura a fondo, ya no digamos una revisada a fondo; si a eso es a lo que venimos, a hacer una especie de oficialía de partes, de dejar correr y venir a expresar que algunos a pesar de esas circunstancias votan a favor y otros no, si así vamos a mantener esta práctica de renunciar a nuestras funciones parlamentarias, a nuestra dignidad como legisladores, compañeros, algunos sentimos frustración, sentimos impotencia y sentimos que perdemos el tiempo.
¿Qué sentido tiene en este marco, nos preguntamos, se preguntan muchos legisladores del PRD, estar aquí en una presencia testimonial? Solamente quizá para cuestionar algunas cosas, pero no realmente para legislar.
La principal responsabilidad de lo que ocurre en la Cámara de Diputados es del grupo mayoritario, porque si el grupo mayoritario con su mayoría le da el sentido a esta Cámara de plegarse al Ejecutivo y de mayoritear en ese sentido, coloca a los otros grupos como meros testigos presenciales, carentes de sentido legislativo.
Si quieren hacer alguna interpelación o alguna pregunta, no los alcancé a escuchar, pero con mucho gusto quizá los podríamos atender.
Y a esta responsabilidad no puede renunciar a ella ni aquí ni en ninguna parte del mundo, un grupo parlamentario que sea mayoría.
Es ahí donde empieza la función de la independencia del Poder Legislativo, no va a haber independencia del Poder Legislativo si la mayoría se comporta sumisa y si a pesar de todo, lo que busca es el mayoriteo; si lo que busca es no hacer consenso los acuerdos y lo que la sociedad requiere, sino actuar....
El Presidente:
Permítame, señor diputado Juan Guerra Ochoa.
Dígame, señor diputado.
El diputado José Manuel García García (desde su curul):
Quisiera ver si me permite el diputado una pregunta.
El Presidente:
¿Acepta usted una pregunta, orador.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Sí, con mucho gusto.
El diputado José Manuel García García (desde su curul):
Usted dice que nada más tuvimos cinco reuniones para el análisis de la cuenta pública. Yo quisiera preguntarle a usted si asistió a una de esas cinco reuniones, que no fueron cinco, pero siquiera si asistió a alguna de las reuniones que tuvimos, de análisis, con los diferentes sectores y los diferentes subsecretarios que vinieron para el análisis de la cuenta pública.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Mi respuesta es que el asunto que estoy tratando en verdad es mucho más serio que el garlito de ver si asistes a una comisión o no. Yo los invito a un debate en serio y a revisar nuestra función, yo no soy de la Comisión de Hacienda, entonces evidentemente no estoy obligado a participar en las reuniones de la Comisión de Hacienda, pero yo no estoy cuestionando si algunos diputados asistieron o no, yo no me puse a ver quién había asistido, quién había faltado, me parece eso secundario; lo que estoy analizando aquí...
El Presidente:
Permítame, diputado Guerra.
Dígame, señor diputado.
El diputado José Manuel García García (desde su curul):
¿Me permite otra pregunta.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Sí, las que guste.
El diputado José Manuel García García (desde su curul):
Señor Presidente, ¿me permite hacerle una pregunta al orador.
El Presidente:
Señor orador, ¿acepta usted la pregunta al diputado.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Sí, con mucho gusto.
El diputado José Manuel García García (desde su curul):
Nada más para su aclaración quisiera yo que tuviera en cuenta que cuenta pública se revisa en Programación, en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; no en la de Hacienda. Entonces por eso no supo que estábamos trabajando en la Comisión de Programación y Presupuesto y no en la de Hacienda.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Le agradezco su corrección, la acepto, nunca me he considerado perfecto, he participado en muchas revisiones, no estoy ni en la de Hacienda ni en la de Programación y Presupuesto, por eso mismo, pero el asunto que traigo a cuestión, seguramente el diputado se siente muy satisfecho de su función, le podrán aplaudir en su distrito, seguramente usted es un hombre íntegro o es un pillo simplemente que viene aquí a votar por consigna, eso es lo que yo estoy debatiendo en este momento.
Si es alguien que actúa por conciencia, esto no es un juego de palabras, yo no estoy en un juego de palabras y en los garlitos, "oye, participas en esto". Correcto, es Programación y Presupuesto. Lo que estoy diciendo es que no hay manera ni por los recursos que tiene la Cámara ni por el tiempo que se le da, de revisar y yo le aseguro al señor diputado que tampoco revisó y si este argumento lo quiere debatir, lo podemos debatir, pero que no me salga con el galimatías de que si "estás en esta comisión o si estás en esta otra", porque el asunto yo no estoy, entonces niéguenos el derecho a opinar sobre cómo funciona el parlamento, a la gran mayoría de esta Cámara, porque no estamos en esa comisión, porque se integra sólo con un número reducido de diputados.
¿Puede sostener alguien y puede alguien sentirse satisfecho del funcionamiento de la Cámara? ¿Es ésta la práctica que se quiere? ¿Están conformes?
Pues es vergonzoso, compañeros, es vergonzoso, no votaron por ustedes para eso, no votaron para que como mayoría mecánica actúen; votaron para que razonen. El pueblo no nos tiene aquí viendo para arriba, el pueblo nos tiene aquí para ver si miramos hacia abajo, para eso nos tiene, para ver si actuamos en congruencia con lo que dice la Constitución, para ver si somos coherentes.
Y como quiera que se le busque, no puede haber satisfacción y en ese sentido, la declaración de que se usará el mayoriteo, evidentemente es una declaración que nosotros reclamamos porque no es la tónica que pedimos para este congreso.
Es paradójico, pero no en esta ocasión, en varias, me ha tocado insistir en que al Congreso hay que defenderlo. Vivimos momentos difíciles donde necesariamente aunque algunos no lo quieran y crean que su función es decir sí, el Congreso tiene que avanzar a establecer un equilibrio de poder, es importante a pesar de alguna gente que se niega a cumplir con su función y un Congreso así necesita ir cambiando sus formas, requiere que la mayoría consense y nada más falta que la mayoría hasta se moleste porque se le pide que consense y que diga "no, es que quiero mayoritear".
La responsabilidad de la oposición es también buscar acuerdos, pero si hay voluntad; si no hay voluntad, si lo que se dice es voy a mayoritear, entonces carece de sentido la Cámara de Diputados, carece de sentido las funciones que tenemos y más en el marco de la situación. Si queremos avanzar a un poder Legislativo que no se le denigre, que el pueblo lo respete, que se le reconozca, que ante cualquier crisis sea la alternativa, la instancia republicana que dé las soluciones, si queremos concluir este trabajo, sentirnos orgullosos, compañeros, tenemos que cambiar y tenemos que acabar con esas prácticas y no es correcto el mayoriteo sino la búsqueda de acuerdos y es correcto sobre todo que la Cámara cambie ya su dinámica.
Nosotros estamos planteando un asunto que de por sí es elemental, que es polémico, lo sabemos. Hemos pedido que estas modificaciones que nos hablan para algunos de nosotros de privatización del Seguro Social puedan legislarse en un periodo extraordinario cuando uno no tiene miedo a sus argumentos, es capaz de exponerlos ante la opinión pública; cuando uno sabe que puede atraer consensos, es capaz de abrirlos a la sociedad, no es un verbo que se conjuga aquí de madrugada.
La práctica republicana no es eso, como no es el ejercicio republicano, responsabilidad del Congreso, de revisar las cuentas públicas, hacerlo de esta forma, porque además quien revisa independientemente de quién presenta el dictamen, es la Cámara.
Es función de todos nosotros, yo confieso que evidentemente no tuve tiempo ni siquiera de leerlo y no me digan que es irresponsabilidad, no podemos ni siquiera... estos trabajos en un ejercicio republicano deberían de hacerse con recursos de la Cámara y con varios asesores para poder llegar realmente a fondo, porque es la responsabilidad de fiscalizar los gastos que ya realizó el Poder Ejecutivo, porque es parte de esa práctica republicana que debe irse asentando. Ese es el asunto.
Y es también un ejercicio democrático cuando hay dudas, cuando algo se debate, abrirlo a la discusión. Yo no sé, yo estoy convencido que a veces como todos pensamos que nuestra opinión es la más válida, quizá la opinión que nosotros tenemos sobre estas reformas en materia de seguridad social no son válidas y la sociedad dirá "estás mal", pero hay que dar tiempo a que la sociedad procese las cosas.
Yo no veo las prisas que a veces llevamos. Esto es la negación de otros esfuerzos que también aquí se realizan, de convocar al diálogo nacional, de abrir un espacio para la sociedad. Estamos ciertamente en claroscuros pero necesitamos discutir abiertamente este tipo de ejercicios, necesitamos reclamar y yo lo hago de la manera más fraterna con Roque Villanueva, lo conozco desde la LIV Legislatura, que ésa no es la forma de responder porque si ésa es la práctica y eso se traduce en hechos, entonces ¿qué hacemos nosotros aquí? Esa es la cuestión.
Les agradezco su atención.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra para el mismo tema, el diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Augusto Gómez Villanueva:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Un importante pensador decía que daría su vida por defender tu verdad y hoy ha venido el compañero Juan Guerra a esta tribuna, a hacer reflexiones importantes, reflexiones que se apoyan no solamente en su espíritu beligerante, sino en su experiencia de legislador y claro que como miembro del Poder Legislativo hace uso con plenitud, de un legítimo derecho para venir a esta tribuna.
Ningún momento más adecuado para que podamos hacer un alto en el camino, un alto en el camino que nos permita observar en nuestro propio ejercicio diario cómo a la distancia de un año de ejercicio de esta legislatura, hemos podido remontar juntos momentos difíciles y graves para el país, momentos en los cuales no solamente se cernieron sobre el destino de México asomos criminales y de intolerancia, momentos que ponían el riesgo la vida entera de una nación y sin embargo ha sido gracias a la fortaleza de las instituciones de la República como hemos podido llegar a este final en el cual hemos debatido temas tan importantes como la cuenta del Gobierno Federal y del Gobierno del Distrito Federal.
Y si examinamos en nuestra conciencia y nos damos cuenta cómo frente a la expectativa de que los tiempos nos hubieran llevado a largos amaneceres y discursos enconados, que muchas veces se cargaban de insultos y de ofensas, hoy hemos prácticamente cumplido con nuestro deber en el examen sereno, objetivo y sistemático de la cuenta pública y la del Distrito Federal.
No queremos volver atrás; queremos pensar en que lo avanzado será punto de partida, que lo avanzado ha permitido no solamente mantener un espíritu de tolerancia, en que lo avanzado es que hemos mantenido incólumes las libertades y hemos logrado también, poco a poco, caracterizar la figura del legislador en esta nueva etapa de la vida legislativa de nuestro país.
No se trata ya, como alguien pretende calificar, de un impulso voluntarista y caprichoso para decir que sí al Poder Ejecutivo; no se trata de ninguna manera de que borremos los argumentos, los razonamientos, las reflexiones, el pensamiento de cada uno de los diputados que formamos parte de esta legislatura, para integrarlos como gran riqueza que permita enriquecer la vida parlamentaria y la vida democrática de la nación.
Nadie podría ahora levantar la voz para decir que no hay libertad en la Cámara de Diputados; nadie podría acusar a la mayoría ni al resto de las fracciones parlamentarias de que haya prevalecido la intolerancia. Ha prevalecido la pasión, ha prevalecido el entusiasmo, ha prevalecido la conciencia de ciudadanos para asumir la función que debe de asumirse en el desempeño que la voluntad popular nos ha asignado.
A eso ha obedecido el espíritu republicano de la conducción de las tareas de esta Cámara, a eso ha obedecido los avances que hemos juntos logrado para integrar en todas las tareas a las diferentes fracciones parlamentarias.
No solamente en cada una de las comisiones forman parte todos y cada uno de los compañeros legisladores, no solamente éstas están integradas por un grupo secretarial muy respetable que participa en las tareas, no solamente las presidencias, distribuidas también por voluntad de todos nosotros en las distintas fracciones parlamentarias, han permeado el espíritu de trabajo que ha prevalecido de esta Cámara. Sin embargo, habiendo logrado tantos avances no podemos sentirnos satisfechos, no podemos desconocer que debemos aún de perfeccionar nuestros procedimientos internos.
No debemos tampoco desconocer el espíritu que prevalece en todos nuestros compañeros diputados para reformar el reglamento y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, tarea que no ha eludido la mayoría en enfrentar, tarea que ha querido compartir con cada uno de ustedes, sin embargo, compañeros, seamos serenos y justos: para poder hacer las proposiciones correspondientes habría que convivir y compartir esta nueva etapa, esta nueva etapa que será punto de partida, punto de partida no solamente para establecer lo que Juan Guerra plantea con tanto énfasis respecto a la función del legislador.
Pero yo diría, todavía hace unos cuantos días y horas, ante la opinión pública nacional quedan imágenes en que la Cámara de Diputados por encima de su tolerancia pudiera admitir expresiones de libertinaje.
Ningún diputado del PRI se paró para acusar a nuestros compañeros legisladores cuando rodearon este presidium con mantas y con individuos ajenos a la propia Cámara, que de pronto presentan protestas por escrito; ningún diputado ha negado el derecho a que usen sus tácticas y recursos para que puedan en un momento dado presentar sus protestas o hacer sentir sus inconformidades.
Aquí todavía hace unos cuantos días pasó un señor que se dice guerrillero y ofendió a los señores legisladores y venía acompañado de un diputado del PRD y nosotros fuimos respetuosos y no quisimos de ninguna manera interrumpir ese clima de libertad.
A veces otros diputados se ponen máscaras y nosotros no venimos aquí a criticarlos por esa actitud. Pensamos que juntos tenemos que construir un clima que nos ayude a la serenidad, nos ayude a admitir que el pueblo de México está atento a que lo que aquí se discuta tiene una repercusión indudable para su vida actual y su vida futura.
Yo formulo, a nombre de mis compañeros de la mayoría una invitación, una invitación para que por encima de los aspectos de carácter transitorio o anegdótico, no vamos a juzgar las cabezas y el contenido de las notas de prensa. Si alguien ha sido ejemplo de tolerancia, si alguien ha sido ejemplo de verticalidad y de sentido de respeto a las fracciones parlamentarias es el compañero Humberto Roque Villanueva, a quien los diputados del Partido Revolucionario Institucional respetamos como nuestro gran conductor.
No habrá ni nacerá de esta Cámara un signo de intolerancia, preferimos a veces la ofensa en la expresión de la caricatura o de la nota alterada. Respetamos a nuestros compañeros de prensa, ellos como redactores de sus notas envían a su redacciones sus textos y allá los cambian, los modifican o los alteran. Eso es cuestión de política interna de cada una de las redacciones de los periódicos.
Nosotros por lo mismo queremos dejar muy claro que este momento en el cual hacemos reflexión, motivados por los comentarios del compañero Juan Guerra, queremos dejar una constancia a todos ustedes; queremos escribir juntos la mejor página de la historia del Poder Legislativo.
Aquí existen diputados que hemos sido compañeros en varias legislaturas, varios de ellos presiden comisiones, varios de ellos saben los avances que han representado los procedimientos y tratamientos a las fracciones parlamentarias por el Partido Revolucionario Institucional.
Por ese motivo, tenemos que invocar la serenidad, tenemos que invocar la reflexión y en este momento que necesitamos más que nunca de la unidad de todos los mexicanos para enfrentar los graves momentos que enfrenta el país, acudimos a ustedes para que hagan su propio veredicto, el veredicto que habrá de corresponder a su propia conciencia.
Por lo pronto, nosotros nos sentimos satisfechos y como dije al principio, daremos nuestra vida por defender tu libertad.
Muchas gracias.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Indudablemente estamos ante un asunto de la mayor seriedad y que exige por parte nuestra una reflexión serena, profunda, integral.
Creemos necesario que haya coherencia entre las palabras en tono de tolerancia y los hechos de auténtica tolerancia.
Tolerar equivale a escuchar con atención y respeto los argumentos divergentes de quien es diferente a nosotros, pero no sólo oírlo, sino escucharlo con atención y recoger la parte de verdad que ellos expresen para asumirla como la verdad nuestra y es ahí donde en esta Cámara tenemos que avanzar todavía un gran trecho; tenemos que aprender a escucharnos con profundidad y respeto, pero para decirnos las verdades, aun las que más, diríamos así, nos parecen difíciles de aceptar.
Necesitamos en esta Cámara mantener sí el respeto, pero un respeto que vaya no a quedarnos callados ante el argumento del diferente, de quien piensa diferente a nosotros, si no dar puntual respuesta a esos argumentos, a esos razonamientos, porque aquí estamos en una Cámara de Diputados, somos parlamento y tenemos que hacer que la palabra sea una palabra viva que propicie el encuentro de todos los mexicanos, de quienes caminamos por la izquierda, de quienes caminan por el centro o de quienes caminan por la derecha. Todos los caminos tienen que conducirnos a construir el bien del país y para ese respeto no basta con escucharnos como con indiferencia: déjamos que digan su verdad, nosotros vamos a sostener la nuestra y tenemos más votos y salimos adelante.
Ese respeto tiene que ser más vivo, tiene que ser más entrañable, pero sobre todo tiene que tener un fundamento vertical y horizontal sobre la verdad de nuestra economía, sobre la verdad de nuestra política, sobre la verdad de nuestra sociedad. Un respeto que nos permita a todos los mexicanos que representamos aquí en esta Cámara, encontrar esa verdad, para luego seguirla y construir el futuro de México, sobre la auténtica verdad no sobre la verdad ficticia del poder, de la mayoría o sobre una verdad que no se sostiene en argumentos sólidos, sino sólo en la fuerza, no de la razón, sino del poder.
Nosotros queremos un respeto que propicie el encuentro más profundo entre todos los mexicanos y nos permita salir de esta crisis tan agobiante, que tiene fatigados ya a todos los mexicanos y sobre todo a los marginados, a los que no tienen caminos, a los que no encuentran la salida y nosotros tenemos la responsabilidad de dialogar con todo respeto, pero con verdad para encontrar y ser capaces de construir esos caminos, que en esta parte del siglo serán cuesta arriba y requieren de todos nosotros, una participación generosa, decidida y firme, que nos permita sobre el debate auténtico encontrar la luz para construir el camino.
Señores diputados, necesitamos romper inercias, esas inercias que se manifiestan de muchas maneras en esta Cámara, que se manifiestan de muchos modos, hoy como nunca urge el cambio.
Necesitamos ser los administradores del talento que el pueblo nos entregó para ponerlo a generar nuevas riquezas, a generar nuevos caminos, pero sólo en el cambio, sólo en la ruptura de las inercias. No podemos seguir manteniéndonos en la situación dada, porque así no vamos a avanzar hacia el futuro, necesitamos que esas inercias desaparezcan de este Congreso, para que se constituya en un verdadero parlamento, donde todos los diputados podamos venir aquí a dialogar abierta, sincera, profunda y generosamente en favor de nuestro país, que en definitiva es lo que queremos construir un México lleno de justicia, de verdad. Un México en donde podamos todos los mexicanos encontrar el espacio vital para alcanzar nuestra plenitud como personas.
Y esas inercias nos están condenando a mantener una pequeña clase dominando al país y un gran número de marginados y subordinados padeciendo la pobreza, la ignorancia, la corrupción; padeciendo tantas y tantas lacras que en este país han crecido, ante el silencio de sus diputados.
Es tiempo de que hablemos, compañeros diputados. Es tiempo de que hagamos que la palabra se encarne en nosotros, y podamos con nuestra palabra iluminar el país y crear nuevos caminos, transformar este presidencialismo caduco, transformar el sistema político y crear un nuevo sistema de relaciones políticas y sociales, donde todos los mexicanos podamos con verdad, con justicia y con solidaridad trabajar por México.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados sobrevivientes de esta sesión.
Me parece que ciertamente y los comparto, los llamados a la comprensión entre nosotros, al entendimiento, a la unidad, son pertinentes; sin duda que lo son, sobre todo ante lo que todos hemos señalado y estamos de acuerdo: la difícil situación que atraviesa nuestro país y millones de mexicanos con él.
Pero creo también que las palabras son hechos, dicen que el infierno está plagado de buenas intenciones y el camino de él aún de más intenciones buenas. Y creo que aquí lo que se está planteando y lo compartimos, es un hecho, para transformar este país, para contribuir a ello, vamos a tener ese respeto en los hechos, vamos a ser serios en lo que acordemos y en lo que se proponga. Y creo que desafortunadamente esa declaración de ayer del diputado Roque Villanueva no ayuda a eso. Creo que eso es su significación, ése es su contenido, eso es su fondo. Ciertamente aquí no se cuestiona el derecho a opinar.
