SUMARIO
Diversas comunicaciones del Congreso estatal con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dos comunicaciones de ese cuerpo colegiado, una en referencia a una recomendación en la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1996. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
La segunda informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
El diputado Francisco Andrés Bolaños Bolaños, presenta iniciativa para que se inscriba en letras de oro, en el muro de honor del recinto legislativo, el nombre de Ricardo Flores Magón. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que informa que el ciudadano Isidro Ordoñez Mendoza, dejó de prestar sus servicios en la Embajada de ese país en Mexico. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Angel Gurría Treviño, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la ciudadana Edna Beretsen de Debler, con el que solicita el permiso constitucional necesario para prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Credito Público, con proyecto de decreto de dicha ley. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto de nuevas leyes fiscales. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que modifican diversas leyes fiscales. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 33 de dicho ordenamiento. Es de segunda lectura.
El diputado Jesús Carlos Hernández Martínez, fundamenta el dictamen a nombre de la comisión y propone una modificación.
A discusión en lo general y en lo particular, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Miguel Acosta Ruelas
Guillermo Héctor Alvarez Cuevas
Aprobado el dictamen se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Para referirse a la investigación sobre el enriquecimiento inexplicable del ingeniero Salinas de Gortari, hacen uso de la palabra los diputados:
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Mara Nadiezhda Robles Villaseñor
Gonzalo Alarcón Bárcena
Ramón Sosamontes Herreramoro
Luis Sánchez Aguilar
Ezequiel Flores Rodríguez
Leonel Godoy Rangel
Luis Alberto Rico y Samaniego
Joaquín Humberto Vela González
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu
Salvador Beltrán del Río Madrid
José Rafael Castelazo y de los Angeles
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados:
Carlos Navarrete Ruiz
Alejandro González Alcocer
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Alejandro González Alcocer
Carlos Navarrete Ruiz
Fernando Pérez Noriega
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, quien presenta punto de acuerdo.
RECESOCarlos Navarrete Ruiz
El punto de acuerdo presentado por el diputado Sandoval Ramírez, se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Justicia.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales los diputados:
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Fernando Pérez Noriega
Ramón Sosamontes Herreramoro
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Jorge Efraín Moreno Collado
Leonel Godoy Rangel
Eduardo Guzmán Ortiz
Ignacio Ovalle Fernández
Leonel Godoy Rangel
Adolfo Miguel Aguilar Zinser, quien presenta solicitud para la integración de una comisión investigadora. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Carta Magna. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, en el que remite miparan proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Angel Gurría Treviño, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República.
Se turna a la Comisión de Gobernación yPuntos Constitucionales.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Primo Rivera Torres:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 260 diputados, por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 11:42 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Primo Rivera Torres:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 28 de noviembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Puebla.
Comunicaciones de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
Iniciativa de diputados
Para que se inscriba con letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ricardo Flores Magón, a cargo del diputado Francisco Andrés Bolaños Bolaños, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el ciudadano Isidro Ordóñez Mendoza, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Minutas
Proyecto de decreto, que concede permiso al licenciado José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José Dolores Estrada, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Proyecto de decreto, que concede permiso al contralmirante de aeronáutica naval piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, para aceptar y usar la medalla Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Solicitud de particular
De la ciudadana Edna Berentsen de Debler, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios, como recepcionista en la Embajada de Jamaica en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1996.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se modifican leyes fiscales. (Miscelánea).
Dictamen a discusión
De la Comisión de Fomento Cooperativo, con proyecto de decreto que adiciona con un segundo párrafo el artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Comentarios
Sobre la investigación de enriquecimiento inexplicable de Raúl Salinas de Gortari, a cargo del diputado Adolfo Aguilar Zinser.
Sobre el desarrollo del periodo de sesiones ordinarias, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Plan de Ayala, a cargo de la diputada Carlota Botey y Estape, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado
Jesús Antonio Tallabs
Ortega
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del jueves veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de doscientos noventa y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California y Morelos, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
En razón de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cuatro, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Miguel Angel García García, del Partido Revolucionario Institucional y a fin de sustentar las posiciones de los grupos parlamentarios, suben a la tribuna los diputados: Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo; César Antonio Chávez Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta voto particular en contra; Luis Alberto Rico y Samaniego, del Partido Acción Nacional y Anastacia Guadalupe Flores Valdez, del Partido Revolucionario Institucional.
A discusión en lo general y en lo particular, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional, en contra; Filemón Ramírez Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Pedro René Etienne Llano, del mismo partido, en contra; Cándido Pérez Verduzco, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
La Asamblea considera el dictamen suficientemente discutido y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos cincuenta y tres votos en pro y ciento treinta y nueve en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto relativo a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cuatro y para fundamentarlo, hace uso de la palabra el diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles, del Partido Revolucionario Institucional.
A discusión en lo general y en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados: Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta voto particular en contra; Manuel Arciniega Portillo, del Partido Acción Nacional, para fundamentar la posición de su grupo parlamentario y Ana María Licona Spínola, del Partido Revolucionario Institucional, en el mismo sentido.
Debaten los diputados: Graciela Rojas Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Irma Eugenia Cedillo y Amador, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Ramón Miguel Hernández Labastida, del Partido Acción Nacional, en contra; Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales y Javier González Garza, del mismo partido, para rectificar hechos.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos cuarenta y ocho votos en pro y ciento veinticinco en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
El Presidente informa que en el curso de la sesión se recibió una iniciativa del Poder Ejecutivo con proyecto de decreto que reforma y adiciona las leyes General de Deuda Pública y General de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Se turnan a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Una minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de Ley de Aeropuertos, que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Para referirse a diversos hechos relacionados con el trabajo legislativo del segundo año de ejercicio, se concede el uso de la palabra a los diputados: Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado García García; Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional; José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Luis Sánchez Aguilar, en el mismo sentido y Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido.
Comentan la situación de los trabajadores de limpia del municipio de Villahermosa, Tabasco, los diputados Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática y César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con cincuenta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE PUEBLA
La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 de la Ley Orgánica y 26 del Reglamento Interior, ambos del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar que el LII Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, tuvo a bien elegir como presidente y vicepresidente de la mesa directiva que actuará del 15 de noviembre al 15 de diciembre del año en curso a los siguientes diputados:
Presidenta: Lauralicia Sánchez Corro; vicepresidente: Jorge Méndez Spínola.
Lo que hacemos del conocimiento por disposición de esta legislatura para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Honorable Puebla de Zaragoza, noviembre 9 de 1995.- Diputados secretarios: Antonio Medina Ramírez y Andrés García González.»
De enterado.
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES
El secretario Alejandro Torres Aguilar:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Asamblea de Representantes del Distrito Federal.- I Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Por este conducto nos es grato comunicar a la Cámara de Diputados, que el pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, en la sesión celebrada el día de hoy, aprobó el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La I Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la aprobación del presupuesto de egresos de 1996, sea considerado un incremento presupuestal que permita mejorar la atención crediticia que brinda el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) en favor de los desarrollos de vivienda de interés social.
Al dar cumplimiento del acuerdo de referencia, nos es grato enviarles un cordial saludo.
México, D.F., noviembre 22 de 1995.- El presidente de la mesa directiva, Gonzalo Rojas Arreola; representantes secretarios: Pilar Pardo Celorio y Javier Salido Torres.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
El secretario Primo Rivera Torres:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Asamblea de Representantes del Distrito Federal.- I Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva.- De la Cámara de Diputados.- Presentes.
Por este conducto nos es grato informar a esa Cámara de Diputados, que el pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en la sesión celebrada el día de hoy, eligió la mesa directiva que coordinará los trabajos de este cuerpo colegiado durante el tercer mes del primer periodo de sesiones ordinarias de su segundo año de ejercicio, la cual quedó integrada con los siguientes representantes:
Gonzalo Rojas Arreola, presidente; Salvador Muñuzuri Hernández, José Espina Von Roherich, Francisco González Gómez, Fernando Castro Ramírez, vicepresidentes; Pilar Pardo Celorio, Javier Salido Torres, secretarios; Gloria Carrillo Salinas, Julio Méndez Alemán; prosecretarios.
Aprovechamos la oportunidad para reiterar a ustedes nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 16 de noviembre de 1995.- Por la mesa directiva saliente.- Los representantes: Ernesto Canto Gudiño y Luis Altamirano y Cuadros; secretarios.»
De enterado.
LETRAS DE ORO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Andrés Bolaños Bolaños, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el salón de sesiones de esta Cámara de Diputados, el nombre de Ricardo Flores Magón.
El diputado Francisco Andrés Bolaños Bolaños:
Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados: «A esta misma tribuna, la máxima del país, han pasado varios diputados de distintos grupos parlamentarios en diferentes momentos a reconocer algunos o defender débilmente y en el mejor de los casos, a exigir se haga justicia a un luchador incansable, honesto e indomable, cuyo pensamiento hoy reconocen incluso aquéllos quienes negaron su obra en otros tiempos.
A pesar de que se ha reconocido la importancia del pensamiento y obra de Ricardo Flores Magón, se le ha negado el derecho de inscribir con letras de oro en el frontispicio de esta Cámara de Diputados su nombre.
El día 21 del mes, la licenciada Virginia Hernández, diputada por Oaxaca hizo una remembranza de la obra de Ricardo Flores Magón y una propuesta, una más para inscribir, como homenaje con letras de oro su nombre en los muros de este recinto.
La primera iniciativa se presentó el 15 de octubre de 1963, durante la XLV Legislatura por el senador Cantú Carrillo y el diputado Alberto Medina Muñoz.
El 21 de noviembre de 1972, se retomó la iniciativa por el diputado Celso Delgado Ramírez en la XLVIII Legislatura, misma que no prosperó. El 1o. de diciembre de 1975, los diputados Carlos Sansores Pérez y Luis Cantón Rodríguez promovieron un punto de acuerdo para que se rindiera un homenaje a Flores Magón.
El 19 de noviembre de 1980, el diputado Rafael García Vázquez presentó una iniciativa para que se retomara la propuesta de inscripción del nombre de Ricardo Flores Magón en la LI Legislatura.
El 21 de diciembre de 1984, el sector obrero de la fracción parlamentaria del PRI presentó una propuesta de en voz de los diputados Juan José Osorio Palacios y María Encarnación Paz Méndez, durante la LIII Legislatura.
El 29 de octubre de 1985, el grupo parlamentario del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) en voz de los diputados Acosta Villeda, Heberto Castillo, entre otros, retoman la iniciativa en la que resalta la intervención del diputado Martín Tavira.
El 15 de octubre de 1987, el diputado Eduardo Valle nuevamente hace un llamado de atención para que la iniciativa proceda.
El 17 de noviembre de ese mismo año la fracción parlamentaria del PRI, a través de su sector obrero y por intermedio del diputado Delgado Caloca y otros de ese mismo organismo político se pronunciaron para que proceda la iniciativa de inscripción al finalizar la LIII Legislatura.
El 13 de diciembre de 1988, la fracción parlamentaria del PRI por medio de su sector obrero y a propuesta del diputado Juan José Osorio Palacios pone énfasis para que la iniciativa proceda durante la LIV Legislatura.
El 20 de diciembre de 1993 durante la LV Legislatura, el diputado Rodríguez Cabrera, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presenta de nuevo la iniciativa.
Varios son en sí los intentos por el reconocimiento de la obra magonista, que hasta hoy después de 11 legislaturas, 32 años desde la primer propuesta no haya prosperado la iniciativa de ver en los muros de honor de este recinto legislativo el nombre de Ricardo Flores Magón.
¿Quién o quiénes se oponen a ello?, si incluso el sector obrero y las distintas fracciones parlamentarias del PRI y otros partidos lo han solicitado así.
¿Qué oscuro interés ciega a quienes a correspondido dictaminar esta múltiple propuesta.
En nuestros tiempos no es ya una novedad que los hombres de méritos superiores mueran en la cárcel y los malvados ocupen los puestos de privilegio y de mando en la sociedad.
El 21 de noviembre de 1922 uno de los penados de la cárcel de Leavenworth fue encontrado muerto en su celda. El director del establecimiento penal y el médico del mismo mostraban un aspecto alegre y satisfecho. El galeno dijo que la causa de la muerte fue una afección cardiaca.
Esta tragedia tuvo un eco de indignación en todos los rincones de la tierra; la prensa de los trabajadores acusó espontáneamente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de haber quitado la vida a ese penado semiciego y con ese hecho, una nueva mancha quedó estampada en la historia del país de "los bravos y los libres".
El nombre del muerto en la penitenciaría de Leavenworth, fue Ricardo Flores Magón.
Ricardo Flores Magón, nacido en la comunidad indígena mazateca de San Antonio Eloxochitlán, distrito de Teotitlán del Camino, Estado de Oaxaca, el 16 de septiembre de 1873, vivió desde su juventud las crueldades del régimen de gobierno dictatorial.
Su primer encarcelamiento le obligó a dejar sus estudios y consagrarse a la lucha contra la tiranía.
El encarcelamiento, la persecución no arredraron el espíritu de lucha de Ricardo Flores Magón, quien difundió sus ideas libertarias, primero en el periódico opositor El Demócrata, de efímera existencia y luego en la expresión máxima del periodismo independiente y libertario Regeneración y El hijo del Ahuizote.
Su trabajo como periodista fue contra la paz que se había impuesto con la fuerza de las armas, contra la paz del sepulcro así denominada en esa época, contra la tiranía de Porfirio Díaz y escribió de la miseria del pueblo laborioso de México.
En el programa del Partido Liberal Mexicano publicado el 1o. de julio de 1906, el más avanzado en su tiempo, recoge fielmente las demandas del pueblo mexicano y cabe mencionar que de sus 51 artículos, 23 quedarían plasmados en la Constitución de 1917.
En este programa se resume casi en su totalidad los aspectos sobresalientes del pensamiento floresmagonista.
"Se encuentra en Flores Magón la instauración del salario mínimo, la jornada máxima de trabajo, el descanso semanal obligatorio, la indemnización por riesgos y accidente de trabajo, la dotación a los trabajadores de la vivienda, las condiciones higiénicas y de salud a la población laboral."
Estos derechos laborales son reconocidos como derechos humanos básicos en la declaración universal de los derechos del hombre.
Flores Magón es el primero que se preocupa por la condonación de las deudas de los trabajadores y de aquellos que por una infuncionalidad del sistema crediticio han quedado atrapados. Es el precursor del movimiento de El Barzón como así lo definió el licenciado Muñoz Ledo recientemente.
El programa liberal en su artículo 50 dice:
"Al triunfar el partido liberal, se confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la dictadura actual y lo que se produzca se aplicará el cumplimiento del capítulo de tierras, especialmente restituir a las comunidades o individuos, los terrenos de que fueron despojados y al servicio de la mortización de la deuda nacional", conexión entre confiscación de los bienes indebidamente sustraídos a la nación y pago de la deuda externa de la República.
Es también precursor de los actuales reclamos indígenas, respecto a sus tradiciones, cultura y lenguas, que ahora se enmarca en la exigencia de las autonomías indígenas.
Es el primer mexicano que se preocupa por la suerte de nuestros nacionales en el extranjero.
La obra ideológica de Ricardo Flores Magón es una de las más importantes contribuciones al pensamiento social de nuestro siglo. Es también la fuente de las aportaciones precursoras del constitucionalismo mexicano a la legislación actual y al campo de los derechos humanos.
Hoy en el preámbulo de los trabajos para la transformación de las instituciones del Estado con la pretensión de alcanzar un genuino equilibrio de poderes y una descentralización efectiva de la autoridad y de los recursos en los niveles territoriales de gobierno, nuevas formas de participación de los ciudadanos en las decisiones políticas del país, así como la agenda básica para reencauzar el rumbo económico y social de la República, es decir la reforma política del Estado mexicano, su pensamiento se hace presente.
Fernando Zertuche define el tránsito de Flores Magón como el sueño alternativo de la nación, ese sueño es un sueño soberano, el de una patria libre, no sujeta a tutela extranjera, de una patria donde se afirme la identidad cultural, las raíces, las tradiciones y la dignidad de sus habitantes, el derecho de todos los mexicanos de dictar sus propias leyes, elegir a sus gobernantes y decidir el rumbo del país.
El pensamiento progresista de Flores Magón es la convicción de que los hombres nacieron libres e iguales y que tienen derecho a encontrar los medios para realizar sus aspiraciones.
El elemento libertario es el entendimiento de la participación en la obra social como una forma de liberación de las potencialidades de la creatividad, de la singularidad del ciudadano, de la sociedad y de la nación.
El eslabonamiento entre el ejercicio del sufragio y el término de la dictadura por una parte, la devolución del poder a los ciudadanos y a las comunidades y el ejercicio pleno de los derechos humanos, es decir los derechos individuales y los derechos sociales y otorgan su carácter definitivamente precursor al pensamiento de Flores Magón.
Estoy seguro que Ricardo Flores Magón no aceptaría una propuesta así, como no aceptó la pensión impulsada por la Cámara de Diputados a su favor ni aceptó el pedir perdón para liberarse de su condena. Esto demuestra su verticalidad, su honestidad para con sus ideas y su carácter de hombre íntegro e indomable, pero es obligación nuestra, un compromiso de todos los mexicanos identificados con ese sueño original, cualquiera que sea nuestro partido, reconocer la grandeza de su obra ideológica.
Considerando que inscribir el nombre de Ricardo Flores Magón en el muro de honor de esta Cámara de Diputados es un acto de justicia para el pensamiento magonista, una forma de reivindicar la importancia de su lucha por lograr un país distinto, una forma de devolver a los trabajadores y al pueblo de México a un hombre que luchó toda su vida por el cambio social y que hoy en nuestros días en las condiciones actuales económica, política y social, cobran vigor y vigencia.
En vista de lo anterior y considerando que el día 21 de noviembre de este año, son ya 73 años de su muerte, proponemos a esta soberanía que el nombre de Ricardo Flores Magón sea inscrito con Letras de Oro en el muro de honor de esta Cámara de Diputados.
Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado de la LVI Legislatura, presenta a esta soberanía la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Unico. Inscríbase con Letras de Oro en el lugar de honor del recinto de la Cámara de Diputados el nombre de Ricardo Flores Magón.
TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., 23 de noviembre de 1995.- Diputado Francisco Andrés Bolaños Bolaños.»
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección general de gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 14 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Me permito hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar la carta del interesado.
Isidro Ordóñez Mendoza, gerente de sistemas computacionales en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese gobierno."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reeleción.
México, D.F., 17 de noviembre de 1995.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
REPUBLICA DE NICARAGUA
El secretario Audomaro Alba Padilla:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al licenciado José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la "Orden José Dolores Estrada", en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua..
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 23 de noviembre de 1995.- Senadores Graciela Larios Rivas y Enrique Hernández Quinto, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al licenciado José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la "Orden José Dolores Estrada", en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., 23 de noviembre de 1995.- Senadores: Ernesto Navarro González, presidente; Graciela Larios Rivas y Enrique Hernández Quinto, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., 23 de noviembre de 1995. El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
El secretario Primo Rivera Torres:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede, permiso al ciudadano contraalmirante de aeronáutica naval piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, para aceptar y usar la medalla Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 23 de noviembre de 1995.- Senadores: Graciela Larios Rivas y Enrique Hernández Quinto, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano contraalmirante de aeronáutica naval piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, para aceptar y usar la medalla Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., 23 de noviembre de 1995.- Senadores: Ernesto Navarro González, presidente; Graciela Larios Rivas y Enrique Hernández Quinto, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales. México, D.F., 23 de noviembre de 1995.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
JAMAICA
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A quien corresponda: por medio de la presente y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 37 apartado B fracción II de la Constitución mexicana, que establece la obligación de todo ciudadano a obtener autorización del honorable Congreso federal, para prestar servicios a un gobierno extranjero, tengo el honor de solicitar dicho permiso para prestar mis servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica en esta ciudad.
Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan prestar a la presente, quedo de ustedes.
Atentamente.
México, D.F., a 13 de noviembre de 1995.- Edna Berentsen de Debler.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1996
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1996.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen...
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, con base en lo dispuesto en los artículos 71 fracción I y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1996.
A esta Comisión de Hacienda y Crédito Público fue turnada para su análisis, discusión y dictamen dicha iniciativa, con base en lo dispuesto por los artículos 43, 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La comisión se abocó al cumplimiento de su responsabilidad, realizando diversas reuniones de trabajo, en conferencia con su homóloga del Senado de la República, tomando como referencia el documento presentado por el Ejecutivo Federal de "criterios generales de política económica para la iniciativa de ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondientes a 1996".
ANTECEDENTES
Esta dictaminadora, en el desempeño de sus trabajos, estuvo consciente de que los elementos fundamentales para la política económica correspondientes al ejercicio de 1996 no podían interpretarse con claridad si no se tomaban en cuenta las circunstancias que afectaron su desenvolvimiento en el pasado reciente.
En efecto, durante los últimos años se fue generando un creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que llevó a fines de 1994 a alcanzar una cifra de 29 mil millones de dólares, alrededor del 8% del producto interno bruto. Este déficit no podía sostenerse dada la abrupta disminución de los flujos de capital que ingresaban a nuestro país, en su mayoría contratados a corto plazo, lo que generó un entorno de gran volatilidad. Contribuyeron a esta situación la elevación de las tasas de interés internacionales y las restricciones del acceso al crédito. Estas circunstancias se tradujeron en un severo ajuste cambiario que trajo consigo un repunte en la inflación y en las tasas de interés domésticas que ocasionaron una reducción muy sensible en la actividad económica.
Es así que al disminuir el consumo, la inversión y elevarse el costo del endeudamiento, estando muy apalancadas las empresas y los particulares, decayó la actividad económica, se dañó el sistema financiero y se ocasionó un creciente desempleo y un deterioro de los niveles salariales.
La caída del producto en el primer semestre equivalente al 10.5% no tiene precedentes en la época moderna y esta dictaminadora reconoció con preocupación la estadística que refleja que en los primeros nueve meses de este año se perdieron cerca de 900 mil empleos, en términos de la información del número de trabajadores que cotizan en el Seguro Social. Esto significa que la tasa de desempleo abierto fue de 6.8% a octubre pasado, lo que implica que la crisis ha tenido un enorme costo social.
Esta dictaminadora reconoció que la estrategia aplicada por el Ejecutivo Federal se orientó a revertir algunas de las más graves tendencias expresadas. Se han fortalecido las finanzas públicas generando un ahorro público; con el gran aumento en las exportaciones se ha corregido sensiblemente el déficit en la cuenta corriente; se aplicó una estricta disciplina fiscal y monetaria para estabilizar los mercados financieros; se adoptaron medidas para mitigar el costo del ajuste sobre los hogares, las empresas y el sistema bancario; se pusieron en vigor programas para la protección del empleo, capacitación de la fuerza laboral y de bienestar social.
La dictaminadora aprecia que las medidas adoptadas están permitiendo que se generen las condiciones para retomar la estabilidad y que prevalezcan nuevas circunstancias que permitan proponer que el programa económico del próximo año se oriente más hacia la recuperación de la actividad productiva y del empleo, perspectivas que pudieran no ser obstaculizadas por la incertidumbre recientemente introducida en los mercados financieros.
Dentro de estos avances debe destacarse la reversión del déficit de la balanza comercial y la consecuente disminución del déficit de la cuenta corriente. Las exportaciones en el periodo enero septiembre han crecido en 33.3% y reflejan un superávit comercial al cierre del tercer trimestre de aproximadamente 5 mil 400 millones de dólares. Las reservas internacionales, por su parte, se han incrementado para llegar a cerca de 14 mil millones de dólares, muy superiores a los 3 mil 500 millones de dólares que se registraban a finales de 1994. Esta dictaminadora coincide que estos datos son relevantes sobre todo si se considera que durante este ejercicio se han tenido que hacer pagos del sector público en moneda extranjera del orden de 41 mil 400 millones de dólares.
Dentro de la estrategia económica y como uno de sus objetivos, habría que destacar que la inflación ha manifestado una disminución en su ritmo de crecimiento para llegar a alrededor del 2% en octubre, comparado con el 8% en el mes de abril.
Esta dictaminadora recogió el señalamiento del Ejecutivo Federal en el sentido de que, con la información al tercer trimestre, hay algunos elementos que pueden interpretarse como una señal de cambio de tendencia. En efecto, al mes de octubre aumentaron en cerca de 75 mil los asegurados permanentes en el Seguro Social. Otros indicadores económicos de producción así lo confirman.
Asimismo, esta dictaminadora apreció que las finanzas públicas para 1995 han evolucionado conforme a lo previsto, lo que permite esperar un superávit económico del 0.5% del producto interno bruto y un balance primario, que excluye el servicio de la deuda, de 5.1% del producto interno bruto, que es superior en 91.2 puntos porcentuales a la observada un año antes.
Esto pudo lograrse a pesar de que los ingresos del sector público en 1995 mostraron una disminución en su nivel real de 6.3%, no obstante que hubo un incremento real en los ingresos petroleros en 20% en términos anuales. En materia de deuda pública conviene señalar que la política instrumentada se ha ajustado a lo aprobado por esta soberanía a principios de este año. Respecto de las obligaciones de corto plazo, el saldo de los Tesobonos en circulación pasó de 29 mil millones de dólares a fines de 1994 a alrededor de 2 mil 500 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 1995.
La deuda neta total es menor que el promedio de los países de la OCDE y de los países latinoamericanos y su proporción en relación al producto interno bruto será aún menor en 1996.
I. Perspectivas para 1996
Esta dictaminadora reconoce la importancia en la estabilización de los principales indicadores macroeconómicos y en la aplicación de una estrategia que se oriente a la recuperación de la economía, a la promoción del empleo; a la consolidación de la estabilidad en los mercados financieros y al abatimiento de la inflación, objetivos a los que la dictaminadora otorga la mayor prioridad.
En efecto, conforme a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 1996 presentada por el Ejecutivo Federal, es su propósito incentivar la mayor participación de los particulares en las actividades productivas y, a través de la política fiscal, retomar una senda de crecimiento económico sostenido compatible con un equilibrio fiscal.
Los soportes de la reactivación económica y el empleo descansan en el crecimiento de la inversión y el consumo privados, así como en el dinamismo de las exportaciones.
Esta dictaminadora apoya la política de incentivos a la inversión a través de estímulos fiscales, el fortalecimiento del ahorro interno de largo plazo, la profundización de las reformas estructurales. En este sentido, se ha avanzado también a través de disposiciones legales que ha aprobado esta soberanía para impulsar la inversión en infraestructura en distintos sectores relevantes, una mayor coordinación entre el Gobierno Federal y el sector empresarial y un nuevo marco de apoyo al sector agropecuario.
Asimismo, se aprecia que la inversión pública habrá de crecer en términos reales y se apoya la calendarización propuesta para que el gasto sea relativamente mayor en el primer semestre del próximo año.
El comportamiento de la deuda pública será más favorable y representará el 39% del producto interno bruto que compara favorablemente con el 45.8% observado en 1994. En este mismo sentido, los vencimientos de la deuda externa para el próximo ejercicio son 78.5% menores a los de 1995, al pasar de 41 mil 400 millones de dólares en 1995 a 8 mil 900 millones de dólares en este año, la mayor parte de los cuales corresponderá a fuentes de financiamiento que no son de mercado, es decir, créditos bilaterales y de organismos financieros internacionales que se refinancian de manera automática. Los vencimientos que corresponden a deuda de mercado serán de 2 mil 900 millones de dólares, cifra sensiblemente inferior respecto de los 33 mil 300 millones de dólares que vencieron en 1995.
Estas nuevas circunstancias permiten que la política de ingresos pueda ahora pasar a una nueva etapa, que esta comisión dictaminadora apoya con interés de estimular una asignación eficiente de los recursos entre sectores y regiones y alentar la actividad económica, la inversión y la generación de empleos.
II. Propuestas del Ejecutivo en materia tributaria
Las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal se recogen en cinco grupos principales que sientan las bases de una primera etapa de reforma fiscal, que habrá de continuarse impulsando de manera permanente.
1. Federalismo fiscal
Los lineamientos fundamentales de esta acción se orientan, conforme a la iniciativa, a sentar las bases de un nuevo federalismo que mejore la eficiencia en la producción de servicios, contribuya al equilibrio de las finanzas públicas y promueva la competitividad y crecimiento de la economía mexicana. Los elementos básicos para alcanzar este propósito se fincan en los siguientes criterios:
A. Reasignar responsabilidades de acuerdo con las ventajas comparativas de cada orden de gobierno:
B. Asignar las nuevas responsabilidades junto con los recursos necesarios para financiarlas y
C. Agregar a la transferencia de recursos, la reasignación de facultades para la generación de los ingresos, con base en las ventajas comparativas de cada orden de gobierno y en las necesidades de cada comunidad sin afectar la competitividad de la economía.
Al respecto, esta dictaminadora tuvo presente que las propuestas tributarias presentadas por el Ejecutivo Federal en la iniciativa correspondiente, cobran expresión concreta en diversas medidas incluidas en la Miscelánea Tributaria Fiscal como, por ejemplo, las orientadas a permitir la concurrencia en el caso del impuesto sobre uso o tenencia de automóviles o el traslado del impuesto de adquisición de inmuebles que ya no grava la Federación, entre otras.
En materia de gasto, en la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación se presenta una estrategia importante de descentralización del gasto programable sectorial, para otorgar más recursos a los gobiernos locales.
Si bien en materia de ingreso se plantean algunas fórmulas que generan mayores participaciones a estados y municipios, esta dictaminadora reitera la necesidad de que se eleve el monto de dichas participaciones. Es una exigencia en donde coinciden todos los sectores a lo largo de la República, que reconoce que además de ser justa, es una decisión adecuada para mejorar las finanzas de estados y municipios que coadyuvaría a enfrentar sus obligaciones financieras con una posición más fortalecida.
En este sentido, esta dictaminadora destaca la importancia de las medidas recientemente aprobadas para aumentar el monto de participaciones a los estados y municipios.
Este avance no desconoce la necesidad de encontrar otras vías para aumentar los ingresos, ya que la fórmula actual de participaciones implica que, al disminuir la recaudación federal, se afecten en la misma proporción los recursos participables. Por eso, esta dictaminadora apoya también las medidas que se orientan a ampliar los espacios tributarios de las entidades federativas y los municipios.
2. Aliento a la actividad económica
La iniciativa de ley de ingresos expresa que, en el marco de la Alianza Para la Recuperación Económica, el Ejecutivo Federal ha otorgado importantes exenciones y estímulos fiscales para promover la inversión y el empleo. Las medidas incorporadas en dicho instrumento favorecerán la inversión que exceda la que se haya realizado durante estos primeros 10 meses, permitiéndoles deducir hasta un 100% de esta diferencia anualizada; establecen un crédito fiscal por la generación de nuevos empleos; eximen parcialmente del pago del impuesto sobre la renta a los trabajadores por ingresos derivados de préstamos a tasas diferenciales, atendiendo a un planteamiento de trabajadores y empleados bancarios que ha sido motivo de preocupación de esta dictaminadora; otorgan una deducción de 71% para inversiones en automóviles nuevos cuyo valor no exceda de 224 mil nuevos pesos y eximen a los contribuyentes del pago del impuesto sobre automóviles nuevos.
Esta dictaminadora apoya las medidas incorporadas en la iniciativa para impulsar la actividad económica y las exportaciones: la ampliación del universo de beneficio para la deducción inmediata; el establecimiento de un régimen opcional en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para contribuyentes pequeños que elimine requisitos innecesarios y promueva el cumplimiento voluntario de sus obligaciones; la ampliación del plazo para la amortización de pérdidas fiscales sin restricción alguna; la permanencia de las tasas de retención del impuesto sobre la renta a intereses pagados a residentes en el extranjero; la permanencia de la tasa 0% del impuesto al impuesto al valor agregado, para alimentos procesados y medicinas, como reiteradamente lo ha propuesto esta soberanía; el establecimiento de un régimen más flexible para intereses moratorios y la instrumentación en materia aduanera de medidas de simplificación y facilidades administrativas para exportadores.
3. Simplificación
Esta dictaminadora tomó nota de una serie de medidas, a las que otorgó su apoyo, para hacer más transparentes las disposiciones fiscales eliminando el exceso de trámites ante la autoridad tributaria y de manera importante, la promoción de un mayor cumplimiento fiscal. Destacan medidas importantes para dar facilidades para la escisión y fusión de sociedades; para determinar la ganancia en la enajenación de acciones y para determinar ganancias y pérdidas cambiarias. La disminución de plazos para la devolución de impuestos y la adopción de una nueva fórmula para calcular recargos por créditos fiscales, que es más sencilla y evita recargos injustos en perjuicio de los contribuyentes.
4. Seguridad jurídica
La iniciativa propone una serie de acciones para limitar interpretaciones discrecionales y garantizar medios de defensa y procedimientos que resuelvan de manera eficaz posibles inconformidades, con miras a promover un marco jurídico más cierto y un trato más justo a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias que apoya esta dictaminadora.
La iniciativa del Ejecutivo destaca las siguientes propuestas: reducir el plazo para resolver peticiones de cuatro a tres meses; establecer un procedimiento de justicia de ventanilla; incorporar en forma definitiva a la legislación fiscal algunas reglas de carácter general que se venían publicando anualmente; difundir criterios de normatividad interna de las disposiciones fiscales; establecer un procedimiento mediante el cual las autoridades fiscales estarán en posibilidad de revisar sus propias resoluciones desfavorables al particular para que, en su caso, sean modificadas o revocados, fusionar los recursos de revocación y de oposición al procedimiento administrativo de ejecución en uno solo y fortalecer al Tribunal Fiscal de la Federación.
5. Modernización de la administración tributaria
Esta dictaminadora analizó la propuesta del Ejecutivo Federal, de establecer un órgano dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestal, el sistema de administración tributaria, que modernice el proceso de recaudación e induzca el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes y profesionalice al servidor fiscal creando el servicio fiscal de carrera. Esta dictaminadora apoyó la propuesta que deberá significar ventajas importantes para lograr un tratamiento más justo entre el fisco y los contribuyentes y un avance en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
III. Estimación de ingresos para 1996
Con base en estos elementos, la iniciativa desglosa los ingresos del sector público para 1996, los cuales, sin incluir financiamientos se estima sumarán 540.7 miles de millones de nuevos pesos, equivalentes al 24.53% del producto interno bruto. Esta dictaminadora otorgó su apoyo a esta estimación en virtud de que, manteniendo finanzas públicas equilibradas, permitirá apoyar a las entidades federativas por la vía del gasto público regional y de las participaciones en impuestos federales. No obstante, nuevamente reitera la necesidad de que se aumenten dichas participaciones.
En materia de crédito público, la iniciativa propone fijar un límite claro para el endeudamiento neto externo e interno del Ejecutivo Federal. En este sentido considera apropiado que el límite aplicable al monto de endeudamiento neto sea del equivalente en moneda nacional a 5 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, calculados conforme al tipo de cambio que publique el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación y que se haya determinado el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 1996. Se propone adicionar la previsión de que dicha cantidad incluye al endeudamiento neto interno, el cual, a su vez, no podrá exceder de 22 mil millones de pesos.
Por lo que hace al Distrito Federal, la autorización es por un endeudamiento neto de 5 mil 100 millones de nuevos pesos para el ejercicio de 1996.
Al respecto, esta dictaminadora apreció que este monto es muy superior al del ejercicio pasado, no obstante apoyó esta estrategia de endeudamiento en atención a la favorable situación de endeudamiento del Distrito Federal y a que el destino de estos recursos habrán de canalizarse a la atención de estos proyectos prioritarios: ecología, transporte, principalmente Metro; drenaje, agua y saneamiento y el proyecto Alameda de reordenamiento urbano.
En materia de endeudamiento, esta dictaminadora apoya la formulación propuesta en la iniciativa y considera adecuado que se tomen en cuenta las experiencias que surgieron de las deliberaciones que se tuvieron sobre este mismo tema, por lo que se ha acordado determinar un límite sobre el saldo total de los Tesobonos en circulación durante 1996, previéndose al efecto el de 15% de la deuda pública total. Asimismo ha propuesto incluir nuevamente, en el propio artículo 2o., la previsión de que la contratación de créditos o emisión de valores que lleve la garantía de un gobierno extranjero, deberá ser con base en acuerdos previamente sometidos a la consideración del Congreso de la Unión.
De las anteriores consideraciones, el texto del artículo 2o. aprobado por esta dictaminadora quedará en los términos siguientes:
"Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1996, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, por un monto de endeudamiento neto que no exceda de 5 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y que se haya determinado el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 1996. La citada cantidad incluye el endeudamiento neto interno, cuyo monto no podrá exceder de 22 mil millones de pesos.
También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, sin que estas operaciones impliquen endeudamiento neto adicional para el Gobierno Federal. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo, sin que ello implique endeudamiento neto adicional para el Gobierno Federal.
El Ejecutivo Federal queda autorizado en el ejercicio fiscal de 1996, para emitir en el mercado nacional valores denominados "Bonos de la Tesorería de la Federación" o instrumentos similares indexados al tipo de cambio del peso mexicano respecto de monedas del exterior, siempre que el saldo total en circulación de los mismos durante el citado ejercicio no exceda del 15% de la deuda pública total.
En caso de que la contratación de créditos o emisión de valores en el exterior, se hiciera con la garantía de un gobierno extranjero, en virtud de acuerdos que no hayan sido sometidos previamente a la consideración del honorable Congreso de la Unión, oportunamente en los términos del artículo 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste conocerá acerca de los condicionamientos correspondientes a efecto de que aquéllos le sean sometidos a su aprobación.
Se autoriza al Distrito Federal a contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público por un endeudamiento neto de 5 mil 100 millones de pesos, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1996.
Del ejercicio de estas facultades, el Ejecutivo Federal dará cuenta trimestralmente al Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 45 días siguientes al trimestre vencido, especificando las características de las operaciones realizadas."
Régimen tributario de Pemex
En cuanto al régimen de Pemex y sus organismos subsidiarios, esta dictaminadora apoya la propuesta de la iniciativa en el sentido de que se mantenga la misma carga fiscal respecto de años anteriores, recogiendo las disposiciones que facilitan la aplicación de administración del esquema fiscal que se les aplica, como la fusión en un solo concepto del derecho sobre hidrocarburos y el aprovechamiento sobre hidrocarburos que, durante 1995, se aplicaron sobre la misma base. La carga fiscal de Pemex y sus organismos subsidiarios se mantendrá en 60.8% igual a la aplicada en los periodos anteriores.
La iniciativa actualiza los pagos diarios y semanales que cubre Pemex y que refleja únicamente los cambios en los precios de los productos que elabora y comercializa la empresa, así como las variaciones en los volúmenes programados para su comercialización en el transcurso de 1996.
Disposiciones especiales para 1996
Por lo que hace a otras disposiciones aplicables al ejercicio de 1996, esta dictaminadora apoya la propuesta de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe otorgando facilidades administrativas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a los contribuyentes que tributan y dejan de tributar en el régimen simplificado del impuesto sobre la renta y que se le permita autorizar a los contribuyentes que, por la naturaleza de su actividad adquieran bienes y servicios sin comprobantes, puedan ellos mismos hacer la comprobación de dichas adquisiciones.
Se apoya también que, en el caso de prórroga en el pago de créditos fiscales, se mantengan durante 1996, el mismo mecanismo para determinar su tasa, sin que pueda exceder del 2% mensual.
Asimismo, esta dictaminadora propone aprobar que se otorgue al Ejecutivo Federal la facultad para determinar los montos de los aprovechamientos de los bienes y servicios públicos, ya sea mediante la utilización de su referencia internacional, su costo o de manera diferencial, según corresponda. Estos recursos deberán destinarse, como lo propone la iniciativa, a cubrir los gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión, hasta por el monto autorizado en el presupuesto de la autoridad generadora de los ingresos.
Por otra parte, esta dictaminadora apoya la propuesta del Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda efectuar las modificaciones a las cuotas de productos y que los ingresos que se obtengan se destinen a las dependencias que enajenen los bienes, otorguen su uso o goce o presten los servicios, para que puedan cubrir sus gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión.
Finalmente, esta dictaminadora es de la opinión favorable para que en materia de estímulos fiscales, se establezca para el próximo ejercicio fiscal un crédito contra el impuesto sobre la renta, equivalente al 1.25% del incremento de sus ingresos acumulables del ejercicio, respecto de los obtenidos en el inmediato anterior, a los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general en locales fijos y que utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos electrónicos de registro.
A la luz de las deliberaciones de la Comisión de Hacienda, al debatir esta iniciativa de ley, aprovecha la oportunidad para someter a esta soberanía la aprobación de las siguientes:
Recomendaciones
Primera. En atención al aumento en los recursos que habrán de destinarse a los estados y municipios como consecuencia del aumento en las participaciones, que los estados consideren la posibilidad de canalizar una mayor proporción de recursos a los municipios.
Segunda. Que las entidades federativas que aún no lo hayan hecho, consideren la posibilidad de suscribir leyes de coordinación fiscal entre estados y municipios.
Tercera. Que se estudie en el próximo periodo de sesiones ordinarias el tratamiento fiscal más favorable que pueda otorgarse a las asociaciones no lucrativas.
Cuarta. Que en próximo periodo de sesiones ordinarias pueda definirse un esquema tributario más favorable para los trabajadores.
Finalmente, la Comisión de Hacienda considera de la mayor relevancia que en estrecha coordinación con otras instancias y con la Comisión Permanente de funcionarios fiscales pueda celebrar reuniones para revisar la fórmula de participaciones prevista en la Ley de Coordinación Fiscal.
La comisión que dictamina, por las razones anteriores, pone a consideración del pleno la siguiente
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
1996
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 1996, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:
I. Impuestos: 236 mil 300.7 millones de pesos.
1. Impuesto sobre la renta: 90 mil 029.1
2. Impuesto al activo: 2 mil 569.0
3. Impuesto al valor agregado: 78 mil 689.9
4. Impuesto especial sobre producción y servicios: 41 mil 153.6
5. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos: 4 mil 089.9
6. Impuesto sobre automóviles nuevos.
7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación.
8. Impuesto a los rendimientos petroleros.
9. Impuesto al comercio exterior: 14 mil 296.9 A. A la importación: 14 mil 210.0 B. A la exportación: 86.9
10. Accesorios: 5 mil 472.3
II. Aportaciones de seguridad social: 44 mil 610.0 millones de pesos.
1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores: 44 mil 610.0
3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones.
4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.
5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.
III. Contribución de mejoras: 0.4 millones de pesos.
Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.
IV. Derechos: 88 mil 933.3 millones de pesos.
1. Por recibir servicios que presta el Estado en funciones de derecho público: 2 mil 737.9
2. Por la prestación de servicios exclusivos del Estado a cargo de organismos descentralizados: 73.0
3. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público: 4 mil 454.7
4. Derecho sobre la extracción de petróleo: 60 mil 123.3
5. Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo: 20 mil 591.0
6. Derecho adicional sobre la extracción de petróleo: 953.4
7. Derecho sobre hidrocarburos.
V. Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago: 292.4 millones de pesos.
VI. Productos: 5 mil 989.5 millones de pesos.
1. Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público: 131.0
2. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado: 5 mil 858.5
A. Explotación de tierras y aguas: 0.8
B. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones: 4.6
C. Enajenación de bienes: 42.4
a) Muebles: 36.4
b) Inmuebles: 6.0
D. Intereses de valores, créditos y bonos: 5 mil 316.3
E. Utilidades: 334.5
a) De organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
b) De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública: 209.1
c) De Pronósticos para la Asistencia Publica: 68.9
d) Otras: 56.5
F. Otros: 159.9
VII. Aprovechamientos: 32 mil 136.0 millones de pesos.
1. Multas: 219.0
2. Indemnizaciones: 50.3
3. Reintegros: 376.0
A. Sostenimiento de las escuelas, artículo 123: 21.6
B. Servicio de vigilancia forestal: 0.1
C. Otros: 354.3
4. Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica: 583.5
5. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.
6. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación.
7. Aportaciones de los estados, municipios y particulares para el servicio del sistema escolar federalizado: 0.2
8. Cooperación del Distrito Federal por servicios públicos locales prestados por la Federación.
9. Cooperación de los gobiernos de estados y municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.
10. 5% de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados a la Secretaría de Salud.
11. Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica: 781.0
12. Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
13. Regalías provenientes de fundos y explotaciones mineras.
14. Aportaciones de contratistas de obras públicas: 71.9
15. Destinados al fondo para el desarrollo forestal: 0.1
A. Aportaciones que efectuen los gobiernos del Distrito Federal, estatales y municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares.
B. De las reservas nacionales forestales: 0.1
C. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.
D. Otros conceptos.
16. Cuotas compensatorias: 117.7
17. Hospitales militares.
18. Participaciones por la explotación de obras del dominio público señaladas por la Ley Federal de Derechos de Autor.
19. Recuperaciones de capital: 4 mil 809.0
A. Fondos entregados en fideicomiso en favor de entidades federativas y empresas públicas: 146.7
B. Fondos entregados en fideicomiso en favor de empresas privadas y a particulares.
C. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.
D. Otros: 4 mil 662.3
20. Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del fisco federal: 1.7
21. Rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.
22. No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios.
23. Otros: 25 mil 125.6
VIII. Ingresos derivados de financiamientos: 12 mil 988.1
1. Emisiones de valores:
A. Internas.
B. Externas.
2. Otros financiamientos: 12 mil 988.1
A. Para el Gobierno Federal. 12 mil 988.1
B. Para organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
C. Otros.
IX. Otros ingresos: 132 mil 467.6
1. De organismos descentralizados: 130 mil 805.8
2. De empresas de participación estatal: 1 mil 661.8
3. Financiamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
Total: 553 mil 718.0
Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción de este artículo que corresponda a dichos ingresos.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará al Congreso de la Unión, trimestralmente, dentro de los 45 días siguientes al trimestre vencido, sobre los ingresos percibidos por la Federación en el ejercicio fiscal de 1996, en relación a las estimaciones que se señalan en este artículo.
Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos y otras formas de ejercicio del crédito público, incluso mediante la emision de valores, para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1996, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, por un monto de endeudamiento neto que no exceda de 5 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y que se haya determinado el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 1996. La citada cantidad incluye el endeudamiento neto interno, cuyo monto no podrá exceder de 22 mil millones de pesos.
También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, sin que estas operaciones impliquen: endeudamiento neto adicional para el Gobierno Federal. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo, sin que ello implique endeudamiento neto adicional para el Gobierno Federal.
El Ejecutivo Federal queda autorizado en el ejercicio fiscal de 1996 para emitir en el mercado nacional valores denominados "Bonos de la Tesorería de la Federación" o instrumentos similares indexados al tipo de cambio del peso mexicano respecto de monedas del exterior, siempre que el saldo total en la circulación de los mismos durante el citado ejercicio no exceda del 15% de la deuda pública total.
En caso de que la contratación de créditos o emisión de valores en el exterior se hiciera con la garantía de un gobierno extranjero en virtud de acuerdos que no hayan sido sometidos previamente a la consideración del honorable Congreso de la Unión, oportunamente en los términos del artículo 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste conocerá acerca de los condicionamientos correspondientes a efecto de que aquéllos le sean sometidos a su aprobación.
Se autoriza al Distrito Federal a contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de ejercicio del crédito público por un endeudamiento neto de 5 mil 100 millones de pesos, para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1996.
Del ejercicio de estas facultades, el Ejecutivo Federal dará cuenta trimestralmente al Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 45 días siguientes al trimestre vencido, especificando las características de las operaciones realizadas.
Artículo 3o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda facultado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.
Artículo 4o. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán obligados al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, excepto el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones que los establecen y a las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo siguiente:
I. Derecho sobre la extracción de petróleo
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el derecho que establece esta fracción por cada región petrolera de explotación de petróleo y gas natural, aplicando la tasa del 52.3% al resultado que se obtenga de restar al total de los ingresos por ventas de bienes o servicios que tenga Pemex-Exploración y Producción por cada región, el total de los costos y gastos efectuados en bienes o servicios con motivo de la exploración y explotación de dicha región por el citado organismo, considerando dentro de estos últimos las inversiones en bienes de activo fijo y los gastos y cargos diferidos efectuados con motivo de la exploración y explotación de la región petrolera de que se trate, sin que exceda el monto del presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Pemex-Exploración y Producción para el ejercicio de 1996.
Para los efectos de esta fracción, se estará a lo siguiente:
a) El precio que se tomará en cuenta para determinar los ingresos por la venta de petróleo crudo no podrá ser inferior al precio promedio ponderado de la mezcla de petróleo crudo mexicano de exportación del periodo correspondiente, cuando se trate de ventas al mercado internacional. En los demás casos el precio que se tomará en cuenta para determinar dichos ingresos no podrá ser inferior al 95% del precio internacional del petróleo crudo de que se trate.
b) El precio que se tomará en cuenta para determinar los ingresos por la venta de gas natural no podrá ser inferior al precio del mercado internacional relevante que al efecto fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la expedición de reglas de carácter general, cuando se trate de ventas al mercado internacional. En los demás casos, el precio que se tomará en cuenta para determinar dichos ingresos no podrá ser inferior al 95% del precio internacional de referencia del gas de que se trate.
c) Las mermas por derramas o quema de petróleo o gas natural se considerarán como ventas de exportación y el precio que se utilizará para el cálculo del derecho será el que corresponda de acuerdo a los incisos a o b, anteriores, respectivamente.
d) Las regiones petroleras de explotación de petróleo y gas natural serán las que dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Pemex-Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio de 1996, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 1997. Contra el monto que resulte a su cargo, Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los pagos provisionales efectuados durante el año en los términos de esta fracción.
Pemex-Exploración y Producción enterará anticipos a cuenta de este derecho como mínimo, diariamente, incluyendo los días inhábiles, por 65 millones 428 mil pesos durante el año. Además, PemexExploración y Producción enterará el primer día hábil de cada semana un anticipo de 451 millones 594 mil pesos.
El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Pemex-Exploración y Producción, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales. Contra el monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, PemexExploración y Producción podrá acreditar los anticipos efectuados por el mes de que se trate en los términos del párrafo anterior, sin que causen recargos las diferencias que, en su caso, resulten.
Las diferencias que resulten a cargo de Pemex-Exploración y Producción con posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional de que se trate deberán enterarse mediante declaración complementaria que presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.
II. Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el derecho que establece esta fracción aplicando la tasa del 25.5% sobre la base del derecho sobre la extracción de petróleo a que se refiere la fracción I anterior y lo enterará por conducto de Pemex-Exploración y Producción, conjuntamente con este último derecho.
Los ingresos que la Federación obtenga por este derecho extraordinario no serán participables a los estados, municipios y al Distrito Federal.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios enterarán, por conducto de Pemex-Exploración y Producción, anticipos a cuenta de este derecho, como mínimo, diariamente, incluyendo los días inhábiles, por 21 millones 372 mil pesos durante el año. Además, Pemex-Exploración y Producción enterará el primer día hábil de cada semana un anticipo de 147 millones 506 mil pesos.
El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de PemexExploración y Producción, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales. Contra el monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, PemexExploración y Producción podrá acreditar los anticipos efectuados por el mes de que se trate en los términos del párrafo anterior, sin que causen recargos las diferencias que, en su caso, resulten.
Las diferencias que resulten a cargo de PemexExploración y Producción con posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional de que se trate deberán enterarse mediante declaración complementaria que se presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Pemex-Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio de 1996, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 1997. Contra el monto que resulte a su cargo, Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los pagos provisionales efectuados durante el año en los términos de esta fracción.
III. Derecho adicional sobre la extracción de petróleo
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el derecho que establece esta fracción aplicando la tasa del 1.1% sobre la base del derecho sobre la extracción de petróleo a que se refiere la fracción I anterior.
El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Pemex-Exploración y Producción, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que corresponda. Las diferencias que resulten a cargo de Pemex-Exploración y Producción con posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional de que se trate deberán enterarse mediante declaración complementaria que presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Pemex-Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho adicional sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio de 1996, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 1997. Contra el monto que resulte a su cargo, Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los pagos provisionales efectuados durante el año en los términos de esta fracción.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las reglas específicas para la aplicación y cumplimiento de las fracciones I, II, III y V de este artículo.
IV. Impuesto a los rendimientos petroleros
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el impuesto a los rendimientos petroleros, de conformidad con lo siguiente:
a) Cada organismo deberá calcular el impuesto a que se refiere esta fracción aplicando al rendimiento neto del ejercicio la tasa del 34%. El rendimiento neto a que se refiere este párrafo, se determinará restando de la totalidad de los ingresos del ejercicio, el total de las deducciones autorizadas que se efectúen en el mismo, siempre que los ingresos sean superiores a las deducciones. Cuando el monto de los ingresos sea inferior a las deducciones autorizadas, se determinará una pérdida neta.
b) Cada organismo efectuará dos anticipos a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el último día hábil de los meses de agosto y noviembre de 1996 aplicando la tasa del 34% al rendimiento neto determinado conforme al apartado anterior, correspondiente a los periodos comprendidos de enero a junio, en el primer caso y de enero a septiembre, en el segundo caso.
El monto de los pagos provisionales efectuados durante el año se acreditará contra el monto del impuesto del ejercicio, el cual se pagará mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 1997.
c) Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán determinar el impuesto a que se refiere esta fracción en forma consolidada. Para tal efecto, Petróleos Mexicanos calculará el rendimiento neto o la pérdida neta consolidados aplicando los procedimientos que establecen las disposiciones fiscales y las reglas específicas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para el cumplimiento a lo dispuesto en esta fracción se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones fiscales y las reglas de carácter general expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de ingresos, deducciones, cumplimiento de obligaciones y facultades de las autoridades fiscales.
V. Derecho sobre hidrocarburos
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el derecho sobre hidrocarburos aplicando la tasa del 60.8%, al total de los ingresos por las ventas de hidrocarburos y petroquímicos a terceros, que efectúen en el ejercicio de 1996. Los ingresos antes citados se determinarán incluyendo el impuesto especial sobre producción y servicios por enajenaciones y autoconsumos de PemexRefinación, sin tomar en consideración el impuesto al valor agregado.
El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Petróleos Mexicanos, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales. Contra el monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, Petróleos Mexicanos podrá acreditar las cantidades efectivamente pagadas de acuerdo con lo establecido en las fracciones I, II, III y IV de este artículo y en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, correspondientes al periodo de que se trate.
Cuando el monto a acreditar en los términos de este párrafo sea superior o inferior al derecho sobre hidrocarburos a pagar por el periodo de que se trate, se reducirán o incrementarán, respectivamente, las tasas de los derechos a que se refieren las fracciones I y ll de este artículo para dicho periodo, en el porcentaje necesario para que el monto acreditable sea igual a la cantidad a pagar por el derecho sobre hidrocarburos, de acuerdo con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las diferencias que resulten a cargo de Petróleos Mexicanos con posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional a que se refiere el párrafo anterior deberán enterarse mediante declaración complementaria, que se presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Petróleos Mexicanos calculará y enterará el monto del derecho sobre hidrocarburos que resulte a su cargo por el ejercicio de 1996, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 1997. Contra el monto que resulte a su cargo en la declaración anual, Petróleos Mexicanos podrá acreditar las cantidades efectivamente pagadas en el ejercicio, de acuerdo con lo establecido en las fracciones I, Il, III y IV de este artículo y en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Cuando el monto a acreditar en los términos de este párrafo sea superior o inferior al derecho sobre hidrocarburos a pagar en el ejercicio, se reducirán o incrementarán, respectivamente, las tasas de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo para el ejercicio, en el porcentaje necesario para que el monto acreditable sea igual a la cantidad a pagar por el derecho sobre hidrocarburos, de acuerdo con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
VI. Impuesto especial sobre produccióny servicios
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por la enajenación de gasolinas y diesel, enterarán por conducto de Pemex-Refinación, diariamente, incluyendo los días inhábiles, anticipos por un monto de 70 millones de pesos, como mínimo, a cuenta del impuesto especial sobre producción y servicios, mismos que se acreditarán contra el pago provisional que establece la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, correspondiente al mes por el que se efectuaron los anticipos.
El pago provisional de dicho impuesto deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que corresponda el pago, mismo que podrá modificarse mediante declaración complementaria, que se presentará a más tardar el último día hábil del tercer mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración que se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso, resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Cuando estas últimas diferencias excedan a dicho porcentaje, se pagarán recargos por el total de las mismas. Todas estas declaraciones se presentarán en la Tesorería de la Federación.
Por lo que se refiere a la enajenación de gas natural para combustión automotriz, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por conducto de Pemex-Gas y Petroquímica Básica deberán efectuar los pagos provisionales de este impuesto a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que corresponda el pago, mismo que podrá modificarse mediante declaración complementaria que se presentará a más tardar el último día hábil del tercer mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración que se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso, resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Cuando estas últimas diferencias excedan a dicho porcentaje, se pagarán recargos por el total de las mismas. Todas estas declaraciones se presentarán en la Tesorería de la Federación.
Los pagos mínimos diarios por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel, se modificarán cuando los precios de dichos productos varíen, para lo cual se aplicará sobre los pagos mínimos diarios un factor que será equivalente al aumento o disminución porcentual que registren los productos antes señalados, el cual será determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el tercer día posterior a su modificación.
Cuando las gasolinas y el diesel registren diferentes porcentajes de incremento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el factor a que se refiere el párrafo anterior, tomando en consideración el aumento o la disminución promedio ponderada de dichos productos, de acuerdo con el consumo que de los mismos se haya presentado durante el trimestre inmediato anterior a la fecha de incremento de los precios.
El Banco de México deducirá los pagos diarios y semanales que establecen las fracciones anteriores de los depósitos que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios deben hacer en dicha institución, conforme a la ley del propio Banco de México y los concentrará en la Tesorería de la Federación.
Cuando en un lugar o región del país se establezca un sobreprecio al precio de la gasolina, no se estará obligado al pago del impuesto especial sobre producción y servicios por dicho sobreprecio en la enajenación de este combustible.
VII. Impuesto al valor agregado
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios efectuarán individualmente los pagos provisionales de este impuesto en la Tesorería de la Federación, mediante declaraciones que presentarán a más tardar el último día hábil del mes siguiente, las que podrán modificarse mediante declaración complementaria que presentarán a más tardar el último día hábil del tercer mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración que se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso, resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Cuando estas últimas diferencias excedan a dicho porcentaje, se pagarán recargos por el total de las mismas.
VIII. Contribuciones causadas por la importación de mercancías
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios determinarán individualmente los impuestos a la importación y las demás contribuciones que se causen con motivo de las importaciones que realicen, debiendo pagarlas ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél en que se efectúe la importación.
IX. Impuestos a la exportación
Cuando el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca impuestos a la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán determinarlos y pagarlos a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que se efectúe la exportación.
X. Derechos
Los derechos que causen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios se determinarán y pagarán en los términos de esta ley y de la Ley Federal de Derechos.
XI. Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes
Cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado acumulado mensual del barril del petróleo crudo mexicano exceda de 13.25 dólares de los Estados Unidos de América, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán un aprovechamiento que se calculará aplicando la tasa del 39.2% sobre el rendimiento excedente acumulado, que se determinará multiplicando la diferencia entre el valor promedio ponderado acumulado del barril de crudo y 13.25 dólares de los Estados Unidos de America por el volumen total de exportación acumulado de hidrocarburos.
Para efectos de lo establecido en esta fracción, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios calcularán y efectuarán anticipos trimestrales a cuenta del aprovechamiento anual, que se pagarán el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre de 1996 y enero de 1997. Pemex y sus organismos subsidiarios presentarán ante la Tesorería de la Federación una declaración anual por este concepto, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 1997, en la que podrán acreditar los anticipos trimestrales enterados en el ejercicio.
XII. Otras obligaciones
Petróleos Mexicanos será quien cumpla por sí y por cuenta de sus subsidiarias las obligaciones señaladas en esta ley, excepto la de efectuar pagos provisionales diarios y semanales, cuando así se prevea expresamente. Para tal efecto, Petróleos Mexicanos será solidariamente responsable del pago de contribuciones, aprovechamientos y productos que correspondan a sus organismos subsidiarios.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda facultada para variar el monto de los pagos provisionales, diarios y semanales, a que se refieren las fracciones I, II y VI de este artículo, cuando existan modificaciones en los ingresos de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios que así lo ameriten.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios presentarán las declaraciones, harán los pagos y seguirán cumpliendo con la obligación de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, incluyendo los establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los términos que señalan las leyes fiscales. Petróleos Mexicanos presentará, asimismo, una declaración a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los meses de abril, julio y octubre de 1996 y enero de 1997, en la que informará sobre los pagos por contribuciones y los accesorios a su cargo o a cargo de sus organismos subsidiarios, efectuados en el trimestre anterior.
Petróleos Mexicanos presentará conjuntamente con su declaración anual del impuesto a los rendimientos petróleros, declaración informativa sobre la totalidad de las contribuciones causadas o enteradas durante el ejercicio anterior, por sí y por sus organismos subsidiarios.
Artículo 5o. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que durante el año de 1996 mediante disposiciones de carácter general, pueda otorgar facilidades administrativas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a los contribuyentes que tributen conforme a lo establecido en los regímenes previstos en el Título Segundo A y en el Título Cuarto, Capítulo VI, Sección Segunda de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como a los contribuyentes que dejen de tributar en dichos regímenes y a los contribuyentes de dicho impuesto cuyos ingresos en el ejercicio de 1995 no hayan excedido del monto establecido en el artículo 119-A de la citada ley o cuando la actividad de los mismos no persiga fines de lucro. Asimismo queda facultada dicha dependencia para autorizar a los contribuyentes que por las características de su actividad adquieran bienes o servicios sin comprobantes, para comprobar dichas adquisiciones ellos mismos, evitando que se dejen de pagar los impuestos generados por dichas operaciones.
Artículo 6o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos al 2.0% mensual sobre los saldos insolutos, durante el año de 1996.
La tasa señalada en el párrafo anterior, se reducirá, en su caso, a la que se obtenga mensualmente de aplicar el factor de 1.7 al promedio mensual de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos y de dividir entre 12 el resultado de dicha multiplicación. A la tasa anterior se le restará el incremento porcentual del índice nacional de precios al consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos. Esta reducción también será aplicable a los intereses a cargo del fisco federal a que se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los cálculos a que se refiere este artículo y publicará la tasa de recargos vigente para cada mes en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 7o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.
Artículo 8o. Durante el año de 1996 no se pagarán los impuestos a la exportación por las mercancías a que se refieren las siguientes fracciones y subpartidas de la Ley del Impuesto General de Exportación:
2709.00-01 Aceites crudos de petróleo.
2709.00-99 Los demás.
2710.00-01 Gasoil.
2710.00-02 Gasolina.
2710.00-03 Grasas y aceites lubricantes.
2710.00-04 Fueloil.
2710.00-05 Keroseno.
2710.00-06 Aceite parafínico.
2710.00-99 Los demás.
2711.11 Gas natural.
2711.12-01 Propano.
2711.13-01 Butanos.
2711.19-01 Propanobutano.
2711.29-99 Los demás.
2712.10 Vaselina.
2712.20-01 Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75% en peso.
2712.90-03 Ceras, excepto lo comprendido en la fracción 2712.9001.
2712.90-99 Los demás.
2713.11 Coque de petróleo sin calcinar.
2713.12 Coque de petróleo calcinado.
2713.20 Betún de petróleo.
2713.90-99 Los demás residuos de los aceites de petróleo o de minerales bituminosos.
Artículo 9o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda facultado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 1996, por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos.
Para establecer el monto de los aprovechamientos a que hace referencia este artículo, por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de bienes, se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero de los organismos públicos que realicen dichos actos conforme a lo siguiente:
I. La cantidad que deba cubrirse por concepto de uso o aprovechamiento de bienes y servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso o aprovechamiento o la prestación del servicio de similares características en países con los que México mantiene vínculos comerciales.
II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso o disfrute de bienes y por la prestación de servicios que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y saneamiento financiero.
III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso o aprovechamiento de bienes o prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general. A los organismos que omitan total o parcialmente el cobro o entero de los aprovechamientos establecidos en los términos de esta ley se les disminuirá del presupuesto que les haya sido asignado para el ejercicio a las entidades correspondientes, una cantidad equivalente a dos veces el valor de la omisión efectuada.
Durante el ejercicio de 1996, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias y entidades de la administración pública federal, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias o entidades interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero a marzo de 1996, los montos de los aprovechamientos que tengan una cuota fija o se cobren de manera regular.
Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación o que no sean aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia o entidad de que se trate a partir del 1o. de abril de dicho año, salvo que se trate de aprovechamientos por concepto de multas o cuotas compensatorias. Tratándose de aprovechamientos distintos a los antes señalados, las dependencias y entidades interesadas deberán someter para su aprobación a la citada Secretaría el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a cinco días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.
Artículo 10. Los ingresos por aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior se destinarán, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cubrir los gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión hasta por el monto autorizado en el presupuesto de la entidad para la unidad generadora de dichos ingresos.
Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la entidad, cada uno de los establecimientos de la misma, en los que se otorga o proporciona de manera autónoma e integral el uso o aprovechamiento de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento. Cuando no exista una asignación presupuestal específica por unidad generadora, se considerará el presupuesto total asignado a la entidad en la proporción que representen los ingresos de la unidad generadora respecto del total de ingresos de la entidad.
Las entidades a las que se les apruebe destinar los ingresos por aprovechamientos para cubrir sus gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión en los términos del primer párrafo de este artículo, lo harán en forma mensual y hasta el monto presupuestal autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el mismo periodo. La parte de los ingresos que exceda el límite autorizado para el mes que corresponda, se enterará a la Tesorería de la Federación a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquél en que obtuvo el ingreso la entidad de que se trate.
Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 1996, sólo surtirán sus efectos para dicho año y en las mismas se señalará el destino que se apruebe para los aprovechamientos que perciba la entidad correspondiente.
Artículo 11. Los ingresos que se obtengan por los productos señalados en la fraccion VI del artículo 1o. de esta ley, se destinarán a las dependencias que enajenen los bienes, otorguen su uso o goce o presten los servicios, para cubrir sus gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión, hasta el monto que señale el presupuesto de egresos que les hubiere sido autorizado para el mes de que se trate. Los ingresos que excedan del límite señalado no tendrán fin específico y se enterarán a la Tesorería de la Federación, a más tardar el día 10 del mes siguiente a aquél en que se obtuvo el ingreso.
El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará para el ejercicio fiscal de 1996, las modificaciones y las cuotas de los productos, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes, así como el destino de los mismos a la dependencia correspondiente.
Para tal efecto, las dependencias o entidades interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero a marzo de 1996, los montos de los productos que tengan una cuota fija o se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación o que no sean aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia o entidad de que se trate a partir del 1o. de abril de dicho año. Tratándose de productos distintos a los antes señalados, las dependencias y entidades interesadas deberán someter para su aprobación a la citada Secretaría el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a cinco días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.
Artículo 12. Los ingresos que se recauden por los diversos conceptos que establece esta ley, se concentrarán en la Tesorería de la Federación y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Las oficinas cuentadantes de la Tesorería de la Federación, deberán conservar durante dos años, la cuenta comprobada y los documentos justificativos de los ingresos que recauden por los diversos conceptos que establece esta ley.
No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los que podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos y por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Tampoco se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones y de los abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Las contribuciones o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.
Quedan sin efectos los convenios en los que se permita que dependencias o entidades de la administración pública federal no concentren en la Tesorería de la Federación las contribuciones o aprovechamientos que cobren.
Las dependencias y entidades de la administración pública federal presentarán, a más tardar en el mes de febrero de 1996 y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una declaración informativa sobre los ingresos percibidos durante el ejercicio de 1995, por concepto de contribuciones, aprovechamientos y productos.
Artículo 13. Se aplicará el régimen establecido en la presente ley, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, a los ingresos que perciban los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria que estuvieran sujetos a control presupuestal en los términos del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1996, entre los que se comprende a:
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Comisión Federal de Electricidad.
Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Ferrocarriles Nacionales de México.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Luz y Fuerza del Centro.
Productora e Importadora de Papel, S.A.
Artículo 14. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 1996, se estará a lo siguiente:
I. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes de los sectores agropecuario y forestal, consistente en permitir el acreditamiento de la inversión realizada contra una cantidad equivalente al impuesto al activo determinado en el ejercicio, mismo que podrá acreditarse en ejercicios posteriores hasta agotarse.
II. Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo a los contribuyentes residentes en México que se dediquen al transporte aéreo o marítimo de personas o bienes por los aviones o embarcaciones que tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente, en los siguientes términos:
a) Tratándose de aviones o embarcaciones arrendados, acreditarán contra el impuesto al activo a su cargo, el impuesto sobre la renta que se hubiera retenido de aplicarse la tasa del 21% en lugar de la tasa del 5% que establece el artículo 149 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a los pagos por el uso o goce de dichos bienes, siempre que se hubiera efectuado la retención y entero de este último impuesto y que los aviones o embarcaciones sean explotados comercialmente por el arrendatario en la transportación de pasajeros o bienes.
b) En el caso de aviones o embarcaciones propiedad del contribuyente, el valor de dichos activos que se determine conforme a la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo, se multiplicará por el factor de .1 tratándose de aviones y por el factor de .2 tratándose de embarcaciones y el monto que resulte será el que se utilizará para determinar el valor del activo de esos contribuyentes, respecto de dichos bienes conforme al artículo mencionado.
Los contribuyentes que hubieran ejercido la opción a que se refiere el artículo 5o-.A de la Ley del Impuesto al Activo, podrán efectuar el calculo del impuesto que les corresponda, aplicando para tal efecto lo dispuesto en esta fracción.
Los contribuyentes a que se refiere esta fracción no podrán reducir del valor del activo del ejercicio las deudas contratadas para la obtención del uso o goce o la adquisicion de los aviones o embarcaciones por los que se aplique el estímulo a que la misma se refiere.
III. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen operaciones con el público en general en locales fijos, que en el ejercicio inmediato anterior de 12 meses hayan obtenido ingresos acumulables inferiores a................ $7.554,000.00 y que utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos electrónicos de registro fiscal, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gozarán de un estímulo fiscal consistente en el acreditamiento contra el pago del impuesto sobre la renta del ejercicio a su cargo, de una cantidad equivalente al 1.25% sobre el incremento que en el ejercicio de 1996 tengan en sus ingresos acumulables que registren en las citadas máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos electrónicos de registro fiscal, relativos a los mismos giros en los que operaron en el ejercicio inmediato anterior, en comparación con los obtenidos y registrados en la misma forma en el ejercicio inmediato anterior de 12 meses.
Artículo 15. Cuando los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal del Gobierno Federal incrementen sus ingresos como consecuencia de aumentos en la productividad o modificación en sus precios y tarifas, los recursos así obtenidos serán aplicados prioritariamente a reducir el endeudamiento neto del organismo o empresa de que se trate o a los programas a que se refiere el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1996.
Artículo 16. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar los estímulos fiscales y subsidios siguientes:
I. Los relacionados con comercio exterior:
a) A la importación de artículos de consumo a las regiones fronterizas.
b) A la importación de equipo y maquinaria a las regiones fronterizas.
II. A cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo.
Se aprueban los estímulos fiscales y subsidios con cargo a impuestos federales, así como las devoluciones de impuestos concedidos para fomentar las exportaciones de bienes y servicios o la venta de productos nacionales a las regiones fronterizas del país en los por cientos o cantidades otorgadas o pagadas en su caso, que se hubieran otorgado durante el ejercicio fiscal de 1995.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará, para conceder los estímulos a que se refiere este artículo, en su caso, la opinión de las dependencias competentes en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido por este artículo en materia de estímulos fiscales y subsidios.
Artículo 17. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.
Artículo 18. Se derogan las disposiciones de las leyes especiales, reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas, en la parte que contengan exenciones, totales o parciales o consideren a personas como no sujetos de contribuciones, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones, distintos de los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.
Artículo 19. Los ingresos que obtengan las dependencias del Gobierno Federal en exceso a los previstos en esta ley, no tendrán fin específico y se enterarán a la Tesorería de la Federación a más tardar el día 10 del mes siguiente a aquél en que se obtuvo el ingreso. En los casos en que en el transcurso del ejercicio de 1996 se autorice a alguna dependencia una ampliación en su presupuesto de egresos, el excedente de que se trate podrá utilizarse para cubrir el gasto de la dependencia que lo obtuvo, únicamente hasta por el monto de dicha ampliación.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1996.
Segundo. Se aprueban las modificaciones a las tarifas de los impuestos generales a la exportación y a la importación efectuadas por el Ejecutivo Federal durante el año de 1995 a las que se refiere el informe que en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, ha rendido el propio Ejecutivo al honorable Congreso de la Unión.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados.-México, D.F., a 27 de noviembre de 1995.- Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Jorge Padilla Olvera, Saúl Escobar Toledo, secretarios; Alejandro Higuera Osuna, Alfonso Molina Ruibal , Antonio Sánchez Gochicoa, Carlota Vargas Garza, Daniel Covarrubias Ramos, David Vargas Santos, Dulce María Sauri Riancho, Dionisio Pérez Jácome, Gabino Fernández Serna, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Joaquín Vela González, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Heriberto Galindo Quiñones, José de Jesús Preciado Bermejo, Manuel Beristáin Gómez, Manuel Jiménez Lemus, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Roberto Campa Cifrián, Salvador Mikel Rivera, Sebastián Lerdo de Tejada, Tonatiuh Bravo Padilla y Víctor Cruz Ramírez.»
Es de primera lectura.
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN NUEVAS LEYES FISCALES
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al proyecto de decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Alejandro Torres Aguilar:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura del dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el pasado día 14 de noviembre del año en curso el Ejecutivo Federal, con fundamento en los artículos 71 fracción I y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta Cámara de Diputados una iniciativa de decreto a través de la cual se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dicha iniciativa fue turnada a consideración de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis, discusión y dictamen.
Esta comisión, con base en las facultades antes dichas, se abocó al análisis de la iniciativa del Ejecutivo, procediendo a dictaminar, en esta oportunidad, los artículos 1o. a 3o. de la iniciativa de decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras, correspondientes a las propuestas de Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, Ley del Servicio de Administración Tributaria y Ley Aduanera. Para tales efectos se realizaron varias reuniones de trabajo en conferencia con la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Con base en los resultados de las deliberaciones y el análisis de los miembros de esta comisión, presentamos a esta Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
I. Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación A) Antecedentes La iniciativa recuerda que el primer paso firme para crear en México tribunales administrativos dotados de autonomía para desempeñar sus funciones jurisdiccionales, fue la Ley de Justicia Fiscal expedida el 27 de agosto de 1936, que creó el Tribunal Fiscal de la Federación.
Posteriormente fue integrada al código fiscal que entró en vigor el primero de enero de 1939.
La primera Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación se publicó el 24 de diciembre de 1966 y, con motivo de la desconcentración regional del tribunal, se publicó una nueva ley el 2 de febrero de 1978.
Esta dictaminadora considera de fundamental importancia la iniciativa de una nueva Ley del Tribunal Fiscal de la Federación a la que le da su apoyo.
La complejidad de la materia fiscal demanda de una instancia altamente capacitada y profesional para resolver las controversias que se sometan a su consideración. Esta necesidad se acentúa por la apertura económica a que nuestro país se está enfrentando, para ofrecer a inversionistas nacionales e internacionales un tribunal prestigiado y de excelencia en la solución de controversias fiscales.
B) Descripción El Capítulo I se refiere a la integración del tribunal, dispone su carácter administrativo y plena autonomía para dictar sus fallos, artículo 1o.).
Se integra por una sala superior y por salas regionales (artículo 2o.).
Se prevé que los magistrados, que los nombrará el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, duren seis años en el primer periodo de su encargo. A su término, los magistrados de la sala superior podrán ser designados nuevamente, por única vez, por un periodo de nueve años. Los de las salas regionales podrán ser designados por un segundo periodo por seis años. Si fueran designados nuevamente, serán inamovibles (artículo 3o.).
Para ser magistrado se requiere ser mexicano por nacimiento, mayor de 35 años y menor de 65 al día de la primera designación, licenciado en derecho con título registrado cuando menos 10 años antes de la designación y siete años de práctica en materia fiscal. Esto asegura la capacidad profesional de quienes sean designados magistrados. En el caso de los magistrados de las salas regionales, es causa de retiro forzoso cumplir 70 años de edad (artículo 4o.).
Esta dictaminadora estima que el cumplimiento de una cierta edad no debe ser impedimento para ser nombrado magistrado, ya que puede desaprovecharse la experiencia y capacidad de personas que rebasen dicho límite, en esa virtud el artículo 4o. de la iniciativa ha sido modificado para quedar en los términos siguientes:
"Artículo 4o. Para ser magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación se requiere ser mexicano por nacimiento, mayor de 35 años, de notoria buena conducta, licenciado en derecho con título registrado expedido cuando menos 10 años antes de dicha fecha y con siete años de práctica en materia fiscal.
Es causa de retiro forzoso de un magistrado, padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo y en el caso de los magistrados de las salas regionales, cumplir 70 años."
La iniciativa propone eliminar la figura de magistrados supernumerarios para que sea el primer secretario de cada ponencia el que supla al magistrado en sus ausencias, lo que habrá de dar bases para una mejor carrera jurisdiccional (artículo 5o.).
El Capítulo II establece la competencia material del tribunal. Destaca la competencia para resolver los recursos administrativos en contra de resoluciones que sean materia de la competencia del tribunal.
Se establece que el Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que se promuevan en contra de resoluciones definitivas en diversos casos, entre los que se destacan:
I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.
II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.
III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada.
VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.
XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El Capítulo III establece la estructura y la competencia del pleno y de las nuevas secciones de la sala superior. Se propone reducir el ámbito de competencia de la sala superior en cuestiones administrativas y se modifica su estructura para funcionar en secciones o en pleno. El propósito es que pueda resolver con prontitud el recurso de apelación que se incorpora al Código Fiscal de la Federación (artículo 20 fracción II). El pleno será la cabeza colegiada del tribunal y su función principal será la de fijar jurisprudencia (artículo 16, fracción IV); las secciones permitirán duplicar la capacidad jurisdiccional de la sala superior (artículo 20).
Se propone adicionar dos magistrados a la sala superior para llegar a 11, de manera que pueda funcionar en dos secciones de cinco magistrados cada una sin que el Presidente se integre a alguna sección, lo que le dará a éste mayor autonomía para atender a sus responsabilidades.
El pleno de la sala superior se compondría de 11 magistrados y tendría como principales facultades jurisdiccionales fijar o suspender la jurisprudencia, así como resolver los juicios en que sea necesario establecer la interpretación directa de una ley reglamento o fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución hasta fijar jurisprudencia. Así mismo tendrá facultades para resolver los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos y resoluciones del pleno, así como la queja y determinar las medidas de apremio; y para resolver los conflictos de competencia; las excitativas de justicia y calificar los impedimentos en las recusaciones y excusas de los magistrados, entre otras (artículo 20).
Las secciones de la sala superior se integrarán con cinco magistrados entre los cuales eligirán a sus presidentes (artículo 17). Su competencia principal la constituye la resolución de los recursos de apelación. Los juicios en última instancia se limitan a tres hipótesis: comercio exterior, competencia reciente del tribunal que actualmente resuelve la sala superior; tratados internacionales de doble tributación, materia novedosa en la que no hay experiencia jurisdiccional y casos que los propios magistrados estimen relevantes y trascendentes.
Esta dictaminadora considera prudente que, en relación con la competencia del pleno del tribunal, se precise que los asuntos de que conocerá conforme a la fracción V del artículo 16, se trata de la facultad de atracción, por lo que dicho precepto queda en los siguientes términos:
"Artículo 16. Es competencia del pleno:
I. Designar de entre sus integrantes al Presidente del Tribunal Fiscal de la Federación.
II. Señalar la sede y el número de las salas regionales.
III. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas regionales.
IV. Fijar o suspender la jurisprudencia del tribunal, conforme al Código Fiscal de la Federación, así como ordenar su publicación.
V. Resolver por atracción los juicios en que sea necesario establecer la interpretación directa de un precepto de ley o reglamento o fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución, hasta fijar jurisprudencia, así como los que el presidente del tribunal considere de importancia y trascendencia.
VI. Resolver los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos y resoluciones del pleno, así como la queja y determinar las medidas de apremio.
VII. Resolver sobre las excitativas de justicia y calificar los impedimentos en las recusaciones y excusas de los magistrados y, en su caso, designar de entre los secretarios al que deba sustituir a un magistrado de sala regional.
VIII. Dictar las medidas que sean necesarias para investigar las responsabilidades de los magistrados establecidas en la ley de la materia y aplicar, en su caso, a los magistrados las sanciones administrativas correspondientes, salvo en el caso de destitución la que se pondrá a la consideración del Presidente de la República.
IX. Fijar y en su caso, cambiar la adscripción de los magistrados de las secciones y de las salas regionales.
X. Expedir el reglamento interior del tribunal y los demás reglamentos y acuerdos necesarios para su buen funcionamiento, teniendo la facultad de crear las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del tribunal de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
XI. Designar de entre los magistrados de la sala superior, a los magistrados que realicen visitas extraordinarias a las salas regionales. El magistrado designado dará cuenta del funcionamiento de éstas al pleno del tribunal.
XII. Designar al secretario general de acuerdos, al oficial mayor y al contralor.
XIII. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos.
XIV. Las demás que establezcan las leyes." El Capítulo IV establece las funciones del presidente, el cual durará en su cargo dos años y no podrá ser reelecto en forma inmediata (artículo 23).
Tiene a su cargo la representación del tribunal y vigilar la buena marcha del mismo en cuestiones que no sean jurisdiccionales, ya que cada magistrado guarda su independencia de criterio. Depende del pleno y está obligado a informarlo periódicamente y a cumplir sus determinaciones (artículo 25).
El Capítulo V se refiere a las salas regionales que se integrarán por tres magistrados cada una (artículo 27). Se establecen las regiones en las que se divide el territorio nacional (artículo 28), pero se prevé que el pleno de la sala superior, podrá determinar el número y la sede de las salas que corresponden a cada región para disponer de mayor flexibilidad, para aumentar el número de salas según lo reclamen las necesidades y se dispongan de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (artículo 16, fracción II).
Se prevé que los presidentes de las salas regionales sean designados por sus pares, duren en su cargo un año y no puedan ser reelectos en forma inmediata. En caso de faltas temporales el presidente será suplido por otro de los magistrados de la sala en orden alfabético (artículo 34).
El Capítulo VI reproduce las atribuciones que actualmente tienen los servidores públicos del Tribunal Fiscal de la Federación pero se incorpora el cargo de contralor del tribunal con importantes funciones de fiscalización en la operación de esta instancia jurisdiccional.
Finalmente, en relación con esta nueva ley, esta dictaminadora considera conveniente formular dos recomendaciones:
Primera. Que dentro de la reforma del Estado que se debate hoy en día en diferentes ámbitos de la sociedad mexicana, se consideren los objetivos y las finalidades que se persiguen a través de la creación de tribunales administrativos, sin vinculación con el Poder Judicial de la Federación:
Segunda. Que se evalúe la conveniencia de incorporar en materia fiscal algunas figuras que benefician a los contribuyentes en la defensa de sus derechos, para lo cual podría partirse de revisar las disposiciones contenidas en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, aplicables a los síndicos de los contribuyentes.
II. Ley del Servicio de Administración Tributaria
A). Fundamento y objetivos
El Ejecutivo Federal propone la creación de un órgano desconcentrado, con carácter de autoridad fiscal que se denominará servicio de administración tributaria, que fue analizada por esta dictaminadora, la cual le brindó su apoyo por considerar que se derivarían ventajas para el contribuyente de contar con un órgano desconcentrado, con carácter de autoridad fiscal y cuyas facultades y atribuciones serían las que actualmente tiene conferidas la subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este órgano estaría dotado de autonomía técnica y de gestión.
A este órgano, se le asignan todas las funciones relacionadas con la administración fiscal y aduanera, pero la Secretaría de Hacienda conservará las atribuciones fundamentales de la política económica como la formulación de la política fiscal del Gobierno Federal y la determinación de los precios y tarifas del sector público.
La comisión que dictamina considera prioritario el avance en la modernización administrativa, sobre todo en las actividades gubernamentales de estrecha relación con la población, como es el caso de la gestión tributaria, así mismo considera que los objetivos planteados por el Ejecutivo son de la mayor importancia para aprobar la ley que propone.
B). Descripción
a). El Título Primero de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, precisa que se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su carácter de autoridad fiscal (artículo 1o.).
Esta dictaminadora apoyó el objeto del servicio de administración tributaria de realizar una actividad estratégica del Estado, consistente en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y de sus accesorios para el financiamiento del gasto público. Habrá de promover la eficiencia en la administración tributaria y el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente (artículo 2o.).
Las atribuciones fundamentales del servicio de administración tributaria consisten en recaudar impuestos, dirigir los servicios aduanales de inspección, incluyendo la policía fiscal de la federación, liquidar y recaudar contribuciones, vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales aduaneras, participar en la negociación de tratados internacionales en la materia y en general, las que sean necesarias para la consecución de sus objetivos (artículo 7o.).
La comisión dictaminadora apoya el planteamiento de la iniciativa de que la Secretaría de Hacienda mantenga como atribución la formulación de la política fiscal del Gobierno Federal y la determinación de los precios y tarifas del sector público.
La iniciativa del Ejecutivo Federal propone que el servicio de administración tributaria se organice con: una junta de gobierno, un presidente y diversas unidades administrativas (artículo 8o.). La junta de gobierno la integran el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien la preside, dos representantes de esa dependencia, el presidente del servicio de administración tributaria y dos funcionarios del mismo (artículo 9o.).
Se proponen como atribuciones para la junta de gobierno las de opinar en la elaboración de las medidas de política fiscal y aduanera necesarias para instrumentar el Plan Nacional de Desarrollo y los sectoriales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; opinar sobre iniciativas de ley y medidas de carácter fiscal a la propia dependencia, las relativas a su propia organización y las que sean necesarias para incrementar la eficiencia en la administración tributaria y aduanera.
Esta dictaminadora consideró de la mayor relevancia y otorgó su decidido apoyo al propósito de establecer un servicio fiscal de carrera, por considerar que las relaciones entre el fisco y los contribuyentes requieren la mayor atención y capacidad profesional de quienes representan a la autoridad (artículo 15). Para hacer efectivo este servicio, la propia ley señala los principios que habrán de adoptarse.
El cuarto y último título de esta ley establece disposiciones que aseguren la correcta operación del servicio de administración tributaria contando entre sus facultades la de establecer instancias y comités especializados que le permitan tener una vinculación efectiva y permanente con grupos de contribuyentes y especialistas a fin de enriquecer los procesos de administración tributaria. Punto importante es el proceso de crear una auténtica conciencia tributaria entre la sociedad.
La comisión que dictamina acoge con beneplácito el propósito del Ejecutivo de no afectar el derecho de los trabajadores que, como lo dispone la iniciativa, se continuarán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Esta ley entrará en vigor el 1o. de julio de 1997, la dctaminadora considera que el plazo es adecuado para permitir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca este servicio mediante un proceso que garantice una adecuada transición, un servicio que corresponda a las expectativas que derivan de esta iniciativa.
Consideradas todas estas características del ordenamiento legal que se comenta, esta dictaminadora estima pertinente hacer tres adecuaciones como se precisa a continuación:
En relación con los requisitos para ser presidente del órgano a que se refiere el artículo 13, puede aprovecharse la experiencia de personas de amplia capacidad y experiencia que, sin embargo podrían rebasar el límite de edad que esta previsto en la fracción I, por lo que este precepto queda aprobado en los siguientes términos:
"Artículo 13. El presidente del servicio de administración tributaria será nombrado y removido por el Presidente de la República y deberá reunir los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano:
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en las materias fiscal y aduanera:
III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de un año o inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público."
Por otra parte se ha estimado muy conveniente que dentro de toda la información que conforme a diferentes ordenamientos jurídicos recibe el Poder Legislativo del Ejecutivo Federal a lo largo del año, se dé especial mención a aquella que el servicio de administración tributaria habrá de rendir en materia de recaudación. Así las cosas, el artículo 12 es adicionado con un segundo párrafo para quedar como sigue:
"Artículo 12. El servicio de administración tributaria contará con un contralor interno, quien podrá asistir a las sesiones de la junta de gobierno con voz, pero sin voto, así como con una unidad administrativa encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público y su organización interna.
El servicio de administración tributaria realizará periódicamente una evaluación de la administración tributaria en función de los objetivos y metas aprobados, haciendo del conocimiento del Congreso de la Unión trimestralmente, los resultados obtenidos, dentro del informe sobre la situación económica y las finanzas públicas que presenta el Ejecutivo Federal."
Por último, también se ha estimado conveniente que el Congreso de la Unión esté en posibilidades de conocer los programas de trabajo que el órgano pretenda ejecutar durante cada año. En esa virtud se aprobó la adición de un párrafo final al artículo 14, para quedar como sigue:
"Artículo 14. El presidente del servicio de administración tributaria tendrá las atribuciones siguientes:
I. Administrar y representar legalmente al servicio de administración tributaria, tanto en su carácter de autoridad fiscal, como de órgano desconcentrado, con la suma de facultades generales y especiales que, en su caso, requiera conforme a la legislación aplicable:
II. Dirigir, supervisar y coordinar el desarrollo de las actividades de las unidades administrativas del servicio de administración tributaria:
III. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera, haciendo del conocimiento de la junta de gobierno aquellas que considere de especial relevancia:
IV. Presentar a la junta de gobierno para su consideración y, en su caso, aprobación, los programas y anteproyectos presupuestales, el anteproyecto de reglamento interior y sus modificaciones, el manual de organización general, los manuales de procedimientos y los de servicio al público:
V. Informar a la junta de gobierno, anualmente o cuando ésta se lo solicite, sobre las labores de las unidades administrativas a su cargo y el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al servicio de administración tributaria:
VI. Fungir como enlace entre el servicio de administración tribubria y las administraciones públicas federal, estatal y municipales en los asuntos vinculados con las materias fiscal, de coordinación fiscal y aduanera:
VII. Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera:
VIII. Suscribir acuerdos interinstitucionales de cooperación técnica y administrativa en las materias fiscal y aduanera:
IX. Aquellas que le ordene o, en su caso, delegue, la junta de gobierno y las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Durante los primeros 45 días de cada año, el presidente del servicio de administración tributaria enviará al Congreso de la Unión y en los recesos de este último, a su Comisión Permanente, una exposición sobre los programas a ejecutar por el órgano, la información relacionada con el presupuesto correspondiente a dicho ejercicio y la información sobre la actividad recaudatoria correspondiente al ejercicio inmediato anterior, en el contexto de la situación económica nacional."
III. Ley Aduanera México tiene un papel cada vez más activo en el comercio internacional. La iniciativa del Ejecutivo Federal expresa que el comercio exterior ha contribuido a alcanzar importantes objetivos del desarrollo nacional: incrementar la productividad de la planta industrial y generar empleos permanentes y mejor remunerados.
A la luz de la experiencia reciente, esta dictaminadora coincide con la oportunidad de que se promulgue una nueva Ley Aduanera. Esta iniciativa agrupa sus diferentes fundamentos en tres vertientes:
a) Estimular las ventas al exterior.
b) Combatir adecuadamente las prácticas ilícitas de comercio internacional.
c) Hacer más eficiente la operación aduanera y brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios.
Dentro de este cuerpo normativo, esta dictaminadora apoya las diversas medidas recogidas en la iniciativa para simplificar y modernizar la operación de comercio exterior:
A). Fortalecer a las aduanas interiores, lo que permitirá a la planta productiva reducir sus costos y mejorar el control en el despacho de mercancías (Capítulo V, Sección Primera).
B). Establecer la posibilidad de que las cámaras de Industria y Comercio y las asociaciones empresariales cuenten con apoderados aduanales para tramitar las operaciones de exportación de sus agremiados, lo que abatirá el costo de esta asesoría a las pequeñas empresas (artículo 172).
C). Amparar en un solo documento, denominado pedimento consolidado, las diversas operaciones de exportación, para abatir costos y agilizar el flujo de productos (artículo 37).
D). Sustituir la utilización del pedimento por la constancia de exportación como única formalidad para que los exportadores indirectos puedan beneficiarse de la tasa 0% del impuesto al valor agregado, lo que favorecerá la mayor integración de las pequeñas y medianas industrias con la producción de empresas que participen en los mercados internacionales (artículo 112).
E). Simplificar el esquema de cuenta aduanera para que los contribuyentes puedan depositar, en una cuenta especial, los impuestos causados por la importación definitiva de mercancías. Estos impuestos serán reembolsados con sus rendimientos cuando las mercancías hayan sido transformadas y exportadas (artículos 85 y 86).
F). Establecer mecanismos simplificados para que los turistas puedan introducir al territorio nacional sus embarcaciones con un mínimo de formalidades, lo cual permitirá impulsar el turismo (artículo 106).
4). Esta dictaminadora también apoya las medidas en favor de la planta productiva recogidas en la iniciativa de Ley Aduanera, destacando las siguientes:
A). La incorporación de la figura del padrón de importadores, que permitirá a la autoridad verificar que los importadores se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que contribuirá al combate de la subvaluación de las mercancías (artículo 59).
B). Se apoyan los procedimientos relativos a evitar la libre circulación de las mercancías conocidas como "piratas" o falsas, que afectan gravemente a la planta productiva nacional (artículos 144, 148 y 149).
C). Se reconoce la conveniencia de crear el consejo de clasificación arancelaria, previsto en la iniciativa de ley, mismo que coadyuvará en la resolución expedita de las consultas anticipadas sobre la correcta clasificación de las mercancías, lo que habrá de dar transparencia y agilidad a las resoluciones de la autoridad aduanera y facilitará el cumplimiento de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales y aduaneras en materia de comercio exterior (artículos 47 y 48).
D). Se reconoce la conveniencia de que el contribuyente pueda acudir directamente al Tribunal Fiscal de la Federación, sin tener que agotar el recurso de revocación ante la autoridad aduanera que lo emita, lo que facilitará la defensa del contribuyente ante resoluciones definitivas de la autoridad (artículo 203).
Además de los aspectos que se consideran importantes en esta iniciativa de ley y que han quedado descritos en los numerales que anteceden, se ha estimado pertinente, como resultado de los análisis, deliberaciones y recomendaciones formuladas por los legisladores, hacer los ajustes y las precisiones que a continuación se describen:
Con objeto de establecer procedimientos más adecuados para las operaciones de comercio exterior que se realicen por aduanas de tráfico marítimo, esta dictaminadora propone que dentro de la obligación que tienen los almacenes fiscalizados de almacenar gratuitamente las mercancías de importación, consignada en el artículo 15 fracción V inciso a, de la iniciativa de Ley Aduanera, se amplíe dicho plazo a cinco días cuando se almacenen mercancías de importación en recintos fiscalizados que se encuentren en aduanas de tráfico marítimo, quedando el artículo 15 de la siguiente manera:
"Artículo 15. Los particulares que obtengan concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, deberán cumplir con lo siguiente:
I. Garantizar anualmente el interés fiscal en una cantidad equivalente al valor promedio de las mercancías almacenadas durante el año de calendario anterior o bien celebrar contrato de seguro que cubra dicho valor. En este último supuesto el beneficiario principal deberá ser la Secretaría, para que en su caso cobre las contribuciones que se adeuden por las mercancías de comercio exterior. Una vez cubiertas las contribuciones correspondientes, el remanente quedará a favor del beneficiario.
Lo anterior no será aplicable tratándose de almacenes generales de depósito.
II. Destinar instalaciones para el reconocimiento aduanero de las mercancías, a las que tendrá libre acceso el personal que designen las autoridades aduaneras. Dichas instalaciones deberán reunir las especificaciones que señale la Secretaría y demás previstas en las disposiciones legales aplicables. Podrán construirse instalaciones comunes a varios almacenes para efectuar el citado reconocimiento.
III. Contar con circuito cerrado de televisión, equipo de cómputo y de transmisión de datos que permita su enlace con el de la Secretaría, así como llevar un registro diario de las operaciones realizadas, mismo que deberá presentarse mensualmente a la citada dependencia. La Secretaría establecerá los lineamientos para llevar a cabo el enlace de los medios de cómputo, así como el contenido y la forma de presentación del informe citado.
IV. Permitir el almacenamiento de las mercancías embargadas por las autoridades aduaneras o abandonadas a favor del fisco federal, sin que en caso alguno el espacio que ocupen estas mercancías excedan del 20% de la capacidad de almacenaje. Por estos servicios se cobrará una cuota igual a la que deban cubrir los particulares; el pago de ésta se podrá compensar contra el aprovechamiento a que se refiere la fracción VII de este artículo.
Cuando las mercancías no sean retiradas por causas imputables a las autoridades aduaneras, el servicio no se cobrará al particular afectado y la contraprestación no cobrada se podrá compensar contra el citado aprovechamiento.
V. Permitir el almacenamiento gratuito de las mercancías, de conformidad con lo siguiente:
a) En mercancías de importación, dos días, excepto en recintos fiscalizados que se encuentren en aduanas de tráfico marítimo, en cuyo caso el plazo será de cinco días.
b) En mercancías de exportación, 15 días, excepto minerales, en cuyo caso el plazo será de 30 días.
Los plazos a que se refiere esta fracción, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que el almacén reciba las mercancías, a excepción de las importaciones que se efectúen por vía marítima o aérea, en las que el plazo se contará a partir del día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mercancías han entrado al almacén.
Durante el plazo en que se permita el almacenamiento gratuito de las mercancías solamente se pagarán los servicios de manejo y custodia de las mismas.
VI. Transferir las mercancías de un almacén a otro, inmediatamente que lo solicite el importador, exportador, consignatario o destinatario de las mismas, siempre que se hayan liquidado los cargos correspondientes al transportista, que aparezcan en el contrato de transporte respectivo y acompañen el escrito de solicitud del almacén al cual vayan a ser transferidas. Dicha transferencia se deberá realizar por quien la solicita.
Los cargos por las transferencias de mercancías a que se refiere esta fracción, tratándose de manifiestos consolidados, no podrán exceder del monto de los cargos que cobre el almacén que efectúe la desconsolidación, respecto de las mercancías que sean objeto de ésta y que permanezcan en dicho almacén. En los demás casos dichos cargos no podrán exceder del monto que cobre el almacén por mercancías similares que no hubieran sido objeto de transferencia.
VII. Pagar en las oficinas autorizadas, dentro de los tres primeros días del mes de que se trate, un aprovechamiento del 3% de los ingresos brutos obtenidos por el establecimiento en el mes inmediato anterior, pudiendo acreditar contra dicho aprovechamiento los gastos efectuados por obras que se realicen en las aduanas conforme a los programas que autorice la Secretaría.
Las personas que operen o administren puertos de altura o aeropuertos internacionales y quienes presten los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros y de carga, podrán prestar los servicios a que se refiere este artículo en los términos que fije la Secretaría, directamente o por conducto de terceros, siempre que éstos cumplan con los requisitos que para tal efecto establezca el reglamento.
Las personas que operen puertos o terminales portuarias de altura deberán pagar, en lugar del aprovechamiento a que se refiere la fracción Vll de este artículo, la contraprestación que señale la Secretaría en los términos que establece la Ley de Puertos.
Cuando las personas que presten los servicios a que se refiere este artículo destinen total o parcialmente el almacén para uso propio, el aprovechamiento a que se refiere la fracción VII de este artículo deberá calcularse conforme a la proporción que la parte destinada para uso propio represente respecto del volumen total susceptible de almacenaje. En este caso, para determinar la base del aprovechamiento, se estimarán los ingresos considerando el volumen de las mercancías almacenadas, el periodo de almacenaje y la tarifa que corresponda al propio almacén o a uno de características similares a éste que preste servicios al público en general en el mismo recinto fiscal.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones I, II, III y V de este artículo dará lugar a que la Secretaría, previa audiencia, suspenda temporalmente en la primera ocasión la concesión o autorización al recinto fiscalizado de que se trate, hasta que se cumplan los requisitos que correspondan. En caso de reincidencia la citada Secretaría revocará o, en su caso, cancelará la concesión o autorización respectiva a que se refiere este artículo."
Asimismo, con objeto de disminuir el riesgo que genera el almacenamiento de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas o corrosivas, esta comisión considera conveniente reducir el plazo en que las citadas mercancías causan abandono al encontrarse en depósito ante la aduana, de 15 a tres días, por lo que se propone adecuar la fracción II del artículo 29, en los siguientes términos:
"Artículo 29. Causarán abandono en favor del fisco federal las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana, en los siguientes casos:
I. Expresamente, cuando los interesados así lo manifiesten por escrito.
II. Tácitamente, cuando no sean retiradas dentro de los plazos que a continuación se indican:
a) Tres meses, tratándose de la exportación.
b) Tres días, tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas o corrosivas, así como de mercancías perecederas o de fácil descomposición y de animales vivos.
c) Dos meses, en los demás casos.
También causarán abandono en favor del fisco federal las mercancías que hayan sido embargadas por las autoridades aduaneras con motivo de la tramitación de un procedimiento administrativo o judicial o cuando habiendo sido vendidas o rematadas no se retiren del recinto fiscal o fiscalizado. En estos casos causarán abandono en dos meses contados a partir de la fecha en que queden a disposición de los interesados.
Se entenderá que las mercancías se encuentran a disposición del interesado a partir del día siguiente a aquél en que se notifique la resolución correspondiente.
No causarán abandono las mercancías de la administración pública federal centralizada y de los poderes Legislativo y Judicial federales."
Esta dictaminadora consideró procedente la propuesta realizada por la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados en el sentido de que la iniciativa en análisis establezca expresamente que las personas con discapacidad y las personas morales que tengan como actividad la atención de dichas personas, puedan importar vehículos especiales o adaptados sin el pago de los impuestos al comercio exterior, toda vez que las personas que padecen alguna limitación fisiológica o anatómica, deben ser también en el ámbito fiscal, acreedoras a determinadas consideraciones que les permita su desarrollo pleno.
Para tales efectos, se propone modificar el primer párrafo de la fracción XV del artículo 61 y adicionar un tercer párrafo a dicha fracción. Por otra parte, esta dictaminadora propone hacer algunas precisiones en la fracción IX de dicho artículo para hacerla congruente con lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, para quedar como sigue:
"Artículo 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías:
I. Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importación y de exportación y a los tratados internacionales, así como las mercancías que se importen con objeto de destinarlas a finalidades de defensa nacional o seguridad pública.
II. Los metales, aleaciones, monedas y las demás materias primas que se requieran para el ejercicio por las autoridades competentes, de las facultades constitucionales de emisión de monedas y billetes.
III. Los vehículos destinados a servicios internacionales para el transporte de carga o de personas, así como sus equipos propios e indispensables.
No quedan comprendidos en el párrafo anterior los vehículos que en el propio territorio nacional sean objeto de explotación comercial, los que se adquieran para usarse o consumirse en el país ni los que se destinen a consumo o uso en el extranjero.
El reglamento establecerá los requisitos que deberán cumplirse, así como el periodo y la distancia máxima en que podrán internarse dentro de la franja o región fronteriza, los vehículos a que se refiere esta fracción.
IV. Las nacionales que sean indispensables, a juicio de las autoridades aduaneras, para el abastecimiento de los medios de transporte que efectúen servicios internacionales, así como las de rancho para tripulantes y pasajeros, excepto los combustibles que tomen las embarcaciones de matrícula extranjera.
V. Las destinadas al mantenimiento de las aeronaves de las empresas nacionales de aviación que presten servicios internacionales y estén constituidas conforme a las leyes respectivas.
VI. Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales.
VII. Los menajes de casa pertenecientes a inmigrantes y a nacionales repatriados o deportados, que los mismos hayan usado durante su residencia en el extranjero, así como los instrumentos científicos y las herramientas cuando sean de profesionales y las herramientas de obreros y artesanos, siempre que las mercancías a que se refiere esta fracción no rebasen el número y valor que señale el reglamento y se cumpla con los plazos y las formalidades establecidos por el mismo.
No quedan comprendidas en la presente exención las mercancías que los interesados hayan tenido en el extranjero para actividades comerciales o industriales ni los vehículos.
VIII. Las que importen los habitantes de la franja fronteriza para su consumo, siempre que sean de la clase, valor y cantidad que señale el reglamento.
IX. Las que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, que importen organismos públicos, así como personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que formen parte de su patrimonio.
b) Que el donante sea institución no lucrativa o entidad pública extranjera.
c) Que cuenten con autorización de la Secretaría.
d) Que, en su caso, se cumpla con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias.
X. El material didáctico que reciban estudiantes inscritos en planteles del extranjero, exceptuando aparatos y equipos de cualquier clase, ya sean armados o desarmados.
XI. Las remitidas por jefes de Estado o gobiernos extranjeros a la Federación, estados y municipios, así como a establecimientos de beneficencia o de educación.
XII. Los artículos de uso personal de extranjeros fallecidos en el país y de mexicanos cuyo deceso haya ocurrido en el extranjero.
XIII. Las obras de arte destinadas a formar parte de las colecciones permanentes de los museos abiertos al público, siempre que obtengan autorización de la Secretaría.
XIV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que únicamente se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta.
En estos casos deberán formar parte de su patrimonio y cumplir con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, señalará las fracciones arancelarias que reúnan los requisitos a que se refiere esta fracción.
XV. Los vehículos especiales o adaptados y las demás mercancías que importen las personas con discapacidad que sean para su uso personal, así como aquellas que importen las personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta que tengan como actividad la atención de dichas personas, siempre que se trate de mercancías que por sus características suplan o disminuyan su discapacidad; permitan a dichas personas su desarrollo físico, educativo, profesional o social; se utilicen exclusiva y permanentemente por las mismas para esos fines y cuenten con la autorización de la Secretaría.
Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considerará como persona con discapacidad la que debido a la pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, fisiológica o anatómica, sufre la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano y acredite dicha circunstancia con una constancia expedida por alguna institución de salud con autorización oficial.
Tratándose de vehículos especiales o adaptados, las personas con discapacidad podrán importar sólo un vehículo para su uso personal cada cuatro años. Las personas morales a que se refiere el primer párrafo de esta fracción podrán importar hasta tres vehículos cada cuatro años. En ambos casos, el importador no podrá enajenar dichos vehículos, sino después de cuatro años de haberlos importado."
Con el propósito de establecer un tratamiento equitativo entre los agentes y apoderados aduanales como coadyuvantes de la autoridad aduanera, así como promover una mejor competencia entre éstos, esta dictaminadora propone las siguientes medidas: primero, establecer que los apoderados aduanales que presten sus servicios a empresas de mensajería, almacenes generales de depósito, cámaras de comercio e industria, asociaciones y confederaciones, así como al Servicio Postal Mexicano, reúnan los mismos requisitos que se exige a los agentes aduanales para obtener la patente y, segundo, prever causales para que los apoderados aduanales queden suspendidos en el ejercicio de sus funciones, en los mismos términos que las aplicables a los agentes aduanales.
De manera complementaria se remite al Reglamento de la Ley Aduanera el límite máximo del valor de las mercancías que podrán ser despachadas por conducto de apoderado aduanal de las empresas de mensajería y paquetería.
Con este mismo objeto esta comisión propone adicionar como requisitos para que puedan operar los apoderados aduanales, el que firmen en forma autógrafa la totalidad de los pedimentos que éstos tramiten y utilizar los candados oficiales en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías cuyo despacho promuevan.
Para incorporar las propuestas antes citadas se considera necesario realizar las modificaciones a los artículos 168, 169, 172 y 173 de la iniciativa en dictamen, para quedar como sigue:
"Artículo 168. Tendrá el carácter de apoderado aduanal la persona física designada por otra persona física o moral para que en su nombre y representación se encargue del despacho de mercancías, siempre que obtenga la autorización de la Secretaría. El apoderado aduanal promoverá el despacho ante una sola aduana, en representación de una sola persona, quien será ilimitadamente responsable por los actos de aquél.
Para obtener la autorización para actuar como apoderado aduanal se requiere:
I. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional ni haber sufrido la cancelación de su autorización, en caso de haber sido apoderado aduanal.
II. Tener relación laboral con el poderdante y que el mismo le otorgue poder notarial.
III. Gozar de buena reputación personal.
IV. No ser servidor público ni militar en servicio activo.
V. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado ni por afinidad, con el administrador de la aduana de adscripción.
VI. Exhibir constancia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
VII. Aprobar el examen sicotécnico que practiquen las autoridades aduaneras.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 172 de esta ley, además de los requisitos señalados anteriormente, se requerirá tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia y contar con experiencia en materia aduanera mayor de tres años.
El impedimento consistente en ser servidor público no se aplicará cuando el poderdante sea una entidad pública. La Federación, las entidades federativas y los municipios, así como los estados extranjeros, no estarán obligados a otorgar poder notarial.
Cuando termine la relación laboral con el poderdante o éste revoque el poder notarial, el poderdante deberá solicitar a la Secretaría que revoque la autorización del apoderado aduanal. La revocación de la autorización surtirá efectos a partir de que el poderdante lo solicite a la Secretaría."
"Artículo 169. El apoderado aduanal deberá cubrir los siguientes requisitos para operar:
I. Proporcionar a las autoridades aduaneras, en la forma y con la periodicidad que éstas determinen, la información estadística de los pedimentos que formule, grabada en un medio magnético.
II. Ocuparse personal y habitualmente de las actividades propias de su función.
El apoderado aduanal deberá firmar en forma autógrafa la totalidad de los pedimentos originales y la copia del transportista.
III. Realizar los actos que le correspondan conforme a esta ley en el despacho de las mercancías, empleando el sistema electrónico y el número confidencial personal que le asigne la Secretaría.
IV. Utilizar los candados oficiales en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías cuyo despacho promueva, de conformidad con lo que establezca la Secretaría mediante reglas, así como evitar que los candados fiscales que adquiera de los importadores o fabricantes autorizados, se utilicen en contenedores o vehículos que transporten mercancías cuyo despacho no hubiera promovido.
La inobservancia de los requisitos señalados en la fracciones I y III de este artículo inhabilita al apoderado aduanal hasta en tanto no cumpla con los requisitos correspondientes. El incumplimiento a lo previsto en las fracciones II y IV lo inhabilita para operar hasta por un mes.
El apoderado aduanal tendrá como obligaciones las señaladas en las fracciones II, IV, Vl, VII, VIII y IX del artículo 162 de esta ley."
