SUMARIO
Oficio de la colegisladora, informando de la eleccion de su mesa directiva para el mes de diciembre. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite punto de acuerdo en relación a la estabilidad nacional. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
La diputada Martha Patricia Mendoza Peña, presenta iniciativa de reforma a ese ordenamiento. Se turna a la Comisión de Justicia.
La diputada Alicia Céspedes Arcos, presenta iniciativa de reforma a dicha ley, en materia de discapacitados. Se turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social.
El diputado Gabriel Aguilar Ortega, presenta informe de dicha comisión.
De enterado.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicha ley. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y de la Defensa Nacional.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Santos Humberto Gómez Leyva, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere dicho organismo. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Julieta Huerta Mendizábal, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la ciudadana Raquel Martínez Cejudo, con el que informa que dejó de prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Camara de Senadores, para su conocimiento.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Comercio, con proyecto de dicha ley. Es de segunda lectura.
El diputado Alejandro Diaz y Pérez Duarte, fundamenta el dictamen a nombre de la comisión.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en lo general y en lo particular, se aprueba en sus términos
Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Expresan sus opiniones en torno al conflicto agrario en los municipios de Mixquiahuala y Tezontepec de Aldama en esa entidad, los diputados:
Francisco Patiño Cardona
Prisciliano Diego Gutierrez Hernández
Rectifican hechos los diputados:
Francisco Patiño Cardona
Miguel Angel Islas Chío
Víctor Manuel Quintana Silveyra
La diputada María del Carmen Segura Rangel, presenta punto de acuerdo respecto al Programa de Seguridad Pública del Departamento del Distrito Federal.
Se turna a las comisiones del Distrito Federal, a la de Justicia y a la de Derechos Humanos.
Debaten sobre el primer año de labores del gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, los diputados:
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Carlos Ruben Calderon y Cecilio
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, para rectificar hechos.
José Rafael Castelazo y de los Angeles, para rectifcar hechos.
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu
José de Jesús Zambrano Grijalva
José Antonio Martínez Torres
Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo
Expresan sus opiniones sobre diversos problemas ecológicos en los estados de Guanajuato, Morelos y San Luis Potosíi, los diputados:
María Leticia Calzada Gómez
Pascual Ramírez Córdova, para rectificar hechos.
María Elena Yrizar Arias, quien presenta punto de acuerdo.
Alejandro Torres Aguilar
El punto de acuerdo se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Debaten sobre el proceso electoral en dicha entidad, los diputados:
José Alfonso Pascual Solórzano Fraga
Fernando Orihuela Carmona
Leonel Godoy Rangel, para rectificar hechos.
Rectifican hechos los diputados:
Fernando Orihuela Carmona
Leonel Godoy Rangel
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Oscar Cantón Zetina
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 273 diputados. Por lo tanto hay quorum.
El Presidente (a las 11:40 horas):
ORDEN DEL DIA
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura
Orden del día
Martes 5 de diciembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California y Querétaro.
Iniciativas de diputados
De reformas a diversos artículos del Código Penal, a cargo de la diputada Patricia Mendoza Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de discapacidad, a cargo de la diputada Alicia Céspedes Arcos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Informe de actividades de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados.
Minutas
Proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Proyecto de decreto que concede permiso al contraalmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Santos Humberto Gómez Leyva, para aceptar y usar el gafete y la medalla especial que la Junta Interamericana de Defensa en Washington, DC, le otorgó.
Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Julieta Huerta Mendizábal, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Comunicación de la ciudadana Raquel Martínez Cejudo, por la que informa que ha dejado de prestar servicios en la Embajada de Jamaica, en México.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al contraalmirante de aeronáutica naval piloto aviador diplomado de Estado Mayor Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, para aceptar y usar la medalla al Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Dictamen a discusión De la Comisión de Comercio, con proyecto de ley del impuesto general de exportación.
Comentarios En torno al conflicto agrario de los municipios de Mizquiahuala y Tezontepec de Aldama, Estado de Hidalgo, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el fraude en Teléfonos de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Plan de Ayala, a cargo de la diputada Carlota Botey y Estape, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Programa de Seguridad Pública del Distrito Federal 1995-2000, a cargo de la diputado Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Balance de un año de labores del Poder Ejecutivo, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Andrés Galván Rivas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre problemas ecológicos en Guanajuato, Morelos y San Luis Potosí, a cargo de la diputada Leticia Calzada Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Fernando Salgado Delgado
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con cinco minutos del jueves treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de doscientos cincuenta y siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, misma que con una aclaración del diputado Dávila y Juárez se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del vigesimosegundo aniversario luctuoso del ex presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Se da lectura a la proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política respecto a la integración de la Comisión de Investigación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y sus empresas filiales. Aprobada.
Otra comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respecto de la conformación de una comisión plural de diputados federales para que gestionen ante el Gobierno Federal los recursos para apoyar a los damnificados del sismo ocurrido el veinte de octubre pasado en el Estado de Chiapas. Aprobado.
Sube a la tribuna el diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno en su carácter de presidente de la Comisión de Comercio, para presentar informe sobre iniciativas en rezago que han sido dictaminadas por dicha comisión, con resolución de rechazo. De enterado.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La Secretaría da primera lectura a dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con los que se concede los permisos constitucionales necesarios para que el ciudadano José Angel Gurría Treviño pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de la República de Nicaragua y de la República Oriental del Uruguay.
En razón de que el dictamen de la Comisión de Comercio con proyecto de ley del impuesto general de importación fue impreso y distribuido entre los diputados, la asamblea le dispensa la segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra a nombre de la Comisión, la diputada Carlota Vargas Garza, del Partido Revolucionario Institucional.
Durante su intervención, desde su curul el diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie hace una moción que el Presidente aclara. No habiendo quien haga uso de la palabra a discusión en lo general y en lo particular del proyecto de ley, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta y tres votos en pro. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Se realiza la elección de la mesa directiva para el mes de diciembre realizado el escrutinio y cómputo correspondientes, resulta triunfadora por trescientos dieciséis votos, la planilla integrada por los diputados:
Oscar Cantón Zetina, como presidente; Antelmo Alvarado García, Sergio Teodoro Meza López, Eliseo Moyao Morales, Ezequiel Flores Rodríguez como vicepresidentes; Emilio Solórzano Solís, Javier de Jesús Gutiérrez Robles, Israel Ledezma Magaña, Hildiberto Ochoa Samayoa, como secretarios; Virginia Hernández Hernández, José Luis Aguilar Martínez, José Luis de la Cruz Martínez López y Eduardo Guzmán Ortiz, como prosecretarios.
El Presidente agradece a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a los diputados en general y a los colaboradores administrativos de la Cámara de Diputados, el apoyo recibido durante su gestión.
Se concede el uso de la palabra al diputado Serafín Núñez Ramos, del Partido del Trabajo, quien presenta un punto de acuerdo en referencia a los hechos ocurridos en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Agotados los asuntos de cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con cincuenta minutos y cita para la que tendrá lugar el próximo martes cinco de diciembre a las diez horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
CAMARA DE SENADORES
El secretario José Luis Aguilar Martínez:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de esa colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que en sesión pública, celebrada en esta fecha, se eligió la mesa directiva que funcionará durante el lapso comprendido del 1o. al 15 de diciembre en que culmina el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVI Sexta Legislatura.
Presidente: Gustavo Carvajal Moreno; vicepresidentes: J. Benigno Aladro Fernández, Guillermo del Río Ortegón; secretarios: Laura Pavón Jaramillo, Jorge J. López Tijerina, Francisco Xavier Salazar Sáenz, Jorge Luis Tinajero Escobedo y prosecretarios: Ramón Serrano Ahumada, Manuel López Avila, Crescenciano España Morales y Benito Rossel Isaac.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 30 de noviembre de 1995.- Senadores Raúl Juárez Valencia, Enrique Hernández Quinto, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El secretario Hildiberto Ochoa Samayoa:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo del Estado de Baja California. XV Legislatura Constitucional.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Por medio del presente nos permitimos comunicarles muy atentamente que en sesión ordinaria celebrada por la XV Legislatura del Estado de Baja California, el día 9 de noviembre del año en curso, se acordó manifestarle nuestro total respaldo a los puntos de acuerdo que ese Poder Legislativo aprobó en relación a los rumores propalados el pasado viernes 3 de noviembre, que afectan la estabilidad nacional y vulneran los esfuerzos que los mexicanos realizamos para recuperar el crecimiento de nuestra economía.
Sin otro particular de momento, les reiteramos nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, noviembre 10 de 1995.- Diputados: José Cervantes Govea, presidente; Jesús Salvador Minor Mora, secretario.»
«Ciudadanos diputados: a raíz de los acontecimientos que en los últimos días han sacudido de manera muy preocupante las estructuras económicas e institucionales de nuestro país, acudo ante esta máxima tribuna del pueblo de Baja California, para hacer público el más enérgico rechazo a la agresión desestabilizadora del mercado financiero nacional, que se produjo el viernes pasado y que ha sido objeto de reflexión y de unidad crítica de todos los sectores de nuestra sociedad.
Consideramos que este tipo de agresiones en contra de los esfuerzos estabilizadores que los mexicanos realizamos por la vía del diálogo y del entendimiento, afecta también el orden institucional que nos da paz y libertad, aun en las difíciles circunstancias por las que hoy atravesamos como país.
El rumor y la desinformación generados por círculos extranjeros, vienen a suceder precisamente en momentos en que todos los sectores productivos celebran grandes esfuerzos para establecer nuevas bases que reactiven el crecimiento económico. Este ataque especulativo tiene por lo tanto, objetivos directamente contrarios a las aspiraciones de todos los mexicanos.
Es por ello sumamente alentador que por encima de las diferencias ideológicas y políticas que puedan existir en la pluralidad de nuestra sociedad, se levante la voz que convoca a la unidad nacional, para enfrentar con determinación esta escalada que hoy atenta contra nuestro país y sus instituciones.
Como diputados locales no podemos por ningún motivo desestimar estos embates irresponsables y mal intencionados, que especulan en contra de nuestra moneda y pretenden sembrar la desconfianza en torno a la lealtad de las fuerzas armadas de nuestro país.
Por eso queremos destacar aquí los dos puntos de acuerdo que fueron aprobados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado martes 7 de noviembre, en donde manifiestan la confianza de los diputados federales en la unidad nacional y su compromiso con las instituciones de la República, así como también en donde se refrenda la confianza en la lealtad de las fuerzas armadas y se exhorta al Ejecutivo Federal para que efectúe lo conducente y finque responsabilidad jurídica al autor o autores de los sucesos del viernes pasado.
Este ejemplo de unidad ante la adversidad debe de ser la tónica a seguir en todos los planos de nuestra vida nacional y local, para enfrentar los problemas y los desafíos que hoy tenemos y crear así nuevas expectativas en nuestro futuro inmediato.
La unidad en torno al Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo, no es ni puede ser sólo un llamado demagógico o de carácter partidista. Es una reacción acertada que debemos valorar con toda la legitimidad política y legal, que su investidura representa para todos los mexicanos. Porque solamente unidos como nación podremos superar la adversidad y derrotar a los enemigos de nuestro país.
Bajo estas consideraciones proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que este honorable Congreso envíe atento oficio a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en donde manifieste su total respaldo a los puntos de acuerdo que este Poder Legislativo aprobó en relación a los rumores propagados el pasado viernes 3 de noviembre, que afectan la estabilidad nacional y vulneran los esfuerzos que los mexicanos realizamos para recuperar el crecimiento de nuestra economía.
Atentamente.
Mexicali, Baja California, a 9 de noviembre de 1995.- Diputado Daniel García Noriega.»
De enterado.
ESTADO DE QUERETARO
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
«Escudo.- Querétaro.- Honorable Congreso del Estado.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LI legislatura constitucional del Estado, hace de su conocimiento que ha realizado elección de mesa directiva para el mes de noviembre, la que quedó integrada de la siguiente forma: presidente: Raúl Crescencio García Martínez; vicepresidente: Eduardo León Chain; secretarios: Mario Ochoa Parra, Miguel Rodríguez Maciel y secretario suplente: J. Jesús Ponce Ponce.
Lo que comunicamos para los fines legales procedentes, reiterándoles las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 1995.- Presidente, Eligio Arnulfo Moya Vargas; vicepresidente: Rafael Montoya Becerra; secretarios Dora Cristina Chavarría Salas y Josefina Gisela Zamorano Guerrero.»
De enterado.
CODIGO PENAL
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Patricia Mendoza Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Penal.
La diputada Martha Patricia Mendoza Peña:
Con su venia, señor Presidente:
«Iniciativa de adición al artículo 60, párrafo segundo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Honorable Asamblea: los que suscriben, diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, ponemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de adición al artículo 60 párrafo segundo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para aplicar sanción a las lesiones culposas que tardan en sanar menos de 15 días, contenidas en la primera parte del artículo 289 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, de acuerdo a la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
En 1993 fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación importantes reformas al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, que obedecen a la idea de ajustar cada vez más la legislación penal a la Constitución Política y a las exigencias del estado de derecho, así como a los reclamos de la realidad social y que continúan el proceso de transformación iniciado hace más de una década.
En ese proceso de transformación de la legislación penal se observa, por otra parte, elseguimiento de ciertos principios fundamentales, entre los que destaca el de la intervención mínima del derecho penal, es decir, el de que el derecho penal constituye el último recurso para la solución de conflictos sociales, planteándose la necesidad de que el Estado agote previamente para ello otros recursos jurídicos, cuyas consecuencias sean menos drásticas. Se precisa que al derecho penal sólo le debe corresponder la protección de los bienes jurídicos, individuales o colectivos, que sean de la mayor importancia para la vida ordenada en comunidad y únicamente frente a los ataques más graves o intolerables provenientes del comportamiento humano. Lo que implica que bienes jurídicos que no revistan esa importancia, no deben ser materia de regulación penal, sino de otras áreas del derecho y por otro lado, que las afectaciones leves tampoco deben justificar la intervención del derecho penal, pues se considera que para ello es suficiente la intervención de otro tipo de regulaciones. Este no es el caso de las lesiones previstas en el artículo 289 del Código Penal, las que como sólo son punibles, si se realizan dolosamente. Consecuentemente, las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días y no pongan en peligro la vida, que se cometan culposamente no son materia de sanción penal.
En virtud de la necesidad de que se encuentre debidamente tutelado jurídicamente, pudiese parecer la conducta culposa que se pretende adicionar como sancionable, de poca trascendencia, por lo que debe expresarse que nuestro derecho penal no puede soslayar la conducta del sujeto activo del delito en su doble acepción, tanto por el resultado, como por la peligrosidad, refiriéndonos concretamente al delito culposo, cuya tipificación, como tal, en la actualidad carece de sanción.
Sin causa que lo justificara el legislador deja sin sanción esta conducta, que siendo culposa y en su hipótesis, de tardar en sanar menos de 15 días, puede ser de tal trascendencia lo que puede producir en sus resultados.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
«Unico. Se adiciona el párrafo segundo del artículo 60 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Artículo 60. En los casos de delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de aquéllos para los que la ley señale una pena específica. Además, se impondrá, en su caso, suspensión hasta de 10 años o privación definitiva de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso.
Las sanciones por delito culposo sólo se impondrán con relación a los delitos previstos en los siguientes artículos: 150, 167 fracción VI, 169, 199-bis; 289 partes primera y segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397 y 399 de este código.
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
TRANSITORIO
Artículo único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de diciembre de 1995.- Diputados: Martha Patricia Mendoza Peña, José Alejandro Zapata Perogordo, María del Carmen Segura Rangel, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Abel García Ramírez, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Francisco José Peniche y Bolio, María Elena Alvarez Bernal, Manuel Arciniega Portillo, Ramón Miguel Hernández Labastida, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Patricia Garduño Morales, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Javier Viniegra Zubiria, José Luis Torres Ortega, Alejandro González Alcocer, Ricardo Francisco García Cervantes y Fernando Pérez Noriega.»
Túrnese a la Comisión de Justicia.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Alicia Céspedes Arcos, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo en Materia de Discapacitados, a nombre de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados.
La diputada Alicia Céspedes Arcos:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Sin duda uno de los problemas más lacerantes que enfrentan las personas con discapacidad es la falta de un trabajo remunerado y estable. Ello es así en virtud de una compleja situación social que ha generado equívocos y actitudes injustificadas, así como una falta de conocimiento acerca de las capacidades que poseen estas personas.
La discriminación que en el campo laboral afrontan frecuentemente las personas con discapacidad, ahonda en el hecho de ser un grupo social vulnerable y por tal motivo, resulta difícil en un país como el nuestro con un nivel de desempleo y subempleo considerable, encontrar una promoción laboral y una ocupación rentable para las personas con discapacidad; lo que no es justificable, ya que como repetidas veces se ha dicho, en nuestro país por lo menos el 10% de nuestra población presenta alguna limitación física, mental o sensorial.
Sin embargo, con base en una filosofía que supone el conocimiento y la confianza en las potencialidades de este sector de la sociedad, ha sido una demanda reiterada abrir el mercado laboral a la población con discapacidad. Tal filosofía puede resumirse diciendo que: "si hay capacidad; debe haber oportunidad".
Ante esta incontrovertible cuestión es necesario asumir una actitud de pleno respeto a los derechos fundamentales de aquellos que presentan alguna discapacidad y erradicar actitudes paternalistas o de rechazo. Los dos casos resultan para la persona con discapacidad, obstáculos a su plena integración social; más aun cuando entendemos que la ocupación laboral además de aliviar el problema económico del discapacitado, significa una fuente de dignificación personal.
Para lograr la integración laboral de las personas con discapacidad, es indispensable una reforma a la legislación de la materia y aunque debemos estar conscientes de que ello no conlleva la colocación en el empleo, es un primer paso obligado y fundamental para lograrla.
Los diputados que colaboramos en los trabajos legislativos de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados y que suscribimos la presente iniciativa, consideramos que las directrices que deben inspirar a una reforma laboral en favor de las personas que presentan alguna limitación y que nos han guiado, son las siguientes:
Es necesario establecer en la ley, el acceso al trabajo de la población discapacitada:
Es indispensable la existencia de preceptos que mínimamente regulen las relaciones de trabajo de las personas con discapacidad:
Es esencial declarar en el estatuto laboral, que no exista discriminación para los trabajadores discapacitados:
En toda reforma en este sentido es de primer orden, y debe estar subyacente la integración social del discapacitado.
El trabajo de nuestra comisión, en ningún caso olvida y quiere reiterar ante esta máxima tribuna de la nación, que el grupo humano de las personas con discapacidad es, ante todo, un potencial humano casi totalmente desaprovechado en nuestro país. Dicha situación debe llevarnos a los legisladores a considerar con interés, los beneficios sociales que representa la ocupación de más de 10 millones de mexicanos que demandan participación en la productividad y el desarrollo.
La comisión considera que la reforma a la ley de la materia que ahora proponemos, debe estar matizada de sencillez en su redacción y por sobre todo de viabilidad jurídica. En este sentido y después de un estudio cuidadoso, se determinó utilizar la palabra discapacidad o discapacitado para referirse a la materia o a los titulares de los derechos que se pretenden proteger, lo cual, no contradice el espíritu de la actual Ley Federal del Trabajo; ello es así por cuanto a la luz de las normas laborales, el trabajador discapacitado es aquella persona que no obstante presentar una limitación física, mental o sensorial, es apta para desempeñar una actividad productiva específica.
Ahora bien, la regulación de las condiciones laborales del trabajador discapacitado, implican definir a dicho prestador del trabajo personal subordinado, del que habla la ley; como la persona que presentando una incapacidad permanente parcial, no derivada de un riesgo de trabajo, puede ser contratado como trabajador.
Se consideró que de los diversos preceptos contenidos en nuestro Estatuto Federal del Trabajo, el artículo 56 es de enorme importancia al contener, entre otros, el principio de la igualdad en las condiciones de trabajo. Esta igualdad se traduce, por una parte, en que se deberán establecer condiciones iguales para aquellos trabajadores que desempeñen un trabajo circunstancialmente igual y por otra, en que no deberá distinguirse a un trabajador por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política a efecto de que, no obstante estar prestando un trabajo igual, se pretenda imponer condiciones de trabajo inferiores a las consignadas en la ley, en el contrato de trabajo o derivadas de su relación laboral.
A nuestro modo de ver, tres son los aspectos que inspiraron a esta disposición y que dan origen a los motivos por ella enunciados: la pertenencia a un determinado entorno social (raza, nacionalidad), la ideología individual (credo religioso, doctrina política) y la condición personal del trabajador (sexo, edad).
En este tenor y dentro del último aspecto, incluimos la palabra discapacidad en el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo, como otro de los motivos por los que no podrá ser discriminado o diferenciado ningún trabajador en igualdad de condiciones con sus compañeros. Con ello, ponemos énfasis en el reconocimiento del discapacitado como sujeto de una relación obrero-patronal y lo protegemos ante cualquier intento de desigualdad en sus condiciones de trabajo debido a su circunstancia personal.
Motivo de reflexión para los integrantes de esta comisión resultó ser la interrogante de como abrir el mercado de trabajo a las personas con discapacidad. La fórmula que encontramos fue plasmada en una nueva fracción que proponemos se adicione al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Dicha fracción incluye el porcentaje del 1% del total de contratados de una empresa como posibles personas con discapacidad. Nos pareció un porcentaje razonable, ya que si bien es cierto que en nuestro país, por lo menos existen 10 millones de mexicanos, no todos podrían ser productivos; así se deben considerar a los menores de edad con discapacidad y aquellos que presentan una limitación severa, que no hace posible su incorporación a la productividad, en este último supuesto, es evidente que la ocupación de estas personas deberá hacerse con base en la habilitación o rehabilitación ocupacional que nuestro país establezca en los ordenamientos respectivos. Por otra parte, dicha obligación del patrón se circunscribe a que existan empleos que puedan ocupar y desempeñar los discapacitados, por lo que tal disposición no constituye un imperativo oneroso para ninguna empresa. En este tenor se establece que en el caso de que las empresas cuenten con un número de trabajadores mayor a 50 y menor de 100 el patrón ocupará por lo menos a una persona con discapacidad.
Asimismo, para alentar la contratación laboral de aquellos que presentan una discapacidad, se establece que los empleadores cuenten con un incentivo de carácter fiscal, que coadyuve a lograr un trato equitativo para el sector productivo de nuestra nación, que se sume a esta cruzada nacional por lograr la igualdad de oportunidades para todos aquellos que presentan una limitación física, intelectual o sensorial.
En este mismo precepto y como obligación de los patrones se adicionó la fracción XXX, para posibilitar la accesibilidad y el libre tránsito de los trabajadores discapacitados en su lugar de trabajo. Nos parece que esta disposición es de gran importancia por cuanto, una vez aceptado por nuestra ley el trabajo de los discapacitados, dicho derecho no se podría ejercitar si no existen las condiciones óptimas para desempeñarlo y ello resultara incluso en detrimento de la productividad. Sin embargo, esta obligación no es absoluta. La comisión, consciente de que no todas las personas con discapacidad requieren de dichas modificaciones y que en su caso, no todos los espacios laborales permiten la realización de las adaptaciones en comento, propone que esta obligación se actualice sólo en aquellos casos en que sea necesario.
Porque es de vital importancia la integración social del discapacitado, proponemos el artículo 153-E-bis, que establece que los trabajadores discapacitados recibirán la capacitación y adiestramiento a que tienen derecho, en conjunto con sus compañeros y en igualdad de condiciones; con ello se evita en lo posible cualquier tipo de segregación en este aspecto hacia las personas con discapacidad.
Punto medular de la reforma son los artículos 181-A y 181-B, que se proponen adicionar, como nuevas normas, en la Ley Federal del Trabajo y que regulan el trabajo de los discapacitados en un aspecto fundamental: prohibición de desarrollar trabajos perjudiciales a su salud y aún a su vida.
