SUMARIO
Realiza aclaraciones la diputada María Claudia Esqueda Llanes.
La diputada María Claudia Esqueda Llanes, respecto al proceso legislativo que surgió durante la discusión y aprobación de dicha ley.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de dicha ley. Es de primera lectura.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, presenta iniciativa de reformas al artículo 115 de la Carta Magna. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicho ordenamiento. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de dicho presupuesto. Es de segunda lectura.
El diputado Antonio Sánchez Gochicoa, fundamenta el dictamen a nombre de las comisiones.
El diputadoRaúl Alejandro Livas Vera presenta, a nombre de su grupo parlamentario, voto particular.
A discusión en lo particular se concede el uso de la palabra a los diputados:
Eduardo Guzmán Ortiz
María del Rosario Robles Berlanga
David Vargas Santos
José Manuel García García
Crisóforo Lauro Salido Almada
Luis Sánchez Aguilar
Para la discusión en lo particular de los artículos reservados, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Salvador Beltrán del Río Madrid
Ricardo Luis Antonio Godina Herrera
Roberto Robles Garnica
Eric Eber Villanueva Mukul
Eduardo Arias Aparicio
Salvador Pablo Martínez Della Rocca
Víctor Manuel Palacios Sosa
Carlota Angela Rosa Botey y Estape
Rectifican hechos los diputados:
Alfonso Martínez Guerra
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova
Cristian Castaño Contreras
Alejandro Díaz y Pérez Duarte
Continúan el debate los diputados:
Luis Alberto Rico y Samaniego
Florencio Martín Hernández Balderas, para rectificar hechos.
Desiderio Camacho Garibo
Gustavo Gabriel Llamas Monjardín
Salvador Beltrán del Río Madrid, para rectificar hechos.
Miguel Angel García García
Para rectificar hechos los diputados:
María Leticia Calzada Gómez
Salvador Becerra Rodríguez
Eduardo Arias Aparicio
Continúa el debate en lo particular con la participación de los diputados:
Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie
Ignacio González Rebolledo
Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie, para rectificar hechos.
Javier González Garza, para rectificar hechos.
Francisco Curi Pérez Fernández
Manuel Beristáin Gómez
José Gerardo de los Cobos Silva
Ricardo Luis Antonio Godina Herrera
Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, para rectificar hechos.
Javier Viniegra Zubiria, para rectificar hechos.
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu
María Rosa Márquez Cabrera, para rectificar hechos.
Víctor Manuel Quintana Silveyra
Gustavo Gabriel Llamas Monjardín
Dulce María Sauri Riancho
Víctor Manuel Quintana Silveyra, para rectificar hechos.
Martín Gerardo Longoria Hernández
Marcos Efrén Parra Gómez
Carlota Guadalupe Vargas Garza
Jorge Enrique Dávila y Juárez
René Juárez Cisneros
Juan Antonio García Villa
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Cándido Pérez Verduzco
Juan Antonio García Villa
José Rafael Castelazo y de los Angeles
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Juan Antonio García Villa
José Rafael Castelazo y de los Angeles
Aprobado. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.5667Para comentar las declaraciones hechas por el diputado Macario Rodríguez Rivera, a diversos medios de comunicación, respecto al proceso legislativo durante la aprobación de dicha ley, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Consuelo Botello Treviño
Carlos Humberto Aceves del Olmo
Oscar Guillermo Levín Coppel
Ricardo Francisco García Cervantes, para rectificar hechos.
Gerardo Ordaz Moreno, para rectificar hechos.
La diputada Martina Montenegro Espinoza, presenta punto de acuerdo respecto a las tarifas eléctricas en la frontera norte del país. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Ezequiel Flores Rodríguez
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 308 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 11:43 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones -Ordinarias-. Segundo Año-. LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 13 de diciembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Campeche.
Iniciativa de diputados
De reformas al artículo 115 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de ley de aeropuertos.
De las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1996.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario José Luis Aguilar Martínez:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Eliseo Moyao Morales
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas del viernes ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de doscientos noventa y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una comunicación del diputado Dionisio Eduardo Pérez Jácome, con la que solicita licencia para separarse de su encargo como diputado federal. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo correspondiente.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del décimo séptimo aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Sube a la tribuna el diputado Manuel Alberto Coronel Zenteno, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado José Luis Leyson Castro, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos ochenta y nueve y noventa y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales.
A nombre de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, sube a la tribuna el diputado Jesús Eduardo Noyola Bernal, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Javier Ortega Espinoza del Partido Acción Nacional, quien propone el cambio de denominación de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Por las mismas razones que al anterior, se dispensa la lectura al dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que adiciona y reforma las leyes General de Deuda Pública y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Es de segunda lectura.
Fundamenta el dictamen el diputado Jaime del Río Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de las comisiones dictaminadoras.
Para expresar sus opiniones en pro, hacen uso de la palabra los diputados: Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo que se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional; José Rosas Aispuro Torres, del Partido Revolucionario Institucional e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, motu proprio.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y ocho votos en pro y uno en contra. Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Hace uso de la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia el asesinato de un dirigente de su partido en el Estado de Puebla.
Para expresar sus opiniones en relación con el llamado programa Hoy no Circula, hacen uso de la palabra los diputados: Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, en tres ocasiones y Jaime del Río Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Ofelia Casillas Ontiveros, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo sobre las carteras vencidas. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Información, Gestoría y Quejas.
Comenta lo que llamó guerra de baja intensidad en Chiapas, el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Rivera Pavón, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone un programa de apoyo a la ganadería nacional. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Ganadería.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.»
Está a discusión el acta...
La diputada María Claudia Esqueda Llanes (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hacer aclaraciones sobre el acta.
El Presidente:
La diputada Claudia Esqueda tiene el uso de la palabra, para hacer aclaraciones.
La diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Solamente quisiera aclarar en nombre de la Comisión de Trabajo, particularmente, pero de las comisiones unidas, al igual que lo hicimos en el desarrollo de la sesión pasada, que respecto a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social se han presentado diversas inquietudes, diversas opiniones encontradas y a nombre de las comisiones unidas quiero venir a señalar con toda claridad que el artículo 305 de la misma, que ha sido el sujeto de estas inquietudes, se encontró debidamente, porque ya salió de votación, del propio Senado de la República, se transmitió la minuta con errores desafortunadamente que provinieron de procesos legislativos, toda vez que originalmente contenía una redacción y al modificarse ésta no se dio en sus términos.
Sin embargo, al finalizar el envío de la minuta esta Cámara de Diputados, a través de las propias comisiones unidas, administrativamente resolvimos esta situación y naturalmente el artículo 305 se contiene y se contuvo en los términos acordados por las propias comisiones unidas.
Sin embargo, quiero hacer uso de la tribuna en este momento para lo siguiente. Traigo un documento dirigido al Presidente de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presente; que en sus términos dice lo siguiente:
"Los diputados que integramos la fracción priísta de esta Cámara de Diputados, venimos a manifestar que con fecha 11 de diciembre próximo pasado, el diputado Macario Rodríguez Rivera, miembro del Partido Acción Nacional, en conferencia de prensa desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, abusando de la libertad de expresión de manera irresponsable, imputa graves hechos a legisladores del Partido Revolucionario Institucional, en torno a la reciente aprobación de la Ley del Seguro Social, acusando sus fundamentos..."
El Presidente:
¡Permítame, diputada Esqueda!
¿Con qué objeto, diputado.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul):
¡Moción de orden, señor Presidente! Estamos en el periodo de aclaraciones del acta y la diputada está haciendo uso de la tribuna para dar lectura a un documento de un partido político. Por lo tanto, le pido que se haga la votación del acta de la sesión pasada y que en su momento la diputada haga la manifestación que ella crea pertinente, dentro del orden del día establecido para la sesión del día de hoy.
El Presidente:
Diputada, en términos de la moción hecha, esta Presidencia le pide a usted oriente su intervención en términos de como fue pedido el uso de la palabra por usted.
La diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Gracias, señor Presidente.
Hechas las aclaraciones, continúo.
"...En torno a la reciente aprobación de la Ley del Seguro Social, acusando sin fundamento y sin elementos directamente a la diputación obrera." Concretamente asegura y cito: "que legisladores priístas que hasta un día antes estaban en contra de la reforma a la Ley del IMSS, cedieron en sus principios mediante cañonazos de 60 mil nuevos pesos, mientras el diputado Alejandro Audry,..."
El Presidente:
Señora diputada, por favor...
Miren ustedes, esta Presidencia considera permitir el uso de la palabra y en seguida votamos...
La diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Gracias señor Presidente.
"El diputado Alejandro Audry, presidente de la Comisión de Seguridad Social y que era uno de los principales opositores al proyecto, recibió 200 mil pesos; asimismo consideró que al difundirse este hecho seguramente los diputados obreros van a tener problemas de imagen..."
Sin embargo dijo: "tal vez a ellos esto les tenga sin cuidado porque siempre han actuado así". Esto decía La Jornada del día 12 de diciembre de 1995.
Enérgicamente manifestamos nuestra reprobación a tales declaraciones irresponsables...
El Presidente:
Esta Presidencia le suplica suspender su intervención para hacer la votación respectiva.
La diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Señor, me acojo al 103 en uso de la palabra. ...Irresponsables y sin duda de mala fe, pues es lamentable que quienes se ostentan como dirigentes sindicales en el Estado de Nuevo León, el diputado Macario Rodríguez Rivera pueda emitir juicios de esta naturaleza y en forma tan ligera y sin pruebas y si las tiene, exigimos que en este momento frente al pleno de esta Cámara de Diputados, las presente y, de no ser así, tenga la hombría suficiente para retractarse de esas declaraciones a las que hacemos mención.
De no ser así, esta afrenta que no es al sector obrero solamente sino a la integridad del Poder Legislativo, deberá ser resuelta...
El Presidente:
Esta Presidencia pone a consideración, en votación económica, si continúa usted...
La diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Termino, señor Presidente.
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea... ¿Con qué objeto diputado.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde su curul):
Con objeto simple y sencillamente de hacer una moción de orden y quien preside la sesión es usted y tiene usted todas las facultades para poder poner orden en esta sesión. Estamos en la lectura del acta para su aprobación; la diputada pidió hacer alguna aclaración al acta la cual debió en principio hacer desde su propio curul, no sé por qué usted le otorgó la facultad de llegar a la tribuna y aclarar asuntos que no tienen qué ver con el acta.
Perdónenme, señores, el orden es el que se debe de guardar, entonces en la tribuna ahorita en este momento estamos en la lectura del acta y en su aprobación. Pido a usted respete usted ese orden, se llegue a la aprobación y en su momento cuando corresponda, pueda venir a hacer pronunciamientos de cualquier naturaleza cualquier diputado, pero por lo pronto le pido que como Presidente y que tiene las facultades, haga que obedezcan los demás diputados y que se sujeten al orden establecido en una sesión.
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que en votación económica votemos el acta...
El secretario José Luis Aguilar Martínez:
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente:
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Esqueda, para terminar su aclaración.
La diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Gracias, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente:
Y después el turno será de la diputada Consuelo Botello.
La diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Gracias, señor diputado:
Le ruego, señor diputado, si también es tan gentil en solicitarle a este pleno que puedan guardar atención para escuchar la lectura que voy a dar. Voy a dar inicio de nueva cuenta....
El Presidente:
Les suplicamos, señores diputados, guardar el orden debido y permitir...
La diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Gracias, señor Presidente:
Voy a dar lectura de nueva cuenta a este documento que son dos hojas útiles.
El Presidente:
Diputada, hay una moción por el diputado Fernando Pérez Noriega.
El diputado Fernando Pérez Noriega (desde su curul):
Señor Presidente, con el debido respeto le solicito instruya a la Secretaría dé lectura al artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por favor, señor Presidente, para continuar con mi moción de orden.
El Presidente:
De acuerdo con la moción presentada, se instruye a la Secretaría para que dé lectura al artículo número 30 del reglamento.
El secretario José de la Cruz Martínez López:
Artículo 30. En las sesiones se dará cuenta con los negocios en el orden siguiente:
I. Acta de la sesión anterior para su aprobación. Si ocurriese discusión sobre alguno de los puntos del acta, deberá informar la Secretaría y podrán hacer uso de la palabra dos individuos en pro y dos en contra después de lo cual se consultará la aprobación de la Cámara.
II. Comunicaciones de la otra Cámara, del Ejecutivo de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia, de las legislaturas y de los gobernadores.
III. Iniciativas del Ejecutivo, de las legislaturas y de los individuos de la Cámara.
IV. Dictámenes que consulten proyectos de ley o decreto y que deben sufrir una lectura antes del día señalado para su discusión.
V. Memoriales de los particulares.
VI. Dictámenes señalados para discutirse:
VII. Minutas de ley.
Atendido, señor Presidente.
El diputado Fernando Pérez Noriega (desde su curul):
Señor Presidente; Leído que fue el artículo 30 del Reglamento Interior, con fundamento en el artículo 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicitamos atentamente se cumpla con el precepto legal y se lleve a cabo esta sesión en el orden imperativo establecido en dicho precepto legal y tomando en consideración que ha sido desahogada la fracción I de dicho artículo 30, se pase a la fracción II y siguientes en ese orden establecido, toda vez que existe disposición expresa de cómo deben de manejarse los asuntos en esta sesión de la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, le solicitamos atentamente cumpla con su obligación en los términos del artículo 21 de dicho Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su atención señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que lea el artículo 21 del reglamento en su fracción IV.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Son obligaciones del Presidente:
"IV. Determinar qué asuntos deben ponerse a discusión, prefiriendo los de utilidad general, a no ser que, por moción que hiciere algún individuo de la Cámara, acuerde ésta dar la preferencia a otro negocio."
El Presidente:
En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Esqueda.
La diputada María Claudia Esqueda Llanes:
Gracias, señor Presidente:
Pretenderé terminar de dar lectura al documento que estaba yo presentando en forma breve. El último párrafo que retomo dice:
Enérgicamente manifestamos nuestra reprobación a tales declaraciones irresponsables y sin duda de mala fe, pues es lamentable que quien se ostenta como dirigente sindical en el Estado de Nuevo León, diputado Macario Rodríguez Rivera, pueda emitir juicios de esa naturaleza como los señalados en el periódico La Jornada, con fecha 12 de diciembre pasado y en forma tan ligera, sin pruebas y si las tiene, exigimos que en este momento, frente al pleno de esta Cámara, las presente y de no ser así, tenga la hombría suficiente para retractarse de esas declaraciones que hacemos mención.
De no ser así esta afrenta, que no es al sector obrero solamente, sino a la integridad del Poder Legislativo, deberá ser resuelta con estricto apego a la ley y hasta sus últimas consecuencias, por lo que nos reservamos los derechos que nos corresponden para ejercerlos en el momento oportuno.
Dejamos copia de un documento firmado por toda la legislación y fracción priísta.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Para este mismo asunto, tiene el uso de la palabra la diputada Consuelo Botello.
A ver, tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, para moción.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes (desde su curul):
Señor Presidente, primero nuestra inconformidad por la interpretación que usted hace del reglamento, la facultad que usted usó es para integrar el orden del día, no para dar arbitrariamente el uso de la palabra, como ahora pretende repetirlo, otorgándole la palabra a la diputada Consuelo Botello, que lo ha pedido en el orden que corresponde y usted no puede alterarlo, la diputada Botello solicitó el uso de la palabra y debe de estar integrada en la lista de oradores para otro asunto, señor diputado.
El Presidente:
Si la diputada Consuelo Botello desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo, diputada.
El diputado Fernando Pérez Noriega (desde su curul):
Señor Presidente:
Nuevamente de conformidad con el artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicitamos instruya a la Secretaría dé lectura al orden del día que se va a desahogar el día de hoy.
De igual forma, de continuar usted en esta actitud, solicitaremos, con fundamento en el artículo 22 del reglamento que solicitamos sea leído por la Secretaría.
El Presidente:
Señor diputado, esta Presidencia informa que ya se dio lectura al orden del día.
El diputado Fernando Pérez Noriega (desde su curul):
Que se dé lectura al artículo 22, señor Presidente.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría para que dé lectura al artículo 22 del reglamento.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Artículo 22. Cuando el Presidente no observase las prescripciones de este reglamento, podrá ser reemplazado por el vicepresidente o por el que hiciere sus veces, pero para esto se requiere que alguno de los miembros de la Cámara presente moción, que se adhieran a ella por lo menos dos de los miembros presentes y que ésta, después de sometida a discusión, en que podrán hacer uso de la palabra hasta dos individuos en pro y dos en contra, sea aprobada en votación nominal.
El diputado Fernando Pérez Noriega (desde su curul):
Señor Presidente:
Le suplicamos atentamente se atenga usted al orden del día en los términos del artículo 30 del reglamento y evite usted dar la palabra a los señores legisladores cuando usted, en forma discrecional y fuera de orden lo considera.
El Presidente:
Con mucho gusto, señor diputado.
Se instruye a la Secretaría para que continúe con los asuntos en cartera.
ESTADO DE CAMPECHE
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Campeche.- LV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes la elección de presidente y vicepresidente que coordinará sus trabajos legislativos durante el mes de diciembre del presente año, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, recayendo está responsabilidad en los diputados:
Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, presidente; Samuel Dzib Cambranis, vicepresidente.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, 28 de noviembre de 1995.- Diputados secretarios: Vicente Castellot Castro y Marta Irene Novelo Lara.»
De enterado.
LEY DE AEROPUERTOS
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Aeropuertos.
En atención a que ese dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Hildiberto Ochoa Samayoa:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Honorable Asamblea: a esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Ley de Aeropuertos, aprobada por la Cámara de Senadores, el 23 de noviembre de este año.
Esta comisión, de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 42, 43, fracción II, 48 y 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, de acuerdo con el siguiente:
I. Fundamento constitucional
Conforme a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Suprema, el Congreso de la Unión está facultado "para dictar leyes sobre vías generales de comunicación".
A su vez, la fracción XXIXE del mismo artículo establece la atribución del Poder Legislativo Federal "para la programación, promoción, concertación y ejecución de obras de carácter económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios" y en la fracción XXIX-F de esta misma disposición, se señala la facultad del Congreso de la Unión "para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional".
Por su parte, el artículo 25 de nuestra Constitución señala que "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fortalecimiento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución".
El mencionado artículo también señala que "el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución" y al efecto prescribe que "al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación".
El artículo 25 constitucional señala que el sector público podrá participar, por sí o con los sectores social y privado, en el impulso y organización de las áreas prioritarias del desarrollo.
Por su parte, el artículo 27 de nuestra Constitución Política dispone que "la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana".
Así como que "corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; ...y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional".
Al tenor de lo expuesto, se coligen las facultades del Poder Legislativo Federal para expedir la Ley de Aeropuertos, con base en los siguientes:
II. Antecedentes
1o. Conforme a lo dispuesto en los artículos 73, fracciones XVII, XXIX-E, XXIX-F; 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo tiene facultades para legislar en materia de vías generales de comunicación e inversión extranjera, estando contemplados los criterios para tal efecto en las diversas disposiciones citadas, sobre las siguientes materias: soberanía nacional, rectoría del Estado y otorgamiento de concesiones para el uso y aprovechamiento de bienes del dominio público y la prestación de servicios públicos.
2o. Con base en los ordenamientos ya mencionados, el pasado 16 de noviembre, el Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores como Cámara de origen, la iniciativa de Ley de Aeropuertos.
3o. La colegisladora en sesión celebrada el 23 de noviembre, aprobó dicha iniciativa realizando cambios a la propuesta del Ejecutivo.
4o. Los secretarios de esta Cámara de Diputados dieron cuenta, al pleno, de la minuta con proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Senadores, en sesión celebrada el pasado 23 de noviembre del presente año; hecho lo cual, el Presidente de la mesa directiva acordó turnar la minuta en cuestión a esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que sesionó el 27 y 30 de los corrientes, a efecto de conocer, discutir y dictaminar sobre la minuta en estudio.
5o. Resulta de particular importancia señalar, que esta comisión ha realizado un trabajo permanente, participando en la discusión y análisis de los anteproyectos de la iniciativa de Ley de Aeropuertos, habiéndose efectuado en su conjunto múltiples reuniones y giras de trabajo durante los meses de junio a noviembre del presente año, en las que se expresaron sugerencias y recomendaciones que se detallan en el apartado respectivo del presente dictamen. En tales ocasiones se contó con la asistencia de los diputados de las distintas fracciones parlamentarias que integran esta comisión.
6o. Entre las fechas comprendidas del 20 de junio al 20 de octubre del presente año, se realizaron diversas giras de trabajo con el objeto de analizar las experiencias en la operación y administración de la infraestructura aeroportuaria; habiendo acudido las diferentes fracciones parlamentarias que integran esta comisión, al "Foro Permanente de Legisladores Latinoamericanos de Comisiones de Transportes"; al aeropuerto internacional "Adolfo López Mateos" del Estado de México; al aeropuerto internacional, de la Ciudad de México; al aeropuerto "Francisco J. Mújica" de Morelia, Michoacán; al aeropuerto municipal "Lázaro Cárdenas" de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al aeropuerto internacional "Don Miguel Hidalgo" de Guadalajara, Jalisco; al aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa; asimismo se analizaron varias experiencias internacionales.
7o. A instancia de esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, se realizó una reunión el 15 de agosto del año en curso, entre integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de comentar los elementos fundamentales del anteproyecto de ley de infraestructura aeroportuaria, reunión en la que se presenta una evaluación de los distintos esquemas internacionales del manejo aeroportuario, observados en sistemas de control directo del sistema aeroportuario por parte del Estado, así como los cambios realizados en la creación de administraciones aeroportuarias autónomas y privadas.
8o. El 29 de septiembre, la Comisión de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo una reunión en la que el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comunicaciones y Transportes, puso a consideración de los legisladores los lineamientos básicos del anteproyecto de ley aeroportuaria; en un ambiente de respeto y colaboración entre legisladores y autoridades del sector, se emitieron comentarios que enriquecieron el anteproyecto de referencia.
9o. El 8 de noviembre se llevó a cabo una reunión entre esta comisión legislativa y el secretario del ramo, en la que se puso a consideración de los legisladores, el borrador de "Ley de Aeródromos Civiles", para su análisis.
En respuesta, las fracciones parlamentarias que integran esta comisión legislativa, expresaron por escrito sus propuestas, mismas que en su momento fueron analizadas e incorporadas en el cuerpo de la iniciativa que se dictamina.
10. El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo una reunión en conferencia entre las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Quinta Sección de la Cámara de Senadores y la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta Cámara, de la que se desprendieron nuevamente propuestas concretas que fueron incluidas por la colegisladora en la iniciativa de referencia.
De acuerdo con los antecedentes expresados, esta Comisión de Comunicaciones y Transportes se permite presentar las siguientes:
III. Consideraciones
El pasado 25 de abril durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó con 350 votos a favor, en lo general, la Ley de Aviación Civil, como un primer paso para avanzar en un marco regulatorio más adecuado a las necesidades actuales y perspectivas del sector aeronáutico del país.
En el dictamen correspondiente se estableció que: "el desarrollo futuro del país demanda de un sector comunicaciones y transportes más eficiente y para ello requiere actuar en los siguientes ámbitos: fortalecer el papel del Estado como rector, regulador y promotor, alentar la participación privada conforme lo establezca el marco legal y reordenar la estructura organizacional y jurídica del sector".
Asimismo se recomendó que: "es necesario avanzar de inmediato en el marco regulatorio que corresponde a la infraestructura aeroportuaria y a sus servicios auxiliares".
Por tanto, con el proyecto de ley de aeropuertos se continúa fortaleciendo el marco regulatorio de la infraestructura básica del país y se sumaría, en caso de merecer la aprobación de esta Asamblea, a los ordenamientos aprobados por el Congreso en materia de ferrocarriles, telecomunicaciones y la ya mencionada Ley de Aviación Civil.
Conviene mencionar que de aprobarse el presente proyecto contenido en la minuta remitida por el Senado, el sector comunicaciones y transportes contaría con un marco jurídico uniforme y actualizado de acuerdo a la dinámica evolución del sector, ya que la normatividad en materia de infraestructura aeroportuaria data de 1940.
1. Situación actual del sistema aeroportuario en México
La infraestructura aeroportuaria nacional comprende más de 1 mil 500 aeródromos, mismos que presentan características muy variadas. Del total de aeródromos 83 son de servicio público, correspondiendo 58 a la red operada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Al respecto, se puede afirmar que en términos generales, México cuenta con un buen nivel de infraestructura aeroportuaria, ocupando el nivel más alto entre los países de latinoamérica.
ASA fue creada en 1965, con la responsabilidad de administrar, planear y operar 31 aeropuertos que formaban la red federal. En los últimos 30 años ASA ha crecido llegando a operar los 58 aeropuertos ya mencionados, de los cuales 42 son internacionales.
En 30 años la red aeroportuaria pasó de transportar 5.0 millones de pasajeros en 1965 a 56.8 millones en 1994, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual de 8.7%, muy superior a la del crecimiento del producto interno bruto en el periodo y al mismo crecimiento de la población. Los principales aeropuertos administrados por ASA son: Acapulco, Puerto Vallarta, Monterrey, Tijuana, Cancún, Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estos aeropuertos concentraron en 1994 el manejo del mayor número de pasajeros de la red (71%); el de operaciones (47%); los ingresos de los siete aeropuertos representaron en ese año el 74% del total y los costos el 69%. Cabe señalar que con mucho el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el más importante de la red.
El control presupuestal de ASA es a través del Gobierno Federal y los recursos para su operación son aprobados anualmente por este Congreso. En un esquema de menor a mayor participación privada en la infraestructura aeroportuaria, México se ubica a nivel intermedio, ya que por un lado es un organismo público descentralizado que tiene bajo su responsabilidad la administración de una buena parte de la red, pero existen servicios ya concesionados al sector privado y un buen número de aeródromos también privados que tienen qué ser regulados de manera estricta, a fin de evitar un mal uso de ellos, cuestión que a juicio de esta dictaminadora contempla el proyecto de ley que se propone a este pleno.
Si bien es cierto que el sector no presenta problemas en materia financiera en el corto plazo, en buena medida por la canalización de subsidios cruzados entre aeropuertos, sí requiere actualizarse el marco regulatorio a fin de por un lado, contar con mayores recursos para hacer frente a la demanda de servicios aeroportuarios y mejorar las condiciones de eficiencia y seguridad en la operación de la red aeroportuaria; y por otro, buscar que los aeropuertos además de cumplir con la función social que de ellos se demanda, se conviertan en centros de actividad económica.
Además, los reducidos márgenes presupuestales hacen prever que el sector aeroportuario no contará con los recursos suficientes para que solamente el Estado participe en él. Sobre todo en proyectos tan importantes como el que eventualmente se lleve a cabo para la construcción del aeropuerto complementario al de la Ciudad de México, cuyo nivel de saturación está ya próximo.