Lo dijo y lo oí en la televisión, no lo leí en el periódico y me sorprendió desafortunadamente oírlo, porque el que habla, ciertamente está tratando de trabajar en las comisiones respectivas y resulta ser que si ésa es la declaración, pues, para qué nos desmañanamos o nos desvelamos, porque si es la simple mayoría y no el interés de millones de mexicanos que están ligados a esta iniciativa de ley en esta ocasión, pero creo que a todas las iniciativas de ley que se aprueben aquí, afectan de una u otra manera a millones de mexicanos o a sectores importantes de mexicanos. Si ésa es la lógica que vamos a seguir, pues no tenemos más qué hacer, más que cada quien dar su opinión y votar en consecuencia. El trabajo de concertación, de entendimiento en las comisiones, en los pasillos o en donde haya que hacerlo, no tiene razón de ser.
Hoy, esta ley que se propone en concreto del IMSS, nos fue entregada hace 15 días, implica cerca de 300 artículos, porque es una nueva ley, más 40 y tantas cuartillas de exposición de motivos; implica en total, cerca de 170 cuartillas con la complejidad que esto implica. Puede afectar seriamente no el pasado, como la cuenta pública, sino el futuro de millones de mexicanos. ¿Vale o no la pena reflexionar y darse el tiempo que sea necesario para analizarla? Pero además hay que decir que esta ley no está en el marco en que se comprometió el Ejecutivo de no legislar al vapor, de no forzar al Congreso y en el que otras iniciativas han sido propuestas aquí; un anteproyecto, para verlo, para comentarlo con los funcionarios del caso, así se ha actuado en otras, por ejemplo, en la del crimen organizado o la de seguridad pública, que independientemente del resultado final, tuvieron un proceso más o menos amplio de explicación y de oportunidad de ser matizadas.
En esta ocasión no es así. Llevamos 15 días de tenerla en nuestras manos y se pretende, porque ya se nos avisó una fecha tentativa, que el 8 de diciembre la aprobemos o no. Me parece que puede ser el 8 o el 10, el 15 o un periodo extraordinario. Bien vale la pena por el significado y por lo que toca, que se haga así, con el tiempo suficiente y la calma y el cuidado que merece.
Yo soy de la opinión que hay necesidad de hacer cambios, de hacer cambios ciertamente en el IMSS, que hay que hacer cambios en muchas partes en este país. Sin duda que la realidad no es la de hace 50 años. Pero también insisto, que despacio que vamos de prisa y que si nosotros no somos cuidadosos, seguramente se dará una resolución o una solución no adecuada.
Por todo ello, invito a que los coordinadores de cada fracción, como ya ha sido propuesto, analicen en la comisión de concertación y se haga, porque no se ha hecho, la pertinencia de cómo tramitar de la manera más adecuada este importante punto.
Creo que ése es un inicio de pasar de las palabras a los hechos. ¡Hágase por favor! ¡Cúmplase con la petición y démonos el tiempo suficiente, finalmente no hay prisa!, la ley entrará en vigor hasta 1997 y bien podremos darnos un espacio de un periodo extraordinario, si se cree prudente, lo más inmediato posible, para analizarla y hacer los cambios que justamente si se necesitan para garantizar mejores pensiones en uno de sus aspectos a millones de mexicanos de hoy y del futuro.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos hasta por cinco minutos, el diputado, Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Creo que el debate que se está dando en este punto, especialmente después de las intervenciones de los diputados Juan Guerra y Augusto Gómez Villanueva, toca un tema fundamental para nuestro papel de legisladores.
Aquí debemos de hacernos todos la pregunta: el trabajo parlamentario ¿qué es? ¿Qué significa? Y también recordar y todos aceptamos, que son tiempos de cambio; que buscamos entrar en una época más democrática y más moderna en la vida política de nuestro país.
Sin embargo, lo cierto es, compañeras y compañeros, que el Poder Legislativo sigue trabajando a la antigüita. Cuando menos, yo fui diputado en la LIV Legislatura y yo no veo cambios de fondo en nuestro trabajo parlamentario.
Yo me preguntaría y esas preguntas haría a ustedes, diputadas y diputados: ¿Cómo trabajan las comisiones de la Cámara, aun las especiales que se conforman? ¿Cómo funciona el pleno de esta Cámara de Diputados? ¿Cómo votan los diputados del Partido Revolucionario Institucional? ¿Quiénes han votado las leyes que han causado profundos daños a los intereses de las clases más desprotegidas de México? y también, ¿cómo avanzar, cómo avanzar, lo digo con mucho respeto, hacia lograr que seamos un Poder Legislativo independiente, como lo establece nuestra Constitución y que lo hagamos también, como soplan los vientos ahora, un Poder Legislativo democrático.
De las respuestas a estas preguntas podremos encontrar el cómo avanzar; podremos encontrar respuestas que no sean retórica, sino efectivamente que nos convirtamos en un Poder Legislativo que tenga como esencia el debate; que tiene como esencia el diálogo para construir, para conformar el sistema jurídico, el estado de derecho de este país.
Eso es verdaderamente el objetivo de un Poder Legislativo independiente y democrático. Y para ello necesitamos cambiar el funcionamiento de las comisiones en la Cámara de Diputados. Todos, y ahí no nos podrán decir ninguno de los presentes, que en el caso mío y de otros compañeros no acudimos a los trabajos de comisiones y que damos debates, debates de fondo con los diputados del Partido Revolucionario Institucional, sobre nuestro marco constitucional, fundamentalmente y, todos hemos visto ahí, que hemos chocado con piedra. Damos razones y argumentos constitucionales; damos razones y argumentos políticos, damos razones y argumentos económicos, damos razones y argumentos sociales y, las cosas siguen igual.
Yo creo, sí, efectivamente, que vamos avanzando. Pero también me parece que muy despacio y por eso también creo que es justo el reclamo del diputado Juan Guerra, al venir a esta tribuna a señalar que tenemos que cambiar la manera del trabajo parlamentario.
Efectivamente, un grupo parlamentario mayoritario tiene derecho a usarlo, en un momento determinado; pero antes, tiene la obligación de debatir, de consensar, de dialogar. Antes de ello, tiene que buscar cómo se construyan leyes más consensadas que respondan a los intereses más generales de este país, porque eso son las leyes. Las leyes no deben de responder jamás a los intereses de ningún grupo en este país, aunque sea el mayoritario. ¡Jamás! Las leyes son generales y universales, de aplicación en un país, para el beneficio del pueblo, en este caso, el pueblo de México.
Cambiemos. Vamos hacia adelante; construyamos una nueva relación en las comisiones y una nueva correlación de fuerzas al interior de ellas. Hagámoslo y de esta manera podremos tener un trabajo parlamentario más democrático y daremos al Poder Legislativo un verdadero sentido de independencia como lo marca nuestra Constitución.
Por eso tenemos que ver hacia adelante y tenemos que hacer propuestas en este sentido y eso implica, compañeras y compañeros, que no nada más tenemos que reformar la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Unión, sino también la propia Constitución General de la República, para hacer del Poder Legislativo, un verdadero poder independiente, fuerte, ante el Poder Ejecutivo y hacer del Poder Legislativo, un verdadero poder democrático; que antes que los mayoriteos, se busque los consensos.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Mi dilecto amigo don Augusto Gómez Villanueva, ha pronunciado aquí una bella pieza, un cuento, que se ha de referir a uno de esos países que él suele visitar, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Porque él habla del parlamentarismo, del respeto a los partidos, a la disidencia, al trabajo legislativo y viene él a señalar que esta Cámara es o debe ser ejemplo de un nuevo trabajo para bien del país.
Desde luego, yo creo que el diputado Gómez Villanueva no se refiere al ejercicio legislativo y parlamentario cuando él exaltó el parlamentarismo que nosotros desarrollamos en esta Cámara; porque, compañero diputado Gómez Villanueva, no se compagina lo que usted dice con el hecho de que en esta Cámara hay una mano negra, por ejemplo, que le apaga los micrófonos a los diputados disidentes si desean replicarle a los secretarios de Hacienda.
¿Qué diría, diputado Gómez Villanueva, el padre del parlamentarismo: Oliver Cromwell, si resucitara y se enterase que en esta Cámara por señales secretas y medios electrónicos, los sistemas de audio quedan, como dicen los expertos en comunicación, en OFF, apagado?
¿Es ése el ejercicio parlamentario que usted defiende? ¿Es eso lo que usted aprendió como embajador en Roma, en Nicaragua, en las interparlamentarias, por ejemplo en Washington.
Ni el señor Newt Gingrich se atrevería y eso que es agresivo, a apagarle el micrófono a ningún diputado de oposición.
Pero el fondo en realidad es otro. Se habla de respeto al trabajo parlamentario, cuando aquí se insiste en legislar no solo "al vapor", sino "al microondas", cuando aquí no se permite realmente un debate parlamentario porque cuando la oposición llega a plantear cuestiones de fondo, basta con que esta Presidencia pregunte a la mayoría abúlica del PRI, si está o no suficientemente discutido el tema y eso puede ocurrir en cualquier instante, si hay prisa, si está esperando el director del Seguro Social o el del Infonavit o algún secretario de Estado.
Creemos por tanto que lo que nos vino a decir aquí el señor diputado Gómez Villanueva, pues es un catálogo de buenas intenciones pero no es algo que corresponda a la realidad de esta representación nacional.
El Poder Ejecutivo ha enviado en los últimos días una serie de iniciativas que ni siquiera corresponden a los lineamientos ni a los señalamientos del propio partido en el poder. Porque no podría venir aquí el señor Oñate a demostrar que la Ley de Ingresos o el presupuesto de egresos ni que la Ley de Seguridad Pública o que la ley denominada contra el crimen organizado ni que el proyecto de reformas al Seguro Social sean diseño del Partido Revolucionario Institucional.
Los autores de esos diseños son los dirigentes del Fondo Monetario Internacional; es el señor Robert Rubin, secretario del Tesoro; es el Congreso, diputado Gómez Villanueva, sí, pero el que despacha en el Capitolio, en la ciudad de Washington. Es una imposición al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
Y con este esquema, en donde en 15 días se pretende liquidar para los mexicanos, con reformas anticonstitucionales a la seguridad pública, que implica que el Ejército participe, como ya se demostró aquí, en tareas que no le corresponden, en violación flagrante a la Constitución, en leyes como la del Seguro Social que va a despojar a la clase trabajadora de sus derechos históricos, se impone un proyecto ajeno al sentir del pueblo de México.
Y por esas razones consideramos nosotros que este Poder Legislativo no está cumpliendo su tarea porque está acatando prácticamente con ceguera, ya ni siquiera con miopía, los dictados que provienen del exterior.
Concluimos por tanto, amigo diputado Gómez Villanueva, que legisladores como usted no ven ni oyen ni sienten ni piensan y, peor aún: no advierten ese clamor popular, esa ira de los mexicanos que ya está en las calles y que muy pronto, diputado, habrá de aglutinarse en un frente amplio opositor que habrá desde luego de relevarlos y finalmente de fincarles las responsabilidades que les han correspondido en la debacle nacional.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie, del Partido Acción Nacional.
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie:
¡Te lo deletreo para que lo aprendas, porque no sabes ni leer siquiera:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Qué bueno es que ahorita se esté dando un verdadero debate en la Cámara, aun cuando sea al final de la sesión; qué bueno que se esté debatiendo sobre lo que debe de ser la Cámara de Diputados.
Yo vengo a nombre de mi partido, Acción Nacional, a dar testimonio de lo que pareció y no fue un debate de dos asuntos que son muy importantes para la vida de México: el análisis, la discusión de las cuentas públicas Federal y del Distrito Federal, ya que aquí no se debatió sobre ello.
La oposición hizo el día de hoy graves pronunciamientos en contra del informe previo, pronunciamientos que no fueron considerados en los dictámenes respectivos. Los diputados del PRI que hicieron uso de esta tribuna no fueron capaces de atacar o desbaratar uno solo de esos argumentos fundados que presentó la oposición; tal parece que venían ya determinados a no debatir el fondo de la cuestión y solamente vinieron a taparle el ojo al macho y a aprobar por mayoriteo los dictámenes.
Todos los diputados del PRI que desfilaron por esta tribuna sólo vinieron a repetir, uno y otro, que los dictámenes eran sobre informes previos, que había que esperar los resultados correspondientes. Pero omitieron totalmente las graves deficiencias que señalan los informes previos, no señalaron nada de eso, sobre todo de lo más importante, siempre eludieron el debate sobre esos asuntos.
Los dictámenes que fueron rechazados por la oposición no los aprobamos porque no contienen una sola condena en serio a las graves irregularidades que demuestran los informes previos, por eso fue que nosotros no votamos esos dictámenes. Sin embargo aquí sí operó el mayoriteo, no hubo ningún argumento para desbaratar los argumentos de la oposición y simplemente operó el mayoriteo.
Como lo mencionó aquí mi compañero de partido, el diputado Sánchez Ochoa, qué lejos están las palabras del diputado Gómez Villanueva de los hechos que se nos presentaron hoy en esta sesión. Aquí sí no hay ninguna congruencia entre las palabras de él y los hechos de los diputados del PRI.
Por eso hay que hacer hincapié en que los dictámenes de las cuentas públicas que el pueblo está reclamando a los diputados para dar un juicio certero sobre ellos, no se da porque el PRI no quiso hacerlo; que quede constancia de que la oposición quiso entrar al debate y no fue éste realizado, el PRI rehuyó el debate constantemente, el debate de fondo del asunto.
Muchas gracias.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre la situación de los trabajadores de limpia de Tabasco, se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Lamentamos tener que recurrir por cuarta ocasión al pleno de esta Cámara de Diputados a plantear un caso de injusticia para un pequeño grupo de trabajadores de limpieza del centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Hemos señalado en varias ocasiones en esta tribuna el incumplimiento permanente de acuerdos y de propuestas de acuerdo que a través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Tabasco ha ofrecido para resolver el conflicto de 320 trabajadores de limpia de ese Estado.
Todavía se nos hizo un ofrecimiento a través del señor Arturo Núñez, subsecretario de Gobernación, en el sentido de que habría atención y prontitud en una solución definitiva al caso de estos 320 trabajadores. Sin embargo, se les ha dejado plantados en la representación de Tabasco, en el Distrito Federal, a los compañeros y a sus asesores; se han hecho ofertas de traer propuestas que han incumplido de nueva cuenta y ello ha hecho que el día de hoy a las 11:45 de la mañana 25 de estos trabajadores que tienen órdenes de aprehensión hayan resuelto algo que debe llamar la atención a esta Cámara y a todos los mexicanos.
Como no se ha resuelto la restitución a sus modestísimos trabajos de barrenderos en la ciudad de Villahermosa, como se mantiene sobre de ellos 45 demandas y órdenes de aprehensión y como no se ha liberado a uno de los dirigentes de estos 320 trabajadores, el día de hoy a las 11:45 de la mañana estos trabajadores han resuelto solicitar asilo político a la Embajada de Suecia, hoy a las 11:45 de la manana 25 trabajadores se metieron a la Embajada de Suecia y entregaron el presente documento al señor embajador, que me voy a permitir dar lectura.
"Excelentísimo señor embajador de Suecia, señor Boj Errickson. Estimado senor embajador: los 320 trabajadores de limpieza del centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, hemos sido despedidos injustamente de nuestro humilde trabajo por negarnos a realizar labores de limpieza y jardinería en las casas del presidente municipal y del gobierno y por demandar un aumento de salarios que haga más digna la vida de nuestras familias ya que devengamos la miserable cantidad de 260 nuevos pesos quincenales equivalentes a 70 dólares mensuales, hecho que como usted comprenderá hace de nuestras familias gente de muy escasos recursos, de limitadas expectativas de progreso económico, político, social y cultural.
En respuesta a los despidos injustificados que realizó el presidente municipal, Jesús Taracena Martínez, de enero a julio del presente año, los trabajadores en busca de una solución favorable marcharon 49 días de su Estado natal al Distrito Federal y desde esa fecha hasta ahora hemos permanecido realizando diversas movilizaciones que sensibilicen a los gobiernos municipal y federal en la solución de nuestras demandas, pero hasta ahora sólo hemos encontrado cerrazón y burla para nuestro movimiento.
En la desesperación por el largo tiempo transcurrido desde el 17 de julio del año en curso, hemos recurrido al Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, en la búsqueda de apoyo a nuestro movimiento, pero las autoridades estatales de Tabasco tampoco han oído a los diferentes representantes populares de diversos partidos que han intercedido a nuestro favor. Ante la desatención a nuestras demandas, el palacio de gobierno de Tabasco y en Palacio Nacional se pusieron dos huelgas de hambre con cuatro trabajadores de limpieza del movimiento y dos diputados, una local, la doctora María Yolanda Domínguez Sosa y el diputado federal Armando Quintero Martínez, quienes después de ocho días de huelga de hambre, aceptaron levantar la citada huelga por el compromiso de que se liberaría al ciudadano Gumersindo de la Cruz García, que se suspenderían 44 órdenes de aprehensión y se presentaría una propuesta de reinstalación y/o indemnización para todos y cada uno de los 320 trabajadores despedidos.
Pero el compromiso contraído con los diputados y la Secretaría de Gobernación del país de nueva cuenta fue incumplido por las autoridades estatales. En virtud de que también hemos recurrido a la Secretaría de Gobernación para buscar su valiosa intermediación y toda vez que a esa instancia que es la garante del orden interno en México también le han incumplido, es que hemos decidido venir a esta digna Embajada de Suecia a solicitar:
1o. Asilo político debido a la persecución que por motivos laborales y políticos realiza en nuestra contra el Estado de Tabasco;
2o. Solicitarle también su apoyo para que en su país podamos desarrollar un trabajo digno, honrado y decoroso, que nos permita mantener y darle esperanza de progreso a nuestras familias.
3o. Que en tanto se procesan estos acuerdos y dada la persecución política ya señalada, solicitamos se nos permita permanecer bajo el amparo de la soberanía de esta Embajada."
Hoy mismo he turnado la tercera solicitud de audiencia en mi carácter de diputado federal al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Las dos anteriores no han sido respondidas, el diálogo, la concertación, se concretan con hechos; si vamos a ver al Presidente sin haber pedido la audiencia, nos paran los policías, si mandamos los escritos respetuosamente pidiendo audiencia con el Presidente de la República, para tratar algún asunto de mexicanos, no se nos escucha. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la instancia? ¿Cuáles son los hechos que tienen que suceder para que se haga oír la voz de unos cuantos mexicanos que están ya desesperados porque no encuentran solución a sus demandas.
Nos llama la atención que unos cuantos trabajadores tengan que acudir a estas alturas de finales de siglo a una embajada europea a pedir asilo, a pedir trabajo porque su modestísimo empleo de barrenderos les ha sido injustamente arrebatado. ¿No nos ruboriza esta acción? ¿Nos llena de vergüenza al Congreso nacional que estos mexicanos desamparados tengan que recurrir a una embajada europea a pedir empleo de barrenderos en esos países para que sus familias tengan mediana esperanza de decoro y de vida digna.
Nosotros pensamos, por lo menos el de la voz, que sí me ruborizo y me indigno por esta injusta y arbitraria situación en la que están estos trabajadores. ¿A cuántas embajadas más tendrán que ir el resto de esos 320 tabasqueños a pedir asilo y a pedir empleo porque en Tabasco se burlan de esos trabajadores de limpia, se burlan de los diputados, se burlan de la Secretaría de Gobernación, se burlan de todos? Y por ello es que quiero hablar con el Presidente de la República y como no me ha contestado las dos anteriores cartas y hoy entrego la tercera y lo hago en este Congreso de la Unión para que salga a la opinión pública esta petición de audiencia al Presidente de la República, para ver si él tiene buenos oficios y tiene disposición para que ningún mexicano tenga que ir a Estados Unidos o tenga que meterse a embajadas europeas a pedir asilo, a pedir empleo porque las instancias nacionales han quedado cerradas.
Compañeros diputados, compañero Roque Villanueva, compañeros del PAN: les pido que de manera definitiva intercedan sus buenos oficios para que por última vez tratemos este asunto que no por ser de un pequeño destacamento de mexicanos y no por ser trabajadores de limpia, sean mexicanos no escuchados y no vistos, sino que sean mexicanos a los que les podamos ayudar y ofrecer una solución los propios mexicanos.
Por su atención y apoyo, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado César Raúl Ojeda Zubieta.
El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:
Con su permiso, señor Presidente:
Nuestro compañero Armando Quintero ha venido aquí una vez más a plantear un problema que evidentemente a todos preocupa, que es el relativo al problema laboral que plantea un grupo de compañeros trabajadores del Estado de Tabasco, 170 para ser más preciso, Armando, porque los otros 169 se han desistido y han arreglado ya su procedimiento laboral y quiero señalarte que la voluntad de encontrar una solución creo ha sido mostrada por todas las partes, quiero reconocer la participación activa tuya, de los compañeros diputados del PRI, particularmente de Carlos Mario de la Fuente, que ha sido un impulsor de una solución a este problema.