"Artículo 172. Las personas morales a que se refiere este artículo podrán encargarse del despacho de mercancías de comercio exterior a través de apoderado aduanal, en los casos que se señalan a continuación:
I. Las empresas de mensajería y paquetería para encargarse del despacho de las mercancías por ellas transportadas, siempre que el valor de las mismas no exceda de la cantidad que establezca el reglamento.
II. Los almacenes generales de depósito para encargarse del despacho de las mercancías que se destinen al régimen de depósito fiscal, así como las que se retiren del mismo.
III. Las asociaciones que cumplan con los requisitos que establezca el reglamento, las cámaras de Comercio e Industria y las confederaciones que las agrupen, para realizar el despacho de las mercancías de exportación de sus integrantes.
IV. El Servicio Postal Mexicano para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 21 de esta ley.
Las personas a que se refiere este artículo serán responsables solidarias del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o su extracción del mismo, cuando realicen el despacho de mercancías por conducto de apoderado aduanal."
"Artículo 173. Será cancelada la autorización de apoderado aduanal, independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas, por las siguientes causas:
I. Declarar con inexactitud algún dato en el pedimento, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) La omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y de cuotas compensatorias, en su caso, exceda de 45 mil pesos y dicha omisión represente más del 10% del total de los que debieron pagarse.
b) Efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de las autoridades competentes, cuando éste se requiera o sin realizar el descargo total o parcial sobre dicho permiso antes de activar el mecanismo de selección aleatoria.
c) Se trate de mercancías de importación o exportación prohibida.
No procederá la cancelación a que se refiere esta fracción, si el monto de la omisión no excede del 55% de los impuestos al comercio exterior que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad.
II. Señalar en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o la clave del registro federal de contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la operación.
III. Ser condenado en sentencia definitiva por haber participado en la comisión de delitos fiscales o de otros delitos intencionales que ameriten pena corporal.
IV. Permitir que un tercero, cualquiera que sea su carácter, actúe al amparo de su autorización.
V. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y de tránsito interno de mercancías, declarar con inexactitud alguno de los datos a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, siempre que con los datos aportados, excluida la liquidación provisional a que se refiere el artículo 127 fracción II de esta ley, de haberse destinado las mercancías de que se trate al régimen de importación definitiva, se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) La omisión exceda de 45 mil pesos y del 10% de los impuestos al comercio exterior, derechos y en su caso, cuotas compensatorias causadas.
b) Efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de la autoridad competente, cuando éste se requiera o sin realizar el descargo total o parcial sobre dicho permiso antes de activar el mecanismo de selección aleatoria.
c) Se trate de mercancías de importación o exportación prohibida.
VI. Cuando cometa alguna de las infracciones previstas en el artículo 176 de esta ley.
Los apoderados aduanales de las personas morales a que se refiere el artículo 172 de esta ley, serán suspendidos en el ejercicio de sus funciones hasta por 90 días, en los casos en que se ubiquen en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones III, VI y VII del artículo 164 de esta ley o por el plazo que resulte cuando se ubiquen en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, IV y V del citado artículo.
Cuando se dé alguna de las causales de suspensión o cancelación a que se refiere este artículo, las autoridades aduaneras sustanciarán en lo aplicable el procedimiento previsto en el artículo 167 de esta ley, para suspender o cancelar la autorización del apoderado aduanal.
La persona física o moral a quien la autoridad aduanera le haya cancelado la autorización de tres de sus apoderados aduanales no podrá designar un nuevo apoderado aduanal, en un plazo de dos años."
Con el objeto de adecuar las sanciones a la gravedad de las infracciones relacionadas con las operaciones de comercio exterior, esta dictaminadora propone adecuar la fracción I y el penúltimo párrafo del artículo 178 de la iniciativa en dictamen, para quedar como sigue:
"Artículo 178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta ley:
I. Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos y en su caso, de las cuotas compensatorias omitidas, cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar.
Cuando la infracción a que se refiere esta fracción sea cometida por pasajeros, se impondrá una multa del 100% al 300% del valor comercial de la mercancía, salvo que se haya ejercido la opción a que se refiere la fracción I del artículo 50 de esta ley, en cuyo caso, la multa será del 70% al 100% de dicho valor comercial.
II. Multa del 30% al 50% del valor comercial de los vehículos, cuando no se haya obtenido el permiso de la autoridad competente.
III. Multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías, cuando su importación o exportación esté prohibida.
IV. Siempre que no se trate de vehículos, multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, distintas de las cuotas compensatorias.
En el supuesto del párrafo anterior el infractor podrá cumplir con la regulación y restricción no arancelaria dentro de los 30 días siguientes a la notificación correspondiente. De no hacerlo, las mercancías pasarán a ser propiedad del fisco federal.
V. Multa del 100% al 150% del valor comercial de la mercancía declarada, a la mencionada en la fracción Vl del artículo 176 de esta ley.
Las mercancías, además pasarán a ser propiedad del fisco federal en los casos previstos en las fracciones II y III de este artículo y cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente que se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional. Se considera que se encuentran dentro de este último supuesto, las mercancías que se presenten ante el mecanismo de selección aleatoria sin pedimento, cuando este sea exigible o con un pedimento que no corresponda para realizar el despacho de las mismas, salvo que se demuestre que el pago correspondiente se efectúo con anterioridad a la presentación de las mercancías, en cuyo caso, únicamente se incurrirá en la infracción prevista en la fracción VI del artículo 184 de esta ley.
Cuando exista imposibilidad material para que las mercancías pasen a ser propiedad del fisco federal, el infractor deberá pagar adicionalmente a la multa, el importe del valor comercial de la mercancía en territorio nacional al momento de su aplicación."
La aprobación de estas leyes, objeto del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se somete a consideración de esta Asamblea en el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN NUEVAS LEYES FISCALES Y SE MODIFICAN OTRAS
Artículo primero. Se expide la siguiente:
LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
TITULO PRIMERO
De la naturaleza, objeto y atribuciones
CAPITULO I
De la naturaleza y objeto
Artículo 1o. El servicio de administración tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta ley.
Artículo 2o. El servicio de administración tributaria tiene por objeto la realización de una actividad estratégica del Estado consistente en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y de sus accesorios para el financiamiento del gasto público.
En la consecución de este objetivo deberá observar y asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de la legislación fiscal y aduanera, así como promover la eficiencia en la administración tributaria y el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente de las obligaciones derivadas de esa legislación.
Artículo 3o. El servicio de administración tributaria gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones.
Artículo 4o. El domicilio del servicio de administración tributaria será la Ciudad de México, donde se ubicarán sus oficinas centrales. Asimismo, contará con oficinas en todas las entidades federativas y sus plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de garantizar una adecuada desconcentración geográfica, operativa y de decisión en asuntos de su competencia conforme a esta ley, al reglamento interior que expida el Presidente de la República y a las demás disposiciones jurídicas que emanen de ellos.
Artículo 5o. Para la realización de su objeto, el servicio de administración tributaria contará con los siguientes recursos:
I. Los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y financieros que le sean asignados:
II. Los fondos y fideicomisos que se constituyan o en los que participe en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tales fines:
III. Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios y gastos de ejecución:
IV. Las asignaciones que establezca el presupuesto de egresos de la Federación.
En adición a las asignaciones para cubrir su gasto ordinario, el servicio de administración tributaria recibirá anualmente recursos para destinarlos al mejoramiento de la infraestructura y servicios de atención al contribuyente, la modernización y automatización integral de sus procesos, la investigación e incorporación de nuevas tecnologías en apoyo de las funciones recaudadoras, fiscalizadoras y aduaneras y la instrumentación del servicio fiscal de carrera y prestaciones derivadas del mismo.
Estos recursos se asignarán con base en los esfuerzos de productividad y eficiencia del propio órgano, una vez que se hayan tomado en cuenta aquellos factores que determinan la evolución de la recaudación y que sean ajenos al desempeño del servicio de administración tributaria. La junta de gobierno, a más tardar en su última sesión de cada ejercicio, determinará los montos requeridos, su calendarización, así como los programas que quedarán cubiertos por estos fondos en el año siguiente.
En caso de que los recursos asignados conforme al párrafo anterior no se ejerzan en su totalidad durante el ejercicio para el cual fueron programados, el servicio de administración tributaria deberá constituir una reserva con este excedente, la cual no podrá sobrepasar el 25% de los recursos totales asignados durante el ejercicio anterior. Esta reserva de contingencia se destinará para garantizar la continuidad de los programas aprobados por la junta de gobierno, pero en ningún caso podrá aplicarse para realizar pagos no previstos en el presupuesto de egresos de la Federación.
Artículo 6o. La Tesorería de la Federación prestará en forma gratuita y de conformidad con lo que establece el presente capítulo y las disposiciones jurídicas aplicables, la asesoría y los servicios necesarios al servicio de administración tributaria.
Con base en la información y requerimientos que al efecto presente el servicio de administración tributaria, la Tesorería de la Federación hará las previsiones necesarias para devolver a los contribuyentes, por cuenta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cantidades que, en su caso, corresponda. El servicio de administración tributaria y la Tesorería de la Federación convendrán, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, los plazos y las condiciones bajo los cuales se efectuarán dichas devoluciones.
CAPITULO II
De las atribuciones
Artículo 7o. El servicio de administración tributaria tendrá las atribuciones siguientes:
I. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable:
II. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Policía Fiscal de la Federación:
III. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales:
IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal:
V. Ejercer aquellas que, en materia de coordinación fiscal, correspondan a la administración tributaria:
VI. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera:
VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones:
VIII. Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera, así como celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia:
IX. Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países con las cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales de las que México sea parte, para lo cual, en ejercicio de sus facultades de vigilancia, podrá recabar respecto de los contribuyentes información y documentación que sea objeto de la solicitud:
X. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las materias fiscal y aduanera:
XI. Localizar y listar a los contribuyentes con objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo:
XII. Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz de sus facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y disposiciones que con base en ellas se expidan:
XIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.
TITULO SEGUNDO
De la organización
CAPITULO I
De los órganos
Artículo 8o. Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el servicio de administración tributaria contará con los órganos siguientes:
I. Junta de gobierno:
II. Presidente:
III. Las unidades administrativas que establezca su reglamento interior.
CAPITULO II
De la junta de gobierno
Artículo 9o. La junta de gobierno del servicio de administración tributaria se integrará por:
I. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá;0 II. Dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, designados por el titular de esa dependencia:
III. El presidente del servicio de administración tributaria:
IV. Dos titulares de unidades administrativas del servicio de administración tributaria, de nivel inmediatamente inferior al del presidente, designados por éste.
Artículo 10. La junta de gobierno tendrá las atribuciones siguientes:
I. Opinar y coadyuvar con las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la elaboración de las medidas de política fiscal y aduanera necesarias para la formulación y ejecución del plan nacional de desarrollo y de los programas sectoriales, así como llevar a cabo los programas especiales y los asuntos que el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar y coordinar en esas materias:
II. Someter a la consideración de las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su opinión sobre los proyectos de iniciativas de ley, decretos, acuerdos, órdenes, resoluciones administrativas y disposiciones de carácter general que en las materias fiscal y aduanera corresponda expedir o promover a la propia Secretaría:
III. Aprobar los programas y presupuestos del servicio de administración tributaria, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable y de acuerdo con los lineamientos previstos en el artículo 5o. fracción IV:
IV. Aprobar la estructura orgánica básica del servicio de administración tributaria y las modificaciones que procedan a la misma, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como el anteproyecto del reglamento interior del servicio de administración tributaria y sus modificaciones correspondientes:
V. Examinar y en su caso, aprobar los informes generales y especiales que someta a su consideración el presidente del servicio de administración tributaria:
VI. Estudiar y en su caso, aprobar todas aquellas medidas que, a propuesta del presidente del servicio de administración tributaria, incrementen la eficiencia en la operación de la administración tributaria y en el servicio de orientación al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales:
VII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 11. La junta de gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y extraordinarias cuando así lo proponga el Secretario de Hacienda y Crédito Público o el presidente del servicio de administración tributaria. Para que la junta de gobierno sesione válidamente se requerirá la asistencia de más de la mitad de sus integrantes, siempre que entre ellos se encuentren presentes, por lo menos, dos de los mencionados en las fracciones I y II del artículo 9o.
Las resoluciones de la junta de gobierno se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes. El Secretario de Hacienda y Crédito Público tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo 12. El servicio de administración tributaria contará con un contralor interno, quien podrá asistir a las sesiones de la junta de gobierno con voz, pero sin voto, así como con una unidad administrativa encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público y su organización interna.
El servicio de administración tributaria realizará periódicamente una evaluación de la administración tributaria en función de los objetivos y metas aprobados, haciendo del conocimiento del Congreso de la Unión trimestralmente los resultados obtenidos, dentro del informe sobre la situación económica y las finanzas públicas que presenta el Ejecutivo Federal.
CAPITULO III
De la presidencia
Artículo 13. El presidente del servicio de administración tributaria será nombrado y removido por el Presidente de la República y deberá reunir los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano:
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en las materias fiscal y aduanera:
III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de un año o inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Artículo 14. El presidente del servicio de administración tributaria tendrá las atribuciones siguientes:
I. Administrar y representar legalmente al servicio de administración tributaria, tanto en su carácter de autoridad fiscal, como de órgano desconcentrado, con la suma de facultades generales y especiales que, en su caso, requiera conforme a la legislación aplicable:
II. Dirigir, supervisar y coordinar el desarrollo de las actividades de las unidades administrativas del servicio de administración tributaria:
III. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera, haciendo del conocimiento de la junta de gobierno aquellas que considere de especial relevancia:
IV. Presentar a la junta de gobierno para su consideración y en su caso aprobación, los programas y anteproyectos presupuestales, el anteproyecto de reglamento interior y sus modificaciones, el manual de organización general, los manuales de procedimientos y los de servicio al público:
V. Informar a la junta de gobierno, anualmente o cuando ésta se lo solicite, sobre las labores de las unidades administrativas a su cargo y el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al servicio de administración tributaria:
VI. Fungir como enlace entre el servicio de administración tributaria y las administraciones públicas federal, estatales y municipales, en los asuntos vinculados con las materias fiscal, de coordinación fiscal y aduanera:
VII. Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera:
VIII. Suscribir acuerdos interinstitucionales de cooperación técnica y administrativa en las materias fiscal y aduanera:
IX. Aquellas que le ordene o, en su caso, delegue, la junta de gobierno y las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Durante los primeros 45 días de cada año el presidente del servicio de administración tributaria enviará al Congreso de la Unión, y en los recesos de éste último a su Comisión Permanente, una exposición sobre los programas a ejecutar por el órgano, la información relacionada con el presupuesto correspondiente a dicho ejercicio y la información sobre la actividad recaudatoria correspondiente al ejercicio inmediato interior, en el contexto de la situación económica nacional.
TITULO TERCERO
Del servicio fiscal de carrera
CAPITULO UNICO
Artículo 15. El servicio fiscal de carrera tendrá la finalidad de dotar al servicio de administración tributaria, de un cuerpo de funcionarios fiscales calificado, profesional y especializado, el cual estará sujeto a un proceso permanente de capacitación y desarrollo integral, con base en un esquema de remuneraciones y prestaciones que coadyuven al cumplimiento óptimo de su objeto.
Artículo 16. El personal del servicio de administración tributaria queda agrupado en tres categorías, de las cuales las dos primeras se integran con trabajadores de confianza y la última con trabajadores de base:
I. Funcionarios fiscales de carrera. Comprende al conjunto de directivos, especialistas y técnicos sujetos al servicio fiscal de carrera:
II. Funcionarios fiscales de libre designación. Comprende al conjunto de directivos, especialistas y técnicos que ingresen al servicio de administración tributaria sin formar parte del servicio fiscal de carrera y que en ningún caso podrán exceder el porcentaje que establezca el estatuto del servicio fiscal de carrera:
III. Empleados de base. Comprende al conjunto de personas que desempeñen tareas de apoyo a las funciones directivas, de especialización y técnicas, así como de mantenimiento y servicio. Estos empleados podrán tener acceso al servicio fiscal de carrera cuando cubran los requisitos de formación profesional, capacitación técnica, perfil del puesto y demás que se establezcan de conformidad con el régimen específico a que se refiere el artículo 18.
Artículo 17. El servicio fiscal de carrera se regirá por los principios siguientes:
I. Igualdad de oportunidades para el ingreso y la promoción en el servicio, con base en la experiencia, desempeño, aptitudes, conocimientos y capacidades de los funcionarios fiscales. Para ello, estos procesos se realizarán con base en concursos de oposición y la evaluación de los elementos mencionados:
II. Especialización y profesionalización en cada actividad, conforme a un catálogo de puestos específicos, en el que se determine la naturaleza, funciones, adscripción, requisitos, salario y prestaciones de cada puesto:
III. Retribuciones y prestaciones vinculadas a la productividad y acordes con el mercado de trabajo, que sean suficientes para asegurar al servicio de administración tributaria la contratación y la permanencia de los mejores funcionarios fiscales, en los términos que se establezcan en el estatuto del servicio fiscal de carrera:
IV. Capacitación y desarrollo integral de carácter obligatorio y permanente, relacionados con la actividad sustantiva del servicio de administración tributaria y la promoción de los funcionarios fiscales, a fin de asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios:
V. Integridad, responsabilidad y conducta adecuada de los funcionarios fiscales, con base en el conjunto de lineamientos de ética que el propio servicio de administración tributaria establezca.
Artículo 18. El servicio de administración tributaria contará con una comisión responsable de la organización y funcionamiento del servicio fiscal de carrera.
El régimen específico del servicio fiscal de carrera quedará establecido en el estatuto del servicio fiscal de carrera que para tales efectos expida la junta de gobierno.
TITULO CUARTO
De las disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Artículo 19. El servicio de administración tributaria podrá contar con instancias de consulta y comités especializados que le permitan mantener una vinculación efectiva y permanente con los contribuyentes y especialistas interesados en su operación y funcionamiento.
Las instancias y comités que se constituyan tendrán como objetivo primordial coadyuvar en el mejoramiento de la administración tributaria y la aplicación de la legislación fiscal y aduanera, así como la difusión de la información y orientación necesarias que permita crear una auténtica conciencia tributaria entre la sociedad.
Artículo 20. Las relaciones laborales entre el servicio de administración tributaria y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el 1o. de julio de 1997.
Segundo. A partir de la entrada en vigor de esta ley, quedan derogados los artículos 33, fracción III y 70-bis del Código Fiscal de la Federación y 201 de la Ley Aduanera. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mecanismos para que las percepciones de los trabajadores no sufran menoscabo.
Tercero. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al servicio de administración tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente ley, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.
Cuarto. Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley se encuentren en trámite ante alguna de las unidades administrativas de la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pasen a formar parte del servicio de administración tributaria o los recursos administrativos interpuestos en contra de actos o resoluciones de tales unidades administrativas, se seguirán tramitando ante el servicio de administración tributaria o serán resueltos por el mismo, cuando se encuentren vinculados con la materia objeto de la presente ley, su reglamento interior y cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.
Quinto. Los juicios en los que sea parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por actos de las unidades administrativas adscritas a la subsecretaría de ingresos que pasen a formar parte del servicio de administración tributaria, que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren en trámite ante los tribunales del fuero federal o cualquier otra instancia jurisdiccional, los continuará tramitando el servicio de administración tributaria a través de sus unidades administrativas competentes hasta su total conclusión, para lo cual ejercitarán las acciones, excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señaladas en los juicios, ante dichos tribunales.
Los amparos contra actos de las unidades administrativas adscritas a la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico que pasen a formar parte del servicio de administración tributaria, cuya interposición les sea notificada con el carácter de autoridades responsables o de terceros perjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, continuarán siendo llevados en su tramitación hasta su total conclusión por el servicio de administración tributaria.
Sexto. El Ejecutivo Federal realizará las gestiones conducentes para que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal, organismo descentralizado de la administración pública federal, quede desincorporado de la administración pública federal paraestatal y su patrimonio y atribuciones pasen a una unidad administrativa del servicio de administración tributaria.
Séptimo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dispondrá lo conducente a fin de que, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se lleve a cabo la reasignación de los recursos humanos y de que los bienes muebles e inmuebles, materiales y financieros, así como los archivos y expedientes con los que actualmente cuentan las unidades administrativas adscritas a la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pasen a formar parte del servicio de administración tributaria, para el ejercicio de las atribuciones vinculadas con la materia objeto de esta ley, su reglamento interior y cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos. Para tales efectos se deberán formalizar las actas de entrega-recepción correspondientes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Octavo. Los derechos de los trabajadores serán respetados y en ningún caso serán afectados por la reorganización que implica el presente ordenamiento.
Artículo segundo. Se expide la siguiente:
LEY ADUANERA
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Artículo 1o. Esta ley, la de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías.
Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior.
Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se considera:
I. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
II. Autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que esta ley establece:
III. Mercancías, los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular:
IV. Residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o morales residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes o bases fijas en el país, siempre que reúnan los requisitos que señala la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para ser establecimiento permanente o base fija y las personas físicas que obtengan ingresos por salarios de un residente en territorio nacional:
V. Impuestos al comercio exterior, los impuestos generales de importación y de exportación conforme a las tarifas de las leyes respectivas:
VI. Reglamento, el reglamento de esta ley y
VII. Reglas, las de carácter general que emita la Secretaría.
Artículo 3o. Las funciones administrativas relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo se realizarán por las autoridades aduaneras.
Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten y estarán obligados a denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta ley y a poner a su disposición las mercancías objeto de las mismas, si obran en su poder.
Las autoridades aduaneras, migratorias, sanitarias, de comunicaciones, de marina y otras, ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y colaborarán recíprocamente en el desempeño de las mismas.
Las autoridades aduaneras colaborarán con las autoridades extranjeras en los casos y términos que señalen las leyes y los tratados internacionales de que México sea parte.
Artículo 4o. Quienes operen o administren puertos de altura o aeropuertos internacionales y quienes presten los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros y de carga, deberán poner a disposición de las autoridades aduaneras las instalaciones adecuadas para las funciones propias del despacho de mercancías y las demás que deriven de esta ley, así como cubrir los gastos y costos que implique el mantenimiento de dichas instalaciones.
Las instalaciones a que se refiere este artículo deberán ser aprobadas previamente por las autoridades aduaneras y estar señaladas en el respectivo programa maestro de desarrollo portuario de la administración portuaria integral o, en su caso, en los documentos donde se especifiquen las construcciones de las terminales ferroviarias de pasajeros o de carga, así como de aeropuertos internacionales.
Artículo 5o. El monto de las multas establecidas en esta ley se actualizará en los términos del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación.
Cuando en esta ley se señalen cantidades en moneda nacional, también se actualizarán en los términos a que se refiere el párrafo anterior.
Para la imposición de las sanciones que establece esta ley se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 6o. Las copias o reproducciones de documentos que deriven de microfilme, disco óptico o de cualquier otro medio que autorice la Secretaría, tendrán el mismo valor probatorio que los originales, siempre que para su microfilmación o grabación se cumpla con los requisitos que establezca el reglamento.
Artículo 7o. Las empresas aéreas que transporten pasajeros del extranjero a territorio nacional deberán entregar o transmitir, a las autoridades aduaneras, una lista con los nombres de dichos pasajeros. Esta información se deberá presentar a través de los medios y con las modalidades que establezca el reglamento.
Las empresas aéreas que transporten mercancías explosivas y armas de fuego deberán dar aviso a las autoridades aduaneras con por lo menos 24 horas de anticipación al arribo al territorio nacional de dichas mercancías. En estos casos las autoridades aduaneras deberán informar a las autoridades militares de tal circunstancia, con objeto de que estas últimas determinen las medidas de seguridad que en su caso procedan durante el tiempo en que dichas mercancías se encuentren en el país.
Artículo 8o. Las naves militares o las de los gobiernos extranjeros, de conformidad con los tratados internacionales de que México sea parte, no quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley, excepto cuando se utilicen para efectuar alguna operación comercial.
Artículo 9o. Las personas que al entrar al país lleven consigo cantidades en efectivo o en cheques o una combinación de ambas, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América, estarán obligadas a declararlo a las autoridades aduaneras en las aduanas.
TITULO SEGUNDO
Control de aduana en el despacho
CAPITULO I
Entrada, salida y control de mercancías
Artículo 10. La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberá efectuarse por lugar autorizado, en día y hora hábil. Quienes efectúen su transporte por cualquier medio están obligados a presentar dichas mercancías ante las autoridades aduaneras junto con la documentación exigible.
La Secretaría, mediante reglas, podrá autorizar en la circunscripción de las aduanas de tráfico marítimo la entrada al territorio nacional o la salida del mismo por lugar distinto al autorizado, de mercancías que por su naturaleza o volumen no puedan despacharse conforme a lo establecido en el párrafo anterior.
Artículo 11. Las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, aéreo y fluvial, por otros medios de conducción y por la vía postal.
Artículo 12. Las personas que tengan conocimiento de accidentes ocurridos a medios de transporte que conduzcan mercancías de comercio exterior, deberán dar aviso de inmediato a las autoridades aduaneras y poner a su disposición las mercancías, si las tienen en su poder.
Artículo 13. El transbordo de las mercancías de procedencia extranjera de una aeronave a otra sin haber sido despachadas, se podrá realizar bajo la responsabilidad de la empresa transportista o utilizando los servicios de agente o apoderado aduanal, siempre que se cumplan los requisitos que establezca el reglamento.
Artículo 14. El manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior compete a las aduanas.
Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancias de comercio exterior y fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas.
La Secretaría podrá otorgar autorización para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, en cuyo caso el inmueble en que los particulares presten dichos servicios se denominará recinto fiscalizado.
La autorización para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia a que se refiere este artículo, se otorgará hasta por un plazo de 20 años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado, a partir del decimoctavo año y siempre que se cumpla con los requisitos necesarios para el otorgamiento de la autorización. Dicha autorización sólo procederá tratándose de inmuebles que colinden o se encuentren dentro de los recintos fiscales.
Tratándose de inmuebles de la Federación, la prestación de estos servicios podrá concesionarse a los particulares mediante licitación pública. En ningún caso se podrá otorgar a un particular más de una concesión o autorización en una misma aduana.
Las remuneraciones por la prestación de estos servicios se fijarán entre las partes, cuando los mismos sean prestados por particulares. En el caso de la transferencia de mercancías de un almacén a otro, las partes estarán a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 15 de esta ley.
Artículo 15. Los particulares que obtengan concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, deberán cumplir con lo siguiente:
I. Garantizar anualmente el interés fiscal en una cantidad equivalente al valor promedio de las mercancías almacenadas durante el año de calendario anterior o bien celebrar contrato de seguro que cubra dicho valor. En este último supuesto, el beneficiario principal deberá ser la Secretaría, para que en su caso, cobre las contribuciones que se adeuden por las mercancías de comercio exterior. Una vez cubiertas las contribuciones correspondientes, el remanente quedará a favor del beneficiario.
Lo anterior no será aplicable tratándose de almacenes generales de depósito.
II. Destinar instalaciones para el reconocimiento aduanero de las mercancías, a las que tendrá libre acceso el personal que designen las autoridades aduaneras. Dichas instalaciones deberán reunir las especificaciones que señale la Secretaría y demás previstas en las disposiciones legales aplicables. Podrán construirse instalaciones comunes a varios almacenes para efectuar el citado reconocimiento:
III. Contar con circuito cerrado de televisión, equipo de cómputo y de transmisión de datos que permita su enlace con el de la Secretaría, así como llevar un registro diario de las operaciones realizadas, mismo que deberá presentarse mensualmente a la citada dependencia. La Secretaría establecerá los lineamientos para llevar a cabo el enlace de los medios de computo, así como el contenido y la forma de presentación del informe citado:
IV. Permitir el almacenamiento de las mercancías embargadas por las autoridades aduaneras o abandonadas a favor del fisco federal, sin que en caso alguno el espacio que ocupen estas mercancías excedan del 20% de la capacidad de almacenaje. Por estos servicios se cobrará una cuota igual a la que deban cubrir los particulares; el pago de ésta se podrá compensar contra el aprovechamiento a que se refiere la fracción VII de este artículo.
Cuando las mercancías no sean retiradas por causas imputables a las autoridades aduaneras, el servicio no se cobrará al particular afectado y la contraprestación no cobrada se podrá compensar contra el citado aprovechamiento:
V. Permitir el almacenamiento gratuito de las mercancías, de conformidad con lo siguiente:
a) En mercancías de importación, dos días, excepto en recintos fiscalizados que se encuentren en aduanas de tráfico marítimo, en cuyo caso el plazo será de 5 días.
b) En mercancías de exportación, 15 días, excepto minerales cuyo caso, el plazo será de 30 días.
Los plazos a que se refiere esta fracción, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que el almacén reciba las mercancías, a excepción de las importaciones que se efectúen por vía marítima o aérea, en las que el plazo se contará a partir del día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mercancías han entrado al almacén.
Durante el plazo en que se permita el almacenamiento gratuito de las mercancías solamente se pagarán los servicios de manejo y custodia de las mismas:
VI. Transferir las mercancías de un almacén a otro, inmediatamente que lo solicite el importador, exportador, consignatario o destinatario de las mismas, siempre que se hayan liquidado los cargos correspondientes al transportista, que aparezcan en el contrato de transporte respectivo y acompañen el escrito de solicitud del almacén al cual vayan a ser transferidas. Dicha transferencia se deberá realizar por quien la solicita.
Los cargos por las transferencias de mercancías a que se refiere esta fracción, tratándose de manifiestos consolidados, no podrán exceder del monto de los cargos que cobre el almacén que efectúe la desconsolidación, respecto de las mercancías que sean objeto de ésta y que permanezcan en dicho almacén. En los demás casos, dichos cargos no podrán exceder del monto que cobre el almacén por mercancías similares que no hubieran sido objeto de transferencia:
VII. Pagar en las oficinas autorizadas, dentro de los tres primeros días del mes de que se trate, un aprovechamiento del 3% de los ingresos brutos obtenidos por el establecimiento en el mes inmediato anterior, pudiendo acreditar contra dicho aprovechamiento, los gastos efectuados por obras que se realicen en las aduanas conforme a los programas que autorice la Secretaría.
Las personas que operen o administren puertos de altura o aeropuertos internacionales y quienes presten los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros y de carga, podrán prestar los servicios a que se refiere este artículo en los términos que fije la Secretaría, directamente o por conducto de terceros, siempre que éstos cumplan con los requisitos que para tal efecto establezca el reglamento.
Las personas que operen puertos o terminales portuarias de altura deberán pagar, en lugar del aprovechamiento a que se refiere la fracción VII de este artículo, la contraprestación que señale la Secretaría en los términos que establece la Ley de Puertos.
Cuando las personas que presten los servicios a que se refiere este artículo, destinen total o parcialmente el almacén para uso propio, el aprovechamiento a que se refiere la fracción VII de este artículo, deberá calcularse conforme a la proporción que la parte destinada para uso propio represente respecto del volumen total susceptible de almacenaje. En este caso, para determinar la base del aprovechamiento, se estimarán los ingresos considerando el volumen de las mercancías almacenadas, el periodo de almacenaje y la tarifa que corresponda al propio almacén o a uno de características similares a éste que preste servicios al público en general en el mismo recinto fiscal.
El incumplimento de las obligaciones previstas en las fracciones I, II, III y V de este artículo, dará lugar a que la Secretaría, previa audiencia, suspenda temporalmente en la primera ocasión, la concesión o autorización al recinto fiscalizado de que se trate, hasta que se cumplan los requisitos que correspondan. En caso de reincidencia la citada Secretaría revocará o, en su caso, cancelará la concesión o autorización respectiva a que se refiere este artículo.
Artículo 16. La Secretaría podrá autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero, así como para las demás operaciones que la propia Secretaría decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se causen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa. Los particulares que deseen obtener la autorización a que se refiere este artículo deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Tener cinco años de experiencia, prestando los servicios que se vayan a autorizar:
II. Tener un capital social pagado de por lo menos $600,000.00:
III. Cumplir con los requisitos de procedimiento que la Secretaría establezca en la convocatoria que para estos efectos publique en el Diario Oficial de la Federación.
La propia Secretaría podrá autorizar a los particulares a prestar otros servicios que faciliten el reconocimiento aduanero de las mercancías.
La Secretaría determinará las cantidades que como contraprestación pagarán las personas que realicen las operaciones aduaneras a quienes presten estos servicios. Este pago, incluyendo el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contraprestación, se acreditará contra el monto de los derechos de trámite aduanero a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos y no podrá ser superior a los mencionados derechos, salvo en el caso de las contraprestaciones que se paguen con motivo del segundo reconocimiento. El acreditamiento a que se refiere este párrafo en ningún caso dará lugar a un saldo a favor acreditable contra otras operaciones, ni a devolución.
Los derechos y las contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior se enterarán conjuntamente ante las oficinas autorizadas. La Secretaría determinará mediante reglas el por ciento que del total corresponde a los derechos, a los particulares y el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contraprestación.
Artículo 17. Las personas que presten sus servicios o que realicen actividades dentro de los recintos fiscales o fiscalizados deberán portar los gafetes u otros distintivos que las identifique, en los términos que establezca el reglamento.
Sólo podrán ingresar a los recintos fiscales o fiscalizados las personas autorizadas por las autoridades aduaneras. En caso de inobservancia a lo dispuesto en este párrafo, dichas autoridades procederán a realizar los actos a que se refiere el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 18. Las 24 horas del día y todos los días del año, serán hábiles para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras. Para los efectos del artículo 10 de esta ley, se considerarán hábiles las horas y días que mediante reglas señale la Secretaría.
Artículo 19. Las autoridades aduaneras, a petición de parte interesada, podrán autorizar que los servicios a que se refiere el artículo 10 de esta ley, así como los demás del despacho, sean prestados por el personal aduanero, en lugar distinto del autorizado o en día u hora inhábil, siempre que se cumplan los requisitos que establezca el reglamento.
Artículo 20. Las empresas porteadoras, los capitanes, pilotos, conductores y propietarios de los medios de transporte de mercancías materia de importación o de exportación están obligados a:
I. Recibir la visita de inspección que las autoridades aduaneras realicen a los citados medios de transporte, con motivo de su entrada al país o de su salida o bien presentar los medios de transporte en el lugar designado por las autoridades aduaneras para realizar la visita de inspección:
II. Aplicar las medidas que los autoridades aduaneras señalen para prevenir y asegurar en los vehículos el cumplimiento de las disposiciones de esta ley:
III. Exhibir, cuando las autoridades aduaneras lo requieran, los libros de navegación y demás documentos que amparen los vehículos y las mercancías que conduzcan.
IV. Presentar a las autoridades aduaneras las mercancías, así como los manifiestos y demás documentos que las amparen, utilizando las formas aprobadas por la Secretaría.
Las empresas de transportación marítima y aérea, deberán proporcionar la información relativa a las mercancías que transporten en medios magnéticos, en los términos que mediante reglas establezca la Secretaría:
V. Colocar en los bultos que transporten y que contengan mercancías que sean explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas o corrosivas, las marcas o símbolos que son obligatorios internacionalmente, cuando el documento que ampare su transporte señale que se trata de este tipo de mercancías:
VI. Evitar la venta de mercancías de procedencia extranjera en las embarcaciones o aeronaves una vez que se encuentren en el territorio nacional.
En el caso de tráfico marítimo los capitanes deben, además, pagar los créditos fiscales que hubiera causado la embarcación.
Las personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia de las aeronaves que realicen el servicio de transporte aéreo internacional no regular, deberán requerir la documentación que compruebe que la aeronave recibió la visita de inspección a que se refiere la fracción I de este artículo y conservarla por un plazo de cinco años.
Artículo 21. Las mercancías que ingresen al territorio nacional o que se pretendan extraer del mismo por la vía postal, quedarán confiadas al Servicio Postal Mexicano, bajo la vigilancia y control de las autoridades aduaneras.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Servicio Postal Mexicano deberá:
I. Abrir los bultos postales procedentes del extranjero o nacionales para su exportación, en las oficinas postales de cambio y proceder, por conducto de agente o apoderado aduanal, a la valoración y clasificación de las mercancías.
II. Presentar las mercancías y declaraciones correspondientes a las autoridades aduaneras para su despacho.
III. Entregar las mercancías una vez que se hayan cumplido las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y pagado los créditos fiscales, independientemente del tipo de envío postal.
IV. Recibir el pago de los créditos fiscales y demás prestaciones que se causen, tratándose de importaciones y exportaciones y enterarlo a la Tesorería de la Federación, a más tardar 30 días después de presentadas las mercancías a las autoridades aduaneras para su despacho.
V. Poner a disposición de las autoridades aduaneras las mercancías de procedencia extranjera, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que caigan en rezago conforme a la ley de la materia. Una vez puestas a disposición de las autoridades aduaneras pasarán a ser propiedad del fisco federal.
VI. Proporcionar los datos y exhibir los documentos que requieran las autoridades aduaneras a efecto de ejercer sus funciones, para lo cual quedan facultadas para recabarlos del interesado, en su caso.
VII. Dar aviso a las autoridades aduaneras de los bultos y envíos postales que contengan mercancías de procedencia extranjera que ingresen al territorio nacional y de los que retomen al remitente.
Artículo 22. El remitente de los envíos postales que contengan mercancías para su exportación lo manifestará en las envolturas.
Igual obligación tiene el remitente de mercancías de procedencia extranjera que las envíe desde una franja o región fronteriza al resto del país.
CAPITULO II
Depósito ante la aduana
Artículo 23. Las mercancías quedarán en depósito ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados destinados a este objeto, con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero, siempre que se trate de aduanas de tráfico marítimo o aéreo. La Secretaría, mediante reglas, podrá autorizar su depósito ante la aduana en aduanas de tráfico terrestre.
Las mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes o radiactivas sólo podrán descargarse o quedar en depósito ante la aduana a su ingreso al territorio nacional o para extraerse del mismo, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:
I. Que las mercancías cuenten con la autorización de las autoridades competentes:
II. Que el recinto cuente con lugares apropiados para su almacenaje, por sus condiciones de seguridad.
Tratándose de mercancías radiactivas y explosivas que queden en depósito ante la aduana en recintos fiscales, las autoridades aduaneras las entregarán de inmediato a las autoridades y organismos competentes en la materia, bajo cuya custodia y supervisión quedarán almacenadas, siendo responsable ante aquellas, en los términos del artículo 26 de esta ley.
Artículo 24. Los pasajeros internacionales en tránsito que ingresen a territorio nacional por vía aérea, podrán dejar su equipaje en depósito ante la aduana, aun y cuando éste no se vaya a destinar a un régimen aduanero.
Artículo 25. Las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana podrán ser motivo de actos de conservación, examen y toma de muestras, siempre que no se altere o modifique su naturaleza o las bases gravables para fines aduaneros. La autoridad aduanera podrá autorizar la toma de muestras, caso en el cual se pagarán las contribuciones y cuotas compensatorias que a ellas correspondan.
Asimismo, tratandose de las mercancías a que se refiere este artículo se podrán prestar los servicios de almacenaje, análisis de laboratorio, vigilancia, etiquetado, marcado y colocación de leyendas de información comercial. Para estos efectos, las autoridades aduaneras tomarán las medidas necesarias para la salvaguarda y protección del interés fiscal y de las propias mercancías.
Artículo 26. Las personas autorizadas para almacenar mercancías en depósito ante la aduana tendrán las obligaciones que a continuación se mencionan, además de las señaladas en la concesión o autorización respectiva:
I. Recibir, almacenar y custodiar las mercancías que les envíe la aduana.
II. Permitir al personal aduanero que mediante orden escrita de autoridad competente, supervise las labores del almacén.
III. Aplicar en los almacenes las medidas que las autoridades aduaneras señalen para prevenir y asegurar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
IV. Mantener los instrumentos de seguridad puestos por las autoridades aduaneras en departamentos del almacén o en los bultos almacenados.
V. Dar aviso a las autoridades aduaneras de la violación o extravío de los bultos almacenados.
VI. Entregar las mercancías embargadas o que hayan pasado a ser propiedad del fisco federal y que se encuentren bajo su custodia, previa autorización de la autoridad o a solicitud de la misma, respectivamente.
VII. Entregar las mercancías que se encuentren bajo su custodia cuando el agente o apoderado aduanal le presente el pedimento en el que conste el pago de las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias, de conformidad con el régimen aduanero al que sean destinadas o cuando no se destinen a algún régimen por que se vayan a retornar al extranjero las mercancías de esa procedencia o se vayan a reincorporar al mercado las de origen nacional.
VIII. Presentar en los medios y con la periodicidad que establezca el reglamento, la información relativa a las mercancías que hubieran causado abandono a favor del fisco federal.
Artículo 27. Si las mercancías en depósito ante la aduana se destruyen por accidente, la obligación fiscal se extinguirá, salvo que los interesados destinen los restos a algún régimen aduanero.
Artículo 28. El fisco federal responderá por el valor de las mercancías que, depositadas en los recintos fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras, se extravíen, así como por los créditos fiscales pagados en relación con las mismas. El personal aduanero encargado del manejo y custodia de las mercancías será responsable por los mismos conceptos, ante el fisco federal.
El propietario de las mercancías extraviadas en un recinto fiscal, podrá solicitar a la Secretaría, dentro del plazo de dos años, el pago del valor que tenían las mismas al momento de su depósito ante la aduana. Para tal efecto, acreditará que al momento del extravío dichas mercancías se encontraban en el recinto fiscal y bajo custodia de las autoridades aduaneras, así como el importe de su valor. De ser procedente la solicitud, el fisco federal pagará el valor de las mercancías extraviadas.
Las personas que hayan obtenido concesión o autorización para prestar los servicios de almacenaje, manejo y custodia de mercancías, responderán directamente ante el fisco federal por el importe de los créditos fiscales que corresponda pagar por las mercancías extraviadas y ante los interesados por el valor que tenían dichas mercancías al momento de su depósito ante la aduana.
Se considera que una mercancía se ha extraviado, cuando transcurridos tres días a partir de la fecha en que se haya pedido para examen, entrega, reconocimiento o cualquier otro propósito no sea presentada por el personal encargado de su custodia.
Cuando el extravío se origine por caso fortuito o fuerza mayor, el fisco federal y sus empleados no serán responsables.
Artículo 29. Causarán abandono en favor del fisco federal las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana, en los siguientes casos:
I. Expresamente, cuando los interesados así lo manifiesten por escrito.
II. Tácitamente, cuando no sean retiradas dentro de los plazos que a continuación se indican:
a) Tres meses, tratándose de la exportación.
b) Tres días, tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas o corrosivas, así como de mercancías perecederas o de fácil descomposición y de animales vivos.
c) Dos meses, en los demás casos.
También causarán abandono en favor del fisco federal, las mercancías que hayan sido embargadas por las autoridades aduaneras con motivo de la tramitación de un procedimiento administrativo o judicial o cuando habiendo sido vendidas o rematadas no se retiren del recinto fiscal o fiscalizado. En estos casos causarán abandono en dos meses contados a partir de la fecha en que queden a disposición de los interesados.
Se entenderá que las mercancías se encuentran a disposición del interesado a partir del día siguiente a aquél en que se notifique la resolución correspondiente.
No causarán abandono las mercancías de la administración pública federal centralizada y de los poderes Legislativo y Judicial federales.
Artículo 30. Los plazos a que se refiere la fracción II del artículo 29 de esta ley, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que las mercancías ingresen al almacén en el que queden en depósito ante la aduana, salvo en los siguientes casos:
I. Tratándose de operaciones que se realicen en tráfico marítimo, el plazo se computará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera terminado la descarga del buque.
II. Tratándose de mercancías pertenecientes a las embajadas y consulados extranjeros, a organismos internacionales de los que México sea miembro y de equipajes y menajes de casa de los funcionarios y empleados de las referidas representaciones y organismos, los plazos de abandono se iniciarán tres meses después de que las mercancías hayan ingresado a depósito ante la aduana.
Artículo 31. El equipo especial que las embarcaciones utilicen para facilitar las maniobras de carga, descarga y que dejen en tierra, causará abandono tres meses después del día siguiente a aquél en que dichas embarcaciones hayan salido del puerto.
Durante ese lapso este equipo podrá permanecer en el puerto sin el pago de los impuestos al comercio exterior y utilizarse por otras embarcaciones de la empresa porteadora que lo haya dejado en el puerto.
Artículo 32. Cuando las mercancías hubieran causado abandono, las autoridades aduaneras notificarán personalmente o por correo certificado con acuse de recibo a los propietarios o consignatarios de las mismas, en el domicilio que aparezca en el documento de transporte o en la factura comercial, que ha transcurrido el plazo de abandono y que cuentan con 15 días para retirar las mercancías, previa la comprobación del cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como del pago de los créditos fiscales causados.
En los casos en que no se hubiera señalado domicilio o el señalado no corresponda a la persona, la notificación se efectuará a través de los estrados de la aduana.
Transcurrido el plazo citado sin haberse efectuado la comprobación y el pago referidos, las mercancías pasarán definitivamente a ser propiedad del fisco federal.
Las personas que presten los servicios señalados en el artículo 14 de esta ley, deberán enajenar por cuenta del fisco federal, las mercancías que hubieran pasado a ser propiedad de éste en los términos del presente artículo, de acuerdo con el procedimiento que señale la Secretaría mediante reglas, salvo que la citada dependencia disponga de las mismas de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de esta ley.
El adquirente de dichas mercancías podrá optar por retornarlas al extranjero o destinarlas a cualquiera de los regímenes aduaneros en los términos de esta ley, calculando la base para el pago de las contribuciones de conformidad con las disposiciones del Título Tercero, Capítulo III de esta ley. El producto de la venta se destinará a los fondos constituidos para el mantenimiento, reparación o ampliación de las instalaciones de las aduanas a que se refiere el artículo 202 de esta ley, así como a pagar los cargos originados por el manejo, almacenaje, custodia y gastos de venta de las mercancías en los términos que mediante reglas establezca la Secretaría.
Artículo 33. Los plazos de abandono se interrumpirán:
Por la interposición del recurso administrativo que corresponda conforme al Código Fiscal de la Federación o la presentación de la demanda en el juicio que proceda.
El recurso o la demanda sólo interrumpirán los plazos de que se trata, cuando la resolución definitiva que recaiga no confirme, en todo o en parte, lo que se impugnó.
II. Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega de las mercancías a los interesados.
III. Por el extravío de mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana.
Artículo 34. Cuando el recinto fiscal no cuente con lugares apropiados para la conservación de mercancías perecederas o de fácil descomposición o de animales vivos, las autoridades aduaneras procederán a su venta o donación dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que ingresen al recinto fiscal y se indemnizará al interesado en los términos que para tal efecto establezca el reglamento.
CAPITULO III
Despacho de mercancías
Artículo 35. Para los efectos de esta ley se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales.
Artículo 36. Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones. Dicho pedimento se deberá acompañar de:
I. En importación:
a) La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la Secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad que establezcan dichas reglas.
b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo, ambos revalidados por la empresa porteadora.
c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación.
d) El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.
e) El documento en el que conste la garantía que determine la Secretaría mediante reglas, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia.
f) El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el reglamento.
En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar la mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanal.
Tratándose de reexpediciones se estará a lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley.
II. En exportación:
a) La factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías.
b) Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, a la exportación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación.
En el caso de exportación de mercancías que hubieran sido importadas en los términos del artículo 86 de esta ley, así como de las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente y que retornen en el mismo estado, susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan.
Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la factura o en relación anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el exportador, agente o apoderado aduanal.
No se exigirá la presentación de facturas comerciales en las importaciones y exportaciones efectuadas por embajadas, consulados o miembros del personal diplomático y consular extranjero, las relativas a energía eléctrica, las de petróleo crudo, gas natural y sus derivados cuando se hagan por tubería o cables, así como cuando se trate de menajes de casa.
El agente o apoderado aduanal deberá imprimir en el pedimento su código de barras o usar otros medios de control, con las características que establezca la Secretaría mediante reglas.
Artículo 37. Quienes exporten mercancías podrán presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un solo pedimento que ampare diversas operaciones de un solo exportador, al que se denominará pedimento consolidado.
Tratándose de las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, también podrán optar por promover el despacho aduanero de las mercancías mediante pedimento consolidado para su importación.
Quienes ejerzan las opciones a que se refiere este artículo, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el reglamento.
Artículo 38. El despacho de las mercancías deberá efectuarse mediante el empleo de un sistema electrónico con grabación simultánea en medios magnéticos, en los términos que la Secretaría establezca mediante reglas. Las operaciones grabadas en los medios magnéticos en los que aparezca la clave electrónica confidencial correspondiente al agente o apoderado aduanal y el código de validación generado por la aduana, se considerará, sin que se admita prueba en contrario, que fueron efectuados por el agente o apoderado aduanal al que corresponda dicha clave.
El empleo de la clave electrónica confidencial que corresponda a cada uno de los agentes y apoderados aduanales, equivaldrá a la firma autógrafa de éstos para todos los efectos legales.
Artículo 39. Quienes efectúen la reexpedición de mercancías están obligados a presentar ante la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría, debiendo llevar impreso el código de barras o cualquier otro medio de control que establezca mediante reglas la citada dependencia. A dicho pedimento se deberá acompañar:
I. Copia del pedimento mediante el cual se efectuó la importación a la franja o región fronteriza o cuando sea persona distinta del importador, factura que reúna los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación:
II. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al resto del territorio nacional, de conformidad con las disposiciones sobre la materia. En los casos en que el documento original obre en poder de las autoridades aduaneras, bastará con la presentación de una copia al momento de efectuar la reexpedición.
Artículo 40. Unicamente los agentes aduanales que actúen como consignatarios o mandatarios de un determinado importador o exportador, así como los apoderados aduanales, podrán llevar a cabo los trámites relacionados con el despacho de las mercancías de dicho importador o exportador. No será necesaria la intervención de agentes o apoderados aduanales en los casos que esta ley lo señale expresamente.
Artículo 41. Los agentes y apoderados aduanales serán representantes legales de los importadores y exportadores para todas las actuaciones y notificaciones que deriven del despacho aduanero de mercancías en el que actúen, siempre que se celebren dentro del recinto fiscal o se trate del acta de embargo o del acta a que se refieren los artículos 150 y 152 de esta ley, respectivamente.
Los importadores y exportadores podrán presentar un aviso a las autoridades aduaneras, comunicando que ha cesado dicha representación, siempre que el mismo se presente una vez notificadas dichas actas.
Artículo 42. Si quien debe formular el pedimento ignora las características de las mercancías en depósito ante la aduana podrá examinarlas para ese efecto.
Artículo 43. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías con el pedimento ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección aleatoria que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. Si no debe practicarse el reconocimiento se le entregarán dichas mercancías de inmediato.
Realizado el reconocimiento a que se refiere el primer párrafo de este artículo, quien haya presentado las mercancías deberá activar nuevamente el mecanismo de selección aleatoria que determinará si dichas mercancías estarán sujetas a un segundo reconocimiento.
En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero de las mercancías se detecten irregularidades, los agentes o apoderados aduanales podrán solicitar sea practicado el segundo reconocimiento de las mercancías.
Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento que den lugar al embargo precautorio de las mercancías, se entregarán éstas de inmediato. En el caso de que no se hubiera presentado el documento a que se refiere el artículo 36 fracción I inciso e, de esta ley, las mercancías se entregarán una vez presentado el mismo.
El segundo reconocimiento será practicado por los dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaría, quienes emitirán un dictamen aduanero que tendrá el alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.
El reconocimiento aduanero y el segundo reconocimiento no limitan las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, respecto de las mercancías importadas o exportadas, no siendo aplicable en estos casos el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Si las autoridades omiten al momento del despacho objetar el valor de las mercancías o los documentos o informaciones que sirvan de base para determinarlo, no se entenderá que el valor declarado ha sido aceptado o que existe resolución favorable al particular.
Artículo 44. El reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento consisten en el examen de las mercancías de importación o de exportación, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado, respecto de los siguientes conceptos:
I. Las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, así como el número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar la mercancía:
II. La descripción, naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías:
III. Los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso.
Artículo 45. Cuando en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento se requiera efectuar la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o cuando sean necesarias instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, los importadores o exportadores las deberán tomar previamente y las entregarán al agente o apoderado aduanal, quien las presentará al momento del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento.
En todo caso se podrán tomar las muestras al momento del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento en los términos que establezca el reglamento.
Los importadores que estén inscritos en el registro para la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o para las que se requiera de instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, no estarán obligados a presentar las muestras a que se refiere el párrafo anterior.
Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por seis meses la inscripción en el registro a que se refiere este artículo, cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación detecten irregularidades entre lo declarado y la mercancía efectivamente importada. Asimismo dichas autoridades podrán cancelar la citada inscripción, cuando el importador hubiera sido suspendido en tres ocasiones o cuando las autoridades competentes detecten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las obligadones fiscales.
En ambos casos se determinarán los créditos fiscales omitidos y se aplicará una multa equivalente del 8% al 10% del valor comercial de las mercancías que se hubieran importado a territorio nacional declarándolas en los mismos términos que aquélla en que se detectó alguna irregularidad en lo declarado y en lo efectivamente importado, realizadas en los seis meses anteriores o en el tiempo que lleve de operación, si éste es menor, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables.
Cuando se realice la toma de muestras se procederá a levantar el acta de muestreo correspondiente.
Artículo 46. Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de los documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero o del segundo reconocimiento, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar en acta circunstanciada que para el efecto se levante. Dicha acta tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación y deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero.
Artículo 47. Los importadores, exportadores y agentes o apoderados aduanales, previa a la operación de comercio exterior que pretendan realizar, podrán formular consulta ante las autoridades aduaneras sobre la clasificación arancelaria de las mercancías objeto de la operacion de comercio exterior, cuando consideren que se pueden clasificar en más de una fracción arancelaria.
Dicha consulta podrá presentarse directamente por el interesado ante las autoridades aduaneras o por las confederaciones, cámaras o asociaciones, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, señalen la fracción arancelaria que consideren aplicable, las razones que sustenten su apreciación y la fracción o fracciones con las que exista duda y anexen, en su caso, las muestras, catálogos y demás elementos que permitan identificar la mercancía para su correcta clasificación arancelaria.
Quienes hubieran formulado consulta en los términos del párrafo anterior podrán realizar el despacho de las mercancías materia de la consulta por conducto de su agente o apoderado aduanal, anexando al pedimento copia de la consulta, en la que conste su recepción por parte de las autoridades aduaneras. Para ejercer esta opción se efectuará el pago de las contribuciones de conformidad con la fracción arancelaria cuya tasa sea la más alta de entre las que considere que se pueden clasificar, así como pagar las cuotas compensatorias y cumplir con las demás regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a las distintas fracciones arancelarias motivo de la consulta.
Si con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento se detectan irregularidades en la clasificación arancelaria de la mercancía declarada en el pedimento, los funcionarios adscritos a la aduana no emitirán las resoluciones a que se refieren los artículos 152 y 153 de esta ley, hasta en tanto no se resuelva la consulta por las autoridades aduaneras.
Cuando de la resolución que emitan las autoridades aduaneras resulten diferencias de contribuciones y cuotas compensatorias a cargo del contribuyente, éste deberá pagarlas, actualizando las contribuciones y con recargos desde la fecha en que se realizó el pago y hasta aquélla en que se cubran las diferencias omitidas sin que proceda la aplicación de sanción alguna derivada por dicha omisión. Si resultan diferencias en favor del contribuyente, éste podrá compensarlas o pedir su devolución.
Las personas a que se refiere el primer párrafo de este artículo podrán presentar consulta a las autoridades aduaneras, para conocer la clasificación arancelaria de las mercancías que pretendan importar o exportar, en los términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, anexando, en su caso, las muestras, catálogos y demás elementos que permitan identificar la mercancía para su correcta clasificación arancelaria.
Artículo 48. Para resolver las consultas que presenten los importadores, exportadores y agentes o apoderados aduanales sobre la correcta clasificación arancelaria a que se refiere el artículo 47 de esta ley, las autoridades aduaneras podrán apoyarse en los dictámenes técnicos del consejo de clasificación arancelaria, el cual estará integrado por los peritos que propongan las confederaciones, cámaras, asociaciones e instituciones académicas.
Las autoridades aduaneras podrán resolver conjuntamente las consultas formuladas cuando la descripción arancelaria de las mercancías sea la misma. En estos casos se dictará una sola resolución, la que se notificará a los interesados. Las resoluciones sobre clasificación arancelaria que emitan las autoridades aduaneras, de carácter individual o dirigida a agrupaciones, surtirán efectos con relación a las operaciones de comercio exterior que se efectúen a partir del día siguiente a aquél en que se notifique la resolución de que se trate, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de esta ley.
Las resoluciones deberán dictarse en un plazo que no excederá de cuatro meses contados a partir de la fecha de su recepción. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución que corresponda, se entenderá que la clasificación arancelaria fue correctamente practicada. En caso que se requiera al promovente para que cumpla los requisitos omitidos o proporcione elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.
La Secretaría podrá demandar ante el Tribunal Fiscal de la Federación, la nulidad de la clasificación arancelaria favorable a un particular que resulte cuando transcurra el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se notifique la resolución que corresponda y dicha clasificacion ilegalmente lo favorezca.
La Secretaría mediante reglas dará a conocer los criterios de clasificación arancelaria y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Cuando las autoridades aduaneras modifiquen los criterios de clasificación arancelaria, estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución.
Artículo 49. Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, inclusive en los casos de reconocimiento aduanero o de los hechos que conozca con motivo del segundo reconocimiento, surjan inexactitudes o falsedades en lo declarado, las autoridades aduaneras determinarán las contribuciones omitidas y en su caso, las cuotas compensatorias e impondrán las sanciones que correspondan.
Artículo 50. Tratándose de importaciones y exportaciones de mercancías que efectúen los pasajeros y cuyo valor no exceda del que para tales efectos establezca el reglamento, no será necesario utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal.
Cuando las mercancías a que se refiere el párrafo anterior estén sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, tampoco será necesario utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal en los casos que señale la Secretaría mediante reglas.
Los pasajeros están obligados a declarar si traen consigo mercancías distintas de su equipaje. Una vez presentada la declaración y efectuado el pago de las contribuciones determinadas conforme al procedimiento simplificado a que se refiere el artículo 88 de esta ley, los pasajeros podrán optar por lo siguiente:
I. Solicitar que la autoridad aduanera practique reconocimiento de las mercancías.
II. Activar el mecanismo de selección aleatoria que determine si el reconocimiento a que se refiere la fracción anterior debe practicarse.
Las empresas que presten el servicio internacional de transporte de pasajeros tendrán la obligación de proporcionarles la forma oficial de declaración señalada en este artículo.
TITULO TERCERO
Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior>
CAPITULO I
Hechos gravados, contribuyentes y responsables
Artículo 51. Se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior:
I. General de importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva.
II. General de exportación, conforme a la tarifa de la ley respectiva.
Artículo 52. Están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior las personas físicas y morales que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo.
La Federación, Distrito Federal, estados, municipios, entidades de la administración pública paraestatal, instituciones de beneficencia privada y sociedades cooperativas, deberán pagar los impuestos al comercio exterior no obstante, que conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o esten exentos de ellos.
Las personas y entidades a que se refieren los dos párrafos anteriores también estarán obligadas a pagar las cuotas compensatorias.
Se presume, salvo prueba en contrario, que la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de mercancías, se realiza por:
I. El propietario o el tenedor de las mercancías.
II. El remitente en exportación o el destinatario en importación.
III. El mandante, por los actos que haya autorizado.
Artículo 53. Son responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o de su extracción del mismo, sin perjuicio de lo establecido por el Código Fiscal de la Federación:
I. Los mandatarios, por los actos que personalmente realicen conforme al mandato.
II. Los agentes aduanales, por los que se originen con motivo de las importaciones o exportaciones en cuyo despacho aduanero intervengan personalmente o por conducto de sus empleados autorizados.
III. Los propietarios y empresarios de medios de transporte, los pilotos, capitanes y en general los conductores de los mismos, por los que causen las mercancías que transporten, cuando dichas personas no impidan las obligaciones que les imponen las leyes a que se refiere el artículo 1o. de esta ley o sus reglamentos. En los casos de tránsito de mercancías, los propietarios y empresarios de medios de transporte público únicamente serán responsables cuando no cuenten con la documentación que acredite la legal estancia en el país de las mercancías que transporten.
IV. Los remitentes de mercancías de la franja o región fronteriza al resto del país, por las diferencias de contribuciones que se deban pagar por este motivo.
V. Los que enajenen las mercancías materia de importación o exportación, en los casos de subrogación establecidos por esta ley, por los causados y por las citadas mercancías.
VI. Los almacenes generales de depósito o el titular del local destinado a exposiciones internacionales por las mercancías no arribadas o por las mercancías faltantes o sobrantes, cuando no presenten los avisos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 119 de esta ley.
La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas.
Artículo 54. El agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como del cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por esta ley y por las de0más leyes y disposiciones aplicables.
El agente aduanal no será responsable en los siguientes casos:
I. Por el pago de las diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias, multas y recargos que se determinen, así como por el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, si éstos provienen de la inexactitud o falsedad de los datos y documentos que el contribuyente le hubiera proporcionado al citado agente aduanal, siempre que este último no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al examinar las mercancías, por no ser apreciable a la vista y por requerir para su identificación de análisis químico o de análisis de laboratorio tratándose de las mercancías que mediante reglas establezca la Secretaría.
II. De la veracidad y exactitud del valor declarado, cuando conserve a disposición de las autoridades aduaneras en los términos del artículo 162 fracción VII de esta ley, la manifestación a que se refiere la fracción III del artículo 59 del mismo ordenamiento, así como copia del documento en que conste la garantía a que se refiere el inciso e, fracción I del artículo 36 de esta ley, tratándose en este último caso, de mercancías que se encuentren sujetas a precios estimados, cuando el valor declarado sea inferior a dicho precio.
III. De las contribuciones omitidas que se deriven de la aplicación de un arancel preferencial cuando de conformidad con algún tratado o acuerdo internacional del que México sea parte, se requiera de un certificado de origen para gozar de trato arancelario preferencial, siempre que conserve copia del certificado de origen que ampare las mercancías y se asegure que el certificado se encuentra en el formato oficial aprobado para tales efectos, ha sido llenado en su totalidad conforme a su instructivo, se encuentra vigente a la fecha de la importación y el criterio para trato arancelario preferencial asentado en el mismo corresponde a la regla de origen aplicable a las mercancías de que se trate.
IV. De las cuotas compensatorias omitidas cuando se importen mercancías idénticas o similares a aquellas que se encuentren sujetas a dichas cuotas, siempre que conserve copia del certificado de país de origen válido, expedido de conformidad con las disposiciones aplicables y cumpla con lo que establezca el reglamento.
Las excluyentes de responsabilidad señaladas en este artículo, no serán aplicables cuando el agente aduanal utilice un Registro Federal de Contribuyentes de un importador que no le hubiera encargado el despacho de las mercancías.
Artículo 55. En los casos de subrogación autorizados por esta ley, el adquirente de las mercancías asume las obligaciones derivadas de la importación o exportación establecidas en las leyes y el enajenante tendrá el carácter de responsable solidario.
Artículo 56. Las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, serán los que rijan en las siguientes fechas:
I. En importación:
a) La de fondeo y cuando éste no se realice, la de amarre o atraque de la embarcación que transporte las mercancías al puerto al que vengan destinadas.
b) En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional.
c) La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer aeropuerto nacional.
d) En vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores, según que las mercancías hayan entrado al país por los litorales, fronteras o por aire.
e) En la que las mercancías pasen a ser propiedad del fisco federal, en los casos de abandono.
II. En exportación, la de presentación de las mercancías ante las autoridades aduaneras.
III. En la que las mercancías entren o salgan del país por medio de tuberías o cables o en la que se practique la lectura de los medidores si éstos no cuentan con indicador de fecha.
IV. En los casos de infracción:
a) En la de comisión de la infracción.
b) En la del embargo precautorio de las mercancías, cuando no pueda determinarse la de comisión.
c) En la que sea descubierta, cuando las mercancías no sean embargadas precautoriamente ni se pueda determinar la de comisión.
Artículo 57. Se presume realizada la exportación de mercancías procedentes del mar territorial o de la zona económica exclusiva adyacente al mismo, en el momento en que sean descubiertas, si fueron extraídas o capturadas sin las concesiones, permisos o autorizaciones de explotación correspondientes.
Artículo 58. La base gravable para la reexpedición de mercancías de procedencia extranjera de la franja o región fronteriza al resto del país, será la que rija en la fecha en que se hubieran dado los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 de esta ley, actualizada en los términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación.
Tratándose de mercancías que hayan sido objeto de procesos de elaboración o transformación en dicha franja o región, se estará a lo siguiente:
I. Cuando al producto terminado le corresponda una fracción arancelaria diferente a las mercancías de procedencia extranjera empleadas o incorporadas en los procesos de elaboración o transformación, no le será aplicable el primer párrafo de este artículo. En este caso, las contribuciones se determinarán al momento de la reexpedición, considerando únicamente el valor en aduana de las mercancías extranjeras empleadas e incorporadas, así como la clasificación arancelaria del producto terminado.
II. Cuando las mercancías incorporadas al producto terminado puedan ser identificadas, el importador podrá optar por pagar los impuestos conforme a lo dispuesto en el primer párrafo o a lo señalado por la fracción I de este artículo.
Las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, excepto tratándose de cuotas compensatorias, en los casos a que se refieren las fracciones anteriores, serán las que correspondan a la fecha de la reexpedición.
Artículo 59. Quienes importen mercancías deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por esta ley, con las siguientes:
I. Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que permita distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras.
En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, se presumirá que las mercancías enajenadas por el contribuyente, a partir de la fecha de la importación, análogas o iguales a las importadas, eran de procedencia extranjera.
II. Obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías, para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran.
III. Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancías, una manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad con los elementos que en los términos de esta ley permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. El importador deberá conservar copia de dicha manifestación y obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las disposiciones aplicables de esta ley y proporcionarlos a las autoridades aduaneras, cuando éstas lo requieran.
IV. Estar inscritos en el padrón de importadores a cargo de la Secretaría, para lo cual deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los demás requisitos que establezca el reglamento.
CAPITULO II
Afectación de mercancías y exenciones
Artículo 60. Las mercancías están afectas directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales generados por su entrada o salida del territorio nacional.
En los casos previstos por esta ley, las autoridades aduaneras procederán a retenerlas o embargarlas, en tanto se comprueba que han sido satisfechas dichas obligaciones y créditos.
Los medios de transporte quedan afectos al pago de las contribuciones causadas por la entrada o salida del territorio nacional y de las cuotas compensatorias causadas por la entrada a territorio nacional, de las mercancías que transporten, si sus propietarios, empresarios o conductores no dan cumplimiento a las disposiciones mencionadas en el artículo 1o. de esta ley.
Artículo 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías:
I. Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importación y de exportación y a los tratados internacionales, así como las mercancías que se importen con objeto de destinarlas a finalidades de defensa nacional o seguridad pública.
II. Los metales, aleaciones, monedas y las demás materias primas que se requieran para el ejercicio por las autoridades competentes, de las facultades constitucionales de emisión de monedas y billetes.
III. Los vehículos destinados a servicios internacionales para el transporte de carga o de personas, así como sus equipos propios e indispensables.
No quedan comprendidos en el párrafo anterior los vehículos que en el propio territorio nacional sean objeto de explotación comercial, los que se adquieran para usarse o consumirse en el país, ni los que se destinen a consumo o uso en el extranjero.
El reglamento establecerá los requisitos que deberán cumplirse, así como el periodo y la distancia máxima en que podrán internarse dentro de la franja o región fronteriza, los vehículos a que se refiere esta fracción.
IV. Las nacionales que sean indispensables, a juicio de las autoridades aduaneras, para el abastecimiento de los medios de transporte que efectúen servicios internacionales, así como las de rancho para tripulantes y pasajeros, excepto los combustibles que tomen las embarcaciones de matrícula extranjera.
V. Las destinadas al mantenimiento de las aeronaves de las empresas nacionales de aviación que presten servicios internacionales y estén constituidas conforme a las leyes respectivas.
VI. Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales.
VII. Los mensajes de casa pertenecientes a inmigrantes y a nacionales repatriados o deportados, que los mismos hayan usado durante su residencia en el extranjero, así como los instrumentos científicos y las herramientas cuando sean de profesionales y las herramientas de obreros y artesanos, siempre que las mercancías a que se refiere esta fracción no rebasen el número y valor que señale el reglamento y se cumpla con los plazos y las formalidades establecidos por el mismo. No quedan comprendidas en la presente exención las mercancías que los interesados hayan tenido en el extranjero para actividades comerciales o industriales ni los vehículos.
VIII. Las que importen los habitantes de la franja fronteriza para su consumo, siempre que sean de la clase, valor y cantidad que señale el reglamento.
IX. Las que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social que importen organismos públicos, así como personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que formen parte de su patrimonio.
b) Que el donante sea institución no lucrativa o entidad pública extranjera.
c) Que cuenten con autorización de la Secretaría.
d) Que, en su caso, se cumpla con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias.
X. El material didáctico que reciban estudiantes inscritos en planteles del extranjero, exceptuando aparatos y equipos de cualquier clase, ya sean armados o desarmados.
XI. Las remitidas por jefes de estado o gobiernos extranjeros a la Federación, estados y municipios, así como a establecimientos de beneficencia o de educación.
XII. Los artículos de uso personal de extranjeros fallecidos en el país y de mexicanos cuyo deceso haya ocurrido en el extranjero.
XIII. Las obras de arte destinadas a formar parte de las colecciones permanentes de los museos abiertos al público, siempre que obtengan autorización de la Secretaría.
XIV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que únicamente se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta.
En estos casos deberán formar parte de su patrimonio y cumplir con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, señalará las fracciones arancelarias que reúnan los requisitos a que se refiere esta fracción.
XV. Las vehículos especiales o adaptados y las demás mercancías que importen las personas con discapacidad que sean para su uso personal, así como aquellas que importen las personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta que tengan como actividad la atención de dichas personas, siempre que se trate de mercancías que por sus características suplan o disminuyan su discapacidad; permitan a dichas personas su desarrollo físico, educativo, profesional o social; se utilicen exclusiva y permanentemente por las mismas para esos fines y cuenten con la autorización de la Secretaría.
Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considerará como persona con discapacidad la que debido a la pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, fisiológica o anatómica, sufre la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano y acredite dicha circunstancia con una constancia expedida por alguna institución de salud con autorización oficial.
Tratándose de vehículos especiales o adaptados, las personas con discapacidad podrán importar sólo un vehículo para su uso personal cada cuatro años. Las personas morales a que se refiere el primer párrafo de esta fracción podrán importar hasta tres vehículos cada cuatro años. En ambos casos el importador no podrá enajenar dichos vehículos sino después de cuatro años de haberlos importado.
Artículo 62. Tratándose de importación de vehículos la Secretaría podrá:
I. Autorizar, en los casos en que exista reciprocidad, la importación en franquicia cuando pertenezcan a:
a) Gobiernos extranjeros, con los que el Gobierno mexicano tenga relaciones diplomáticas.
b) Embajadores extranjeros acreditados en el país.
c) Miembros del personal diplomático y consular extranjero, que no sean nacionales.
También podrá autorizarse la importación en franquicia a funcionarios y empleados del servicio exterior mexicano que hayan permanecido en el extranjero cuando menos dos años continuos en el desempeño de comisión oficial. Quedan comprendidos en lo previsto en este supuesto los funcionarios mexicanos acreditados ante los organismos internacionales en los que el Gobierno mexicano participe.
II. Determinar, previo acuerdo con otras autoridades competentes, mediante reglas que al efecto expida:
a) La naturaleza, cantidad y categoría de los vehículos que puedan importarse en franquicia, así como los requisitos necesarios para su enajenación libre del impuesto general de importación cuando hayan transcurrido los plazos correspondientes.
b) Los requisitos para la importación de vehículos en franquicia, destinados a permanecer definitivamente en la franja o región fronteriza.
En los casos a que se refiere esta fracción, la propia Secretaría podrá autorizar la internación temporal del vehículo de que se trate al resto del país, por un plazo improrrogable de tres meses, dentro de un periodo de 12, siempre que se cumplan los requisitos que establezca el reglamento.
Artículo 63. Las mercancías importadas al amparo de alguna franquicia, exención o estímulo fiscal no podrán ser enajenadas ni destinadas a propósitos distintos de los que motivaron el beneficio. Su enajenación únicamente procederá cuando no se desvirtúen dichos propósitos.
Cuando proceda la enajenación de las mercancías el adquirente quedará subrogado en las obligaciones del importador.
Las autoridades aduaneras procederán al cobro del impuesto general de importación y de las cuotas compensatorias causados desde la fecha en que las mercancías fueron introducidas al territorio nacional, actualizándose el citado impuesto conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, cuando sean enajenadas o destinadas a finalidades diversas de las que motivaron el beneficio a que se refiere este artículo, independientemente de la imposición de las sanciones que corresponda.
CAPITULO III
Base gravable
SECCION PRIMERA
Del impuesto general de importación
Artículo 64. La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable.
El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el artículo 71 de esta ley.
Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar el precio pagado por las mismas, siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 de esta ley y que éstas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, precio que se ajustará, en su caso, a los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley.
Se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste.
Artículo 65. El valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio pagado, el importe de los siguientes cargos:
I. Los elementos que a continuación se mencionan, en la medida en que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías:
a) Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra.
b) El costo de los envases o embalajes que, para efectos aduaneros, se considere que forman un todo con las mercancías de que se trate.
c) Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales.
d) Los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 de esta ley.
II. El valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre que el importador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos, para su utilización en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio pagado:
a) Los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas.
b) Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas.
c) Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas.
d) Los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio nacional que sean necesarios para la producción de las mercancías importadas.
III. Las regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que dichas regalías y derechos no estén incluidos en el precio pagado.
IV. El valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que se reviertan directa o indirectamente al vendedor.
Para la determinación del valor de transacción de las mercancías, el precio pagado únicamente se incrementará de conformidad con lo dispuesto en este artículo, sobre la base de datos objetivos y cuantificables.
Artículo 66. El valor de transacción de las mercancías importadas no comprenderá los siguientes conceptos, siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio pagado:
I. Los gastos que por cuenta propia realice el importador, aun cuando se pueda estimar que benefician al vendedor, salvo aquéllos respecto de los cuales deba efectuarse un ajuste conforme a lo dispuesto por el artículo 65 de esta ley.
II. Los siguientes gastos, siempre que se distingan del precio pagado por las mercancías importadas:
a) Los gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación en relación con las mercancías importadas.
b) Los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías, que se realicen con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 de esta ley:
c) Las contribuciones y las cuotas compensatorias aplicables en territorio nacional, como consecuencia de la importación o enajenación de las mercancías.
III. Los pagos del importador al vendedor por dividendos y aquellos otros conceptos que no guarden relación directa con las mercancías importadas.
Para efectos de lo señalado en este artículo, se considera que se distinguen del precio pagado las cantidades que se mencionan, se detallan o especifican separadamente del precio pagado en la factura comercial o en otros documentos comerciales.
Artículo 67. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 64 de esta ley, se considerará como valor en aduana el de transacción, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
I. Que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador, con excepción de las siguientes:
a) Las que impongan o exijan las disposiciones legales vigentes en territorio nacional.
b) Las que limiten el territorio geográfico en donde puedan venderse posteriormente las mercancías.
c) Las que no afecten el valor de las mercancías.
II. Que la venta para la exportación con destino al territorio nacional o el precio de las mercancías no dependan de alguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar.
III. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la enajenación posterior o de cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías efectuada por el importador, salvo en el monto en que se haya realizado el ajuste señalado en la fracción IV del artículo 65 de esta ley.
IV. Que no exista vinculación entre el importador y el vendedor o que en caso de que exista, la misma no haya influido en el valor de transacción.
En caso de que no se reúna alguna de las circunstancias enunciadas en las fracciones anteriores, para determinar la base gravable del impuesto general de importación, deberá estarse a lo previsto en el artículo 71 de esta ley.
Artículo 68. Se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de esta ley, en los siguientes casos:
I. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra.
II. Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios.
III. Si tienen una relación de patrón y trabajador.
IV. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5% o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos en circulación y con derecho a voto en ambas.
V. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra.
VI. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona.
VII. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona.
VIII. Si son de la misma familia.
Artículo 69. En una venta entre personas vinculadas se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción cuando la vinculación no haya influido en el precio.
Para los efectos de este artículo se considerará que la vinculación no ha influido en el precio, cuando se demuestre que:
I. El precio se ajustó conforme a las prácticas normales de fijación de precios seguidas por la rama de producción de que se trate o con la manera en que el vendedor ajusta los precios de venta a compradores no vinculados con él.
II. Con el precio se alcanza a recuperar todos los costos y se logra un beneficio congruente con los beneficios globales obtenidos por la empresa en un periodo representativo en las ventas de mercancías de la misma especie o clase.
Artículo 70. En una venta entre personas vinculadas se aceptará el valor de transacción cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los valores criterio de los que a continuación se señalan, vigentes en el mismo momento o en un momento aproximado y se haya manifestado en la declaración a que se refiere el artículo 81 de esta ley, que existe vinculación con el vendedor de las mercancías y que ésta no influyó en su precio:
I. El valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas a importadores no vinculados con el vendedor, para ser exportadas con destino a territorio nacional:
II. El valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado en los términos del artículo 74 de esta ley.
III. El valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de esta ley.
En la aplicación de los criterios anteriores, deberán tenerse en cuenta las diferencias demostradas de nivel comercial y de cantidad, los elementos enumerados en el artículo 65 de esta ley y los costos que soporte el vendedor en las ventas a importadores no vinculados con él y que no soporte en las ventas a importadores con los que tiene vinculación.
La Secretaría establecerá, mediante reglas, los criterios conforme a los cuales se determinará que un valor se aproxima mucho a otro.
Artículo 71. Cuando la base gravable del impuesto general de importación no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas en los términos del artículo 64 de esta ley o no derive de una compraventa para la exportación con destino a territorio nacional, se determinará conforme a los siguientes métodos, los cuales se aplicaran en orden sucesivo y por exclusión:
I. Valor de transacción de mercancías idénticas, determinado en los términos señalados en el artículo 72 de esta ley.
II. Valor de transacción de mercancías similares, determinado conforme a lo establecido en el artículo 73 de esta ley.
III. Valor de precio unitario de venta determinado conforme a lo establecido en el artículo 74 de esta ley.
IV. Valor reconstruido de las mercancías importadas, determinado conforme a lo establecido en el artículo 77 de esta ley.
V. Valor determinado conforme a lo establecido en el artículo 78 de esta ley.
Como excepción a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo el orden de aplicación de los métodos para la determinación del valor en aduana de las mercancías, previstos en las fracciones III y IV de este artículo, se podrá invertir a elección del importador.
Artículo 72. El valor a que se refiere la fracción I del artículo 71 de esta ley, será el valor de transacción de mercancías idénticas a las que son objeto de valoración, siempre que dichas mercancías hayan sido vendidas para la exportación con destino a territorio nacional e importadas en el mismo momento que estas últimas o en un momento aproximado, vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes que las mercancías objeto de valoración.
Cuando no exista una venta en tales condiciones, se utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial diferente o en cantidades diferentes, ajustado, para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial o a la cantidad, siempre que estos ajustes se realicen sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento, como una disminución del valor.
Si al aplicar lo dispuesto en este artículo se dispone de más de un valor de transacción de mercancías idénticas, se utilizará el valor de transacción más bajo.
Al aplicar el valor de transacción de mercancías idénticas a las que son objeto de valoración, deberá efectuarse un ajuste a dicho valor, para tener en cuenta las diferencias apreciables de los costos y gastos a que hace referencia el inciso d de la fracción I del artículo 65 de esta ley, entre las mercancías importadas y las mercancías idénticas consideradas, que resulten de diferencias de distancia y de forma de transporte.
Se entiende por mercancías idénticas, aquellas producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración, que sean iguales en todo, incluidas sus características físicas, calidad, marca y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajusten a lo establecido en este párrafo.
No se considerarán mercancías idénticas las que lleven incorporados o contengan, según sea el caso, alguno de los elementos mencionados en el inciso d de la fracción II del artículo 65 de esta ley, por los cuales no se hayan efectuado los ajustes que se señalan, por haber sido realizados tales elementos en territorio nacional.
No se considerarán los valores de mercancías idénticas de importaciones respecto de las cuales se hayan realizado modificaciones de valor por el importador o por las autoridades aduaneras, salvo que se incluyan también dichas modificaciones.
Artículo 73. El valor a que se refiere la fracción ll del artículo 71 de esta ley será el valor de transacción de mercancías similares a las que son objeto de valoración, siempre que dichas mercancías hayan sido vendidas para la exportación con destino al territorio nacional e importadas en el mismo momento que estas últimas o en un momento aproximado, vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes que las mercancías objeto de valoración.
Cuando no exista una venta en tales condiciones se utilizará el valor de transacción de mercancías similares vendidas a un nivel comercial diferente o en cantidades diferentes, ajustado, para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial o a la cantidad, siempre que estos ajustes se realicen sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento, como una disminución del valor.
Si al aplicar lo dispuesto en este artículo, se dispone de más de un valor de transacción de mercancías similares, se utilizará el valor de transacción más bajo.
Al aplicar el valor de transacción de mercancías similares a las que son objeto de valoración, deberá efectuarse un ajuste a dicho valor, para tener en cuenta las diferencias apreciables de los costos y gastos a que hace referencia el inciso d, fracción I del artículo 65 de esta ley, entre las mercancías importadas y las mercancías similares consideradas, que resulten de diferencias de distancia y de forma de transporte.
Se entiende por mercancías similares aquellas producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración, que aun cuando no sean iguales en todo, tengan características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Para determinar si las mercancías son similares, habrá de considerarse, entre otros factores, su calidad, prestigio comercial y la existencia de una marca comercial.
No se considerarán mercancías similares las que lleven incorporados o contengan, según sea el caso, alguno de los elementos mencionados en el inciso d fracción II del artículo 65 de esta ley, por los cuales no se hayan efectuado los ajustes que se señalan, por haber sido realizados tales elementos en territorio nacional.
No se considerarán los valores de mercancías similares de importaciones respecto de las cuales se hayan realizado modificaciones de valor por el importador o por las autoridades aduaneras, salvo que se incluyan también dichas modificaciones.
Artículo 74. Se entiende por valor de precio unitario de venta, el que se determine en los siguientes términos:
I. Si las mercancías importadas sujetas a valoración u otras mercancías importadas, idénticas o similares a ellas, se venden en territorio nacional en el mismo estado en que son importadas, el valor determinado según este artículo se basará en el precio unitario a que se venda en esas condiciones la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías importadas idénticas o similares a ellas, en el momento de la importación de las mercancías sujetas a valoración o en un momento aproximado, a personas que no estén vinculadas con los vendedores de las mercancías, con las deducciones señaladas en el artículo 75 de esta ley.
II. Si no se venden las mercancías importadas, ni otras mercancías importadas idénticas o similares a ellas, en el país, en el mismo estado en que son importadas, a elección del importador, el valor se podrá determinar sobre la base del precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las mercancías importadas, después de su transformación, a personas del territorio nacional que no tengan vinculación con los vendedores de las mercancías, teniendo en cuenta el valor añadido en la transformación y las deducciones previstas en el artículo 75 de esta ley, siempre que tal venta se efectúe antes de transcurridos 90 días desde la fecha de importación.
Para los efectos de este artículo, se entiende por precio unitario de venta, el precio a que se venda el mayor número de unidades en las ventas a personas que no estén vinculadas con los vendedores de las mercancías, al primer nivel comercial, después de la importación, a que se efectúen dichas ventas.
No deberá tomarse en consideración ninguna venta en territorio nacional, en la que el comprador hubiera suministrado directa o indirectamente, a título gratuito o a precio reducido, cualquier elemento de los mencionados en la fracción II del artículo 65 de esta ley, que se hubiera utilizado en la producción de las mercancías importadas o estuviera relacionado con su venta para la exportación.
Artículo 75. Para los efectos del artículo 74 de esta ley, se restarán los siguientes conceptos:
I. Las comisiones pagadas o convenidas usualmente o los suplementos por beneficios y gastos generales directos o indirectos cobrados habitualmente, en relación con las ventas en territorio nacional, de mercancías importadas de la misma especie o clase.
II. Los gastos habituales de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías, que se realicen con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 de esta ley, no incluidos en el concepto de gastos generales de la fracción anterior.
III. Las contribuciones y cuotas compensatorias exigibles en territorio nacional, por la importación o venta de las mercancías.
Artículo 76. Para los efectos de los artículos 70, 72, 73 y 74 de esta ley, la expresión momento aproximado comprende un periodo no mayor de 90 días anteriores o posteriores a la importación de las mercancías sujetas a valoración.
Artículo 77. Se entiende por valor reconstruido, el valor que resulte de la suma de los siguientes elementos:
I. El costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productor, siempre que dicha contabilidad se mantenga conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables en el país de producción.
El costo o valor a que se hace referencia en esta fracción, comprenderá lo siguiente:
a) El costo y gastos a que se refieren los incisos b y c, de la fracción I del artículo 65 de esta ley.
b) El valor debidamente repartido de los bienes y servicios a que se refieren los incisos a, a c, de la fracción II del artículo 65 de esta ley, siempre que el importador de manera directa o indirecta los haya suministrado para su utilización en la producción de las mercancías importadas.
c) El valor debidamente repartido, de los trabajos a los que se refiere el inciso d, fracción II del artículo 65 de esta ley, en la medida que corran a cargo del productor.
II. Una cantidad global por concepto de beneficios y gastos generales, igual a la que normalmente se adiciona tratándose de ventas de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías sujetas a valoración, efectuadas por productores del país de exportación en operaciones de exportación a territorio nacional.
Los gastos generales a que se refiere esta fracción deberán comprender los costos directos e indirectos de producción y venta de las mercancías para la exportación, que sean distintos de los señalados en la fracción anterior.
III. Los gastos a que se hace referencia en el inciso d, fracción I del artículo 65 de esta ley.
Para los efectos de este artículo, se entiende por mercancías de la misma especie o clase, las mercancías pertenecientes a un grupo o gama de mercancías producidas por una rama de producción determinada o por un sector de la misma.
Artículo 78. Cuando el valor de las mercancías importadas no pueda determinarse con arreglo a los métodos a que se refieren los artículos 64 y 71, fracciones l, II, III y IV de esta ley, dicho valor se determinará aplicando los métodos señalados en dichos artículos en orden sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad, conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional.
SECCION SEGUNDA
Del impuesto general de exportación
Artículo 79. La base gravable del impuesto general de exportación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta y deberá consignarse en la factura o en cualquier otro documento comercial, sin inclusión de fletes y seguros.
Cuando las autoridades aduaneras cuenten con elementos para suponer que los valores consignados en dichas facturas o documentos no constituyen los valores comerciales de las mercancías, harán la comprobación conducente para la imposición de las sanciones que procedan.
CAPITULO IV
Determinación y pago
Artículo 80. Los impuestos al comercio exterior se determinarán aplicando a la base gravable determinada en los términos de las secciones Primera y Segunda del Capítulo III del presente título, respectivamente, la cuota que corresponda conforme a la clasificación arancelaria de las mercancías.
Artículo 81. Los agentes o apoderados aduanales determinarán en cantidad líquida por cuenta de los importadores y exportadores las contribuciones y, en su caso, las cuotas compensatorias, para lo cual manifestarán en la forma oficial aprobada por la Secretaría, bajo protesta de decir verdad:
I. La descripción de las mercancías y su origen.
II. El valor en aduana de las mercancías, así como el método de valoración utilizado y en su caso, la existencia de vinculaciones a que se refiere el artículo 68 de esta ley en el caso de importación o el valor comercial tratándose de exportación.
III. La clasificación arancelaria que les corresponda.
IV. El monto de las contribuciones causadas con motivo de la importación o exportación y en su caso, las cuotas compensatorias.
Artículo 82. Corresponde al Servicio Postal Mexicano, por conducto de agente o apoderado aduanal, determinar las contribuciones relativas a las importaciones y exportaciones y en su caso, las cuotas compensatorias, cuando se realicen por vía postal.
Para efectos de este artículo, el valor de la mercancía se tomará con base en la factura o declaración de valor que bajo protesta de decir verdad exprese el importador o el remitente y en su caso, la verificación y valuación que haga dicho agente o apoderado aduanal.
El interesado podrá solicitar que la determinación de las contribuciones y de las cuotas compensatorias, la efectúe él mismo, por conducto de agente o apoderado aduanal.
Artículo 83. Las contribuciones se pagarán por los importadores y exportadores al presentar el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas, antes de que se active el mecanismo de selección aleatoria. Dichos pagos se deberán efectuar en cualquiera de los medios que mediante reglas establezca la Secretaría. El pago en ningún caso exime del cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias.
Cuando las mercancías se depositen ante la aduana, en recintos fiscales o fiscalizados, el pago se deberá efectuar al presentar el pedimento, a más tardar dentro del mes siguiente a su depósito o dentro de los dos meses siguientes cuando se trate de aduanas de tráfico marítimo, de lo contrario se causarán recargos en los términos del Código Fiscal de la Federación, a partir del día siguiente a aquél en el que venza el plazo señalado en este párrafo, los impuestos al comercio exterior se actualizarán en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, a partir de la fecha a que se refiere el artículo 56 de esta ley y hasta que los mismos se paguen.
Tratándose de importación, exportación o depósito fiscal, el pago podrá efectuarse en una fecha anterior a la señalada por el artículo 56 de esta ley. En este caso, las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables serán las que rijan en la fecha de pago, sólo cuando las mercancías se presenten ante la aduana y se active el mecanismo de selección aleatoria dentro de los tres días siguientes a aquél en que el pago se realice. Si las importaciones y exportaciones se efectúan por ferrocarril, el plazo será de 20 días.
Artículo 84. Quienes importen o exporten mercancías por medio de tuberías o cables, deberán presentar el pedimento a más tardar el día seis del mes de calendario siguiente a aquél de que se trate.
Artículo 85. Los importadores podrán optar por pagar las cuotas compensatorias y las contribuciones, con excepción de los derechos que correspondan, mediante depósitos que efectúen en las cuentas aduaneras de las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas por la Secretaría mediante reglas, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
I. Que se trate de mercancías destinadas a un proceso de transformación o elaboración para retornarlas al extranjero dentro de los 18 meses siguientes a la importación. En el caso de productos terminados, así como de maquinaria y equipo, únicamente se podrán importar con el propósito de ser reparados, adaptados o transformados en el plazo citado.
II. Que lleven un sistema de costeo que les permita identificar la parte extranjera incorporada en las mercancías que se exporten.
III. Conservar durante el plazo que establece el Código Fiscal de la Federación, para efectos de la contabilidad, la información y documentación sobre las mercancías que exporten, la proporción que representen de las importadas previamente en los términos de este precepto, las mermas y desperdicios que no puedan ser retornados, así como aquellas que son destinadas al mercado nacional.
Los contribuyentes que ejerzan esta opción de pago, tendrán derecho a recuperar los depósitos efectuados en las cuentas aduaneras y los rendimientos que generen en la proporción de la mercancía de procedencia extranjera efectivamente exportada.
No se consideran destinadas al mercado nacional las mermas y desperdicios que correspondan a las mercancías importadas de conformidad con este artículo, siempre que los desperdicios se destruyan en los términos que establezca el reglamento.
El importador podrá dar aviso a la institución de crédito o casa de bolsa autorizada, para que transfiera a la cuenta de la Tesorería de la Federación, el importe de las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias, correspondientes a las mercancías que no vayan a ser retornadas al extranjero, más sus rendimientos.
Los importadores a que se refiere este artículo podrán considerar como exportadas definitivamente las mercancías que enajenen a personas que paguen las contribuciones correspondientes en cuentas aduaneras como si importaran la mercancía al momento de la adquisición conforme a lo que establezca el reglamento. Los importadores que hubieran optado por pagar las contribuciones en los términos de este artículo podrán acogerse al régimen de exportación definitiva a que se refiere esta ley.
Artículo 86. Los importadores podrán optar por pagar el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado y en su caso, las cuotas compensatorias, efectuando el depósito correspondiente en las cuentas aduaneras a que se refiere el artículo 85 de esta ley, siempre que se trate de bienes de activo fijo que vayan a retornar al extranjero, dentro de los tres años siguientes a la importación.
Los contribuyentes que ejerzan esta opción, al exportar las mercancías por las que se hubieran pagado los impuestos a que se refiere el párrafo anterior y en su caso, las cuotas compensatorias en los términos de este artículo, tendrán derecho a recuperar los depósitos efectuados en las cuentas aduaneras y los rendimientos que se generen, a excepción de la proporción que en ellos represente el número de días en que el bien de que se trate permaneció en territorio nacional respecto del número de días en los que se deduce dicho bien, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Cuando se trate de bienes que no tengan por cientos máximos autorizados en los artículos mencionados, se considerará que el número de días en los que el mismo se deduce es de 3 mil 650.
En el supuesto de que el contribuyente no vaya a retornar la mercancía importada al amparo de este artículo, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 85 de esta ley.
Artículo 87. Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas para operar cuentas aduaneras tendrán las siguientes obligaciones:
I.Presentar declaración semestral en la que manifiesten el nombre y el Registro Federal de Contribuyentes de los usuarios de las cuentas aduaneras, así como las cantidades transferidas a la cuenta del importador y de la Tesorería de la Federación. La declaración a que se refiere esta fracción deberá presentarse durante los meses de julio del año de calendario de que se trate y de enero del siguiente año, por el semestre inmediato anterior, en los medios que señale la Secretaría mediante reglas.
II.Transferir el importe de los títulos depositados, más sus rendimientos a la cuenta de la Tesorería de la Federación, al día siguiente a aquél en que el importador hubiera dado el aviso de que no van a retornar las mercancías, al extranjero o a aquél en que se venzan los plazos a que se refieren los artículos 85 y 86 de esta ley.
En caso de incumplimiento de la obligación prevista en la fracción II de este artículo, la institución de crédito o casa de bolsa autorizada deberá cubrir los recargos correspondientes en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, computados a partir de la fecha en que debió hacerse la transferencia correspondiente.
Artículo 88. Los pasajeros podrán optar por determinar y pagar las contribuciones por la importación o exportación de mercancías distintas de su equipaje, mediante el procedimiento simplificado, caso en el que aplicarán el factor que publique la Secretaría, sobre el valor en aduana de las mercancías o sobre el valor comercial, según corresponda, utilizando la forma oficial aprobada por dicha dependencia. Este factor se calculará considerando la tasa prevista en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la correspondiente a los derechos de trámite aduanero y la mayor de las cuotas de las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación o de exportación, según se trate, sobre las bases gravables de las contribuciones mencionadas.
No se podrá ejercer la opción a que se refiere el párrafo anterior, tratándose de mercancías que estén sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, con excepción de las que señale la Secretaría mediante reglas o que por su importación o exportación se causen, además de las contribuciones antes citadas, otras distintas. El pasajero pagará las contribuciones correspondientes antes de accionar el mecanismo de selección aleatoria.
Las personas que realicen exportaciones o importaciones de mercancías cuyo valor no rebase al que se refiere la fracción IX del artículo 160 de esta ley, podrán optar por determinar y pagar las contribuciones en los términos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, cuando dichas mercancías no estén sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias o cuando por su importación o exportación no se causen además de las contribuciones antes citadas, otras distintas, siempre que presenten el pedimento correspondiente por conducto de agente o apoderado aduanal. En el caso a que se refiere este párrafo no será necesario clasificar arancelariamente las mercancías.
Las importaciones o exportaciones de los pasajeros a que se refiere el artículo 50 de esta ley, no serán deducibles para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuando gocen de la franquicia a que se refiere el artículo 61, fracción VI de esta ley o cuando se opte por el procedimiento simplificado a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
Artículo 89. Los datos contenidos en el pedimento son definitivos y sólo podrán modificarse mediante la rectificación a dicho pedimento, presentando declaraciones complementarias de conformidad con el Código Fiscal de la Federación.
Antes de activar el mecanismo de selección aleatoria, los contribuyentes podrán rectificar los datos contenidos en el pedimento el número de veces que sea necesario.
Una vez activado el mecanismo de selección aleatoria, se podrá efectuar la rectificación de los datos contenidos en el pedimento hasta en dos ocasiones, cuando de dicha rectificación se origine un saldo a favor o el número de veces que sea necesario cuando existan contribuciones a pagar, siempre que el mecanismo de selección aleatoria no haya determinado que debe practicarse el reconocimiento aduanero o cuando las autoridades aduaneras no hubieran iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación y no se modifique alguno de los siguientes conceptos:
I. Las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, así como el número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar la mercancía.
II. La descripción, naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías.
III. Los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso.
Cuando no existan contribuciones a pagar sólo se podrá presentar hasta en dos ocasiones la rectificación de los datos contenidos en el pedimento para declarar o rectificar los números de serie de maquinaria, dentro de los 90 días siguientes a que se realice el despacho y dentro de 15 días en otras mercancías, excepto cuando se trate de vehículos.
Tratándose de importaciones temporales efectuadas por las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se podrán rectificar los datos contenidos en el pedimento para aumentar el número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar la mercancía amparada por dichos programas, dentro de los 10 días siguientes a que se realice el despacho.
Cuando se exporten mercancías para ser enajenadas en el extranjero, se podrán rectificar los datos contenidos en el pedimento el número de veces que sean necesarias, con objeto de disminuir el número, volumen o peso de las mercancías por mermas o desperdicios o bien para modificar el valor de las mismas cuando éste se conozca posteriormente con motivo de su enajenación o cuando la rectificación se establezca como una obligación por disposición de la ley, reglamento o reglas.
Lo dispuesto en este artículo no limita las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras.
TITULO CUARTO
Regímenes aduaneros
CAPITULO I
Disposiciones comunes
Artículo 90. Las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo, podrán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes:
A. Definitivos.
I. De importación.
II. De exportación.
B. Temporales.
I. De importación.
a) Para retornar al extranjero en el mismo estado.
b) Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación.
II. De exportación.
a) Para retornar al país en el mismo estado.
b) Para elaboración, transformación o reparación.
C. Depósito fiscal.
D. Tránsito de mercancías.
I. Interno.
II. Internacional.
E. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado.
Artículo 91. Los agentes y apoderados aduanales señalarán en el pedimento el régimen aduanero que solicitan para las mercancías y manifestarán bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de las obligaciones y formalidades inherentes al mismo, incluyendo el pago de las cuotas compensatorias.
Artículo 92. Procederá el retorno al extranjero de mercancías en depósito ante la aduana hasta antes de activar el mecanismo de selección aleatoria, siempre que no se esté en alguno de los siguientes supuestos:
I. Se trate de mercancías de importación prohibida.
II. De armas o de sustancias nocivas para la salud.
III. Existan créditos fiscales insolutos.
Artículo 93. El desistimiento de un régimen aduanero procederá hasta antes de que se active el mecanismo de selección aleatoria, para el efecto de que retornen las mercancías de procedencia extranjera o se retiren de la aduana las de origen nacional. También procederá el desistimiento en el caso previsto en la fracción III del artículo 120 de esta ley.
Tratándose de exportaciones que se realicen en aduanas de tráfico aéreo o marítimo, el desistimiento a que se refiere este artículo procederá inclusive después de que se haya activado el mecanismo de selección aleatoria. En este caso se podrá permitir el tránsito de las mercancías a una aduana distinta o a un almacén para su depósito fiscal.
El cambio de régimen aduanero sólo procederá en los casos en que esta ley lo permita, siempre que se cumplan las obligaciones en materia de cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias y precios estimados exigibles para el nuevo régimen solicitado en la fecha de cambio de régimen.
Artículo 94. Si por accidente se destruyen mercancías sometidas a alguno de los regímenes temporales de importación o de exportación, depósito fiscal o tránsito, no se exigirá el pago de los impuestos al comercio exterior ni de las cuotas compensatorias, pero los restos seguirán destinados al régimen inicial, salvo que la autoridades aduaneras autoricen su destrucción o cambio de régimen.
Los contribuyentes a que se refieren los artículos 85 y 109 de esta ley deberán presentar el aviso señalado en el reglamento, manifestando los desperdicios de las mercancías correspondientes que vayan a ser destruidos.
CAPITULO II
Definitivos de importación y de exportación
Artículo 95. Los regímenes definitivos se sujetarán al pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, cuotas compensatorias, así como al cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las formalidades para su despacho.
SECCION PRIMERA
De importación
Artículo 96. Se entiende por régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado.
Artículo 97. Realizada la importación definitiva de las mercancías, podrá autorizarse su retorno al extranjero sin el pago del impuesto general de exportación, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera realizado el despacho para su importación definitiva, siempre que se compruebe a las autoridades aduaneras que resultaron defectuosas o de especificaciones distintas a las convenidas.
El retorno tendrá por objeto la sustitución de las mercancías por otras de la misma clase, que subsanen las situaciones mencionadas.
Las mercancías sustitutas deberán llegar al país en un plazo de seis meses contados desde el retorno de las sustituidas y sólo pagarán las diferencias cuando causen un impuesto general de importación mayor que el de las retornadas. Si llegan después de los plazos autorizados o se comprueba que no son equivalentes a aquéllas, causarán el impuesto general de importación íntegro y se impondrán las sanciones establecidas por esta ley.
Se podrá autorizar el retorno de las mercancías importadas en casos excepcionalmente similares a los previstos o la prórroga de los plazos que esta disposición establece, cuando existan causas debidamente justificadas.
Artículo 98. Las empresas podrán importar mercancías mediante el procedimiento de revisión en origen. Este procedimiento consiste en lo siguiente:
I. El importador verifica y asume como ciertos, bajo su responsabilidad, los datos sobre las mercancías que le proporcione su proveedor, necesarios para elaborar el pedimento correspondiente, mismos que deberá manifestar al agente o apoderado aduanal que realice el despacho.
II. El agente o apoderado aduanal que realice el despacho de las mercancías queda liberado de cualquier responsabilidad, inclusive de las derivadas por la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias o por el incumplimiento de las demás regulaciones y restricciones no arancelarias, cuando hubiera asentado fielmente en el pedimento los datos que le fueron proporcionados por el importador y conserve a disposición de las autoridades aduaneras el documento por medio del cual le fueron manifestados dichos datos.
III. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias, las autoridades aduaneras determinen omisiones en el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias que se causen con motivo de la importación de mercancías, se exigirá el pago de las mismas y de sus accesorios. En este caso no serán aplicables otras sanciones que por dichas omisiones se encuentren previstas en esta ley o en el Código Fiscal de la Federación, a que puedan estar sujetos el importador o el agente o apoderado aduanal.
IV. El importador deberá, además, pagar las contribuciones y cuotas compensatorias que, en su caso, resulten a su cargo conforme a lo señalado en el artículo 99 de esta ley.
V. El importador podrá pagar espontáneamente las contribuciones y cuotas compensatorias que haya omitido pagar derivadas de la importación de mercancías importadas bajo el procedimiento previsto en este artículo. Dichas contribuciones actualizadas causarán recargos a la tasa aplicable para el caso de prórroga de créditos fiscales del mes de que se trate, siempre que dicho pago se realice dentro de los 30 días naturales siguientes a aquél en el que se hubiera efectuado la importación correspondiente.
Si el pago se efectúa con posterioridad a dicho plazo, los recargos sobre las contribuciones actualizadas se causarán a la tasa que corresponda de acuerdo con el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. En ambos supuestos las contribuciones se actualizarán por el periodo comprendido entre el penúltimo mes anterior a aquél en que se omitió la contribución y el mes inmediato anterior a aquél en que se efectúe el pago.
Las cuotas compensatorias causarán recargos a las tasas previstas en los dos supuestos del párrafo anterior, según se trate.
Artículo 99. Los importadores que realicen operaciones al amparo del procedimiento de revisión en origen calcularán, durante el mes de enero, las contribuciones y cuotas compensatorias que en los términos de este artículo deberán pagar por las importaciones efectuadas durante el ejercicio inmediato anterior, de acuerdo con lo siguiente:
I. Se determinará el margen de error en las importaciones a que tendrá derecho cada importador, dividiendo el monto total de las contribuciones y cuotas compensatorias pagadas por el importador mediante pago espontáneo que se efectúe con posterioridad al despacho de las mercancías durante el ejercicio inmediato anterior, entre el monto que resulte de sumar a dichas contribuciones y cuotas compensatorias el total que por dichos conceptos se declaró en los pedimentos de importación efectuados en el mismo periodo y que no fueron objeto del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias.
Donde ME = Margen de error.
CE = Monto total de contribuciones y cuotas compensatorias pagadas por el importador de manera espontánea, conforme a la fracción V del artículo 98 de esta ley, en el ejercicio inmediato anterior.
CDV = Monto total de contribuciones y cuotas compensatorias declaradas por el importador en los pedimentos que no fueron objeto de reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias, en el ejercicio inmediato anterior.
II. Se determinará el porcentaje de contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, dividiendo el monto total de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas detectadas con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias, efectuadas en el ejercicio inmediato anterior, entre el monto que se obtenga de sumar a dichas contribuciones y cuotas compensatorias el total que por dichos conceptos se hubiera declarado en los pedimentos de importación que fueron objeto del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias.
Donde PCO = Porcentaje de contribuciones y cuotas compensatorias omitidas.
CO = Monto total de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas detectadas con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias, en el ejercicio inmediato anterior.
CDR= Monto total de contribuciones y cuotas compensatorias declaradas por el importador en los pedimentos que fueron objeto de reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias, en el ejercicio inmediato anterior.
Las cantidades que resulten de realizar las operaciones a que se refieren las fracciones anteriores se expresarán en por cientos.
III. Si el porcentaje obtenido del cálculo de la fracción II es mayor que el margen de error obtenido conforme a la fracción I de este artículo, el porcentaje excedente se aplicará al total de contribuciones y cuotas compensatorias pagadas con motivo de la importación de mercancías efectuadas en el ejercicio inmediato anterior que no fueron objeto del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias, incluyendo las contribuciones y cuotas compensatorias pagadas espontáneamente.
El resultado será el total de contribuciones y cuotas compensatorias que en los términos de este artículo deberán pagar las empresas a que se refiere el artículo 98 de esta ley. Es decir
Si PCO ME, entonces el monto total por concepto de contribuciones y cuotas compensatorias a pagar por el importador será igual a
El pago que se realice conforme a esta fracción se considerará efectuado por concepto de los impuestos y derechos al comercio exterior, al valor agregado, especial sobre producción y servicios y sobre automóviles nuevos, así como por cuotas compensatorias, en la misma proporción que representen las citadas contribuciones y cuotas compensatorias respecto al monto total de las cantidades que haya pagado el importador de que se trate por cada una de las mismas, en el ejercicio por el que se efectúe el cálculo a que se refiere este artículo.
El monto total de contribuciones y cuotas compensatorias que resulte en los términos de esta fracción se pagará a más tardar el día 17 del mes de febrero del año siguiente del ejercicio que se determina.
IV. En caso de que el porcentaje de contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, sea igual o menor que el margen de error, calculados respectivamente en los términos de las dos primeras fracciones de este artículo, no habrá lugar al pago de contribuciones o de cuotas compensatorias en los términos del mismo, por el ejercicio de que se trate.
Artículo 100. Para efectuar la importación de mercancías mediante el procedimiento de revisión en origen a que se refiere el artículo 98 de esta ley, los importadores deberán solicitar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, el cual estará a cargo de la Secretaría, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
I. Que se trate de empresas que hayan dictaminado sus estados financieros durante los últimos cinco años o a partir de que fueron constituidas, por encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el artículo 32-A, fracción I del Código Fiscal de la Federación.
II. Que sean empresas que en el año de calendario anterior a aquél en que solicitan su inscripción en el registro mencionado, hubieran tenido ingresos o importaciones en montos superiores a los que señale el reglamento; dicho monto podrá variar en función del tipo de actividad que realicen las empresas o en función del tipo de mercancía que se importe.
III. Los demás que establezca el reglamento.
La inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas tendrá vigencia hasta el mes de mayo del año de calendario posterior a la fecha en que se autorice. Los importadores podrán solicitar anualmente la renovación de su inscripción, acreditando que cumplen los requisitos señalados en este artículo.
Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrán solicitar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, sin que sea necesario cumplir con los requisitos anteriores.
Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por seis meses la inscripción en el registro a que se refiere este artículo, cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
En ningún caso procederá la renovación de la inscripción, cuando al importador se le hubiere suspendido previamente del registro de empresas para el procedimiento de revisión en origen de mercancías en tres ocasiones.
Las empresas que presten servicios de mensajería no podrán solicitar la inscripción en el registro a que se refiere este artículo.
Artículo 101. Las personas que tengan en su poder por cualquier título, mercancías de procedencia extranjera, que se hubieran introducido al país sin haberse sometido a las formalidades del despacho que esta ley determina para cualquiera de los régimenes aduaneros, podrán regularizarlas importándolas definitivamente, previo pago de las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan y previo cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias.
Las empresas a que se refiere el artículo 98 de esta ley, podrán regularizar su mercancía de acuerdo con lo previsto en este artículo.
No podrán ser regularizadas las mercancías en los siguientes casos:
I. Cuando haya ingresado bajo el régimen de importación temporal.
II. Cuando la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales o la omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades aduaneras hubieran notificado una orden de visita domiciliaria o haya mediado requerimiento o cualquiera otra gestión notificada por las mismas, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.
SECCION SEGUNDA
De exportación
Artículo 102. El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado.
Artículo 103. Efectuada la exportación definitiva de las mercancías se autorizará su retorno al país sin el pago del impuesto general de importación, siempre que no hayan sido objeto de modificaciones en el extranjero ni transcurrido más de un año desde su salida del territorio nacional. Las autoridades aduaneras podrán autorizar la prórroga de dicho plazo cuando existan causas debidamente justificadas y previa solicitud del interesado con anterioridad al vencimiento del mismo.
Cuando el retorno se deba a que las mercancías fueron rechazadas por alguna autoridad del país de destino o por el comprador extranjero en consideración a que resultaron defectuosas o de especificaciones distintas a las convenidas, se devolverá al interesado el impuesto general de exportación que hubiera pagado.