En efecto, siguiendo la sistematización de la ley, la comisión optó por abrir un título que, junto a los ya existentes de mujeres y menores, regule el trabajo de los discapacitados. En este tenor, el artículo 181-A enuncia quiénes serán los titulares de los derechos a proteger y da la definición de discapacitado para efectos del mencionado título, como aquellas personas con incapacidad no producida por un riesgo de trabajo, situación que no las limita a desempeñarse en actividades laborales para las que cuenten con las habilidades necesarias, independientemente de la discapacidad que presenten.
Por otro lado, se incluyen en esa regulación a los trabajadores que habiendo sufrido un riesgo de trabajo, presentan incapacidad permanente parcial. Esto es así porque la comisión llegó a la conclusión de que, visto objetivamente son personas disminuidas en sus facultades físicas o mentales y por tanto personas con discapacidad adquirida.
En el artículo 181-B que se propone, se establece la prohibición del trabajo que entrañe un daño a la salud física o mental del discapacitado. No se siguió la fórmula que aparece en las estipulaciones relativas a los menores y a las mujeres en cuanto a la prohibición del desempeño de labores insalubres o peligrosas, porque se consideró que la naturaleza del trabajo a desempeñar por el discapacitado requiere de protección a su condición personal, supuesto diverso al de los menores o mujeres trabajadoras.
Por último, se establecen sanciones acordes a lo ya preceptuado por la ley para el caso de que el patrón no cumpla con las obligaciones contenidas en las fracciones XXX del artículo 132 y I del 133, la primera de ellas referida a las adecuaciones necesarias a los centros de trabajo y la segunda a la prohibición de negarse a aceptar trabajadores con discapacidad.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara, el siguiente
PROYECTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Artículo único. Se reforman los artículos 56, 133 fracción I y 994 fracciones IV, VI; se adiciona el inciso c al artículo 4o., las fracciones XXIX y XXX al artículo 132 y se crea el artículo 153Ebis, así como el Título Quinto Ter, para quedar como sigue:
Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Cuando se dé preferencia a una persona plena en su integridad física y/o mental sobre una persona con discapacidad, cuando esta última califique por sobre la primera para ocupar un puesto vacante.
Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivos de raza, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
I a XXVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXIX. Dar empleo compatible a su condición personal a personas con discapacidad. Si el número de empleados de la empresa o establecimiento es mayor a 100, se deberá emplear a un 1% cuando menos de discapacitados del total de su plantilla de trabajadores; si el número de trabajadores es menor a 100 y mayor de 50 se deberá emplear cuando menos a un discapacitado. La ley establecerá un incentivo fiscal para empleadores de personas con discapacidad.
XXX. De conformidad a lo establecido en el artículo 512 de esta misma ley, los patrones, de ser necesario, deberán realizar las adecuaciones en los centros de trabajo para proporcionar a los trabajadores con discapacidad las medidas necesarias de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento, tendientes a propiciar el pleno desarrollo de sus labores dentro de la empresa; estas adecuaciones deberán incluir rampas, puertas, elevadores donde así se requieran, pasamanos, asideras y todas aquellas que coadyuven a tal fin.
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones:
I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo o por presentar alguna discapacidad, siempre que acrediten su capacidad para realizar el empleo que pretendan y cuenten con una constancia expedida por una institución de salud con autorización oficial. En caso de personas con discapacidad intelectual será requisito indispensable que el trabajador haya sido declarado en estado de interdicción en el juicio respectivo.
II a XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 153-E-bis. Tratándose de los trabajadores discapacitados a que se refiere el Título Quinto Ter. de esta ley, la capacitación y el adiestramiento la recibirán, en lo posible, junto al resto de los trabajadores y en las mismas condiciones. En caso de que se requieran apoyos especiales se recurrirá a los centros o instituciones especializados para recibir asesoría.
Durante el tiempo que dure la capacitación inicial de los trabajadores discapacitados, a que alude el artículo 153-G de esta ley, recibirán un incentivo económico a manera de beca, por parte de los programas de capacitación para el empleo que lleva a cabo la Secretaría de Trabajo y Previsión, para que una vez aptos para incorporarse a la actividad productiva empiecen a recibir su salario correspondiente.
TITULO QUINTO TER
Trabajo de los discapacitados
Artículo 181-A. El presente título regula el trabajo de las personas con discapacidad física y/o mental, entendiéndose por tales, aquélla con alguna incapacidad no producida por riesgo de trabajo, situación que no las limita a desempeñarse en actividades laborales para las que cuenten con las habilidades necesarias, independientemente de la discapacidad que presenten y en lo conducente al supuesto previsto en el artículo 497 de esta ley.
Artículo 181-B. Queda prohibido el trabajo de las personas con discapacidad cuando vaya en detrimento de su vida y su salud física o mental.
Artículo 994. Se impondrá multa, cuantificada en los términos del artículo 992, por el equivalente:
I a III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla con lo dispuesto por las fracciones XV y XXX del artículo 132, la multa se duplicará, si la irregularidad no se subsana dentro del plazo que se conceda para ello:
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. De 15 a 155 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133 fracciones I, II, IV, VI y VII."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente iniciativa de ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Segundo. Los centros de trabajo que se construyan a partir del 1o. de enero de 1996 deberán contemplar las adecuaciones a que se refiere la fracción XXX del artículo 132 de la presente ley.
Tercero. Los centros de trabajo existentes tendrán un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la presente iniciativa, para realizar adecuaciones y equipamientos necesarios para las personas con discapacidad, a que hace mención la fracción XXX del artículo 132 de la presente ley.
Salón de sesiones, Cámara de Diputados.- A 5 de diciembre de 1995.- Diputados: Andrés Galván Rivas, Ana María Licona Spínola, Octavio Romero Oropeza, María Remedios Olivera Orozco, María de los Angeles Blanco Casco, Gabriel Aguiar Ortega, Alejandro Audry Sánchez, Carlos Calderón y Cecilio, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Irene Maricela Cerón Nequiz, Alicia Céspedes Arcos, María Teresa Cortez Cervantes, Dante Decanini Livas, Ricardo Luis Godina Herrera, Oscar González Yáñez, Virginia Hernández Hernández, Nohelia Linares González, Pedro Guadalupe López y Macías, Miguel Humberto Manzo Godínez, José Martínez Alvarez, Gladys Merlín Castro, Jesús Eduardo Noyola Bernal, Javier Ortega Espinoza, Juan Manuel Pérez Corona, Horacio Pereznegrón Pereznegrón, José Arturo Quiroz Presa, Roberto Robles Garnica, Héctor San Román Arreaga, Julieta Uribe Caldera, Carlos José Vertaramo Pérez y Zenen Xochihua Valdez.
Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
COMISION DE ATENCION Y APOYO A DISCAPACITADOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Gabriel Aguiar Ortega, para dar lectura al informe de actividades de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados.
El diputado Gabriel Aguiar Ortega:
"Si un hombre tiene un talento y no lo usa ha fracasado; si tiene talentos y usa sólo la mitad, ha fracasado parcialmente; si tiene un talento y le saca provecho, gloriosamente ha triunfado y tendrá una satisfacción que muy pocos conocen."
Con permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ocurro a esta altísima tribuna de la nación para manifestar lo siguiente: se considera discapacitado a toda persona que padezca una alteración prolongada, física o mental que en relación a su edad o medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.
La sociedad en su conjunto ha mirado con limitación el horizonte de las personas que presentan alguna discapacidad y en muchas ocasiones ha optado por despreciarlos, eliminarlos, adorarlos, compadecerlos y hasta temerles. Es un mundo ensoberbecido que no ha comprendido que las limitaciones están en la mente, en el corazón o en el alma. Que las barreras y obstáculos que se han antepuesto a estos seres no son sino producto de la irreflexión e intolerancia.
Esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados de la LVI Legislatura, tiene hoy el honor de informar a ustedes que hemos realizado, en favor de las personas con discapacidad, las siguientes actividades.
Primero. Se iniciaron reuniones plenarias en los estados de Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California y Tabasco.
Segundo. Se promovió una estrecha relación con el Sistema Nacional para la Integración Nacional de la Familia (DIF).
Tercero. Se consultó a expertos en la materia y a personas con discapacidades para el trabajo de análisis jurídico legislativo.
Cuarto. Se integró un grupo de trabajo legislativo de personas con discapacidad, organizaciones civiles e instituciones públicas y privadas.
Quinto. Se hizo acopio de algunas iniciativas de ley pendientes de dictamen en las diversas comisiones de la Cámara de Diputados.
Sexto. Fueron aprobadas las reformas y adiciones al artículo 46 de la ley aduanera y 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado relativo a la importación de vehículos especiales y adaptados para personas con discapacidad.
Séptimo. A partir del 5 a 17 de diciembre del año en curso, se llevarán a cabo actividades conmemorativas al "Día Internacional de las Personas con Discapacidad", en donde estarán presentes artesanos, atletas y artistas discapacitados y organizaciones que los apoyan.
Lo anterior nos demuestra que las personas con discapacidad han cobrado conciencia del respeto que debe existir para ellos como seres humanos con todos los derechos y obligaciones que les corresponden y han iniciado una fuerte presión a las estructuras organizacionales, logrando de esta manera algunos cambios que permiten definir conjuntamente su posición en el contexto social y tienen derecho a recibir equitativamente las mismas oportunidades y el mismo trato.
Mejor ejemplo lo podemos encontrar en la Federación de Atletas sobre Sillas de Ruedas, la Federación Mexicana de Olimpiadas Especiales, de los atletas que participaron en los juegos mundiales en Stoke, Mandeville, Inglaterra y en las olimpiadas especiales efectuadas en Haven, Connecticut, EUA, por lo que no puede haber de nosotros hacia ellos más que admiración y respeto por lo alto que han puesto el nombre de México en el extranjero.
Hay en el mundo más de 500 millones de personas con discapacidad y se considera que en México existen aproximadamente 10 millones, a las que se les deben reconocer los mismos derechos y brindarles las mismas oportunidades que a todos los demás seres humanos.
Es necesario decir "basta" a la segregación que muchos seres "normales" hacen a diario con los discapacitados. Tenemos que crear conciencia que debemos seguir legislando para lograr que los edificios públicos, banquetas, camiones, sanitarios etcétera, tengan los accesos especiales para todo tipo de discapacitados, pero hacer conciencia en la sociedad para que todos, absolutamente todos, dejemos de segregar o apartar a nuestros hermanos que presentan alguna discapacidad. Es pues necesario abrir las oficinas y las fábricas para que tengan un empleo digno.
Es de reconocer la labor que ha desarrollado la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados y todos sus integrantes han colaborado para abrir espacios de difusión y lograr el apoyo de autoridades, empresas, gobiernos de los estados y del presidente de la Gran Comisión de esta Cámara de Diputados, para llevar a cabo estas tareas que están enmarcadas por el deseo de mejorar las condiciones de vida de quienes necesitan de la labor de los diputados de México.
Para efecto de dar trámite ante esta soberanía a la lectura del presente informe, se anexan firmas de los diputados integrantes de esta Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados.
Diputados: Andrés Galván Rivas, Ana María Licona Spínola, Octavio Romero Oropeza, María Remedios Olivera Orozco, María de los Angeles Blanco Casco, Gabriel Aguiar Ortega, Alejandro Audry Sánchez, Carlos Calderón y Cecilio, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Irene Maricela Cerón Nequiz, Alicia Céspedes Arcos, María Teresa Cortez Cervantes, Dante Decanini Livas, Ricardo Luis Godina Herrera, Oscar González Yáñez, Virginia Hernández Hernández, Nohelia Linares González, Pedro Guadalupe López y Macías, Miguel Humberto Manzo Godínez, José Martínez Alvarez, Gladys Merlín Castro, Jesús Eduardo Noyola Bernal, Javier Ortega Espinoza, Juan Manuel Pérez Corona, Horacio Pereznegrón Pereznegrón, José Arturo Quiroz Presa, Roberto Robles Garnica, Héctor San Román Arreaga, Julieta Uribe Caldera, Carlos José Vertaramo Pérez y Zenen Xochihua Valdez.
De enterado.
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
El secretario José de la Cruz Martínez López:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México D.F., 30 de noviembre de 1995.- Senadores secretarios: Raúl Juárez Valencia y Enrique Hernández Quinto.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
Artículo único. Se reforman los artículos 26, 29, 40, primer párrafo, 51, 52, 78 y 79; se adicionan un segundo y un tercer párrafo al artículo 24 y un segundo párrafo al artículo 32 y se deroga el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea quedan exceptuados de lo anterior, en los casos y condiciones que señalen las leyes y reglamentos aplicables.
Los integrantes de las instituciones policiales, federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establecen la presente ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 26. Las licencias particulares para la portación de armas serán individuales para personas físicas o colectivas para las morales y podrán expedirse cuando se cumplan los requisitos siguientes:
I. En el caso de personas físicas:
A. Tener un modo honesto de vivir:
B. Haber cumplido, los obligados, con el Servicio Militar Nacional:
C. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas:
D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas:
E. No consumir drogas, enervantes o sicotrópicos:
F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por:
a) La naturaleza de su ocupación o empleo:
b) Las circunstancias especiales del lugar en que viva o c) Cualquier otro motivo justificado.
También podrán expedirse licencias particulares, por una o varias armas, para actividades deportivas, de tiro o cacería, sólo si los interesados son miembros de algún club o asociación registrados y cumplan con los requisitos señalados en los primeros cinco incisos de esta fracción.
II. En el caso de personas morales:
A. Estar constituidas conforme a las leyes mexicanas.
B. Tratándose de servicios privados de seguridad:
a) Contar con la autorización para funcionar como servicio privado de seguridad:
b) Contar con la opinión favorable de la Secretaría de Gobernación sobre la justificación de la necesidad de la portación del armamento y los límites en número y características de las armas, así como lugares de utilización.
C. Tratándose de otras personas morales, cuando por sus circunstancias especiales lo ameriten, a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, para servicios internos de seguridad y protección de sus instalaciones; ajustándose a las prescripciones, controles y supervisión que determine la propia Secretaría.
D. Acreditar que quienes portarán armas cumplen con lo previsto en los primeros cinco incisos de la fracción I anterior.
Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, los titulares de las licencias colectivas expedirán credenciales foliadas de identificación personal, que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán semestralmente.
El término para expedir las licencias particulares y colectivas será de 50 días hábiles, contados a partir de que se presenta la solicitud correspondiente
Artículo 29. Las licencias oficiales para la portación de armas pueden ser colectivas o individuales.
I. Las licencias colectivas podrán expedirse a:
A. Las dependencias oficiales y organismos públicos federales a cuyo cargo se encuentran las instalaciones estratégicas del país.
Los titulares de las licencias colectivas expedirán credenciales foliadas de identificación personal, que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán semestralmente.
B. Las instituciones policiales. Estas licencias se sujetarán a los lineamientos siguientes:
a) Dichas instituciones deberán cumplir con las disposiciones legales de orden federal o local que resulten aplicables.
b) La Secretaría de Gobernación será el conducto para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional la expedición de licencia colectiva a las instituciones policiales, mismas que sólo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respectivas, debiéndose notificar a estas secretarías cualquier cambio en su plantilla laboral. Las autoridades competentes resolverán dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la solicitud ante la Secretaría de Gobernación:
c) Los titulares de las instituciones policiales expedirán a su personal operativo, inscrito en el registro que establezca la ley de la materia, credenciales foliadas de identificación personal, por lapsos semestrales, las cuales, durante su vigencia, se asimilarán a licencias individuales.
C. Los titulares de las licencias colectivas remitirán periódicamente a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación un informe de las armas que se encuentren en su poder, debidamente correlacionado con su estructura y organización operativa, señalando los folios de las credenciales y los datos del personal que las tuviera a su cargo.
D. Las autoridades competentes se coordinarán con los gobiernos de los estados para obtener, con oportunidad y exactitud, la información necesaria para el cumplimiento de esta ley.
E. La Secretaría de la Defensa Nacional inspeccionará periódicamente el armamento, sólo para efectos de su control, sin tener autoridad alguna sobre el personal.
II. Las licencias individuales se expedirán a quienes desempeñen cargos o empleos en la Federación o en las entidades federativas, que para el cumplimiento de sus obligaciones requieran, en opinión de la autoridad competente, la portación de armas.
III. Los servidores públicos a que se refiere este artículo deberán cumplir, además, con los requisitos establecidos en los cinco primeros incisos de la fracción I del artículo 26 de esta ley.
Artículo 32. Corresponde a la Secretaría de Gobernación la expedición, suspensión y cancelación de licencias oficiales individuales de portación de armas a los empleados federales, de las que dará aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional para los efectos de inscripción de las armas en el Registro Federal de Armas.
A la Secretaría de Gobernación también corresponde la suspensión y cancelación de las credenciales de identificación que expidan los responsables de las instituciones policiales, al amparo de una licencia colectiva oficial de la portación de armas y que se asimilan a licencias individuales.
Artículo 40. Las actividades industriales y comerciales relacionadas con armas, municiones, explosivos y demás objetos que regula esta ley, se sujetarán a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando el material sea para el uso exclusivo de la Armada de México, esas actividades se sujetarán a las disposiciones de la Secretaría de Marina.
Artículo 51. La compraventa de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se hará por conducto de la institución oficial que señale el Presidente de la República y se realizará en los términos y condiciones que señalen los ordenamientos que expida la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, según corresponda Artículo 52. La Secretaría de la Defensa Nacional podrá establecer, mediante disposiciones administrativas generales, términos y condiciones relativos a la adquisición de armas y municiones que realicen las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, así como los particulares para los servicios de seguridad autorizados o para actividades deportivas de tiro y cacería.
Dichas disposiciones deberán coadyuvar a lograr los fines de esta ley y propiciar las condiciones que permitan a las autoridades federales y locales cumplir con la función de seguridad pública a su cargo.
Artículo 78. La Secretaría de la Defensa Nacional, así como las demás autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales que desempeñen funciones de seguridad, recogerán las armas, previa expedición obligatoria del recibo correspondiente, a todas aquellas personas que las porten sin licencia, sin llevar ésta consigo o a quienes teniéndola, hayan hecho mal uso de las armas.
El arma recogida por no llevar el interesado la licencia, será devuelta previo pago de 10 días multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la licencia será de 15 días.
Para los efectos del pago de la multa antes mencionada, se turnará la infracción, a la brevedad, a la autoridad fiscal federal correspondiente.
Artículo 79. Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo anterior, el funcionario que lo realice deberá informarlo de inmediato a su superior, quien lo hará del conocimiento del Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan. Si no se dan los informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de 10 días multa.
Se equipara al delito de robo previsto en el artículo 367 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y se aplicarán las mismas penas, cuando el servidor público que asegure o recoja un arma no la entregue a su superior jerárquico o, en su caso, a la autoridad competente.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 30 de noviembre de 1995.- Senador Ernesto Navarro González, presidente; senadores secretarios: Raúl Juárez Valencia y Enrique Hernández Quinto.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Justicia y de la Defensa Nacional.
JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
El secretario Emilio Solórzano Solís:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano contraalmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Santos Humberto Gómez Leyva, para aceptar y usar el gafete y la medalla especial que la Junta Interamericana de Defensa en Washington, DC, le otorgó.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 4 de diciembre de 1995.- Senadores secretarios: Laura Pavón Jaramillo y Francisco Xavier Salazar Sáenz.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano contraalmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Santos Humberto González Leyva, para aceptar y usar el gafete y la medalla especial que la Junta Interamericana de Defensa en Washington, DC, le otorgó.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 4 de diciembre de 1995.- Senador Gustavo Carvajal Moreno, presidente; senadores secretarios: Laura Pavón Jaramillo y Francisco Xavier Salazar Sáenz.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Javier de Jesús Gutiérrez Robles:
«Escudo Nacional. Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Julieta Huerta Mendizábal, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 30 de noviembre de 1995.- Senadores secretarios: Raúl Juárez Valencia y Enrique Hernández Quinto.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Julieta Huerta Mendizábal, para prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 30 de noviembre de 1995.- Senador Ernesto Navarro González, presidente; senadores secretarios: Raúl Juárez Valencia y Enrique Hernández Quinto.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
JAMAICA
El secretario Hildiberto Ochoa Samayoa:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Distinguido licenciado Meixueiro: por medio de la presente le informo que desde el día 2 de noviembre del corriente, dejé de laborar en la Embajada de Jamaica en México, debido a que no me renovaron el contrato de trabajo correspondiente.
Al mismo tiempo, agradezco las atenciones a mis cartas dirigidas a usted, para solicitar permiso y me despido quedando a sus órdenes en la dirección y teléfonos expuestos en el membrete.
Muy atentamente.
México, D.F., 21 de noviembre de 1995.- Raquel Martínez Cejudo.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Legislativo Federal.-Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano contraalmirante de aeronáutica naval piloto aviador, Diplomado de Estado Mayor Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, para aceptar y usar la Medalla Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano contraalmirante de aeronáutica naval piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, para aceptar y usar la Medalla Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de noviembre de 1995.-Diputados: Dionisio Pérez Jácome, presidente; Fructuoso López Cárdenas, Gerardo Arellano Aguilar, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Saúl González Herrera, José Mauro González Luna Mendoza, Ignacio González Rebolledo, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda Serino, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
LEY DEL IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de ley del impuesto general de exportación.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de ley del impuesto general de exportación, presentada por el doctor Ernesto Zedillo, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que en ejercicio de la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de Comercio, con fundamento en los artículos 42, 48 y 56 de la Ley Orgánica y en los artículos 55, 56, 87, 88 y relativos del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis bajo los siguientes
ANTECEDENTES
1o. En sesión celebrada por esta Cámara de Diputados, el día 9 de noviembre de 1995, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de la iniciativa que se describe en el presente dictamen.
2o. El Presidente de la mesa directiva acordó dar el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Comercio".
3o. Previo a la sesión de trabajo de la Comisión de Comercio, celebrada el día 24 de noviembre de 1995, se dio cuenta a sus integrantes de la presentación de esta iniciativa.
4o. Durante los trabajos de redacción del proyecto de dictamen; se recibieron amplias e importantes reflexiones y propuestas de parte de legisladores, especialistas, cámaras empresariales, juristas y académicos, que fueron aceptadas en razón de su contenido, destacando en particular el hecho de que la iniciativa de ley pretende abrogar la ley vigente en la materia, con objeto de constituirse en un instrumento jurídico actualizado a favor del comercio exterior en general y de los exportadores nacionales en particular, haciendo más fácil y transparente su utilización y concordancia con la nomenclatura internacional en la que está basada la tarifa y reclasificar ciertas mercancías en su ubicación más adecuada, ello derivado de las determinaciones del comité de nomenclatura del convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías, suscrito por México en 1988, que forma parte de la organización mundial de aduanas, antes consejo de cooperación aduanero, cuyo objeto consiste en facilitar el intercambio de bienes mediante una clasificación internacional uniforme, que considere, tanto los avances tecnológicos, como los cambios en los patrones mundiales de comercio, la perfección ortográfica y definición conceptual y lingüística de los productos.
Derivado de los extensos trabajos de revisión del texto de la iniciativa, realizados durante las sesiones que para este efecto se llevaron a cabo, entre asesores de la Comisión de Comercio y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se detectaron a manera de fe de erratas, 97 errores que corresponden únicamente a la redacción, es decir, de naturaleza que no afecta al fondo de la ley. De forma tal, que al texto final de la iniciativa de ley será necesario incorporarle tales correcciones.
5o. Como resultado de estos trabajos, la Comisión de Comercio y analizada la iniciativa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, junto con las reflexiones a que se refiere el punto cuatro anterior, se procedió a la votación y conclusión del dictamen correspondiente.