Y me parece que se ha avanzado en forma sustancial, porque de los planteamientos iniciales que era el relativo a la liberación de los nueve compañeros aprehendidos, todos ellos han sido puestos en libertad; el caso particular de Gumersindo Magaña responde a otra situación, Armando, responde a que teniendo una orden de aprehensión, fue a Quinta Grijalva y generó ahí palabras obscenas en actos que la propia prensa consigna y, al encontrársele con una orden que estaba en activo y él con una actitud, con todo respeto te señalo, indebida, fue aprehendido por las autoridades.
Esto es muy distinto al problema que inicialmente se planteó y que sin lugar a dudas, con tu participación y las de muchos otros compañeros, se ha ido resolviendo.
Queda pendiente, efectivamente, lo relativo al problema de la controversia laboral que ha sido planteado entre el ayuntamiento y ex trabajadores del centros. La otra cantidad de trabajadores corresponde no al periodo del presidente Jesús Taracena, sino son controversias que tienen su proceso y su procedimiento legal y se va avanzando y desahogando.
Yo quiero pedirte que sigamos por la vía del diálogo, procurando conjuntamente buscarle una solución a esta situación.
Lamento, créeme, profundamente que nuestros compañeros lleven este asunto a un espacio de otro país, pero no corresponde la controversia porque es algo estrictamente de carácter jurídico, estrictamente de carácter laboral y no son perseguidos políticos. Que quede muy claro que en Tabasco podemos tener discrepancias muy serias, para todos conocidas, pero de ninguna manera se está en un régimen que persigue a quien está ejerciendo su libertad.
Las cuestiones son estrictamente de carácter legal y en ese sentido las autoridades están abonando para buscarle una solución, y estoy seguro que con tu participación y con la de todos nosotros, podemos alentar a que estos diálogos que se han suspendido, se reinstalen a la brevedad posible y podamos resolverlas, pero sí quiero diferenciar que la posición de los 25 compañeros que se han introducido a la Embajada de Suecia, de ninguna manera responde a un hostigamiento de carácter político; es una decisión que yo respeto pero que no viene asociado a un perseguimiento de esta naturaleza.
Y por último y aprovechando que me queda todavía un minuto de mi tiempo, quiero comentar, porque aquí se hizo alguna referencia hace un momento y que pareciera otro tema, nuestro compañero Juan Guerra, relativo a alguna actitud que se atribuye al líder de la bancada del PRI, con respecto a sacar en forma mayoritaria y mecánica algunas iniciativas que se están discutiendo.
Creo que hay una verdadera apertura, que se está trabajando en forma cotidiana, en donde hay una gran capacidad de recepción del coordinador de nuestra fracción, que ha posibilitado la discusión, muy seria, sobre algunos asuntos que nos preocupan; hay al interior de la fracción una discusión muy profunda porque también al interior, hay que decirlo con claridad, hay visiones distintas sobre algunos asuntos.
Entonces me parece que esta aseveración de que se pretende actuar mayoritariamente sin previamente reflexionar los alcances de alguna legislación, no corresponde en este momento a la realidad; hay un ejercicio de discusión que estamos llevando profundamente, evidentemente como en todos los ámbitos hay visiones que pretendieran evitarla, pero al interior de nuestra fracción hay una franca voluntad para cambiar el sentido de las discusiones que en antaño se practicaba y ejercer plenamente este derecho que nos es inalienable, de discutir profundamente todas las iniciativas para sacarlas por consenso.
Hay pues una voluntad clara de discutir al interior de nuestra fracción.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Primo Rivera Torres:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Segundo Año. LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 28 de noviembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Puebla.
Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
Iniciativas de diputados
Para que se inscriba con Letras de Oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ricardo Flores Magón, a cargo del diputado Francisco Andrés Bolaños Bolaños, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que comunica que el ciudadano Isidro Ordóñez Mendoza, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Solicitud de particular
De la ciudadana Edna Berentsen de Debler, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1996.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras. (Miscelánea).
Dictamen a discusión
De la Comisión de Fomento Cooperativo, con proyecto de decreto que adiciona con un segundo párrafo el artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 18:55 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 28, a las 10:00 horas.
APENDICE 1
«Diputado Jesús Ortega Martínez. Coordinador del grupo parlamentario del PRD.
Con fundamento en lo que establece el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta a la plenaria de la Cámara de Diputados, el siguiente
VOTO PARTICULAR EN CONTRA DEL DICTAMEN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1994
I. Aspectos generales
1o. El Partido de la Revolución Democrática sostiene que la práctica y el marco general con los cuales se ha venido revisando la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, presenta elementos de insatisfacción de tal importancia, que prácticamente han convertido al que debería ser un ejercicio de democracia republicana y expresión de la división de poderes de la Unión, en sólo un intrascendente ritual anual, destinado a convalidar el manejo fiscal del Poder Ejecutivo y no a revisarlo como ordena la Constitución.
La revisión de la cuenta pública correspondiente al año fiscal de 1994, por lo pronto ha adolecido de los viejos problemas e insuficiencias. Estos problemas están determinados por la combinación de elementos de diversa naturaleza, entre los cuales destacan:
1) Un marco normativo anticuado y deficiente, que no está acorde ni con las necesidades políticas y técnicas ni con las correspondientes posibilidades, de una fiscalización eficaz, plural, moderna, expedita y transparente de la cuenta pública;
2) La práctica de la subordinación de los diputados del partido de Estado a los planteamientos del Poder Ejecutivo, que ha evitado hasta ahora que la Cámara o su órgano técnico, profundicen en su primordial tarea fiscalizadora;
3) La insuficiente atención de la plenaria de la Cámara de Diputados a la calidad, eficiencia y productividad de los trabajos del órgano técnico, que es la Contaduría Mayor de Hacienda;
4) Lo anterior ha derivado, entre otras cosas, en la poca seriedad con la cual algunas dependencias del Ejecutivo han atendido a su obligación de informar con precisión a la Cámara de Diputados y a la Contaduría Mayor de Hacienda, sobre el ejercicio fiscal y presupuestal.
Así, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quiere asentar, en primer lugar, su decepción por la forma y el fondo del dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994, un machote que con muy insignificantes excepciones y unos cuantos datos actualizados, podría referirse al año fiscal de 1989 o al de 1992 ó 1993, o a cualquier otro.
No parecería que estamos en 1995, discutiendo las políticas económicas que a finales de 1994 condujeron a la economía mexicana a la más grave crisis económica que ha conocido esta generación.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha sostenido que durante el año fiscal de 1994, el Gobierno, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, cometió graves errores en la conducción de la política económica, que se tradujeron en un enorme costo económico y social para el país y un grave riesgo para la soberanía nacional.
En particular, el acelerado e indiscriminado proceso de apertura comercial y financiera, que a inicios de 1994 culminó con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, combinado con el mantenimiento de una irresponsable política de sobrevaluación del tipo de cambio real del peso con el dólar norteamericano, produjo progresivamente, a lo largo del año, el abultamiento de los déficit en la cuentas comercial y corriente hasta niveles infinanciables. Por otro lado, estos déficit fueron financiados con el estímulo al ingreso, al país de capitales de corto plazo, utilizando para ello, una política de altas tasas de interés reales, que ha resultado sumamente costosa tanto para empresas como para las familias mexicanas.
Al generar este contexto de economía abierta, con tipo de cambio sobrevaluado y altas tasas de interés reales, la política económica aplicada por el Ejecutivo durante el año de 1994 creó condiciones muy adversas para la competitividad de la planta productiva nacional y ventajas injustificables para los competidores extranjeros.
Pero además, tanto con el discurso como con el manejo de instrumentos e indicadores económicos claves, emitió señales totalmente equívocas respecto a la verdadera situación por la que atravesaba la economía mexicana, lo cual contribuyó a que importantes decisiones económicas se tomaran equivocadamente por los agentes económicos, privados y sociales.
Se presentó un progresivo deterioro de importantes indicadores macroeconómicos del país, a lo largo del año, tales como la precipitada reducción de las reservas internacionales del Banco de México, la presión por la elevación de las tasas de interés y la creciente presión de los inversionistas nacionales y extranjeros, para que los títulos de deuda pública interna ofrecieran garantías contra riesgos cambiarios. Son inexplicables las equívocas medidas adoptadas por las autoridades hacendarias y monetarias del país que condujeron a aplazar el inevitable ajuste del tipo de cambio, cuando ya no existían reservas internacionales en el banco central y a permitir la conversión masiva de títulos de deuda interna sin protección a riesgos cambiarios, a títulos que indizaban su valor en moneda nacional al cambio de la cotización del peso con el dólar. A la postre, los acrecentados déficit de las cuentas comercial y corriente, aunados a la drástica reducción de las reservas internacionales del Banco de México, junto con la tesobonización de la deuda pública interna, fueron los elementos que finalmente determinaron la precipitación de la crisis económica mexicana, en condiciones de extrema debilidad y vulnerabilidad y que tienen postrado al país en la grave situación actual de recesión, inflación, desempleo y sobreendeudamiento externo.
Dado que la política fiscal del año de 1994 se desarrolló en el contexto de la competencia electoral por la presidencia de la República y la renovación de ambas cámaras del Congreso de la Unión; y de la competencia para elegir al director de la Organización Mundial de Comercio, siendo patente y público el interés del titular del Ejecutivo, Carlos Salinas, de ganar la dirección del organismo internacional; y al no existir argumentos económicos sólidos que justificaran el aplazamiento del ajuste suficiente del tipo de cambio del peso con el dólar, la permisividad con la salida de las reservas internacionales del Banco de México y la masiva conversión de deuda interna a Tesobonos, es presumible la responsabilidad del Ejecutivo Federal de priorizar sus objetivos, así como los fines electorales del partido en el Gobierno, por sobre los intereses económicos de la nación, lo cual obligó que el ajuste económico se realizará en condiciones de extrema debilidad, con un mucho mayor costo económico y social que el que se hubiera requerido de hacerse a tiempo, y un grave riesgo para la soberanía nacional.
Por todo lo anterior resultan inaceptables alusiones al desarrollo de la política económica durante el año de 1994, en el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, tales como los siguientes:
"En 1994, el saneamiento de las finanzas públicas continuó siendo un factor primordial para coadyuvar a la estabilización económica, al registrar resultados positivos en los balances presupuestal y primario..."(p. IV.)
En la página V del dictamen se señala que:
"Sin embargo, el pago de intereses superó en 0.3% del PIB a lo previsto por el incremento de las tasas de interés internacionales y el saldo de la deuda del sector público presupuestario creció en 13.8% como proporción del PIB..."
Al compararse estas dos citas del dictamen y la información que ofrecen, se hace evidente que lo afirmado en la primera referencia, que la presunción de existencia de "estabilización económica" al finalizar el año fiscal de 1994, es insostenible. Como inexplicable es que ni en el dictamen ni en la propia Cuenta Pública Federal de 1994, se hagan alusiones suficientes a la liga entre la política económica, la de egresos, la de ingresos, en particular la de deuda pública, que evalúen en forma objetiva y profesional los graves desaciertos de política económica cometidos por el Ejecutivo, el gabinete económico y las autoridades monetarias durante ese año.
2o. Tanto el dictamen emitido por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, como el informe previo que sobre la cuenta pública realizó la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la Cámara de Diputados, se caracterizan por su superficialidad, pues se limitan a pedir información adicional sobre los diferentes sectores o simplemente solicitan al Poder Ejecutivo que en los informes sectoriales se realicen comentarios amplios sobre las causas de las variaciones registradas tanto en el cumplimiento de las metas programáticas como en el ejercicio de los recursos que se asignan a los sectores, con el fin de tener elementos para evaluar los resultados programáticopresupuestales que se reportan cada año. O peor, aún, justifican o explican de manera muy superficial las desviaciones presupuestales que año con año se repiten del uso que el Ejecutivo da a los recursos públicos. Asimismo se limitan a hacer recomendaciones al Ejecutivo Federal, para que se apegue a los ordenamientos legales, que se eviten rezagos en la ejecución de obras, que haya congruencia entre la previsión de las metas y la asignación de los recursos, entre otras sugerencias.
De esta forma más que una evaluación y una programación de acciones de control, vigilancia, corrección y sanción, lo que la Contaduría Mayor de Hacienda y la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública realizan, después de su revisión, es sólo una serie de justificaciones, recomendaciones administrativas, peticiones de mayor información y un relato meramente descriptivo, superficial y fuera de la realidad, de lo que fue el ejercicio fiscal de 1994.
3o. Por otra parte, en materia presupuestal, nuestro grupo parlamentario, no ha estado de acuerdo, no sólo en lo que se refiere a la aplicación del gasto público, sino también en lo que se refiere a la metodología para el ejercicio del gasto. Consideramos, que al Ejecutivo Federal, se le permiten atribuciones excesivas en términos de la capacidad para modificar partidas presupuestales en rubros, ramos y sectores. Por tanto, al revisar la cuenta pública nos encontramos con enormes modificaciones del ejercicio del gasto.
Ninguna duda cabe de que existe autorización expresa en el presupuesto de egresos de la Federación de hacer esas modificaciones presupuestales con una enorme discrecionalidad. Sin embargo, nosotros cuestionamos esa capacidad discrecional del Ejecutivo y reconocemos que sí es necesaria cierta flexibilidad en el ejercicio presupuestal, pero dentro de ciertos rangos, montos y límites autorizados por la propia Cámara de Diputados.
Daremos algunos ejemplos de las desviaciones presupuestales que encontramos en la cuenta pública de 1994. Encontramos secretarías de Estado que aumentaron su gasto de manera excesiva y ejercieron recursos más allá de lo autorizado por la Cámara de Diputados, en montos bastante elevados. Así, por ejemplo tenemos casos como el de la Contraloría General de la Federación, donde su presupuesto registró un incremento del 90.2% respecto al originalmente aprobado. La Secretaría de Gobernación incrementó su presupuesto en un 27.5% respecto al original; la Secretaría de Relaciones Exteriores se excedió en su gasto un 30.1%; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un 41.2%; Defensa Nacional un 37.5%; Comunicaciones y Transportes un 21.4%; la Secretaría de Marina un 26.1%; la Procuraduría General de la República un 45.9%; Energía, Minas e Industria Paraestatal un 82%. En suma, tenemos varias secretarías de Estado, algunas muy importantes, en donde los incrementos entre el presupuesto original y el ejercido son de rangos extraordinariamente elevados.
Consideramos que son demasiadas las desviaciones presupuestales, además de que las variaciones respecto al presupuesto original son muy elevadas. A partir de esta situación queremos plantear un cuestionamiento de reflexión: ¿Qué sentido tiene que la Cámara de Diputados revise, establezca las condiciones y apruebe el presupuesto de egresos de la Federación, si el Ejecutivo Federal, finalmente lo ejerce con toda la libertad de hacer los cambios que a él le parecen convenientes sin respetar los criterios de aprobación del Poder Legislativo y cuyos resultados observamos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que revisamos año con año.
Otro punto importante, que queremos destacar es lo que se refiere al ramo 23 "erogaciones no sectorizables", en lo correspondiente al gasto ejercido directamente por este ramo. En el informe previo de la cuenta pública de 1994, realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, se nos dice que: "el 39% del gasto programable del ramo 23 fue ejercido directamente y el 61% transferido a diversos ramos administrativos. Del gasto ejercido directamente por el ramo 23 (8 mil 099.4 millones de nuevos pesos), el 54.3% se destinó al Programa de Apoyo al Desarrollo Regional, el 30.1% al de prestaciones económicas y sociales, el 7.8% al de gastos contingentes, el 4.1% al de paquete salarial, el 2.6% al de justicia y seguridad nacional y el 1.1% al de apoyo al mejoramiento de la productividad".
Al buscar en que consistieron los gastos de cada uno de estos programas, nos encontramos con que la Contaduría Mayor de Hacienda sólo presenta explicaciones vagas y superficiales sobre cómo y de qué manera se ejercieron estos recursos. Pero la explicación que más nos sorprendió acerca de en qué o cómo se ejercieron los recursos presupuestales, es el de gastos contingentes, ya que el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, nos dice que los recursos de este programa se ejercieron "para sufragar erogaciones imprevistas en que incurrió el Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus funciones". Si calculamos que cantidad es ese 7.8% del gasto directo ejercido por el ramo 23, resulta que fue gastado en 1994, sólo por una persona y para "gastos imprevistos", la cantidad extraordinario de ¡631.75 millones de nuevos pesos:
Pedimos que la Comisión de Vigilancia instruya a la Contaduría Mayor de Hacienda para realizar las auditorías necesarias, para investigar exactamente en qué consistieron esas "erogaciones imprevistas" y en general que se establezca claramente cómo se ejercieron los 20 mil 765.2 millones de nuevos pesos que conformaron el ramo 23 durante el ejercicio fiscal de 1994.
4o. Por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática ha manifestado, ya por varios años, la necesidad del fortalecimiento del órgano técnico de la Cámara de Diputados, para realizar la fiscalización del manejo de los recursos públicos. Este se debe reforzar, con mayores recursos, con el más alto profesionalismo y una absoluta independencia de criterio frente al Poder Ejecutivo del Poder Legislativo, que es responsable de este órgano técnico.
Hemos propuesto y lo reiteramos nuevamente la necesidad de que el órgano técnico de la Cámara de Diputados debe contar con mayores atribuciones y mayor capacidad de supervisión y control del gasto público. Asimismo debe reformarse el marco normativo que tan deficientemente sustenta la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal hasta hoy.
En lo que se refiere a la pobreza del marco normativo para la revisión de la cuenta pública, basta recordar, para ejemplificar, los problemas de falta de oportunidad y premura que imponen.
Respecto a los plazos de revisión, la propia Constitución establece que la cuenta pública sea entregada por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, seis meses después de culminado el ejercicio presupuestal. Desde ese momento, la Contaduría Mayor de Hacienda dispone con un plazo de cinco meses más para presentar su informe previo a la Cámara de Diputados, la que conoce de la opinión consolidada de su órgano técnico, cuando está ya concluyendo el proceso de revisión de la cuenta. La revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Federal se realiza después de casi un año de haberse terminado el ejercicio presupuestal que se analiza y los resultados finales de la revisión, lo que incluye auditorias, concluyen dos años después. Lo anterior provoca que no exista una vigilancia y fiscalización real de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados, para ser ejercidos por el Ejecutivo Federal en los términos establecidos por la primera.
Entre otras inconveniencias de este inadecuado calendario, ocurre que la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal anterior se viene terminando cuando prácticamente está también concluyendo el ejercicio fiscal del año siguiente al que se revisa, empalmándose además con la aprobación de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos del segundo ciclo fiscal siguiente al que se revisa.
Este inadecuado esquema temporal, además de congestionar el trabajo en la Cámara de Diputados, propicia que las recomendaciones, observaciones y fincamientos de responsabilidades, que pudieran devenir de la revisión de la cuenta pública, tendientes a superar problemas, desviaciones e incluso evitar malos manejos de la Hacienda Pública, puedan tener aplicación, sólo hasta dos o tres años después de que han sido detectados. Esto da pie a la persistencia de ineficiencias, encubrimientos, a una alta e indeseable discrecionalidad por parte del Ejecutivo en el uso de los recursos públicos e incluso de un ambiente propicio para la impunidad en los casos de manejos ilícitos de la Hacienda Pública Federal.
El objetivo debe ser que la Cámara de Diputados ejerza realmente su función de vigilancia y fiscalización de los recursos públicos que no son propiedad del Gobierno, sino de la población a la que los diputados representan.
La realidad mexicana hoy exige una fiscalización expedita y efectiva de la Hacienda Pública por parte de la Cámara de Diputados, justo cuando los medios técnicos modernos lo hacen totalmente factible. El grupo parlamentario del PRD ha presentado en las legislaturas anteriores, iniciativas de reformas de leyes para dar una mayor oportunidad a la revisión de la cuenta pública, acortando el plazo de su presentación en la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda y simultáneamente ampliar el tiempo para que esta soberanía y su órgano técnico puedan realizar una verdadera vigilancia y fiscalización. Al respecto hemos propuesto que la Cuenta Pública Federal sea entregada a la Cámara de Diputados, un trimestre después de terminado el ejercicio fiscal que se examinará, esto es, dentro de los 10 primeros días del mes de abril. También propusimos que el informe previo que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda, sea entregado a la Comisión de Vigilancia en los 10 primeros días del mes de julio y el informe de resultados sea entregado en los 10 primeros días del mes de septiembre. En general tenemos una propuesta global de reforma a la manera como actualmente se realiza la revisión de la cuenta pública, lo que incluye modificaciones al calendario de entrega de los diversos documentos de análisis de la propia cuenta pública, modificaciones a la forma de integración de la Comisión de Vigilancia, al nombramiento del contador mayor de Hacienda, entre otras reformas.