En ambos casos, antes de autorizarse la entrega de las mercancías que retornan se acreditará el reintegro de los beneficios fiscales que se hubieran recibido con motivo de la exportación.
CAPITULO III
Temporales de importación y de exportación
SECCION PRIMERA
Importaciones temporales
I. Disposiciones generales
Artículo 104. Las importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera se sujetarán a lo siguiente:
I. No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias.
II. Se cumplirán las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a este régimen.
Artículo 105. La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre maquiladoras, empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y empresas de comercio exterior que cuenten con registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establezca el reglamento.
II. Para retornar al extranjero en el mismo estado Artículo 106. Se entiende por régimen de importación temporal, la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado, por los siguientes plazos:
I. Hasta por un mes, las de remolques y semiremolques, incluyendo aquellos diseñados y utilizados exclusivamente para el transporte de contenedores, siempre que transporten en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país o las que se conduzcan para su exportación.
II. Hasta por seis meses en los siguientes casos:
a) Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados directamente por ellos o por personas con las que tengan relación laboral, excepto tratándose de vehículos.
b) Las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país.
c) Los productos terminados que enajenen personas residentes en el país a empresas dedicadas exclusivamente a la exportación de bienes, caso en el cual el plazo se computará a partir de la presentación del pedimento de importación temporal por dichas empresas en el que se señalen los datos de identificación del enajenante o de la expedición de la constancia de exportación por parte de las citadas empresas. Satisfechos los requisitos anteriores se entenderá perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante.
d) Las de muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías.
e) Las de vehículos siempre que la importación sea efectuada por mexicanos residentes en el extranjero, en cada periodo de 12 meses, cumpliendo con las características y requisitos que mediante reglas señale la Secretaría. Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el cónyuge, los ascendientes o descendientes del importador siempre y cuando sean residentes en el extranjero o por un extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso a, de la fracción IV de este artículo. Cuando sea conducido por alguna persona distinta de las autorizadas, invariablemente deberá viajar a bordo el propietario del vehículo.
III. Hasta por un año, cuando no se trate de las señaladas en las fracciones I y IV de este artículo y siempre que se reúnan las condiciones de control que establezca el reglamento, en los siguientes casos:
a) Las destinadas a convenciones y congresos internacionales.
b) Las destinadas a eventos culturales o deportivos, patrocinados por entidades públicas, nacionales o extranjeras, así como por universidades o entidades privadas, autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
c) Las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y su internación se efectúe por residentes en el extranjero. En este caso el plazo establecido se podrá ampliar por un año más.
d) Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un fabricante autorizado, residente en México.
IV. Por el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas, en los siguientes casos:
a) Las de vehículos que sean propiedad de turistas, transmigrantes, visitantes, visitantes locales y distinguidos, estudiantes, inmigrantes rentistas e inversionistas, siempre que los mismos sean de su propiedad a excepción de turistas y visitantes locales. Cuando no sean de su propiedad deberán cumplirse los requisitos que establezca el reglamento. Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por un extranjero que tenga alguna de las calidades migratorias a que se refiere este inciso, por el cónyuge, los ascendientes o descendientes del importador, aun cuando estos últimos no sean extranjeros o por un nacional, siempre que en este último caso, viaje a bordo del mismo cualquiera de las personas autorizadas para conducir el vehículo.
b) Los menajes de casa de visitantes, visitantes distinguidos, estudiantes e inmigrantes, siempre y cuando cumplan con los requisitos que señale el reglamento.
Los vehículos y menajes de casa a que se refiere esta fracción, deberán tener las características y cumplir con los requisitos que señale el reglamento.
V. Hasta por 20 años, en los siguientes casos:
a) Contenedores.
b) Aviones y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas aéreas con concesión o permiso para operar en el país, así como aquellos de transporte público de pasajeros, siempre que, en este último caso, proporcionen, en febrero de cada año y en medios magnéticos, la información que señale mediante reglas la Secretaría.
c) Embarcaciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones que establezca el reglamento.
d) Las casas rodantes, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones que establezca el reglamento.
e) Carros de ferrocarril.
También podrán efectuar importaciones temporales las empresas que sean maquiladoras, de conformidad con lo que establezca el reglamento, así como las empresas que tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las empresas antes señaladas, así como a las empresas de comercio exterior que cuenten con el registro de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se considerarán efectuadas en importación temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante, siempre que se cuente con constancia de exportación.
Se podrá permitir la importación temporal de mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente conforme a este artículo, siempre que se incorporen a los mismos y no sean para automóviles o camiones, de conformidad con lo que establezca el reglamento.
El reglamento establecerá los casos y condiciones en los que deba garantizarse el pago de las sanciones que llegarán a imponerse en el caso de que las mercancías no se retornen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados por este artículo.
Artículo 107. Tratándose de las importaciones temporales a que se refieren las fracciones II y III del artículo 106 de esta ley, en el pedimento se señalará la finalidad a la que se destinarán las mercancías y, en su caso, el lugar en donde cumplirán la citada finalidad y mantendrán las propias mercancías.
En los demás casos, no se requerirá pedimento para la importación temporal de mercancías, ni para su retorno, asimismo, no será necesario utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal, pero se deberá presentar la forma oficial que mediante reglas establezca la Secretaría.
Tampoco serán necesarios la presentación de pedimento y la utilización de los servicios de agente o apoderado aduanal, cuando se presente otro documento con el mismo fin previsto en algún tratado internacional del que México sea parte. La Secretaría establecerá mediante reglas, los casos y condiciones en que procederá la utilización de ese documento, de conformidad con lo dispuesto en dicho tratado internacional.
III. Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación Artículo 108. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación.
Artículo 109. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, deberán presentar ante las autoridades aduaneras, declaración en la que proporcionen información sobre las mercancías que retornen, la proporción que representan de las importadas temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así como aquellas que son destinadas al mercado nacional, conforme a lo que establezca el reglamento.
Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán convertir la importación temporal en definitiva, siempre que paguen las cuotas compensatorias vigentes al momento del cambio de régimen y el impuesto general de importación actualizado en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes en que las mercancías se importaron temporalmente y hasta que las mismas se paguen.
No se considerarán importadas definitivamente, las mermas y los desperdicios de las mercancías importadas temporalmente, siempre que los desperdicios se destruyan o se reciclen y se cumpla con las disposiciones de control que establezca el reglamento.
Artículo 110. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrán cambiar al régimen de importación definitiva de conformidad con las reglas que emita la Secretaría, las mercancías que hubieran importado temporalmente, siempre que se trate de bienes de activo fijo importados al amparo de dichos programas de exportación y cumplir a su elección con lo siguiente:
I. Actualizar el impuesto general de importación y cubrir los recargos que correspondan conforme al Código Fiscal de la Federación, desde la fecha de importación temporal hasta el momento en que se efectúe el cambio de régimen, pudiendo disminuir el valor de las mercancías al momento de la importación temporal, en la proporción que represente el número de días que el bien de que se trate permaneció en territorio nacional respecto del número de días en los que se deduce dicho bien, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Cuando se trate de bienes que no tengan por cientos autorizados en los artículos mencionados, se considerará que el número de días en los que los mismos se deducen es de 3 mil 650.
II. Pagar el impuesto general de importación que les hubiera correspondido de importar las mercancías en la fecha del cambio de régimen aduanero, tomando como valor de las mercancías el que resulte de aplicar lo dispuesto en la fracción I de este artículo y como arancel y tipo de cambio, los vigentes a esa fecha.
Artículo 111. Los productos resultantes de los procesos de transformación, elaboración o reparación, que retornen al extranjero darán lugar al pago del impuesto general de exportación correspondiente a las materias primas o mercancías nacionales o nacionalizadas que se les hubieren incorporado conforme a la clasificación arancelaria del producto terminado.
Para calcular el impuesto general de exportación se determinará el porcentaje que del peso y valor del producto terminado corresponda a las citadas materias primas o mercancías que se le hubieren incorporado.
Cuando no se lleve a cabo la transformación, elaboración o reparación proyectada de las mercancías importadas temporalmente, se permitirá el retorno de las mismas sin el pago del impuesto general de importación, siempre y cuando las maquiladoras, así como las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, comprueben los motivos que han dado lugar al retorno de las mercancías en los casos en que la autoridad así lo requiera.
Artículo 112. Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrán considerar como retornadas al extranjero las mercancías que hubieran importado temporalmente, siempre que cumplan con los requisitos de control que establezca el reglamento, en los siguientes supuestos:
I. Cuando tengan la constancia de exportación, expedida por otra empresa maquiladora o con programa de exportación autorizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que vaya a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación o a realizar el retorno de dichas mercancías.
II. Cuando el retorno se efectúe por personas que no tengan programas de maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, siempre que se presente el pedimento de exportación respectivo, así como el pedimento de importación en el que conste que se pagaron las contribuciones mediante depósitos en las cuentas aduaneras, a que se refiere el último párrafo del artículo 85 de esta ley.
Los procesos de transformación, elaboración o reparación de las mercancías podrán llevarse a cabo por persona distinta de las señaladas en el primer párrafo de este artículo, cuando cumplan con las condiciones de control que establezca el reglamento.
SECCION SEGUNDA
Exportaciones temporales
I. Disposiciones generales
Artículo 113. La exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas se sujetarán a lo siguiente:
I. No se pagarán los impuestos al comercio exterior.
II. Se cumplirán las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a este régimen.
Artículo 114. Los contribuyentes podrán cambiar el régimen de exportación temporal a definitiva cumpliendo con los requisitos que establece esta ley y su reglamento.
Cuando los mercancías exportadas temporalmente no retornen a territorio nacional dentro del plazo concedido, se considerará que la exportación se convierte en definitiva a partir de la fecha en que se venza el plazo y se deberá pagar el impuesto general de exportación actualizado desde que se efectuó la exportación temporal y hasta que el mismo se pague.
II. Para retornar al país en el mismo estado
Artículo 115. Se entiende por régimen de exportación temporal para retornar al país en el mismo estado, la salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen del extranjero sin modificación alguna.
Artículo 116. Se autoriza la salida del territorio nacional de las mercancías bajo el régimen a que se refiere el artículo 115 de esta ley por los siguientes plazos:
I. Hasta por tres meses, las de remolques y semirremolques, incluyendo aquellos diseñados y utilizados exclusivamente para el transporte de contenedores.
II. Hasta por seis meses, en los siguientes casos:
a) Las de envases de mercancías.
b) Las que realicen los residentes en México sin establecimiento permanente en el extranjero.
c) Las de muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancías.
d) Las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y su exportación se efectúe por residentes en el país.
III. Hasta por un año, las que se destinen a exposiciones, convenciones, congresos internacionales o eventos culturales o deportivos.
IV. Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las mismas se señalen, cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
En estos casos, la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno se cumpla con la introducción al país de mercancías que no fueron las que se exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías fungibles, que no sean susceptibles de identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de control que establezca dicha dependencia.
Los plazos a que se refieren los fracciones I a III de este artículo, podrán ampliarse hasta por un lapso igual al previsto en la fracción de que se trate o mediante autorización cuando se requiera de un plazo mayor, de conformidad con los requisitos que señale el reglamento. Tratándose de lo señalado en la fracción IV podrá prorrogarse el periodo establecido, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En estos casos, se deberá presentar rectificación al pedimento que presente el exportador por conducto de agente o apoderado aduanal.
Tratándose de las fracciones II y III de este artículo en el pedimento se señalará la finalidad a la que se destinarán las mercancías y, en su caso, el lugar donde cumplirán la citada finalidad y mantendrán las propias mercancías.
En los demás casos, no se requerirá pedimento, ni será necesario utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal, pero se deberá presentar la forma oficial que mediante reglas señale la Secretaría.
Tampoco serán necesarios la presentación del pedimento y la utilización de los servicios de agente o apoderado aduanal para la exportación temporal, cuando se presente otro documento con el mismo fin previsto en algún tratado internacional del que México sea parte. La Secretaría establecerá mediante reglas, los casos y condiciones en que procederá la utilización de ese documento, de conformidad con lo dispuesto en dicho tratado internacional.
III. Para elaboración, transformación o reparación Artículo 117. Se autoriza la salida del territorio nacional de mercancías para someterse a un proceso de transformación, elaboración o reparación hasta por dos años. Este plazo podrá ampliarse hasta por un lapso igual, mediante rectificación al pedimento que presente el exportador por conducto de agente o apoderado aduanal o previa autorización cuando se requiera de un plazo mayor, de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento.
Al retorno de las mercancías se pagará el impuesto general de importación que correspondan al valor de las materias primas o mercancías extranjeras incorporadas, así como el precio de los servicios prestados en el extranjero para su transformación, elaboración o reparación, de conformidad con la clasificación arancelaria de la mercancía retornada.
Artículo 118. Por las mermas resultantes de los procesos de transformación, elaboración o reparación, no se causará el impuesto general de exportación. Respecto de los desperdicios, se exigirá el pago de dicho impuesto conforme a la clasificación arancelaria que corresponda a las mercancías exportadas, salvo que se demuestre que han sido destruidos o que retornarán al país.
Las mermas y los desperdicios no gozarán de estímulos fiscales.
CAPITULO IV
Depósito fiscal
Artículo 119. El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y además sean autorizados para ello, por las autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias.
Los almacenes generales de depósito que cuenten con la autorización a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir en cada local en que mantengan las mercancías en depósito fiscal, con los siguientes requisitos:
I. Deberán destinar, dentro del almacén, instalaciones que reúnan las especificaciones que señale la Secretaría, para mantener aislada la mercancía destinada al régimen de depósito fiscal, de las mercancías nacionales o extranjeras que se encuentre en dicho almacén.
II. Deberán contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos que permita su enlace con el de la Secretaría, así como llevar un registro permanente y simultáneo de las operaciones de mercancías en depósito fiscal, en el momento en que se tengan por recibidas o sean retiradas, mismo que deberá vincularse electrónicamente con la dependencia mencionada. Para los efectos de esta fracción, la Secretaría establecerá las condiciones que deberán observarse para la instalación de los equipos, así como para llevar a cabo el registro de las operaciones realizadas y el enlace de los medios de cómputo del almacén general de depósito con la Secretaría.
El incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo dará lugar a que la Secretaría, previa audiencia, suspenda temporalmente la autorización al local de que se trate, hasta que se cumplan los requisitos que corresponda. En caso de reincidencia, la Secretaría cancelará la autorización a que se refiere este artículo.
Para destinar la mercancía al régimen de depósito fiscal será necesario cumplir en la aduana de despacho con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a este régimen, así como acompañar el pedimento con la carta de cupo. Dicha carta se expedirá por el almacén general de depósito o por el titular del local destinado a exposiciones internacionales a que se refiere la fracción III del artículo 121 de esta ley, según corresponda y en ella se consignarán los datos del agente o apoderado aduanal que promoverá el despacho.
Las mercancías que estén en depósito fiscal, siempre que no se altere o modifique su naturaleza o las bases gravables para fines aduaneros, podrán ser motivo de actos de conservación, exhibición, colocación de signos de identificación comercial, empaquetado, examen, demostración y toma de muestras. En este último caso se pagarán las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan a las muestras.
El almacén general de depósito o el titular del local destinado a exposiciones internacionales que haya expedido la carta de cupo, informará a la Secretaría dentro del plazo de 20 días siguientes al de la expedición de dicha carta, los sobrantes o faltantes de las mercancías manifestadas en el pedimento respecto de las efectivamente recibidas en sus instalaciones procedentes de la aduana del despacho.
En caso de que dichas mercancías no arriben en el plazo señalado, se deberá informar a más tardar al día siguiente en que venza el mismo. De no rendir dicho aviso se entenderá que recibió de conformidad las mercancías descritas en el pedimento respectivo.
A partir de la fecha en que las mercancías nacionales queden en depósito fiscal para su exportación, se entenderán exportadas definitivamente.
Artículo 120. Las mercancías en depósito fiscal podrán retirarse del lugar de almacenamiento para:
I. Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera.
II. Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional.
III. Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen.
IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Las mercancías podrán retirarse total o parcialmente para su importación o exportación, pagando previamente los impuestos al comercio exterior actualizados en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación o conforme a la variación cambiaria que hubiere tenido el peso frente al dólar de los Estados Unidos de América, durante el periodo comprendido entre la entrada de las mercancías al almacén y su retiro del mismo, así como las demás contribuciones y cuotas compensatorias que, en su caso, correspondan.
Los almacenes generales de depósito recibirán las contribuciones y cuotas compensatorias que se causen por la importación y exportación definitiva de las mercancías que tengan en depósito fiscal y estarán obligados a enterarlas en las oficinas autorizadas, al día siguiente a aquél en que las reciban.
En los casos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, al efectuarse el retiro deberán satisfacerse, además, los requisitos que establezca el reglamento. En el caso de la fracción III, el retorno al extranjero podrá realizarse por la aduana que elija el interesado sin el pago de los impuestos al comercio exterior y de las cuotas compensatorias. El traslado de las mercancías del almacén a la citada aduana deberá realizarse mediante el régimen de tránsito interno.
Artículo 121. La Secretaría, como excepción a lo dispuesto en el artículo 119 de esta ley y siempre que se cumplan los requisitos de control que señale el reglamento, podrá autorizar el establecimiento de depósitos fiscales de conformidad con lo siguiente:
I. Mediante licitación pública, para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales. En este caso las mercancías no se sujetarán al pago de impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que las ventas se hagan a pasajeros que salgan del país directamente al extranjero y las lleven consigo. Las autoridades aduaneras controlarán estos establecimientos, sus instalaciones, vías de acceso y oficinas.
II. Para la exposición y venta de vehículos, en la franja o región fronteriza.
III. Temporalmente, para locales destinados a exposiciones internacionales de mercancías.
Artículo 122. Las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal, que se encuentren en almacenes generales de depósito autorizados, podrán ser adquiridas por terceros y residentes en el extranjero, siempre que el almacén manifieste su conformidad. El adquirente quedará subrogado en los derechos y obligaciones correspondientes.
Artículo 123. La Secretaría señalará mediante reglas, las mercancías que no podrán ser objeto de este régimen y las medidas de control que los almacenes generales de depósito deberán observar para mantener una separación material completa de los locales que se destinen para el depósito, manejo y custodia de las mercancías sometidas a este régimen.
CAPITULO V
Tránsito de mercancías
Artículo 124. El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías, bajo control fiscal, de una aduana nacional a otra.
SECCION PRIMERA
Tránsito interno de mercancías
Artículo 125. Se considerará que el tránsito de mercancías es interno cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos:
I. La aduana de entrada envíe las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación.
II. La aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida, para su exportación.
Artículo 126. El tránsito interno para la importación de bienes de consumo final sólo procederá en los términos y con las condiciones que señale el reglamento.
Artículo 127. El régimen de tránsito interno se promoverá por conducto de agente o apoderado aduanal.
Tratándose del transito interno a la exportación se deberá formular el pedimento de exportación, efectuar el pago de las contribuciones correspondientes y cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al régimen de exportación en la aduana de despacho.
Para realizar el tránsito interno a la importación se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Formular el pedimento de tránsito interno.
II. Determinar provisionalmente las contribuciones, aplicando la tasa máxima señalada en la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y lo que corresponda tratándose de los demás contribuciones que se causen, así como las cuotas compensatorias.
III. Anexar al pedimento la documentación que acredite el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, aplicables al régimen de importación.
Tratándose de regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, no se requerirá imprimir la firma electrónica que demuestre su descargo total o parcial en el pedimento de tránsito interno.
IV. Pagar las contribuciones, actualizadas desde la entrada de las mercancías al país y hasta que se efectúe dicho pago, así como las cuotas compensatorias, antes de activar el mecanismo de selección aleatoria en la aduana de despacho.
Artículo 128. El tránsito interno de mercancías deberá efectuarse dentro de los plazos máximos de traslado que establezca la Secretaría mediante reglas.
Si las mercancías en tránsito interno a la importación no arriban a la aduana de despacho en el plazo señalado, la determinación provisional de contribuciones y cuotas compensatorias se considerará como definitiva.
Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor las mercancías no puedan arribar en los plazos a que se refiere el párrafo anterior, el agente o apoderado aduanal o el transportista, deberá presentar aviso por escrito a las autoridades aduaneras de conformidad con lo que establezca el reglamento, exponiendo las razones que impiden el arribo oportuno de las mercancías. En este caso, podrá permitirse el arribo extemporáneo de las mercancías por un periodo igual al plazo máximo de traslado establecido.
Artículo 129. Serán responsables solidarios ante el fisco federal del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, de sus accesorios y de las infracciones que se cometan durante el traslado de las mercancías, cualesquiera de las siguientes personas:
I. El agente o apoderado aduanal, cuando designe a un transportista distinto de los que señala la fracción II de este artículo.
II. La empresa transportista inscrita en el registro que establezca el reglamento cuando realice el traslado de las mercancías. Dicho registro podrá ser cancelado por la Secretaría, cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, las autoridades aduaneras detecten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Independientemente de lo dispuesto en este artículo, el agente o el apoderado aduanal que promueva el despacho tendrá la responsabilidad prevista en esta ley, por las irregularidades que se deriven de la formulación del pedimento y que se detecten durante el despacho.
SECCION SEGUNDA
Tránsito internacional de mercancías
Artículo 130. Se considerará que el tránsito de mercancías es internacional cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos:
I. La aduana de entrada envíe a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero.
II. Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional.
Artículo 131. El tránsito internacional de mercancías por territorio nacional se promoverá por conducto de agente aduanal, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
I. Formular el pedimento de tránsito internacional.
II. Determinar provisionalmente las contribuciones, aplicando la tasa máxima señalada en la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y la que corresponda tratándose de las demás contribuciones que se causen, así como las cuotas compensatorias.
III. Efectuarse por las aduanas autorizadas y por las rutas fiscales que para tal efecto establezca la Secretaría mediante reglas.
Sólo procederá el transito internacional de mercancías por territorio nacional en los casos y bajo las condiciones que señale la Secretaría mediante reglas.
Artículo 132. El tránsito internacional de mercancías deberá efectuarse en los plazos máximos de traslado que establezca la Secretaría mediante reglas.
Si las mercancías en tránsito internacional por territorio nacional no arriban a la aduana de salida en el plazo señalado, la determinación provisional de contribuciones y de cuotas compensatorias se considerará como definitiva.
Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor la mercancía no pueda arribar en los plazos a que se refiere el párrafo anterior, el agente aduanal, el transportista o la persona física o moral que efectúe el tránsito internacional de mercancías, deberá presentar aviso por escrito a las autoridades aduaneras de conformidad con lo que establezca el reglamento, exponiendo las razones que impiden el arribo oportuno de la mercancía. En este caso, podrá permitirse el arribo extemporáneo de las mercancías por un periodo igual al plazo máximo de traslado establecido.
Artículo 133. La persona física o moral que efectúe el tránsito internacional de mercancías por territorio nacional será responsable ante el fisco federal del pago de los créditos fiscales.
Serán responsables solidarios ante el fisco federal del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, de sus accesorios y de las infracciones que se cometan durante el traslado de las mercancías, cualesquiera de las siguientes personas:
I. El agente aduanal, cuando acepte expresamente dicha responsabilidad.
II. La empresa transportista inscrita en el registro que establezca el reglamento cuando realice el traslado de las mercancías. Dicho registro podrá ser cancelado por la Secretaría, cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, las autoridades aduaneras detecten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Independientemente de lo dispuesto en este artículo, el agente aduanal que promueva el despacho tendrá la responsabilidad prevista en esta ley, por las irregularidades que se deriven de la formulación del pedimento y que se detecten durante el despacho en la aduana de entrada.
Artículo 134. El tránsito internacional por territorio extranjero deberá promoverse por conducto de agente o apoderado aduanal.
CAPITULO VI
Elaboración, transformación o reparaciónen recinto fiscalizado
Artículo 135. El régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales, a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas, respectivamente.
En ningún caso podrán retirarse del recinto fiscalizado las mercancías destinadas a este régimen, si no es para su retorno al extranjero o exportación.
Las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro de los recintos fiscalizados, las mercancías en ellos almacenadas puedan ser objeto de elaboración, transformación o reparación en los términos de este artículo.
Las mercancías nacionales se considerarán exportadas para los efectos legales correspondientes, al momento de ser destinadas al régimen previsto en este artículo.
Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán el impuesto general de importación. Los desperdicios no retornados no causarán el citado impuesto siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que para tales efectos establezca el reglamento.
Por los faltantes de las mercancías destinadas al régimen previsto en este artículo, se causarán los impuestos al comercio exterior que corresponda.
Podrán introducirse al país a través del régimen previsto en este artículo, la maquinaria y el equipo que se requiera para la elaboración, transformación o reparación de mercancías en recinto fiscalizado, siempre que se cumplan las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a este régimen.
TITULO QUINTO
Franja y región fronteriza
CAPITULO UNICO
Artículo 136. Para los efectos de esta ley se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país.
Por región fronteriza se entenderá al territorio que determine el Ejecutivo Federal.
Artículo 137. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previa opinión de la Secretaría, determinará por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías que estarán total o parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o región fronteriza. La propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con base en la Ley de Comercio Exterior, determinará las mercancías cuya importación o exportación a dicha franja o región quedarán sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias.
Las bebidas alcohólicas, la cerveza, el tabaco labrado en cigarrillos o puros y los caballos de carreras que se importen a la franja o región fronteriza, causarán el impuesto general de importación sin reducción alguna.
Artículo 138. Se entiende por reexpedición, la internación al resto del país de mercancías de procedencia extranjera importadas a la franja o región fronteriza. Dicha reexpedición podrá realizarse en los siguientes casos:
I. Cuando se trate de mercancías importadas en forma temporal o definitiva a la franja o región fronteriza y en este último caso se hubieran cubierto las contribuciones aplicables al resto del país.
II. Cuando se trate de mercancías importadas que hayan sido objeto de procesos de elaboración o transformación en la franja o región fronteriza.
III. Cuando las mercancías importadas se internen temporalmente al resto del país para ser sometidas a un proceso de transformación, elaboración o reparación.
Artículo 139. Para efectuar la reexpedición de mercancías, los contribuyentes deberán cumplir, además de los requisitos señalados en el artículo 36 de esta ley, con los siguientes:
I. Cubrir, en su caso, las diferencias que correspondan al impuesto general de importación y demás contribuciones que se causen de conformidad con los ordenamientos respectivos.
II. Cumplir con los requisitos en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación aplicables al resto del territorio nacional.
Artículo 140. La Secretaría establecerá puntos de revisión en los lugares que se fijen, cerca de los límites de la franja o región fronteriza, para que los pasajeros y las mercancías procedentes de dichas zonas puedan introducirse al resto del territorio nacional.
Las mercancías destinadas al interior del país y cuya importación se efectúe a través de una franja o región fronteriza, para transitar por éstas, deberán utilizar las mismas cajas y remolques en que sean presentadas para su despacho, conservando íntegros los precintos, sellos, marcas y demás medios de control que se exijan para éste. Lo anterior no será aplicable tratándose de maniobras de consolidación o desconsolidación de mercancías, así como en los demás casos que establezca el reglamento.
Artículo 141. El aprovisionamiento de las embarcaciones con mercancías de procedencia extranjera legalizadas en la región fronteriza, se permitirá sin el pago de los impuestos al comercio exterior en los términos del artículo 61 fracción IV de esta ley, pero si se dirigen a otros puertos nacionales fuera de la región fronteriza serán inspeccionadas por las autoridades aduaneras, con objeto de que el citado aprovisionamiento sólo incluya los elementos necesarios para llegar al próximo puerto de escala.
Artículo 142. Las mercancías a que se refiere el artículo 61 fracción VIII de esta ley, podrán ser consumidas por los habitantes de las poblaciones ubicadas en la franja fronteriza.
Las autoridades aduaneras podrán autorizar a residentes en la franja o región fronteriza que cambien su casa-habitación a poblaciones del resto del país, la internación de su menaje de casa usado sin el pago del impuesto general de importación, siempre y cuando comprueben haber residido en dicha franja o región fronteriza por más de un año y que los bienes hayan sido adquiridos cuando menos seis meses antes de que pretendan internarlos.
TITULO SEXTO
Atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales
CAPITULO UNICO
Artículo 143. Además de las que le confieren otras leyes, son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal en materia aduanera:
I. Establecer o suprimir aduanas fronterizas, interiores y de tráfico aéreo y marítimo, así como designar su ubicación y funciones.
II. Suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo que juzgue conveniente cuando así lo exija el interés de la nación.
III. Autorizar que el despacho de mercancías por las aduanas fronterizas nacionales pueda hacerse conjuntamente con las oficinas aduaneras de países vecinos.
IV. Establecer o suprimir regiones fronterizas.
Artículo 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:
I. Señalar la circunscripción territorial de las aduanas, así como establecer y suprimir secciones aduaneras.
La propia Secretaría señalará, dentro de los recintos fiscales, el lugar donde se encuentren las oficinas administrativas de la aduana y sus instalaciones complementarias y establecerá la coordinación con otras dependencias y organismos que lleven a cabo sus funciones en los aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos autorizados para el tráfico internacional, en relación a las medidas de seguridad y control que deben aplicarse en los mismos y señalará, en su caso, las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho de determinado tipo de mercancías que al efecto determine la citada dependencia mediante reglas.
II. Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones y el pago correcto de los impuestos al comercio exterior, cuotas compensatorias y derechos causados, se realicen conforme a lo establecido en esta ley.
III. Requerir de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros, los documentos e informes sobre las mercancías de importación o exportación y, en su caso, sobre el uso que hayan dado a las mismas.
IV. Recabar de los funcionarios públicos, fedatarios y autoridades extranjeras, los datos y documentos que posean con motivo de sus funciones o actividades relacionadas con la importación, exportación o uso de mercancías.
V. Cerciorarse que en los despachos los agentes y apoderados aduanales, cumplan con los requisitos establecidos por esta ley y por las reglas que dicte la Secretaría, respecto del equipo y medios magnéticos.
VI. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de importación o exportación en los recintos fiscales y fiscalizados o, a petición del contribuyente, en su domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que señale, cuando se satisfagan los requisitos previstos en el reglamento, así como conocer de los hechos derivados del segundo reconocimiento a que se refiere el artículo 43 de esta ley, verificar y supervisar dicho reconocimiento, así como autorizar y cancelar la autorización a los dictaminadores aduaneros y revisar los dictámenes formulados por éstos en los términos del artículo 175.
VII. Verificar que las mercancías por cuya importación fue concedido algún estimulo fiscal, franquicia, exención o reducción de impuestos o se haya eximido del cumplimiento de una regulación o restricción no arancelaria, estén destinadas al propósito para el que se otorgó, se encuentren en los lugares señalados al efecto y sean usadas por las personas a quienes fue concedido, en los casos en que el beneficio se haya otorgado en razón de dichos requisitos o de alguno de ellos.
VIII. Fijar los lineamientos para las operaciones de carga, descarga, manejo de mercancías de comercio exterior y para la circulación de vehículos, dentro de los recintos fiscales o fiscalizados y señalar dentro de dichos recintos las áreas restringidas para el uso de aparatos de telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación; así como ejercer en forma exclusiva el control y vigilancia sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos y puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional y en las aduanas fronterizas.
IX. Inspeccionar y vigilar permanentemente el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados, así como en cualquier otra parte del territorio nacional.
X. Perseguir y practicar el embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten en los casos a que se refiere el artículo 151 de esta ley, así como en el caso de infracciones cometidas por los pasajeros; en este último supuesto sólo se podrá proceder al embargo del medio de transporte cuando se trate de vehículo de servicio particular o si se trata de servicio público, cuando esté destinado al uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio normal de ruta.
XI. Verificar durante su transporte, la legal importación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera, para la cual podrá apoyarse en el dictamen aduanero a que se refiere el artículo 43 de esta ley.
XII. Corregir y determinar el valor en aduana de las mercancías declarado en el pedimento, utilizando el método de valoración correspondiente en los términos de la Sección Primera del Capítulo III del Título Tercero de esta ley, cuando el importador no determine correctamente el valor en términos de la sección mencionada, no proporcione a la autoridad, previo requerimiento, los elementos que haya tomado en consideración para determinar dicho valor o lo determine con base en la documentación o información falsa o inexacta.
XIII. Establecer, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, precios estimados para mercancías que se importen y retenerlas hasta que se presente la garantía a que se refiere el artículo 36 fracción I inciso e, de esta ley.
XIV. Establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación.
Para ejercer las facultades a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría podrá solicitar el dictamen que requiera, al agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito.
XV. Determinar en cantidad líquida los impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias y los derechos omitidos por los contribuyentes o responsables solidarios.
XVI. Comprobar la comisión de infracciones e imponer las sanciones que correspondan.
XVII. Exigir el pago de las cuotas compensatorias y aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivas dichas cuotas, los impuestos al comercio exterior y los derechos causados.
XVIII. Determinar el destino de las mercancías que hayan pasado a ser propiedad del fisco federal y mantener la custodia de las mismas, en tanto procede a su entrega.
XIX. Dictar, en caso fortuito o fuerza mayor, naufragio o cualquiera otra causa que impida el cumplimiento de alguna de las prevenciones de esta ley, las medidas administrativas que se requieran para subsanar la situación.
XX. Establecer marbetes con sellos especiales para las mercancías o sus envases, destinados a la franja o región fronteriza, que determine la propia Secretaría, siempre que hayan sido gravados con un impuesto general de importación inferior al del resto del país, así como establecer sellos con el objeto de determinar el origen de las mercancías.
XXI. Otorgar, suspender y cancelar las patentes de los agentes aduanales, así como otorgar, cancelar y revocar las autorizaciones de los apoderados aduanales.
XXII. Dictar las reglas correspondientes para el despacho conjunto a que se refiere la fracción III del artículo 143 de esta ley.
XXIII. Expedir, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, reglas para la aplicación de las disposiciones en materia aduanera de los tratados o acuerdos internacionales de las que México sea parte.
XXIV. Cancelar las garantías a que se refiere el artículo 36 fracción I inciso e y las demás que se constituyan en los términos de esta ley.
XXV. Las que le sean conferidas en tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte.
XXVI. Dar a conocer la información contenida en los pedimentos de importación que establezca la Secretaría mediante reglas.
XXVII. Establecer, para efectos de la información que deben manifestar los importadores o exportadores en el pedimento que corresponda, unidades de medida diferentes a las señaladas en las leyes de los impuestos generales de importación y exportación.
XXVIII. Suspender la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera dentro del recinto fiscal, una vez activado el mecanismo de selección aleatoria, previa resolución que emita la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual y ponerla de inmediato a su disposición en el lugar que las citadas autoridades señalen.
XXIX. Microfilmar, grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la propia Secretaría mediante reglas, los documentos que se hayan proporcionado a la misma en cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
XXX. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades a que este precepto se refiere.
Artículo 145. Para determinar el destino de las mercancías las que pasen a ser propiedad del fisco federal, la Secretaría deberá asesorarse de un consejo integrado por instituciones filantrópicas y representantes de las cámaras y asociaciones de contribuyentes interesadas en la producción y comercialización de mercancías idénticas o similares a aquellas. La citada dependencia deberá observar los siguientes lineamientos:
I. Que el producto de la enajenación sea suficiente para cubrir los gastos relacionados con el almacenamiento, traslado y demás que sean necesarios para efectuar la enajenación correspondiente.
A más tardar dentro del mes de enero del año siguiente a aquél en que se enajenaron las mercancías, deberá enterarse el remanente a la Tesorería de la Federación. Se dejará una reserva en cantidad suficiente que sirva para iniciar la operación del ejercicio siguiente.
II. Que en la enajenación de las mercancías se eviten perjuicios a sectores de la economía nacional.
III. Las mercancías y sus envases tendrán los sellos y marcas que las identifiquen como de propiedad del fisco federal y no estarán sujetas a requisitos adicionales.
A las enajenaciones a que se refiere este artículo no les será aplicable lo dispuesto por la Sección Cuarta del Capítulo III del Título Quinto del Código Fiscal de la Federación.
La Secretaría podrá asignar las mercancías a que se refiere este artículo para uso de la propia Secretaría o bien para otras dependencias del Gobierno Federal, entidades paraestatales, entidades federativas y municipios, así como a los poderes Legislativo y Judicial. En este caso, no se requerirá la opinión previa del consejo. También podrá donarlas a las instituciones no lucrativas mexicanas con autorización para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta, previa opinión del consejo establecido en este artículo.
Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:
I. Documentación aduanera que acredite su legal importación.
Tratándose de la enajenación de vehículos importados en definitiva, el importador deberá entregar el pedimento de importación al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberá exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehículo en el país.
II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal.
III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el registro federal de contribuyentes, la cual deberá reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.
Las empresas porteadoras legalmente autorizadas, cuando transporten las mercancías de procedencia extranjera fuera de la franja o región fronteriza, podrán comprobar la legal tenencia de las mismas con la carta de porte y los documentos que establezca mediante reglas la Secretaría.
Artículo 147. Las mercancías nacionales que sean transportadas dentro de la franja o región fronteriza del país, deberán ampararse en la forma siguiente:
I. Las de exportación prohibida o restringida que sean conducidas hacia los litorales o fronteras, con los pedidos, facturas, contratos y otros documentos comerciales que acrediten que serán destinadas a dichas zonas o con los permisos de exportación correspondientes.
II. Las confundibles con las extranjeras que sean transportadas hacia el interior del país, con las marcas registradas en México que ostenten o con las facturas o notas de remisión expedidas por empresarios inscritos en el registro federal de contribuyentes, si reunen los requisitos señalados por las disposiciones fiscales.
El origen de los artículos agropecuarios producidos en las zonas a que se refiere este precepto podrá acreditarse con las constancias del comisariado ejidal, del representante de los colonos o comuneros, de la asociación agrícola o ganadera a que pertenezca el pequeño propietario o de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en cualquiera de los casos anteriores, cuando las autoridades aduaneras lo requieran, sin que la documentación tenga que acompañar a las mercancías.
Artículo 148. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras procederán a retener dichas mercancías y a ponerlas a disposición de la autoridad competente en el almacén que la autoridad señale para tales efectos.
Al momento de practicar la retención a que se refiere el párrafo anterior, las autoridades aduaneras levantarán acta circunstanciada en la que se deberá hacer constar lo siguiente:
I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
II. La resolución en la que se ordena la suspensión de libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera que motiva la diligencia y la notificación que se hace de la misma al interesado.
III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.
IV. El lugar en que quedarán depositadas las mercancías, a disposición de la autoridad competente.
Deberá requerirse a la persona con quien se entienda la diligencia para que designe dos testigos de asistencia, si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, la autoridad que practique la diligencia los designará.
Se entregará copia del acta a la persona con quien se hubiera entendido la diligencia y copia de la resolución de suspensión de libre circulación de las mercancías emitida por la autoridad administrativa o judicial competente, con el objeto de que continúe el procedimiento administrativo o judicial conforme a la legislación de la materia.
Artículo 149. Lo dispuesto en el artículo 148 de esta ley solamente será aplicable cuando la resolución en la que la autoridad administrativa o judicial competente ordene la suspensión de la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera, contenga la siguiente información:
I. El nombre del importador.
II. La descripción detallada de las mercancías.
III. La aduana por la que se tiene conocimiento que van a ingresar las mercancías.
IV. El periodo estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de 15 días.
V. El almacén en el que deberán quedar depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que corresponda.
VI. La designación o aceptación expresa del cargo de depositario.
Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantaran el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley.
En dicha acta se deberá hacer constar:
I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento.
III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.
IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente.
Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción, apercibiéndolo de que, de no hacerlo o de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará.
Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga.
Artículo 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos:
I. Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado.
II. Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujetas a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II del artículo 176 de esta ley y no se acredite su cumplimiento.
III. Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional. En el caso de pasajeros, el embargo precautorio procederá sólo respecto de las mercancías no declaradas.
IV. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, se descubran sobrantes de mercancías en más de un 10% de las manifestadas en el pedimento o en la carta de porte cuando el pedimento no sea obligatorio, siempre que se trate de transportistas en vías terrestres, se embargará la totalidad del excedente, quedando el resto del embarque en garantía del interés fiscal. Tratándose de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sólo se procederá al embargo precautorio de la totalidad del excedente.
V. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas.
Se embargarán precautoriamente los medios de transporte, sin incluir las mercancías que los mismos transporten, cuando con ellos se ocasionen daños en los recintos fiscales, con el objeto de garantizar el pago de la multa que corresponda.
Artículo 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones o cuotas compensatorias omitidas y no sea aplicable el artículo 151 de esta ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta ley.
En este caso, las aduanas notificarán el acta en la que se harán constar, en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones o cuotas compensatorias y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan.
Las autoridades aduaneras efectuarán la determinación en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir de la notificación del acta a que se refiere el párrafo anterior.
En los demás casos, la determinación del crédito fiscal se hará por la autoridad aduanera.
Artículo 153. El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dentro de los 10 días siguientes al del levantamiento del acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.
Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones ni se esté obligado al pago de gastos de ejecución; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución.
Cuando la resolución mencionada se dicte por una aduana, la misma tendrá el carácter de provisional, en cuyo caso las autoridades aduaneras podrán dictar la resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, a partir de la resolución provisional; de no emitirse la resolución definitiva la provisional tendrá tal carácter.
En los casos en que el interesado no desvirtúe mediante pruebas documentales los hechos y circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento, así como cuando ofrezca pruebas distintas, las autoridades aduaneras dictarán resolución determinando, en su caso, las contribuciones y las cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que proceda, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley.
Artículo 154. El embargo precautorio de las mercancías podrá ser sustituido por las garantías que establece el Código Fiscal de la Federación, excepto en los casos señalados en la fracción IV y en el penúltimo párrafo del artículo 178 de esta ley.
Artículo 155. Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio en los casos previstos en el artículo 151 y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta ley. El acta de embargo, en estos casos, hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias de las mercancías embargadas.
En este supuesto, el visitado, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se hubiera practicado el embargo, deberá acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.
Desahogadas las pruebas se dictará la resolución determinando, en su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se efectúa el embargo.
En los casos de visita domiciliaria no serán aplicables las disposiciones del artículo 152 y 153 de esta ley.
Artículo 156. Se entregarán a las autoridades correspondientes las mercancías cuya importación esté prohibida o que sean objeto de ilícitos contemplados por otras leyes distintas de las fiscales.
Artículo 157. Tratándose de mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, de animales vivos o de automóviles y camiones, que sean objeto de embargo precautorio y que dentro de los 10 días siguientes a su embargo o de los 45 tratándose de automóviles y camiones, no se hubiere comprobado su legal estancia o tenencia en el país, la Secretaría podrá proceder a su venta con base en el valor que para ese fin fije una institución de crédito.
Efectuada ésta, su producto se invertirá en certificados de la Tesorería de la Federación a la tasa de rendimientos más alta, a fin de que al dictarse la resolución correspondiente, se disponga la aplicación del producto y rendimientos citados, conforme proceda.
La Secretaría podrá determinar el destino temporal de las mercancías a que se refiere este artículo. En este caso, si la resolución definitiva ordena la devolución de las mismas, el particular podrá optar por solicitar su devolución, la entrega de un bien sustituto con valor similar, salvo que se trate de mercancías perecederas, de fácil descomposición o de animales vivos o el valor del bien, adicionado con los rendimientos que se hubieran generado de haber sido enajenada la mercancía a la fecha del vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
Artículo 158. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento se retengan mercancías por no haberse presentado la garantía a que se refiere el artículo 36 fracción I inciso e de esta ley, las autoridades aduaneras procederán a retener las mercancías hasta que sea presentada dicha garantía.
Cuando el valor en aduana se determine conforme al valor de transacción, la cancelación de la garantía a que se refiere el párrafo anterior procederá siempre que se presente la factura comercial debidamente certificada por las autoridades competentes del país en el que resida el proveedor, en la que conste que la misma fue expedida por este último.
TITULO SEPTIMO
Agentes aduanales, apoderados aduanales y dictaminadores aduaneros
CAPITULO UNICO
SECCION PRIMERA
Agentes aduanales
Artículo 159. Agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes régimenes aduaneros previstos en esta ley.
Para obtener la patente de agente aduanal se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos.
II. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional ni haber sufrido la cancelación de su patente, en caso de haber sido agente aduanal.
III. Gozar de buena reputación personal.
IV. No ser servidor público ni militar en servido activo.
V. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado ni por afinidad, con el administrador de la aduana de adscripción de la patente.
VI. Tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia.
VII. Tener experiencia en materia aduanera mayor de tres años.
VIII. Exhibir constancia de su inscripción en el registro federal de contribuyentes.
IX. Aprobar el examen sicotécnico que practiquen las autoridades aduaneras.
Cubiertos los requisitos, la Secretaría otorgará la patente al interesado en un plazo no mayor de cuatro meses. La patente es personal e intransferible.
La Secretaría podrá expedir, a petición del interesado, patentes de agente aduanal que legitimen a su titular para promover únicamente el despacho de mercancías cuyas fracciones arancelarias se autoricen en forma expresa. Para obtener dicha patente se deberá cumplir con los requisitos a que se refiere este artículo.
Artículo 160. El agente aduanal deberá cubrir los siguientes requisitos para operar:
I. Haber efectuado el despacho por cuenta de un mínimo de cinco personas que realicen actividades empresariales, en el mes anterior al de que se trate.
El requisito será exigible en los primeros 24 meses en que opere como agente aduanal.
II. Proporcionar a las autoridades aduaneras, en la forma y periodicidad que éstas determinen, la información estadística de los pedimentos que formule grabada en un medio magnético.
III. Residir y mantener su oficina principal en el lugar de su adscripción para la atención de los asuntos propios de su actividad, salvo en el caso del artículo 161 segundo párrafo de esta ley.
IV. Manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su oficina para oír y recibir notificaciones en la circunscripción de la aduana de su adscripción y las que se realicen en ese lugar surtirán sus efectos en los términos legales; asimismo dar aviso a las mismas del cambio de domicilio, aun en el caso de suspensión voluntaria de actividades. Igual obligación tendrá en el supuesto del segundo párrafo del artículo 161 de esta ley por cada aduana en la que esté autorizado para operar.
V. Ocuparse personal y habitualmente de las actividades propias de su función y no suspenderlas en caso alguno, excepto cuando lo ordene la Secretaría o cuando haya obtenido la autorización a que se refiere el siguiente párrafo.
Las autoridades aduaneras podrán autorizar la suspensión voluntaria de actividades de un agente aduanal previa solicitud que éste presente por escrito y en la que señale las causas y el plazo de suspensión. El agente aduanal podrá reanudar sus actividades en cualquier momento, para lo cual deberá presentar el aviso correspondiente por escrito.
El agente aduanal deberá firmar en forma autógrafa como mínimo el 25% de los pedimentos originales y la copia del transportista presentados mensualmente para el despacho, durante 11 meses de cada año de calendario, utilizando además su clave confidencial de identidad. Esta obligación deberá cumplirla tanto en la aduana de su adscripción como en las distintas aduanas en que tenga autorización para actuar conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 161 de esta ley.
VI. Dar a conocer a la aduana en que actúe, los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliarlo en los trámites de todos los actos del despacho, así como los nombres de los apoderados que lo representen al promover y tramitar el despacho. El agente aduanal será ilimitadamente responsable por los actos de sus dependientes y apoderados.
Se entenderá que el agente aduanal es notificado personalmente cuando la notificación de los actos derivados del reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento se efectúe con cualquiera de los empleados, dependientes autorizados o apoderados a que se refiere el párrafo anterior.
Asimismo deberá usar el gafete de identificación personal en los recintos fiscales en que actúe, obligación que también deben cumplir sus empleados o dependientes autorizados y sus representantes.
VII. Realizar los actos que le correspondan conforme a esta ley en el despacho de las mercancías, empleando el sistema electrónico y el número confidencial personal que le asigne la Secretaría.
VIII. Contar con el equipo necesario para promover el despacho electrónico conforme a las reglas que emita la Secretaría y utilizarlo en las actividades propias de su función.
IX. Ocuparse, por lo menos, del 15% de las operaciones de importación y exportación con valor que no rebase al que, mediante reglas, determine la Secretaría.
Cuando los agentes aduanales tengan autorización para despachar en aduanas distintas a la de su adscripción, la obligación a que se refiere esta fracción será aplicable para cada una de las aduanas en las que operen.
La propia Secretaría podrá cambiar la obligación a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, autorizando, a petición de los agentes aduanales de un determinado lugar, que el servicio se proporcione en forma rotatoria o permanente para el total de las operaciones a que se refiere esta fracción por uno o varios agentes.
En los casos a que se refiere esta fracción, el agente aduanal tendrá derecho a una contraprestación de 80 pesos por cada operación.
X. Utilizar los candados oficiales en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías cuyo despacho promueva, de conformidad con lo que establezca la Secretaría mediante reglas, así como evitar que los candados fiscales que adquiera de los importadores o fabricantes autorizados se utilicen en contenedores o vehículos que transporten mercancías cuyo despacho no hubiere promovido.
La inobservancia a lo dispuesto en las fracciones I, V, IX y X de este artículo inhabilita al agente aduanal para operar hasta por un mes.
La inobservancia a lo dispuesto en las fracciones II, III, IV, VI, VII y VIII de este artículo inhabilita al agente aduanal para operar, hasta en tanto no se cumpla con el requisito correspondiente.
Artículo 161. El agente aduanal deberá actuar únicamente ante la aduana para la que se expidió la patente, sin embargo podrá promover ante otras el despacho para el régimen de tránsito interno, cuando las mercancías vayan a ser o hayan sido sometidas a otro régimen aduanero en la aduana de su adscripción.
El agente aduanal podrá actuar en aduanas distintas a las de su adscripción, siempre que constituya una sociedad de las previstas en la fracción II del artículo 163 de esta ley y obtenga autorización de las autoridades aduaneras.
Cubierto dicho requisito, las autoridades aduaneras deberán otorgar la autorización en un plazo no mayor de dos meses.
En los casos de supresión de alguna aduana los agentes aduanales a ella adscritos elegirán la aduana de su nueva adscripción.
Artículo 162. Son obligaciones del agente aduanal:
I. En los trámites o gestiones aduanales, actuar siempre con su carácter de agente aduanal.
II. Realizar el descargo total o parcial en el medio magnético, en los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante dicho medio, en los términos que establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y anotar en el pedimento respectivo la firma electrónica que demuestre dicho descargo.
III. Rendir el dictamen técnico cuando se lo solicite la autoridad competente.
IV. Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá transferirlo ni endosar documentos que estén a su favor o a su nombre sin la autorización expresa y por escrito de quien lo otorgó.
V. Abstenerse de retribuir de cualquier forma, directa o indirectamente, a un agente aduanal suspendido en el ejercicio de sus funciones o a alguna persona moral en que éste sea socio o accionista o esté relacionado de cualquier otra forma, por la transferencia de clientes que le haga el agente aduanal suspendido, así como recibir pagos directa o indirectamente de un agente aduanal suspendido en sus funciones o de una persona moral en la que éste sea socio o accionista o relacionado de cualquier otra forma, por realizar trámites relacionados con la importación o exportación de mercancías propiedad de personas distintas del agente aduanal suspendido o de la persona moral aludida.
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en los casos de que ambos sean socios de una empresa dedicada a prestar servicios de comercio exterior, con anterioridad a la fecha en la que se estableció la obligación a que se refiere dicho párrafo.
VI. Declarar, bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio fiscal del destinatario o del remitente de las mercancías, la clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos y el propio, la naturaleza y características de las mercancías y los demás datos relativos a la operación de comercio exterior en que intervenga, en las formas oficiales y documentos en que se requieran o, en su caso, en el sistema mecanizado.
VII. Formar un archivo con la copia de cada uno de los pedimentos tramitados o grabar dichos pedimentos en los medios magnéticos que autorice la Secretaría y con los siguientes documentos:
a) Copia de la factura comercial.
b) El conocimiento de embarque o guía aérea revalidados, en su caso.
c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias.
d) La comprobación de origen y de la procedencia de las mercancías cuando corresponda.
e) La manifestación de valor a que se refiere el artículo 54 fracción II de esta ley.
f) El documento en que conste la garantía a que se refiere el inciso e fracción I del artículo 36 de esta ley, cuando se trate de mercancías con precio estimado establecido por la Secretaría.
g) El documento que compruebe el encargo que se le hubiera conferido para realizar el despacho de mercancías.
Los documentos antes señalados deberán conservarse durante cinco años en la oficina principal de la agencia a disposición de las autoridades aduaneras. Dichos documentos podrán conservarse microfilmados o grabados en cualquier otro medio magnético que autorice la Secretaría.
VIII. Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la posible diferencia de contribuciones y sus accesorios, en los términos previstos en esta ley, a que pudiera dar lugar por declarar en el pedimento un valor inferior al precio estimado que establezca la Secretaría para mercancías que sean objeto de subvaluación.
IX. Aceptar las visitas que ordenen las autoridades aduaneras para comprobar que cumple sus obligaciones o para investigaciones determinadas.
X. Solicitar la autorización de las autoridades aduaneras para poder suspender sus actividades, en los casos previstos en esta ley.
Artículo 163. Son derechos del agente aduanal:
I. Ejercer la patente.
II. Constituir sociedades integradas por mexicanos para facilitar la prestación de sus servicios. La sociedad y sus socios, salvo los propios agentes aduanales, no adquirirán derecho alguno sobre la patente ni disfrutarán de los que la ley confiere a estos últimos.
III. Solicitar el cambio de adscripción a aduana distinta, siempre que tenga dos años de ejercicio ininterrumpido y concluya el trámite de los despachos iniciados.
IV. Designar hasta tres representantes cuando realice un máximo de 300 operaciones al mes; si excede de este número podrá designar hasta cinco representantes.
V. Cobrar los honorarios que pacte con su cliente por los servicios prestados, incluso en el caso a que se refiere el segundo párrafo de la fracción XIV del artículo 144 de esta ley.
VI. Suspender voluntariamente sus actividades, previa autorización de las autoridades aduaneras.
Artículo 164. El agente aduanal será suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta por 90 días o por el plazo que resulte en los términos de la fracciones I, IV, V y VIII de este artículo, por las siguientes causas:
I. Encontrarse sujeto a un procedimiento penal por haber participado en la comisión de delitos fiscales o privado de su libertad cuando esté sujeto a un procedimiento penal por la comisión de otro delito que amerite pena corporal. La suspensión durará el tiempo que el agente aduanal esté sujeto al procedimiento penal por la comisión de delitos fiscales o privado de su libertad.
II. Dejar de cumplir con el encargo que se le hubiere conferido, así como transferir o endosar documentos a su consignación, sin autorización escrita de su mandante, salvo en el caso de corresponsalías entre agentes aduanales.
III. Intervenir en algún despacho aduanero sin autorización de quien legítimamente pueda otorgarlo.
IV. Estar sujeto a un procedimiento de cancelación. La suspensión durará hasta que se dicte resolución.
V. Asumir los cargos a que se refiere el artículo 159 fracción IV, salvo que haya obtenido con anterioridad la autorización de suspensión de actividades. En este caso la suspensión será por el tiempo que subsista la causa que la motivó.
VI. Declarar con inexactitud en el pedimento, siempre que resulte lesionado el interés fiscal y no sean aplicables las causales de cancelación establecidas en la fracción ll del artículo 165 de esta ley. No se suspenderá al agente aduanal por el primer error que cometa durante cada año de calendario, siempre que el error no exceda del monto y porcentaje señalado en el inciso a, de la citada fracción II del artículo 165.
No procederá la suspensión a que se refiere esta fracción si el monto de la omisión no excede del 55% de los impuestos al comercio exterior que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterios en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad.
VII. Tratándose de los régimenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar con inexactitud alguno de los datos a que se refiere el primer párrafo de la fracción II del artículo 165 de esta ley, siempre que con los datos aportados, excluida la liquidación provisional a que se refieren los artículos 127 fracción II y 131 fracción II de esta ley, de haberse destinado la mercancía de que se trate al régimen de importación definitiva, la omisión no exceda de $45,000.00.
VIII. Carecer por primera y segunda ocasión de bienes suficientes para cubrir créditos fiscales que hayan quedado firmes y que para su cobro se haya seguido el procedimiento administrativo de ejecución. En este caso, la suspensión será por el tiempo que subsista la causa que la motivó.
En todo caso de suspensión, el afectado no podrá iniciar nuevas operaciones, sino solamente concluir las que tuviera ya iniciadas a la fecha en que le sea notificado el acuerdo respectivo.
Artículo 165. Será cancelada la patente de agente aduanal, independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas, por las siguientes causas:
I. Contravenir lo dispuesto en el artículo 163, fracción ll.
II. Declarar con inexactitud algún dato en el pedimento, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) La omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y de cuotas compensatorias, en su caso, exceda de $45,000.00 y dicha omisión represente más del 10% del total de los que debieron pagarse.
b) Efectuar los trámites del despacho sin el permiso de las autoridades competentes, cuando éste se requiera o sin realizar el descargo total o parcial sobre dicho permiso antes de activar el mecanismo de selección aleatoria.
c) Se trate de mercancia de importación o exportación prohibida.
No procederá la cancelación a que se refiere esta fracción, si el monto de la omision no excede del 55% de los impuestos al comercio exterior que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad.
III. Señalar en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o la clave del registro federal de contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la operación al agente aduanal.
IV. Retribuir de cualquier forma, directa o indirectamente a un agente aduanal suspendido en el ejercicio de sus funciones o a alguna persona moral en que éste sea socio o accionista o esté relacionado de cualquier otra forma, por la transferencia de clientes que le haga el agente aduanal suspendido; asi como recibir pagos directa o indirectamente de un agente aduanal suspendido en sus funciones o de una persona moral en la que éste sea socio o accionista o esté relacionado de cualquier otra forma, por realizar tramites relacionados con la importación o exportación de mercancías propiedad de personas distintas del agente aduanal suspendido o de la persona moral aludida.
V. Ser condenado en sentencia definitiva por haber participado en la Comisión de Delitos Fiscales o de otros delitos intencionales que ameriten pena corporal.
VI. Permitir que un tercero, cualquiera que sea su caracter, actue al amparo de su patente.
VII. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar con inexactitud alguno de los datos a que se refiere el primer párrafo de la fracción ll de este artículo, siempre que con los datos aportados, excluida la liquidación provisional a que se refieren los artículos 127, fracción ll y 131 fracción ll de esta ley, de haberse destinado la mercancía de que se trate al régimen de importación definitiva, se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) La omisión exceda de 45 mil pesos y del 10% de los impuestos al comercio exterior, derechos y, en su caso, cuotas compensatorias causadas.
b) Efectuar los trámites del despacho sin el permiso de la autoridad competente, cuando éste se requiera o sin realizar el descargo total o parcial sobre dicho permiso antes de activar el mecanismo de selección aleatoria.
c) Se trate de mercancías de importación o exportación prohibida.
VIII. Carecer por tercera ocasión de bienes suficientes para cubrir créditos fiscales que hayan quedado firmes y que para su cobro se haya seguido el procedimiento administrativo de ejecución en los cinco años anteriores.
A partir de la fecha en que se notifique a los clientes de asuntos inconclusos la cancelación de la patente, se interrumpirán por 30 días los plazos legales que estuvieren corriendo.
Artículo 166. El derecho de ejercer la patente de agente aduanal se extinguirá cuando deje de satisfacer alguno de los requisitos señalados en el artículo 159 de esta ley, por más de 90 días hábiles, sin causa justificada.
Artículo 167. En los casos de las fracciones I, V y VIII del artículo 164 de esta ley, las autoridades aduaneras, una vez comprobados los hechos establecidos en dichas fracciones, ordenarán la suspensión provisional por el tiempo que subsista la causa que la motivó. Decretada la medida provisional antes mencionada, el agente aduanal podrá, en cualquier momento, desvirtuar la causal de suspensión o acreditar que la misma ya no subsiste, exhibiendo ante la autoridad que ordenó su suspensión las pruebas documentales que estime pertinentes y manifestando por escrito lo que a su derecho convenga; la autoridad resolverá en definitiva en un plazo no mayor de 15 días posteriores a la presentación de las pruebas y escritos señalados.
Tratándose de la causal de suspensión prevista en la fracción I del artículo 164 de esta ley, bastará la simple comparecencia física del agente aduanal ante la autoridad que ordenó su suspensión, para que de inmediato sea ordenado el levantamiento de ésta.
Cuando se trate de las causas de suspensión diversas de las señaladas en el párrafo anterior o de las relativas a la cancelación de la patente, una vez conocidos por las autoridades aduaneras los hechos u omisiones que las configuren, éstas los darán a conocer en forma circunstanciada al agente aduanal y le concederán un plazo de 10 días hábiles, para que ofrezca pruebas y exprese lo que a su derecho convenga.
Cuando se trate de causales de cancelación, las autoridades aduaneras ordenarán en el mismo acto la suspensión provisional en tanto se dicte la resolución correspondiente.
Las pruebas deberán desahogarse dentro del plazo de 30 días siguientes al de su ofrecimiento, dicho plazo podrá ampliarse según la naturaleza del asunto.
Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que corresponda, en un plazo que no excederá de tres meses, tratándose del procedimiento de suspensión y de cuatro meses en el de cancelación, contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento.
Tratándose del procedimiento de cancelación, transcurrido el plazo de cuatro meses sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad aduanera puso fin a dicho procedimiento resolviendo en el sentido de cancelar la patente respectiva y podrá interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo o bien, esperar a que la resolución se dicte.
En el caso del procedimiento de suspensión, transcurridos los tres meses sin resolución expresa, se entenderá caducado el procedimiento respectivo, sin perjuicio del ejercicio posterior de las facultades de las autoridades aduaneras sujetándose a lo previsto en el tercer párrafo de este artículo.
Tanto el acto de inicio como la resolución que ponga fin a ambos procedimientos, se notificarán al interesado por conducto de la aduana de adscripción, la que procederá a darle cumplimiento.
SECCION SEGUNDA
Apoderados aduanales
Artículo 168. Tendrá el carácter de apoderado aduanal la persona física designada por otra persona física o moral para que en su nombre y representación se encargue del despacho de mercancías, siempre que obtenga la autorización de la Secretaría. El apoderado aduanal promoverá el despacho ante una sola aduana, en representación de una sola persona, quien será ilimitadamente responsable por los actos de aquel.
Para obtener la autorización para actuar como apoderado aduanal se requiere:
I. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional, ni haber sufrido la cancelación de su autorización, en caso de haber sido apoderado aduanal.
II. Tener relación laboral con el poderdante y que el mismo le otorgue poder notarial.
III. Gozar de buena reputación personal.
IV. No ser servidor público ni militar en servicio activo.
V. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad, con el administrador de la aduana de adscripción.
VI. Exhibir constancia de su inscripción en el registro federal de contribuyentes.
VII. Aprobar el examen sicotécnico que practiquen las autoridades aduaneras.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 172 de esta ley, además de los requisitos señalados anteriormente, se requerirá tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia y contar con experiencia en materia aduanera, mayor de tres años.
El impedimento consistente en ser servidor público no se aplicará cuando el poderdante sea una entidad pública. La Federación, las entidades federativas y los municipios, así como los estados extranjeros no estarán obligados a otorgar poder notarial.
Cuando termine la relación laboral con el poderdante o éste revoque el poder notarial, el poderdante deberá solicitar a la Secretaría que revoque la autorización del apoderado aduanal. La revocación de la autorización surtirá efectos a partir de que el poderdante lo solicite a la Secretaría.
Artículo 169. El apoderado aduanal deberá cubrir los siguientes requisitos para operar:
I. Proporcionar a las autoridades aduaneras, en la forma y con la periodicidad que éstas determinen, la información estadística de los pedimentos que formule, grabada en un medio magnético.
II. Ocuparse personal y habitualmente de las actividades propias de su función.
El apoderado aduanal deberá firmar en forma autógrafa la totalidad de los pedimentos originales y la copia del transportista.
III. Realizar los actos que le correspondan conforme a esta ley en el despacho de las mercancías, empleando el sistema electrónico y el número confidencial personal que le asigne la Secretaría.
IV. Utilizar los candados oficiales en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías cuyo despacho promueva, de conformidad con lo que establezca la Secretaría mediante reglas, así como evitar que los candados fiscales que adquiera de los importadores o fabricantes autorizados, se utilicen en contenedores o vehículos que transporten mercancías cuyo despacho no hubiera promovido.
La inobservancia de los requisitos señalados en la fracciones I y III de este artículo inhabilita al apoderado aduanal hasta en tanto no se cumpla con los requisitos correspondientes. El incumplimiento a lo previsto en las fracciones II y IV lo inhabilita para operar durante un mes.
El apoderado aduanal tendrá como obligaciones las señaladas en las fracciones II, IV, VI, VII, VIII y IX del artículo 162 de esta ley.
Artículo 170. Se requerirá de la previa autorización de las autoridades aduaneras para que el apoderado aduanal pueda actuar ante aduanas distintas a la que le corresponda o para que el poderdante pueda nombrar apoderados aduanales que actúen ante dos o más aduanas.
Los apoderados aduanales para obtener la autorización a que se refiere este artículo deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento. Una vez cubiertos dichos requisitos, las autoridades aduaneras deberán otorgar la autorización en un plazo no mayor de dos meses.
En los casos de supresión de alguna aduana, los apoderados aduanales a ella adscritos elegirán la aduana de su nueva adscripción.
Artículo 171. Podrán solicitar la autorización de uno o varios apoderados aduanales comunes, las siguientes personas:
I. Las sociedades mercantiles que en el impuesto sobre la renta, opten por determinar su resultado fiscal consolidado.
II. Los organismos públicos descentralizados y sus organismos subsidiarios de carácter técnico, industrial y comercial, que tengan personalidad jurídica propia, siempre y cuando las empresas solicitantes sean subsidiarias de una empresa corporativa.
III. Las empresas de servicios que tengan subsidiarias, cuando la primera sea accionista con derecho a voto en todas las empresas subsidiarias y tengan una administración común.
IV. Las empresas maquiladoras pertenecientes a una misma corporación en el extranjero y con un mismo representante legal.
Las personas a que se refiere este artículo deberán acreditar ante la Secretaría, que el apoderado aduanal tiene relación laboral con alguna de las mismas y que se encuentra facultado mediante poder notarial para actuar como apoderado aduanal en nombre y representación de cada una de ellas.
Artículo 172. Las personas morales a que se refiere este artículo podrán encargarse del despacho de mercancías de comercio exterior a través de apoderado aduanal, a los casos que señalan a continuación:
I. Las empresas de mensajería y paquetería podrán encargarse del despacho de las mercancías por ellas transportadas, siempre que el valor de las mismas no exceda de la cantidad que establezca el reglamento.
II. Los almacenes generales de depósito para encargarse del despacho de las mercancías que se destinen al régimen de depósito fiscal, así como las que retiren del mismo.
III. Las asociaciones que cumplan con los requisitos que establezca el reglamento, las cámaras de Comercio e Industria y las confederaciones que las agrupen, para realizar el despacho de las mercancías de exportación de sus integrantes.
IV. El Servicio Postal Mexicano, para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 21 de esta ley.
Las personas a que se refiere este artículo serán responsables solidarias del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o su extracción del mismo, cuando realicen el despacho de mercancías por conducto de apoderado aduanal.
Artículo 173. Será cancelada la autorización de apoderado aduanal, independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas, por las siguientes causas:
I. Declarar con inexactitud algún dato en el pedimento, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) La omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y de cuotas compensatorias, en su caso, exceda de 45 mil pesos y dicha omisión represente más del 10% del total de los que debieron pagarse.
b) Efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de las autoridades competentes, cuando éste se requiera o sin realizar el descargo total o parcial sobre dicho permiso antes de activar el mecanismo de selección aleatoria.
c) Se trate de mercancías de importación o exportación prohibida.
No procederá la cancelación a que se refiere esta fracción, si el monto de la omisión no excede del 55% de los impuestos al comercio exterior que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad.
II. Señalar en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o la clave del Registro Federal de Contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la operación.
III. Ser condenado en sentencia definitiva por haber participado en la Comisión de Delitos Fiscales o de otros delitos intencionales que ameriten pena corporal.
IV. Permitir que un tercero, cualquiera que sea su carácter, actúe al amparo de su autorización.
V. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y de tránsito interno de mercancías, declarar con inexactitud alguno de los datos a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, siempre que con los datos aportados, excluida la liquidación provisional a que se refiere el artículo 127 fracción II de esta ley, de haberse destinado las mercancías de que se trate al régimen de importación definitiva, se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) La omisión exceda de 45 mil pesos y del 10% de los impuestos al comercio exterior, derechos y en su caso, cuotas compensatorias causadas.
b) Efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de la autoridad competente, cuando éste se requiera o sin realizar descargo total o parcial sobre dicho permiso antes de activar el mecanismo de selección aleatoria.
c) Se trate de mercancías de importación o exportación prohibida.
VI. Cuando cometa alguna de las infracciones previstas en el artículo 176 de esta ley.
Los apoderados aduanales de las personas morales a que se refiere el artículo 172 de esta ley, serán suspendidos en el ejercicio de sus funciones hasta por 90 días, en los casos en que se ubiquen en alguno de los supuestos a que refieren las fracciones III, VI y VII del artículo 164 de esta ley o por el plazo que resulte cuando se ubiquen en alguno de los supuesto a que se refieren las fracciones I, IV y V del citado artículo.
Cuando se dé alguna de las causales de suspensión o cancelación a que se refiere este artículo, las autoridades aduaneras sustanciarán en lo aplicable el procedimiento previsto en el artículo 167 de esta ley, para suspender o cancelar la autorización del apoderado aduanal.
La persona física o moral a quien la autoridad aduanera le haya cancelado la autorización de tres de sus apoderados aduanales no podrá designar un nuevo apoderado aduanal en un plazo de dos años.
SECCION TERCERA
Dictaminadores aduaneros
Artículo 174. La Secretaría otorgará autorización de dictaminador aduanero a las personas que cumplan los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano:
II. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena corporal.
III. Gozar de buena reputación personal y ser de reconocida probidad y honradez.
IV. No ser servidor público ni militar en servicio activo ni haber prestado sus servicios en la administración general de aduanas.
V. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y en colateral hasta el cuarto grado ni por afinidad con el administrador de la aduana donde preste sus servicios.
VI. Presentar y aprobar el examen sicotécnico que practiquen las autoridades aduaneras.
La autorización antes mencionada tendrá vigencia por un año.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en las fracciones anteriores será causa de cancelación de la autorización para ejercer como dictaminador aduanero.
Artículo 175. Dichos dictaminadores serán responsables de las irregularidades que cometan en el dictamen que elaboren con motivo del segundo reconocimiento respecto de los conceptos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 44 de esta ley y se les aplicará una sanción equivalente de 300% a 400% de las contribuciones que se dejaron de cubrir por las irregularidades detectadas por las autoridades aduaneras.
Cuando a un dictaminador se le haya impuesto en tres ocasiones la sanción a que se refiere el párrafo anterior, se cancelará su autorización para actuar como dictaminador.
En el caso en que se aplique una sanción como consecuencia de una irregularidad, cuya responsabilidad sea exclusiva del dictaminador aduanero, no se fincará ninguna responsabilidad adicional ni se impondrá sanción alguna a la empresa para la cual preste sus servicios dicho dictaminador.
TITULO OCTAVO
Infracciones y sanciones
CAPITULO UNICO
Artículo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos:
I. Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y en su caso, de las cuotas compensatorias que deban cubrirse.
II. Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electrónica en el pedimento que demuestre el descargo total o parcial del permiso antes de realizar los trámites del despacho aduanero o sin cumplir cualesquiera otras regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, por razones de seguridad nacional, salud pública, preservación de la flora o fauna, del medio ambiente, de sanidad fitopecuaria o los relativos a normas oficiales mexicanas, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualquiera otra regulación.
III. Cuando su importación o exportación esté prohibida.
IV. Cuando se ejecuten actos idóneos inequívocamente dirigidos a realizar las operaciones a que se refieren las fracciones anteriores, si éstos no se consuman por causas ajenas a la voluntad del agente.
V. Cuando se internen mercancías extranjeras procedentes de la franja o región fronteriza al resto del territorio nacional en cualquiera de los casos anteriores.
VI. Cuando se extraigan mercancías de recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregadas legalmente por la autoridad o por las personas autorizadas para ello.
Artículo 177. Se presumen cometidas las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta ley, cuando:
I. Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun cuando sean de rancho o abastecimiento:
II. Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no autorizado para el tráfico internacional, salvo caso de fuerza mayor, así como cuando se efectúe un transbordo entre dos aeronaves con mercancía extranjera, sin haber cumplido los requisitos previstos en el artículo 13 de esta ley;
III. Las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales determinadas por la Secretaría;
IV. Se introduzcan o extraigan del país mercancías ocultas o con artificio tal que su naturaleza pueda pasar inadvertida, si su importación o exportación está prohibida o restringida o por la misma deban pagarse los impuestos al comercio exterior;
V. Se introduzcan al país mercancías o las extraigan del mismo por lugar no autorizado;
VI. Se encuentren en la franja o región fronteriza del país, mercancías que en los términos de la fracción XX del artículo 144 de esta ley, deban llevar marbetes o sellos y no los tengan.
VII. Se encuentren fuera de la franja o región fronteriza del país, mercancías que lleven los marbetes o sellos a que se refiere la fracción XX del artículo 144 de esta ley.
VIII. Tratándose de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, no se consigne en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en la relación que en su caso se haya anexado al pedimento, los números de serie, parte, marca, modelo o en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta presunción no será aplicable en los casos de exportación, salvo tratándose de mercancías importadas temporalmente que retornen en el mismo estado o que se hubieran importado en los términos del artículo 86 de esta ley.
IX. Se exhiban para su venta mercancías extranjeras sin estar importadas definitivamente o sujetas al régimen de depósito fiscal, con excepción de las muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías que se hubieran importado temporalmente.
X. Las mercancías extranjeras destinadas al régimen de depósito fiscal no arriben en el plazo autorizado al almacén general de depósito o a los locales autorizados.
Artículo 178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta ley:
I. Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos y en su caso, de las cuotas compensatorias omitidas, cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar.
Cuando la infracción a que se refiere esta fracción sea cometida por pasajeros, se impondrá una multa del 100% al 300% del valor comercial de la mercancía, salvo que se haya ejercido la opción a que se refiere la fracción I del artículo 50 de esta ley, en cuyo caso, la multa será del 70% al 100% de dicho valor comercial.
II. Multa del 30% al 50% del valor comercial de los vehículos, cuando no se haya obtenido el permiso de la autoridad competente.
III. Multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías, cuando su importación o exportación esté prohibida.
IV. Siempre que no se trate de vehículos, multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, distintas de las cuotas compensatorias.
En el supuesto del párrafo anterior el infractor podrá cumplir con la regulación y restricción no arancelaria dentro de los 30 días siguientes a la notificación correspondiente. De no hacerlo, las mercancías pasarán a ser propiedad del fisco federal.
V. Multa del 100% al 150% del valor comercial de la mercancía declarada, a la mencionada en la fracción VI del artículo 176 de esta ley.
Las mercancías además pasarán a ser propiedad del fisco federal en los casos previstos en las fracciones II y III de este artículo y cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente que se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional. Se considera que se encuentran dentro de este último supuesto las mercancías que se presenten ante el mecanismo de selección aleatoria sin pedimento, cuando éste sea exigible o con un pedimento que no correponda para realizar el despacho de las mismas, salvo que se demuestre que el pago correspondiente se efectuó con anterioridad a la presentación de las mercancías, en cuyo caso, únicamente se incurrirá en la infracción prevista en la fracción VI del artículo 184 de esta ley.
Cuando exista imposibilidad material para que las mercancías pasen a ser propiedad del fisco federal, el infractor deberá pagar adicionalmente a la multa el importe del valor comercial de la mercancía en territorio nacional al momento de su aplicación.
Artículo 179. Las sanciones establecidas por el artículo 178 se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título, mercancía extranjera sin comprobar su legal estancia en el país.
No se aplicarán sanciones por la infracción a que se refiere el párrafo anterior, en lo que toca a adquisición o tenencia tratándose de mercancía de uso personal del infractor. Se consideran como tales:
I. Alimentos y bebidas que consuma y ropa con la que se vista;
II. Cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes y medicamentos que utilice y
III. Artículos domésticos para su casa habitación.
Artículo 180. Cometen la infracción de circulación indebida dentro del recinto fiscal quienes circulen en vehículos dentro de dichos recintos sin sujetarse a los lineamientos de circulación establecidos por las autoridades aduaneras y quienes en vehículo o sin él se introduzcan, sin estar autorizados para ello, a zonas de los recintos fiscales cuyo acceso esté restringido.
Artículo 181. Se impondrá una multa de 1 mil 500 pesos a 2 mil pesos a quien cometa la infracción a que se refiere el artículo 180 de esta ley.
A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta ley una cantidad equivalente a la multa que se les imponga en los términos de este artículo, se les tendrá por liberados de la obligación de pagar dicha multa.
Artículo 182. Cometen las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías, quienes:
I. Sin autorización de la autoridad aduanera:
a) Destinen las mercancías por cuya importación fue concedida alguna franquicia, exención o reducción de contribuciones o se haya eximido del cumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria, a una finalidad distinta de la que determinó su otorgamiento.
b) Trasladen las mercancías a que se refiere el inciso anterior a lugar distinto del señalado al otorgar el beneficio.
c) Las enajenen o permitan que las usen personas diferentes del beneficiario.
d) Enajenen o adquieran vehículos importados o internados temporalmente, así como faciliten su uso a terceros no autorizados.
e) Enajenen o adquieran vehículos importados en franquicia o a la franja fronteriza sin ser residente o estar establecido en ellas.
f) Faciliten a terceros no autorizados su uso, tratándose de vehículos importados a franja o región fronteriza, cuando se encuentren fuera de dichas zonas.
II. Excedan el plazo concedido para el retorno de las mercancías importadas o internadas temporalmente; no se lleve a cabo el retorno al extranjero de las importaciones temporales o el retorno a la franja o región fronteriza en las internaciones temporales de vehículos; transformen las mercancías que debieron conservar en el mismo estado o de cualquier otra forma violen las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado en cuanto al destino de las mercancías correspondientes y la finalidad específica del régimen.
III. Importen temporalmente vehículos sin tener alguna de las calidades migratorias señaladas en el inciso a de la fracción IV del artículo 106 de esta ley; importen vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o región fronteriza del país o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país, sin tener su residencia en dicha franja o región o sin cumplir los requisitos que se establezcan en los decretos que autoricen las importaciones referidas.
IV. Retiren las mercancías del recinto fiscalizado autorizado para operar el régimen de elaboración, transformación o reparación con una finalidad distinta de su exportación o retorno al extranjero.
Artículo 183. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías, previstas en el artículo 182 de esta ley:
I. Multa equivalente del 130% al 150% del beneficio obtenido con la franquicia, exención o reducción de impuestos concedida o del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando se haya eximido del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, en los casos a que se refiere la fracción I, incisos a, b, c y f.
Multa equivalente del 30% al 50% del impuesto general de importación que habría tenido que cubrirse si la importación fuera definitiva, pasando además el vehículo a ser propiedad del fisco federal, en los casos a que se refiere la fracción I incisos d, e y fracción III. Tratándose de yates y veleros turísticos la multa será del 10% al 15% del valor comercial, sin que en este caso pasen a ser propiedad del fisco federal.
II. Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías de importación o internación, según el caso, multa de 500 pesos a 750 pesos si el retorno se verifica en forma espontánea, por cada periodo de 15 días o fracción que transcurra desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa no excederá del valor de las mercancías.
No se aplicará la multa a que se refiere el párrafo anterior, a las personas que retornen en forma espontánea los vehículos importados o internados temporalmente.
III. Multa equivalente a la señalada por el artículo 178 fracciones I, II, III o IV, según se trate, si la omisión en el retorno de las mercancías importadas o internadas temporalmente es descubierta por la autoridad.
Si la importación definitiva de las mercancías requiere de permiso o si exige el pago del impuesto general de importación y el citado permiso de autoridad competente, dichas mercancías pasarán, además, a ser propiedad del fisco federal y cuando existiere imposibilidad material para ello, el infractor deberá pagar adicionalmente a la multa, el importe de su valor comercial en el país al momento de su aplicación.
IV. Multa equivalente del 70% al 100% del impuesto general de importación que habría tenido que pagarse si la importación se hubiera efectuado bajo alguno de los regímenes definitivos o del 8% al 10% del valor en aduana, si están exentas las mercancías correspondientes, en los demás casos.
V. Multa de 20 mil pesos a 25 mil pesos y pasando además las mercancías a ser propiedad del fisco federal en el supuesto a que se refiere la fracción IV.
Artículo 184. Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes:
I. Omitan presentar a las autoridades aduaneras o lo hagan en forma extemporánea, los documentos que amparen las mercancías que importen o exporten, que transporten o que almacenen; los pedimentos, declaraciones, manifiestos o guías de carga, avisos, relaciones de mercancías, equipaje y pasajeros, así como el documento en que conste la garantía a que se refiere el artículo 36 fracción I inciso e de esta ley en los casos en que la ley imponga tales obligaciones.
II. Omitan presentar los documentos o informes requeridos por las autoridades aduaneras dentro del plazo señalado en el requerimiento o por esta ley.
III. Presenten los documentos a que se refieren las dos fracciones anteriores, con datos inexactos o falsos o, en su caso, omitiendo algún dato siempre que alteren la información estadística y no impliquen la comisión de otra infracción prevista en esta ley.
IV. Omitan presentar o lo hagan extemporáneamente, los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, cuando hayan obtenido dichos documentos antes de la presentación del pedimento.
V. Presenten a las autoridades aduaneras la información estadística de los pedimentos que formulen, grabada en un medio magnético, con información inexacta, incompleta o falsa.
VI. Transmitan en el sistema electrónico o consignen en el código de barras impreso en el pedimento o en cualquier otro medio de control que autorice la Secretaría, información distinta a la declarada en dicho documento. La falta de algún dato en la impresión del código de barras no se considerará como información distinta, siempre que la información transmitida al sistema de cómputo de la aduana sea igual a la consignada en el pedimento.
VII. Omitan imprimir en el pedimento el código de barras.
VIII. Omitan declarar en la aduana de entrada al país, que llevan consigo cantidades en efectivo o en cheques o una combinación de ambas, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América.
Omitan entregar la lista de pasajeros a que se refiere el primer párrafo del artículo 7o. de esta ley.
X. Omitan dar el aviso a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.
Artículo 185. Se aplicarán las siguientes multas a quienes cometan las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, previstas en el artículo 184 de esta ley:
I. Multa de 1 mil pesos a 1 mil 250 pesos en caso de omisión y de 500 pesos a 750 pesos por la presentación extemporánea a las mencionadas en las fracciones I y II.
II. Multa de 250 pesos a 500 pesos a la señalada en la fracción III, por cada pedimento.
III. Multa equivalente de 50% al 65% del valor de la mercancía o de 100% al 300% de los impuestos al comercio exterior causados, cuando resulte más alto esto último, tratándose de la fracción IV. Esta multa no se impondrá cuando se compruebe que el importador o exportador se encuentra inscrito en el registro federal de contribuyentes, siempre y cuando los datos declarados en el mismo sean verídicos.
IV. Multa de 1 mil pesos a 1 mil 500 pesos a la señalada en la fracción V, por cada medio magnético que contenga información inexacta, incompleta o falsa.
V. Multa equivalente de 10% al 25% del valor en aduana de las mercancías si se trata de importación o del valor comercial si se trata de exportación, a la señalada en la fracción VI, sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda.
VI. Multa de 1 mil pesos a 1 mil 500 pesos, en el caso señalado en la fracción VII, por cada pedimento.
VII. Multa equivalente de 10% al 20% de la cantidad que exceda al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América, sin que dicha multa exceda al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 2 mil dólares de los Estados Unidos de América, a la infracción establecida en la fracción VIII.
VIII. Multa de 500 pesos a 750 pesos, en los casos señalados en la fracción IX, por cada aeronave que arribe a territorio nacional.
IX. Multa de 50 mil pesos a 75 mil pesos, en los casos señalados en la fracción X, por cada aeronave que arribe al territorio nacional.
Artículo 186. Cometen las infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior:
I. Las personas autorizadas para almacenarlas o transportarlas, si no tienen en los almacenes, medios de transporte o bultos que las contengan, los precintos, etiquetas, cerraduras, sellos y demás medios de seguridad exigidos por la ley o el reglamento.
II. Quienes violen los medios de seguridad a que se refiere la fracción anterior o toleren su violación.
III. Los remitentes que no anoten en las envolturas de los envíos postales el aviso de que contienen mercancías de exportación o cuando sean mercancías de procedencia extranjera que envíen de la franja o región fronteriza al resto del país.
IV. Los capitanes, pilotos y empresas porteadoras que no cumplan con la obligación prevista en la fracción V del artículo 20 de esta ley.
V. Los capitanes o pilotos que toleren la venta de mercancías de procedencia extranjera en las embarcaciones o aeronaves, una vez que se encuentren en el territorio nacional.
VI. Los almacenes generales de depósito que permitan el retiro de las mercancías sujetas al régimen de depósito fiscal, sin que se hayan pagado las contribuciones y en su caso, cuotas compensatorias causadas con motivo de su importación o exportación definitivas.
VII. Las personas autorizadas para almacenar mercancías cuando las entreguen sin cumplir con las obligaciones establecidas en las fracciones VI y VII del artículo 26 de esta ley.
VIII. Los recintos fiscalizados autorizados para operar el régimen de elaboración, transformación o reparación, cuando hubieran entregado las mercancías en ellos almacenadas y no cuenten con copia del pedimento en el que conste que éstas fueron retornadas al extranjero o exportadas, según corresponda.
IX. Los capitanes o pilotos de embarcaciones y aeronaves que presten servicios internacionales y las empresas a que éstas pertenezcan, cuando injustificadamente arriben o aterricen en lugar no autorizado, siempre que no exista infracción de contrabando.
X. Los pilotos que omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las autoridades aduaneras para recibir la visita de inspección.
XI. Los agentes aduanales que incurran en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 164 de esta ley y quienes se ostenten como tales sin la patente respectiva.
XII. El Servicio Postal Mexicano cuando no dé cumplimiento a las obligaciones que señala el artículo 21 de esta ley, excepto la establecida en la fracción IV de ese mismo artículo.
XIII. Las empresas que presten el servicio de transporte internacional de pasajeros, cuando omitan distribuir entre los mismos las formas oficiales que al efecto establezca la Secretaría, para la declaración de aduanas de los pasajeros.
XIV. Las personas autorizadas para almacenarlas, cuando no cumplan con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 15 de esta ley.
XV. Los establecimientos autorizados a que se refiere el artículo 121 de esta ley, que enajenen mercancías a personas distintas de los pasajeros que salgan del país directamente al extranjero.
XVI. Las personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia de aeronaves que realicen el transporte internacional no regular, cuando no cumplan con lo establecido en el último párrafo del artículo 20 de esta ley.
Artículo 187. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías previstas en el artículo 186 de esta ley:
I. Multa de 2 mil pesos a 2 mil 500 pesos, a las señaladas en las fracciones I, II, IV, V, VII y XI.
II. Multa de 500 pesos a 750 pesos, a la señalada en la fracción III.
III. Multa equivalente del 70% al 100% de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar, a la señalada en la fracción VI.
IV. Multa de 5 mil pesos a 7 mil 500 pesos a las señaladas en las fracciones IX y X.
V. Multa de 3 mil pesos a 4 mil pesos a las señaladas en las fracciones XII y XIII.
VI. Multa de 15 mil pesos a 20 mil pesos, en la primera ocasión, de 30 mil pesos a 35 mil pesos, en la segunda ocasión y revocación de la autorización respectiva en la tercera ocasión, a las señaladas en las fracciones VIII y XIV.
VII. Clausura del establecimiento por una semana en la primera ocasión, por dos semanas en la segunda ocasión, por tres semanas en la tercera y siguientes ocasiones dentro de cada año de calendario, a la señalada en la fracción XV del artículo 186 de esta ley.
VIII. Multa de 10 mil pesos a 20 mil pesos a la señalada en la fracción XVI.
Artículo 188. Comete la infracción relacionada con la clave confidencial de identidad, quien al presentar pedimento o realizar cualquier trámite:
I. Utilice una clave confidencial de identidad equivocada:
II. Utilice una clave confidencial que haya sido revocada o cancelada.
Artículo 189. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 188 de esta ley:
I. Multa de 10 mil pesos a 15 mil pesos, a quien cometa la infracción señalada en la fracción I.
II. Multa de 20 mil pesos a 30 mil pesos, a quien cometa la infracción señalada en la fracción II.
Artículo 190. Comete las infracciones relacionadas con el uso indebido de gafetes de identificación utilizados en los recintos fiscales, quien:
I. Use un gafete de identificación del que no sea titular.
II. Permita que un tercero utilice el gafete de identificación propio. Se entiende que se realiza esta conducta cuando el titular no reporte por escrito a las autoridades aduaneras el robo o la pérdida del mismo en un plazo que no excederá de 24 horas y éste sea utilizado por una persona distinta a su titular.
III. Realice cualquier trámite relacionado con el despacho de mercancías, portando un gafete para visitante.
IV. Omita portar los gafetes que lo identifiquen mientras se encuentre en los recintos fiscales.
V. Falsifique o altere el contenido de algún gafete de identificación.
Artículo 191. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas en el artículo 190 de esta ley:
I. Multa de 5 mil pesos a 7 mil 500 pesos, tratándose de las señaladas en las fracciones I y II.
II. Multa de 10 mil pesos a 15 mil pesos, tratándose de la señalada en la fracción III.
III. Multa de 1 mil pesos a 1 mil 500 pesos, tratándose de la señalada en la fracción IV.
IV. Multa de 20 mil pesos a 30 mil pesos, tratándose de la señalada en la fracción V, independientemente de las sanciones a que haya lugar por la Comisión de Delitos.
A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta ley, una cantidad equivalente a la multa que se les imponga en los términos de este artículo, se les tendrá por liberados de la obligación de pagar dicha multa.
Artículo 192. Comete las infracciones relacionadas con la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras quien:
I. Utilice en las áreas expresamente señaladas por las autoridades aduaneras como restringidas, aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación.
II. Dañe los edificios, equipos y otros bienes que se utilicen en la operación aduanera por la Secretaría o por empresas que auxilien a dicha Secretaría en los términos de esta ley.
III. Introduzca al recinto fiscal vehículos que transporten mercancías cuyo peso bruto exceda el que al efecto señala la Secretaría mediante reglas, salvo que la mercancía que se transporte en el vehículo cuyo peso bruto exceda del autorizado, no pueda transportarse en más de un vehículo y siempre que se solicite al administrador de la aduana con un día de anticipación la autorización para que el medio de transporte ingrese al recinto fiscal en cierta fecha y hora. Lo previsto en esta fracción no será aplicable cuando se trate de puertos o terminales portuarias concesionadas.
Artículo 193. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones relacionadas con la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras previstas en el artículo 192 de esta ley:
I. Multa de 3 mil pesos a 4 mil pesos, a la señalada en la fracción;
II. Multa de 4 mil pesos a 5 mil pesos a la señalada en la fracción II, así como reparación del daño causado:
III. Multa de 4 mil pesos a 5 mil pesos, si se trata de la señalada en la fracción III.
A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta ley, una cantidad equivalente a la multa que se les imponga en los términos de este artículo, se les tendrá por liberados de la obligación de pagar dicha multa.
Artículo 194. A quienes omitan enterar las contribuciones y aprovechamientos a que se refieren los artículos 15 fracción VII, 21 fracción IV y 120, penúltimo párrafo de esta ley dentro de los plazos señalados en los mismos, se les aplicará una multa del 10% al 20% del monto del pago omitido, cuando la infracción sea detectada por la autoridad aduanera, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables.
Artículo 195. Tratándose de infracciones derivadas de la actuación del agente aduanal en el despacho, la multa será a cargo del agente aduanal, excepto en los casos establecidos en el segundo párrafo del artículo 54 de esta ley.
Artículo 196. Se considera cometida una sola infracción, cuando en diversos actos se introduzcan o extraigan del país mercancías presentándolas desmontadas o en partes, en los siguientes casos:
I. Cuando la importación o la exportación de las mercancías consideradas como un todo requiera permiso de autoridad competente y la de las partes individualmente no lo requiera.
II. Cuando los impuestos al comercio exterior que deban pagarse por la importación o exportación y en su caso, de las cuotas compensatorias por la importación de la mercancía completa, sean superiores a la suma de las que deban pagarse por la importación o exportación separada de las partes o cuando por éstas no se paguen impuestos al comercio exterior o cuotas compensatorias.
Se considera que se comete una sola infracción, aun cuando la importación o exportación separada de las partes o de algunas de ellas constituyan por sí misma infracción.
Artículo 197. Cuando dos o más personas introduzcan al país o extraigan de él mercancías de manera ilegal se observarán las reglas siguientes:
I. Si pueden determinarse las mercancías que cada uno introdujo o extrajo, se aplicarán individualmente las sanciones que correspondan a cada quien.
II. En caso contrario, se aplicará la sanción que corresponda a la infracción cometida por la totalidad de las mercancías y todos responderán solidariamente.
Artículo 198. Las autoridades aduaneras, al imponer las multas, deberán considerar como agravantes los siguientes supuestos:
I. El utilizar un registro federal de contribuyentes de un importador que no hubiere encargado el despacho de las mercancías.
II. El uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones inexistentes.
III. El hecho que el infractor sea reincidente en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 199. Las sanciones establecidas en esta ley se disminuirán en los siguientes supuestos:
I. En un 66% cuando la omisión de los impuestos al comercio exterior se deba a inexacta clasificación arancelaria, se trate de la misma partida de las tarifas de las leyes de los impuestos general de importación y exportación y la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. Esta disminución no será aplicable cuando exista criterio de clasificación arancelaria de la autoridad aduanera, en los términos del artículo 48 de esta ley o cuando las mercancías estén sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias.
II. En un 20% en el caso de que la multa se pague dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando se den los supuestos del artículo 198 de esta ley.
Artículo 200. Cuando el monto de las multas que establece esta ley esté relacionado con el de los impuestos al comercio exterior omitidos, con el valor en aduana de las mercancías y éstos no pueden determinarse, se aplicará a los infractores una multa de 15 mil pesos a 20 mil pesos.
Artículo 201. El importe de las multas que se impongan de conformidad con las disposiciones de esta ley, se destinará a la formación de fondos para el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad y cumplimiento del personal aduanero.
Sólo ingresará a los citados fondos el importe de las multas efectivamente pagadas y que hubieren quedado firmes, salvo que por ley esté destinado a otros fines. La distribución de los fondos se hará en los términos que señala el reglamento.
La distribución se hará una vez que se haya pagado el importe de la multa y quede firme la resolución respectiva.
Artículo 202. Los agentes o apoderados aduanales, los transportistas y demás personas relacionadas con el comercio exterior, podrán constituir fondos en cada aduana, cuyo fin sea el mantenimiento, reparación o ampliación de las instalaciones de las propias aduanas, en los términos que establezca la Secretaría mediante reglas. El patrimonio de dichos fondos se integrará con las aportaciones que efectúen las personas antes mencionadas, con el remanente del producto de la venta obtenido de conformidad con el artículo 32 de esta ley, así como por las cantidades que aporten las personas que hubieran cometido daños en las instalaciones o equipos que se utilicen en la operación aduanera o con las cantidades que aporten las personas a las que se les impongan multas y que opten por aportar cantidades equivalentes a las multas impuestas en los términos de los artículos 181, 191 y 193 de esta ley.
TITULO NOVENO
Recursos administrativos CAPITULO UNICO
Artículo 203. En contra de las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras procederá el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación.
La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Fiscal de la Federación.
En contra de las resoluciones que pongan fin a los procedimientos de suspensión y de cancelación a que se refiere el artículo 167 de esta ley, procederá el recurso de revocación conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el 1o. de abril de 1996, con excepción de los artículos 21 fracciones I y II y 82 párrafos primero y segundo, los que entrarán en vigor a partir del 1o. de julio de 1996.
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, quedará abrogada la Ley Aduanera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1981.
En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta ley, seguirá en vigor el reglamento de la ley que se abroga en todo lo que no se le oponga.
Tercero. Hasta en tanto entra en vigor lo dispuesto en los artículos 21 fracciones I y II y 82 párrafos primero y segundo de esta ley, las mercancías que ingresen al territorio nacional o que se pretendan extraer del mismo por vía postal, quedarán confiadas al Servicio Postal Mexicano, bajo la vigilancia y control de las autoridades aduaneras.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Servicio Postal Mexicano deberá:
I. Abrir los bultos postales procedentes del extranjero en presencia de las autoridades aduaneras.
II. Presentar las mercancías a las autoridades aduaneras para su reconocimiento y en su caso, clasificación arancelaria, valoración y determinación de créditos fiscales.
Asimismo, las autoridades aduaneras determinarán las contribuciones relativas a las importaciones y exportaciones, incluyendo las cuotas compensatorias, cuando se realicen por vía postal. En este caso, el pago se efectuará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la citada determinación.
Cuarto. A partir de que entre en vigor esta ley quedan sin efectos las disposiciones administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran otorgado a título particular que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta ley.
Quinto. Los despachos, operaciones y procedimientos de comercio exterior, iniciados de acuerdo con las disposiciones de la ley que se abroga, serán concluidos conforme a las disposiciones de la misma.
Sexto. Los titulares de autorizaciones vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, que estén cumpliendo con todas las obligaciones derivadas de las mismas, podrán continuar desempeñando las actividades que les fueron autorizadas, para lo cual deberán satisfacer los requisitos establecidos en esta ley. De no hacerlo, tales autorizaciones quedarán sin efectos.
Séptimo. Las personas que tengan autorización para actuar como dictaminadores aduaneros, vigente al 1o. de abril de 1996, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 174 de esta ley para continuar operando, en un plazo que no excederá del 31 de diciembre de 1996.
Octavo. Las empresas con inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, vigente al 1o. de abril de 1996, conforme al artículo 72, de la ley que se abroga, se considerarán inscritas en el citado registro, en los términos de lo previsto en el artículo 100 de esta ley.
Noveno. Las personas que hubieran introducido al país yates y veleros turísticos, así como casas rodantes, bajo el régimen de las marinas turísticas y de los campamentos de casas rodantes vigente al 1o. de abril de 1996, conforme a los artículos 95 y 95-A de la ley que se abroga, deberán realizar el cambio al régimen de importación temporal, conforme al artículo 106 fracción V incisos c y d de esta ley, en un plazo que no excederá del 31 de marzo de 1997.
Artículo tercero. Se expide la siguiente:
LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION
CAPITULO I
De la integración del tribunal
Artículo 1o. El Tribunal Fiscal de la Federación es un tribunal administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta ley establece.
Artículo 2o. El tribunal se integra por una sala superior y por las salas regionales.
Artículo 3o. El Presidente de la República, con la aprobación del Senado, nombrará a los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación para integrar la sala superior o las salas regionales.
Los magistrados del tribunal durarán seis años en el primer ejercicio de su encargo, los que se contarán a partir de la fecha de su designación. Al término del citado periodo:
a) Los magistrados de la sala superior, podrán ser designados nuevamente, por única vez, por un periodo de nueve años:
b) Los magistrados de las salas regionales podrán ser designados por un segundo periodo de seis años. Al final de este periodo, si fueren designados nuevamente, serán inamovibles.
Los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación únicamente podrán ser privados de sus puestos en los casos y de acuerdo con el procedimiento aplicable para los magistrados y los jueces inamovibles del Poder Judicial de la Federación.
En los recesos de la Cámara de Senadores, los nombramientos que haga el Presidente de la República se someterán a la aprobación de la Comisión Permanente.
Artículo 4o. Para ser magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación se requiere ser mexicano por nacimiento, mayor de 35 años y de notoria buena conducta, licenciado en derecho con título registrado expedido cuando menos 10 años antes de dicha fecha y con siete años de práctica en materia fiscal.
Es causa de retiro forzoso de un magistrado, padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo y en el caso de los magistrados de las salas regionales, cumplir 70 años.
Artículo 5o. Las faltas definitivas de los magistrados de la sala superior se comunicarán de inmediato al Presidente de la República por el presidente del tribunal para que proceda a las designaciones de los magistrados que las cubran. El reglamento interior del tribunal establecerá las nóminas para el turno y reasignación de expedientes en los casos de faltas temporales, excusas o recusaciones de los magistrados de la sala superior.
Las faltas temporales de los magistrados de las salas regionales se suplirán por el primer secretario de cada magistrado. Las faltas definitivas se cubrirán con nueva designación.
Artículo 6o. Las licencias con goce de sueldo de los magistrados, cuando no excedan de un mes en un año o por enfermedad, serán concedidas por el presidente del tribunal; las que excedan de ese tiempo solamente podrá concederlas el Presidente de la República, a quien se solicitarán por conducto del presidente del tribunal.
Artículo 7o. No podrán reducirse los emolumentos de los magistrados del tribunal durante su encargo.
Artículo 8o. El tribunal tendrá un secretario general de acuerdos, un secretario adjunto de acuerdos para cada sección de la sala superior, un oficial mayor, un contralor, los secretarios, actuarios y peritos necesarios para el despacho de los negocios del tribunal, así como los empleados que determine el presupuesto de egresos de la Federación.
Artículo 9o. Los secretarios y los actuarios deberán ser mexicanos, mayores de 25 años, licenciados en derecho, con dos años de práctica en materia fiscal, con título debidamente registrado y de reconocida buena conducta y por razón de las actividades a ellos encomendadas se considerarán como personal de confianza.
Los peritos deberán tener título, debidamente registrado, de la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que debe rendirse el peritaje o proporcionarse la asesoría, si la profesión o el arte estuvieran legalmente reglamentados y si no lo estuvieren, deberán ser personas versadas en la materia, aun cuando no tengan título.
Artículo 10. Los magistrados, los secretarios y los actuarios estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo de la Federación, estados, Distrito Federal, municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos. También estarán impedidos para ejercer su profesión, salvo en causa propia.
CAPITULO II
De la competencia material del tribunal
Artículo 11. El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:
I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.
II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.
III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.
V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la dirección de pensiones militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.
Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda, que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda o a las bases para su depuración.
VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración publica federal centralizada.
VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.
IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como sus organismos descentralizados.
X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.
XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.
XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo, inclusive aquéllos a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
XIV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.
CAPITULO III
De la sala superior
SECCION PRIMERA
Del pleno
Artículo 12. La sala superior del Tribunal Fiscal de la Federación se compondrá de 11 magistrados especialmente nombrados para integrarla, de entre los cuales elegirán al presidente del tribunal. La sala superior del tribunal actuará en pleno o en dos secciones.
El pleno se compondrá de los magistrados de la sala superior y del presidente del tribunal, bastando la presencia de siete de sus miembros para que pueda sesionar.
Artículo 13. Las resoluciones del pleno se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal. En caso de empate, el asunto se diferirá para la siguiente sesión. Cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de ponente.
Artículo 14. Cuando se apruebe un precedente o se fije la jurisprudencia por el pleno, se elaborará la tesis y el rubro correspondiente para su publicación.
Artículo 15. Las sesiones del pleno serán públicas. Cuando se designe presidente, se ventilen cuestiones administrativas o la moral, el interés público o la ley así lo exijan, las sesiones del pleno serán privadas.
Artículo 16. Es competencia del pleno:
I. Designar de entre sus integrantes al presidente del Tribunal Fiscal de la Federación.
II. Señalar la sede y el número de las salas regionales.
III. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas regionales.
IV. Fijar o suspender la jurisprudencia del tribunal, conforme al Código Fiscal de la Federación, así como ordenar su publicación.
V. Resolver por atracción los juicios en que sea necesario establecer la interpretación directa de un precepto de ley o reglamento o fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución, hasta fijar jurisprudencia, así como los que el presidente del tribunal considere de importancia y trascendencia.
VI. Resolver los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos y resoluciones del pleno, así como la queja y determinar las medidas de apremio.
VII. Resolver sobre las excitativas de justicia y calificar los impedimentos en las recusaciones y excusas de los magistrados y en su caso, designar de entre los secretarios al que deba sustituir a un magistrado de sala regional.
VIII. Dictar las medidas que sean necesarias para investigar las responsabilidades de los magistrados establecidas en la ley de la materia y aplicar, en su caso, a los magistrados, las sanciones administrativas correspondientes, salvo en el caso de destitución, la que se pondrá a la consideración del Presidente de la República.
IX. Fijar y en su caso cambiar la adscripción de los magistrados de las secciones y de las salas regionales.
X. Expedir el reglamento interior del tribunal y los demás reglamentos y acuerdos necesarios para su buen funcionamiento, teniendo la facultad de crear las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del tribunal de conformidad con el presupuesto de egresos de la Federación.
XI. Designar de entre los magistrados de la sala superior a los magistrados que realicen visitas extraordinarias a las salas regionales. El magistrado designado dará cuenta del funcionamiento de éstas al pleno del tribunal.
XII. Designar al secretario general de acuerdos, al oficial mayor y al contralor.
XIII. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos.
XIV. Las demás que establezcan las leyes.
SECCION II
De las secciones de la sala superior
Artículo 17. Las secciones de la sala superior se integrarán con cinco magistrados de entre los cuales elegirán a sus presidentes. Bastará la presencia de cuatro de sus integrantes para que pueda sesionar la sección. El presidente del tribunal no integrará sección.
Artículo 18. Las resoluciones de las secciones de la sala superior se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal. En caso de empate, el asunto se diferirá para la siguiente sesión. Cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, cambiará de sección.
Artículo 19. Las sesiones de las secciones de la sala superior serán públicas. Cuando se designe presidente, se ventilen cuestiones administrativas o la moral, el interés público o la ley así lo exijan, las sesiones de las secciones de la sala superior serán privadas.
Artículo 20. Compete a las secciones de la sala superior:
I. Resolver los juicios en los casos siguientes:
a) Los que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.
b) En los que la resolución impugnada se encuentre fundada en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se hubiera aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos.
c) Los que el presidente del tribunal considere de importancia y trascendencia y acuerde sean resueltos por la sección.
II. Resolver el recurso de apelación.
III. Resolver los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos y resoluciones de la sección, así como la queja y determinar las medidas de apremio.
IV. Fijar o suspender la jurisprudencia del tribunal, conforme al Código Fiscal de la Federación, así como ordenar su publicación.
V. Aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y de la jurisprudencia fijada por la sección, así como ordenar su publicación.
VI. Las demás que establezcan las leyes.
Artículo 21. Los presidentes de las secciones de la sala superior serán designados en la primera sesión que en el año tenga la sección respectiva, la cual será privada. Durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos en forma inmediata.
En el caso de faltas temporales de dichos presidentes, serán suplidos por los magistrados de la sección en orden alfabético. Si la falta es definitiva, la sección designará nuevo presidente para concluir el periodo, pudiendo ser reelecto en el siguiente periodo.
Artículo 22. Compete a los presidentes de las secciones de la sala superior:
I. Atender la correspondencia, autorizándola con su firma.
II. Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones.
III. Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos y firmar los engroses de resoluciones.
IV. Rendir los informes previos y justificados cuando se trate de actos y resoluciones de la sección, reclamados en los juicios de amparo.
V. Tramitar los incidentes, recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilan ante la sección.
VI. Dictar los acuerdos o providencias de tramite necesarios, incluyendo el que reabra la instrucción cuando a juicio de la sección se beneficie la rapidez del proceso.
VII. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la sección.
CAPITULO IV
Del presidente
Artículo 23. El presidente del tribunal será designado en la primera sesión que en el año tenga el pleno de la sala superior, durará en su cargo dos años y no podrá ser reelecto en forma inmediata.
Artículo 24. El presidente del tribunal en el caso de faltas temporales será suplido alternativamente, cada 30 días naturales, por los presidentes de las secciones de la sala superior siguiendo el orden alfabético. Si la falta es definitiva, el pleno designará nuevo presidente para concluir el periodo.
Artículo 25. El presidente del tribunal para el desempeño de las funciones que le corresponden, será auxiliado por la oficialía mayor, la secretaría general de acuerdos, la contraloría interna y las demás unidades administrativas que establezca el reglamento interior.
Artículo 26. Son atribuciones del presidente del Tribunal Fiscal de la Federación:
I. Representar al tribunal ante toda clase de autoridades.
II. Despachar la correspondencia del tribunal.
III. Presidir las comisiones del tribunal.
IV. Convocar a sesiones al pleno de la sala superior, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones.
V. Someter al conocimiento del pleno de la sala superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquellos que a su juicio considere necesario.
VI. Autorizar, en unión del secretario general de acuerdos, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del pleno de la sala superior y firmar los engroses de resoluciones del pleno.
VII. Ejercer la facultad señalada en el artículo 239-A del Código Fiscal de la Federación, conforme a los criterios que el pleno establezca.
VIII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios, incluyendo el que reabra la instrucción cuando a juicio del pleno se benefie la rapidez del proceso.
IX. Tramitar los incidentes, los recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante el pleno de la sala superior, así como imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones.
X. Presidir la sección que lo requiera para integrar quorum.
XI. Tramitar y formular los proyectos de resolución tratándose de excitativas de justicia, recusaciones o excusas de los magistrados y someterlos a la aprobación del pleno.
XII. Rendir los informes previos y justificados cuando se trate de actos y resoluciones del pleno que constituyan el acto reclamado en los juicios de amparo.
XIII. Conceder licencia a los magistrados por enfermedad y en otros casos hasta por un mes cada año con goce de sueldo, siempre que exista causa justificada para ello y no se perjudique el funcionamiento del tribunal.
XIV. Dictar las medidas que sean necesarias para investigar las responsabilidades de los servidores públicos establecidas en la ley de la materia y aplicar, en su caso, a los secretarios, actuarios, peritos y demás servidores públicos del tribunal, las sanciones administrativas correspondientes.
XV. Designar o remover:
a) A propuesta del magistrado respectivo, a los secretarios y actuarios correspondientes.
b) A propuesta del contralor, a los peritos.
c) A propuesta del oficial mayor, al demás personal administrativo del tribunal.
d) A propuesta del coordinador de actuarios, a su personal, cuando se establezcan actuarías comunes a varias salas.
XVI. Conceder o negar licencias a los secretarios y actuarios y demás personal administrativo de la sala superior, en los términos de las disposiciones aplicables, previa opinión, en su caso, del magistrado a que estén adscritos.