De acuerdo con estos antecedentes, la Comisión de Comercio, en ejercicio de sus propias atribuciones, presenta a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, bajo la siguiente
MOTIVACION
El Ejecutivo argumentó en su exposición de motivos, que la promoción de un crecimiento económico, vigoroso y sustentables, exige políticas generales y sectoriales de certidumbre, que permitan estimular la exportación y el comercio exterior. Siendo la simplificación administrativa y la actualización de su marco jurídico, conforme los patrones mundiales de comercio, parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
La presente iniciativa se propone dentro del marco del convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, con el objeto de proporcionar a la comunidad exportadora, un instrumento actualizado y acorde con la iniciativa ya presentada de la ley del impuesto general de importación.
De esta forma se pretende implementar un cuerpo jurídico, en versión en "español", que homologue nuestro sistema de comercio exterior con el de otros países, evitando discrepancias de interpretación. De manera especial, estos cambios: crean o adecúan partidas o subpartidas, clasifican o reclasifican mercancías tecnológicamente novedosas, eliminan las subpartidas que han reportado escaso movimiento y establecen descripciones individuales para productos que por su toxicidad o peligrosidad merecen este tratamiento.
En suma, la iniciativa incorpora 3 mil 773 modificaciones que repercuten en las fracciones de la tarifa y 1 mil 300 cambios a los textos de las notas legales, en relación con la ley vigente, que quedaría abrogada.
La iniciativa de ley no cambiará la política general en materia de aranceles, los cuales seguirán aplicándose a la mercancías de la misma forma como hasta la fecha. Así, a las subpartidas y fracciones de nueva creación les ha sido asignada la misma tasa arancelaria que tienen las subpartidas y fracciones de las cuales se desprenden. De igual forma las regulaciones fitozoosanitarias y ecológicas seguirán aplicándose a las mismas mercancías actualmente reguladas, sin que su nueva clasificación evite su cumplimiento.
CONSIDERANDOS
1o. Resulta incuestionable que México requiere en materia de comercio exterior, mantener actualizada una legislación y nomenclatura reconocida universalmente, que favorezca el intercambio de mercancías.
2o. La iniciativa atiende a la adopción por parte de México, de los cambios realizados a nivel internacional por el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías.
3o. La homologación internacional que propone la iniciativa facilita la identificación y clasificación arancelaria de las mercancías, evitándose que los importadores incurran en analogías equívocas por razón de error o bien por dolo.
Esta comisión considera pertinente incorporar en el texto de la iniciativa, las correcciones de forma que se señalan en el párrafo segundo del punto cuatro del apartado de antecedentes de este dictamen, anexándose al presente dictamen en 21 fojas útiles, que describen el modo correcto de implementar las precisiones gramaticales a que se hace referencia.
4o. La iniciativa propone en su artículo 1o., los impuestos generales de importación, mediante la identificación de un código numérico llamado "fracción arancelaria", la descripción de la mercancía, la unidad de medida de dichas mercancías para efectos estadísticos y el porcentaje ad-valorem que se causa por su exportación, en su caso, precedidos de notas de sección, capítulo o subpartida.
5o. El artículo 2o. de la iniciativa establece las reglas generales y las reglas complementarias para la aplicación de la tarifa, referidas al modo correcto de clasificar la metodología de la codificación, las unidades de medida empleables, las abreviaturas relativas a países y organismos internacionales, así como la definición de mercancías que por su naturaleza resultan no gravables.
6o. La iniciativa establece tres artículos transitorios, en los que se solicita su entrada en vigor a partir del día 1o. de enero de 1996, la abrogación de la ley publicada el 8 de febrero de 1988 y la previsión de que seguirán aplicables las notas explicativas actuales, en tanto se publiquen las nuevas notas explicativas de la nomenclatura.
7o. Esta comisión, finalmente, considera relevante hacer notar que la presente iniciativa se encuentra debidamente fundamentada y permite realizar una actualización de nuestro orden jurídico con las costumbres, acuerdos y normas de derecho internacional, conforme las enmiendas de la organización mundial de aduanas de las que México es miembro activo, que permitirán fortalecer las acciones nacionales de exportación.
RESULTANDO
A consecuencia de los puntos de acuerdo concluidos durante los trabajos de la Comisión de Comercio, se concluye:
Unico. Se acepta en lo general el texto de la iniciativa de ley del impuesto general de exportación, con las modificaciones de redacción realizadas por esta comisión.
Por lo expuesto, resultando de los trabajos de estudio correspondiente, la Comisión de Comercio, una vez que ha analizado la iniciativa de ley del impuesto general de exportación, puesta a la consideración del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, aprueba el proyecto con 28 votos a favor, sometiéndolo al pleno de la Cámara de Diputados.*
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de noviembre de 1995. Jorge Andrés Ocejo Moreno, presidente; Carlota Vargas Garza, Zeferino Torreblanca Galindo, Audomaro Alba Padilla, Emma Muños Covarrubias, secretarios; Tonatiuh Bravo Padilla, Máximo Cagigal Manilla, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Carlos Chaurard Arzate, César Antonio Chávez Castillo, Netzahualcóyotl de la Vega, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Francisco Domínguez García, Guillermo Gómez Vega, José Luis González Achem, Rafael Jacobo García, Mónica Leñero Alvarez, Walter León Montoya, Héctor López Barraza, Guillermo Luján Peña, Ricardo Menéndez y Haces, Pedro Morales Somohano, José Noé Moreno Carbajal, Lauro Norzagaray Norzagaray, Carlos Nuño Luna, Miguel Ortiz Jongitud, Hugo Rodríguez Martínez, Gustavo Salinas Iñiguez, Alfredo Valdez Gaxiola y Joaquín Vela González.»
Es de segunda lectura.
__________ *El articulado de este dictamen se encuentra en el Diario No. 26, de la página 4226 a 4508
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejando Díaz y Pérez Duarte, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio, le fue turnada el día 9 de noviembre pasado, el proyecto de ley del impuesto general de exportación, iniciativa proveniente del Ejecutivo Federal, abocándose al estudio y análisis de la exposición de motivos y del contenido correspondiente, que implicaron en conjunto una suma de 364 fojas, que no voy a leer para beneficio de todos.
En ejercicio de sus facultades y responsabilidades, esta comisión llevó a cabo amplias consultas, recurriendo directamente a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para conocer acerca de los fundamentos y alcances que se proponen en esta iniciativa.
En este marco, se llevaron a cabo diversas audiencias con el titular de la Secretaría, en adición a las comparecencias de los subsecretarios de Industria y de Negociaciones Comerciales Internacionales, durante las sesiones de trabajo de esta comisión.
Con el objeto de reunir elementos suficientes, la comisión corrió consultas formales a los organismos representativos nacionales que agrupan a quienes las iniciativas pretenden regular. Estas consultas abarcaron a instituciones como la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, Consejo Nacional de Comercio Exterior, Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Confederación de Cámaras Industriales, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y Consejo Coordinador Empresarial, conjuntándose en general de las consultas realizadas cuatro conclusiones:
Primera. La iniciativa no resulta en agravio de personas físicas o morales mexicanas que realicen actividades de control de comercio internacional;
Segunda. La iniciativa, por el contrario, recoge algunas recomendaciones que los mismos han propuesto al Ejecutivo, mediante las instancias correspondientes;
Tercera. Se comprueba además, que la iniciativa clasifica y reclasifica mercancías, porque tiene la actualización normativa comercial de México, en armonía con los convenios suscritos en el orden comercial internacional.
En razón a los estudios, análisis y consultas correspondientes, la Comisión de Comercio sesionó para evaluar, conformando el expediente respectivo y concluir el dictamen en que se asienta, tanto en lo general, como en lo particular, el texto de la iniciativa de ley del impuesto general de exportación, sujeta a las modificaciones de previsión gramatical, que no afectan en el fondo, de los que se dan debida cuenta en los anexos del mismo.
Paso a dar lectura a la fundamentación del dictamen.
Durante los trabajos de redacción del proyecto de dictamen, se recibieron amplias e importantes reflexiones y propuestas de parte de legisladores, especialistas, cámaras empresariales, juristas y académicos, que fueron aceptadas en razón de su contenido, destacando en particular el hecho de que la iniciativa sugiere abrogar la ley vigente en la materia, con objeto de constituirse en un instrumento jurídico actualizado a favor del comercio exterior en general y los exportadores nacionales en particular, haciendo más fácil y transparente su utilización y concordancia con la nomenclatura internacional en la que está basada la tarifa y reclasificar ciertas mercancías en su ubicación más adecuada, ello derivado de las determinaciones del Comité de Nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías, suscrito por México en 1988 y que forma parte de la Organización Mundial de Aduanas, cuyo objeto consiste en facilitar el intercambio de bienes, mediante una clasificación internacional uniforme, que considere tanto los avances tecnológicos como los cambios en los patrones mundiales de comercio, la perfección ortográfico y definición conceptual y lingüística de los productos.
La presente iniciativa se propone dentro del marco del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, con objeto de proporcionar a la comunidad exportadora un instrumento actualizado y acorde con la iniciativa ya presentada de la Ley del Impuesto General de Importación.
Con ello será posible implementar un cuerpo jurídico armónico en versión en español, que homologue nuestro sistema de comercio exterior con el de otros países, evitando discrepancias de interpretación.
De manera especial esos cambios crean o adecúan partidas o subpartidas, clasifican o reclasifican mercancías tecnológicamente novedosas, eliminan las subpartidas que han reportado escaso movimiento y establecen descripciones individuales para productos que por su toxicidad o peligrosidad merecen ese tratamiento.
La iniciativa incorpora 3 mil 773 modificaciones que repercuten en las fracciones de la tarifa y 1 mil 300 cambios a los textos de las notas legales en relación con la ley vigente que quedaría abrogada.
Sin embargo la iniciativa de ley no cambiará la política general en materia de aranceles, las cuales seguirán aplicándose a las mercancías de la misma forma como hasta la fecha. Así, a las subpartidas y fracciones de nueva creación les ha sido asignada la misma tasa arancelaria que tienen las subpartidas y fracciones de las cuales se desprenden. De igual manera las regulaciones fitosanitarias y ecológicas seguirán aplicándose a las mismas mercancías, actualmente reguladas, sin que su nueva clasificación evite su cumplimiento.
De esta forma la Comisión de Comercio ha llegado a los considerandos siguientes:
1o. Resulta incuestionable que México requiere, en materia de comercio exterior, mantener actualizada una legislación y nomenclatura reconocida universalmente, que favorezca el intercambio de mercancías.
2o. La iniciativa tiende a la adopción, por parte de México, de los cambios realizados a nivel internacional por el sistema armonizado de asignación y codificación de mercancías.
3o. La homologación internacional que propone la iniciativa, facilita la identificación y clasificación arancelaria de las mercancías, evitándose que los exportadores incurran en analogías equívocas.
4o. La iniciativa propone en su artículo 1o. los impuestos generales de exportación mediante la identificación de un código numérico llamado fracción arancelaria, la descripción de la mercancía, la unidad de medida de dichas mercancías para efectos estadísticos y el porcentaje ad-valorem que se causa por su exportación o en su caso, precedidos de notas de sección, capítulo o subpartida.
5o. El artículo 2o. de la iniciativa establece las reglas generales y las reglas complementarias para la aplicación de la tarifa, referidas al modo correcto de clasificar la metodología de la codificación, las unidades de medida empleables, las abreviaturas relativas a países y organismos internacionales, así como a definición de mercancías que por su naturaleza resultan no gravables.
6o. La iniciativa establece tres artículos transitorios, en los que se solicita su entrada en vigor a partir del día 1o. de enero de 1996, la abrogación de la ley publicada el 8 de febrero de 1988 y la previsión de que seguirán aplicables las notas explicativas actuales, en tanto se publiquen las nuevas notas explicativas de la nomenclatura.
7o. Derivado de los extensos trabajos de revisión del texto de la iniciativa, realizados entre asesores de la Comisión de Comercio y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se detectaron a manera de fe de erratas 97 errores que corresponden únicamente a la redacción, es decir, de naturaleza que no afecta el fondo de la ley Siendo el texto final de la iniciativa será necesario proporcionarle tales correcciones que aparecen como anexos del dictamen en 21 fojas útiles.
8o. Esta comisión finalmente considera relevante hacer notar que la presente iniciativa se encuentra debidamente fundamentada y permite realizar una actualización de nuestro orden jurídico con las costumbres, acuerdos y normas del Derecho Internacional, conforme a las enmiendas de la Organización Mundial de Aduanas, de las que México es miembro activo y que permitirá fortalecer las acciones nacionales de exportación. Resultado: a consecuencia de los puntos de acuerdo concluidos durante los trabajos de la Comisión de Comercio, se concluye que se acepta en lo general el texto de la iniciativa del impuesto general de exportación, con las modificaciones de redacción realizadas por esta comisión.
Por lo expuesto, la Comisión de Comercio, una vez que ha analizado y aceptado la iniciativa de ley del impuesto general de exportación, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete su dictamen al pleno de la Cámara de Diputados.
Una vez leída la fundamentación del dictamen los miembros de la Comisión de Comercio queremos añadir lo siguiente:
Primero. La normatividad internacional en materia comercial y las prácticas correspondientes se renuevan continuamente a través de instituciones especializadas, como la Organización Mundial de Aduanas, al que están incorporadas 169 naciones y de la que México forma parte, cuyo objeto es el definir de manera permanente la clasificación de bienes, la nomenclatura y las reglas del comercio mundial, de forma que sus trabajos permitan unificar y actualizar el orden jurídico arancelario al que deben acondicionarse los países miembros.
Segundo. La presente iniciativa responde a los compromisos suscritos por México en el Convenio Internacional sobre Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que ha concluido en la necesidad de revisar enmiendas a la nomenclatura comercial internacional y en la reclasificación de mercancías, de forma que las partes firmantes puedan operar ante el comercio internacional a partir del día 1o. de enero de 1996, conforme a esta nueva codificación, que no afecta ni supone modificación alguna en las políticas arancelarias.
Tercero. Del mismo modo, la iniciativa pretende facilitar la identificación armonizada de mercancías en una versión única en español, empleando la nomenclatura homogénea para todos los países de América Latina y España, dentro de un mismo sistema armonizado equivalente a las versiones en inglés y francés existentes.
Cuarto. La correcta y nueva forma de nombrar y clasificar los bienes es necesaria y no admite dilación para quienes realizan operaciones de exportación. La continuidad de las negociaciones internacionales entre sujetos operadores del comercio internacional, requiere anticipación, prontitud, unidad y exactitud jurídica. México no puede abstenerse de estar debidamente incorporado y en unidad a esa dinámica comercial internacional en el tiempo y en la forma debida.
Quinto. En particular, la ley ofrece el beneficio concreto de nombrar y clasificar correctamente mercancías para exportación, lo que facilitará las negociaciones mexicanas frente a extranjeros, dinamizando ese segmento comercial que de suyo es indispensable para la nación en momentos de crisis económica.
Por todo lo anterior, desde esta tribuna solicito a la Presidencia y a ustedes, compañeros legisladores, que de no existir impedimento, una vez que los integrantes de las cuatro fracciones parlamentarias representadas en la Comisión de Comercio hemos revisado y dictaminando en coincidencia la presente iniciativa, habiéndola encontrado suficientemente fundada y desarrollada y dado el carácter eminentemente técnico de la misma, hemos considerado no llevarla a mayor discusión y queremos proponer que de ser aprobado por esta Asamblea, solicitemos a la Presidencia se proceda a la votación correspondiente, proponiendo su voto favorable de manera que dentro del procedimiento respectivo se alcance a favor de los transportadores su pronta publicación.
Muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular...
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de ley en un solo acto.
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
Se va a proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
Se emitieron 410 votos en pro y ninguno en contra.
El Presidente:
Aprobado en la general y en lo particular por unanimidad.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley del Impuesto General de Exportación.
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
ESTADO DE HIDALGO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al conflicto agrario de los municipios de Mixquiahuala y Tezontepec de Aldama, Estado de Hidalgo.
El diputado Francisco Patiño Cardona:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He solicitado hacer uso de la palabra para comentar con ustedes una situación de extrema gravedad que se vive en los municipios de Tezontepec de Aldama y Mixquiahuala, Estado de Hidalgo. Se trata de una disputa por tierras entre los comuneros de Tezontepec y los ejidatarios de Mixquiahuala. Es éste un conflicto que data de hace 70 años, pero el domingo 26 de noviembre, comuneros y ejidatarios sostuvieron un enfrentamiento en el que hubo golpeados y ocho heridos de bala, uno de los cuales está todavía en el hospital y su estado es muy delicado.
Estos hechos de violencia suscitaron la intervención masiva de la fuerza pública del Estado y casi un millar de agentes de seguridad pública, de granaderos y de la policía judicial hicieron acto de presencia en la zona del conflicto, que para más señas, se ubica en la comunidad de Mangas, municipio de Tezontepec.
Durante no menos de una semana...
El Presidente:
Si me permite el orador. Esta Presidencia invita a todos los diputados a escuchar con atención la intervención del orador en turno. Continúe el orador con su intervención.
El diputado Francisco Patiño Cardona:
Gracias, señor Presidente:
Durante no menos de una semana estas fuerzas públicas mantuvieron a esa población en virtual estado de sitio, con cateos, allanamientos y rondines permanentes, actos que provocaron presumibles violaciones a los derechos humanos y una tremenda sicosis entre la población.
Estos son los hechos; pero permítanme hacer una breve reseña de este conflicto. Las partes se disputan 1 mil 893 hectáreas de tierra de riego, se trata de tierras muy productivas aunque excesivamente contaminadas, porque se riegan con las aguas negras que nos envían las ciudades y las más de 32 mil empresas asentadas en la zona metropolitana de la ciudad de México.
Como ya apunté, el conflicto data de hace 70 años; desde entonces, los comuneros se reclaman como dueños legítimos de esas tierras, según lo demuestran los títulos virreinales que poseen y que fueron expedidos el año de 1622 por la Corona Española.
Los ejidatarios, por su parte, alegan que las tierras son suyas, gracias a la resolución presidencial que dotó de tierras al ejido de Mixquiahuala.
Vale la pena aclarar que según el plano definitivo correspondiente, esas tierras estarían localizadas en otro sitio, es decir, no son las que están en litigio, lo que no opta para que los ejidatarios las tengan invadidas generando con ello este grave conflicto.
Asimismo, hay que decir que el 2 de junio de este año, el Tribunal Unitario Agrario emitió una resolución, según la cual las tierras en litigio pertenecen a la comunidad de Tezontepec de Aldama, con lo que desde el punto de vista jurídico y legal se han disipado todas las dudas y sólo falta voluntad y decisión de la autoridad agraria, para hacer valer el derecho por encima de los compadrazgos y la politiquería.
Quiero decir también que los comuneros de Tezontepec han dado muestras fehacientes de voluntad para resolver el conflicto. Por ejemplo, el año pasado propusieron un acuerdo que consiste en que ellos conceden la mitad de las tierras en disputa al ejido de Mixquiahuala y que el Gobierno aporte en recursos materiales y financieros el equivalente a la otra mitad para poner a funcionar un plan de desarrollo económico del ejido.
Los comuneros, por su parte, se quedarían con el resto de las tierras, pero la Secretaría de la Reforma Agraria extraoficialmente rechazó esta propuesta argumentando que mientras los comuneros son un puñado, los ejidatarios son más de 1 mil. En realidad existen 2 mil comuneros y alrededor de 500 ejidatarios aunque como es obvio ni unos ni otros participan en su totalidad en este conflicto.
Pero en este caso y en cualquier otro similar, no tiene ninguna importancia si un grupo es más numeroso que otro; lo que vale es el derecho y a ello debe atenerse la autoridad agraria.
Por lo demás, hay que hacer notar que la intervención del secretario de la Reforma Agraria, el doctor Arturo Warman, ha sido desafortunada en este caso, pues no sólo ha desconocido la resolución del Tribunal Unitario Agrario, sino que con su actitud ha provocado que la solución al problema se empantane, se enrede y se complique a grado tal, que se llegó ya al punto de cobrar las primeras víctimas.
Y no es que yo sea alarmista, pero todos sabemos cómo se desarrollan este tipo de enfrentamientos entre campesinos que disputan el mismo pedazo de tierra. Si no se da una solución justa y definitiva a este conflicto, se corre el riesgo de que tengamos que lamentar la pérdida de vidas humanas.
Asimismo, quiero insistir en llamar la atención de ustedes sobre las actitudes prepotentes e ilegales que asumió la fuerza pública en los días en que tomó la comunidad de Mangas y el pueblo de Tezontepec. Los agentes del orden se dedicaron a sembrar el terror en la comunidad, porque no puede llamarse de otra manera al hecho que hayan allanado domicilios particulares, con el pretexto de buscar armas, de que amenazaran a las familias por llevarlas a la cárcel o golpearlas si no entregaban las armas. De que llegaran a la comandancia de la policía municipal y confiscaran las armas ahí depositadas, a que numerosos pelotones de agentes realizaran rondines permanentes en las calles, intimidando a quienes se cruzaran a su paso.
Todas estas acciones provocaron presumiblemente un conjunto de violaciones a los derechos humanos, como ya apunté antes.
Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que solicito desde esta tribuna la intervención de la Comisión de la Reforma Agraria, para que con su concurso se organice una reunión en la que participe el Secretario de la Reforma Agraria, el titular de la Procuraduría Agraria, el secretario de gobierno del Estado de Hidalgo, una representación de los comuneros y otra de los ejidatarios, con el propósito de buscar un arreglo pacífico y definitivo al conflicto.
Al mismo tiempo...
El Presidente:
¿Me permite, señor orador.
El diputado Francisco Patiño Cardona:
Por supuesto.
El Presidente:
Les ruego a las personas que están ubicadas aquí al frente de esta tribuna y que no son diputados, pasen a ocupar el lugar que les corresponde, que se les asignó previamente, para que podamos guardar el orden y respeto y proseguir los trabajos normales de esta sesión. Prosiga, señor orador.
El diputado Francisco Patiño Cardona:
Gracias, señor Presidente. Al mismo tiempo...
El Presidente:
Les rogamos que se comporten y respeten este recinto.
Prosiga, señor orador.
El diputado Francisco Patiño Cardona:
Al mismo tiempo, solicito que la Comisión de Derechos Humanos se traslade al municipio de Tezontepec de Aldama para investigar si hubo violaciones a los derechos humanos y en caso de que así haya sido, solicite la intervención de las instancias correspondientes.
Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ante la intervención de mi respetado amigo y paisano, el señor diputado Francisco Patiño, hago uso de la palabra para hacer algunas precisiones. Primero, se habla de que fueron 70 comuneros quienes ahora están reclamando derechos de propiedad de un ejido que en Mixquiahuala tienen los propios ejidatarios en posesión desde hace 70 años. Quiero decir que, primero, son pequeños propietarios, no comuneros. La comunidad no existe jurídicamente hablando; se puede en cambio, sí, determinar que se trata de una clara agresión al ejido por parte de pequeños propietarios que se hacen pasar como comuneros.
Por otro lado, se afirma que hay heridos de bala. Yo quiero preguntar, con toda claridad y con todo respeto a mi compañero Francisco Patiño, ¿de qué lado son los heridos?, para ver quién agredió a quién.
Se habla de estado de sitio, de estado de violencia, de violación a derechos humanos. Se habla presumiblemente, hace la aclaración Patiño y yo también digo que presumiblemente, que este tipo de actos se suscitan por la clara incitación a la violencia que realiza el presidente municipal de Tezontepec de Aldama. Se habla también que existe un verdadero estado de sitio.