En síntesis, los principales problemas de la red aeroportuaria se pueden resumir de la siguiente manera:
Estructura organizacional altamente centralizada que limita la autonomía de gestión de los aeropuertos.
Poco involucramiento de autoridades e intereses locales.
Ineficiencias en la asignación de recursos y limitada capacidad financiera que se reflejan en aeropuertos no rentables, carencia de recursos fiscales para evitar rezagos que amplíen la capacidad de aeropuertos o bien evitar retrasos en inversiones de mantenimiento.
2. Experiencia internacional
Se observan a nivel mundial diferentes esquemas en la organización institucional de los aeropuertos. Sin embargo, existen dos aspectos relevantes que aparecen como constantes en prácticamente todos los casos: la orientación cada vez más comercial que han adoptado los aeropuertos y la creciente participación privada en los diferentes renglones de la actividad.
Durante la última década, los países con mayor desarrollo aeroportuario han introducido elementos empresariales, como una manera más eficiente de alcanzar los objetivos públicos de los aeropuertos. En este sentido, las estructuras han evolucionado hacia un manejo descentralizado a través de corporaciones o empresas públicas con una alta independencia en su gestión administrativa. Actualmente, la mayor parte del tráfico de pasajeros en el mundo se maneja bajo este esquema.
Como parte de este proceso, recientemente en el Reino Unido, Austria, Australia y Dinamarca, se ha abierto la participación privada en lo referente a la propiedad y el control corporativo de aeropuertos de manera integral y con resultados favorables. Asimismo, debido a las implicaciones potenciales en el bienestar público, se han mantenido en mayor o menor medida la participación regulatoria de organismos gubernamentales. El análisis de varios casos permite ver que con esquemas de mayor apertura, se logran resultados importantes en materia de rentabilidad y recursos para financiar el desarrollo aeroportuario.
En diversas experiencias internacionales exitosas se ha buscado:
Alcanzar un balance adecuado entre el interés público y el privado en las operaciones aeroportuarias.
La promoción de un alto nivel de competencia entre aeropuertos.
Proteger y promover la inversión en infraestructura aeroportuaria.
Liberar recursos fiscales para destinarlos a otras prioridades.
Encauzar al sector para promover sus aspectos comerciales, de innovación, orientado al servicio y el cambio del papel del Gobierno para centrarse en las líneas de política y en la planeación integral del sector.
Resulta importante señalar que grupos plurales de diputados miembros de esta comisión dictaminadora, participaron en diversos encuentros con expertos y administradores de la infraestructura aeroportuaria y de los servicios que involucra, lo que ha permitido contar con mejores elementos de juicio para dictaminar la minuta remitida por el Senado de la República.
III. Contenido de la iniciativa de la Ley de Aeropuertos
Es indispensable reconocer que esta iniciativa es el resultado de un intercambio de ideas y propuestas, así como de una nueva forma de trabajo, abierta y respetuosa, de los miembros de las comisiones de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con el Ejecutivo Federal. La iniciativa, además, se ha enriquecido con las aportaciones de diversos agentes del sector aeroportuario.
La exposición de motivos con la que se remitió la iniciativa a la colegisladora, señala que el proyecto de ley de aeropuertos se propone alcanzar los siguientes objetivos fundamentales:
"Primero. Promover el desarrollo de un sistema aeroportuario seguro, suficiente y moderno, que permita su rentabilidad económica y social; mejore la calidad y eficiencia operativa de sus servicios y lo vincule productivamente a la consolidación del sistema de transporte multimodal y a un crecimiento regional equilibrado.
Segundo. Actualizar y definir el marco jurídico aplicable a los aeródromos civiles, fortaleciendo la rectoría del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como dependencia reguladora.
Tercero. Otorgar certidumbre al inversionista a través de reglas claras de participación, así como mediante condiciones competitivas y no discriminatorias que faciliten una mayor participación del capital privado en proyectos de infraestructura aeroportuaria, cuidando escrupulosamente los aspectos de solvencia moral y financiera de los participantes.
Cuarto. Definir las características generales que normarán el otorgamiento de concesiones y permisos para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos civiles, así como precisar el carácter de servicio público que tendrán los aeropuertos.
Quinto. Precisar lineamientos claros para el diseño y aplicación de esquemas óptimos de seguridad y vigilancia en los aeródromos civiles, así como para la formulación de medidas que procuren una mayor protección del medio ambiente." Bajo este marco, mismo que comparte la comisión dictaminadora, cabe señalar que el proyecto de Ley de Aeropuertos consta de 15 capítulos, 85 artículos y siete transitorios, en los cuales se establece que tiene por objeto regular la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, a los cuales considera como parte integrante de las vías generales de comunicación.
En el Capítulo I, se considera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como la autoridad aeroportuaria, otorgándole, entre otras, las siguientes atribuciones:
Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil:
Construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles y prestar los servicios, cuando así lo requiera el interés público:
Otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación:
Establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves:
Fijar las bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria, de los servicios, así como establecer las condiciones mínimas de operación con las que deberán contar los aeródromos civiles según su naturaleza y categorías.
El Capítulo II también señala que se nombrará a un comandante de aeródromo, que representará a la autoridad y ejercerá sus atribuciones en los aeródromos civiles, dentro de la adscripción territorial que expresamente le sea determinada por la misma.
El artículo 7o., dice que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades deberán programar, coordinar y realizar sus actividades en forma tal que no impidan la eficiencia general en la operación de los aeródromos civiles y en la prestación de los servicios.
Una de las disposiciones que deja claro el papel rector y regulador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la que establece que como autoridad aeroportuaria, deberá llevar a cabo todos aquellos actos en el interior de los aeródromos civiles, que sean necesarios para la debida coordinación entre las autoridades que actúen en los mismos.
Queda bajo la responsabilidad del Estado, la prestación de los servicios de control de tránsito aéreo, radioayudas, telecomunicaciones e información aeronáuticas.
El Capítulo III se dedica a lo que de hecho es el cambio más importante que propone el proyecto de ley: la regulación y normatividad de las concesiones y permisos en materia aeroportuaria.
Respecto a las concesiones el proyecto señala que:
Se requiere concesión para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos.
Las concesiones se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles, constituidas conforme a las leyes mexicanas e incluirán las actividades de administración, operación, explotación y, en su caso, construcción.
Las concesiones se otorgarán mediante licitación pública.
No obstante, la Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, en los siguientes casos: a los permisionarios de aeródromos civiles en operación que pretendan adoptar el carácter de aeropuerto y a los concesionarios que requieran un aeropuerto complementario, con objeto de satisfacer un incremento en la demanda.
La Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, a las entidades de la administración pública federal y a las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de los gobiernos estatales o municipales.
Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 50 años y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que no exceda de 50 años adicionales, siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en el título respectivo y lo solicite antes de que den inicio los últimos cinco años de la vigencia de la concesión y acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría.
Por lo que toca a los permisos el proyecto de ley propone que:
La Secretaría otorgue permisos a personas físicas o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos civiles distintos a los aeropuertos.
Los permisos se otorgarán previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el proyecto de ley y sus reglamentos; por los plazos que señale el permiso respectivo, pero en ningún caso podrán exceder de 30 años y podrán ser prorrogados por tiempo determinado, siempre que se hubiese cumplido con lo previsto en el título y se acepten las nuevas condiciones que establezca la autoridad.
Los interesados en obtener permiso deberán acreditar, como mínimo y según la naturaleza del aeródromo civil de que se trate, lo siguiente: la capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, para asegurar que se opere en condiciones de calidad y seguridad; y la acreditación legal de la posibilidad de usar y aprovechar el terreno para establecer instalaciones necesarias para prestar los servicios, según se trate, que cumpla con requisitos técnicos de seguridad y disposiciones en materia ambiental y cuente con el personal técnico y administrativo capacitado.
En el artículo 19 se establece que la inversión extranjera podrá participar hasta el 49% en el capital de las sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público, en los términos de la ley de la materia.
En el artículo 20 se señala que cuando se trate de bienes del dominio público de la Federación, al término de la concesión otorgada sobre los mismos, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado revertirán en favor de la nación.
Cabe señalar que para el otorgamiento de concesiones y permisos se deberá contar con la opinión de una comisión intersecretarial, que tendrá por objeto conocer las propuestas que al efecto presente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para lo cual deberá atender principalmente a criterios de capacidad jurídica, administrativa y financiera de los posibles concesionarios o permisionarios.
Esta comisión intersecretarial se constituirá mediante acuerdo del Ejecutivo Federal; en todo caso, formarán parte de la misma la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República; será presidida por la Secretaría y conocerá de los asuntos que el propio acuerdo señale.
La autoridad mantiene la rectoría y el control para establecer las condiciones de construcción y conservación de los aeródromos civiles. Asimismo, en el artículo 36 se establece que los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada.
Con el fin de que la infraestructura garantice calidad y eficiencia, el concesionario deberá elaborar un programa maestro de desarrollo, revisable cada cinco años, el cual una vez autorizado por la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional en el ámbito de su competencia, con base en las políticas y programas establecidos para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, será parte integrante del título de concesión.
El permisionario de un aeródromo de servicio al público deberá elaborar un programa indicativo de inversiones en materia de construcción, conservación y mantenimiento, en el que se incluyan medidas específicas relacionadas con la seguridad y la protección al ambiente.
Uno de los aspectos básicos del proyecto lo constituye el hecho de que los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y protección ambiental, que correspondan. En el caso de los aeropuertos se conformarán comisiones consultivas, las cuales estarán formadas, entre otros, con representantes del gobierno estatal y municipal, así como de las cámaras de comercio, turismo e industria de la región, de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo que operen en el aeropuerto y del administrador aeroportuario.
Esta comisión coadyuvará en la promoción del aeropuerto y podrá emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana y turística, así como el equilibrio ecológico de la zona, para lo cual el administrador del aeropuerto deberá informar a la comisión sobre el programa maestro de desarrollo y sus modificaciones, así como los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización del aeropuerto.
El Capítulo VII describe el tipo de servicios que se prestarán en los aeródromos civiles, los cuales son:
Servicios aeroportuarios
Los que le corresponde prestar originariamente al concesionario o permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil y que pueden proporcionarse directamente o a través de terceros que designe y contrate. Estos servicios incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil y a la extinción de incendios y rescate, entre otros.
Servicios complementarios
Los que pueden ser prestados por los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, para sí mismos o para otros usuarios o por terceros que aquellos designen. Estos servicios incluyen, entre otros, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, avituallamiento, almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación de aeronaves.
Servicios comerciales
Los que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeródromo civil y que no son esenciales para la operación del mismo ni de las aeronaves. Estos servicios pueden ser prestados directamente por el concesionario o permisionario o por terceros que con él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros.
El artículo 61 del proyecto de ley que se dictamina señala que en cada aeropuerto se constituirá un comité de operación y horarios que estará integrado por el concesionario del aeropuerto a través del administrador aeroportuario, por el comandante de aeródromo y por las demás autoridades civiles y militares que intervienen en el mismo, así como por los representantes de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y de los prestadores de servicios.
En materia de tarifas y precios el proyecto propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación de los servicios aeroportuarios y para los arrendamientos y contraprestaciones relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebran con los prestadores de servicios complementarios, cuando no existan condiciones razonables de competencia, de acuerdo con la opinión de la Comisión Federal de Competencia.
En cuanto a la seguridad, el artículo 71 propone que la vigilancia interna en los aeródromos civiles será responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestará conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.
Empero, en situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, carga, correo, instalaciones y equipo.
En el artículo 73, se señala que a nivel nacional deberá existir un comité de seguridad aeroportuaria integrado de conformidad con el reglamento respectivo, que será el encargado de emitir el programa nacional de seguridad aeroportuaria conforme a los lineamientos que señale la autoridad.
El proyecto presta singular relevancia al hecho de que en los aeródromos civiles los concesionarios y permisionarios deberán observar las disposiciones aplicables en materia de protección al ambiente; particularmente en lo que les corresponda respecto a la atenuación del ruido y al control efectivo de la contaminación del aire, agua y suelo, tanto en sus instalaciones como en su zona de protección.
IV. Modificaciones a la iniciativa
Conforme lo señala la minuta remitida por el Senado de la República a esta soberanía, en cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno de las comisiones codictaminadoras del Senado de la República, el martes 21 y el miércoles 22 de noviembre, se realizaron reuniones conferencia con la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados. De los acuerdos tomados en éstas, fue modificada la iniciativa presidencial, conforme a las recomendaciones siguientes:
1o. En la fracción IV del artículo 6o, a propuesta de la comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se especificó que las bases para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, son generales.
2o. En el artículo 11 fracción IV, inciso f, se establecen los criterios con que se selecciona al ganador del concurso mediante el cual se otorga una concesión. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, se reformó el inciso de referencia para flexibilizar, de acuerdo a cada caso concreto, tales criterios.
3o. En el segundo párrafo del artículo 17, a propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se especificó que los permisos para aeródromos de servicio general, se otorgarán exclusivamente a sociedades mercantiles mexicanas.
4o. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, en el primer párrafo del artículo 29, se adicionó la restricción de que, directa o indirectamente los concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales, sólo podrán suscribir individualmente o en su conjunto, hasta el 5% de las acciones ordinarias del capital social de una sociedad mercantil concesionaria de un aeropuerto o de su controladora.
5o. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, por técnica legislativa, se eliminó el segundo párrafo del artículo 46.
6o. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se estableció en el segundo párrafo del artículo 20, el derecho de reversión a favor de la nación, al término del plazo de la concesión de bienes del dominio público de la Federación.
7o. Con objeto de propiciar el desarrollo aeroportuario regional, a propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se establece en el párrafo segundo del artículo 14 la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en la asignación de concesiones para la operación, explotación y en su caso, construcción de aeropuertos.
8o. A fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se establece en el artículo cuarto transitorio, la garantía de que "con las concesiones, permisos y autorizaciones que se otorguen con motivo de la presente ley, no se afectarán los derechos de los trabajadores".
9o. En el importante renglón de la protección del medio ambiente, a propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se establece en el artículo 74 de esta ley la obligación por parte de "concesionarios y permisionarios de observar las disposiciones aplicables en materia de protección al ambiente; particularmente en lo que les corresponda respecto a la atenuación del ruido y al control efectivo de la contaminación del aire, agua y suelo".
10. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, se aclaró el párrafo segundo del artículo 53, para quedar como sigue: "los servicios aeroportuarios se prestarán en forma gratuita a las aeronaves de Estado, militares y aquellas que realicen funciones de seguridad nacional".
11. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, se sustituyó en el artículo 64 la expresión "reglamentos respectivos" por la de "disposiciones jurídicas a que se refiere el artículo 41 de esta ley".
12. En el artículo 67, a fin de agilizar el proceso para establecer bases de regulación tarifaria y de precios, para la prestación de los servicios aeroportuarios, los arrendamientos y contraprestaciones relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebren con los prestadores de servicios complementarios, cuando no existan condiciones razonables de competencia, se suprimió la referencia de que la opinión de la Comisión Federal de Competencia debía ser previa.
Cabe señalar que en el transcurso de la discusión de los anteproyectos de la iniciativa, ambas cámaras realizaron diversas aportaciones que se incluyeron en el proyecto de ley que finalmente se turnó al Senado de la República como Cámara de origen.
V. Recomendaciones
Con base en todo lo anterior, esta comisión dictaminadora hace suyas las recomendaciones contenidas en la minuta del Senado de la República, mismas que señalan:
"Primera. De aprobarse la ley, materia de este dictamen, las dictaminadoras consideran necesario diagnosticar el actual sistema aeroportuario nacional, a fin de que, con la participación del Congreso, se formule un marco estratégico definido de reestructuración y concesión de aeropuertos, integrando al grupo de trabajo para llevar a cabo la evaluación de esquemas administrativos, de propiedad, de operación y financieros a las comisiones de Comunicaciones y Transportes de la LVI Legislatura Federal.
Segunda. La autoridad administrativa, en términos de la fracción I del artículo 89 constitucional, debe actualizar y definir el marco reglamentario aplicable a los aeródromos civiles.
Tercera. Estas comisiones consideran necesario resaltar un aspecto conexo, que no siendo susceptible de legislarse por esta vía, conviene considerar respecto de la Ley Federal de Derechos; a fin de que los propietarios de aeronaves dedicadas al combate de plagas y a la enseñanza, así como los particulares dedicados a la actividad pecuaria o forestal que pretendan construir un aeródromo de servicio particular, vean reducido al mínimo el pago de derechos por estas materias y de ser así conveniente se disponga que no realicen pago alguno.
Cuarta. Es necesario reconsiderar el marco jurídico que determina el impuesto predial respecto de los bienes de dominio público de la Federación afectos a la prestación de servicios públicos.
Quinta. En el otorgamiento de concesiones y permisos se recomienda al Ejecutivo Federal obtenga el máximo posible de beneficios para la nación, derivados del patrimonio a cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, considerando integralmente su impacto en la economía.
Además, esta dictaminadora emite las recomendaciones adicionales siguientes:
Primera. Corresponderá a la Cámara de Diputados a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, conforme a las disposiciones aplicables, el verificar que la autoridad aeroportuaria cumpla con el marco regulatorio que se propone aprobar.
Segunda. Se deberá buscar el mejoramiento de la eficiencia operativa y económica, evitando subsidios cruzados que generen prácticas desleales de competencia. Los aeropuertos de la red y los que se llegasen a construir, deberán ajustarse a estas condiciones.
Tercera. La autoridad deberá promover el desarrollo del sistema de transporte multimodal, que contribuya a la integración nacional, que garantice los niveles de calidad de servicio y que responda a tarifas justas y razonables.
Cuarta. Los estados y municipios podrán participar activamente en el desarrollo de los aeropuertos, a fin de que con su participación los proyectos aeroportuarios sean detonadores del desarrollo regional y nacional.
Quinta. En la aplicación y control del marco regulatorio que se propone aprobar, se deberán reforzar los mecanismos para evitar prácticas monopólicas, que alienten y den certeza a un mayor número de participantes en el sector.
Sexta. Que sean respetados los términos de los contratos y convenios de coinversión o de arrendamiento suscritos con anterioridad a la presente ley.
Séptima. El nombramiento del comandante de aeródromo, deberá ser sujeto a un análisis exhaustivo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Octava. En cuanto a las concesiones que permitan la participación de la inversión privada, se respeten los derechos de los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables.
Novena. Que el Ejecutivo Federal sea cuidadoso en el análisis y evaluación de las propuestas técnicas y financieras, a fin de que los compromisos contraídos por concesionarios o permisionarios queden debidamente establecidos y sean cabalmente cumplidos.
Décima. En los plazos de concesiones o permisos se tome en cuenta si son sobre aeropuertos en operación o de nueva construcción.
Decimaprimera. El órgano u organismo encargado de los servicios de control de tránsito aéreo, radio ayudas, telecomunicaciones e información aeronáutica, disponga de los recursos necesarios, que le permitan cumplir cabalmente con sus objetivos.
Decimasegunda. En los reglamentos que se deriven de esta ley, se incluya un apartado especial sobre la comisión consultiva, misma que en su reglamentación particular establezca las condiciones adecuadas al cumplimiento de sus funciones.
Decimatercera. Sin contravenir lo establecido en esta ley, a los interesados en obtener permisos para la construcción u operación de aeródromos particulares se les asegure un esquema flexible, para que, tomando en cuenta su naturaleza y clasificación, se cubran los requisitos exigibles para obtenerlos.
Por lo antes expuesto y con base en el análisis que esta comisión realizó de la minuta con proyecto de ley de aeropuertos remitida por la Cámara de Senadores, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE LEY DE AEROPUERTOS
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, los cuales son parte integrante de las vías generales de comunicación.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Aeródromo civil: área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación.
Los aeródromos civiles se clasifican en aeródromos de servicio al público y aeródromos de servicio particular:
II. Aeródromo de servicio al público: aeródromo civil en el que existe la obligación de prestar servicios aeroportuarios y complementarios de manera general e indiscriminada a los usuarios.
Los aeródromos de servicio al público incluyen, en los términos de la presente ley, a los aeropuertos, que son de servicio público y están sujetos a concesión y a los aeródromos de servicio general, sujetos a permiso:
III. Aeródromo de servicio general: aeródromo de servicio al público, distinto a los aeropuertos, destinado a la atención de las aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial:
IV. Aeródromo de servicio particular: aeródromo civil destinado a los propios fines del permisionario o a los de terceros con quienes libremente contrate:
V. Aeródromo internacional: aeródromo de servicio al público declarado internacional por el Ejecutivo Federal y habilitado, de conformidad con las disposiciones aplicables, con infraestructura, instalaciones y equipos adecuados para atender a las aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo internacional y que cuenta con autoridades competentes:
VI. Aeropuerto: aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial.
Unicamente los aeródromos civiles que tengan el carácter de aeropuerto podrán prestar servicio a las aeronaves de transporte aéreo regular:
VII. Administrador aeroportuario: persona física designada por el concesionario o permisionario de un aeródromo civil, que tendrá a su cargo la coordinación de las actividades de administración y operación que se realicen dentro del mismo:
VIII. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:
IX. Servicios: comprenden los aeroportuarios, complementarios y comerciales:
X. Zona de protección: espacio aéreo de dimensiones definidas, destinado a proteger los procedimientos de aproximación y salida de las aeronaves en los aeródromos civiles.
Artículo 3o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles.
Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que aquellas que surjan entre particulares puedan someterse a arbitraje, de conformidad con las disposiciones aplicables.
En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de aeropuertos.
Artículo 4o. Los aeródromos civiles se rigen por lo previsto en la presente ley, por los tratados internacionales y a falta de disposición expresa, se aplicará:
I. La Ley de Vías Generales de Comunicación:
II. La Ley General de Bienes Nacionales:
III. La Ley de Aviación Civil:
IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo:
V. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización:
VI. Los códigos de Comercio; Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 5o. Los aeródromos civiles según sus características en cuanto a infraestructura, instalaciones, equipos y servicios, se clasificarán en categorías, en los términos que establezca el reglamento respectivo.
CAPITULO II
De la autoridad aeroportuaria
Artículo 6o. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:
I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil:
II. Construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles y prestar los servicios, cuando así lo requiera el interés público:
III. Otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación:
IV. Establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves:
V. Fijar las bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria de los servicios, así como establecer las condiciones mínimas de operación con las que deberán contar los aeródromos civiles según su naturaleza y categorías:
VI. Establecer las normas básicas de seguridad en los aeródromos civiles:
VII. Disponer el cierre parcial o total de aeródromos civiles, cuando no reúnan las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas:
VIII. Vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar aeródromos civiles:
IX. Llevar el registro aeronáutico mexicano, a efecto de incluir las inscripciones relacionadas con aeródromos civiles:
X. Imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo previsto en esta ley:
XI. Interpretar la presente ley y sus reglamentos para efectos administrativos:
XII. Las demás que le otorguen esta ley y otros ordenamientos.
Artículo 7o. El comandante de aeródromo representará a la Secretaría en su carácter de autoridad aeroportuaria y ejercerá sus atribuciones en los aeródromos civiles, dentro de la adscripción territorial que expresamente le sea determinada por la misma.
En el ejercicio de sus funciones levantará actas administrativas; coordinará sus actividades con las demás autoridades civiles y militares que ejerzan funciones en el aeródromo civil; verificará que los sistemas de emergencia se encuentren en óptimas condiciones de uso; reportará a las autoridades competentes todas aquellas situaciones que deban ser hechas de su conocimiento y en general, realizará los actos indispensables que se requieran para hacer efectivas las atribuciones de la Secretaría.
Artículo 8o. Las autoridades competentes realizarán las acciones necesarias para el adecuado ejercicio de las atribuciones que les correspondan en los aeródromos civiles, para lo cual éstas deberán contar con áreas e instalaciones apropiadas en los mismos.
En el ejercicio de sus funciones, las autoridades deberán programar, coordinar y realizar sus actividades en forma tal que no impidan la eficiencia general en la operación de los aeródromos civiles y en la prestación de los servicios. Asimismo deberán contar con el personal capacitado, suficiente y adecuado, de acuerdo a los horarios, número de pasajeros y operaciones.
La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, deberá llevar a cabo todos aquellos actos en el interior de los aeródromos civiles que sean necesarios para la debida coordinación entre las autoridades que actúen en los mismos.
Artículo 9o. Corresponderá al Estado, por conducto del órgano u organismo que al efecto designe, la prestación de los servicios de control de tránsito aéreo, radio ayudas, telecomunicaciones e información aeronáuticas.
CAPITULO III
De las concesiones y de los permisos
SECCION PRIMERA
De las concesiones
Artículo 10. Se requiere concesión otorgada por la Secretaría para la administración, operación, explotación y en su caso, construcción de aeropuertos.
Las concesiones a que se refiere este artículo se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas e incluirán las actividades de administración, operación, explotación y en su caso, construcción.
Artículo 11. Las concesiones a que se refiere esta sección se otorgarán mediante licitación pública, conforme a lo siguiente:
I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que se presenten proposiciones en presencia de los participantes:
II. Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo máximo de 180 días naturales, expedirá la convocatoria; o señalará al propio interesado las razones de la improcedencia de su petición:
III. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en por lo menos, un periódico de amplia circulación de la entidad federativa en donde se encuentre o pretenda establecer el aeropuerto:
IV. Las bases del concurso incluirán, como mínimo:
a) La descripción del proyecto:
b) La descripción de los terrenos y de su situación jurídica:
c) Las modalidades de operación y los servicios que se podrán prestar:
d) Las condiciones de seguridad con que debe contar el aeropuerto:
e) La vigencia de la concesión:
f) Los criterios con que se seleccionará el ganador, que podrán tomar en cuenta, entre otros, los niveles de calidad ofrecidos, el monto de las inversiones requeridas, las especificaciones técnicas propuestas, la capacidad de operación, las tarifas y las contraprestaciones ofrecidas al Estado:
V. Los interesados deberán acreditar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, debiendo señalar previamente:
a) Aquellas actividades cuya ejecución pretendan contratar con terceros:
b) En su caso, demostrar legalmente la posibilidad de usar y aprovechar el terreno para establecer las instalaciones necesarias para prestar los servicios, según se trate:
c) Que cumple con los requisitos técnicos de seguridad y disposiciones en materia ambiental:
d) Que cuenta con el personal técnico y administrativo capacitado:
VI. La Secretaría emitirá el fallo con base en el análisis comparativo de las proposiciones recibidas, el cual será dado a conocer a todos los participantes;
VII. La Secretaría, en su caso, otorgará la concesión dentro del plazo señalado en las bases correspondientes y un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del concesionario:
VIII. No se otorgará la concesión cuando las proposiciones presentadas no ofrezcan las mejores condiciones para el desarrollo aeroportuario nacional; no cumplan con los requisitos de las bases de la licitación, así como con las especificaciones técnicas o de seguridad del aeropuerto o por causas que pudieran afectar la soberanía y seguridad nacional o bien las proposiciones económicas que, en su caso se presenten, no sean satisfactorias a juicio de la secretaría. En estos casos se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.