XVII. Dictar las medidas que exijan el funcionamiento y la disciplina del tribunal.
XVIII. Dirigir la buena marcha del tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de la competencia del tribunal, pudiendo acordar los cambios de adscripción del personal y la distribución de recursos presupuestales.
XIX. Establecer las reglas para la distribución de los asuntos entre las secciones de la sala superior y entre las salas regionales cuando haya más de una en la circunscripción territorial, así como entre los magistrados instructores y ponentes.
XX. Evaluar el funcionamiento de las secciones de la sala superior, así como de las salas regionales del tribunal y dictar las medidas que sean necesarias para mejorarlo.
XXI. Formular y proponer anualmente al Ejecutivo Federal el proyecto de presupuesto del tribunal.
XXII. Dictar las órdenes relacionadas con el ejercicio del presupuesto del tribunal.
XXIII. Realizar los actos administrativos y jurídicos que conforme a las leyes deban ser realizados a nombre del tribunal.
XXIV. Rendir anualmente ante el pleno de la sala superior un informe dando cuenta de la marcha del tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el pleno y las secciones de la sala superior.
XXV. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, tesis y precedentes del tribunal.
CAPITULO V
De las salas regionales
Artículo 27. El tribunal tendrá salas regionales integradas por tres magistrados cada una. Para que pueda efectuar sesiones una sala será indispensable la presencia de los tres magistrados y para resolver bastará mayoría de votos.
Artículo 28. El territorio nacional, para los efectos del artículo anterior, se divide en las siguientes regiones:
I. Del noroeste, con jurisdicción en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.
II. Del norte-centro, con jurisdicción en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
III. Del noreste, con jurisdicción en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
IV. De occidente, con jurisdicción en los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit.
V. Del centro, con jurisdicción en los estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí.
VI. De Hidalgo-México, con jurisdicción en los estados de Hidalgo y de México.
VII. Del golfo-centro, con jurisdicción en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
VIII. De Guerrero, con jurisdicción en el Estado de Guerrero.
IX. Del sureste, con jurisdicción en los estados de Chiapas y Oaxaca.
X. Peninsular, con jurisdicción en los estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.
XI. Metropolitana, con jurisdicción en el Distrito Federal y en el Estado de Morelos.
Artículo 29. En cada una de las regiones habrá el número de salas que acuerde el pleno de la sala superior, las cuales tendrán la sede que el mismo señale.
Artículo 30. Las salas regionales conocerán de los juicios que se señalan en el artículo 11 de esta ley con excepción de los que corresponda resolver al pleno o a las secciones de la sala superior, de los cuales se encargarán de la instrucción.
Artículo 31. Las salas regionales conocerán de los juicios por razón del territorio respecto del lugar donde se encuentra el domicilio fiscal del demandante, excepto en los siguientes casos:
I. Se trate de empresas que formen parte del sistema financiero en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
II. Tengan el carácter de controladora o controlada en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y determinen su resultado fiscal consolidado.
III. El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en territorio nacional.
IV. El demandante resida en México y no tenga domicilio fiscal.
En los casos señalados en las tres primeras fracciones, será competente la sala regional dentro de cuya jurisdicción territorial se encuentre la sede de la autoridad que dictó la resolución impugnada. Tratándose de la fracción IV se atenderá al domicilio del particular.
Cuando la demandante sea una autoridad que promueva la nulidad de una resolución administrativa favorable a un particular, será competente la sala regional dentro de cuya jurisdicción se encuentre la sede de dicha autoridad.
Artículo 32. Cuando una ley otorgue competencia al Tribunal Fiscal de la Federación sin señalar el procedimiento o los alcances de la sentencia, se estará a lo que dispongan el Código Fiscal de la Federación y esta ley.
Artículo 33. Las sesiones de las salas regionales, así como las diligencias o audiencias que deban practicar de conformidad con las leyes, serán públicas. Cuando se designe presidente, se ventilen cuestiones administrativas o la moral, el interés público o la ley así lo exijan, las sesiones de las salas regionales, así como las diligencias o audiencias que deban practicar de conformidad con las leyes, serán privadas.
Artículo 34. Los presidentes de las salas regionales serán designados en la primera sesión que en el año tenga la sala respectiva, durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos en forma inmediata.
En el caso de faltas temporales, los presidentes serán suplidos por los magistrados de la sala en orden alfabético. Si la falta es definitiva, la sala designará nuevo presidente para concluir el periodo, pudiendo ser reelecto en el siguiente periodo.
Artículo 35. Los presidentes de las salas regionales tendrán las siguientes atribuciones:
I. Atender la correspondencia de la sala autorizándola con su firma.
II. Rendir los informes previos y justificados cuando se trate de actos y resoluciones de la sala que constituyan el acto reclamado en los juicios de amparo.
III. Proponer a la presidencia del tribunal por conducto de la oficialía mayor los nombramientos o remociones del personal de la sala y conceder licencias, con la previa conformidad del magistrado correspondiente.
IV. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina de la sala, exigir se guarde el respeto y consideración debidos, e imponer las correspondientes correcciones disciplinarias.
V. Realizar los actos administrativos o jurídicos de la sala que no requieran la intervención de los otros dos magistrados de la sala.
VI. Proporcionar oportunamente al presidente del tribunal los informes sobre el funcionamiento de la sala y enviar las tesis dictadas por ella.
VII. Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la sala.
Artículo 36. Los magistrados instructores tendrán las siguientes atribuciones:
I. Admitir o desechar o tener por no presentada la demanda o la ampliación, si no se ajustan a la ley.
II. Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su ampliación o desecharlas en su caso.
III. Admitir o rechazar la intervención del tercero.
IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas.
V. Sobreseer los juicios antes de que se hubiere cerrado la instrucción en los casos de desistimiento del demandante o de revocación de la resolución impugnada por el demandado.
VI. Tramitar los incidentes y recursos que les competa, formular el proyecto de resolución y someterlo a la consideración de la sala.
VII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma.
VIII. Formular el proyecto de sentencia definitiva.
IX. Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
CAPITULO VI
De los demás servidores públicos del tribunal
Artículo 37. Corresponde al secretario general de acuerdos o, en su caso, a los secretarios adjuntos:
I. Acordar con el presidente del tribunal lo relativo a las sesiones del pleno y con el presidente de la sección lo relativo a las sesiones de la misma.
II. Dar cuenta en las sesiones de pleno o de sección, de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden.
III. Engrosar las resoluciones de pleno o de sección del tribunal, salvo que en la sesión se acuerde que lo haga algún magistrado, autorizándolos en unión del presidente.
IV. Tramitar y firmar la correspondencia administrativa del tribunal que no corresponda al presidente o a las secciones de la sala superior o a las salas regionales.
V. Admitir a trámite y correr traslado a la parte contraria con el recurso de apelación e integrar el expediente respectivo.
VI. Llevar el turno de los magistrados que deban formular ponencias para resolución de las secciones y del pleno de la sala superior.
VII. Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la sala superior, así como la oficialía de partes común de las salas regionales metropolitanas.
VIII. Expedir los certificados de constancias que obran en los expedientes de la sala superior.
IX. Las demás que le encomiende el pleno de la sala superior o el presidente del tribunal.
Artículo 38. Corresponde al oficial mayor:
I. Formular el anteproyecto de presupuesto del tribunal.
II. Ejecutar las órdenes relacionadas con el ejercicio del presupuesto del tribunal.
III. Proponer a la presidencia del tribunal los nombramientos, remociones, incrementos o movimientos de personal y vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleados administrativos.
IV. Controlar los bienes del tribunal, mantener actualizado su inventario y vigilar su conservación.
V. Coordinar la prestación de los demás servicios administrativos necesarios para el buen funcionamiento del tribunal.
Artículo 39. Corresponde al contralor del tribunal:
I. Fiscalizar la actuación de los servidores públicos del tribunal.
II. Proponer el nombramiento o remoción de los peritos del tribunal y supervisar su desempeño.
III. Fiscalizar el ejercicio presupuestal, así como de las adquisiciones y enajenaciones de los bienes del tribunal.
IV. Revisar los sistemas de control de recursos humanos, materiales y financieros del tribunal.
V. Recibir las quejas en contra de los servidores públicos del tribunal.
VI. Las demás que le confieran las leyes y los reglamentos, así como los acuerdos del pleno del tribunal.
Artículo 40. Corresponde a los secretarios de la sala superior:
I. Auxiliar al magistrado al que estén adscritos, en la formulación de los proyectos de las resoluciones que les encomienden.
II. Autorizar con su firma las actuaciones del magistrado ponente.
III. Efectuar las diligencias que les encomiende el magistrado al que estén adscritos cuando éstas deban practicarse fuera del local de la sala.
IV. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones legales les confieran.
Artículo 41. Corresponde a los secretarios de las salas regionales:
I. Proyectar los actos y las resoluciones que les indique el magistrado instructor.
II. Autorizar con su firma las actuaciones del magistrado instructor y de la sala regional.
III. Efectuar las diligencias que les encomiende el magistrado instructor cuando éstas deban practicarse fuera del local de la sala y dentro de su jurisdicción.
IV. Proyectar las sentencias y engrosarlas en su caso, conforme a los razonamientos jurídicos de los magistrados.
V. Expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la sala a que estén adscritos.
VI. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.
Artículo 42. Corresponde a los actuarios:
I. Notificar en el tiempo y forma prescritos por la ley, las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnados.
II. Practicar las diligencias que se les encomienden.
III. Las demás que señalen las leyes o el reglamento interior.
Artículo 43. Corresponde a los peritos:
I. Rendir dictamen en los casos en que fueren designados peritos terceros en discordia:
II. Asesorar a los magistrados del tribunal cuando éstos lo soliciten, en las cuestiones técnicas que se susciten en los litigios.
CAPITULO VII
De las vacaciones y días inhábiles
Artículo 44. El personal del tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación.
Se suspenderán las labores y no correrán los plazos, los días que acuerde el pleno del tribunal.
Unicamente se recibirán promociones en la oficialía de partes de cada sala, durante las horas hábiles que determine el pleno del tribunal.
TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor el 1o. de enero de 1996. La designación de los nuevos magistrados de la sala superior se podrá hacer a partir de la publicación de esta ley.
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 1978.
Tercero. Los magistrados que, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se encuentren adscritos a la sala de Morelos o tengan el carácter de supernumerarios, así como el personal y los recursos materiales y financieros de dicha sala, pasarán a formar parte de las salas regionales metropolitanas, continuando, en su caso, el conocimiento de los asuntos iniciados a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como de los asuntos posteriores relativos a las sentencias dictadas por la sala regional de Morelos.
A partir del 1o. de enero se crean la séptima y la octava salas regionales metropolitanas. Los magistrados supernumerarios en funciones al 31 de diciembre de 1995, a partir de 1996, serán magistrados numerarios hasta concluir el periodo por el que fueron nombrados como magistrados supernumerarios.
El presidente del tribunal redistribuirá por partes iguales los asuntos de las salas regionales metropolitanas y el pleno fijará la adscripción de los magistrados de la sala de Morelos y de quienes sean supernumerarios al 31 de diciembre de 1995, entre las regionales metropolitanas y las de la Hidalgo-México.
Las sedes de la demás salas regionales existentes a la entrada en vigor de esta ley, continuarán siendo las mismas en tanto no se acuerde su cambio por el pleno de la sala superior.
Cuarto. Los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación que se encuentren en funciones al 31 de diciembre de 1995, continuarán en su encargo hasta concluir el plazo por el que fueron designados, conforme a la ley que se abroga. De ser ratificados los magistrados regionales por un nuevo periodo, adquirirán la inamovilidad en el cargo. Los magistrados de la sala superior que asimismo sean ratificados, serán designados por un periodo de nueve años, pudiendo volver a ser ratificados por un único periodo adicional de seis años más.
Quinto. Los juicios pendientes de resolver por la sala superior al 31 de diciembre de 1995, se resolverán por la sección a la cual quede adscrito el magistrado ponente y si éste fuera el presidente del tribunal, se distribuirán entre las secciones. Los juicios que habiendo sido atraídos por la sala superior al 31 de diciembre de 1995 y siempre que el expediente no obre en su poder, se resolverán por la sala regional que lo instruyó.
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Sala de comisiones de la Cámara de Diputados.- México, D.F., a 27 de noviembre de 1995.- Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Jorge Padilla Olvera, Saúl Escobar Toledo, secretarios; Alejandro Higuera Osuna, Alfonso Molina Ruibal, Antonio Sánchez Gochicoa, Carlota Vargas Garza, Daniel Covarrubias Ramos, David Vargas Santos, Dulce María Sauri Riancho, Dionisio Pérez Jácome, Gabino Fernández Serna, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Joaquín Vela González, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Heriberto Galindo Quiñones, José de Jesús Preciado Bermejo, Manuel Beristáin Gómez, Manuel Jiménez Lemus, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Roberto Campa Cifrián, Salvador Mikel Rivera, Sebastián Lerdo de Tejada, Tonatiuh Bravo Padilla y Víctor Cruz Ramírez.»
Es de primera lectura.
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LEYES FISCALES
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se modifican diversas leyes fiscales "Miscelánea".
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Audomaro Alba Padilla:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el pasado día 14 de noviembre del año en curso, el Ejecutivo Federal, con fundamento en los artículos 71 fracción I y 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta Cámara de Diputados una iniciativa de decreto a través de la cual se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dicha iniciativa fue turnada a consideración de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis, discusión y dictamen.
Esta comisión, con base a las facultades antes dichas, se abocó al análisis de la iniciativa del Ejecutivo, procediendo a dictaminar, en esta oportunidad, los artículos 4o. al 20 de la "iniciativa de decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se expiden otras". Para tales efectos se realizaron varias reuniones de trabajo, en conferencia con la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Con base en los resultados de las deliberaciones y el análisis de los miembros de esta comisión, presentamos a esta honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
El Ejecutivo Federal ha presentado en su iniciativa un importante conjunto de propuestas que tienen como objetivo fundamental, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, avanzar gradualmente hacia una reforma tributaria integral que: promueva la inversión y el crecimiento, fortaleciendo la recaudación y el ahorro; mejore la equidad tributaria, gravando a los causantes según su capacidad económica; eleve los niveles de cumplimiento de las obligaciones fiscales, estimulando a los causantes a su cumplimiento voluntario; mejore en la simplificación fiscal y administrativa y en el otorgamiento de mayor seguridad a los contribuyentes y fortalezca las finanzas de los tres niveles de gobierno.
En la consideración de los elementos que integran este conjunto de modificaciones, la dictaminadora analizó las propuestas conforme a los grandes objetivos que plantea la iniciativa del Ejecutivo Federal:
I. Impulsar un nuevo federalismo fiscal.
II. Alentar la actividad económica y promover las exportaciones.
III. Avanzar en la simplificación fiscal y administrativa.
IV. Otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
V. Modernizar la administración tributaria.
A continuación se expresan los elementos fundamentales de este debate:
I. Medidas para impulsar un nuevo federalismo fiscal.
Esta dictaminadora coincide con la iniciativa del Ejecutivo Federal en que el federalismo forma parte de las grandes aspiraciones nacionales y que deben apoyarse todas las acciones que contribuyan a fortalecerlo. Es un complejo proceso que no se agota en una sola medida. Las acciones propuestas se orientan hacia ese propósito. Hay que reconocer que, aunque está plasmado en la Constitución, existe una gran diferencia entre lo que se ha propuesto como objetivo y lo que se ha alcanzado como realidad.
A partir de que entró en vigor, en 1980, el sistema nacional de coordinación fiscal, basado en nuestra Constitución, recogió experiencias previas y sentó nuevas bases para la coordinación entre la Federación y los estados y municipios, a través de la Ley de Coordinación Fiscal que entonces se expidió.
En 1990 se adecuaron los mecanismos de asignación de las participaciones, en particular el fondo general de participaciones, con una nueva fórmula que incorporó criterios como la capacidad regional de recaudación y el componente del índice poblacional de cada región, lo cual le dio un elemento redistributivo.
Esta dictaminadora tomó en cuenta que el propósito del Ejecutivo Federal con las acciones que propone fue el de: fortalecer las haciendas públicas de los estados y municipios; canalizarles mayores recursos y responsabilidades y promover la generación de ingresos propios a nivel nacional.
En este sentido, hay cada vez mayor conciencia de la necesidad de que sean los estados y municipios los que adopten decisiones en aquellas materias más vinculadas a sus ámbitos de acción para tomar en cuenta las necesidades y preferencias de la población. Es el caso de los servicios de salud, los educativos o los de infraestructura.
Por otra parte, las experiencias locales y ventajas comparativas permiten que cada nivel de gobierno tome las mejores decisiones para la obtención de recursos. Se coincide en que existen impuestos en los cuales es mucho más conveniente recaudar a nivel local.
El Ejecutivo Federal propone reasignar recursos y responsabilidades con base en los siguientes criterios: distribuir responsabilidades de acuerdo a las ventajas comparativas de cada uno de los tres niveles de gobierno; que al asignar la nueva responsabilidad a la entidad federativa, también se le transfieran los recursos necesarios para financiarla y agregar a la transferencia de recursos la reasignación de facultades para la generación de los ingresos.
Esta dictaminadora tomó en consideración que no se trata ya sólo de promover un federalismo fiscal, sino lograr un concepto más amplio de federalismo hacendario, que involucra acciones de ingreso y gasto y que, respecto a este último, sus principales componentes se considerarán al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por su parte, en materia de ingresos, se analizaron acciones conforme a las dos vertientes propuestas por el Ejecutivo Federal: el fortalecimiento de los ingresos propios de las entidades federativas y el fortalecimiento de las participaciones.
1. Propuestas para fortalecer los ingresos propios de las entidades federativas.
El Ejecutivo Federal propone diversas medidas para alcanzar este objetivo:
A) Tres de ellas eliminan exclusividades de la Federación para establecer gravámenes: tenencia o uso de automóviles, servicios de hospedaje e impuesto federal sobre automóviles nuevos.
a) En materia de tenencia o uso de vehículos, ya se favorece a las entidades federativas con el 100% de los recursos que genera este impuesto. Ahora se propone, en los términos del artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que las entidades puedan imponer tasas locales adicionales, como ya ocurre con los vehículos que tienen más de 10 años de antigüedad.
Esta facultad entrará en vigor conforme a la fracción I del artículo 18 del decreto que se analiza, el 1o. de enero de 1997. Esta dictaminadora coincide en que la facultad que se otorga podrá permitir a las entidades incrementar su captación sobre la base de reconocer que los problemas derivados del parque vehicular son muy distintos en cada entidad federativa.
Por otra parte esta dictaminadora coincide en la necesidad de simplificar la fórmula para el cálculo de pago de la tenencia, que reconoce los efectos de la inflación y de la depreciación sobre el valor del vehículo, tal y como se propone en el artículo 15-B de la mencionada ley.
Asimismo apoya las medidas de simplificación para la determinación del impuesto en el caso de embarcaciones, veleros y aviones. (Artículo 12 y 13 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.)
Finalmente, conforme al último párrafo del artículo 1o. de dicha ley, se avanza en el criterio de equidad al permitir que este impuesto, en el caso de vehículos nuevos, se reduzca según vayan avanzando los trimestres del año calendario, para pagar efectivamente en función del tiempo de su tenencia.
b) Esta dictaminadora favorece la eliminación de la exclusividad en el gravamen de los servicios de hospedaje que habrán de permitir a las entidades disponer de recursos para promover el turismo. La medida reconoce también la diversidad de las entidades federativas en esta materia, por lo que estima procedentes la modificaciones al artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
c) Por lo que hace al impuesto federal sobre automóviles nuevos, a la luz de la discusión de este tema, esta dictaminadora considera que en lugar de la concurrencia que se propone entre la Federación y los estados, a partir de 1997 sean los estados quienes determinen de manera exclusiva el establecimiento de este tipo de gravámenes. Esta medida fortalecerá la recaudación de los estados y municipios y se orienta a fortalecer las capacidades tributarias de las entidades federativas.
En esa virtud esta dictaminadora propone que el capítulo correspondiente a la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos en el decreto que se dictamina quede en los siguientes términos:
Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Artículo decimosexto. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo decimoquinto que antecede, se estará a lo siguiente:
I. La reforma al artículo 3o., fracción I entrará en vigor el 1o. de julio de 1996.
II. A partir del primero de enero de 1997 queda abrogada la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos del 22 de diciembre de 1979." B) Eliminación del impuesto federal sobre adquisición de inmuebles.
La ley que establece este impuesto se encuentra actualmente en suspenso para permitir que las entidades federativas o municipios apliquen sus disposiciones particulares sobre este tipo de operaciones. Por ello esta dictaminadora estima procedente la propuesta de abrogar la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles a partir del próximo año.
C) Facultades adicionales en materia de derechos.
Esta dictaminadora coincide en las propuestas para modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que las entidades estén facultadas para establecer derechos en los casos de licencias a establecimientos que expendan bebidas alcohólicas al menudeo y por la colocación de anuncios, medidas que restablecen su facultad tributaria en actividades que demandan mayores servicios o que utilizan bienes de dominio público. (Artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal.)
D) Repartición de la reserva de contingencia.
Como una última medida que habrá de traducirse en el fortalecimiento de los ingresos propios de las entidades federativas, esta dictaminadora estimó pertinente hacer una adecuación respecto de las modificaciones propuestas al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal. En efecto, se estima muy conveniente que el 90% de dicha reserva sea distribuido a lo largo del ejercicio fiscal y el 10% restante al cierre del mismo. Sin embargo el mencionado 90% podría ser distribuido mensualmente y no cuatrimestralmente, en beneficio de los estados y municipios que pudieren tener acceso a la reserva de que se trata. Consecuentemente las modificaciones al artículo citado quedan aprobadas en los términos siguientes:
"Artículo 4o. Se crea una reserva de contingencia consistente en un monto equivalente al 0.25% de la recaudación federal participable de cada ejercicio. El 90% de dicha reserva será distribuido mensualmente y el 10% restante se entregará al cierre del ejercicio fiscal y se utilizará para apoyar a aquellas entidades cuya participación total en los fondos general y de fomento municipal a que se refieren los artículos 2o. y 2o-.A fracción III de esta ley, no alcance el crecimiento experimentado por la recaudación federal participable del año respecto a la de 1990.
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Adicionalmente se crea una reserva de compensación para las entidades federativas que sean afectadas por el cambio en la fórmula de participaciones. Esta reserva se formará con el remanente del 1% de la recaudación federal participable, a la que hace referencia el párrafo siguiente a la fracción III del artículo 2o., así como con el que se deriva de la parte del fondo de fomento municipal, a que se refiere el artículo 2o-.A fracción III inciso b de esta ley.
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2. Propuestas para otorgar mayores recursos a las entidades y municipios.
A) Asignación directa a las entidades federativas de un porcentaje de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios."
La dictaminadora apoya la propuesta de que la Federación entregue directamente a las entidades un porcentaje de la recaudación que obtiene por el impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas alcohólicas y cerveza, así como al tabaco. Esta es una vía para aumentar las participaciones, sin que haya aumentos de impuestos que graven más al consumidor. No obstante esta dictaminadora acordó que se incrementen los porcentajes propuestos en la iniciativa, en la forma siguiente: del 10% al 20% de la recaudación que se obtiene por el impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas alcohólicas y cerveza y del 4% al 8% de lo que se obtiene por ese gravamen al tabaco. En razón de lo anterior, se aprobó modificar el artículo 3o-.A de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
"Artículo 3o.-A. Las entidades federativas adheridas al sistema nacional de coordinación fiscal, participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a continuación se mencionan, conforme a las proporciones siguientes:
I. El 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes con una graduación alcohólica de hasta 6º alcohol y bebidas alcohólicas.
II. El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados.
Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que represente la enajenación de cada uno de los bienes a que se refiere este artículo en cada entidad federativa, de la enajenación nacional y se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7o. de esta ley.
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la participación que le corresponda al Estado."
Esta dictaminadora acordó también proponer que se analice la posibilidad de que esta participación se vaya incrementando en los ejercicios subsecuentes.
B) Incremento de recursos a los estados y municipios en donde existen puentes de peaje.
La dictaminadora estima que esta medida, que fue introducida con anterioridad, puede perfeccionarse en apoyo de los estados y municipios donde se encuentren los puentes de peaje. Por eso considera pertinente la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal, consistente en reformar el artículo 9o-.A, en los términos siguientes:
"a) Incrementar la aportación de la Federación a este fondo, para que pase de 10% a 25% de los ingresos brutos generados en cada puente.
b) Dividir la aportación de la Federación en partes iguales entre el estado y el municipio, para poder extender los beneficios de este fondo a otros municipios.
c) Modificar la regla de concurrencia de recursos, de tal manera que por cada peso que aporte la Federación, el estado o el municipio lo hagan con 20 centavos."
Hay diferentes elementos que favorecen la aprobación de una fórmula como la propuesta: permite que se beneficie el municipio en el que está asentado el puente; asimismo genera recursos para que, tanto el estado como los municipios restantes, participen de esos beneficios; finalmente permite también que el Gobierno Federal, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, pueda participar de estos ingresos para continuar con los programas de construcción y mantenimiento de puentes de peaje.
Esta es una acción que apoya el federalismo hacendario, al hacer partícipes a todos los niveles de gobierno de los beneficios y de las responsabilidades de la administración de estos bienes. Esto produce que se reduzcan los por cientos de aportación del estado y el municipio, aunque no lo limita.
No obstante, esta dictaminadora consideró conveniente que se pueda ampliar el destino de los fondos que se generen a través de estos recursos para permitir que se destinen a obras de infraestructura o a gastos de inversión, sin que en ningún caso se utilicen para gasto corriente. En razón de lo anterior esta dictaminadora aprobó modificar el artículo 9o-.A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
"Artículo 9o.-A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estados y los municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.
La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25% del monto total de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación Federal se distribuirá en partes iguales entre el estado y el municipio correspondiente, destinando el estado al mismo fin estos recursos en cualquiera de los municipios de la entidad."
C) Fondo de fomento municipal.
Los diputados integrantes de esta dictaminadora coincidieron en que se incorpore el fondo de reordenamiento urbano al fondo de fomento municipal, ya que los recursos se han venido otorgando a las entidades federativas con los mismos criterios. (Artículo 2o-.A de la Ley de Coordinación Fiscal.)
D) Fondo general de participaciones.
Esta dictaminadora comparte la opinión de que, si bien se registran avances en la dirección correcta, las propuestas no son suficientes respecto de lo que tiene que hacerse en materia de federalismo hacendario. Reitera la necesidad de aumentar el fondo general de participaciones. Es una demanda extendida en todo el territorio nacional y una forma concreta de apoyar a los estados y municipios en la superación de la actual crisis.
De ahí que esta dictaminadora haya considerado fundamental incrementar el fondo general de participaciones para que pase del 18.51% al 20% de la recaudación federal participable, lo que implica que las modificaciones al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal queden en los siguientes términos: "Artículo 2o. El fondo general de participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.
Tampoco se incluirá en la recaudación federal participable, los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa ni el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de aquellas entidades que hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de este impuesto, así como la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las entidades federativas en los términos del artículo 3o-.A de esta ley.
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I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las entidades federativas que estén adheridas al sistema nacional de coordinación fiscal y que hubieran celebrado con la Federación convenios de colaboración administrativa en materia del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, donde se estipule la obligación de llevar un registro estatal vehicular, recibirán como incentivo el 100% de la recaudación que se obtenga por concepto de este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva."
Estos incrementos son compatibles con las capacidades de las finanzas públicas. La mayor racionalización del gasto, compactando estructuras y eliminando gasto superfluo, habrán de proporcionar recursos sanos para aumentar las participaciones.
Esta dictaminadora acordó asimismo proponer el próximo año la posibilidad de continuar aumentando estos porcentajes de participaciones.
No obstante esta dictaminadora está consciente de que no se puede agotar el concepto de federalismo hacendario por el solo aumento del fondo general de participaciones, cuya fórmula tiene el inconveniente de que, al disminuir la recaudación de la Federación, se abaten los fondos participables. De ahí la necesidad de abrir nuevos espacios tributarios a los estados y municipios que rompan este candado y permitan desarrollar nuevas vías de captación.
En forma adicional, dentro de las propuestas que analizó esta dictaminadora y que conforman el rubro de medidas para impulsar un nuevo federalismo hacendario, se encuentran las siguientes:
En cuanto a la propuesta de reformar el primero y quinto párrafos del artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, se considera adecuada la modificación que se propone en la iniciativa a dictaminar. Sin embargo, en el quinto párrafo se señala que durante los primeros meses de cada ejercicio se calcularán provisionalmente las participaciones a que se refiere dicha ley con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior. Esta dictaminadora considera necesario precisar cuantos meses del año son los que transcurrirán para calcular las participaciones, por lo que se propone que el artículo 7o. quede como sigue:
"Artículo 7o. El fondo general de participaciones se determinará por cada ejercicio fiscal de la Federación, la cual en forma provisional hará un cálculo mensual considerando la recaudación federal participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual forma se procederá con las participaciones a que se refieren los artículos 2o-.A fracciones I y III y 3o-.A de esta ley.
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Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones en el fondo general de participaciones a que se refiere la fracción II del artículo 2o., así como las que se establecen en los artículos 2o.A fracciones I y III y 3o-.A de esta ley, se calcularán provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la información necesaria para calcular los nuevos coeficientes."
En el artículo noveno del decreto que se dictamina, referente a las disposiciones transitorias en materia del impuesto al valor agregado, se establece en la fracción II que durante 1996 se reforman las fracciones I, II y III del artículo 41 de la mencionada ley. Sin embargo esta comisión dictaminadora considera necesario ajustar dicho artículo transitorio a las modificaciones correspondientes que se hacen en la Ley sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en la que se establece que la facultad en materia de impuestos locales o municipales sobre tenencia o uso de vehículos, entrará en vigor hasta 1997, por lo que deberá quedar como sigue:
"II. Durante el año de 1996, se reforman las fracciones I y ll al artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos ni sobre la producción de bienes cuando por su enajenación deba pagarse dicho impuesto, excepto la prestación de servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido.
Para los efectos de esta fracción, en los servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido, sólo se considerará el albergue sin incluir a los alimentos y demás servicios relacionados con los mismos.
Los impuestos locales o municipales que establezcan las entidades federativas en la prestación de los servicios mencionados en esta fracción, no se considerarán como valor para calcular el impuesto a que se refiere esta ley.
II. La enajenación de bienes o prestación de servicios cuando una u otras se exporten o sean de los señalados en los artículos 2o.-A y 2o-.C de esta ley.
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En relación con la propuesta de modificaciones al artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, esta dictaminadora considera oportuno precisar que la práctica de embargos precautorios a que se refiere el tercer párrafo, debe hacerse sobre vehículos que hayan estado documentados indebidamente durante los últimos 12 meses. En consecuencia las modificaciones a dicho precepto quedan en los siguientes términos:
"Artículo 16-A. Las entidades federativas que celebren convenio de colaboración administrativa en materia de este impuesto, así como de registro y control estatal vehicular y como consecuencia de ello embarguen precautoriamente vehículos por tenencia ilegal en el país de los mismos, percibirán como incentivo el 100% de dichos vehículos u otros con un valor equivalente, excepto automóviles deportivos y de lujo, una vez que hayan sido adjudicados definitivamente al fisco federal y cause ejecutoria la resolución respectiva. También percibirán el 100% de las multas efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes.
Las entidades federativas percibirán el 95% del producto neto de la enajenación de los vehículos que les hayan sido otorgados en los términos del párrafo anterior, siempre y cuando éstos estén inutilizados permanentemente para la circulación. Dicha enajenación se hará conforme a las reglas de carácter general que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público practique embargo precautorio de más de 10 vehículos que estén documentados indebidamente por las autoridades de dichas entidades durante los últimos 12 meses, la Secretaría hará del conocimiento de la entidad de que se trate la violación específica por ésta descubierta, para que en un plazo de 45 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo la propia Secretaría, en su caso, efectuará un descuento en sus incentivos o participaciones por cada vehículo adicional al décimo embargado, por un monto equivalente al 1% de la recaudación promedio mensual del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del año inmediato anterior a aquél en que el incumplimiento sea descubierto por parte de la Secretaría.
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II. Medidas para alentar la actividad económica 1) En aliento a la actividad económica, el Ejecutivo Federal presenta en la iniciativa medidas concretas de estímulo a las actividades empresariales con las cuales la dictaminadora, en términos generales, está de acuerdo, tales como:
A) Ampliación del beneficio de deducción inmediata a las empresas de mediana capacidad administrativa, elevando el nivel de ingresos a 7 millones de pesos, activos hasta por 14 millones de pesos y que empleen hasta 210 trabajadores, para que estas empresas puedan optar por la deducción inmediata en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, a partir de 1996 (artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta).
Considerando que un elemento fundamental para superar la situación económica por la que atraviesa la sociedad mexicana, es la generación de más empleos, se estima que debe eliminarse la limitante de un número máximo de empleados en el ejercicio inmediato anterior, para que las empresas de mediana capacidad administrativa puedan optar por deducir, para los efectos del impuesto sobre la renta, en forma inmediata las inversiones que realicen en las áreas metropolitanas. Es por ello que se propone que el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se reforma en la iniciativa que se dictamina, quede en los siguientes términos:
"Artículo 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Los por cientos por tipo de bien serán:
a) Tratándose de construcciones:
1. El 85% en el caso de inmuebles declarados o catalogados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes, que cuenten con el certificado de restauración expedido por la autoridad competente y siempre que dichos bienes se encuentren dentro de las zonas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine para tal efecto, mediante reglas de carácter general.
2. El 74% en los demás casos.
b) El 78% para ferrocarriles, carros de ferrocarril, locomotoras y embarcaciones.
c) El 93% tratándose de aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.
d) El 94.4% tratándose de dados, troqueles, moldes, matrices y herramental, así como equipo destinado directamente a la investigación de nuevos productos de desarrollo de tecnología en el país.
e) El 97% para semovientes, vegetales, máquinas registradoras de comprobación fiscal y equipos electrónicos de registro fiscal, así como equipo destinado a prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento de las disposiciones legales respectivas y equipo destinado para la conversión a consumo de gas natural.
f) El 94% para equipo de cómputo electrónico, consistente en una máquina o grupo de máquinas interconectadas conteniendo unidades de entrada, almacenamiento, computación, control y unidades de salida, usando circuitos electrónicos en los elementos principales para ejecutar operaciones aritméticas o lógicas en forma automática por medio de instrucciones programadas, almacenadas internamente o controladas externamente, así como para el equipo periférico de dicho equipo de cómputo, tal como, unidades de discos ópticos, impresoras, lectores ópticos, graficadores, unidades de respaldo, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo, así como monitores y teclados conectados a un equipo de cómputo.
II. Los por cientos aplicables para maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior son los siguientes:
a) El 85% para producción de energía eléctrica y su distribución y para transportes eléctricos.
b) El 74% para molienda de grano; producción de azúcar y derivados; de aceites comestibles; transportación marítima; fluvial y lacustre.
c) El 78% para producción de metal, obtenido en primer proceso; productos de tabaco y derivados de carbón natural.
d) El 80% para fabricación de pulpa, papel y productos similares; petróleo y gas natural.
e) El 82% para fabricación de vehículos de motor y sus partes; construcción de ferrocarriles y navíos; fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; producción de alimentos y bebidas; excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados.
f) El 84% para curtido de piel y fabricación de artículos de piel; de productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; de productos de caucho y de productos plásticos; impresión y publicación.
g) El 86% para la fabricación de ropa, fabricación de productos textiles, acabado, teñido y estampado.
h) El 87% para la construcción de aeronaves.
i) El 90% para compañías de transmisión por radio y televisión.
j) El 93% para la industria de la construcción.
k) El 93% para actividades de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura.
l) El 85% para otras actividades no especificadas en esta fracción.
m) El 92% para el destinado a restaurantes.
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La opción a que se refiere este artículo sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, las que serán determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
En caso de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y dentro de las áreas metropolitanas y de influencia antes mencionadas, la opción a que se refiere este artículo sólo podrá ejercerse cuando se trate de contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 7 millones de pesos y que el valor de sus activos en el ejercicio determinado en los términos de la Ley del Impuesto al Activo no exceda de 14 millones de pesos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
B) A pequeños contribuyentes personas físicas, que realicen actividades empresariales, se les establece un régimen opcional en la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general y perciban ingresos de hasta 77 salarios mínimos anuales y tengan activos hasta por 15 salarios mínimos anuales (artículo 119-M de la Ley del Impuesto Sobre la Renta). El tratamiento favorable consistiría en que los contribuyentes paguen únicamente y de manera cuatrimestral el 5% de sus ingresos brutos (artículo 119-N de la Ley del Impuesto Sobre la Renta).
Después del examen que esta dictaminadora realizó de la propuesta del Ejecutivo Federal para establecer en el impuesto sobre la renta, la opción para las personas físicas de bajos ingresos que únicamente realicen operaciones con el público en general, de cubrir dicho impuesto mediante el pago del 5% sobre sus ingresos brutos sin deducción alguna, se considera que esto implica un nivel de gravamen que no resulta acorde con su capacidad económica, sobre todo en las circunstancias actuales por lo que se estima conveniente reducir la tasa de gravamen que este sector de contribuyentes puede optar por pagar, fijándola en el 2.5% de la totalidad de sus ingresos sin deducción alguna, por lo que se propone modificar el primer párrafo del artículo 119N y el segundo párrafo del artículo 1190 que se adicionan a la Ley del Impuesto Sobre la Renta mediante la iniciativa que se dictamina, para quedar como sigue:
"Artículo 119-N. Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de esta sección, calcularán el impuesto que les corresponda en los términos de la misma, aplicando el 2.5% al total de los ingresos que obtengan por su actividad empresarial sin deducción alguna.
Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 2.94% el impuesto sobre la renta que resulte a cargo del contribuyente.
"Artículo 119-0. Los contribuyentes que en los términos del artículo anterior hubieran cambiado su opción o ya no reúnan los requisitos para tributar en esta sección, pagarán el impuesto conforme a las secciones primera o segunda de este capítulo y considerarán como fecha de inicio del ejercicio para efectos del pago del impuesto conforme a dichas secciones, aquélla en que se dé dicho supuesto.
Los pagos provisionales que les corresponda efectuar en el primer ejercicio conforme a la Sección Primera, cuando hubieran optado por pagar el impuesto en los términos de la misma, los podrán efectuar aplicando al total de sus ingresos del periodo sin deducción alguna el 2.5% o bien, considerando como coeficiente de utilidad el que corresponda a su actividad preponderante en los términos del artículos 62 de esta ley.
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, a partir de la fecha en que comiencen a tributar en la Sección Primera, podrán deducir las inversiones realizadas durante el tiempo que estuvieron tributando en la presente sección.
Tratándose de bienes de activo fijo a que se refiere el párrafo anterior, la inversión pendiente de deducir se determinará restando al monto original de la inversión, la cantidad que resulte de multiplicar dicho monto por la suma de los por cientos máximos autorizados por esta ley para deducir la inversión de que se trate, que correspondan a los ejercicios en los que el contribuyente haya tenido dichos activos.
En el primer ejercicio que paguen el impuesto conforme a la sección primera de este capítulo, al monto original de la inversión de los bienes, se le aplicará el por ciento que señale la ley para el bien de que se trate, en la proporción que representen, respecto de todo el ejercicio, los meses transcurridos a partir de que se pague el impuesto conforme a la Sección Primera."
C) Ampliar de cinco a 10 años el periodo en que puedan amortizarse las pérdidas fiscales sin restricción alguna (artículos 55 y 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta).
Para complementar la propuesta del Ejecutivo Federal de ampliar el plazo de amortización en el impuesto sobre la renta de las pérdidas fiscales que en un ejercicio sufran las empresas contribuyentes de dicho impuesto, de cinco a 10 ejercicios sin mayores requisitos, se propone que el monto de dichas pérdidas fiscales pendientes de amortizarse se actualicen hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se aplicarán, en lugar de la actualización al último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se aplicará, por lo cual esta dictaminadora propone se reformen el actual sexto párrafo del artículo 55 y el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 110 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que queden en los siguientes términos:
"Artículo 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes.
(Se derogan el tercer y cuarto párrafos.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió, hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes.
(Se derogan el segundo y tercer párrafos.)
Para los efectos de esta fracción, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió, hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
D) Mantener en forma definitiva las tasas que se redujeron a 4.9% y 10% de las retenciones por pago de intereses a bancos y entidades financieras del exterior y a proveedores, respectivamente, para reducir los costos financieros de las empresas, siempre y cuando el pago de intereses se realice a países con los que México tenga celebrados tratados para evitar la doble tributación (artículo 52-B).
Considerando que la propuesta del Ejecutivo Federal de reducir las tasas de retención previstas en los artículos 154 fracciones I y II y 155 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se encuentra condicionada a que sean percibidos por un residente de un país con el que esté en vigor un tratado para evitar la doble tributación, la que suscribe considera que requiere precisarse que dicha reducción aplica siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas de retención que en el mismo se señale para el tipo de interés de que se trate, por lo que esta dictaminadora aprobó modificar el último párrafo de las fracciones I y ll del artículo 154 y el último párrafo del artículo 155 del impuesto sobre la renta para quedar como sigue:
"Artículo 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para los efectos de este artículo se le dará el tratamiento de intereses a la ganancia derivada de los derechos de crédito, que sean a favor de residentes en México o establecimientos permanentes o bases fijas de residentes en el extranjero, adquiridos por residentes en el extranjero.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la retención del impuesto por los intereses obtenidos de los títulos de crédito mencionados en el artículo 125 de la presente ley que se enajenen con la intervención de las instituciones de crédito o casas de bolsa se efectuará por dichas instituciones de crédito o casas de bolsa. En este caso, el emisor de dichos títulos quedará liberado de efectuar la retención.
Los intermediarios financieros a que se refiere el párrafo anterior no estarán obligados a efectuar la retención antes referida, cuando los títulos mencionados se depositen en una institución de crédito o casa de bolsa, distinta de la que intervino en su adquisición o en una institución para el depósito de valores a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, para su custodia y administración, siempre que proporcionen a estos últimos la información que establezca el reglamento de esta ley para que estas instituciones o casas de bolsa efectúen la retención del impuesto por los ingresos que se deriven de dichos títulos, en cuyo caso, quienes paguen los ingresos no estarán obligados a efectuar la retención.
Los intereses a que se refiere esta fracción podrán estar sujetos a una tasa de 4.9%, siempre que los beneficiarios efectivos sean residentes de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación y se cumplan los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los intereses a que se refiere esta fracción, podrán estar sujetos a una tasa de 10%, siempre que los beneficiarios efectivos sean residentes de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación y se cumplan los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses y
III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La tasa a que se refiere el párrafo anterior podrá ser de 10%, siempre que el beneficiario efectivo de los intereses sea residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación y se cumplan los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses."
E) Autorizar que cuando el monto de las reservas preventivas globales que constituyen o incrementan las instituciones de crédito sea superior al límite de 2.5%, el excedente se pueda deducir en ejercicios posteriores hasta agotarlo, siempre que esta deducción y la del ejercicio, no exceda del 2.5% citado. Con esta facilidad podrá haber un elemento favorable para que disminuya el margen financiero de las instituciones de crédito en beneficio de los usuarios, al extender el plazo para constituir reservas (artículo 52-D).
F) Como una medida adicional de aliento a la actividad económica, esta dictaminadora propone que el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios que se paga en la adquisición de diesel industrial y marino por los contribuyentes para ser utilizado en maquinaria y equipos fijos, así como en vehículos marinos y en maquinaria y equipo utilizados en las actividades de acuacultura, agropecuarias y silvícolas, se otorgue también para los casos de adquisición de diesel para ser utilizado en vehículos de baja velocidad o bajo perfil, que por sus características sólo pueden ser utilizados dentro de los establecimientos o instalaciones de los contribuyentes, sin que puedan circular por sí mismos en las carreteras federales o en las concesionadas, por lo que se adiciona una fracción IV al artículo 4o-.A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar en los términos siguientes:
"Artículo 4o.-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. En vehículos de baja velocidad o bajo perfil, que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas y siempre que cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
2) Medidas para protección del consumo.
La iniciativa considera las siguientes medidas:
A) Restablecer de manera permanente en la Ley del Impuesto al Valor Agregado la tasa del 0% para alimentos procesados y medicinas en todas las etapas del proceso de producción hasta su comercialización al consumidor final, como reiteradamente lo ha propuesto esta soberanía (artículo 2-A fracción I inciso b de la Ley del Impuesto al Valor Agregado). Unicamente por cuestión de precisión se estima oportuno señalar en el numeral 1 del inciso b de la fracción I del artículo 2o-.A que se reforma, que los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, quedan comprendidos en la excepción a que se refiere tal subinciso.
Por otra parte esta dictaminadora consideró de la mayor relevancia otorgar, durante el año de 1996, la tasa 0% para el suministro de agua potable para el consumo doméstico, recogiendo un planteamiento reiterado de los usuarios de este vital producto y como parte de los apoyos fiscales que se están dando para hacer frente a la coyuntura económica que afecta de manera particular a las familias desde los primeros meses de este año. Ello implicaría adicionar una fracción IV al artículo 9o. del decreto que se dictamina.
En virtud de las consideraciones que se contienen en los dos párrafos que anteceden, se acordó que tales modificaciones queden aprobadas en los siguientes términos:
"Artículo 2o.-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:
1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias.
2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos.
3. Caviar, salmón ahumado y angulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Durante el ejercicio de 1996 el impuesto al valor agregado sobre el servicio o suministro de agua para uso doméstico, se causará a la tasa del 0%.
B) Gravar sólo los intereses reales de los créditos al consumo y de tarjeta de crédito, para apoyar a personas con altos niveles de endeudamiento y reducirles su costo de financiamiento (artículo 18-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado). Asimismo es oportuno precisar en el último párrafo que no se puede diferir el impuesto sobre el precio de enajenación de los bienes, lo que implica que se omitiría la referencia a las operaciones de arrendamiento financiero. Por ello, las modificaciones a este precepto quedarían en los siguientes términos:
"Artículo 18-A. Se considerará como valor para los efectos del cálculo del impuesto, el valor real de los intereses devengados cuando éstos deriven de créditos relacionados con actos o actividades gravados por esta ley otorgados por las instituciones del sistema financiero a que se refiere el artículo 7o-.B fracción III último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; de créditos otorgados a través de contratos de apertura de crédito o cuenta corriente en los que el acreditado o cuentacorrentista pueda disponer del crédito mediante el uso de tarjetas expedidas por el acreedor; de enajenaciones con pago diferido del precio por los que se generen intereses y de operaciones de arrendamiento financiero.
En el caso de las operaciones a que se refiere este artículo, las comisiones que se cobren al deudor, acreditado, cuentacorrentista o arrendatario, por la disposición de dinero en efectivo o por cualquier otro concepto y las penas convencionales, excepto los intereses moratorios, no se considerarán como parte de los intereses devengados.
El valor real de los intereses devengados, se determinará conforme a lo siguiente:
I. Cuando la operación de que se trate esté denominada en moneda nacional o extranjera, el valor real de los intereses se calculará aplicando a la base sobre la cual se calcularon los intereses devengados, la tasa real de interés, de conformidad con lo siguiente:
a) La tasa real de interés se calculará restando, a la tasa de interés que corresponda al periodo de que se trate, la inflación del mismo periodo. La inflación se calculará dividiendo el valor de la unidad de inversión determinado por el Banco de México para el último día del periodo, entre el valor de la unidad de inversión para el día inmediato anterior al primer día del periodo y restando del cociente la unidad.
b) Cuando la operación de crédito se encuentre pactada en moneda extranjera, la ganancia cambiaria devengada en el periodo de que se trate, expresada como proporción del saldo promedio del principal en el mismo periodo, se sumará a la tasa de interés correspondiente al mismo periodo. Para expresar la ganancia cambiaria devengada en el periodo de que se trate como proporción del saldo promedio del principal en el mismo periodo, se dividirá aquélla en moneda nacional, entre dicho saldo promedio convertido a moneda nacional al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación para el primer día del periodo de causación de los intereses. En el caso de que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado por dicha institución antes de esa fecha. El saldo promedio del principal será la suma de los saldos diarios del principal en el periodo, dividida entre el número de días comprendidos en el mismo periodo de causación.
Cuando en el periodo de causación de los intereses, el resultado de sumar la tasa de interés que corresponda al periodo y la ganancia cambiaria devengada en el mismo periodo expresada en los términos del párrafo anterior, sea igual o menor a la inflación del periodo, no se causará el impuesto durante el mencionado periodo.
En el caso de que la tasa de interés que corresponda al periodo esté expresada en por ciento, se deberá dividir entre cien antes de efectuar las sumas y restas, mencionadas en los párrafos anteriores y
II. Cuando las operaciones de que se trate se encuentren denominadas en unidades de inversión, el valor real de los intereses, serán los intereses devengados en el periodo, sin considerar el ajuste que corresponda al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades.
Tratándose de las operaciones a que se refiere este artículo, en las que los periodos de causación de los intereses sean mensuales o menores a un mes y en dichos periodos no se encuentre fijado por el Banco de México el valor de la unidad de inversión para el último día del periodo de causación de los intereses, los contribuyentes considerarán el valor de la unidad de inversión determinado por el Banco de México para los días correspondientes al periodo inmediato anterior e igual en duración al de causación de los intereses.
En las enajenaciones de bienes con pago diferido del precio en las que en los términos de este artículo, se pague el impuesto al valor agregado solamente sobre el valor real de los intereses devengados derivados de dichas operaciones, no se podrá diferir el impuesto sobre el precio de enajenación de los bienes, en los términos del párrafo tercero del artículo 12 de esta ley.
C) Para resolver algunos problemas de generación de cálculo del impuesto tratándose de intereses moratorios, se establece que en lo sucesivo, estos intereses se acumulen o deduzcan en términos reales hasta que efectivamente se cobren, cuando se trate de operaciones entre empresas y en el impuesto al valor agregado, cambiar el momento de su causación hasta que se cobren y su acreditamiento hasta que se paguen en efectivo, en bienes o en servicios.
Del análisis efectuado a la propuesta de modificaciones a diferentes preceptos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se estimó conveniente que la aprobación sobre tales modificaciones se haga con las precisiones que a continuación se detallan:
A fin de que resulte congruente el cálculo del componente inflacionario previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 7o-.B que se adiciona a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con los conceptos respecto de los cuales se debe calcular el mismo, se propone que dentro de los conceptos por los cuales se calcule dicho componente, se incluyan también las deudas, por lo que se propone que el citado párrafo quede en los siguientes términos:
Artículo 7o.-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El componente inflacionario de los créditos o deudas, de los que deriven intereses moratorios, de los créditos, préstamos o deudas, de los que deriven intereses, ganancia o pérdida cambiaria, que se acumulen o deduzcan en los términos de los artículos 17 fracción X segundo párrafo, 24 fracción VIII tercer párrafo, 108, fracción IX segundo párrafo y 134 segundo párrafo de esta ley, se calculará hasta el mes en que dichos intereses, ganancia o pérdida cambiaria, se acumulen o deduzcan, multiplicando el monto de los créditos o deudas respectivos por el factor de ajuste correspondiente al periodo en que se causaron dichos intereses o se obtuvo la ganancia o la pérdida cambiaria. El componente inflacionario que resulte se sumará al componente inflacionario de los demás créditos o deudas, según se trate, correspondiente al del mes en que se acumulen o deduzcan los referidos intereses, ganancia o pérdida cambiaria.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se considera oportuno precisar que la excepción prevista en el tercer párrafo que se adiciona a la fracción VIII del artículo 24 y en el segundo párrafo que se adiciona a la fracción IX del artículo 108 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sólo aplica a los intereses moratorios derivados del incumplimiento de obligaciones, pero no debe aplicar a los intereses derivados de los préstamos a que se refiere la fracción III del artículo 134 de la propia ley, por lo que los referidos párrafos deberían quedar comprendidos en tales preceptos como sigue:
Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o realización de gastos o cuando las inversiones o gastos se efectúen a crédito y para los efectos de esta ley dichas inversiones o gastos no sean deducibles o lo sean parcialmente, los intereses que se deriven de los capitales tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, sólo serán deducibles en la misma proporción en que las inversiones o gastos lo sean.
Tratándose de los intereses derivados de los préstamos a que se refiere la fracción III del artículo 134 de esta ley, así como los intereses moratorios derivados del incumplimiento de obligaciones, excepto cuando estos últimos provengan de operaciones contratadas con personas físicas que no realicen actividades empresariales, con residentes en el extranjero o con las personas morales comprendidas en el Título Tercero de esta ley, se deducirán hasta que se paguen en efectivo, en bienes o en servicios. El componente inflacionario de las deudas de las que derivan dichos intereses se determinará de conformidad con lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 7o.B de esta ley, hasta el mes en que dichos intereses se deduzcan.
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Artículo 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratándose de los intereses derivados de los préstamos a que se refiere la fracción III del artículo 134 de esta ley, así como de los intereses moratorios derivados del incumplimiento de obligaciones, excepto cuando estos últimos provengan de operaciones contratadas con personas físicas que no realicen actividades empresariales, con residentes en el extranjero o con las personas morales comprendidas en el Título Tercero de esta ley, se deducirán hasta que se paguen en efectivo, en bienes o en servicios. El componente inflacionario de las deudas de las que deriven dichos intereses se determinará de conformidad con lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 7o-.B de esta ley, hasta el mes en que dichos intereses se deduzcan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las deducciones por inversiones, compras o adquisiciones, gastos y por cualquier otro concepto, las determinarán en los términos del Capítulo II del Título Segundo de esta ley.
Se estima conveniente aclarar que dentro de los conceptos por los cuales se debe determinar el componente inflacionario conforme a la fracción III del artículo 134 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se encuentran comprendidos no sólo los créditos, sino también los préstamos de los cuales deriven los intereses o la ganancia cambiaria gravable en los términos del precepto legal citado, por lo que se propone modificar el segundo párrafo del artículo 134 de la referida ley, quedando en los siguientes términos:
Artículo 134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga el último párrafo.)
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Cuando provengan de créditos o préstamos otorgados a residentes en México, serán acumulables cuando se cobren en efectivo, en bienes o en servicios.
IV. Cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero o de créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero, serán acumulables conforme se devenguen.
V. Tratándose de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión no será acumulable el ajuste que se realice al principal, siempre que se cumplan con las condiciones que, en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
El monto de los intereses y la ganancia cambiaria acumulables que se perciban en los términos de este artículo, se determinará de conformidad con lo previsto en el artículo 7o-.B de esta ley. En el caso de la fracción III de este artículo, el componente inflacionario de los créditos o deudas de los que se derivan los intereses y ganancia cambiaria, se calculará en los términos del antepenúltimo párrafo del citado artículo 7o-.B, hasta el mes, inclusive, en que dichos intereses se acumulen.
Los intereses que se deriven de los créditos, deudas u operaciones a que se refiere la fracción V de este artículo, serán acumulables sin ajuste alguno.
Cuando el contribuyente tenga pérdida cambiaria o inflacionaria en el ejercicio, la misma podrá disminuirse de la ganancia cambiaria o de los intereses acumulables, que perciba en los términos de este capítulo en los cinco ejercicios posteriores a aquél en que hubiera sufrido la pérdida.
Si el contribuyente no disminuye en un ejercicio la pérdida cambiaria o la pérdida inflacionaria, de otros ejercicios, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado.
Para los efectos de este capítulo, el monto de la pérdida cambiaria o inflacionaria obtenida y no disminuida en un ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se obtuvo, hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida cambiaria o inflacionaria de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de disminuir contra los intereses o la ganancia cambiaria, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del ejercicio en que se actualizó por última vez y hasta el mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en que se aplicará.
A fin de evitar que los intereses moratorios devengados con anterioridad al 1o. de enero de 1996, se acumulen o se deduzcan para los efectos del impuesto sobre la renta, según sea el caso, nuevamente en el momento en que se cobren o se expida el comprobante que los ampara, se propone adicionar una fracción IX al artículo 7o. del decreto que se dictamina, para quedar en los términos siguientes:
"IX. Los intereses moratorios devengados con anterioridad al 1o. de enero de 1996, que antes de dicha fecha hubieran sido acumulados o deducidos, según sea el caso, por los contribuyentes para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no serán acumulables ni deducibles en los términos de los artículos 16 fracción IV 24 fracción VIII y 108 fracción IX de dicha ley vigente a partir del 1o. de enero de 1996, cuando se cobren o se paguen en efectivo, en bienes o en servicios, según sea el caso o en la fecha en que se expida el comprobante, lo que ocurra primero."
A fin de evitar que los intereses moratorios devengados con anterioridad al 1o. de enero de 1996 se graven nuevamente para los efectos del impuesto al valor agregado en el momento en que se perciban en efectivo, en bienes o en servicios o se expida el comprobante que los ampare en el que se traslade el impuesto en forma expresa y por separado, se propone adicionarle una fracción III al artículo 9o. de la iniciativa que se dictamina, para quedar en los términos siguientes:
"III. Los intereses moratorios devengados con anterioridad al 1o. de enero de 1996, por los que ya se hubiera causado el impuesto al valor agregado, ya no causarán el impuesto cuando con posterioridad a la fecha señalada se cobren en efectivo, en bienes o en servicios o se expida el comprobante en el que se traslade en forma expresa y por separado el impuesto, lo que ocurra primero."
Como una medida adicional que contribuye a alentar la actividad económica y en virtud de que el incremento en los precios de los automóviles durante el ejercicio de 1995, por el gran contenido de componentes importados que tienen éstos y para evitar que por esta situación el monto máximo que los contribuyentes tienen para deducir las inversiones en automóviles utilitarios, se vea impactado en su perjuicio, se propone que la cantidad que señala la fracción II del artículo 46 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta como monto original de la inversión deducible para los efectos de dicha ley, se incremente por única vez para situar dicho monto en 150 mil pesos y que a partir del segundo semestre de 1996, dicha cantidad se actualice en los términos del artículo 7o.-C de la ley de la materia, por lo que se propone reformar el primer párrafo de la fracción II del artículo 46 de la ley señalada, además de modificar la fracción VII del artículo 7o. del decreto que se dictamina, para que queden conforme a lo siguiente:
Artículo 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de 150 mil pesos, siempre que sean automóviles utilitarios.
III a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Las inversiones en cada película cinematográfica, en cuyo caso dicha deducción se efectuará por los productores aplicando el importe total de los ingresos obtenidos por su exhibición o explotación. Si transcurridos tres ejercicios a partir de la fecha en que se inició la exhibición o la explotación no hubiera quedado deducida la inversión, el remanente se deducirá por partes iguales en los dos ejercicios siguientes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 7o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Las cantidades previstas en el primer párrafo, de la fracción II del artículo 46 y el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se reforman a partir del 1o. de enero de 1996, ya se encuentran actualizadas para el mes de enero de 1996.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Esta dictaminadora está consciente de que las principales medidas de estímulo para el ejercicio de 1996 se incorporaron a la Alianza para la Recuperación Económica y que algunas de ellas se hicieron efectivas mediante el "decreto del Ejecutivo por el que se exime del pago de diversas contribuciones federales y se otorgan estímulos fiscales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1o. de noviembre, que establece incentivos a la creación de empleos y a las inversiones que se realicen en 1996 cuando sean superiores al promedio de este año; que exime del impuesto al activo a las empresas que obtengan ingresos acumulables hasta 7 millones de nuevos pesos y otros estímulos, que han sido analizados y apoyados por esta comisión dictaminadora en la iniciativa que está siendo objeto de revisión.
III. Medidas para avanzar en la simplificación fiscal y administrativa.
La iniciativa propone diversas medidas de simplificación fiscal y administrativa que coadyuvan a facilitar las relaciones del causante con el fisco, por lo que esta dictaminadora recomienda su aprobación.
1) Medidas para avanzar en la simplificación fiscal.
A) Escisión y fusión de sociedades. Para impulsar las reorganizaciones empresariales se estableció un régimen fiscal de escisión y fusión de sociedades. La operación de este régimen ha enfrentado algunos problemas: en el caso de la escisión, derivado de que la forma actual de asignar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado pendiente de acreditar, propicia que injustificadamente se generen saldos a favor o impuestos a cargo al cerrar el ejercicio o que, en su caso, no se pueda acreditar el impuesto al valor agregado; en cuanto a la fusión de sociedades, aun cuando no existe perjuicio para el fisco, los accionistas propietarios del 51% deben mantenerlas en su poder por un año.
Para resolver estos problemas y perfeccionar el régimen fiscal de escisión y fusión de sociedades, se proponen reformas en materia de pagos provisionales y del ejercicio; en el acreditamiento del impuesto al valor agregado, en el periodo obligatorio de tenencia accionaria y en el costo fiscal de las acciones, que habrán de resolver las situaciones descritas que esta dictaminadora considera adecuados.
En atención a que los convenios para evitar la doble tributación que ha celebrado México con otros países establecen la obligación a nuestro país de asegurar a las empresas residentes en el territorio nacional, el acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, es necesario permitir a las empresas mexicanas que se escindan y con motivo de la escisión desaparezcan, el transmitir a las escindidas el derecho al acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero, en la proporción en que les transmita el capital, por lo que se propone que el antepenúltimo párrafo que se adiciona al artículo 6o. de la ley de la materia quede en los siguientes términos:
"Artículo 6o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando la persona moral que en los términos del párrafo anterior tenga derecho a acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, se escinda, el derecho al acreditamiento le corresponderá exclusivamente a la escindente. Cuando esta última desaparezca lo podrá transmitir a las sociedades escindidas en la proporción en que se dividan el capital con motivo de la escisión, únicamente cuando el impuesto acreditable se hubiera pagado en un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación y se cumpla con los requisitos establecidos en el mismo para su aplicación.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
En relación con las reformas propuestas a los artículos 4o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y también 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en esta materia, se estima oportuno complementar la propuesta del Ejecutivo Federal para precisar que cuando la escindente desaparezca, la escindida designada en el acuerdo de escisión podrá solicitar la devolución en los términos del penúltimo párrafo del artículo 14-A del Código Fiscal de la Federación. Por ello esta dictaminadora aprobó dichos artículos en los siguientes términos:
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios:
"Artículo 4o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes de este impuesto y no podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión de sociedades el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando esta última desaparezca, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 14A del código fiscal de la federación."
Ley del Impuesto al Valor Agregado:
"Artículo 4o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes de este impuesto y no podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión de sociedades el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando esta última desaparezca, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 14-A del Código Fiscal de la Federación.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B). Enajenación de acciones. La iniciativa propone un esquema de simplificación que se estima conveniente para determinar la ganancia en la enajenación de acciones utilizando la cuenta de utilidad fiscal neta.
La propuesta es sustituir el ajuste al costo por una mecánica que adicione al costo de adquisición, el monto que resulte de restar al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de enajenación, el saldo de la misma a la fecha de la compra.
Durante el estudio de la reforma al artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, esta dictaminadora observó que las distintas ediciones de la mencionada ley tienen ordenados los párrafos del artículo 19 de forma diversa, particularmente los subsecuentes a la fracción III, por lo anterior se ha estimado procedente transcribir los párrafos siguientes a la fracción III, para que no exista duda en el contribuyente de como debe quedar ordenado el artículo. El texto quedaría de la siguiente manera:
"Artículo 19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. El monto original ajustado de las acciones se determinará sumando al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones que tenga el contribuyente de la misma persona moral, la diferencia que resulte de restar al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que en los términos del artículo 124 de esta Ley tenga la persona moral emisora a la fecha de la enajenación de las acciones, el saldo que dicha cuenta tenía a la fecha de adquisición, cuando el primero de los saldos sea mayor, en la parte que corresponda a las acciones que tenga el contribuyente adquiridas en la misma fecha. Cuando el segundo de los saldos mencionados sea mayor que el saldo señalado en primer término, la diferencia se restará al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones que se enajenan.
Para los efectos de determinar la diferencia a que se refiere el párrafo anterior, los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta que la persona moral emisora de las acciones que se enajenan hubiera tenido a las fechas de adquisición y de enajenación de las acciones, se deberán actualizar por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización previa a la fecha de la adquisición o de la enajenación, según se trate y hasta el mes en que se enajenen las acciones.
Cuando la diferencia de los saldos actualizados de la cuenta de utilidad fiscal neta de la persona moral emisora, que en los términos de esta fracción se deba restar al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones que se enajenan, fuera mayor que el referido costo comprobado, el excedente formará parte de la ganancia.
III. La actualización del costo comprobado de adquisición de las acciones, se efectuará por el periodo comprendido desde el mes de su adquisición hasta el mes en que se enajenen.
Tratándose de acciones emitidas por personas morales residentes en el extranjero, para determinar el costo promedio por acción a que se refiere este artículo, se considerará como monto original ajustado de las acciones, el costo comprobado de adquisición de las mismas, actualizado en los términos de la fracción III de este artículo.
Se considera costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por las sociedades escindidas, el que se derive del costo promedio por acción que tenían las acciones canjeadas de la escindente por cada accionista a la fecha de dicho acto y como fecha de adquisición la del canje.
El costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por la sociedad fusionante o la que surja como consecuencia de la fusión, será el que se derive del costo promedio por acción que hubieran tenido las acciones que se canjearon por cada accionista y la fecha de adquisición la del canje.
En el caso de fusión o escisión de sociedades, las acciones que adquieran las sociedades fusionante o las escindidas como parte de los bienes transmitidos, tendrán como costo comprobado de adquisición el costo promedio por acción que tenían en las sociedades fusionadas o escindente, al momento de la fusión o escisión.
En el caso de enajenación de acciones de sociedades de inversión comunes, el monto original ajustado de las acciones se determinará sumando al costo comprobado de adquisición de las acciones, los dividendos o utilidades actualizados que la sociedad de inversión hubiera percibido a partir de la fecha de adquisición de las acciones y restando la suma de los dividendos o utilidades actualizados que la referida sociedad de inversión hubiera pagado también a partir de esa fecha, en la parte que corresponda a las acciones que tenga el contribuyente. Unicamente se considerarán los dividendos o utilidades percibidos o pagados a partir del 1o. de enero de 1984.
Cuando el importe de los dividendos o utilidades actualizados pagados que se deba restar en los términos de este párrafo, fuera mayor que la suma del costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones y de los dividendos o utilidades actualizados percibidos, la diferencia resultante formará parte de la ganancia. Los dividendos o utilidades se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que la sociedad de inversión los percibió o pagó y hasta el mes en que se enajenen las acciones.
Las sociedades emisoras deberán proporcionar a los socios que lo soliciten, constancia con la información necesaria para determinar los ajustes a que se refiere este artículo. Tratándose de acciones inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios, la sociedad emisora de las acciones, independientemente de la obligación de dar constancia a los accionistas, deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades fiscales."
C) Ganancias y pérdidas cambiarias. Para resolver diferentes problemas vinculados a los regímenes que la ley dispone en materia de utilidades cambiarias, cuando se trate de depósitos en el extranjero, que las personas físicas acumulen la ganancia cambiaria devengada y en términos reales; se eliminen los pagos provisionales y se reconozcan las pérdidas. Además permitir el acarreo de pérdidas cambiarias para que puedan ser compensadas con ganancias cambiarias hasta en los cinco ejercicios siguientes.
2) Medidas para avanzar en la simplificación administrativa.
A) Plazos para la devolución de impuestos. Se incluye reducir el plazo máximo establecido para la devolución de impuestos de 3 meses a 50 días (artículo 22 del Código Fiscal de la Federación).
Esta dictaminadora considera adecuada la propuesta de otorgar derecho de audiencia a los particulares que hayan pagado sus contribuciones mediante cheque y que el mismo haya sido devuelto, ya que el no pago de dicho documento puede deberse a causas no imputables al librador (artículo 21 del Código Fiscal de la Federación).
Esta comisión estima adecuada la reducción en el plazo para efectuar las devoluciones percibidas indebidamente por el fisco federal. No obstante, se considera conveniente adecuar la redacción propuesta al párrafo cuarto del artículo 22, ya que podría pensarse que la misma cantidad puede devolverse y compensarse a la vez, por lo que debe precisarse que la opción dada al particular es una u otra. Por lo anterior el texto quedaría de la siguiente manera:
"Artículo 22. Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado, mediante cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente o certificados expedidos a nombre de este último, los que se podrán utilizar para cubrir cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor. Las autoridades fiscales podrán autorizar, de conformidad con los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general, que los certificados se expidan a nombre de un tercero. Los retenedores podrán solicitar la devolución siempre que ésta se haga directamente a los contribuyentes. Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor de quien presentó la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia firmes de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración.
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto queda insubsistente. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del antepenúltimo párrafo de este artículo.
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cincuenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señale el reglamento de este código. El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor hasta aquél en que la devolución se efectúe. Si la devolución no se efectuare dentro del indicado plazo de 50 días, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora, en los términos del artículo 21 de este código que se aplicará sobre la devolución actualizada. Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada.
El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por él mismo o por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco federal la devolución de dichas cantidades y el pago de intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora en los términos del artículo 21 de este código, sobre las cantidades actualizadas que se hayan pagado indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. La devolución a que se refiere este párrafo se aplicará primero a intereses y posteriormente, a las cantidades pagadas indebidamente. En lugar de solicitar la devolución a que se refiere este párrafo, el contribuyente podrá compensar las cantidades a su favor, incluyendo los intereses, contra cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor. Tratándose de contribuciones que tengan un fin específico sólo podrán compensarse contra la misma contribución.
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B) Compensación de impuestos. En atención a que los contribuyentes que dictaminan sus estados financieros cuentan con sistemas de registro que ofrecen mayor certidumbre sobre el cumplimiento adecuado de sus obligaciones fiscales, la iniciativa propone que dichos contribuyentes puedan compensar los saldos de impuestos que tengan a su favor, de cualquier impuesto federal, contra el impuesto sobre la renta del ejercicio a su cargo y el impuesto al valor agregado del ejercicio a su cargo, excepto el que derive de operaciones de comercio exterior.
Dentro de esta misma materia, esta dictaminadora estima necesario hacer algunas adecuaciones al texto del primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación que se propone en el decreto en análisis, a efecto de que su contenido sea más claro, sugiriendo que su redacción se comprenda en dos párrafos en los siguientes términos:
"Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios, con la salvedad a que se refiere el párrafo siguiente. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquél en que la compensación se realice, presentando para ello el aviso de compensación correspondiente dentro de los cinco días siguientes a aquél en que la misma se haya efectuado.
Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de la misma contribución por la cual están obligados a efectuar el pago, podrán compensar dichos saldos en los casos y cumpliendo los requisitos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mediante reglas de carácter general. Independientemente de lo anterior, tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros en los términos de este código, aquéllos podrán compensar cualquier impuesto federal a su favor contra el impuesto sobre la renta del ejercicio a su cargo y el impuesto al valor agregado del ejercicio a su cargo, excepto el causado por operaciones de comercio exterior, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el articulo 22, aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. En este caso se notificará personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación.
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C) En materia de garantías fiscales, el decreto contempla adicionar un nuevo supuesto que permita garantizar el interés fiscal a través de títulos valor o carteras de crédito del propio contribuyente, cuando no existan otras formas de garantizar, así como no exigir garantía adicional, en los casos en que conforme a lo establecido en el código de que se trata, deba otorgarse la garantía correspondiente, siempre que el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que los bienes que ofrece constituyen la totalidad de sus posesiones (artículo 141 del Código Fiscal de la Federación).
D) Por otra parte se propone ampliar el número máximo de meses de pago en parcialidades, de 36 a 48 (artículo 66 del Código Fiscal de la Federación), lo que habrá de constituir una ventaja principalmente para los contribuyentes pequeños y medianos.
La dictaminadora está de acuerdo con la reforma realizada al artículo 66 del Código Fiscal de la Federación en virtud de que elimina la causación de recargos sobre recargos y establece un régimen más flexible para garantizar el interés fiscal en caso de pago en parcialidades. En el mismo sentido de estas reformas esta comisión ha considerado pertinente precisar que también en el caso de parcialidades omitidas, el recargo por mora sólo debe ser calculado sobre las contribuciones omitidas que forman parte de la parcialidad no pagada. Por último y por razones de claridad, se ha estimado estructurar este artículo en fracciones, así como reformar la totalidad del artículo, en virtud de que prácticamente ha sido reformado todo. El artículo 66, con estos cambios quedaría como sigue:
"Artículo 66. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda de 48 meses, de conformidad con lo siguiente:
I. El monto de cada parcialidad estará integrado por los siguientes conceptos:
a) El resultado de dividir las contribuciones omitidas y en su caso las multas por infracciones a disposiciones fiscales que tenga a su cargo el contribuyente al momento de la autorización, actualizadas a partir de los meses en que se debieron pagar hasta aquél en que se conceda la autorización, entre el número de parcialidades autorizadas.
b) La actualización del concepto a que se refiere el inciso anterior, calculada desde la fecha en que se conceda la autorización hasta la fecha en que se pague cada parcialidad. Esta actualización se obtendrá aplicando a dicho concepto el factor de actualización a que se refiere el artículo 17-A de este código que corresponda al periodo mencionado, después de restar la unidad a dicho factor.
c) El resultado de dividir los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente al momento de la autorización, causados desde que debieron pagarse las contribuciones, entre el número de parcialidades autorizadas.
d) Los recargos por prórroga, a la tasa que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión, calculados sobre el saldo insoluto al momento de pagar cada parcialidad, inclusive accesorios, más la actualización. Esta última actualización se calculará sobre el saldo insoluto sin incluir accesorios distintos de las multas, desde la fecha de autorización del pago en parcialidades hasta el mes por el que se calculan los recargos.
Además, cuando no se cubra alguna parcialidad dentro de la fecha o plazo fijados, el contribuyente estará obligado a pagar recargos por falta de pago oportuno, conforme a lo establecido por el artículo 21 de este código, calculados sobre las contribuciones omitidas que forman parte de la parcialidad no pagada, actualizadas desde la fecha de la autorización hasta la fecha en que se pague la parcialidad omitida. Las contribuciones omitidas que forman parte de la parcialidad no pagada, no se incluirán en el saldo insoluto a que se refiere el inciso d, de la fracción I de este artículo.
II. Las autoridades fiscales al autorizar el pago a plazos exigirán que se garantice el interés fiscal en los términos de este código y de su reglamento.
En el caso de que las garantías ofrecidas sean las únicas que pueda otorgar el contribuyente, las autoridades fiscales podrán autorizar el pago a plazos cuando la garantía sea insuficiente para cubrir el crédito fiscal en los términos del artículo 141 de este código. Cuando en este último supuesto las autoridades comprueben que el contribuyente puede ofrecer garantía adicional, podrán exigir la ampliación de la garantía sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan. Si el contribuyente no amplía la garantía, se estará a lo dispuesto por la fracción III inciso a, del presente artículo.
III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades, cuando:
a) Desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente.
b) El contribuyente sea declarado en quiebra o solicite su liquidación judicial.
c) El contribuyente no pague tres parcialidades sucesivas.
No procederá la autorización a que se refiere este artículo, tratándose de contribuciones que debieron pagarse en los tres meses anteriores al mes en el que se solicite la autorización, excepto cuando se cumpla con los requisitos que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general o en los casos de aportaciones de seguridad social.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autorización a que se refiere este artículo no procederá tratándose de contribuciones pagaderas en los plazos a que se refiere dicho párrafo, cuando las mismas se adeuden con motivo de importación o exportación.
La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo insoluto de las diferencias que resulten por la presentación de declaraciones, en las cuales, sin tener derecho al pago en parcialidades, los contribuyentes hagan uso en forma indebida de dicho pago en parcialidades."
E). Esta dictaminadora ha estimado oportuno que dentro de estas medidas de simplificación administrativa, se incluyan dos disposiciones que permitirían a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales a través de cheques de caja o bien de transferencias de fondos. Sin embargo se estima igualmente importante acotar esta última posibilidad, para que la alternativa que se incorpora a la legislación no deje de estar regulada por el Banco de México. En tal virtud se consideró necesario reformar el séptimo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y la fracción I del artículo 123 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
"Artículo 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se aceptarán como medios de pago, los cheques certificados o de caja, los giros postales, telegráficos o bancarios y las transferencias de fondos reguladas por el Banco de México; los cheques personales únicamente se aceptarán en los casos y con las condiciones que establezca el reglamento de este código.
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I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones del peso. No obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de uno hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del contribuyente expedido a nombre del accionista o a través de transferencias de fondos reguladas por el Banco de México.
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F) Por otra parte, esta dictaminadora estima adecuada la propuesta de reformas al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, dada la importancia que tienen para las autoridades fiscales los dictámenes formulados por contador público registrado. Sin embargo, se considera necesario hacer algunas adecuaciones al texto del actual último párrafo de dicho artículo con la finalidad de dar mayor certeza y seguridad jurídica a los mencionados contadores, por lo que el artículo de que se trata deberá quedar en los siguientes términos:
"Artículo 52. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
I. Que el contador público que dictamine esté registrado ante las autoridades fiscales para estos efectos, en los términos del reglamento de este código. Este registro lo podrán obtener únicamente:
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II y III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando el contador público no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo o no formule el dictamen fiscal habiendo suscrito el aviso presentado por el contribuyente o no aplique procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme al reglamento de este código. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y en su caso, a la Federación de colegios profesionales, a que pertenezca el contador público en cuestión.
Las sociedades o asociaciones civiles conformadas por los despachos de contadores públicos registrados, cuyos integrantes obtengan autorización para formular los dictámenes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán registrarse ante la autoridad fiscal competente, en los términos del reglamento de este código." IV. Medidas que otorgan seguridad jurídica a los contribuyentes.
El decreto prevé diferentes medidas para otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes en sus relaciones con el fisco federal. Esta dictaminadora analizó y dio su apoyo a las medidas que a continuación se comentan.
1) Seguridad jurídica en materia de resoluciones administrativas y disposiciones generales.
A) Se reduce de cuatro a tres meses el plazo para resolver peticiones o instancias que se formulen a las autoridades fiscales (artículo 37 del Código Fiscal de la Federación).
B) Se incorporan a la legislación fiscal diferentes reglas de carácter general que año tras año se venían emitiendo para dar seguridad al contribuyente. Tal es el caso de los instrumentos con los que se realizan operaciones financieras derivadas, así como la determinación sobre los mercados reconocidos en los que se pueden efectuar estas operaciones (artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación).
C) Se establece la obligación de difundir los criterios de normatividad interna que emitan las autoridades fiscales, respecto de la interpretación de las leyes tributarias (artículo 33 del Código Fiscal de la Federación).
2) En materia de seguridad y defensa del contribuyente:
A) En el decreto que se dictamina se propone establecer un sistema de justicia de ventanilla, el que permitirá proporcionar una respuesta pronta y expedita a los contribuyentes en un plazo máximo de seis días, a los problemas relacionados con la imposición de multas formales, requerimientos, presentación de declaraciones y registro federal de contribuyentes. Se estima que esta medida habrá de resolver en forma ágil un número muy importante de asuntos de los contribuyentes con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (artículo 33-A del Código Fiscal de la Federación).
B) Se propone igualmente establecer un procedimiento excepcional mediante el cual, cuando el contribuyente no hubiera podido interponer en tiempo los medios de defensa a su favor y haya perdido el derecho a hacerlos valer, las autoridades fiscales estarán en posibilidad de revisar sus propias resoluciones desfavorables al particular para que, en su caso, sean modificadas o revocadas (artículo 36 del Código Fiscal de la Federación).
C) Se propone unificar los recursos de revocación y el de oposición al procedimiento administrativo de ejecución establecidos en el Código Fiscal de la Federación, subsistiendo únicamente el recurso de revocación, haciendo más sencilla su interposición (artículo 116 del Código Fiscal de la Federación).
D) Se proponen cambios en el procedimiento contencioso administrativo previsto en el Código Fiscal de la Federación, destacando los siguientes:
a) Se permitirá que en el juicio puedan hacerse valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso que previamente se haya interpuesto ante la propia autoridad fiscal, para auxiliar al contribuyente que en ocasiones hace valer agravios insuficientes, por desconocimiento (artículo 197 del Código Fiscal de la Federación).
b) Se establece que el Tribunal Fiscal de la Federación al dictar sentencia, deberá abocarse a las cuestiones formales que puedan dar lugar a la nulidad lisa y llana, pero también y primordialmente a las cuestiones de fondo, lo que evitará que se alarguen innecesariamente los conflictos y abatir costos a las partes (artículo 237 del Código Fiscal de la Federación).
c) Se establece que el tribunal podrá hacer valer de oficio la incompetencia de la autoridad que dictó la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. Esto permitirá al tribunal anular la resolución con vicios evidentes de ilegalidad, siempre que el particular presente la demanda aun cuando no haga valer los conceptos de impugnación correspondientes (artículo 238 del Código Fiscal de la Federación).
d) Se establece como nueva causal de procedencia de la queja la omisión de la autoridad para dar cumplimiento a la sentencia, en el plazo previsto en la ley, lo que fortalecerá al Tribunal Fiscal de la Federación y dará seguridad a los particulares (artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación).
e) Se propone que la apelación sea principalmente un recurso para la autoridad, de suerte de no añadir una instancia en la defensa del particular quien cuenta con el amparo directo. Se prevé que tratándose de sentencias parcialmente desfavorables a ambas partes al contestar la apelación, el particular pueda a su vez formular apelación por la parte de la sentencia que le es desfavorable, logrando así la unidad de la jurisdicción, sin perjuicio de que posteriormente ejerza su acción de amparo si la sentencia dictada en apelación lo agravia (artículo 245 del Código Fiscal de la Federación).
f) Se propone un sistema de elaboración de jurisprudencia como consecuencia de la repetición de precedentes no interrumpidos por alguno en contrario y sostenido por el pleno o las secciones de la sala superior por una mayoría calificada (artículo 260 del Código Fiscal de la Federación).
En cuanto a la propuesta de reforma al antepenúltimo párrafo del artículo 248, esta dictaminadora considera adecuado precisar los casos en los que, independientemente del monto del asunto, se puede interponer el recurso de revisión, a efecto de evitar la interpretación de que se puede interponer dicho recurso en los mismos casos en que procede la apelación. Dicho precepto quedaría de la siguiente forma:
"Artículo 248. Las resoluciones dictadas en primera instancia por la sala superior, así como aquéllas que no puedan ser apelables ante la misma por haberse dictado conforme a jurisprudencia del Poder Judicial Federal, podrán ser impugnadas por la autoridad, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el tribunal colegiado de circuito competente, mediante escrito que presente ante la sala del tribunal fiscal que haya dictado el fallo, dentro del término de 15 días siguientes al día en que surta efectos su notificación, por violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias; cuando la cuantía del asunto exceda de 200 veces el salario mínimo general diario elevado al año del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de su emisión.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando la cuantía sea inferior a la que corresponda conforme al primer párrafo o sea indeterminada, el recurso procederá cuando el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efecto de la admisión del recurso.
Asimismo procederá el recurso de revisión cuando, con independencia del monto, se afecte el interés fiscal de la Federación y a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el asunto tenga importancia por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución. También procederá el recurso de revisión, con independencia del monto o de la sanción de que se trate, cuando concierna a resoluciones en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
(Se deroga el penúltimo párrafo.)
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3) Medidas de seguridad jurídica en materia de fiscalización.
Dentro de estas medidas destacan las siguientes:
A) Suprimir la posibilidad de que la autoridad fiscalizadora levante actas complementarias después de concluida la visita (artículo 46 del Código Fiscal de la Federación).
B) Se contempla ampliar el plazo vigente de 15 días para desvirtuar las irregularidades detectadas en las actas de visita domiciliaria, por 15 días para cada ejercicio revisado sin exceder, por todos los ejercicios, de un máximo de 45 días. Tratándose de auditorías por precios de transferencia, se otorga un plazo de tres meses para los mismos efectos (artículos 46 y 48 del Código Fiscal de la Federación).
A fin de que se garantice el derecho de los particulares a exponer sus razonamientos en torno al contenido de la última acta parcial, durante el término a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46, esta dictaminadora sugiere adecuar la redacción del párrafo segundo del artículo 46-A, a efecto de señalar que, aun cuando transcurra el plazo de nueve meses para concluir la visita, ésta no podrá cerrarse hasta en tanto no transcurra el término del artículo 46. Dicho artículo quedaría de la siguiente manera:
"Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de nueve meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Lo antes dispuesto no es aplicable a aquellos contribuyentes que en el o los ejercicios sujetos a revisión, estén obligados a presentar pagos provisionales mensuales en el impuesto sobre la renta; los que en esos mismos ejercicios obtengan ingresos del extranjero o efectúen pagos a residentes en el extranjero; así como los integrantes del sistema financiero o los que en los ejercicios mencionados estén obligados a, u opten por hacer, dictaminar sus estados financieros en los términos del artículo 32-A de este código, por lo que en el caso de visita o revisión a los mismos, las autoridades fiscales podrán continuar con el ejercicio de sus facultades de comprobación sin sujetarse a la limitación antes señalada.
El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse por periodos iguales hasta por dos ocasiones, siempre que el oficio mediante el cual se le notifique la prórroga correspondiente haya sido expedido por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la visita o revisión. En su caso, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta que transcurra el término a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46 de este código.
Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión."
C) Para dar certeza a los contribuyentes sobre el resultado de las actuaciones de las autoridades fiscales en materia de revisiones de gabinete, se incluye establecer la obligación para éstas de dar a conocer, mediante oficio, de observaciones, tanto la conclusión de la revisión efectuada al contribuyente, cuando no se deriven observaciones de dicha revisión, como los resultados de las compulsas realizadas. La comisión considera que éstas son medidas fundamentales que cumplen con el objetivo mencionado y dan credibilidad a los actos de la autoridad fiscal (artículos 48 y 51 del Código Fiscal de la Federación).
Dentro de esta materia, el decreto que se dictamina, contiene la sugerencia de reformar la fracción I del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, esta comisión dictaminadora habiendo procedido al estudio de dicha disposición, considera que por carecer de una modificación sustancial, debe prevalecer el texto actual, sugiriéndose al efecto se elimine dicha propuesta, de tal suerte que el artículo citado quedaría de la siguiente forma:
"Artículo 32-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Las que se fusionen o se escindan, por el ejercicio en que ocurran dichos actos y por el siguiente. Tratándose de fusión deberá hacerlo por el ejercicio siguiente solamente la persona moral que subsista o la que surja con motivo de la fusión.
En los casos de liquidación, tendrán la obligación de hacer dictaminar sus estados financieros del periodo de liquidación los contribuyentes que en el ejercicio regular inmediato anterior al periodo de liquidación hubieran estado obligados a hacer dictaminar sus estados financieros.
IV. Las entidades de la administración pública federal a que se refiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las que formen parte de la administración pública estatal o municipal.
Lo dispuesto por este artículo no es aplicable a las instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, ni a los contribuyentes a que se refiere el artículo 67-I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Asimismo, a partir del segundo ejercicio en que se encuentren en suspensión de actividades, los contribuyentes a que se refiere la fracción I de este artículo, no estarán obligados a hacer dictaminar sus estados financieros, a excepción de los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto al Activo y su reglamento, dichos contribuyentes continúen estando obligados al pago del impuesto a que se refiere esa ley.
Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que no estén obligadas a hacer dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, podrán optar por hacerlo, en los términos del artículo 52 de este código.
Los contribuyentes obligados a hacer dictaminar sus estados financieros o los que opten por hacerlo, presentarán aviso de dictamen ante las autoridades fiscales competentes. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el reglamento de este código, podrán sustituir al contador público designado y los que opten por dictaminarse podrán renunciar a la presentación del dictamen.
El aviso a que se refiere el párrafo anterior no surtirá efectos en los casos que señale el reglamento de este código.
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen formulado por contador público registrado, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de este código."
A efecto de dar seguridad jurídica al contribuyente, esta dictaminadora sugiere reformar el último párrafo del artículo 29, a fin de que todos los elementos constitutivos de la infracción a que se refiere el artículo 81 fracción V se encuentren previstos en el código y no en reglamento. Dichos artículos quedarían de la siguiente manera:
"Artículo 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los contribuyentes con local fijo tendrán obligación de registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal o en los equipos electrónicos de registro fiscal autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distintos a las máquinas registradoras de comprobación fiscal cuando la misma Secretaría se las asigne; expedir los comprobantes respectivos; tenerlos en operación y cuidar que cumplan con el propósito para el cual fueron instalados. Cuando el adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que reúna requisitos para efectuar deducciones o acreditamiento de contribuciones, deberán expedir dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará el registro de los contribuyentes a quienes proporcione máquinas registradoras de comprobación fiscal y éstos deberán presentar los avisos y conservar la información que señale el reglamento de este código. En todo caso, los fabricantes e importadores de máquinas de comprobación fiscal deberán presentar declaración informativa ante las autoridades administradoras dentro de los 20 días siguientes al final de cada trimestre, de las enajenaciones realizadas en ese periodo y de las altas o bajas, nombres y número de registro de los técnicos de servicio encargados de la reparación y mantenimiento.
Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o ex- pedir constancias:
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. No presentar la declaración informativa de las enajenaciones de máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos electrónicos de registro fiscal a que se refiere el artículo 29 último párrafo de este código, dentro del plazo previsto en dicho precepto o no presentarla conforme lo establece el mismo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
4) Medidas de seguridad en materia de delitos fiscales.
A) Para promover el cumplimiento voluntario y evitar que sean procesados contribuyentes que cometan ilícitos equiparables a la defraudación fiscal o relacionados con la omisión de ciertas obligaciones fiscales, pero que paguen el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido, antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio o medie requerimiento, orden de visita o gestión de autoridad, se contempla extender el beneficio de no formular querella a los contribuyentes que corrijan espontáneamente las omisiones que dieron lugar al ilícito (artículos 109 y 111 del Código Fiscal de la Federación).
B) Se incluye en el decreto la propuesta de eliminar la referencia al término medio aritmético, para adecuar el mecanismo de la caución para conceder la libertad provisional a la reciente reforma constitucional en la materia.
Asimismo se sugiere establecer un margen más amplio para que la autoridad judicial pueda reducir el monto de la caución cuando ya se hubiere garantizado el interés fiscal (artículo 92 del Código Fiscal de la Federación).
5) Otras medidas de seguridad jurídica.
Considerando que las agrupaciones silvícolas y los organismos que las agrupen, realizan las mismas funciones y persiguen los mismos objetivos que las agrupaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras, se estima conveniente darles a las primeramente citadas, el mismo régimen que en materia de los impuestos sobre la renta y al valor agregado tienen las mencionadas en último término, por lo que se propone reformar la fracción III del artículo 70 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el inciso c, de la fracción XII del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Ley del Impuesto Sobre la Renta:
"Artículo 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como los organismos que las reúnan.
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ley del Impuesto al Valor Agregado:
"Artículo 15.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XII. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como organismos que las reúnan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
V. Medidas para modernizar la administración tributaria. Ley Federal de Derechos Con motivo de la descentralización de atribuciones y las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que descentralizaron algunas atribuciones a las entidades publicas y redistribuyó otras dentro de la administración publica centralizada, el Ejecutivo Federal propone modificar la Ley Federal de Derechos, reubicar y precisar las atribuciones que se incorporan a las entidades.
Así por ejemplo es necesario adecuar el capitulo III en su sección primera referente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y dentro del Título Primero, se requieren cambios en los capítulos V, VII y XII, por las nuevas atribuciones de las secretarías de Energía; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y la de Contraloría y Desarrollo Administrativo, respectivamente.
En la iniciativa que se dictamina se propone un artículo 83-A en la Ley Federal de Derechos para señalar que no pagarán por los serviciosde trámite y expedición de asignaciones, concesiones y permisos para usar o aprovechar aguas nacionales, incluyendo su inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, los usuarios de aguas que se dediquen a actividades agropecuarias para satisfacer las necesidades domésticas y de abrevadero, lo cual resulta insuficiente esta exención, porque no abarca esta exención al agua que utilicen para riego, por lo que se propone la siguiente redacción:
"Artículo 83-A. No pagarán los derechos a que se refieren los artículos 82 y 82-A, fracciones II, III y V del presente capítulo, los usuarios de aguas nacionales que se dediquen a actividades agropecuarias por el agua que utilicen para este fin y para satisfacer las necesidades domésticas".
Como consecuencia de lo anterior la disposición contenida en la fracción III del artículo 20 de la iniciativa que se dictamina, resulta innecesaria, porque en la misma se establece la exención antes mencionada para aquellos agricultores que se encuentran en las zonas de disponibilidad ocho y nueve a que se refiere el artículo 231 de la citada Ley Federal de Derechos y en cambio, con la modificación que se propone al artículo 83-A mencionado, abarca a todas las zonas de disponibilidad del país, por lo que el artículo 20 debe quedar como sigue:
"Artículo 20. Durante el año de 1996, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones:
I. No se incrementarán en el mes de enero en los términos del cuarto párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, las cuotas de los derechos establecidos en los artículos 19-G, 19-H, 29-D, 29-E, 29-F, 29-H, 29-J, 32 fracción I inciso g, 33 fracción I inciso a, subincisos 1 a 4 y 6, inciso b, fracción II inciso a, fracción III inciso a, subinciso 1 e inciso b y fracción V, 33-A, fracciones III y IV, 86-E, 87, 88, 89, 195-G, 223 apartado A fracciones I a VI y apartado B fracción II, 232 fracción VIII inciso c, 278, 279 y 280 de la ley mencionada.
II. Las cuotas de los derechos establecidos en el Capítulo II del Título Primero de la Ley Federal de Derechos, se ajustarán a partir del día 1o. de enero de 1996, a múltiplos de cinco pesos.
Para efectuar este ajuste las cuotas aumentarán o disminuirán, según sea el caso, a la unidad de ajuste más próxima. Cuando la cuota se encuentre a la misma distancia de dos unidades de ajuste se disminuirá a la baja.
III. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223 apartado A, de la Ley Federal de Derechos, el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en la industria minera, se efectuará conforme al 25% de las cuotas por metro cúbico, que corresponda a las zonas de disponibilidad a que se refiere el artículo 231 de la ley.
IV. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223 apartado A, de la Ley Federal de Derechos, el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en los ingenios azucareros, se efectuará conforme al 50% de las cuotas por metro cúbico, que corresponda a las zonas de disponibilidad a que se refiere el artículo 231 de la ley.
V. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223 apartado A, de la Ley Federal de Derechos, el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en la industria de la celulosa y el papel, corresponderá al 80% de las cuotas establecidas en las zonas siete, ocho y nueve de dicho apartado.
VI. Por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales que se utilicen en los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán del Estado de Veracruz, se cobrará la cuota que corresponda a la zona de disponibilidad siete a que se refiere el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos.
VII. Por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales que se utilicen en los municipios de Lázaro Cárdenas del Estado de Michoacán y Hueyapan de Ocampo en el Estado de Veracruz, se cobrará la cuota que corresponda a la zona de disponibilidad nueve a que se refiere el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos.
VIII. El pago del derecho de caza deportiva a que se refiere el artículo 238 de esta ley, por la temporada 1996-1997, se realizará conforme a las cuotas vigentes al inicio de dicha temporada."
Por otra parte, en el artículo 224 de la Ley Federal de Derechos, se establecen diversas exenciones en el pago del derecho sobre agua y dentro de éstas algunas exenciones necesitan de mayor precisión en cuanto a su alcance, como son las que se refieren las fracciones III y V. Es por ello que en la fracción III se debe señalar que la exención abarca a aquellas aguas provenientes de minas que se utilice en el servicio doméstico del personal empleado en las mismas o para uso doméstico de terceros.
Asimismo, la fracción V se debe modificar para permitir que las aguas que regresen a su fuente original o que sean vertidas en cualquier otro sitio previamente autorizado por la Comisión Nacional del Agua, estén exentas del pago del derecho sobre agua, siempre que cumplan con los criterios ecológicos de calidad del agua, por lo que dicho artículo 224 fracciones III y V deben quedar como sigue:
"Artículo 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Por las aguas que broten o aparezcan en el laboreo de las minas o que provengan del desagüe de éstas, salvo las que se utilicen en la explotación, beneficio o aprovechamiento de las mismas o para uso industrial.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Por las aguas que regresen a su fuente original o que sean vertidas en cualquier otro sitio previamente autorizado por la Comisión Nacional del Agua para este fin, siempre que tengan el certificado de calidad del agua expedido por esta última de que cumple con los criterios ecológicos de calidad del agua emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, del grado de calidad correspondiente al destino inmediato posterior y se acompañe una copia de dicho certificado a la declaración del ejercicio. Estos contribuyentes deberán tener instalado medidor tanto a la entrada como a la salida de las aguas.
Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable al agua que se use o aproveche para la generación de energía hidroeléctrica.
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
VII. Por el uso o aprovechamiento de aguas, efectuada por organismos operadores de agua potable y alcantarillado, públicos o privados, que abastezcan de agua para consumo domestico a poblaciones rurales iguales o inferiores a 2 mil 500 habitantes, de conformidad con el último censo general de población.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalmente esta dictaminadora introdujo a la iniciativa correcciones de estilo a diversos artículos a fin de que su redacción, puntualización y notaciones correspondieran con sus propósitos, sin que por ello se cambie su sentido o contenido.
Así por ejemplo, los mayores cambios se hacen a el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, que en la iniciativa dice:
"Artículo 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Tengan la obligación de utilizar las máquinas registradoras de comprobación fiscal o los equipos electrónicos de registro fiscal autorizados que les haya sido asignado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o que hayan adquirido directamente de fabricantes o importadores autorizados y no lo hagan o los destruyan, alteren o impidan el propósito para el que fueron instalados.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Esta dictaminadora propone la siguiente redacción:
"Artículo 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Tengan la obligación de utilizar los equipos electrónicos de registro fiscal autorizados o las máquinas registradoras de comprobación fiscal que les hayan sido asignadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o que hayan adquirido directamente de fabricantes o importadores autorizados y no los utilicen o los destruyan, alteren o impidan el propósito para el que fueron instalados.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Las demás modificaciones sólo son de puntuación o erratas menores.
La comisión que dictamina, con base en los razonamientos anteriores, producto de las deliberaciones de todos sus miembros, propone al pleno de esta Cámara el siguiente
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN NUEVAS LEYES FISCALES Y SE MODIFICAN OTRAS
Artículos 1o. a 3o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
Artículo cuarto. Se realizan las modificaciones siguientes al Código Fiscal de la Federación:
I. Se reforman:
a. Los artículos:
6o. antepenúltimo y penúltimo párrafos;
11, segundo párrafo;
14-A, fracciones I y II;
15-A, inciso b;
16-A; 19, primer párrafo;
20, séptimo y penúltimo párrafo:
21, séptimo párrafo;
22, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos;
23, primero y actual cuarto párrafos:
26, fracción XI;
29, penúltimo y último párrafos;
31, penúltimo párrafo;
32-A, fracciones III y IV y el actual último párrafo;
37, primer párrafo;
41, primer párrafo y fracciones I, primer párrafo y III;
42, primer párrafo y las fracciones I, IV y actual VII;
45, segundo, tercero, penúltimo y último párrafos;
46, fracciones III, IV y V;
46-A; 48, fracciones I y actuales V y VI;
51, segundo párrafo;
52, primero y actual último párrafos, así como la fracción I, primer párrafo;
55, fracción V;
66, 74, primer párrafo;
81, primer párrafo;
82, fracción I, incisos a, b y actual c;
83, fracción X;
92, cuarto y quinto párrafos;
102, último párrafo;
109, fracciones I y V;
112, primer párrafo;
115, primer párrafo;
116;
117;
120, primer párrafo;
121, primero y segundo párrafos;
122;
123, fracción I;
126;
127, primer párrafo;
128;
129, primer párrafo;
130, primer párrafo;
131, primer párrafo;
133, fracción I y último párrafo;
134, fracción III;
144, párrafos segundo y actual sexto;
145, segundo párrafo;
150, tercero y quinto párrafos;
152, primer párrafo;
158;
175, segundo y último párrafos;
185, segundo párrafo;
197, primer párrafo;
202, fracción X;
206;
208, fracciones I y VI;
209, penúltimo y último párrafos;
210, primero y actual último párrafos;
212, primer párrafo;
213, fracción IV;
217, fracción IV;
218, antepenúltimo, penúltimo y último párrafos;
223, tercer párrafo;
224;
226, primer párrafo;
228-bis, segundo párrafo;
229;
230, primer párrafo;
233, primer párrafo;
237, segundo y cuarto párrafos;
239, antepenúltimo, penúltimo y último párrafos;
239-bis y pasa a ser 239-A;
239-ter y pasa a ser 239-B;
240;
241;
242;
243;
248, primero, tercero y actual antepenúltimo párrafos;
259;
260;
261.
b. Las denominaciones siguientes:
Del Capítulo I del Título Quinto;
De la Sección Primera del Capítulo I del Título Quinto, comprendiendo los artículos 116 a 128;
De la Sección Segunda del Capítulo I del Título Quinto, comprendiendo el artículo 129 y De la Sección Tercera del Capítulo I del Título Quinto, comprendiendo los artículos 130 y 133;
Desapareciendo las denominaciones de las actuales Secciones Cuarto y Quinto del Capítulo I del Título Quinto.
II. Se adicionan:
a. Los artículos:
14-A, con dos párrafos finales;
16-C;
17-A, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercer párrafos, a ser tercero y cuarto párrafos, respectivamente;
23, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos a ser tercero, cuarto, quinto y sexto respectivamente.
32-A, con cuatro párrafos finales;
33, con un último párrafo;
33-A;
36, con dos párrafos finales;
40, con dos párrafos finales;
42, con una fracción V, pasando las actuales fracciones V, VI y VII a ser VI, VII y VIII, respectivamente;
48, con las fracciones V y VII, pasando las actuales V y VI a ser VI y VIII, respectivamente;
49;
52, con un último párrafo;
67, con una fracción IV;
75, fracción V, con un segundo párrafo;
81, con una fracción V;
82, fracción I con un inciso c, pasando el actual c, a ser inciso d y con una fracción V:
83, con una fracción XIII:
84, con una fracción VIII; 109, con un párrafo final;
111, con un último párrafo;
121, con un último párrafo:
123, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto, a ser tercero, cuarto y quinto párrafos, respectivamente;
130, con un último párrafo;
141, con la fracción VI;
144, con un cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto, quinto, sexto y séptimo, a ser quinto, sexto, séptimo y octavo párrafos, respectivamente;
145, con un tercer y cuarto párrafos, pasando los actuales, tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos a ser quinto, sexto, séptimo y octavo párrafos, respectivamente;
185, con un penúltimo párrafo;
197, con un último párrafo;
207, con un último párrafo;
208, con un último párrafo;
209, con una fracción VI y con un antepenúltimo párrafo;
210, con una fracción IV y con dos párrafos finales;
214, fracción IV y un último párrafo;
232, con un segundo párrafo;
238, con un último párrafo;
239C;
245;
246;
247;
249, con un segundo párrafo;
253, con un último párrafo;
256;
262 y
263.
b. Al Capítulo X del Título Sexto, la Sección Segunda denominada "de la apelación" que comprende los artículos 245 a 247, pasando la actual Sección Segunda a ser la Sección Tercera, que comprende los artículos 248 a 250.
III. Se derogan los artículos:
118;
213, último párrafo;
228-bis, quinto párrafo;
248, penúltimo párrafo.
Las modificaciones anteriores quedan de la siguiente manera:
"Artículo 6o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la entrega del bien de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda nacional.
Quien haga pago de créditos fiscales debiera obtener de la oficina recaudadora el recibo oficial o la forma valorada expedidos y controlados exclusivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la documentación que en las disposiciones respectivas se establezca en la que conste la impresión original de la máquina registradora. Tratándose de los pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito, se deberá obtener la impresión de la máquina registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo correspondiente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, siempre que la sociedad escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, respectivamente. En el primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación."
"Artículo 14-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. En escisión, siempre que se cumpla con los requisitos siguientes:
a) Que los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto, de la sociedad escindente y de las escindidas, sean los mismos durante un periodo de dos años contado a partir del año inmediato anterior a la fecha en que se presente el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal en los términos del reglamento de este código.
Para determinar el porcentaje del 51% se deberá considerar el total de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad a la fecha de inicio del periodo, excluyendo las que se consideran colocadas entre el gran público inversionista y que hayan sido enajenadas a través de bolsa de valores autorizada o mercados de amplia bursatilidad, de acuerdo con las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No se consideran como acciones con derecho a voto, aquellas que lo tengan limitado y las que en los términos de la legislación mercantil se denominen acciones de goce; tratándose de sociedades que no sean por acciones se considerarán las partes sociales en vez de las acciones con derecho a voto, siempre que no lo tengan limitado.
b) Que cuando desaparezca una sociedad con motivo de escisión, la sociedad escindente designe a la sociedad que asuma la obligación de presentar las declaraciones de impuestos del ejercicio e informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales le correspondan.
Cuando no se cumpla con el requisito a que se refiere el inciso b, que antecede, los fedatarios públicos, dentro del mes siguiente a la fecha de autorización de la escritura correspondiente, deberán informar de esta circunstancia a las autoridades fiscales. En estos casos, la autoridad podrá exigir la presentación de las declaraciones correspondientes a cualquiera de las sociedades escindidas.
No se incumple con el requisito de permanencia accionaria previsto en esta fracción, cuando la transmisión de propiedad de acciones sea por causa de muerte, liquidación, adjudicación judicial o donación, siempre que en este último caso se cumplan los requisitos establecidos en la fracción XXIV del artículo 77 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Cuando se realicen varias escisiones sucesivas o una fusión después de una escisión, el periodo de tenencia accionaria a que se refiere el inciso a, de esta fracción, se inicia a partir del año inmediato anterior a la fecha en que se presente el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal en los términos del reglamento de este código, relativo a la última escisión o fusión efectuada, a que se refiere este párrafo, sin que hubiera transcurrido entre una u otra el plazo previsto en el citado primer párrafo de esta fracción.
II. En fusión, siempre que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión, presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales les correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas correspondientes al ejercicio que terminó por fusión.
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la sociedad escindente desaparezca, la sociedad que subsista, la que surja con motivo de la fusión o la escindida que se designe, deberá presentar las declaraciones del ejercicio y las demás declaraciones informativas de la escindente o de las fusionadas que desaparezcan, correspondientes al ejercicio que terminó por fusión o escisión y enterar los impuestos correspondientes o, en su caso, solicitar por la empresa que desaparezca la devolución de los saldos a favor de esta última que resulten, siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En las declaraciones del ejercicio a que se refieren la fracción II y el párrafo anterior, correspondiente a la fusionada o a la escindente que desaparezcan, se deberán considerar todos los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, el importe total de los actos o actividades gravados y exentos y de los acreditamientos, el valor de todos sus activos o deudas, según corresponda, que la misma tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta el día de su desaparición. En este caso, se considerará como fecha de terminación del ejercicio aquélla que corresponda a la fusión o escisión."
"Artículo 15-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Cuando la escindente transmite la totalidad de su activo, pasivo y capital a dos o más escindidas, extinguiéndose la primera. En este caso, la escindida que se designe en los términos del artículo 14-A de este código, deberá conservar la documentación a que se refiere el artículo 28 del mismo."
"Artículo 16-A. Se entiende por operaciones financieras derivadas las siguientes:
I. Aquellas que se realizan en mercados reconocidos en las cuales una de las partes adquiere el derecho o la obligación a adquirir o enajenar a futuro mercancías, acciones, títulos, valores, divisas u otros bienes a un precio establecido al celebrarlas o a recibir o a pagar la diferencia entre dicho precio y el que tengan esos bienes a su vencimiento o bien, el derecho o la obligación a celebrar una de estas operaciones.
II. Aquellas que se realizan en mercados reconocidos en las que se liquidan diferencias entre los precios, índices o canastas de precios o tasas de interés convenidos al inicio de la operación y cuyo resultado depende de las fluctuaciones que tengan en el mercado a una fecha determinada los precios, índices o canastas de precios o tasas de interés pactadas.
III. Aquéllas en las que se enajenen en el mercado secundario los títulos de crédito en los que se contengan las operaciones mencionadas en las fracciones anteriores.
Las operaciones financieras derivadas a que se refiere este artículo serán, entre otras, las que conforme a las prácticas comerciales generalmente aceptadas se efectúen con instrumentos conocidos mercantilmente bajo el nombre de futuros, opciones, coberturas y swaps, que se realicen en mercados reconocidos y con las condiciones que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, las cuales podrán determinar las operaciones que, en adición a las mencionadas en este párrafo, se consideran como operaciones financieras derivadas."
"Artículo 16-C. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 16-A de este código, se consideran como mercados reconocidos:
I. La Bolsa Mexicana de Valores.
II. Las bolsas de valores y los sistemas de cotización que cuenten con autorización para operar con tal carácter de conformidad con las leyes del país en que se encuentren.
Se considera que las operaciones financieras derivadas se efectúan en un mercado reconocido, cuando alguna de las partes que celebre dichas operaciones sea una institución de crédito o casa de bolsa residente en México o residente en el extranjero, que cuente con autorización para operar con tal carácter de conformidad con las leyes aplicables en el país de residencia, siempre que el residente en el país que intervenga en la operación, cumpla con lo siguiente:
a) Conserve la documentación necesaria para acreditar la identidad de las personas con las que celebró la operación correspondiente y, en su caso, la existencia de intereses comunes de acuerdo con lo previsto en la fracción XX del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
b) Conserve la documentación necesaria para acreditar que la operación de que se trata, se realizó en términos y condiciones similares a los que se hubieran pactado en transacciones independientes con o entre partes sin intereses relacionados."
"Artículo 17-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En los casos en que el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 19. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, se hará mediante escritura pública, mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público o, en caso de recursos administrativos, mediante la constancia de inscripción en el registro de representantes legales que lleve la autoridad fiscal, en los términos previstos en el reglamento de este código.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se aceptarán como medios de pago, los cheques certificados o de caja, los giros postales, telegráficos o bancarios y las transferencias de fondos reguladas por el Banco de México; los cheques personales únicamente se aceptarán en los casos y con las condiciones que establezca el reglamento de este código.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones del peso. No obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de uno hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del valor de éste y se exigirá independientemente de los demás conceptos a que se refiere este artículo. Para tal efecto, la autoridad requerirá al librador del cheque para que, dentro de un plazo de tres días, efectúe el pago junto con la mencionada indemnización del 20% o bien, acredite fehacientemente, con las pruebas documentales procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente imputables a la institución de crédito.
Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de los extremos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y los demás accesorios que correspondan, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso procediere.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 22. Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado, mediante cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente o certificados expedidos a nombre de este último, los que se podrán utilizar para cubrir cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor.
Las autoridades fiscales podrán autorizar, de conformidad con los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general, que los certificados se expidan a nombre de un tercero. Los retenedores podrán solicitar la devolución siempre que ésta se haga directamente a los contribuyentes.
Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor de quien presentó la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia firmes de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración.
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto queda insubsistente. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del antepenúltimo párrafo de este artículo.
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de 50 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señale el reglamento de este código. El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor hasta aquél en que la devolución se efectúe.
Si la devolución no se efectuare dentro del indicado plazo de 50 días, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora, en los términos del artículo 21 de este código que se aplicará sobre la devolución actualizada.
Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada.
El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por él mismo o por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco federal la devolución de dichas cantidades y el pago de intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora en los términos del artículo 21 de este código, sobre las cantidades actualizadas que se hayan pagado indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. La devolución a que se refiere este párrafo se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las cantidades pagadas indebidamente. En lugar de solicitar la devolución a que se refiere este párrafo, el contribuyente podrá compensar las cantidades a su favor, incluyéndo los intereses, contra cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor. Tratándose de contribuciones que tengan un fin específico sólo podrán compensarse contra la misma contribución.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios, con la salvedad que se refiere al párrafo siguiente. Al efecto bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquél en que la compensación se realice, presentando para ello el aviso de compensación correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que la misma se haya efectuado.
Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de la misma contribución por la cual están obligados a efectuar el pago, podrán compensar dichos saldos en los casos y cumpliendo los requisitos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mediante reglas de carácter general. Independientemente de lo anterior tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros en los términos de este código, aquéllos podrán compensar cualquier impuesto federal a su favor contra el impuesto sobre la renta del ejercicio a su cargo y el impuesto al valor agregado del ejercicio a su cargo, excepto el causado por operaciones de comercio, siempre que cumpla con los requisitos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22, aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. En este caso se notificará personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI. Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o partes sociales a sus socios o accionistas, inscriban a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido y enterado, en caso de que así proceda, el impuesto sobre la renta causado por el enajenante de tales acciones o partes sociales o, en su caso, haber recibido copia del dictamen respectivo.
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"Artículo 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los contribuyentes con local fijo tendrán obligación de registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal o en los equipos electrónicos de registro fiscal autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distintos a las máquinas registradoras de comprobación fiscal, cuando la misma Secretaría se las asigne; expedir los comprobantes respectivos; tenerlos en operación y cuidar que cumplan con el propósito para el cual fueron instalados.
Cuando el adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que reúna requisitos para efectuar deducciones o acreditamiento de contribuciones, deberá expedir dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará el registro de los contribuyentes a quienes proporcione máquinas registradoras de comprobación fiscal y éstos deberán presentar los avisos y conservar la información que señale el reglamento de este código. En todo caso, los fabricantes e importadores de máquinas de comprobación fiscal deberán presentar declaración informativa ante las autoridades administradoras dentro de los 20 días siguientes al final de cada trimestre, de las enajenaciones realizadas en ese periodo y de las altas o bajas, nombres y número de registro de los técnicos de servicio encargados de la reparación y mantenimiento."
"Artículo 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las personas obligadas a presentar solicitud de inscripción o avisos en los términos de las disposiciones fiscales, podrán presentar su solicitud o avisos complementarios, completando o sustituyendo los datos de la solicitud o aviso original, siempre que los mismos se presenten dentro de los plazos previstos en las disposiciones fiscales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 32-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Las que se fusionen o se escindan, por el ejercicio en que ocurran dichos actos y por el siguiente. Tratándose de fusión deberá hacerlo por el ejercicio siguiente solamente la persona moral que subsista o la que surja con motivo de la fusión.
En los casos de liquidación, tendrán la obligación de hacer dictaminar sus estados financieros del periodo de liquidación, los contribuyentes que en el ejercicio regular inmediato anterior al periodo de liquidación hubieran estado obligados a hacer dictaminar sus estados financieros.
IV. Las entidades de la administración pública federal a que se refiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las que formen parte de la administración pública estatal o municipal.
Lo dispuesto por este artículo no es aplicable a las instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes de la materia ni a los contribuyentes a que se refiere el artículo 67-I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Asimismo, a partir del segundo ejercicio en que se encuentren en suspensión de actividades, los contribuyentes a que se refiere la fracción I de este artículo no estarán obligados a hacer dictaminar sus estados financieros, a excepción de los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto al Activo y su reglamento, dichos contribuyentes continúen estando obligados al pago del impuesto a que se refiere esa ley.
Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que no estén obligadas a hacer dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, podrán optar por hacerlo en los términos del artículo 52 de este código.
Los contribuyentes obligados a hacer dictaminar sus estados financieros o los que opten por hacerlo, presentarán aviso de dictamen ante las autoridades fiscales competentes. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el reglamento de este código, podrán sustituir al contador público designado y los que opten por dictaminarse podrán renunciar a la presentación del dictamen.
El aviso a que se refiere el párrafo anterior no surtirá efectos en los casos que señale el reglamento de este código.
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen formulado por contador público registrado, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de este código."
"Artículo 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquellos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación."
"Artículo 33-A. Los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de seis días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones a que se refieren los artículos 41, fracciones I y III, 78, 79 y 81, fracciones I, II y VI de este código, así como en los casos en que la autoridad fiscal determine mediante reglas de carácter general, a efecto de hacer las aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la autoridad resolver en un plazo de seis días contados a partir de que quede debidamente integrado el expediente mediante el procedimiento previsto en las citadas reglas.
Lo previsto en este artículo no constituye instancia ni interrumpe ni suspende los plazos para que los particulares puedan interponer los medios de defensa. Las resoluciones que se emitan por la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares."
"Artículo 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos y sin que haya prescrito el crédito fiscal.
Lo señalado en el párrafo anterior no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes."
"Artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución o bien, esperar a que ésta se dicte.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para efectos de este artículo las autoridades judiciales federales y los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal.
En los casos de cuerpos de seguridad pública de las entidades federativas, del Distrito Federal o de los municipios, el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública o, en su caso, de conformidad con los acuerdos de colaboración administrativa que se tengan celebrados con la Federación."
"Artículo 41. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o varios de los actos siguientes:
I. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, ya sea provisional o del ejercicio, podrán hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución que hubiera determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate o la que resulte para dichos periodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya omitido presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago de contribuciones propias o retenidas. Esta cantidad a pagar tendrá el carácter de pago provisional y no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Imponer la multa que corresponda en los términos de este código y requerir la presentación del documento omitido en un plazo de 15 días para el primero y de seis días para los subsecuentes requerimientos. Si no se atiende el requerimiento se impondrá la multa correspondiente, que tratándose de declaraciones será una multa por cada obligación omitida. La autoridad en ningún caso formulará más de tres requerimientos por una misma omisión.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:
I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate.
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales.
V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este código.
VI y VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
VIII. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la ley relativa concede a las actas de la Policía Judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del Ministerio Público Federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .
Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico o microfilme o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita.
Cuando se dé alguno de los supuestos que a continuación se enumeran, los visitadores podrán obtener copias de la contabilidad y demás papeles relacionados con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para que, previo cotejo con los originales, se certifiquen por los visitadores:
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad por encontrarse el visitado en cualquiera de los supuestos previstos por el tercer párrafo de este artículo, deberán levantar acta parcial al respecto, la cual deberá reunir los requisitos que establece el artículo 46 de este código, con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado o en las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará el acta final, con las formalidades a que se refiere el citado artículo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias de sólo parte de la contabilidad. En este caso se levantará el acta parcial señalando los documentos de los que se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o establecimientos del visitado. En ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado."
"Artículo 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
III. Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado.
Para efectos de esta fracción, se considera que no se impide la realización de actividades cuando se asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en curso y los dos anteriores. En el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo.
IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita.
Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros.
En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir cuando menos 15 días por cada ejercicio revisado o fracción de éste, sin que en su conjunto excedan, para todos los ejercicios revisados, de un máximo de 45 días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones.
Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad.
Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 64-A y 65 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, deberán transcurrir cuando menos tres meses entre la fecha de la última acta parcial y el acta final. Este plazo podrá ampliarse por una sola vez por un plazo de dos meses a solicitud del contribuyente.
V. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita.
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"Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de nueve meses contados a partir de que se la notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.
Lo antes dispuesto no es aplicable a aquellos contribuyentes que en el o los ejercicios sujetos a revisión, estén obligados a presentar pagos provisionales mensuales en el impuesto sobre la renta; los que en esos mismos ejercicios obtengan ingresos del extranjero o efectúen pagos a residentes en el extranjero; así como los integrantes del sistema financiero o los que en los ejercicios mencionados estén obligados a u opten por hacer, dictaminar sus estados financieros en los términos del artículo 32-A de este código, por lo que en el caso de visita o revisión a los mismos, las autoridades fiscales podrán continuar con el ejercicio de sus facultades de comprobación sin sujetarse a la limitación antes señalada.
El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse por periodos iguales hasta por dos ocasiones, siempre que el oficio mediante el cual se le notifique la prórroga correspondiente haya sido expedido por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la visita o revisión. En su caso, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta que transcrurra el término a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46 de este código.
Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones o en su caso el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión."
"Artículo 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
I. La solicitud se notificará en el domicilio manifestado ante el registro federal de contribuyentes por la persona a quien va dirigida y en su defecto, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en su casa-habitación o lugar donde éstas se encuentren. Si al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia no estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal, lo esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la solicitud; si no lo hicieren, la solicitud se notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma.
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .
V. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados.
VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV anterior, se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción. El contribuyente contará con un plazo de cuando menos 15 días por ejercicio revisado o fracción de éste, sin que en su conjunto exceda, para todos los ejercicios revisados, de un máximo de 45 días, contados a partir del siguiente al en que se notificó el oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo.
El plazo que se señala en el párrafo anterior es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este código.
VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción IV de este artículo, cuando ésta se relacione con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 64-A y 65 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracción anterior será de tres meses, pudiendo ampliarse por una sola vez por un plazo de dos meses a solicitud del contribuyente.
VIII. La resolución que determine las contribuciones omitidas se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción."
"Artículo 49. Para efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este código, las visitas domiciliarias para verificar la expedición de comprobantes fiscales se realizarán conforme a lo siguiente:
I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos o sucursales de los contribuyentes, donde realicen enajenaciones o presten servicios, con objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales.
II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del establecimiento, indistintamente y con dicha persona se entenderá la visita de inspección.
III. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la inspección.
IV. En toda visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, relativos a la expedición de comprobantes fiscales en los términos de este código y su reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección.
V. Si al cierre del acta de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma, dándose por concluida la visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales.
VI. Si con motivo de la visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales las autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente."
"Artículo 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable solidario sujeto a las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48, le darán a conocer a éste el resultado de aquella actuación mediante oficio de observaciones, para que pueda presentar documentación a fin de desvirtuar los hechos consignados en el mismo, dentro de los plazos a que se refiere la fracción VI del citado artículo 48."
"Artículo 52. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los dictámenes formulados por contadores públicos, sobre los estados financieros de los contribuyentes, sobre las operaciones de enajenación de acciones que realice en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado y en cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
I. Que el contador público que dictamine está registrado ante las autoridades fiscales para estos efectos, en los términos del reglamento de este código. Este registro lo podrán obtener únicamente:
a y b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando el contador público no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo o no formule el dictamen fiscal habiendo suscrito el aviso presentado por el contribuyente o no aplique procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años, los efectos de su registro, conforme al reglamento de este código.
Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la federación de colegios profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión.
Las sociedades o asociaciones civiles conformadas por los despachos de contadores públicos registrados, cuyos integrantes obtengan autorización para formular los dictámenes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán registrarse ante la autoridad fiscal competente, en los términos del reglamento de este código."
"Artículo 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Tengan la obligación de utilizar los equipos electrónicos de registro fiscal autorizados o las máquinas registradoras de comprobación fiscal que les hayan sido asignadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o que hayan adquirido directamente de fabricantes o de importadores autorizados y no los utilicen o los destruyan, alteren o impidan el propósito para el que fueron instalados.
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"Artículo 66. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, sin que dicho plazo exceda de 48 meses de conformidad con lo siguiente:
I. El monto de cada parcialidad estará integrado por los siguientes conceptos:
a) El resultado de dividir las contribuciones omitidas y, en su caso, las multas por infracciones a disposiciones fiscales que tenga a su cargo el contribuyente al momento de la autorización, actualizadas a partir de los meses en que se debieron pagar hasta aquél en que se conceda la autorización, entre el número de parcialidades autorizadas.
b) La actualización del concepto a que se refiere el inciso anterior, calculada desde la fecha en que se conceda la autorización hasta la fecha en que se pague cada parcialidad. Esta actualización se obtendrá aplicando a dicho concepto el factor de actualización a que se refiere el artículo 17-A de este código que corresponda al periodo mencionado, después de restar la unidad a dicho factor.
c) El resultado de dividir los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente al momento de la autorización, causados desde que debieron pagarse las contribuciones, entre el número de parcialidades autorizadas.
d) Los recargos por prórroga, a la tasa que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión, calculados sobre el saldo insoluto al momento de pagar cada parcialidad, inclusive accesorios, más la actualización. Esta última actualización se calculará sobre el saldo insoluto sin incluir accesorios distintos de las multas, desde la fecha de autorización del pago en parcialidades hasta el mes por el que se calculan los recargos.
Además, cuando no se cubra alguna parcialidad dentro de la fecha o plazo fijados, el contribuyente estará obligado a pagar recargos por falta de pago oportuno, conforme a lo establecido por el artículo 21 de este código, calculados sobre las contribuciones omitidas que forman parte de la parcialidad no pagada, actualizadas desde la fecha de la autorización hasta la fecha en que se pague la parcialidad omitida. Las contribuciones omitidas que forman parte de la parcialidad no pagada, no se incluirán en el saldo insoluto a que se refiere el inciso d de la fracción I de este artículo.
II. Las autoridades fiscales al autorizar el pago a plazos exigirán que se garantice el interés fiscal en los términos de este código y de su reglamento.
En el caso de que las garantías ofrecidas sean las únicas que pueda otorgar el contribuyente, las autoridades fiscales podrán autorizar el pago a plazos cuando la garantía sea insuficiente para cubrir el crédito fiscal en los términos del artículo 141 de este código. Cuando en este último supuesto, las autoridades comprueben que el contribuyente puede ofrecer garantía adicional, podrán exigir la ampliación de la garantía, sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan. Si el contribuyente no amplía la garantía, se estará a lo dispuesto por la fracción III inciso a del presente artículo.
III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades, cuando:
a) Desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente.
b) El contribuyente sea declarado en quiebra o solicite su liquidación judicial.
c) El contribuyente no pague tres parcialidades sucesivas.
No procederá la autorización a que se refiere este artículo, tratándose de contribuciones que debieron pagarse en los tres meses anteriores al mes en el que se solicite la autorización, excepto cuando se cumplan con los requisitos que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general o en los casos de aportaciones de seguridad social.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autorización a que se refiere este artículo no procederá tratándose de contribuciones pagaderas en los plazos a que se refiere dicho párrafo, cuando las mismas se adeuden con motivo de importación o exportación.
La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo insoluto de las diferencias que resulten por la presentación de declaraciones, en las cuales, sin tener derecho al pago en parcialidades, los contribuyentes hagan uso en forma indebida de dicho pago en parcialidades."
"Artículo 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 74. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar las multas por infracción a las disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y, en su caso, los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada, salvo cuando se trate de declaraciones provisionales en las que se deba anotar "cero" en los conceptos a los que estando obligado no tenga saldo a cargo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedir constancias:
I a IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. No presentar la declaración informativa de las enajenaciones de máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos electrónicos de registro fiscal a que se refiere el artículo 29, último párrafo de este código, dentro del plazo previsto en dicho precepto o no presentarla conforme lo establece el mismo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) De $130.00 a $2,599.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.
b) De $130.00 a $5,198.00, por cada obligación a que esté afecto, al presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.
c) De $3,000.00 a $6,000.00, por no presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 de este código.
d) De $117.00 en los demás documentos.
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Para la señalada en la fracción V, la multa será de $5,000.00 a $20,000.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. No dictaminar sus estados financieros en los casos y de conformidad con lo previsto en el artículo 32-A de este código o no presentar dicho dictamen dentro del término previsto por las leyes fiscales.
XI y XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII. No registrar el valor de los actos o actividades con el público en general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal o en los equipos electrónicos de registro fiscal autorizados distintos a éstas, cuando lo exijan las disposiciones fiscales."
"Artículo 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. De $250.00 a $5,000.00 a la comprendida en la fracción XIII.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el daño o el perjuicio sea cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación correspondiente en la propia querella o declaratoria. La citada cuantificación sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad provisional, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos, que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La caución que se otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal.
En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del inculpado, podrá reducir hasta en un 50% el monto de la caución, siempre que existan motivos o razones que justifiquen dicha reducción.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No se formulará la declaratoria a que se refiere el artículo 92 fracción II si el monto de la omisión no excede de $2,500.00 o del 10% de los impuestos causados, el que resulte mayor. Tampoco se formulará la citada declaratoria si el monto de la omisión no excede del 55% de los impuestos que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad."
"Artículo 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en general preste un servicio personal independiente o esté dedicada a actividades empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento señalado en el artículo 75 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Sea responsable por omitir, presentar, por más de seis meses, la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.
No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera espontáneamente con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales."
"Artículo 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores subsana la omisión o el ilícito antes de que la autoridad fiscal lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales."
"Artículo 112. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de... $35,000.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 115. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que se apodere de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de lo robado no excede de $15,000.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
CAPITULO I
Del recurso administrativo
SECCION PRIMERA
Del recurso de revocación
"Artículo 116. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación."
"Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra:
I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que:
a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.
b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley.
c) Dicten las autoridades aduaneras.
d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren a los artículos 33-A, 36 y 74 de este código.
II. Los actos de autoridades fiscales federales que:
a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este código.
b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley.
c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este código.
d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este código."
"Artículo 118. (Se deroga.)"
"Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Fiscal de la Federación.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 121. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los 45 días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en los artículos 127 y 175 de este código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en los mismos se señala.
El escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, la del día en que se entregue a la oficina exactora o se deposite en la oficina de correos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación."
"Artículo 122. El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de este código y señalar además:
I. La resolución o el acto que se impugna.
II. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado.
III. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.
Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones I, II y III, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso; si no se señala el acto que se impugna se tendrá por no presentado el recurso; si el requerimiento que se incumple se refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, respectivamente.
Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas físicas y morales, deberá acreditarse en términos del artículo 19 de este código."
"Artículo 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de personas morales o en los que conste que ésta ya hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió el acto o resolución impugnada o que se cumple con los requisitos a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 de este código.
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores podrán presentarse en fotocopia simple, siempre que obren en poder del recurrente los originales. En caso de que presentándolos en esta forma la autoridad tenga indicios de que no existen o son falsos, podrá exigir al contribuyente la presentación del original o copia certificada."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Artículo 126. El recurso de revocación no procederá contra actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros."
"Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate sólo podrán hacerse valer en cualquier tiempo, antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables, de actos de imposible reparación material o de lo previsto por el artículo 129, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día siguiente al de la diligencia de embargo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 128. El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones o titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales federales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal."
SECCION SEGUNDA
De la impugnación de las notificaciones
"Artículo 129. Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles conforme al artículo 117, se estará a las reglas siguientes:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
SECCION TERCERA
Del trámite y resolución del recurso
"Artículo 130. En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esa prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, será aplicable lo dispuesto en el Título Sexto Capítulo VII de este código." "Artículo 131. La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso.
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que se notifique al contribuyente, aun cuando hayan transcurrido los plazos que señalan los artículos 46-A y 67 de este código."
"Artículo 134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse desaparezca después de iniciadas las facultades de comprobación, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este código y en los demás casos que señalen las leyes fiscales y este código.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 141. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 144. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación, el plazo para garantizar el interés fiscal será de cinco meses siguientes a partir de la fecha en que se interponga el referido medio de defensa, debiendo el interesado acreditar ante la autoridad fiscal, que lo interpuso dentro de los 45 días siguientes a esa fecha, a fin de suspender el procedimiento administrativo de ejecución.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando se garantice el interés fiscal el contribuyente tendrá obligación de comunicar por escrito la garantía a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee. En el caso de que la autoridad compruebe por cualquier medio que esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicional sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En todo caso se observará lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 141 de este código.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las autoridades fiscales podrán, asimismo, practicar embargo precautorio para asegurar cautelarmente el interés fiscal respecto de contribuciones que a la fecha en que se practique el embargo ya se hubieren causado, en los siguientes términos:
I. En caso de contribuciones causadas y exigibles pendientes de determinarse, cuando la autoridad se percate de que existe alguna de las irregularidades a que se refiere el artículo 55 de este código o bien cuando a juicio de la autoridad exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento.
En estos casos la autoridad trabará el embargo sobre bienes o derechos del obligado hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones de que se trate declaradas en cualquiera de las últimas cinco declaraciones anuales o provisionales, según sea el caso, actualizadas desde la fecha de la presentación de la declaración de que se trate y hasta la fecha en que se practique el embargo.
II. En el caso de contribuciones causadas que a la fecha del embargo precautorio no sean exigibles pero hayan sido determinadas por el contribuyente, cuando a juicio de la autoridad exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento.
En estos casos la autoridad trabará el embargo sobre bienes o derechos del obligado hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones de que se trate declaradas en cualquiera de las últimas cinco declaraciones anuales o provisionales, según sea el caso, actualizadas desde la fecha de la presentación de la declaración de que se trate y hasta la fecha en que se practique el embargo.
III. En el caso de contribuciones causadas que a la fecha del embargo precautorio no sean exigibles pero hayan sido determinadas por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando el obligado se hubiere ubicado en alguna de las irregularidades a que se refiere el artículo 55 de este código o bien cuando a juicio de la autoridad exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento.
En estos casos la autoridad trabará el embargo sobre bienes o derechos del obligado hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones determinadas por la autoridad, incluyendo sus accesorios.
IV. En el caso de contribuciones causadas pendientes de determinarse y que aún no sean exigibles, cuando la autoridad se percate de que existe alguna de las irregularidades a que se refiere el artículo 55 de este código o bien cuando a juicio de la autoridad exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento.
En estos casos la autoridad trabará el embargo sobre bienes o derechos del obligado hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones de que se trate declaradas en cualquiera de las últimas cinco declaraciones anuales o provisionales, según sea el caso, actualizadas desde la fecha de la presentación de la declaración de que se trate y hasta la fecha en que se practique el embargo.
La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las razones y fundamentos del embargo y requerirá al obligado, en los casos de las fracciones I, II y IV para que dentro del término de tres días desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste quedará firme.
En estos casos, si el obligado no hubiere presentado declaraciones con anterioridad o se tengan elementos para presumir que las presentadas consignan ingresos menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes, el monto del embargo precautorio se fijará con base en los elementos con que cuente la autoridad o tenga a su alcance, pudiendo utilizar cualquiera de los procedimientos de determinación presuntiva previstos en este código.
Si el pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo. En ningún caso se podrá practicar embargo precautorio sobre atribuciones no causadas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder de 15 mil 103 pesos. Las cantidades a que se refiere este párrafo y el anterior, se actualizarán en los meses de enero y julio, en los términos del artículo 17-A de este código.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los demás créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 152. El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el domicilio del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones personales en el artículo 137 de este código. De esta diligencia se levantará acta pormenorizada de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma. El acta deberá llenar los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este ordenamiento.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 158. Si al designarse bienes para el embargo se opusiere un tercero fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba documental suficiente a juicio del ejecutor. La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos por la oficina ejecutora, a la que deberán allegarse los documentos exhibidos en el momento de la oposición.
Si a juicio de la ejecutora las pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que continúe con la diligencia y, de embargarse los bienes, notificará al interesado que puede hacer valer el recurso de revocación en los términos de este código."
"Artículo 175. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha podrán hacer valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II inciso d del artículo 117 de este código, dentro de los 10 días siguientes
a aquél en que surta efectos la notificación a que se refiere el párrafo anterior, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores señalados en el reglamento de este código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen en un plazo de 10 días si se trata de bienes muebles, 20 días si son inmuebles y 30 días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación."
"Artículo 185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se refiere el párrafo anterior, se citará al contribuyente para que, dentro de un plazo de tres días hábiles, entregue las facturas o documentación comprobatoria de la enajenación de los mismos, la cual deberá expedirla cumpliendo, en lo conducente, con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A de este código, apercibido de que si no lo hace la autoridad ejecutora emitirá el documento correspondiente en su rebeldía.
Posteriormente la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con estos documentos, los bienes que le hubiere adjudicado.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 197. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal de la Federación, se regirán por las disposiciones de este título, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga al procedimiento contencioso que establece este código.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso."
"Artículo 202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 206. Manifestada por un magistrado la causa de impedimento, el presidente de la sección o de la sala regional turnará el asunto al presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, a fin de que la califique y, de resultar fundada, se procederá en los términos de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación."
"Artículo 207. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio de nulidad se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación."
"Artículo 208. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. El nombre y domicilio fiscal y en su caso domicilio para recibir notificaciones del demandante.
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Los conceptos de impugnación.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se presume que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que la autoridad demuestre lo contrario. El domicilio fiscal servirá para recibir notificaciones cuando no se señale uno convencional diferente."
"Artículo 209. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante, en los casos señalados en el ultimo párrafo del artículo 232.
VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que fueron considerados en el procedimiento administrativo como conteniendo información confidencial o comercial reservada. La sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible.
Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. En ningún caso se requerirá el envío de un expediente administrativo.
Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el magistrado instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a IV, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones V, VI y VII, las mismas se tendrán por no ofrecidas."
"Artículo 210. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los 20 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que sin violar el primer párrafo del artículo 215 no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.
En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que en su caso se presenten.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 209 de este código.
Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el magistrado instructor requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si el promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones V, VI y VII del artículo 209 de este código, las mismas se tendrán por no ofrecidas."
"Artículo 212. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los 45 días siguientes a aquél en que surta efectos el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de 20 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 213. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación.
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga último párrafo.)
"Artículo 214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida por el demandante.
V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las autoridades demandadas deberán señalar, sin acompañar, la información calificada por la Ley de Comercio Exterior como gubernamental confidencial. La sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción."
"Artículo 217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. El de interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 218. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si la sala regional requerida la acepta, comunicará su resolución a la requirente, a las partes y al presidente del tribunal. En caso de no aceptarlo, hará saber su resolución a la sala requirente y a las partes y remitirá los autos al presidente del tribunal.
Recibidos los autos, el presidente del tribunal los someterá a consideración del pleno para que éste determine a cuál sala regional corresponde conocer el juicio, pudiendo señalar a alguna de las contendientes o a sala diversa, ordenando que el presidente del tribunal comunique la decisión adoptada a las salas y a las partes y remita los autos a la que sea declarada competente.
Cuando una sala esté conociendo de algún juicio que sea de la competencia de otra, cualquiera de las partes podrá acudir ante el presidente del tribunal, exhibiendo copia certificada de la demanda y de las constancias que estime pertinente, a fin de que se someta el asunto al conocimiento del pleno del tribunal. Si las constancias no fueran suficientes, el presidente del tribunal podrá pedir informe a la sala regional cuya competencia se denuncie, a fin de integrar debidamente las constancias que deba someterse al pleno."
"Artículo 223. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días, para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo se dictará resolución.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 224. La interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia durará como máximo un año y se sujetará a lo siguiente:
I. Se decretará por el instructor a partir de la fecha en que éste tenga conocimiento de la existencia de alguno de los supuestos a que se refiere este artículo.
II. Si transcurrido el plazo máximo de interrupción no comparece el albacea, el representante legal o el tutor, el magistrado instructor acordará la reanudación del juicio, ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista al representante de la sucesión o de la liquidación, según sea el caso."
"Artículo 226. La recusación de magistrados se promoverá mediante escrito que se presente en la sala o sección en la que se halle adscrito el magistrado de que se trate, acompañando las pruebas que se ofrezcan. El presidente de la sección o de la sala, dentro de los cinco días siguientes, enviará al presidente del tribunal el escrito de recusación junto con un informe que el magistrado recusado debe rendir, a fin de que se someta el asunto al conocimiento del pleno. A falta de informe se presumirá cierto el impedimento. Si el pleno del tribunal considera fundada la recusación, el magistrado de la sala regional será sustituido en los términos de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. Si se trata de magistrados de sala superior, el mismo deberá abstenerse de conocer del asunto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 228-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los incidentes a que se refieren las fracciones I, II y IV de dicho artículo únicamente podrán promoverse hasta antes de que quede cerrada la instrucción, en los términos del artículo 235 de este código.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga quinto párrafo.)"
"Artículo 229. Cuando alguna de las parte sostenga la falsedad de un documento, incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se podrá hacer valer ante el magistrado instructor hasta antes que se cierre la instrucción del juicio. El incidente se sustanciará conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 228-bis, corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de 10 días.
Si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento firmado por otra, el magistrado instructor podrá citar a la parte respectiva para que estampe su firma en presencia del secretario.
En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, el incidentista deberá acompañar el documento que considere como indubitado o señalar el lugar donde se encuentre o bien, ofrecer la pericial correspondiente; si no lo hace, el magistrado instructor desechará el incidente.
La sala resolverá sobre la autenticidad del documento exclusivamente para los efectos del juicio en el que se presente el incidente."
"Artículo 230. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal Fiscal de la Federación, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 232. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando los testigos tengan su domicilio fuera de la sede de la sala, se podrá desahogar la prueba mediante exhorto, previa calificación hecha por el magistrado instructor del interrogatorio presentado, pudiendo repreguntar el magistrado o juez que desahogue el exhorto. Para diligenciar el exhorto, el magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación podrá solicitar el auxilio de algún juez o magistrado del Poder Judicial de la Federación o de algún tribunal administrativo federal."
"Artículo 233. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera con esa obligación, la parte interesada solicitará al magistrado instructor que requiera a los omisos.
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"Artículo 237. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución de la sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda."
"Artículo 238. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Tribunal Fiscal de la Federación, podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución."
"Artículo 239. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este código.
En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.
Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo 238 de este código, el Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuáles debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales."
"Artículo 239-A. Cuando la presidencia del Tribunal Fiscal de la Federación, en los casos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, de oficio o a petición fundada de la sala regional o de alguna de las autoridades que sea parte del juicio, ejerza la facultad para atraer juicios, se estará a las siguientes reglas:
I. La petición que, en su caso, formulen las salas regionales o las autoridades deberá presentarse antes de que se tenga por cerrada la instrucción.
II. La presidencia del tribunal comunicará el ejercicio de la facultad de atracción a la sala regional antes de que ésta dicte sentencia definitiva.
III. Los acuerdos de la presidencia que admitan la petición o que de oficio decidan resolver el juicio, serán notificados personalmente a las partes por el magistrado instructor. Al efectuar la notificación se les requerirá que señalen domicilio para recibir notificaciones en el Distrito Federal, así como que designen persona autorizada para recibirlas o, en el caso de las autoridades, que señalen a su representante en el mismo, apercibiendo a las propias partes que de no hacerlo, la resolución que dicte la sala superior les será notificada por lista.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se llevará a cabo cuando las partes hayan señalado domicilio para recibir notificaciones en el Distrito Federal.
IV. Una vez cerrada la instrucción del juicio, la sala regional remitirá el expediente original a la secretaría general de acuerdos de la sala superior, la que lo turnará al magistrado ponente que corresponda conforme a las reglas que determine el pleno del propio tribunal."
"Artículo 239-B. En los casos de incumplimiento de sentencia firme, la parte afectada podrá ocurrir en queja, por una sola vez, ante la sala del tribunal que dictó la sentencia, de acuerdo con las siguientes reglas:
I. Procederá en contra de los siguientes actos:
a) La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o que incurra en exceso o en defecto, cuando dicha resolución se dicte en cumplimiento de una sentencia.
b) Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, para lo cual deberá haber transcurrido el plazo previsto en ley.
II. Se interpondrá por escrito ante el magistrado instructor o ponente, dentro de los 15 días siguientes al día en que surte efectos la notificación del acto o la resolución que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso b, de la fracción anterior, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho.
En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada o bien se expresará la omisión en el cumplimiento de la sentencia de que se trate.
El magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el magistrado dará cuenta a la sala o sección que corresponda, la que resolverá dentro de cinco días.
III. En caso de que haya repetición de la resolución anulada, la sala hará la declaratoria correspondiente, dejando sin efectos la resolución repetida y la notificará al funcionario responsable de la repetición, ordenándole que se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones.
La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior del funcionario responsable, entendiéndose por éste al que ordene el acto o lo repita, para que proceda jerárquicamente y la sala le impondrá una multa equivalente a 15 días de su salario.
IV. Si la sala resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá al funcionario responsable 20 días, para que dé el cumplimiento debido al fallo, señalando la forma y términos precisados en la sentencia, conforme a los cuales deberá cumplir.
V. Si la sala resuelve que hubo omisión total en el cumplimiento de la sentencia, concederá al funcionario responsable 20 días, para que dé cumplimiento al fallo. En este caso, además se procederá en los términos del párrafo segundo de la fracción III de este artículo.
VI. Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución, si se solicita ante la autoridad ejecutora y se garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 144.
A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución definitiva, se le impondrá una multa de 20 a 120 días de salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal. Existiendo resolución definitiva, si la sala o sección consideran que la queja es improcedente, se ordenará instruirla como juicio."
"Artículo 239-C. La parte que estime contradictoria, ambigua u oscura una sentencia definitiva del Tribunal Fiscal de la Federación, podrá promover por una sola vez su aclaración dentro de los 10 días siguientes a aquél en que surta efectos su notificación.
La instancia deberá señalar la parte de la sentencia cuya aclaración se solicita e interponerse ante la sala o sección que dictó la sentencia, la que deberá resolver en un plazo de cinco días siguientes a la fecha en que fue interpuesto, sin que pueda variar la sustancia de la sentencia. La aclaración no admite recurso alguno y se reputará parte de la sentencia recurrida y su interposición interrumpe el término para su impugnación."
"Artículo 240. Las partes podrán formular excitativa de justicia ante el presidente del tribunal, si el magistrado responsable no formula el proyecto respectivo dentro del plazo señalado en este código."
"Artículo 241. Recibida la excitativa de justicia, el presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, solicitará informe al magistrado responsable que corresponda, quien deberá rendirlo en el plazo de cinco días. El presidente dará cuenta al pleno y si éste encuentra fundada la excitativa, otorgará un plazo que no excederá de 15 días para que el magistrado formule el proyecto respectivo. Si el mismo no cumpliere con dicha obligación, será sustituido en los términos de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación.
En el supuesto de que la excitativa se promueva por no haberse dictado sentencia, a pesar de existir el proyecto del magistrado responsable, el informe a que se refiere el párrafo anterior se pedirá al presidente de la sala o sección respectiva, para que lo rinda en el plazo de tres días y en el caso de que el pleno considere fundada la excitativa, concederá un plazo de 10 días a la sala o sección para que dicte la sentencia y si ésta no lo hace, se podrá sustituir a los magistrados renuentes o cambiar de sección.
Cuando un magistrado en dos ocasiones hubiere sido sustituido conforme a este precepto, el presidente del tribunal podrá poner el hecho en conocimiento del Presidente de la República."
"Artículo 242. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio o aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la sala o sección respectiva, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate."
"Artículo 243. Interpuesto el recurso a que se refiere el artículo anterior, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de 15 días, para que exprese lo que a su derecho convenga y sin más trámite dará cuenta a la sala para que resuelva en el término de cinco días. El magistrado que haya dictado el acuerdo recurrido no podrá excusarse."
SECCION SEGUNDA
De la apelación
"Artículo 245. Las autoridades podrán apelar ante la sala superior, las sentencias definitivas que dicten las salas regionales, así como aquellas que decreten o nieguen sobreseimientos, siempre que el asunto se encuentre en alguno de los siguientes casos:
I. Sea de cuantía que, a la fecha de presentación del recurso, exceda de 200 veces el salario mínimo general vigente del área geográfica del Distrito Federal, elevado al año.
II. Sea de importancia y trascendencia acreditadas.
III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de importancia y trascendencia a juicio del superior jerárquico central o regional de la autoridad que se encargó de la defensa del asunto en la primera instancia.
IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
V. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo.
No serán apelables las sentencias cuando la nulidad se derive de la aplicación de una jurisprudencia del Poder Judicial Federal.
La apelante también podrá impugnar las violaciones procesales que trasciendan al sentido de la sentencia apelada.
En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cuando la sentencia de primera instancia afecte los intereses jurídicos de ambas partes y sea apelada por la autoridad, también podrá ser apelada por los particulares conforme a lo señalado en el siguiente artículo. Si no procede la apelación de las autoridades tampoco procederá la de los particulares."
"Artículo 246. Las autoridades interpondrán el recurso por escrito ante la sala superior, dentro de los 20 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la sentencia que se impugna. En el caso de resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el recurso se interpondrá ante la sala superior o ante la sala regional que haya dictado la sentencia definitiva.
Cuando la autoridad que dictó la resolución impugnada en la primera instancia haya sido una autoridad regional o local, la que interponga el recurso deberá ser una autoridad central, excepto en el caso de resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuyo caso podrán interponer el recurso la autoridad central o las autoridades regionales. Cuando dicha autoridad no tenga su sede en el Distrito Federal, deberá tener un representante en esa entidad.
Al recibirse el recurso se mandará correr traslado a la parte contraria por el término de 20 días, para que el particular exponga lo que a su derecho convenga y en su caso, a su vez, apele la parte de la sentencia que lesione su interés jurídico. En este último caso se correrá traslado a las autoridades por un término de 20 días. Vencido dicho término, el magistrado ponente, dentro del plazo de 45 días, formulará el proyecto de resolución que se someterá a las secciones de la sala superior.
Las secciones de la sala superior determinarán si el asunto es de importancia y trascendencia, excepto en el supuesto señalado en la fracción III del artículo 245 de este código y a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados, sin cambiar los hechos y examinar en conjunto los razonamientos expuestos en la demanda, en la contestación, en la sentencia y en la apelación.
La sala superior al resolver el recurso, podrá desecharlo, confirmar la sentencia o modificarla, así como revocarla, para dictar una nueva que la sustituya o para mandar reponer el procedimiento por la sala regional."
"Artículo 247. Los apelantes sólo podrán presentar nuevas pruebas cuando éstas sean supervenientes o relativas a hechos posteriores a la sentencia de primera instancia, que puedan tener influencia en la resolución del recurso. No podrán formular argumentos que cambien los fundamentos de derecho de la resolución impugnada en primera instancia ni presentar conceptos de impugnación diferentes de los señalados en la demanda; sin embargo podrán añadir nuevos argumentos en relación a los mismos conceptos.
Los apelantes deberán acompañar las copias necesarias para el traslado de sus escritos y de sus pruebas; en defecto del primer caso se les prevendrá que las exhiban en cinco días; de no dar cumplimiento se les desechará la apelación. Respecto de las pruebas no habrá prevención y se tendrán por no ofrecidas."
SECCION TERCERA
De la revisión
"Artículo 248. Las resoluciones dictadas en primera instancia por la sala superior, así como aquellas que no puedan ser apelables ante la misma por haberse dictado conforme a jurisprudencia del Poder Judicial Federal, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el tribunal colegiado de circuito competente, mediante escrito que presente ante la sala del tribunal fiscal que haya dictado el fallo, dentro del término de 15 días siguientes al día en que surta efectos su notificación, por violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias; cuando la cuantía del asunto exceda de 200 veces el salario mínimo general diario elevado al año del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de su emisión.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando la cuantía sea inferior a la que corresponda conforme al primer párrafo o sea indeterminada, el recurso procederá cuando el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efecto de la admisión del recurso.
Asimismo, procederá el recurso de revisión cuando, con independencia del monto, se afecte el interés fiscal de la Federación y a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el asunto tenga importancia por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución. También procederá el recurso de revisión con independencia del monto o de la sanción de que se trate, cuando concierna a resoluciones en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
(Se deroga el penúltimo párrafo.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 249. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando el particular interponga amparo directo en contra de una sentencia apelada, la sala responsable hará saber en el informe justificado que se rinde al tribunal colegiado de circuito que no es definitivo, el acto reclamado para los efectos que correspondan. Lo anterior es sin perjuicio del derecho de los particulares para impugnar en amparo directo la resolución dictada en la apelación. En los casos de desechamiento del recurso de apelación se entenderá que la sentencia de primera instancia adquiere definitividad a partir de la notificación de aquél."
"Artículo 253. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para que se puedan efectuar las notificaciones por transmisión facsimilar se requiere que la parte que así lo desee señale su número de telefacsímil y otorgue el acuse de recibo por la misma vía."
"Artículo 256. La notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo también se entenderá legalmente efectuada cuando se lleve a cabo por cualquier medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los actos que se notifiquen."
"Artículo 259. Las tesis sustentadas en las sentencias o en las resoluciones de contradicción de sentencias, aprobadas en el pleno por lo menos por ocho magistrados de la sala superior, constituirán precedente una vez publicados en la revista del Tribunal Fiscal de la Federación.
También constituirán precedente las tesis sustentadas en las sentencias de las secciones de la sala superior siempre que sean aprobadas cuando menos por cuatro de los magistrados integrantes de la sección de que se trate y sean publicadas en la revista del Tribunal Fiscal de la Federación.
Las salas podrán apartarse de los precedentes establecidos por el pleno o las secciones, siempre que en la sentencia expresen las razones por las que se apartan del mismo, debiendo enviar al presidente del tribunal copia de la sentencia."
"Artículo 260. Para fijar jurisprudencia el pleno de la sala superior deberá aprobar tres precedentes en el mismo sentido no interrumpidos por otro en contrario.
También se fijará jurisprudencia por alguna sección de la sala superior, siempre que se aprueben cinco precedentes no interrumpidos por otro en contrario."
"Artículo 261. En el caso de contradicción de sentencias cualquiera de los magistrados del tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron podrán denunciarla ante el presidente del tribunal para que éste la haga del conocimiento del pleno, el cual decidirá cuál tesis debe prevalecer constituyéndose en precedente.
La resolución que pronuncie el pleno del tribunal, en los casos a que este artículo se refiere, sólo tendrá efectos para fijar precedente y no afectará las resoluciones dictadas en los juicios correspondientes."
"Artículo 262. El pleno podrá suspender una jurisprudencia cuando en una sentencia o en una resolución de contradicción de sentencias resuelva en sentido contrario a la tesis de la jurisprudencia. Dicha suspensión deberá publicarse en la revista del tribunal.
Las secciones de la sala superior podrán suspender una jurisprudencia siempre que la sentencia se apruebe por lo menos por cuatro de los magistrados integrantes de la sección, expresando en la sentencia las razones por las que la suspenden y enviando al presidente del tribunal copia de la misma, para que la haga del conocimiento del pleno y se publique la suspensión en la revista del tribunal.
Los magistrados de la sala superior podrán proponer al pleno que suspenda su jurisprudencia cuando haya razones fundadas que lo justifiquen. Las salas regionales también podrán proponer la suspensión expresando al presidente del tribunal los razonamientos que sustenten la propuesta, a fin de que la someta a la consideración del pleno.
La suspensión de una jurisprudencia termina cuando se reitere el criterio en tres precedentes de pleno o cinco de sección, salvo que el origen de la suspensión sea jurisprudencia en contrario del Poder Judicial Federal y éste la cambie. En este caso el presidente del tribunal lo informará al pleno para que éste ordene su publicación." "Artículo 263. Las salas del tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia del tribunal, salvo que ésta contravenga jurisprudencia del Poder Judicial Federal.
Cuando se conozca que una sala del tribunal dictó una sentencia contraviniendo la jurisprudencia, el presidente del tribunal solicitará a los magistrados que hayan votado a favor de dicha sentencia un informe, para que éste lo haga del conocimiento del pleno y una vez confirmado el incumplimiento, el pleno del tribunal los apercibirá. En caso de reincidencia se les aplicará la sanción administrativa que corresponda en los términos de la ley de la materia.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
Artículo quinto. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo cuarto que antecede, se estará a lo siguiente:
I. Para los efectos del artículo 14-A fracción II del Código Fiscal de la Federación, no será necesario que los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto de la sociedad fusionante o de la que hubiera surgido con motivo de una fusión celebrada durante el año de 1995, conserven dicha tenencia accionaria durante un año contado a partir de la fecha en que se hubiera presentado el aviso previsto en la fracción II del citado artículo 14-A vigente al 31 de diciembre de 1995, para que se considere que en los términos de dicho precepto legal no hubo enajenación de los bienes de la fusionada o de las acciones de los accionistas de la misma con motivo de la fusión realizada.
II. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias correspondientes los contribuyentes que tengan derecho a solicitar la devolución de cantidades pagadas indebidamente podrán solicitarlas siempre y cuando se señalen todos los datos, informes y documentos que señale la forma oficial respectiva.
III. Lo dispuesto en el artículo 33-A del Código Fiscal de la Federación entrará en vigor el 1o. de marzo de 1996.
IV. Lo dispuesto en el artículo 36 penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, únicamente se aplicará para resoluciones emitidas a partir del 1o. de enero de 1996.
V. La reforma a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1996, por lo que las instancias o peticiones que se hayan formulado antes de la citada fecha deberán resolverse de conformidad al ordenamiento vigente en 1995.
VI. A partir de la entrada en vigor del presente decreto los recursos administrativos que se interpongan, aun cuando la notificación del acto impugnado se haya realizado antes del 1o. de enero de 1996, se tramitarán y resolverán de conformidad con lo dispuesto por las reformas contenidas en este decreto.
El recurso administrativo que se haya interpuesto hasta el 31 de diciembre de 1995 y se encuentre en trámite se sustanciará de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación vigentes hasta el 31 de diciembre de 1995.
VII. Las cantidades que se contienen en el inciso c de la fracción I y en la fracción V del artículo 82 y la fracción VIII del artículo 84, del Código Fiscal de la Federación, se entienden actualizadas al mes de enero de 1996, debiéndose efectuar las posteriores actualizaciones en el mes de julio de dicho año.
VIII. Los juicios contenciosoadministrativos que se hubieran interpuesto antes del 1o. de enero de 1996 se instruirán de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación vigentes hasta dicha fecha. Si a la fecha en que entren en vigor las presentes reformas hubiere transcurrido el término de un año previsto en el artículo 224 de este Código, se procederá en los términos del segundo párrafo del mismo. Si aún no ha concluido dicho plazo, se esperará a que se complete.
Los recursos que establece el Título Sexto del Código Fiscal de la Federación y la objeción a que se refiere el artículo 228-bis del mismo código, se tramitarán y resolverán en los términos de las disposiciones aplicables a la fecha de su interposición. Tratándose de la queja, ésta se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha en que la sentencia haya quedado firme.
IX. Los contribuyentes autorizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto por las autoridades fiscales para pagar sus créditos fiscales en parcialidades conforme al artículo 66 del código, podrán acogerse al mecanismo de cálculo de las parcialidades previsto en dicho artículo vigente a partir de 1996 por las parcialidades que tengan que pagar a partir de enero de dicho año, siempre que presenten ante las mencionadas autoridades la información necesaria para realizar el desglose de los créditos fiscales a su cargo, de conformidad con las reglas de carácter general que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las parcialidades de enero, febrero y marzo de 1996 se pagarán conforme a la autorización emitida con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. La diferencia entre dichas parcialidades y las que hubieren pagado durante los meses señalados conforme al artículo 66 vigente a partir de 1996 se restará del saldo insoluto al 31 de diciembre de 1995. No procederá la devolución de la diferencia mencionada.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo sexto. Se realizan las modificaciones siguientes a la Ley del Impuesto Sobre la Renta:
I. Se reforman los artículos:
10-A, último párrafo;
12, penúltimo párrafo;
19, fracciones II y III, primer párrafo y el penúltimo párrafo;
19-A, segundo párrafo;
23, último párrafo;
44, fracción IX, inciso a;
46, fracción II, primer párrafo y fracción VI;
51, fracción I, fracción II en su primer párrafo y sus incisos del a al m, y penúltimo párrafo del artículo;
51-A, en su tabla;
52-B, primer párrafo;
52-D, actual tercer párrafo;
55, segundo y sexto párrafos;
57-L, primer párrafo;
57-LL, primer párrafo;
67-G, primer párrafo de la fracción I;
70, fracción III;
74, tercer párrafo;
77, segundo párrafo de la fracción XXII;
98;
100, segundo párrafo;
108, último párrafo;
110, primero y penúltimo párrafos de la fracción I;
119-J, fracción I;
123, fracción I primer párrafo;
126, segundo párrafo de la fracción I y segundo párrafo de la fracción II;
134-A;
151, párrafo primero;
160, último párrafo:
II. Se adicionan:
a. Los artículos:
6o., con un cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno a ser quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, respectivamente;
7o.B, con un antepenúltimo párrafo;
17, con el segundo párrafo a la fracción X;
24, con dos párrafos a la fracción VIII;
52-D, con un tercer, cuarto y sexto párrafos, pasando el actual tercer párrafo a ser quinto;
54-A;
77, con una fracción XXXI;
108, con un segundo párrafo a la fracción IX;
119-M;
119-N;
119-Ñ;
119-O;
126, con el tercer párrafo a la fracción II;
134, con las fracciones III, IV y V y los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto;
137, con el segundo párrafo a la fracción VIII, pasando el actual segundo párrafo a ser tercero;
151, con los párrafos quinto y sexto, pasando a ser los actuales quinto a noveno a ser séptimo a onceavo, respectivamente;
154, con un cuarto párrafo, recorriéndose los demás en su orden;
fracción I, con los párrafos tercero, cuarto y quinto y con un tercer párrafo a la fracción II;
155, con un tercer párrafo:
b. La Sección Tercera del Capítulo VI del Título Cuarto que comprende los artículos 119-M a 119O;
III. Se derogan los artículos:
19-A, penúltimo párrafo;
55, tercero y cuarto párrafos;
57-LL, fracciones I,II y III;
58, segundo párrafo de la fracción VIII;
67-F, fracción III, segundo párrafo. 110, segundo y tercer párrafos de la fracción I;
134, último párrafo de la fracción I y 160, tercero y cuarto párrafos, pasando el quinto a ser tercer párrafo.
Las modificaciones anteriores quedan de la siguiente manera:
"Artículo 6o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando la persona moral que en los términos del párrafo anterior tenga derecho a acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero se escinda, el derecho al acreditamiento le corresponderá exclusivamente a la escindente. Cuando esta última desaparezca lo podrá transmitir a las sociedades escindidas en la proporción en que se dividan el capital con motivo de la escisión, únicamente cuando el impuesto acreditable se hubiera pagado en un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación y se cumpla con los requisitos establecidos en el mismo para su aplicación.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 7o.-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El componente inflacionario de los créditos o deudas de los que deriven intereses moratorios, de los créditos, préstamos o deudas, de los que deriven intereses, ganancia o pérdida cambiaria, que se acumulen o deduzcan en los términos de los artículos 17 fracción X segundo párrafo, 24 fracción VIII tercer párrafo, 108 fracción IX segundo párrafo y 134 segundo párrafo de esta ley, se calculará hasta el mes en que dichos intereses, ganancia o pérdida cambiaria, se acumulen o deduzcan, multiplicando el monto de los créditos o deudas respectivos por el factor de ajuste correspondiente al periodo en que se causaron dichos intereses o se obtuvo la ganancia o la pérdida cambiaria.
El componente inflacionario que resulte se sumara al componente inflacionario de los demás créditos o deudas, según se trate, correspondiente al del mes en que se acumulen o deduzcan los referidos intereses, ganancia o pérdida cambiaria.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 10-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En cada uno de los ejercicios en que se efectúe el acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior, la utilidad fiscal neta calculada en los términos del artículo 124 de esta ley, se disminuirá con la cantidad que resulte de restar a la utilidad por la que se acreditó el impuesto, el impuesto acreditado en el ejercicio, para los efectos del precepto referido."
"Artículo 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de la escisión de sociedades efectuarán pagos provisionales a partir del mes en que ocurra la escisión, considerando el coeficiente de utilidad de la sociedad escindente para el ejercicio de que se trate. El coeficiente a que se refiere este párrafo también se utilizará para los efectos del último párrafo de la fracción I de este artículo.
En el ejercicio en que se lleve a cabo la escisión las sociedades escindidas realizarán pagos provisionales en forma trimestral únicamente si la escindente los efectuaba de dicha manera con anterioridad a la escisión. La sociedad escindente considerará como pagos provisionales efectivamente enterados con anterioridad a la escisión, la totalidad de dichos pagos que hubiera efectuado en el ejercicio en que ocurrió la escisión y no se podrán asignar a las sociedades escindidas aun cuando la escindente desaparezca.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 17.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El componente inflacionario de los créditos de los que deriven los intereses moratorios que se acumulen en los términos del artículo 16 fracción IV de esta ley se determinará en los términos del antepenúltimo párrafo del artículo 7o.B de esta ley, hasta el mes en que dichos intereses se acumulen."
"Artículo 19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. El monto original ajustado de las acciones se determinará sumando al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones que tenga el contribuyente de la misma persona moral, la diferencia que resulte de restar al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que en los términos del artículo 124 de esta ley tenga la persona moral emisora a la fecha de la enajenación de las acciones, el saldo que dicha cuenta tenía a la fecha de adquisición, cuando el primero de los saldos sea mayor, en la parte que corresponda a las acciones que tenga el contribuyente adquiridas en la misma fecha.
Cuando el segundo de los saldos mencionados sea mayor que el saldo señalado en primer término, la diferencia se restará al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones que se enajenan.
Para los efectos de determinar la diferencia a que se refiere el párrafo anterior, los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta que la persona moral emisora de las acciones que se enajenan hubiera tenido a las fechas de adquisición y de enajenación de las acciones, se deberán actualizar por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización previa a la fecha de la adquisición o de la enajenación, según se trate y hasta el mes en que se enajenen las acciones.
Cuando la diferencia entre los saldos actualizados de la cuenta de utilidad fiscal neta de la persona moral emisora, que en los términos de esta fracción se deba restar al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones que se enajenan, fuera mayor que el referido costo comprobado, el excedente formará parte de la ganancia.
III. La actualización del costo comprobado de adquisición de las acciones, se efectuará por el periodo comprendido desde el mes de su adquisición hasta el mes en que se enajenen.
Tratándose de acciones emitidas por personas morales residentes en el extranjero, para determinar el costo promedio por acción a que se refiere este artículo, se considerará como monto original ajustado de las acciones, el costo comprobado de adquisición de las mismas, actualizado en los términos de la fracción III de este artículo.
Se considera costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por las sociedades escindidas, el que se derive del costo promedio por acción que tenían las acciones canjeadas de la escindente por cada accionista a la fecha de dicho acto y como fecha de adquisición la del canje.
El costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por la sociedad fusionante, o la que surja como consecuencia de la fusión, será el que se derive del costo promedio por acción que hubieran tenido las acciones que se canjearon por cada accionista y la fecha de adquisición la del canje.
En el caso de fusión o escisión de sociedades, las acciones que adquieran las sociedades fusionantes o las escindidas como parte de los bienes transmitidos, tendrán como costo comprobado de adquisión el costo promedio por acción que tenían en las sociedades fusionadas o escindente, al momento de la fusión o escisión.
En el caso de enajenación de acciones de sociedades de inversión comunes, el monto original ajustado de las acciones, se determinará sumando al costo comprobado de adquisición de las acciones, los dividendos o utilidades actualizados que la sociedad de inversión hubiera percibido a partir de la fecha de adquisición de las acciones y restando la suma de los dividendos o utilidades actualizados que la referida sociedad de inversión hubiera pagado también a partir de esa fecha, en la parte que corresponda a las acciones que tenga el contribuyente. Unicamente se considerarán los dividendos o utilidades percibidos o pagados a partir del 1o. de enero de 1984.
Cuando el importe de los dividendos o utilidades actualizados pagados que se deba restar en los términos de este párrafo, fuera mayor que la suma del costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones y de los dividendos o utilidades actualizados percibidos, la diferencia resultante formará parte de la ganancia.
Los dividendos o utilidades se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que la sociedad de inversión los percibió o pagó y hasta el mes en que se enajenen las acciones.
Las sociedades emisoras deberán proporcionar a los socios que lo soliciten, constancia con la información necesaria para determinar los ajustes a que se refiere este artículo. Tratándose de acciones inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios, la sociedad emisora de las acciones, independientemente de la obligación de dar constancia a los accionistas, deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades fiscales.
"Artículo 19-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las acciones propiedad del contribuyente por las que ya se hubiera calculado el costo promedio tendrán como costo comprobado de adquisición en enajenaciones subsecuentes, el costo promedio por acción determinado conforme al cálculo efectuado en la enajenación inmediata anterior de acciones de la misma persona moral.
En este caso se considerará como fecha de adquisición de las acciones, para efectos de la actualización del costo comprobado, el mes en que se hubiera efectuado la enajenación inmediata anterior de acciones de la misma persona moral y para determinar la diferencia de saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere la fracción II del artículo 19 de esta ley, se considerará como saldo de la referida cuenta a la fecha de adquisición, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que hubiera correspondido a la fecha de la enajenación inmediata anterior de las acciones de la misma persona moral.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga el penúltimo párrafo.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para los efectos del párrafo anterior el gasto promedio se determinará dividiendo la utilidad obtenida en el ejercicio por la empresa en todos sus establecimientos antes del pago del impuesto sobre la renta, entre el total de ingresos percibidos en el mismo ejercicio; el cociente se restará de la unidad y el resultado será el factor de gasto aplicable a los ingresos atribuibles al establecimiento en México. Cuando en el ejercicio la totalidad de los ingresos de la empresa sean menores a la totalidad de los gastos de todos sus establecimientos, el factor de gasto aplicable a los ingresos será igual a 1.00."
"Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o realización de gastos o cuando las inversiones o gastos se efectúen a crédito y para los efectos de esta ley dichas inversiones o gastos no sean deducibles o lo sean parcialmente, los intereses que se deriven de los capitales tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, sólo serán deducibles en la misma proporción en que las inversiones o gastos lo sean.
Tratándose de los intereses derivados de los préstamos a que se refiere la fracción III del artículo 134 de esta ley, así como los intereses moratorios derivados del incumplimiento de obligaciones, excepto cuando estos últimos provengan de operaciones contratadas con personas físicas que no realicen actividades empresariales, con residentes en el extranjero o con las personas morales comprendidas en el Título Tercero de esta ley, se deducirán hasta que se paguen en efectivo, en bienes o en servicios.
El componente inflacionario de las deudas de las que derivan dichos intereses, se determinará de conformidad con lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 7o.B de esta ley, hasta el mes en que dichos intereses se deduzcan.
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"Artículo 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Para semovientes, vegetales, máquinas registradoras de comprobación fiscal y equipos electrónicos de registro fiscal.
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"Artículo 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Las inversiones de automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de $150,000.00 siempre que sean automóviles utilitarios.
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III a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Las inversiones en cada película cinematográfica, en cuyo caso dicha deducción se efectuará por los productores aplicando el importe total de los ingresos obtenidos por su exhibición o explotación. Si transcurridos tres ejercicios a partir de la fecha en que se inició la exhibición o la explotación no hubiera quedado deducida la inversión, el remanente se deducirá por partes iguales en los dos ejercicios siguientes.
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"Artículo 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Los por cientos por tipo de bien serán:
a) Tratándose de construcciones:
1. Ochenta y cinco por ciento en el caso de inmuebles declarados o catalogados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes, que cuenten con el certificado de restauración expedido por la autoridad competente y siempre que dichos bienes se encuentren dentro de las zonas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine para tal efecto, mediante reglas de carácter general.
2. Setenta y cuatro por ciento en los demás casos.
b) Setenta y ocho por ciento para ferrocarriles, carros de ferrocarril, locomotoras y embarcaciones.
c) Noventa y tres por ciento tratándose de aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.
d) Noventa y cuatro punto cuatro por ciento tratándose de dados, troqueles, moldes, matrices y herramental, así como equipo destinado directamente a la investigación de nuevos productos de desarrollo de tecnología en el país.
e) Noventa y siete por ciento para semovientes, vegetales, máquinas registradoras de comprobación fiscal y equipos electrónicos de registro fiscal, así como equipo destinado a prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento de las disposiciones legales respectivas y equipo destinado para la conversión a consumo de gas natural.
f) Noventa y cuatro por ciento para equipo de cómputo electrónico, consistente en una máquina o grupo de máquinas interconectadas conteniendo unidades de entrada, almacenamiento, computación, control y unidades de salida, usando circuitos electrónicos en los elementos principales para ejecutar operaciones aritméticas o lógicas en forma automática por medio de instrucciones programadas, almacenadas internamente o controladas externamente, así como para el equipo periférico de dicho equipo de cómputo, tal como: unidades de discos ópticos, impresoras, lectores ópticos, graficadores, unidades de respaldo, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo, así como monitores y teclados conectados a un equipo de cómputo.
II. Los por cientos aplicables para maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior son los siguientes:
a) Ochenta y cinco por ciento para producción de energía eléctrica y su distribución y para transportes eléctricos.
b) Setenta y cuatro por ciento para molienda de grano; producción de azúcar y derivados; de aceites comestibles; transportación marítima; fluvial y lacustre.
c) Setenta y ocho por ciento para producción de metal, obtenido en primer proceso; productos de tabaco y derivados de carbón natural.
d) Ochenta por ciento para fabricación de pulpa, papel y productos similares; petróleo y gas natural.
e) Ochentay dos por ciento para fabricación de vehículos de motor y sus partes; construcción de ferrocarriles y navíos; fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; producción de alimentos y bebidas; excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados.
f) Ochenta y cuatro por ciento para curtido de piel y fabricación de artículos de piel; de productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; de productos de caucho y de productos plásticos; impresión y públicación.
g) Ochenta y seis por ciento para la fabricación de ropa, fabricación de productos textiles, acabado, teñido y estampado.
h) Ochenta y siete por ciento para la construcción de aeronaves.
i) Noventa por ciento para compañías de transmisión por radio y televisión.
j) Noventa y tres por ciento para la industria de la construcción.
k) Noventa y tres por ciento para actividades de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura.
l) Ochenta y cinco por ciento para otras actividades no especificadas en esta fracción.
m) Noventa y dos por ciento para el destinado a restaurantes.
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La opción a que se refiere este artículo sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, las que serán determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general.
En caso de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y dentro de las áreas metropolitanas y de influencia antes mencionadas, la opción a que se refiere este artículo sólo podrá ejercerse cuando se trate de contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 7 millones de pesos; que el valor de sus activos en el ejercicio determinado en los términos de la Ley del Impuesto al Activo no exceda de 14 millones de pesos.
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"Artículo 52-B. Los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país deberán pagar el impuesto a la tasa del 15% por los ingresos por intereses que perciban del capital que coloquen o inviertan en el país, sin deducción alguna. Cuando los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país estén situados en un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación, se pagará el impuesto a la tasa de 4.9% o, cuando así se prevea en el tratado correspondiente, a una tasa menor.
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"Artículo 52-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando el monto de las reservas preventivas globales que se constituyan o incrementen sea superior al límite del 2.5% mencionado, el excedente se podrá deducir en ejercicios posteriores hasta agotarlo, siempre que esta deducción y la del ejercicio no excedan del 2.5% citado.
El excedente de las reservas preventivas globales que se puede deducir en ejercicios posteriores, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de cierre del ejercicio al que corresponde y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en que el excedente se deducirá.
Cuando el saldo acumulado de las reservas preventivas globales que, de conformidad con las disposiciones fiscales o las que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tengan las instituciones de crédito al 31 de diciembre del ejercicio de que se trate, sea menor que el saldo acumulado actualizado de las citadas reservas que se hubiera tenido al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, la diferencia se considerará ingreso acumulable en el ejercicio.
El saldo acumulado se actualizará por el periodo comprendido desde el último mes del ejercicio inmediato anterior hasta el último mes del ejercicio. En este caso, se podrá disminuir de este ingreso acumulable, hasta agotarlo, el excedente actualizado de las reservas preventivas globales pendiente de deducir, siempre que no se haya deducido con anterioridad en los términos de este artículo.
El monto total de los castigos de créditos que ordene o autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberá cargarse hasta donde alcance a la reserva preventiva global y el excedente, si lo hubiera, sólo podrá deducirse en el ejercicio de liquidación.
El saldo promedio anual de la cartera de créditos del ejercicio a que se refiere este artículo, será el que se obtenga de dividir la suma de los saldos diarios del ejercicio de la cartera de créditos, entre el número de días del ejercicio.
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"Artículo 54-A. Los contribuyentes que hubieran adquirido por dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria, inmuebles, certificados de vivienda o derechos de fideicomitente o de fideicomisario que recaigan sobre inmuebles, cuando el enajenante hubiera quedado exento en los términos de la fracción XXXI del artículo 77 de esta ley, no podrán deducir conforme al artículo 22 de la propia ley esas adquisiciones, debiendo determinar la ganancia obtenida o la pérdida sufrida en la enajenación que realicen de dichos bienes, restando al ingreso que obtengan por su enajenación el costo comprobado de adquisición que le correspondía a la persona física que le hubiera enajenado el bien, el cual se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que el bien fue adquirido por la persona física que lo enajenó por dación en pago o adjudicación y la fecha en que dicho bien sea enajenado a un tercero por quien lo recibió en pago o por adjudicación.
El costo comprobado de adquisición que se podrá ajustar en los términos del párrafo anterior, se determinará conforme a lo siguiente:
I. Se restará del costo comprobado de adquisición que le hubiera correspondido a la persona física que dio el bien en pago o que lo enajenó por adjudicación, la parte correspondiente al terreno y el resultado será el costo de construcción. Cuando no se pueda efectuar esta separación se considerará como costo del terreno el 20% del total.
II. El costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición por la persona física que dio el bien en pago o que lo enajenó por adjudicación y la de enajenación del bien a un tercero distinto de quien lo recibo en pago o por adjudicación, en ningún caso dicho costo será inferior al 20% del costo inicial.
Las mejoras o adaptaciones al inmueble de que se trate, que hubieren implicado inversiones deducibles, deberán sujetarse al mismo tratamiento."
"Artículo 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes.
(Se derogan el tercer y cuarto párrafos.)
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Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de acutalización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió, hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicio anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará.
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"Artículo 57-L. En los casos en que la sociedad controladora ejerza la opción de consolidar, deberá valuar sus acciones incorporando a su utilidad o pérdida fiscal, la parte proporcional que le corresponda de la utilidad fiscal incrementada con la participación de utilidades a los trabajadores deducida en los términos de la fracción III del artículo 25 de esta ley o de la pérdida fiscal, disminuida, en su caso, con el impuesto sobre la renta sin incluir el que se pagó en los términos del artículo 10-A, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, que corresponda, por las acciones de sociedades residentes en el país en que la sociedad controladora y las controladas tengan la propiedad no menor del 25% ni mayor del 50% de las acciones con derecho a voto de aquellas sociedades, considerando el promedio por día que corresponda al ejercicio.
Se podrá efectuar la valuación en los términos de este artículo a las acciones de las sociedades a que se refiere la fracción II del artículo 57-D de esta ley, siempre que la sociedad controladora y las controladas tengan el 25% o más de las acciones con derecho a voto de las sociedades mencionadas. Lo dispuesto en este párrafo no se aplica a los casos previstos en el artículo 57-C de esta ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 57-LL. Para determinar la ganancia en la enajenación de acciones emitidas por sociedades que tengan o hayan tenido el carácter de controladoras, los contribuyentes calcularán el costo promedio por acción de las que enajenen, considerando para los ejercicios en que aquéllas determinaron resultado fiscal consolidado los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, a que se refiere el artículo 57-H de esta ley.
I. (Se deroga.)
II. (Se deroga.)
III. (Se deroga.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga el segundo párrafo.)
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"Artículo 67-F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga el segundo párrafo.)
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"Artículo 67-G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Considerarán el capital contable actualizado que expresen en el estado de posición financiera formulado a la fecha en que dejen de pagar el impuesto conforme al régimen simplificado, adicionándole cualquier provisión no deducible conforme a esta ley, pendiente de pago a dicha fecha y cuyo desembolso no corresponda al ejercicio a partir del cual dejen de tributar conforme al régimen simplificado, a excepción de las provisiones creadas para el pago del propio impuesto del ejercicio.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 70.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como los organismos que las reúnan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando las personas tengan deudas o créditos en moneda extranjera y obtengan ganancia cambiaria derivada de la fluctuación de dicha moneda, considerarán como ingreso la ganancia determinada conforme a lo previsto en el artículo 134 de esta ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XXII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los dividendos, intereses, así como a cualquier cantidad derivada de rescates o vencimientos que paguen las instituciones de seguros a los asegurados, a sus beneficiarios o a otra persona, cuando dichos pagos provengan de un contrato de seguro que haya sido pagado por el empleador en favor de sus trabajadores. En el caso de que el trabajador haya pagado parte de la prima del contrato de seguro, sólo se pagará el impuesto sobre la parte de los dividendos, intereses o de las cantidades derivadas de rescates o vencimientos que no correspondan al porcentaje de la prima pagada por el trabajador.
XXIII a XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXXI. Los derivados de la enajenación de inmuebles, certificados de vivienda, derechos de fideicomitente o fideicomisario que recaigan sobre inmuebles, que realicen los contribuyentes como dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria a contribuyentes que por disposición legal no puedan conservar la propiedad de dichos bienes.
En estos casos el adquirente deberá manifestar en el documento que se levante ante fedatario público y en el que conste la enajenación, su conformidad en determinar la utilidad que obtenga por la enajenación subsecuente que haga del bien de que se trate, considerando como fecha de adquisición del mismo y como monto original de la inversión, el que le hubiera correspondido a la persona física que enajenó el bien en los términos de esta fracción.
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"Artículo 98. El costo de adquisición será igual a la contraprestación que se haya pagado para adquirir el bien, sin incluir los intereses ni las erogaciones a que se refiere el artículo anterior; cuando el bien se adquirió a título gratuito o por fusión o escisión de sociedades, se estará a lo dispuesto por el artículo 100 de esta ley."
"Artículo 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de fusión o escisión de sociedades, considerarán como costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas como consecuencia de la fusión o escisión, el costo promedio por acción que correspondió a las acciones de las sociedades fusionadas o escindente, al momento de la fusión o escisión."
"Artículo 108.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratándose de los intereses derivados de los préstamos a que se refiere la fracción III del artículo 134 de esta ley, así como de los intereses moratorios derivados del incumplimiento de obligaciones, excepto cuando estos últimos provengan de operaciones contratadas con personas físicas que no realicen actividades empresariales, con residentes en el extranjero o con las personas morales comprendidas en el Título Tercero de esta ley, se deducirán hasta que se paguen en efectivo, en bienes o en servicios.
El componente inflacionario de las deudas de las que deriven dichos intereses, se determinará de conformidad con lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 7o.B de esta ley, hasta el mes en que dichos intereses se deduzcan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las deducciones por inversiones, compras o adquisiciones, gastos y por cualquier otro concepto, las determinarán en los términos del Capítulo II del Título Segundo de esta ley."
"Artículo 110.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes.
(Se derogan el segundo y tercer párrafos.)
Para los efectos de esta fracción el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió, hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará.
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"Artículo 119-J. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Considerarán el capital contable actualizado que expresen en el estado de posición financiera formulado a la fecha en que dejen de pagar el impuesto conforme al régimen simplificado a las actividades empresariales o reduzcan su capital, adicionándole cualquier provisión no deducible conforme a esta ley, pendiente de pago a dicha fecha y cuyo desembolso no corresponda al ejercicio a partir del cual dejen de tributar conforme al citado régimen, a excepción de las provisiones creadas para el pago del propio impuesto del ejercicio.
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TITULO CUARTO
CAPITULO VI
SECCION TERCERA
De las personas que realicen operaciones exclusivamente con el público en general
"Artículo 119-M. Las personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general, siempre que en el año de calendario anterior hayan obtenido ingresos por estas actividades y tenido o utilizado activos que no excedan, respectivamente, de una cantidad equivalente a 77 y 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, en lugar de aplicar lo dispuesto en las secciones primera o segunda de este capítulo, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta que se cause por sus actividades empresariales, en los términos establecidos en esta sección.
Los contribuyentes que inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta sección cuando los ingresos que obtenga y los activos que utilicen en el ejercicio no excedan de los límites a que se refiere el párrafo anterior.
Cuando el contribuyente con anterioridad a la fecha en que ejerza la opción a que se refiere el primer párrafo de este artículo hubiera venido pagando el impuesto conforme a las secciones primera o segunda de este capítulo, deberá conservar la contabilidad que llevaba hasta la fecha en que ejerza la referida opción, por el plazo previsto en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación."
"Artículo 119-N. Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de esta sección calcularán el impuesto que les corresponda en los términos de la misma, aplicando el 2.5% al total de los ingresos que obtengan por su actividad empresarial sin deducción alguna.
Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 2.94 el impuesto sobre la renta que resulte a cargo del contribuyente."
"Artículo 119-Ñ. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes:
I. Solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes.
II. Presentar aviso a más tardar el 31 de marzo del ejercicio en el que comiencen a pagar el impuesto conforme a esta sección o en los 15 días siguientes al inicio de operaciones, asimismo cuando dejen de pagar el impuesto conforme a la misma deberán presentar aviso ante la autoridad administradora que corresponda dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se dé dicho supuesto, mismo que surtirá sus efectos a partir del mes siguiente a aquél en que se presente.
Una vez ejercida la opción mediante la presentación del aviso a que se refiere esta fracción, se considerará que el contribuyente la continúa ejerciendo hasta en tanto no presente aviso a la misma autoridad señalando que cambia su opción o deje de estar en los supuestos para ejercerla. Cuando el contribuyente que hubiera optado por ejercer la opción prevista en este artículo presente aviso para dejar de ejercerla, en ningún caso podrá volver a ejercerla posteriormente.
III. Conservar los comprobantes de las adquisiciones que efectúen, mismos que deben reunir requisitos fiscales de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal de la Federación.
IV. Presentar declaraciones cuatrimestrales en los meses de mayo, septiembre y enero en las que determinarán el impuesto causado en el cuatrimestre anterior, mismo que tendrá el carácter de definitivo.
V. No realizar actividades mediante asociación en participación.
Los contribuyentes que habiendo ejercido la opción prevista en esta sección la cambien, a partir de la fecha del cambio de opción deberán cumplir las obligaciones previstas en las fracciones II a VIII del artículo 112 ó 119I de esta ley, según sea el caso.
Los contribuyentes que paguen el impuesto en los términos de esta sección se considera que cambian su opción para pagar el impuesto en los términos de las secciones primera o segunda de este capítulo, cuando expidan comprobantes de los ingresos que obtengan en sus actividades empresariales, en los que se consigne el nombre, denominación o razón social y domicilio de la persona a favor de quien se expidan o trasladen en dichos comprobantes el impuesto al valor agregado en forma expresa o por separado del precio del bien enajenado o del servicio prestado."
"Artículo 119-O. Los contribuyentes que en los términos del artículo anterior hubieran cambiado su opción o ya no reúnan los requisitos para tributar en esta sección, pagarán el impuesto conforme a las secciones primera o segunda de este capítulo y considerarán como fecha de inicio del ejercicio para efectos del pago del impuesto conforme a dichas secciones aquélla en que se dé dicho supuesto.
Los pagos provisionales que les corresponda efectuar en el primer ejercicio conforme a la Sección Primera, cuando hubieran optado por pagar el impuesto en los términos de la misma, los podrán efectuar aplicando al total de sus ingresos del periodo sin deducción alguna el 2.5% o bien considerando como coeficiente de utilidad el que corresponda a su actividad preponderante en los términos del artículo 62 de esta ley.
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo a partir de la fecha en que comiencen a tributar en la Sección Primera podrán deducir las inversiones realizadas durante el tiempo que estuvieron tributando en la presente sección.
Tratándose de bienes de activo fijo a que se refiere el párrafo anterior, la inversión pendiente de deducir se determinará restando al monto original de la inversión la cantidad que resulte de multiplicar dicho monto por la suma de los por cientos máximos autorizados por esta ley para deducir la inversión de que se trate, que correspondan a los ejercicios en los que el contribuyente haya tenido dichos activos." En el primer ejercicio que paguen el impuesto conforme a la Sección Primera de este capítulo, al monto original de la inversión de los bienes se le aplicará el por ciento que señale la ley para el bien de que se trate, en la proporción que representen, respecto de todo el ejercicio, los meses transcurridos a partir de que se pague el impuesto conforme a la Sección Primera."
"Artículo 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del contribuyente expedido a nombre del accionista o a través de transferencias de fondos reguladas por el Banco de México.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratándose de los títulos de crédito a que se refiere el artículo 125 fracción III de esta ley, que se enajenen con intervención de instituciones de crédito o casas de bolsa, el impuesto se retendrá por dichas instituciones de crédito o casas de bolsa y será del 20% sobre los primeros 10 puntos porcentuales.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratándose de los títulos de crédito a que se refiere el artículo 125 fracción III de esta ley denominados en unidades de inversión que se enajenen con intervención de instituciones de crédito o casas de bolsa, el impuesto se retendrá por dichas instituciones de crédito o casas de bolsa y será del 15% sobre los intereses que se paguen.
Los intermediarios financieros a que se refiere el párrafo anterior no estarán obligados a efectuar la retención cuando los títulos mencionados se depositen en una institución de crédito o casa de bolsa distinta de la que intervino en su adquisición o en una institución para el depósito de valores a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, para su custodia y administración, siempre que proporcionen a estas últimas la información que establezca el reglamento de esta ley para que estas instituciones o casas de bolsa efectúen la retención del impuesto por los ingresos que se deriven de dichos títulos, en cuyo caso quienes paguen los ingresos no estarán obligados a efectuar la retención.
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"Artículo 134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga el último párrafo.)
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Cuando provengan de créditos o prestamos otorgados a residentes en México, serán acumulables cuando se cobren en efectivo, en bienes o en servicios.
IV. Cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero o de créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero, serán acumulables conforme se devenguen.
V. Tratándose de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión no será acumulable el ajuste que se realice al principal, siempre que se cumpla con las condiciones que, en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
El monto de los intereses y la ganancia cambiaria acumulables que se perciban en los términos de este artículo, se determinará de conformidad con lo previsto en el artículo 7o.B de esta ley. En el caso de la fracción III de este artículo el componente inflacionario de los créditos o deudas de los que derivan los intereses y ganancia cambiaria, se calculará en los términos del antepenúltimo párrafo del citado artículo 7o.B, hasta el mes, inclusive, en que dichos intereses se acumulen.
Los intereses que se deriven de los créditos, deudas u operaciones a que se refiere la fracción V de este artículo, serán acumulables sin ajuste alguno.
Cuando el contribuyente tenga pérdida cambiaria o inflacionaria en el ejercicio, la misma podrá disminuirse de la ganancia cambiaria o de los intereses acumulables que perciba en los términos de este capítulo en los cinco ejercicios posteriores a aquél en que hubiera sufrido la perdida.
Si el contribuyente no disminuye en un ejercicio la pérdida cambiaria o la perdida inflacionaria, de otros ejercicios, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado.
Para los efectos de este capítulo el monto de la pérdida cambiaria o inflacionaria obtenida y no disminuida en un ejercicio se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se obtuvo, hasta el último mes del mismo ejercicio.
La parte de la pérdida cambiaria o inflacionaria de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de disminuir contra los intereses o la ganancia cambiaria, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del ejercicio en que se actualizó por última vez y hasta el mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se aplicará."
"Artículo 134-A. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el artículo 134 de esta ley, por los mismos efectuarán dos pagos provisionales semestrales a cuenta del impuesto anual excepto por los comprendidos en la fracción IV del citado artículo, dichos pagos se enterarán en los meses de julio del mismo ejercicio y enero del año siguiente a aquél en que termine el segundo semestre, aplicando a los ingresos acumulables obtenidos en el semestre, la tarifa que se determine tomando como base la tarifa del artículo 80 de la ley citada, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses comprendidos en el semestre por el que se efectúa el pago, pudiendo acreditar en su caso, contra el impuesto a cargo, las retenciones que les hubieran efectuado en el periodo de que se trate. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este párrafo y publicará la tarifa correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.
Cuando los ingresos a que se refiere este artículo se obtengan por pagos que efectúen las personas a que se refieren los títulos segundo, segundo A y tercero de esta ley, dichas personas deberán retener como pago provisional el 35% sobre el monto de los intereses y la ganancia cambiaria acumulables.
Las personas que hagan la retención en los términos de este artículo deberán proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención.
Dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 80 de la propia ley."
"Artículo 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o realización de gastos o cuando las inversiones o gastos se efectúen a crédito y dichas inversiones o gastos no sean deducibles para los efectos de esta ley, los intereses que se deriven de los capitales tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, tampoco serán deducibles. Si las inversiones o gastos fueran parcialmente deducibles, los intereses sólo serán deducibles en esa proporción, incluso los determinados conforme a lo previsto en el artículo 7o-.B de esta ley.
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"Artículo 151. Tratándose de la enajenación de acciones o de títulos valor que representen la propiedad de bienes, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra ubicada en territorio nacional, cuando sea residente en México la persona que los haya emitido o cuando el valor contable de dichas acciones o títulos valor provenga en más de un 50% de bienes inmuebles ubicados en el país.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refieren los párrafos anteriores deberán presentar un dictamen formulado por contador público registrado ante las autoridades fiscales conforme a las reglas que señale el reglamento de esta ley, en el que se indique que el cálculo del impuesto está de acuerdo con las disposiciones fiscales.
Cuando el contador público no dé cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se hará acreedor de las sanciones previstas en el Código Fiscal de Federación.
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para los efectos de este artículo se le dará el tratamiento de intereses a la ganancia derivada de los derechos de crédito, que sean a favor de residentes en México o establecimientos permanentes o bases fijas de residentes en el extranjero, adquiridos por residentes en el extranjero.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la retención del impuesto por los intereses obtenidos de los títulos de crédito mencionados en el artículo 125 de la presente ley que se enajenen con la intervención de las instituciones de crédito o casas de bolsa, se efectuará por dichas instituciones de crédito o casas de bolsa. En este caso, el emisor de dichos títulos quedará liberado de efectuar la retención.
Los intermediarios financieros a que se refiere el párrafo anterior no estarán obligados a efectuar la retención antes referida, cuando los títulos mencionados se depositen en una institución de crédito o casa de bolsa, distinta de la que intervino en su adquisición o en una institución para el depósito de valores a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, para su custodia y administración, siempre que proporcionen a estos últimos la información que establezca el reglamento de esta ley para que estas instituciones o casas de bolsa efectúen la retención del impuesto por los ingresos que se deriven de dichos títulos, en cuyo caso, quienes paguen los ingresos no estarán obligados a efectuar la retención.
Los intereses a que se refiere esta fracción podrán estar sujetos a una tasa de 4.9%, siempre que los beneficiarios efectivos sean residentes de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación y se cumplan los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los intereses a que se refiere esta fracción, podrán estar sujetos a una tasa de 10%, siempre que los beneficiarios efectivos sean residentes de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación y se cumplan los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses.
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La tasa a que se refiere el párrafo anterior podrá ser de 10%, siempre que el beneficiario efectivo de los intereses sea residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación y se cumplan los requisitos previstos en dicho tratado para tratar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses."
"Artículo 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga el tercer y cuarto párrafos.)
El representante a que se refiere este artículo dará aviso de su designación a las autoridades fiscales dentro de los 15 días siguientes a la misma. Cuando en este título esté previsto que haya representante y exhiba copia de su designación y del aviso a que se refiere este párrafo, el retenedor quedará liberado de efectuar la retención cuando el aviso de designación se realice en tiempo."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo séptimo. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo sexto que antecede, se estará a lo siguiente:
I. Para los efectos de la fracción II y último párrafo del artículo 19 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir del 1o. de enero de 1996, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada o el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, relativa a los ejercicios comprendidos entre el 1o. de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1988, según corresponda, se determinará aplicando para cada año de que se trate lo dispuesto por los artículos 57-LL y 124 de la citada ley y el procedimiento previsto en las fracciones I y II del artículo decimoprimero de las disposiciones transitorias de la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que adiciona la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1989 y de las fracciones VI y VIII del artículo decimoprimero de las disposiciones transitorias de la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que reforma otras leyes federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1990. Cuando las acciones se hubieran adquirido antes del 1o. de enero de 1975, se considerará que el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de adquisición de las acciones que la empresa emisora tuvo fue 0%.
Cuando se trate de acciones de sociedades que paguen el impuesto sobre la renta en los términos del Título Segundo A de la ley de la materia, que por alguno de los ejercicios comprendidos en el periodo del 1o. de enero de 1975 al 31 de diciembre de 1988, hubieran determinado su impuesto conforme a bases especiales de tributación, el monto original ajustado de las acciones se determinará sumando al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones, el monto actualizado de la diferencia que resulte de disminuir a las utilidades que en el ejercicio de que se trate se hubieran tomado como base para el reparto de utilidades a sus trabajadores, el impuesto sobre la renta pagado en el ejercicio y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.
Este monto y el costo comprobado de adquisición se actualizarán desde el último mes del ejercicio en que se obtuvieron y adquirieron y hasta el mes en que se enajenen las acciones.
II. Los contribuyentes que con anterioridad al 1o. de enero de 1995 hubieran ejercido la opción prevista en el artículo 51 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuando enajenen los bienes a los que la aplicaron, los pierdan o dejen de ser útiles, calcularán la deducción que por los mismos les corresponde en los términos de la fracción III del artículo 51A de dicha ley, aplicando los porcentajes contenidos en la tabla establecida para la mencionada fracción III del artículo 51-A vigente a la fecha en que ejercieron la opción.
III. El monto de las reservas preventivas globales que las instituciones de crédito hayan constituido o incrementado en el ejercicio de 1995 de conformidad con las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que excedan al 2.5% del saldo promedio anual de la cartera de créditos de dicho ejercicio, se podrá deducir a partir del ejercicio de 1996, en los términos previstos por el artículo 52-D de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir del 1o. de enero de 1996.
IV. Para los efectos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 55 y la fracción I del artículo 110 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir del 1o. de enero de 1996, las pérdidas fiscales que podrán disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes a aquél en que ocurrieron, en los términos de las disposiciones fiscales señaladas, serán las ocurridas a partir del ejercicio de 1991.
V. Para los efectos de lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 134 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir del 1o. de enero de 1996, la pérdida cambiara o inflacionaria que podrá deducirse de los intereses acumulables o ganancia cambiara que el contribuyente perciba en los términos del Capítulo X del Título Cuarto de dicha ley, en los cinco ejercicios posteriores a aquél en que hubiera sufrido la pérdida, únicamente serán las que se originen a partir del 1o. de enero de 1996.
VI. Para efectos de lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 77 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el año de 1996 la tasa de interés será de 10%.
VII. Las cantidades previstas en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 46 y el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que se reforma a partir del 1o. de enero de 1996, ya se encuentran actualizadas para el mes de enero de 1996.
VIII. Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 57-L de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el método de valuación señalado en dicho precepto, no se incluirán las utilidades distribuidas a que se refería la fracción II del artículo 19 de dicha ley, vigente al 31 de diciembre de 1995.
IX. Los intereses moratorios devengados con anterioridad al 1o. de enero de 1996, que antes de dicha fecha hubieran sido acumulados o deducidos, según sea el caso, por los contribuyentes para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; no serán acumulables ni deducibles en los términos de los artículos 16 fracción IV, 24 fracción VIII y 108 fracción IX de dicha ley vigente a partir del 1o. de enero 1996, cuando se cobren o se paguen en efectivo, en bienes o en servicios, según sea el caso o en la fecha en que se expida el comprobante, lo que ocurra primero.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Artículo octavo. Se realizan las modificaciones siguientes a la Ley del Impuesto al Valor Agregado:
I. Se reforman los artículos:
2o.- A fracción I, inciso b;
4o. penúltimo párrafo;
15 fracción XII, inciso c;
17 cuarto párrafo;
31;
32 primer párrafo y fracción III segundo párrafo y 41 fracciones I, II y III.
II. Se adicionan los artículos:
5o., con un tercer párrafo, pasando los actuales tercero, cuarto y quinto párrafos a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente:
15, con una fracción XV;
17, con un quinto párrafo;
18-A; 19, con un segundo párrafo;
29, con una fracción VII y 41, con un último párrafo.
III. Se deroga el artículo:
2o.B.
Las modificaciones anteriores quedan de la siguiente manera:
"Artículo 2o-.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:
1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral, los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias.
2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos.
3. Caviar, salmón ahumado y angulas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 2o.-B. (Se deroga.)"
"Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I a III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes de este impuesto y no podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión de sociedades el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando esta última desaparezca se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 14A del Código Fiscal de la Federación.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 5o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Las sociedades escindidas efectuarán los pagos provisionales en el primer ejercicio siguiente a la escisión, en los mismos plazos en que la sociedad escindente los realizaba en el ejercicio en que se escindió. En el caso de la sociedad que surja con motivo de una fusión, ésta efectuará los pagos provisionales en el primer ejercicio siguiente a la fusión, en los mismos plazos en que los realizaba la sociedad que desaparezca; cuando sean varias las sociedades que desaparezcan, los pagos los efectuará en los plazos en que los efectuaba la sociedad que le hubiera aportado activos en mayor cuantía.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I a XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
c) Cámaras de Comercio e Industria agrupaciones agricola, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como organismos que las reúnan.
XIII y XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
XV. Los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laboratorios y estudios clínicos, que presten los organismos descentralizados de la administración pública federal o del Distrito Federal o de los gobiernos estatales o municipales.
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"Artículo 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de servicios personales independientes, así como en el caso de los servicios de suministro de agua y de recolección de basura proporcionados por el Distrito Federal, estados, municipios, organismos descentralizados, así como por concesionarios, permisionarios y autorizados para proporcionar dichos servicios, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento que se paguen las contraprestaciones a favor de quien los preste y sobre el monto de cada una de ellas.
Tratándose de los intereses moratorios derivados del incumplimiento de obligaciones, excepto cuando provengan de operaciones contratadas con personas físicas que no realicen actividades empresariales, con residentes en el extranjero o con personas morales comprendidas en el Título Tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que se expida el comprobante por los mismos en el que se traslade el impuesto en forma expresa y por separado o cuando se perciban en efectivo, en bienes o en servicios, lo que ocurra primero."
"Artículo 18-A. Se considerará como valor para los efectos del cálculo del impuesto, el valor real de los intereses devengados cuando éstos deriven de créditos relacionados con actos o actividades gravados por esta ley otorgados por las instituciones del sistema financiero a que se refiere el artículo 7o.B, fracción III último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; de créditos otorgados a través de contratos de apertura de crédito o cuenta corriente en los que el acreditado o cuentacorrientista pueda disponer del crédito mediante el uso de tarjetas expedidas por el acreedor; de enajenaciones con pago diferido del precio por los que se generen intereses y de operaciones de arrendamiento financiero.
En el caso de las operaciones a que se refiere este artículo, las comisiones que se cobren al deudor, acreditado, cuentacorrientista o arrendatario, por la disposición de dinero en efectivo o por cualquier otro concepto y las penas convencionales, excepto los intereses moratorios, no se considerarán como parte de los intereses devengados.
El valor real de los intereses devengados se determinará conforme a lo siguiente:
I. Cuando la operación de que se trate esté denominada en moneda nacional o extranjera, el valor real de los intereses se calculará aplicando a la base sobre la cual se calcularon los intereses devengados, la tasa real de interés, de conformidad con lo siguiente:
a) La tasa real de interés se calculará restando, a la tasa de interés que corresponda al periodo de que se trate, la inflación del mismo periodo. La inflación se calculará dividiendo el valor de la unidad de inversión determinado por el Banco de México para el último día del periodo, entre el valor de la unidad de inversión para el día inmediato anterior al primer día del periodo y restando del conciente la unidad.
b) Cuando la operación de crédito se encuentre pactada en moneda extranjera, la ganancia cambiaria devengada en el periodo de que se trate, expresada como proporción del saldo promedio del principal en el mismo periodo, se sumará a la tasa de interés correspondiente al mismo periodo. Para expresar la ganancia cambiaria devengada en el periodo de que se trate como proporción del saldo promedio del principal en el mismo periodo, se dividirá aquélla en moneda nacional, entre dicho saldo promedio convertido a moneda nacional al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación, para el primer día del periodo de causación de los intereses.
En el caso de que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado por dicha institución antes de esa fecha. El saldo promedio del principal será la suma de los saldos diarios del principal en el periodo, dividida entre el número de días comprendidos en el mismo periodo de causación.
Cuando en el periodo de causación de los intereses, el resultado de sumar la tasa de interés que corresponda al periodo y la ganancia cambiara devengada en el mismo periodo expresada en los términos del párrafo anterior, sea igual o menor a la inflación del periodo, no se causará el impuesto durante el mencionado periodo.
En el caso de que la tasa de interés que corresponda al periodo esté expresada en por ciento, se deberá dividir entre 100 antes de efectuar la suma y resta, mencionadas en los párrafos anteriores.
II. Cuando las operaciones de que se trate se encuentren denominadas en unidades de inversión, el valor real de los intereses, serán los intereses devengados en el periodo, sin considerar el ajuste que corresponda al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades.
Tratándose de las operaciones a que se refiere este artículo, en las que los periodos de causación de los intereses sean mensuales o menores a un mes y en dichos periodos no se encuentre fijado por el Banco de México el valor de la unidad de inversión para el último día del periodo de causación de los intereses, los contribuyentes considerarán el valor de la unidad de inversión determinado por el Banco de México, para los días correspondientes al periodo inmediato anterior e igual en duración al de causación de los intereses.
En las enajenaciones de bienes con pago diferido del precio y en las operaciones de arrendamiento financiero, en las que en los términos de este artículo se pague el impuesto al valor agregado solamente sobre el valor real de los intereses devengados derivados de dichas operaciones, no se podrá diferir el impuesto sobre el precio de enajenación de los bienes, en los términos del párrafo tercero del artículo 12 de esta ley."
"Artículo 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Se dará el tratamiento que esta ley establece para el uso o goce temporal de bienes, a la prestación del servicio de tiempo compartido."
"Artículo 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
VII. La enajenación de bienes importados temporalmente que hagan las empresas catalogadas como maquiladoras de exportación a otras empresas también catalogadas como maquiladoras de exportación, siempre que dichos bienes no cambien de régimen aduanero.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 31. En los casos en que la ley aduanera establece como importación temporal a la enajenación de bienes realizada por personas residentes en el país a empresas de comercio exterior, a empresas que cuenten con programa de importación temporal para producir artículos de exportación aprobado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o aquellas catalogadas como maquiladoras de exportación, se considera que el enajenante exporta dichos bienes para los efectos de esta ley.
Se consideran empresas de comercio exterior únicamente a aquéllas cuyos bienes terminados que enajenen en México sean en su totalidad importados y los que adquieran en el país se destinen en su totalidad a la exportación."
"Artículo 32. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes:
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
En todo caso los contribuyentes estarán obligados a trasladar el impuesto en forma expresa y por separado en la documentación a que se refiere esta fracción, cuando el adquirente, el prestatario del servicio o quien use o goce temporalmente el bien, así lo solicite. Lo dispuesto en este párrafo no se aplicará tratándose de los contribuyentes a que se refiere el artículo 2o.A de esta ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos ni sobre la producción de bienes cuando por su enajenación deba pagarse dicho impuesto, excepto en la enajenación al consumidor final de automóviles nuevos, así como la prestación de servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido.
Se considera enajenación de automóvil nuevo en la entidad federativa cuando en ella se expida el comprobante que ampare la enajenación de éste y utilización del automóvil por primera vez en territorio nacional después de la importación definitiva, cuando en alguna entidad federativa se autorice, por primera ocasión, el registro o expedición de placas definitivas del automóvil.
Los automóviles a que se refiere esta fracción son los de transporte hasta de 10 pasajeros, los camiones con capacidad de carga hasta de 3 mil 100 kilogramos, incluyendo los tipo panel, así como los remolques y semirremolques tipo vivienda.
Para los efectos de esta fracción, en los servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido, sólo se considerará el albergue sin incluir a los alimentos y demás servicios relacionados con los mismos.
Los impuestos locales o municipales que establezcan las entidades federativas en la enajenación de bienes o prestación de servicios mencionados en esta fracción no se considerarán como valor para calcular el impuesto a que se refiere esta ley.
II. La enajenación de bienes o prestación de servicios cuando una u otras se exporten o sean de los señalados en los artículos 2o.-A y 2o.-C de esta ley.
III. Los bienes que integren el activo o sobre la utilidad o el capital de las empresas, excepto por la tenencia o uso de automóviles, omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, aeronaves, embarcaciones, veleros, esquíes acuáticos motorizados, motocicleta acuática, tabla de oleaje con motor, automóviles eléctricos y motocicletas.
IV a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Para los efectos de este artículo se entiende por automóvil nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador o distribuidor o se utiliza por primera vez en el territorio nacional después de efectuada la importación definitiva."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Artículo noveno. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo octavo que antecede, se estará a lo siguiente:
I. La reforma al artículo 41 entrará en vigor el 1o. de enero de 1997.
II. Durante el año de 1996 se reforman las fracciones I y II al artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar de la siguiente manera:
"Artículo 41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. Los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos ni sobre la producción de bienes cuando por su enajenación deba pagarse dicho impuesto, excepto la prestación de servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido.
Para los efectos de esta fracción, en los servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempo compartido, sólo se considerará el albergue sin incluir a los alimentos y demás servicios relacionados con los mismos.
Los impuestos locales o municipales que establezcan las entidades federativas en la prestación de los servicios mencionados en esta fracción no se considerarán como valor para calcular el impuesto a que se refiere esta ley.
II. La enajenación de bienes o prestación de servicios cuando una u otras se exporten o sean de los señalados en los artículos 2o-.A y 2o.-C de esta ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Los intereses moratorios devengados con anterioridad al 1o. de enero 1996, por los que ya se hubiera causado el impuesto al valor agrgado, ya no causarán el impuesto cuando con posterioridad a la fecha señalada se cobren en efectivo, en bienes o en servicios o se expida el comprobante en el que se traslade en forma expresa y por separado el impuesto, lo que ocurra primero.
IV. Durante el ejercicio de 1996 el impuesto al valor agregado sobre el servicio o suministro de agua para uso doméstico se causará a la tasa del 0%.
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
Artículo décimo. Se reforman, se realizan las siguientes modificaciones a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios:
I. Se reforman los artículos:
2o. fracción I, inciso I;
2o.-A primer párrafo y fracciones II y III;
4o. último párrafo;
4o.-C segundo y tercer párrafos y 11 tercer párrafo.
II. Se adiciona el artículo:
4-A con una fracción IV.
Las modificaciones anteriores quedan de la siguiente manera:
"Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
A) a H). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I) Gasolinas nova y magna sin: La tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos de los artículos 2o.-A y 2o.-B de esta ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
Artículo 2o.-A. La tasa aplicable en cada mes para la enajenación de gasolinas o diesel será la que resulte para cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios conforme a lo siguiente:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. Se multiplicará por el factor de 0.9524 para las gasolinas nova y magna sin, diesel automotriz y diesel sin, por 1.0 para el diesel industrial de alto y bajo azufre y diesel marino, el monto que se obtenga de adicionar a la comisión que haya pagado Petróleos Mexicanos a los expendios autorizados por el combustible de que se trate en el periodo citado, los costos netos de transporte del combustible de la agencia de ventas de que se trate al establecimiento del expendedor incurridos durante dicho periodo, sin incluir, en ambos casos, el impuesto al valor agregado.
III. Se multiplicará por el factor de 0.8658 para gasolinas nova y magna sin, diesel automotriz y diesel sin, por 0.9091 para el diesel industrial de alto y bajo azufre y el diesel marino, el precio de venta al público del combustible de que se trate vigente en la zona geográfica correspondiente en el periodo citado, cuando la enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado de 10%.
Se multiplicará por el factor de 0.8282 para gasolinas nova y magna sin, diesel automotriz y diesel sin, por 0.8696 para el diesel industrial de alto y bajo azufre y el diesel marino, el precio de venta al público del combustible de que se trate vigente en la zona geográfica correspondiente en el periodo citado, cuando la enajenación se realice con la tasa del impuesto al valor agregado de 15%.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes de este impuesto y no podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión de sociedades, el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente cuando esta última desaparezca, se estará en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 14-A del Código Fiscal de la Federación".
"Artículo 4o. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
I a III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
IV. En vehículos de baja velocidad o bajo perfil, que por sus caractéristicas no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas y siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
"Artículo 4o.-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución, serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 20 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 300 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que registren sus operaciones en el cuaderno de entradas y salidas previsto para el régimen simplificado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 600 pesos mensuales.
Las personas morales que podrán solicitar la devolución serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior, no hayan excedido de 20 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de 200 veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a 300 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados sin que exceda en su totalidad de 3 mil pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que registren sus operaciones en el cuaderno de entradas y salidas previsto para el régimen simplificado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 600 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 6 mil pesos mensuales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Los productores de tabacos labrados para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional considerarán como valor de los mismos el precio de venta al detallista. En el caso de exportación definitiva de dichos bienes en los términos de la legislación aduanera, así como en la enajenación de bienes que la citada legislación aduanera establece como importación temporal realizada por personas residentes en el país a empresas de comercio exterior, considerarán el valor que se utilice para los fines del impuesto general de exportación.
Tratándose de la enajenación de los combustibles a que se refieren los incisos I y J de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, los productores o importadores para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes considerarán como valor el precio a que se refiere la fracción I del artículo 2o-.A de esta ley, multiplicado por el factor de 1.05 para gasolinas, diesel automotriz y diesel sin y por 1.0 para el diesel industrial de alto y bajo azufre y diesel marino.
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DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
Artículo decimoprimero. Durante el año de 1996, para efectos del artículo 2o. fracción I inciso H subinciso 2 de esta ley, son cigarros populares sin filtro los que al 1o. de enero de 1996 tengan un precio máximo al público que no exceda de $0.13 por cigarro.
LEY DE COORDINACION FISCAL
Artículo decimosegundo. Se realizan las modificaciones siguientes a la Ley de Coordinación Fiscal:
I. Se reforman los artículos:
2o., primero, cuarto y último párrafos, 2o.-A fracción I, segundo párrafo; y la fracción III,
3o., último párrafo;
4o., primero y quinto párrafos;
7o., primero y quinto párrafos;
8o., primer párrafo;
9o., tercero y cuarto párrafos;
9o.-A;
10-A fracción III y segundo párrafo del propio artículo;
12, último párrafo y 13, segundo párrafo.
II. Se adicionan los artículos:
3o.-A; 9o., quinto párrafo, pasando el actual quinto a ser sexto párrafo:
10-A fracción I incisos f y g.
Las modificaciones anteriores quedan de la siguiente manera:
"Artículo 2o. El fondo general de participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Tampoco se incluirá en la recaudación federal participable los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa ni el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de aquellas entidades que hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de este impuesto, así como la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las entidades federativas en los términos del artículo 3o.-A de esta ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Las entidades federativas que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que hubieran celebrado con la Federación convenios de colaboración administrativa en materia del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, donde se estipule la obligación de llevar un registro estatal vehicular, recibirán como incentivo el 100% de la recaudación que se obtenga por concepto de este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva."
"Artículo 2o.-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cero punto ciento treinta y seis por ciento de la recaudación federal participable, a aquellos municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país.
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II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
III. 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma:
a) El 16.8% se destinará a formar un fondo de fomento municipal.
b) El 83.2% incrementará dicho fondo de fomento municipal y sólo corresponderá a las entidades que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de esta ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
FORMULA
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"Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Los impuestos asignables a que se refiere este artículo, son los impuestos federales sobre tenencia o uso de vehículos y especial sobre producción y servicios, así como el impuesto local sobre automóviles nuevos."
"Artículo 3o.-A. Las entidades federativas adheridas al sistema nacional de coordinación fiscal participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a continuación se mencionan conforme a las proporciones siguientes:
I. El 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes con una graduación alcohólica de hasta 6º alcohol y bebidas alcohólicas.
II. El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados.
Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que represente la enajenación de cada uno de los bienes a que se refiere este artículo en cada entidad federativa, de la enajenación nacional y se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7o. de esta ley.
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la participación que le corresponda al Estado"
"Artículo 4o. Se crea una reserva de contingencia consistente en un monto equivalente al 0.25% de la recaudación federal participable de cada ejercicio. El 90% de dicha reserva será distribuida mensualmente y el 10% restante se entregará al cierre del ejercicio fiscal y se utilizará para apoyar a aquellas entidades cuya participación total en los fondos general y de fomento municipal a que se refieren los artículos 2o. y 2o.A fracción III de esta ley, no alcance el crecimiento experimentado por la recaudación federal participable del año respecto a la de 1990.
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Adicionalmente se crea una reserva de compensación para las entidades federativas que sean afectadas por el cambio en la fórmula de participaciones. Esta reserva se formará con el remanente del 1% de la recaudación federal participable, a la que hace referencia el párrafo siguiente a la fracción III del artículo 2o., así como con el que se deriva de la parte del fondo de fomento municipal, a que se refiere el artículo 2o.A fracción III inciso b de esta ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 7o. El Fondo General de Participaciones se determinará por cada ejercicio fiscal de la Federación, la cual en forma provisional hará un cálculo mensual considerando la recaudación federal participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual forma se procederá con las participaciones a que se refieren los artículos 2o.-A fracciones I y III y 3o.-A de esta ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio las participaciones en el fondo general de participaciones a que se refiere la fracción II del artículo 2o., así como las que se establecen en los artículos 2o.-A fracciones I y III y 3o.-A de esta ley, se calcularán provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la información necesaria para calcular los nuevos coeficientes."
"Artículo 8o. Para los efectos de las participaciones a que esta ley se refiere y de los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa, las entidades, los municipios y la Federación estarán al resultado de la determinación y pago, que hubieren efectuado de créditos fiscales derivados de la aplicación de leyes sobre ingresos federales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 9o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Las entidades y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso, las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.
No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.
El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al sistema nacional de coordinación fiscal podrán celebrar convenios de coordinación en materia de información de finanzas públicas.
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"Artículo 9o.-A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estados y los municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o en su caso, a la realización de obras de infraestructura o de gasto de inversión, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente. La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25% del monto total de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá en partes iguales entre el estado y el municipio correspondiente, destinando el estado al mismo fin estos recursos en cualquiera de los municipios de la entidad."
"Artículo 10.-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) a e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general.
g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
III. Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos ni por el uso o tenencia de anuncios.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales considerando el tipo de actividad a que se dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos del a, al g de la fracción I y la fracción III.
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"Artículo 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de una entidad federativa, ésta podrá reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable, el procedimiento establecido en la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el periódico oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Federación y surtirán sus efectos a partir de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
Artículo decimotercero. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo decimosegundo que antecede, se estará a lo siguiente:
I. Las reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor a partir del 1o. de enero de 1996, con excepción de la reforma al último párrafo del artículo 3o., la cual entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997.
II. El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el último párrafo del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1995 y 1996 se determinará conforme a lo siguiente:
a) Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, ensambladores y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la ley de la materia.
b) A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la fracción anterior; se aplicará la tarifa a que se refiere el artículo 3o. de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, vigente al mes en que se efectuó la enajenación.
Para los estados en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el impuesto asignable para los años de 1995 y 1996 se determinará conforme a este artículo.
III. La reforma al tercer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no será aplicable a la deuda contraída por las entidades federativas y municipios al 31 de diciembre de 1995.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES
Artículo decimocuarto. A partir del 1o. de enero de 1996, queda abrogada la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles del 27 de diciembre de 1979.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
Artículo decimoquinto. Se reforma el artículo 3o. fracción I en su párrafo último, de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, para quedar como sigue:
"Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
TARIFA
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Las cantidades que correspondan a cada uno de los tramos de la tarifa de este artículo, así como las contenidas en el párrafo que antecede, se actualizarán en los meses de enero y julio de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres primeros días de enero y julio de cada año.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
Artículo decimosexto. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo decimoquinto que antecede, se estará a lo siguiente:
I. La reforma al artículo 3o. fracción I entrará en vigor el 1o. de julio de 1996.
II. A partir del 1o. de enero de 1997, queda abrogada la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos del 22 de diciembre de 1979.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS
Artículo decimoséptimo. Se realizan las modificaciones siguientes a la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos:
I. Se reforman los artículos:
1o. sexto y octavo párrafos;
3o. fracción III;
5o. fracciones I y IV;
10;
12;
13 primer párrafo y fracciones I inciso b II y III, inciso b y último párrafo;
14 primer párrafo y fracción II;
14-A, segundo párrafo;
14-B, primer párrafo:
15 fracción II;
16;
16-A primer párrafo, y 17 fracciones I y II.
II Se adicionan:
a. Los artículos:
1o., con un noveno párrafo, conformado con las fracciones I, II y III.
1o.-A;
14-C;
15-B y 16-A con un segundo y tercer párrafos, pasando el actual segundo párrafo a ser cuarto.
b. El Capítulo III-A comprendido con el artículo 15-B.
III. Se derogan los artículos:
5o. fracciones II y III y 17, fracciones III y IV y penúltimo y último párrafos.
Las modificaciones anteriores quedan de la siguiente manera:
"Artículo 1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de aplicación de la ley, se pagará el impuesto correspondiente al año de calendario en que se enajene.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
En caso de que no puedan comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el impuesto a que se refiere esta ley se pagará como si éste fuese nuevo.
Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe después del primer trimestre del año de calendario, el impuesto causado por dicho año se pagará en las siguientes proporciones:
I. El 75%, si la enajenación o importación se efectúa dentro del segundo trimestre del año.
II. El 50%, si la enajenación o importación se efectúa dentro del tercer trimestre del año.
III. El 25%, si la enajenación o importación se efectúa dentro del cuarto trimestre del año." "Artículo 1o.-A. Para efectos de esta ley, se entiende por:
I. Vehículo nuevo:
a) El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador o distribuidor.
b) El importado definitivamente al país que corresponda al año modelo posterior al de aplicación de la ley, al año modelo en que se efectúe la importación o a los 10 años modelos inmediatos anteriores al año de la importación definitiva:
II. Valor total del vehículo, el precio de enajenación del fabricante, ensamblador o distribuidor al consumidor, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se deban cubrir por la enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones."
"Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
III. Las autoridades federales, estatales o municipales competentes, que autoricen el registro de vehículos, matrículas, altas, cambios o bajas de placas o efectúen la renovación de los mismos, sin haberse cerciorado que se haya pagado el impuesto."
"Artículo 5o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de 10 pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la tasa que corresponda conforme a la siguiente
TABLA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los montos de las cantidades establecidas en la tabla a que se refiere esta fracción, se actualizarán en los meses de enero y julio con el factor correspondiente al periodo comprendido desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los tres primeros días de enero y julio de cada año.
II. (Se deroga.)
III. (Se deroga.)
IV. Para automóviles nuevos destinados al transporte de más de 10 pasajeros o efectos cuyo peso vehicular sea menor a 15 toneladas, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el 0.49% al valor total del vehículo. Cuando el peso vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto se calculará multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 1% al valor total del vehículo, por el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto máximo vehicular expresado en toneladas, entre 30. En el caso de que el peso sea mayor de 35 toneladas se tomará como peso bruto máximo vehicular esta cantidad.
Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del vehículo totalmente equipado incluyendo chasis, cabina, carrocería, equipo y carga útil transportable.
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 10. Las autoridades federales, estatales o municipales competentes no autorizarán registros de vehículos, matrículas, altas, bajas o cambio de placas o efectuarán la renovación de los mismos, si el tenedor o usuario del vehículo no comprueba el pago del impuesto o, en su caso, acredita que se encuentra liberado de esta obligación. De no comprobarse que se ha pagado el impuesto, dichas autoridades lo harán del conocimiento de las autoridades fiscales competentes."
"Artículo 12. Tratándose de aeronaves nuevas, el impuesto será la cantidad que resulte de multiplicar el peso de la aeronave adicionado con la carga máxima de despegue a nivel del mar, expresado en toneladas, por la cantidad de 7 mil 313 pesos, para aeronaves de pistón y por la cantidad de 7 mil 877 pesos, para aeronaves de reacción."
"Artículo 13. Tratándose de embarcaciones nuevas, el impuesto se calculará conforme a lo siguiente:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior se multiplicará por la cantidad de 230 pesos; el producto será el impuesto a pagar.
II. Esquí acuático motorizado, motocicleta acuática y tablas de oleaje con motor, el impuesto será la cantidad de $520.00 pesos.
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior se multiplicará por la cantidad de 1 mil 039 pesos; el producto será el impuesto a pagar.
Tratándose de las embarcaciones a que se refieren las fracciones I y III de este artículo, el impuesto que resulte no podrá ser inferior a 66 pesos ni superior a 66 mil, salvo que tratándose de la fracción III el factor sea igual o mayor a 0.2. Las cantidades a que se refiere este párrafo se incrementarán aplicando el factor de actualización a que se refiere el artículo 14-C de esta ley."
"Artículo 14. Tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto se calculará conforme a lo siguiente:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se multiplicará por la cantidad de 1 mil 806 pesos; el producto será el impuesto a pagar."
"Artículo 14-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
TABLA
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El monto de las cuotas establecidas en este artículo se actualizarán con el factor a que se refiere el artículo 14-C de esta ley." "Artículo 14-B. Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, el impuesto será la cantidad que resulte de multiplicar el valor total del automóvil por 0.16%.
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"Artículo 14-C. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 14-A, de esta ley, las cantidades que en los mismos se señalan se actualizarán en el mes de enero de cada año aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de noviembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres primeros días de enero de cada año."
"Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. Los importados temporalmente en los términos de la ley aduanera, salvo las aeronaves y embarcaciones que presten servicios turísticos con fines comerciales, conforme se establece en dicha ley.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
CAPITULO III-A
Vehículos usados
"Artículo 15-B. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor de ajuste. Dicho factor será el que resulte de multiplicar el factor de actualización por el factor que le corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo a la siguiente
El factor de actualización a que se refiere este artículo, será el correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de noviembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de ajuste en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres primeros días de enero de cada año."
"Artículo 16. Las entidades federativas podrán establecer impuestos locales o municipales sobre tenencia o uso de vehículos sin perjuicio de continuar adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal."
"Artículo 16-A. Las entidades federativas que celebren convenio de colaboración administrativa en materia de este impuesto, así como de registro y control estatal vehicular y como consecuencia de ello embarguen precautoriamente vehículos por tenencia ilegal en el país de los mismos, percibirán como incentivo el 100% de dichos vehículos u otros con un valor equivalente, excepto automóviles deportivos y de lujo, una vez que hayan sido adjudicados definitivamente al fisco federal y cause ejecutoria la resolución respectiva. También percibirán el 100% de las multas efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes.
Las entidades federativas percibirán el 95% del producto neto de la enajenación de los vehículos que les hayan sido otorgados en los términos del párrafo anterior, siempre y cuando éstos estén inutilizados permanentemente para la circulación. Dicha enajenación se hará conforme a las reglas de carácter general que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público practique embargo precautorio de más de 10 vehículos que estén documentados indebidamente por las autoridades de dichas entidades durante los últimos 12 meses, la Secretaría hará del conocimiento de la entidad de que se trate la violación específica por ésta descubierta, para que en un plazo de 45 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga.
Transcurrido dicho plazo la propia Secretaría, en su caso, efectuará un descuento en sus incentivos o participaciones por cada vehículo adicional al décimo embargado, por un monto equivalente al 1% de la recaudación promedio mensual del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del año inmediato anterior a aquél en que el incumplimiento sea descubierto por parte de la Secretaría.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. Proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el día 17 de cada mes, la información relativa al precio de enajenación al consumidor de cada unidad vendida en el mes inmediato anterior, a través de dispositivos electromagnéticos procesados en los términos que señale dicha Secretaría mediante disposiciones de carácter general. Los que tengan más de un establecimiento deberán presentar la información a que se refiere esta fracción, haciendo la separación por cada uno de los establecimientos y por cada entidad federativa.
II. Incluir en el documento que ampare la enajenación la clave vehicular que corresponda a la versión enajenada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mediante disposiciones de carácter general la forma en que se deberá integrarse la citada clave.
III. (Se deroga.)
IV. (Se deroga.)
(Se derogan los párrafos penúltimo y último.)"
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS
Artículo decimoctavo. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo decimoséptimo que antecede se estará a lo siguiente:
I. Entrarán en vigor a partir del 1o. de enero de 1996, con excepción de la reforma al artículo 16, la cual entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997.
II. La reforma al artículo 5o. fracción I entrará en vigor el día 1o. de enero de 1996, excepto la reforma al último párrafo de la citada fracción I, la cual entrará en vigor el día 1o. de julio de 1996.
LEY FEDERAL DE DERECHOS
Artículo decimonoveno. Se realizan las modificaciones siguientes de y a la Ley Federal de Derechos:
I. Se reforman:
a. Los artículos:
3o. séptimo párrafo;
4o. séptimo párrafo;
11 fracción V inciso b;
13, fracciones I, II, III y IV;
19-B, primer párrafo;
19-E fracción II, incisos a y b;
20, fracciones II, III y IV;
22 fracción IV incisos d y e;
23, fracciones III y V;
24, fracciones I inciso b, III y V;
25, fracciones III, V inciso d), VII, XI y XIII;
26 fracción V incisos a y b;
29;
29-A;
29-B;
29-C;
29-D;
29-E;
29-F;
29-G, primer párrafo y fracción II;
29-H;
30, fracciones I y II;
32, fracciones I inciso g y II inciso a;
33, primer párrafo, fracción I inciso a subincisos 1, 2, 3, 4 y 6, inciso b, subincisos 1 a 7, fracción II, inciso a, fracción III, inciso a, subinciso 1, inciso b subincisos 1 y 2 y fracciones IV y V;
33-A, primer párrafo y fracciones I, II, III, IV y V;
34, primer párrafo;
35, último párrafo;
45 fracción VI;
49, fracciones II y III;
73-A fracción II, incisos a, b, c y d y último párrafo de la fracción;
75;
83 fracción III;
86-A, fracciones II, IV, V y VI;
90-A fracción I;
90-B, fracciones I y II;
90-H fracción I inciso f;
120, primer párrafo y fracciones I, II, III y IV;
124, fracciones I, II, III y IV;
124-A, primer párrafo, fracción I incisos a y b;
125, fracciones I, II incisos a, g, h, i, j y k y III;
125-A, primer párrafo y fracción I, primer párrafo;
128-C, primer párrafo;
128-F, fracciones I, inciso b y II, inciso c;
153, fracciones I y II;
154, primer párrafo;
155 fracción V primer párrafo;
159, fracciones III, IV, VII incisos a, b, d, e y f, XlV, XV apartados B, F, H, incisos a y b y apartado K, primer párrafo, XVIII;
160, primer párrafo y fracciones II y III;
170, primer y último párrafos;
174-I;
174-J fracción I;
174-Q;
185, fracciones II, III, IV, V, VIII, IX y X;
186, fracciones I, Il, Vl inciso b, VII, VIII incisos a y b, X, incisos a y b, XI, XII, inciso b, XIII, XIV, XV incisos a y b y XXV;
195-D-1;
195-G, primer párrafo, fracción I;
195-H;
195-I;
223 apartado A, fracciones I, II, III y IV, apartado B, fracciones I, II y IV;
224, fracciones III y V, primer párrafo;
231;
231-A;
232 fracción VIII inciso c y actual último párrafo del artículo;
232-A;
236, último párrafo;
236-B;
240 fracción VII;
244-A, primer párrafo y fracciones I, II y III;
278;
279;
280;
281, fracciones I primer párrafo, II y IV incisos a, e y f;
282 fracción I;
282-A, tercer párrafo;
285 fracción III:
b. Las denominaciones del Capítulo V del Título Primero; del Capítulo Vll del Título Primero; la Sección Tercera del Capítulo Vll, integrándose con los artículos 87, 88, 89, 89-A, 89-B y 90 del Título Primero; el Capítulo Xlll y su Sección Cuarta, integrándose con los artículos 194-A, 194-B; 194-C y el actual 195 del Título Primero:
II. Se adicionan:
a. Los artículos:
19-G;
19-H;
22, con una fracción V;
24, con una fracción II;
25, con una fracción XlV;
29G, con una fracción III;
29-I;
29-J;
29-K;
29-L;
33, a la fracción II, el inciso c;
34, con dos últimos párrafos;
50-C;
73-A, fracciones VI y VII;
74-A;
83-A;
86-A, con una fracción VII;
86-B;
86C;
87;
88;
89;
89-A;
89-B;
90;
90-A, con una fracción III;
90-B, con las fracciones III y IV;
120, con una fracción V;
123, a la fracción III, el inciso g;
123-A;
123-B;
123-C;
123-D;
123-E;
123-F;
123-G;
125, a la fracción II, los incisos l y m;
128-F, a la fracción II, el inciso d;
153, con una fracción III;
154, con un apartado D;
155, a la fracción II, un inciso e y las fracciones XVII y XVIII;
159, fracciones II apartado A con un inciso u, Vl con un inciso d, VII con un inciso g y XIX a la XXXII;
160, las fracciones IV y V;
165, con una fracción X;
169-A;
170-A;
170-B;
170-C;
170-D;
170-E;
170-F;
171, con una fracción VI;
171-A;
184, con una fracción XXX;
186 fracción VI con los incisos c y d;
190-B;
190-C;
194-A;
194-B;
194-C;
195-G, con un último párrafo;
195-S;
195-T;
195-U;
195-V;
195-W;
195-X;
200;
200-A;
201;
201-A;
202;
203;
204;
205; pasando al Capítulo III del Título Segundo;
206;
207;
208;
209;
210, pasando al Capítulo IV del Título Segundo;
211, pasando al Capítulo IV del Título Segundo;
213, con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercero;
223, apartado A, fracciones V a IX;
224, fracciones V, con un segundo párrafo y VII;
232, con tres párrafos finales;
240, fracciones V, con un último párrafo y IX;
242-B, fracciones III y IV y un último párrafo;
245-B, fracción II, con un inciso c;
278-A;
282, con las fracciones V y VI:
b. Las secciones Quinta y Sexta del Capítulo I del Título Primero con los artículos 19G, 19H; la Sección Primera Capítulo Xll del Título Primero, con el nombre del "Registro Público de la Propiedad Federal", integrándose con los artículos 190B y 190C, pasando la actual Sección Unica a ser Sección Segunda y el Capítulo XVII y las secciones primera y segunda del Título Primero, integrándose con los artículos 195S a 195X:
III. Se derogan los artículos:
22, de la fracción III, el inciso c;
26, de la fracción V, el inciso c, pasando el actual c a ser inciso b;
33-A, fracciones VI y VII;
37;
79-A;
79-B;
80;
81;
83 fracción I;
86-A, fracciones I y III;
90-F;
90-G;
121, fracciones I y II;
122, de la fracción I, los incisos a y b y fracción II;
123, fracciones I y II;
124 fracción V;
126;
128-B;
128-F, de la fracción II, los incisos a y b;
138 fracción III;
141;
159, fracciones X y XI;
170 fracción II;
175;
232 fracción VI segundo párrafo;
240 fracción III tercer párrafo;
276, último párrafo;
281 fracción IV incisos c y d;
282 fracción II y 285 fracción VI segundo párrafo.
Las modificaciones a que hace referencia el artículo decimonoveno quedan de la siguiente manera:
"Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Las cuotas de los derechos que correspondan a servicios en donde la mayoría de los costos se cubran en moneda extranjera y las de los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación que señale el Congreso de la Unión se incrementarán o disminuirán semestralmente en los meses de enero y julio, en la proporción en que fluctúe en el periodo el valor de la moneda nacional en relación con la extranjera con la que, en su caso, se cubran dichos costos, considerando el tipo de cambio libre a la venta, en billete, del último día hábil del semestre inmediato anterior al de su aplicación, que dé a conocer el Banco de México.
Dichos servicios son los prestados por oficinas de la Federación en el extranjero y por el tránsito internacional de mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
En el supuesto de que el contribuyente no haga la presentación de los comprobantes de pago a que se refiere este artículo en los plazos citados, la dependencia prestadora del servicio dejará de proporcionarlos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Cuando se trate de visitante de negocios o técnicos que sean autorizados por un periodo máximo de 30 días para permanecer en el país.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. Constancia para contraer matrimonio con nacional: $697.61.
II. Certificado para realizar trámites judiciales o administrativos con propósitos de divorcio o de nulidad de matrimonio con nacional mexicano: $536.04.
III. Constancia para realizar trámites de adopción: $536.04.
IV. Permiso para ampliación o cambio de actividad o de empleador: $536.04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 19-B. No se pagará el derecho de publicaciones a que se refiere el artículo anterior, cuando sean ordenadas por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuando obedezcan a actos administrativos de carácter general e interés público.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 19-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) Anual al concesionario o permisionario de un sistema de televisión por cable, señal restringida o satelital, por cada canal, cuyo contenido en su mayoría se produzca en el extranjero: $1,092.00.
b) Al concesionario o permisionario de un sistema de televisión abierta, por cada programa o conjunto de programas de una misma especie y fuente de derechos de explotación comercial, a transmitirse en plazo determinado de tiempo: $109.16.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
SECCION QUINTA
Apostillamiento
"Artículo 19-G. Por el apostillamiento de documentos públicos federales, por cada documento: $220.00."
SECCION SEXTA
Servicios insulares
"Artículo 19-H. Por el estudio de solicitudes de permisos y concesiones, así como por el otorgamiento de permisos por visita turística a territorio insular de jurisdicción federal, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el estudio y trámite de la solicitud de permiso para visita turística al territorio insular: $150.00.
II. Por el estudio y trámite de la solicitud de concesión en territorio insular: $400.00.
III. Por la expedición del permiso de visita turística: $300.00.
IV. Por la expedición de la concesión en territorio insular: $800.00."
"Artículo 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje con validez hasta por un año no comprendidos en la fracción anterior: $120.00.
III. Pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje con validez hasta por cinco años: $310.00.
IV. Pasaportes ordinarios con validez hasta por 10 años: $520.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 22. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
c) (Se deroga.)
d) a h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) a c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Copia certificada de actas del registro civil, por cada una: $40.00.
e) Otros certificados a petición de parte, por cada uno: $190.00.
V. Cotejo de documentos relacionados con servicios consulares, por cada uno: $40.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Por cada testamento público abierto: $900.00.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Por la recepción del testamento ológrafo o público cerrado, por cada uno: $450.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
b) A solicitud de dependencias del Ejecutivo Federal, siempre que lo requieran para algún procedimiento que recaiga en el ámbito de su competencia.
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. Los que soliciten indigentes de nacionalidad mexicana, para su repatriación, la de su familia y sus bienes.
III. Los que soliciten pensionados de nacionalidad mexicana para justificar su situación legal en el país en que residan o para comprobar su existencia física ante las autoridades mexicanas que así lo requieran.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
V. El visado a los permisos de tránsito y certificado de embalsamamiento de cadáveres."
"Artículo 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
III. Por el examen de cada solicitud de permiso a que se refieren las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII: $84.00.
IV. y V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
a) a c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
d) Para los demás casos no señalados en los incisos anteriores: $112.00
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
VII. A cada extranjero para adquirir en territorio nacional fuera de la zona restringida el dominio de tierras, aguas y sus accesiones: $1,645.00.
VIII. a X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
XI. Por la presentación de cada aviso notarial de uso de permiso en la constitución de sociedades o asociaciones y de reformas a sus estatutos: $84.00.
XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
XIII. Por el registro de la adquisición de bienes inmuebles en la zona restringida de territorio nacional por sociedades o asociaciones mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros: $714.00.
XIV. Los no especificados en las fracciones anteriores: $112.00." "Artículo 26.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) Por el estudio y trámite de cada solicitud de certificados: $500.00.
b) Por reposición del documento: $470.20.
c) (Se deroga.)"
"Artículo 29. Las entidades financieras constituidas como banca múltiple, banca de desarrollo, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero que están sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán pagar anualmente el derecho de inspección y vigilancia conforme a las cuotas que resulten de acuerdo con el siguiente procedimiento:
I. Se determinará el monto total de los pasivos correspondientes a cada uno de los sectores mencionados. La comisión mencionada calculará la proporción de participación de cada entidad en el pasivo total del sector al que pertenezca, dividiendo el pasivo de la entidad entre el pasivo total del sector y el cociente se expresará en términos porcentuales.
II. Al monto total de cuotas actualizadas por sector se aplicarán los por cientos determinados para cada entidad conforme a la fracción anterior.
III. El importe determinado conforme a la fracción que antecede no podrá ser inferior a la cuota actualizada del ejercicio inmediato anterior ni a la cuota establecida para las entidades de nueva creación.
IV. Al resultado obtenido conforme a lo señalado en las fracciones II y III que anteceden, a cada entidad, se adicionará la cantidad equivalente a:
a) Uno punto cero al millar del saldo de la cartera de créditos vencida menos el monto de las provisiones preventivas para riesgos crediticios en el caso de instituciones de banca múltiple y banca de desarrollo.
b) Uno punto cero al millar del saldo de la cartera de créditos vencida menos el monto de las estimaciones para castigos de cartera tratándose de arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero que sean subsidiarias de una institución de crédito o que formen parte de un grupo financiero con institución de crédito.
c) Cero punto quince al millar del saldo de la cartera de créditos vencida menos el monto de las estimaciones para castigo de cartera para el caso de las arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero que no se encuentren en el supuesto previsto en el inciso anterior.
El monto de la cartera vencida de las arrendadoras financieras se integrará por la suma las carteras vencidas de arrendamiento financiero y de arrendamiento financiero sindicado con aportaciones, cartera de créditos vencida, rentas y contratos de arrendamiento puro vencidas."
"Artículo 29-A. Los almacenes generales de depósito que están sujetos a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán pagar anualmente el derecho de inspección y vigilancia conforme a las cuotas que resulten de acuerdo con el siguiente procedimiento:
I. Se determinará el monto total de los certificados de depósito en circulación de las entidades de este sector. La comisión mencionada calculará la proporción de participación de cada uno de los almacenes generales de deposito en ese monto dividiendo el importe de los certificados correspondientes a cada entidad entre el monto total de los certificados del sector y el cociente se expresará en términos porcentuales.
II. Al monto total de las cuotas actualizadas de este sector se aplicarán los por cientos determinados para cada almacén general de depósito en términos de la fracción que antecede, el resultado será el importe de los derechos que corresponde pagar a cada entidad.
III. El importe de los derechos determinados conforme a la fracción que antecede no podrá ser inferior a la cuota actualizada de que se trate del ejercicio inmediato anterior ni a la cuota establecida para los almacenes generales de depósito de nueva creación."
"Artículo 29-B. Las casas de cambio que están sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán pagar anualmente el derecho de inspección y vigilancia conforme a las cuotas que resul-ten de acuerdo con el siguiente procedimiento:
I. Se determinará el monto total del capital contable de este sector. La comisión mencionada calculará la proporción de participación de cada una de las casas de cambio en ese monto dividiendo el capital contable de cada entidad entre el total del capital contable del sector y el cociente se expresará en términos porcentuales.
II. Al monto total de cuotas actualizadas de este sector se aplicarán los por cientos determinados para cada casa de cambio en términos de la fracción que antecede; el resultado será el importe de los derechos que corresponde pagar a cada entidad.
III. El importe de los derechos determinados conforme a la fracción que antecede no podrá ser inferior a la cuota actualizada de que se trate del ejercicio inmediato anterior ni a la cuota establecida para las casas de cambio de nueva creación."
"Artículo 29-C. Las sociedades de ahorro y préstamo que están sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán pagar anualmente el derecho de inspección y vigilancia conforme a las cuotas que resulten de acuerdo con el siguiente procedimiento:
I. Se determinará el monto total de los pasivos de este sector. La comisión mencionada calculará la proporción de participación de cada una de las sociedades de ahorro y préstamo en ese monto dividiendo el pasivo de cada entidad entre el pasivo total del sector y el cociente se expresará en términos porcentuales.
II. Al monto total de cuotas actualizadas de este sector se aplicarán los por cientos determinados para cada sociedad de ahorro y préstamo en términos de la fracción que antecede, el resultado será el importe de los derechos que corresponde pagar a cada entidad.
III. El importe de los derechos determinados conforme a la fracción que antecede no podrá ser inferior a la cuota actualizada del ejercicio inmediato anterior ni a la cuota establecida para las sociedades de ahorro y préstamo de nueva creación."
"Artículo 29-D. Las sociedades financieras de objeto limitado que están sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pagarán anualmente el derecho de inspección y vigilancia conforme a la cuota de: $63,000.00."
"Artículo 29-E. Las sociedades controladoras de grupos financieros que están sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pagarán anualmente el derecho de inspección y vigilancia conforme a la cuota equivalente al 0.75 al millar de su capital social más reservas de capital, sin que la cantidad a pagar por este concepto sea inferior a $175,500.00 ni superior a $197,800.00.
Las uniones de crédito, las oficinas de representación de entidades financieras del exterior, el Patronato del Ahorro Nacional, los fondos y fideicomisos, las filiales y subsidiarias, las inmobiliarias bancarias y las empresas de servicios auxiliares o complementarios que están sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán pagar anualmente el derecho de inspección y vigilancia conforme a la cuota actualizada del ejercicio inmediato anterior, sin que la cantidad a pagar por este concepto sea inferior a $15,000.00.
Las sociedades de información crediticia que están sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán pagar anualmente el derecho de inspección y vigilancia conforme a la cuota de: $42,000.00."
"Artículo 29-F. Las entidades financieras de nueva creación que estén sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pagarán el derecho de inspección y vigilancia durante el primer ejercicio fiscal conforme a las siguientes cuotas:
I. Instituciones de banca múltiple y banca de desarrollo: $540,000.00.
II. Sociedades controladoras de grupos financieros: $175,500.00.
III. Sociedades financieras de objeto limitado: $63,000.00.
IV. Sociedades de información crediticia: $42,000.00.
V. Las arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio, sociedades de ahorro y préstamo, filiales y subsidiarias, inmobiliarias bancarias, empresas de servicios auxiliares o complementarios, oficinas de representación de entidades financieras del exterior, fondos y fideicomisos: $15,000.00 En los subsecuentes ejercicios fiscales los derechos se determinarán conforme a las cuotas o los procedimientos de cálculo establecidos para cada sector o entidad de que se trate."
"Artículo 29-G. Los derechos a que se refieren los artículos 29 a 29-J, de esta ley, deberán ser pagados:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. En el caso de sociedades controladoras de grupos financieros, así como auditores externos y peritos valuadores, en el mes de enero de cada año o cuando estos últimos presenten su solicitud de registro.
III. Para el caso de las entidades financieras de nueva creación los derechos se cubrirán el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo establecido en la autorización para el inicio de operaciones y se causarán proporcionalmente a partir de esta fecha hasta la conclusión del ejercicio fiscal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 29-H. Por las actuaciones de intervención gerencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se pagará mensualmente el derecho por intervención gerencial conforme a las siguientes cuotas:
I. Para instituciones de banca múltiple: $415,000.00.
II. Para casas de bolsa: $207.500.00.
III. Para las demás entidades supervisadas, el doble de la cuota que corresponda a la entidad de que se trate como pago mensual por el derecho de inspección y vigilancia o la parte proporcional de la cuota anual cuando el pago sea en otras parcialidades.
El derecho a que se refiere este artículo se causará desde la comunicación formal del inicio de la intervención hasta su conclusión."
"Artículo 29-I. En el caso de fusión de entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el importe de los derechos a pagar por la entidad fusionante o la de nueva creación durante el resto del ejercicio en que se produzca este evento será por la suma de las cuotas que correspondan a las entidades participantes en la fusión."
"Artículo 29-J. Por otros servicios que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, distintos a los establecidos en la Sección Segunda de este capítulo, se pagará el derecho de autorización y registro conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el estudio y trámite de la autorización para operar una unión de crédito, el importe equivalente al 3% del capital social mínimo vigente.
II. Por registro y refrendo anual de registro para auditores externos, la cuota de: $15,000.00.
III. Por el registro y servicios de inspección y vigilancia anual a peritos valuadores: $2,400.00."
"Artículo 29-K. Los montos de los pasivos, carteras vencidas, provisiones preventivas para riesgos crediticios, estimaciones para castigos de cartera, certificados de depósito en circulación y capital contable a que se refieren los artículos 29, 29-A, 29-B y 29-C de esta ley, se determinarán según cifras definitivas más recientes con que cuente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se darán a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el 31 de enero de cada año.
Dicha Secretaría dará a conocer a las entidades de los sectores correspondientes, como facilidad administrativa, el resultado de las operaciones aritméticas previstas en dichos artículos."
"Artículo 29-L. Los ingresos que se obtengan por los derechos a que se refieren las secciones primera y segunda de este capítulo, se destinarán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores."
"Artículo 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. El 80% del presupuesto de gastos de inspección y vigilancia se prorrateará en relación con las primas emitidas de seguro directo y de reaseguro tomado por las instituciones durante los últimos 12 meses anteriores a la fecha de determinación del cálculo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. El 20% restante se dividirá por partes iguales entre todas las instituciones y sociedades mutualistas de seguros.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) a f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
g) Otros títulos suscritos o emitidos por instituciones de crédito y organizaciones auxiliares del crédito, representativos o no de un pasivo a su cargo por clase de valor 0.9 al millar por los primeros $256.717,020.00 y 0.45 al millar por el excedente, en proporción al plazo de vigencia de la emisión.
h) a m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Casas de bolsa y especialistas bursátiles: $529,100.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 33. Por el refrendo anual de las inscripciones en el registro nacional de valores e intermediarios y los servicios de inspección y vigilancia que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las casas de bolsa, especialistas bursátiles y bolsa de valores, así como a los emisores de valores inscritos en el citado registro, se pagará el derecho de refrendo de inscripción, de inspección y vigilancia, conforme a lo siguiente:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
1. Sociedades anónimas con sólo acciones inscritas: 1.20 al millar respecto al capital social más reservas de capital, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $200,000.00.
2. Sociedades anónimas con acciones y obligaciones inscritas pagarán por estas últimas... 0.80 al millar respecto al monto en circulación de la emisión, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $50,000.00.
3. Sociedades anónimas con sólo obligaciones inscritas, sociedades u otras entidades que emitan títulos de crédito y otros documentos que sean objeto de oferta pública o de intermediación en el mercado de valores, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de propiedad o de participación en el capital de personas morales; organismos descentralizados del Gobierno Federal, gobiernos de los estados y municipios, así como organismos o empresas en que participen los mismos: 1.20 al millar respecto al monto en circulación de cada emisión, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $100,000.00.
4. Sociedades de inversión: 0.75 al millar respecto al monto en circulación de cada emisión, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $100,000.00.
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
6. Otros refrendos de inscripción y servicios de inspección y vigilancia distintos a los señalados en este inciso: $33,000.00.
b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
1. Sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito y organizaciones auxiliares del crédito con certificados de aportación patrimonial o acciones inscritas: 1.20 al millar respecto del capital exhibido y reservas de capital, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $200,000.00.
2. Sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, de seguros y de fianzas u organizaciones auxiliares de crédito, emisoras de bonos o de obligaciones: 1.20 al millar respecto al monto en circulación, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $125,000.00.
3. Instituciones de crédito que emitan o intervengan en la emisión de valores de renta fija y que no afecten directamente su pasivo: 0.80 al millar respecto al monto en circulación, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $37,500.00.
4. Instituciones de crédito que emitan o suscriban otros títulos representativos de un pasivo a su cargo, por clase de valor: 0.75 al millar respecto al monto en circulación, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $125,000.00.
5. Organizaciones auxiliares del crédito que emitan o suscriban otros títulos representativos de un pasivo a su cargo, por clase de valor: 0.80 al millar respecto al monto en circulación, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $92,500.00.
6. Instituciones de seguros y fianzas emisoras de acciones: 1.20 al millar respecto del capital exhibido y reservas de capital, sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $200,000.00.
7. Otros refrendos de inscripción distintos a los señalados en este inciso: $37,500.00.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) Especialistas bursátiles: 0.5% respecto de su capital contable excluyendo plusvalía (minusvalía) de su cartera de valores y actualización patrimonial, sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a: $291,037.36.
b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
c) Las casas de bolsa deberán pagar derechos conforme a las cuotas que resulten de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Se determinará el monto total de capital contable de este sector, excluyendo plusvalía (minusvalía) de su cartera de valores y actualización patrimonial. La comisión mencionada calculará la proporción de participación de cada una de las casas de bolsa en ese monto dividiendo el capital contable de cada entidad entre el total del capital contable del sector y el cociente se expresará en términos porcentuales.
2. Al monto total de cuotas actualizadas de este sector se aplicarán los por cientos determinados para cada casa de bolsa en términos del subinciso 1 que antecede; el resultado obtenido será el derecho que corresponde pagar a cada entidad.
3. El importe de los derechos determinados conforme al subinciso que antecede no podrá ser inferior a la cuota actualizada del ejercicio inmediato anterior ni a la cuota establecida para la inscripción de nuevas casas de bolsa.
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
1. Sociedades anónimas emisoras de valores colocadas en el extranjero durante la vigencia de cada emisión: $18,500.00.
b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
1. Organismos descentralizados emisores de valores colocados en el extranjero, durante la vigencia de cada emisión: $18,500.00.
2. Instituciones de crédito emisoras de valores colocados en el extranjero, durante la vigencia de cada emisión: $18,500.00.
IV. Bolsa de Valores, cuota anual por concepto de inspección y vigilancia: 0.75% respecto de su capital contable, excluyendo plusvalía (minusvalía) de su cartera de valores y actualización patrimonial, sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a: $302,020.00.
V. Las certificaciones de las inscripciones, suspensiones, cancelaciones y anotaciones marginales que obren en los legajos del registro y de los demás contenidos en sus apéndices, así como certificaciones de no existir asientos de ninguna especie o de especie determinada sobre valores específicos o correspondientes a algún intermediario y en general, por cualquier certificación, por cada una de ellas: $170.00." "Artículo 33-A. Por los servicios de autorización y de inspección y vigilancia que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se pagará el derecho de autorización y de inspección y vigilancia, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la autorización de valuadores profesionales de activos fijos de sociedades emisoras de valores:
a) a d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Sociedades operadoras de sociedades de inversión comunes y en instrumentos de deuda:
a) a d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
III. Sociedades operadoras de sociedades de inversión de capitales:
a) Por la autorización: $63,226.00.
b) Por la inspección y vigilancia anual: $13,340.00.
IV. Sociedades valuadoras de acciones de sociedades de inversión:
a) Por la autorización: $31,613.00.
b) Por la inspección y vigilancia anual: $100.00 por cada sociedad de inversión a la que valúe sus acciones, sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a: $5,000.00.
V. Instituciones para el depósito de valores, por concepto de inspección y vigilancia anual: 0.75% respecto de su capital contable, excluyendo actualización patrimonial, sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a: $160,071.00.
VI. (Se deroga.)
VII. (Se deroga.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 34. Para el efecto de determinar el monto de los derechos establecidos en esta sección, cuando el cálculo respectivo deba hacerse con base en el capital social y reservas de capital, por el primero se entenderá el monto exhibido y, en su caso, la prima sobre acciones, positivas o negativas y por las segundas, la reserva legal y las demás que por estatutos o voluntariamente haya constituido la asamblea de accionistas como adición al capital y provenientes de las utilidades.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
El número de sociedades de inversión a las que las sociedades previstas en el artículo 33-A fracción IV de esta ley valúen sus acciones, se determinará al 30 de octubre del ejercicio inmediato anterior a aquél en que sea exigible el pago.
El monto total del capital contable de las casas de bolsa a que se refiere el artículo 33 fracción II inciso c de esta ley, se dará a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el 31 de enero de cada año. La misma Secretaría dará a conocer a las casas de bolsa, como facilidad administrativa, las cuotas resultantes de las operaciones aritméticas previstas en el citado artículo."
"Artículo 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Los derechos que se causen por el refrendo anual de la inscripción en el citado registro, así como los derivados de los servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán ser cubiertos en un solo pago que se efectuará dentro del primer bimestre de cada año calendario, excepto en el caso de los derechos a que se refieren los artículos 33 fracciones II inciso a, c, y IV y 33A fracción V, los cuales podrán ser cubiertos en cuatro exhibiciones trimestrales que se efectuarán durante los primeros 10 días naturales de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año.
"Artículo 37. (Se deroga.)
"Artículo 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Aquellas que no sean retiradas por caso fortuito o por fuerza mayor o por causas imputables a la autoridad aduanera, así como por orden de autoridad por causa no imputable al dueño o responsable de la carga.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. Del 1.76 al millar sobre el valor que tengan los bienes, tratándose de la importación temporal de bienes de activo fijo que efectúen las maquiladoras o las empresas que tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o, en su caso, la maquinaria y equipo que se introduzca al territorio nacional para destinarlos al régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados.
III. Tratándose de importaciones temporales de bienes distintos de los señalados en la fracción anterior siempre que sea para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, así como en los retornos respectivos y de la introducción al territorio nacional de bienes distintos a los señalados en la fracción anterior, bajo el régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados, así como en los retornos respectivos: $61.52."
"Artículo 50-C. Por la expedición de la autorización para establecer depósitos fiscales para la venta de mercancías extranjeras y nacionales a pasajeros que salgan del país directamente al extranjero, deberán pagar el derecho de depósitos fiscales equivalente al 5% de los ingresos brutos obtenidos por la venta de dichas mercancías en el mes inmediato anterior, mismo que se deberá enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél en que se obtengan los ingresos."
CAPITULO V
Secretaría de Energía
"Artículo 73-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) Por concepto de muestreo de productos, por las primeras 100 piezas del lote destinado a muestreo: $1,232.20. Si el 10% del valor del lote es inferior a esta cuota, se pagará únicamente la cantidad que resulte de aplicar dicho porcentaje al valor del lote.
b) Por las piezas a muestrear que excedan de las 100 primeras sin que la cuota exceda del 5% sobre el valor del lote destinado a muestreo: $308.04. Si el 5% del valor del lote es inferior a esta cuota, se pagará únicamente la cantidad que resulte de aplicar dicho porcentaje al valor del lote.
c) Cuando el producto no sea susceptible de cuantificarse por pieza analizada sin que esta cuota exceda del 5% del valor del lote de piezas presentado para su certificación: $1,437.57. Si el 5% del valor del lote es inferior a esta cuota, se pagará únicamente la cantidad que resulte de aplicar dicho porcentaje al valor del lote.
d) Por cada modelo o prototipo: $616.08.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratándose de productos que se certifiquen bajo el concepto de familia, se pagará el derecho a que se refiere el párrafo anterior, por cada grupo de uno a cinco modelos o prototipos de la misma familia.
III a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Expedición de copias certificadas del certificado de cumplimiento con norma oficial mexicana, mediante la colocación de olograma de seguridad, por cada hoja tamaño carta u oficio: $15.00.
VII. Por la expedición y reposición de tarjetas de certificación electrónica: $275.00."
"Artículo 74-A. Por la expedición de certificados de cupo de importación a solicitud del interesado, se pagará el derecho de certificados de cupo, conforme a las siguientes cuotas:
I. Expedición de certificado de cupo de importación: $347.07.
II. Modificación de certificado de cupo de importación: $347.07.
No se pagará el derecho a que se refiere este artículo, cuando se trate de certificados de cupo de importación de bienes para el abasto popular y la salud, solicitados por las entidades de la administración pública y organismos públicos descentralizados de la Federación, entidades federativas, municipios o que se obtengan a través de licitación pública, así como los importados al amparo del Tratado de Montevideo celebrado en 1980.
Asimismo, no se pagará el derecho a que se refiere este artículo para los certificados de cupo de importación de bienes donados del extranjero a organismos públicos del país para su empleo en actividades públicas, así como cuando exista convenio internacional del que México sea parte y en virtud del cual no deban cobrarse los derechos a que se refiere este artículo."
"Artículo 75. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma del pago del derecho de permiso de importación o del certificado de cupo de importación a que se refieren, respectivamente, los artículos 74 y 74-A de la presente ley, respecto de las importaciones que realice el sector público, así como las reglas para determinar el valor de las mercancías."
"Artículo 79-A. (Se deroga.)"
"Artículo 79-B. (Se deroga.)"
"Artículo 80. (Se deroga.)"
"Artículo 81. (Se deroga.)"
CAPITULO VII
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
"Artículo 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. (Se deroga.)
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
III. Por estudio y tramitación de cada solicitud de inscripción de los cambios que se efectúen en los títulos de concesión, asignación o permiso y autorización, así como de los padrones de usuarios distintos de los señalados en la fracción II de este artículo, por cada uno: $37.72.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 83-A. No pagarán los derechos a que se refieren los artículos 82 y 82-A, fracciones II, III y V del presente capítulo, los usuarios de aguas nacionales que se dediquen a actividades agropecuarias por el agua que utilicen para este fin y para satisfacer las necesidades domésticas."
"Artículo 86-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. (Se deroga.)
II. Por la certificación fitosanitaria de viveros, invernaderos, laboratorios de micropropagación, industrializadoras y empacadoras de productos regulados, despepitadoras de algodón, beneficiadoras de café, unidades de tratamiento hidrotérmico para mango, empresas de tratamiento cuarentenarios, centros de acopio de granos y semilla reguladas: $200.00.
III. (Se deroga.)
IV. Por cada certificado fitosanitario para la movilización nacional de productos y subproductos vegetales sujetos a regulación fitosanitaria: $50.00.
V. Por cada certificado fitosanitario internacional para la exportación de productos y subproductos vegetales: $100.00.
VI. Expedición del certificado fitosanitario para la importación de vegetales, sus productos y subproductos: $171.00.
VII. Expedición del certificado fitosanitario y zoosanitario para la importación de animales, sus productos y sus subproductos: $342.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 86-B. Por la certificación de empresas que realicen actividades en materia de plaguicidas agrícolas, se pagará por cada establecimiento el derecho de sanidad fitopecuaria, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la certificación fitosanitaria de empresas dedicadas a la fabricación, formulación o maquila, formulación por maquila e importación de plaguicida agrícola: $3,491.00.
II. Por la certificación fitosanitaria de empresas dedicadas a la comercialización, aplicación y distribución de plaguicidas agrícolas: $1,255.00.
Por la renovación o modificación del certificado de empresas a que se refieren las fracciones I y II que anteceden, se pagará el 50% de la cuota correspondiente."
"Artículo 86-C. Por los servicios técnicos que soliciten las empresas que realicen actividades en materia de plaguicidas agrícolas, se pagará el derecho de sanidad fitopecuaria, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el dictamen técnico de efectividad biológica de plaguicidas agrícolas: $500.00.
II. Por la certificación de estudios para el establecimiento de límites máximos de residuos: $5.000.00.
III. Por el certificado fitosanitario de liberación al medio ambiente de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética: $1,000.00."
SECCION TERCERA
Certificación y protección del obtentor de variedades vegetales
"Artículo 87. Por los servicios que se presten al obtentor de variedades vegetales, se pagará el derecho del obtentor, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el trámite de solicitud de protección de derechos del obtentor: $1,000.00.
II. Por la expedición del título definitivo: $2,000.00.
III. Por reconocimiento del derecho de prioridad: $250.00.
IV. Por cambio de denominación: $500.00.
V. Por evaluación de la variedad:
a) Primer periodo 1. Para el grupo A: $3,000.00.
2. Para el grupo B: $2,000.00.
3. Para el grupo C: $1,500.00.
b) Segundo y subsecuentes 1. Para el grupo A: $2,500.00.
2. Para el grupo B: $1,500.00.
3. Para el grupo C: $1,000.00."
"Artículo 88. Por los servicios de registro de actos jurídicos relacionados con el obtentor de variedades vegetales, se pagará el derecho del obtentor, conforme las siguientes cuotas:
I. Por el registro de sucesión de los derechos de protección: $350.00.
II. Por cada copia certificada del título: $100.00.
III. Por el registro de la renuncia al derecho: $500.00.
IV. Por la revisión de título: $100.00.
V. Por las correcciones por causa imputable al usuario: $65.00."
Artículo 89. Por el refrendo anual del título de protección de los derechos del obtentor de variedades vegetales, se pagará el derecho del obtentor, conforme a las siguientes cuotas:
"Artículo 89-A. Para los efectos de esta sección se entenderá que se encuentran comprendidos en el grupo "A" a los cereales y papas; en el grupo "B" a las oleaginosas, forrajeros, hortalizas y ornamentales y en el grupo "C" a las frutales, forestales, arbustos y árboles ornamentales y todos aquellos vegetales no incluidos en los grupos "A" o "B"."
"Artículo 89-B. Se pagará el 50% del monto del derecho correspondiente a que se refiere esta sección, cuando los servicios sean prestados a instituciones de enseñanza e investigación, públicas o propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación."
"Artículo 90. Por los servicios de certificación sobre producción de semillas, se pagará el derecho de certificación de semilla conforme a lo siguiente:
I. Por la expedición de certificado de origen para exportación, por cada uno: $85.00.
II. Por la expedición de certificados de calidad, por etiqueta: $0.30.
III. Por la autorización a personas físicas o morales como organismos de certificados de semillas:
a) Autorización: $1,500.00.
c) Por refrendo anual: $1,000.00."
"Artículo 90-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. Plaguicidas:
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
III. Fertilizantes:
a) Productos técnicos: $1,000.00.
b) Productos formulados: $500.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 90-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. Explotación, elaboración, fabricación, formulación, mezclado, acondicionamiento, envasado o importación de plaguicidas: $3,079.74.
II. Almacenamiento, comercialización, distribución y aplicación de plaguicidas: $1,026.56.
III. Explotación, elaboración, fabricación, formulación, mezclado, acondicionamiento, envasado o importación de fertilizantes: $500.00.
IV. Almacenamiento, comercialización, distribución y aplicación de fertilizantes: $200.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 90-F. (Se deroga.)"
"Artículo 90-G. (Se deroga.)"
"Artículo 90-H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) a e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
f) De zoológicos, aviarios, herpetarios, circos y espectáculos de fauna silvestre: $77.97.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 120. Por el otorgamiento del permiso para el establecimiento y explotación de comercializadoras de servicios de telecomunicaciones y por el registro para la prestación de servicios de valor agregado, así como para modificaciones a permisos otorgados con anterioridad a la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se pagará conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el estudio de la solicitud para el otorgamiento del permiso a comercializadoras: $1,026.59.
II. Por el otorgamiento del permiso: $4,106.39.
III. Por el registro de servicios de valor agregado: $6,000.00.
IV. Por cada modificación o ampliación de servicios sujetos a permiso o registro: $2,053.20.
V. Por el registro de servicios de facsímil, por cada equipo terminal: $129.96."
"Artículo 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. (Se deroga.)
II. (Se deroga.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) (Se deroga.)
b) (Se deroga.)
c) y d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. (Se deroga.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. (Se deroga.)
II. (Se deroga.)
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) a f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
g) Ampliación del sistema de otra población: $3,000.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 123-A. Por el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación de una banda de frecuencias en el territorio nacional, salvo el espectro de uso libre y el de uso oficial, independientemente de las contraprestaciones ofrecidas conforme el artículo 14 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se pagará el derecho de telecomunicaciones conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el estudio de la solicitud y de la documentación inherente a la misma: $2.000.00.
II. Por el estudio de los requisitos técnicos, administrativos y legales que se fijen al seleccionado para la continuación del trámite concesionario: $3,000.00.
III. Por la expedición del título de concesión: $5,000.00.
IV. Por cada estudio de solicitud y de documentación inherente a la misma:
a) Modificación en el uso, aprovechamiento o explotación de la banda de frecuencias: $2,500.00.
b) Cambio de representante o apoderado después del primeramente aceptado: $1,000.00.
c) Cambio en la titularidad de las concesiones: $10,000.00.
d) Por el estudio de la solicitud de refrendo de la concesión: $2,500.00.
e) Por la expedición del título de refrendo de la concesión: $2,500.00."
"Artículo 123-B. Por el otorgamiento de concesiones para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, se pagará el derecho de telecomunicaciones conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el estudio de la solicitud y de la documentación inherente a la misma: $3,000.00.
II. Por el estudio de los requisitos técnicos, administrativos y legales que se fijen al seleccionado para la continuación del trámite concesionario: $5,000.00.
III. Por la expedición del título de concesión: $10,000.00.
IV. Por cada estudio de solicitud y de documentación inherente a la misma:
a) Modificación a la red: $2,500.00.
b) Cambio de representante o apoderado, después del primeramente aceptado: $1,000.00.
c) Cambio en la titularidad de las concesiones: $10,000.00.
d) Ampliación de la red a otra población: $5,000.00.
e) Por el estudio de la solicitud del refrendo de la concesión: $5,000.00.
f) Por la expedición del título de refrendo de la concesión: $5,000.00."
"Artículo 123-C. Por el otorgamiento de concesiones para ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país y explotar sus respectivas bandas de frecuencia se pagará el derecho de telecomunicaciones conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el estudio de la solicitud y de la documentación inherente a la misma: $2,000.00.
II. Por el estudio de los requisitos técnicos, administrativos y legales que se fijen al seleccionado para la continuación del trámite concesionario: $3,000.00.
III. Por la expedición de la concesión: $5,000.00.
IV. Por cada estudio de solicitud y de documentación inherente a la misma:
a) Cambio de representante o apoderado después del primeramente aceptado: $1,000.00.
b) Cambio en la titularidad de las concesiones: $10,000.00.
c) Por cada estudio de la solicitud del refrendo de la concesión: $2,500.00.
d) Por la expedición del título de refrendo de la concesión: $2,500.00."
"Artículo 123-D. Por el otorgamiento de concesiones para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional se pagará el derecho de telecomunicaciones conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el estudio de la solicitud y de la documentación inherente a la misma: $3,000.00.
II. Por el estudio de los requisitos técnicos, administrativos y legales que se fijen al seleccionado para la continuación del trámite concesionario: $5,000.00.
III. Por la expedición de la concesión: $10,000.00.
IV. Por cada estudio de solicitud y de documentación inherente a la misma:
a) Cambio de representante o apoderado, después del primeramente aceptado: $1,000.00.
b) Cambio en la titularidad de las concesiones: $10,000.00.
c) Por cada estudio de la solicitud del refrendo de la concesión: $5,000.00.
d) Por la expedición del título de refrendo de la concesión: $5,000.00."
"Artículo 123-E. Por el otorgamiento de permisos para establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de red pública se pagará el derecho de telecomunicaciones conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el estudio de la solicitud y de la documentación inherente a la misma: $2,500.00.
II. Por el estudio de los requisitos técnicos, administrativos y legales que se fijen al seleccionado para la continuación del trámite del permiso: $2,500.00.
III. Por la expedición del título de permiso: $5,000.00.
IV. Por cada estudio de solicitud y de documentación inherente a la misma:
a) Cambio de representante o apoderado, después del primeramente aceptado: $1,000.00.
b) Cambio en la titularidad de los permisos: $5,000.00.
c) Por el estudio de la solicitud del refrendo del permiso: $2,500.00.
d) Por la expedición del título de refrendo de la concesión: $2,500.00."
"Artículo 123-F. Por el otorgamiento de permisos para instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras se pagará el derecho de telecomunicaciones conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el estudio de la solicitud y de la documentación inherente a la misma: $1,000.00.
II. Por el estudio de los requisitos técnicos, administrativos y legales que se fijen al seleccionado para la continuación del trámite del permiso: $2,000.00.
III. Por la expedición del título de permiso: $2,000.00.
IV. Por cada estudio de solicitud y de documentación inherente a la misma:
a) Cambio de representante o apoderado, después del primeramente aceptado: $1,000.00.
b) Cambio en la titularidad de los permisos: $5,000.00.
c) Por cada estudio de la solicitud del refrendo del permiso: $2,500.00.
d) Por la expedición del título de refrendo del permiso: $2,500.00."
"Artículo 123-G. Por el registro para la prestación de servicios de valor agregado, que se proporcionan a través de una red pública de telecomunicaciones, se pagará el derecho por el registro de telecomunicaciones conforme a la cuota de $750.00."
"Artículo 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. Por estaciones de radio en la banda de 535 a 1705 kilohertz (AM), de 3 a 30 megahertz (OC) y de 88 a 108 megahertz (FM):
a) Por el estudio de la solicitud y de la documentación inherente a la misma: $750.00.
b) Por el estudio de los requisitos técnicos, administrativos y legales que se fijen al seleccionado para la continuación del trámite concesionario: $258.00.
c) Por cada estudio posterior que se realice a cada uno de los requisitos fijados al seleccionado: $500.00.
d) Por la expedición de la concesión: $2,570.64.
II. Por cada estudio de solicitud y documentación inherente a la misma, de cambios o modificaciones de características técnicas, administrativas o legales correspondientes a:
a) Equipo de transmisión principal, auxiliar o emergente: $1,028.23.
b) Frecuencia: $1,713.75.
c) Potencia: $1,713.75.
d) Ubicación de los estudios: $428.45.
e) Ubicación de la planta transmisora: $1,713.75.
f) Antena, altura de antena, línea de transmisión y acopladores: $1,713.75.
g) Horario de operación de estaciones de radio moduladas en amplitud: $856.85.
h) Por estudio de mediciones de intensidad de campo: $15,000.00.
i) Distintivo de llamada: $428.40.
j) Por estudio y otorgamiento de prórrogas para modificaciones de características técnicas inicialmente autorizadas: $2,000.00.
k) Escritura constitutiva de sociedades mercantiles: $1,285.29.
l) Representante o apoderado legal después del primeramente aceptado: $514.08.
m) Titularidad de acciones o partes sociales y de aportaciones integrantes del capital social de sociedades mercantiles: $856.85.
n) Titularidad de los derechos de concesión: $856.85.
III. Por el estudio de la solicitud del refrendo de la concesión: $5,000.00.
IV. Por la expedición del título del refrendo de la concesión: $5,000.00.
V. (Se deroga.)"
"Artículo 124-A. Por el otorgamiento de la concesión o en su caso del permiso para uso de subportadora múltiplex subordinada al canal principal de radiodifusión modulada en frecuencia, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) Por el estudio técnico y legal de la solicitud: $1,028.23.
b) Por la expedición del permiso: $1,713.75."
"Artículo 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. Por estaciones de televisión en las bandas de VHF (canales del 2 al 13) y UHF (canales del 14 al 69):
a) Por el estudio de la solicitud y de la documentación inherente a la misma: $770.00.
b) Por el estudio de los requisitos técnicos, administrativos y legales que se fijen al seleccionado para la continuación del trámite concesionario: $258.00.
c) Por cada estudio posterior que se realice a cada uno de los requisitos fijados al seleccionado: $500.00.
II. Por cada estudio de solicitud y documentación inherente a la misma, de cambios o modificaciones de características técnicas, administrativas o legales, correspondiente a:
a) Equipo de transmisor principal, auxiliar o emergente: $1,927.98.
b) a f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
g) Por estudio de mediciones de intensidad de campo: $15,000.00.
h) Distintivo de llamada: $642.63.
i) Por estudio y otorgamiento de prórrogas para modificaciones de características técnicas inicialmente autorizadas: $2,000.00.
j) Escritura constitutiva de sociedades mercantiles: $1,927.98.
k) Representante o apoderado legal, después del primeramente aceptado: $642,63.
l) Titularidad de acciones o partes sociales y de aportaciones integrantes del capital social de sociedades mercantiles $1,285.29.
m) Titularidad de los derechos de concesión: $1,285.29.
III. Por cada solicitud para instalar y operar equipos auxiliares y emergentes: $2,570.64.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 125-A. Por el otorgamiento de concesiones o en su caso del permiso para uso de subportadora múltiplex subordinada al canal principal de estaciones de radio de radiodifusión por televisión, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:
I. Por estaciones de televisión en la banda de VHF (canales del 2 al 13) y en la banda de UHF (canales del 14 al 69).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 126. (Se deroga.)"
"Artículo 128-B. (Se deroga.)"
"Artículo 128-C. Por el otorgamiento de permisos para instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras o transreceptoras se pagará el derecho de estaciones terrenas transmisoras o transreceptoras conforme a las siguientes cuotas:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 128-F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Por el otorgamiento del permiso: $453.03.
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) (Se deroga.)
b) (Se deroga.)
c) Por la autorización de modificaciones al permiso que requieran estudio técnico, tales como: ajuste o cambio de frecuencia, adición o cambio de estaciones base y/o repetidores, aumento de horario en sistemas HF y aumento de potencia, se pagará en cada evento: $856.88.
d) Por la autorización de modificaciones al permiso que no requieran estudio técnico, tales como: cambio de razón social, cesión de derechos, incremento en el número de móviles: $453.03.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
III. (Se deroga.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 141. (Se deroga.)"
"Artículo 153. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. Por el estudio y trámite de inscripciones al registro: $382.00.
II. Por las inscripciones que se realicen en el registro:
a) De aeronaves: $9,718.22.
b) De concesiones y permisos de transporte aéreo, regular, no regular, transporte aéreo privado comercial y no comercial; de aeropuertos, helipuertos, aeródromos, hidropistas, hidroaeródromos; talleres y centros de capacitación y adiestramiento, así como sus modificaciones: $489.00.
c) De la escritura constitutiva, sus modificaciones, aumento o disminución de capital social, transmisión de acciones y poderes notariales: $1,736.77.
d) Pólizas de seguros, certificados de aeronavegabilidad y matrícula: $319.00.
III. Por otros servicios prestados por el registro: $272.08."
"Artículo 154. Por la concesión o permiso para construcción, operación y explotación de aeropuertos, aeródromos, helipuertos, hidroaeródromos e hidropistas, se pagará el derecho de aeronáutica civil conforme a las siguientes cuotas:
A a C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
D. Por el estudio y trámite de las solicitudes de concesión o permiso a que se refiere este artículo: $382.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I a II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) a d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
e) Turbohélice: $270.00.
III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Servicio de 1 mil ó 1 mil 200 horas a aeronaves hasta 3 mil kilogramos:
VI a XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
XVII. Vuelo de prueba realizado a aeronaves, por cada prueba: $358.00.
XVIII. Vuelo de inspección de ayuda a la navegación aérea con aeronave verificadora para la determinación de sitio y certificación, periódica o especial, por hora de vuelo: $21,000.00."
"Artículo 159. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. Para funcionamiento de talleres aeronáuticos se pagará anualmente por la vigencia del permiso:
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) a t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
u) Certificado de homologación por emisión de ruido producido por las aeronaves: $910.00.
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
III. De transporte aéreo privado no comercial nacional e internacional, por cada vuelo: $595.00.
IV. De transporte aéreo privado comercial, nacional e internacional:
A. Servicio aéreo especializado de: aerofotografía, aerotopografía, publicidad comercial, fumigación aérea, provocación artificial de lluvias, localización de especies marinas, extinción de incendios y construcción, entre otros:
a) Por permiso con vigencia anual: $1,591.00.
b) Por un solo vuelo: $265.00.
B. Permisos para centros de capacitación y adiestramiento:
a) Expedición del permiso para funcionamiento: $241.00.
b) Modificación del permiso: $231.00.
c) Verificación anual: $471.00.
d) Aprobación de planes y programas de estudio: $315.00.
e) Certificado legal de constancia de estudio: $190.00.
f) Aprobación y modificación a los inicios de cursos: $267.00.
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
VI. De servicio público de transporte aéreo en vuelos regulares internacionales:
a) a c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
d) Por cada vuelo extra:
1. Aeronaves de pistón de servicio público de pasajeros: $255.00.
2. Aeronaves de turbohélice de servicio público de pasajeros: $509.00.
3. Aeronaves de reacción de servicio público de pasajeros: $1,201.00.
VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) Vuelos no regulares de pasajeros y correo: $795.00.
Su modificación: $397.00.
b) Vuelos no regulares de pasajeros correo y carga: $1,325.00.
Su modificación: $662.00.
c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
d) Taxi aéreo nacional: $3,977.00.
Su modificación: $1,988.00 e) Exclusivo de carga: $884.00.
Su modificación: $442.00.
f) Servicio especializado: $2,750.00.
Su modificación: $1,375.00.
g) Por cada vuelo de fletamento en cada sentido de carga o pasajeros o mixto nacional e internacional:
1. Aeronaves de pistón de servicio público de pasajeros: $262.00.
2. Aeronaves de turbohélice de servicio público de pasajeros: $524.00.
3. Aeronaves de reacción de servicio público de pasajeros: $1,237.00.
VIII y IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
X. (Se deroga.)
XI. (Se deroga.)
XII y XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
XIV. Por expedición de certificado de aprobación tipo y sus suplementos:
A. Por el trámite de expedición de certificado de aprobación tipo, por cada producto:
a) Aeronaves con peso máximo de despegue superior a 400 kilogramos: $3,909.00.
b) Aeronaves ultraligeras, globos aerostáticos, aeronaves de construcción casera y dirigibles: $2,794.00.
c) Equipos auxiliares utilizado en aviación, así como productos químicos y textiles: $1,564.00.
B. Por el trámite de expedición de certificados de aprobación tipo, suplementarios, por cada producto:
a) Aeronaves con peso máximo de despegue superior a 400 kilogramos: $2,859.00.
b) Aeronaves ultraligeras, globos aerostáticos, aeronaves de construcción casera y dirigibles: $1,538.00.
c) Equipos auxiliares utilizados en aviación, así como productos químicos y textiles: $1,167.00.
XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
B. Por reparación mayor a motores instalados en aeronaves turbohélice o turborreactores.
C a E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
F. Autorización para efectuar en el extranjero servicios de mantenimiento a hélices o rotores.
G y H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) Aeronaves hasta de 3 mil kilogramos de peso máximo de despegue: $450.00.
b) Aeronaves hasta de 6 mil kilogramos de peso máximo de despegue: $800.00.
c) y d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I y J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
K. Autorización para efectuar en el extranjero reparación mayor a hélices, rotores o sus núcleos:
a) a d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
L a N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
XVI y XVII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
XVIII. Autorización para vuelos de traslado o traslados terrestres, de aeronaves o componentes: $821.00.
XIX. Por el permiso anual de operación de oficinas de despacho: $668.00.
XX. Por el permiso anual de operación de oficinas de despacho y control de vuelos: $860.00.
XXI. Por el permiso anual para efectuar operaciones visuales nocturnas: $734.00.
XXII. Autorización de responsables de talleres aeronáuticos: $308.00.
XXIII. Por el trámite de los manuales general de mantenimiento, de operaciones, de procedimientos de taller, de despacho y control de vuelos, de manejo y suministro de combustible de aviación y de control de producción:
a) Por la autorización: $462.00.
b) Por la revisión de enmiendas: $212.00.
XXIV. Por la revisión de documentos para el otorgamiento de constancias de requisitos técnicos: $172.00.
XXV. Autorización de venta de combustible para aeronaves para uso no aeronáutico: $136.00.
XXVI. Autorización para realizar salto en paracaídas, por persona y por cada salto: $137.00.
XXVII. Autorización de horario para la utilización de posición y control de tráfico aéreo para líneas aéreas regulares y no regulares en el aeropuerto: $152.00.
XXVIII. Autorización para llevar a cabo construcciones fuera del aeropuerto y trapecio de aproximación: $402.00.
XXIX. Autorización para construcción dentro del aeropuerto: $656.00.
XXX. Autorización para modificaciones a construcciones dentro y fuera del aeropuerto: $351.00.
XXXI. Por el permiso anual para empresas que presten servicios a terceros por aeropuerto autorizado: $927.00.
XXXII. Por el estudio y trámite de las solicitudes de permisos a que se refiere este artículo para empresas que presten servicios a terceros: $382.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 160. Por la expedición de concesión de servicio público de transporte aéreo, se pagará anualmente el derecho por la concesión del transporte aéreo, conforme a las cuotas siguientes:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. Pasajeros y correo: $4,639.00.
III. Pasajeros, correo y carga: $5,302.00.
IV. Por la modificación de la concesión a que se refieren las fracciones I, II y III que anteceden, se pagará el 50% de la cuota correspondiente.
V. Por el estudio y trámite de las solicitudes de concesión a que se refiere este artículo: $382.00."
"Artículo 165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Por la expedición de autorización para desagüe de aguas sucias, extracción, remoción o reflotación de embarcaciones, aeronaves o artefactos navales: $1,000.00."
"Artículo 169-A. Por la autorización y determinación de señalamiento marítimo con que deben cumplir las instalaciones privadas o concesionadas, se pagará el derecho de señalamiento marítimo, conforme a las siguientes cuotas:
I. Señales en escolleras: $500.00.
II. Señales en faros: $2,000.00.
III. Señales en muelles: $500.00.
IV. Señales en atracaderos y peines de marinas turísticas: $500.00.
V. Señales de enfilaciones: $1,000.00.
VI. Señales flotantes: $400.00.
VII. Señales diurnas: $500.00.
VIII. Señales laterales fijas: $400.00.
IX. Señales acústicas: $750.00.
X. Señales radioeléctricas: $1,200.00.
XI. Otras señales: $1,350.00."
"Artículo 170. Por los servicios que presta la capitanía de puertos fuera del tiempo señalado en los horarios oficiales, se pagará el derecho de capitanía de puerto, conforme a las siguientes cuotas:
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. (Se deroga.)
No se pagará el derecho a que se refiere este artículo por las embarcaciones que hagan navegación fluvial, lacustre, interior de puertos que estén dedicadas a la pesca comercial."
"Artículo 170-A. Por los servicios de verificación de la prueba de estabilidad o aprobación del protocolo correspondiente, por cada embarcación se pagará el derecho de verificación de embarcación, conforme a las siguientes cuotas:
I. Hasta 200 unidades de arqueo bruto: $1,045.00.
II. De más de 200 hasta 300 unidades de arqueo bruto: $1,140.00.
III. De más de 300 hasta 1 mil unidades de arqueo bruto: $1,615.00.
IV. De más de 1 mil hasta 5 mil unidades de arqueo bruto: $1,900.00.
V. De más de 5 mil hasta 10 mil unidades de arqueo bruto: $2,850.00.
VI. De más de 10 mil unidades de arqueo bruto: $3,800.00."
"Artículo 170-B. Por la revisión de cuadernos de estabilidad, manual de cargas, manual de operación, manual de carga de grano, por aprobación de libros de hidrocarburos, plan de emergencia para prevenir la contaminación y por la expedición de la carta de cumplimiento, se pagará el derecho de revisión de embarcación, anualmente por cada embarcación conforme a las siguientes cuotas:
I. Hasta 200 unidades de arqueo bruto: $1,045.00.
II. De más de 200 hasta 300 unidades de arqueo bruto: $1,140.00.
III. De más de 300 hasta 1 mil unidades de arqueo bruto: $1,615.00.
IV. De más de 1 mil hasta 5 mil unidades de arqueo bruto: $1,900.00.
V. De más de 5 mil hasta 10 mil unidades de arqueo bruto: $2,850.00.
VI. De más de 10 mil unidades de arqueo bruto: $3,800.00."
"Artículo 170-C. Por la revisión y aprobación del manual de operación de dique flotante y expedición de la carta de cumplimiento, se pagará el derecho de revisión de embarcación, anualmente por cada embarcación, conforme a las siguientes cuotas:
I. Dique menor de 150 metros de eslora: $3,800.00.
II. Dique de 150 metros o más de eslora: $5,700.00."
"Artículo 170-D. Por la inspección, verificación y autorización de estaciones de servicio a balsas salvavidas y a estaciones de servicio para los equipos contra incendio de las embarcaciones, se pagará el derecho de estación de servicio, conforme a la cuota de: $5,700.00."
"Artículo 170-E. Por la autorización a sociedades clasificadoras de buques, a personas físicas o morales, para realizar a nombre del Gobierno mexicano, la inspección, reconocimiento y certificación de embarcaciones o artefactos navales, así como la autorización de proyecto de construcción, reparación o modificación, se pagará anualmente el derecho para clasificador de buques, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por persona moral: $25,000.00.
II. Por persona física: $10,000.00."
"Artículo 170-F. Por la autorización a las personas físicas o morales para realizar a nombre del Gobierno mexicano el servicio de recepción de las aguas sucias y residuales de las embarcaciones o artefactos navales, así como para expedir la certificación correspondiente, se pagará anualmente el derecho de recepción conforme a la cuota de $10,000.00."
"Artículo 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Expedición de refrendos de títulos a oficialidad de la marina mercante: $100.00."
"Artículo 171-A. Por la autorización para ejercer como agente naviero consignatario de buques o agente naviero general, se pagará el derecho de agente naviero, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la expedición de la autorización de agente naviero consignatario de buques en:
a) Tráfico de altura: $1,805.00.
b) Tráfico de cabotaje: $1,289.00.
c) Pesca comercial: $1,289.00.
d) Recreo: $1,289.00.
II. Por la expedición de la autorización para actuar como agente naviero general: $3,610.00."
"Artículo 174-I. Por la recepción, evaluación y dictamen de los estudios de uso de suelo forestal y por superficie solicitada, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:
I. De más de una hectárea hasta 10 hectáreas: $300.00.
II. De más de 10 hectáreas hasta 50 hectáreas: $650.00.
III. De más de 50 hectáreas hasta 200 hectáreas: $1,300.00.
IV. De más de 200 hectáreas: $2,000.00."
"Artículo 174-J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. Manifestación de impacto ambiental modalidad general por un volumen mayor a 250 metros cúbicos: $777.13.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 174-Q. Por el otorgamiento de la autorización en materia de residuos peligrosos, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a las siguientes cuotas:
I. Instalación y operación de sistemas de almacenamiento, recolección y transporte: $3,000.00.
II. Instalación y operación de sistemas de rehuso, tratamiento y reciclaje: $6,000.00.
III. Instalación y operación de sistemas de incineración y disposición final: $18,000.00."
"Artículo 175. (Se deroga.)"
"Artículo 184. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I a XXIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
XXX. Por el otorgamiento de números relativos al número internacional normalizado de libros. (ISBN): $10.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. Registro de establecimiento educativo legalmente autorizado para expedir títulos profesionales, diplomas de especialidad o grados académicos: $1,747.45.
III. Revalidación de título profesional, de diploma de especialidad y de grado académico: $349.44.
IV. Registro de título profesional, de diploma de especialidad y de grado académico: $174.70.
V. Expedición de autorización para el ejercicio de una especialidad: $175.13.
VI y VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Expedición de duplicado de cédula o de autorización para el ejercicio de una especialidad: $70.19.
IX. Expedición de cédula profesional con efectos de patente o de cédula de grado académico: $69.84.
X. Expedición de autorización provisional para ejercer por estar el título profesional en tramite o para ejercer como pasante: $69.84.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 186. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. Reconocimiento de validez oficial de estudios a particulares por cada plan de estudios de tipo superior: $833.00.
II. Reconocimiento de validez oficial de estudios a particulares por cada plan de estudios de tipo medio: $215.00.
III a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Exámenes a título de suficiencia, por materia:
a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
b) De tipo medio: $5.00.
c) De tipo superior: $15.80.
d) Del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura: $20.80.
VII. Exámenes extraordinarios, por materia:
a) De tipo medio: $4.16.
b) De tipo superior: $15.80.
c) Del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura: $12.50.
VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) De tipo superior: $41.60.
b) De tipo medio: $10.00.
c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
IX y X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) Secundaria: $5.08.
b) De tipo medio y superior: $20.00.
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
XI. Expedición de duplicado de certificados de estudio:
a) De tipo medio: $10.00.
b) De tipo superior: $31.60.
XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
b) De tipos medio y superior, por materia: $5.00.
XIII. Revisión de certificados de estudio, por grado escolar:
a) De tipo medio: $2.50.
b) De tipo superior: $8.30.
c) Del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura: $8.30.
XIV. Equivalencia de estudios de tipo medio y superior, por materia: $6.60.
XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) De tipo superior: $16.60.
b) De tipo medio: $7.50.
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
XVI a XXIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
XXV. Materias libres para alumnos inscritos: $15.83."
CAPITULO XII
De la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
SECCION PRIMERA
Del Registro Público de la Propiedad Federal
"Artículo 190-B. Por los servicios que se prestan en relación con bienes inmuebles de la Federación se pagará el derecho de Registro Público de la Propiedad Federal conforme a las siguientes cuotas:
I. Inscripción de enajenaciones de inmuebles federales en favor de particulares: $124.16.
II. Inscripción de enajenaciones de inmuebles federales a particulares con reserva de dominio garantía hipotecaria en favor del Gobierno Federal: $124.16.
III. Inscripción de demandas entabladas por particulares relacionadas con bienes inmuebles federales: $124.16.
IV. Inscripción de las resoluciones judiciales o de árbitros o arbitradores que produzcan derechos en favor de particulares relacionadas con bienes inmuebles federales: $124.16.
V. Por calificación de documentos que se devuelven sin registrar por carencia u omisión de requisitos, impedimento legal o a petición del interesado: $61.52.
VI. Cancelación de hipotecas otorgadas en favor del Gobierno Federal una vez que se ha cubierto el adeudo que dio origen a la garantía hipotecaria: $86.17.
VII. Cancelación de la reserva de dominio del Gobierno Federal una vez que se ha cubierto el pago del inmueble del cual la Federación se reservó el dominio: $86.17.
VIII. Cancelación en el registro público mencionado de inmuebles que no tengan la característica de bien del dominio público: $86.17.
IX. Expedición de certificados de libertad o existencia de gravámenes: $61.52.
X. Expedición de certificados de inscripción de propiedad federal: $102.62.
XI. Expedición de certificados de no inscripción federal: $102.62.
XII. Expedición de certificados de no propiedad federal: $153.95.
XIII. Expedición de listados computarizados de los inmuebles incorporados al Sistema Nacional de Información Inmobiliaria, por hoja: $5.06.
XIV. Expedición de copia certificada de folio real: $137.84.
XV. Asiento en el folio real de modificaciones de inscripciones relativas a plazo, intereses, garantías, datos equivocados o cualquier otra que no constituya novación del contrato: $50.29.
XVI. Otros tipos de asientos registrales en libros o en folio real que soliciten particulares: $137.84.
El pago de los derechos que establece este artículo comprende la búsqueda de antecedentes registrales y la expedición de las respectivas copias certificadas.
No pagarán los derechos a que se refieren las fracciones I, II, III, X, XIII y XIV de este artículo, las dependencias de la administración pública centralizada, los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos descentralizados siempre que sus fines se relacionen directamente con la asistencia social, educativa y de apoyo a agrupaciones campesinas."
"Artículo 190-C. Por los servicios que presta la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, derivado de la administración del patrimonio inmobiliario de la Federación, se pagará por cada inmueble el derecho del patrimonio inmobiliario, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por recepción y estudio de solicitudes de concesión de inmuebles de dominio público: $200.00.
II. Por recepción y estudio de solicitudes de enajenación de inmuebles de la Federación: $200.00.
III. Por otorgamiento de concesión sobre bienes de dominio público de la Federación: $200.00."
SECCION SEGUNDA
Inspección y Vigilancia
"Artículo 191. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ."
CAPITULO XIII
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
SECCION CUARTA
De las áreas naturales protegidas
"Artículo 194-A. Por el acceso a las áreas naturales protegidas de interés de la Federación se pagará el derecho de acceso a áreas naturales, por persona o vehículo, conforme a las siguientes cuotas:
I. Adultos: $13.85.
II. Niños menores de 15 años: $5.00.
III. Vehículos automotores:
a) Motocicletas, automóviles, pickups y embarcaciones hasta de 10 metros de eslora con motor fuera de borda: $15,00.
b) Automóviles o pickups, con remolque o semirremolque: $31.00.
c) Camiones, omnibuses y embarcaciones mayores de 10 metros de eslora con motor estacionario: $62.00.
Tratándose de profesores, estudiantes, personas mayores de 65 años de edad, miembros de federaciones de excursionismo, montañismo y deportivas, que soliciten previamente a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, permiso para el acceso a las aéreas naturales, pagarán el 50% del monto del derecho.
Los pasantes e investigadores que cuenten con permiso de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para realizar estudios afines con las aéreas a que se refiere este artículo, estarán exentos del pago del derecho correspondiente."
"Artículo 194-B. Por pernoctar en los albergues federales instalados dentro de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca constituidas sobre terrenos de propiedad federal, se pagará diariamente por persona el derecho de pernocta conforme a la cuota de: $40.00.
Tratándose de profesores, estudiantes, personas mayores de 65 años de edad, miembros de federaciones de excursionismo, montañismo y deportivas, que soliciten con anticipación ante la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, permiso para el acceso a los parques nacionales, pagarán el 50% del monto del derecho."
"Artículo 194-C. Por el otorgamiento de permisos o concesiones para el uso o aprovechamiento de las reservas de la biosfera, parques marinos nacionales, reservas especiales de la biosfera, monumentos naturales y las aéreas de protección de flora y fauna, se pagará el derecho de permiso o concesión de inmuebles federales, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el otorgamiento de la concesión, anualmente: $800.00.
II. Por el otorgamiento de permiso, por cada uno: $78.00.
III. Por el deslinde y levantamiento topográfico de la zona sujeta a concesión, por metro cuadrado:
a) Hasta 500 metros: $100.00.
b) De 501 a 1000 metros: $125.00.
c) De 1001 en adelante: $140.00.
Tratándose de actividades turísticas o urbanísticas que se realicen en las citadas áreas, se pagará el 50% del monto de este derecho.
IV. Por el permiso para prestadores de servicios turísticos, por temporada:
a) Por unidad de transporte terrestre:
I. Motorizada: $83.30.
2. No motorizada: $16.60.
b) Embarcaciones hasta de 10 metros de eslora y hasta de 2 toneladas brutas de peso, con motor fuera de borda, incluyendo tablas de oleaje, motocicletas acuáticas y sus similares: $83.30.
c) Embarcaciones mayores de 10 metros de eslora y de más de 2 toneladas brutas de peso con motor estacionario: $1,666.60.
d) Otros vehículos: $41.60.
V. Permisos para filmaciones, videograbaciones y fotografías con fines comerciales:
a) Filmaciones o videogramas, por día: $2,228.89.
b) Tomas fotográficas, por día: $1,114.44.
c) Por fotografía publicada, independientemente de los derechos señalados en los incisos anteriores:
1. De 1 a 1000 ejemplares: $42.80.
2. De 1001 ejemplares en adelante: $75.00.
No se pagará el derecho a que se refiere la fracción V que antecede, cuando se trate de filmaciones, videograbaciones y tomas fotográficas con carácter científico, educativo y cultural.
Cuando en alguna de las áreas naturales protegidas se encuentre algún inmueble a que se refiere el artículo 178A de esta ley, únicamente se pagará el derecho a que se refiere dicho artículo o el señalado en la fracción V de este artículo.
Estos derechos se pagarán independientemente de los que correspondan conforme al Título Segundo de esta ley."
"Artículo 195-D-1. Por la realización del muestreo a petición de parte interesada, de productos alimenticios, bebidas, tabaco, productos de aseo, limpieza, perfumería y belleza, así como las materias primas y aditivos que intervengan en su elaboración, sin incluir análisis de laboratorio, se pagará por cada uno el derecho de muestreo conforme a la cuota de $325.00."
"Artículo 195-G. Por los servicios prestados con motivo de trámite de solicitudes, expedición de permisos sanitarios previos de importación, corrección, modificación o prórroga, se pagará el derecho de permiso sanitario conforme a las siguientes cuotas:
I. De alimentos, bebidas, tabaco, productos de aseo, limpieza, perfumería y belleza, así como por las materias primas y aditivos que intervengan en su elaboración:
a) Por cada solicitud de permiso de importación: $500.00.
b) Por cada solicitud de prórroga, corrección o de cualquier otra modificación relacionada con la importación: $200.00.
c) Por cada uno de los muestreos señalados en el permiso sanitario previo de importación, incluyendo análisis de laboratorio: $545.00.
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
El derecho por los servicios previstos en la fracción I inciso c de este artículo, se pagará cuando se conozca la resolución respectiva."
"Artículo 195-H. Por los servicios prestados con motivo de trámite de solicitudes y certificados para exportación de alimentos, bebidas, tabaco, productos de aseo, limpieza, perfumería y belleza, así como por las materias primas y aditivos que intervengan en su elaboración, se pagará el derecho de certificación sanitaria conforme a las siguientes cuotas:
I. Por cada uno de los tramites de solicitud de certificado con o sin análisis de laboratorio, así como por cualquier otra modalidad relacionada y no especificada: $200.00.
II. En el caso de certificados en que requieran análisis de laboratorio se pagará adicionalmente:
a) Por muestras de productos: $325.00.
b) Por análisis de laboratorio: $217.00.
III. Por la corrección o modificación de un certificado expedido y que se encuentre vigente: $150.00.
No se pagará el derecho por los servicios previstos en la fracción II cuando el análisis de los productos se realice en un laboratorio privado y que hubiera sido aprobado por la Secretaría de Salud."
"Artículo 195-I. Por la presencia de la Secretaría de Salud en el proceso de destrucción de productos alimenticios, aseo, limpieza, perfumería, belleza, bebidas y tabaco, así como las materias primas y aditivos que intervengan en su elaboración, se pagará el derecho por destrucción de productos conforme a la cuota de $260.00."
CAPITULO XVII
Secretaría de la Defensa Nacional
SECCION PRIMERA
Educación militar
"Artículo 195-S. Por la expedición de constancias de certificados de estudios y de duplicados de estudios parciales de educación militar se pagará el derecho de servicios de educación militar conforme a la cuota de $50.00, por cada documento."
SECCION SEGUNDA
Registro federal de armas de fuego y control de explosivos
Artículo 195-T. Por la expedición y revalidación de permisos generales del registro federal de armas de fuego y control de explosivos, se pagará el derecho por registro de armas y control de explosivos conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el permiso para la compra y consumo de materiales explosivos para la construcción: $3,000.00.
II. Por o el permiso para la fabricación de explosivos o sustancias químicas relacionadas con éstos, así como para la adquisición y almacenamiento de materia prima y productos terminados: $3.000.00.
III. Por el permiso para la compraventa, consumo o almacenamiento de explosivos o sustancias químicas relacionadas con éstos, por cada uno: $3,000.00.
IV. Por el permiso para el transporte especializado de material explosivo: $3,000.00.
V. Por el permiso para la fabricación de armas de fuego, cartuchos, cartuchos de fuego central, armas deportivas o municiones esféricas de plomo, por cada uno: $1,500.00.
VI. Por el permiso para la fabricación, importación temporal y exportación de partes de escopeta: $1,500.00.
VII. Por el permiso para la compra y consumo de cartuchos industriales, cartuchos de salva, cartuchos deportivos e industriales, por cada uno: $1,500.00.
VIII. Por el permiso para la reparación de armas de fuego: $1,500.00."
"Artículo 195-U. Por la expedición y revalidación de permisos ordinarios y extraordinarios del registro federal de armas de fuego y control de explosivos, se pagará el derecho por registro de armas y control de explosivos conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el permiso para la compra de material explosivo para construcción y minería: $100.00.
II. Por el permiso para la importación o exportación de explosivos o sustancias químicas relacionadas con éstos: $100.00.
III. Por el permiso para la compra de sustancias químicas para la fabricación de artificios pirotécnicos: $100.00.
IV. Por el permiso ordinario de importación: $1,000.00.
V. Por el permiso extraordinario para la importación o exportación temporal o definitiva de armas y cartuchos, por cada arma y sus cartuchos o sólo cartuchos: $900.00.
VI. Por el permiso extraordinario para la importación o exportación de explosivos o sustancias químicas relacionadas con armas y cartuchos: $1,000.00.
VII. Por el permiso extraordinario para la compra de armas y cartuchos nuevos o usados: $30.00.
VIII. Por el permiso extraordinario para la transportación de armas para la práctica de tiro y cacería, por cada arma incluida en el permiso: $15.00."
"Artículo 195-V. Por la expedición y revalidación de licencias o autorizaciones relacionadas con armas de fuego, se pagará el derecho por registro de armas y control de explosivos conforme a las siguientes cuotas:
I. Expedición y revalidación de licencias a particulares para la portación de armas de fuego: $30.00.
II. Por la autorización para la adquisición y posesión de armas para colección: $30.00."
"Artículo 195-W. Por el registro de armas, clubes o asociaciones de tiro y cacería en el registro federal de armas de fuego y control de explosivos, se pagará el derecho por registro de armas y control de explosivos conforme a las siguientes cuotas:
I. Por el registro de un arma de fuego: $10.00.
II. Por el registro de clubes o asociaciones de tiro y cacería, anualmente: $1,000.00.
III. Por la expedición de constancias de registro: $30.00."
"Artículo 195-X. Por los servicios relacionados con el servicio militar nacional se pagará el derecho por Servicio Militar Nacional conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la expedición de visas o resellos de cartillas: $40.00.
II. Por anticipos de incorporación: $20.00.
III. Por el permiso para salir al extranjero: $40.00.
IV. Por el permiso para liberación por naturalización: $40.00.
V. Por exceptuaciones del Servicio Militar Nacional: $40.00.
VI. Por aplazamiento de incorporación: $40.00.
VII. Por correcciones en los datos base de la cartilla: $40.00.
VIII. Por expedición de duplicado de cartillas: $40.00.
IX. Por la elaboración de oficios, cuando siendo mayor de 40 años no obtuvo la cartilla del Servicio Militar Nacional: $200.00.
X. Por manifestación de cambio de domicilio: $20.00.
XI. Por constancia de estar cumpliendo las obligaciones militares: $40.00.
XII. Por remiso en la incorporación: $100.00."
"Artículo 200. Las personas físicas o morales que usen los puertos nacionales pagarán por cada embarcación en tráfico de altura que entre a los mismos, el derecho de puerto de altura conforme a la cuota de $1.42, por unidad de arqueo bruto o fracción.
Tratándose de embarcaciones que realicen tráfico mixto se pagará el 90% de la cuota correspondiente al derecho de puerto de altura por cada puerto en que entren."
"Artículo 200-A. Las personas físicas o morales que entren a los puertos nacionales pagarán, por cada embarcación de altura dedicada exclusivamente a actividades turísticas, el derecho de puerto de altura conforme a la cuota de $0.64 por unidad de arqueo bruto o fracción.
Por las embarcaciones que realicen exclusivamente actividades turísticas y que en un viaje entren a diversos puertos nacionales, se pagará el 90% de la cuota a que se refiere el párrafo anterior por cada uno de los puertos siguientes al primero."
"Artículo 201. Las personas físicas y las morales que usen los puertos nacionales pagarán por cada embarcación en tráfico de cabotaje que entre a los mismos, el derecho de puerto de cabotaje conforme a la cuota de $0.50, por unidad de arqueo bruto o fracción.
Las embarcaciones dedicadas exclusivamente a actividades turísticas pagarán el 75% de la cuota del derecho de puerto de cabotaje, por cada puerto en que entren."
"Artículo 201-A. Los derechos a que se refieren los artículos 200, 200A y 201 de esta ley, se pagarán dentro de los cinco días siguientes a aquél en que entre a puerto la embarcación o previo a su salida, lo que ocurra primero."
"Artículo 202. Por las embarcaciones que atraquen en muelles propiedad de la Federación, por cada hora o fracción mayor de 15 minutos y por cada metro de eslora o fracción, se pagará el derecho de atraque conforme a las siguientes cuotas:
I. Por embarcación comercial: $0.19.
II. Por yate: $0.14.
III. Por embarcación arrejerada: $0.10.
IV. Por embarcación local comercial: $0.15.
Para los efectos de este artículo, se entiende por embarcación comercial cualquiera que se destine a la realización de actos de comercio; por yate, toda embarcación que esté destinada exclusivamente al placer personal de sus propietarios o poseedores, sin perseguir fines de lucro; por embarcación arrejerada, aquella que únicamente utiliza el muelle para ser amarrada, por lo que no atraca en el mismo o bien sólo hace contacto con él con su proa o su popa por hallarse en posición perpendicular al muelle y por embarcación local comercial, la que opera únicamente en un puerto y está registrada en el mismo.
El derecho a que se refiere este artículo se pagará previamente al desatraque de las embarcaciones."
"Artículo 203. Las embarcaciones que utilicen dos o más puertos que, por razones geográficas y operativas se encuentren integrados en una unidad, pagarán el derecho de puerto de altura o el de cabotaje, según sea el caso, únicamente cuando entren al primero de los puertos que formen la unidad.
No se pagará el derecho de puerto por las embarcaciones que salgan de un puerto y regresen al mismo sin haber entrado a otro.
Las embarcaciones extranjeras que estén autorizadas para realizar el tráfico de cabotaje pagarán el derecho de puerto de cabotaje de conformidad con las cuotas que establece el artículo 201 de esta ley.
Las autoridades portuarias, antes de expedir el despacho de salida de una embarcación, verificarán el pago correspondiente de los derechos a que se refiere este capítulo."
"Artículo 204. No se pagarán los derechos a que se refiere este capítulo, por las embarcaciones siguientes:
I. Las nacionales de guerra y las extranjeras en caso de reciprocidad.
II. Las civiles al servicio oficial de gobiernos extranjeros, en caso de reciprocidad.
III. Las dedicadas a la conservación o reparación de cables submarinos.
IV. Las dedicadas a fines humanitarios o científicos.
V. Las de arribo forzoso legalmente justificado, si no descargan o reciben definitivamente sus mercancías en el puerto.
VI. Las que deban ingresar en el puerto o permanecer atracados en el mismo por caso fortuito o fuerza mayor o porque las autoridades así lo requieran por causa no imputable a las personas físicas o morales responsables de la embarcación.
VII. Las que lleguen para limpiar sus fondos, para ser reparadas o para matricularse, siempre que no efectúen operaciones comerciales.
VIII. Las nacionales dedicadas exclusivamente a la pesca comercial.
IX. Las de dependencias oficiales dedicadas a trabajos de construcción, conservación, mantenimiento y operación de los puertos nacionales, siempre que por sus características y emblemas se identifiquen como embarcaciones destinadas a esos fines."
"Artículo 205. Los derechos a que se refiere este capítulo no se causarán cuando el uso o aprovechamiento del puerto de que se trata hayan sido concesionados a un administrador portuario."
"Artículo 206. Los propietarios, remitentes o destinatarios de las mercancías que utilicen los muelles propiedad de la Federación, por sí o por conducto de los agentes aduanales, pagarán el derecho de muelle por cada tonelada o fracción de carga, conforme a las siguientes cuotas:
I. Mercancías de exportación: $1.36.
II. Mercancías de importación: $2.85.
III. Mercancías de tráfico de cabotaje: $0.71.
El derecho a que se refiere la fracción I de este artículo se pagará dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se presente a las autoridades aduaneras el pedimento de exportación; el derecho a que se refiere la fracción II del mismo artículo se pagará dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se realice la descarga de las mercancías correspondientes a cada conocimiento de embarque y el derecho a que se refiere la fracción III del propio numeral se pagará dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se realice la carga o la descarga de las mercancías amparadas por cada conocimiento de embarque."
"Artículo 207. El pasajero que embarque o desembarque en muelles propiedad de la Federación, pagará el derecho de embarque o desembarque conforme a las siguientes cuotas:
I. En instalaciones no dedicadas exclusivamente al servicio de pasajeros: $6.57.
II. En instalaciones exclusivas para pasajeros: $9.86.
Los derechos a que se refiere este artículo se pagarán, por una sola vez en cada puerto, al momento en que se realice el embarque o desembarque de pasajeros.
Los pasajeros de embarcaciones nacionales que efectúen exclusivamente tráfico de cabotaje dentro de una unidad operativa declarada como tal por la autoridad competente, pagarán en el puerto de salida, el 15% del derecho de embarque o desembarque a que se refiere este artículo."
"Artículo 208. No se pagará el derecho de muelle a que se refiere este capítulo:
I. Por la carga que pertenezca a la explotación pesquera nacional.
II. Por los contenedores en que se transporten mercancías, así como por los vacíos que se importen temporalmente.
III. Por el equipaje o menaje de los pasajeros de la embarcación de que se trate.
IV. Por los víveres, combustibles, aguada y demás mercancías destinadas al uso de la embarcación.
V. Por la correspondencia en general.
VI. Por los restos de naufragio o accidente de mar.
VII. Por la carga o descarga motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por orden de autoridad dictada por causa no imputable al dueño o responsable de los bienes objeto de dichas operaciones."
"Artículo 209. No se pagará el derecho de embarque o desembarque a que se refiere este capítulo, por las embarcaciones siguientes:
I. Las nacionales de guerra y las extranjeras en caso de reciprocidad.
II. Las civiles al servicio oficial de gobiernos extranjeros, en caso de reciprocidad.
III. Las dedicadas a la conservación o reparación de cables submarinos.
IV. Las dedicadas a fines humanitarios o científicos.
V. Las de arribo forzoso legalmente justificado, si no descargan o reciben definitivamente sus mercancías en el puerto.
VI. Las que deban ingresar en el puerto o permanecer atracados en el mismo por caso fortuito o fuerza mayor o porque las autoridades así lo requieran por causa no imputable a las personas físicas o morales responsables de la embarcación.
VII. Las que lleguen para limpiar sus fondos, para ser reparadas o para matricularse, siempre que no efectúen operaciones comerciales.
VIII. Las nacionales dedicadas exclusivamente a la pesca comercial.
No pagarán el derecho de embarque o desembarque los pasajeros de embarcaciones que salen del puerto y regresan al mismo sin entrar a otro puerto."
"Artículo 210. No se pagarán los derechos a que se refiere este capítulo, cuando los muelles propiedad de la Federación hayan sido concesionados."
"Artículo 211. Los derechos de muelle, embarque y desembarque se pagarán en las oficinas que al efecto autoricen las autoridades fiscales.
Las autoridades portuarias, antes de expedir el despacho de salida de una embarcación, verificarán el pago correspondiente de los derechos."
"Artículo 213. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
El valor del activo a que se refiere el párrafo anterior, no comprenderá el valor de los bienes cuyos ingresos estén fideicomitidos o el importe de las aportaciones en inversiones financieras afectas a proyectos concesionados.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 223. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. Zona de disponibilidad 1: $6.0000.
II. Zona de disponibilidad 2: $4.8000.
III. Zona de disponibilidad 3: $4.0000.
IV. Zona de disponibilidad 4: $3.3000.
V. Zona de disponibilidad 5: $2.6000.
VI. Zona de disponibilidad 6: $2.3500.
VII. Zona de disponibilidad 7: $1.5487.
VIII. Zona de disponibilidad 8: $0.5504.
IX. Zona de disponibilidad 9: $0.4126.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Zonas de disponibilidad 1 a 6: $90.64.
Zona de disponibilidad 7: $42.23.
Zona de disponibilidad 8: $21.11.
Zona de disponibilidad 9: $10.53.
II. Generación Hidroeléctrica: $1.00.
III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Zonas de disponibilidad 1 a 6: $0.8219.
Zona de disponibilidad 7: $0.4050.
Zona de disponibilidad 8: $0.1908.
Zona de disponibilidad 9: $0.0908.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 224. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
III. Por las aguas que broten o aparezcan en el laboreo de las minas o que provengan del desague de éstas, salvo las que utilicen en la explotación, beneficio o aprovechamiento de las mismas o para uso industrial.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
V. Por las aguas que regresen a su fuente original o que sean vertidas en cualquier otro sitio previamente autorizado por la Comisión Nacional del Agua para este fin, siempre que tengan el certificado de calidad del agua expedido por esta última de que cumple con los criterios ecológicos de calidad del agua emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, del grado de calidad correspondiente al destino inmediato posterior y se acompañe una copia de dicho certificado a la declaración del ejercicio. Estos contribuyentes deberán tener instalado un medidor tanto a la entrada como a la salida de las aguas.
Lo dispuesto en esta fracción, no será aplicable al agua que se use o aproveche para la generación de energía hidroeléctrica.
VI. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Por el uso o aprovechamiento de aguas, efectuada por organismos operadores de agua potable y alcantarillado, públicos o privados, que abastezcan de agua para consumo doméstico a poblaciones rurales iguales o inferiores a 2 mil 500 habitantes, de conformidad con el último censo general de población.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
ZONA 1. Estado de Aguascalientes: San José de Gracia; Estado de Baja California: Ensenada, Tecate y Tijuana, Estado de Baja California Sur; La Paz; Estado de Colima: Manzanillo; Distrito Federal; Estado de Guerrero: Acapulco de Juárez; Estado de Jalisco: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan; Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán-lzcalli, Ecatepec, Huixquilucan, lxtapaluca, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nezahualcoyotl, Nicolás Romero, La Paz, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán; Estado de Quintana Roo: Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres y Solidaridad.
ZONA 2. Estado de Aguascalientes: Aguascalientes y San Francisco de los Romo; Estado de Guanajuato: León; Estado de Jalisco: Puerto Vallarta; Estado de México: Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán, Atlacomulco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Calimaya, Capulhuac, Chapa de Mota, Chapultepec, Chiautla, Chicoloapan, Cocotitlán, Coyotepec, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Isidro Fabela, Jalatlaco, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jocotitlán, Juchitepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Nextlalpan, Nopaltepec, Ocoyoacac, El Oro, Otumba, Otzolotepec, Ozumba, Papalotla, Polotitlán, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, Soyaniquilpan de Juárez, Tecamac, Temamatla, Temascalapa, Temascalcingo, Temoaya, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacan, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tequixquiac, Texcalyacac, Tezoyuca, Tianguistengo, Timilpan, Tlalmanalco, Toluca, Tultepec, Villa del Carbón, Xonacatlán, Zinacantepec y Zumpango; Estado de Morelos: Cuernavaca; Estado de Nuevo León: Abasolo, Agualeguas, Los Aldamas, Allende, Anáhuac, Aramberri, Bustamante, Cadereyta, Jiménez, El Carmen, Cerralvó, China, Ciénega de Flores, Doctor Arroyo, Doctor Coss, Doctor González, Galeana, García, General Bravo, General Terán, General Treviño, General Zaragoza, General Zuazua, Los Herreras, Hidalgo, Higueras, Hualahuises, Iturbide, Juárez, Lampazos de Naranjo, Linares, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Paras, Pesquería, Los Ramones, Rayones, Sabinas Hidalgo, Salinas de Victoria, Santiago, Vallecillo y Villaldama.
ZONA 3. Estado de Chihuahua: Hidalgo del Parral; Estado de Coahuila: Francisco I. Madero, Matamoros, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, San Pedro de las Colonias, Torreón y Viesca; Estado de Durango: Tlahualillo; Estado de Guanajuato: Doctor Mora; Estado de Hidalgo, Tizayuca; Estado de México: Ixtlahuaca y Jiquipilco; Estado de San Luis Potosí: Ahualulco, Catorce, Cerro de San Pedro, Matehuala, Salinas de Hidalgo, Santo Domingo, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de Ramos y Villa Juárez; Estado de Tlaxcala: Huamantla; Estado de Zacatecas: Guadalupe, Morelos, Vetagrande y Zacatecas.
ZONA 4. Estado de Aguascalientes: Jesús María; Estado de Baja California Sur: Los Cabos y Mulegé; Estado de Chihuahua: Aldama, Bocoyna, Chihuahua y Ojinaga; Estado de Coahuila: Sabinas y San Juan de Sabinas; Estado de Guanajuato: Manuel Doblado; Estado de Morelos: Tlayacapan; Estado de Nuevo León: Apodaca, Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina; Estado de San Luis Potosí: Cedral, Charcas, Guadalcazar, Villa de La Paz, Mexquitic, Moctezuma, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Vanegas, Venado, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y Zaragoza; Estado de Sonora: Magdalena; Estado de Zacatecas: Calera y Loreto.
ZONA 5. Estado de Baja California Sur: Comondú y Loreto; Estado de Chihuahua; Camargo, Jiménez, Juárez, San Francisco del Oro y Saucillo; Estado de Coahuila: Acuña, Arteaga, Candela, General Cepeda, Morelos, Parras de la Fuente, Progreso y San Buenaventura; Estado de Durango: Gómez Palacio, Lerdo, Nazas y Rodeo; Estado de Guanajuato: Cortazar, Guanajuato, Irapuato y Silao; Estado de Hidalgo: Huichapan y Zapotlán de Juárez; Estado de Morelos: Yautepec; Estado de Querétaro: Colón, Corregidora, Ezequiel Montes, Huimilpan, El Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan; Estado de Sonora: Aconchi, Altar, Arizpe, Atil, Bacum, Banamichi, Baviacora, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbo, La Colorada, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Mazatán Nogales, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Plutarco Elías Calles, Rayón, San Felipe de Jesús, San Miguel de Horcasitas, Santa Cruz, Saric, Trincheras, Tubutama y Ures; Estado de Veracruz: Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán; Estado de Zacatecas: Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Cuauhtémoc, Fresnillo, Genaro Codina, General Enrique Estrada, General Francisco Murguía, General Pánfilo Natera, Juan Aldama, Luis Moya, Mazapil, Melchor Ocampo, Miguel Auza, Noria de Angeles, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, río Grande, Sain Alto, El Salvador, Sombrerete, Villa de Coss, Villa García, Villa González Ortega y Villa Hidalgo.
ZONA 6. Estado de Aguascalientes: Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezala; Estado de Baja California: Mexicali; Estado de Chihuahua: Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Balleza, Carichi, Casas Grandes, Coronado, Coyame, La Cruz, Delicias, Doctor Belisario Domínguez, Galeana, Guadalupe, Huejotitán, Janos, Julimes, López, Manuel Benavides, Matamoros, Meoqui, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Praxedis G. Guerrero, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, Santa Bárbara, Satevo, El Tule y Valle de Zaragoza; Estado de Coahuila: Abasolo, Castaños, Cuatrociénegas, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Monclova, Muzquiz, Nadadores, Ocampo, Sacramento, Sierra Mojada, Villa Unión y Zaragoza; Estado de Colima: Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Alvarez; Estado de Durango: Coneto de Comonfort, Cuencame, General Simón Bolivar, Guadalupe Victoria, Guanacevi, Inde, Mapimi, El Oro, Panuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Tepehuanes, Vicente Guerrero, Villa Hidalgo y Villa Ocampo; Estado de Guanajuato: Abasolo, Acámbaro, Allende, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Celaya, Atarjea Comonfort, Coroneo, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Ocampo, Penjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichu y Yuriria; Estado de Hidalgo: Acatlán, Almoloya, Apan, Cuautepec de Hinojosa, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Pachuca, Metepec, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte, San Agustín Tlaxiaca, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepeapulco, Tlanalapa, Tlanchinol, Tolcayuca, Tulancingo, Villa de Tezontepec y Zempoala; Estado de Jalisco: Atemajac de Brizuela, Atotonilco el Alto, La Barca, Chapala, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, Ocotlán, Poncitlán, El Salto, San Cristóbal de la Barranca, Tizapán el Alto y Tlajomulco de Zúñiga; Estado de Michoacán: Acuitzio, Alvaro Obregón, Angamacutiro, Charo, Cherán, Chucándiro, Churintzio, Coeneo, Copandaro, Cuitzeo, Ecuandureo, Erongaricuaro, Huandacareo, Huaniqueo, Huiramba, Indaparapeo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Lagunillas, Morelos, Nahuatzen, Numaran, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, La Piedad, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Salvador Escalante, Santa Ana Maya, Tanhuato, Tarímbaro, Tingambato, Tzintzuntzán, Yurécuaro, Zacapu, Zináparo y Ziracuaretiro; Estado de Morelos: Axochiapan, Cuautla, Jan-tetelco, Jiutepec, Jonacatepec, Tepalcingo y Tepoztlán; Estado de Puebla: Aljojuca, Amozoc, Atlixco, Atzitzintla, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chiautzingo, Chichiquila, Chilchotla, Coronango, Cuapiaxtla de Madero, Cuantinchán, Cuautlancingo, Cuyoaco, Domingo Arenas, General Felipe Angeles, Guadalupe Victoria, Hueptzingo, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Lafragua, Mazapiltepec de Juárez, Nealticán, Ocotepec, Ocoyucan, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, Quimixtlán, San Andrés Cholula, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, San Nicolás de Buenos Aires, San Nicolás los Ranchos, San Pedro Cholula, San Salvador el Verde, Santa Isabel Cholula, Santo Tomás Hueyotlipan, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeojuma, Tepeyahualco, Tianguismanalco, Tlachichuca, Tlahuapan, Tlaltenango, Xochitlán de Vicente Suárez y Yehualtepec; Estado de San Luis Potosí: Santa María del Río; Estado de Sonora: Cajeme, Hermosillo, Imuris, Navojoa, Puerto Peñasco, San Luis y Santa Ana; Estado de Tabasco: Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacan, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez y Macuspana; Estado de Tlaxcala: Acuamanala de Miguel Hidalgo, Altlizayanca, Calpulalpan, El Carmen Tequexquitla, Chiautempan, Coapiaxtla, Españita, Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Ixtenco, Manacamilpa de Mariano Arista, Mazatecochco de José María Morelos, Nativitas, Panotla, Papalotla de Xicoténcatl, San Pablo del Monte, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tenancingo, Teolocholco, Tepetitla de Lardizábal, Tepeyanco, Terrenate, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Totolac, Xicotzingo, Zacatelco y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos; Estado de Veracruz: Actopan, Agua Dulce, Angel R. Cabada, La Antigua, Catemaco, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, Mecayapan, Medellín, Moloacán, Nanchital de Lazaro Cárdenas del Río, Oluta, Sayula de Alemán, Tuxtlilla y Veracruz.
Zona 7. Estado de Chihuahua: Ahumada, Bachiniva, Batopilas, Buenaventura, Cuauhtémoc, usihuiriachi, Chinipas, General Trías, Gómez Farías, Gran Morelos, Huachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Madera, Maguarichi, Matachi, Morelos, Moris, Namiquipa, Ocampo, Riva Palacio, Temosachi, Urique y Uruachi; Estado de Durango: Canatlán, Durango, Nombre de Dios, Nuevo Ideal y Suchil; Estado de Jalisco: Ayotlán, Degollado, Ixtlahuacan de los Membrillos, Jamay, Jesús María, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey; Estado de México: Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Amatepec, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Joquicingo, Malinalco, Ocuilán, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás de los Plátanos, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Tlatlaya, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Zacazonapan, Zacualpan y Zumpahuacan; Estado de Michoacán: Briseñas, Carácuaro, Cotija, Charapán, Chavinda, Chilchota, Hidalgo, Huetamo, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Juárez, Jungapeo, Madero, Marcos Castellanos, Morelia, Nocupétaro, Pajacuarán, Paracho, Purépero, Regules, Sahuayo, San Lucas, Susupuato, Tacámbaro, Tangamandapío, Tangancícuaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio, Venustiano Carranza, Villa Mar, Vista Hermosa, Zamora y Zitácuaro; Estado de Morelos: excepto los municipios comprendidos en las zonas 2, 4, 5, 6 y 8; Estado de Puebla: excepto los municipios comprendidos en las zonas 6, 8 y 9; Estado de Sinaloa: excepto los municipios comprendidos en la zona 8; Estado de Sonora: Agua Prieta, Alamos, Arivechi, Bacadehuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huasabas, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Onavas, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Javier, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora; Estado de Tamaulipas: excepto los municipios comprendidos en las zonas 8 y 9; Estado de Veracruz: Boca del Río; Estado de Zacatecas: Atolinga, Benito Juárez, Chalchihuites, General Joaquín Amaro, Jerez, Jimenez de Teul, Momax, Monte Escobedo, Sustitacan, Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Teul de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Valparaíso y Villa Nueva.
Zona 8. Estado de Campeche: excepto los municipios comprendidos en la zona 9; Estado de Colima: excepto los municipios comprendidos en las zonas 1 y 6; Estado de Durango: Canelas, Otaez, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Tamazula y Topía; Estado de Guerrero: Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Atoyac de Alvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, General Canuto A. Neri, José Azueta, Petatlán, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tecpan de Galeana, Tlalchapa, Tlapehuala, La Unión y Zirándaro; Estado de Hidalgo: excepto los municipios comprendidos en las zonas 3, 5 y 6; Estado de Jalisco: excepto los municipios comprendidos en las zonas 1, 2, 6 y 7; Estado de Michoacán: Aguililla, Angangueo, Apatzingán, Aporo, Aquila, Ario, Arteaga, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Contepec, Chinicuila, Churumuco, Epitacio Huerta, Gabriel Zamora, La Huacana, Irimbo, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Múgica, Nuevo Urecho, Ocampo, Parácuaro, Nuevo Parangaricutiro, Perimán, Los Reyes, Senguio, Tancítaro, Taretán, Tepalcatepec, Tinguindin, Tlalpujahua, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan y Zinapécuaro; Estado de Morelos: Coatlán del Río, Jojutla, Mazatepec, Puente de Ixtla, Tetecala, Tlaquiltenango y Zacatepec de Hidalgo; Estado de Puebla: Acateno, Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Camocuautla, Caxhuacán, Coatepec, Cuautempan, Cuetzalan del Progreso, Chiconcuautla, Chignahuapan, Chignautla, Chila Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Huitzilán de Serdán, Ignacio Allende, Ixtacamaxtitlán, Ixtepec, Jolalpan, Jonotla, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Nauzontla, Olintla, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tenampulco, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Teteles de Avila Castillo, Teziutlán, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Tlaxco, Tuzamapan de Galeana, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Yaonahuac, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zongozotla y Zoquiapan; Estado de Querétaro: excepto los municipios comprendidos en la zona 5; Estado de Quintana Roo: excepto los municipios comprendidos en la zona 1; Estado de San Luis Potosí: excepto los municipios comprendidos en las zonas 3, 4 y 6; Estado de Sinaloa: Concordia, Escuinapa y El Rosario; Estado de Tamaulipas: Bustamante, Casas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Llera, Miquihuana, Padilla, Palmillas, Soto la Marina, Tula y Victoria; Estado de Tlaxcala: excepto los municipios comprendidos en las zonas 3 y 6; Estado de Yucatán; Estado de Zacatecas: Apozol, Apulco, García de la Cadena, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Mezquital del Oro, Moyahua de Estrada y Nochistlán de Mejía.
Zona 9. Estado de Campeche: Carmen, Escárcega y Palizada; Estado de Chiapas; Estado de Durango: Mezquital y Pueblo Nuevo; Estado de Guerrero: excepto los municipios comprendidos en las zonas 1 y 8; Estado de Nayarit; Estado de Oaxaca; Estado de Puebla: Ajalpan, Altepexi, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Chapulco, Eloxochitlán, Esperanza, Morelos Cañada, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Mihuatlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán; Estado de Tabasco: excepto los municipios comprendidos en la zona 6; Estado de Tamaulipas: Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Xicoténcatl; Estado de Veracruz: excepto los municipios comprendidos en las zonas 5, 6 y 7."
"Artículo 231-A. Cuando un organismo público realice obras de infraestructura hidráulica que eviten una erogación a la Comisión Nacional del Agua, el organismo público de que se trate podrá, previa autorización de la misma comisión, acreditar contra el monto de los derechos sobre agua que le corresponda pagar, el monto de los gastos en que hubiere incurrido la mencionada comisión para desarrollar el mismo satisfactor."
"Artículo 232. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga el segundo párrafo.)
VII y VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Por el derecho de uso de vía de las carreteras, vías férreas y puentes de jurisdicción federal con las instalaciones de ductos o cableados de redes públicas de telecomunicaciones, anualmente, por cada kilómetro o fracción: $120.00.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
En aquellos casos en que las entidades federativas y municipios hayan celebrado convenio de colaboración administrativa en materia fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de los inmuebles ubicados en la zona federal marítimo-terrestre, podrán destinarlos cuando así lo convengan expresamente con ésta, a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo-terrestre, así como a la prestación de los servicios que requiera la misma.
No se pagará el derecho a que se refiere este artículo cuando el inmueble sea destinado a labores de investigación científica.
No quedan comprendidas en este artículo las personas físicas y morales que estén obligadas a pagar el aprovechamiento establecido en el artículo 37 de la Ley de Puertos.
No pagarán el derecho a que se refiere este artículo las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que tengan concesión para usar la zona federal administrada por la Comisión Nacional del Agua y que realicen acciones encaminadas a preservar la ecología y el medio ambiente mediante la reforestación o la cobertura vegetal de la zona federal."