Ante esta situación, debo decir que en pláticas con las propias autoridades constituidas del gobierno del Estado, se dice que no puede rehuir el poder jurídicamente establecido la obligación que tiene de preservar la paz pública ante el riesgo, no exagerado por cierto, de que haya un enfrentamiento de proporciones inimaginables, porque, efectivamente, existen por un lado más de 1 mil ejidatarios y por otro 70 pseudo comuneros que pretenden hacer valer derechos inexistentes.
Para ello sí es importante definir y clarificar las instancias de solución y deslindar claramente que existen en este conflicto dos vertientes: la primera de naturaleza estrictamente agraria que, erróneamente, se ha dicho que ha llegado a su solución. ¡Falso! Todavía se encuentran algunos recursos pendientes ante las instancias agrarias y de la Suprema Corte de Justicia competentes para el caso, que no han sido resueltos conforme a derecho.
Segundo, el problema estrictamente judicial, jurídico-penal,. en el cual existen agredidos y agresores, en el cual existen sin duda, heridos de bala y existe el delito que debe tipificarse y deslindarse en su momento las responsabilidades que de ello resulten.
Ambas vertientes tienen instancias de solución, la cuestión agraria tiene que ventilarse por el lado de los tribunales agrarios y en el momento en que este procedimiento se encuentre definitivamente concluido, todas las autoridades competentes deberán actuar en consecuencia. Pero no antes, porque sería una violación flagrante al estado de derecho.
Por otro lado, en cuanto a los procedimientos que resulten de las agresiones que de uno u otro lado hayan sufrido, están sin duda los órganos competentes del Gobierno del Estado, para que en su caso se aplique la ley de manera imparcial, rotunda y sin ningún favoritismo.
Existen instancias, tenemos un estado de derecho. Quiero decirles que el jueves pasado, ante la Comisión de Gestoría y Quejas de esta Cámara de Diputados, se presentó un grupo de ciudadanos involucrados en el asunto, representantes de quienes se dijeron agredidos de la comunidad de Tezontepec de Aldama; fueron atendidos por la comisión y por los diputados del Estado de Hidalgo; fueron garantizados sus derechos humanos; se llevaron el compromiso de que no serían jamás agredidos por la fuerza pública y que no serían detenidos en tanto durara el proceso de negociación.
A estos compañeros se les acompañó a hablar con el subsecretario de gobierno del Estado de Hidalgo, para zanjar así, de alguna manera, como interlocutores, las posibilidades de un mejor entendimiento.
No se trata de agredir a nadie; no se trata de defender a delincuentes.
Pero tampoco se trata de permitir que prospere la calumnia; no ha habido agresiones y en su caso la propia Comisión de Derechos Humanos ha sido visitada por los compañeros de Tezontepec de Aldama. Seguramente en caso de que proceda el juicio o que proceda la intervención de la citada comisión, son ellos, conforme a los elementos con que se cuente, quienes determinarán su posible intervención.
Por otro lado, reiteramos que los representantes populares estamos para defender a una de las instituciones más importantes del campo mexicano: el ejido. No podemos permitir que la simulación atente en contra de esta institución que tanto ha preservado el régimen jurídico mexicano.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Francisco Patiño Cardona.
El diputado Francisco Patiño Cardona:
Desde luego, yo no comparto esa hipótesis que aquí planteó mi querido amigo, el diputado Prisciliano, en el sentido absurdo de que se trata de 70 comuneros.
Yo le pediría que fuera a la fuente madre, ahí donde está la información y considere que se trata de 2 mil comuneros y le quiero decir a mi compañero diputado, que el presidente municipal de Tezontepec de Aldama, en un acto de responsabilidad, llamó y solicitó la intervención de la fuerza pública para evitar que ese conflicto tomara formas más violentas. Lo que no se vale es que esos 1 mil granaderos, policías judiciales, policía preventiva, hayan actuado con prepotencia, hayan allanado los domicilios, hayan realizado cateos y hayan utilizado las formas más tontas para intimidar a todo un pueblo; y no se vale hacer esto, peor aún cuando se pasa por encima de la soberanía de un municipio.
No es la primera vez que el gobierno del Estado de Hidalgo, en este año, utiliza la violencia. En alguna ocasión pasé a esta tribuna para denunciar que 350 granaderos habían agredido a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal del Mexe; pero también quiero decir que en Hidalgo se vive un clima de persecución en contra de dirigentes del Partido de la Revolución Democrática; que en Hidalgo la tortura está a la orden del día; que en Hidalgo la fuerza pública se utiliza para desalojar violentamente a los ciudadanos que están en contra de cómo se están manejando los recursos económicos y que atenta en contra de los derechos de los hidalguenses.
Recientemente, en Tlanalapa, también, el gobernador Murillo Karam ordenó la intervención de la fuerza pública para desalojar con lujo de violencia a 350 ciudadanos.
Creo que los comuneros, cuyo origen es indígena, merecen respeto. Me parece que ese término "seudocomunero", no corresponde utilizarlo a un legislador y menos cuando ha ocupado funciones públicas importantes en el Estado de Hidalgo.
Para terminar, le quiero señalar al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que el derecho originario de los pueblos a sus propiedades y sus posesiones son aspectos que están plenamente definidos y regulados por nuestra Constitución Política, tal como aparece en el artículo 4o. constitucional.
Pero a lo anteriormente señalado, además se agrega lo que preceptúa el artículo 27 constitucional en su fracción VII, que dice:
"La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas."
Ahora bien, los comuneros de Tezontepec han recorrido desde hace 70 años, todas las instancias legales y en todas ellas han salido airosos. Lo que no se vale es que si el tribunal, finalmente el Tribunal Unitario Agrario emitió una resolución definitiva para que estas tierras se le reintegren a los comuneros de Tezontepec, no se vale que el doctor Arturo Warman llame a una representación de los comuneros y les diga que el derecho no les corresponde a ellos, que el derecho le corresponde a Mizquiahuala.
Es decir, aquí el doctor Warman se está abrogando responsabilidades que no son de su competencia, porque este conflicto ya ha sido ventilado jurídicamente y es la Federación quien ha emitido el veredicto final. Es decir, la tierra corresponde a los comuneros y ahí, querido diputado, no hay vuelta de hoja.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificación de hechos, hasta cinco minutos, el señor diputado Islas Chío.
El diputado Miguel Angel Islas Chío:
Con su permiso, señor Presidente:
Quisiera partir de las coincidencias.
Primero no a la violencia, pero no a la violencia independientemente de quién la origine, no podemos pedir aplicación de la ley para unos e impunidad para otros, porque simpatizamos políticamente con ellos.
No a la violencia, sí, pero independientemente de lo que pueda significar el desgaste político que representa para un partido o para otro.
No a la violencia y solución mediante los tribunales, pero hablando con la verdad y no con verdades a medias o con dobles discursos.
Plantearía que la vez pasada que el diputado Patiño pasó a esta tribuna, planteaba que seguramente en los actos de violencia el gobernador del Estado no estaba enterado y que había que tender puentes. Hoy dice que el gobernador es el que propicia la violencia; sin embargo, es totalmente contrario a lo que se presenta en la entidad. No es posible que por un hecho aislado, como el caso de Tezontepec de Aldama y el de Mixquiahuala, podamos hablar o podamos señalar que el Estado de Hidalgo se encuentra confrontado en toda su territorialidad.
Plantearía y retomando las palabras del diputado Patiño, que éste es un problema que tiene 70 años. El acaba de mencionar que el 7 de junio hubo un amparo, que es el 255/95, que efectivamente falló en favor de Tezontepec de Aldama. Pero contra este nuevo acuerdo, quisiera decir que tanto la Reforma Agraria como Mixquiahuala interpusieron un recurso de revisión.
En esa virtud, no hay sentencia definitiva que hubiera podido causar ejecutoria.
Quiero señalar al respecto, que coincidimos plenamente en que sean los tribunales competentes los que decidan. Nosotros somos Poder Legislativo, no Poder Judicial, de ahí que nosotros no somos quiénes para poder determinar a quién corresponde el legítimo y pleno derecho.
Por último, quisiera señalar con mucha precisión que bajo ninguna circunstancia podríamos aceptar que en el Estado se vive un clima de persecución policiaca para ningún dirigente de ningún partido. No hablo ni señalo ni preciso de alguno en particular, hablo de ningún partido. En Hidalgo se respeta la pluralidad ideológica. En Hidalgo se respeta la participación política, incluso la última reforma político-electoral que se vivió en el Estado fue con la participación de todos los partidos y con el respeto a la decisión y a las opciones que cada uno señaló y presentó.
Y el hecho de que intervenga la autoridad, entraríamos en el supuesto de que si ésta no interviniera sería la grave irresponsabilidad de "dejar hacer, dejar pasar". Ejercer el derecho también tiene implicaciones y el que estemos luchando porque tanto una comunidad como otra, que se sienten con derecho sobre una propiedad, el que estemos evitando que entre ellas se genere violencia mayor, que enlute a familias, independientemente de su filiación partidista o política, yo creo que eso no puede ser persecución.
Es obligación de la autoridad. Es obligación dar seguridad a cada uno de los habitantes que viven en el Estado de Hidalgo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Sinceramente me resultó muy difícil entender el acuerdo del diputado Prisciliano Gutiérrez, en el sentido de que los priístas son defensores del ejido y me causó mucho trabajo entenderlo porque después de haber enterrado al ejido con las reformas que ustedes mayoritariamente aprobaron en 1991 y 1992, la reforma al artículo 27, pues me resulta muy difícil que sean reformas para favorecer al ejido.
Y luego, con la aprobación de los presupuestos del sector agropecuario, en los que prácticamente se deja sin crédito a los ejidos pobres, pues todavía me resulta más difícil ver cómo el Partido Revolucionario Institucional es protector del ejido; pero entonces, me acordé de un ejemplo que me ilustró un poco.
Una vez me decía un cazador que los cazadores son los principales protectores de la fauna. Yo le dije: ¡Cómo es eso, que los cazadores sean los principales protectores de la fauna! Dice: "Somos los principales interesados en que no desaparezcan las especies animales, porque después ¿qué vamos a cazar? ¿Qué vamos a matar?" En ese sentido, pues, es perfectamente claro que el Partido Revolucionario Institucional proteja a los ejidatarios, después, ¿a quién va a corporativizar? ¿A quién va a manipular? ¿A quién va a extorsionar? ¿A quién va a sacarle votos? En este sentido, los del Partido Revolucionario Institucional sí son protectores del ejido.
En segundo lugar, aquí nos están diciendo algo sobre el problema del rezago agrario. El rezago agrario se ha ido minimizando en todas las declaraciones oficiales y sin embargo el rezago agrario sigue produciendo balazos, sigue produciendo golpes y sigue produciendo muertos. ¡No nos hagamos compañeros, el rezago agrario es una realidad tan grande como esta Cámara y el rezago agrario no ha sido atendido suficientemente por el Gobierno, porque ahí hay muchos intereses creados y el rezago agrario está siendo una de las causales de violencia más importantes en este país!
¡Y el actual Secretario de la Reforma Agraria, que bien dijo el diputado Francisco Patiño, no ha hecho sino empantanar el asunto, ha sido denunciado ya por muy diversas organizaciones campesinas que es un Secretario empantanador; ahí se van las demandas de justicia de los ejidos, de las comunidades indígenas de colonos y ahí se sumen en el pantano! ¡No hay sensibilidad, no hay acción eficaz, no hay solución de problemas por parte del Secretario de la Reforma Agraria; es necesario denunciarlo aquí:
En los municipios de Carichic y de Nonoava, en el Estado de Chihuahua, todas las noches sucede algo que únicamente Juan Rulfo o García Márquez, en sus descripciones de realismo mágico, se atreverían a repetir; los cercos, los alambres de púas y los postes caminan de noche, caminan sólo en perjuicio de los comuneros indígenas y a favor de los ganaderos de aquella región; son ya cerca de 100 hectáreas invadidas a ciencia, porque es muy científico el secretario Arturo Warman y paciencia, porque él también lo que tiene de científico lo tiene de paciente o de lento para resolver los problemas, a ciencia y paciencia de la Secretaría de la Reforma Agraria. Pero que no vayan a invadirle un centímetro a un ganadero, porque inmediatamente llegan las fuerzas represivas, como llegaron en el caso del Estado de Hidalgo, a apresar indígenas y a apresar ejidatarios.
¡Señores del PRI, vámonos entendiendo: ni ustedes protegen realmente a los ejidatarios ni la Secretaría de la Reforma Agraria, que tiene el Poder Ejecutivo en manos de su partido, está resolviendo los problemas:
Muchas gracias.
DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al Programa de Seguridad Pública del Distrito Federal 1995-2000.
La diputada María del Carmen Segura Rangel:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La inseguridad pública es un problema que por su presencia y repercusión social se ha convertido no sólo en cotidiano, sino hasta en rutinario, por la reiteración de los motivos que lo generan y las necesidades y deficiencias a cubrir.
Es la problemática que más preocupa a los habitantes del D.F. y la autoridad reconoce que es el más complejo que su administración tiene enfrente por voz del mismo licenciado Oscar Espinosa Villarreal.
En el gobierno salinista, la seguridad pública se anunció como prioritaria tanto a nivel nacional como en el D.F. En el gobierno zedillista también se anuncia como prioritaria. Se han implementando medidas aisladas y coyunturales a partir del anterior sexenio y diseñado programas que buscan la participación de todos los grupos sociales. Esta política se retomó por la administración actual y se creó un sistema que tiene por objetivo hacer frente a la inseguridad pública en forma integral.
Pero, entonces, ¿por qué en el caso de la capital los esfuerzos no se reflejan en resultados? ¿Por qué la delincuencia avanza a pasos agigantados? Los índices delictivos hablan por sí solos.
En 1988 se cometieron 488 delitos diarios en promedio; en 1989 baja el promedio a 425 delitos diarios; en 1990 continúa la baja a 365 delitos diarios; en 1991 sube a 375; en 1992 a 383; en 1993 el promedio fue de 360 delitos diarios. En ese año, el mes con mayor índice fue marzo con 386, detectándose el robo a transeúntes, robo de autos con violencia y lesiones intencionales como las conductas más persistentes.
En el primer semestre de 1994, la cifra es de 490 delitos diarios y durante el segundo semestre, según confesión del Secretario de Seguridad Pública del D.F., licenciado David Garay Maldonado, en comparecencia ante la Asamblea de Representantes el 22 de diciembre de 1994, los índices delictivos muestran un incremento respecto a los que pudieron ser en 1993, en todos los renglones.
El robo de automóviles ascendió a 124 diarios aproximadamente; el asalto a transeúntes a 113 diarios; robo a casa-habitación 24 diarios; violación nueve diarias y homicidio intencional tres diarios.
En 1995, en el primer trimestre, se disparó a 523 delitos diarios; en el segundo semestre al mes de junio el promedio llegó a 700 aproximadamente, las cifras globales para el año de 1995 son de un promedio de 592 delitos diarios al mes de octubre.
Podemos observar de ellos un aumento del 33.8% en el periodo de enero a octubre de 1995, con relación a 1994, que equivalen a 149.7 delitos más por día.
Los datos anteriores muestran el avance de una delincuencia cada vez más peligrosa, violenta y organizada. Al comparar el incremento entre los delitos violentos y los no violentos, se observa que cada vez más la delincuencia recurre a la violencia para lograr su objetivo, tendencia que da por resultado que del total de delitos en 1995 el 42.6% sean con esta modalidad siendo
En diversas ocasiones las autoridades se han propuesto programas y medidas concretas para intentar detener el avance de la delincuencia. También se ha expedido legislación que ordena contenidos mínimos y procedimientos en la elaboración de programas.
Con fundamento en esa legislación se expide el programa de seguridad pública para el Distrito Federal 1995-2000 por acuerdo del Jefe del Departamento del Distrito Federal y del procurador general de justicia del Distrito Federal publicado el 28 de noviembre de 1995, en el Diario Oficial de la Federación.
Este documento contiene seis rubros o apartados entre los que destacan el diagnóstico de la realidad delincuencial a la que acabamos de hacer referencia en las estadísticas delictivas y los 10 objetivos específicos y líneas estratégicas trazados por las dos dependencias para alcanzar una ciudad segura en la que se preserven los derechos de las personas, las libertades, el orden y la paz públicos abatiendo la incidencia delictiva y la impunidad de los infractores en el ámbito del Distrito Federal.
Al analizar cada objetivo concluimos que éstos ya han sido materia de planes y programas anteriores, por lo que la pregunta está a la vista. ¿Por qué ahora sí darán resultados y no se quedarán nuevamente en un catálogo de buenos propósitos? Sin lugar a duda fue un gran esfuerzo su elaboración.
Integrantes de diversos sectores intervinieron en foros de consulta y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, conforme lo establece la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, emitió lineamientos generales y en todos los sectores que contribuyeron a la conformación de este programa 1995-2000 hay grandes coincidencias en sus propuestas, pero se corre el riesgo de que al igual que otros planes y programas no se implemente y dé continuidad si no atendemos a dos factores que han obstaculizado la implementación y consolidación de los anteriores, factores a los que por cierto no hace referencia el programa en comento y que son:
El primero de ellos, la politización de los nombramientos de titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la procuraduría, así como de mandos superiores en ambas dependencias.
El otro factor es el cambio frecuente de los mismos titulares y mandos superiores tanto en áreas preventivas como en las de investigación y persecución de los delitos.
Ambas situaciones obstaculizan la implementación de programas e impiden la estabilidad, conocimiento y control de las diversas áreas. Es necesario por tanto establecer requisitos para que quienes ocupen mandos superiores cuenten con conocimientos en el ramo y garantías de permanencia en el cargo.
Para ello, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal requiere una urgente revisión a fin de recoger esta necesidad que complemente el marco legal y programático que permita hacer frente a la delincuencia y disminuir los índices delictivos.
También requiere esta ley adecuar sus contenidos a los lineamientos de la ley general que establece las bases del sistema nacional de seguridad pública y a las previsiones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal que contiene diversas disposiciones relativas a la actual Secretaría de Seguridad Pública.
Por lo anterior y en razón de que el Congreso Federal tiene la competencia en materia de seguridad pública para el Distrito Federal, los suscritos diputados federales con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que las comisiones unidas de Justicia, Distrito Federal y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, giren invitación al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que durante el presente periodo ordinario de sesiones, acudan al seno de las mismas, con el fin de definir, de manera conjunta, los contenidos y adecuaciones a la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de diciembre de 1995.- Suscribimos este punto de acuerdo los siguientes diputados: Ricardo García Cervantes, Joaquín Vela, Leonel Godoy, Jesús Zambrano, Serafín Núñez Ramos, Miguel Hernández Labastida, Tarcisio Navarrete, Cecilia Romero Castillo, Régulo Pastor Fernández, María Elena Alvarez Bernal, Tonatiuh Bravo Padilla, Patricia Garduño Morales, Nohelia Linares González, Alejandro González Alcocer, María del Carmen Segura Rangel, Kurt Antonio Thomsen, Martha Patricia Mendoza, Manuel Arciniega, Gerardo Arellano Aguilar, David Vargas Santos, Francisco Peniche y Bolio, Horacio Gutiérrez, Jesús Antonio Tallabs y Rosa María Cabrera.»
El Presidente:
Túrnese a las comisiones del Distrito Federal, de Justicia y de Derechos Humanos.
PODER EJECUTIVO FEDERAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al balance de un año de labores del Poder Ejecutivo.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Este 1o. de diciembre, se cumplió el primer año de gobierno del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León en este recinto legislativo, y pronunció un discurso en el cual prometió un conjunto de reformas, un conjunto de políticas necesarias para el cambio democrático en nuestro país.
Posteriormente, el 6 de diciembre, a iniciativa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien lo había visitado en sus oficinas días antes de su toma de posesión, se reunió con esta Cámara de Diputados en una comida que tuvimos aquí afuera, en el hall de este recinto legislativo.
Y releyendo su discurso del 1o. de diciembre y del 6 de diciembre, vemos que muchas de las cuestiones por él planteadas, muchas de las promesas que vino a plantear a este recinto legislativo, no se han cumplido.
Decía el doctor Zedillo en su intervención, aquí el día 6 de diciembre: "Ofrezco gobernar dialogando con el Poder Legislativo" y yo me preguntaría, ¿ha habido diálogo, ha habido cogobierno con este Poder Legislativo?, o más bien ha habido, esta Cámara de Diputados se ha convertido en una oficina de trámites de Los Pinos, en una oficina de trámites del Poder Ejecutivo, porque el 95% de las iniciativas que hemos aprobado en esta Cámara de Diputados, han provenido del Poder Ejecutivo; sólo el 5% de las iniciativas se han formulado por los grupos parlamentarios o por los diputados de los distinto partidos.
Planteaba la necesidad de crear consensos para atender los graves problemas del país; planteaba la necesidad de impulsar una reforma electoral definitiva, la llamó él. El planteaba que las elecciones federales de 1977 deberían dejar satisfechos a todo mundo, ya que implícitamente reconocía que las elecciones federales del 21 de agosto de 1994 no fueron lo suficientemente limpias, sino que fueron unas elecciones inequitativas, unas elecciones inmorales y unas elecciones donde todavía pesó el fraude electoral estatal.
Y un conjunto de temas que planteó: la Ley de Coordinación Fiscal, la necesidad de un órgano fiscalizador realmente independiente y lo que nos mandó verdaderamente contiene muchos retrocesos en materia de auditoría fiscal.
Nos prometió también la necesidad de que conjuntamente abordaríamos rápidamente el tema de la reforma democrática del Estado mexicano y hoy, a un año todavía estamos empezando nuevamente retomando aquellas iniciativas.
Planteó un plan de emergencia para el campo mexicano y nunca lo vimos, nunca los productores agrícolas pudieran tener en sus manos los instrumentos de este plan de emergencia.
Por otra parte, su gabinete es un gabinete transladado básicamente del gobierno salinista, simplemente cambiaron de escritorio los principales secretarios de Estado. Angel Gurría de Subsecretario de Hacienda se fue a Tlatelolco y como decíamos en una intervención hace un año, es la tecnocracia la que se apoderó de la diplomacia mexicana, es la tecnocracia que está echando a un lado los principios rectores básicos de la política exterior mexicana; Guillermo Ortiz, Herminio Blanco, Luis Téllez, que hoy ocupa, dirige esa oficina ilegal en Los Pinos que creó Salinas para Córdova Montoya y que después ocupó Santiago Oñate.
Santiago Oñate, hoy presidente del PRI, fue el que sucedió a Córdova Montoya en esa ilegal y arbitraria oficina de Los Pinos y que hoy dirige Luis Téllez. Sacristán, Adrián Lajous, todo este gabinete tecnocrático es el mismo que le heredó Salinas al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.
Y el PRD planteó una política distinta hacia Ernesto Zedillo Ponce de León. El PRD planteaba que no podía seguir la misma política de Carlos Salinas de Gortari, que no nos trató como adversarios políticos, sino nos trató como enemigos y durante seis años el PRD sufrió el hostigamiento, la persecución, el intento de corrupción a sus dirigentes; en algunos casos lo logró y ahí está el triste caso de Ignacio Castillo Mena, que lo premiaron con una Embajada en Ecuador.
Y desde un principio nosotros nos planteamos una actitud distinta hacia Ernesto Zedillo Ponce de León, nuestro grupo parlamentario lo fue a ver antes de su toma de posesión, demandamos un nuevo trato, que después con la carta que se publicó recientemente, del 21 de marzo, nos dimos cuenta que Ernesto Zedillo tenía todas las intenciones de continuar con la misma política salinista hacia un partido de oposición, como es el PRD.
Y estamos en un momento en que estamos en una peligrosa fase de transición, en que un sistema político se encuentra herido de muerte, en fase de desaparición, pero aún no ha nacido un nuevo sistema político, un nuevo sistema democrático, un Estado distinto que permita enfrentar los graves y agudos problemas que tiene hoy nuestro país.