Artículo 12. La Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, en los siguientes casos:
I. A los permisionarios de aeródromos civiles en operación que pretendan adoptar el carácter de aeropuerto, siempre que el cambio propuesto sea congruente con las políticas y programas para el desarrollo aeroportuario nacional, el aeródromo civil haya estado en operación continua por lo menos los últimos cinco años y se cumpla con los requisitos para la concesión de que se trate:
II. A los concesionarios que requieran un aeropuerto complementario, con objeto de satisfacer un incremento en la demanda y siempre que se demuestre que dicho incremento es necesario para ampliar la capacidad existente con otro aeropuerto; que la operación de ambos aeropuertos por el mismo concesionario será económicamente más eficiente, en comparación con otras opciones, para lograr una mejor coordinación y prestación de los servicios; que se ha cumplido con las obligaciones establecidas en el título de concesión y que se reúnen los requisitos que al efecto se señalen, para la nueva concesión.
Cuando por causas de interés público se ordene la reubicación de un aeropuerto, el concesionario del mismo tendrá derecho a recibir en forma directa la nueva concesión, si cumple con los requisitos establecidos.
Artículo 13. En caso de que los concesionarios a que hace referencia el artículo 12, no manifiesten interés en recibir la nueva concesión, se seguirán los procedimientos establecidos en esta ley para otorgarla.
Artículo 14. La Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, a las entidades de la administración pública federal.
Asimismo, la Secretaría podrá asignar concesiones a las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios, constituidas para la administración, operación, explotación y en su caso, construcción de aeropuertos.
En todos los casos, los concesionarios deberán cumplir con lo previsto en la presente ley y sus reglamentos.
La Secretaría se reserva la facultad de restringir la cesión de derechos de las concesiones otorgadas de conformidad con este artículo.
Artículo 15. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 50 años y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones hasta por un plazo que no exceda de 50 años adicionales, siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en el título respectivo y lo solicite antes de que den inicio los últimos cinco años de la vigencia de la concesión y acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría.
Artículo 16. Los aeropuertos construidos sobre bienes del dominio particular deberán ser utilizados, durante el tiempo de vigencia de la concesión, exclusivamente para su objeto, aun en el caso de que fueran gravados o enajenados, salvo autorización previa de la Secretaría. Esta limitación deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.
Al término de la concesión y para mantener en operación el aeropuerto, la Federación tendrá derecho de preferencia para la adquisición del mismo, mediante avalúo que se lleve a cabo de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables o, en caso de que el propietario prefiera mantener su propiedad, para su arrendamiento.
SECCION SEGUNDA
De los permisos
Artículo 17. La Secretaría otorgará permisos a personas físicas o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, para la administración, operación, explotación y en su caso, construcción de aeródromos civiles distintos a los aeropuertos.
Para aeródromos de servicio general, el permiso se otorgará exclusivamente a sociedades mercantiles mexicanas e incluirán las actividades de administración, operación, explotación y en su caso, construcción.
Los permisos se otorgarán previo cumplimiento de los requisitos exigidos en esta ley y sus reglamentos, por los plazos que señale el permiso respectivo, pero en ningún caso podrán exceder de 30 años y podrán ser prorrogados por tiempo determinado, siempre que se hubiese cumplido con lo previsto en el título y se acepten las nuevas condiciones que establezca la Secretaría.
Artículo 18. Los interesados en obtener permiso deberán acreditar, como mínimo y según la naturaleza del aeródromo civil de que se trate, lo siguiente:
I. La capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, para asegurar que se opere en condiciones de calidad y seguridad:
II. La acreditación legal de la posibilidad de usar y aprovechar el terreno para establecer instalaciones necesarias para prestar los servicios, según se trate, que cumpla con requisitos técnicos de seguridad y disposiciones en materia ambiental y cuente con el personal técnico y administrativo capacitado.
La resolución de la Secretaría sobre el otorgamiento de permisos, deberá emitirse en un plazo que no exceda de 90 días naturales, contado a partir de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente integrada.
SECCION TERCERA
Disposiciones comunes
Artículo 19. La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% en el capital de las sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público.
Se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para que la inversión a que se refiere el párrafo anterior participe en un porcentaje mayor. Dicha comisión deberá considerar al resolver, que se propicie el desarrollo regional y tecnológico y se salvaguarde la integridad soberana de la nación.
Artículo 20. Cuando se trate de bienes del dominio público de la Federación, la Secretaría también podrá concesionar su uso y aprovechamiento en los términos de la ley de la materia. La duración de esta concesión se sujetará a la vigencia de la concesión o permiso otorgado de conformidad con la sección primera y segunda de este capítulo.
Al término del plazo de la concesión de bienes del dominio público de la Federación, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado revertirán en favor de la nación.
Artículo 21. Para el otorgamiento de concesiones y permisos previstos en esta ley, se deberá contar con la opinión de una comisión intersecretarial, que tendrá por objeto conocer las propuestas que al efecto presente la Secretaría, para lo cual deberá atender principalmente a criterios de capacidad jurídica, administrativa y financiera de los posibles concesionarios o permisionarios.
La comisión intersecretarial a que se refiere el párrafo anterior, se constituirá mediante acuerdo del Ejecutivo Federal; en todo caso, formarán parte de la misma la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República; será presidida por la Secretaría, y conocerá de los asuntos que el propio acuerdo señale.
Artículo 22. No podrán ser titulares de permisos las personas físicas que estén inhabilitadas para ejercer el comercio, hayan sido condenados por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud, cualquiera que haya sido la pena. La misma restricción se aplicará a los directores generales o sus equivalentes o a los socios o miembros del órgano de administración de las personas morales concesionarias o permisionarias.
En caso de que se incurra en los supuestos señalados en el párrafo anterior, el concesionario o persona moral permisionaria tiene obligación de remover al miembro del órgano de administración respectivo o, si se trata de los socios, de iniciar las medidas conducentes a la transmisión de los títulos representativos correspondientes. Esta obligación deberá preverse en los estatutos sociales.
Artículo 23. Cuando cualquier persona o grupo de personas adquiera, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria o permisionaria de un aeródromo civil, se requerirá notificar a la Secretaría. En caso de que la Secretaría, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación respectiva, no objete dicha adquisición, se entenderá como aprobada.
Para los efectos señalados en el presente artículo, se entenderá que una persona o grupo de personas adquiere el control de un aeródromo civil cuando sea propietario de 35% o más de los títulos representativos del capital social de una concesionaria o permisionaria, tenga el control de la asamblea general, de accionistas, esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros encargados de la administración o por cualquier otro medio controle el aeródromo civil de que se trate.
Artículo 24. El cambio de director general, de cualquier miembro del consejo de administración de la concesionaria o permisionaria o del administrador aeroportuario, deberá ser notificado a la Secretaría. En caso de que la Secretaría, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación respectiva, no objete dichas designaciones, se entenderán como confirmadas.
Artículo 25. El título de concesión o permiso, según sea el caso, deberá contener, entre otros:
I. El nombre, nacionalidad y domicilio del concesionario o permisionario:
II. El objeto de la concesión o permiso:
III. La delimitación del aeródromo civil y de su zona de protección, así como la determinación de su régimen inmobiliario:
IV. Las condiciones de construcción, administración, operación y explotación del aeródromo civil, así como de su seguridad operativa:
V. El programa maestro de desarrollo o, en su caso, el programa indicativo de inversiones, a que se refieren los artículos 38 y 39 de esta ley:
VI. Las condiciones de seguridad del aeródromo civil:
VII. Los requisitos para el inicio de operaciones:
VIII. Los servicios que podrá prestar el concesionario o permisionario:
IX. La facultad para arrendar los espacios en los aeródromos civiles para la prestación de los servicios de que se trate:
X. Los derechos y obligaciones del concesionario o permisionario:
XI. El periodo de vigencia:
XII. Las características y el monto de la garantía que, en su caso, deberá otorgar el concesionario:
XIII. En su caso, las contraprestaciones y su forma de pago.
Artículo 26. Las concesiones y permisos, según sea el caso, terminan por:
I. Vencimiento del plazo establecido o de las prórrogas que se hubieran otorgado:
II. Renuncia del titular:
III. Revocación:
IV. Rescate, en caso de bienes del dominio público:
V. Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión o permiso, salvo causa de fuerza mayor:
VI. Disolución, liquidación o quiebra de la concesionaria o permisionaria y
VII. Muerte de la persona física permisionaria.
En el caso de rescate se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales y procederá indemnización.
La terminación de la concesión o permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia.
Artículo 27. Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las siguientes:
I. No iniciar la administración, operación, explotación o, en su caso, construcción del aeródromo civil, en los plazos que al efecto se establezcan en el título de concesión o permiso:
II. No mantener vigentes los seguros a que se refiere esta ley:
III. Ceder, gravar, transferir o enajenar las concesiones o los permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, en contravención a lo dispuesto en esta ley:
IV. Alterar la naturaleza o condiciones de los aeródromos civiles establecidas en el título de concesión o permiso, sin autorización de la Secretaría:
V. Consentir el uso del aeródromo civil a cualquier aeronave que no cumpla con los requisitos de la Ley de Aviación Civil o no haya sido autorizada por quien controla la navegación aérea o que su acción u omisión dolosa contribuya a la comisión de algún delito:
VI. Tener conocimiento de que se ha incurrido en los supuestos establecidos en el artículo 22 de esta ley y no haber tomado las medidas previstas en el mismo, en el caso del concesionario o persona moral permisionaria o incurrir en los citados supuestos en el caso de persona física permisionaria:
VII. Modificar el porcentaje de inversión extranjera en contravención a lo establecido en el artículo 19 de esta ley:
VIII. Contravenir las disposiciones, en materia de seguridad en los aeródromos civiles, establecidas en esta ley y otros ordenamientos aplicables:
IX. Interrumpir, total o parcialmente, la operación del aeródromo civil o la prestación de los servicios aeroportuarios o complementarios, sin causa justificada:
X. No cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeródromo civil:
XI. Prestar servicios distintos a los que le son permitidos:
XII. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios:
XIII. Aplicar tarifas y precios que excedan a los registrados o, en su caso, sujetos a regulación:
XIV. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil:
XV. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya quedado firme en términos de ley.
La Secretaría podrá revocar las concesiones o permisos de manera inmediata únicamente en los supuestos de las fracciones I a VI anteriores.
En los casos de las fracciones VII a XV, la Secretaría sólo podrá revocar la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.
Artículo 28. El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, estará imposibilitado para obtener, directa o indirectamente, otra concesión o permiso de los contemplados en la presente ley, dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que hubiere quedado firme la resolución respectiva.
Artículo 29. Los concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales sólo podrán suscribir, individualmente o en su conjunto, directa o indirectamente, hasta el 5% de las acciones ordinarias del capital social de una sociedad mercantil concesionaria de un aeropuerto o de su controladora. La misma restricción en porcentaje se aplicará cuando la concesionaria de un aeropuerto participe en el capital de concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo.
En ningún caso un grupo de concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales, podrán adquirir directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria de un aeropuerto. La misma restricción se aplicará cuando un grupo de concesionarios de aeropuertos participen en el capital de concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo.
Artículo 30. Los concesionarios o permisionarios deberán dar aviso a la Secretaría de las modificaciones que realicen a sus estatutos, relativas a la disolución anticipada, cambio de objeto, fusión, transformación o escisión, 90 días naturales antes de su formalización.
Artículo 31. Los concesionarios o permisionarios deberán permitir el acceso a los aeródromos civiles a las autoridades federales, con el fin de que puedan desarrollar sus funciones de autoridad en los mismos y a los, prestadores de los servicios a la navegación aérea, para lo cual estarán obligados a destinar un espacio adecuado en los aeródromos civiles, cuyas dimensiones y demás términos y condiciones serán fijados en el título de concesión o permiso respectivo.
Artículo 32. Los aeródromos civiles en donde se preste servicio a aeronaves militares se sujetarán en lo conducente a esta ley, sin perjuicio de la coordinación que exista con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
CAPITULO IV
De la cesión de derechos
Artículo 33. La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión total de los derechos y obligaciones de las concesiones o permisos, siempre que el cesionario cumpla con los requisitos que esta ley exige para ser concesionario o permisionario, se comprometa a realizar las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la Secretaría.
Artículo 34. Los concesionarios o permisionarios en ningún caso podrán ceder, ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos, así como los bienes afectos a la concesión o al permiso, a ningún gobierno o Estado extranjero.
Artículo 35. La ejecución de una garantía no significa la cesión automática de los derechos de la concesión o permiso de que se trate, a menos de que la Secretaría lo autorice.
CAPITULO V
De la infraestructura
Artículo 36. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, establecerá las condiciones de construcción y conservación de los aeródromos civiles.
Los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada.
Artículo 37. Es de utilidad pública la construcción, ampliación y conservación de aeropuertos.
La Secretaría, por sí o por cuenta de los concesionarios, previa evaluación y cuando lo considere procedente, efectuará la compraventa o, en su defecto, promoverá la expropiación de los terrenos y construcciones necesarios para la construcción, ampliación y conservación de aeropuertos.
Artículo 38. El concesionario deberá elaborar un programa maestro de desarrollo, revisable cada cinco años, el cual una vez autorizado por la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el ámbito de su competencia, con base en las políticas y programas establecidos para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional y su interrelación con otros modos de transporte, será parte integrante del título de concesión.
Artículo 39. El permisionario de un aeródromo de servicio al público deberá elaborar un programa indicativo de inversiones en materia de construcción, conservación y mantenimiento, en el que se incluyan medidas específicas relacionadas con la seguridad y la protección al ambiente y hacerlo del conocimiento de la Secretaría.
Artículo 40. Para realizar trabajos de construcción o reconstrucción en los aeródromos civiles, distintos de aquéllos incluidos en los programas a que se refieren los artículos 38 y 39 de esta ley, se requerirá autorización previa de la Secretaría.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los trabajos de urgencia, de mantenimiento y los trabajos menores de construcción que no afecten las operaciones aéreas y se realicen para la conservación y buen funcionamiento del aeródromo civil, en el entendido de que el concesionario o permisionario informará a la Secretaría de las obras realizadas.
Artículo 41. Los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y protección ambiental, que correspondan.
CAPITULO VI
De la administración
Artículo 42. La Secretaría, en el reglamento correspondiente, podrá establecer los requisitos que deberá reunir el administrador aeroportuario, cuyo nombramiento será hecho del conocimiento de la Secretaría por el concesionario o permisionario respectivo, en los términos y para los efectos del artículo 24 de esta ley.
Los actos que lleve a cabo el administrador aeroportuario, se entenderán como realizados por el concesionario o permisionario, según sea el caso.
Artículo 43. En materia de administración corresponderá a los concesionarios y permisionarios, entre otros:
I. Planear, programar y efectuar las acciones necesarias para la operación, desarrollo y promoción del aeródromo civil:
II. Llevar a cabo las acciones conducentes a la ejecución del programa maestro de desarrollo o el programa indicativo de inversiones, según sea el caso:
III. Percibir en los términos que fijen los reglamentos correspondientes y el título de concesión o permiso, los ingresos por el uso de la infraestructura del aeródromo civil, por la celebración de contratos, por los servicios que preste directamente, así como por las actividades comerciales que realice:
IV. Establecer programas de capacitación y atender las disposiciones que sobre la materia establezca la autoridad competente:
V. Coordinar las actividades de los prestadores de servicios y usuarios del aeródromo civil para lograr un adecuado funcionamiento del mismo:
VI. En el caso de aeropuertos, los concesionarios deberán coordinar las operaciones y demás servicios que se presten en el mismo, sobre bases equitativas y no discriminatorias:
VII. Proporcionar la información estadística requerida por las autoridades competentes.
Artículo 44. En cada aeropuerto, el concesionario deberá constituir una comisión consultiva formada, entre otros, con representantes del gobierno estatal y municipal, así como de las cámaras de comercio, turismo e industria de la región, de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo que operen en el aeropuerto y del administrador aeroportuario.
La comisión consultiva coadyuvará en la promoción del aeropuerto y podrá emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana y turística, así como el equilibrio ecológico de la zona, para lo cual el administrador del aeropuerto deberá informar a la comisión sobre el programa maestro de desarrollo y sus modificaciones, así como los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización del aeropuerto.
La organización y funcionamiento de las comisiones consultivas se determinará en el reglamento respectivo.
CAPITULO VII
De la operación y los servicios
Artículo 45. La operación de los aeródromos civiles comprende la prestación de los servicios mediante el aprovechamiento de la infraestructura, instalaciones y equipos.
Artículo 46. Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, servicios y sistemas de organización adecuados y suficientes para que la operación se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad.
Artículo 47. Los concesionarios o permisionarios deberán responsabilizarse del control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en zonas restringidas del aeródromo civil, así como las áreas cercanas a los equipos de ayuda a la navegación aérea instalados dentro de los mismos, se mantengan libres de obstáculos que puedan afectar su operación.
Artículo 48. Para efectos de su regulación, los servicios en los aeródromos civiles se clasifican en:
I. Servicios aeroportuarios: los que le corresponde prestar originariamente al concesionario o permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil y que pueden proporcionarse directamente o a través de terceros que designe y contrate. Estos servicios incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil; y a la extinción de incendios y rescate, entre otros:
II. Servicios complementarios: los que pueden ser prestados por los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, para sí mismos o para otros usuarios o por terceros que aquéllos designen. Estos servicios incluyen, entre otros, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, avituallamiento, almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación de aeronaves.
Para la prestación de estos servicios deberá suscribirse contrato con el concesionario o permisionario del aeródromo civil de que se trate:
III. Servicios comerciales: los que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeródromo civil y que no son esenciales para la operación del mismo ni de las aeronaves. Estos servicios pueden ser prestados directamente por el concesionario o permisionario o por terceros que con él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros.
Artículo 49. Todos los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles están obligados a permitir su uso y prestar los servicios aeroportuarios y complementarios con que cuenten, en forma prioritaria, a las aeronaves militares; a aquellas que apoyen en casos de desastre y a las que se encuentren en condiciones de emergencia.
Artículo 50. El administrador aeroportuario podrá, en caso fortuito o de fuerza mayor, suspender por el tiempo estrictamente necesario la prestación de los servicios aeroportuarios, con el fin de preservar la seguridad de las personas y de los bienes. En estos casos, reportará de inmediato a la autoridad aeroportuaria y en su caso, al comité de operación y horarios, las causas que motivaron tal medida.
Artículo 51. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, deberá establecer requisitos para la acreditación técnica del personal a cargo de los servicios aeroportuarios y complementarios.
Artículo 52. Los prestadores de servicios aeroportuarios y complementarios que sean personas distintas a los concesionarios o permisionarios, por el hecho de suscribir el contrato respectivo, serán responsables solidarios con éstos ante la Secretaría, del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, relacionadas con el servicio respectivo, consignadas en el título de concesión o permiso.
Artículo 53. En los aeródromos civiles de servicio al público, los servicios aeroportuarios y complementarios, se prestarán a todos los usuarios solicitantes de manera permanente, uniforme y regular, en condiciones no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio y conforme a las prioridades de turno y horarios establecidas en las reglas de operación del aeródromo civil, de acuerdo con los criterios señalados por la Secretaría.
Los servicios aeroportuarios se prestarán en forma gratuita a las aeronaves de Estado militares y aquellas que realicen funciones de seguridad nacional.
Artículo 54. Todos los actos y contratos para la prestación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en los aeródromos, civiles de servicio al público serán de carácter mercantil.
Cuando los servicios aeroportuarios y complementarios se proporcionen en los aeropuertos por personas distintas a los concesionarios, los prestadores de dichos servicios deberán constituirse como sociedades mercantiles mexicanas.
Artículo 55. En los aeródromos civiles de servicio al público, las contraprestaciones por los servicios deberán pagarse de contado, salvo que en los contratos correspondientes se estipule lo contrario.
Si las contraprestaciones no son pagadas, los concesionarios o permisionarios, así como los prestadores de servicios podrán suspender la prestación de los mismos, únicamente por el servicio de que se trate y conforme a lo establecido en los contratos respectivos. En ningún caso se podrá negar el servicio de aterrizaje a los usuarios en los aeródromos civiles.
Artículo 56. Los prestadores de servicios aeroportuarios y complementarios que sean personas distintas a los concesionarios o permisionarios, deberán contar con capacidad técnica, según la naturaleza del servicio de que se trate, no encontrarse en los supuestos a que se refiere el articulo 22 de esta ley y cumplir con las demás disposiciones aplicables.
Los contratos que celebren los concesionarios o permisionarios con los prestadores de los servicios aeroportuarios y complementarios y que de acuerdo al reglamento respectivo sean objeto de autorización por parte de la misma, deberán presentarse ante ésta en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su formalización. Si no se cuenta con la citada autorización dichos contratos no surtirán efectos. La Secretaría deberá resolver en un plazo máximo de 30 días naturales y si no resuelve, se considerará autorizado el contrato.
Cuando el incumplimiento de los contratos a que se refiere el párrafo anterior, afecte la adecuada operación del aeródromo civil y constituya una causa de revocación de las previstas en el artículo 27 de esta ley, la Secretaría, oyendo previamente al afectado, podrá revocar la autorización de dichos contratos. El concesionario o permisionario, en estos casos, deberá asegurar que no se interrumpan los servicios del aeródromo civil.
Artículo 57. El concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios que permitan a los usuarios seleccionar al prestador de servicios que convenga a sus intereses.
Por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, el concesionario podrá limitar el número de los prestadores de servicios complementarios, después de escuchar la opinión del comité de operación y horarios del aeropuerto a que se refiere el artículo 61 de esta ley. En este caso, el concesionario, con participación de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, adjudicará los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como de calidad y precios para los usuarios.
Artículo 58. Los servicios complementarios no podrán dejar de prestarse. En el caso de aeropuertos donde los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo no los proporcionen, el concesionario del aeropuerto deberá hacerlo, directamente o a través de los terceros que él designe y contrate, hasta en tanto prevalezca dicha situación. Para los demás aeródromos civiles, que no sean aeropuerto, corresponderá a los permisionarios prestar los servicios complementarios, directamente o a través de terceros.
Artículo 59. Cuando los aeródromos civiles de servicio particular o las instalaciones de uso particular dentro de un aeropuerto cuenten con capacidad excedente, la Secretaría, con vista en el interés público, podrá disponer que los permisionarios u operadores de las instalaciones de que se trate presten temporalmente servicio al público, conforme a condiciones que no les afecten operativa y financieramente.
La disposición estará vigente en tanto subsistan las causas que le dieron origen.
Artículo 60. La prestación de los servicios comerciales no debe constituir un obstáculo para la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios ni la de éstos respecto a los aeroportuarios; ni poner en peligro la seguridad del aeródromo civil o la operación de las aeronaves. En caso de que esto ocurra, la Secretaría ordenará las adecuaciones necesarias.
Las áreas que se destinen a la prestación de los servicios comerciales serán descritas en el programa maestro de desarrollo o en el programa indicativo de inversiones, según sea el caso y para modificarlas se requerirá de autorización previa de la Secretaría.
Artículo 61. En cada aeropuerto se constituirá un comité de operación y horarios que estará integrado por el concesionario del aeropuerto a través del administrador aeroportuario, por el comandante de aeródromo y por las demás autoridades civiles y militares que intervienen en el mismo, así como por los representantes de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y de los prestadores de servicios.
Dicho comité será presidido por el administrador aeroportuario y su funcionamiento y operación se ajustará a un reglamento interno que se incluirá en las reglas de operación del aeropuerto.
Artículo 62. El comité de operación y horarios emitirá recomendaciones relacionadas con:
I. El funcionamiento, operación y horario del aeropuerto:
II. El programa maestro de desarrollo del aeropuerto y sus modificaciones:
III. La asignación de horarios de operación, áreas, posiciones de contacto y remotas, itinerarios y de espacios dentro del aeropuerto, de acuerdo a los criterios establecidos:
IV. Las condiciones para la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios:
V. Las tarifas y los precios:
VI. Las reglas de operación:
VII. Las medidas necesarias para la eficiente operación aeroportuaria:
VIII. La solución de los conflictos entre la administración del aeropuerto y los prestadores de servicios:
IX. Las quejas de los usuarios.
En el seno del comité, los participantes coordinarán sus acciones y asumirán los compromisos necesarios para el eficiente funcionamiento del aeropuerto.
En los aeródromos civiles donde se ubiquen bases aéreas militares o aeronavales, el comandante del mismo y el de la instalación militar, coordinarán lo conducente en las fracciones I a IV y VI de este artículo, a fin de dar prioridad a las operaciones aéreas militares por razones de seguridad nacional, interior y apoyo a la población civil en casos de desastre.
Artículo 63. En los aeropuertos el administrador aeroportuario determinará los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios y oyendo la recomendación del comité de operación y horarios a que se refiere el artículo 61 de esta ley.
Artículo 64. Las construcciones e instalaciones en los terrenos adyacentes e inmediatos a los aeródromos civiles, dentro de las zonas de protección, estarán sujetas a las restricciones que señalen las disposiciones jurídicas a que se refiere el artículo 41 de esta ley, a efecto de eliminar obstáculos a las operaciones de las aeronaves.
Artículo 65. Cada aeródromo civil de servicio al público deberá contar con sus propias reglas de operación, conforme a los criterios y lineamientos generales que disponga la Secretaría.
El concesionario o permisionario deberá someter las reglas de operación a la autorización de la Secretaría, escuchando previamente y en su caso, al comité de operación y horarios.
Artículo 66. Para atender necesidades derivadas de caso fortuito o fuerza mayor, la Secretaría estará facultada para imponer modalidades en la operación de los aeródromos civiles y en la prestación de los servicios, sólo por el tiempo y proporción que resulte estrictamente necesario.
CAPITULO VIII
De las tarifas y precios
Artículo 67. La Secretaría podrá establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación de los servicios aeroportuarios y para los arrendamientos y contraprestaciones relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebren con los prestadores de servicios complementarios, cuando no existan condiciones razonables de competencia, de acuerdo con la opinión de la comisión federal de competencia.
Artículo 68. Cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que los servicios complementarios no reflejan condiciones adecuadas de competencia, solicitará la opinión de la comisión federal de competencia para que, en su caso, se establezca regulación tarifaria o de precios.