"Artículo 232-A. Las personas físicas y las morales, titulares de concesiones o permiso para el uso, goce o explotación de bienes del dominio público que queden afectos a servicios públicos distintos a los señalados en el artículo anterior, así como los permisionarios de servicios portuarios a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Puertos, pagarán el derecho de uso, goce o explotación que ascenderá al 5% de los ingresos brutos que obtengan por esos conceptos."
"Artículo 236. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
El derecho se pagará mensualmente por anticipado considerando el volumen de material que se tenga programado extraer durante ese periodo conforme al título de concesión, mediante declaración que presentarán en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua o en las que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
"Artículo 236-B. Tratándose del derecho a que se refiere la fracción IV del artículo 232 de esta ley, la Comisión Nacional del Agua está facultada para ejercer las atribuciones señaladas en el artículo 83D de esta ley, así como en la distribución de los fondos que en el mismo se señala."
"Artículo 240. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga el tercer párrafo.)
IV y V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por sistemas que utilicen la mitad (12.5 khz) de la banda de separación que ocupa un canal normal (25 khz) se otorgará un 40% de descuento sobre las cuotas normales.
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Para los sistemas de radiocomunicación privada que restrinjan su área de cobertura exclusivamente a sus instalaciones o a aquellos sistemas que utilicen tecnologías de alta compatibilidad electromagnética, que no ocasionen problemas de interferencias a servicios establecidos que operen en bandas de frecuencias autorizadas y sistemas de espectro disperso, se cobrará:
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
IX. Para el servicio privado móvil de radiocomunicación especializada de flotillas (trunking) se pagará por cada frecuencia sin importar el número de bases, móviles y repetidores: $2,500.00."
"Artículo 242-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I y II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Por cada frecuencia que se utilice para enlaces de redes públicas de radiocomunicación fija para prestar servicios públicos de radio restringido con señal digitalizada o de sistemas de música continua: $1,500.00.
IV. Por cada frecuencia que se utilice para enlaces de redes públicas de radiocomunicación fija para prestar servicios públicos de televisión restringida, sistemas de televisión por cable o televisión de alta definición: $3,000.00.
Cuando se reutilicen las frecuencias a que se refieren las fracciones anteriores se pagará el derecho conforme a la cuota que corresponda según la fracción."
"Artículo 244-A. Tratándose de sistemas y redes públicas de comunicación multicanales o monocanales entre estaciones móviles, portátiles o fijas a través de una o más estaciones de base con o sin repetidor se pagará anualmente el derecho por el uso de espectro radioeléctrico conforme a las siguientes cuotas:
I. Para el servicio de radiotelefonía celular, por cada frecuencia en uso y por cada región concesionada: $1,272.97
II. Para el servicio de radiotelefonía móvil, convencional, por cada frecuencia asignada y por sistema: $1,272.97
III. Por los servicios de radiolocalización, móvil de personas, móvil de radiocomunicación especializada de flotillas, portadora común convencional y troncal, radiolocalización de vehículos, radiodeterminación, por cada frecuencia asignada y por sistema: $1,273.35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 245-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Por frecuencia asignada a nivel regional se pagará por entidad federativa, sin importar la cantidad de bases, repetidoras o estaciones terminales: $12,319.17."
"Artículo 276. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga el último párrafo.)"
"Artículo 278. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, se pagará el derecho conforme a los tipos de cuerpos receptores a que se refiere el artículo 278A de esta ley, una vez hecha la medición de los contaminantes del agua en los términos del artículo 281 de esta ley, aplicando por cada kilogramo de contaminante presente en la descarga que se efectúe las siguientes cuotas a la base que se indica:
I. Si la concentración de contaminante es mayor a 150 miligramos por litro:
a) Tipo A y B: $5.80
b) Tipo C: $12.00
II. Si la concentración de contaminante es menor o igual a 150 miligramos por litro y mayor a 75 miligramos por litro:
a) Tipo A. El resultado de multiplicar $0.07293 por la concentración de contaminante, menos $5.14
b) Tipo B: $5.80
c) Tipo C: $12.00
III. Si la concentración de contaminante es menor o igual a 75 miligramos por litro y mayor a 30 miligramos por litro:
a) Tipo A: $0.33
b) Tipo B. El resultado de multiplicar $0.1142 por la concentración de contaminante, menos $2.76
c) Tipo C: $12.00
IV. Si la concentración de contaminante es menor o igual a 30 miligramos por litro:
a) Tipo A: $0.33
b) Tipo B: $0.66
c) Tipo C.
La cantidad que resulte mayor entre $1.66 y el resultado de multiplicar $0.517 por la concentración de contaminante, menos $3.51. En las descargas efectuadas desde plataformas marinas se aplicarán las cuotas establecidas para los cuerpos receptores tipo "A"."
Artículo 278-A. Los cuerpos de propiedad nacional, receptores de las descargas de aguas residuales, se considerarán como tipo "A", a excepción hecha de los que a continuación se señalan:
Cuerpos receptores tipo "B"
Aguascalientes: río San Pedro en el municipio de Aguascalientes; presas La Codorniz, Peña Blanca y río Malpaso en el municipio de Calvillo; presa El Jocoque en el municipio de San José de Gracia; río Pabellón en el municipio de Pabellón de Arteaga; presa San Blas y río Pabellón en el municipio de Rincón de Romos. Baja California: arroyos El Gallo, Cuatro Milpas, San Carlos, presa Emilio López Zamora, bahías de Todos los Santos, Camalú, de San Quintín, Rosario, Santa Rosalía, Blanco, de San Felipe-Punta Estrella, de San Francisquito, de Guadalupe, de los Angeles, de San Rafael y Costa en el municipio de Ensenada; arroyo Las Palmas, río Alamar y presa El Carrizo en el municipio de Tecate; arroyos Las Palmas, Huahuatay, San Antonio de los Buenos, ríos Tijuana y Alamar, presa Abelardo L. Rodríguez y Costa en el municipio de Tijuana; río Colorado, bahía de San Felipe-Punta Estrella y golfo de Santa Clara en el municipio de Mexicali.
Baja California Sur: bahías Plutarco Elías Calles, Nigriño, de San Lucas, San José del Cabo, La Fortuna, Los Frailes, Cabo Falso y estero de San José en el municipio de Los Cabos; bahías Concepción y Santa María en el municipio de Comondú; laguna Ojo de Liebre, bahías Tortugas, San Cristóbal, Asunción, San Hipólito, Ballenas, Santa Inés y Santa Ana en el municipio de Mulegé; bahías San Juanico, Magdalena, Las Almejas, Santa Marina, Plutarco Elías Calles, Nigriño, Las Palmas, Los Muertos, La Ventana y La Paz; puertos San Andresito, Adolfo López Mateos, Boca El Carrizal y Punta Lobos, en el municipio de La Paz; bahías Plutarco Ellas Calles, Nigriño, de San Lucas, San José del Cabo, La Fortuna, Los Frailes, Cabo Falso y estero de San José en el municipio de Los Cabos.
Campeche: laguna de Términos, bahía de Campeche, ríos Manantel y Chumpán en el municipio de Carmen; río Palizada, lagunas de Corte y de Pon en el municipio Palizada; bahía de Campeche, río Champotón y laguna de Silvituc en el municipio Champotón; bahía de Campeche en el municipio de Campeche; río Manantel en el municipio de Escárcega.
Coahuila: arroyo Las Vacas y río Bravo en el municipio de Acuña; río Bravo en los municipios de Allende e Hidalgo; Arroyo Patos en el municipio de Arteaga; río Candela en los municipios de Candela y Monclova; río Salado de Nadadores y arroyo Patos en los municipios de Castaños y Cuatrociénegas; río Salado de Nadadores en los municipios de Frontera, Lamadrid, Sacramento y Nadadores; arroyo Patos en el municipio de General Zepeda; ríos Sabinas y Bravo en los municipios de Guerrero, Múzquiz y Villa Unión; ríos San Diego, San Rodrigo, Bravo y arroyo Las Vacas en el municipio de Jiménez; río Sabinas en los municipios de Juárez y San Juan Sabinas; río Escondido en el municipio de Morelos; ríos Escondido y Bravo en el municipio de Nava, río Bravo, arroyos Nochebuena y Piedritas en el municipio de Ocampo; arroyo Patos en los municipios de Parras de la Fuente, Saltillo y Ramos Arizpe; ríos San Rodrigo, Escondido y Bravo en el municipio de Piedras Negras; ríos Sabinas y Salado de Nadadores en los municipios de Sabinas y en Buenaventura; ríos Sabinas, San Diego, San Rodrigo y Escondido en el municipio de Zaragoza.
Colima: laguna de Coyutlán en el municipio de Manzanillo; río Armería en los municipios de Comalá, Colima, Coquimatlán y Armería; río San Palmar en los municipios de Colima y Villa de Alvarez; río Zacualpan en el municipio de Comalá.
Chiapas: río Grijalva en los municipios Berriozábal, La Concordia, Tzimol, Venustiano Carranza, Socoltenango y Acalá; ríos Santo Domingo y Grijalva en el municipio de Chiapa de Corzo; laguna de Catazaja en el municipio Catazaja; lagos de Montebello en el municipio de La Trinitaria; río La Venta-Soyatenco en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla de Espinoza; río Santo Domingo en los municipios de Villa Corzo, Villaflores y Suchiapa; río Coatán en los municipios de Tapachula y Mazatlán; mar Muerto y laguna La Joya-Buenavista en el municipio de Tonalá; lagunas Carretas Pereyras y Los Patos-Sólo Dios en el municipio de Pijijiapan; laguna Chantuto-Panzacola en los municipios de Mapastepec, Acapetagua, Villa Comaltitlán y Escuintla; Humedal Hueyate en el municipio de Huixtla; mar Muerto en el municipio de Arriaga.
Chihuahua: ríos Chuviscar y Conchos en los municipios de Aquiles Serdán y Aldama; ríos Conchos y San Miguel en el municipio de Balleza; río Casas Grandes en los municipios de Ascención, Casas Grandes, Galeana, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Janos y Nuevo Casas Grandes; río Santa María en el municipio de Bachiniva; ríos San Miguel y Urique en el municipio de Batopilas; ríos Conchos, Papagochic y Chinipas en el municipio Bocoyna; río del Carmen en el municipio de Buenaventura; ríos Florido, Parral y Conchos en el municipio de Camargo; ríos Papagochic, Conchos y laguna de los Mexicanos en los municipios de Carichi y La Cruz; ríos Papagochic, del Carmen, Santa María y laguna de Bustillos en el municipio de Cuauhtémoc; ríos Papagochic, San Pedro y laguna de Bustillos en el municipio de Cusihuiriachi; ríos Chuvíscar, Conchos, del Carmen, San Pedro y presa las Lajas en el municipio de Chihuahua; ríos Mayo y Chinipas en el municipio de Chinipas; río San Pedro en los municipios de Delicias, doctor Belisario Domínguez, General Trías, Gran Morelos y San Francisco Borja; ríos Urique, San Miguel y Conchos en el municipio de Guachochi; río Bravo en los municipios de Guadalupe, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero; ríos Sinaloa, Humaya y San Miguel en el municipio de Guadalupe y Calvo; río Chinipas en los municipios de Guazapares y Maguarichi; río Papagochic, lagunas Bustillos y de los mexicanos en el municipio de Guerrero; ríos Parral y Conchos en el municipio de Hidalgo del Parral; río Conchos en los municipios de Coyame, Huejotitan, Julimes, Rosarito, El Tule, Valle de Zaragoza, San Francisco de Conchos y San Francisco del Oro; ríos Florido y Parral en los municipios de Jiménez y López; ríos Papagochic y Casas Grandes en el municipio de Madera; río Papagochic en los municipios de Matachi y Temosachi; río Florido en el municipio de Matamoros; ríos Conchos y San Pedro en los municipios de Meoqui, Rosales Satero y Saucillo; río San Miguel en el municipio de Morelos; ríos Papagochic, Moris y Mayo en el municipio de Moris; ríos Papagochic, del Carmen, Santa María y Casas Grandes en el municipio de Namiquipa; ríos Papagochic, Mayo y Chinipas en el municipio de Ocampo; ríos San Pedro, Chuvíscar y del Carmen en el municipio de Riva Palacio; río Parral en el municipio de Santa Bárbara; río Urique en el municipio de Urique.
Distrito Federal: río Magdalena, delegación Magdalena Contreras.
Durango: ríos Sauceda y Nasas en el municipio de Canatlán; ríos Tamazula y San Lorenzo en el municipio de Canelas; río Nasas en los municipios de Cuencame, Guadalupe Victoria, Gómez Palacio, Inde, Lerdo, Nasas, El Oro, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Juan del Río, San Luis de Cordero, San Pedro del Gallo y Coneto de Comonfort; ríos Aguanaval Piaxtla, Presidio, Acaponeta, La Sauceda, El Tunal, Santiago, Durango y Nasas en el municipio Durango; río Aguanaval en el municipio General Simón Bolivar; ríos Humaya y Nasas en los municipios de Guanaceví y Tepehuanes; ríos Florido, A. Cerro Gordo en el municipio de Hidalgo; río Florido en el municipio Inde; ríos El Arroyo, El Derrame y Nazas en el municipio de Mapimí; ríos Mezquital y Santiago en el municipio del Mezquital; ríos Durango, Suchil y Mezquital en el municipio de Nombre de Dios; laguna de Santiaguillo en el municipio de Nuevo Ideal; ríos Florido y Nasas en el municipio de Villa Ocampo; río Poanas en el municipio Poanas; ríos Presidio, Baluarte, Acaponeta en el municipio de Pueblo Nuevo; ríos Florido y Nasas en el municipio de San Benardo; ríos Verde, Piaxtla, Presidio, Habitas y Nasas en el municipio de San Dimas; río Aguanaval en los municipios de San Juan de Guadalupe y Santa Clara; ríos Lorenzo, Nasas y laguna de Santiago en el municipio de Santiago Papasquiaro; ríos Graseros y Santiago en el municipio de Suchil; ríos Humaya, Tamazula, San Lorenzo y Habitas en el municipio de Tamazula; ríos Nasas y San Lorenzo en el municipio de Tlahualillo; ríos Humaya y Tamazula en el municipio de Topia; ríos Suchil y Graseros en el municipio de Vicente Guerrero.
Estado de México: río Amanalco en el municipio de Amanalco.
Guanajuato: lago Cuitzeo en el municipio de Acámbaro; laguna de Yuriria en los municipios de Yuriria y Valle de Santiago; presa Quiahuyo en el municipio de Moroleón; ríos La Patiña, Ibarrilla, El Tigre y Los Catillos en el municipio de León; río La Purísima, presas, La Gavia y El Conejo en el municipio de Irapuato; presa El Rodeo en el municipio de Guanajuato; presa Chichimequillas en el municipio de Silao; presa Ignacio Allende en el municipio de Allende; río lagos en el municipio de Ocampo; río Lerma en los municipios de Acambaro, Salvatierra, Salamanca, Irapuato, Abasolo y Pénjamo; río Laja en los municipios de Comonfort, Celaya y Salamanca; río Guanajuato en los municipios de Guanajuato, Irapuato y Silao; río Temascatio en el municipio de Salamanca; ríos Los Ocotes y Pénjamo en el municipio de Pénjamo; río Turbio en los municipios de León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Cuerámaro, Abasolo y Pénjamo; río Silao en los municipios de Silao e Irapuato; río Apaseo-Querétaro en los municipios de Apaseo el Grande y Celaya.
Guerrero: ríos Cofradía, Pantla, Ixtapa y San Antonio en el municipio de La Unión; río La Unión en los municipios de La Unión y Coahuayutla de José María Izazaga; lagunas Potosí, Valentín, ríos San Jeronimito, Petatlán y Coyuquilla en el municipio de Petatlán; ríos San Luis y Tecpan, lagunas Nuxco y El Plan en el municipio de Tecpan de Galeana; laguna El Tular en los municipios de Benito Juárez y Tecpan de Galeana; río Atoyac y laguna H. Cabañas en el municipio de Atoyac de Alvarez; laguna Mitla en las municipios de Benito Juárez y Atoyac de Alvarez; río Coyuca en el municipio de Coyuca de Benítez; ríos La Sabana y Papagayo en el municipio de Acapulco de Juárez; río San Miguel en el municipio de Chilpancingo de los Bravo; río Omitlán en el municipio de Juan R. Escudero; ríos Cortés, la Estancia y laguna Tecomate en el municipio de San Marcos; ríos Nexpa, Sauces, Tecoanapa y presa Revolución Mexicana, en los municipios Tecoanapa, Ayutla de los Libres y Florencio Villarreal; río Tlaquiltenango en el municipio de Florencio Villarreal; río Ayutla en el municipio de Ayutla de los Libres; laguna Chautengo en los municipios de Florencio Villarreal y Copala; río Copala en el municipio de Copala; ríos Concordia y Yautepec en el municipio de Cuautepec; ríos Marquelia y Chico en los municipios de Copala y San Luis Acatlán; río Juchitán en el muncipio de Ajuchitán del Progreso; río Ometepec en el municipio de Cuajinicuilapa; río Quetzala en los municipios de Azoyu e Igualapa; río Santa Catarina en el municipio de Ometepec; río Cortijos en el municipio de Cuajinicuilapa; río Balsas en los municipios de Copalillo, Olinalá, Atenango del Río, Huitzuco de los Figueroa, Eduardo Neri, Cuetzala del Progreso, Mártir de Cuilapan, Apaxtla, Teloloapan, Arcelia, San Miguel Totolapan, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, Pungarabato, Zirán-daro y La Unión; río Tlapaneco en los municipios de Tlapa de Comonfort y Xalpatláhuac; río Amacuzac en los municipios de Atenango del río y Copalillo; río Pachumecuo en los municipios de Copalillo y Ahuacuotzingo; río Tletanapa en los municipios de Zitlala y Chilapa de Alvarez; río Apango en el municipio de Mártir de Cuilapan; río Tepecoacuilco en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano; río Huacapa en los municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo; laguna de Tuxpan en el municipio de Iguala de la Independencia; río Cocula en los municipios de Cocula e Iguala de la Independencia; río Huahuepan en el municipio de Iguala de la Independencia; río Los Sabinos en los municipios de Cocula e Ixcateopan de Cuauhtémoc; río Cuetzala en los municipios de Cocula y Cuetzala del Progreso; río Coatepec en el municipio de Eduardo Neri; río Oxtotitlán en los municipios de Apaxtla, Cuetzala del Progreso y San Miguel Totolapan; ríos Tetela y Las Truchas en el municipio de General Heliodoro Castillo; río Pescapa en el municipio de Arcelia; ríos Poliutla y Santo Niño en los municipios de Tlalchapa y Tlapehuala; ríos San Pedro y Tlalchapa en el municipio de Tlalchapa; río Arcelia en el municipio de Arcelia; ríos Ajuchitlán, Amuco y Esperanza, presa Andrés Figueroa en el municipio de Ajuchitlán del Progreso; río Minero en el municipio de San Miguel Totolapan; ríos Cuirio, El Oro, Frío, El Chivo, La Calera y Tarétaro en el municipio de Coyuca de Catalán; ríos Cutzamala, Ixtapan, Palmar Grande y Hermenegildo Galeana en el municipio de Cutzamala de Pinzón.
Hidalgo: río Calabozo en el municipio de Huautla; río Atlapexco en el municipio de Atlapexco; río Candelaria en el municipio de Tlanchinol; ríos Candelaria, Chinguiñoso, Malila, Tahuizán y Tecoluco en el municipio de Huejutla de Reyes.
Jalisco: presa Basilio Vadillo en el municipio de El Limón; río San Miguel en los municipios de Ayutla y el Limón; presa Tacotán en los municipios de Ayutla y Unión de Tula; río Ayutla en los municipios de Atengo, Ayutla y Unión de Tula; río Tomatlán, presa Cajón de Peña y lago Agua Dulce en el municipio de Tomatlán; laguna Colorada en el municipio Antonio Escobedo; presa La Vega en el municipio de Teu-chitlán; río Salado en los municipios de Tala y Teuchitlán; río Ameca en los municipios de Teuchitlán y Ameca; río Arenal en los municipios de Zapopan, El Arenal y Amatitán; lago Villa Corona en los municipios de Villa Corona y Zacoalco de Torres; lago Zacoalco y presa San Marcos en el municipio de Zacoalco de Torres; lago Sayula en los municipios de Zacoalco de Torres, Teocuitatlán de Corona, Amacueca, Atoyac y Sayula; lago Zapotlán en los municipios de Ciudad Guzmán y Gómez Farías; ríos Teocuitatlán y Citala en el municipio de Teocuitatlán de Corona; río Yahualica en el municipio de Yahualica de González Gallo; río Bolaños en los municipios de Mezquitic, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños; río Teocaltiche en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo; río Lerma en los municipios de Degollado, Ayotlán, La Barca y Jamay; río Huascato en los municipios de Jesús María Degollado y Ayotlán; río Agua Blanca en los municipios de Jesús María y Ayotlán; río Colorado y Paso Blanco en el municipio de La Barca; río Santa Rita en los municipios La Barca y Ayotlán; río El Caracol en el municipio de Ayotlán; río Ayo en los municipios de Ayotlán y Jesús María; río San Marcos en los municipios de Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos; río La Pasión en los municipios de Tizapán el Alto, La Manzanilla de la Paz y Mazamitla; río Santiago (Chapala Atequiza) en los municipios de Ocotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos; río La Yesca en los municipios de San Cristóbal de la Barranca, Amatitán, Tequila y Hostotipaquillo; presa La Joya en el municipio de Zapotlanejo; lago Cajititlán en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga; río Calderón en los municipios de Zapotlanejo y Acatic; río Verde en los municipios de Teocaltiche, Villa Hidalgo, Jalostotitlán, Mexticacán, cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Cuquio, Tepatitlán de Morelos y Acatic; río Valle de Guadalupe en el municipio de Valle de Guadalupe.
Michoacán: río Nexpa en los municipios de Aguililla, Coalcomán de Vázquez Pallares y Lázaro Cárdenas; río Acapilcan en los municipios de Artega y Lázaro Cárdenas; río Coalcomán en los municipios de Coalcomán de Vázquez Pallares, Chinicuila y Aquila; río Coahuayana en los municipios de Chinicuila y Coahuayana; río Chilchota en los municipios de Chilchota y Tangancicuaro; río Cupatitzio en los municipios de Nuevo Parangaricutiro, Uruapan, Gabriel Zamora y Múgica; río Tuxpan en los municipios de Hidalgo, Tuxpan y Jungapeo; río Zitácuaro en los municipios de Zitácuaro, Juárez, Tuzantla, Tiquicheo de Nicolás Romero y San Lucas; río Tepalcatepec en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Múgica y La Huacana; río Balsas en los municipios de Churumuco, Arteaga y Lázaro Cárdenas; río La Parota en los municipios de Tingambato, Ziracuaretiro, Taretan, Nuevo Urecho y La Huacana; río Angulo en los municipios de Zacapu, Panindícuaro, Angamacutiro, Penjamillo y Jiménez; río Duero en los municipios de Charapan, Tangancícuaro, Gabriel Zamora, Ixtlán, Vista Hermosa y Briseñas; río Lerma en los municipios de José Sixto Verduzco, Angamacutiro, Penjamillo, Numarán, La Piedad, Yurécuaro, Tanhuato, Vista Hermosa y Briseñas; río Grande de Morelia en los municipios de Morelia, Charo y Alvaro Obregón; río Queréndaro en los municipios de Queréndaro, Hidalgo y Tzitzio; laguna de Pátzcuaro en los municipios de Pátzcuaro, Quiroga, Erongaricuaro y Tzintzúntzan.
laguna de Cuitzeo en los municipios de Huandacareo, Chucandiro, Copandaro, Tarimbaro, Alvaro Obregón, Queréndaro, Zinapécuaro y Santa Ana Maya; río Tlazazalca en los municipios de Tlazazalca y Tangancicuaro; río Camicuaro en los municipios de Los Reyes y Tangancicuaro.
Nayarit: río Acaponeta en los municipios de Huajicori y Tecuala; río San Pedro en los municipios de Huajicori, Ruiz y Tuxpan; río Santiago en los municipios de Santiago Ixcuintla y San Blas; río Mololoa en el municipio de Xalisco; río Ahuacatlán en el municipio de Ahuacatlán; río Ameca y bahía de Banderas en el municipio de bahía de Banderas; laguna de Santa María del Oro en el municipio de Santa María del Oro; bahía de Matanchen en el municipio de San Blas; ensenada del Toro en el municipio de Compostela.
Nuevo León: presa Agualeguas municipio de Agualeguas; río Pesquería en los municipios de Los Aldamas, García, Melchor Ocampo, Monterrey, Los Herreras, Pesquería y General Escobedo; río San Juan en los municipios de Allende, Cadereyta Jiménez, Doctor Coss, Guadalupe, Monterrey, Garza García, Santa Catarina y Rayones; ríos Salado, Bravo y laguna Salinillas en el municipio de Anáhuac; río Salado en el municipio de Paras; río Pesquería y presa Nogalito en el municipio de Cerralvo; río Pesquería y Arroyo San Lorenzo en el municipio de China; ríos San Juan, Pablillo y Potosí en el municipio de Galena; Arroyo San Lorenzo y río San Juan en el municipio General Bravo; río San Juan, presa Vaquerías en el municipio de General Terán; río Potosí y río Pablillo en los municipios de Hualahuises e Iturbide; ríos Pablillo y Conchos en el municipio de Linares; ríos San Juan y Pablillo en el municipio de Montemorelos; río Pesquería y río San Juan en los municipios de Los Ramones y San Nicolás de los Garza.
Oaxaca: bahía de Salina Cruz y Golfo de Tehuantepec en el municipio de Salina Cruz; bahía y estero La Ventosa en el municipio de Ciudad Ixtepec; estero La Ventosa en el municipio de Juchitán de Zaragoza; río Papaloapan en los municipios San Juan Bautista Tuxtepec y San Miguel Soyaltepec; río Manialtepec en los municipios de San Pedro Tututepec y Santos Reyes Nopala; laguna Chacahua en el municipio de San Miguel Chacahua; bahías de Huatulco en el municipio Santa María Huatulco; Costa en el municipio de San Pedro Mixtepec Joquila distrito XXII; río Mixteco en el municipio de Huajuapan de León.
Querétaro: río Querétaro en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués; río Arenal en el municipio de Querétaro; río Huimilpan en los municipios de Huimilpan, Corregidora y Amealco.
Quintana Roo: bahía de Chetumal y Sistema lagunar Bacalar en el municipio Othón P. Blanco; laguna Chichankanab en el municipio José María Morelos; Sistema lagunar Nichupté en el municipio Benito Juárez.
San Luis Potosí: Río Verde en los municipios de Armadillo de los Infante, San Nicolás Tolentino, Villa Juárez, Guadalcazar, Rayón, Ciudad Fernández, San Ciro de Acosta, Cerritos, río Verde, Cárdenas, Santa Catarina y Lagunillas; ríos Gallinas y Tamasopo en los municipios de Cárdenas, Tamasopo y Rayón; río Valles en los municipios Ciudad Valles y Ciudad del Maíz; río Tampaón en los municipios Tamasopo, Aquismón, Ciudad Valles y Tamuin; río Los Patitos en el municipio de Tamuin; río Coy en los municipios de Tamuin, Aquismón, Tancahuitz de Santos, Tanlajas y Ciudad Valles; río Amajac en el municipio de Tamazunchale; río Moctezuma en los municipios de Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Tampamolón, San Vicente Tancuayalab y Tamuin.
Sinaloa: río Fuerte en el municipio de Choix; río Tamazula en el municipio de Culiacán; río Culiacán en los municipios de Culiacán y Navolato; laguna El Huizache en el municipio de El Rosario; laguna Caimanero en los municipios de El Rosario y Navolato; laguna Bataoto en el municipio de Navolato; laguna de Chiricahueto en el municipio de Culiacán; laguna de Huayaqui en el municipio de Guasave; esteros de Agiabampo, Bocarehuis, bahías Jitzamori, El Colorado, Lechuguilla, Santa María, Ohuira y Topolobampo en el municicipio de Ahome; bahía San Ignacio en los municipios de Ahome y Guasave; bahía Navachiste y estero La Piedra en el municipio de Guasave; bahías Playa Colorada y Santa María en el municipio de Angostura; bahía Altata en el municipio de Navolato; Ensenada Pabellones y bahía La Guadalupana en el municipio de Culiacán; estero El Pozole en el municipio de San Ignacio; esteros El Sábala, Urías y La Sirena, bahía de Mazatlán, en el municipio de Mazatlán; laguna Los Cerritos en el municipio de El Rosario; laguna Grande en los municipios de El Rosario y Escuinapa; esteros Agua Grande, Puerto del río y Teacapan en el municipio de Escuinapa.
Sonora: río Sonoyta en el municipio de Plutarco Elías Calles; río Concepción en los municipios de Magdalena, Santa Ana, Altar, Oquitoa y Tubutama; río Sonora en los municipios de Hermosillo, Bacoachi, Arizpe, Banamichi, Huepac, Aconchi, Baviácora y Ures; río San Miguel en los municipios de Cucurpe y San Miguel de Horcasitas; río Yaqui en los municipios de Onavas, Villa Hidalgo, Huasabas, Granados, Tepache y Divisaderos; río Mayo en los municipios de Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Quiriego y Rosario; Golfo de Santa Clara en el municipio de San Luis río Colorado; Puerto Peñasco en los municipios de San Luis río Colorado y Puerto Peñasco; bahía Puerto Peñasco en el municipio de Puerto Peñasco; Caborca en el municipio de Caborca; bahía Kino en el municipio de Hermosillo; bahía San Carlos en el municipio de Guaymas; estero Tramo LobosIsla Huivulai en los municipios de Guaymas, Bacum, Cajeme y Navojoa; estero El Soldado en el municipio de Guaymas; Huatabampito y Yavaros en el municipio de Huatabampo; presa Alvaro Obregón en el municipio de Cajeme; presa Abelardo L. Rodríguez en el municipio de Hermosillo.
Tamaulipas: presa La Patria es Primero y el río Soto la Marina en el municipio de Abasolo; ríos Bravo, Soto La Marina, Tigre, Barberena, San Rafael y las presas El Trueno, Leija, Los Rincones, El Pirul, El Paraíso, República Española y laguna San Andrés en el municipio de Aldama.
Veracruz: río Pánuco en los municipios de Pánuco y Pueblo Viejo; laguna de Tamiahua en los municipios de Tamiahua, Chinampa de Gorostiza, Tampico Alto y Ozuluama de Mascareñas; río Tempoal en los municipios de Platón Sánchez, Tempoal y El Higo; río Chicayán en el municipio de Pánuco; río Calabozo en el municipio de Chicontepec; río Tuxpan en el municipio de Tuxpan; río Vinazco en los municipios de Huayacocotla y Texcatepec; río Cazonez en los municipios de Cazonez de Herrera, Poza Rica de Hidalgo y Coatzintla; río Tecolutla en los municipios de Tecolutla, Gutiérrez Zamora y Papantla; río Nautla en los municipios de Nautla, Martínez de la Torre y Tlapacoyan; río Misantla en el municipio de Misantla; río Papaloapan en los municipios de Otatitlán, Tlacotalpan, Tuxtilla, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Amatitlán y Tlacojalpan; río San Juan en los municipios de San Juan Evangelista, Hueyapan de Ocampo, Juan Rodríguez Clara, Isla, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla; río Tecolalpan en los municipios Angel R. Cabada, Saltabarranca y Lerdo de Tejada; río Jamapa en los municipios de Coscomatepec, Soledad de Doblado, Manlio Fabio Altamirano, Jamapa, Medellín, Boca del Río; río Coatzacoalcos en los municipios de Coatzacoalcos, Jesús Carranza, Hidalgotitlán, Texistepec y Minatitlán; río Huazuntlán en los municipios de Soteapan, Mecayapan, Pajapan y Chinameca; río Tonalá en los municipios de Las Choapas y Agua Dulce; presa Tuxpango en el municipio de Ixtaczoquitlán; laguna de Alvarado en el municipio de Alvarado; laguna de Pueblo Viejo en los municipios de Pueblo Viejo, Tampico Alto y Panuco; lagunas De Chila, De Tamos y Chairel en el municipio de Pánuco; laguna de Catemaco en el municipio de Catemaco.
Zacatecas: presas Tayahua, El Chique, laguna El Cartero y Chicomostoc en el municipio de Villanueva; presas El Chique y Huiscolco en el municipio de Tabasco; presa Excame en los municipios de Tepechitlán y Teúl de González Ortega; presa Santa Juana en el municipio de Jalpa; presa López Velarde en el municipio de Jeréz; presa Antonio en el municipio de Tepetongo; presa Susticacán en el municipio de Susticacán; presas Lobato y San Mateo en el municipio de Valparaíso; presas Santa Rosa y Leobardo en el municipio de Fresnillo; presa Cazadero en el municipio de Sain Alto; presa Revolución en el municipio de Benito Juárez; presa Pedernalillo en el municipio de Guadalupe.
En el tipo "C"
Aguascalientes: presa Calles en el municipio de San José de Gracia.
Chihuahua: presas Chihuahua, El Rejón y Chuviscas en el municipio de Chihuahua; la presa Parral en el municipio de Hidalgo del Parral.
Durango: presa Villa Hidalgo en el municipio de Hidalgo.
Estado de México: presa Salazar en los municipios de Lerma y Ocoyoac; presa Villa Victoria en el municipio Villa Victoria; presas Valle de Bravo y Colorines en el municipio Valle de Bravo; presa Santo Tomás en el municipio Santo Tomás de los Plátanos; presa Madín en los municipios de Naucalpan de Juárez, Jilotzingo y Cuautitlán-lzcalli.
Guanajuato: presa El Palote en el municipio de León; presas La Esperanza y La Soledad en el municipio de Guanajuato.
Guerrero: presa Vicente Guerrero en el municipio de Arcelia; presa Valerio Trujano en el municipio de Tepecuacuilco de Trujano.
Jalisco: lago Chapala en los municipios de Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapan el Alto; presa Calderón en el municipio de Zapotlanejo; presa El Salto en el municipio de Valle de Guadalupe.
Michoacán: lago de Chapala en los municipios de Venustiano Carranza y Regules.
Nuevo León: presa Cerro Prieto en el municipio de Linares; presa El Cuchillo en el municipio de China; presa Rodrigo Gómez en el municipio de Santiago.
San Luis Potosí: presas San José, Gonzalo N. Santos y El Potosino en el municipio de San Luis Potosí.
Tamaulipas: presa Falcón en el municipio de Guerrero.
Zacatecas: presa López Portillo en los municipios de Nochistlán de Mejía y Apulco."
"Artículo 279. Cuando las descargas de aguas residuales sean originadas por el Distrito Federal, los estados, los municipios, las entidades paraestatales o paramunicipales, que presten servicios de agua potable y alcantarillado y que se inscriban en el registro que se llevará en la Comisión Nacional del Agua, cuando del total de la descarga, el volumen proveniente de actividades domésticas sea superior al 50%, se pagará el derecho a que se refiere el presente capítulo, por kilogramo de contaminante en la descarga, conforme a los tipos de cuerpos receptores a que se refiere el artículo 278-A de esta ley y una vez hecha la medición de los contaminantes del agua en los términos del artículo 281 de esta ley, se aplicarán las siguientes cuotas a la base que se indica:
I. Si la concentración de contaminantes es mayor a 150 miligramos por litro:
a) Tipo A: $1.50.
b) Tipo B: $3.20.
c) Tipo C: $12.00.
II. Si la concentración de contaminantes es menor o igual a 150 miligramos por litro y mayor a 75 miligramos por litro:
a) Tipo A. El resultado de multiplicar $0.0156 por la concentración de contaminante, menos $0.84
b) Tipo B: $3.20.
c) Tipo C: $12.00.
III. Si la concentración de contaminante es menor o igual a 75 miligramos por litro y mayor a 30 miligramos por litro:
a) Tipo A: $0.33.
b) Tipo B. El resultado de multiplicar $0.05644 por la concentración de contaminante, menos $1.03.
c) Tipo C: $12.00.
IV. Si la concentración de contaminante es menor o igual a 30 miligramos por litro:
a) Tipo A: $0.33.
b) Tipo B: $0.66.
c) Tipo C. La cantidad que resulte mayor entre $1.66 y el resultado de multiplicar $0.517 por la concentración de contaminante, menos $3.51."
"Artículo 280. Las personas físicas o morales cuyo volumen de descargas de aguas residuales sea igual o inferior a 3 mil metros cúbicos en un mes calendario, podrán optar por pagar el derecho a que se refiere el presente capítulo, aplicando las siguientes cuotas por metro cúbico de agua residual descargada, según el tipo de cuerpo receptor a que se refiere el artículo 278-A de esta ley:
I. Tipo A: $0.50.
II. Tipo B: $1.00.
III. Tipo C: $4.00."
"Artículo 281. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. Deberán colocar medidores totalizadores o de registro continuo en cada una de las descargas de agua residual que efectúen en forma permanente, cuando la descarga sea mayor a 3 mil metros cúbicos en un mes calendario.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Cuando el caudal de descarga sea continuo y menor de 3 mil metros cúbicos en un mes calendario, el usuario podrá optar entre poner medidores o efectuar cada mes bajo su responsabilidad la medición del volumen. Dicha medición se deberá indicar bajo protesta de decir verdad en la declaración correspondiente, especificando en ésta el método utilizado.
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Para aplicar la tarifa a que se refiere el artículo 278 de esta ley por kilogramo de contaminante deberán:
a) Aplicar métodos de análisis autorizados en normas oficiales que se efectuarán mediante el examen de muestras compuestas que resulten de la mezcla de seis muestras instantáneas tomadas en periodos continuos de 24 horas con una periodicidad de tres a cuatro horas y con una frecuencia mensual, para determinar los valores promedio de concentración de demanda química de oxígeno y de sólidos suspendidos totales de sus descargas.
b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
c) (Se deroga.)
d) (Se deroga.)
e) Determinar el número de kilogramos de contaminantes que tiene la descarga mensual de aguas residuales, tanto de demanda química de oxígeno como de sólidos suspendidos totales, para lo cual las concentraciones obtenidas en el inciso b que antecede se multiplicará por el factor de 0.001 kilogramos sobre metro cúbico y los resultados se multiplicarán por el volumen mensual descargado.
f) El contaminante a que se refieren los artículos 278 y 279 de esta ley, determinado en el inciso anterior, estará dado por el que resulte mayor entre las siguientes dos cantidades:
1. El peso en kilogramos de la demanda química de oxígeno que tenga la descarga, dividido entre dos:
2. El peso en kilogramos de los sólidos suspendidos totales que tenga la descarga.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 282. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I. Los contribuyentes que cumplan con todos los parámetros establecidos en las condiciones particulares de descarga y sólo a falta de éstas, con la Norma Oficial Mexicana.
II. (Se deroga.)
III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Los organismos operadores de agua potable y alcantarillado de estados, municipios, entidades paraestatales o paramunicipales, por las descargas provenientes de poblaciones rurales iguales o inferiores a 2 mil 500 habitantes, de acuerdo al resultado del último censo general de población.
VI. Por las descargas provenientes del riego agrícola."
"Artículo 282-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Los contribuyentes que no cumplan con los avances programados para reducir el grado de contaminación dentro de los límites permisibles deberán efectuar a partir de ese momento el pago del derecho respectivo. No obstante, cuando el contribuyente no haya estado exento durante los dos años otorgados a que se hace referencia, la Comisión Nacional del Agua podrá autorizar el reinicio del programa constructivo o la ejecución de las obras de control de calidad de sus descargas, el cual no excederá del término señalado en este artículo, debiendo computarse los periodos de exención otorgados con anterioridad.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 285. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
III. El cálculo que resulta de aplicar como factor de contaminación una concentración de 3 mil miligramos por litro de sólidos suspendidos totales o demanda química de oxígeno.
IV a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
(Se deroga el segundo párrafo.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . "
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
Artículo vigésimo. Durante el año de 1996 se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones:
I. No se incrementarán en el mes de enero en los términos del cuarto párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, las cuotas de los derechos establecidos en los artículos 19-G, 19-H, 29-D, 29-E, 29-F, 29-H, 29J, 32 fracción I inciso g, 33 fracción I inciso a, subincisos 1 a 4 y 6 inciso b, fracción II inciso a, fracción III inciso a subinciso 1 e inciso b y fracción V, 33-A fracciones III y IV, 86-E, 87, 88, 89, 195-G, 223 apartado A fracciones I a VI y apartado B fracción II, 232 fracción VIII inciso c, 278, 279 y 280 de la ley mencionada.
II. Las cuotas de los derechos establecidos en el Capítulo II del Título Primero de la Ley Federal de Derechos, se ajustarán a partir del día 1o. de enero de 1996 a múltiplos de $5.00.
Para efectuar este ajuste las cuotas aumentarán o disminuirán, según sea el caso, a la unidad de ajuste más próxima. Cuando la cuota se encuentre a la misma distancia de dos unidades de ajuste se disminuirá a la baja.
III. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223 apartado A de la Ley Federal de Derechos, el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en la industria minera, se efectuará conforme al 25% de las cuotas por metro cúbico, que corresponda a las zonas de disponibilidad a que se refiere el artículo 231 de la ley.
IV. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223 apartado A de la Ley Federal de Derechos, el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en los ingenios azucareros, se efectuará conforme al 50% de las cuotas por metro cúbico, que corresponda a las zonas de disponibilidad a que se refiere el artículo 231 de la ley.
V. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223 apartado A de la Ley Federal de Derechos, el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en la industria de la celulosa y el papel, corresponderá al 80% de las cuotas establecidas en las zonas 7, 8 y 9 de dicho apartado.
VI. Por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales que se utilicen en los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán, del Estado de Veracruz, se cobrará la cuota que corresponda a la zona de disponibilidad 7, a que se refiere el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos.
VII. Por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales que se utilicen en los municipios de Lázaro Cárdenas del Estado de Michoacán y Hueyapan de Ocampo en el Estado de Veracruz, se cobrará la cuota que corresponda a la zona de disponibilidad 9, a que se refiere el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos.
VIII. El pago del derecho de caza deportiva a que se refiere el artículo 238 de esta ley, por la temporada 1996-1997, se realizará conforme a las cuotas vigentes al inicio de dicha temporada.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1996.
Segundo. De conformidad con la disposición del Banco de México publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1994, todas las sumas en moneda nacional que en las leyes fiscales se encuentren expresadas en "nuevos pesos" y su abreviatura "N", a partir del 1o. de enero de 1996 deberán de entenderse como "pesos" y su símbolo "$".
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados.- México, D.F., a 27 de noviembre de 1995.- Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Jorge Padilla Olvera, Saúl Escobar Toledo, secretarios; Alejandro Higuera Osuna, Alfonso Molina Ruibal , Antonio Sánchez Gochicoa, Carlota Vargas Garza, Daniel Covarrubias Ramos, David Vargas Santos, Dulce María Sauri Riancho, Dionisio Pérez Jácome, Gabino Fernández Serna, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Joaquín Vela González, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Heriberto Galindo Quiñones, José de Jesús Preciado Bermejo, Manuel Beristáin Gómez, Manuel Jiménez Lemus, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Roberto Campa Cifrián, Salvador Mikel Rivera, Sebastián Lerdo de Tejada, Tonatiuh Bravo Padilla y Víctor Cruz Ramírez.»
Es de primera lectura.
LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que adiciona con un segundo párrafo el artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura.
El secretario Jorge Humberto Gómez García:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Proyecto de dictamen sobre la iniciativa de decreto para incluir en la Ley General de Sociedades Cooperativas, a las cooperativas escolares.
Honorable Asamblea: los suscritos diputados, integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura, hemos efectuado el análisis y discusión de la iniciativa de decreto que nos fue turnada, acordándose en el seno de la comisión que con fundamento en los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea, el presente dictamen.
Como antecedente, el día 30 de octubre del año en curso un total de 14 diputados federales, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron al pleno de esta Cámara iniciativa de decreto que adiciona al artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, un segundo párrafo que contemple en forma especial a las sociedades cooperativas escolares que regulaba la antigua Ley Federal de Educación y el reglamento de cooperativas escolares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de abril de 1982, así como en el artículo 13 de la abrogada Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938; por tal motivo se propone el siguiente
DICTAMEN
Atento a lo anterior y con el propósito de que la Secretaría de Educación Pública, reglamente jurídicamente a las sociedades cooperativas escolares, integrará de manera especial por maestros y alumnos en forma organizada, para que se fomente el cooperativismo con fines exclusivamente docentes y con ello se logre su funcionamiento y desarrollo pleno. Además, estas organizaciones se sujetarán a las disposiciones, autorización y vigilancia de la citada dependencia.
Las sociedades cooperativas escolares representan dentro del ámbito educativo uno de los más fuertes elementos coadyuvantes para lograr que el educando adquiera un desarrollo armónico de su personalidad y su participación en dicho proceso, estimulado su iniciativa, su sentido de responsabilidad social, su espíritu creador y sobre todo su preparación paulatina para que se incorpore en el tiempo al trabajo digno y socialmente útil, aplicando los ideales de solidaridad, democracia y ayuda mutua que proporciona la práctica cooperativa.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56, 60, 87 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Fomento Cooperativo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:
Artículo 33. Las sociedades cooperativas que desarrollen actividades de ahorro y préstamo de manera preponderante o complementaria, se regirán por esta ley, por las leyes aplicables en la materia y por las disposiciones administrativas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la confederación nacional respectiva y la del consejo superior del cooperativismo.
Las sociedades cooperativas escolares integradas por maestros y alumnos con fines exclusivamente docentes, se sujetarán al reglamento que expida la Secretaría de Educación Pública, así como a la autorización y vigilancia de la misma, observando, en todo caso, los principios generales de la presente ley.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre 9 de 1995.- Diputados: Javier Alberto Gutiérrez Vidal, presidente; Guillermo Alvarez Cuevas, Jesús Hernández Martínez, Leticia Camero Gómez, Héctor Bautista López, secretarios; Enrique Ramos Rodríguez, Filemón Ramírez Pérez, José Sánchez Juárez, Pascual Ramírez Córdova, Aurelio Marín Huazo, Enrique Romero Montaño, Gaspar Avila Rodríguez, Leonel Domínguez Rivero, Saulo Jiménez Leal, Virgilia Noguera Corona, Jaime Rodríguez López, Raúl Ramírez Chávez, Ezequiel Espinosa Mejía, Antonio Rivera Barrón, Heriberto Lizárraga Zataraín, Jorge Ocejo Moreno, Jorge Dávila y Juárez, Jorge González González, Miguel Segura Dorantes, Miguel Acosta Ruelas, Francisco Limón Tapia, Graciela Rojas Cruz y César González Magallón.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Carlos Hernández Martínez para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jesús Carlos Hernández Martínez:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La razón por la que esta comisión dictaminó adicionar un párrafo al artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas es referente a las cooperativas escolares a las que en forma especial regulaba la antigua Ley Federal de Educación y el reglamento de cooperativas escolares así como el artículo 13 de la abrogada Ley de las Sociedades Cooperativas de 1938.
La razón de la adiciones, con objeto de dar vigencia legal y orientación doctrinal a esta figura que permite la asociación de maestros y alumnos en forma organizada de conformidad con los intereses educativos y los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua.
Esta ley pretende ser un instrumento facilitador para la integración de sociedades cooperativas escolares que por su existencia y ejercicio son en sí mismas formadoras de hombres comprometidos con sus semejantes y orientadoras para que nuestros niños y jóvenes enfrenten el futuro con todas sus exigencias de modernidad.
Por lo tanto esta ley no puede sustraer la facultad para que los educandos y educadores puedan, mediante la formación de cooperativas escolares, practicar y abrevar los principios del cooperativismo. Se trata que este marco legal permita la divulgación y fortalecimiento de dichas cooperativas en el seno mismo de las escuelas, con sus beneficios pedagógicos y prácticas que les son propias.
Si sabemos que la pedagogía es la forma de conducir al hombre para que tenga cierta actitud en la vida, tenemos que afirmar que el cooperativismo es también una forma pedagógica que pretende orientar al hombre desde niño por senderos nobles y justos porque sustenta principios universales y que dentro de los beneficios de esta legislación se proponen los siguientes: libertad, para tomar decisiones y responsabilizarse de ellas; libertad, que fomenta la imaginación, la creatividad y la innovación; libertad, para asociarse y retirarse voluntariamente de dichas sociedades, administración democrática que reconoce el valor de participación y opinión de cada socio para la conducción del destino de las cooperativas.
El esfuerzo común enciende la generosidad del educando para entregarse a obras que beneficien a todos, es promotor de trabajo en equipo, antídoto en contra del individualismo. La justicia es una práctica constante en la distribución de rendimientos y beneficios, el respeto al derecho individual que permite aprender a convivir con personas de ideas diferentes a las propias y reconocer su dignidad.
El fomento a la educación cooperativa y formación en la economía solidaria y son precisamente principios donde se sustenta nuestra iniciativa, pues es la escuela el medio ideal para que la relación educando-educador, con el cuidado de los padres de familia y autoridades educativas, puedan estar en práctica las sociedades cooperativas escolares como semilleros e incubadoras que nutran en un futuro inmediato a nuestra sociedad de hombres emprendedores con una visión de progreso a través del esfuerzo, capaces de emplearse a sí mismos y a los demás.
Es esta etapa de aprendizaje el campo fértil para que con el esfuerzo inteligente de los maestros se puedan sembrar los cereales de solidaridad, responsabilidad y amor al trabajo que son las características que está exigiendo México a las nuevas generaciones.
La observancia y práctica de estos principios por parte de todos los involucrados en la tarea educativa: maestros, alumnos, padres de familia, movimiento cooperativo, sindicatos y legisladores, nos ofrece el beneficio de generar un cambio en nosotros mismos y en nuestra sociedad, dándole la oportunidad a los maestros, a los niños y jóvenes de formarse en el cooperativismo. Démosle futuro a la economía solidaria y ayudemos a crear una sociedad que evite la lucha entre los mexicanos; démosle a México la oportunidad de tener una sociedad democrática y justa.
Corresponderá a las autoridades educativas hacer su parte en la actualización de reglamento correspondiente acorde a la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y a la dirección de cooperativas escolares de la Secretaría de Educación Pública que además ha participado con la Comisión de Fomento Cooperativo en algunos foros y otras actividades promovidas por nuestra comisión y están enterados de la gran responsabilidad que tienen para que apegados a la naturaleza de dichas cooperativas contribuyan a la reglamentación idónea que hagan trascender esta noble tarea.
Hemos recibido esta comisión la propuesta por parte de la dirección de sociedades cooperativas de cambiar en el párrafo y la adición del párrafo del artículo 33 la palabra "docente" por la palabra "educativa", ya que esta palabra en sí misma comprende una mayor dimensión de lo que se pretende con las cooperativas escolares y por lo tanto la comisión hace propia esta propuesta y la somete a esta Asamblea.
Cualquier otra figura que no contemple dichos principios, podrá ser cualquiera otra institución menos una cooperativa escolar.
Gracias.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto, los siguientes oradores: diputado Miguel Acosta Ruelas, de Acción Nacional y el diputado Guillermo Héctor Alvarez Cuevas, del Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Miguel Acosta Ruelas.
El diputado Miguel Acosta Ruelas:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Ciertamente desde hace ya muchos años, la crisis económica se instaló en nuestro país y las cuentas por pagar de los trabajadores son cada vez más dolorosas. Ya no es fácil obtener una remuneración suficiente por el trabajo, cada día es más difícil obtener satisfactores para el bienestar de nuestras familias, de forma que para el pueblo trabajador se ha vuelto algo cotidiano el desempleo, los bajos salarios, las altas tasas de interés, los altos costos de la canasta básica y otras enfermedades propias de la pobreza.
En fin, para el pueblo trabajador la situación se ha puesto cada vez más difícil mientras para otros, una pequeña minoría, la crisis ha sido la oportunidad de su vida para hacer los grandes negocios y acrecentar sus fortunas.
Muchos hemos de recordar que a partir de 1976 con aquel famoso aumento del azúcar la economía de las clases media y baja, en general de todos los trabajadores, ha recibido golpe tras golpe.
Para poner un hasta aquí a esos desencantos, los mexicanos necesitamos explorar alternativas, alternativas nuevas de desarrollo que no estén expuestas a vaivenes políticos o a caprichos sexenales.
Es cierto, sabemos que desarrollar alternativas es mucho más complicado y comprometedor, más comprometedor que salir a la calle sólo a protestar; además de manifestar su descontento, el pueblo trabajador tiene que decidirse a caminar por caminos nuevos, dejar atrás los caminos de la dependencia, la indisciplina, la apatía y el cacicazgo; tenemos todos que voltear los ojos hacia nuestros compañeros trabajadores, hacia nuestros vecinos, hacia la gente como nosotros, necesitada. Compañeros, tenemos que darnos la mano pero en serio.
Construir alternativas es mucho más que una frase bonita, es informarnos, es buscar explicación a nuestra crisis, es correr el riesgo, es decidirse a caminar sobre nuevas y más seguras vías.
Una de esas vías es precisamente el cooperativismo. En nuestro país el cooperativismo, que como experiencia comunitaria avanza hacia su medio siglo, ha logrado abrirse paso como un ejercicio de auténtica solidaridad, como una forma de que los trabajadores fortalezcan su economía y se zafen del agiotismo. El cooperativismo no es una solución que viene de arriba, es una solución que emerge desde abajo, es como un manantial que brota entre las montañas, para dar de beber al sediento, es una alternativa real para salir de la crisis.
Es importante que todos reconozcamos que el cooperativismo resurge a partir de la expedición de la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, que entró en vigor el 3 de septiembre de 1994. La nueva ley reconoce a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo como auténticas, dejando las mismas de vivir en la clandestinidad jurídica, lo que ha permitido mayor confianza y seguridad de los ahorradores.
Las sociedades cooperativas de producción, en sus diversas ramas, agropecuaria, pesquera, industrial, manufacturera, por ejemplo, representan ahora una alternativa real de autoempleo. Las sociedades cooperativas de consumo, son de nuevo una alternativa para abaratar el costo de nuestros productos de consumo en común.
En nuestro país, es el tiempo de que las cooperativas repunten como alternativa ante la crisis económica, esta crisis que nos agobia tal y como lo son en otros países hermanos. En Alemania, el 28% de su producto interno bruto se da en cooperativas; en Holanda alcanza un 40%; en Italia, el 21%. Sabemos que en toda Europa, uno de cada dos ciudadanos es miembro de una sociedad cooperativa.
En la actualidad se habla de que existen cerca de 10 mil cooperativas en nuestro país, pero y aquí hay un pero los mexicanos no conocemos lo que son este tipo de organización, no sólo lo ignoramos sino que hasta lo desconocemos; los principios básicos del cooperativismo mundial, todo lo desconocemos, lo que origina que nos apartemos de ellos con mucha facilidad, llevando al fracaso a muchas de ellas.
En Acción Nacional estamos convencidos de que únicamente con programas educativos, acordes a las necesidades del cooperativismo, con la experiencia cooperativa desde la edad escolar, es como esos principios de libertad de asociación, administración democrática, participación igual de los socios en las decisiones de la sociedad, distribución equitativa de los rendimientos, fomento de la educación en la económica solidaria y participación de una integración cooperativa. Esto podrá ser efectivo en las sociedades cooperativas mexicanas con este conocimiento.
Apreciamos del presente dictamen que se estará dando el sustento jurídico que instituciones existentes habían dejado de tener por alguna grave omisión, que se clarifique el objeto educativo que debe preservarse en las cooperativas escolares y que sobre todo obliga a que éstas vivan en su desarrollo los principios generales del cooperativismo, los cuales contienen valores humanos con los que comulgamos.
Es por lo anterior que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional dará su voto a favor del dictamen en discusión, conscientes de que el desarrollo de nuestro país se marca en las aulas escolares, ahí en donde los maestros, con la participación de los padres de familia van forjando el carácter, la inteligencia, la actitud, el temperamento y el futuro de nuevos mexicanos, nuevos mexicanos que darán a esta tierra un futuro más promisorio, fincado en la realidad de los principios universales de solidaridad y ayuda mutua.
Muchas gracias amigos.
El Presidente:
Tiene la palabra diputado Guillermo Héctor Alvarez Cuevas.
El diputado Guillermo Héctor Alvarez Cuevas:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El trabajo que se desarrolló en los aspectos educativos, en materia cooperativa, viene siendo desde hace muchos años parte de la formación en las escuelas primarias.
Se ha tenido desde el año de 1938, una Ley General de Sociedades Cooperativas en donde, acordes a este movimiento social que data desde el año de 1873 y que se formaliza su movimiento en el año de 1938 con esta ley que ha sido revisada y cuya vigencia de la nueva Ley de Sociedades Cooperativas se efectúa a partir del 3 de septiembre de 1994, ha tenido desde luego la importancia de lo que representa, que una sociedad cooperativa es una asociación de personas y no una asociación de capitales, por lo tanto es en este rubro en donde desde la escuela se debe de tener la enseñanza del cooperativismo como una filosofía de vida y no únicamente como un modelo económico, ya que la globalización de la economía obliga a que el sector social deba de tener la oportunidad de dinamizarse y también que dentro de estos principios del cooperativismo, entre los cuales está la libre adhesión, la voluntad de asociarse, el control democrático en el que cada hombre, cada persona es un voto, independientemente de sus aportaciones al haber social de la sociedad cooperativa a que deba de existir una distribución equitativa de los ingresos de los rendimientos, a la educación intercooperativa, a un interés limitado al capital y también a la libertad de credo e ideología política, es que en nuestro partido, el Revolucionario Institucional a través de los que representamos en la Comisión de Fomento Cooperativo, apoyamos la modificación, la adición a este artículo 33 de la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, para que a través de las cooperativas escolares se tenga en la educación una de las bases fundamentales para que no únicamente las personas se asocien por un interés económico, sino también por una convicción, por un estudio que se tenga previo de lo que es el cooperativismo, que ciertamente no es una panacea, que debe haber convicción para agruparse.
Se ha hablado de que existen dos tipos de cooperativas: las de producción y las de consumo, que dentro de ellas ha habido también la diversificación en lo que son producción de bienes y de servicios; que es necesario como un mínimo cinco personas para poder constituir una sociedad cooperativa, pero que también en lo que se refiere a aspectos educativos es necesario hoy puntualizar que la globalización económica implica en esta ley, como en muchas otras, la oportunidad en la tribuna más alta del país, el que hoy tengamos la posición de manifestar a todos ustedes y solicitarles su apoyo para que esta revisión, esta modificación que se hace al artículo 33 respecto a las cooperativas escolares, también implique mente abierta y una voluntad plena para que el sector social de nuestra economía tenga los foros adecuados para manifestarse.
Es necesario dentro de esta nueva ley seguirla revisando y seguir actualizando lo que implique mayor flexibilidad para las sociedades cooperativas, ya que encontrándonos en un mundo tan competido en lo económico y fundamentalmente en la globalización que se habla de los mercados, debemos de entender que cada uno de nosotros debe de tener también la libertad de asociarse con cualquier tipo de organización que tenga la oportunidad de diversificarse.
Esta será también tema de lo que en nuestra posición como integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo, representando a nuestro partido, el Revolucionario Institucional, tengamos más adelante que manifestar la necesidad de que las cooperativas en general, de producción y de consumo, puedan asociarse con cualquier otro tipo de empresa que más convenga a sus intereses para su consolidación y competencia en el mercado.
Honorable Asamblea, nuestro partido, el Revolucionario Institucional, votará también a favor de esta adición al artículo 33 y sometemos a su consideración que también como se ha dado el apoyo a muchos sectores de la economía, que el sector social, que agrupa a muchísimos mexicanos que en este momento están requiriendo de autogeneración de empleos, sea también el cooperativismo una vía para alcanzarlo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo unico del proyecto de decreto, con la modificación presentada por la comisión.
El secretario César Humberto González Magallón:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, con la modificación aceptada por la comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular y de la modificación del artículo único del proyecto de decreto.
El secretario César Humberto González Magallón:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 337 votos en pro y ninguno en contra.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por unanimidad por 337 votos a favor.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona con un segundo párrafo el artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
El secretario César Humberto González Magallón:
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
RAUL SALINAS DE GORTARI
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser, para referirse a la investigación del enriquecimiento inexplicable de Raúl Salinas de Gortari.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Muchas gracias, señor Presidente; agradezco su atención; legisladoras y legisladores:
El asunto penoso que ha puesto el nombre de México internacionalmente en vergüenza y que tiene a los mexicanos consternados ante los actos de corrupción de los que se tienen ya datos y hechos fidedignos, no son un acontecimiento aislado y no puede ser calificados simplemente como las acciones de una mala manzana en una canasta limpia.
El señor Raúl Salinas de Gortari, tiene que ser castigado por los crímenes y el desfalco que cometió en perjuicio de los intereses públicos. Pero no es él el único responsable ni su conducta es típica en los funcionarios del Poder Ejecutivo. Al contrario, el señor Raúl Salinas de Gortari es comúnmente un funcionario que hace lo que muchos más, muchísimos más se han dedicado a hacer en contra de México durante décadas.
Se le trata ahora como un individuo aislado; su propio hermano ha renegado de él y lo trata como un individuo apestado.
El Presidente:
Permítame, señor diputado.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Aldama (desde su curul):
Señor Presidente, por favor, que haya orden en la sala, no dejan oír al orador, éste es un herradero.
El Presidente:
Muchas gracias señor legislador.
Esta Presidencia invita a todos los diputados a escuchar con atención la intervención del orador en turno. Continúe el orador.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Es decir, hay aquí un elemento preocupante, estamos viendo la configuración de un gran linchamiento público de Raúl Salinas de Gortari, como si él solito fuera a pagar y a expiar las culpas de todo un orden, de todo un sistema, de toda una clase política. Esto, creo señores, que es tanto o más peligroso que las revelaciones de corrupción y la indignación que nos causa la propia conducta del señor Raúl Salinas de Gortari.
Están en juego intereses nacionales muy graves, muy críticos. Debemos de tener la capacidad de investigar en este país la corrupción cometida por el Poder Ejecutivo, por los funcionarios del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus cargos, funcionarios altos, familiares de éste, funcionarios intermedios y funcionarios bajos. ¿Quién está facultado? ¿Quién de hecho en la práctica ejerce las facultades de investigación contra los actos de corrupción del Poder Ejecutivo? señores, lo ejerce el gobierno de los Estados Unidos, lo ejerce la agencia investigadora de lucha contra las drogas del gobierno de los Estados Unidos, lo ejerce el gobierno de Suiza, lo ejercen muchas otras entidades, pero no lo ejerce plena y cabalmente una instancia nacional.
La Procuraduría General de la República, que es el órgano encargado de las investigaciones, está limitada constitutivamente por formar parte del Poder Ejecutivo; y aun cuando la procuraduría tenga a la cabeza a un funcionario que haya pertenecido a un partido político de oposición, la propia procuraduría tiene impedimentos de hecho y de derecho para proceder contra otros funcionarios del Poder Ejecutivo en funciones.
Por tanto, debemos nosotros ver este asunto como un asunto crítico, no tan sólo del poder jurisdiccional, no tan sólo del prestigio del país, sino también de su soberanía.
Resulta, señores legisladores, que la prensa mexicana, la televisión y la radio, tienen más facultades y las ejerce de manera más amplia o las ejerce de manera más desahogada, para investigar estos acontecimientos que nosotros los legisladores. Resulta que nosotros vemos a los funcionarios comparecer ante el noticiero de 24 Horas de Televisa, con el señor Jacobo Zabludovsky o ante Pedro Ferriz de Con o hacer declaraciones al periódico Reforma o a José Cárdenas etcétera, pero nosotros no hemos visto que ningún funcionario haya sido llamado a comparecer ante este Congreso, para explicarnos a nosotros los legisladores sobre esta cuestión.
Y es un asunto crítico, porque de acuerdo con la Constitución General de la República, de acuerdo con los artículos 93, 109, 110 y 111 y además con los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, corresponde al Poder Legislativo y en particular a la Cámara de Diputados, investigar al Poder Ejecutivo por el incumplimiento de sus responsabilidades como funcionarios públicos, particularmente en aquellos hechos patrimoniales que afectan precisamente nuestras facultades de vigilar el cumplimiento del presupuesto tal como haya sido aprobado por esta Cámara.
Por tanto, es facultad de este congreso, señores legisladores, investigar al Poder Ejecutivo. Esto ocurre en todas partes del mundo, en todos los congresos latinoamericanos para no hablar de los europeos y del norteamericano, hay comisiones legislativas con plenas facultades de investigación, que en este momento están teniendo un papel decisivo en la lucha contra la corrupción en sus países.
En el Ecuador el vicepresidente de ese país está sometido a una investigación del congreso de ese país. En Colombia mismo, el embajador actual de Colombia en México, el señor De Greiff ha sido llamado al congreso de Colombia para que comparezca el próximo día 6 de diciembre a responder a los interrogatorios que se le hagan en una investigación sobre sus actividades como fiscal especial que lo fue en la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
El único Congreso federal de América latina, el único, señores, que no ha ejercido sus facultades constitucionales de investigación para combatir la corrupción del Poder Ejecutivo es este congreso, señores.
El día de hoy aparece en el diario Reforma, en la primera plana, una declaración atribuida a un funcionario del congreso norteamericano. Dice: "Los mexicanos se sorprenderían de saber la cantidad de información que hemos recibido sobre el tema del narcotráfico", dijo una fuente del comité selecto de inteligencia del Congreso de los Estados Unidos y añadió: "que involucran a gente muy cercana a la Presidencia anterior"; es decir, que el Congreso de los Estados Unidos tiene en su poder información muy delicada que involucra a funcionarios del Poder Ejecutivo anterior en México. Yo le respondería como legislador mexicano a los legisladores norteamericanos que hacen esta declaración. Señores colegas legisladores del Congreso de los Estados Unidos: ustedes se sorprenderían de saber ¡cuán ignorante es el Congreso mexicano sobre las actividades de su propio Poder Ejecutivo! ¡Cuánto no sabemos en nuestra Cámara de Diputados y Senadores de las actividades ilícitas de las que ustedes sí tienen conocimiento.
Señores: éste es un asunto muy crítico para la soberanía nacional, porque la comisión investigadora del Poder Ejecutivo mexicano no puede ser el comité de inteligencia del congreso de los Estados Unidos, porque ese comité de inteligencia no representa los intereses de la ciudadanía. Si nosotros como ciudadanos mexicanos, como legisladores, no asumimos la responsabilidad que nos toca que no es simplemente denunciar en las páginas de los periódicos o crear comisiones como la comisión del caso Colosio, cuya función es leer periódicos e irle a preguntar al procurador que, ¿cómo van las investigaciones.
Nuestras facultades son las de investigar, tenemos jurisdicción para investigar, tenemos capacidad de llamar a funcionarios del Ejecutivo a que comparezcan y presten declaración bajo juramento y que nosotros podamos someterlos a un procedimiento jurisdiccional; que los resultados de estas investigaciones sean remitidos a las autoridades competentes como denuncias y en su caso, señores y esto es crítico, para que nosotros mismos nos erijamos como tribunal de acuerdo con la Constitución y finquemos juicio político contra los funcionarios que lo merezcan. ¿Sobre qué base nosotros vamos a hacer juicio político?, tendrá que ser sobre la base de las investigaciones que nosotros mismos realicemos.
Señores: el próximo jueves vence el plazo para seguirle juicio político de acuerdo a la Ley de Responsabilidades a los funcionarios del Poder Ejecutivo que terminaron en su cargo el día 1o. de diciembre del año pasado, incluido el señor Carlos Salinas de Gortari. Nosotros estamos dejando pasar ese plazo sin iniciar una investigación que conduzca al juicio político que merece Carlos Salinas de Gortari y que merecen los altos funcionarios del Gobierno que lo acompañaron en su gestión y que pudieran estar implicados en los hechos delictuosos de los que ya tenemos conocimiento.
Hay datos suficientes para que una comisión del Congreso pudiera iniciar los trámites para el juicio político. Deberíamos de hacerlo antes de que venciera este plazo. Pero en todo caso, señores legisladores, lo que los diputados ciudadanos venimos a proponer es que creemos en este Congreso, por primera vez en su historia, una comisión investigadora formal de la corrupción en el Poder Ejecutivo Federal de México.
Esta comisión deberá estar facultada de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso para realizar todas las gestiones, audiencias e investigaciones que se requieran para determinar, en su caso, responsabilidad de funcionarios. Deberá estar dotada de los recursos que se necesiten para ello, de los recursos técnicos de todo orden que sea necesario conjuntar para que con la asistencia de los especialistas como los tienen otras comisiones del Congreso en otras ramas, con la asistencia de los especialistas que puedan ser incluso entidades investigadoras, podamos nosotros investigar y solicitarle al Ejecutivo toda la información relativa que sea necesaria para nuestras investigaciones.
Habremos de procurar en un diálogo con todas las fracciones parlamentarias, que esta propuesta se materialice.
Yo quisiera concluir haciendo referencia, en particular, al caso de la fracción parlamentaria del PRI, la razón por la cual en el Legislativo mexicano no ha habido nunca una comisión investigadora de las actividades del Poder Ejecutivo, de las actividades y de la corrupción del Poder Ejecutivo, es porque la mayoría priísta lo ha impedido. En este caso, la mayoría priísta tiene interés particular en que esta comisión se cree.
Hay muchos funcionarios que han sido miembros del Partido Revolucionario Institucional, muchos señores, muchísimos, que están implicados en casos de corrupción y los hay también en este momento, muchos funcionarios del Poder Ejecutivo actual y del Poder Ejecutivo anterior, que están involucrados en una gran, en la más monumental operación de encubrimiento a los crímenes cometidos por el Poder Ejecutivo. Hay una gran operación de encubrimiento en el país en este momento, que tiene cómplices en todas partes.
La opinión pública tiene muy claro, muy claro, que los actos de Raúl Salinas son actos que tipifican una conducta de muchos funcionarios en los últimos 70 años. Sin embargo sólo él está sometido a proceso; sólo él está sujeto a investigación, según todavía esta mañana nos lo dice la contralora de la Federación. La contraloría debe estar sujeta a investigación, por parte del Poder Legislativo; son ellos en este momento ya, sospechosos de ser parte de este encubrimiento.
Y señores del PRI, esto es muy importante: la ciudadanía allá afuera de este Congreso, la ciudadanía considera que casi todos los funcionarios del PRI y los políticos del PRI, son corruptos. A los propios políticos del PRI les toca limpiar su nombre, porque hay muchos, incontables miembros del Partido Revolucionario Institucional, que sirvieron en la anterior administración y que sirven en la actual, que son mexicanos honorables, que lo que quieren es que el gobierno se ejerza con honorabilidad.
La única manera de establecer las condiciones de ese nombre "honorable", el nombre "honorable" de muchos priístas, es que haya efectivamente una investigación de esos hechos y que la investigación no quede en manos del Poder Ejecutivo; la investigación la debemos de hacer nosotros.
En ejercicio de esa mayoría que ustedes ostentan y detentan en este Congreso, debe crearse también esta comisión investigadora, para que en esa comisión investigadora en la que participen todos los grupos políticos del país, todos los partidos representados en esta Cámara, se esclarezca verdaderamente el alcance de la corrupción en la que participó el señor Raúl Salinas de Gortari y de la cual él no es el único culpable ni el único socio ni el único cómplice.
Yo invito entonces a los legisladores del PRI, honorables legisladores del PRI, a que busquemos conjuntamente limpiar el nombre de este Poder Legislativo, porque si no lo hacemos, si es éste el único Poder Legislativo que se queda callado ante hechos revelados por la prensa en las primeras planas de todos los periódicos del mundo y se queda callado, señores, nosotros también seremos cómplices de este monumental, gigantesco operativo de encubrimiento que está teniendo lugar.
No vengamos hoy aquí a linchar a Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari ya está preso y tiene que responder. Vengamos a preguntarnos cuáles son nuestras facultades como Congreso, para crear una comisión especial, a ejercerla y a investigar a aquellos que no están en la cárcel y que ahora, aunque sea renegando de su propia familia, quisieran librarse, esconderse detrás de las faldas de Fidel Castro, para poder ejercer, para poder mantenerse ajenos a la justicia mexicana.
Señores legisladores: pido entonces a ustedes que consideremos, seriamente, la propuesta de crear, conforme a la ley, conforme a la Constitución, una comisión investigadora de los actos de corrupción cometidos por el Poder Ejecutivo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Mara Robles Villaseñor, para referirse al mismo tema.
La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
De nueva cuenta las capacidades de indignación y asombro de nuestra sociedad se ponen a prueba: un escándalo más acompaña al trágico fin de fiesta del penúltimo régimen priísta.
Gracias a la intervención de la policía suiza, los mexicanos y mexicanas pudimos enterarnos de una parte de la fortuna acumulada por el señor Raúl Salinas. Este dinero emerge del pantano de la histórica corrupción que ha acompañado el largo dominio autoritario presidencialista.
Por desgracia, no hay novedad alguna. La impunidad, la soberbia, la prepotencia y la corrupción son parte de los signos distintivos de los gobiernos posrevolucionarios en los últimos 55 años. Ya nadie puede llamarse a engaño. Difícilmente puede encontrarse diferencias entre las formas de gobierno de la vieja clase política y el grupo de tecnócratas que ha estado al frente del país en los últimos 13 años.
No deja de ser curioso que en nombre de la renovación moral de la sociedad, la última generación de políticos priístas erigió su proyecto de transformación de la nación. Mucho se ha hablado aquí acerca de los saldos negativos de ese ejercicio gubernamental.
Hoy, los casi 84 millones de dólares de "una de las cuentas alegres del salinismo" nos vienen a recordar hasta dónde han llegado la exclusión y las desigualdades en México y este acuse de memoria tiene que ser visto también en su dimensión real. Más allá del fraude y la corrupción impune se encuentran la salud pública y la confianza social de las mexicanas y mexicanos. Nuestra nación requiere ya, desde ahora, una reorientación profunda en la organización de sus instituciones, de sus políticas y de sus políticos.
¡Es increíble y una vergüenza que sea gracias a las autoridades suizas como se comienza a ilustrar este nuevo caso de amiguismo y corrupción! ¡La lentitud e ineficiencia de las autoridades mexicanas, situación que el propio procurador ha reconocido, no establece ninguna diferencia con las tradiciones políticas autoritarias que han servido para ocultar y simular! ¡No existe ninguna explicación y peor aún, ninguna justificación valedera, para que las autoridades de la PGR y de la Secretaría de la Contraloría hayan anunciado al país la detención de la esposa de Raúl Salinas, ocho días después de haberse producido!
¡Esto es francamente lamentable! ¡Y lo es también para el congreso! Porque mientras nuestra legislatura emprende esfuerzos en favor de construir una nueva legislación relacionada con el derecho a la información, el Gobierno Federal oculta, durante una semana, esa detención, ¡sin reparar en que sus implicaciones son parte de las preocupaciones de nuestros días para la sociedad mexicana:
Pero el Congreso, como todos sabemos, no sólo es menospreciado con este hecho. También lo fue por una de las añejas prácticas de la simulación y el encubrimiento: la de la votación por consigna, la de la disciplina forzosa para la mayoría. ¿Habrá alguien que pueda justificar realmente la votación que esta Cámara realizó, precisamente el jueves 23, para aprobar la cuenta pública del año de 1994? No es para festejar, legisladores, ni mucho menos.
¡Esos 253 votos que avalaron el último año del ejercicio del gobierno salinista fueron anunciados por la opinión pública, qué ironía, el mismo día que las autoridades, al fin, se decidieron a informar sobre este nuevo escándalo de corrupción:
No es solamente una anécdota, es un dato duro, irrebatible, de hasta dónde tiene que llegar la unanimidad oficial para proteger el deterioro presidencialista y a un régimen en decadencia.
No hay duda, como aquí se ha dicho, existe mucho por investigar y un gran número de responsabilidades que fincar a funcionarios y a ex funcionarios, por todo el entorno que acompaña al "enriquecimiento explicable" de Raúl Salinas.
Seguramente se insistirá en ello en esta tribuna y nuestro grupo parlamentario estará atento a que la justicia y la lucha contra la impunidad realmente impere. Pero aquí quisiera referirme a una cuestión fundamental, la relacionada con la restitución de la confianza ciudadana y la credibilidad pública de nuestra nación. No más delitos desde el poder o bajo su sombra, ésta es una necesidad de la República y sólo puede ser satisfecha si realmente construimos una nueva relación entre poderes, de la que tanto y en abundancia se ha dicho en esta tribuna.
Es indispensable avanzar en favor de un escrutinio verdadero por parte del Congreso con respecto a los otros poderes y aquí no hay otro camino más que el de una reforma profunda del texto constitucional que termine con las facultades excesivas del Ejecutivo, no sólo con las llamadas metaconstitucionales que se garantizan en la Carta Magna; también es indispensable reformar nuestra Constitución en su Título Cuarto, referido a la responsabilidad de los servidores públicos, su urgencia se muestra precisamente porque no hay una respuesta a la demanda que nuestro grupo parlamentario hizo contra Carlos Salinas de Gortari como una denuncia penal y precisamente también porque el artículo 114 constitucional establece los límites referidos al procedimiento de juicio político.
Pero tenemos que asumir la responsabilidad de dar este paso hacia una reforma constitucional, este Congreso debe convocar en su momento a un periodo extraordinario de sesiones para dar esos pasos, nuestra parte de responsabilidad radica en lograr que este país desde nuestra Constitución redefina sus nuevos rumbos, ése es el compromiso político que estas fracciones debieran adquirir el día de hoy, el de convocar a un periodo extraordinario para reformar el Título Tercero y el Título Cuarto de la Constitución.
La credibilidad, la salud, la convivencia civilizada entre las mexicanas y mexicanos necesita de esta reforma; los títulos tercero y cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos deben ser sometidos ya a una discusión para construir nuevas bases para la gobernabilidad de nuestra patria.
Compañeras y compañeros legisladores: de la dignidad de esta legislatura, de la restitución de sus funciones debemos hacernos cargo nosotros y debemos hacerlo con hechos prácticos con reformas de trascendencia. Es indudable que requerimos de ello y de ir mucho más allá de la voluntad que permanentemente se manifiesta en esta tribuna a favor de la reforma del Estado y que parece no concretarse nunca lamentablemente.
Para nuestro grupo parlamentario el camino de esta reforma y la participación decidida del Congreso para materializarla, inicia por la construcción de un verdadero equilibrio entre poderes y por hacer de la responsabilidad de los servidores públicos un ejercicio abierto y de frente a la sociedad. Así, los esfuerzos que se requieren no son excluyentes, el Gobierno Federal está emplazado a abandonar los titubeos, las complicidades, las inercias autoritarias para poder aplicar cabalmente la justicia y terminar con el trágico saldo de violencia, de corrupción y de impunidad del fin del régimen priísta.
Nuestro Congreso tiene una tarea, tiene ante sí la exigencia de emprender esas reformas constitucionales para permitir erigir una nueva institucionalidad y una gobernabilidad democrática y eso sí nos toca y eso sí lo podemos asumir desde hoy. Yo los invito a que el debate gire en torno a ello, más allá de las anécdotas y el escándalo una vez más de los Salinas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Alarcón Bárcena, también para referirse al mismo tema.
El diputado Gonzalo Alarcón Bárcena:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
La noticia que se conoció el viernes de la semana pasada, que hoy motiva estas intervenciones, es sin lugar a duda un ejemplo más de la enorme crisis de valores que se vive dentro del sistema político mexicano. Las implicaciones de Raúl Salinas de Gortari en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido gobernante y el encubrimiento por parte del fiscal especial y entonces subprocurador Mario Ruiz Massieu, al igual que su detención por sacar ilegalmente cuantiosas sumas de dinero del país, evidenciaron la degradación político administrativa que se vivió en el sexenio anterior.
Ya se vislumbraban hechos de agravio contra la población, todos recordamos en 1982 la construcción del monumento a la corrupción: La Colina del Perro, en Cuajimalpa, financiada como después se publicó en mis tiempos, por el entonces regente Carlos Hank González.
¿Quién puede creer que la familia Salinas de Gortari esté consternada por lo ocurrido a Raúl? Sí, debemos creer que su consternación no es por las tropelías y corruptelas del primogénito de la familia, sino porque hoy los mexicanos las estamos conociendo con hechos y no con los rumores de antaño.
Salinas de Gortari, Carlos desde luego, podría no saber qué hacían sus hermanos Sergio, Enrique o quizá Adriana, pero nunca pudo ignorar en dónde estaba pisando su hermano predilecto: Raúl. No podemos creerle una sola de las palabras que el ex presidente señala en su carta del 26 de noviembre; ahora nos quiere hacer creer el señor Salinas que a su hermano ni lo veía ni lo oía.
Salinas ha sido un hombre que afectó al pueblo de México y ésto señores, ya no lo podemos permitir. En fin, éstos son hechos que lastiman a nuestras instituciones pero, señores, esto nos toca a nosotros salvarlo, salvar el buen nombre de México ante el exterior.
Para esto no es posible continuar con líneas de conducta de esta naturaleza, hoy por hoy la ciudadanía, el pueblo que aquí representamos, exige un cambio drástico en el rumbo, señoras y señores diputados, de la política y de la administración pública.
Acción Nacional no solapará ni aplaudirá conducta delictiva alguna en perjuicio del pueblo, tampoco haremos una lista de faltas y corruptelas en las que se implica a Raúl Salinas y que hoy detalladamente da cuenta la prensa o de las que se comentan en la política de café de muchos otros funcionarios de éste o de sexenios anteriores.
Lo que Acción Nacional reclama con justicia, es un cambio en las actitudes, no podemos ni puede nadie que diga servir a la nación, encubrir hechos como éstos e incluso llegar a pensar en justificarlos desde ésta o desde cualquier tribuna; para ello debemos terminar con las facultades metaconstitucionales que se le otorgan al Presidente, es necesario, y con este hecho cobran vigencia nuestras tesis, fortalecer la función del Poder Legislativo en relación a la Contaduría Mayor de Hacienda; debemos desaparecer la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, que ha demostrado ser ignorante en algunos casos y sumisa ante el Ejecutivo, en otros.
Debemos de realizar una reforma que permita modificar la Constitución General de la República, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, el Código Penal Federal para que los ex presidentes de la República puedan ser sujetos activos de delitos o de la responsabilidad por el ejercicio de sus funciones públicas.
Acción Nacional, señoras y señores diputados, afirma esto hoy desde la oposición y mañana lo defenderá desde el Gobierno Federal. Nuestro compromiso es servir y no servirnos, señores legisladores. Hoy debemos dignificar también la función política, la función pública de los políticos; basta, señoras y señores, de ser jalados por la corriente y aquí me dirijo a ustedes, señores de la mayoría, pero en especial a los más jóvenes, que aspiran a una patria mejor, a una patria limpia y fuerte, aun desde el partido oficial.
Bien, señores diputados, estamos ante la decisión de ahogarnos en un debate de acusaciones de unos y defensa de los otros, que sólo nos llevarán a evidenciar más lo que en 60 años de mal gobierno se ha conseguido.
Yo mejor los invito a que juntos sentemos las bases de un nuevo México, que busquemos soluciones conjuntas a nuestros problemas y que fortalezcamos ante la sociedad nuestras instituciones, aún estamos a tiempo, la nación y los mexicanos nos lo exigen, nos lo reclaman.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, para referirse al mismo tema.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados:
Este asunto no es una cosa más en nuestras noticias de nota roja ni siquiera puede ser un asunto de policías y ladrones; realmente la Cámara de Diputados debe tener mucha responsabilidad, analizar este asunto.
El que desde Suiza nos digan que se detuvo a Paulina Castañón por presunción de lavado de dinero al querer sacar los 84 millones de dólares y el que nos encontremos con una respuesta absurda por parte de las autoridades mexicanas diciendo que no se tiene nada en contra de ella y que junto con eso se diga desde los Estados Unidos que no solamente ellos están siendo vigilados sino decenas de funcionarios del sexenio pasado, nos debe llenar de indignación, porque nosotros, nuestras instituciones, se concretan simplemente al hacer, al asunto noticioso entre marido y mujer, que simplemente van a sacar ciertos a la mejor si después creíbles ahorros, porque nuestras autoridades simplemente no están investigando eso.
A partir de eso, de eso que nos debe llenar de vergüenza a los mexicanos, a partir de eso estamos viendo lo que realmente fue el sexenio pasado de Carlos Salinas de Gortari y cuyos funcionarios, muchos de ellos, están repitiendo ahora en este sexenio y nada les ha dicho nadie ni siquiera han podido responder abiertamente a muchas acusaciones, porque el Gobierno en general los está protegiendo abiertamente.
Hay impunidad, se dice que no hay intocables pero los hay, existen ellos, hay completa impunidad y se tapa incluso todas las cosas que se hicieron en el sexenio pasado, con estas corruptelas que hubo.
Toda la crisis económica que estamos sufriendo, la mayor parte de ella se debe a las acciones corruptas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que junto con sus funcionarios Pedro Aspe, Jaime Serra, Miguel Mancera, estuvieron haciendo.
Pudo haber juntado esta cantidad de dinero Raúl Salinas, por la complicidad total del gobierno, del salinato; no que se haya enterado o no su hermano, sino hubo toda una complicidad abierta, directa para que la familia Salinas y sus cómplices siguieran trabajando en esas corruptelas.
¿Quién si no permitió que este señor hiciera todos esos negocios malhabidos llevando a la quiebra a cientos de ganaderos, por ejemplo, en Veracruz o llevando a la quiebra en Sinaloa a cientos de agricultores, por los negocios de una gente para una sola gente?
¿Quién también permitió la venta fraudulenta, también de bancos y de empresas paraestatales? ¿Quién permitió que surgiera y se enriqueciera y trabajara como cómplice, como colaborador, incluso de muchos políticos del priísmo Cabal Peniche, o quién permitió que hubiera todas esas fraudulentas acciones en Banpaís que dirige Angel Rodríguez y que también se encuentra gozando de cabal salud?
¿Quién si no, aquí mismo Guillermo Ortiz dijo que Cabal Peniche, bueno, eran tantos los que querían comprar bancos, que no se dieron cuenta exactamente de quién era quién.
Hay toda, pues una acción de complicidades abiertas y la Cámara de Diputados no puede dejarlo pasar simplemente como un comentario más en el debate como luego acostumbramos nosotros. Hay responsables, directos responsables de toda esta acción que está enlodando a nuestro país y que incluso los mexicanos somos ajenos a todo eso, salvo los sufrimientos que estamos teniendo por culpa de estas personas que nadie impuso.
Ya lo dijo nuestra compañera Mara Robles, aquí aprobamos como Congreso de la Unión, así se ve hacia afuera, la cuenta pública de 1994. Dos horas y y media de debate. Nosotros quisimos meterle a fondo a la revisión de esto y ¿aquí para qué?, hay que aprobarlo y simple, y ahí en ese momento, ante la opinión pública, ante la población, ante nuestro pueblo, fuimos cómplices de los malos manejos de ese año de 1994 que hizo el salinato, que hizo Carlos Salinas concretamente, directamente y su grupo. Insisto, muchos de ellos actúan y gobiernan actualmente.
El 9 de enero, el PRD presentó la acusación, delito contra la riqueza nacional, acusación penal en contra de Carlos Salinas, Pedro Aspe, Jaime Serra, Miguel Mancera, José Córdoba que también goza de completa tolerancia por parte del Gobierno. Se le acusó por el ejercicio indebido del servicio público, por coalición de funcionarios y demás que resultaran de la averiguación y ni siquiera se les ha llamado por parte de la PGR a ninguno de ellos o a sus representantes, ni siquiera para tomar café, como alguna vez se insinuó por parte de Carlos Salinas de Gortari cuando anduvo por aquí también paseando.
Nada ha sucedido, ahí está la acusación. Pruebas las hay, están saliendo a diario. Este mismo asunto escandaloso es una de esas pruebas y no sucede nada, no pasa nada, tal como si no hubiera pasado nada y simplemente había que pagar los daños que nos hicieron otros para que salgamos adelante y nada, nada haya pasado según nosotros hemos examinado y comprobado, comprobado con el sexenio tan lamentable de Salinas de Gortari.
No podemos nosotros callar; no podemos simplemente aquí venir la oposición, PRD, PAN, a hablar sobre de esto, mostrar la indignación que tiene el pueblo mexicano y que no haya respuestas y no haya incluso solidaridad por el partido mayoritario aquí en la Cámara. Tiene que haberla, tiene que haber sus deslindes, tienen que decir clara y abiertamente hasta dónde están las responsabilidades, tienen que juntarse con nosotros junto con la población, para que podamos salir al paso de esta lamentable situación en la cual estamos nosotros.
No podemos seguir así. El Congreso tiene que ir a fondo, tiene que ser duro, tiene que exigirle al Presidente de la República mano dura legalmente, obviamente y dentro de nuestros derechos y nuestras leyes, para que se persiga a todos aquellos que nos dañaron.
No podemos seguir simplemente contentándonos con escuchar de parte del Ejecutivo algún discurso fuerte de vez en cuando, diciendo que no hay intocables cuando sí los hay y cuando sí se les protege desde todos los lugares de la institución; de las instrucciones del Ejecutivo.
No podemos serlo, porque nos convertimos en ese momento en cómplices estamos siendo cómplices.
La Comisión de Relaciones tendría que estar ahorita pidiendo cuentas abiertamente a la Secretaría de Relaciones por haber dado un pasaporte falso y que no nos salga ahora el angel de la dependencia con que eran tantos los papeles y que había papeles legales y entonces se les dio el pasaporte y punto y se les refrendó, porque eso está tapando simplemente un delito.
No podemos contentarnos con decir que no se vio, que se firman tantos pasaportes, que fue uno más y entonces se exculpe al ahora cónsul en Gran Bretaña de hacer este latrocinio y esta complicidad que tuvo con Carlos Salinas.
No podemos nosotros mantenernos así, cada una de nuestras comisiones puede estar directamente pidiendo cuentas, lo podemos hacer abiertamente para que no seamos cómplices de todas estas cosas absurdas y cosas tan tremendas que hemos estado viviendo.
Compañeros diputados, que esto nos sirva, que este escándalo sirva para que despierte el Congreso de la Unión, para que, insisto, no seamos una parte más del coro por ahí y una simple declaración y salgámosle al paso de este asunto. Tendremos que deslindar muy bien nuestro papel y nuestra función y sobre todo nuestra conducta respecto a la conducta del Ejecutivo.
Hay asuntos que podemos exigir, aclarar y que nos den respuesta inmediata. La misma Comisión de Justicia de la Cámara tiene que estar con la Procuraduría General de la República pidiendo y exigiendo que se cumpla con la demanda que hemos levantado, por ejemplo, el 9 de enero de este año.
Tenemos que estar siempre pendientes, compañeros diputados, de que no queden todos los delincuentes que nos saquearon y que ahora funcionan como secretarios de Estado, como Javier Bonilla, por ejemplo, de estar actuando abiertamente y así como si no tuvieran responsabilidades.
Hay responsabilidades muy claras y podemos, insistimos, pedírselas. Tenemos que hacer ese deslinde, tenemos que hacer las exigencias abiertas y fuertes para que no quedemos en unos simples, insisto y subrayo, cómplices.
Aunque no tengamos la facultad de fiscalizar los actos del Gobierno, sí podemos con la conducta moral y política que tenemos, hacerlo. Podemos hacerlo dentro de, incluso, respetando nuestras facultades, abiertamente y perfectamente y eso es uno de nuestros papeles y eso es algo que tenemos que hacer nosotros.
Tenemos que exigirle al Ejecutivo, insisto, que actúe abiertamente y duramente ya. El jueves termina el fuero de Carlos Salinas, por lo tanto que no tenga ningún temor la PGR y empiece a actuar para que se haga efectiva esta denuncia.
Tenemos que exigir el cierre de la Secretaría de la Contraloría, que es una burla para el pueblo mexicano, que son las tapaderas de todos los corruptos del sexenio pasado y quizá ahora también, ya estén actuando en lo mismo.
Debemos exigir que ya no se gaste el dinero que tiene de presupuesto esa Secretaría, porque no estamos dispuestos a pagarle a una Secretaría que es vil tapadera de los actos de corrupción que tiene el Ejecutivo en cada una de sus secretarías y de sus funcionarios.
Tenemos también que legislar para que los informes de nuestros bienes patrimoniales sean expuestos ante la opinión pública, que no tengamos temor de decir: tenemos esto, así entremos y así salimos de nuestras funciones. Que no sirvan esos pretextos que ahora decimos que no lo hacemos porque podríamos sufrir algunos otros asuntos por parte de delincuentes organizados o no y por lo tanto no hay que decirlo.
Sin temor abiertamente, cada uno de los funcionarios, de los diputados, senadores, gobernadores etcétera, tenemos que decir cuáles son nuestro bienes, de dónde vienen y cómo salimos de nuestras funciones, porque ya no podemos seguir con esta farsa de que disque decimos qué es lo que tenemos para que ahí quede y se convierta, insisto, la Secretaría de la Contraloría en un cómplice más dentro de esta red de complicidades que existen en nuestro país.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, tenemos que legislar mucho para que no sigan sucediendo estos hechos tan lamentables. Qué vergüenza la que está pasando el pueblo mexicano por culpa de unos pocos. Esta vergüenza no podemos nosotros hacerla nuestra.
Tenemos que ser, insisto, en el deslinde totalmente para que no seamos tampoco tapaderas de los funcionarios que han actuado en contra del pueblo mexicano.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En rigor, no han faltado voces en esta Cámara que demanden acción en contra de Carlos Salinas y de su familia.
El de la voz, como fracción Social Demócrata, en cuatro ocasiones ha pedido juicio político por traición a la patria, destrucción de la economía nacional y enriquecimiento inexplicable, entre otras conductas delictivas para el ex presidente.
Se ha pedido también el enjuiciamiento de la banda de depredadores que lo acompañó en ese sexenio y esta Cámara, en las irresponsables manos de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, ha desechado sistemáticamente lo que el clamor popular exige.
Esas comisiones, presididas por el dúo de diputados prianistas, Pérez Jácome y Pérez Noriega, sistemáticamente alegan, parafraseando a Salinas, que no ven, no oyen, no escuchan, no entienden.
No entienden esos comisionados que 90 millones de mexicanos exigen que Carlos Salinas y sus familiares sean sometidos a la acción de la justicia.
La primera denuncia fue presentada cuando Carlos Salinas era Presidente de la República; hemos presentado otras durante el transcurso de este año.
Siempre las comisiones a las que hago referencia, primero aplican la congeladora, esto es, violando el reglamento que les otorga un plazo de 30 días, lo vulneran y resuelven cuando les viene en gana.
Finalmente, cuando sus ocupaciones se lo permiten, concluyen que no hay lugar.
Son estos diputados los únicos, entre 93 millones de mexicanos, que no ven, que no aprecian, que no captan el grado de corrupción de la familia Salinas de Gortari.
Porque veamos: Carlos Salinas no montó un equipo para el buen gobierno, integró un grupo de trabajo de defraudadores en lo electoral y de depredadores en lo económico.
La historia ya juzgó el daño que a la nación hizo un usurpador, ilegítimo de origen, que logró mantenerse seis años en un poder que no merecía y la historia está por juzgar el daño que a la patria le causa un siniestro grupo de ladrones, empezando por el propio Carlos Salinas, que logró amasar una fortuna familiar de 19 mil millones de dólares, según reportan los servicios de inteligencia del Departamento del Tesoro, con base en una investigación realizada en Panamá, Bahamas, Luxemburgo, Liechtenstein, Inglaterra, Suiza, Gran Caimán, España y en México.
Según estas fuentes la fortuna de Salinas se integra por 1 mil millones de dólares en bienes muebles, 7 mil 500 millones de dólares en acciones, 10 mil millones de dólares en depósitos y 500 millones de dólares en valores. Estos bienes, estos activos, desde luego no sólo están en México, Estados Unidos y Canadá, sino en los países a los que hemos hecho alusión y en donde los servicios de inteligencia internacional han logrado cuantificar el monto de la depredación.
Compañeras y compañeros, nunca nadie en la historia del capitalismo hizo tal fortuna en tan poco tiempo y más aún nadie más la tiene, ni el Sultán de Brunei, ni el señor Billy Gates el hombre más rico de los Estados Unidos. Gates sólo tiene 15 mil unidades, el señor Salinas tiene 19 mil millones de dólares.
Pero veamos comparativamente lo que significa contra otros afamados ricos la fortuna de la familia Salinas. Salinas tiene prácticamente el doble de lo que posee el segundo hombre más rico de los Estados Unidos, Warren Buffett. La familia Salinas posee 14 veces la fortuna de David Rockefeller; la fortuna de la familia Salinas es 12 veces más grande que la de Gordon Peter Getty; es siete veces más cuantiosa que la de Kirr Kerkorian; la familia Salinas posee una fortuna superior también en siete tantos a la de Ross Perot; es 10 veces más grande que la fortuna de todos los herederos de Randolph Hearst; la fortuna mal habida de los Salinas no tiene paralelo hoy por hoy en el orbe.
Y esa fortuna no se deriva de herencia, porque si yo mostrase a ustedes hoy aquí la fuente que nos permite hacer esta comparación, el último listado, 16 de octubre de 1995, de la revista Forbes, que señala que el 90% de las fortunas que mencioné, dice la última columna: fuente primarias, aquí se señala de donde proviene y en la mayoría de los casos cuando las fortunas son superiores a 100 millones de dólares, aquí a la derecha dice: herencia; esto es, son fortunas creadas por generaciones de individuos, como es el caso de los Rockefeller, Dupont, Rothschild, Getty.
Pero en el caso de Salinas no es de una herencia familiar, es de la sistemática acción para el latrocinio, para el robo, con que esta siniestra maquinaria salinista asaltó el bolsillo de los mexicanos.
Y para eso se diseñó un mecanismo siniestro. Primero, un operador financiero sin escrúpulos de nombre Raúl, que se dedicó a cobrar comisión por la venta de los 18 bancos que del Estado pasaron a manos privadas; que se dedicó a cobrar comisión por toda la compra de granos hacia este país; que se dedicó a cobrar, "mordida", pues como decimos los mexicanos, para toda gestión en favor de los ricos como Roberto González Barrera, el famoso "don maseco"; que se dedicó a meter en caja el producto aun de intimidaciones a aquellos que se oponían al gobierno de su hermano.
Pero así como había el operador financiero, había la gran encubridora en la persona de María Elena Vázquez Nava, ungida Secretaria de la Contraloría para controlar, nada controló, porque la contralora nunca vio, nunca estudió la declaración patrimonial de don Raúl que asombrosamente día con día crecía en dólares; y tampoco vio la contralora que don Raúl poseía no sólo doble sino cuádruple personalidad, porque son cuatro las identidades con las que Raúl Salinas pudo hacer sus operaciones. Y desde luego nada vieron el canciller que expedía alegremente pasaportes y tampoco vieron los banqueros privados ni la banca central cuando los pesos se convertían en dólares y cuando los dólares, producto del narcotráfico que era finalmente la última fuente y no por última menos importante, incrementaban el cuantioso nivel de ingreso de la familia Salinas de Gortari.
Todos ellos, entre otros, son responsables de un gran robo a la nación mexicana. Esta Cámara de Diputados ha prevaricado por conducto de las comisiones que aludí, de su deber constitucional para fincar las responsabilidades correspondientes a Carlos Salinas y sus cómplices. Esa larga cadena de irresponsabilidades debe ser detenida. Hoy aún es tiempo para que la mayoría priísta en esta Cámara antes de que sea demasiado tarde y ella misma sea vulnerada, asuma con dignidad, con elevados propósitos, su responsabilidad e histórico deber de enjuiciar al ex presidente. Hay, por parte de la fracción Social Demócrata dos denuncias pendientes en contra de Salinas exigiendo juicio político. Ellas deberían ser adoptadas, aceptadas por esas comisiones y turnadas a este pleno de la representación nacional.
Porque veamos, esas comisiones se arrogan facultades que ni la Constitución ni la ley les confiere; esas comisiones deben ser receptoras de las demandas de juicio político, no tienen en estricto derecho facultad para juzgar y al presente se han erigido en juez y parte, son en cierto sentido una muy elegante oficialía de partes, deberían turnar al pleno, satisfecho que la denuncia está rubricada, que ha sido ratificada, que se refiere a un funcionario público, que está en la condición de aquellos que deben rendir cuentas ante el Congreso, visto y satisfecho todo ello, las comisiones referidas de Gobernación y de Justicia, deberían someter los textos al pleno para que sean éstos los que juzguen si ha lugar o no al juicio político, al señor Salinas de Gortari.
Pero además de la responsabilidad que este Congreso tiene, hay otra entidad que tiene responsabilidad, si no mayor, interpares con la del Poder Legislativo y es la responsabilidad, señoras y señores, del señor Zedillo Ponce de León. El como jefe del Ejecutivo, como encargado del Poder Ejecutivo, está obligado hoy más que nunca, a actuar.
El tiene todos los elementos de juicio; no puede, como dicen los jóvenes de hoy, "fingir demencia" ante la evidencia de que Carlos Salinas está implicado en el asesinato de Colosio, está implicado en los latrocinios que en nombre de la familia cometió Raúl Salinas y que, finalmente, condenan a todo un Gobierno. El señor Zedillo, desde luego, sufre hoy por hoy, como dice una revista arquetípica del capitalismo, la Revista Bussines Week, del 27 de noviembre, del día de ayer:
"Zedillo padece dos debilidades básicas: una incapacidad total para vender sus programas y una falta de voluntad para ejercer los fuertes poderes presidenciales" y predice que si Zedillo no actúa, amenaza con hundir a todo el país y esta publicación se atreve ya a lo que ninguna otra del imperialismo se había atrevido.
Ya dice en su página dos, sugiere que Zedillo se haga a un lado, precisamente por su incapacidad para actuar.
Nosotros decimos: Que si Zedillo no actúa en contra de esta banda de criminales, las contraloras Vázquez Nava, los Raúl Salinas y Paulinas Castañón, el capo di tutti capi Carlos Salinas y el padre del capo di tutti capi Raúl Salinas Lozano, corre el grave riesgo de ser rebasado por los acontecimientos y si Zedillo, lo decimos desde esta tribuna, no tiene el valor para enfrentar el reto que hoy el pueblo le exige, debería tener por lo menos la decencia de venir aquí a dimitir, por causa grave que debe calificar este honorable Congreso de la Unión.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ezequiel Flores Rodríguez, para referirse al mismo tema.
El diputado Ezequiel Flores Rodríguez:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Efectivamente, nos encontramos ante un escandaloso, una vez más, ante un escandaloso acontecimiento que tiene que ver con los intereses de todos los mexicanos.
Los medios de comunicación, cumpliendo con la noble labor, han hecho extensivo no solamente a los mexicanos, sino en el mundo entero, una vez más, conocemos de la naturaleza de este Gobierno. Sexenio tras sexenio, desde que tenemos memoria, alrededor de unos 20 ó 25 años, hemos venido señalando y denunciando una serie de corruptelas.
El Presidente:
Permítame, señor diputado.
Esta Presidencia invita a quienes no son legisladores, personal de apoyo y asesores y a los representantes de los medios de comunicación, a pasar a los sitios destinados para su uso, al fondo de esta sala. Solicitándoles guardar orden y respeto para proseguir el desarrollo de la sesión.
Esta Presidencia, en términos del artículo 207 solicita a las personas que están al frente pasar a las galerías de manera adecuada y en orden.
Continúe, el orador.
El diputado Ezequiel Flores Rodríguez:
Decía, compañeros legisladores, que desde hace aproximadamente unos 20 ó 25 años, hemos venido no solamente señalando sino también denunciando esta serie de actos que comprometen los intereses y la economía de todos nosotros, los mexicanos. Pero de acuerdo con esos acontecimientos parece ser que aún no terminamos de aprender. ¡Aún se siguen sucediendo esta serie de actos y de manera más escandalosa, como el que estamos conociendo, señores diputados!
¡En estos días la prensa nos ha dado a conocer los 40 millones de dólares que se le encontraron a Mario Ruiz Massieu! ¡Y ahora los que intentaba obtener de bancos suizos la esposa de Raúl Salinas de Gortari! ¡Esto es una burla para el pueblo de México, toda vez que millones de mexicanos, empleados de diversas dependencias públicas, viven en la más espantosa miseria!
¡Y más aún: millones también de mexicanos que no cuentan con un empleo seguro, con un empleo digno, para llevar bienestar a su familia! ¡Mientras un puñado de funcionarios corruptos, como es el caso que nos ocupa, amasan importantes fortunas que bien debieran servir para crear fuentes de empleo, para crear mecanismos que permitan a los demás mexicanos, ahora sin esperanza, contar con seguridad social, contar con servicios públicos, pero la realidad, compañeros legisladores, es muy diferente.
Seguimos los mexicanos, seguimos las distintas instancias de Gobierno, seguimos el Poder Legislativo, sin crear los mecanismos adecuados que eviten ese tipo de tropelías en contra de la economía de todos nosotros.
Existe la propuesta del Presidente de la República por crear un órgano superior de fiscalización para controlar este tipo de actos. Nosotros, el Partido del Trabajo, hacemos el llamado a todos los legisladores, a todos ustedes, para que aprovechando esta propuesta y toda vez que las cuatro fracciones la hemos venido discutiendo, que encontremos en él, en este organismo, las medidas necesarias para poner freno, de una vez por todas, a este tipo de atropellos, a este tipo de corrupciones, para que no salgamos en futuros gobiernos con que nos vuelven a sorprender, con que funcionarios de los distintos gobiernos vuelven a meter las uñas en el presupuesto federal, en los recursos que son de todos los mexicanos y sigamos padeciendo la difícil situación económica por la que hasta ahora nos hemos venido quejando, pero que hemos sido incapaces de encontrar las medidas necesarias y suficientes para poner un alto a ese tipo de corrupciones, a ese tipo de actitudes que día a día comprometen al pueblo de México.
Mi partido, desde esta tribuna se pronuncia porque frente a estos acontecimientos, frente a esta cantidad estratosférica que se atribuye al señor Raúl Salinas de Gortari, se haga una profunda investigación para que se deslinde la responsabilidad, porque estamos seguros que no solamente es Raúl Salinas de Gortari, es en el caso de esta persona, de ese ex funcionario quien últimamente, por razones que todos conocemos, cayó en desgracia y es la razón por la que fue posible detectar esa cantidad malhabida, pero estamos seguros que otros funcionarios en este momento se encuentran en el anonimato en una situación semejante.
Nosotros llamamos a todo el pueblo de México, a todos ustedes, compañeros legisladores, para que este acto no sólo quede como un mero acto publicitario, sino para que aprovechemos la ocasión no solamente para deslindar la responsabilidad en cuanto a Raúl Salinas, sino para encontrar a los cómplices, para encontrar a los encubridores, porque Raúl Salinas estamos seguros no es solo, es una gama de funcionarios que se han venido encargando de robar al erario público.
Pedimos pues, para terminar, que todos estemos interviniendo de manera decisiva para esta profunda investigación, para que se deslinde la responsabilidad no solamente de este funcionario, sino de otros que seguramente están implicados.
Muchas gracias.
El Presidente:
¿Si, señor diputado.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):
Señor Presidente, le solicito que se lea la lista de oradores que se han anotado para este tema, por favor.
El Presidente:
Están inscritos los diputados Leonel Godoy Rangel, Luis Alberto Rico y Samaniego, Joaquín Vela González, Graco Ramírez Garrido Abreu, Salvador Beltrán del Río Madrid, José Castelazo y de los Angeles y Marta Alvarado Castañón.
Tiene el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Como ya se dijo aquí, la semana pasada nos enteramos que el 15 de noviembre de 1995 fue detenida en Suiza Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas de Gortari, cuando intentaba retirar de un banco 84 ú 85 millones de dólares, suma fantástica para casi el 100% de los mexicanos.
Este hecho tan difundido por sí sólo no sería de la importancia que contiene si no fuera porque surgen a la luz pública cuestionamientos que durante años la oposición ha planteado sobre el asunto de fondo que emerge y que se debe de enjuiciar hoy: el sistema político mexicano.
Efectivamente, detrás del caso de la familia Salinas de Gortari, la primigenia causa de dichos actos delictivos se encuentra en el sistema de partido de Estado que vivimos todavía en México, aun sea ya precario, débil, atacado y posiblemente modificado. Un régimen político antidemocrático genera corrupción e impunidad, tal es el caso del sistema mexicano.
Afirmamos convencidamente que la solución mejor hasta ahora conocida para resolver los problemas de la corrupción y la impunidad es un sistema político democrático. Un sistema de pesos y contrapesos con alternancia en el poder, elecciones equitativas, un Congreso y un Poder Judicial independientes, que propicie un sistema de justicia probo, eficiente y moderno. Cuando lo tengamos, habremos dado el primer golpe real a la delincuencia, aun a la de cuello blanco y al crimen organizado.
¿Por qué afirmamos lo anterior? Porque el caso de Raúl Salinas de Gortari y los posibles nexos de otros familiares y políticos, incluso de Carlos Salinas de Gortari, no es un hecho aislado, circunstancial, sino producto de un sistema de complicidades que sexenalmente se da.
Por cierto, esto no ha sido privativo sólo de las políticas populistas, como alegremente en su momento la derecha y los tecnócratas neoliberales nos lo quisieron hacer saber, en los inicios de la política económica neoliberal. Ellos, la derecha y los tecnócratas, ¿no nos señalaban como deshonestos a los políticos echeverristas y lopezportillistas? ¿No fue la base ideológica y moral para iniciar una política privatizadora de las empresas del Estado? ¿No se buscó febrilmente por eso adelgazar la administración pública, supuesta causa única de la corrupción? Se ocultó por ellos intencionalmente su verdadero origen, un sistema antidemocrático.
El nepotismo de la familia Salinas de Gortari no ha sido el único y desgraciadamente puede no ser el último. ¿Qué acaso Luis Echeverría no tuvo a su Rodolfo? ¿José López Portillo a Margarita, Guillermo y José Ramón? ¿Quién no ha leído las denuncias de los negocios sospechosos de los hijos de Miguel de la Madrid, de sus nexos públicos con Carlos Peniche? ¿Alguien aquí puede negar que la enorme riqueza que ha amasado Carlos Hank González y su familia, no fue bajo la influencia del poder que él mismo detentó? ¿La familia Figueroa Alcocer no construyó su riqueza por la protección de las autoridades a su pulpo camionero? ¿Quién no sabe que el monopolio anticonstitucional y ofensivo de Televisa, creció desmesuradamente a cambio del silencio cómplice de la corrupción gubernamental? ¿La riqueza de Emilio Azcárraga existiría sin esa relación ilícita con el poder presidencial? ¿Los nuevos multimillonarios, los Roberto González, los Carlos Slim, los Roberto Hernández y demás beneficiarios de la ola privatizadora, no deben esa riqueza al impune y absoluto poder presidencial.