Repasando esta edición que nos llega mensualmente, que se llama El Gobierno Mexicano, que son todos los actos del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, que cada mes se edita esta revista, me llamó la atención un hecho que meten en la crónica oficial, de las actividades del doctor Zedillo el día 1o. de marzo, en la revista número cuatro, de marzo de 1995, tiene dos actividades, una: recibió a industriales de la Asociación Nacional de la Industria de la Transformación y en segundo lugar, en la noche, dice: 20:00 horas, 1o. de marzo, cena en Cerro San Pedro número 29, San Angel.
Dice el texto: "se reunió en cena privada con los gobernadores de Tamaulipas; Estado de México, en ese momento Chuayffet; Hidalgo; Sonora; Sinaloa, Manlio Fabio Beltrones, recomendador del pasaporte falso de Raúl Salinas; Coahuila; Puebla; Zacatecas; Quintana Roo y Oaxaca, donde el anfitrión fue el gobernador del Estado de Guerrero".
Esta es una de sus actividades oficiales que publica la revista El Gobierno Mexicano, o sea que fue a cenar con un grupo de gobernadores, muchos de ellos salinistas, muchos de ellos que le han estado haciendo contrapeso a su gestión gubernamental, en casa de alguien que dice que es su compadre. Figueroa a cada rato publica en la prensa local y el otro día lo publicó en la prensa nacional, en el periódico Reforma, donde él se asume como compadre del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León y de ahí saca una carta de impunidad para su gobierno en el Estado de Guerrero.
Me llama la atención porque lo publica como parte de las actividades oficiales que realizó el jefe del Ejecutivo.
El 13 de mayo fue a Tabasco y en una concentración para, me parece que era un plan de desarrollo integral del Estado de Tabasco, planteó al gobernador Roberto Madrazo, que trabajaremos juntos hasta el año 2000. En mayo se produjo una agresión afuera de la casa presidencial de Los Pinos, a diputados del PRD, que íbamos a demandar justamente que respetara algo que había prometido en este recinto legislativo, que era el tema de respeto al Poder Legislativo.
Ha habido innumerables cambios de gabinete, el primero fue la salida de Serra Puche, que hoy se encuentra de profesor visitantes en la Universidad de Preston, de ahí hubo cambios de Guillermo Ortiz a Hacienda, Ruiz Sacristán a Comunicaciones y Transportes, Adrián Lajous a Pemex. Después vino otro cambio ministerial cuando entro "Falsati" y tuvo que reemplazarlo en la Secretaría de Educación Pública el señor Miguel Limón; el aludido de la Reforma Agraria, Barman; Labastida se fue a la SARH.
El 28 de junio, fecha nefasta en este país, porque fue la agresión a los campesinos guerrerenses en Aguas Blancas, por la mañana y por la tarde se produjo el relevo del joven Esteban Moctezuma, por el actual secretario Emilio Chuayffet y en su lugar quedó en el Estado de México el señor César Camacho.
Y por último, el último cambio ministerial, ha sido la salida de María de los Angeles Moreno, del PRI y la entrada del ex salinista Santiago Oñate, o supuesto ex salinista, porque vamos a ver su actuación ahora si se decide a expulsar a su antiguo jefe del PRI; de la Secretaría del Trabajo al PRI, también hubo la salida de nuestro compañero diputado Natividad González Paras, a Gobernación.
Desde nuestro punto de vista, compañeras y compañeros, la Presidencia del doctor Ernesto Zedillo ha sido una Presidencia débil, coyuntural, inmediatista, no tiene planes a largo plazo, está dando palos de ciego a corto plazo, sin una alternativa viable ante la aguda crisis económica y política de nuestro país.
El gabinete es un gabinete ineficiente, sin control, tal y como lo demuestran los últimos acontecimientos de los días: las cuantiosas cuentas bancarias de Raúl Salinas de Gortari, la demanda de Adriana Salinas de Gortari, por fraude en Unicreva.
En estos días la PGR y la Contraloría han estado filtrando datos sobre las cuantiosas y numerosas residencias de Raúl Salinas de Gortari, en nuestro país y en el extranjero.
Esta el escandaloso fraude de Slim y la última carta del señor Carlos Salinas de Gortari, donde pretende hacer una desesperada defensa de su gobierno y ha provocado un gran escándalo político en nuestro país.
El PRD ha formulado en distintas ocasiones la necesidad de que se entable un juicio político contra Carlos Salinas de Gortari y el 30 de noviembre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vino a este recinto legislativo a interponer una nueva demanda de juicio político contra Carlos Salinas de Gortari, fundamentalmente por la venta ilegal de acciones de Teléfonos de México doble AA, a las empresas y compañías privadas, cuando sólo éstas puede manejarlas el Estado y se vendieron junto con acciones doble LL, a menor precio del que tenían sumando así una cantidad de 8 mil millones de dólares que se defraudaron a la nación.
En otras ocasiones, la mayoría priísta ha desechado la demanda de juicio político contra Carlos Salinas de Gortari, hoy el PRD llama a los distintos grupos parlamentarios, llama al grupo mayoritario a darle entrada a la demanda de juicio político, ya que el mismo Carlos Salinas de Gortari admite esa posibilidad y también a que se dé curso a nuestra demanda de juicio penal contra Carlos Salinas de Gortari, que interpusimos en la Procuraduría General de la República, el pasado 9 de enero.
Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del PRD entiende que el futuro de México está vinculado invariablemente a nuestra capacidad de autotransformación, pero también asumimos que el camino democrático nacional sólo puede darse en el diálogo, en la tolerancia y en el reconocimiento de nuestra pluralidad cultural, social y política.
El cambio profundo y fructífero de nuestro país, sólo será resultado de la participación democrática de todos los mexicanos, de los que participan en la administración pública, de los que estamos en la oposición, de los que estén en la vida pública, de los que luchan en los partidos, de los que influyen en la vida económica. Todos tenemos que contribuir a la contracción de un México democrático y justo, de un país de leyes y de pleno ejercicio de las libertades.
El futuro democrático y próspero de México, será con la participación de todos o no será.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Rubén Calderón y Cecilio, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Carlos Rubén Calderón y Cecilio:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
El señor diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez se inscribió para hablar y hacer un balance del primer año de actividades del Ejecutivo Federal, pero dedicó la mayor parte de su tiempo, creo, para comentar actividades, problemas sobre el gobierno del sexenio que antecedió al punto para el que se refirió.
Sin embargo, respeto la expresión en cuanto a que a nombre de su fracción vino a hacer sus planteamientos, cada partido tiene sus estrategias, tiene sus proyectos, tiene sus programas y no habrá de juzgar lo que corresponde a la vida interna del Partido de la Revolución Democrática, que merece mi atención y respeto como la de Acción Nacional o la del Partido del Trabajo.
Creo que en las filas del Partido Revolucionario Institucional existe cohesión, existe la disciplina interna de nuestro instituto y apenas hace unos días, diputados de mi partido, al hacer entrega de un documento al presidente de nuestro instituto, nuestro presidente Santiago Oñate, damos cuenta pública de que no soslayamos ni ocultamos ningún ilícito. A nosotros más que a nadie, por encima de todos nos interesa que se avance y se profundice en todo para lo que alguna duda exista.
Quiero dejar constancia de esto y se ha hecho pública, la instrucción del propio Presidente de nuestro partido, cuando turnó a la Comisión de Honor y Justicia. Ernesto Zedillo Ponce de León no es, compañero Cuauhtémoc Sandoval, quien encabeza un gobierno débil, como usted expresó en esta tribuna. Usted mismo señaló que en la administración anterior no se les trató como adversarios políticos, sino como enemigos políticos; el que haya tolerancia, el que haya prudencia, todo en pos de la paz de nuestra patria, no la confundamos con signos de debilidad o de no querer actuar con mayor energía.
Yo estoy seguro que los que formamos parte de esta honrosa legislatura quisiéramos a estas alturas dialogar sobre mejores logros, poder hacer balances de nuestra participación más activa en bien de México. Pero estamos conscientes, porque aquí se ha expresado, una y otra vez, ha sido éste un año muy delicado, ha sido éste, un año muy difícil que no se compara con ninguno otro de nuestra época contemporánea.
Y el señor Presidente de la República ha tenido la inteligencia y la vocación suficientes para tolerar, corregir rumbos. Se ha mezclado y no se pretende ocultar, que aquí ha habido una mezcla entre problema económico y problema político y es la voluntad de los mexicanos y nada más que la voluntad de los mexicanos quienes podemos coadyuvar en forma limpia, en forma propositiva para que podamos no sólo procurar que se mantenga la paz en nuestra patria, sino que ésta profundice y que podamos despegar.
Este, también podemos decir, que con el consenso y la participación ha sido un año de reformas, porque las diversas fracciones políticas, no es privativo del Partido Revolucionario Institucional, han hecho propuestas inteligentes y todos los partidos nos hemos sentado a esa gran mesa del diálogo, a veces no llegando a los consensos que quisiéramos. La reforma del Poder Judicial, la reforma al sistema de seguridad social que nos preocupa a todos los mexicanos, la reforma electoral, una aportación de todos los partidos.
No ha habido cerrazón, ha habido una apertura y una gran disposición del señor Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Las alianzas a las que ha convocado creo que no debe ser ajeno el Poder Legislativo, todas animadas por la mejor de las intenciones, cuando en un nuevo estilo de gobierno convoca a la alianza para mejorar la vida de las mujeres y hombres del campo: Recientemente la alianza para el turismo, la alianza para superar el problema económico y que vía la producción y la productividad empresarios, obreros, campesinos, superen esta etapa de una crisis amarga que ha afectado a todos.
Consideramos que cuando se hace referencia de que el señor Presidente se reúne con un grupo de gobernadores, no es un acto de clandestinidad, ni es un acto que ofenda a la sociedad. Nada mejor, que puntualmente se dé a conocer la actividad pública de un señor Presidente. Como cuando se reúne con los partidos, con la dirigencia o con su dirigente.
Creo que ha sido en exceso las horas que ha dedicado para superar los momentos nada fáciles que le ha tocado vivir. Reestructurar sobre la marcha el gabinete, conforme las condiciones políticas del país lo van presentando, creo que no es motivo para señalar que se está faltando a un buen Gobierno.
Ha habido una gran disposición de escuchar las diversas opiniones, las proposiciones que van para bien de México. No podemos ocultar la gran voluntad democrática del señor Presidente, cual fue su compromiso. Creo que no hay comparación entre los problemas poselectorales que en otras épocas vivimos y cómo transcurre la vida política que, repito, el mérito lo mismo es de Acción Nacional que del Partido Revolucionario Institucional, que del Partido de la Revolución Democrática, que del Partido del Trabajo, que de los partidos regionales que operan en cada entidad.
Debemos felicitarnos de que se ha superado y se ha avanzado mucho, ojalá que con voluntad política y gran disposición, enviemos y presentemos nuevas ideas y sugerencias, porque no tengo duda de que absolutamente a todos los mexicanos nos conviene y estamos interesados en que este problema político, en que este problema social, en que este problema económico, porque uno no se deslinda del otro, se supere; para fortaleza de los partidos, para que se siga respetando a los partidos, para recuperar credibilidad en los partidos. Nadie escapa de este problema, de esta incredibilidad.
Y creo que si sin colores, sin egoismos, cerramos filas y hacemos una verdadera alianza, que también estamos en el momento de las alianzas en torno no al presidencialismo antiguo, sino al presidencialismo inteligente, con la apertura, la vocación, la paciencia y la tolerancia, con la que está gobernando Ernesto Zedillo, a todos nos va bien.
No es aislado para nadie. Respeto la expresión. No la compartimos y es por eso que hemos argumentado, sin caer en incongruencias ni decir que Cuauhtémoc estuvo fuera totalmente de la realidad. En forma inteligente hizo sus planteamientos; los respetamos. Pero exponemos nuestras tesis y solicitamos también la congruencia y el respeto porque yo estoy totalmente convencido, como priísta, como legislador, de que no hay duda de la formidable limpieza con la que está haciendo el máximo esfuerzo para conducir por la mejor senda a un país tan grande como el nuestro, pero en una etapa tan delicada que no la quisiéramos para ninguna nación y quisiéramos que sean, sí muy pocas horas para superar este problema que afecta a todas las familias mexicanas. Felicitamos, la fracción priísta, el excelente gobierno, el formidable y ejemplar esfuerzo que ha hecho Ernesto Zedillo Ponce de León, en esta delicada encomienda de gobernar al país.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo (desde su curul):
Señor Presidente: Consulte al orador si le puedo formular una pregunta.
El Presidente:
Señor diputado: La diputada Luna Parra desea hacerle una pregunta ¿acepta usted.
El diputado Carlos Rubén Calderón y Cecilio:
¿La autoriza la Presidencia? Si la autoriza, sí.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo (desde su curul):
Yo quisiera preguntarle, porque estas palabras me parece haberlas escuchado en el sexenio anterior, si no hablaban ustedes así de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
Muchas gracias.
El diputado Carlos Rubén Calderón y Cecilio:
En una parte de mi intervención, señalé al inicio de que cada partido y dije, respeto las estrategias internas de cada fracción. Cuando la militancia de mi partido reconoce un acierto en el Gobierno, lo hace convencido. Si militantes del
Partido Revolucionario Institucional señalaron aciertos de un programa de gobierno, fue porque así se estuvo convencido en el gobierno.
Y yo refiero ahora y señalé también al principio de mi intervención, que nuestro compañero diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, se inscribió para hablar del primer año de gobierno del jefe del Ejecutivo y que dedicó más tiempo para hablar del gobierno del sexenio anterior. Y yo he procurado referirme a lo que ahora estamos viviendo y he convocado, con el mayor respeto, a que cerremos filas y coadyuvemos, porque es lo que mejor conviene a México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Marco Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Gracias señor Presidente; compañeros indiciados:
De la intervención que acaba de hacer el diputado, es una de las causas por las cuales el pueblo de México, piensa que la política es corrupta, que la política es traicionera, que la política es lo peor que existe en nuestro país.
El hecho o las intervenciones o las palabras del diputado, aquí, las pudimos haber escuchado sobre cualquiera de los presidentes a lo largo de las ultimas décadas en nuestro país. Yo le preguntaría a él y a todos los de su fracción: ¿Cuánto tiempo le van a dar a Zedillo para hablar exactamente igual o peor que como hablan ahorita de Carlos Salinas.
Es distinto, es distinto, es distinto, para ustedes es distinto, es un momento distinto; pero vamos hablando de este año, particularmente de este año.
Hace un año, el hecho de nombrar aquí y de hablar de Carlos Salinas, significaba el abucheo, significaba denostar, el grito desde allá desde las curules. Hoy aquí ya se volvió deporte. Pero hay un problema que no se ha estado tomando. Los delitos de Carlos Salinas y de su familia, no son únicamente problemas de corrupción, ¡son delitos contra la nación! ¡Y estos delitos contra la nación empezaron desde el 1o. de diciembre de 1988, desde el 1o. de diciembre de 1988!
¿En quién sí confió Carlos Salinas para darle continuidad en su proyecto? ¡Confió en Ernesto Zedillo! ¡Confió en Roque Villanueva! ¡Confió en Ortiz Arana! ¡Confió en Diego Fernández de Cevallos! ¡Confió en Carlos Castillo Peraza!
¡En ellos sí confió y ellos son los que hoy continúan imponiendo el proyecto de Carlos Salinas, que no únicamente empobreció por corrupción al país, sino que lo hipotecó, lo vendió y lo entregó a los intereses exteriores, a los intereses externos! ¡Ese es el problema:
Aquí se ha empezado a hacer una cuestión de escarnio. Compañeros diputados del PRI: ¿Quién los palomeó a ustedes? ¡Los palomeó Carlos Salinas de Gortari!
¡Ustedes en la XIV asamblea del PRI y en la XV se comprometieron no con la persona, sino con compromisos de gobierno y de línea política! ¡Ahí aplaudieron el liberalismo social!
¡Y hoy, hoy se deslindan! ¡Hoy no saben nada! ¿Quiénes son los causantes de los problemas? ¡Por el bien del país, húndanse con Carlos Salinas! ¡Húndanse, no corran como ratas, no corran como ratas cuando se hunda el navío!
¡Este es un problema histórico! ¡Ustedes se equivocaron y tienen que comprometerse con quien respaldaron y aplaudieron y se sometieron durante seis años! ¡Sean congruentes con eso!
¡Aquí han dicho los diputados del PRI que hay que. . .
El Presidente:
Se ruega a los diputados guarden compostura en la sala, para escuchar con atención al orador. Y se ruega al señor orador guardar respeto a los diputados.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
¡Aquí dijeron algunos diputados del PRI que iban a caer las cabezas del último títere!
"Hola amiguitos, hola amiguitos. Necesitamos que caiga el último títere." ¿Payaso? ¡Payasos, justamente payasos! ¡Payasos son los que aplauden sin conciencia y los que aplaudieron a Carlos Salinas durante seis años! ¡Esos son payasos, por eso este Congreso no tiene independencia y no tiene soberanía, por payasos como ustedes:
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos y hasta cinco minutos, el señor diputado José Castelazo, del Partido Revolucionario Institucional
Han solicitado el uso de la palabra, también para rectificar hechos, los diputados Graco Ramírez y Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática, que lo harán a continuación.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:
Con su venia, señor Presidente:
Los legisladores del PRI tenemos gran respeto por todas las bancadas y por todas las diputadas y diputados. Esperemos mantener en ese nivel este debate.
Desde luego a Cuauhtémoc Sandoval y a Marco Rascón les reiteramos el respeto a disentir. Son un partido de oposición o representan un partido de oposición y mal harían en no hacerlo. Sin embargo, me parece muy frágil su argumentación y ligereza.
A nosotros nos palomearon los votos que fueron contundentes porque ganamos la mayoría. Solicité la palabra para rectificar hechos y a ellos me quiero referir, por el tema que nos ocupa de primer año de gobierno a cargo del presidente Ernesto Zedillo.
Hemos tenido 18 procesos electorales, sin ningún problema serio poselectoral.
Se ha iniciado la reconstrucción económica, justamente para abatir el déficit y tener posibilidades para fincar el crecimiento a partir de 1996.
Se ha iniciado la solución pacífica y negociada del gran problema de Chiapas. Se inició y se cristalizó la reforma judicial. Ha habido una serenidad absoluta de parte del Presidente de la República frente a los grandes problemas económicos, financieros y políticos que ha enfrentado. Esta serenidad le ha permitido insistir en el imperio de la ley. Está completa y expresamente deslindado de la corrupción que fue evidente en el sexenio pasado.
Ha habido apertura política y estamos ya discutiendo la reforma del Estado y del Distrito Federal. Señoras y señores diputados: el Gobierno sinceramente no tiene la culpa de que el PRD pierda elecciones.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Graco Ramírez Garrido, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:
Señor Presidente; compañeras y compañeros:
Pareciera que la crisis política que vive el país adoptara el ropaje de la farsa o de la comedia.
Nos enteramos todos los mexicanos de esta relación epistolar, novedosa, desde el 1o. de enero de 1994, a partir de la presencia del Ejército Zapatista en San Cristobal, Chiapas, de que el ex presidente, de quien asumió durante seis años el cargo de presidente sin haber obtenido la legitimidad de una elección, lanza acusaciones de carácter político, muy severas, queriendo hacer ver a los mexicanos que no hay más opción que escoger entre él o los echeverristas.
El villano favorito, como él se autocalifica, establece con precisión que él no heredó la crisis, que él dejó 12 mil millones de dólares y que se entiende, a partir de esto, que quien provocó la crisis es quien está al frente del Ejecutivo Federal. Sí, los amigos del PRI, que también leyeron la misma carta que todos nosotros, deben entender que la acusación directa es al presidente Ernesto Zedillo.
Estamos ante una situación muy delicada, porque este enfrentamiento que podría ser parte de un regodeo, degustarnos morbosamente porque se están enfrentando políticos que no merecen tener muchos de ellos o su gran mayoría, ningún respeto porque no tienen autoridad política ni autoridad moral, debe preocuparnos severamente porque se trata de un enfrentamiento de una clase política que ha tenido y ejercido el poder durante más de 60 años y que está viendo su fin, como lo dije anteriormente, a partir de los crímenes, a partir de la violencia, a partir de un enfrentamiento que puede continuar y que puede llevarnos a que haya una descomposición mayor en el país.
No se trata de responderle al señor Carlos Salinas, sino simplemente de reconocer que este enfrentamiento efectivamente se da por una persona que tiene la acusación de millones de mexicanos, la presunción de muchos mexicanos que cometió delitos en contra del patrimonio nacional, cometió delitos en agravio a los intereses nacionales, cometió delitos que ponen en entredicho las instituciones de la República.
Yo creo que debemos preocuparnos muy seriamente porque parece ser que se están generando vacíos políticos y no es que se quiera que el presidente Zedillo ejerza, como aquí se ha dicho y se está insinuando, ejerza con desplantes autoritarios su responsabilidad como Presidente. Lo que es necesario observar es que después de estos acontecimientos no se puede justificar una actividad rutinaria ni en Los Pinos ni en la Procuraduría General de la República.
El señor Carlos Salinas sigue mandando mensajes sin fijar lugar de procedencia, sigue estableciendo de hecho que es un hombre prófugo, que no puede decirnos desde dónde está enviando los mensajes que hace públicos por medio de los medios de comunicación y pareciera que desde la procuraduría de la República está esperando que la policía suiza resuelva, que la policía canadiense decida qué hacer con la residencia de Carlos Salinas o quizá algunos esperen el milagro que la policía cubana reporte algo sobre la presencia de Carlos Salinas en ese país.
Creo que es preocupante al revisar esta gestión de un año, que no se tenga la certeza de que el presidente Zedillo está respondiendo a este reclamo popular de que se aplique la ley y de que se aplique la ley de verdad, empezando por quien existe la presunción y la convicción de que la violó de manera contumaz, él, su familia y sus amigos.
Creo que ha llegado la hora en que insistamos que Carlos Salinas de Gortari debe presentar declaración formal ante el Ministerio Público, quien tiene temor por tomarle la palabra a este personaje, que igual que Córdova Montoya, han señalado por medio de esos mensajes que están dispuestos a presentar declaración ante autoridad judicial y nadie del Gobierno responde que efectivamente por respeto a legalidad, que estas personas presenten declaración ante autoridad judicial.
Creo que hay la sensación de que es necesario que el Presidente tome posesión y asuma el cargo para el cual fue electo y que lo asuma construyendo un liderazgo necesario para la transición política que este país requiere, para que no perdamos los márgenes de estabilidad y de paz social que aún tenemos. ¿Qué acaso este enfrentamiento no puede llevarnos a salidas autoritarias? ¿Qué acaso este enfrentamiento no puede llevarnos a nuevos enfrentamientos violentos entre gente del PRI y se estén matando al rato para que no se sepa la verdad, de los intereses económicos y políticos? ¿Por qué seguir dejando que se establezca esta descomposición? ¿Por qué seguir estableciendo el derecho a la impunidad y que este individuo siga diciendo y desafiando a los mexicanos con estos textos que hace públicos.
Creo que el Presidente de la República debe ejercer con toda autoridad su mandato y hacer público en primer lugar él su declaración patrimonial y hacerla pública para que quede claro que el Presidente de la República y que los mexicanos no vamos a enfrentarnos a un Presidente dentro de cinco años que termine igual que sus antecesores; de que la vida republicana de este país se va fortalecer a partir de que el Presidente por motu proprio como respuesta a esta crisis profunda, de ética política, esta crisis profunda de moral pública, decida hacer públicos sus bienes patrimoniales para que haya la garantía de que él no va a ejercer por medio del poder atentados al patrimonio público, a las arcas de la nación.