Articulo 69. Las tarifas correspondientes a los servicios aeroportuarios y complementarios en los aeródromos civiles de servicio al público, deberán registrarse ante la Secretaría de manera previa al inicio de su vigencia y deberán hacerse del conocimiento de los usuarios.
Artículo 70. La regulación tarifaria o de precios que llegue a aplicarse, se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron. Los prestadores de servicios sujetos a regulación podrán solicitar a la comisión federal de competencia que emita su opinión sobre la subsistencia de tales condiciones.
En la regulación se podrán establecer tarifas y precios máximos por el uso de bienes o la prestación de servicios específicos o conjuntos de éstos, así como mecanismos de ajuste y períodos de vigencia. Esta regulación deberá permitir la prestación de los servicios y la explotación de los bienes en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia.
CAPITULO IX
De la seguridad
Artículo 71. La vigilancia interna en los aeródromos civiles será responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestará conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.
En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, carga, correo, instalaciones y equipo.
Artículo 72. Los concesionarios y permisionarios deberán poner en práctica programas de emergencia y contingencia, colaborar en los dispositivos de seguridad en las operaciones aeroportuarias y mantener los equipos de rescate y extinción de incendios en óptimas condiciones de operación. Asimismo deberán hacer del conocimiento de la autoridad aeroportuaria cualquier situación técnica y operativa, relevante o emergente, en materia de seguridad.
Artículo 73. A nivel nacional deberá existir un comité de seguridad aeroportuaria integrado de conformidad con el reglamento respectivo, que será el encargado de emitir el programa nacional de seguridad aeroportuaria conforme a los lineamientos que señale la Secretaría.
En los aeropuertos deberán funcionar comités locales de seguridad, presididos por un representante de la Secretaría, que emitirán los programas de seguridad correspondientes, previa opinión del comité de seguridad aeroportuaria. Estos deberán autorizarse por la Secretaría, para su entrada en vigor.
CAPITULO X
De la protección al ambiente
Artículo 74. En los aeródromos civiles los concesionarios y permisionarios deberán observar las disposiciones aplicables en materia de protección al ambiente; particularmente en lo que les corresponda respecto a la atenuación del ruido y al control efectivo de la contaminación del aire, agua y suelo, tanto en sus instalaciones, como en su zona de protección.
CAPITULO XI
Del Registro Aeronáutico Mexicano
Artículo 75. Se inscribirán en el Registro Aeronáutico Mexicano:
I. Los documentos por medio de los cuales se adquiera, transmita, ceda, modifique, grave o extinga la propiedad y los demás derechos reales sobre los aeródromos civiles:
II. Las concesiones y permisos, sus modificaciones y revocaciones:
III. Las ayudas a la navegación aérea:
IV. Los contratos que autorice la Secretaría, de conformidad con el artículo 56 de esta ley:
V. Las pólizas de seguro.
El reglamento respectivo determinará los requisitos a que deberán sujetarse las inscripciones, cancelaciones y certificaciones que deban expedirse.
CAPITULO XII
Del seguro
Artículo 76. Los concesionarios y permisionarios de aeródromos de servicio al público, así como los prestadores de servicios, serán responsables por los daños ocasionados, que resulten por causas que les sean imputables, por lo que deberán contar con seguro que cubra las indemnizaciones correspondientes.
El contrato de seguro deberá ser registrado ante la Secretaría y estar vigente por los plazos de duración de la concesión o permiso y sus prórrogas.
CAPITULO XIII
De la requisa
Artículo 77. En caso de desastre natural, guerra, grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal podrá hacer la requisa de los aeropuertos, los servicios aeroportuarios y complementarios, así como de los demás bienes muebles e inmuebles y disponer de todo ello como juzgue conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere a servicio de la requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra o conflicto armado internacionales, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje.
CAPITULO XIV
De la verificación
Artículo 78. La Secretaría verificará el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables de conformidad con los programas que para tal efecto se establezcan.
Los concesionarios o permisionarios y en su caso, los prestadores de servicios, estarán obligados a permitir el acceso a los verificadores de la Secretaría a sus instalaciones, a transportarlos en sus equipos para que realicen la verificación en términos de la presente ley y en general, a otorgarles todas las facilidades para estos fines, así como a proporcionar a la misma los informes con los datos que permitan conocer la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles y demás servicios relacionados.
Las personas sujetas a verificación, cubrirán las cuotas que por este concepto se originen.
Artículo 79. Las certificaciones de las unidades de verificación, establecidas por terceros, tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 80. Si el concesionario o permisionario de un aeródromo de servicio al público no cumple con las condiciones de seguridad y operación contenidas en las disposiciones aplicables, la Secretaría podrá nombrar un verificador especial por el tiempo que resulte necesario para corregir las irregularidades de que se trate.
CAPITULO XV
De las sanciones
Artículo 81. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:
I. No cumplir con las condiciones de construcción, operación y explotación de aeródromos civiles, con multa de 5 mil a 120 mil días de salario:
II. Construir u operar un aeródromo civil sin la concesión o permiso correspondiente, con multa de 5 mil a 200 mil días de salario:
III. Ceder los derechos y obligaciones de la concesión o permiso en contravención a lo dispuesto en esta ley, con multa de 5 mil a 200 mil días de salario:
IV. No hacer del conocimiento de la Secretaría, de manera negligente, los accidentes o incidentes ocurridos en los aeródromos, relativos a la seguridad de sus operaciones, salvo causa de fuerza mayor, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
V. No cumplir con lo solicitado en el dictamen correspondiente conforme a las facultades de verificación de la autoridad, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
VI. Negar el aterrizaje de aeronaves, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
VII. Aplicar tarifas y precios que excedan a los registrados o, en su caso, sujetos a regulación, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
VIII. No prestar los servicios en la forma en que fueron ofrecidos, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
IX. No dar aviso a la Secretaría de las modificaciones realizadas a estatutos, con multa de 1 mil a 5 mil días de salario:
X. No apoyar en operaciones de búsqueda y salvamento de aeronaves, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario:
XI. Obstruir o interferir la radiocomunicación aeronáutica o los lugares de tránsito de un aeródromo civil, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario:
XII. Inundar o por negligencia permitir que se inunde un aeródromo civil, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario:
XIII. Contravenir las disposiciones en materia de seguridad en los aeródromos civiles, establecidas en esta ley y otros ordenamientos aplicables, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
XIV. Interrumpir, total o parcialmente, la operación del aeródromo civil o la prestación de los servicios aeroportuarios o complementarios, sin causa justificada, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
XV. No cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeródromo civil, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario:
XVI. No cubrir oportunamente las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios, con multa de 1 mil a 5 mil días de salario:
XVII. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil, con multa de 5 mil a 200 mil días de salario.
Cualquier otra infracción a esta ley o a sus reglamentos que no esté expresamente prevista en este capítulo, será sancionada por la Secretaría con multa de hasta 50 mil días de salario.
En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una sanción equivalente hasta por el doble de la cuantía señalada.
Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Artículo 82. En el caso de terceros autorizados por esta Secretaría para llevar a cabo verificaciones técnicas en los términos de esta ley, se les aplicará por violación a las condiciones que se establezcan en las autorizaciones respectivas, multa hasta de 50 mil días de salario.
Artículo 83. Cuando sin haber previamente obtenido concesión o permiso, se construyan u operen aeródromos civiles, la Secretaría podrá solicitar a las autoridades competentes el desalojo de los infractores y en su caso, que se realice a cargo de los mismos, la demolición de las obras y la reparación de los daños causados.
Una vez que la Secretaría tenga conocimiento de lo anterior, y en tanto se dicta la resolución definitiva, solicitará a la autoridad correspondiente el aseguramiento de las obras ejecutadas y de las instalaciones establecidas.
Artículo 84. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que en su caso resulte ni de la revocación que proceda.
Artículo 85. Para declarar la revocación de concesiones y permisos, la imposición de las sanciones previstas en esta ley, así como la interposición del recurso administrativo de revisión, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan los artículos 327; 328; 371 fracción I incisos b y c; y 567 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; el artículo 8o. de la Ley de Aviación Civil; así como las demás disposiciones que se opongan a la presente ley.
Las disposiciones reglamentarias y administrativas en vigor se continuarán aplicando hasta en tanto no sean derogadas por otras, salvo en lo que se opongan a la presente ley.
Cuando en otras disposiciones se haga referencia a la figura de comandante de aeropuerto, se entenderá como comandante de aeródromo en los términos de esta ley.
Tercero. El organismo público descentralizado Aeropuertos Y Servicios Auxiliares podrá continuar administrando aeropuertos en los términos de su decreto de creación de fecha 10 de junio de 1965, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año y de sus decretos modificatorios, hasta en tanto la Secretaría, de conformidad con lo previsto en esta ley, otorgue concesiones respecto de los aeropuertos administrados por dicho organismo.
Lo anterior, en el entendido de que Aeropuertos y Servicios Auxiliares deberá ajustarse a lo dispuesto en esta ley, en lo relativo a la construcción, administración, operación y explotación de aeropuertos y en la prestación de los servicios.
Cuarto. Las concesiones, permisos y autorizaciones que se otorguen con motivo de la presente ley, no afectarán los derechos de los trabajadores de Aeropuertos Y Servicios Auxiliares, los que serán respetados conforme a la ley de la materia.
Quinto. Las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, serán respetadas en sus términos hasta su vencimiento.
Lo anterior, en el entendido de que los concesionarios y permisionarios deberán ajustarse a lo dispuesto en esta ley, en lo relativo a la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles y en la prestación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.
Los aeródromos de servicio general que al momento de la publicación de este ordenamiento reciban aeronaves destinadas al servicio de transporte aéreo regular, tendrán un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de esta ley, para regularizar su situación ante la Secretaría.
Por lo que se refiere a las concesiones y permisos en trámite, se estará a lo dispuesto en esta ley.
Sexto. Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se sancionarán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se cometieron.
Séptimo. A más tardar en 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, el Ejecutivo Federal constituirá la comisión intersecretarial a que se refiere el artículo 21 de esta ley.
Sala de comisiónes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 7 de diciembre de 1995.- Diputados: Gustavo Cárdenas Monroy, presidente; José Alberto Castañeda Pérez, Eric Luis Rubio Barthell, Desiderio Camacho Garibo, Alfonso Molina Ruibal, secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Jorge Castillo Cabrera, Víctor Hugo Islas Hernández, Gabriel Escalante Castillo, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo Ordaz Moreno, Cecilio Lepe Bautista, Jaime Jesús Arceo Castro, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Roberto Modesto Flores González, Israel Reyes Ledezma Magaña, Luis Antonio Godina Herrera, Daniel Covarrubias Ramos, Tuffy Gaber Arjona, Miguel Rodríguez Ramírez, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Apolonio Méndez Meneses, Eusebio Moreno Muñoz, Jorge Humberto Gómez García, Jesús Durán Ruiz, Martín Hernández Balderas, Alfonso Solórzano Fraga, Carlos Navarrete Ruiz, Ramón Sosamontes Herreramoro y Alejandro Moreno Berry.»
Es de primera lectura.
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona...
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte:
Perdón, señor Presidente.
El Presidente:
Adelante. ¿Con qué objeto.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte (desde su curul):
Disculpe, moción de orden, porque en el orden del día siempre vienen primero las iniciativas de ley que proponen los diputados; ya se lo saltó usted. Yo entiendo que hay alguna discusión, aquí está la iniciativa de ley que quiero presentar y que está anunciada y que está registrada y que usted olímpicamente la está despreciando.
El Presidente:
No estaban consideradas en el orden del día.
El diputado Fernando Pérez Noriega (desde su curul):
Señor Presidente:
Yo quiero decirle, señor Presidente, que el artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ya ha sido leído en su fracción III, que establece en el orden del día de la sesión, la primera parte, en la fracción I, el acta de la sesión anterior que ha sido leída y aprobada; dos, comunicaciones de la otra Cámara o del Ejecutivo de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia, de las legislaturas y de los gobernadores, que tengo entendido que ha sido desahogado por la Secretaría; tres, iniciativas del Ejecutivo, de las legislaturas y de los individuos de la Cámara.
El señor diputado ha pedido hacer el uso de la palabra para presentar una iniciativa, misma que quedó consensada en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para su desahogo.
Señor Presidente, le exigimos la aplicación de esa fracción III en los términos que quedaron convenidos en la reunión previa de la mesa directiva del día de hoy y por lo tanto se dé el uso de la palabra al diputado para presentar la iniciativa correspondiente.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente:
Señor diputado, no estaba considerada en el orden del día, pero con mucho gusto puede pasar el diputado a hacer uso de la palabra para presentar la iniciativa.
En este sentido, tiene la palabra el diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Yo avisé de esta intención de presentar la iniciativa de ley el día de hoy, desde el viernes pasado, todo mundo lo sabía dentro de la gente que organiza el trabajo de la Cámara. Está impreso en el orden que nos repartieron. Si a la Presidencia le dan un script distinto, tiene que ser investigado.
Empiezo:
«Señor Presidente de la Cámara de Diputados; señoras y señores diputados al Congreso de la Unión.
Los suscritos, diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa de reforma al artículo 115 de la Constitución Política, de conformidad con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los ayuntamientos, esto es, los gobiernos de los municipios, las entidades políticas más cercanas a los ciudadanos, sufren desde hace muchísimos años de una falta aguda de recursos, lo que les impide llevar a cabo con eficiencia la atención de las responsabilidades que les asigna nuestra Constitución en su artículo 115.
No es por dificultad coyuntural de una economía recesiva, como la que sufre nuestro país en estos momentos, sino más bien por una debilidad estructural ocasionada por las pocas fuentes de recaudación que tienen disponibles y por la reducida participación de los impuestos federales y locales que tienen asignada. A través de distintas iniciativas y propuestas se ha intentado elevar los raquíticos ingresos de los ayuntamientos e incluso la mayoría de ellos ha hecho rendir al máximo los escasos recursos de que disponen, pero éstos aún son insuficientes.
Conscientes de que el impuesto predial es la principal fuente de ingresos propios de un ayuntamiento, cabe aclarar que hay casos en que este impuesto aún no puede ser hecho efectivo, pues mediante hábiles interpretaciones de la ley, inclusive de la Constitución Política de la República, abogados de empresas paraestatales impresionan con razonamientos elaborados a los tesoreros municipales para eludir obligaciones que con la comunidad municipal tienen las empresas que representan. Esto sucede en especial con interpretaciones a la parte final del penúltimo párrafo del inciso IV de las bases del artículo 115 constitucional, que a la letra dice: "Sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los estados o de los municipios, estarán exentos de dichas contribuciones".
Evidentemente que los bienes de estricto servicio público como escuelas, hospitales y asilos no deben de ninguna forma pagar impuesto predial, pero también hay una serie de bienes que en estricto sentido no son de servicio público ni siquiera de dominio público, sino son propiedad de empresas comerciales e industriales que realizan funciones reservadas al Estado, como son las de producción y distribución de energía eléctrica o de extracción, transporte, refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados, entre otras.
Es absolutamente injusto que ayuntamientos cuyos municipios han visto invadidas sus tierras de labranza por las aguas de una presa, o que tienen que combatir con una mayor contaminación por los desechos de una refinería o que deban de reparar los destrozos ocasionados en calles y caminos por un mayor tráfico de vehículos al servicio de una empresa paraestatal, no puedan cobrar un impuesto al que tienen derecho como es el predial, incluso para reparar los daños causados por esas mismas empresas que se niegan a pagar el impuesto predial. El impuesto predial es parte de los costos de operación de una empresa y en todas ellas, paraestatales o particulares, deben cargarlo al costo de los productos extraídos, refinados o generados y trasladarlo a todos aquellos que se beneficien de los productos.
Para precisar más claramente qué entidades deben pagar el impuesto predial, se propone modificar la parte final del párrafo en comento del artículo 115 constitucional, añadiéndole la frase "que se utilicen en organismos concentrados de la administración pública". De esta manera pagarán el impuesto predial a los ayuntamientos de los municipios donde se encuentren las plantas termoeléctricas, geotérmicas e hidroeléctricas operadas por la Comisión Federal de Electricidad o por quien llegue a operarlas en el futuro o los pozos petroleros, ductos, estaciones de bombeo y refinerías operados por Petróleos Mexicanos o cualquier otro bien inmueble de las empresas paraestatales, sin afectar a la prestación de servicios públicos no empresariales, como la educación, la atención a la salud o el fomento a la agricultura.
Como un único ejemplo, de esta manera Pemex pagará el impuesto predial por las instalaciones de los gasoductos que opere, de la misma manera que lo deberán hacer las empresas particulares concesionadas al amparo de la ley recientemente aprobada.
Por las razones antes mencionadas, nos permitimos presentar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Unico. Se modifica al penúltimo párrafo del inciso IV de las bases del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior conforme a las bases siguientes:
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Los municipios administrarán...
a) a c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a y c, ni concederán exenciones en relación a las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los estados o de los municipios que se utilicen en organismos concentrados de la administración pública estarán exentos de dichas contribuciones.
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Diputados: Fernando Garzacabello García, Francisco Javier Santos Covarrubias, Cecilia Romero, María Elena Alvarez, Alejandro Díaz, Apolonio Méndez Meneses, Eduardo Arias, Eusebio Moreno Muñoz, Lorenzo Duarte Zapata, J. Antonio Tallabs Ortega, José Alberto Castañeda Pérez y Agustín Torres Delgado.»
El Presidente:
Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Israel Reyes Ledezma:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Justicia.
Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Justicia les fue turnada por el Senado de la República, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 29, 40, primer párrafo; 51, 52, 78 y 79; adiciona un segundo y tercer párrafos al articulo 24 y un segundo párrafo al artículo 32 y deroga el segundo párrafo del artículo 40, todos estos preceptos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Estas comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, procedieron al estudio y análisis de dicha minuta, partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
1o. La iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, fue enviada por el Presidente de la República a la Cámara de Senadores con fecha 13 de noviembre de 1995, en uso de las atribuciones que le asigna la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2o. En la sesión del 16 de noviembre de 1995, el Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores turnó la mencionada iniciativa para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente, a las comisiones unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Primera Sección.
3o. El 22 de noviembre de 1995 se llevó a cabo en el Senado de la República una reunión entre las directivas de las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Primera Sección de la Cámara de Senadores y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y en ella tuvo lugar un intercambio de puntos de vista, así como el conocimiento de propuestas dirigidas a vigorizar y perfeccionar, sin distorsionarlo, el espíritu de la iniciativa presidencial. A las opiniones vertidas, se sumaron los comentarios y observaciones que, por su parte, hicieron oportunamente varios diputados de esta LVI Legislatura integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de esta Cámara, los que con seguridad podrán verse reflejados en el futuro, en ulteriores reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
4o. Las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Primera Sección del Senado, presentaron a la Asamblea el 30 de noviembre de este año, un dictamen con proyecto de decreto, que fue aprobado sin discusión en lo general ni en lo particular, por 106 votos y enviado como minuta a esta Cámara para los efectos constitucionales correspondientes.
5o. Dada la cuenta respectiva al pleno de la Cámara de Diputados, el Presidente de la mesa directiva turnó, con fecha 5 de diciembre, la minuta correspondiente a las comisiones unidas de Defensa y de Justicia para su estudio, análisis y dictamen.
6o. Reunidas para su trabajo conjunto, el 8 de diciembre de 1995, los integrantes de las comisiones antes mencionadas recibieron una información pormenorizada del proyecto por parte de las directivas y acordaron la metodología a seguir para la elaboración de este dictamen, así como la fecha de reunión para la discusión y aprobación del mismo.
7o. El 11 de diciembre del año en curso, las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Justicia celebraron una reunión de trabajo para discutir el fondo del proyecto remitido en su minuta por la colegisladora, de la que resultó la aprobación del presente dictamen, mismo que valora la iniciativa presidencial y las significativas e importantes aportaciones del Senado de la República, de acuerdo con los siguientes
CONSIDERANDOS
I. La exposición de motivos de la iniciativa presidencial de refomas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, enmarca este proyecto legislativo en el contexto de la seguridad pública como uno de los cometidos esenciales del Estado, así como en el aserto de que el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanos ha de apegarse al cumplimiento estricto del orden jurídico que nos rige.
La estrategia para detener la inseguridad, afirma el Ejecutivo Federal, incluye diversas medidas de actualización legislativa, entre las que sobresalen las reformas constitucionales de diciembre de 1994, así como el ordenamiento aprobado por esta soberanía, que establece las bases para que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinen en un sistema nacional de seguridad pública.
Es de inferirse de las consideraciones anotadas, que las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tienden a hacer de este ordenamiento un mecanismo eficaz de control de las armas en posesión de los particulares y un instrumento de plena legalidad para que el uso de la violencia sea la última en el arreglo de los conflictos y no el fácil expediente de la intolerancia colectiva.
La iniciativa pretende, en consecuencia, hacer de la ley un ordenamiento restrictivo y de sujeción de los particulares a requisitos bien determinados para la obtención y portación de armas, alejada de concesiones permisivas que pudieren alentar la autodefensa, o el acopio indiscriminado de utensilios de agresión peligrosos y desde luego, perniciosos para la paz y la tranquilidad públicas.
II. En su valoración de la iniciativa, la colegisladora enriquece la legitimación del Estado para garantizar el ejercicio de las libertades individuales, así como para recurrir, en ocasiones extremas, a la coacción institucionalizada y con ella al uso de las armas en casos imperiosos. Esto implica la necesidad de regular adecuada y minuciosamente la portación y uso de armas de fuego, de manera que la ley garantice, a la vez, el ejercicio de una libertad individual y el mantenimiento del orden y la paz públicos a cargo de las autoridades.
La minuta del Senado de la República, en su parte expositiva, reconoce que el uso de las armas por el Estado debe obedecer a una estrategia integral de prevención del delito y de fomento a la cultura de la legalidad, a fin de que los instrumentos represivos, como ya se expreso, sólo entren en juego cuando los persuasivos hayan sido insuficientes, inoportunos o ineficaces.
El dictamen del Senado de la Republica alude igualmente al derecho que el artículo 10 de nuestra ley fundamental consagra a los mexicanos de poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, o de portarlas bajo ciertas condiciones, todo lo cual debe ser regulado con la acuciosa vigilancia del propio Estado, a fin de que no se aliente, por ningún concepto, la idea de que son los individuos quienes deben velar por su propia seguridad; antes bien, se genere la convicción de que un buen marco legal es la parte más significativa en el éxito del combate contra la delincuencia.
El dictamen de la colegisladora engarza conceptualmente el combate de la delincuencia, con el Sistema Nacional de Seguridad Pública recién creado y con los instrumentos de coordinación, mecanismos de operación y sistemas de información que aquél incluye, en cuyo contexto se aplican y justifican las reformas consultadas por el Ejecutivo Federal a esta soberanía, así como las que son producto del propio Senado de la República.
III. Las reformas concretas a los textos de los artículos invocados en este dictamen pueden expresarse sintéticamente en los siguientes terminos:
1o. La iniciativa presidencial se propone hacer compatible la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con la legislación que establece el ya mencionado Sistema Nacional de Seguridad Pública y las bases de coordinación del mismo, que involucran al Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, sin que ello implique detrimento alguno de soberanías, potestades y competencias, pues tratándose de una ley federal, ordenada en el propio artículo 10 de la Constitución, puede y debe contener elementos normativos de participación de los tres niveles de Gobierno, a lo que ha de sumarse la coordinación indispensable para combatir racionalmente la delincuencia y el crímen organizado.
De igual manera, el Presidente de la República propone un control eficaz de las armas de fuego, de manera que las licencias a particulares u oficiales, incorporen la calidad de personas físicas y personas morales, así como el carácter individual o colectivo de las mismas, a fin de colmar un vacío que hoy es intolerable ante la evidente realidad del incremento de corporaciones privadas que prestan servicios de seguridad. Todo ello explica la modificación a los artículos 24, 26 y 29 de la ley mencionada, preceptos que a su vez delimitan y precisan ámbitos de competencia de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional en la tramitación, expedición, vigilancia y control de las licencias y registros de armas de fuego, así como la abreviación de trámites para expeditar los procedimientos administrativos, asunto que también es materia de la reforma al artículo 32 de la ley.
Las adecuaciones al artículo 40 consultadas por la iniciativa, dan congruencia al precepto con el resto de las reformas y derogan la mención del departamento de la industria militar, inexistente desde hace ya varios años.
El artículo 52 vigente se agrega al 51; que trata de la misma materia de compraventa de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y se deja espacio para un nuevo artículo 52, en cuyo texto se otorga competencia a la Secretaría de la Defensa Nacional para establecer disposiciones administrativas generales a las que se sujete la adquisición de armas y municiones que realicen las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios para cumplir con la función de seguridad pública a su cargo, así como los particulares para los servicios de seguridad que se les haya autorizado, con el objeto no expreso de mantener un estricto control de la cantidad y calidad del armamento destinado a funciones de seguridad.
Finalmente, en el capítulo de sanciones, al artículo 78 se le hacen correcciones de forma y en el 79 la iniciativa presidencial precisa los formalismos para el aseguramiento o secuestro de armas, a fin de garantizar legalidad en los mismos y en forma por demás justificada, se equipara al delito de robo, la no devolución o entrega de las armas que asegure o recoja un servidor público a su superior jerárquico, o a la autoridad competente.
2o. La colegisladora, en los terminos del dictamen de sus comisiones unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Primera Sección, introdujo 13 modificaciones a los textos de los artículos contenidos en la iniciativa de reformas a la ley mismas que describimos a continuación:
a) Se consideró pertinente restringir la aplicación de esta ley a las instituciones policiales. afectándose de esta manera la redacción de los preceptos 24, 29 y 32, para evitar se desborde la ley que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
b) Se incorporó a los requisitos para que las persona físicas obtengan licencia de portación de armas. El de no consumir drogas, enervantes o sicotrópicos, mediante la adición del inciso e a la fracción I del artículo 26.
c) Para lograr una exacta identificación del portador de un arma, se propone que las identificaciones foliadas contengan los datos de la licencia colectiva, lo que obliga a modificar la parte final de la fracción II del artículo 26.
d) Con la finalidad de que la autoridad emisora de las licencias posean el tiempo necesario para analizar y resolver cada solicitud, se propone establecer un tiempo perentorio de 50 días para la aprobación y emisión del documento respectivo. (Adición al artículo 26 en su parte final)
e) Para evitar que se emitan credenciales a personas que en realidad no laboren en las instituciones solicitantes, en el artículo 29 se propone que la plantilla laboral sea enviada a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de la Defensa Nacional y notificar a éstas cualquier cambio en la misma.
f) El subinciso c) del apartado B de la fracción I del artículo 29, se redacta con arreglo a precisiones semánticas (al igual que las propuestas a los artículos 78 y 79) y al mismo tiempo se sustituye el concepto de institución de seguridad pública por el de instituciones policiales.
g) Con el objeto de tener un mayor control sobre el armamento, sería necesario que la relación que se envíe a las dependencias del Ejecutivo Federal mencionadas, contengan además del número de folio, los datos de la persona que porte el arma, por lo que se consulta una nueva redacción del inciso c de la fracción I del artículo 29.
h) Se da una nueva redacción al apartado D del artículo 29, con la finalidad de reconocer la facultad de la Secretaría de Gobernación para coordinarse con los gobiernos de los estados, en aras de obtener la información necesaria para el cumplimiento de la ley.
i) En el apartado E del artículo 29, se vuelve a la redacción original del tercer párrafo de ese mismo precepto vigente, a fin de evitar la interpretación de que la Defensa Nacional pueda ejercer autoridad sobre el personal de otras dependencias cuyo armamento inspeccione.