Nosotros estamos abiertos al diálogo e invitamos a los partidos políticos aquí representados, así como al Ejecutivo Federal, a que conjuntamente discutamos cuáles serían las mejores fórmulas para que se dé una verdadera vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, que no son propiedad del Gobierno ni de los funcionarios que los manejan, sino de la población mexicana, a la cual nosotros representamos. El titular del Poder Ejecutivo Federal ofreció desde su campaña presidencial, en el Plan Nacional de Desarrollo 19952000 e incluso en su reciente I Informe de Gobierno este tema. Mencionó que enviaría una iniciativa de ley, ya para fortalecer las funciones del órgano técnico de la Cámara de Diputados, esto es, la Contaduría Mayor de Hacienda o para crear un órgano independiente de fiscalización. Nosotros consideramos que éste es uno de los temas importantes en la agenda de esta legislatura.
Los invitamos compañeros legisladores a discutir este tema. Es vital para que se ejerza y se respete la división de poderes y se dé un uso transparente y eficiente a los recursos públicos.
Finalmente, sólo diremos que en tanto no se den los cambios necesarios para que ejerzamos verdaderamente nuestra función de vigilancia y fiscalización y en tanto la Cuenta de la Hacienda Pública Federal sintetiza el ejercicio de la política de ingresos y de gasto en el periodo considerado, síntesis que se expresa en la precariedad de la política de ajuste, en condiciones más que lesivas para el bienestar de la población mexicana, para la planta productiva y para el sector social en general, además de que soslaya la obligación constitucional que el Estado tiene de ser garantía de un desarrollo nacional con reparto equitativo de la riqueza, nuestro partido, el de la Revolución Democrática, manifiesta su voto en contra del dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994.
II. Análisis sectorial
1. Política de deuda
Establecer que los objetivos en materia de deuda durante 1994 se cumplieron parcialmente es quedarse en un análisis en exceso superficial.
La política de deuda en 1994 exhibió su total fracaso. Los objetivos oficiales en materia de deuda que aparentemente se cumplieron total o parcialmente como establece el proyecto de dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1994 fueron fuertemente cuestionados por la crisis económicafinanciera de diciembre de 1994. Los objetivos oficiales que no se cumplieron fueron los siguientes:
A) Deuda externa
Objetivos.
a) Reducción del saldo histórico: la deuda externa tuvo una variación respecto a 1993 en términos reales de 64.0% al pasar de 210 mil 537.0 millones de nuevos pesos a 370 mil 403.3 millones de nuevos pesos.
b) Diversificación de las fuentes de financiamiento: la deuda externa del sector público presupuestario por monedas y países acreedores tuvieron insignificantes variaciones que no indican una ampliación en las fuentes de financiamiento.
Entre los acreedores-país los Estados Unidos concentraron el 83.5% de la deuda frente a 84.9% registrado en 1993. Japón pasa de 5.3% al 6.5%. Entre ambos países se concentra el 90% de la deuda de México por paísacreedor.
Por moneda, el dólar estadounidense y el yen japonés representaron respectivamente los siguientes porcentajes: 80.5% y 8.7% en 1993 y 79.6% y 8.8% en 1994.
c) Ampliación de la vida media de los créditos: falso pues el perfil de la deuda pública externa de largo y corto plazo respectivamente tuvieron la siguiente estructura porcentual: 94.6% y 5.4% en 1993 frente a 92.6% y 7.4% en 1994.
Durante 1994 el saldo de la deuda externa del sector público se incrementó en proporción al PIB como resultado de la depreciación del peso con las principales divisas. Al respecto, cabe la siguiente consideración, ¿cuanto se erogó en el sexenio pasado por revaluación.
Entre 1989 y 1992 los ajustes por tipo de cambio fueron positivos por 3 mil 579.6 mdd. Los dos últimos años del sexenio anterior se acumularon pérdidas por 3 mil 398.3 mdd debido a la revaluación de la deuda, cantidad equivalente a los efectos positivos logrados en los primeros cuatro años del sexenio salinista. La tendencia negativa en los ajustes por tipo de cambio reinicia desde 1993 sin que se haya hecho nada al respecto. Sobre todo cuando el saldo por este concepto en los últimos 10 años ha significado una pérdida por 10 mil 898.8 mdd.
El costo financiero de la deuda externa creció en 0.1% del PIB, debido al alza de las tasas de interés internacionales. El costo financiero ascendió a 16 mil 674.0 millones de nuevos pesos, es decir, 5.4% de incremento real respecto a 1993 y 33.2% frente a la meta original.
B) Deuda interna
Los objetivos planteados en materia de deuda interna de disminuir el costo financiero y ampliar los periodos de vencimiento, así como el de reducir el saldo tanto en términos reales como en relación al producto interno bruto (PIB) fueron desechados con objeto de adecuar la estructura y perfil de los pasivos gubernamentales a la necesidad de reducir los impactos desfavorables que los acontecimientos suscitados durante 1994 tuvieron sobre la disponibilidad de recursos y las metas macroeconómicas.
El Gobierno admite que: "la estructura de colocación de los papeles gubernamentales respondió a la necesidad de retener y atraer los capitales".1
¿Qué se hizo? Primero, elevar las tasas de interés para "mantener" el flujo de divisas. Segundo, incrementar la emisión de Tesobonos con el fin de "evitar una salida masiva de capitales".
¿Qué repercusiones tuvo? El incremento de las tasas de interés acrecentó el problema de las carteras vencidas y las dificultades financieras en el aparato productivo y de servicios. La emisión de Tesobonos significó la extranjerización y dolarización de la deuda interna.
La extraordinaria emisión de Tesobonos por parte del Gobierno, que pasó de 2.9% a 54.6% en la estructura de la deuda interna, incubó uno de los mayores fraudes financieros ocurridos en nuestro país. A los poseedores de Tesobonos se les premió con atractivas tasas de interés, por encima de las ofrecidas en los mercados internacionales y se les cubrió de riesgos cambiarios, con lo cual también obtuvieron importantes ganancias.
El endeudamiento interno creció más de 1000% con relación a 1993, debido a la colocación de Tesobonos, con lo cual el saldo de la deuda interna del sector público presupuestario pasó de 143 mil 445.4 millones de nuevos pesos a 195 mil 415.8 millones de nuevos pesos, o sea, un incremento real de 27%.
1 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1994, resultados generales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, página 237.En el caso de la deuda interna el periodo de vencimiento se redujo de 285 días en 1993 a 202 días en 1994.
El costo financiero de la deuda interna del sector público presupuestario registró una disminución anual de 9.6% real; empero, respecto a la meta establecida originalmente fue superior en 21.5%.
Al cierre de 1994 la deuda interna se incrementó en términos reales y como proporción del PIB a pesar de haberse realizado pagos anticipados de amortización con recursos del fondo de contingencia económica durante el ejercicio por 13 mil 851.8 millones de nuevos pesos.
El endeudamiento neto del sector público presupuestario de aproximadamente 4 mil mdnp, fue resultado de un endeudamiento interno de más de 10 mil millones de nuevos pesos y un desendeudamiento externo de alrededor de 5 mil millones de nuevos pesos.
El endeudamiento neto no fue consecuencia de requerimientos de financiamiento del sector público, pues la finanzas se encontraron en equilibrio, sino por la revalorización de los saldos de la deuda debido a los efectos de la inflación y de los movimientos del tipo de cambio.
CONCLUSIONES
Contrario a lo que tercamente se niega el Gobierno a reconocer, la deuda del Gobierno, pero también el de las empresas y de las personas es, hoy por hoy, el principal escollo para iniciar un genuino proceso de recuperación económica y progreso social.
En los cuadros y gráficas que acompañan este trabajo se advertirá que la deuda, a pesar de la renegociación de 19891990 y de la amortización efectuada, sigue reclamando importantes recursos para cubrir su servicio; mostrando montos de gran magnitud, medida por el producto interno bruto e incrementos en su saldo.
En la gráfica uno se aprecia la evolución de la deuda externa total, la cual incorpora la del sector público, la del Banco de México y la inversión extranjera en el mercado de dinero.
Del lado de la deuda privada se incluye la de la banca comercial y la de corporaciones. La presentación gubernamental de la deuda externa suele excluir los componentes mencionados salvo la deuda del sector público consolidada con la del Banco de México. Lo anterior obedece a la pretensión de atenuar la magnitud del problema.
La inclusión de la inversión extranjera en el mercado de dinero como componente de la deuda externa es importante a pesar de que por mucho tiempo el Gobierno haya sostenido que dichos capitales eran inversión y no deuda.
Al justificar el paquete crediticio con los Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional el Gobierno argumentó que se trataba de intercambiar deuda de corto plazo, referida fundamentalmente a los vencimientos de los Bonos de la Tesorería (Tesobonos) por 29.2 mil mdd, por deuda de mediano plazo.
En lo que hace a la deuda privada (su evolución se contempla en la gráfica dos), debe establecerse que su incorporación en informes oficiales es determinante para conocer y medir su evolución y la capacidad de pago de las obligaciones contraídas.
Lo anterior es importante para evitar que dicha deuda presione la liquidez del sistema e incluso la solvencia del país. En 1982 el Gobierno salió al rescate del sector privado a través del Fideicomiso de Coberturas Cambiarias (Ficorca) y actualmente se instrumenta un programa de financiamiento para liquidez en moneda extranjera.
Después de haber reducido significativamente su deuda externa con el apoyo gubernamental el sector privado inició a partir de 1989 un acelerado proceso de endeudamiento: la deuda bancaria creció más de 180% y la deuda privada no bancaria 344%.
Las grandes empresas como Cementos Mexicanos (Cemex), Alfa, Vitro etcétera, obtenían financiamiento de afuera en mucho mejores condiciones que el costo del crédito en México. Las micro, pequeñas y medianas empresas impelidas a conseguir créditos que no fueran los ofrecidos por la banca privatizada, padecieron las prácticas usureras de los nuevos y viejos banqueros.
Los banqueros hicieron un gran negocio al conseguir dinero relativamente barato en el extranjero y prestarlo caro en México; este "negocio" acrecentó las ganancias de los banqueros pero también las deudas de las instituciones crediticias. Al sobrevenir la crisis, los bancos y las grandes empresas vieron multiplicar sus deudas por efecto de la devaluación precipitándose la insolvencia o incapacidad de pago de muchas de éstas empresas. Eran víctimas de su avaricia.
El Gobierno a pesar de haber logrado ciertos avances en la renegociación de 1989 como quitas de capital, reducción de intereses y otros, al estar sujeto a políticas neoliberales y al hacer depender su modelo de la inversión extranjera, mantuvo una política de endeudamiento tanto interno como externo que hizo crisis en diciembre de 1994.
En 1994 la deuda externa total ascendió a 157 mil 597 millones de dólares, dicho monto podría ser superior a los 200 mil mdd, si le añadiéramos los cerca de 50 mil mdd de inversión extranjera en el mercado accionario.
Finalmente se anexa la gráfica cuatro en donde podrá apreciarse lo que significó en 1994 el gasto para cubrir intereses, comisiones y gastos derivados del servicio de la deuda pública interna y externa frente a una serie de programas y presupuestos de carácter social.
2. Desarrollo rural
1o. En el documento de la Secretaría de Hacienda denominado Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1994, resultados generales, se intenta hacer una evaluación del funcionamiento de la economía y de las finanzas públicas durante el año pasado y a la vez, dar bases para la fiscalización en el manejo de los recursos presupuestarios, por parte de las distintas dependencias públicas. El periodo corresponde al último año del sexenio anterior, por lo tanto permite una evaluación del desempeño económico y de las finanzas públicas del gobierno que terminó.
En el documento se hace esa evaluación, pero de una manera puramente apologética, dada la convicción del actual Gobierno de continuar fielmente con las políticas de ajuste macroeconómico y de cambio estructural diseñadas y practicadas durante los últimos dos sexenios.
La crisis que estalló al final de 1994 aparece así en el documento como un acontecimiento extraño, ajeno al modelo económico impulsado por el Gobierno, que apareció de manera sorpresiva, para interrumpir temporalmente la buena marcha de una economía que caminaba y seguirá caminando por el camino correcto.
Se trata de una visión muy interesada o muy equivocada, que no quiere ver que los elementos que se condensaron en la crisis que estalló en diciembre, corresponden de manera inherente al modelo de ajuste y cambio estructural impulsado por el anterior y por el actual Gobierno. La evolución del déficit en la cuenta corriente, la forma en que se ha movido el capital financiero en nuestra economía, la falta de competitividad de la mayor parte del aparato productivo, la contracción del mercado interno y la desarticulación de cadenas productivas, son factores determinantes de la actual crisis financiera, monetaria y productiva del país; se trata de elementos que no son ajenos a la conformación del modelo económico en marcha.
En la parte que corresponde al sector de desarrollo rural, la apología que en el documento se hace al gobierno anterior es aún mayor, aquí ni siquiera se reconoce la crisis agropecuaria, al contrario, parece que estamos viviendo un nuevo auge rural en el país, particularmente a partir de 1994.
2o. Mil novecientos noventa y cuatro es un año de continuidad verdadera y de aparente cambio en la política agrícola. Desde 1983 se inicia una política de disminución y debilitamiento de todos los instrumentos orientados al fomento agrícola y al desarrollo rural, política que se profundiza durante el sexenio anterior. A esa política nosotros le hemos llamado de abandono al desarrollo rural. Durante el sexenio anterior a la línea de abandono se agregaron las estrategias de cambio en la legislación agraria del país y de liberalización comercial, para constituir el proyecto de modernización del sector.
La línea de abandono se ilustra claramente en la disminución de los recursos presupuestarios orientados a fortalecer las instituciones que tienen como objetivo impulsar el desarrollo productivo y social del sector. Esto se observa claramente en la evolución del presupuesto destinado al sector de desarrollo rural:
En 1980 se destinaba el 12% del gasto público programable a este sector, este porcentaje se reduce al 8.1% en 1985, al 5.4% en 1988 y ya durante el sexenio pasado, baja aún más, llegando al 5.3% en 1993, pero en 1994, da un salto al ubicarse en el 6.4% del gasto programable.
En relación con el PIB, el gasto en desarrollo rural, representaba el 3.1% en 1980 y baja al 1.8% en 1985, llegando a su parte más baja durante el sexenio anterior cuando se ubica, en sólo el 0.9% del PIB, pero también en 1994 da un salto al ubicarse en el 1.3%.
Observamos que el año que nos toca analizar este documento de la cuenta pública, es muy especial, se registra un verdadero salto en el presupuesto destinado al sector, ya que el aumento, respecto del año anterior, en términos reales, es del 44.9%, el más alto que se haya registrado durante 1994, en relación con cualquier otro de los sectores en que se clasifica el gasto programable. Situación verdaderamente notable, ya que durante los últimos 15 años la disminución del gasto programable en el sector había sido casi una constante.
3o. Paradójicamente el notable aumento en el gasto sectorial registrado en 1994 no significa cambio en la política de relativo abandono al desarrollo rural. Significa más bien la culminación de esa política.
Si esa política llevó a un relativo abandono al desarrollo de la infraestructura hidráulica, de la investigación y difusión tecnológica, del extensionismo agrícola, del fomento de insumos altamente productivos, del apoyo a la comercialización y al crédito, de todos esos instrumentos cuyo debilitamiento y relativo abandono tanto ha contribuido a profundizar la crisis del sector, ese abandono continúa y en algunos renglones se profundiza también a partir de 1994.
Más del 100% del aumento del presupuesto al sector se explica por un solo programa que empieza a aplicarse en 1994: el Procampo. Se puede afirmar que más del 100% porque no sólo el aumento íntegro fue a ese programa, sino que se llevó también recursos que se aplicaban a alguno de los renglones que hemos señalado. El ejemplo más claro es el presupuesto de la SARH, que hasta entonces era la entidad pública más importante orientada al desarrollo rural y que a partir de 1994, por un golpe de mano del Ejecutivo, casi desaparece del mapa: el gasto que ejerció fue menor en un 70.9% al aprobado por esta Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos. De un presupuesto aprobado de 7 mil 954 millones de nuevos pesos, sólo ejerció 2 mil 310; la diferencia se transfirió íntegra a Aserca, probablemente el organismo que entregó los cheques de Procampo, que como tal no aparece en los conceptos de distribución del gasto en desarrollo social contenidos en la cuenta pública. En cambio para Aserca se registra un incremento en su gasto ejercido respecto del presupuestado de 6 mil 479.9 millones de nuevos pesos.
Esta es una prueba más de la amplísima discrecionalidad con que el Ejecutivo maneja el presupuesto. Resulta inútil que esta Cámara de Diputados, por mandato constitucional, decrete el presupuesto de egresos de la Federación, si el Ejecutivo puede alterarlo discrecionalmente hasta en más del 70%, como ocurrió en este caso.
4o. El bajo nivel de atención a los distintos renglones de fomento al desarrollo agropecuario se mantuvo a pesar del incremento presupuestario señalado. Por ejemplo, en el renglón de asistencia técnica el número de hectáreas beneficiadas con este servicio disminuyó en un 11.8%, en 1994, respecto del año anterior.
También en campañas fitosanitarias la superficie cubierta fue menor en 2.5%. También en fomento forestal la asistencia técnica y otros renglones disminuyeron muy significativamente, tanto respecto de lo programado como respecto a las metas alcanzadas el año anterior.
En cuanto a la infraestructura hidroagrícola se mantiene el bajo nivel del servicio, ya que el número de hectáreas incorporadas al riego, si bien ligeramente superior en 1994, respecto al año anterior, es menor al de 1991 y 1992 y desde luego está muy lejos el ligero incremento registrado de corresponder al notable aumento del gasto ejercido en el sector.
5o. Los recursos destinados al Procampo se registran como un apoyo a la comercialización de productos agropecuarios, pero no es tal. El Procampo es un cheque que se entrega a cada uno de los aproximadamente 3.3 millones de productores de granos básicos del país, de manera individual, independientemente de sus volúmenes de producción o venta. Se mantiene el abandono a las instituciones de fomento agropecuario y ahora se entrega el dinero directamente a estos productores.
Aparte de ser un programa arbitrario, decidido en el último año del gobierno, al margen de planes y proyectos y al margen también de lo programado y presupuestado por el Poder Legislativo, el Procampo es también un programa ineficaz.
No es casual que se haya iniciado en 1994 y que se haya diseñado para una vigencia de 15 años, aparentemente ya aceptada por el actual Gobierno. Dos hechos explican que haya sido ése el año escogido: el comienzo de la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y la elección presidencial.
Ante la liberalización comercial del sector agropecuario, que se consagra con el TLC, que en congruencia con lo señalado establece un plazo máximo para la liberalización total de 15 años para nuestros productos más sensibles, el Procampo pretende favorecer la reconversión productiva en función de nuestras ventajas comparativas, en relación principalmente con el sector agropecuario de Estados Unidos. Esto es, se trata de que dejemos de producir aquello en lo que no seamos competitivos con EUA y produzcamos aquello en que sí tenemos ventajas comparativas.
En este sentido ¿para qué le sirve a cada productor un cheque que fue de 350 pesos por hectárea en 1994 y que ahora será de 440 que en términos reales es menos? Por ejemplo: si se trata de un productor de maíz, cultivo en el que no tenemos ventajas comparativas, los 440 pesos por hectárea ¿le servirán para plantar jitomates y otros hortofrutícolas en lugar de seguir cultivando el maíz? Si el cultivo de una hectárea de maíz, con los patrones tecnológicos que actualmente se aplican, cuesta más de 2 mil nuevos pesos, ¿cuánto le costaría su "reconversión productiva" a hortofrutícolas? Además ¿se ha hecho un estudio tanto agronómico como de mercado acerca de qué porcentaje de la superficie que actualmente se destina a básicos en los que no tenemos "ventajas comparativas" podrían destinarse a los cultivos en que sí tenemos tales ventajas.
El famoso cheque del Procampo es una miseria que no sirve ni para la "reconversión productiva" ni para el incremento de la productividad que nos hiciera más competitivos con la actual estructura. Tampoco significa una solución al problema social del campo. El cheque del Procampo, no es el instrumento que sirva para que en los plazos establecidos en el TLC pueda México nivelar su competitividad agrícola con Estados Unidos.
La entrega de este subsidio directo se ubica en un esquema en el que al mismo tiempo se están alineando nuestros precios agrícolas con los internacionales. De tal manera que, por ejemplo, el Procampo al productor de maíz por un lado le da y por otro le quita. Le da un cheque y le quita ingreso vía una disminución del precio del producto. En términos reales, el precio del maíz blanco en 1995 será menor en más del 12% al de 1994 y el de este año fue menor en 19% al de 1993. El precio del maíz en 1995 es de 715 nuevos pesos por tonelada, igual al de 1992, lo que, dada la inflación, significa una reducción en términos reales de un 32%.
Un productor de maíz de mediana capacidad, que produce para el mercado y obtiene rendimientos de tres o más toneladas por hectárea, es más lo que pierde vía precios, que lo que gana con el subsidio directo del Procampo. En cambio un campesino de autosubsistencia sale ganando con el Procampo. Pero generalmente, estos campesinos son minifundistas que poseen una o dos hectáreas, por lo cual el subsidio que reciben es de menos de uno a dos salarios mínimos mensuales al año, con lo cual su problema de pobreza extrema tampoco se resuelve.