Esa autoridad es necesaria, no es un acto de autoritarismo, es simple sentido común frente a la crisis política que vive el país.
¿Qué el Presidente de la República no puede ordenar a la Secretaría de la Contraloría que turne a la Procuraduría General de la República las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que ejercieron funciones importantes en el sexenio anterior y que muchos de ellos son funcionarios importantes en el sexenio actual?
¿Qué acaso no es posible que el Presidente se percate de que muchos de los miembros de su gabinete hablan diariamente con Carlos Salinas de Gortari? ¿No es posible que se asuma una decisión política de esta actitud esquizofrénica de muchos funcionarios que están tratando directamente por la vía telefónica y que están actuando concertadamente con Carlos Salinas para evitar que el presidente Ernesto Zedillo se decida a poner orden.
Este es el problema político que tenemos, no ustedes, todos los mexicanos, porque en este momento hay un problema de confianza nacional, hay un problema de incertidumbre que se siente en la población y si el Presidente cree que con la declaración de ayer inversionistas extranjeros, después de la carta de Carlos Salinas las cosas marcharán muy bien, se equivoca, porque van a sentirse más todavía los efectos de esta ofensiva política que Salinas de Gortari decidió lanzar para mostrar la debilidad de este Gobierno, para obligar a este Gobierno a que continúe la política económica, para obligar a este Gobierno a que no le toque a el ni a los intereses que él representa.
Por ello nosotros tenemos que plantearnos con toda responsabilidad en este Poder Legislativo el llamar al Presidente, con todo respeto, a que entienda su responsabilidad política, a que la ejerza bajo un compromiso plural de integrar un gabinete para un gobierno que permita conducir la transición política en este país, a que tengamos garantía de elecciones limpias y pacíficas en 1977, porque Ernesto Zedillo debe saberlo bien.
Hoy todavía no plantea su salida por quienes quieren que Ernesto Zedillo, si quiere actuar salga, se verían obligados a convocar a nuevas elecciones y, dirimir esto y resolver esta crisis mediante nuevas elecciones, llevaría a una derrota más profunda a quienes están resistiendo hoy la transición política hacia la democracia.
Pero saben que después del 2 de diciembre de 1996 se puede construir la conspiración sin que ocupe estas elecciones para acomodar entonces el Gobierno constitucionalmente a las fuerzas que puedan mantenerse cuatro años más para apretar la tuerca o para ceder filas en torno a sus intereses que no quieren que se toquen mediante elecciones democráticas y mediante gobiernos que rindan cuentas en este país.
Es el problema que tenemos y aquí entonces muy frívolamente queremos plantear todo para encontrar a veces culpables y responsables, defender automáticamente al Presidente porque es Presidente, o atacar al Presidente porque es el Presidente que representa al PRI, o proteger al procurador porque es compañero del PAN y quedarnos callados.
No, compañeras; no compañeros. Creo que el momento es grave, es difícil para el país, y el balance de este año del Gobierno nos deja insatisfechos a todos, porque no vemos que el Gobierno este ejerciendo su responsabilidad, porque habla de transición política y democracia y en lo económico se muestra lo más autoritario, no hay más camino, no hay más ruta que la que planteamos nosotros y en lo político pónganse de acuerdo, la Presidencia cortada, la Presidencia ausente, para que todos se pongan de acuerdo y los intereses que se oponen siguen resistiendo, siguen desafiando.
Yo creo que todos tenemos que estar conscientes de que no podemos estar satisfechos con lo que está ocurriendo y creo que debemos estar muy conscientes también de que los peligros no son para un partido político; son para el país entero.
Ojalá que lo entendamos a tiempo, ojalá que lo entendamos a tiempo, compañeras y compañeros y es importante que el presidente Zedillo entienda entonces que no se quiere un presidencialismo autoritario, simplemente se requiere que se ejerza con mayor consenso y con mayor acuerdo político esa responsabilidad que le ha tocado a él ejercer finalmente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que lo que aquí ha expresado apenas en unas cuantas palabras y unos cuantos minutos el diputado Graco Ramírez, no es más que una apretada síntesis de la difícil situación que aqueja al país, una situación sin duda en extremo grave, una situación de un constante deterioro que pareciera, como la carta que ayer conocimos, no tener límites para llegar finalmente a su propio término.
Yo creo que las intervenciones que se han dado en defensa de un conjunto de aspectos que pretenden encubrir los errores, los desaciertos y las consecuentes responsabilidades de quienes han gobernado a nuestro país durante muchas décadas, también no contribuyen en modo alguno a resolver y a atacar de fondo los graves problemas que vive nuestro país.
La intervención misma que escuchamos hace unos minutos del diputado Castelazo, me parece un profundo desacierto y una clara muestra justamente de esta incapacidad para entender la gravedad del momento que vive nuestro país y la incapacidad para asumir la responsabilidad que se requiere en los momentos que vive nuestra patria.
No se admite desde esa perspectiva del discurso de los compañeros priístas, el profundo deterioro y descomposición que vive el sistema político mexicano, su agotamiento y desgaste, y no se admite por tanto que ante esta situación, no hay más que una de dos grandes posibilidades en términos de caminos a seguir: o se asume la responsabilidad de contribuir desde ahí, desde esa situación de descomposición y de deterioro a elaborar con absoluta responsabilidad una reforma democrática del Estado con todas sus implicaciones o se insiste en practicar la política del avestruz y arrastrar en su debacle al país entero, a semejanza de lo que ocurrió con el caso y desaparición de los viejos sistemas políticos y aquí se ha mencionado en otras ocasiones, como concluyó el Imperio Romano en medio de una profunda descomposición, asesinatos y aberraciones.
En la primera opción está asumir, desde luego, entre otras, una reforma electoral profunda para evitar, entre muchos otros problemas que tienen los procesos electorales, competencias electorales en verdaderas condiciones de equidad.
La intervención del diputado Castelazo no sólo no asume la responsabilidad que tiene el PRI en este sentido. El pretende que los problemas que aquí se discuten simple y sencillamente tiene qué ver con una frase con la que remata su intervención: "no somos culpables -dice- de que el PRD pierda elecciones", como si ése fuera el punto nodal que estamos discutiendo aquí.
Pero no sólo eso, sino que no parece ver que lo distintivo, lo nuevo de los procesos electorales últimos, es que quienes ahora están perdiendo elecciones son los propios priístas y quieren seguir como si nada haya cambiado y quieren continuar con las mismas prácticas.
Creemos que el balance del sexenio, de lo que va del sexenio del doctor Ernesto Zedillo, no se puede hacer al margen de lo que está pasando en este momento, no se puede hacer al margen de las gravísimas acusaciones y puntos de vista que el día de ayer vierte en la carta que conocimos, del ex presidente Salinas de Gortari.
El mismo dice: "la lucha política se ha vuelto tan dura como la crisis misma, pero además parece no tener límite", y esto es justamente lo que estamos viviendo y lo que está padeciendo el país día con día, hora con hora, minuto a minuto y no se quieren hacer cargo de esta situación y no es por lo tanto un asunto que se vaya a dirimir como si estuviéramos en aquellos momentos de la novela de El Padrino, que se vaya a dirimir entre capos, entre jefes de pandillas políticas y que todo lo quieran arreglar entre familias diciendo: "esto es cosa nostra, calma a los tuyos, yo calmo a los míos y tuti contenti", no puede ser vista la situación para resolverla desde esta perspectiva.
La crisis económica es responsabilidad, hay que decirlo, de la aplicación de un modelo económico que se ha sustentado por quienes han gobernado este país y que han acentuado las desigualdades en los últimos años y el Gobierno actual no se puede desresponsabilizar de esto mismo, de este fracaso de su modelo económico, porque insiste en seguirlo manteniendo y la mayoría priísta en esta Cámara de Diputados, también es activa responsable de este deterioro que estamos viviendo en todos los órdenes.
La carta que el día de ayer conocimos, hace acusaciones muy serias, muy graves, de muchas implicaciones. Cuando se refiere Carlos Salinas de Gortari a que estamos ante la reacción de grupos afectados, cuando dice que son los grupos e intereses que se opusieron a una solución negociada del conflicto de Chiapas, presionando con una respuesta aniquiladora, o que son los mismos que criticaron sin reserva ni medida la campaña de Colosio, que son los que quisieron imponer a su candidato y luego al sucesor y cuando dice que en aquellos momentos no le parecía que las iniciativas de estos individuos que él menciona expresamente, tuvieran relación con los acontecimientos dolorosos que habían estado sucediendo en el país desde enero de 1994, ¿qué es lo que está diciendo?, ¿de qué es lo que está acusando a un conjunto de personas que menciona expresamente, y a otras que sugiere?
¿Los responsabiliza de ser justamente el grupo de "malosos" a los que se refirió el Presidente actual en una declaración hace ya varios meses?, ¿son ellos los que, como dice él, también en alianza con narcotraficantes están desestabilizando el país? Estas son cosas sumamente graves y de un profundo contenido que de ser ciertas debieran investigarse y de no ser ciertas también debiera haber el consecuente fincamiento de responsabilidades ante acusaciones de esta magnitud.
Igualmente la referencia que hace al crimen de Luis Donaldo Colosio. El da su versión, muy distinta a la de la carta del doctor Zedillo, que apareció en el Diario Reforma, menciona, y muy distinta a la versión que ha sido también asumida como declaraciones ministeriales de un conjunto de legisladores priístas denominados como colosistas han hecho ante la Procuraduría General de la República, ante la subprocuraduría especial que se encarga de estos casos.
Tenemos pues, ante nuestros ojos, ante nuestra vista, un conjunto de responsabilidades que no pueden dejar de asumirse en esta hora crítica que vive la nación entera.
Padecemos una enorme deuda política con el país y que la tienen quienes han conducido durante décadas los destinos de nuestra patria. Una enorme deuda también económica y social y de manera subrayada una enorme deuda moral que tiene su correlativo en el estado de derecho, que no puede aplicarse al parecer, por compromisos políticos que no pueden todavía romperse.
En este sentido es que se enmarca la necesidad de un ajuste de cuentas con todo esto que está dañando al país, si no queremos caer en un mayor deterioro, como lo dice el propio ex presidente Salinas, y si hoy mismo dice y reconoce en la carta multimencionada, que como servidor público supo de errores y aciertos y también de responsabilidades, ¿por qué seguir eludiendo nuestra propia responsabilidad, la responsabilidad de la mayoría priísta para fincar las responsabilidades justamente de carácter político, legal y administrativo a que hubiera lugar en apego a nuestro marco de derecho.
Tenemos pendiente de resolver de fondo todavía una demanda de juicio político, que legisladores perredistas presentamos en los primeros meses de este año. Se acaba de presentar una nueva demanda por ciudadanos mexicanos, dirigentes de nuestro partido, y legisladores también del mismo, para que se enjuicie políticamente por un conjunto de responsabilidades que están en la denuncia respectiva, al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Yo, desde esta tribuna, no puedo concluir más que haciendo dos excitativas a la mayoría priísta de esta Cámara de Diputados, a que asuman con responsabilidad la necesidad de agilizar el trámite correspondiente en la subcomisión de examen previo y que asuman también que es procedente en apego a nuestro marco de derecho, a nuestro estado de derecho y a la necesidad misma que vive el país, de admitir que puede y debe incoarse el procedimiento de juicio político contra el ex presidente Salinas, que lo hagan con responsabilidad ante el país y que lo hagan también con sensibilidad y responsabilidad política.
Y la excitativa también a los mismos compañeros, de manera especial a ellos, para que suscriban, junto con nosotros, la denuncia de carácter penal que vamos a presentar en unos días más ante la Procuraduría General de la República, por el conjunto de ilícitos y de responsabilidades que le adscribimos, que consideramos tiene el señor Carlos Salinas de Gortari.
Eso sería actuar de frente ante los problemas, entrar al núcleo de los mismos y actuar también con responsabilidad en esta hora crítica ante la cual la nación nos demanda actitudes y responsabilidades diferentes a las que se han venido asumiendo en el pasado.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Antonio Martínez Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado José Antonio Martínez Torres:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Vivimos hoy, en la nación mexicana, un debate político, un debate político que se ha demostrado es abierto, es de voluntad política y que es tema de todos los que integramos la sociedad mexicana.
Los tiempos inéditos que vivimos, los tiempos de cambio y de transformación que exige nuestra sociedad y que la vive, nos obligan a distinguir en el camino histórico que hemos llevado y el camino histórico que vamos a seguir.
No quiero hacer referencia, por parecerme mejor el camino de la legalidad, a ciertas referencias, epistolarias, que por otra parte ya eran en algún tiempo de la canción mexicana preferencias de Eufemia.
Quisiera sí decir que un régimen presidencial como el actual, que camina entre el antiguo presidencialismo autoritario y antidemocrático, no debe sorprender pues a todos los agentes que participamos en política, que el camino nuevo se pueda ilusamente presumir de vacíos.
El paso a un presidencialismo democrático, exige la responsabilidad y la actuación de todos en el marco de la ley, pero un régimen que propicia el debate político, que está abierto a la reforma del Estado, a la reforma económica, a la reforma social, no puede ser calificado de otra manera más que un régimen que busca construir con el andamiaje de esta sociedad que ahora le exige, las nuevas características y los nuevos elementos de un régimen presidencialista democrático.
La conducción, pues, de ese presidencialismo no puede ser ni excluyente ni puede ser autoritaria; no puede tomarse una ausencia en el autoritarismo como la falta de voluntad política para que las cosas vayan hacia adelante; no es con el aniquilamiento de los contrarios como se va a construir el andamiaje del nuevo régimen político, económico y social que la reforma implica. Venimos a plantear que esos elementos es responsabilidad de todos construirlos, que ese camino lo debemos construir, todos lo hemos dicho aquí sin exclusiones, no es responsabilidad de una sola persona el balance que podamos hacer y no es calificando y excluyendo a todas las fuerzas políticas como vamos a construir un nuevo régimen en nuestra patria.
Yo diría, pues, que el balance es la suma de todos y que todos tenemos la responsabilidad, día con día, paso con paso, dentro del marco de nuestra ley, caminar hacia la construcción de la democracia mexicana, poniendo y otorgando lo mejor de lo nuestro.
Nosotros sabemos, en el Partido Revolucionario Institucional, que la sociedad mexicana nos exige un cambio. Este cambio tiene que ser por el cambio democrático que se dé en el cauce de la ley, no podemos excluir el marco del derecho y confundirlo por el tiempo inédito con otro tipo de acciones de carácter político, porque una cosa es la justicia y distinta cosa es la venganza.
Debemos construir, pues, con la responsabilidad de todos, mejores balances para el futuro, pero conscientes estemos que es de todos la responsabilidad de construir el México nuevo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos tiene la palabra hasta, por cinco minutos la diputada Adriana Luna Parra, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
Con su venia, señor Presidente:
Buenas tardes ya, compañeras diputadas y diputados, voy a tratar de ser muy breve porque todos ya se quieren ir a comer, verbo que no pueden desgraciadamente ejercer gran parte de los mexicanos en este país.
Yo quisiera recordar nada más en este cumpleaños del gobierno de Zedillo sus lemas y sus promesas de campaña, para ver cómo están: "bienestar para tu familia". Hay más crisis, hay más pobreza. Nada más les voy a decir algunos datos porcentuales de como se han elevado los costos de los básicos en un año en este cumpleaños de Zedillo: el aceite vegetal 137.94%; el pan blanco 120.69%; las frutas 75.86%.
También dijo: "estabilidad económica". ¿Es esto estabilidad económica? ¿Se vive realmente y vivimos en un país con estabilidad económica? Se los pregunto y que lo contesten sus conciencias.
Habló, como lema de su campaña de paz. Uno de los diputados priístas que vino a hablar, dijo que se vivía en paz. Pregúntenles, veamos y vivamos si en Guerrero se vive en paz. ¿Quién palomeó y quién sostiene al desgobernador Figueroa en Guerrero, que está resultando más pinto que su padre, antes decíamos hijo de tigre pintito y ahora creo que Rubén Figueroa está más pinto que su padre y que está, gobernando con sangre y sin respetar ninguno de los planteamientos de democracia y de respeto a la vida del ser humano.
Estamos a punto de recibir un golpe por la espalda a la seguridad social de este país. Yo nomás quiero, para terminar, preguntarles que hagan una evaluación nada más de sus lemas de campaña y que salgan a las calles y pregunten quién ha recibido "bienestar para la familia" que vayan a Guerrero y pregunten si viven en paz. Que vean a todos los desempleados y al Barzón y a todos los movimientos de la gente que está requiriendo más equidad económica, si estamos viviendo en una estabilidad económica. ¿Es esto el cumplir un año, cumpliendo sus promesas, o es esto un año de desgobernabilidad, de falta de cumplimiento de las promesas?, y son promesas que ustedes enarbolaron en su campaña y ustedes hablaron de la política económica neoliberal como el máximo de los resultados y vean los resultados que ha dado.
Muchas gracias, compañeros.
PROBLEMAS ECOLOGICOS
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Leticia Calzada Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a problemas ecológicos en Guanajuato, Morelos y San Luis Potosí.
La diputada María Leticia Calzada Gómez:
Gracias, señor Presidente; con su venia:
He pedido el uso de la palabra para comentar desde esta tribuna lo que está preocupando a ciudadanos que organizados o de manera individual ven con preocupación la actitud que toman las autoridades responsables del cuidado del medio ambiente. Me refiero a aquellos proyectos que son denunciados por organizaciones de ciudadanos que defienden la ecología de nuestro país y que también han sido sistemáticamente rechazados por los habitantes de los lugares donde se ponen estos proyectos. Es el caso del confinamiento de residuos peligrosos en Guadalcazar, San Luis Potosí y del club de golf en Tepoztlán, Morelos; en ambos casos, la procuraduría del ambiente clausura las obras frente las presiones sociales, frente a las preguntas que se hacen los ciudadanos sobre la seguridad o las consecuencias de estos proyectos y después, después levantan las prohibiciones.
Generalmente estas prohibiciones son levantadas porque se dice que las empresas cumplen con las condiciones que les solicita el Instituto Nacional de Ecología y porque los responsables en poner en operación los proyectos se comprometen a ofrecer beneficios a las poblaciones que se sienten afectadas, sea el caso del plan de remediación del predio La Pradera en Guadalcázar, San Luis Potosí, o bien empleos para la población, rehabilitación de la red de distribución de agua, drenaje que dice que no se tiene en Tepoztlán, entre otros beneficios que según la empresa KS, va a traer a los pobladores de "este lindo lugar".
Las autorizaciones del club de golf en Tepoztlán y del confinamiento de residuos tóxicos en Guadalcázar, sin embargo, no satisfacen a los pobladores. Y la opinión de los ciudadanos no parece ser tomada en cuenta por las autoridades del medio ambiente. Ellos se preguntan y yo con ellos me pregunto: ¿dónde ha quedado la convicción de la ecología y ahora Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, respecto a que se requiere un involucramiento de la sociedad y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones que los afectan? ¿Dónde han quedado los estudios que ella hizo de la relación de sociedad y medio ambiente y que fueron tan elogiados por todas las personas que nos interesábamos en estos asuntos? ¿Sabrán los ciudadanos de Guadalcázar, que según el convenio de concertación firmado entre la Profepa, el Instituto Nacional de Ecología y la empresa Koterine, se trata de una estación de transferencia y no de un confinamiento de residuos peligrosos, a sabiendas de que ya existen 20 mil toneladas de desechos peligrosos en la estación de transferencia que ahora se menciona en este convenio? ¿Sabrán los ciudadanos de Guadalcázar que el embajador John y el congresista Paul Simón, preocupados por la inversión tan cuantiosa de la empresa Metaclad, emitieron una serie de cartas a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y al propio Presidente de la República, para presionarlos a autorizar la instalación de este confinamiento.
Ambas cartas, por cierto, estaban redactadas en el mismo estilo e instaban a acelerar el proceso de reapertura y argumentaban que de no autorizarse desalentarían las inversiones.
A estos argumentos a los que se reacciona con tanto sensibilidad por parte de las autoridades y por cierto también de muchos de nuestros compañeros diputados, yo me pregunto si realmente es eso lo que desalienta y por eso las autoridades creen que de esta manera, aprobandolo van a traer más capitales o si hay otros asuntos más serios, los que están desalentando las inversiones en nuestro país.
En el caso de Tepoztlán sucede lo mismo. El escenario actual de este problema ha conllevado, como era de esperarse, a un momento de alta sensibilidad política, mismo que puede tornarse en violencia generalizada en una región, ojo, de sólida herencia e identidad cultural y de toma de decisiones comunitarias por sus raíces indígenas.
En ambos proyectos, compañeros diputados, hay una dimensión que no debemos soslayar, la autoridad federal no puede dejar de lado el hecho de que ambas autorizaciones de reapertura, tendrán ciertamente repercusiones en el medio ambiente y también repercusiones sociales, principalmente a nivel estatal y con mayor fuerza en los municipios, mismos que han permitido la opinión de los gobernadores en torno a estas autorizaciones.
En el caso de Guadalcázar, el gobernador se opone al proyecto y en Tepoztlán el gobernador de Morelos, si ustedes recuerdan, hizo declaraciones a favor de la construcción del club de golf, que irritaron a la sociedad tepozteca.
El respeto al federalismo en la toma de decisiones, se vuelve indispensable ante la dimensión de estos acontecimientos.
Para el caso de Tepoztlán, nos encontramos ante dos escenarios antagónicos entre sí: en primer lugar el deseo de inversionistas que tienen todo el derecho a invertir su dinero en la compra de tierras que ciertamente hay algunos procedimientos irregulares en esta compra. Pero en inversiones que les puedan redituar beneficios y prometen la inminente generación de empleo, el uso de alta tecnología y esto a ellos, desde su punto de vista, les parece y nos parece válido; sin embargo, tenemos también toda una trayectoria histórica fundada no sólo desde que se inició el neoliberalismo a expanderse por todos los confines de la nación, sino que viene desde épocas inmemoriales forma toda una tradición, generación tras generación, moldeada en forma de trabajo comunitario para el bienestar colectivo.
Los ciudadanos tepoztecos defienden su propia tierra y rechazan. la enajenación que sólo consiste en dar beneficio a unos cuantos.
No se trata señores simplemente de un club de golf que trae reforestación y embellece el medio ambiente, se trata de 800 residencias que van a consumir grandes cantidades de agua, en un pueblo donde el agua es escasa, donde la gente construye cisternas para recoger agua de lluvia y busca recursos tecnológicos para retener el agua en sus arroyos.
Si bien ahora se argumenta que sólo se va a autorizar la construcción de 400 casas, quién nos dice que con el tiempo no se van a autorizar más, como somos testigos de todo lo que vemos en esta manera de manejar los planes de desarrollo urbano.
La constante amenaza de la depredación de los recursos naturales de la biodiversidad, en la región, trajo entonces en Tepoztlán un conflicto social y político aún no resuelto, que tiene el pueblo lleno de barricadas y sin autoridades legalmente elegidas.
Ciertamente que en el caso de los residuos peligrosos, el Instituto Nacional de Ecología reconoce que el 90% se vierte clandestinamente en los drenajes municipales o cuerpos de aguas nacionales.
Compañeros diputados: tenemos que considerar en la legislación que estamos trabajando en el ámbito ambiental, leyes aplicables que medien entre la protección ambiental y el mercado mundialmente potencial del manejo de residuos peligrosos; normas técnicas que sean aplicables y eficaces y participación ciudadana en la supervisión y el respeto a estos reglamentos.