IV. Las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Justicia estiman que tanto la iniciativa del Presidente de la República, cuanto las modificaciones y agregados a la misma aportados por la Cámara de Senadores, cumplen los extremos de una reforma legal que abre los espacios para el ejercicio de un derecho individual consagrado en la Constitución y el necesario control y vigilancia que en el marco de la plena legalidad debe ejercer el Estado para que no se vulnere el orden público. No se ponga en riesgo la paz social y a la vez se garantice la seguridad públida mediante una coordinación que permita combatir a los delincuentes y al crimen organizado.
Las comisiones que suscriben este dictamen, consideran que las reformas propuestas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos son necesarias y oportunas, ante el apremio de actuar integralmente para contribuir a crear un clima de confianza, sin el cual, no sería posible emprender la recuperación económica, la armonía social y la reforma política del Estado.
Los cambios aprobados por la colegisladora son cuidadosos de la constitucionalidad de la ley de los preceptos cuya modificación se propone a esta soberanía: respeta los ámbitos de la libertad individual, de los derechos ciudadanos, de la función pública y de la competencia de niveles de Gobierno. Se trata de un proyecto que estimula el respeto al federalismo y regula la participación de los particulares, en forma individual o colectiva, en el ejercicio de un derecho consagrado en nuestra Carta Magna.
Las modificaciones contenidas en el proyecto de decreto enviado por la Cámara de Senadores, incluyen novedosas regulaciones y procedimientos de coadyuvancia entre entidades y dependencias públicas y los particulares, al tiempo que al reconocer a las personas morales como derechohabientes de licencias colectivas de portación de armas, dan pauta para poner orden en el servicio privado de seguridad no debidamente regulado hasta ahora.
Los informes que los titulares de las licencias colectivas deben enviar periódicamente a las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional; la coordinación con los gobiernos de los estados para iguales propósitos; la inspección periódica del armamento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la estricta reglamentación de la compraventa de armas y municiones, son parte sustancial de la legitimación de las reformas que se consultan a esta Cámara.
Es convicción de las comisiones que suscriben, que ninguna ley por sí misma transforma y mejora la realidad, pero también, que ninguna realidad es modificable si las normas jurídicas no generan condiciones de renovación que las fuerzas sociales y políticas aprovechen para lograr un objetivo de bienestar y desarrollo.
Igualmente, expresamos nuestro convencimiento que una reforma como ésta alienta el orden y la legalidad y desestimula la evasión del control y registro de la posesión, portación y uso de armas. Favorecerá, además, adecuadas campañas de despistolización y asegurará a los mexicanos que no es el camino de la violencia el que nos llevará al terreno de los avances. Esta reforma, estamos seguros, mostrará sus beneficios, aunque debemos ser muy vigilantes de su eficacia y observar los resultados de su aplicación y de la reglamentación que seguramente experimentará.
El beneficio de la experiencia, el método de las aproximaciones sucesivas, será el mecanismo infalible del perfeccionamiento futuro de nuestras instituciones. Es por ello que, confiados en el poder transformador del derecho, estas comisiones se permiten someter a la consideracion y aprobación de la Asamblea, el siguiente
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
Artículo único. Se reforman los artículos 26, 29, 40, primer párrafo; 51, 52, 78 y 79; se adicionan un segundo y tercer parrafos al artículo 24 y un segundo párrafo al artículo 32; y se deroga el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea quedan exceptuados de lo anterior, en los casos y condiciones que señalen las leyes y reglamentos aplicables.
Los integrantes de las instituciones policiales federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establecen la presente ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 26. Las licencias particulares para la portación de armas serán individuales para personas físicas, o colectivas para las morales y podrán expedirse cuando se cumplan los requisitos siguientes:
I. En el caso de personas físicas:
A. Tener un modo honesto de vivir:
B. Haber cumplido, los obligados, con el Servicio Militar Nacional:
C. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas:
D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas:
E. No consumir drogas, enervantes o sicotrópicos:
F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por:
a) La naturaleza de su ocupación o empleo:
b) Las circunstancias especiales del lugar en que viva; o c) Cualquier otro motivo justificado.
También podrán expedirse licencias particulares, por una o varias armas, para actividades deportivas, de tiro o cacería, sólo si los interesados son miembros de algún club o asociación registrados y cumplan con los requisitos señalados en los primeros cinco incisos de esta fracción.
II. En el caso de personas morales:
A. Estar constituidas conforme a las leyes mexicanas.
B. Tratándose de servicios privados de seguridad:
a) Contar con la autorización para funcionar como servicio privado de seguridad:
b) Contar con la opinión favorable de la Secretaría de Gobernación sobre la justificación de la necesidad de la portación del armamento y los límites en número y características de las armas, así como lugares de utilización.
C. Tratándose de otras personas morales, cuando por sus circunstancias especiales lo ameriten, a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, para servicios internos de seguridad y protección de sus instalaciones; ajustándose a las prescripciones, controles y supervisión que determine la propia Secretaría.
D. Acreditar que quienes portarán armas cumplen con lo previsto en los primeros cinco incisos de la fracción I anterior.
Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, los titulares de las licencias colectivas, expedirán credenciales foliadas de identificación personal, que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán semestralmente.
El término para expedir las licencias particulares y colectivas será de 50 días hábiles, contados a partir de que se presenta la solicitud correspondiente.
Artículo 29. Las licencias oficiales para la portación de armas pueden ser colectivas o individuales.
I. Las licencias colectivas podrán expedirse a:
A. Las dependencias oficiales y organismos públicos federales a cuyo cargo se encuentran las instalaciones estratégicas del país.
Los titulares de las licencias colectivas expedirán credenciales foliadas de identificación personal, que contendrán los datos de licencia colectiva y se renovarán semestralmente.
B. Las instituciones policiales. Estas licencias se sujetarán a los lineamientos siguientes:
a) Dichas instituciones deberán cumplir con las disposiciones legales de orden federal o local que resulten aplicables.
b) La Secretaría de Gobernación será el conducto para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional la expedición de licencia colectiva a las instituciones policiales, mismas que sólo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respectivas, debiéndose notificar a estas secretarías cualquier cambio en su plantilla laboral. Las autoridades competentes resolverán dentro de los 70 días siguientes a la presentación de la solicitud ante la Secretaría de Gobernación:
c) Los titulares de las instituciones policiales expedirán a su personal operativo, inscrito en el registro que establezca la ley de la materia, credenciales foliadas de identificación personal, por lapsos semestrales, las cuales, durante su vigencia, se asimilarán a licencias individuales.
C. Los titulares de las licencias colectivas remitirán periódicamente a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación un informe de las armas que se encuentren en su poder, debidamente correlacionado con su estructura y organización operativa, señalando los folios de las credenciales y los datos del personal que las tuviera a su cargo.
D. Las autoridades competentes se coordinarán con los gobiernos de los estados para obtener, con oportunidad y exactitud, la información necesaria para el cumplimiento de esta ley.
E. La Secretaría de la Defensa Nacional inspeccionará periódicamente el armamento, sólo para efectos de su control, sin tener autoridad alguna sobre el personal.
II. Las licencias individuales se expedirán a quienes desempeñen cargos o empleos en la Federación o en las entidades federativas, que para el cumplimiento de sus obligaciones requieran, en opinión de la autoridad competente, la portación de armas.
III. Los servidores públicos a que se refiere este artículo deberán cumplir, además, con los requisitos establecidos en los cinco primeros incisos de la fracción I del artículo 26 de esta ley.
Artículo 32. Corresponde a la Secretaría de Gobernación la expedición, suspensión y cancelación de licencias oficiales individuales de portación de armas a los empleados federales, de las que dará aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional para los efectos de inscripción de las armas en el Registro Federal de Armas.
A la Secretaría de Gobernación también corresponde la suspensión y cancelación de las credenciales de identificación que expidan los responsables de las instituciones policiales, al amparo de una licencia colectiva oficial de la portación de armas y que se asimilan a licencias individuales.
Artículo 40. Las actividades industriales y comerciales relacionadas con armas, municiones, explosivos y demás objetos que regula esta ley, se sujetarán a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando el material sea para el uso exclusivo de la Armada de México, esas actividades se sujetarán a las disposiciones de la Secretaría de Marina.
Artículo 51. La compraventa de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se hará por conducto de la institución oficial que señale el Presidente de la República; y se realizará en los términos y condiciones que señalen los ordenamientos que expida la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, según corresponda.
Artículo 52. La Secretaría de la Defensa Nacional podrá establecer, mediante disposiciones administrativas generales, términos y condiciones relativos a la adquisición de armas y municiones que realicen las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, así como los particulares para los servicios de seguridad autorizados o para actividades deportivas de tiro y cacería.
Dichas disposiciones deberán coadyuvar a lograr los fines de esta ley y propiciar las condiciones que permitan a las autoridades federales y locales cumplir con la función de seguridad pública a su cargo.
Artículo 78. La Secretaría de la Defensa Nacional, así como las demás autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales que desempeñen funciones de seguridad, recogerán las armas, previa expedición obligatoria del recibo correspondiente, a todas aquellas personas que las porten sin licencia, sin llevar ésta consigo, o a quienes teniéndola, hayan hecho mal uso de las armas.
El arma recogida por no llevar el interesado la licencia, será devuelta previo pago de 10 días multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la licencia será de 15 días.
Para los efectos del pago de la multa antes mencionada, se turnará la infracción, a la brevedad, a la autoridad fiscal federal correspondiente.
Artículo 79. Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo anterior, el funcionario que lo realice deberá informarlo de inmediato a su superior, quien lo hará del conocimiento del Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan. Si no se dan los informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de 10 días multa.
Se equipara al delito de robo previsto en el artículo 367 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y se aplicarán las mismas penas, cuando el servidor público que asegure o recoja un arma no la entregue a su superior jerárquico o, en su caso, a la autoridad competente.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 11 días del mes de diciembre de 1995.- Diputados: Luis Garfias Magaña, presidente de la Comisión de Defensa Nacional; Fernando Pérez Noriega, presidente de la Comisión de Justicia.- Se agrega anexo con los integrantes de las comisiones unidas:
Comisión de Defensa Nacional, diputados: Luis Garfias Magaña, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Jesús Esquinca Gurusquieta, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Miguel Rodríguez Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Tito Rubín Cruz, Mario de la Torre Hernández, Héctor Armando González Mocken, Marcelino Miranda Añorve, Octavio Guillermo West Silva, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Joaquín Rodríguez Lugo, Fernando Orihuela Carmona, Raúl Ramírez Chávez, Jorge Armando Meade Ocaranza, Antonio Medina Ojeda, Fernando Jesús Flores Gómez González, Salvador Mikel Rivera, Pedro Guadalupe Lopéz y Macías, Eusebio Moreno Muñoz, Gerardo Gabriel Nava Bolaños, Cruz Pérez Cuéllar, Sergio Teodoro Meza López, Ricardo Francisco García Cervantes, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, María del Rosario Ybarra de la Garza, Carlos Navarrete Ruiz, Carlos Servando Ponce de León Coluby y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.
Comisión de Justicia, diputados: Fernando Pérez Noriega, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Leonel Godoy Rangel, María del Carmen Segura Rangel, José Eduardo Escobedo Miramontes, María Cristina Díaz Salazar, Jorge Efraín Moreno Collado, María Claudia Esqueda Llanes, Manlio Fabio Gómez Uranga, María de la Luz Lima Malvido, Humberto Meza Galván, Marcelino Miranda Añorve, Ramiro Javier Calvillo Ramos, José Francisco Lozada Chávez, María Guadalupe Morales Ledesma, Juan Manuel Cruz Acevedo, Francisco Peralta Burelo, Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, Eustasquio de León Contreras, Yrene Ramos Dávila, Mario de la Torre Hernández, Patricia Garduño Morales, Francisco José Peniche y Bolio, Alejandro González Alcocer, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, José Alejandro Zapata Perogordo, José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ramón Sosamontes Herreramoro y Ezequiel Flores Rodríguez.
Es de primera lectura.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1996
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1996.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El diputado Fernando Pérez Noriega ( desde la curul):
Señor Presidente, una moción de orden.
Señor Presidente, de conformidad con el orden del día que ha sido distribuido, se establecen dictámenes de primera lectura de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Ley de Aeropuertos.
Solicitamos a la Presidencia nos informe si ha sido retirado ese dictamen a consideración de esta soberanía.
El Presidente:
Señor diputado, le informamos que ya fue leída esta iniciativa y ya se le ha dado trámite.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Honorable Asamblea: de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó, en tiempo y forma a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1996. Este contiene las previsiones presupuestales asignadas a los poderes y a las entidades señaladas en las fracciones I a IV y VI a VIII del artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 1996, que envió el propio Ejecutivo, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 7o. y 27 de la Ley de Planeación.
En atención a lo previsto en los artículos 48, 49, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la documentación recibida fue turnada para su estudio a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta comisión se abocó a analizar la documentación referida, así como la información obtenida en la comparecencia ante esta soberanía del secretario de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, esta información se amplió a través de la celebración de 11 audiencias con funcionarios de las distintas dependencias del Ejecutivo Federal, en donde se discutió con mayor detalle la política general de gasto, su orientación y las políticas sectoriales que se contemplan para el ejercicio fiscal de 1996.
Esta nueva modalidad enriqueció el trabajo de análisis de esta comisión dictaminadora, al proporcionar elementos para una mejor reasignación de recursos. A través de diversas reuniones internas de trabajo, las distintas fracciones parlamentarias que integran la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública presentaron sus argumentos, opiniones y propuestas con las cuales se formulan una serie de modificaciones al proyecto de presupuesto de egresos que se someten a la consideración de esta honorable Asamblea, en el siguiente:
DICTAMEN
El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 1996, señala que el principal objetivo de la política de gasto será propiciar una recuperación económica sostenible para mejorar las condiciones de vida de la población e impulsar proyectos de infraestructura que favorezcan el desarrollo de las diversas regiones del país.
En este contexto, el gasto público seguirá desempeñando un papel estratégico para contribuir a la estabilidad de la economía, por lo que su nivel seguirá siendo compatible con la disponibilidad de ingresos para su financiamiento.
La propuesta contempla acciones para conservar el equilibrio fiscal y abatir la inflación, al tiempo que realiza un ajuste importante a las erogaciones corrientes para liberar recursos que sean reasignados a programas sociales y a la inversión en infraestructura en sectores estratégicos.
I. Política presupuestal para el ejercicio fiscal de 1996
De acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 1996, los objetivos centrales de la política presupuestal para 1996, son:
a) Contribuir a la estabilidad macroeconómica, a través del ejercicio disciplinado del gasto público:
b) Aumentar el gasto en desarrollo social para fortalecer los programas de salud, educación y combate a la pobreza:
c) Incrementar la inversión en sectores estratégicos que permitan detonar el crecimiento económico y alcanzar un desarrollo regional equilibrado:
d) Elevar la calidad y efectividad del gasto para maximizar sus efectos redistributivos y lograr la consecución de los objetivos y metas fijados que impulsen el desarrollo nacional.
Para la consecución de estos objetivos, de acuerdo con las previsiones del proyecto de presupuesto, se llevarán a cabo las siguientes líneas de acción estratégicas:
1o. Ajustar el nivel de gasto total a la disponibilidad de ingresos para lograr un equilibrio fiscal que contribuya al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
2o. Incrementar la calidad y efectividad del gasto público, a través del mejoramiento de los esquemas de evaluación de proyectos, el fortalecimiento de los mecanismos de registro y de control que permitan conocer con mayor precisión el destino de los recursos fiscales y la racionalización de subsidios y transferencias para que sus beneficios esperados lleguen efectivamente a la población-objetivo.
3o. Aumentar y promover la inversión productiva hacia las actividades estratégicas de mayor beneficio económico y social, con lo cual se propone que el gasto de inversión física del sector público tenga un crecimiento real de 3.9% para alentar la reactivación económica y promover el desarrollo regional.
4o. Fortalecer los programas de desarrollo social y de combate a la pobreza extrema, que permitan ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de educación, salud y vivienda, entre otros. Se propone un nuevo esquema de descentralización del gasto público hacia los gobiernos locales para la ejecución de los programas de combate a la pobreza en materia de infraestructura urbana y rural, apoyo educativo, nutricional y de salud básica, así como de empleo temporal para la población de más bajos ingresos.
5o. Elevar la eficiencia y productividad del sector agropecuario para promover su capitalización y la rentabilidad social y económica de las actividades productivas.
6o. Preservar los recursos naturales y el medio ambiente para impulsar el desarrollo económico sustentable, que permita el aprovechamiento racional de nuestra riqueza natural y un mejoramiento en la calidad de vida de la población.
7o. Reformar el sistema de seguridad pública y los mecanismos de procuración e impartición de justicia.
8o. Crear un fondo para enfrentar desastres naturales, lo que permitirá hacer frente a este tipo de eventos impredecibles sin necesidad de reasignar recursos de otros programas con el objeto de apoyar a los afectados por fenómenos de la naturaleza.
9o. Descentralizar programas y responsabilidades hacia gobiernos estatales y municipales, a través de una federalización y descentralización del gasto público en materia de desarrollo regional, servicios de salud y funciones operativas de los programas agropecuarios.
II. Estructura general del proyecto de presupuesto de egresos
El gasto neto total que se somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 1996, asciende a 553 mil 718 millones de pesos, monto inferior a 0.4% en términos reales al estimado para el cierre de 1995. El nivel de gasto propuesto, dada la previsión de recursos contemplada en la Ley de Ingresos de la Federación y el balance superavitario de las entidades de control presupuestal indirecto, darán como resultado un equilibrio financiero para el ejercicio de 1996.
Dentro del gasto neto total previsto para 1996, el 70% de los recursos se destinarán a gasto programable y el 30% restante a gasto no programable.
En cuanto a su composición, el gasto propuesto para 1996 estará integrado de la siguiente manera:
a) El gasto programable de los poderes Legislativo y Judicial, los órganos electorales, los tribunales agrarios, el Tribunal Fiscal de la Federación y el Ejecutivo Federal, excluyendo transferencias y aportaciones a organismos y empresas controladas presupuestalmente, asciende a 215 mil 027 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 3.8% en términos reales respecto al cierre estimado de 1995.
b) El gasto programable de los organismos y empresas sujetos a control presupuestal directo es de 171 mil 205 millones de pesos, lo que representa un decremento real de 5.9% respecto al del final del presente año.
Así, el total de gasto programable suma 386 mil 232 millones de pesos, lo que comparado con 1995 da como resultado un descenso de 0.7% en términos reales.
c) Las participaciones a entidades federativas y municipios es de 68 mil 659 millones de pesos, con un incremento real de 4.4% respecto del ejercicio anterior.
d) Los estímulos fiscales se propone que asciendan a 200 millones de pesos, cifra que contrasta con la de 44 millones de pesos, prevista para el cierre de 1995.
e) Los pagos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores se estima que asciendan a 10 mil 376 millones de pesos, con lo que su participación en el total del gasto presupuestal será menor al 2%.
De esta manera, el gasto primario total suma los 465 mil 467 millones de pesos, superior en 0.9% real respecto a la cantidad prevista al término del ejercicio actual.
Deuda pública
El costo financiero de la deuda del Gobierno Federal y de los organismos y empresas bajo control directo presupuestal asciende a 88 mil 251 millones de pesos, monto equivalente al 4.0% del PIB esperado para 1996. Según el proyecto, dicho costo financiero se reducirá un 7.0% en términos reales, como resultado de la reestructuración de pasivos de corto a largo plazo.
El pago de intereses y comisiones de la deuda total del Gobierno Federal asciende a 71 mil 130 millones de pesos, lo que refleja un decremento real del 6.1% respecto de 1995. El costo financiero de los pasivos del sector paraestatal bajo control presupuestal directo es de 17 mil 121 millones de pesos, con una disminución de 10.4% en términos reales comparado con el año anterior.
Presupuesto de egresos del Poder Legislativo
La propuesta de gasto del Poder Legislativo, incluyendo la previsión del paquete salarial, asciende a 1 mil 544 millones de pesos. El gasto directo de administración asciende a 1 mil 491 millones de pesos, el cual incluye el costo de operación de las cámaras de Diputados y Senadores, así como las actividades de fiscalización de la Contaduría Mayor de Hacienda. En términos reales, el incremento en el nivel de gasto presupuestal representa un 6.0% respecto del ejercicio anterior. El gasto de inversión física aumenta un 17.6% en términos reales.
Presupuesto de egresos del Poder Judicial
Como resultado de las reformas emprendidas en diciembre de 1994 al sistema de impartición de justicia, el presupuesto que se propone para 1996 busca consolidar el Consejo de la Judicatura, impulsar la modernización de los sistemas jurídicos y administrativos para dar mayor agilidad al proceso judicial y continuar con la desconcentración y descentralización de los órganos encargados de la administración de justicia para permitir y facilitar el acceso de la población a dicho servicio. Para el cumplimiento de estos objetivos el gasto propuesto asciende a 2 mil 344 millones de pesos, con una variación real de 21.5% respecto al de 1995.
Presupuesto de egresos de los órganos electorales
Con el propósito de alentar la participación ciudadana en los procesos electorales y de fortalecer al órgano jurisdiccional como principal garante de que los actos y resoluciones electorales se sujeten a lo que la legislación establece, el proyecto de presupuesto para el Instituto Federal Electoral y para el Tribunal Federal Electoral asciende a 1 mil 567 millones de pesos, cantidad 5.6% real inferior a la del cierre previsto en 1995.
Presupuesto de egresos de los tribunales agrarios
El gasto propuesto para los tribunales agrarios asciende a 215 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 8.0% respecto al ejercicio presupuestal anterior. Con dichos recursos se continuará con el proceso de regularización de la propiedad de la tierra, la resolución de los expedientes de rezago agrario y las acciones para dar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra.
Presupuesto de egresos del Tribunal Fiscal de la Federación
El presupuesto que se propone durante 1996 para el Tribunal Fiscal de la Federación se orientará a fortalecer su organización y nuevas atribuciones que la ley establezca. El gasto presupuestal asciende a 134 millones de pesos, cantidad superior al 26.3% real respecto de 1995 para apoyar la modernización de este órgano administrativo en materia de controversias y justicia fiscales.
Presupuesto de la administración pública centralizada
El proyecto de presupuesto para la administración pública central establece un nivel de gasto programable por 232 mil 975 millones de pesos, monto inferior en 1.7% real al del cierre estimado para 1995. Dentro del gasto programable total, el gasto directo crece en términos reales un 5.3%, mientras que las transferencias a organismos y entidades se reducen cerca del 6.0% en términos reales.
Los mayores incrementos reales se proponen a las siguientes dependencias: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (83.4%); Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (59.4%); Secretaría de Desarrollo Social (42.6%) y Secretaría de Energía (40.5%).
Si se excluyen las transferencias totales, los ramos presupuestales con mayor peso dentro del gasto directo total son: Educación Pública, Desarrollo Regional, Salud, Comunicaciones y Transportes y aportes a la seguridad social.
Atendiendo a la clasificación económica del gasto programable, el gasto corriente asciende a 189 mil 318 millones de pesos, equivalente a una reducción real de 2.8% respecto al cierre previsto para 1995. Este gasto incluye un presupuesto para servicios personales que contiene una variación real anual de 3.4% para apoyar las actividades en materia de educación, salud, procuración de justicia, así como los incrementos salariales autorizados.
El gasto de capital asciende a 43 mil 657 millones de pesos, monto superior a 3.4% en términos reales al del cierre estimado para 1995. De este total, destaca el incremento de la inversión física directa con un monto de 23 mil 111 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 9.3%, mientras que la inversión financiera y las transferencias caen un 4.2 y 2.5% en términos reales, respectivamente.
Presupuesto de egresos de la dministración pública paraestatal
De acuerdo al documento, la política de gasto del sector presupuestal busca incrementar la eficiencia de las entidades paraestatales estratégicas y prioritarias. El proyecto de gasto programable de los organismos y las empresas de control presupuestal directo asciende a 171 mil 205 millones de pesos, con un decremento real de casi 6.0% respecto al año anterior.
De ese total, el gasto corriente se reduce un 7.5% real y el gasto de capital un 0.3% en términos reales respecto al cierre estimado para 1995. Dentro de este último gasto, la inversión física en obra pública de organismos y entidades aumenta un 1.7% real y la inversión financiera se reduce casi un 13.0% en términos reales.
Transferencias
El proyecto establece que las transferencias del sector central se fijarán bajo los criterios de equidad, selectividad, racionalidad y transparencia en el otorgamiento de los recursos. El monto total de las mismas asciende a 140 mil 520 millones de pesos, con una disminución de 5.9% en términos reales respecto del cierre estimado para 1995.
Los subsidios y transferencias a organismos y empresas de control directo que representan casi el 12% del total, se reducen un 38.7% en términos reales. Las dirigidas a apoyar la operación de entidades paraestatales de control indirecto suman 80 mil 893 millones de pesos, con un incremento real de 3.1%. El restante 30.4% corresponde a las aportaciones para la educación básica en los estados, que ascienden a 42 mil 776 millones de pesos.
Las transferencias totales para las entidades de control directo ascienden a 16 mil 852 millones de pesos. Conviene señalar que la racionalización de las mismas ha permitido abatir en más de un 38.0% las destinadas a equilibrar la operación, reducir en casi 30.0% sus requerimientos de capital y disminuir en casi 66.0% el apoyo presupuestal para cubrir el servicio de su deuda.
III. Análisis de la distribución sectorial del gasto programable
La propuesta de gasto programable sectorial que el Ejecutivo Federal somete a consideración de esta soberanía asciende a 380 mil 429 millones de pesos, nivel que experimenta un ajuste de 0.9% en términos reales respecto al cierre estimado para 1995. La participación del gasto programable dentro del producto interno bruto representa el 17.3%.