Lo que hoy sucede, compañeras y compañeros, con los Salinas de Gortari, caídos en desgracia ante el nuevo régimen, ¿no ocurrió acaso con Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo? Cuando los que hoy aplauden las medidas tomadas en contra de la familia Salinas, ¿no los aplaudieron rabiosamente cuando detentaban el poder? ¿O acaso no muchos de los que aplaudían aplaudieron a López Portillo cuando nacionalizó la banca y después aprobaron su privatización.
Podríamos llenar cuartillas de ejemplos de la incoherencia y de la inconsistencia de los hombres y mujeres que han representado y representan al sistema presidencialista metaconstitucional.
Lo único cierto es que el camino de la explicación penal no resuelve de raíz lo aquí tratado; es una expresión popular que en cada sexenio surgen comaladas de nuevos millonarios. También todos hemos conocido sonados casos de encarcelamientos sexenales de encumbrados funcionarios públicos: Félix Barra García, Eugenio Méndez Docurro, Fausto Cantú Peña, el "Negro" Arturo Durazo, Jorge Díaz Serrano, Zorrilla Martínez, Joaquín Hernández Galicia y ahora la perla de este sexenio: Raúl Salinas de Gortari.
¿Eso resolvió los problemas? Yo creo que la respuesta es no.
¿Qué hicieron en su momento los sucesivos secretarios de la Contraloría: Ignacio Pichardo Pagaza, Francisco Rojas Gutiérrez, María Elena Vázquez Nava y ahora Norma Samaniego? ¿No se enteran por los periódicos del enriquecimiento ilícito de muchísimos funcionarios públicos? ¿Alguna ocasión han tomado la iniciativa para investigar las fortunas de no pocos políticos.
La principal pregunta ante esto sería: ¿resistiría el actual sistema político mexicano y sus beneficiarios una investigación a fondo, real, de las riquezas pasadas y actuales de muchos políticos? Cualquiera sabe que no. La respuesta, la solución es contar con un régimen democrático, no sólo de cambio de persona. ¿Por qué entonces los intentos desestabilizadores, la oposición de los dinosaurios a la transición democrática? Creemos que ahí está la explicación de antiguos detentadores y partícipes del autoritarismo centralista, ahora defensores del federalismo, como Madrazo, Bartlett y Figueroa Alcocer. Ellos serán los dinosaurios y estos tecnócratas ensoberbecidos, los perjudicados con un cambio democrático, junto, por cierto, con los empresarios monopólicos y multimillonarios favorecidos por la política neoliberal.
No se regula ni se ha regulado por esta política puesta en práctica, la entrada y salida de capitales, por ejemplo, como muchas otras cosas no se harán bajo un sistema económico, con el proyecto del neoliberalismo.
También resulta indispensable para nosotros ya, que el Poder Legislativo recupere totalmente su facultad fiscalizadora del gasto público.
Proponemos, y lo hicimos por cierto en diciembre del año pasado, que debe de desaparecer por inútil y costosa la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, porque no puede ser juez y parte.
Cuando se discutieron en diciembre del año pasado las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nosotros propusimos que desapareciera esta Secretaría y que sus funciones o sus atribuciones mayores pasaran a la Cámara de Diputados y las menores quedaran en una dirección administrativa de la Presidencia de la República.
Por ello creo que fue correcta la propuesta del PRD, en su momento también, de hacer, de pedir, de exigir que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos.
El sistema de justicia mexicano debe tener independencia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Este honorable Congreso de la Unión debe legislar al respecto y además urge tipificar el delito de lavado de dinero en el Código Penal Federal, pues se anunció y lo están diciendo todos públicamente, que hagan investigaciones en curso sobre actividades ilícitas, productos del narcotráfico de actuales funcionarios y de ex funcionarios públicos. Si no existe este delito, entonces estaríamos simplemente ante casos de impunidad, porque los responsables no podrán ser encarcelados por lavar dinero.
Hoy debemos exigir, abrir investigaciones contra quienes se han enriquecido ilícitamente; por ello, debe de darse inmediatamente facultades al Poder Legislativo para proceder.
Igualmente es un reclamo de los mexicanos que se cite a declarar en diversos casos penales a Carlos Salinas de Gortari. El fundamento legal existe ya; el PRD presentó una denuncia y existe actualmente una averiguación previa penal en la Procuraduría General de la República y tenemos, por lo tanto, ante el Ministerio Público Federal, posibilidades de reclamar que legalmente sea citado ya Carlos Salinas de Gortari.
Finalmente, compañeras y compañeros diputados, hoy podemos, como Poder Legislativo, crear un nuevo régimen democrático, con un nuevo estado de derecho que combata a fondo y realmente la corrupción y la impunidad. Si cumplimos con ese papel en la parte que nos corresponde, que es crear un sistema jurídico acorde a los tiempos modernos y democráticos que deben de existir en nuestro país, entonces sí estaremos combatiendo realmente el problema de fondo por el que surgen los casos ahora escandalosos, como el de Raúl Salinas de Gortari, pero que no es el único ni será el único.
Tenemos la palabra, compañeras y compañeros diputados.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Alberto Rico y Samaniego, para referirse al mismo tema.
El diputado Luis Alberto Rico y Samaniego:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario de Acción Nacional, por mi conducto, hará muy puntuales aseveraciones y reiterará otras aplicables a este penoso caso.
Los diputados federales de Acción Nacional nos sumamos a la profunda y justificada indignación del pueblo de México al conocer los hechos de enorme enriquecimiento de Raúl Salinas de Gortari, lo que hace suponer con fundada seguridad que hay muchos otros funcionarios del círculo íntimo del ex presidente Salinas, que usando la protección que este círculo les confirió, usaron su puesto para ayudar a hacer más pobres a los mexicanos, al concentrar riquezas y de hecho cancelar programas de inversión pública para beneficio personal.
Los legisladores federales del PAN, interpretando la política con un sentido ético, hemos votado en contra de las cuentas públicas de la administración federal, incluyendo, desde luego, la de 1994, porque el uso del presupuesto ha servido al grupo priísta en el poder para amasar fortunas faraónicas, mientras cada día hay más hambre, más desempleo y, por consiguiente, más pobreza e inseguridad pública.
Los diputados federales del PAN, conscientes del compromiso ético, político, que tenemos con México y los mexicanos, sostenemos que sólo fortaleciendo las instituciones públicas se puede llegar a vivir en el futuro inmediato un auténtico estado de derecho. Por eso urgimos al Gobierno Federal a proceder con toda energía contra los que diciéndose y haciéndose pasar por honestos funcionarios públicos defraudan a los mexicanos aprovechándose mañosamente de su puesto e influencia para enriquecerse con todo tipo de acciones fraudulentas.
Por eso, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados muestra su indignación por los bochornosos hechos de corrupción en los que está inmerso Raúl Salinas de Gortari y apoya las acciones de la Procuraduría General de la República para que actúe con prontitud y energía contra todos los involucrados, así se trate del propio ex presidente Salinas.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Joaquín Vela González.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Compañeros legisladores:
Resulta verdaderamente indignante escuchar que algunos políticos, algunos funcionarios, tienen sus depósitos en los paraísos fiscales, no sólo en Suiza, seguramente también en todos los países fiscales del Caribe; muchos políticos mexicanos que han saqueado las arcas públicas deben tener invertidos su recursos.
Y es verdaderamente indignante, principalmente en años en donde la crisis económica ha llevado, ha conducido a miles y a millones de mexicanos a perder su empleo.
Si esos recursos en lugar de ser saqueados por algunos funcionarios hubieran sido invertidos, que era la función específica que se les había asignado, nosotros tuviéramos seguramente fuentes de empleo de mayores proporciones.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo que donde se han llevado las investigaciones y se ha comprobado que esos recursos han sido desviados, se aplique la ley de manera irrestricta y se les castigue.
Pero no queremos caer en el juego de acusar sin pruebas, de manera irresponsable, a otra gente a la cual no les ha sido probada su responsabilidad.
Yo no comparto la opinión de algunos compañeros legisladores de mencionar algunos nombres que no tienen aún o no han sido claramente o no tenemos pruebas para acusarlos.
Nosotros pensamos que tienen que hacerse tres cosas fundamentalmente en este país:
Primero. No puede seguirse, desde hace 20 años se viene encarcelando en este país, a funcionarios que han desviado recursos, pasan 20 años y las cosas siguen pasando igual. Esto, compañeros, es inadmisible para todos nosotros, para todos los mexicanos.
Necesitamos verdaderamente poner mucha atención para que estas cosas no sigan pasando.
Segundo. A todas aquellas personas que se les ha comprobado, tienen que ser, de manera ejemplar, castigados para que no sigan cometiendo ningún latrocinio.
Y tercero. Que la investigación se haga de manera profesional y seria y que todo el que resulte implicado, pero con base en pruebas, tenga y sea llamado a declarar.
Nuestro partido, repito, no queremos hacer señalamientos, si no tenemos las pruebas. Creo que en el caso de Raúl Salinas de Gortari ha sido evidente, están presentándole pruebas, es un nombre concreto, se llama Raúl Salinas de Gortari, que se le aplique la justicia.
No vamos a mencionar ningún otro nombre de ninguna persona sobre la cual no tengamos ninguna responsabilidad.
Exigimos, sí, que se investigue, que todos los que estén implicados, todos los que estén implicados, lo digo así, en voz alta, sean castigados; pero no queremos adelantar juicios.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Graco Ramírez Garrido Abreu.
El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:
Con su venia, señor Presidente:
El día 1o. de noviembre, siguiendo las tradiciones, éstas producto del TLC, esa tradición de origen anglosajón, la famosa noche de brujas, los niños se disfrazan de monstruos para asustar y pedir golosinas, según el rito de esta tradición.
Creo que ustedes se enteraron igual que yo que una de las máscaras que más se vendió y que los niños portaban, era la de Carlos Salinas. Los niños se pusieron la máscara que se vendió enormemente en todas las calles del país, de las ciudades y esa máscara la portaban los niños para disfrazarse de monstruos.
Carlos Salinas en un acto pragmático, yo diría cínico, se exculpa y efectivamente igual que a los perredistas, él ni veía ni oía lo que hacía su hermano, su compañero de "mil batallas", según consta como testimonio en la dedicatoria de su tesis profesional.
No estaba enterado; así como los niños hoy se ponen esa máscara, ¿quién no estaba enterado en este país que Raúl Salinas de Gortari importaba con permisos otorgados por otro Carlos, un Carlos que nunca ha dejado de ser funcionario público, pero que en sus noches de desvelo es un eficiente empresario?, trabaja horas extras, porque a la vez que empezó como profesor rural y con algunas cuantas pipas, hoy es uno de los hombres más ricos de este país, en la lista de los más ricos también del mundo: don Carlos Hank González, el "Rey Midas".
Este señor otorgaba los permisos al hermano de Carlos Salinas, la carne congelada después de cinco años, de Nueva Zelanda, para afectar a todos los ganaderos del país. El arroz de Taiwan o de Filipinas, para quebrar a los arroceros de Sinaloa, de Morelos, de muchas partes del país. El maíz para otro amigo del Carlos y el tío Carlos, Roberto González, consuegro de Carlos Hank y el tío de Carlos Salinas, que junto con Raúl, se dedicaron a darle el maíz que importaba el sobrino Raúl al señor Maseco o Roberto González y para ellos había maíz especial, para harina de maíz y Raulito abrió con el tío Roberto una cadena importante de tortillerías en California y en Texas.
También vende tortillas Raúl Salinas. Ya se sabrá después si se investiga.
El contacto fue Hugo Andrés Araujo y el otro contacto fue aquí, en la Cámara, Muñoz Rocha, cubrían el frente de relación desde la Cámara de Diputados con el maestro Hank González. Cuando yo, el día 3 de noviembre, señalé que Raúl era el autor intelectual, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, del crimen de José Francisco Ruiz Massieu, me habló a mi celular don Carlos Hank, porque lo mencioné quizá, no me acuerdo, pero creo que sí, seguramente lo mencioné y él me dijo directamente que él no conocía al señor Muñoz Rocha, que nunca había tratado con el señor Muñoz Rocha; exactamente la misma lógica de Carlos Salinas con respecto a Raúl, él no sabía de este enriquecimiento. Nada inexplicable es totalmente explicable.
Carlos también debe saber, que muchos sabemos que él no vendió los bienes públicos, que él y su familia se los compraron y sus amigos se los compraron; es un secreto a voces en este país y también, sin aludir personalmente, porque sé que es esposa de un compañero legislador que está en esta Cámara de Diputados, la señora María Elena Vázquez Nava, se prestó hasta con una edición de unos famosos libros blancos que entregó, acerca de la transferencia transparente que se hizo al sector privado de los bienes públicos de este país. Tampoco ha de saber que su hermana Adriana obtuvo una unión de crédito a nombre de su marido, que quebró con un fraude maquinado por muchos millones de pesos, de viejos y ahora nuevos; o que se presume que la empresa que fletó los aviones, entre ellos, en el que iba el angelito éste, el güero Palma, es una empresa que fleta aviones privados a nombre de ella o de su marido, de la señora Adriana.
Compañeras y compañeros:
Se hizo una encuesta, después de las declaraciones del presidente Zedillo, acerca de que no había intocables ¿y saben cuántos mexicanos confiaron?, dijeron, de los que se entrevistó, del universo de entrevistados, señalaron que no creían en esa declaración, el 85% de los encuestados. Si ustedes hacen una encuesta de qué piensan los diputados, los mexicanos de ese país, de nosotros, nos va ir peor todavía, nos va a ir peor, porque el mensaje que dimos en esta aprobación rutinaria del dictamen de la cuenta pública fue un mensaje que nos pueden restregar con toda razón millones de mexicanos. Ahí anduve yo hablando con varios compañeros del PRI diciéndoles: "no hagamos esto, ¡hombre!, es una oportunidad, por decoro, por dignidad, no aprueben este dictamen, prolonguemos esto, tenemos que presionar de esta manera". No, señor, hay que votarlo como un simple trámite más; y sé que muchos deben estar profundamente avergonzados.
Otro caso que es importante revisar aquí, porque el sistema político que hoy termina, que hoy está en su fase terminal, surgió de un crimen también, de un magnicidio.
En 1929 se fundó el partido de Estado, el: PNR, para evitar los crímenes y los enfrentamientos violentos entre la clase política que constituía, como fuerza triunfante, el nuevo Estado mexicano.
Y por eso los crímenes de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, significan que las reglas de convivencia del sistema se han agotado, que quienes ejercieron el poder, llegaron a tal grado de corrupción, descomposición y autoritarismo, que liquidaron las reglas de convivencia de un sistema político que permitió estabilidad, que permitió avances, que permitió lucha política y que permitió márgenes de legalidad crecientes en el país; pero ese sistema se agotó y el crimen sobre el cual nació, los crímenes sobre los cuales hoy mueren, son la señal que exige de muchos de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, otra actitud, por simple decoro, por simple conciencia, por sus deberes como representantes.
¿A quién se acusó de inmediato, a quién se investigó de inmediato en el magnicidio de Issac Rabín? ¡Al jefe de seguridad del Primer Ministro! ¿A quién se investigó en primer lugar? ¡Al círculo encargado de la seguridad del Primer Ministro! ¿A quién se investigó? ¡Al responsable de la seguridad del Estado israelí! No perdieron el tiempo en tonterías; en fabricar falsas pistas, en inventar rápidamente a un solo culpable para evitar que el Presidente fuera cuestionado, para poder nombrar al sucesor después del crimen de Colosio, como se argumentó y confesó alguno de ellos y aquí, en el caso de Colosio, no se atreven, no pueden llamar a quien cínicamente en una entrevista en un medio de comunicación, regresó al país y dijo que estaba dispuesto a presentarse ante una autoridad judicial, pero que él nunca se hizo cargo de la seguridad nacional. Por mentiroso, nada más por eso, por estar diciendo falsedades, José Córdova Montoya debería de ser llamado por el Ministerio Público a declarar, porque hay suficientes declaraciones y pruebas que él era el responsable de la seguridad del Estado, que él decidía, trataban con él los del Centro de Seguridad Nacional; con él se reunían los del Estado Mayor Presidencial; él sabía muy bien qué hacía todo mundo; con quién se reunían todos los funcionarios; qué pendientes había con el Presidente; qué cosas había que hacer con cada uno de los secretarios de Estado; él se entrometía en los acuerdos de seguridad nacional con las propias fuerzas armadas, ofendiendo al Ejército mexicano; él se sentaba junto a Salinas a escuchar los acuerdos con el Secretario de la Defensa, ofendiendo al Secretario de la Defensa. De ese tamaño era el poder de José Córdova Montoya, y hay testimonios y declaraciones judiciales.
Y el señor no puede ser llamado. Hasta hoy día aquí anda, va, viene y sale con toda impunidad. Hasta presume de haber organizado la gira a Estados Unidos, del presidente Zedillo. Yo lo sé.
Creo, compañeros, que es importante que hagamos un esfuerzo.
Creo que si no contribuimos nosotros como legisladores a rescatar en este momento de crisis, de vergüenza, pues nos da vergüenza, finalmente, que se entere todo el mundo de la clase de pelafustanes que gobernaron al país, de la clase de funcionarios que se adueñaron de este patrimonio construido por generaciones de mexicanos, con el sacrificio de millones de mexicanos ¡Lo cometieron en su patrimonio personal! ¡No únicamente ellos! ¡No únicamente la familia de Salinas! ¡Es falso! ¡Muchos de los funcionarios! ¡Muchos de sus amigos! ¡Muchos de los ahora dirigentes de bancos! ¡Ellos son parte de esa operación! ¡A costa del erario público, a costa del patrimonio público:
Yo, solamente, compañeros, hay propuestas de sobra: que si las de juicio político, que si la Contraloría o no etcétera, que la comisión especial que propone Aguilar Zinser. ¡Todo eso es válido! Yo solamente les pido una cosa, una sola petición, por decoro y dignidad de esta Cámara: ¡exijamos, no acusemos de culpables, pero exijamos que si Córdoba Montoya y Carlos Salinas de Gortari, como dicen en textos personales no saber, no estar enterados, no haber ejercido cargo, lo hagan ante autoridad judicial! ¡Digan su declaración, sostengan su dicho, sostengan su verdad si la tienen ante la autoridad judicial! ¡Y exijamos después de esto, si procede o no que estas personas sigan gozando de la libertad que no merecen, en mi opinión:
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Salvador Beltrán del Río Madrid.
El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para Acción Nacional estos lamentables hechos que hemos estado debatiendo en las últimas horas, tienen un origen político, más que ningún otro; y tienen un origen político porque mientras que en nuestro país no exista un auténtico y verdadero régimen democrático, seguiremos sufriendo estos lamentables hechos. Hoy valdría la pena releer aquel ya añejo artículo de Enrique Krauze, "El timón y la tormenta" o aquel otro de "Por una democracia sin adjetivos".
Si hay algo que ofende al mexicano, son estos hechos, es la corrupción. ¡La crisis la hemos sufrido muchos años, pero "esto es una bofetada al pueblo mexicano":
El profesor español, Juan Linz, al caracterizar el régimen autoritario señala que precisamente se viene a caracterizar en una de sus múltiples peculiaridades, por su falta de responsabilidad; esto es, un régimen que no atiende ni a quienes lo eligieron, porque no le importa, ni atiende a los reclamos que diariamente le hace la ciudadanía, porque también le son indiferentes. En fin, no atiende al reclamo, a las demandas populares, es un régimen irresponsable.
Otro conocido, también intelectual, el profesor Huntington señala que quienes conforman, quienes forman parte de los regímenes autoritarios, en la gran mayoría de las ocasiones no saben distinguir entre los bienes públicos y los privados, entre el erario público y los bienes que le son propios.
De ahí también que valga la pena referirse a otro intelectual, a otro académico, que en 1961 caracterizaba, en un ensayo muy interesante, titulado "Teoría de la corrupción", señalaba que un Gobierno corrupto, precisamente por no responder a los reclamos se caracteriza por su injusticia social o económica, por su ineficiencia en todos los renglones públicos, por el despilfarro de su obeso aparato público, por la desconfianza en todas las acciones gubernamentales.
De ahí entonces, que mientras el régimen autoritario consulta a los intereses privados, a personas y personeros que se esconden y que evitan cualquier control; por otra parte, el Gobierno democrático responde a sus obligaciones para con la ciudadanía, para con el voto popular que lo llevó al poder, he ahí una vez más la insistencia, la vieja insistencia de Acción Nacional en el primado de lo político.
Cito al fundador de Acción Nacional, en una de sus intervenciones en 1949, septiembre de 1949, la necesidad de lograr la suficiencia, la seguridad, la desaparición de la miseria y del desamparo, la producción, bastante para cubrir las necesidades de todos, la distribución justa de la renta, es postulado en nuestro tiempo como tema esencial del esfuerzo colectivo, lo es en efecto, pero una de las causas de esa necesidad es que subsiste, sin solución, el problema del Estado, de la organización de la autoridad, de la definición de su misión y de sus límites, de la creación de los medios para subordinarla en todo momento al servicio del bien común, de su conjugación con las libertades y prerrogativas esenciales de la persona humana y de las comunidades naturales, de los métodos eficaces para lograr que los hombres concretos encargados de enjuiciarla, sean genuinamente y de modo exclusivo representantes de la comunidad, que ésta tenga constantemente los medios para exigirles cuentas y responsabilidades.
Compañeras y compañeros diputados, el teórico, el gran ideólogo también, mexicano, don Daniel Cossío Villegas, decía hace casi 50 años, "que ha sido precisamente la corrupción, la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios más que ninguna otra causa, la que ha traicionado, la que ha tronchado la vida misma de la Revolución Mexicana.
Muchas gracias.
El Presidente:
Señor diputado, ¿acepta usted una pregunta del señor diputado Navarrete Ruiz?
El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid:
Con mucho gusto.
El Presidente:
Con mucho gusto acepta el diputado la pregunta.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz (desde su curul):
Gracias, diputado:
Compañero diputado, en este debate creo que nadie pasa desapercibido un hecho que va a tener repercusiones en el desarrollo de las investigaciones que se están realizando y es la presencia de nuestro compañero diputado con licencia al frente de la Procuraduría General de la República.
Yo quisiera, respetuosamente, preguntar a usted y a través de usted a su bancada parlamentaria, después de haber escuchado la intervención del compañero Graco Ramírez, en su parte final fundamentalmente, si la bancada de Acción Nacional compartiría la propuesta del compañero Ramírez de solicitar, los diputados de esta Cámara, a la Procuraduría General de la República, que girara las órdenes de comparecencia respectivas para el ciudadano Carlos Salinas y para el ciudadano José Córdova Montoya, para que ratifiquen sus declaraciones públicas ante la autoridad competente.
Gracias, diputado.
El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid:
Gracias, señor Presidente, señor diputado:
Mire, para Acción Nacional, el PAN y la bancada de Acción Nacional tienen una profunda confianza en la labor que viene desarrollando al frente de la procuraduría, el procurador Lozano; yo creo que es hora de que dejemos que el trabajo que le corresponde al procurador, lo haga y bien hecho, porque lo está haciendo bien y que nosotros, como Poder Legislativo, como contralores, como vigilantes del manejo que se hace de las cuentas públicas, hagamos nuestra función, yo creo que hoy más que nunca es el momento para reivindicar la labor no nada más legislativa, sino sobre todo, fiscalizadora y contralora del Poder Legislativo.
Entonces, yo le respondería que yo creo que el procurador Lozano está haciendo bien su labor, dejémoslo que la siga haciendo, si bien no vemos resultados, hagámoslo de su conocimiento, usted ha estado con él en muchas ocasiones, por una parte y por otro lado, insistamos en el cumplimiento también de nuestra función, ahorita el diputado Graco Ramírez también se refirió a la necesaria rectificación y reflexión sobre todo para quienes aprobaron la cuenta del último año de la administración de Carlos Salinas.
Gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado José Castelazo y de los Angeles, para hacer referencia al mismo tema.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:
Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados:
La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ha decidido, en forma unánime, manifestar el respaldo más firme al Presidente de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en la lucha contra la corrupción en todos los frentes donde se presenta.
México es nuestra principal preocupación. Los intereses de la patria están por encima de cualquier lealtad, lo tenemos muy claro, justamente por esa razón hacemos uso de esta tribuna. Habremos de incluir en la reforma del Estado el reforzamiento o creación institucional indispensables para evitar conductas vergonzosas desde el poder público, vinculadas a complicidades sin escrúpulos por parte de algunos miembros de la sociedad.
En la reforma del Estado que nos ocupa, sostenemos que el control de la administración pública debe estructurarse desde tres ámbitos:
1o. El que corresponde al propio Poder Ejecutivo a través de los órganos internos de auditoría permanente.
2o. El que por su propio derecho pertenece, no sólo a la Cámara de Diputados, sino al Congreso de la Unión por medio de una institución profesional y técnica socialmente confiable, veraz, oportuna y provista de autonomía política.
3o. Desde la sociedad, como lo hacen los medios de difusión éticamente responsables y con el concurso permanente y sistematizado de la comunidad organizada, tal y como se prevé en una próxima reforma constitucional.
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional, estamos profundamente indignados.
Habremos de propugnar porque el Gobierno constituya la función ejemplar de la República; en consecuencia, nos pronunciamos por la aplicación rigurosa de las leyes, en particular, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, imponiendo las sanciones políticas, penales y administrativas aplicables en todos los casos, sin excepción alguna, sin privilegios y por supuesto sin contemplaciones.
La sociedad así lo exige siempre; cuando con razón se siente engañada y ofendida, lo reclama sin ambages.
El Presidente de la República ha expresado claramente su repudio a las prácticas deshonestas, el Poder Ejecutivo ha recogido la demanda popular de atacar de raíz el problema, desgraciadamente crónico, de la corrupción en México. Es voluntad del presidente Ernesto Zedillo y nosotros la compartimos, el erradicar la impunidad, todos somos iguales ante la ley. El presidente Zedillo ha demostrado algo más que valor, ha mostrado su apego al derecho.
La fracción de mi partido no pretende que esta Cámara de Diputados se erija como juez, ni tampoco intente sustituir o invadir facultades o funciones correspondientes a otras instancias institucionales, ni mucho menos, alterar procedimientos judiciales; vámonos a fondo, sí, pero cuidando no enlodar sin fundamento, prestigios de personas ajenas a cualquier hecho delictuoso y teniendo como guía el interés de México, sin involucrar intereses partidistas.
Nuestra actitud política contra la corrupción será invariable y por ello urgimos asumir el compromiso de atender el control de los recursos públicos, desarrollando plenamente el ejercicio fiscalizador del Poder Legislativo.
Los acontecimientos contemporáneos en nuestro país o acerca de nuestro país o de personas de nuestro país, invitan a la reflexión y al análisis serenos. Tenemos todos el deber de estar unidos y exigir que hable y se imponga la ley, para fortalecer nuestro estado de derecho. Es el momento de procurar justicia sin dilaciones, es el momento de demostrar la voluntad política del Estado mexicano.
Gracias por su atención.
El Presidente:
Señor diputado Castelazo, ¿admite usted una pregunta del diputado Navarrete.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:
Con mucho gusto, diputado Navarrete.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz (desde su curul):
Gracias, diputado. Le agradezco la oportunidad y le reconozco el valor de aceptar la pregunta en este tema tan espinoso.
Quiero decirle que los diputados que estamos escuchando su intervención, no pretendemos de ninguna manera, no es el caso particular mío, se lo expreso, tratar de hacer un escándalo sobre el escándalo, ni tampoco se trata de utilizar un hecho bochornoso como éste para infligirle ni heridas ni raspones a la bancada parlamentaria del PRI, pero es evidente que este asunto es un tema muy difícil para el priísmo y para los diputados priístas, eso nadie puede negarlo.
Escuché con mucho detalle su intervención, diputado y me parece que sería de la mayor importancia para esta Cámara, pero también para el país, que desde esta tribuna se dijera: cuál es la opinión de los diputados del PRI y cuál es la opinión de usted sobre una declaración que hoy aparece en los medios de comunicación, de un dirigente nacional de su partido, me refiero a su compañero Fernando Ortiz Arana, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Es una declaración fuerte la que él hace y una definición muy importante. Habla el dirigente Ortiz Arana de la posibilidad de que el consejo nacional de su partido se reúna y de que llegue incluso a plantear la expulsión de las filas del PRI, de Carlos Salinas y solicitar que se abra una línea de investigación respecto a las acusaciones públicas que hacen entre los mexicanos.
Yo quisiera preguntarle, con todo respeto, compañero diputado, si usted como priísta, pero también como representante de la nación, como diputado de esta Cámara, compartiría esta exigencia que se empieza a vislumbrar ya también en su partido y que es un clamor entre los mexicanos.
Gracias por su respuesta.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:
Gracias por su pregunta, diputado Navarrete.
Los pocos diputados que escucharon mi intervención, se dan cuenta de que es una intervención que implica un compromiso político muy serio. El momento no sólo es difícil para el PRI, lo es. Lo grave y más grave es que es difícil para el país, por eso la opinión que todos los diputados expresemos de cualquier fracción parlamentaria es relevante.
Me parece que las declaraciones de prensa no deben confundirnos. Si el consejo, si el Partido Revolucionario Institucional decide convocar un consejo para cualquier asunto, lo hará en uso de su autonomía y de sus atribuciones.
Vamos a trabajar juntos todos los diputados de todas las fracciones por evitar que en el futuro nos vuelva a suceder este tipo de vergonzosas actuaciones desde el poder público y solamente lo lograremos si hacemos de este Poder Legislativo un verdadero poder fiscalizador y controlador de la administración pública y de los recursos del pueblo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Navarrete para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz:
Gracias compañero Presidente.
He intentado, compañeros diputados, con comodimiento y con respeto parlamentario, que la bancada de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional pudieran definir aquí preguntas que me parecen importantes en este debate. He hecho una pregunta a mis compañeros de Acción Nacional a través de su orador y otra al compañero Castelazo de la fracción del PRI.
Creo que las preguntas fueron puntuales y precisas y es necesario lamentar que en ninguno de los dos casos haya habido una definición clara.
No pretendía y no pretendo lograr respuestas a satisfacción de mi partido y no pretendo llevar este debate a callejones sin salida ni a exhibir simplemente por el gusto de hacerlo, a las bancadas del PAN y del PRI, pero me parece que el país requiere definiciones categóricas de sus representantes populares y de sus fuerzas políticas.
La respuesta del compañero de Acción Nacional simplemente deja a la buena voluntad o a la buena intención del procurador, la posibilidad de que este asunto vaya hasta las últimas consecuencias y no es eso lo que está esperando la opinión pública nacional ni es esto lo que nos exigen a los diputados los mexicanos que hoy, en todas partes del país, tienen este tema en sus conversaciones y en su indignación, pero tampoco se trata de que en el PRI solamente los veamos cargando un asunto delicado, que comparto la opinión de Castelazo, no compete solamente a ese partido; es un asunto de la mayor importancia para la nación y para sus fuerzas políticas.
Por eso también lamento que el compañero Castelazo tal vez no esté en condiciones de poder definir públicamente en esta tribuna, en esta tribuna de la nación, el compromiso de su partido frente al hecho de que uno de sus más importantes miembros ex presidente de la República, se encuentre en la situación que hoy se encuentra.
Quiero terminar brevemente este comentario diciendo que lo que aquí expresó el diputado Ramírez en la última parte de su exposición, la exigencia por parte de esta representación nacional de que la Procuraduría General de la República dé un paso decisivo, que será una muestra clara ante los mexicanos, expidiendo las órdenes de comparecencia, simplemente las órdenes de comparecencia, nada más, para que Carlos Salinas y José Córdova expresen ante la autoridad competente lo que han dicho ante los medios de comunicación, no puede ser soslayada ni evadida.
Hacerlo es evadir responsabilidades políticas de quienes hoy, unos desde el partido que gobierna al país y otros desde la Procuraduría General de la República, con un miembro de su partido, están obligados a responder y a darle a los mexicanos.
A este asunto todavía le faltan muchas cosas por venir, aquí nos vemos, compañeros, para seguir debatiendo las responsabilidades de cada quien.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer, de Acción Nacional, para rectificar hechos.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que es bueno aclarar cuál ha sido y cuál es la postura de Acción Nacional, de mi partido, incluso contestando directamente la pregunta que hizo el diputado Navarrete.
Yo creo que no es basarse nada más en la buena fe o en el trabajo que estén haciendo en la Procuraduría, lo que ha planteado Acción Nacional. Lo que hemos planteado insistentemente es que se persiga y castigue a quien tenga que perseguirse, pero por otro lado que con pruebas se demuestre lo que se está asentando aquí en esta tribuna.
Creo que hemos sido suficientemente responsables para no aventurar juicios, para no convertirnos en ministerios públicos, mucho menos en juzgadores, de la situación. Si existen elementos en las averiguaciones previas, si existen elementos siquiera para ser llamados, deben ser llamados y nosotros en ese sentido lo estamos apoyando.
Yo creo que la petición que hizo el diputado Navarrete sería contestada en el sentido negativo, porque nosotros no podemos estar pidiendo cuestiones que están fuera totalmente de la legalidad o de las evidencias y las cuestiones objetivas que existen en los expedientes.
En lo que sí confiamos es en la actividad del procurador, en el trabajo serio que cuando no se basa en rumores ahí está y se han dado los resultados palpables de las acciones de la justicia por las acciones emprendidas por la Procuraduría de la República. De lo que tenemos que hacer caso es de la evidencia seria que exista para poder ser citada a esta gente y no para andar haciendo peticiones que creo yo, sinceramente, que con seriedad no nos corresponde.
Tampoco, como lo decía el diputado Aguilar Zinser, creo que sea conveniente una comisión que se aboque a investigar, porque eso es quitar facultades a otras instancias.
Y también con todo sentido de respeto a quienes han intervenido, creemos que la postura de Acción Nacional ha sido muy clara, que en cuanto haya elementos estoy seguro que en la Procuraduría van a proceder a citar a quien sea y a enjuiciar o a pedir el enjuiciamiento de quien sea.
Yo creo que ha sido tan clara que no necesita más explicación, simplemente queríamos dar respuesta directa a la pregunta que formuló el diputado Navarrete.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval, para rectificar hechos.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Efectivamente, anoche, cuando la fracción parlamentaria del PRD estaba reunida, nosotros estábamos reflexionando en el sentido de no darle a este debate simplemente un tono sensacionalista, un escándalo dentro del escándalo, sino la necesidad de que este Poder Legislativo asuma sus responsabilidades y asuma su papel en este momento tan difícil para la vida política y económica del país.
Por eso nosotros en el debate hemos insistido mucho en la necesidad de que nuestro país, de que hoy se requiere en el marco de la discusión de esta reforma del Estado mexicano, la necesidad de que haya contrapesos al Poder Ejecutivo, de que haya una verdadera fiscalización y control del gasto público, que haya forma de que se hagan transparentes las declaraciones patrimoniales.
Y, compañeras y compañeros, quiero decirles que los únicos diputados que han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales, es la bancada parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Y también por eso hemos planteado la necesidad de que desaparezca la Contraloría, que hoy ha sido encubridora del enriquecimiento de los salinistas, del enriquecimiento de los Salinas y del equipo de Salinas.
Por eso nosotros vemos con preocupación que la bancada de Acción Nacional venga a hacer defensas en abstracto de que el procurador la está haciendo bien, de que confiemos en lo que está haciendo la Procuraduría, pero en concreto, desde el 9 de enero de este año está en la Procuraduría General de la República una demanda de juicio penal contra Carlos Salinas de Gortari, contra Córdova Montoya, contra Serra Puche, contra Pedro Aspe, contra Gómez Peralta, ex secretario del Trabajo y no hay ningún resultado de esa petición.
Entonces lo que nosotros venimos a demandar es que se den resultados concretos y no que esperemos a que haya resultados en futuro quién sabe cuándo. ¿Porque debemos confiar en la labor del procurador.
Yo creo que hay omisiones graves aquí. Yo en una ocasión relaté cómo el propio Antonio Lozano Gracia, cuando era representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral, acusó a Carlos Hank González de delitos electorales y esta demanda fue desechada por el antiguo procurador, y hoy, que es procurador, no ha hecho nada por investigar a Carlos Hank González.
Me parece que ahí hay una incongruencia y lo que nosotros necesitamos como Poder Legislativo es asumir nuestra responsabilidad, es asumir que hoy somos un necesario contrapeso al Poder Judicial.
Yo creo que lo que decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que este Congreso no puede nombrar una comisión investigadora, está totalmente equivocado y ahí está el ejemplo de Ecuador, donde el Congreso se asumió como vigilante e instaló una comisión investigadora del vicepresidente que tuvo que asilarse en Panamá y ahí está el caso de Colombia, donde el Congreso instaló una comisión especial para rastrear los fondos del narcotráfico, que pueden llegar hasta la propia Presidencia de la República, el señor Ernesto Samper.
¿Por qué este Poder Legislativo no puede crear una comisión especial? ¿Cuáles son las limitantes? Más bien está dentro de nuestras atribuciones y eso corresponde al rumbo democrático que hoy exige México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser, hasta por cinco minutos.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Quisiera señalar respecto a las consideraciones hechas aquí en la tribuna por el diputado Alejandro González Alcocer, que la idea de constituir una comisión investigadora no es de ninguna manera tomar atribuciones que les corresponden a las instancias correspondientes en el Poder Ejecutivo, mucho menos a la Procuraduría General de la República.
No es despojar a la Procuraduría General de la República de sus facultades, tampoco es señalar que la Procuraduría deba dejar de investigar estas cuestiones o que está incapacitada o que no tiene los elementos para hacerlo, no. La Procuraduría seguirá haciéndolo dentro de sus facultades y mientras mejor lo haga, mejor para México y para todos nosotros.
Pero en la concepción de la separación de poderes es lógico pensar que el Poder Ejecutivo no tiene todos los elementos para vigilarse a sí mismo. En este momento estamos leyendo declaraciones de la Contraloría, que es el órgano encargado de vigilar el comportamiento de los funcionarios del Poder Legislativo, en donde la Contraloría se declara miserablemente incapacitada e incompetente y dice la titular de la Contraloría durante el sexenio anterior, que Raúl Salinas los rebasó.
¡Pues claro que los rebasó! Si nunca tuvieron ellos la menor intención de someter a juicio al hermano del Presidente o a ningún alto funcionario. ¡Claro que los rebasó! Porque en ningún momento se concibió la Contraloría General de la República como un órgano para perseguir al Presidente de la República.
Ahí está la división de poderes, señores legisladores y cuando hablamos de división de poderes lo que buscamos es el fortalecimiento del nuestro para hacerlo poder. No justificar una y otra vez con explicaciones leguleyescas que no tenemos facultades para hacer las cosas. Nosotros mismos somos los que decimos: no, no vamos a hacer eso, porque no tenemos las facultades, porque estamos limitados para hacerlo.
En la historia constitucional del mundo, cuando hay un conflicto de separación de poderes, quien alega limitaciones al otro poder, pues es precisamente el poder afectado, no el poder que está ejerciendo sus atribuciones. Es decir, el Congreso de los Estados Unidos no le dice al Ejecutivo: yo no tengo facultades para vigilarte; el Ejecutivo si acaso dirá; tú no tienes facultades o no quisiera yo reconocértelas para que me vigiles.
Pero ¿por qué hacemos un debate? En donde lo que estamos discutiendo es, cómo nos atamos las manos, cómo nos limitamos, cómo acotamos lo más posible de nuestras facultades y nuestras atribuciones.
Debe de existir porque existe en la teoría constitucional la facultad de investigación por parte del Poder Legislativo. No conozco yo ningún Poder Legislativo en ninguna parte del mundo, en donde haya un germen de democracia, en donde el Poder Legislativo esté unilateral y voluntariamente renunciando al ejercicio de sus facultades y de sus atribuciones de investigación, sobre todo de investigación del Poder Ejecutivo, bajo cuya vigilancia en aspectos constitucionales muy precisos están.
La Constitución señala áreas muy claras y concretas, la actual no la necesitamos modificar, en donde el Poder Ejecutivo está sujeto a la vigilancia del Poder Legislativo. ¿Por qué no ejercemos esa vigilancia? Investigándolo, averiguando de qué manera usa los recursos públicos y quiénes son los funcionarios que pudieran estar usando esos recursos públicos para su peculio personal. ¿Saben por qué, señores legisladores? Porque las evidencias son abrumadoras.
Las evidencias son abrumadoras y si nosotros no queremos reconocer en las evidencias un mandato y si no podemos reconocer en la inconformidad pública que priva en este momento en el país un mandato, entonces estamos omitiendo nuestra función como legisladores.
Yo creo que el procurador Lozano Gracia está haciendo lo que humana, política y jurídicamente está en sus manos poder hacer para luchar en contra de la corrupción en México, pero él es parte del Poder Ejecutivo, por más que lo señalemos aquí como miembro del Partido Acción Nacional es parte del Poder Ejecutivo y está, por tanto, sujeto a todas las limitaciones a las que está sujeto el Poder Ejecutivo en la investigación de sus propios actos.
¿Ustedes creen que si el procurador Lozano le habla a la Contraloría le van a entregar la documentación? Perdónenme, señores, no. Nosotros tenemos que ejercer esa facultad y exigirle a la Contraloría que haga del conocimiento de este Congreso todos los datos que puedan ser conducentes al esclarecimiento de estos hechos, independientemente de que el procurador Lozano siga insistiendo en el hecho también y ojalá y tenga el mejor desempeño y la mejor de las suertes.
No renunciemos, señores legisladores, a lo que constitucionalmente nos corresponde y a lo que históricamente es nuestra obligación y si en este momento si la ejercemos habremos salvado al Poder Legislativo de una tremenda humillación en los próximos meses cuando los ciudadanos nos sigan viendo como un Poder Legislativo paralizado por sí mismo e incapaz.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer, para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
¡Qué lástima que el debate se esté dando entre los partidos de oposición, los grupos parlamentarios y no haya de la bancada priísta quien defienda a sus funcionarios! Yo creo que hay bastantes cosas que aclarar. En primer término, al diputado Sandoval, del PRD, en donde ha sentado una serie de cuestiones que yo creí que en alguna otra intervención pues se había percatado, se había dado cuenta de que estaba él perfectamente mal. Dice, en primer término, que con la denuncia aquélla de Hank González, por delitos electorales, ¿que qué ha hecho hoy el procurador? Esto ya lo había preguntado en una ocasión y creo que no quise ser rudo en aquella ocasión para contestarle, yo creo que hoy sí se lo merece, porque es una cuestión de seriedad.
Señor diputado: el procurador actual nada puede hacer respecto a la denuncia archivada en el sexenio anterior respecto a los delitos electorales de los que se acusó a Hank González, por lo tanto es inconsistente su aseveración porque sólo que hubiera nuevos elementos podría reabrirse el caso; no tuvo nada qué ver el actual procurador en el archivo de esa denuncia y nada puede hacer para continuarla.
Dijo usted que...
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Señor Presidente: ¿quisiera preguntar al orador si acepta una pregunta.
El Presidente:
¿Acepta usted una pregunta del diputado Leonel Godoy.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Con mucho gusto, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante, diputado Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
La pregunta, le agradezco diputado González, tiene dos partes. La primera es que ¿si usted está enterado que aun los delitos electorales se rigen por las mismas reglas de la prescripción que todos los demás delitos y que por lo tanto un delito electoral y menos del proceso electoral de 1994 no ha prescrito?, porque como usted sabe igual que yo, el mínimo de la prescripción son tres años, en todos los delitos, es la regla general y no son la excepción los delitos electorales. Esa sería la primera pregunta, ¿si usted lo sabe y está enterado de ello.
La segunda es ¿si también usted sabe que las averiguaciones archivadas por el Ministerio Público en nuestro sistema, no tienen el carácter de cosa juzgada y pueden perfectamente ser reabiertas por el propio Ministerio Público?, obviamente bajo ciertas reglas.
Muchas gracias por sus respuestas.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Sí, con mucho gusto, señor diputado. Por supuesto que conozco el término de la prescripción a la que se refirió.
Y en segundo, las denuncias archivadas sólo se pueden reabrir cuando existan nuevos elementos. Si no hay nuevos elementos, hay un procedimiento completo con instancia al procurador y lo conozco perfectamente y eso fue lo que yo dije. Está cerrada la averiguación porque está archivada en el sexenio anterior y hoy, sólo que haya nuevos elementos, señor diputado y usted lo sabe muy bien.
Decía el diputado Sandoval que no había resultados concretos. Yo nada más les diría, otra vez, volviendo a la legalidad, volviendo a las pruebas que se han aportado, qué más quisiéramos nosotros poder enjuiciar a Carlos Salinas y a Córdova Montoya, de quienes se han venido a hacer juicios a priori aquí en esta tribuna, a que sea condenado y sentenciado sin siquiera contar con los elementos mínimos probatorios. Esto es principio de legalidad, esto es estado de derecho, señores. Qué, ¿queremos regresar a prácticas viciadas de antaño en donde se señalaba como culpable a alguien y se fundía en el calabozo cuando así lo quería la autoridad? Por favor, pruebas. Yo qué más quisiera que enjuiciarlos, y todo nuestro grupo, pero las pruebas es lo que hace falta.
Por lo que hace al diputado Aguilar Zinser, yo nada más le quiero decir y señalar que con lo de la comisión investigadora es con lo que no estoy yo de acuerdo. Es clarísimo el artículo 93 constitucional, en el último párrafo, que dice:
"Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal."
Comisiones investigadoras sólo para las paraestatales, como lo establece la Constitución. Podemos formar comisiones especiales pero no investigadoras. La investigación de actos delictivos le corresponde sólo y exclusivamente por mandato del 21 constitucional y del 102, al Ministerio Público. Entonces no estamos en contra de que se forme una comisión, pero no es investigadora, diputado.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):
Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una pregunta.
El Presidente:
Señor diputado: ¿acepta una pregunta del diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Sí, con mucho gusto, diputado Tonatiuh Bravo.
El Presidente:
Adelante, diputado Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):
Gracias, señor Presidente; gracias por aceptar la pregunta, diputado Alejandro.
El juicio político ¿es facultad de esta Cámara hacerlo o no.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Sí, señor, sí es.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):
Entonces, cuando se propone hacer un juicio político se integra una comisión que investigue si hay méritos para hacer el juicio político o no. Lo que nosotros estamos planteando es que se haga una comisión que integre aquellas averiguaciones que lleven a darnos a nosotros luz sobre si hay los elementos para integrar, proceder a hacer el juicio político o no.
Gracias por su respuesta.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Sí, diputado, con mucho gusto. La verdad es que el juicio político procede con una denuncia no con comisiones de investigación. Yo lo que propondría en todo caso y es a lo que iba a concluir con el diputado Aguilar Zinser, es de que en los términos del segundo párrafo del artículo 93, ahí sí tenemos facultades nosotros para invitar a los funcionarios públicos. Incluso, me atrevería desde aquí a plantear en estos términos del párrafo segundo del artículo 93 constitucional, la comparecencia de la Secretaria de la Contraloría, la señora Norma Samaniego, para empezar a investigar algo dentro de nuestras facultades en nuestras comisiones.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Navarrete, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz:
Yo lamento también que el debate lo tengamos que dar compañeros del PAN y del PRD y tengamos de espectadores a los diputados del PRI. Creo que efectivamente eso dice mucho más de lo que muchos pueden decir aquí en la tribuna.
Pero hay dos aspectos de la intervención de mi compañero diputado del PAN, que sería bueno precisar. A ver si nos ponemos de acuerdo en ciertos elementos comunes.
Primero. En cualquier país del mundo donde exista el estado de derecho, cualquiera del mundo, bastaría que el hermano de un ex presidente de la República, fuera acusado formalmente de enriquecimiento inexplicable, de tráfico de influencia y de todo lo que está siendo acusado por la procuraduría, en este momento, Raúl Salinas de Gortari, para que de manera natural e inmediata se abrieran líneas de investigación hacia el que ocupó la Presidencia de la República. Es el primer punto de referencia que no podemos hacer a un lado.
Y segundo, yo comparto la preocupación de muchos compañeros diputados y de abogados distinguidos de lo que ha ocurrido con la figura de la comparecencia. Porque hay una distorsión ante la opinión pública de lo que significa la comparecencia ante la autoridad correspondiente del Ministerio Público.
Nos hemos visto envueltos en tantos asuntos de comisaría y de nota roja, de asesinatos y de barandilla, en donde los políticos hoy están en estas páginas, que resulta que ante la opinión pública pareciera que una simple comparecencia es una acusación formal y entonces cualquier político, funcionario o ex funcionario que es llamado a comparecer, a veces en la opinión pública se da la impresión de que cuando comparece es porque está acusado ya y entonces acude en calidad de acusado de algo, lo cual es totalmente incorrecto.
Pero si acotamos lo que significa la comparecencia, los abogados lo conocen perfectamente, no es una acusación formal y el Ministerio Público tiene facultades para hacerlo.
Es decir, si dos personajes del tamaño de José Córdova y de Carlos Salinas han venido a decir ante la prensa mexicana, hay videos, hay textos, hay grabaciones, hay declaraciones públicas. Primero: Córdoba dijo que él no había estado al frente de la seguridad nacional, lo dijo públicamente y dijo no tener ninguna responsabilidad ni conocimiento de lo que había ocurrido en el área de la seguridad nacional. Y Carlos Salinas de Gortari nos acaba de mandar un comunicado diciendo "que no sabía de las actividades de su hermano".
Son declaraciones públicas. La pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿No hay elementos suficientes, indicativos, presuntos, para que el Ministerio Público solicite la comparecencia de estas personas, para que declaren esto ante la autoridad competente? Nosotros pensamos que sí. Hay todos los elementos de toda naturaleza.
Y entonces la discrepancia con los compañeros del PAN es que ellos de entrada y es muy explicable además, pero no justificable de ninguna manera, asumen una defensa anticipada de las acciones de la procuraduría; es decir, no podemos aceptar que los compañeros del PRI, como en el discurso de Castelazo, vengan a respaldar al Presidente o vengan a tratar de justificar todo lo que el gabinete hace y justifiquen con su voto de la cuenta pública incluso, la defensa a ultranza de su Gobierno. ¡Eso lo hemos criticado los dos: el PAN y el PRD durante mucho tiempo:
Pero, compañeros del PAN: no podríamos permitir ni aceptar tranquilamente que la bancada del PAN venga a hacer una defensa anticipada del procurador con el argumento de que lo dejemos trabajar tranquilo y de que le tengamos confianza en que va a actuar convenientemente. ¡Ese no es un argumento de fondo:
Y diría más. Lamentablemente la bancada del PAN no puede confiar simplemente a la buena voluntad de Antonio Lozano Gracia, aun cuando reconocemos lo que está haciendo la procuraduría y reconocemos su probidad, no podemos tener esta misma certidumbre de ustedes, porque desde el 9 de enero tenemos una denuncia presentada. ¡Desde el 9 de enero de este año! Y hoy no hemos recibido ni una sola respuesta en ningún sentido.
Podemos, la bancada del PAN decir: dejemos que el procurador con calma haga lo que le corresponda y va a resolverlo positivamente. Me parece que no. De esto no se trata.
Y finalmente, compañeros, ¡la bancada de mi Partido de la Revolución Democrática recibe con beneplácito la propuesta del compañero de Acción Nacional de que esta Cámara de Diputados solicite y haga comparecer a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación!
¡Me parece que eso es muy importante, porque las declaraciones que hoy vemos de la contralora, francamente no pueden ser aceptadas por esta representación nacional.
Pero en el mismo sentido de la importancia que tiene la comparecencia de la contralora, espero que estén de acuerdo con nosotros que es así de importante la comparecencia del Procurador General de la República.
Si estuviéramos de acuerdo en esto, podríamos, a través de nuestros coordinadores rápidamente establecer el mecanismo parlamentario para que la comparecencia de ambos funcionarios se den a la brevedad posible y de acuerdo con los trámites que la Cámara tiene.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega, para rectificar hechos.
El diputado Fernando Pérez Noriega:
Con el permiso, señor Presidente:
Yo creo que esos debates sí nos enseñan a buscar alternativas, a buscar soluciones, a buscar puntos de referencia y de unidad en determinados partidos. A mí me gustaría invitar a los diferentes integrantes de los diferentes grupos, partidos políticos representados en esta Cámara, a que en forma conjunta preparemos una iniciativa de ley para poder modificar primero el que este Congreso, esta Cámara de Diputados, no tenga o no cuente con una comisión investigadora de actos de corrupción del Poder Ejecutivo.
Este sería el primer punto que yo creo que debemos de sacar en claro de este debate.
El segundo punto, que también creo que es importante destacar, es que en Acción Nacional hemos insistido que en estos casos donde hay duda del trabajo de los funcionarios público, se les cite a la Cámara.
En virtud de lo anterior, el diputado González Alcocer ha propuesto que se cite a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. En el PAN coincidimos también en que si es necesario se cite al Procurador General de la República. Me gustaría recordarles compañeras y compañeros diputados, que el Procurador General de la República ha comparecido no solamente en comisiones en esta Cámara de Diputados, más que, cualquier otro funcionario a petición del PAN. Creemos nosotros como lo hemos sostenido en más de una vez, que es exigiendo a los funcionarios públicos que actúen como debe de ser, como llegaremos nosotros a tener un mejor Gobierno.
También derivada de esta discusión, el PAN invita a ustedes a la presentación de una denuncia, una querella de carácter penal en contra de la anterior Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la licenciada María Elena Vázquez Nava.
Los elementos que se han estado manifestando en esta tribuna del conocimiento de dicha funcionaria de los diversos documentos que de alguna forma no han sido analizados en forma adecuada, nos hace suponer no solamente de la existencia de responsabilidades de carácter administrativo, sino posiblemente también de carácter penal.
A mí me gustaría invitarlos a todos ustedes a que buscando la verdad en estos momentos, unamos el debate y centremos el debate de esta Cámara a buscar soluciones adecuadas, no conflictos entre partidos políticos sino cómo tener un mejor Gobierno.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Muchas gracias, señor Presidente:
En primer lugar, en nombre de nuestra bancada parlamentaria nos sumamos a la propuesta que ha hecho aquí en tribuna el diputado Fernando Pérez Noriega, para que se inicie una demanda de juicio penal en contra de la ex contralora de la Federación del pasado sexenio, Vázquez Nava.
Nuestra fracción parlamentaria quiere presentar el siguiente punto de acuerdo con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión que dice así:
"Unico. El pleno de la Cámara de Diputados acuerda citar a comparecer a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y al Procurador General de la República, a fin de que informen a esta representación popular sobre el desarrollo de las investigaciones en torno a los actos de corrupción del señor Raúl Salinas de Gortari y por otros hechos donde presumiblemente esté involucrado el señor Carlos Salinas de Gortari.
Palacio Legislativo, 28 de noviembre de 1995.- Firman diputados: Juan Guerra, Ramón Sosamontes y Cuauhtémoc Sandoval."
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Aguilar...
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Señor Presidente, de acuerdo al reglamento, debe darse turno a la petición conforme el artículo 59 del citado ordenamiento.
El Presidente:
En efecto, ruego a la Secretaría turne el punto de acuerdo a la comisión...
El diputado José Jesús Ortega Martínez (desde su curul):
Señor Presidente, esta planteando el diputado que se resuelva este asunto como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
RECESOEl Presidente (a las 16:13 horas):
¿Hay algún diputado que se quiera expresar en contra de la propuesta?
¿Hay alguien que se quiera expresar a favor.
Se declara un receso de 10 minutos.
(A las 16:15 horas): Se reanuda la sesión y tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Navarrete.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz:
Compañeros diputados:
En acatamiento a las órdenes del Presidente de esta Cámara, quisiéramos precisar la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, que ha sido ya obviamente consultada con la bancada del Partido Acción Nacional y con la bancada del Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo, no los veo acá, pero el Partido del Trabajo supongo que también.
La propuesta y el trámite parlamentario que le solicitamos, señor Presidente, es que ponga a consideración del pleno de la Cámara el punto de acuerdo para decidir la comparecencia de la Secretaria de la Contraloría General de la Federación y del Procurador General de la República, comparecencia que se llevará a cabo en este periodo de sesiones ordinarias y que una vez consultada la Asamblea en qué sentido es su voto, se continúe con el trámite parlamentario correspondiente, de tal manera que las comisiones unidas de Gobernación y Justicia puedan, después de la votación, determinar las condiciones y la fecha en que estos dos funcionarios comparecerán en sesión de comisiones unidas de Gobernación y Justicia.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría si se aprueba la propuesta de punto de acuerdo presentada, en votación económica.
El secretario Aurelio Marín Huazo:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha el punto de acuerdo.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano... Aceptado, señor Presidente.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones conjuntas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Para rectificar hechos, el diputado Aguilar Zinser, hasta por cinco minutos.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Compañeros diputados:
Celebro que se haya ya tomado la decisión de invitar o convocar o citar a comparecer a los dos funcionarios en relación al voto que acabamos de emitir; sin embargo, esto definitivamente no agota la cuestión en lo que respecta a las facultades de investigación que tenga la Cámara, y quisiera yo al respecto simplemente aclarar dos puntos a la bancada del Partido Acción Nacional, que se ha referido a ellos.
Pudiera ser que en los términos en los que están redactados los diversos artículos de la ley que le dan competencia a la Cámara de Diputados, para proceder en contra de funcionarios del Poder Ejecutivo...
El Presidente:
Permítame, señor diputado Aguilar Zinser.
Esta Presidencia invita a todos los diputados a escuchar con atención la intervención del orador en turno y se le invita a los compañeros de los medios de comunicación pasar al lugar asignado para ellos. Muchas gracias. Sigue usted, señor diputado.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Agradezco, señor Presidente.
Decía yo que independientemente de que sea sujeto de interpretación los diversos artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica del Congreso, con respecto a los cuales pudiéramos sustentar las facultades de investigación para integrar una comisión con ese mandato, es ya explícito y claro el artículo 93, en la posibilidad de constituir una comisión de investigación en lo que respecta a los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo.
En este momento pondríamos ya resolver sobre la creación de una comisión para investigar, por ejemplo, a la Conasupo y la Conasupo es la entidad en la cual el señor Raúl Salinas de Gortari desempeñó la mayor parte de sus actividades dentro del Poder Ejecutivo y una institución dentro de la cual realizó probablemente una buena parte de los actos ilícitos que lo llevaron a ser archimultimillonario.
Tenemos ya, entonces, facultades para investigar a esa entidad.
Tenemos también facultades para investigar conforme al artículo 93 de la Constitución, a otras entidades descentralizadas que pudieran tener información relevante para el Congreso en estos asuntos, como podrían ser las propias comisiones Bancaria y de Valores, que debieron de haber sido órganos de vigilancia de muchas de las actividades financieras que ahora aparecen por el exterior, por las actividades realizadas por entidades extranjeras. ¿Por qué nuestras propias comisiones en estricta observancia de sus mandatos y de la ley no tuvieron la capacidad también para detectar movimientos de cuentas en donde se estaba ocultando dineros públicos, cuentas bancarias a nombre de personas falsas etcétera.
Creo entonces que no está agotado ni mucho menos puede sobreseerce el tema de las facultades de investigación de la Cámara.
Creo también y en el espíritu de la propuesta hecha por Acción Nacional debiéramos todos sumarnos a ello, que es necesario que esta Cámara examine de la manera más expedita posible, los órganos y los marcos legales, bajo los cuales, si no existen, debamos entonces darnos a nosotros facultades de investigación, porque no está de ninguna manera justificado que nosotros no tengamos facultades de investigación y si pudiéramos en una interpretación restrictiva de nuestras leyes decir que no las tenemos, entonces debemos, con el mismo espíritu proceder de manera expedita e inmediata para hacerlos de ellas. No tenemos que esperar a otro periodo legislativo, no tenemos que esperar a la famosa reforma del Estado, para proceder a tomar algunas determinaciones inmediatas que nos permitan hacernos de esas facultades y entonces sí, actuar todos de común acuerdo conforme a ellas.
Pero, por principio de cuentas, yo propondría que se crease ya una comisión investigadora, cuando menos, cuando menos de la empresa Conasupo y en segundo lugar, que se tomaran las providencias en este muy desahogado espíritu parlamentario que acabamos de presenciar en los últimos minutos, en donde los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias se han puesto de acuerdo sobre un punto toral, como son las comparecencias y con ese mismo espíritu, nos pongamos de acuerdo para dotar lo más pronto posible a la Cámara, si no las tiene ya, de facultades de investigación que nos permitan cumplir con las responsabilidades constitucionales, que indudablemente si tenemos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega hasta por cinco minutos.
El diputado Fernando Pérez Noriega:
Con su permiso, señor Presidente:
Comenté en mi anterior intervención que los debates dan frutos si queremos buscar nosotros soluciones. El Partido Acción Nacional toma como suya la propuesta del diputado Aguilar Zinser, de que se cree una comisión investigadora en los términos del tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución.
Señor Presidente, a mí me gustaría que diera instrucciones a la Secretaría de leer dicha exposición, para conocimiento de todos los legisladores.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a dar lectura a lo solicitado por el diputado.
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Artículo 93. Los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego de que se ha abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.
El diputado Fernando Pérez Noriega:
Muchas gracias, señor Presidente:
Tomando en consideración este artículo 93, creemos nosotros conveniente que se integre esta comisión para investigar a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, llamada Conasupo, para que en virtud de esa investigación podamos concluir si su funcionamiento fue el adecuado o no, tanto de la Conasupo como de sus empresas filiales: Liconsa, Diconsa y las demás filiales de dicha empresa estatal.
Yo espero que el Partido Revolucionario Institucional apruebe esta creación; no será necesario ni siquiera contar si entre los diputados del PRI, entre los diputados del PAN y del PRD y seguro del PT, tenemos esta cuarta parte, sino que tendremos unanimidad de esta Cámara de Diputados para poder investigar a la Conasupo en forma adecuada.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, el diputado Ramón Sosamontes.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
Con ese afán descrito por Pérez Noriega, de ir construyendo en el debate legislativo propuestas que hagan que tenga otro perfil y otra conducta nuestra Cámara de Diputados, desde luego el grupo parlamentario del PRD está de acuerdo en crear esta comisión y desde luego nuestras firmas estarán sumándose a las de Acción Nacional y ojalá también a las del PRI y del PT, para que haya, por primera vez en esta legislatura, este tipo de comisión que en mucho puede hacer para engrandecer a nuestra Cámara de Diputados.
Por lo tanto estamos, pues, con esta iniciativa, vamos a trabajarla para que de manera conjunta la Cámara de Diputados recobre en la acción y con hechos su soberanía y la fuerza que debe de tener ante el pueblo de México.
Gracias.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Señor Presidente, existiendo acuerdo entre los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática y suponiendo que a ello concurrirán los del Partido del Trabajo y el Partido Revolucionario Institucional, propongo que, conforme a los artículos 58 y 59 de nuestra ley, se someta a votación en este momento en la Asamblea la propuesta de integrar esta comisión investigadora de la empresa Conasupo y filiales.
El diputado Jorge Efraín Moreno Collado (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Moreno Collado, para rectificar hechos.
El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Los diputados integrantes de la fracción priísta no tenemos inconveniente en que se haga el trámite correspondiente para la creación de una comisión en los términos que aquí se han propuesto, sin embargo queremos que se realice en los términos estrictos que lo marcan la ley y nuestra reglamentación.
De acuerdo con el artículo 93 que se leyó, en el párrafo correspondiente dice que "las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos", etcétera.
La petición tiene que formularse por escrito, tiene que precisarse el motivo de la petición y objeto de la comisión; debe ir acompañando al escrito las firmas de la cuarta parte de los integrantes, no de los asistentes, por lo tanto, de 125 diputados y luego ajustarse a nuestra Ley Orgánica cuyo artículo 45 dice: "...una vez que se apruebe que se integre la comisión". Hay que aplicar el artículo 45, que se refiere a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en cuya parte respectiva dice: "Corresponde a esta Comisión: II. Proponer a los integrantes de las comisiones y comités".
Por lo tanto, el trámite que se debe dar al escrito acompañando las 125 firmas de diputados, es de envío a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que ésta proponga la integración de la comisión correspondiente.
Si no se aplica de esta manera la ley, se estará violando el procedimiento que le corresponde a estos asuntos. Tenemos que hacerlo conforme lo determina nuestra Ley Orgánica que está en vigor.
La Ley Orgánica lo dice con toda precisión, que corresponde a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, proponer a los integrantes de las comisiones y comités. No dice que con excepción de la comisión, a la que se refiere el tercer párrafo o el segundo párrafo del artículo 93 constitucional.
De tal manera que el procedimiento, señor Presidente, tiene que ser el que determina nuestra Ley Orgánica, para que no haya de ninguna manera ninguna objeción de tipo legal, de tipo procedimental, para que se cree una comisión en la que todos estamos de acuerdo para que se formule, aunque piense lo contrario Leonel Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para alusiones.
El Presidente:
Por contestar alusiones personales, Leonel Godoy, hasta por cinco minutos.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
A ver compañeras y compañeros diputados, agradezco, señor Presidente, que me dé el uso de la palabra. Pudiéramos encontrar la solución en lo siguiente: efectivamente, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tiene la facultad de integrar esta comisión, pero antes debe de ser aprobada por esta Cámara. Eso es lo que dice el artículo 93 de la Constitución.
Voy a volver a leerlo para que no quede ninguna duda. Dice el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución: "las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tiene la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos".
Significa que lo que dice el compañero diputado Jorge Moreno Collado, es la fase siguiente, una vez que esta Cámara de Diputados haya aprobado, cumplido así el requisito de las 125 firmas, entonces sí aprobada por el pleno de la Cámara, debe ser turnada a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Por lo tanto, yo le solicito al señor Presidente, que usted someta a votación esta petición, en el momento en que se encuentre reunido el requisito de los 125 diputados, como lo establece el artículo 93 de la Constitución.
Por último, quisiera señalar en este sentido, porque incluso será el siguiente tema de debates que tendremos en el orden del día, conviene que en esta Comisión de Régimen Interno, la comisión investigadora que se integre, tenga un carácter estrictamente imparcial y no vaya a contar con un número predeterminado de mayoría inclinado hacia un sentido.
Esto significa, compañeras y compañeros diputados, que la integración de esta comisión investigadora deberá de ser en términos equitativos de todos los partidos políticos que integran la Cámara de Diputados, para que no sea una comisión con una mayoría prefigurada, que impida una actividad imparcial que es el espíritu del artículo 93 de la Constitución.
Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán, hasta por cinco minutos.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente:
Y sí quisiera señalar que pedí la palabra antes que el diputado Moreno Collado y espero que no sea motivo para que venga para alusiones personales.
Nosotros nos unimos y es evidente, a la solicitud de que se conforme esta comisión. Creemos que respetando el Reglamento, el problema no se circunscribe al cumplimiento de éste, sino a la voluntad política de que un problema tan serio como el que hoy se ha discutido aquí, sea atendido y sea esclarecido, sobre todo, para que los mexicanos cuenten...
Señor Presidente: ¿Podría llamar la atención?
El Presidente:
Esta Presidencia invita a todos los diputados a escuchar con atención la intervención del orador en turno. Esta Presidencia invita a las personas que se encuentran ubicadas en el pasillo central pasen a ocupar sus lugares y sírvanse guardar orden para permitir que se escuche con atención al orador.
Continúe, señor orador, con su intervención.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Insisto, señor Presidente, que me parece que es de respeto elemental que llame la atención una vez más.
El Presidente:
Esta Presidencia insiste en invitar a todos los diputados a escuchar con atención la intervención del orador en turno. Continúe, señor diputado.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente:
Agradezco a los compañeros diputados la atención que han tenido para el orador y para escuchar, espero que sean atendidos con la misma reciprocidad. Concluyo, creo que es muy breve y creo que tiene igual importancia que las manifestaciones anteriores.
Decía yo que el problema que hoy se ha debatido aquí es de fundamental importancia, no para los diputados solamente, no para este Congreso, sino para el país. En ese sentido, los dos acuerdos que aquí se han tomado, porque supongo que este segundo también será ratificado, contribuirán, ciertamente, a que los mexicanos tengan claridad sobre qué aconteció con recursos importantes, con dineros importantes del pueblo mexicano. En ese sentido, nuestro partido se suma y reitera su apoyo a la iniciativa y cualquier otra iniciativa que apunte a esclarecer la situación que se ha discutido.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Marta Alvarado Castañón... Nos indica la diputada que declina.
Tiene la palabra el diputado Ignacio Ovalle Fernández.
El diputado Ignacio Ovalle Fernández:
Con su venia, señor Presidente:
Quien les habla es de aquellos mexicanos que crecieron, no sólo en el respeto a las instituciones en general, sino muy en particular, en el respeto, en alguna época se diría casi devocional, a la institución de la Presidencia de la República.
Me causa por tanto, igual que a todos los mexicanos, horror, espanto y subleva mi espíritu, sólo el imaginar que cerca del jefe de la nación y personas ligadas profundamente a su afecto, hubieran podido concebir y realizar acciones como las que nos ocupan. Desde luego, no juzgo ni mucho menos me atrevería a sentenciar, así fuera en lo personal; eso corresponde, como aquí se ha dicho, como debe ser, a las autoridades competentes por ministerio de ley.
Pero habida cuenta la gran cantidad de datos, de evidencias que conducen a sospechar de una conducta inconveniente, no puede nadie, tampoco su servidor, aspirar o pensar que debe haber alguna forma de freno para que esas autoridades competentes cumplan con su deber o que debieran disimularse las faltas.
Yo, quien les habla, como todos ustedes y diría más que la mayoría de ustedes, no sólo pienso que esas autoridades deben llegar al fondo de las investigaciones, sino que también personalmente, por una parte, en lo general como mexicano y en lo personal, con un particular énfasis, exijo que esas autoridades cumplan rigurosamente con su deber. Deben investigar a fondo, perseguir a los culpables y advertido y comprobado el delito, deben castigar con rigor.
México no recuperará la confianza en sí mismo ni la misma la tendrá conquistada enteramente el Gobierno de la República, mientras los hechos delictivos que ha padecido nuestro país, sean los crímenes o sean los latrocinios, queden impunes. ¡Nunca, quizá, en la historia de México, el desarrollo y desenvolvimiento de la economía dependió tanto de decisiones políticas! ¡Nadie, ningún mexicano, ninguno de los diputados que están aquí y que tenemos el privilegio de concurrir a estas deliberaciones y poder legislar, podría, sensata, conscientemente, decir lo contrario!
¡Nadie desea que se siga confundiendo lo que es la vida pública, que debe de ser motivo de orgullo para quien se dedica a ella, con la nota roja! ¡La política es una actividad superior y está terriblemente manchada:
El compañero Aguilar Zinser dijo aquí, con mucho acierto, que en relación...
La diputada Marta Alvarado Castañón (desde su curul):
Señor Presidente, ¿quiere hacer el favor de preguntarle al orador si acepta que le haga tres preguntas.
El Presidente:
Señor diputado: ¿Acepta las tres preguntas de la diputada Marta Alvarado.
El diputado Ignacio Ovalle Fernández:
Al concluir aceptaré todas las preguntas que desee hacer usted y el resto de los compañeros diputados. Rogaría me permita terminar mi intervención.
Decía el compañero Aguilar Zinser, que entre otras causas lo que vivimos suma injusticia a la injusticia porque hay muchos funcionarios públicos, muchos hombres dedicados a la política, que son hombres limpios, que son personas honorables. Sin embargo el país piensa que todos, incluidos muchos legisladores o todos, incluidos muchos políticos o todos, no se dedican más que a actividades sucias y de lo que debiera ser una actividad que enalteciera tiende la suspicacia popular a confundirlos, confundirlos, con las heces de la sociedad.
Obviamente creo que en eso coincidimos: no estamos de acuerdo. Pero ¿cómo distinguir, cómo hacer la línea divisoria entre la corrupción y la honradez, entre la maldad y la hombría de bien? ¡No hay más camino que la ley! ¡No hay más camino que apoyar a las autoridades:
Escuché, como lo escucharon muchos de ustedes, mi nombre y mi apellido coreado y además la mención a una institución que durante cerca de dos años me correspondió dirigir. ¿Cómo, estimados y respetados colegas, era posible que su servidor no interviniera en esta tribuna? ¿De qué lado, en este blanco y negro, está colocado este diputado que les habla? Que yo diga: "señores, estoy del lado limpio de la historia", les dice poco. Eso hay que probarlo, aunque de conformidad con las leyes lo que se debe probar es una acusación.
No estoy acusado de nada, formalmente, pero la opinión pública es hoy en día una de las sentencias y con razón, que más temen los hombres; por tanto, habiéndose mencionado mi nombre y siendo obvio el hecho de mi trabajo y los hechos delictuosos que ahora se comentan y que puede haber alguna relación, me parece importante y les agradezco la delicadeza de su atención para decir dos, tres cosas muy sencillas.
Primero, que exijo, como ya dije, que haya una investigación absolutamente a fondo. Que como en otro capítulo difícil de mi vida y que deriva del mismo hecho fortuito que la ha afectado, la mía y la de mi familia y les deseo a todos ustedes que nunca la vida los coloque en una situación fortuita o accidental semejante, enfrenté aquello sin apelar a ese privilegio, superfluo, que denominamos fuero constitucional. Concurrí y acudí a todas las instancias que fue necesario. Es decir, no me comporté "con paracaídas ni con red de protección".
Y ahora, compañeras, compañeros: ¿Imaginan ustedes que podría yo hacer algo diferente? Desde luego que no, al contrario, con mayor razón estoy absolutamente abierto a todo lo que las autoridades quisiera requerir para esclarecer estos hechos que tanto duelen a México, que tanto me duelen como mexicano, como persona, que tanto me duelen como jefe de una familia.
Bien, otra cosa que quiero decirles: como leía hoy en la mañana aquella vieja verdad, "el amor y el dinero no pueden ocultarse", bien compañeros, frente a las fortunas que aquí han sido mencionadas, se suponen que existen, yo les participo que estoy abierto al escrutinio de todos ustedes, creo además que este hecho circunstancial me ha dado una oportunidad maravillosa, hay muchos funcionarios públicos como decía y muchos políticos, que no tienen la ocasión de someterse a un riguroso escrutinio público de su vida y por lo tanto, en esa suspicacia popular de que todo lo bueno y lo malo se confunden, las aguas limpias con las heces como decía hace un momento, pues tienen el riesgo de quedar confundidos: las pasiones, a veces las explicables desviaciones o exageraciones del periodismo, humano al fin, no tienen, digo, la oportunidad de deslindarse; señores, yo la tengo.
Muchas gracias.
Son pocos los que habrán sido sometidos a un escrutinio más difícil y más riguroso, como seguramente ya lo fui y puedo decir con absoluta seguridad con absoluta confianza, no tengo avión, no tengo yates, no tengo edificios de productos, no tengo ranchos, no tengo rancho, no tengo cuentas en el extranjero, ni multimillonarias ni de un dólar, no tengo cuentas millonarias en México. Tengo el patrimonio normal, familiar, inclusive hasta hace poco, hablo de semanas, comprometido por hipotecas que pusieron en riesgo mi patrimonio familiar como el de muchos mexicanos en esta etapa de crisis, producto de 30 años de trabajo.
En fin, para someterme al escrutinio de mis compañeros diputados, no necesito, como no necesité en el anterior negro capítulo, a donde concurrí invitado por ambas partes, no como testigo de descargo, sino como testigo de cargo. Ahora, menos lo necesito.
Cuando hablaba hace unos momentos con los compañeros periodistas que me entrevistaron les decía, ¿se acuerdan ustedes del hermoso poema de Díaz Mirón, esta cosa del pantano y de las aves que salen limpias y demás?, les decía: oigan la verdad, miren, es probable, no lo sé, con todo lo que dice la prensa no lo sé, pero miren ustedes, es probable que yo sí haya cruzado el pantano y pueden checar lo que quieran, me encontrarán limpio, por tanto después de que se han hecho propuestas de integración, de comisiones y de que van a concurrir autoridades muy elevadas en nuestro Gobierno, yo quiero proponerle un compromiso moral a mis estimables colegas diputados que ahora me escuchan y que es lo siguiente. ¿Si ustedes creen, aunque yo he estado abierto para cualquier cosa, cualquier investigación, si ustedes creen que el fuero, como decía hace un momento, que es un privilegio, que considero superfluo, ya lo viví, pero que de todas maneras más simbólica que realmente pudiera protegerme, servirme de una especie de escudo transparente les invito, a integrar una comisión especial, que resuelva una sola cosa: si durante mi gestión en la Conasupo, independientemente de las demás cosas que quiera investigar su servidor, si durante mi gestión en la Conasupo me enriquecí.
Yo pediría que esa comisión, desde luego, no juzgue mis ideas, mi ideología, mis preferencias partidarias ni mucho menos me juzgue por culpas o delitos de otros, sino por mis actos, por mi conducta, por lo que se refleje que fue mi conocimiento y mi acción deliberada y que esa comisión resuelva, resuelva que es a lo que los invito, que resuelva que yo pida mi licencia como diputado para que las autoridades, el señor procurador, la Contraloría de la Federación y quien sea, pueda ser más rigurosa con un hombre que no tiene ese escudo que insisto me parece más simbólico que real.
Y si así lo resuelven, pediré licencia. Ahora bien, agrego otra cosa. Yo pediría que esa comisión que juzgue mi conducta, esté integrada por una representación obviamente proporcional de los partidos, pero con una condición: que no haya un solo miembro de mi partido.
Quiero que esté integrada exclusivamente por diputados de nuestra oposición. A mí me gustaría, pero ustedes resuelvan, si es que recogen el guante, a mí me gustaría que... bueno, el PAN tiene excelentes abogados, me gustaría ver las caras de los hombres que más han reclamado aquí lo que hoy hemos discutido, porque estoy enteramente de acuerdo en la necesidad de que estas cosas se esclarezcan en el país.
Está Leonel Godoy, que es muy buen abogado y que es muy duro, si quiere. Que esté Jesús Zambrano, que esté González Luna, que esté Juan Guerra, si quiere; quien sea. Del PT, que venga Narro, Guzmán, Vela, quiero que esté Adolfo Aguilar Zinser, que ha hecho interesantes propuestas; me encantaría que estuviera, concluiré, Luis Sánchez Aguilar, no tengo ningún temor.
De tal manera, compañeros diputados, que yo dejo esta respetuosa propuesta, de alguna manera podría decirles compañeros diputados, les pertenezco, dispongan de mí.
Muchas gracias.
El Presidente:
Señor diputado Ovalle, las preguntas de la diputada Martha Alvarado Castañón.
La diputada Marta Alvarado Castañón (desde su curul):
Compañero Ovalle, muchas gracias por admitir mis preguntas.
En diversos medios de comunicación se han detallado profusamente las acusaciones en contra del ingeniero Raúl Salinas de Gortari. Le voy a recordar las más importantes:
1. La adquisición de maíz amarillo por parte de la dirección de planeación y finanzas de la Conasupo, que fue considerado como desecho, no apto para el consumo humano y que en Estados Unidos se utilizaba como alimento balanceado para puercos.
2. Se negociaba con productos subsidiados para obtener recursos.
3. Fueron pagados en exceso unos 2 mil millones de nuevos pesos por leche en polvo y el producto jamás apareció.
4. Un faltante de leche en polvo de 9 mil toneladas generando un daño patrimonial a la Conasupo por 81 mil millones de viejos pesos.
5. Otro caso es el relacionado con el manejo de la leche, en donde hubo pagos improcedentes por el almacenamiento prolongado de contenedores.
6. Uno más, es el de las 33 mil toneladas de maíz amarillo que al parecer fueron desviadas.
7. La suscripción indebida de contratos para adquirir frijol chino, en cantidad de 10 mil toneladas. Más tarde pruebas de laboratorio indicaron que el producto no era apto para el consumo humano, el gobierno chino había advertido que era para consumo animal.
8. La venta fraudulenta de la planta de Miconsa en Atlacomulco, en donde se procesa el maíz. Para transferir esta planta al sector privado, los directivos de la Conasupo la desendeudaron con dinero presupuestal y después prácticamente la regalaron a empresarios privados prestanombres, a Raúl Salinas.
Mis preguntas, compañero Ovalle, son tres. Usted fue director general de la Conasupo, cuando el ingeniero Raúl Salinas de Gortari fue director de planeación. Aquí están las tres preguntas:
1. ¿Supo usted de estos ilícitos.
2. ¿Qué hizo para evitar que se cometieran y cuando se enteró, qué hizo para castigarlos.
3. ¿Está usted dispuesto a colaborar en la investigación de estos hechos?
Gracias.
El diputado Ignacio Ovalle Fernández:
Compañera diputada Alvarado, le contesto con mucho gusto.
Cuando durante mi gestión de dos años, salí de ese cargo en 1990, encontré que algún hecho era importante, lo trasladé, lo elevé a consideración del consejo de administración, para que saliera del espacio simplemente burocrático interno de la Conasupo y fuera conocido por autoridades superiores, por cada una de las secretarías que integran el consejo, para que nuestra superioridad determinara, vertical e indubitablemente, cuál era el camino a seguir.
Los asuntos importantes, los que yo consideraba que por su entidad, por su riesgo, valía la pena trasladar, los llevé, pero no tuve conocimiento entre los que llevé que hubiera un ilícito, no, no compañera, no lo registré, no lo supe; de haberlo sabido como seguramente en algunos otros asuntos habría procedido el jurídico, la contraloría interna, se canalizaron los ilícitos.
Si en estas operaciones que usted menciona hubo hechos ilícitos, que no puedo determinarlo en este momento, yo no podría decir "hubo tal ilícito", para eso está la investigación de la autoridad, debo decirle que el consejo de administración o las autoridades correspondientes, habrían de detectarlo, sí, pero si hubo ilícito, seguramente quien lo cometió habrá tenido un enorme cuidado para que no lo supiera la superioridad, para actuar subrepticiamente.
Lo que sí puedo decirle, con absoluta seguridad, es que ahí yo no tuve conocimiento de una actividad delictiva expresa, es como si alguien saqueara o robara su casa y se supusiera su conformidad. No, no la hubo.
El resto de sus preguntas, compañera, derivan de esta respuesta que acabo de darle: ¿qué hice?, trasladé a la superioridad, al conocimiento de la superioridad, no ilícitos, sino los asuntos que consideraba importantes.
Alguno he leído yo en la prensa, que con posterioridad pareció tener miga y se hizo la investigación. Me parece perfecto que se profundice si se quiere en ese asunto.
Eso es lo que puedo contestarle.
Y me dice usted que si estoy dispuesto. Espero haber sido claro o elocuente en lo que dije en mi intervención original.
¿Alguna otra pregunta? Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Leonel Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La seriedad de este momento amerita responsabilidad. Efectivamente la disposición del diputado Ignacio Ovalle debe ser digna de reconocimiento, pero nos parece fuera de lugar su propuesta, lo decimos respetuosamente. Ya se aprobó la integración de una comisión investigadora en los términos del artículo 93 constitucional, a la Conasupo y sus filiales. Eso ya está.
De los trabajos de esta comisión pudiera haber responsabilidades administrativas, civiles y penales y, si ello fuera así, deberá de darse vista a la autoridad competente, en su caso al Ministerio Público Federal.
Por ello, la comisión investigadora que la Comisión de Concertación Política deberá integrar, lo dijimos hace un rato, deberá ser imparcial y ojalá los integrantes en esta comisión, que son mayoría del Partido Revolucionario Institucional, tengan la entereza del diputado Ovalle, para que esa comisión investigadora tenga ese carácter efectivamente de imparcialidad, porque con ello se evitara prejuzgar. Nadie puede ser prejuzgado y lo único que lo garantiza es una comisión imparcial. Nadie puede ser prejuzgado incluyendo al diputado Ignacio Ovalle.
Si es cierto que de la investigación podrían resultar responsabilidades personales, individuales, por ello también en su momento deberá citarse a quienes dirigieron esta empresa descentralizada y entre los que deberán citarse debe ser el propio diputado Ignacio Ovalle, pero de ninguna manera podemos aceptar en este Poder Legislativo, que alguien sea juzgado de antemano, pero también que no podemos aceptar de antemano que se forme una comisión que libere de responsabilidades por intereses partidistas. Si es así, si se forma una comisión imparcial, seguramente será citado el diputado Ignacio Ovalle y otros que dirigieron en ese periodo a la Conasupo, pero también si es integrada de esa manera, podremos esperar un fallo absolutamente objetivo y en apego estricto a nuestro estado de derecho.
Por ello no se puede aceptar la propuesta del diputado Ovalle. Vayamos a donde tenemos que ir, que es al funcionamiento de la empresa descentralizada Conasupo, investiguémosla en los términos de la Constitución, de la Ley Orgánica y del reglamento y procedamos conforme a derecho. No podemos hacerlo de otra manera compañeras y compañeros diputados.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser, hasta por cinco minutos.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Señor Presidente, quiero presentar a usted formalmente la propuesta para constituir la comisión investigadora de la empresa Conasupo y sus empresas filiales, en los términos siguientes:
"Señor Presidente de la Cámara de Diputados. Presente.
Los abajo firmantes, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 93, párrafo tercero constitucional, 58 y 59 relativos al Reglamento Interior para el Congreso General, atentamente solicitamos se integre una comisión para investigar el funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales, tomando en cuenta la diversa información sobre las presuntas irregularidades ocurridas a esas empresas.
Por lo expuesto, atentamente solicitamos se sirva:
Dar trámite a esta petición.
Salón de sesiones, México, D.F., 28 de noviembre de 1995.
La firman 143 legisladores del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo, del Partido Revolucionario Institucional y legisladores ciudadanos."
Muchas gracias. Pido se le dé trámite.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El Presidente:
Se acaba de recibir un oficio de la Secretaría de Gobernación. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El secretario Primo Rivera Torres:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del Presidente de la República y con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Documento que el primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 28 de noviembre de 1995.- Por acuerdo del secretario el director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se propone una corresponsabilidad respetuosa entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la toma de decisiones de alta trascendencia nacional, así como en las reformas y en las acciones para un mejor Gobierno.
Dentro de este contexto, existe la necesidad de avanzar en la reforma del Gobierno a fin de que la función pública sea ejercida con absoluta transparencia, con trato imparcial para todos los grupos sociales y ciudadanos, rindiendo cuentas puntualmente sobre la observancia de la ley y el uso honesto y eficiente de los recursos públicos.
En congruencia con lo anterior, se debe respetar y alentar toda iniciativa para fortalecer las facultades de supervisión y control del Poder Legislativo sobre los órganos del Poder Ejecutivo, particularmente en materia de control presupuestario y de cuenta pública.
El control de un poder por otro, constituye un principio democrático fundamental y un elemento esencial de todo estado de derecho. La agenda política de hoy, sustentada en un amplio consenso social, confirma el principio de la división y equilibrio de poderes, de manera que se asegure a la sociedad que ningún poder pueda traspasar sus límites.
Con sustento en este principio, al inicio de mi mandato propuse reformas constitucionales al sistema de impartición de justicia en las que se fortaleció al Poder Judicial para el control constitucional de los actos del poder público y la protección de los derechos del hombre.
Con este mismo propósito, para atender un reclamo sentido de la propia sociedad y para dar continuidad al fortalecimiento del estado de derecho, se debe recoger y asumir la iniciativa de un amplio sector de la población para emprender una reforma profunda al esquema de control y supervisión de la gestión pública federal, que prevea instrumentos más efectivos de fiscalización del uso honesto y eficiente de los recursos que la sociedad aporta al Gobierno y un oportuno y claro rendimiento de cuentas por parte de los servidores públicos.
Para asumir estos objetivos, se recogieron y examinaron las principales críticas, inquietudes y planteamientos propositivos formulados por muy distintos sectores de la población en torno a los órganos actuales de fiscalización de la gestión pública en nuestro país y se estudió la vasta experiencia que existe en este tema en México y a nivel internacional.
La iniciativa de cambio, originada en la sociedad civil, está orientada a promover una reforma profunda a los órganos de control externo e interno de la gestión pública, que atienda al equilibrio adecuado de poderes, a fin de asegurar que efectivamente se limiten y controlen entre sí, que responda cabalmente a una sociedad que exige un rendimiento claro y puntual de cuentas y se inscriba dentro de los avances y transformaciones que hoy en día experimentan los órganos de fiscalización en todo el mundo.
Se reconoce que nuestro país ha sido precursor de numerosos adelantos en materia de fiscalización pública y que cuenta con una tradición histórica en el desarrollo de una instancia de control externo, como es el caso de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, que data de 1824. Asimismo ha desarrollado órganos de control interno o autocontrol del Poder Ejecutivo, función que actualmente recae en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y en los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal, cuyos antecedentes más inmediatos fueron el Departamento de la Contraloría General de la Nación que funcionó de 1917 a 1933 y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, de 1982 a 1994.
Es preciso reconocer también que, independientemente del progreso en los órganos y mecanismos de fiscalización en México, existen hoy día importantes limitaciones y nuevas exigencias en esta materia. Algunas de ellas parten de la propia naturaleza de los órganos; de las modernas responsabilidades del Estado que requieren atribuciones expresas de fiscalización; de la mayor oportunidad que se exige a los órganos de control; de las tendencias modernas que han ampliado el ámbito de la supervisión más allá de la verificación del apego a la normatividad y las normas contables, hacia una mayor evaluación de la gestión y de los resultados; así como las relativas a una más transparente y puntual rendición de cuentas por parte de las unidades o entidades administrativas y de los servidores públicos y, finalmente, de la necesidad de una mejor articulación entre el control externo que enfatiza la función correctiva y el de carácter interno, que por su naturaleza, se dirige principalmente a las acciones preventivas.
Algunas de las propuestas planteadas por la población para corregir las debilidades que percibe en el sistema de fiscalización, se refieren a la necesidad de modernizar el enfoque y fortalecer las atribuciones del órgano encargado del control externo, a fin de convertirlo en un auténtico órgano o entidad de auditoría superior, independiente del Ejecutivo, dotado de autonomía técnica, imparcial en sus decisiones, accesible y reconocido por la ciudadanía y paralelamente, reorganizar el sistema de autocontrol del Ejecutivo para encauzarlo preferentemente a la prevención y a la promoción de esquemas administrativos más sencillos y transparentes.
Lo anterior lleva a la revisión del sistema de control y evaluación de la gestión administrativa de la Federación y del papel que en él han desempeñado los órganos de control interno y externo. Dadas las nuevas demandas de la sociedad, se requiere que el órgano de control externo tenga la fortaleza y las atribuciones necesarias para ser constituido en una entidad superior de fiscalización, término genérico con el que se les conoce a estas instituciones internacionalmente.
Las entidades superiores de fiscalización se han generalizado en la mayor parte de los países del mundo, independientemente de su forma de gobierno y de su grado de desarrollo, y forman parte inclusive de un órgano mundial de entidades de fiscalización superior que ha impulsado su desarrollo y fortalecimiento y ha logrado importantes consensos en declaraciones mundiales, como la de Lima, Perú, sobre las líneas básicas de la fiscalización superior.
En la mayor parte de las naciones, la fiscalización superior se aboca al control de la legalidad, de la regularidad, de la operación financiera y de la gestión misma del Gobierno y de la administración pública. Su único límite es el de practicar su fiscalización en forma posterior a la toma de decisiones y su ejecución para no interferir en la responsabilidad que les corresponde a los ejecutores de los actos de gobierno y de administración. Este tipo de fiscalización requiere ser ejercida por órganos técnicos profesionales, con autonomía de gestión y carácter apolítico, la mayoría de ellos ubicados en el Poder Legislativo, a los que se denomina auditoría suprema o superior y que tienen fuerte visibilidad y amplio respaldo de la población.
México todavía no cuenta formal y realmente con una entidad superior de fiscalización, como la que existe en la mayor parte de los países del mundo. De ahí la necesidad de corregir esta situación y colocar a nuestro país en la vanguardia de la materia.
El Congreso de la Unión ha fortalecido en diversas ocasiones a la Contaduría Mayor de Hacienda en su ya larga historia, para que lo auxilie en la revisión efectiva de la Cuenta Pública de la Federación, la cual le es remitida para su dictamen a mediados del año siguiente al ejercicio fiscal de la gestión pública y su informe de resultados debe ser presentado 20 meses después de concluido el ejercicio presupuestario motivo de revisión; las irregularidades que la contaduría llega a encontrar las tiene que notificar al Poder Ejecutivo, o sea al ente fiscalizado, para promover el fincamiento de las responsabilidades correspondientes y el cobro respectivo.
El Poder Ejecutivo, por su parte, ha intentado en diversas épocas constituir órganos que realicen las atribuciones propias de las entidades superiores de fiscalización, lo cual no ha sido posible al no tener autonomía frente al ente fiscalizado y tener las limitaciones de ser juez y parte.
Es el momento de conjuntar esfuerzos de ambos poderes, para dar respuesta a la demanda sentida de la sociedad de contar con un órgano reconocido de fiscalización, rector de la auditoría gubernamental en México, que aproveche los logros y experiencias obtenidos en la Contaduría Mayor de Hacienda y en los órganos de control interno de los poderes. La creación de una entidad superior de fiscalización del Gobierno Federal, como institución profesional con autonomía técnica y administrativa, que tenga facultades de auditoría de la gestión financiera más allá de la revisión de cuenta pública y que forme parte de un sistema integral de control y evaluación, requiere de un cambio estructural profundo al actual sistema nacional de fiscalización.
Para este propósito la presente iniciativa contempla estructurar un nuevo y fortalecido órgano de fiscalización, con funciones adicionales a las que hoy realizan los órganos de control externo, que incorpore y fortalezca las atribuciones y recursos de la Contaduría Mayor de Hacienda.
La naturaleza de esta reforma y su necesidad de permanencia como una decisión política fundamental de nuestro estado de derecho, hacen necesarias una modificación constitucional y la adecuación de diversas leyes federales.
En congruencia con nuestra tradición constitucional, con la voluntad de fortalecer al Congreso de la Unión y tomando en cuenta que las instituciones superiores de fiscalización en la mayor parte de los países del mundo forman parte del Congreso o parlamento, se propone que la ubicación de este nuevo órgano de auditoría superior de la Federación, se mantenga en la Cámara de Diputados, si bien garantizando expresamente su plena autonomía técnica en la Constitución y en la ley. La existencia de una fiscalización superior en el Poder Legislativo es tan necesaria y natural como la actividad misma de legislar.
La creación del órgano superior de fiscalización motiva que se propongan las reformas a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución.
Dada la importancia que la función de fiscalización de la gestión financiera pública tiene para el equilibrio entre los poderes, el artículo 79 daría origen a nueva sección en nuestra Carta Magna, en la que estarían contenidas las disposiciones fundamentales que definen la naturaleza, atribuciones principales, organización y dirección del órgano de auditoría superior de la Federación y los requisitos de los auditores generales.
En el artículo 73 se facultaría al Congreso para expedir la ley que regule la organización de la auditoría superior de la Federación, así como las demás leyes que normen la gestión, control y evaluación del sector público federal.
En la legislación reglamentaria se deberá distinguir entre las funciones que corresponden al Poder Legislativo y al órgano de auditoría superior de la Federación. Al Poder Legislativo le corresponde la importante función de valoración de la política general de carácter financiero, en materia de presupuesto de egresos, de ley de ingresos, de cuenta pública y de gestión financiera, mientras que al órgano de auditoría superior le incumbe una función de carácter eminentemente técnica, como lo son las actividades de fiscalización, investigación sobre manejo y aplicación de los fondos o dineros y de los recursos o bienes federales, determinación de daños y perjuicios y promoción de las responsabilidades administrativas y penales.
La función de auditoría superior debe facilitar elementos de juicio sustancialmente técnicos al Poder Legislativo, al cual corresponde el control político.
En el artículo 74 se establecería el apoyo que continuaría brindando el órgano a dicha Cámara en la revisión de la cuenta pública y se sustituiría el texto actual que determina un plazo fijo para la entrega de la cuenta, por otro que establece que será la ley la que lo señale, sin perjuicio de que con anterioridad se presenten informes parciales previos que permitan una revisión más oportuna.
Esta disposición se debe relacionar con el nuevo texto propuesto para el artículo 79, que dispone que el informe final de la revisión de la cuenta y de la actividad financiera se hará al año siguiente al del ejercicio fiscal respectivo y no dos años después, como ocurre en la actualidad.
Al artículo 78 se le adicionaría el texto del actual artículo 79 para que en una sola disposición esté comprendido todo lo relativo a la Comisión Permanente y de esta manera abrir un espacio para la regulación del órgano cuya creación se propone.
Entre las principales características del órgano de auditoría a que se refiere la presente iniciativa, además de su carácter técnico, profesional, autónomo y carente de influencia partidista, estarían las que se señalan a continuación.
Su objeto de fiscalización sería toda la actividad financiera de los poderes de la Unión y las entidades públicas federales, respecto a los ingresos, gastos, manejo y aplicación de fondos federales así como el debido manejo o administración de los recursos y bienes federales, que incluyen el patrimonio de la nación y de las entidades públicas.
Así pues, son fondos y recursos federales los correspondientes a los poderes de la Unión y de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los organismos constitucionalmente considerados como autónomos, así como las transferencias o subsidios que otorgue el Gobierno Federal.
Para alcanzar su objeto, se propone garantizar la plena independencia respecto al ente fiscalizado, la autonomía técnica en el desempeño de su función y la protección jurídica frente a eventuales interferencias, con lo cual se logrará configurar una institución con las características que se les han reconocido constitucional y legalmente a estos órganos en los distintos sistemas de gobierno de la mayor parte de los países.
Dentro de nuestro estado de derecho la autonomía de gestión no supone autarquía y, por tanto, implica la sujeción del órgano a la Constitución y a la ley. El libre ejercicio de su gestión de fiscalización deberá ser protegido de interferencias u orientaciones partidistas de toda persona, corporación o autoridad, pero sus resoluciones estarán sujetas en todo momento a los controles de la legalidad y constitucionalidad que establece nuestro orden jurídico.
En congruencia con el principio de legalidad, sus atribuciones como autoridad deberán quedar claramente establecidas, así como la oportunidad de su función de auditoría, contraloría y fincamiento de responsabilidades y acorde con su autonomía de gestión deberá dotársele de los recursos necesarios para poder cumplir la encomienda constitucional.
El órgano tendrá la facultad de determinar, notificar y exigir directamente el cumplimiento de sus resoluciones. Es éste uno de los cambios más importantes, que le darán independencia del Poder Ejecutivo. Esto no será obstáculo para que pueda solicitar el auxilio de dicho poder, no sólo para coordinar sus labores de fiscalización, sino también para la aplicación, por parte de las autoridades fiscales, del procedimiento de ejecución y cobro coactivo de las responsabilidades que finque como indemnizaciones por daños y perjuicios al erario federal y al patrimonio de las entidades públicas, para no duplicar estructuras y costos. El órgano podrá solicitar directamente al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en caso de encontrar ilícitos en sus investigaciones.
El fortalecimiento del órgano de auditoría superior en su cobertura, facultades y autonomía de gestión deberá ir acompañado del mayor equilibrio, independencia e imparcialidad posibles en su dirección y administración. Con este propósito se propone el establecimiento de un órgano titular colegiado para su dirección y administración, integrado por los auditores generales que señale la ley, quienes designarían entre ellos a su presidente. los auditores generales y el presidente del órgano tendrán las facultades que se les señale en la ley.
La confianza de la población en el órgano requiere de un proceso transparente, objetivo e imparcial para la selección de sus titulares. Este proceso debe garantizar que la designación se haga atendiendo a criterios estrictos de independencia, imparcialidad y prestigio profesional para garantizar el debido ejercicio de esta importante y delicada responsabilidad.
El esquema para la designación de los titulares de estos órganos en todo el mundo involucra en la gran mayoría de los casos la participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de asegurar equilibrio y transparencia. En México, por otro lado, la experiencia histórica ha aconsejado que en la elección de servidores públicos con alta responsabilidad ante la nación es conveniente, para generar confianza ciudadana, que un poder proponga y otro decida o ratifique.
Por lo tanto, se considera importante que ambos poderes participen en la designación de los titulares, a fin de que quienes desempeñen la función tengan el más amplio reconocimiento del Gobierno y de la sociedad. Con un reconocimiento amplio por ambas partes los resultados de sus investigaciones tendrán el necesario peso moral para ser acatados por el supervisado y respaldados por la sociedad.
Se propone que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sea quien designe a los titulares, a partir de propuestas que someta a su consideración el Presidente de la República, con base en el perfil establecido en la ley para los auditores y mediante un procedimiento que garantice la discusión pública de la imparcialidad y capacidad técnica y profesional de los candidatos propuestos Debe preverse que la independencia de los titulares del órgano colegiado no se vea afectada por los procedimientos para su sustitución. Con este fin, se propone que además de que su designación sea escalonada, que sólo puedan ser removidos cuando en los términos de ley incurran en responsabilidad administrativa, política o penal y como consecuencia se les apliquen los juicios y procedimientos que para tales situaciones se prevén en los artículos 110 y 111 y demás aplicables del Título Cuarto de la Constitución y que se dé a los titulares similares garantías de permanencia que se otorga a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la modalidad de que su duración en el cargo será la que determine la ley.
Los servidores públicos de la auditoría superior de la Federación, además de capacidad técnica deberán sujetarse a un estricto código de comportamiento ético, en los términos de la ley.
La ley deberá determinar los procedimientos específicos para que los resultados de la gestión de la auditoría superior se hagan del conocimiento del Congreso, así como de la opinión pública. La amplia difusión de los resultados será la principal garantía a la población de la imparcialidad y certeza de su labor.
Por lo que respecta a la revisión de la cuenta pública, se propone que la auditoría superior de la Federación continúe con las labores que viene realizando la Contaduría Mayor de Hacienda, con lo cual se aprovecharán los logros y experiencias que tiene esa institución republicana.
Al igual que lo hace ésta, deberá presentar, pero en forma más oportuna, un informe de resultados a consideración de la Cámara de Diputados, a través de la comisión que se señale en la ley para llevar una relación funcional con el órgano. Para avanzar en esta materia, se propone que el Poder Ejecutivo presente información y documentación parcial, que permita iniciar la revisión de la cuenta con mayor anticipación.
En disposiciones transitorias quedan reconocidas las distintas etapas que comprende esta reforma y los momentos en que entrarían en vigor. Se incorporan, para ello, principios de seguridad o certeza jurídica, al precisar los actos sujetos a fiscalización conforme al nuevo régimen constitucional que se establece, así como la forma en que se revisarán las cuentas públicas anteriores al entrar en funciones la auditoría superior, con respeto al principio universal de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna.
Por último es importante destacar que en la iniciativa de reforma constitucional se propone la creación de un sistema integral de control y evaluación de la gestión del sector público federal, el cual requiere de la expedición de diversa legislación por parte del Congreso general, con objeto de que se efectúe la coordinación y la colaboración o auxilio entre los controles externo e interno y con ello entre los tres poderes. Se busca que los órganos de control, independientemente del poder al que pertenezcan, mantengan una relación funcional y ofrezcan un frente común para fortalecer la probidad de los servidores públicos y su puntual rendimiento de cuentas.
En dicho sistema el control externo estaría facultado para normar la actividad de fiscalización y evaluar el cumplimiento de la gestión administrativa en los términos de ley, para cerciorarse de que se haya efectuado con legalidad, eficiencia, eficacia y economía, haciendo las recomendaciones respectivas a los poderes de la Unión y a las entidades del sector público federal. Lo anterior, sin obstáculo de la fiscalización preventiva que sobre la gestión pública deben realizar los controles internos. Como complemento de dicho sistema, en la legislación que se expida se habrá de prever la existencia de diversas disposiciones que otorguen garantías y derechos a los servidores públicos para evitar arbitrariedad y actuación subjetiva de los órganos de control externo e interno, así como prever los recursos que podrán interponer en congruencia con el principio de legalidad y el estado de derecho.
La presente iniciativa que me permito someter a consideración del Constituyente Permanente, propone un cambio profundo en la vida democrática del país y fortalece nuestro sistema de división de poderes. Junto con la reforma al Poder Judicial que, como respuesta al reclamo de la sociedad, me permití proponer al inicio de mi mandato, complementada con esta propuesta que fortalece al Poder Legislativo, cumplo con la responsabilidad que ante la nación asumí, de reformar al Estado y de contribuir al desarrollo democrático del país.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 73, 74, 78 y 79 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se adicionan con un segundo párrafo y ocho fracciones el artículo 78 y con una Sección V el Capítulo II del Título Tercero; se reforman los artículos 73 fracción XXIV, 74 fracción IV párrafos quinto y sexto y 79, y se derogan las fracciones II y III del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a XXIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXIV. Para expedir la ley que regule la organización de la auditoría superior de la Federación y las demás leyes que normen la gestión, control y evaluación del sector público federal:
XXV a XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. (Se deroga.)
III . (Se deroga.)
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para la revisión de la cuenta pública, la Cámara de Diputados se apoyará en el órgano de auditoría superior de la Federación.
La cuenta pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en los términos que disponga la ley, sin perjuicio de los informes parciales que permitan avanzar en su revisión.
V a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:
I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, en los casos de que habla el artículo 76, fracción IV:
II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República:
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones:
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias:
V. Otorgar o negar su ratificación a la designación de Procurador General de la República, que le someta el titular del Ejecutivo Federal:
VI. Conceder licencia hasta por 30 días al Presidente de la República y nombrar el interino que supla esa falta:
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga:
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.
SECCION QUINTA
De la auditoría superior de la Federación
Artículo 79. La Cámara de Diputados contará con un órgano de auditoría superior de la Federación, de carácter técnico, imparcial y con plena autonomía de gestión para decidir sobre su organización, recursos, funcionamiento y resoluciones.
El órgano de auditoría superior de la Federación tendrá a su cargo:
I. Fiscalizar en forma posterior el ingreso, gasto, manejo y aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de las entidades públicas federales y el cumplimiento de sus programas, así como presentar cada año a la Cámara de Diputados un informe que contenga los resultados de la fiscalización y de la revisión de la cuenta pública del año anterior:
II. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, gasto, manejo y aplicación de fondos y recursos federales y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos:
III. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de las entidades públicas federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades y, en su caso, presentar las querellas o denuncias penales procedentes.
El órgano de la auditoría superior de la Federación será administrado y dirigido por un cuerpo colegiado de auditores generales, quienes actuarán con plena independencia e imparcialidad. Serán designados por la Cámara de Diputados a propuesta del Presidente de la República, por periodos escalonados y sólo podrán ser removidos mediante juicio político, declaración de procedencia o sanción por causas graves de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución. Los auditores generales designarán de entre ellos a su presidente.
Para ser auditor general se necesita además de cumplir los requisitos señalados en las fracciones I, III y IV a VI del artículo 95 de esta Constitución, tener prestigio profesional, capacidad y experiencia técnica. Durante el ejercicio de su cargo no podrán formar parte activa de partido político alguno ni desempeñar otro empleo o encargo salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. Tampoco podrán desempeñar cargo alguno en los poderes y las entidades fiscalizados durante el año siguiente a la terminación de su gestión.
El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución y facilitará al órgano de auditoría superior de la Federación los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones."
TRANSITORIOS
Primero. La reforma al artículo 73 fracción XXIV, a que se refiere el presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las reformas a los artículos 74,78 y 79 a que se refiere el presente decreto, entrarán en vigor el día que lo haga la ley que regule la organización de la auditoría superior de la Federación.
Tercero. En tanto no se establezca y empiece a ejercer sus atribuciones el órgano de auditoría superior de la Federación, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados continuará ejerciendo las atribuciones que actualmente tiene conforme al artículo 74 fracción IV de la Constitución, su Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Una vez creado el órgano de auditoría superior de la Federación, se le transmitirán los bienes y los recursos de la Contaduría Mayor de Hacienda. El órgano continuará atendiendo los asuntos pendientes a cargo de la Contaduría.
Los derechos laborales de los servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda que pasen a prestar sus servicios al órgano de auditoría superior de la Federación, serán respetados en sus términos.
Cuarto. La revisión de la cuenta pública conforme al régimen previsto en los artículos que se reforman por este decreto, se hará a partir de la cuenta pública del primer ejercicio fiscal posterior a la fecha de entrada en vigor de la ley que regule la organización de la auditoría superior de la Federación. La revisión de las cuentas públicas de ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la ley citada, se efectuará por el órgano de auditoría superior de la Federación y conforme a las disposiciones vigentes en dichos ejercicios.
Quinto. Conforme vayan entrando en vigor las disposiciones a que se refiere el presente decreto, se derogan todas aquellas que se le opongan.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 28 de noviembre de 1995.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El Presidente:
Se acaba de recibir un oficio de la Cámara de Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
El secretario Audomaro Alba Padilla:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la Medalla de la República Oriental del Uruguay, que le confiere dicho gobierno.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de noviembre de 1995.- Senadores secretarios, Raúl Juárez Valencia y Enrique Hernández Quinto.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la "Medalla de la República Oriental del Uruguay", que le confiere dicho gobierno.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, D.F., 28 de noviembre de 1995.- Senadores: Ernesto Navarro González, presidente; Raúl Juárez Valencia y Enrique Hernández Quinto, secretarios.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 28 de noviembre de 1995.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Aurelio Marín Huazo:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura el orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 29 de noviembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Comercio, con proyecto de Ley del Impuesto General de Importación.
De la Comisión de Comercio, con proyecto de Ley del Impuesto General de Exportación.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se modifican leyes fiscales (Miscelánea).
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 17:19 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 29 de noviembre a las 10:00 horas.
| AM | Amplitud Modulada |
| Banpaís | Banco del País, Sociedad Nacional de Crédito |
| Conasupo | Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| D.F. | Distrito Federal |
| Diconsa | Distribuidora de la Conasupo, Sociedad Anónima |
| FM | Frecuencia Modulada |
| khz | Kilohertz |
| Liconsa | Leche Industrializada de la Conasupo, Sociedad Anónima |
| Miconsa | Maíz Industrializado de la Conasupo, Sociedad Anónima |
| OC | Onda Corta |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| S.A. | Sociedad Anónima |
| Tesobonos | Bonos de la Tesorería de la Federación |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |
| UHF | Ultra Altas Frecuencias |
| VHF | Muy Altas Frecuencias |