El hecho de que la primera gran entrega de cheques del Procampo se hubiera realizado precisamente en la víspera de las elecciones de agosto de 1994, explica por sí solo el sentido político electoral que el Gobierno quiso darle a este programa, que como vimos no representa para el sector rural de México ninguna solución ni desde el punto de vista productivo ni desde el punto de vista social.
6o. En el documento de la cuenta pública que comentamos parece que la crisis agrícola del país ya ha sido superada. Es más, se ofrece una información de producción de los 10 principales cultivos del país altamente positiva. En el cuadro de la página 88 se registra un crecimiento del volumen de producción de los principales productos de más del 15% en 1994, respecto del año anterior, con aumentos en maíz de más del 12%, en trigo de casi el 17%, de sorgo con el 51% etcétera. Pero estas cifras distan mucho de las anotadas en el anexo estadístico del I Informe de gobierno, en donde se registra un incremento en el volumen de estos productos de sólo el 3.9%. ¿A qué se deben estas enormes diferencias.
7o. En resumen, junto con el asombroso tono apologético que se percibe en el documento mencionado de la cuenta pública, el acontecimiento principal es el Procampo. Ahí se resume la nueva política de fomento agropecuario. No es que neguemos la conveniencia de que un campesino o un agricultor en ruinas, reciba una ayuda directa, en efectivo o mediante un cheque, de parte del Gobierno. Eso no es malo. Lo malo es que para muchos ése se haya convertido en su único o principal ingreso por su labor agrícola. El cheque del Procampo es útil, puede servir para muchas cosas, por ejemplo, para que una familia campesina coma una semana o vaya a su fiesta patronal y eso no es malo. Pero lo que hace falta es una verdadera política de desarrollo rural. Una política que verdaderamente sirva para elevar la producción y la productividad, para satisfacer nuestro mercado interno, ser crecientemente competitivos en el externo y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Lo malo es que con los cheques del Procampo se trate de suplir la política de desarrollo rural que se requiere, para en primer lugar superar la grave crisis por la que atraviesa el sector, que es crisis social, financiera y productiva.
3. Programa Nacional de Solidaridad
El modelo económico aplicado en los últimos 13 años ha generado una altísima concentración del ingreso al mismo tiempo que niveles inusitados de pobreza, por ello, se ha pretendido separar la política económica de la social creando programas de asistencia social cuyo impacto en la realidad ha sido nulo.
Nosotros consideramos que esa separación es contradictoria y absurda: la política económica debe ser el principal instrumento para alcanzar el objetivo de la equidad social.
Por ello, un análisis detallado del ramo 26, solidaridad y desarrollo regional, de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1994 nos servirá para confirmar nuestra idea del impacto vano de programas como éste.
Alcances y límites del Pronasol
Es necesario señalar antes que siguen presentándose irregularidades en la información ofrecida por este sector en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Nos referimos al hecho de que se presentan dos cifras diferentes para el presupuesto de solidaridad: en las páginas 82 y 112 del documento en cuestión se presentan los cuadros "gasto programable en clasificación sectorial" y "sector desarrollo social" respectivamente, en ellos, el rubro solidaridad ejerció 7 mil 945.0 millones de nuevos pesos. Por su parte, en la página 218, en el cuadro "orientación del gasto 1993" solidaridad ejerció un presupuesto de 9 mil 270.0 millones de nuevos pesos, lo que implica una diferencia de 905 millones de nuevos pesos o lo que es lo mismo, 16.7% del presupuesto ejercido.
En la página 72 del tomo de resultados generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se encuentra la siguiente explicación:
"El ramo 26, solidaridad y desarrollo regional registró erogaciones inferiores a lo previsto por 864.2 millones de nuevos pesos. Lo anterior obedeció a la necesidad de transferir fondos de este ramo a diversas dependencias y entidades que llevaron a cabo proyectos concertados en el marco de solidaridad, mismos que ejercieron 1 mil 325 millones de nuevos pesos. Los principales ramos ejecutores fueron: la Sedesol con 677.8 millones, dirigidos al desarrollo de acciones diversas consideradas dentro de las tres vertientes del Pronasol; la Semip, 245.2 millones para impulsar el Programa de Electrificación Rural; la SSA, 128.2 millones en favor de los programas de rehabilitación y ampliación de hospitales y centros de salud; la SCT, 115.0 millones orientados al programa de caminos rurales y el ramo 19, 75.9 millones de nuevos pesos para el programa IMSSsolidaridad. Los recursos registrados en el ramo 26 y los ejercidos por las dependencias mencionadas, implicaron un gasto federal de 9 mil millones de nuevos pesos, asignados al Programa Nacional de Solidaridad, cifra mayor en 5.2% a la autorizada inicialmente y en 4.6% real a la del año precedente".
Nos parece injustificable la práctica de seguir "enmarcando" dentro del Pronasol programas que no estaban incluidos originalmente en las acciones de distintos sectores y que finalmente utilizaron sus recursos. Nos parece incorrecto, y lo hemos hecho saber siempre, que obras financiadas total o parcialmente por otras instancias públicas aparezcan como obras marca solidaridad. Por ello, insistimos, es necesario el manejo diáfano de los recursos, de las cifras y su desagregación.
Además, solicitamos de manera especial para este ramo 26, que toda la información que sobre este rubro se tenga en el resto de la cuenta pública sea también concentrada en el capítulo dedicado a "solidaridad".
En correspondencia con la concepción del actual modelo, uno de los objetivos del pasado gobierno fue incrementar el presupuesto para el desarrollo social con objeto de "suavizar" los efectos que sobre la sociedad está teniendo el proceso modernizador. En la actual administración, con la crisis financiera y de producción que se manifestó de manera abrupta, ni siquiera se garantiza el incremento de recursos en este rubro; otras son las prioridades.
En efecto, en el cuadro que se presenta sobre el sector "desarrollo social" en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1994, página 82, el presupuesto ejercido por el sector desarrollo social, tanto a nivel global como desagregado, se incrementó en los últimos años. Este incremento se registró en términos reales y como razón del PIB. Así, tenemos que este sector se incrementó 23.5% en 1991 respecto a 1992; 15.1% en 1992 10.6% en 1993 y 11.8% en 1994, al pasar de 536.56 millones de nuevos pesos en 1993 (a precios de 1980) a 600.74 millones de nuevos pesos en 1994 (a precios de 1980). Sin embargo, esto representó tan sólo el 7.7, 8.6, 9.5, y 10.3% del PIB en estos años, respectivamente. Como observamos, es hasta 1992 que el sector desarrollo social en su totalidad supera el 8.0% del PIB, proporción recomendada por serias instituciones internacionales tan sólo para el subsector educación.
Relacionado con esto, tenemos que el subsector educación representó tan sólo el 2.6% del PIB en 1989, el 2.7% en 1990, el 3.1% en 1991, el 3.5% en 1992, el 4.0% en 1993 y el 4.5% en 1994. En tanto, solidaridad representó el 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 y 0.6% del PIB para esos mismos años.
La explicación de que la proporción de estos distintos rubros sociales sea mayor en el PIB se encuentra en el hecho de que éste ha crecido mínimamente.
De estas cifras se desprende que aún cuando el gasto social se está incrementando, este crecimiento no es suficiente ni siquiera para "suavizar" los efectos que sobre la sociedad está teniendo el proyecto salinista. Por otro lado, no se justifica que programas marcados por la temporalidad cuenten con mayores recursos que subsectores tan importantes como es el de salud que representó únicamente el 0.28, 0.26, 0.32 y 0.22% del PIB, para los años 1989, 1990, 1991 y 1992 respectivamente.2
Por su parte el ramo 26 ha tenido el siguiente comportamiento: registró un crecimiento real inusitado del 117.76% en 1990 respecto a 1989, al pasar de 12.95 millones de nuevos pesos de 1980 a 28.20 millones de nuevos pesos también de 1980. Sin embargo, para 1991 el crecimiento real es de sólo 16.10% respecto a 1990, al pasar a 32.74 millones de nuevos pesos de 1980. Semejante suerte corre el gasto del Pronasol en 1992 al incrementarse tan sólo 17.62% en términos reales, es decir, al aumentar a 38.51 millones de nuevos pesos, base 1980.
Sin embargo, en 1993 el gasto en el Pronasol es severamente castigado al ascender a 8 mil 259.0 millones de nuevos pesos, lo que implica un aumento del 18.12% respecto a 1992 en términos corrientes y de sólo el 7.74% en términos reales. En 1994 el gasto del Pronasol asciende a 9 mil 270 millones de nuevos pesos, registrando un incremento nominal anual de 12.24%; sin embargo, en términos reales el incremento es de 4.34% al pasar de 41.49 millones de nuevos pesos de 1980 en 1993 a 43.29 en 1994.
Es importante señalar que el incremento global que ha sufrido este ramo desde 1989 a 1994 es de 234.28%.
Si analizamos estas cifras en relación con el producto interno bruto vemos que los recursos efectivamente tienen un fuerte incremento en 1990 al pasar de representar el 0.25% del PIB en 1989 al 0.53% del PIB en 1990. No obstante que esta razón se incrementa para 1991, este aumento es de sólo .7% al llegar a sólo 0.60% del PIB. Parecido incremento se vive en 1992 al llegar únicamente a 0.68% del PIB. Para 1993 la proporción del PIB que ocupa este ramo fue de 0.73% y para 1994 de 0.74%. Registrándose leves incrementos a partir de 1990.
2 A partir de 1993 este rubro viene agregado con laboral.Una situación semejante ocurre al estudiar el gasto del Pronasol en relación al gasto social. Pasa de representar el 4.15% en 1989 a 8.33% en 1990; sigue incrementándose esta razón al año siguiente pero con mucha menor presencia, llegando al 7.77%. Lo mismo ocurre en 1992, año en que el gasto de solidaridad llega al 7.94% del gasto social. Para 1993 el gasto en el ramo 26 desciende al 7.72% y para 1994 es del 7.21% del gasto social.
Como observamos, es notorio que el gasto en solidaridad aun cuando ha ido aumentando anualmente, es significativamente bajo respecto al PIB y relativamente bajo respecto al gasto social.
Es necesario, además, destacar que el presupuesto original, aprobado para ese programa por este cuerpo legislativo para ser ejercido en 1994, sufrió un decremento de 864.2 millones de nuevos pesos, es decir, del 9.8%. ¿Quisiéramos saber por qué habiendo tantas necesidades por resolver no se ejerció en su totalidad este presupuesto.
Por su parte, el gasto real por habitante en este ramo alcanzó su punto más alto, también en 1982, con 0.81 centavos de nuevos pesos de 1980 por persona, para descender abruptamente en 1983 a 0.18 centavos de nuevos pesos de 1980. El nivel más bajo se registró en 1988 con 0.0043 centavos de nuevos pesos, de 1980 por habitante, presentándose ligeros repuntes hasta llegar a 0.0048 centavos de nuevos pesos, de 1980 por persona en 1993. Esta cifra, no obstante, representa únicamente el 59.2% de lo correspondiente en 1982.3
Es decir, que en 10 años el gasto real por habitante en el publicitado Programa Nacional de Solidaridad no sólo no se ha incrementado sino que ha disminuido más de la mitad. Como es evidente, no es posible sacar a una nación de la pobreza con recursos tan escandalosamente reducidos y que cada vez disminuyen más conforme la población y al mismo tiempo la pobreza, se incrementan.
Haciendo un análisis más detallado encontramos que en el Programa Solidaridad para el Bienestar Social hubo un decremento real muy fuerte de 55.4% de 1984 a 1988, al pasar los recursos ejercidos en estos programas de 10 mil 797 millones de nuevos pesos de 1980 en 1984, a 4 mil 813 en 1988. Para 1989, año en que formalmente se inicia el Programa Nacional de Solidaridad, los recursos ejercidos en estos programas se incrementan 72.3% en términos reales, respecto a 1988, para incrementarse al año siguiente únicamente 48.6%, al pasar de 8 mil 295 millones de nuevos pesos de 1980 en 1989 a 12 mil 326 en 1990. En 1991 el monto fue 17 mil 527 millones de nuevos pesos de 1980 y en 1992 de 23 mil 150, lo que implicó un incremento real de 32.1%. Para 1993 el presupuesto ejercido ascendió a 5 mil 225.6 millones de nuevos pesos corrientes, o lo que es lo mismo, a 26.25 millones de nuevos pesos a precios de 1980, lo que indica un incremento en términos reales de 13.4%. Con relación a 1994 este programa, solidaridad para el bienestar social, representa el 65.9% del total del gasto de solidaridad al ejercerse 6 mil 109.5 millones de nuevos pesos. Su incremento anual nominal fue de 16.9% y el real de 9.0%.4
3 Calculado a partir de la base de datos elaborada por Mario Zepeda y Larisa Hernández, asesoría parlamentaría, con base en datos oficiales.En cuanto a los recursos ejercidos en el programa Infraestructura básica de apoyo del Pronasol encontramos un crecimiento sumamente errático. En 1989 ascendieron en términos reales 41.1% en relación a 1988; para 1990 descienden estrepitosamente a 2.2% al pasar de 2.68 millones de nuevos pesos de 1980 en 1989, a 2.62 en 1990. Nuevamente estos recursos se recuperan en 1991 al incrementarse a 4.95 millones de nuevos pesos de 1980, lo que implicó un crecimiento porcentual anual real de 88.6%.
Sin embargo, en 1992 el incremento fue de tan sólo 20.8% en términos reales. Para 1993 el monto en términos corrientes para estos programas fue de 1 mil 144.4 millones de nuevos pesos, lo que encuadró un decremento del 13.9% en términos reales respecto a 1992. El gasto nominal ejercido por el programa Infraestructura básica de apoyo en 1994 fue de 1 mil 448.9 millones de nuevos pesos, lo que implica un incremento del 26.6%. No obstante, en términos reales es del 18.15%. El gasto ejercido por este programa en 1994 representó el 15.6% del gasto del Pronasol.5
4 SHCP, presupuesto de egresos de la Federación, 1993 y 1994.(5) Ibid.En el caso del programa solidaridad para la producción, se manifiesta también un crecimiento errático a pesar de la importancia que aparentemente el régimen le da a la producción y a la productividad. Así, aunque los recursos ejercidos por este programa en 1990 se incrementan 307.1% en términos reales, bajan estrepitosamente a 5.2% en 1991 al pasar de 5.80 millones de nuevos pesos de 1980 en 1990 a 5.50 en 1991. Estos recursos sufren una mejoría real del 21.3% en 1992, pero nada que ver con el incremento alcanzado en 1990. Para 1993 el gasto ejercido por este programa ascendió a 1 mil 889.0 de nuevos pesos o bien, a 9.49 millones de nuevos pesos de 1980, lo que implicó un incremento real del 9.2%. En 1994 el gasto de este programa representó el 18.5% e implicó un decremento del 9.4% en términos nominales y del 15.5% en reales.6
El magno incremento de 1990 se explica por la rectificación del régimen ante las críticas a solidaridad en torno a que es necesaria la inversión pública productiva para garantizar el "desarrollo autosostenido de las comunidades"; es decir, se intentó superar la crítica de que el Pronasol es sólo un programa de beneficencia pública que no va a la raíz de los problemas. Sin embargo, además de que las cifras demuestran que solidaridad continúa siendo sólo un paliativo del sistema, en 1994 proyectos productivos de solidaridad sufre una fuerte caída.
Carácter político de solidaridad
Como lo hemos señalado en múltiples ocasiones, el Pronasol constituyó uno de los instrumentos políticos más importantes de la pasada administración por perseguir dos objetivos bien definidos: fortalecer la figura presidencial y recorporativizar a los sectores sociales en favor del proyecto de gobierno actual.
Se asegura que este programa entraña una nueva relación entre gobierno y sociedad en la que esta última adquiere un papel más participativo y con ello la democracia avanza en el país. En los discursos se nota un desplazamiento desde el concepto de justicia social al de democracia. La democracia es entendida ahora ya no en referencia a cuestiones electorales, sino a cuestiones de participación ciudadana.
6 Ibid.Efectivamente, la sociedad cambió al igual que sus formas de participación, pero ello no como resultado del apoyo del Gobierno. Si hoy la sociedad es más participativa no es porque el actual proyecto político y económico lo buscaran. Si solidaridad nació fue por la combinación entre el descontento de la población con la política económica seguida a partir de 1982; por la mayor madurez política de la ciudadanía menos y por constituir un programa que no compromete al modelo neoliberal permitiéndole mitigar ciertos problemas políticos y económicos.
El acierto de solidaridad seguramente radica en que ha sabido aprovechar el entusiasmo de la población marginada por aliviar su situación económica o mejor dicho, ha sabido aprovechar la miseria de la población. Pero esto, por supuesto, no lo hace democrático en la medida de que su planeación, sus objetivos y su ejecución no dependen de la población.
No puede asegurarse que "solidaridad es factor de unión y ejercicio de descentralización federalista" cuando las decisiones vienen del Ejecutivo y cuando los recursos de la nación se siguen concentrando en la capital. No puede decirse que hay en marcha un proceso de descentralización que fortalece al federalismo, porque ahora se exige a las entidades federativas y a los municipios que colaboren con un porcentaje de los recursos necesarios para echar a andar una obra marca el Pronasol.
Aún más, "cabe dudar de la eficacia (y de la democratización) de un proyecto que lleva en la frente el sello de la temporalidad y de la discrecionalidad, pues el mayor flujo relativo de recursos que ahora llega a los municipios no queda integrado estructuralmente en sus esquemas regulares de planificación y gasto (...) (por ello no se fortalece al municipio). Para que así fuera tendría que desarrollarse una estrategia de descentralización de largo aliento, que incluyera una nueva reforma al artículo 115 constitucional, que acabara con la extrema concentración actual del manejo y uso de los recursos públicos" y darse un nuevo impulso a la reforma política municipal.7
Como lo hemos señalado en numerosas ocasiones, el Programa Nacional de Solidaridad constituye un programa que por varias razones viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y varias otras leyes.
7 Moguel, Julio, "Cinco críticas solidarias a un programa de gobierno", en El Cotidiano, julio-agosto de 1992.Los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados cada año para el ramo 26, solidaridad y desarrollo regional, han constituido una verdadera excepción a lo que ordena la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal vigente en el país, que en su artículo 13 ordena textualmente "el gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de ejecución. Los presupuestos se elaborarán para cada año calendario y se fundarán en costos".
Lo cierto es que a pesar de que en el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente a 1995 se indiquen objetivos, metas de operación y de inversión y una unidad responsable (la Dirección General de Planeación de la SHCP), en el Pronasol, el carácter de discrecionalidad en el manejo de sus recursos por parte del Ejecutivo sigue existiendo, ya que a pesar de que se han fijado objetivos en obras y programas, no se indica el número de personas o comunidades que se pretenden beneficiar, ni los lugares donde se llevará a cabo el programa, ni el costo de cada objetivo, ni el tiempo que se calcula llevará cada uno de ellos. Aún más, el propio ingeniero Carlos Rojas reconoció en las reuniones de cuenta pública correspondientes a 1991, que al elaborarse el presupuesto de egresos no podían fijarse las metas y programas de solidaridad, en virtud de que, sobre la marcha y a lo largo del año, se van aprobando (o rechazando) peticiones de obras como: agua potable, salud, vivienda, proyectos productivos etcétera, según la demanda de los grupos organizados en comité de solidaridad. Es por tanto, la discrecionalidad del Ejecutivo, que incluye por ello mismo su correspondiente dosis de autoritarismo, la que decide.
En el proyecto de decreto del presupuesto de egresos para 1993, que propuso el Ejecutivo a este cuerpo legislativo se encomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la administración, control y ejercicio de los recursos destinados a solidaridad. De esta forma, se concentran en esa Secretaría funciones que por ley corresponden a otras dependencias del Gobierno Federal. Dada la magnitud que ha venido adquiriendo este programa y la amplitud de sus funciones, funciones que claramente asigna la ley a otras dependencias, la SHCP se convierte así en una supersecretaría de Estado, que atropella toda organización administrativa y dificulta el control de un macroprograma sin programas específicos.
Por otro lado, como se sabe, el Pronasol se ejecuta territorialmente en el marco de coordinación con los estados, a través del antes llamado convenio único de desarrollo, que el Presidente obliga a firmar a cada uno de los gobernadores de los estados para formalizar los acuerdos y compromisos conjuntos de inversión.8
En los convenios se define un apartado específico para solidaridad, con el objeto, según el Ejecutivo, de que en los comités de planeación del desarrollo de los estados y municipios se reúnan las autoridades de los tres niveles de gobierno para definir, controlar y evaluar los proyectos productivos y sociales en que participan las comunidades mediante los comités de solidaridad. Queda así claramente evidenciada otra seria violación a la Constitución Federal y a las estatales, reproduciéndose a nivel estatal la obligación de los gobiernos de destinar recursos para solidaridad sin conocer cuál será su aplicación y burlándose de los poderes legislativos locales al considerarlos sólo para aprobar un presupuesto a ciegas como ocurre en el Congreso Federal.