La disminución que propone el Ejecutivo Federal en el nivel de gasto programable obliga a realizar una recomposición dentro del mismo, en virtud de la atención a prioridades nacionales en materia de política social, generación de empleo y desarrollo de infraestructura productiva.
No obstante la reducción real que se presenta en el nivel de gasto público, se prevé que la composición del mismo desempeñará un papel activo en favor de la reactivación de la economía.
En este sentido, la canalización de recursos que asigne el Ejecutivo Federal al logro de los objetivos planteados en la política presupuestal para 1996 se deberán de apegar estrictamente a criterios de eficiencia y transparencia, con objeto de que su impacto tenga un efecto redistributivo eficaz.
El Ejecutivo Federal propone que la inversión física crezca un 3.9% en términos reales para apoyar la reactivación económica, mientras que para el gasto corriente se prevé una disminución real de 4.7% para 1996.
En materia de política social, se propone dotar a las familias en condiciones de pobreza extrema de un paquete de salud que incluya servicios comunitarios y de atención médica. Asimismo, se pretende fortalecer los programas de empleo temporal en zonas rurales y urbanas.
A) Orientación sectorial del gasto
En la propuesta de presupuesto, el gasto en desarrollo social se incrementará 2.5% en términos reales hasta alcanzar un monto de 202 mil 710 millones de pesos, que representará el 53.3% del gasto programable presupuestal. Con ello se buscará incrementar y mejorar la oferta educativa; elevar la calidad de los servicios de salud y seguridad social; fortalecer las condiciones de vida de los medios urbano y rural; garantizar el suministro de agua potable y aumentar la cobertura de los programas de capacitación para el trabajo.
En el subsector educación, se establece que la política de gasto se orientará a ampliar la cobertura y elevar la calidad en todos los niveles, dando especial atención a los programas compensatorios dirigidos a los grupos y regiones con mayor rezago; incrementar la infraestructura educativa; continuar con la reforma integral de contenidos y materiales educativos; reforzar las acciones para la actualización y capacitación del magisterio; impulsar programas de investigación y desarrollo tecnológico y estimular las expresiones de arte y cultura, así como el fomento a las disciplinas deportivas, en particular la conclusión de un centro deportivo para discapacitados. El presupuesto del subsector ascenderá a 90 mil 618 millones de pesos, lo que significa una variación real de 2.9% respecto del año anterior y representa el 23.8% del gasto programable total. De este monto, 5 mil 259 millones de pesos se destinarán a la inversión en infraestructura educativa, cantidad superior al 6.1% en términos reales al del ejercicio anterior.
En lo que respecta al sector salud y seguridad social, se implantará un paquete básico de servicios que atienda las necesidades prioritarias y reconozca las disparidades regionales. Se fortalecerán la descentralización de funciones que favorezcan la prestación de los servicios a nivel local. Se promoverá una reforma de las instituciones de seguridad social que favorezca la estabilidad financiera de las mismas en beneficio de los derechohabientes. Asimismo se reconoce la necesidad de una mayor complementariedad con los programas alimentarios y educativos para fortalecer las acciones de superación de la pobreza extrema.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos señalados, el Ejecutivo Federal sometió a consideración de esta soberanía un presupuesto para el sector salud y seguridad social de 82 mil 551 millones de pesos, superior en 1.1% real al de 1995. De este monto, 3 mil 152 millones de pesos corresponden a inversión, cantidad que significará un crecimiento de 11.1% real.
Para 1996, el documento establece que la política del subsector laboral se orientará a fortalecer la modernización del mercado laboral, incrementar la productividad y competitividad de la mano de obra, así como a fomentar mayores oportunidades de empleo. Para cumplir con estos propósitos, se propone un presupuesto para el subsector de 2 mil 056 millones de pesos, monto que representa un incremento real de 24.8% con respecto al de 1995. La mayor parte de estos recursos se destinará al otorgamiento de 900 mil becas: 450 mil para trabajadores desempleados y otras 450 mil para capacitación.
La estrategia de fortalecimiento del desarrollo regional y de combate a la pobreza plantea dos líneas de acción principales. La primera, se centrará en un proceso de descentralización del gasto federal hacia los municipios, vía los gobiernos de los estados, con el propósito de elevar la eficiencia del gasto, acercar la toma de decisiones a donde se generan las necesidades y promover el desarrollo de la infraestructura rural y urbana.
La segunda se orientará a fortalecer los programas federales de combate a la pobreza, a través de un nuevo esquema de asignación de recursos que pretende darle una mayor precisión a los convenios para distribuir las responsabilidades y los recursos entre los tres órdenes de gobierno, así como respecto del destino que se habrá de dar a los mismos.
La propuesta contempla la constitución de tres fondos específicos:
a) Para el desarrollo social municipal, en el cual se atenderán demandas de infraestructura urbana y de servicios prioritarios:
b) De prioridades estatales, cuando se ejecuten obras que por su magnitud rebasen el ámbito territorial del municipio o cuya duración sea mayor a la de un ejercicio fiscal:
c) Para la promoción del empleo y la educación dirigido a grupos y zonas deprimidas.
En lo que respecta al desarrollo urbano, se prevé fortalecer la capacidad de planeación y de administración urbana local y el ordenamiento y ampliación de servicios, con el apoyo de estudios y proyectos en materia de vialidad, transporte y residuos sólidos. Se pretende con ello, que los estados y municipios regulen y conduzcan sus procesos de crecimiento.
En materia de vivienda, se propone continuar promoviendo y coordinando los esfuerzos de los sectores público, social y privado, en apoyo a la producción, financiamiento, comercialización y titulación de la vivienda. Respecto al suministro oportuno y eficiente del agua potable, se fortalecerán los organismos responsables del manejo integral de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento para una administración eficiente de los recursos acuíferos y cuencas hidrológicas. El gasto presupuestado en el subsector desarrollo regional y urbano, que incluye lo relativo a la vivienda y agua potable, asciende a 18 mil 942 millones de pesos, mayor en 2.5% en términos reales respecto al presupuesto esperado para 1995.
El documento establece que para 1996 la política del subsector abasto social y nutrición se enmarcará en el objetivo de promover una estrategia integral para abatir la pobreza extrema, sustentada en una mayor complementariedad entre los programas alimentarios, de salud y educativos. Para ello y con el propósito de cumplir los lineamientos del programa nacional de alimentación, se propone realizar una serie de acciones para mejorar la focalización de los programas alimentarios.
Simultáneamente se buscará que los programas alimentarios para las familias de escasos recursos cuenten con los elementos nutricionales indispensables y alcancen a la población objetivo. Para el logro de estos objetivos se propone un presupuesto de 8 mil 542 millones de pesos, superior en 2.2% real respecto al cierre de 1995.
La política de gasto propuesta para el sector medio ambiente buscará armonizar el crecimiento económico con la protección al entorno ecológico. Se propone, diversificar los instrumentos regulatorios necesarios para consolidar un esquema de controles, incentivos y oportunidades. Así, en un marco de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y entre las diversas instituciones federales que participan en el sector, se propone un presupuesto de 5 mil 671 millones de pesos para 1996, lo que significa un crecimiento real de 1.5% respecto a 1995. De estos recursos 5 mil 181 millones de pesos corresponderían a inversión física, lo que representa un crecimiento anual en términos reales de 21.9%.
La política diseñada para el desarrollo agropecuario y recursos naturales tiene como principal objetivo recuperar niveles adecuados de productividad, rentabilidad y capitalización en el campo. Con este propósito, la propuesta contempla un presupuesto de 32 mil 688 millones de pesos para facilitar la innovación tecnológica, inducir la reconversión productiva, elevar el rendimiento por hectárea y optimizar la explotación de la riqueza natural del país.
Para el subsector de desarrollo agropecuario la política de gasto plantea elevar el volumen, valor agregado y calidad de su producción. Se propone instrumentar un nuevo acuerdo institucional que permita la descentralización de funciones y recursos hacia las entidades federativas para que dispongan de un mayor poder de decisión sobre la conducción del desarrollo agropecuario.
Adicionalmente propone canalizar recursos frescos para promover la reconversión productiva, aumentar progresivamente la productividad y el nivel de ingreso de los productores rurales, mejorar el nivel de vida de los campesinos; poner en marcha obras de infraestructura regional bajo nuevos esquemas de financiamiento e impulsar medidas que otorguen certidumbre a la tenencia de la tierra.
Para 1996, el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) plantea como meta atender 14.9 millones de hectáreas de cultivo de maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya, algodón, cártamo y cebada.
Con la finalidad de facilitar el acceso a nuevas tecnologías y fomentar la capitalización de las actividades agropecuarias, se propone crear el Programa de Apoyos Directos y Productivos al Campo (Produce).
En cuanto al subsector de recursos naturales, la política de gasto está aumentada a apoyar las acciones que fomenten su aprovechamiento, la protección del medio ambiente y la explotación racional de actividades pesqueras, forestales y mineras.
En el sector comunicaciones y transportes, se propone un presupuesto de gasto programable de 18 mil 575 millones para consolidar las adecuaciones al marco normativo del sector y fortalecer la participación social y privada en obras de infraestructura y sistemas de telecomunicación.
El 42.1% de la inversión del sector se sugiere destinar a la construcción y modernización de carreteras federales, el 49.7% para continuar abatiendo el rezago en el mantenimiento de la red federal de carreteras y el 8.2% restante a la conservación de caminos rurales. Con la finalidad de fomentar el empleo, se continuará con el programa especial de conservación de carreteras alimentadoras y caminos rurales con uso intensivo de mano de obra.
Por lo que se refiere a ferrocarriles y aeropistas, el énfasis es en el mantenimiento, conservación y equipamiento de la red.
De acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 1996, el sector energético seguirá desempeñando un papel importante en la economía, en virtud de que abastece al mercado nacional con insumos básicos para la producción, así como por la generación de divisas e impuestos que causa. Se propone asignar al sector un gasto total de 83 mil 025 millones de pesos, en donde destaca la inversión física con un total de 29 mil 941 millones y un crecimiento real del 2.5% respecto a 1995.
Por lo que se refiere al subsector petrolero, se propone aumentar el gasto a atender los proyectos de mayor viabilidad económica, así como a aquellos considerados como esenciales para la actividad productiva nacional. Se prevé mantener la plataforma de producción de crudo e incrementar en 7.0% la plataforma de exportación.
Para cumplir estos objetivos, el gasto programable de Pemex se ubica en 45 mil 234 millones de pesos, manteniendo el mismo nivel, en términos reales, de 1995. El gasto destinado a la inversión ascenderá a 23 mil 896 millones de pesos, lo que significa un crecimiento real del 10.8% respecto al cierre estimado para 1995.
En el subsector eléctrico destaca el gasto propuesto a la transmisión y distribución de energía eléctrica, conservando un adecuado mantenimiento de la infraestructura de generación. Para lograr lo anterior, la propuesta de gasto programable para el subsector es de 41 mil 327 millones de pesos.
Por lo que respecta al sector Gobierno, Seguridad Nacional y Procuración de Justicia, la estrategia que se propone se orientará al cumplimiento de los preceptos constitucionales; a apoyar la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública; a la aplicación oportuna e imparcial de las leyes y a mejorar el combate al crimen organizado, narcotráfico y delitos derivados. Para cumplir lo anterior, se propone un gasto de 19 mil 822 millones de pesos, nivel similar al observado durante 1995.
IV. Resultado presupuestal
Para 1996, se estima un superávit en las finanzas consolidadas del sector público por 480 millones de pesos. Este balance superavitario es resultado del efecto combinado que tiene, por un lado, el déficit financiero del sector público presupuestal, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por 240 millones de pesos y por el otro, el superávit financiero de las entidades bajo control indirecto presupuestal por 720 millones de pesos.
De acuerdo al proyecto de presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo, el superávit previsto contribuirá a favorecer la reactivación económica y el abatimiento de la inflación, lo que permitirá consolidar las bases para lograr un desarrollo sostenido.
El proyecto enfatiza una mejor aplicación del gasto público, introduce nuevos esquemas de descentralización presupuestal, así como mecanismos de control y evaluación de proyectos de inversión, encaminados a redistribuir con equidad los beneficios de la recuperación económica. Aún con la disminución del gasto público como proporción del producto interno bruto, las áreas del sector público responsables del desarrollo social y de realizar obras en infraestructura estratégica y prioritaria han recibido incrementos significativos en sus erogaciones programables.
V. Modificaciones que se proponen al proyecto de decreto del presupuestode egresos de la Federación para 1996
En el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, al efectuar el examen y discusión de la iniciativa de decreto del presupuesto de egresos de la Federación para 1996, enviado por el Ejecutivo Federal a la consideración y en su caso aprobación de esta Cámara de Diputados, surgieron diversas observaciones y propuestas como resultado de la discusión plural y respetuosa sostenida por los legisladores de las cuatro fracciones parlamentarias con los representantes del Poder Ejecutivo.
Los integrantes de esta comisión dictaminadora analizaron con detenimiento cada una de las propuestas formuladas y como resultado del trabajo conjunto efectuado estiman conveniente proponer al pleno de esta Asamblea lo siguiente:
1o. Realizar un ajuste al nivel de gasto autorizado al Poder Ejecutivo Federal, por 4 mil 382 millones de pesos, equivalente al incremento derivado de la variación en el porcentaje participable que se aplique al ramo presupuestal 00028 "participaciones a entidades federativas y municipios", con el objeto de preservar el equilibrio fiscal.
2o. Vigilar que el monto del ajuste presupuestal se realice conforme a los siguientes criterios:
Compactar estructuras administrativas y depurar programas, funciones y metas, a fin de eliminar duplicidades o reducir gastos no prioritarios.
Racionalizar las oficinas de representación en el extranjero que atiendan asuntos de carácter internacional, a efecto de que éstos se realicen por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Prohibir la afectación de los programas de inversión en infraestructura física.
Proteger los programas de gasto social, que identifiquen de manera precisa a la población objetivo y sean un beneficio efectivo para la sociedad.
Racionalizar los subsidios generalizados al consumo bajo criterios de equidad social y regional, en particular los relacionados con el precio de la tortilla, las tarifas de electricidad y el precio del gas L.P., así como reducir aquellos destinados a cubrir los déficit de operación.
3o. Adicionar en el ramo 00025 aportaciones para educación básica en los estados, el término "...y para los servicios en el Distrito Federal", para con ello incluir en un mismo ramo las transferencias que financian los servicios educativos en el Distrito Federal.
4o. Reubicar a partir del ejercicio fiscal de 1997 la presupuestación de los servicios educativos del Distrito Federal, que actualmente se incluyen en el ramo 00011, en el ramo 00025 aportaciones para educación básica en los estados y para los servicios en el Distrito Federal, a efecto de que todas las transferencias de recursos se realicen de manera integral, ordenada y transparente y poder evaluar así sus resultados.
Sobre este particular, esta dictaminadora considera que para el ejercicio fiscal de 1997 los recursos presupuestales del ramo 00025 deberán transferirse a los gobiernos de las entidades federativas con base en una fórmula precisa que incorpore criterios y reglas claras para su asignación eficiente y equitativa.
5o. Modificar la denominación del ramo 00026 desarrollo regional y urbano por el de "superación de la pobreza", con el objeto de delimitar de manera más precisa la asignación de recursos presupuestales conforme a una estrategia integral para la consecución de este objetivo prioritario.
6o. Exigir a la Secretaría de Desarrollo Social, a que dentro de un plazo establecido, dé cuenta a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Desarrollo Social sobre la metodología y criterios de aplicación establecidos para asignar y ejercer los recursos del ramo 00026 superación de la pobreza. Dicha fórmula deberá de estar referida a indicadores de pobreza.
7o. Establecer la obligación de que en el marco de los convenios de desarrollo social, se defina la distribución de los recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal con base en indicadores similares. La distribución que resulte entre los municipios deberá ser publicada en el correspondiente órgano oficial de difusión del gobierno estatal. Asimismo, los municipios tendrán la obligación de dar a conocer el monto que les fue otorgado y las obras que se realizarán con dichos recursos, especificando para tal efecto el presupuesto que se ejercerá.
8o. Precisar las materias y alcances de los procesos de descentralización mediante la suscripción de convenios entre los distintos órdenes de gobierno, a efecto de establecer con claridad las atribuciones, funciones, responsabilidades y recursos que la Federación transferirá, debiendo el Ejecutivo Federal de informar a esta comisión dictaminadora dentro de los 30 días siguientes a la firma de los mismos.
9o. Fortalecer los mecanismos de fiscalización y control de las erogaciones públicas, a través de un sistema integral que, respetando la autonomía de los tres órdenes de gobierno, contribuya a la transparencia, legalidad y eficiencia del gasto público. Para tal efecto, se deberá de convenir con las legislaturas locales, la incorporación a las cuentas de la hacienda pública respectivas la aplicación, destino y los resultados de los recursos que se descentralizaron.
10. Promover ante el Poder Ejecutivo Federal, el fomento de medidas de ahorro de energía, de materiales y suministros, así como de servicios generales, para lo cual las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán de presentar en un plazo previsto programas de ahorro específico en materia de gasto corriente para hacerse merecedores de los estímulos e incentivos a la productividad que la legislación aplicable establece.
11. Vigilar que el ejercicio del gasto público en inversión se realice con base en una evaluación previa y detallada de los proyectos, debiendo el Poder Ejecutivo Federal enfatizar de manera clara los beneficios socioeconómicos y el impacto presupuestal sobre el ejercicio fiscal de que se trate.
12. Asegurar que los subsidios y las transferencias se apliquen efectivamente al cumplimiento de objetivos y metas autorizadas, con base en criterios de selectividad, transparencia, equidad y temporalidad que aseguren su beneficio en la población objetivo.
13. Revisar el Procede a efecto de que durante 1996 y sin afectar las metas del Plan Nacional de Desarrollo, se puedan generar recursos adicionales a proyectos productivos del sector rural.
14. Promover ante el Poder Ejecutivo Federal, una mejor coordinación de los programas alimentarios, nutricionales y de otorgamiento de becas educativas y de capacitación para optimizar los beneficios sociales.
Por todo lo expuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública propone a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1996
TITULO PRIMERO
De las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal para el año de 1996, se realizará conforme a las disposiciones de este decreto y a las demás aplicables en la materia.
Artículo 2o. En la ejecución del gasto público federal, las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas aprobados en este presupuesto, que correspondan a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 3o. Para efectos del presente decreto, se entenderá por:
I. Dependencias y entidades: las secretarías de Estado, los departamentos administrativos, la Procuraduría General de la República y las demás dependencias y entidades que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
II. Presupuesto: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996:
III. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
IV. Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Artículo 4o. La Secretaría estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
CAPITULO II
De las erogaciones
Artículo 5o. Las erogaciones previstas para el Poder Legislativo en el año de 1996, importan la cantidad de 1 mil 490 millones 400 mil pesos.
Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el Poder Judicial en el año de 1996, importan la cantidad de 2 millones 343 mil 608 pesos.
Artículo 7o Las erogaciones previstas para el ramo 00002 Presidencia de la República, en el año de 1996, importan la cantidad de 533 millones 284 mil 200 pesos.
Artículo 8o. Las erogaciones previstas para las dependencias en el año de 1996, importan la cantidad de 128 millones 460 mil 752 pesos, para lo cual se deberá de realizar una reasignación de recursos a partir de los siguientes montos máximos de referencia:
00004 Gobernación $2,329.260,000.00.
00005 Relaciones Exteriores $1,710.784,000.00.
00006 Hacienda y Crédito Público $11,343.431,600.00
00007 Defensa Nacional $9,903.535,800.00
00008 Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural $16,756.145,200.00
00009 Comunicaciones y Transportes $11,967.451,600.00
00010 Comercio y Fomento Industrial $1,194.573,900.00
00011 Educación Pública $40,611.653,000.00
00012 Salud $9,760.230,000.00
00013 Marina $3,430.803,900.00
00014 Trabajo y Previsión Social $1,804.596,300.00
00015 Reforma Agraria $2,020.058,700.00
00016 Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca $6,725.284,200.00
00017 Procuraduría General de la República $1,727.633,200.00
00018 Energía $4,796.977,300.00
00020 Desarrollo Social $5,819.662,000.00
00021 Turismo $712.001,600.00
00027 Contraloría y Desarrollo Administrativo $228.669,700.00.
Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.
Artículo 9o. Las erogaciones previstas para el ramo 00022 órganos electorales, en el año de 1996, importan la cantidad de 1 millones 432 mil 170 pesos.
Artículo 10. Las erogaciones previstas para el ramo 00031 tribunales agrarios, en el año de 1996, importan la cantidad de 154 mil 570 pesos.
Artículo 11. Las erogaciones previstas para el ramo 00032 Tribunal Fiscal de la Federación, en el año de 1996 importan la cantidad de 105 millones 180 mil pesos.
Artículo 12. Las erogaciones previstas para el año de 1996, correspondientes a las entidades cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:
00637 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado $14,049.969,300.00
00641 Instituto Mexicano del Seguro Social $50,660.400,000.00
04460 Productora e Importadora de Papel S.A.de C.V. $1,613.280,500.00
06750 Lotería Nacional para la Asistencia Pública $667.253,300.00
09085 Aeropuertos y Servicios Auxiliares $1,096.900,000.00
09120 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos $2,873.002,000.00
09195 Ferrocarriles Nacionales de México $6,200.605,300.00
08145 Compañía Nacional de Subsistencias Populares $7,482.497,800.00
18164 Comisión Federal de Electricidad $36,190.591,500.00
18500 Luz y Fuerza del Centro $5,136.183,100.00
Petróleos Mexicanos
Consolidado $45,233.782,700.00
18572 Petróleos Mexicanos $3,422.255,400.00
18575 Pemex Exploración y Producción $20,089.099,300.00
18576 Pemex Refinación $16,085.491,000.00
18577 Pemex Gas y Petroquímica Básica $3,059.224,700.00
18578 Pemex Petroquímica $2,577.712,300.00
Suma: $171,204.465,500.00
Las cifras expresadas para los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos no incluyen operaciones realizadas entre ellos.
Del total de la suma obtenida por las cantidades desglosadas en el presente artículo, el importe financiado con recursos propios y créditos asciende a 147 mil 453 millones 164 mil 800 pesos, mientras que el de los subsidios, las transferencias y las cuotas de seguridad social incluidas en el gasto del Gobierno Federal es por 23 mil 751 millones 300 mil 700 pesos.
Artículo 13. Las erogaciones previstas para el ramo 00019 Aportaciones a Seguridad Social, en el año de 1996, importan la cantidad de 16 mil 794 millones 140 mil pesos.
Artículo 14. Las erogaciones previstas para el ramo 00023 provisiones salariales y económicas, en el año de 1996, importan la cantidad de 31 mil 498 millones 994 mil pesos.
Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo serán las comprendidas en el concepto 7300 del ramo 00023 provisiones salariales y económicas.
Artículo 15. Las erogaciones previstas para las entidades federativas y municipios en el año de 1996, importan la cantidad de 113 mil 824 millones 490 mil pesos y se distribuyen de la siguiente manera:
00025 aportaciones para educación básica en los estados y para los servicios en el Distrito Federal $40,783.190,000.00
00028 participaciones a entidades federativas y municipios $73,041.300,000.00
El ramo 00025 aportaciones para educación básica en los estados y para los servicios en el Distrito Federal, será administrado por la Secretaría y por la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Las erogaciones correspondientes al ramo 00028 participaciones a entidades federativas y municipios, se ejercerán de acuerdo con los porcentajes de participaciones federales, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 16. Las erogaciones previstas para el ramo 00026 superación de la pobreza, en el año de 1996, importan la cantidad de $11,000.000,000.00 y se distribuyen de la siguiente manera:
Fondo de Desarrollo Social Municipal $7,150,000,000.00
Fondo de Prioridades Estatales $500.000,000.00
Fondo para la Promoción del Empleo y la Educación $3,350.000,000.00
La Secretaría de Desarrollo Social definirá el esquema de operación de los recursos del ramo 00026 superación de la pobreza, a efecto de garantizar congruencia y eficacia en la conducción de la política social a nivel nacional y agilizar la transferencia de recursos a las entidades federativas para inducir la participación de los gobiernos estatales y municipales en la promoción del bienestar social. El control presupuestal se ejercerá por la Secretaría.
El fondo de desarrollo social municipal se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a una fórmula basada en indicadores de pobreza entre estados y municipios. Antes del 31 de enero de 1996, la Secretaría de Desarrollo Social dará cuenta a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, de la fórmula y metodología utilizada. Asimismo antes de dicha fecha la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación la fórmula y metodología correspondiente, así como la asignación presupuestal para los estados para 1996.
La Secretaría de Desarrollo Social convendrá con los estados en el marco de los convenios de desarrollo social, la distribución de los recursos del fondo de desarrollo social municipal con base en indicadores similares. La distribución que resulte entre los municipios deberá ser publicada en el correspondiente órgano oficial de difusión del gobierno estatal a más tardar el 15 de febrero de 1996.
Los municipios sólo podrán utilizar los recursos del fondo de desarrollo social municipal para inversiones en los siguientes rubros: agua potable; alcantarillado; drenaje y letrinización; electrificación; urbanización; apoyos, construcción y conservación de infraestructura educativa básica; construcción y conservación de infraestructura de salud; crédito a la palabra y construcción de caminos e infraestructura rural.
Conforme al convenio de desarrollo social, los gobiernos de los estados y los municipios serán los responsables de la correcta orientación, destino y aplicación de los recursos del ramo 00026: superación de la pobreza, que se les asigne, así como de su manejo transparente. Los recursos asignados a los ayuntamientos serán ejercidos por éstos con la participación de sus comunidades, teniendo la libertad de decidir su aplicación entre los rubros que se indican en el párrafo anterior, dando prioridad a las obras en proceso y al mantenimiento de las ya terminadas. Asimismo los municipios tendrán la obligación de publicar el monto que les fue otorgado y las obras que se realizarán con dichos recursos, especificando para tal efecto el presupuesto que se ejercerá.
Para asegurar el cumplimiento de las acciones de los convenios de desarrollo social, la Secretaría de Desarrollo Social efectuará el seguimiento físico-financiero y la evaluación del avance de las obras. Cuando se detecten desviaciones o incumplimiento de lo convenido, la Secretaría de Desarrollo Social podrá suspender la radicación de fondos federales e inclusive solicitar su reintegro. Para estos propósitos los estados y municipios convendrán con la propia Secretaría de Desarrollo Social, establecer un registro público de cada obra, que permita llevar a cabo una adecuada evaluación.
Para el control de los recursos del ramo 00026 superación de la pobreza, asignados a las entidades federativas, la contraloría convendrá con los gobiernos estatales o sus dependencias facultadas en la materia, las actividades o programas que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como del programa acordado en el marco del convenio de desarrollo social. La Secretaría de Desarrollo Social, la Contraloría y los gobiernos estatales y municipales promoverán la participación ciudadana en el destino, aplicación y vigilancia de los recursos federales y estatales convenidos en materia de desarrollo social.