Recuerdo también y quiero traer a esta tribuna, otra situación similar a la de Guadalcázar, que apenas inicia. Se trata del mineral de pozos, en mi Estado, Guanajuato, cuyos pobladores ya han enviado misivas al titular del Ejecutivo, al gobernador del Estado, a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, entre otros, para que no permitan que se instale un confinamiento de desechos tóxicos y a pesar de que la Profepa ha dado a conocer que no se construirá dicho confinamiento, la experiencia que resulta de los casos de Guadalcázar y Tepoztlán, donde luego se da marcha para atrás, supone lo contrario.
Compañeros diputados: la preocupación que versa en este momento, es, por un lado, cómo correlacionar los efectos del deterioro ambiental con políticas integrales para su protección, que permitan la participación ciudadana, democráticamente en la toma de decisiones y se procure por contar con una capacidad tecnológica y una inversión suficiente y no como actualmente sucede, primero optando por la toma de decisiones desde el Gobierno, sin la participación real de la sociedad, cuestión que forzosamente debe de tomarse en cuenta en las adecuaciones a la legislación ambiental que tenemos que revisar en el próximo periodo ordinario.
Por otro lado, en respeto al federalismo que debe existir en este nuevo escenario de nación, la coordinación intergubernamental pactada en pro de la protección ambiental entre la Federación y los estados, previa aprobación de los municipios. Esto hoy, más que nunca, una cuestión cine qua non para darle credibilidad al federalismo, al que queremos arribar. Además de tomar en cuenta a esta representación popular, y lo que aquí se diga tenga sentido y sirva para que las cosas caminen, para tener todos un mejor medio ambiente.
Una última reflexión: no puedo dejar de pensar en la gran responsabilidad que tenemos los legisladores principalmente en este asunto, los que estamos involucrados en el ámbito ambiental, para que frente a todas las limitaciones que tenemos para aprender sobre la marcha cuestiones tan complejas como las que se relacionan con el medio ambiente, tengamos, nos demos el tiempo, el cuidado de asesorarnos, de estudiar, de consultar a los expertos, de permitir la opinión de los académicos, de las organizaciones de ciudadanos, de insistir a todo lo largo del proceso en revisión de la ley, para que estas modificaciones que haremos, tengamos presente en esta tarea que hagamos leyes aplicables.
Tenemos que defender que esas leyes se apliquen. El antídoto a la corrupción es el respeto irrestricto a las leyes.
En este momento los mexicanos, todos, estamos muy preocupados. Todos queremos tener y vivir un estado de derecho. Que no se quede solo, compañeros, en declaraciones del Presidente, en declaraciones de diputados, de senadores, de secretarios de Estado. Todos aluden que tenemos que respetar las leyes; pero la realidad es que muchas de nuestras leyes no se respetan.
Yo quiero tomar por ejemplo el hecho de que en este propio lugar, en nuestro propio trabajo y en el seno de las comisiones no se respetan los reglamentos. Me refiero a que de acuerdo a los reglamentos, cuando algo se presenta para las comisiones y se turna a las comisiones se tienen cinco días para emitir un dictamen.
Y sin embargo, señores y no es el caso solamente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, sino de muchas de las comisiones, esto no se respeta. No se respeta porque cinco días son muy pocos para emitir un dictamen.
Y yo me digo: y entonces ¿por qué no cambiamos estos cinco días? Pero mientras tengamos un reglamento que dice que en cinco días se tiene que emitir un dictamen, tenemos nosotros que ser los primeros en respetar la ley. Así se empieza a vivir un Estado de derecho.
Si este tiempo es breve, cambiémoslo. Pero mientras este reglamento esté, tenemos que respetarlo. No caigamos, señores, en corruptelas morales; la corrupción moral también existe.
Tenemos que acatar la ley y nosotros primero. Respeto a la ley, respeto a nuestros reglamentos. Vivamos con responsabilidad esta función. Si los diputados no respetamos nuestros reglamentos, entonces, ¿cómo podemos exigir? ¿Cómo podemos llamarnos legisladores responsables.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Pascual Ramírez Córdova.
El diputado Pascual Ramírez Córdova:
Con su permiso, compañeras y compañeros diputados:
Vengo a hacer una mención de algo que sucede en mi distrito, que es el V con cabecera en Pénjamo, pero que abarca también San Francisco del Rincón.
Hace casi un año que se presentó una de las catástrofes ecológicas más lamentables en el estado de Guanajuato, que fue la muerte de cerca de 40 mil aves migratorias y locales en la presa de Silva, de muchos de ustedes conocida, dado que los medios de comunicación fueron muy informativos en este lamentable hecho.
Y una de las acciones inmediatas que se han efectuado para resolver el problema, es la construcción de un canal de riego que bloquea el acceso de las aguas residuales a dicha presa o sea la de Silva. Se bloqueó la entrada de las aguas negras para que ya no entraran a la presa de Silva y fue una cosa muy atinada. Afortunadamente esa agua ya no vino a contaminar el agua de la presa y obviamente ya la muerte de las aves disminuyó, pues han muerto una o dos aves, pero ya no ha sido un desastre.
Ahora el desastre es que esas aguas se dejaron ir hacia abajo, sin control y las cuales se conducen a un arroyo que lleva por nombre "Isabelota", el cual recorre, lo malo de esto que recorre muchas comunidades rurales del mismo municipio de San Francisco y de Manuel Doblado, Cuerámaro y Pénjamo.
Y luego este arroyo descarga al río Turbio, que es donde van todavía, no solamente los perjuicios que va haciendo esa agua en las comunidades rurales, sino que al llegar al río Turbio se revuelve con las aguas limpias que vienen de la presa de Xalpa y esto ha ocasionado que los vecinos que viven en la ladera del río, que hacían pocitos superficiales para poder subsistir de agua potable, ahora se empiezan a contaminar y empezamos a tener problemas.
Estas comunidades cuentan con pozos rústicos, dado que no han tenido la oportunidad de tener agua potable y se ven afectados tanto la gente como inclusive las aves y el propio ganado, pescados etcétera, que tienen qué ver con ese río. Yo comento una cosa, sí es cierto, salvamos a los patos, pero ahora creamos un problema, estamos creando un problema a los humanos.
Yo, el hecho de venir a esta tribuna, la más alta de la nación, es porque quiero hacer un llamado, tanto al gobierno del Estado, como responsable de la vida de su Estado, así como a todas las dependencias e instituciones involucradas en el medio ambiente, para hacer un frente común cuyo principal objetivo sea que se cristalice y se lleve con más rapidez el Parque Piel, que es el que podría solucionar el problema, ya que mandaría el agua limpia y sería aprovechada por los propios campesinos y ya no haría ese daño.
Quisiera yo hacer una aclaración. Sabemos de la situación económica por la que atraviesa el sector industrial de León y que es una valiosa fuente de empleo, que genera mucho empleo para nuestra gente, para nuestro Estado y nos solidarizamos con ellos, pero no debemos olvidar que es prioridad contar con un sistema de tratamiento de agua residual, ya que sería una gran pena el tener que venir yo a esta tribuna y que desgraciadamente en lugar de venir a denunciar la muerte de patos, viniera yo a denunciar la muerte de un paisano, de un ser humano, de un compañero.
Compañeros diputados: les pido su solidaridad y a los gobiernos responsables en esto que nos unamos y hagamos un gran esfuerzo, porque no vaya a suceder una desgracia muy lamentable, que desgraciadamente puede recaer en un ser humano.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene la palabra la diputada María Elena Yrizar Arias, para hablar sobre el mismo tema.
La diputada María Elena Yrizar Arias:
Buenas tardes queridos compañeras y compañeros.
Vengo a hablar de un asunto que nos interesa mucho a los potosinos y obviamente a todos los mexicanos.
En el norte del altiplano potosino se ubica el tiradero de desechos tóxicos denominado "La pedrera", en el municipio de Guadalcázar, aproximadamente a 120 kilómetros de la capital del Estado, en la zona semidesértica, donde no hay tierras fértiles ni mucho menos agua potable para sus habitantes, que han pasado su existencia luchando contra las adversidades que dificultan su vida llena de embates, pobrezas, esfuerzos y subdesarrollo.
En el año de 1989, se instaló el tiradero de desechos peligrosos denominado "La pedrera", como estación de transferencia y el 31 de octubre de 1990 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología autorizó a la empresa Koterine, Sociedad Anónima de Capital Variable, operar en el sitio de "La pedrera" una estación de transferencia de residuos peligrosos; no obstante, dicha empresa depositó inadecuadamente a cielo abierto, residuos en tres celdas de almacenamiento temporal. Lo anterior provocó el descontento de la población de Guadalcázar y por las diversas presiones de la ciudadanía potosina la estación fue clausurada por la Sedue el 25 de septiembre de 1991.
La Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizó una auditoría ambiental cuyos resultados revelan que no existe migración de contaminantes al subsuelo, sin embargo consideró la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que es necesario llevar a cabo la limpieza de las celdas y la remediación de las áreas aledañas a éstas donde se encuentran almacenadas 20 mil, 500 toneladas de desechos tóxicos diversos. En 1991 al pie de la carretera se detectó la venta de tambos metálicos y de plásticos donde los campesinos de la región utilizan para almacenar su agua potable haciendo la observación que dichos tambos fueron sustraídos del confinamiento por encontrarse sin ninguna medida de seguridad para resguardar los residuos tóxicos.
Cabe destacar que la empresa Metal Car había operado en el municipio de Mexquitic de Carmona, ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí, donde también causó problemas de contaminación y resistencia civil, por lo que el lugar fue clausurado y a la fecha no ha sido remediado el impacto ambiental. En meses pasados, el Presidente de la República recibió múltiples cartas que suscribimos representantes populares, presidentes municipales, sociedades civiles, grupos ecologistas, habitantes de los municipios del altiplano potosino, vecinos de Guadalcázar, donde pedimos al doctor Ernesto Zedillo su inmediata intervención para que no se autorice un confinamiento en "La pedrera", porque queremos evitar la operación de este tipo de lugares, porque se tiene el antecedente en el altiplano potosino, toda vez que se pretendió poner un incinerador industrial cercano a la ciudad de Matehuala, SLP. En el municipio Real de Catorce, del mismo Estado de San Luis Potosí, se hicieron estudios en la sierra para abrir un confinamiento de desechos tóxicos y en la actualidad dicho lugar es promovido como reserva ecológica de la nación. En todos estos casos los habitantes del altiplano nos hemos opuesto tajantemente a que se abra el confinamiento industrial porque carece de garantías y seguridad para nosotros.
En el mes de agosto pasado la Embajada de Estados Unidos de América, el Senado de Estados Unidos y la Corporación First Analysis dirigieron cartas a la señora Julia Carabias y al Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, mediante las cuales señalan la importancia de la operación del confinamiento de desechos de la empresa Metal Clark, así corno la necesidad de incrementar la confianza de los inversionistas de éste y en otros proyectos de este tipo.
Nuestro gobernador del Estado, Horacio Sánchez Unzueta, ha sido uno de los principales promotores de los programas de salud y ecología en nuestro Estado, prueba de ello es que en San Luis Potosí se cuenta con una Ley de Protección al Ambiente que está a la vanguardia en materia de preservación, cuidado y protección del entorno ecológico; sin embargo por cuestiones externas la hacen ineficaz. El gobernador del Estado ha sido respetuoso de la decisión de los potosinos y en este caso no es la excepción; esta semana el gobernador del Estado acordó con el cabildo de Guadalcázar impedir la instalación de ese confinamiento, al negar la autorización de la construcción por el municipio por haber pruebas que afectan la salud de los habitantes de la zona. Asimismo el gobernador presidió una reunión de trabajo con el cabildo de Guadalcázar a la que asistieron aproximadamente 350 personas para rechazar un convenio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología y la empresa Koterine, por confirmar la existencia de más de 20 mil 500 toneladas de desechos abandonados en el predio denominado "La pedrera".
En la reunión fue presentada una niña nacida el 4 de octubre último que presenta encefalia a consecuencia, al parecer, probablemente, de la radiactividad.
No nos negamos los potosinos al progreso de la nación, pero no entregaremos la soberanía de nuestro país a cambio de la salud, marginación y muerte de nuestros conciudadanos. Esto no se vale, compañeros.
En virtud del clamor popular y por considerarse altamente peligroso el tiradero de desechos, además de lo que ya expuse, propongo a esta honorable asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que las fracciones integrantes de esta honorable Cámara de Diputados y la Comisión de Ecología, revisen los términos en que el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han autorizado la operación del tiradero de desechos tóxicos denominado "La pedrera", ubicado en el municipio de Guadalcázar, SLP, asimismo se realice una visita al lugar de "La pedrera" y se consulte el sentir de la ciudadanía para tomar determinaciones.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Torres Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Alejandro Torres Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Retomando el tema sobre lo que es el confinamiento de desechos tóxicos, quiero hacer sentir lo que en el distrito que un servidor representa en el Estado de Guanajuato, se ha mencionado de la peligrosidad de estos confinamientos.
En el municipio de San Diego de la Unión, en el Estado de Guanajuato, se presentó una compañía: Lennier y Asociados de México, con el propósito de solicitar del honorable ayuntamiento de ese municipio se les concediera el permiso para establecer un confinamiento de desechos tóxicos peligrosos.
Acudiendo ellos a un servidor para informar o les informara sobre el tratamiento a seguir a través de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, se turnó información al municipio en cuestión orientándolos sobre los procedimientos.
Compareció ante el honorable ayuntamiento de ese municipio la compañía en cuestión, argumentando que en ese municipio había las condiciones propicias para que se desarrollara un confinamiento de esa naturaleza.
Se hizo un estudio a conciencia sobre el planteamiento que ellos hacían acordando el ayuntamiento unánimemente vetar la instalación de ese tipo de confinamientos. Creemos en lo personal que se debe de evitar en esas regiones el autorizar este tipo de confinamientos.
El argumento que ellos pusieron fue que a futuro sería un peligro para la región y las comunidades aledañas el implantar estos confinamientos, por lo que el honorable ayuntamiento y con base en lo que determinó, más bien a lo que se les informó por parte de la Comisión de Ecología de esta Cámara de Diputados y con el antecedente de lo que mencionaba quien me antecedió en la palabra, del caso de Guadalcázar, San Luis Potosí, unánimamente determinaron se negara ese tipo de confinamientos.
Sin embargo, por lo que mencionaba el diputado Pascual Ramírez, en relación a lo que ocurre en el río Turbio, creemos que esta honorable Cámara de Diputados debe de tomar seriamente este cuestionamiento, ya que si no se piensa en el corto plazo en lugares propios para el almacenamiento de estos residuos tóxicos o de desechos industriales, se corre ese riesgo que anunciaba el diputado Ramírez Córdova.
Igualmente me sumo con la compañera María Elena Yrizar, para tratar de que ese punto de acuerdo tenga éxito.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente el punto de acuerdo presentado por la diputada María Elena Yrizar y firmado también por la diputada Leticia Calzada.
ESTADO DE MICHOACAN
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Alfonso Solórzano Fraga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al proceso electoral en el Estado de Michoacán.
El diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El 12 de noviembre pasado se efectuaron las elecciones en el Estado de Michoacán, como resultado de la reforma constitucional y de la ley reglamentaria de la materia, acordada por todos los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado.
En este nuevo marco legal los michoacanos recuperamos el derecho a elegir al ejecutivo estatal, un derecho que había sido suspendido por la ejecución de fraudes electorales y por la designación de gobernadores interinos.
Con este nuevo ordenamiento electoral, si bien no se recogieron todos los planteamientos que hizo el PRD, a fin de garantizar una competencia electoral plenamente democrática y clara, significó un paso importante para generar certidumbre en los comicios.
Sin embargo, pese a lo significativo que resultó la nueva legislación electoral, aparecieron los viejos vicios e inercias, el gobierno estatal tuvo un comportamiento parcial y auspició el uso ilegal de recursos públicos a favor del PRI. Asimismo desplegó una abierta campaña publicitaria con el propósito de inducir el voto.
Al respecto, el instituto electoral de Michoacán solicitó al gobernador que redujera su activismo, cuestión que éste desestimó y al contrario, incrementó sus campañas.
El PRD presentó denuncias acerca del uso de recursos del Pronasol para favorecer a los candidatos del partido oficial. En Erongarícuaro los medios de información dieron a conocer el pago de becas y reparto de despensas a personas que acudieron a actos de proselitismo de este partido. En Zinapécuaro, ciudadanos entregaron evidencias sobre la entrega de despensas del Pronasol, para ser utilizadas en la campaña de los candidatos priístas. Estas denuncias fueron desestimadas y no se efectuaron las investigaciones que correspondían.
El Gobierno Federal no cumplió sus compromisos de garantizar condiciones de equidad y de impedir la coacción a los ciudadanos y la compra de votos, antes y durante la jornada electoral. En el caso de los recursos del Procampo, de origen federal, se retrasó su entrega para hacerla coincidir con la víspera de las elecciones, con el propósito de favorecer a algún partido.
También se aprobó un tope de gastos de campaña verdaderamente desproporcionado que facilitó el dispendio por parte de los partidos que tuvieron para hacerlo. Se autorizó un gasto de más de 10 veces de lo que recibe un partido político durante un año, se autorizó que este gasto lo pudiera hacer en la campaña, es decir más de 10 veces.
Junto a ello hubo parcialidad en la mayoría de los medios de comunicación del Estado, negando el derecho de los ciudadanos de conocer las diferentes propuestas de los candidatos a los diferentes puestos de representación. Es necesario dejar constancia ante esta tribuna, que algunos medios dedicaron espacio a la difamación de candidatos de oposición, sin derecho a la rectificación o a la aclaración; se dieron por esa situación, inclusive, renuncias de colaboradores de esos medios.
Por esa razón, ahora recuerdo, ante esta honorable soberanía, que el 13 de enero, en el Salón Vicente Guerrero de la residencia oficial de Los Pinos, tuvo lugar el encuentro entre el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y el presidente Ernesto Zedillo. En esa ocasión el Presidente nos dijo que era necesario que los diversos actores que intervienen en los procesos electorales, tomaran los acuerdos pertinentes a fin de evitar los conflictos que regularmente sobrevienen a los comicios y nos propuso que identificados los puntos principales de preocupación, hacer el mayor esfuerzo para resolverlos, tomar todos aquellos acuerdos preventivos que nos eviten conflictos poselectorales y que no nos esperáramos a que ocurrieran las elecciones y luego los conflictos, para estar desactivándolos o resolviéndolos.
Asimismo expresó que el punto esencial de un sistema electoral democrático, desde su punto de vista, es el que exista una auténtica, una justa competencia entre los partidos políticos y eso me lleva a decir que la tarea no únicamente entraña construir esas reglas, sino que a través de esas reglas y de esos consensos estemos perfilando en México un auténtico sistema de partidos, partidos que ya existen, partidos que han demostrado su fuerza electoral, pero partidos que aún no están satisfechos por las reglas, por los procedimientos, por las inercias.
El Presidente advirtió que durante 1995 habría varias elecciones a nivel estatal, por lo que era necesario contar con un marco de referencia que sin violar la soberanía del Estado pudiera servirles para que desarrollaran formas electorales y alejar el fantasma de los conflictos poselectorales.
A la luz de los acontecimientos en Michoacán, es obvio que esos propósitos no se cumplieron.
El PRD hizo todos los esfuerzos para encauzar el proceso electoral a la legalidad, pero no hubo equidad ni una competencia justa. Por parte del gobierno del Estado su tesón fue en sentido contrario, buscó enturbiar el proceso, dio su apoyo a actos de proselitismo con recursos públicos y desarrolló campañas publicitarias para inducir el voto.
El Gobierno Federal no fue a fondo para garantizar la plena legalidad en el proceso electoral del Estado, no fue capaz de detener el uso de recursos públicos en los actos de inducción y coacción del voto, pese a los reiterados llamados que se le hicieron.
La responsabilidad en la conciliación que tiene la Secretaría de Gobernación a fin de lograr alejar la confrontación, no se ejerció con más decisión. Fueron llamados sin repercusión efectiva.
El proceso electoral hoy se encuentra en la fase de su revisión ante el tribunal electoral estatal. Las irregularidades que han sido denunciadas requieren reparación. El proceso electoral tiene que limpiarse de modo que se cuenten todos los votos legítimos en pleno apego a la legalidad.
Y cuando decimos que se limpie la elección lo estamos diciendo con responsabilidad, porque no significa y esto que quede muy claro que estamos descalificando todo el proceso, nosotros no queremos descalificar el proceso, sino que se corrijan las fallas que se pudieran haber cometido antes, durante y después del proceso electoral.
Por eso mismo no puede justificarse la interpretación que del Código Electoral del Estado hizo el consejo general del instituto electoral de Michoacán, que afecta los derechos de los partidos políticos, desconoce la voluntad ciudadana y beneficia al partido oficial.
El artículo 70 inciso c, fracción II del mencionado código señala que si ningún partido político obtiene por lo menos el 37% de la votación estatal emitida, a todos los partidos políticos que cumplan con lo dispuesto en estas bases les serán otorgadas constancias de asignación en el número de diputados que requieran para su representación en la legislatura, por ambos principios corresponda al porcentaje de votos obtenido.
Al contrapelo de esta disposición claramente estipulada en el código electoral, se llevó a votación la determinación de otorgar al PRI una votación superior a fin de otorgarle la mayoría de la legislatura del Estado. Con base a la votación emitida, el partido oficial obtuvo el 36.97%, pero de manera ilegal se le reconoce un porcentaje superior al 37.81%. Se desconoce así que la ciudadanía ha mostrado que la pluralidad es la característica del Estado y no puede determinarse por una votación de funcionarios electorales una mayoría a partir de la interpretación de la ley.
Nosotros demandamos desde aquí que no se violente la ley, que no se hagan interpretaciones torcidas de la norma legal.
El consejo del instituto electoral del Estado no tiene facultades para interpretar la legislación, y menos aún someter a votación la forma en que la aplicará. El código ha de aplicarse tal como está estipulado, en base a la ciudadanía de Michoacán y apego a la legalidad.
El tribunal electoral tendrá la oportunidad, la última oportunidad quizá, de rectificar en segunda instancia esa equivocada decisión y proceder a limpiar la elección.
Nosotros no queremos quitarle al PRI ni a ningún otro partido ningún diputado que haya ganado legalmente; no queremos quitarle ningún diputado que no haya sido asignado por el pueblo de Michoacán. Pero tampoco aceptamos que el PRI o cualquier otro partido se asignen más diputados que los que les otorgó el pueblo de Michoacán.
Es necesaria la voluntad política para lograr la transparencia del proceso. Los ciudadanos de Michoacán esperan la reparación de actos irregulares y el pleno apego a la legalidad en la elección de sus representantes y autoridades; no pueden persistir como normalidad, la alteración de la voluntad ciudadana ni la interpretación dolosa de la legislación.
Michoacán ya no quiere conflictos poselectorales, demanda el respeto al sufragio y a la ley.
Tengamos todos voluntad política para lograr estos objetivos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Fernando Orihuela Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Fernando Orihuela Carmona:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He pedido también el uso de la palabra para referirme al mismo tema que ha abordado nuestro amigo Alfonso Solórzano, del Partido de la Revolución Democrática.
Recordar, como él ya lo ha hecho, que el día 12 de noviembre pasado, junto con los estados de Tamaulipas, Tlaxcala, Sinaloa, Oaxaca, Puebla y el Distrito Federal, para elección de consejeros ciudadanos, Michoacán también llevó a cabo elecciones, elecciones, como ya se ha dicho aquí, sin precedente, puesto que el nuevo marco jurídico legal, las modificaciones a la Constitución, por primera vez conceptuaron la renovación de manera conjunta del titular del Poder Ejecutivo del Congreso del Estado y de las 113 planillas municipales.