De esta forma queda demostrado que el Programa Nacional de Solidaridad no es la opción para combatir la pobreza y menos aún la extrema, en la medida de que no parte de una base firme como lo es la creación de empleos y el incremento en los salarios de los trabajadores.
4. Educación
El gasto ejercido por el sector educación durante 1994, fue de 56 mil 86 millones de nuevos pesos, cifra superior en 14.5% en términos reales respecto al gasto de 1993. Sin embargo, aunque se pretende modificar la tendencia de la década pasada caracterizada por la disminución del gasto real año con año, aún es insuficiente lo que se está realizando en este rubro.
Respecto a la participación del sector educativo dentro del PIB en 1982, era del 3.8% y en 1993, fue del 4.5%, lo cual significa que en este aspecto apenas se están superando los niveles alcanzados a principios de la década anterior.
8 Así lo confirman declaraciones del gobernador del Estado de Baja California, Ernesto Ruffo, del PAN.Además es necesario señalar que en este sentido el país está todavía lejos de alcanzar la recomendación de la UNESCO, de destinar el equivalente al 8% del producto al gasto en educación.
Con los datos anteriores queda claro que aun cuando el Gobierno Federal proclama con gran énfasis su interés en el bienestar social, en los hechos los niveles presupuestales asignados en este caso específico al sector educativo todavía son bajos para elevar el nivel, la calidad y el acceso a los servicios educativos, aspectos muy deteriorados en la educación de nuestro país.
Asimismo aún existen enormes rezagos en materia educativa y se sigue padeciendo problemas como la disminución de la matrícula escolar; problemas en la satisfacción de la demanda educativa, especialmente en los sectores de bajos recursos de la sociedad; los resultados cualitativos de la educación dejan mucho que desear; disminución en la producción de libros de texto; deterioros en los indicadores de eficiencia educativa y metas de infraestructura planeadas no alcanzadas en fuertes proporciones; bajos niveles en los programas y resultados deportivos; mínima atención a la investigación y a la tecnología; y una casi nula motivación económica y social para los maestros.
1. Matrícula (acceso a la escuela). Una de las características de la actual política educativa ha sido la contracción en el crecimiento de las oportunidades de escolarización en todos los niveles del sistema, pues en dos ciclos escolares correspondientes a la anterior administración, la matrícula general registró en el ciclo 19891990 un decremento del orden de 237 mil alumnos respecto al ciclo anterior; de igual manera en el ciclo 19901991 se registró un descenso del orden de 118 mil alumnos respecto al periodo anterior y en los ciclos 19911992, 19921993 y 19931994, el incremento en la matrícula fue de sólo 117 mil, 165 mil y 420 mil plazas escolares, respectivamente.
El registro de los descensos en la matrícula general en los dos primeros ciclos mencionados no se había presentado por lo menos en ningún momento de la historía escolar posrevolucionaria. Así, este proceso representa la ruptura con uno de los rasgos del sistema escolar que aún con sus deficiencias cada año generaba oportunidades escolares, lo que incrementaba la matrícula escolar.
Se puede observar un agudo contraste entre los primeros años de la década pasada y los primeros años de la actual en cuanto a las plazas escolares generadas, pues en el ciclo escolar 19811982, se incrementó la matrícula general escolar en 1 millón 208 mil plazas escolares y en el ciclo 19931994 se generaron sólo 420 mil plazas escolares.
Entonces, con estos datos puede observarse que no se cumplió con el objetivo de ampliar la cobertura de atención educativa.
2. Por otra parte, de acuerdo a una serie de trabajos de investigación que el centro de estudios educativos AC realizó con el patrocinio del consejo consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, la educación que se proporciona a los sectores de bajos recursos económicos es muy deficiente y existe una gran cantidad de carencias para este sector de la sociedad.
Así, se registran graves problemas en la satisfacción de la demanda educativa:
El déficit que aún es necesario absorber se encuentra fundamentalmente en las zonas rurales, ya que sólo un 33% de la matrícula del nivel corresponde a escuelas ubicadas en el campo.
Educación primaria. El sistema educativo es capaz de satisfacer actualmente el 98% de la demanda potencial de este nivel. Sin embargo, todavía 300 mil demandantes potenciales están fuera de las escuelas primarias.
Educación para adultos. Las fuentes oficiales registran 4.2 millones de analfabetos (que representan el 8% de la población de 15 años y más). A su vez los adultos que no han terminado su primaria ascienden a 20 mil 536 millones, que representan el 39.7% del grupo demográfico correspondiente. Aquellos que no concluyen la secundaria suman 16.3 millones.
Citaremos otros problemas relacionados con la equidad y la eficiencia:
El 10% de los alumnos reprueban el grado que cursaron.
Deserción. El 46% de los inscritos, aproximadamente 700 mil niños, abandonan cada año el sistema escolar.
Eficiencia terminal. De los niños que inician la primaria, 3.2% fallecen durante los cinco años subsecuentes; 22.4% desertan; 37.5% reprueban algún grado pero siguen inscritos en grados anteriores a los que les corresponden según sus respectivas edades y el 36.9% restante termina su primaria oportunamente.
Escuelas incompletas y unitarias. Aproximadamente el 20% de las escuelas primarias, es decir, la quinta parte del total, no ofrecen los seis grados de este nivel educativo. Asimismo el 22% del total de las escuelas primarias son atendidas por un solo maestro.
Los datos cuantitativos son indicativos de la situación tan pobre de la educación en nuestro país. Sin embargo más importante aún son los resultados cualitativos de la educación de nuestra población.
Nuevamente, según las investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Educativos AC ya mencionado, en un reciente estudio desarrollado en cinco zonas socioeconómicas diferenciadas del Estado de Puebla, se llegó a las siguientes conclusiones:
Los datos en general, denotan un claro problema de calidad en los resultados de la educación primaria, pero para las zonas que concentran pobreza son indicativos de que el sistema no está logrando niveles mínimos de alfabetismo funcional entre los alumnos que llegan y los que están por finalizar el sexto grado.
Menos de una quinta parte de los alumnos de zona urbana de clase media logra, al finalizar su educación primaria, comprender cabalmente la información escrita. Sin embargo ello es cierto en promedio, para apenas el 2% de los alumnos de zonas rurales y marginales.
En el caso de las matemáticas, la información no es más alentadora. La escuela primaria no logra que sus alumnos, al terminar el sexto grado, dominen el proceso de información matemática para resolver problemas de la vida cotidiana, lo cual implica que no hay dominio de la lógica para aplicar las operaciones básicas de suma, resta, división y multiplicación.
De los datos analizados se desprende que el sistema educativo nacional no será capaz de satisfacer integralmente las necesidades básicas de aprendizaje de la población de menores recursos, si el crecimiento económico y el proceso de desarrollo se orientan por políticas contrastantes.
Así pues las políticas que orienten en lo sucesivo la expansión y diversificación del sistema educativo deberán proponerse dos objetivos complementarios: por un lado deberán asegurar que todos los niños se inscriban oportunamente en el primer grado de educación básica. Por el otro, tendrán que procurar que la totalidad de quienes inician esa educación la concluyan exitosamente.
Este segundo objetivo exige que todos los egresados de la educación básica adquieran los conocimientos, desarrollen las destrezas e internalicen los valores que les permitan continuar sus estudios y desempeñarse satisfactoriamente en la vida económica y social del país.
3. Un dato preocupante de la distribución de la escolaridad es la magnitud de los estratos que están por debajo del nivel obligatorio establecido en la Constitución de 1917. Un primer estrato, formado por el 27.4% de los inscritos en 1o. de primaria, no llega al 4o. grado y a él deben agregarse los niños en edad escolar considerados como "rezago" y cuyo número ha estado aumentando hasta alcanzar un número estimado de 300 mil niños por año. Un segundo estrato, que representa al 15% de los inscritos, completa cuatro o cinco grados. En ambos casos la subescolarización consolida la condición marginal de millones de niños que provienen del campesinado de subsistencia, de las zonas rurales y de las capas de la población de escasos recursos de las ciudades y que al no contar con ninguna preparación se suman a la masa de desempleados y subempleados, por sus casi nulas posibilidades de incorporarse a procesos socialmente productivos y remuneradores.
En los tramos medio y superior de la enseñanza también está firmemente establecida la tendencia a la disminución de las posibilidades de permanencia y avance escolar de la población.
Desde el punto de vista social y económico este proceso implica cerrar las vías de movilización de las clases sociales que tanto peso ideológico ha tenido en la sociedad mexicana.
4. Al revisar los programas, subprogramas, proyectos y metas de la SEP, nos encontramos con que una gran cantidad de los resultados fueron negativos. Es decir, no se alcanzaron las metas esperadas en variaciones negativas muy altas, que van del, 15% al 92%, en términos generales.
Si se planearon objetivos específicos es porque sí se requería cumplir con ellos. Por lo tanto, se debe poner mayor atención a este aspecto.
Por otra parte, existen una gran cantidad de escuelas incompletas. Sólo por citar el nivel básico de primaria, existen todavía una gran cantidad de escuelas que no ofrecen seis grados de primaria, pues en el ciclo escolar 19931994, una de cada cinco escuelas no contaba con seis grados de primaria, en tanto las atendidas por un solo maestro representaban el 22.7% del total.
Esta situación provoca el desaliento de la población que desea estudiar, por lo que se motiva el abandono escolar forzado.
5. Por otra parte, ya que estamos insertos en un Tratado de Libre Comercio con nuestros poderosos vecinos del norte, la educación debería asumir dentro de esta nueva relación trinacional un papel muy importante.
Por ahora sólo nos referiremos a un aspecto básico para competir con nuestros vecinos del norte: el sector ciencia y tecnología.
El año en que México alcanzó su más alta relación de gasto en ciencia y tecnología como proporción del PIB, fue en 1982, con un porcentaje del 0.54%. En ese mismo año los valores correspondientes para Estados Unidos y Canadá fueron de 2.4% y 1.3% respectivamente. Casi cinco y tres veces mayores a México sin contar los montos diferentes de PIB, en cada país. Sin embargo, de 1982 en adelante las proporciones han cambiado, rezagándose México y creciendo los dos primeros.
Para 1991 el gasto asignado a ciencia y tecnología en México correspondió al 0.3% del PIB. Con datos del anuario estadístico de la UNESCO, de 1990, el gasto de Estados Unidos y Canadá ascendió en 1987 a 2.8% y 1.5% respectivamente; las diferencias se han ampliado a nueve y cinco veces.
Asimismo, respecto a recursos humanos dedicados a la investigación científica y tecnológica, con datos de la UNESCO, se muestra que Estados Unidos tenía 787 mil personas ocupadas en esta actividad en 1986, Canadá 83 mil en 1986 y México 46 mil en 1984. En los tres casos los datos se refieren a científicos propiamente dichos, ingenieros y técnicos empleados en actividades de investigación y desarrollo experimental. Los indicadores revelan diferencias de casi 70 veces y el doble con relación a México. Otro indicador más relacionado con la producción es el de ingenieros por cada 10 mil habitantes. En 1984, según el Conacyt, Estados Unidos tenía más de 100, mientras que la cifra correspondiente a México era de 13.
Por otra parte, en México se registra la cifra de 15 investigadores por cada 100 mil habitantes, mientras que Argentina, Brasil y España doblan esta proporción y los países mas industrializados la multiplican 20 o más veces. Todo lo cual adquiere una dimensión aún más abismal tomando en cuenta que en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido los estudiantes de posgrado son respectivamente el 16%, 39% y 46% de los alumnos universitarios y suponiendo que la formación de investigadores mantenga su ritmo actual, serían necesarios 240, 450 ó 690 años para que México poseyera tantos científicos como algunos de esos tres países.
También resulta alarmante el que a la formación universitaria o su equivalente sólo accedan poco más del 12% de quienes podrían cursarla en alguna de sus modalidades, lo que coloca a México debajo del 15%, que es el promedio de América latina, lejos de Cuba o Venezuela, que alcanzan 25 y 28% y a una distancia mucho mayor de los países desarrollados que superan el 50 o el 60%.
Por lo que vemos tenemos un reto muy grande por delante, por las grandes diferencias que nos separan particularmente de Estados Unidos y Canadá en estos aspectos básicos para la competencia con el exterior, como son la educación universitaria y la ciencia y tecnología. Los resultados en este campo son desalentadores en lo presentado en la cuenta pública de 1994.
6. Por otra parte, un aspecto que es muy importante señalar es el deterioro de las condiciones laborales de los maestros, lo que ha provocado un clima de desmoralización y autodevaluación profesional.
El magisterio al ver disminuido el poder adquisitivo de su salario tiene que buscar opciones para completar el gasto familiar, ya sea teniendo doble plaza, vendiendo diversos productos, dedicándose a una actividad remunerada etcétera. En el nivel superior pese al intento de proteger al sector académico más calificado mediante mecanismos como el sistema nacional de investigadores, el sentido de la contratación de tiempo completo ha perdido vigencia y se ha generalizado el multiempleo.
Esto trae como consecuencia que el maestro no dedique tiempo completo a su profesión, esto es, no prepare bien sus clases, no se preocupe por investigar ni por el desarrollo integral de los alumnos y mucho menos por la calidad de la educación.
Por ello es necesario para elevar el nivel y calidad de los procesos de enseñanza y producción académica, partir de una formación integral de los docentes. Impartirles cursos de actualización, proporcionándoles condiciones adecuadas de trabajo, materiales didácticos y sobre todo una remuneración adecuada por la labor tan importante que ellos desarrollan.
7. En síntesis, la educación es responsabilidad nacional, factor de emancipación y ascenso sociales e instrumento de democracia, soberanía e independencia nacionales.
La escuela inspira a niños y jóvenes en los valores de la nacionalidad. Ahí adquieren habilidades de trabajo, generan corrientes de creación y enriquecen nuestro legado histórico. En ella se propicia el trabajo de los campesinos, obreros, técnicos y profesionales que diseñan, construyen y conducen a la sociedad en la urbanización, el desarrollo y la calidad de vida. La sociedad se transforma con apoyo del sistema educativo que debe adaptarse a nuevas circunstancias.
Sólo hombres participativos, informados, capaces de analizar y cambiar su situación hacia mayor justicia y que se preocupen y actúen para aprender, evaluarse e innovar, lograrán los objetivos de la educación: integración nacional, justicia y transformación social.
La modernización educativa no resulta sólo de lo que en ella se invierte, sino también de la decisión de emprenderla, de subordinar intereses particulares al interés general, de generar alternativas pertinentes, de apoyarse en valores compartidos para acometer estrategias fundadas y de usar el derecho y el diálogo para vencer inercias y dominar deficiencias.
De acuerdo con esta concepción, he aquí algunos de los retos actuales:
a) Rezagos. Oficialmente hay 4.2 millones de analfabetos mayores de 15 años, 20.2 millones de adultos sin primaria concluida y 16 millones más sin secundaria; 300 mil niños no tienen acceso a la escuela; 880 mil abandonan cada año la primaria y 1.7 millones de 10 a 14 años de edad no están matriculados. Sólo el 59% de los niños de primaria concluyen este nivel escolar en seis años. Hay disparidad de 1 a 4 de los promedios de escolaridad entre campo y ciudad. Sólo 83% de los egresados de primaria se inscriben en secundaria, pero casi uno de cada dos mexicanos no rebasa la primaria.
b) Vinculación escuelaproductividad. En cada uno de los próximos 20 años ingresarán al mercado de trabajo de 1 a 1.5 millones de mexicanos. En el año 2000 habrá 10 millones más de personas entre 15 y 65 años y otros 6 millones en 2010. En 1950 las mujeres representaban el 12.8% de la población económicamente activa y en 1980, 28%; en el año 2000 serán el 31% y en 2010 el 33%.
El sector educativo deberá hacer que todos cuenten con la formación requerida para desempeñar trabajos productivos. Es necesario relacionar mejor educación con productividad y con organización para la producción. Nuevas relaciones entre trabajo, producción y distribución exigen procesos educativos específicos. Deben impulsarse sistemas no formales de capacitación, ampliarse la educación tecnológica y vincularse con las necesidades de la sociedad:
c) Ciencia y tecnología. El dinamismo social depende en parte de adquirir conocimientos e incorporarlos a la producción. Es necesario preparar científicos e innovadores tecnológicos, con prioridad en los campos que probablemente produzcan avances de mayor impacto.
La especialización genera una actitud más crítica traducible en una adecuada aplicación de los avances. Es necesario reforzar la eficiencia y la calidad de la educación superior, reordenar internamente los sistemas de trabajo de las instituciones autónomas, crear ofertas adicionales mediante nuevas alternativas y vincular el esfuerzo de investigación con el aparato productivo.
La educación será la palanca de transformación si genera una estructura productiva liberadora y eficiente, si fortalece la identidad nacional y la cultura científica y tecnológica; si permite adquirir y humanizar nuevas técnicas de producción, ampliar vías de participación democrática y plural, reafirmar nuestro proyecto histórico y consolidar la soberanía.
Finalmente, si en verdad se quiere realizar cambios en este sector, consideramos que es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Es necesario aumentar la participación al sector educativo en el PIB, si es posible hasta el 8% que recomienda la UNESCO, para elevar las condiciones materiales y humanas de trabajo en el sector.
La sociedad en general no sólo debe ser oída sino que también debe participar de manera constante en la reforma educativa. No deben tomarse las decisiones solamente desde el escritorio. Se debe crear una conciencia participativa de todos los integrantes de la sociedad en los problemas educativos, para ir eliminando los rezagos de la misma. Deben participar desde los alumnos, padres de familia, maestros, profesionistas e investigadores, en el proceso permanente de la educación.
Se debe dar una nueva valoración social y económica al trabajo de los maestros, tanto por los académicos y el magisterio como por la sociedad en general. Específicamente debe resolverse el problema de los bajos ingresos del personal que trabaja en el sector.
Se debe crear un sistema de estímulos no sólo para los investigadores sino también para los docentes en el que se estimule al individuo por lo que hace y no porque pertenezca a un determinado grupo.
Crear un fondo financiero centralizado, con base en asignaciones gubernamentales, fundaciones y organizaciones privadas que permita el desarrollo de la ciencia y la tecnología y amplíe las posibilidades e intercambio académico con universidades de diferentes países.
Es necesario hacer participar a la población en general en una campaña de alfabetización para reducir los niveles tan altos de analfabetismo que tiene nuestro país (12.7%). Nuestro nivel de analfabetismo es superior a países como Jamaica (1.6%), Guyana (3.6%), Uruguay (3.8%), por citar sólo algunos ejemplos.
Asegurarse de que los recursos se ejerzan de manera óptima y de que las carreras existentes o nuevas tengan mercado.
Actualizar los curriculum para que haya congruencia entre formación profesional y empleo.
Evaluar a las instituciones académica y no políticamente.
Descentralizar la investigación, coordinarla y crear un sistema de más becas para pagar mejor a los investigadores.
Estimular la planeación de las carreras y la investigación conjuntamente con la industria.
Finalmente es muy necesario hacer desaparecer las prácticas antidemocráticas en el sector. Así como también debe desarrollarse la voluntad política del Gobierno para realizar una verdadera reforma educativa.
5. Salud
1. Uno de los principales retos que se ha propuesto vencer la actual administración se ubica en el terreno de la política de desarrollo social, dentro de la cual se localiza el sector salud y seguridad social.
A pesar de que este sector ha tenido incrementos sustanciales de 1989 a 1994 en el presupuesto que año con año se le asigna, aun así su participación dentro del PIB en 1994 es del 4.2%, todavía lejos de acercarnos a la proporción recomendada por organismos internacionales de asignar al sector salud el 6% del producto.
Si hacemos comparaciones con los niveles de otros países, resaltan de manera sorprendente grandes diferencias y enormes rezagos existentes en asignación de recursos, aun cuando se quiera convencer a la población del interés del Gobierno por atender el bienestar social Así, según los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el gasto público de salud como porcentaje del PIB a precios corrientes durante 1987, fue en Ecuador del 1.4%, en Honduras del 2.2%, en Trinidad y Tobago del 3.2%, en Barbados del 4.2% y en Jamaica el 6.0% y en México fue de sólo el 0.3%. Estas comparaciones son con países aún más pobres que nuestro país y aún así estamos muy por debajo de lo que ellos hacen por atender a su población en el sector salud.
Si bien es cierto que una solución pronta y satisfactoria para atender las necesidades en salubridad de las mayorías no consiste sólo en incrementar el monto de los recursos, sino también en su asignación oportuna y eficiente, es innegable que una proporción elevada de gasto en salud es requisito primordial para enfrentar la actual situación del sector.
2. El gasto en el sector debería tener como uno de sus objetivos primordiales la infraestructura física como base para ampliar la cobertura de atención a la población, así como poner gran énfasis en la atención preventiva más que en la curativa y fomentar y apoyar la investigación médica.