Artículo 17. Las erogaciones previstas para el pago del costo financiero de la deuda del Gobierno Federal en el año de 1996, importan la cantidad de 71 mil 129 millones 960 mil pesos y se distribuyen de la siguiente manera:
00024 Deuda Pública $69,703.160,000.00
00029 Erogaciones para Saneamiento Financiero $1,426.800,000.00
Los intereses y comisiones correspondientes a las entidades comprendidas en el artículo 12 anterior, ascienden a la cantidad de 17 mil 121 millones 287 mil pesos.
Las asignaciones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores del Gobierno Federal importan la cantidad de 10 mil 376 millones de pesos.
Artículo 18. El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales. Adicionalmente podrá amortizar deuda pública, en su caso, hasta por el monto de los excedentes de ingresos ordinarios presupuestarios.
También podrán destinarse a la amortización de deuda, los ingresos que obtenga el Gobierno Federal como consecuencia de la desincorporación de entidades; del retiro de la participación estatal en aquellas que no sean prioritarias; de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos.
El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputados, en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 70 de este decreto y al rendir la cuenta de la hacienda pública federal. lo dispuesto en este artículo será aplicable a las entidades.
Artículo 19. La administración, control y ejercicio de los ramos de aportaciones a seguridad social; provisiones salariales y económicas; participaciones a entidades federativas y municipios; deuda pública y de erogaciones para saneamiento financiero, a que se refiere el presente decreto, se encomiendan a la Secretaría.
Artículo 20. El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias encargadas de programas y gasto inherentes a la descentralización y en coordinación con la Secretaría, podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas el establecimiento de los mecanismos necesarios para llevar a cabo la transferencia de las responsabilidades y del gasto. La Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias, efectuarán la reasignación de programas, recursos, metas y bienes patrimoniales que se transfieran entre las dependencias y entidades como resultado del proceso de cambio estructural de la administración pública federal.
Los convenios determinarán las funciones que competa realizar tanto a los estados como a la Federación, de conformidad con la legislación aplicable, así como deberán señalarse en cada caso, los recursos financieros, humanos y materiales que la Federación transferirá.
El Ejecutivo Federal, deberá informar sobre lo dispuesto en este artículo a la Cámara de Diputados, a través de la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, dentro de los 30 días posteriores a la firma de dichos convenios.
Artículo 21. La Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría y la Contraloría, establecerán los convenios procedentes para que las legislaturas locales incorporen en las cuentas públicas respectivas, los resultados alcanzados con los recursos que se descentralizan, de acuerdo a su estructura programática.
Artículo 22. Las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán observar que los convenios que celebren con las entidades federativas se realicen en el marco de los convenios de desarrollo social, con el fin de que las acciones que se prevean sean congruentes con el desarrollo nacional. Adicionalmente las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría y a la Secretaría de Desarrollo Social, del gasto que realicen en las entidades federativas, para efectos de registro en los términos del artículo 67 de este decreto.
TITULO SEGUNDO
De la ejecución y control presupuestal del gasto público
CAPITULO I
De las responsabilidades
Artículo 23. Los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y los directores generales o sus equivalentes de las entidades, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán directamente responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en el presente decreto y demás disposiciones que al efecto dicte la Secretaría. Asimismo no deberán contraer compromisos que rebasen el monto de los presupuestos autorizados o acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento de sus metas aprobadas para el año de 1996, salvo lo previsto en el artículo 35 de este decreto.
Las dependencias y entidades tendrán la obligación de cubrir los impuestos federales, estatales y municipales correspondientes, con cargo a su presupuesto y de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 24. Queda prohibido a las dependencias contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales, así como la celebración de contratos, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones o cualquier otro acto de naturaleza análoga, que impliquen la posibilidad de algún gasto contingente o adquirir obligaciones futuras, si para ello no cuentan con la previa y expresa autorización de la Secretaría, la que podrá solicitar la opinión de la comisión intersecretarial de gasto-financiamiento.
CAPITULO II
Del ejercicio y de la aplicación de las erogaciones adicionales
Artículo 25. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y las entidades comprendidas en el artículo 12 del presente decreto, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que establezca la Secretaría. Los calendarios de gasto deberán comunicarse, a más tardar, a los 20 días posteriores de la fecha de publicación de este decreto. Asimismo se deberá cumplir con la calendarización de metas que se establezca en la ejecución de este presupuesto.
Las entidades no comprendidas en el artículo 12 del presente decreto se sujetarán a los calendarios de gasto y de metas que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en las normas que emita la Secretaría.
Artículo 26. No se podrán realizar adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de los recursos, salvo que se trate de operaciones que cuenten con la previa autorización de la Secretaría. En consecuencia las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Artículo 27. Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría, de acuerdo con los programas y metas correspondientes. La Secretaría podrá reservarse dicha autorización y solicitar a las dependencias coordinadoras de sector la revocación de las autorizaciones que, a su vez, hayan otorgado a sus entidades coordinadas, cuando:
I. No envíen la información que les sea requerida, en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos:
II. Del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas, resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados o bien se detecten desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los recursos correspondientes;
III. No remitan la cuenta comprobada a más tardar el día 15 del mes siguiente al del ejercicio de dichos recursos, lo que motivará la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de recursos que, por el mismo concepto, se hubiesen autorizado, así como el reintegro de lo que se haya sumistrado:
IV. En el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con las normas que emita la Secretaría, conforme a lo establecido en el artículo 58 de este decreto:
V. En los términos del artículo 32, del presente decreto, no se cumpla con las obligaciones pactadas en los convenios de asunción de pasivos y los programas de saneamiento respectivos o con los compromisos de balance de operación, primario y financiero:
VI. En general, no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 28. La Secretaría, tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el fmanciamiento de los programas, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.
Artículo 29. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados o en el cumplimiento de los objetivos de los criterios generales de política reconómica para 1996.
Para los efectos del párrafo anterior deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de gobierno de las propias entidades.
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y de los principales proyectos de inversión, optando preferentemente por aquellos de menor impacto social y económico.
En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 10%, en términos reales, el Ejecutivo Federal procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar y dará cuenta de ello, también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Artículo 30. Las obligaciones entre dependencias y entidades, deberán ser liquidadas en los mismos términos que cualquier otro adeudo y no podrán acumularse; en consecuencia se deberán:
I. Presentar ante la comisión intersecretarial de gasto-financiamiento aquellos retrasos que excedan 30 días en sus cuentas deudoras y acreedoras:
II. Llevar estados de cuenta de todos los servicios que se prestan, incluyendo aquellos que no sean remunerados.
La Secretaría establecerá las normas correspondientes para efectuar las compensaciones presupuestales que procedan.
Para identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 68 del presente decreto.
Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos contraídos entre sí, las que se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar cinco puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el sistema de compensación de adeudos del sector público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.
Artículo 31. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos, será necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría.
Los recursos que se prevé ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán aplicarse a los proyectos para los cuales fueron contratados los créditos.
En los créditos externos que contraten las entidades, éstas deberán obligarse a cubrir con recursos propios el servicio de la deuda que los créditos generen.
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, puedan redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría.
Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades que realicen compras directamente en el exterior deberán, dentro de sus presupuestos autorizados, utilizar los recursos externos contratados para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que se requieran.
Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales, debidamente justificados y de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Artículo 32. La Secretaría y la Contraloría en el seno de la comisión intersecretarial de gasto-financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades convenios para:
I. El establecimiento de metas de desempeño, compromisos de balance de operación, primario y financiero, mensual y trimestral a nivel devengado y pagado:
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades que realizan actividades estratégicas o prioritarias, cuyas funciones están asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente, a más tardar, el 31 de agosto de 1996 a la comisión intersecretarial de gastofinanciamiento y sea aprobado por ésta.
La comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios, respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, la comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrá a la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaría, con base en las evaluaciones de la comisión intersecretarial de gasto-financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.
La comisión intersecretarial de gasto-financiamiento establecerá los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y hará la determinación de las entidades con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de balance presupuestal.
Artículo 33. Los montos presupuestales no devengados podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que los generen, sujetándose a las normas que, al efecto, expida la Secretaría.
Artículo 34. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados y conforme a sus presupuestos autorizados. El incumplimiento a lo establecido por esta disposición será causa de responsabilidad conforme a los artículos 23 y 73 de este decreto.
Artículo 35. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o a programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal con cargo a:
I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de la fracción II, aportaciones de seguridad social:
II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales, así como de los provenientes de la recuperación de seguros y demás aprovechamientos.
El Ejecutivo Federal, al presentar a la Cámara de Diputados la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1996, informará de las erogaciones que se efectúen con base en este artículo.
Artículo 36. No se autorizarán ampliaciones líquidas al presupuesto, salvo lo previsto en el artículo 35 de este decreto.
Cuando las dependencias y entidades requieran de ampliaciones líquidas presupuestales, su solicitud deberá ser presentada en la forma y términos que establezca la Secretaría.
Artículo 37. Para resolver sobre las erogaciones adicionales que se presenten en el ejercicio, la Secretaría podrá solicitar la opinión técnica de la comisión intersecretarial de gasto-financiamiento.
TITULO TERCERO
De la disciplina presupuestal
CAPITULO I
Disposiciones de racionalidad y austeridad
Artículo 38. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable y su uso se sujetará a criterios de racionalidad y selectividad:
I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero, congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones. En estas comitivas y comisiones se deberá reducir el número de integrantes al estrictamente necesario para la atención de los asuntos de su competencia:
II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones deberán estar previstas en los presupuestos y su celebración se informará dentro de los 15 días inmediatos siguientes a la Secretaría:
III. Publicidad, publicaciones oficiales y en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que, por ley, otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones a que se refiere esta fracción deberán ser autorizadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, por la Secretaría de Gobernación y por la Secretaría y las que efectúen las entidades se autorizarán, además, por el órgano de gobierno respectivo.
Artículo 39. Los titulares de las dependencias, los órganos de gobierno y los directores generales de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia; así como de cubrir con la debida oportunidad sus obligaciones reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y a las normas que emita la Secretaría.
Artículo 40. Las dependencias y entidades establecerán programas para fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente, mismos que deberán someter a la consideración de los titulares y órganos de gobierno, respectivamente. A más tardar el 31 de marzo, estos programas deberán ser remitidos a la Secretaría y a la Contraloría; de lo contrario no será aplicable lo previsto en el artículo 48 de este decreto.
Artículo 41. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial los destinados al bienestar social.
Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, resolverá lo conducente, debiendo dar prioridad a las dependencias y entidades que hubiesen generado dichos ahorros, para estimular así la productividad de las mismas.
CAPITULO II
De los servicios personales
Artículo 42. Las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales, deberán:
I. Observar que las acciones de descentralización no impliquen la creación de nuevas plazas, por lo que se dará prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas:
II. En la asignación de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría para las dependencias y en el caso de las entidades, a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los que deberán observar las normas y autorizaciones que emita la Secretaría:
III. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto correspondiente a servicios personales de la propia dependencia y se cuente con la autorización previa y expresa de la Secretaría:
IV. Sujetarse a las normas que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales:
V. No realizar cualquier traspaso de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo de servicios personales, salvo que se cuente con la previa y expresa autorización de la Secretaría:
VI. Abstenerse de transferir a otras partidas el presupuesto destinado para programas de capacitación.
En general, por lo que se refiere a servicios personales, las dependencias sólo podrán efectuar remuneraciones cuando sean autorizadas por la Secretaría y se encuentren previstas en sus respectivos presupuestos.
Artículo 43. En el caso de las remuneraciones a miembros de órganos de gobierno o de vigilancia de entidades, se deberá cumplir con las normas que al efecto emita la Secretaría.
Artículo 44. Las remuneraciones adicionales para el pago por jornadas u horas extraordinarias, así como otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría y en tratándose de entidades, por los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los que deberán observar las normas y autorizaciones que emita la Secretaría.
Artículo 45. Las dependencias y entidades no podrán crear nuevas plazas, salvo lo previsto en los párrafos siguientes. Para cubrir, en su caso, necesidades adicionales de servicios personales, deberán promover el traspaso de las plazas existentes o realizar movimientos compensados.
En el caso de las dependencias, sólo se podrán crear nuevas plazas siempre que éstas se encuentren expresamente previstas en el presupuesto, en el capítulo de servicios personales y cuenten con la autorización previa y expresa de la secretaría, la que, en todo caso, cuidará que:
a) Las contrataciones no puedan cubrirse mediante el traspaso de plazas existentes, movimientos compensados o la ocupación de vacancias disponibles:
b) Las economías presupuestales no se apliquen a la creación de nuevas plazas.
Por lo que se refiere a las entidades paraestatales, sus órganos de gobierno sólo podrán aprobar la creación de plazas cuando ello contribuya a elevar el superávit de operación, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno; las propuestas respectivas deberán ser sometidas a la consideración de la Secretaría para su autorización.
La designación y contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores, surtirá efectos a partir de la fecha que indique la autorización de la Secretaría.
Artículo 46. Las dependencias y entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales aprobadas en el ejercicio fiscal de 1995, previa autorización de la Secretaría y de la Contraloría, conforme a las normas aplicables. Además, las entidades requerirán el previo acuerdo de su órgano de gobierno, siempre que cuenten con los recursos presupuestales necesarios.
Las conversiones de plazas, renivelaciones de puestos y creación de categorías podrán llevarse a cabo siempre y cuando se realicen mediante movimientos compensados que no incrementen el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente. Para tal efecto deberán contar con la autorización correspondiente y apegarse a las normas que expida la Secretaría.
Artículo 47. Las economías que se presenten en el presupuesto de servicios personales podrán aplicarse para cubrir estímulos al personal, siempre que se cumpla con las disposiciones vigentes en la materia y se cuente con la previa autorización de la Secretaría.
Artículo 48. Las remuneraciones por estímulos a la productividad, eficiencia y calidad se sujetarán a las normas que al efecto establezca la Secretaría, la cual podrá asignar este tipo de remuneraciones al personal que no esté contemplado en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, previa autorización que otorgue a cada dependencia o entidad. En tanto la Secretaría no expida esta regulación, ninguna dependencia o entidad podrá otorgar estímulo alguno.
En el caso de las entidades, además se sujetarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los que deberán observar las normas que emita la Secretaría.
El incumplimiento a lo anterior, será causa de responsabilidad en los términos de los artículos 23 y 73 de este decreto.
Artículo 49. La Secretaría fortalecerá el sistema integral y uniforme para el control presupuestal de los servicios personales y para el manejo de las nóminas. Todas las dependencias y entidades se sujetarán a las normas que para este propósito emita la Secretaría, quedando obligadas a proporcionar información actualizada con respecto al gasto en servicios personales, en la forma y términos que determine la Secretaría.
Artículo 50. Las dependencias y entidades deberán abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios distintos a los señalados en la fracción II del artículo 38 del presente decreto, salvo que se cumpla con los siguientes requisitos:
a) Tales contrataciones se encuentren previstas y su pago sea cubierto, exclusivamente en el presupuesto del capítulo de gasto correspondiente a servicios personales, de la propia dependencia:
b) La vigencia de los contratos a celebrarse no exceda del 31 de diciembre del ejercicio fiscal de 1996:
c) El personal que se pretenda contratar no desempeñe funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestal, salvo aquellas que se justifiquen ante la Secretaría:
d) El personal que se contrate no estará sujeto a los descuentos y percepciones previstos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
e) Se cuente con la previa y expresa autorización de la Secretaría.
Las dependencias informarán a la Secretaría y a la Contraloría en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, sobre los contratos por honorarios que se encuentren vigentes hasta el último día del mes inmediato anterior de cada informe.
Por lo que hace a los contratos por honorarios que se tengan celebrados hasta el 1o. de diciembre de 1995, las dependencias deberán obtener, dentro de los 45 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la autorización de la Secretaría para la recontratación de los mismos, la que sólo se otorgará cuando su contratación sea indispensable y su pago esté considerado dentro de los montos autorizados para servicios personales, sin que para estos efectos puedan hacerse traspasos de recursos de otros capítulos de gasto.
Tratándose de entidades se sujetarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los que deberán observar las normas y autorizaciones que emita la Secretaría.
CAPITULO III
De las erogaciones en el exterior
Artículo 51. Las dependencias y entidades sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas, cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Las dependencias y entidades informarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, sobre las representaciones, delegaciones u oficinas en el exterior actualmente existentes; para su creación se requerirá de la autorización de tal Secretaría.
Asimismo, cuando las dependencias y entidades requieran crear unidades administrativas que tengan por objeto la atención de asuntos de carácter internacional, la Secretaría escuchará la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto de la procedencia de la autorización que, en su caso, corresponda.
La Secretaría, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector respectiva, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.
Artículo 52. Las dependencias y entidades sólo podrán aportar cuotas a organismos internacionales, cuando las mismas se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría revisarán dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando, en el contexto de las prioridades nacionales, no se justifiquen.
CAPITULO IV
De las adquisiciones y las obras públicas
Artículo 53. Las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública federal, en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1996, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan:
II. Vehículos terrestres, marítimos y aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, la procuración de justicia o en sustitución de los que, por sus condiciones, ya no sean útiles para el servicio o los que se adquieran como consecuencia del pago de seguros de otros vehículos siniestrados.
Cualquier erogación que realicen las dependencias por los conceptos previstos en el presente artículo, requerirá de la autorización de la Secretaría, en la forma y términos que ésta determine.
Tratándose de las entidades, se requerirá de la autorización específica y previa de su órgano de gobierno.
Artículo 54. Para la contratación de arrendamientos financieros de bienes muebles e inmuebles, las dependencias y entidades observarán que las condiciones de pago ofrezcan ventajas con relación a otros medios de financiamiento y el monto corresponda al endeudamiento neto autorizado en este ejercicio fiscal. Asimismo se deberá hacer efectiva la opción de compra, a menos que ello no resulte conveniente, lo que se acreditará debidamente ante la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias.
La administración pública centralizada sólo podrá celebrar arrendamientos financieros en los términos de la Ley General de Deuda Pública.
En estas contrataciones, las dependencias requerirán de la previa autorización de la Secretaría; en el caso de las entidades, deberán contar con la aprobación de su órgano de gobierno.
Artículo 55. Para los efectos del artículo 82 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres contratistas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1996, serán los siguientes:
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
Las dependencias y entidades se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de obras públicas, cuando no cuenten con el oficio de autorización de inversión correspondiente emitido por la Secretaría.
Artículo 56. Para los efectos del artículo 82 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios, incluidos los relacionados con la obra pública, que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1996, serán las siguientes:
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
Las dependencias y entidades se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, incluidos los relacionados con la obra pública, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal para hacer frente a dichos contratos.
CAPITULO V
De la inversión pública
Artículo 57. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1996:
I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras en proceso.
Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos que estén previstos en este presupuesto, cuando se hayan evaluado rigurosamente sus efectos socioeconómicos y cuenten con el oficio de autorización de inversión correspondiente.
Las dependencias y entidades deberán observar las normas que, respecto de la evaluación y ejecución de los proyectos señalados en el párrafo anterior, emita la Secretaría:
II. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que, en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios:
III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra:
IV. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción:
V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar incluidos en los presupuestos de las dependencias y entidades y sujetarse en su ejecución a los términos de las autorizaciones que otorgue la Secretaría; asimismo, los ejecutores de gasto y los agentes financieros del Gobierno Federal informarán a la Secretaría del ejercicio de los créditos con base en los recursos autorizados en sus respectivos presupuestos:
Las inversiones financieras se realizarán cuando sean estrictamente necesarias, con la previa autorización de la Secretaría y se orientarán a los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse, además, a lo que dispone el artículo 32 de este decreto.
Artículo 58. La Secretaría expedirá las normas a que deberán sujetarse las dependencias y entidades, respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el sistema integral de información de los ingresos y gasto público a que se refiere el artículo 68 de este decreto.
CAPITULO VI
De los subsidios y las transferencias
Artículo 59. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará el otorgamiento de los subsidios y las transferencias, con cargo a los presupuestos de las dependencias y entidades. Para los efectos de este decreto, los subsidios y las transferencias consisten en:
I. Los subsidios son los recursos federales que se asignan, para apoyar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general como son: proporcionar a los consumidores los bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de los costos de producción, así como para promover la producción, la inversión, la innovación tecnológica o el uso de nueva maquinaria, compensando costos de producción, de distribución u otros costos:
II. Las transferencias son las ministraciones de recursos federales que se asignan para el desempeño de las atribuciones que realizan las entidades paraestatales y los órganos administrativos desconcentrados.
Artículo 60. Los subsidios y las transferencias deberán orientarse hacia actividades estratégicas y prioritarias, así como sujetarse a los criterios de selectividad, transparencia y temporalidad, en base a las siguientes disposiciones:
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país. Asimismo, el mecanismo de operación deberá garantizar que los recursos se canalicen a la población objetivo, evitando su distracción entre aquellos miembros de la sociedad que no los necesitan:
II. Asegurar que el mecanismo de operación y administración facilite la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, en detrimento de los recursos asignados a la población objetivo:
III. Incorporar mecanismos periódicos de evaluación y monitoreo que permitan ajustar las modalidades de su operación:
IV. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicaciones en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos:
V. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, después de analizar otras opciones:
VI. Registrar los importes de los recursos de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de este decreto:
VII. Informar en los términos del artículo 68 de este decreto.
Artículo 61. Los subsidios y las transferencias destinados a cubrir deficientes de operación serán otorgados excepcionalmente, siempre que se justifique su beneficio económico y social. Las entidades paraestatales que los reciban deberán presentar un informe a la comisión intersecretarial de gasto-financiamiento, en los términos y condiciones que establezca la Secretaría, en el cual se detallarán las acciones que ejecutan para eliminar la necesidad de su aplicación.
Artículo 62. Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría de cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de precios, adquisiciones, arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población objetivo o cualquier otra acción que implique variaciones en los subsidios y transferencias presupuestados o en los resultados de su balance primario. Cuando dichas modificaciones conlleven a una adecuación presupuestal, deberán obtener la autorización previa y expresa de la Secretaría, sujetándose a lo establecido en el artículo 36 de este decreto.
Artículo 63. Las dependencias coordinadoras de sector deberán verificar, previamente, que los subsidios por deficientes de operación y las transferencias que se otorguen a las entidades paraestatales, se apeguen a lo siguiente:
I. Que se adopten medidas de racionalidad y que mejoren la equidad y eficiencia de los recursos en el ejercicio:
II. Que se consideren preferenciales los destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que propicien la generación de recursos propios:
III. Que las entidades beneficiadas busquen fuentes alternativas de financiamiento, a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales:
IV. Que no se otorguen cuando no estén claramente especificados los objetivos, metas y se cumpla con las disposiciones del artículo 60 de este decreto:
V. Que en el avance físico-financiero de sus programas y proyectos se regule el ritmo de la ejecución en base a lo programado.
Artículo 64. Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información solicitada en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría. Dicha información deberá ser proporcionada en los términos de los artículos 60 y 65 de este decreto.
La Secretaría autorizará y determinará el orden a que se sujetará la administración de transferencias que otorguen las dependencias coordinadoras de sector, cuando se deban diferir ministraciones de fondos, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 65. Con el propósito de asegurar que los subsidios y las transferencias se apliquen efectivamente a los objetivos, programas y metas autorizadas, así como a los sectores o población objetivo, además de ser plenamente justificados, será responsabilidad de las dependencias y entidades evaluar y reportar los beneficios económicos y sociales, con la periodicidad que determinen la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de este decreto.
La Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento podrá requerir información sobre los resultados de las evaluaciones que realicen las dependencias y entidades, las cuales deberán proponer las acciones necesarias para efectuar las adecuaciones a sus programas.
El Ejecutivo Federal dará cuenta a la Cámara de Diputados de las evaluaciones a que se refiere este artículo, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Artículo 66. Las dependencias y entidades sólo podrán otorgar donativos y ayudas que contribuyan a la consecución de los objetivos que complementen los programas aprobados o que se consideren de beneficio social. Asimismo, no se otorgarán a favor de beneficiarios que dependan económicamente del presupuesto o cuyos principales ingresos provengan del mismo. Los donativos deberán ser expresamente autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno, según se trate, en forma indelegable y en todo caso, los que se otorguen serán considerados como donativos de la Federación. Lo previsto en este artículo se sujetará a las normas que al efecto expida la Secretaría.
Para efectos de control presupuestal deberán considerarse tanto los donativos en dinero como las donaciones en especie.
TITULO CUARTO
De la información y verificación
CAPITULO I
De la información
Artículo 67. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría la información sobre los subsidios y las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que ésta la analice e integre al registro único de subsidios y transferencias. Dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 68 del presente decreto.
Artículo 68. La Secretaría y la Contraloría, así como el Banco de México, operarán el sistema integral de información de los ingresos y gasto público y establecerán los lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema, los cuales deberán ser del conocimiento de las dependencias y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior y el Banco de México, conjuntamente con la dependencia coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el sistema, racionalizando los flujos de información, la cual deberá proporcionarse, a más tardar, el día 10 de cada mes.
Artículo 69. En la ejecución del gasto público federal, las entidades no comprendidas en el artículo 12 de este decreto, estarán obligadas a dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el presente presupuesto, deberán proporcionar la información en materia de gasto y se sujetarán a las normas que al efecto expida la Secretaría.
CAPITULO II
De la evaluación y verificación
Artículo 70. La Secretaría realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto en función de su calendarización. Los objetivos y metas de los programas aprobados serán analizados y evaluados por la Contraloría.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados de la ejecución del presupuesto a que se refiere el Título Segundo de este decreto, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio. La información incluirá a las entidades que celebren convenios de resultados en su balance presupuestal y hará asimismo, las aclaraciones que la Cámara le solicite, a través de la Contraloría, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.
Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.
Artículo 71. La desincorporación de entidades paraestatales se sujetará a las siguientes bases:
a) Las propuestas que formule la Secretaría para disolver, liquidar, extinguir, escindir, transferir a los estados y municipios; enajenar la participación estatal y fusionar entidades, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados:
b) Enviar previamente informe escrito, a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
La Cámara de Diputados, vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere el inciso b anterior y en su caso dará su opinión.
Artículo 72. La Secretaría vigilará la exacta observancia de la ejecución de este presupuesto; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Contraloría las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para efectos del artículo 73 de este decreto.
Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 70 de este decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Artículo 73. La Contraloría y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades, de las obligaciones derivadas de este decreto.
Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; sin perjuicio de las sanciones penales y demás disposiciones jurídicas aplicables. La Contraloría pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los términos de la coordinación que establece la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal.