Yo quisiera recalcar en esta oportunidad algo que un número importante de compañeros legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias tuvieron oportunidad, al igual que nosotros, al igual que todo el pueblo de Michoacán, de constatar, de constatar primero que privó un clima de civilidad, un clima de tranquilidad que permitió, que permitió a los ciudadanos michoacanos de manera civilizada, de manera ordenada, sin ningún incidente mayor que lamentar, acudir a las urnas electorales y emitir su sufragio en favor de quienes así lo consideraron conveniente.
Recordar y esto también es algo que yo no quiero dejar pasar por alto, que justamente en ese esquema de pluralidad política que ha caracterizado a Michoacán, a los michoacanos, se manifestaron, se manifestaron primero por un candidato, el nuestro, Víctor Manuel Tinoco Rubí de manera mayoritaria.
Segundo. Igualmente también, de manera mayoritaria por fórmulas al Congreso del Estado de nuestro partido y de manera inédita, de manera sin precedente, también lo hicieron por las diferentes fuerzas políticas que contendieron en esa oportunidad, dando un voto selectivo, un voto razonado, en favor de quienes cada quien en su población consideró que debía de representarles tanto a la Cámara como en los ayuntamientos.
Así pues, que en mi concepto y esto es algo que es importante resaltar, el pueblo de Michoacán que ha pagado su cuota, alta cuota de problemas poselectorales, el pueblo de Michoacán que ya ha vivido en diferentes momentos severos problemas políticos, hoy tomó una decisión, hoy puso a cada quien en el sitio que consideró más conveniente para gobernarlo y para representarlo.
En esa misma razón y cumpliendo con todos los aspectos legales, una vez que transcurrió este proceso electoral en las siguientes 72 horas, se otorgaron las 113 constancias de mayoría a los partidos triunfadores. En los siguientes días, los días subsecuentes, se hizo lo propio hacia las fórmulas de representantes al Congreso del Estado y el domingo 19 de noviembre, justamente ocho días después y tal y como lo marca el código electoral en el Estado, se otorgó la constancia de mayoría, al candidato triunfante, Víctor Manuel Tinoco Rubí.
Yo quisiera, en este aspecto, retomar algunas consideraciones que hacía nuestro amigo Alfonso Solórzano y que no son, sino las disposiciones legales que contiene el código electoral en sus numerales 70 y 71, en donde se regula justamente el procedimiento para todo esto.
El artículo 70 establece, como lo decía hace un momento, las reglas generales que deben aplicarse para la asignación de representaciones proporcionales en los resultados de diputaciones.
Voy a permitirme leer aquí algunas de estas consideraciones: El inciso a, se refiere al requisito para tener derecho a participar en la asignación de que el partido político haya registrado candidatos de mayoría en por lo menos nueve distritos. El segundo inciso se refiere al requisito que deben acreditar los partidos de alcanzar por lo menos el 1.5% de la votación emitida.
Yo quisiera aquí también que la definición de ley sobre votación emitida, es el total de votos depositados en las urnas y la definición de votación estatal emitida, consiste en deducir de la votación emitida los votos nulos de candidatos no registrados y los votos de los partidos que no obtuvieron el 1.5%.
En esa misma consideración el inciso c establece los supuestos en que pueden encontrarse uno o más partidos políticos al momento de realizar la asignación de diputados, cada uno de ellos es independiente entre sí, puesto que en su definición consideran elementos diversos y por consiguiente, el organismo electoral debe analizar cuál es el supuesto aplicable en el momento en que realiza la asignación.
Para mayor claridad, el numeral uno, establece que ningún partido político podrá contar con más de 19 diputados, por ambos principios; el numeral dos, por su parte, establece que si ningún partido político obtiene por lo menos el 37% de la votación estatal emitida, el otorgamiento de constancias de asignación se realizará entre los partidos políticos que cumplan con las bases establecidas en el propio artículo hasta que el número de diputados que tengan por ambos principios corresponda al porcentaje de votos obtenidos.
El numeral tres, se refiere al supuesto de que un partido político obtenga nueve o más constancias de mayoría y el 37% de la votación estatal válida. En este caso, se le asignarán diputados en número suficiente para alcanzar la mayoría en la legislatura. La ley establece que por cada 8% de la votación que obtenga el partido político por arriba del 37% y hasta menos del 60%, podrá asignársele un diputado adicional.
El numeral cuatro establece el supuesto en el que dos partidos políticos obtengan nueve constancias de mayoría y más del 37% de la votación estatal válida, en cuyo caso, la mayoría de la Cámara de Diputados le será atribuida al partido político que tenga el mayor porcentaje de votación en la circunscripción plurinominal.
En este orden de ideas, el supuesto aplicable para el escenario que arrojaron los resultados del 12 de noviembre y su posterior cómputo a nivel distrital y finalmente estatal, es el contenido en el numeral tres del inciso c del artículo 70 del código electoral del Estado, lo es porque, primero, el PRI cumplió cabalmente con los dos requisitos que establece la ley; esto es: tenemos más de nueve constancias de mayoría, primer requisito cumplido y segundo, obtuvo, de acuerdo con los resultados del cómputo estatal, el 37.91% de la votación estatal válida, es decir, superior al 37% que la ley exige. Segundo requisito cumplido.
Por lo tanto, el consejo general del instituto electoral de Michoacán aplicó correctamente el procedimiento al determinar, en primer término, cuál era el supuesto legal aplicable y aplicó también correctamente la fórmula al hacer la asignación a los demás partidos a través del cociente natural y el resto mayor.
Yo considero que hoy, precisamente que los resultados de la elección en Michoacán han dado cuenta de la riqueza política de sus habitantes al seleccionar a sus autoridades, este escenario político, este rico escenario político permite, tanto al Poder Legislativo, al titular del Ejecutivo y a los ayuntamientos, contar precisamente con una representación legítima que el pueblo, que los ciudadanos michoacanos le han validado.
En conclusión, yo considero que no debemos de querer imponer criterios políticos a las decisiones jurídicas de desconocer ahora en la aplicación concreta de la ley lo que fue ampliamente discutido con ello y esto es algo que yo resalté en una intervención similar que hice apenas unas semanas, en donde justamente recordaba yo que todo el marco legal, las reformas al código electoral, el nombramiento de ciudadanos, el nombramiento de responsables de los tribunales electorales, fue dado al interior y al consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Estado de Michoacán, en la LXVI Legislatura.
Por eso es que yo pienso que hoy que estamos viviendo un nuevo momento político en Michoacán y que yo espero que estos problemas electorales que en este momento son mínimos, dado que no se encuentran más allá de dos municipios pequeños de Michoacán, justamente la población que ya cumplió su parte, que ya cumplió cabalmente su cometido, espera que hoy los partidos políticos también lo hagamos.
Finalmente, yo quisiera decirle a nuestro amigo Alfonso Solórzano, que difiero totalmente del concepto que él emite en torno al titular del Poder Ejecutivo porque, bueno, yo pienso que precisamente ha sido la voluntad política de él quien propició primero el generar toda esta serie de reformas, él fue quien propuso al Poder Legislativo todos los aspectos que fueron encaminados a buscar la ciudadanización de los órganos electorales, precisamente para poderles dar mayor confiabilidad, para poderles dar mayor imparcialidad.
Muchas gracias, por su atención.
El Presidente:
Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados que todavía nos encontramos en este recinto parlamentario:
Me parece que sobre las elecciones del 12 de noviembre en Michoacán, de lo que estamos debatiendo el día de hoy en esta tribuna, hace necesario que centremos la litis, que centremos en qué consiste el debate, por que de otra manera, nos vamos a enredar en una discusión que a mi juicio no nos conduciría a esclarecer el panorama electoral de Michoacán, que es el objetivo de los diputados del Partido de la Revolución Democrática que el día de hoy estamos interviniendo en el tema y por eso, deseo comentárselo a nuestro compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Orihuela, que no se está discutiendo la elección de gobernador en este momento en esta tribuna, ni se está discutiendo la elección de los 113 ayuntamientos en este momento en esta tribuna.
La discusión se centra en la resolución que el tribunal estatal electoral asumió el pasado domingo 4 en la ciudad de Morelia, Michoacán, sobre la elección de diputados de mayoría relativa y representación proporcional; éste es el tema y quisiera sobre él centráramos nuestro debate, independientemente de lo que aquí nuestro compañero diputado Alfonso Solórzano ya mencionó en relación a lo que ocurrió en ese proceso electoral antes, en el momento y después del mismo, de la jornada electoral.
Por eso, a nosotros nos interesa y nos interesó traer a esta tribuna nacional el asunto de la discusión en torno a esa resolución, que ratificó lo que ya había resuelto en su momento el consejo general del instituto electoral de Michoacán. Cómo distribuir las curules del Congreso del Estado de Michoacán.
Como efectivamente aquí ya lo señaló el diputado Orihuela y el diputado Alfonso Solórzano, el debate se centra en una supuesta interpretación que hay que hacer de los artículos 70 y 71 del código electoral del Estado de Michoacán y en este caso, fundamentalmente las fracciones II y III del inciso c del artículo 70.
Esto tiene que ver, compañeras y compañeros, con lo que los expertos en materia electoral llaman: "La cláusula de gobernabilidad". Tiene que ver también con lo que los expertos electorales denominan: "El derecho a acceder al reparto", en la distribución que el Poder Legislativo se establece en materia federal y en los estados de nuestra República.
Por eso, insisto que tenemos que centrar la litis en este punto. No es quién obtuvo la mayoría de ayuntamientos y quién obtuvo la mayoría en la elección de gobernador.
En este momento es importante, además, por otra razón, resolver este punto y que asimismo por eso, estamos hoy en la tribuna, porque todavía en Michoacán existe otra figura que en materia electoral se llama "La calificación", que en este caso la va a hacer en su momento el Congreso del Estado de Michoacán.
Y efectivamente, la discusión gira en torno a los conceptos jurídicos de votación estatal emitida y votación estatal válida.
El tribunal estatal electoral, en su resolución de fecha 3 de diciembre, señala en su página nueve, un porcentaje de votos en lo que es la votación estatal emitida y otro porcentaje de votos con una variación, como es lógico, de la votación estatal válida.
En la primera, para lo que nos interesa de este debate, en la votación estatal emitida para el PRI, señala la cantidad de la votación estatal emitida el siguiente porcentaje: 36.97% y en la votación estatal válida, el tribunal estatal electoral establece, para el PRI el 37.81%.
No quisiera entrar en algo que ya dijo Fernando, de cómo se da la votación emitida y cómo se da la votación válida, todos, más o menos la conocemos y por eso, esa variación de porcentajes. Sabemos que la votación estatal emitida es la total y sabemos que la votación válida es aquella que resulta de separar los votos anulados en la elección, en este caso, de diputados. En términos generales o en términos gruesos, así podríamos definirla y por eso dan porcentajes distintos. Esto es obvio que el legislador de Michoacán lo tuvo que tomar en cuenta cuando redactó el artículo 70; sabía, sabía el legislador de Michoacán que hay diferencia en porcentajes cuando se obtiene una votación estatal emitida y cuando se obtiene una votación estatal válida.
Tiene que haber forzosamente diferencia porcentual, por eso, nosotros alegamos que la resolución primera del consejo general del instituto electoral de Michoacán y luego ratificada por el tribunal estatal electoral, en primera instancia, no se apega a la disposición expresa, irrestricta, clara, nítida del artículo 70 en su numeral segundo del inciso c.
También, como ya lo leyeron, pero lo voy a volver a releer, dice el inciso c; primero leo el encabezado del 70: "Para la elección de diputados por el sistema de representación proporcional se constituirá una circunscripción plurinominal en el Estado, sujetándose a lo siguiente:
c) En todo caso para el otorgamiento de las constancias de asignación se observarán las siguientes reglas:
1o. Ningún partido político podrá contar con más de 19 diputados electos mediante ambos principios.
2o. -Que es lo que faltó leer-, Si ningún partido político- ¡si ningún partido político!-, obtiene por lo menos el 37%-.por lo menos el 37%-, de la votación estatal emitida, a todos los partidos políticos que cumplan con lo dispuesto en estas bases, hay una prelación lógico-jurídica ahí, se les otorgará constancia de asignación en el número de diputados que requiera para que su representación en la legislatura por ambos principios, corresponda al porcentaje de votos emitidos."
Esto es que, si es menos del 37% no se aplica la cláusula de gobernabilidad y el reparto se hace en proporción directa al porcentaje que cada partido político obtenga.
Ya leí que en la página nueve, de la resolución del tribunal, en primera instancia señala claramente que la votación estatal emitida le corresponde al PRI: el 36.97%. ¡No alcanza el supuesto que señala esta fracción II del inciso c del artículo 70! ¡Está claro esto:
Hay principios de derecho que dicen que en materia de interpretación de la ley, tiene que ser en aquello que sea a juicio de la autoridad responsable de aplicar la ley, que haya lagunas, que haya omisiones o que no quede clara la redacción de un artículo, de una ley específica.
En este caso, los números no se prestan a interpretación. Yo creo que nadie en este país discute que para poder votar se requiere tener 18 años; eso no está a interpretación, nadie lo ha interpretado jamás. Tampoco que la imputabilidad, de acuerdo al Código Penal Federal, es para los que son mayores de 18 años esto no se presta a interpretación, que mañana vaya una persona a cumplir 18 años.
Las redacciones numéricas, aritméticas, los números en las leyes, en los artículos de alguna disposición jurídica, no se prestan a interpretación. Votación estatal emitida contra porcentaje del 37%. ¡Y eso no ocurrió:
Y por ello primero el consejo general del instituto electoral de Michoacán y hace dos días el tribunal estatal electoral interpretó una redacción clara de la ley que no es posible someter a ninguna interpretación de ninguna índole, ni literal ni exegética, ni de ningún tipo.
Pero aún...
La diputada Victoria Eugenia Méndez Márquez (desde su curul):
Para una pregunta, por favor.
El Presidente:
Si me permite el señor orador, ¿acepta que le haga una pregunta la diputada Eugenia Méndez.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Con mucho gusto.
El Presidente:
Adelante, señora diputada:
La diputada Victoria Eugenia Méndez Márquez (desde su curul):
Para pedirle al diputado Godoy si pudiera hacerme el favor de darle lectura al artículo 14 del código electoral, por favor.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Nada más que yo le pediría que si usted lo lee, porque no lo traigo, compañera diputada.
La diputada Victoria Eugenia Méndez Márquez (desde su curul):
Gracias.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Pero si usted quiere leerme el 41, por favor... Bueno, el 38, disculpen por el número, no quise referirme a otra cosa... Sí, en serio.
Bueno, el asunto es que incluso el tribunal estatal electoral en su resolución se atreve a recomendar, por confuso, que sea reformado el código electoral del Estado de Michoacán, en virtud de que se presenta, dicen ellos, a una... Dicen: "Hay una desproporción entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules asignadas a cada partido político", lo cual es inequitativo; pero este numeral resulta lógico y apegado al principio de congruencia normativa por encontrarse en estrecha vinculación o ilación con el numeral 71, que es el que establece lo del resto mayor del cociente etcétera, del mismo cuerpo de leyes y además con el 14 de este mismo y el 20 constitucional del Estado, es decir, no parte de supuestos jurídicos aislados, él mismo reconoce esto, sino de otras hipótesis contempladas en la propia normatividad jurídica, evidentemente en principio, en relación insisto, con el artículo 70 del propio código electoral del Estado de Michoacán.
En este sentido, compañeras y compañeros, el asunto tiene, insisto, importancia, porque hay en Michoacán, de acuerdo a la legislación electoral vigente, todavía la figura de la calificación de la elección, que es la única instancia definitiva e inatacable y en este sentido, la integración del Congreso del Estado tendrá como consecuencia cómo se resuelva la calificación de la elección de gobernador, ahí sí es donde viene, pero después de resuelto el problema del tema a debate el día de hoy, sobre el reparto de las curules en el Congreso del Estado, ahí sí tendrá consecuencias y éstas evidentemente son consecuencias de tipo político que se están sentando sobre la base de una interpretación torcida de la legislación vigente electoral de Michoacán.
Nosotros ¿por qué traemos el tema aquí?, porque nos parece que todavía estamos a tiempo para que el tribunal estatal electoral distribuya equitativamente, como reconoce el propio tribunal en el cuerpo de su resolución, no así en su resolución, y no sobrerrepresente a ningún partido ni subrepresente a ningún otro en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Michoacán. Si esto fuera así, compañeras y compañeros diputados, el PRI, sería minoría en el Congreso del Estado y esto no sería culpa de la ley, sino sería responsabilidad, como también lo dijo Fernando, del voto razonado de los michoacanos, que resolvieron votar de manera razonada para distribuir, a juicio nuestro, con mayor equidad la pluralidad en el Estado de Michoacán.
El Congreso del Estado de Michoacán, si se aplica la ley correctamente, compañeras y compañeros, tendrá un Congreso con mayoría de la oposición y con sólo el número de diputados que le concede la ley al Partido Revolucionario Institucional, que no podría rebasar de la cantidad de 12 ó 13 aproximadamente, de acuerdo a estos porcentajes que estamos mencionando.
La cláusula de gobernabilidad no es aplicable en el caso concreto de Michoacán, de acuerdo a la propia disposición que el código electoral del Estado señala y por eso, pedimos que aquí, compañeras y compañeros diputados o desde aquí más bien, que el tribunal estatal electoral de Michoacán rectifique en segunda instancia esta resolución que a todas luces es injusta contra la distribución política en el Estado de Michoacán para los partidos políticos.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Fernando Orihuela Carmona.
El diputado Fernando Orihuela Carmona:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Voy a permitirme leer rápidamente el artículo que se le había solicitado dar lectura al compañero Leonel Godoy.
Dice así, en su segunda parte:
"Artículo 14 del Código Electoral del Estado: Para las elecciones de diputados se dividirá el territorio del Estado en 18 distritos electorales, en cada uno de los cuales se elegirá un diputado por el principio de mayoría. Con base en los resultados de la votación estatal válida, se elegirán hasta 12 diputados de representación proporcional".
Agrega el propio artículo que: "por cada diputado propietario se elegirá un suplente".
Aquí está pues la disposición textual, literal que el propio amigo, compañero Leonel Godoy presentó aquí el resultado de la votación estatal válida 37.81% superior al 37% que el espíritu del precepto, ya tantas veces discutido menciona.
Sin embargo, yo no había querido tocar este tema porque consideraba que no era oportuno, consideraba que debíamos de esperar un poco más, deberíamos de esperar a que los tiempos jurídicos, los tiempos legales concluyeran, pero, curiosamente quiero decirles que anoche, el tribunal electoral nos revocó el beneficio de un resultado, Uruándiro de manera concreta, porque en concepto de este tribunal, hay algunas irregularidades que cambian el sentido de la votación, nosotros, nuestros asesores jurídicos obviamente han interpuesto los recursos de reconsideración consecuentes ante la segunda instancia y nosotros esperamos que este recurso encuentre la procedencia que en nuestro concepto existe.
De no ser así, esto es algo que también yo recalcaré nuevamente, así como ya nosotros hemos aceptado la voluntad popular en los términos en que decidieron las votaciones, así respetaremos la decisión del tribunal si es que en esta segunda y última instancia este recurso nos fuera también desfavorable.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene le uso de la palabra, para contestar alusiones personales, el señor diputado Leonel Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Insisto, centremos la litis; primero esto tenía que ver con que no era la elección de gobernador, establecimos aquí que era la distribución de curules, ya lo aceptó el compañero Fernando Orihuela, pero ahora todavía centrémosla más, vayamos más al detalle jurídico particular.
¿Qué está en debate en este momento? El reparto de curules en términos generales o lo que establece la fracción II del inciso c y a mí me parece que lo que hemos estado debatiendo y creo que así lo dije, ya para centrar más, en este momento mi intervención, es el asunto de la cláusula de gobernabilidad, no es la distribución de las plurinominales de la representación proporcional que efectivamente se establece en el artículo 14 y que está estrechamente relacionado con el punto tercero del inciso c del artículo 70; ése es el asunto, no estamos discutiendo ahorita la votación estatal válida, sino la votación estatal emitida que es lo que dice la fracción I del inciso c del artículo 70 y efectivamente, lo que leyó Fernando Orihuela es la votación estatal válida que tiene una relación directa con el inciso c punto tercero del artículo 70 que se refiere a eso, a votación estatal válida, pero yo volvería a reiterar que nosotros dijimos, votación estatal emitida, que es como dice el inciso c punto segundo, votación estatal emitida y también leí como lo menciona la resolución del tribunal, cuál es el porcentaje que está en la página nueve, votación estatal emitida dice: columna, partido, está el PAN, 25.33% y luego el PRI, votación estatal emitida 36.97%; por lo tanto, evidentemente no es aplicable el artículo 14, ni el inciso c en su párrafo segundo... tercero.
Estamos hablando de la cláusula de gobernabilidad que es la que permite a un partido con un porcentaje de votos... de la votación estatal emitida, de la total, poder acceder a esta cláusula de gobernabilidad y lo que está ocurriendo es que el tribunal, con la interpretación en un principio en el consejo general del instituto electoral de Michoacán, aplicó que este párrafo segundo del inciso c que dice: votación estatal válida, aplicó el porcentaje que señala como requisito el inciso primero que es la votación estatal emitida, es una cuestión técnica, pero que además, el propio artículo 70 establece claramente cuál es la votación estatal emitida y cuál es la votación estatal válida como ya lo leyó en su momento Fernando Orihuela, pero lo voy a repetir, quizá sea necesario.
Dice el inciso b del artículo 70: "Todo partido político que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida para las listas de candidatos de la circunscripción plurinominal, podrá participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional".
Y luego aquí define la ley: "Es votación emitida el total de votos depositados en las urnas; en la asignación de diputados a un partido se seguirá el orden de la lista registrada".
Y luego ya se refiere a las reglas de cómo se otorgan las constancias a los de representación proporcional. Concluyo diciendo pues, que el debate es sobre la cláusula de gobernabilidad que está en el inciso c en su párrafo segundo, en su punto segundo del inciso c del artículo 70, no como se reparte las plurinominales que es el inciso que sigue, que es el punto tercero del artículo 70.
Espero que esta discusión como se está dando en relación a los dos conceptos jurídicos distintos de votación estatal emitida con el de votación estatal válida, quede claro para el asunto del problema que está de fondo, que es la cláusula de gobernabilidad, que no es aplicable para el Partido Revolucionario Institucional en Michoacán.
Gracias.
El Presidente:
Señor Secretario, ¿hay algún otro asunto en cartera?
ORDEN DEL DIA
El secretario José Luis Aguilar Martínez:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Segundo Año. LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 6 de diciembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato y Yucatán.
Solicitud de particulares
Del licenciado Alejandro Delgado Fernández, Apoderado de la Sociedad Civil denominada Santamarina y Steta, solicita el permiso constitucional necesario para que el personal de dicha empresa, puedan prestar servicios profesionales por tiempo limitado al gobierno de la República de Bolivia.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de ley de aeropuertos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano contraalmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Santos Humberto Gómez Leyva, para aceptar y usar el gafete y la medalla especial que la Junta Interamericana de Defensa en Washington, DC, le otorgó.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Julieta Huerta Mendizábal, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Edna Berentsen de Debler, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano contraalmirante de aeronáutica naval piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, para aceptar y usar la Medalla Mérito Tamandaré, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Guadalupe Martín Vázquez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia, en Mérida, Yucatán.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Martha Eugenia Aguilar Borbolla, para prestar servicios como intérprete/traductora en la Embajada de Malasia en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 17:13 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 6 de diciembre a las 10:00 horas.
| BC | Baja California |
| DC | Distrito de Columbia, EUA |
| D.F. | Distrito Federal |
| EUA | Estados Unidos de América |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Procampo | Programa de Apoyos Directos al Campo |
| Profepa | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente |
| Pronasol | Programa Nacional de Solidaridad |
| SARH | Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos |
| Sedue | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
| SLP | San Luis Potosí |