A) Respecto a la infraestructura se tenía proyectado tanto en el sector salud en general, así como en institutos de atención a la salud como el IMSS y el ISSSTE construir, ampliar o remodelar clínicas, hospitales, unidades de medicina general, entre otras obras.
Sin embargo, al revisar los resultados programáticos de estos proyectos nos encontramos con que la mayoría de estas obras no fueron cumplidas y tuvieron variaciones negativas de cumplimiento y en su mayoría del 100%, es decir, que no se hizo absolutamente nada para cumplir con los programas planeados.
Creemos que es necesario cumplir con las metas proyectadas de infraestructura, no sólo por presentar resultados positivos en las cifras, sino porque no construir estas unidades de atención, implica no atender a un gran número de mexicanos que tienen el derecho de recibir atención médica.
Asimismo en varios de estos programas, a pesar de que no se llevaron a cabo, es decir, en la columna de metas alcanzadas de la cuenta pública en el ramo sectorial de salud se dice que no se lograron las metas; sin embargo, en la columna de presupuesto ejercido se declaran miles de nuevos pesos gastados.
En la Cuenta Pública Federal no encontramos las razones de estos resultados. No se explica en que se gastaron esos recursos.
Aunado a lo anterior, se observa un desorden general en el sector en cuanto a disminuciones, aumentos y traslados de recursos de unos programas a otros, lo cual resulta preocupante, pues esto provoca distorsiones presupuestales que hace difícil evaluar los resultados de cada uno de los programas previstos. Asimismo, esto manifiesta deficiencias en cuanto a la planeación de programas y objetivos.
Por ello, en lo futuro deberá prestarse mayor atención a las tareas de programación y presupuestación.
B) En cuanto al modelo de servicio en nuestro país, podría caracterizársele como curativo, tardío y escasamente prevencional. Es un modelo de atención fundamentalmente de reparación, que actúa sobre las causas del daño y no tiene incidencia directa sobre la salud de la población, sino sobre la enfermedad y muerte, a pesar de que la inversión para conservar la salud rinde más que el costo para curar la enfermedad.
Lo anterior puede constatarse al observar los porcentajes del gasto total que se asignaron en 1994 a la atención preventiva y a la curativa, que fueron del 10% y 42% respectivamente. A la última se le asignaron cuatro veces más recursos que a la primera.
Con esto nos damos cuenta que las necesidades del sector salud están definidas por las "necesidades" de la operación y por lo tanto, la planificación del mismo se hace desde la perspectiva de la enfermedad que significa ir a las causas más inmediatas como es la demanda de consulta y hospitalización.
Esta situación ha provocado resultados negativos en los indicadores de atención a la población mexicana en materia de salud, comparado con otros países.
Así, el índice de mortalidad de México es del 35.2% por cada 1 mil niños nacidos vivos. En Argentina es del 28.8%, en Panamá del 20.8%, en Chile del 16.8% y en Jamaica del 14%, por citar algunos ejemplos.
Otro dato indicador de nuestro nivel en el rubro de la salud es el de niños nacidos con poco peso. Según el Banco Mundial, México registra un nivel anual del 15% de niños que nacen con un peso inferior a 2.500 kilogramos. La explicación que este organismo nos da sobre este indicador, es que el poco peso al nacer suele estar relacionado con la mala nutrición de las madres y en general hace aumentar el riesgo de mortalidad de estos niños y afecta adversamente a su crecimiento en los primeros meses de vida y en la niñez, lo que eleva la incidencia de otros tipos de atraso en el desarrollo.
El mismo nivel que tiene México del 15%, lo registra también Mozambique, considerado el país más pobre del mundo, según el Banco Mundial.
3. Por otra parte, si se analizan tanto la morbilidad (estudio estadístico de los casos de una enfermedad en relación con la tasa de población y un determinado periodo de tiempo) como la mortalidad del país (porcentaje de defunciones en un lugar y tiempo determinados) se revelan situaciones contrastantes tanto en lo que toca al estado de salud, como a los patrones de atención a la salud.
Así, el patrón de morbilidad y mortalidad en México es el típico de las naciones pobres como Paraguay y el Salvador. Cabe señalar que la mortalidad infantil, aunque se ha reducido en las últimas décadas, aún es relativamente alta y de ella más de la mitad (53.4%) es aún causada por enfermedades diarréicas. Realmente el patrón de mortalidad del país está en función de la pobreza y la iniquidad; esto se manifiesta particularmente en la relación entre mala nutrición y enfermedad. Por ejemplo, en uno de los lugares más industrializados del país, Monterrey, la desnutrición se encontró relacionada con el 55% de las defunciones de niños menores de cinco años.
Hay estimaciones que señalan que la población desnutrida en el país oscila entre 50 y 55% y que el consumo promedio de carne es de 30 kilos versus 161 kilos en Estados Unidos. En el área rural la ingesta diaria calórica es de 115 contra la recomendada, que es de 2 mil 500 calorías.
Los programas de vacunación para enfermedades individuales son aún caros, tienen problemas en su aplicación y no sustituyen a una adecuada nutrición. Es más los programas nutricionales como los de rehabilitación no atacan la causa real del problema y de hecho mantienen el statu quo dando la impresión de atender el problema; otro hecho importante es que la palabra mala nutrición raras veces aparece en los certificados de defunción.
Aunado a lo anterior, en lo que respecta al saneamiento de la población, se estima que 25 millones de compatriotas no tienen agua potable. De acuerdo a datos del anexo estadístico del V Informe de Gobierno de 1993, el 24.9% de las viviendas mexicanas tienen menos de dos cuartos; 32.9% carecen de drenaje, 18.3% no disponen de agua entubada y 10% no tienen electricidad.
En cuanto a la distribución del ingreso el 80% de la población percibe el 40% del ingreso nacional y el restante 20% poblacional percibe aproximadamente el 60% del ingreso total. Particularmente el ingreso del 10% superior es 31 veces mayor que el 10% inferior (consejo consultivo del Programa Nacional de Solidaridad). A nivel de regiones del país, también hay grandes diferencias, así el Distrito Federal presenta un ingreso per capita seis veces mayor que Oaxaca.
Es más: hay evidencias de que tres cuartas partes de la población a partir de 1950 ha sufrido un fuerte deterioro en su ingreso y esta situación se ha agravado en los últimos años.
Todos estos datos nos llevan a reflexionar sobre la organización social del país y sobre la evaluación de las políticas que inciden en el bienestar y la salud de la población.
Así, la iniquidad general podría explicar de manera global las tendencias al alza de algunas enfermedades como las cardiovasculares y a mantenerse incólumes o sin cambios las enfermedades como la cirrosis u otras endemaepidémicas como la "oficialmente" ignorada enfermedad de chagas, el aumento del paludismo, del dengue, del cólera, así como la aún inexplicable anaencefalia.
El problema es que de seguir empeorando las condiciones objetivas de salud de la población (sobre todo en ciertas capas poblaciones como los indígenas y los habitantes suburbanos) se agregarán otras complicaciones como las consecuentes del deterioro ecológico, así como brotes importantes de enfermedades prevenibles por vacunación.
Además ¿qué pasará con los accidentes y las enfermedades crónicas y degenerativas? Para ellas no hay vacunas y con modificar las condiciones estresantes de convivencia humana en la ciudad y someter a control social los procesos de trabajo y la contaminación, el Estado no podrá resolver los problemas de fondo.
4. Por otra parte, el sector presenta ciertos defectos en la orientación de atención a la población, ya que se observa la aplicación de una política social selectiva que otorga una mayor atención a las instituciones que atienden a la población derechohabiente que a las instituciones que atienden a la población abierta, las cuales pueden penetrar más ampliamente en zonas marginadas con centros asistenciales básicos.
Lo anterior no quiere decir que deben restarse recursos al IMSS o al ISSSTE, sino que deben buscarse los medios más rápidos para atender a los individuos o grupos más desprotegidos.
La mayor atención a la población derechohabiente la reafirman los siguientes datos: concentra el 71.2% de las consultas externas y el 64.5% del personal médico. Mientras que la población abierta concentra el 28.8% de las consultas externas y el 35.5% del personal médico.
También dentro del mismo ámbito de derechohabientes se observa una diferencia muy grande de atención a las zonas urbanas y rurales, pues en el caso de los asegurados del IMSS, en 1992 los asegurados permanentes en el sector urbano representaban el 85.5% del total, mientras que los asegurados del sector rural sólo representaban el 2.9%.
Consideramos que una política de orientar la política social hacía la población de escasos recursos, debe incluir el ampliar la infraestructura de atención a las diferentes zonas del país, esto es, convertir la prestación de los servicios públicos en una acción de carácter universal, es decir, con una cobertura institucional que abarque a los núcleos de la población más necesitada de estos servicios.
Asimismo, la calidad en los servicios debe ser homogénea, lo cual significa atender tanto a los ciudadanos que ya cuentan con servicios públicos de salud como a los que aún no los tienen, con el mismo grado de eficiencia, oportunidad y calidad humana.
Para conseguir lo anterior es necesaria la integración de un nuevo sistema nacional de salud, con objeto de que los beneficios de los actuales derechohabientes se extiendan a otros sectores de la población.
Por otra parte, la presencia de enfermedades tan severas como el cólera atacan principalmente a la población de escasos recursos, por sus condiciones de vida. Sabemos que el registro de cifras de casos por cólera ha aumentado, lo cual debió haber hecho que las autoridades en la materia reforzaran su atención a este problema. En la Cuenta Pública Federal es necesario ampliar la información sobre la manera en que se están atendiendo enfermedades como el cólera y el SIDA, así como la muy concentrada anaencefalía, pues son enfermedades que han afectado gravemente a algunos sectores de la población.
5. Finalmente, presentaremos algunas breves conclusiones.
El desarrollo de una política sanitaria democrática tiene como opción fundamental la creación de un servicio (no sistema) estatal de salud que elimine la atención de primera, segunda, tercera etcétera, a los mexicanos y que la proporcione en forma universal, accesible y altamente calificada. Esta propuesta requiere de la completa unificación de las instituciones de salud del Estado, de la participación en el poder sanitario por la comunidad, del desarrollo de esquemas de administración sanitaria locales, de una práctica que privilegie la educación en salud y la prevención, de la articulación de la ciencia, tecnología y educación del sector salud.
Para tal efecto se pueden y deben plantear pasos intermedios e inmediatos.
Entre las condiciones básicas para el despegue de la reforma sanitaria podrían estar, entre otras:
Que la prioridad sea la promoción de la salud y la prevención real de la enfermedad.
Capacidad para programar, planificar y ejecutar los servicios médicosanitarios localmente, lo cual implica la capacitación y captación de recursos humanos, técnicas y materiales, con un criterio de inversión social y no de rentabilidad administrativa.
Preparación técnico-científica y humanística en todo nivel.
6. Sector desarrollo urbano y ecología.
Primero hemos de establecer que en este sector se habla de un avance sin precedentes, en palabras de Salinas de Gortari en el VI Informe de Gobierno de 1994, se hace un análisis del periodo 19891994, donde se llegan a plantear los mitos geniales que hoy tienen inmerso al país en una de las más graves de las crisis políticas, económicas y sociales, sin embargo, en el informe se dice que en el Programa de las Cien Ciudades ha moderado el crecimiento de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla y la ordenación de las ciudades medias, que por la actualización del padrón catastral se han incrementado 3.5 veces la recaudación de los municipios, que el programa integral ambiental fronterizo mejoró la atención contra la contaminación de 16 ciudades fronterizas; que se construyeron 2.7 millones de viviendas, la inversión de este rubro fue mayor del 3% del PIB, que en pocos años se ha reducido el deterioro ambiental... para satisfacer la sentida demanda de un ambiente sano y limpio; que el suministro de agua potable será a un 86% de la población, que se triplicaron las áreas naturales protegidas y las reservas llegan a más de 10 millones de hectáreas, que con el Programa Nacional de Solidaridad, se ejercieron 52 millones de nuevos pesos (523 mil obras) como respuesta directa a superar la pobreza, con estos indicadores parece ser que no se está hablando de un país como México, sino de un país desarrollado del primer mundo, que sólo existe en las mentes de los que impulsan el modelo de desarrollo neoliberal que se ha traducido en más de una década perdida del desarrollo nacional y en la depredación de la naturaleza y de las condiciones de vida de la población mexicana.
La cuenta pública de 1994, reitera dichos indicadores con el inconveniente que no hace un análisis del periodo 19891994, presenta información general y aislada que no se articula con el VI Informe de Gobierno, con el informe de labores 19931994, con el Informe de ejecución 1994 del Plan Nacional de Desarrollo, con los programas sectoriales de mediano plazo y anuales; lo que impide que se pueda realizar una evaluación en un marco de coherencia y congruencia de los resultados presentados y se puedan detectar de manera estricta incumplimiento de objetivos, metas y estrategias y desviación de recursos.
La cuenta pública se presenta un año después de haberse ejercido el presupuesto y no permite detectar desviaciones y sancionar incumplimientos de acuerdo a la ley.
Se vuelve a reiterar que el Partido de la Revolución Democrática propone cambios con el propósito de que se eviten estos anacronismos y que la Cámara de Diputados cumpla con la función de vigilar el ejercicio del presupuesto público nacional.
Por otra parte se presentan avances e información de resultados que no se ligan con los objetivos, líneas de acción y estrategias del PND y de los programas sectoriales, situación que impide hacer una evaluación estricta del ejercicio del gasto público, respecto al Programa de las Cien Ciudades como el instrumento de impulso de las ciudades medias e intermedias y de moderación del crecimiento de las megalópolis (zonas metropolitanas), está lejos de haberse cumplido ese objetivo, en el PND 19952000 en la vertiente de desarrollo regional de macrorregiones se señala que el país enfrenta un desarrollo desigual, así la región norte y las zonas metropolitanas del Valle de México, Puebla y Guadalajara concentran la mayor infraestructura y los mejores niveles de bienestar en contraste con lo que ocurre en la región sur del país.
Además, a la Ciudad de México, en el PND zedillista, se le da un papel estratégico en el desarrollo nacional para potenciar el desarrollo económico y preservar la viabilidad financiera, igualar oportunidades sociales, reducir iniquidades y hacer una ciudad segura y democrática, proteger el medio ambiente y aumentar la calidad de vida. Todo esto que se propone es una precisión en el sentido de que aún no se ha logrado transformar el patrón de asentamientos humanos, mediante la descentralización de las actividades económicas y el mejoramiento de la calidad de vida en todo el territorio nacional ni se ha logrado revertir la concentración urbana de las zonas metropolitanas de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla (véase cuenta pública 1994. Pág. 139).
Asimismo, el Programa de las Cien Ciudades ha generado nuevos polos de desarrollo, con efectos aglomeración, contaminación y deseconomías como son el explosivo crecimiento de ciudades como Hermosillo, Mérida, León, Querétaro, Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Cancún y Saltillo que por sus tendencias de concentración y centralización no inciden en un desarrollo regional integral, armónico y equilibrado que permita el aprovechamiento nacional de todas las regiones del país.
"En materia de regulación de los asentamientos humanos continuaron promoviéndose las adecuaciones necesarias al marco legal", dice la cuenta pública, sin embargo en ella no se señalan los impactos que han tenido en el desarrollo urbano, las reformas al artículo 27 constitucional y las leyes agrarias y general de asentamientos humanos.
En el VI Informe de Gobierno se dice que por actualización del padrón catastral se incrementará 3.5 veces la captación y en la cuenta pública se indica que para el fortalecimiento municipal se realizaron un conjunto de acciones para incrementar la recaudación del impuesto predial de acuerdo al programa de modernización catastral.
Desde 1994 a la fecha las haciendas municipales al igual que las estatales tienen la mayor deuda con la banca y tuvieron que reestructurar sus adeudos vía el programa Udis, de donde se deduce que existen magros avances en esta materia; en este sentido el PRD reitera modificación a la Ley de Coordinación Fiscal para que el Fondo General de Participación llegue a un 40% y de manera directa los municipios reciban un 50%; con respecto al Programa Integral Fronterizo (PIAF) en los foros de salud y ecología, que se tuvieron en la frontera norte las organizaciones ecologistas y la sociedad civil organizada han demandado que se aplique un control estricto de los desechos tóxicos transfronterizos, saneamiento de los ríos Colorado y Bravo, acciones eficientes sobre la contaminación de agua, aire, suelo y protección de los ecosistemas nacionales de la frontera norte; control y sanción de la comercialización ilegal de especies protegidas y en peligro de extinción y sobre todo presupuestos suficientes para la protección, conservación y desarrollo de los recursos naturales del medio ambiente.
Esta Cámara requiere, que se proporcione mayor información sobre los resultados del PIAF para poder realizar su evaluación.
En el abasto del agua potable hace falta un desglose de su distribución en los distintos centros urbanos del país, el consumo per capita, la calidad del vital líquido respecto a su incidencia en la salud, los resultados de las estrategias del uso eficiente del agua y la sustitución de dispositivos de alto consumo por dispositivos ahorradores, así como los impactos económicos y sociales de la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, especialmente sobre las concesiones de los distritos y unidades de riego y de los sistemas e infraestructura de la distribución del agua potable.
En la glosa del VI Informe de Gobierno, cuando Salinas señaló que se había beneficiado a 13 millones de habitantes, el PRD señaló que la inversión en vivienda está orientada hacía sectores de ingresos medios y altos en 1989, la banca comercial producía 11% de las viviendas con el 40% de la inversión para 1994, con el 56% de la inversión produce el 22% de las viviendas.
Un hecho más grave aún es que los organismos públicos han adoptado los mecanismos de la banca comercial para la adquisición de viviendas.
En suma, la gran inversión de vivienda no estuvo destinada a la población que requiere la acción del Estado. Además de que la reestructuración de los organismos de vivienda se basó en orientar la adquisición de vivienda de acuerdo al ingreso del solicitante y no a las necesidades de la población.
Un aspecto crucial que se originó con la política neoliberal, es el de la cartera vencida hipotecaría, que no se puede resolver con el esquema de reestructuración en Udis ni con el ADE, debido a que sólo alivian el pago del crédito en máximo dos años, pero después lo hacen impagable al capitalizarse la inflación, por lo que se requiere un programa de reestructuración de adeudos hipotecarios con tasas de interés preferencial y con alargamientos de plazos de pago que resuelvan este agudo problema.
La parte ecológica no estamos de acuerdo con lo que señaló Salinas, en el sentido "de que se ha reducido el deterioro ambiental" al contrario, sostenemos que el modelo de desarrollo capitalista neoliberal ha generado la crisis ecológica, más grave en la historia reciente, los ecosistemas y los recursos naturales experimentan un acelerado deterioro. Existen especies de flora y fauna en un proceso irreversible de extinción, contaminación alarmante del suelo, aire y agua. Se presentan los procesos de inversión térmica en la ZMCM sin visos de solución. El abatimiento y contaminación de los mantos acuíferos, la desecación de los principales lagos y graves alteraciones de cuencas hidrológicas, la polución de las aguas de los mares nacionales, en una palabra, estamos ante un proceso de degradación del medio ambiente, que pone en peligro la reproducción del ciclo biológico de la naturaleza, ocasionado por la búsqueda de la ganancia inmediata de la sociedad capitalista.
El sector de desarrollo urbano, agua potable y ecología tiene presupuestos irrisorios, la participación del presupuesto del sector dentro del producto interno bruto tiene una tendencia descendente, en 1988 era de 0.54% y en 1993 sólo llega al 0.31%.
Respecto al presupuesto que se asigna a la ecología hemos sostenido que es completamente insuficiente, sin embargo, se nos ha señalado que en todas las dependencias del Gobierno en los tres niveles, realizan gastos en la materia. Así solicitamos que se informe a esta Cámara el total del presupuesto que se ejerce para la protección del medio ambiente. Que de manera categórica sostenemos que es insuficiente para cubrir los compromisos que el país adquirió en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro.
Otro aspecto que no se comenta en la cuenta pública en materia ambiental, es los cambios legislativos que se realizaron para adecuar el país a los requerimientos del TLC y del Acuerdo Ambiental Paralelo, que impulsó reformas al artículo 27 constitucional y a las leyes Agrarias, de Bosques y Selvas, Aguas Nacionales, Asentamientos Humanos, Pesca, Minería y del Equilibrio Ecológico, que significan sujetar la ecología a las leyes del mercado como rectoras del desarrollo sustentable.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión. 23 de noviembre de 1995. Rúbricas.»
APENDICE 2
Voto particular del PRD al dictamen para la aprobación del decreto que revisa la Cuenta Pública del Distrito Federal correspondiente a 1994.
Señores diputados: si ésta será la última vez que este Congreso revisa el ejercicio de la Cuenta Pública del Distrito Federal, hagámoslo con mínimo decoro a fin de sentar el precedente a quiénes lo harán después, a fin de establecer que la facultad que hoy termina para esta soberanía, es para bien y no para mal.
El dictamen presentado a este pleno por la Comisión del Distrito Federal es muy perseverante en señalar todas las fuentes informativas para llegar a sus conclusiones; sin embargo lo exhaustivo de la presentación no define con precisión ni deslinda responsabilidades concretas sobre los manejos fuera de la norma contable y el tamaño de los recursos que fueron manejados fuera de las reglas establecidas por la Contaduría Mayor y la Secretaría de Hacienda.
Por otra parte, el dictamen si bien anuncia que este documento será ampliado con el informe de resultados derivado de las auditorías específicas que practique la Contaduría Mayor de Hacienda, las bases y juicios centrales ya estarán sentados en este informe y este dictamen. Votar a favor del decreto, por tanto, sería avalar de antemano el ejercicio de un presupuesto que pensamos tuvo graves desvíos y una aplicación incorrecta.
¿Qué es lo que nos interesa saber de este informe? ¿Cuál es el sentido de esta revisión a la cuenta pública de 1994.
Lo esencial es saber cuáles fueron los criterios fundamentales para la aplicación del presupuesto teniendo como marco de referencia lo aprobado por este Congreso a finales de 1993. Con los datos que tenemos a la vista podemos saber y rastrear con plena objetividad, así como los arqueólogos lo hacen con menores y más lejanos datos, los criterios, presiones y preocupaciones de la autoridad encargada de aplicar el presupuesto.
Tenemos a la vista en el informe y en el dictamen, tres tipos de ejercicio presupuestal: el ejercicio menor a lo presupuestado; el igual a lo presupuestado y lo que excedió a lo presupuestado. Si lo viéramos como una empresa (otros partidos quizá así lo juzgarán), hay fallas que no son menores, pues son porcentajes excedidos hasta un 27%, como es el caso de la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano que no pudo preveer una obra del tamaño de la Línea 8 del Metro con anticipación. ¿Por qué esta falta de previsión? ¿Hubo hechos como las elecciones del 21 de agosto, para adelantar el término de las obras y esto precipitó concursos, licitaciones y exigió aumentos de presupuesto.
Más allá de la frialdad numérica, hay en este informe huellas de las viscitudes de la autoridad y sus preocupaciones: el central es la coyuntura políticoelectoral. De ahí se desprende lo que de manera muy tenue, pero que no pudo soslayar el dictamen sobre las irregularidades en las adquisiciones, obras públicas, la emisión de normatividad, formalización de contratos y en el levantamiento de actas de entregarecepción. Podemos fundamentar que iban como alma que lleva los votos construyendo acá, parchando allá, mientras el aparato propagandístico publicitario se daba vuelo con el "bienestar de tu familia" y "él sabe cómo hacerlo". No era un problema electoral solamente, sino un problema de Estado: la continuidad política en el Gobierno y el proyecto económico.
Vemos hoy, en este informe sobre la aplicación del presupuesto en el Distrito Federal, plena coincidencia y coherencia con la estrategia electoral del PRI para ganar las elecciones de 1994. Este informe es una radiografía del esqueleto clientelar y la unión entre el Gobierno y el PRI en 1994. En este informe hoy, podemos decir claramente a qué nos enfrentamos los candidatos de la oposición, contra qué competíamos y efectivamente no era sólo propaganda, sino una amplia maquinaria clientelarelectoral que funcionaba incluso al margen de los mismos candidatos del PRI.
El presupuesto plantea que esta estrategia estuvo altamente centralizada y que en ese objetivo no hubo desvíos.
En la relación de cifras y porcentajes presentados de junio a la fecha y condensados en el dictamen de la comisión, se observan fallas y máscaras de lo que es el presupuesto real y el criterio central que motivó su aplicación: el problema político para el regente como responsable directo de esa elección.
Muerto el niño de la democracia, hoy estamos aquí las fuerzas políticas en el Congreso haciendo juicios sobre hechos consumados y legitimados por la autoridad electoral, pero que hoy, a lo lejos y tras las cifras de la aplicación de la cuenta pública, nos convertimos nuevamente en colegio electoral; jueces y parte de un sistema político deformado y sobreviviente a más de cuatro reformas político-electorales.
Este es el problema de fondo, pues en otro caso coincidiríamos, defenderíamos y avalaríamos los yerros en el presupuesto si su aplicación fuera para beneficio de la ciudadanía, fomentarían la actividad económica y estuvieran sujetos a criterios fundamentados en el servicio público.
El aspecto jurídico-normativo
En el dictamen se reconocen los yerros y vacíos, pero no se precisan montos y tamaños y se diluye la posibilidad de fincar responsabilidades. Se avala la conducta sin precisar antes el tamaño del yerro.
En el dictamen se reconocen "insuficiencias" entre la información proporcionada por diversas entidades y la aportada por la SHCP respecto a la celebración de contratos de adquisiciones ¿De qué tamaño fueron estas insuficiencias? ¿Quiénes no las cumplieron? Esto no es simple, ya que estas normas no se cumplieron en lo relativo a contratos de adquisiciones. ¿Cómo vamos a normar nuestro juicio si sólo se señala "la deficiencia" pero no el deficiente y el tamaño de la deficiencia.
Aunado a ello señala el dictamen el incumplimiento por parte de funcionarios que no cumplieron con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No saber quiénes fueron, da un doble anonimato a los causantes de los desvíos, ya que por una parte hay protección para hacer públicas las declaraciones patrimoniales y por otra parte cuando se viola la obligación de presentarla, tampoco hay información de quiénes y cuando. ¿Entonces para qué sirve la ley? ¿Sólo para el ajuste de cuentas interno dentro del aparato y como instrumento de control político? ¿Sólo podemos saber algo de los funcionarios cuando caen en desgracia fuera del poder.
Se requiere mayor información y por eso el dictamen debe ser rechazado y ampliado con datos precisos sobre las responsabilidades aquí señaladas.
¿Que significa "el desfasamiento": en la presentación del programa anual calendarizado de necesidades inmobiliarias? Podríamos pensar que el Gobierno se hace cada vez más pequeño en relación a empleos, pero más alto en relación a inmuebles utilizados ya que este renglón creció. En lo relativo a bienes muebles, el incumplimiento a las normas y procedimientos para la afectación, baja y destino final de estos bienes, pudo haber sido el reparto de los automóviles y mobiliario usado por el DDF de manera extraordinaria durante la campaña. La falta a la norma deja sin datos precisos al legislador para saber si más allá de las necesidades hubo dolo o delitos.
Los ingresos contra los egresos y la deuda
Vía el aumento de impuestos, tarifas, servicios y pago de derechos, los ingresos ordinarios aumentaron en 5.3% más de lo programado.
Por otra parte el gasto neto del DDF aumentó en un 7%. Este gasto se compensó con deuda, misma; que tuvo una estructura del 67% de deuda contratada, 25.7% por deslizamiento cambiario y 7.3% por la capitalización de intereses. La deuda contratada para financiar el défict de 281.7 millones de nuevos pesos, nos ilustra el informe y el dictamen, fue cubierto con 343.6 millones de nuevos pesos contratados, pero que resultaron inferiores a los 470 millones aprobados por el Congreso en la Ley de Ingresos del DDF.
Aquí hay un problema o por lo menos las cuentas al PRD no nos salen:
¿Qué significa el gran marco para su discrecionalidad?, pues con los criterios de contrastar ingresos ejercidos contra gasto ejercido, menos el incremento (5.3%) a los ingresos, hace relativos los 470 millones de nuevos pesos de endeudamiento autorizado.
Ustedes pudieron haberse endeudado más dentro del marco autorizado. A esto habría que agregar lo que no gastaron en refacciones para el Metro y el complemento de las metas y objetivos da la prioridad número uno que es la protección ecológica, que les significó un ahorro neto de 205 millones y una cantidad no determinada para las refacciones del Metro y que no llegaron.
Los ingresos ordinarios estimados autorizados por la Cámara eran de 16 mil 180.4 millones de nuevos pesos, más un endeudamiento autorizado de 470 millones hace un total de 16 mil 650.4 millones de nuevos pesos, que contra el gasto ejercido de 17 mil 316.2 mdnp originan un déficit entre lo autorizado y lo ejercido de 665.8 mdnp y no de 281.7 mdnp que es el déficit de lo que ingresó y se gastó, más allá de lo aprobado. En matemáticas y para álgebra se llama ley de los contrarios, donde menos por menos da más, pero tratándose de finanzas y contabilidad no es una regla aplicable. Es decir, déficit por déficit, no da superávit.
Por otra parte, con lo que respecta al saldo de la deuda, se dice que esta ascendió a 1 mil 473.3 millones de nuevos pesos y superó en 53.4% la deuda de 1993, es decir (786.7). Por tanto, el 67% de aumento de la deuda sería de 527.1 mdnp y no lo que se reporta de 343.6 millones. Esta cifra rebasa por tanto (57mdnp), los 470 millones autorizados por este Congreso.
Pero no nos vayamos por pequeñeces, pues esto rebasa en muy poco lo gastado por Carlos Madrazo en su campaña en Tabasco. Es decir 241 millones de nuevos pesos, 70% de lo que significa la deuda extrañamente disminuida en este dictamen.
Vamos en adelante a presentar la ruta que seguimos para argumentar la utilización en favor de los candidatos del PRI en la campaña de 1994.
Las aportaciones y subsidios
En este apartado del dictamen consideramos que debe hacerse primero la aclaración que las cifras o están en viejos pesos o están incoherentes, pues solamente en el renglón de ampliación neta se señalan 300 mil 476 millones de nuevos pesos, que serían más del 250% de todo el presupuesto del Distrito Federal. No derrochemos fantasías y quitemos a estas cifras, los tres dígitos correspondientes para acercarnos a la realidad.
Línea 8 del Metro y Línea B
1o. El excedente de 27.2% al presupuesto programado para el término de la Línea 8 del Metro antes de las elecciones del 21 de agosto, significó solamente 270 millones de pesos adicionales a la obra pública aprobada, con las irregularidades ya mencionadas en los aspectos jurídicosnormativos del dictamen. ¿No fue posible para los planificadores urbanos predecir la construcción de la Línea B del metro en diciembre de 1993? ¿Por qué no concordaron aquí los planificadores urbanos y los financieros del Gobierno? Esta obra publicitada a lo largo de la campaña y terminada antes del 21 de agosto fue uno de los ejes propagandísticos indirectos en favor del oficialismo.
En el mismo rubro de aportaciones y subsidios a entidades coordinadas, el caso del Autotransporte de Pasajeros Ruta-100 es el más señalado y significativo. Estos recursos fueron para aplicar el "programa de redimensionamiento estructural" que significó "redimensionar" al desempleo a 418 empleados de la empresa. Parte de este programa "redimensionador" es el juicio de que Ruta-100, la empresa, fue una exención que no cumplió con la normatividad del sistema integral de contabilidad empleado por el DDF, misma responsabilidad que ahora el gobierno del DDF la traslada al sindicato y los trabajadores en una campaña dolosa. ¿No se les ocurrió antes la posibilidad de una responsabilidad por parte de la empresa y sus directivos? Curiosamente en la cárcel están los representantes de los trabajadores y no los directivos de la empresa cuya responsabilidad está señalada por lo menos en el informe y el dictamen.
En este ámbito hubo un gasto excedente de más de 380 millones de nuevos pesos cuya parte de justificación fueron el proceso electoral y los contratos. Un gasto feliz para los dueños de la política y el dinero.
2o. La Construcción y Operación Hidráulica superó también al gasto presupuestado en 15.6%; es decir se gastaron 220 millones de pesos más que lo programado.
Entendemos que meter y sacar agua, recogerla y distribuirla contra las leyes de la naturaleza, cuesta eso y más. Lo que no es razonable es la falta de planificación y un gasto accidentado, cuando según la ciencia de la economía y la administración debiera preveerlo.
Los accidentes "no nacen se hacen", decía un spot en tiempos de López Portillo, hasta que lo eliminaron tras el accidente del pozo petrolero Ixtoc. Asimismo las imprevisiones en este año, de 1994 parece que no nacieron, sino que se hicieron en función de las necesidades extraordinarias de la política y el año electoral.
En descargo a esta irregularidad surgida de la manera de hacer las cosas y los intereses que están ya establecidos con tantos años de un solo partido en el Gobierno de la ciudad y sin contrapesos, deberíamos reconocer a quiénes vigilan y trabajan en el asunto del agua para que no nos falte y no nos ahoguemos. Pero, junto a ello y en honor a su trabajo, debemos ser escrupulosos en los recursos públicos a partir de los cuales es posible hacer y mantener esta gran obra pública cuyo valor es histórico.
Ambito ecológico
Evitar la catástrofe ecológica nos cuesta mucho en lo relativo al funcionamiento, sin embargo, en lo que respecta a lo preventivo, el gasto fue inferior a lo programado en un 14.6%; es decir, 205 millones de nuevos pesos que fueron transferidos a otros renglones y es que en esta ocasión, el eje de la campaña del PRI, la ecología no era prioritaria como slogan, sino algo más directo como el "bienestar para tu familia" y el miedo al cambio. ¿A dónde se transfirió el gasto no ejercido en este renglón y otros que resultaron inferiores? ¿Qué metas se cumplieron, en qué proporción y cuánto cuesta concluirlas.
Las delegaciones
3o. Otro gasto aumentado, fueron los gastos administrativos de las delegaciones, que superaron en un 10% lo programado y que significó 289 millones de nuevos pesos. ¿Qué significan 289 millones de pesos en una administración y en un sistema donde la discrecionalidad es piedra angular de control político y social? ¿Qué significaron los aumentos en servicios generales y servicios personales? Dice el dictamen que en servicios generales se explican por las acciones de "mantenimiento y conservación de la red secundaria de agua potable", pues se incrementó el reparto de agua potable en pipas, la recolección de residuos sólidos en la vía pública, más unidades recolectoras y aumentó el número de rutas domiciliarias; es decir, el voto de la periferia sin agua y el voto de las clases medias. ¿Se sostendrá este gasto o bajará de acuerdo con la falta de fechas electorales de 1996.
En lo relativo a servicios personales, los estímulos al personal de más de 10 años de labores en el DDF y la contratación de 600 trabajadores para la propaganda ecológica (cuyo presupuesto no aplicaron al 100%) faltará un siglo para creerles que fueron para estimular la siembra de arbolitos y no para hacer trabajos de propaganda política. ¿Se harán extensivos estos estímulos a los trabajadores del servicio público.
Vivienda 4o.
El Fividesu pese a que gastó el 97.4% de su presupuesto, sólo cumplió con el 32% de las metas. ¿Qué fue de este presupuesto? Clarísimo: los candidatos en el Distrito Federal, nos encontramos con una actividad inusitada por parte del Fividesu para repintar las unidades habitacionales en los distritos. esto era promovido vía los comités distritales del PRI con las delegaciones políticas a fin de fortalecer a cada comité delegacional del PRI. ¿Lo recordáis aún? Pues aquí esta ahora en forma de cifra como un 5.6% de las aportaciones y subsidios a las entidades coordinadas. De este renglón salieron muy escasas viviendas, 890 dice el informe y más de 70 mil beneficiadas, con distribución de materiales para construcción, rehabilitación de unidades habitacionales y los 890 pies de casa que de seguro fueron entregadas hasta después del 21 de agosto.
Fividesu por su parte es uno de los organismos que construye más caro, tiene más altos gastos de administración y trabaja con el esquema de él construir y luego repartir como cuotas. Fividesu en el auge aún de 1994 dice que construyó 890 pies de casa. ¿Saben lo que es eso con respecto al déficit actual de vivienda? Ni el 0.002% de ese déficit, pero con el 97% de presupuesto ejercido. Es decir 130 millones que debieron convertirse mínimamente en 1876 viviendas de 56 metros cuadrados con un valor de 70 mil nuevos pesos.
Comercio ambulante
5o. Veamos ahora el presupuesto en lo relativo al voto de los comerciantes callejeros. En este renglón se utilizaron subsidios por 529 millones de nuevos pesos en la construcción de plazas y locales comerciales para la reubicación y rehabilitación de mercados. A los ambulantes primero los pusieron en la incertidumbre como la forma ritual para redefinir el compromiso al voto. Quítales seguridad, luego condiciónaselas y regrésaselas después de haber pagado con lealtad política. En esto habría que señalar que los ambulantes son una fuente de ingresos a través de vía pública para el PRI, generando recursos para la política, ya que estos recursos no requieren ni facturación ni la necesidad de darle cuentas a nadie.
¿Quién controla las calles de la ciudad en tiempos de crisis? Las controla políticamente, aunque ello conlleve otras contradicciones. En el caso del comercio ambulante hoy sabemos de la cifra de 529 millones, casi el doble del excedente utilizado para terminar la Línea 8 del Metro; casi el doble de lo gastado por las 16 Delegaciones juntas; casi el doble del aumento de gasto realizado por la DGCOH. Por el presupuesto los conoceréis y sabráis lo estratégicos que son estos sectores.
Salud
6o. Otros recursos señalados en el ámbito del bienestar social que se mantuvo con respecto a lo programable 17% se nos señalan objetivos alcanzados de vacunación, consultas y atención en materia de salud que habría que cruzar con los programas de la SSA a fin de que ambas no nos estén cobrando la misma factura y la estemos pagando.
Justicia y seguridad
7o. En justicia y seguridad se respondió a las preocupaciones de las clases medias que de seguro fueron más patrullas y equipos para las colonias de clase media cuyo voto también estaba en disputa y era una de las principales preocupaciones. Este presupuesto se incrementó en 493 millones, sin contar los tanques antimotines y otros equipos paramilitares y policiacos en contra de la población.
Dice el informe que este presupuesto fue para darle más seguridad a empresas y particulares con vigilancia especializada, ¿No que quieren más chico el Estado? ¿Porque no absorben todas las consecuencias y responsabilidades de la privatización? ¿Porque estos pagos se cargan al Estado y los contribuyentes.
Abasto y comercialización
8o. Se ejerció como en el caso del Fividesu 181.6 millones de nuevos pesos (22.4% mayor), pero no se cumplieron las metas. También aquí se rebasó el gasto, pese al rechazo de locatarios a la modernización de sus mercados. En la campaña esa era la queja central de los locatarios. A los locatarios los mantuvieron amenazados constantemente de que tenían que participar en la modernización. ¿Saben de la que se salvaron? ¿Que hubiera pasado si se endeudan en 1994? ¿Cómo estarían ahora? El dictamen en este sentido es contradictorio, pues señala un aumento en el presupuesto y al mismo tiempo informa de una caída de todos los resultados. ¿En qué se gastó este presupuesto, cómo y por quiénes.
Administrativo
9o. En el ámbito administrativo el DDF ejerció además el 17% del gasto programado lo cual hubiese sido suficiente, sin los agregados en subsidios y aportaciones mencionados anteriormente y que obviamente estuvieron marcados por el contexto electoral.
Conclusión y voto en contra
10. Si sumamos todos los excedentes de gasto y la justificación de éstos, podríamos pensar que hubo un gasto y presupuesto en favor de los candidatos del PRI de manera indirecta por 2 mil 500 millones de nuevos pesos. Esto significaría que el 7% (6.92 para ser más exactos) fue la parte del presupuesto del DDF que se utilizó en la campaña de 1994 en favor de los candidato del PRI a la presidencia de la República, para diputados, asambleístas y senadores.
Este porcentaje es justamente el 7.0% que aparece como gasto superior a lo programado en el presupuesto de egresos del DDF. Ante este análisis, el PRD deja expresado su voto en contra en lo general del dictamen y el proyecto de decreto así como está establecido. Propone para su aprobación lo siguiente:
Unico. Que las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del dictamen sustituyan a los artículos 1o. y 2o. del decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 1994.
| AC | Asociación Civil |
| ADE | Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores |
| Aserca | (Sin aclaración) |
| BC | Baja California |
| Cedec | (Sin aclaración) |
| Covitur | (Sin aclaración) |
| DDF | Departamento del Distrito Federal |
| DGCOH | Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica |
| EUA | Estados Unidos de América |
| Fidere | (Sin aclaración) |
| Fividesu | Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Infonavit | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| mdd | Millones de dólares |
| mdnp | Millones de nuevos pesos |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PIB | Producto interno bruto |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Procampo | Programa de Apoyos Directos al Campo |
| Pronasol | Programa Nacional de Solidaridad |
| SARH | Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos |
| SCT | Secretaría de Comunicaciones y Transportes |
| Secodadm | Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo |
| Secogef | Secretaria de la Contraloría General de la Federación |
| Sedesol | Secretaria de Desarrollo Social |
| SEMIP | Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal |
| SEP | Secretaría de Educación Pública |
| Servimet | Servicios Metropolitanos |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SIDA | índrome de inmuno deficiencia adquirida |
| SSA | Secretaría de Salubridad y Asistencia |
| Tesobonos | Bonos de la Tesorería de la Federación |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |
| Udis | Unidades de Inversión |
| UNESCO | Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas (por las siglas en inglés) |
| ZMCM | Zona metropolitana de la Ciudad de México |