Artículo 74. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de las entidades agrupadas en el sector que coordinan.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1996.
Artículo segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá efectuar los ajustes a la asignación del gasto autorizado en el presente decreto, en proporción con el incremento derivado de la variación en el porcentaje participable que se aplique al ramo 00028 participaciones a entidades federativas y municipios, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de conservar el equilibrio presupuestal. Dichos ajustes se realizarán exclusivamente en los presupuestos de las dependencias a que se refiere el artículo 8o. de este decreto, a nivel de distribución por dependencia, conforme a los siguientes criterios:
I. Compactar las estructuras administrativas, así como depurar los programas, funciones y metas a fin de eliminar la duplicidad de acciones o reducir gastos no prioritarios:
II. Las dependencias que tengan oficinas de representación en el extranjero o unidades administrativas que atiendan asuntos de carácter internacional, deberán eliminar duplicidades con la Secretaría de Relaciones Exteriores:
III. No se deberán afectar los programas de inversión en infraestructura física:
IV. Proteger los programas de gasto social que identifiquen claramente a la población objetivo y sean un beneficio efectivo para la sociedad en relación a sus costos:
V. Introducir esquemas en la ejecución de programas que permitan reducir o eliminar los subsidios indiscriminados al consumo, con criterios de equidad regional, en particular los relacionados con el precio de la tortilla, las tarifas de electricidad y el precio del gas L.P.
Asimismo se deberán reducir los subsidios destinados a cubrir los deficientes de operación.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, dará cuenta a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los ajustes en la distribución de los recursos a que se refiere este artículo, en un plazo no mayor de 90 días posteriores a la entrada en vigor de este decreto.
Artículo tercero. El Ejecutivo Federal promoverá una mejor coordinación de los programas alimentarios y nutricionales, definiendo con precisión las acciones y población objetivo y su relación con los programas de atención a la salud básica. Asimismo, en el otorgamiento de becas educativas y de capacitación, se efectuarán acciones que permitan una mayor coordinación entre las dependencias y entidades, a fin de lograr optimizar los beneficios sociales.
Artículo cuarto. La Secretaría efectuará una revisión exhaustiva al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), a efecto de adecuar sus requerimientos a lo necesario para cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, orientando el ahorro de este programa, en su caso, al apoyo de proyectos productivos, fundamentalmente, del sector rural. La Secretaría dará cuenta a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y Agricultura de los resultados de este esfuerzo.
Artículo quinto. El gasto correspondiente a la prestación de los servicios educativos que conforman la educación básica en el Distrito Federal y que hasta el ejercicio fiscal de 1995 se incluye en el ramo 00011 Educación Pública, se presupuestará a partir del ejercicio fiscal de 1997 en el ramo 00025 aportaciones para educación básica en los estados y para los servicios en el Distrito Federal. Para el ejercicio fiscal de 1996, la Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, informará a más tardar el 31 de enero a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de la reasignación de los recursos correspondientes.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., 7 de diciembre de 1995.- Diputados: Antonio Sánchez Gochicoa, presidente; Marcos Parra Gómez, Jaime del Río Navarro, José Manuel García García, Raúl Livas Vera, Eduardo Guzmán Ortiz, secretarios; Eduardo Arias Aparicio, Manuel Beristáin Gómez, César Chávez Castillo, Saúl Escobar Toledo, Pedro Etienne Llano, Guadalupe Flores Valdez, Carlos Flores Vizcarra, Miguel Angel García García, Luis Antonio Godina Herrera, María del Rosario Elena Guerra Díaz, María Cecilia Hernández Ríos, Miguel Angel Islas Chío, René Juárez Cisneros, José Luis Leyson Castro, Marco Antonio Michel Díaz, Jorge Padilla Olvera, Candido Pérez Verduzco, Filemón Ramírez Pérez, Luis Rico y Samaniego, Dulce María Sauri Riancho, Francisco Suárez y Dávila, Kurt Thomsen D'Abbadie, David Vargas Santos y Carlota Vargas Garza.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Antonio Sánchez Gochicoa, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Antonio Sánchez Gochicoa:
Con su venía, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
El dictamen que hoy se somete a la consideración de esta honorable Asamblea, no es sólo producto de más de 45 horas de trabajo en el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sino que representa un auténtico cambio en la relación entre este poder y el Poder Ejecutivo.
Centraré el sustento de este dictamen en el análisis de cinco hechos inéditos:
1o. Una nueva relación con la autoridad presupuestal.
Desde el análisis y debate del presupuesto para el año que está por finalizar, esta LVI Legislatura puso particular interés en mejorar la calidad del gasto público, haciendo énfasis en la necesidad de que el Poder Legislativo juegue un papel más activo en el proceso presupuestal.
A lo largo de este año se llevaron a cabo una serie de reuniones de consulta y análisis con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dieron origen a un proyecto de decreto que ya de entrada incorporó opiniones y propuestas de diputados miembros de la comisión, así como de otras comisiones que se sumaron a este importante trabajo legislativo.
El propósito fue dotar al decreto aprobatorio del presupuesto de una estructura más clara y lógica, así como introducir nuevos aspectos regulatorios en materia de descentralización de gasto, ampliaciones presupuestales, servicios personales, subsidios y tranferencias.
Así se introdujo en el decreto una división en títulos y en capítulos, acorde con el ejercicio de los recursos por rubro de gasto.
Adicionalmente se estableció el fundamento jurídico para convenir con las entidades federativas, los mecanismos para llevar a cabo la descentralización de las partidas presupuestales que en su caso se decida transferir.
Un aspecto por demás relevante, es que el nuevo decreto establece explícitamente la prohibición de las dependencias y entidades para celebrar concesiones y contratos que impliquen comprometer recursos de ejercicios fiscales futuros sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y el previo conocimiento de esta soberanía.
Se crea también un nuevo capítulo que distingue el concepto de subsidios y transferencias, introduciendo criterios de equidad, eficiencia, selectividad, transparencia y temporalidad a los que se deberá apegar su otorgamiento y aplicación.
Es importante señalar que se regula de manera restrictiva a los subsidios y transferencias destinados a cubrir deficientes de operación.
Finalmente, en materia de servicios personales, se tipifica la mecánica de los estímulos y las recompensas, los cuales tienen que estar sustentados en incrementos de la productividad y en ahorro presupuestales en materia de servicios como luz eléctrica, teléfonos, combustibles, viáticos, etcétera.
2o. Comparecencias de los ejecutores sectoriales de gasto.
Por primera vez en la práctica parlamentaria reciente, se citó a los ejecutores de gasto público ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y las comisiones correspondientes de acuerdo al sector o dependencia que compareciera.
Estas reuniones, que son ya comunes para el análisis de la cuenta, ahora nos permitieron contar con mayores y mejores elementos de juicio para dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Fueron 45 horas de trabajo en las que se registraron más de 100 intervenciones de diputados y se contó con la presencia de más de 80 servidores públicos.
Este ejercicio, sin duda perfectible, se convirtió en el eje sobre el cual se elaboró el dictamen y las modificaciones que se realizaron a la propuesta original del Ejecutivo.
Hago entrega a la Secretaría de la memoria de las reuniones de trabajo celebradas.
Con esta práctica se inaugura una nueva etapa en la relación entre ambos poderes, es ya irreversible. El reto consiste en fortalecerla a lo largo del próximo ejercicio. No se trata de invadir competencias ni atribuciones, sino de compartir decisiones de manera responsable. Se busca servir mejor a México, independientemente del signo político de que se trate.
Esta iniciativa de trabajo se encamina en ese sentido. Es un precedente que marca la LVI Legislatura.
3o. Cambios al monto y composición del presupuesto.
En virtud de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, se estableció que el monto de las participaciones federales, se incrementará del 18.5% al 20% de la recaudación federal participable.
Esta comisión determinó realizar el ajuste presupuestal correspondiente, el cual ascendió a 4 mil 382 millones de pesos, conforme a los siguientes criterios: concentrar el peso del ajuste en el gasto programable del Poder Ejecutivo.
Contactar estructuras administrativas y depurar programas.
Reducir las oficinas de representación en el extranjero.
Reducir los subsidios indiscriminados al consumo.
Reducir los subsidios a los deficientes de operación de las entidades públicas.
No afectar los programas de inversión en infraestructura y aquéllos claramente orientados al bienestar social, como becas de capacitación o desayunos escolares.
Este ajuste es un reflejo de la reforma del estado en marcha, privilegia el federalismo en un marco de estricto respeto a la división de poderes.
4o. Modificaciones al articulado del decreto aprobatorio.
A lo largo de los trabajos en la comisión dictaminadora se acordó modificar 10 artículos, realizando 26 cambios a los mismos e introduciendo cuatro artículos transitorios. Las modificaciones más relevantes son las siguientes: vigilar que el ejercicio del gasto de inversión se realice con base en una evaluación previa y detallada de los proyectos. Fortalecer los mecanismos de fiscalización de los recursos públicos a descentralizar, para lo cual se deberán convenir con las legislaturas locales la incorporación de estos recursos a las cuentas de las haciendas públicas respectivas.
Revisar el Procede a efecto de que durante 1996 y sin afectar los objetivos del plan nacional de desarrollo, se generen recursos destinados a proyectos productivos del sector rural.
El Ejecutivo deberá dar cuenta de los avances de esta disposición a esta comisión y a la de Agricultura.
5o. Bases para la descentralización de recursos presupuestales.
Este punto es quizá el más importante, ya que establece una metodología para descentralizar recursos presupuestales a las entidades federativas; descentralización que se verificará de acuerdo a criterios que tomen en cuenta un objetivo claramente definido, que en este caso es la superación de la pobreza. El artículo 16 del decreto establece que el fondo de desarrollo social municipal se distribuirá de acuerdo a una forma basada en indicadores de pobreza entre estados y municipios.
Previa a la distribución de dichos recursos, la Secretaría de Desarrollo Social dará cuenta a esta soberanía de la fórmula y metodología utilizadas, a través de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social.
Asimismo, se establece que a partir del ejercicio fiscal de 1997, la presupuestación de los servicios educativos del Distrito Federal, que hasta hoy se incluye en el ramo 9-11 educación, se reubicarán al ramo 25, aportaciones para educación básica. Que esta reclasificación que podría parecer intrascendente es, de hecho, el inicio de un proceso que establecerá las bases para que las transferencias a la educación básica se realicen de manera integral, transparente y de acuerdo a una metodología previamente establecida, ya que éste es el reto del próximo presupuesto.
Honorable Asamblea: sin duda la integración del dictamen que hoy se somete a su consideración, presenta un avance significativo en relación con años anteriores. Sin embargo, no podemos sentirnos todavía satisfechos; como legisladores, nuestra responsabilidad constitucional es cuidar que los recursos de la sociedad sean cada vez mejor asignados y mejor utilizados. Hemos avanzado, sí, pero aun nos falta. Requerimos de mayor tiempo de análisis y de mayor apoyo técnico, tal y como lo establecimos en el punto de acuerdo suscrito por las cuatro fracciones parlamentarias en el pasado periodo de sesiones.
Con todo, el trabajo realizado queda de manifiesto en el documento distribuido para su consideración. A pesar de las limitaciones ha sido un trabajo serio, profesional y responsable de diputados de todas las fracciones. A nombre de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública solicito de manera respetuosa su voto favorable.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Raúl Alejandro Livas Vera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para dar lectura a un voto particular.
El diputado Raúl Alejandro Livas Vera:
Con su venia, señor Presidente:
De manera similar a lo ocurrido a finales de 1982, hace un año estalló un desajuste financiero que se ha manifestado a lo largo de 1995 como una de las más graves crisis económicas y sociales del país. La producción nacional disminuirá en un 7%, el desempleo se incrementará al doble y arrojará en este año, cuando menos, a 2 millones de mexicanos más al desempleo si sumamos a los que perdieron su empleo con los jóvenes que se incorporarán en el mercado laboral. Los salarios reales bajaron en más del 20% y la inflación pasará del 7% al 50%; asimismo, aumentará la deuda externa del país y el gasto financiero del Gobierno se elevará en casi 50%.
Ante la crisis, el Gobierno ha venido instrumentando sucesivos e ineficaces programas de ajuste, primero, el AUSEE, dos meses después el PARAUSE y recientemente, ante la reaparición de la turbulencia en los mercados financieros, el ARE. Se trata de programas de ajuste y cambio estructural diferentes, pero orientados en la misma dirección, la que proviene del acuerdo macro que firmó el Gobierno de México con los Estados Unidos de América para obtener el paquete del rescate financiero y la carta de intención dictada por el Fondo Monetario Internacional.
La sucesión de programas es muestra clara de su fracaso, ya que se mantiene la inestabilidad monetaria y la tendencia devaluatoria. Sin embargo, en cada uno se profundizan las mismas líneas de ajuste recesivo del anterior: recortes al gasto público, restricción crediticia, aumento de precios de bienes y servicios del sector público, disminución de salarios reales y cumplimiento siempre exacto y al costo que sea de los gravosos compromisos contraidos con el sistema financiero internacional, junto con avances en el llamado cambio estructural que se concreta en nuevas privatizaciones como las del Seguro Social y la petroquímica básica. El efecto de esa política de ajuste que significa una continuidad del proyecto de modernización salinista es una mayor caída en la producción y el empleo, una creciente desarticulación de la estructura productiva del país, una mayor concentración del ingreso y un agravamiento de la dependencia financiera que padece la economía nacional. Esa es la política con la que se quiere recobrar y fortalecer la confianza del sistema financiero internacional, por encima de las necesidades del país y sobre todo, de los derechos sociales de los mexicanos.
La política de gasto contenida en el Presupuesto de Egresos para 1996 es un poderoso instrumento que se inscribe cabalmente en las líneas de política de ajuste recesivo que se practicó a lo largo del año que termina; política de ajuste cuyo efecto recesivo fue mucho mayor que el previsto por el Gobierno dada la caída del PIB.
En 1995 se registra una fuerte depresión del gasto programable del sector público, cae el total del gasto programable en 14.5%; la participación de los estados se reduce en 13% respecto del año anterior. La inversión pública se reduce en 19.7%; en cambio, como vimos, el gasto financiero se incrementa en casi 50%. Para 1996 continúa la tendencia depresiva en que se ubicó el gasto desde 1995. A la fuerte caída del gasto programable del año anterior, se añade ahora una nueva disminución del 0.7%.
Tenemos, para 1996, un nuevo récord: el gasto programable por habitante más bajo de cuando menos las dos últimas décadas. En 1980, el gasto programable por habitante era de 3 mil 952 pesos, de 1995 para 1996, esta cantidad será de sólo 2 mil 481 pesos.
En el presupuesto de egresos se señala como uno de su subjetivos contribuir a la recuperación del crecimiento. Para ello, se indica un incremento del gasto en inversión física del 3.6%. Pero este renglón del gasto sólo representa el 13.6% del gasto neto total. El incremento que se propone es a partir de una base muy baja, ya que en 1995, el gasto se redujo en 19.7% y además el 89% de este aumento en el gasto de inversión.
El Presidente:
Permítame diputado.
Esta Presidencia llama a todos ustedes, compañeros diputados, guardar el orden debido para permitir al señor orador continuar con su intervención.
Continúe señor orador.
El diputado Raúl Alejandro Livas Vera:
Decíamos, el incremento que se propone es a partir de una base muy baja, ya que en 1995 el gasto en inversión física del sector público se redujo en 19.7% . Además, el 89% de este aumento en el gasto de inversión, se concentra en una sola entidad que es Pemex.
La razón de la tendencia depresiva del gasto público es la prioridad que a partir de los nuevos programas de ajuste se le ha dado al gasto financiero. Además, por si fuera poco, el Gobierno ha asumido el rescate del sector privado bancario y de los concesionarios de autopistas de cuota, aportando recursos para ese fin, que rebasan los 20 mil millones de nuevos pesos.
Para poder cumplir con sus compromisos, el Gobierno tiene que instrumentar una política de gasto de carácter superavitario, así, el superávit primario para 1995, asciende a 75 mil 263 millones de nuevos pesos. Este dinero va íntegro al sistema financiero, principalmente al exterior, es dinero que sale de la esfera productiva y, por tanto, un factor de disminución del ingreso de la población y de la reactivación económica.
El principal problema económico que padece la sociedad mexicana es el desempleo y dadas las condiciones actuales, una condición necesaria para mantener e incrementar el empleo, es el crecimiento económico. En esto, el gasto público puede jugar un papel importante no sólo por su cuantía, sino también por su aplicación específica en obras intensivas de mano de obra o de infraestructura enmarcada en la promoción del desarrollo regional. Pero si hay superávit entonces el Gobierno es más lo que quita que lo que aporta al sector productivo.
Por esta razón, nosotros consideramos indispensable una reorientación de la política de gasto para que realmente contribuya a la recuperación del crecimiento.
El principal efecto de la prioridad que requiere el gasto financiero con los programas de ajuste, es que se aplaza un verdadero avance en la superación de los rezagos de la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría nacional.
En 1995, el gasto en desarrollo social se redujo en un 15.4% respecto al año anterior, pero para 1996 se anuncia un incremento del 2.5%. Pero aun así, será menor en un 13.3% al de 1994. En cambio, el gasto financiero será mayor en 40% al de ese año.
Ante la crisis de desempleo, el Gobierno ha instrumentado un programa de becas para la capacitación de trabajadores desocupados. Para este propósito se programa un incremento considerable en el renglón del gasto denominado liberal. Este aumento suena fuerte, es el 24.8%. Pero viéndolo bien es insignificante, se trata sólo de 2 mil 56 millones de pesos. Esto es, con un programa de subsidios equivalente a menos de una milésima parte del PIB, el Gobierno pretende enfrentar el desempleo y el subempleo nacionales, que suman ya más de 10 millones de trabajadores. Asociado al desempleo está la pobreza extrema y, por ende, la desnutrición que aqueja a millones de mexicanos.
Para enfrentar este problema, el Gobierno destina 8 mil 541 millones de pesos el renglón de abasto y nutrición, cantidad que representa sólo el 1.5% del gasto neto total. En cambio, el gasto financiero equivale al 16% del gasto total.
La política de gasto público podría y debería ser un instrumento poderoso para mejorar la distribución del ingreso en el país; pero cuando la prioridad se orienta hacia el gasto financiero, cuando se mantiene una política de reducción salarial en términos reales para los trabajadores al servicio del Estado, la mayoría de los cuales son los maestros, entonces, esa política no cumple tampoco con ese objetivo. El gasto público puede y debe también contribuir a mejorar la estructura productiva del país.
En los últimos años ha avanzado la integración de la economía mexicana con el exterior, especialmente con Estados Unidos; pero al mismo tiempo, y de manera más acelerada, avanza la desintegración nacional de nuestra estructura productiva. Esto se manifiesta con la ruptura de cadenas productivas y en una mayor desigualdad y superación entre un sector industrial exportador en el cual se encuentra la acumulación de capital y el progreso técnico y los demás sectores de la economía cada vez más rezagados. También la infraestructura hidroagrícola y las comunicaciones se han deteriorado con las políticas de ajuste o austeridad que se aplican desde el sexenio de Miguel de la Madrid y que hoy reaparecen con una mayor fuerza.
En el análisis sectorial del gasto contenido en el presupuesto de egresos, nos damos cuenta que el sector industrial desaparece. Esto es, el Gobierno elimina de manera definitiva la política de fomento industrial, concordando con la propuesta que tanto repitiera el ex secretario Serra Puche: "La mejor política industrial es la que no existe".
Ya señalamos la disminución que se registra en la inversión pública a partir de 1995 y que está muy lejos de recuperarse en este presupuesto. Un ejemplo es el sector de comunicaciones y transportes, en el cual se programa una reducción para 1996, del orden del 6.9% respecto al año anterior que tenía ya una base reducida.
La idea de que el relativo abandono estatal de la construcción de infraestructura debe de ser suplido con inversión privada, es sólo una intención que nunca se cumple en la medida en que el país lo requiere. Además, si la construcción de la infraestructura se deja en manos del sector privado, ésta va a depender de un criterio puramente lucrativo, haciendo a un lado objetivos sociales y productivos, tendientes a una mejor integración sectorial y regional del país. Sólo el Estado, cuando tiene una orientación verdaderamente democrática, puede tener y cumplir con el objetivo de una mayor y mejor integración regional, social y productiva del país.
Los recursos financieros del Estado deben orientarse hacia esos objetivos y no hacerse a un lado, esperando que mediante las inversiones guiadas por el interés lucrativo de algunos grupos, se cumpla. Esa política oficial de inversiones conduce, de hecho, a una valcanización del país, ya que tienden a concentrarse en el norte del país, aumentando el rezago relativo de las regiones sureñas.
Bajo la política errónea de entregar a negocios privados la infraestructura del país, durante el sexenio pasado se hicieron las autopistas de lujo que ahora son un pésimo negocio para todos.
El presupuesto que estamos analizando, propone que con recursos fiscales se tenga que salir al salvamento de esas empresas con un gasto financiero de 14 mil 100 millones de pesos, cantidad superior en un 33% a la asignada a los mencionados programas de becas, abasto y nutrición, juntos. Se demuestra así, que la privatización de las obras de infraestructura que requiere el país, no es el mejor camino para resolver el problema de financiamiento del desarrollo ni para el sector público ni para el sector privado. Se requiere un fuerte instrumento de la inversión física del sector público y se requiere también retomar con energía las políticas de fomento agrícola e industrial, para resolver así los rezagos y fallas de la estructura productiva del país.
Otro poderoso motivo para dar nuestro voto en contra del presupuesto de egresos, es la amplísima discrecionalidad que se le otorga al titular del Ejecutivo en el manejo del gasto público. Tal centralización del poder sobre las finanzas públicas, en una sola persona, la del Presidente, la ejerce directamente a través de él o a través del Secretario de Hacienda. Contradice así claramente la facultad que la Constitución otorga a esta Cámara de Diputados para determinar el presupuesto de egresos de la Federación. Se le da vuelta y se niega esta facultad del Legislativo que la Constitución establece en beneficio de la necesaria fiscalización de la representación popular sobre la administración del erario público y del conveniente balance entre los poderes, con ciertos artículos del decreto correspondiente.
Tenemos así, por ejemplo, el artículo 14 del decreto, que aprueba el presupuesto de egresos, que autoriza para el ramo 23, que antes se llamaba "no sectorizable" y que ahora lo constituyen "las provisiones salariales y económicas", la cantidad de 31 mil 499 millones de pesos; se trata de recursos que no están sujetos a programas con metas específicas, que se manejarán al arbitrio de la Secretaría de Hacienda para diferentes gastos eventuales, pero de este ramo también se encuentra una partida de 650 millones de pesos, que se llama justamente "partida secreta", que manejará bajo su total arbitrio el Presidente de la República, de acuerdo con el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución.
Nosotros proponemos que la partida no sea secreta, que se llame: "De gastos imprevistos de la Presidencia de la República", quien está sujeto a rendir cuenta precisa de su aplicación al final del año.
En esta misma dirección de discrecionalidad del Ejecutivo, se encuentra el artículo 18 del decreto, que faculta al Ejecutivo a determinar, para amortización de deuda, prácticamente las cantidades que desee, sustrayéndolas de cualquier otro uso o prioridad social, según su criterio. Asimismo, el artículo 29 faculta al Ejecutivo Federal a ordenar reducciones en los montos presupuestarios sin ningún límite ni autorización por parte del Legislativo. El artículo 35 faculta al Ejecutivo a realizar erogaciones adicionales a lo aprobado por el presupuesto de egresos de una manera amplísima, lo que constituye de hecho un verdadero cheque en blanco.
Estamos entonces ante una situación verdaderamente inaudita. La Cámara de Diputados es el órgano del Estado facultado para determinar el presupuesto de egresos de la Federación, pero el Poder Ejecutivo lo puede modificar a su antojo, como diría el "alazán tostado", el general Gonzalo N. Santos: "A la Constitución, cuando es necesario, se le puede hacer manita de puerco".
Cabe señalar, por otro lado, que durante el trabajo de comisiones y a propuesta de nuestro partido y en particular, por el trabajo realizado por la Comisión de Desarrollo Social, presidida por nosotros, los recursos del ramo 26 fueron redefinidos como para el combate a la pobreza y su asignación se hará con una fórmula que incluirá indicadores al respecto. De igual forma, los estados deberán de publicitar los recursos recibidos por la Federación y someter a los congresos locales un mecanismo de asignación municipal que utilice reglas, fórmula incluída contra la discrecionalidad. Así, por primera vez, esta soberanía impondrá reglas para la asignación de recursos contra la tradicional discrecionalidad con que se habían venido usando. Más aún, se consiguen el compromiso de que para el próximo año se utilizarán procedimientos similares para asignar los recursos que, como en el caso de Educación y Salud, serán asignados a estados y municipios.
Otro avance, aunque pequeño, lo constituye la recomendación de resignar recursos del Procede para el desarrollo rural. Pero también es necesario señalar que fueron rechazadas nuestras demandas de modificación a la Ley de Planeación, que daría al Congreso, la facultad de intervenir en la formulación de los planes de desarrollo, así como de participar en la determinación del rumbo de la política económica; las demandas de incrementar recursos y responsabilidades a estados y municipios bajo un nuevo federalismo y una propuesta de modificación a la Ley del IMSS, que reconociera la responsabilidad plena del Estado en esta materia y no una que deslindara esta obligación, como la que enviara el Ejecutivo y que finalmente se aprobó sólo con el voto del PRI.
En resumen, estamos ante un presupuesto de egresos de la Federación que no ayuda a incrementar la actividad productiva del país, que no contribuye a mejorar la distribución del ingreso y en consecuencia, que no sirve para mejorar la estructura económica y productiva del país; en cambio, es un presupuesto que se mantiene en la línea de la continuidad de la política de ajuste y de cambio estructural iniciada desde hace 13 años, que tanto ha causado a la economía nacional y también en la línea del centralismo presidencialista en el manejo de los recursos del Estado, que es base para el autoritarismo político y para la corrupción; motivos todos ellos más que suficientes para que votemos en contra.
Muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general el presente dictamen.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, para fijar posiciones, los siguientes oradores: por el Partido del Trabajo, el diputado Eduardo Guzmán Ortiz; por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada María del Rosario Robles Berlanga; por el Partido Acción Nacional, el diputado David Vargas Santos y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado José Manuel García García.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.
El presupuesto de egresos de 1996 comparte las mismas características del presupuesto del año anterior y, por tanto, similares expectativas de fracasar en el logro de sus objetivos.
El presupuesto es congruente con los criterios de política económica del Ejecutivo Federal y sin embargo, ni éste ni aquellos lo son con el objetivo prioritario de crecimiento económico y mucho menos con el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Es más, los cambios secundarios o matices que se le introdujeron son producto de la coyuntura actual y no de una reorientación global de los recursos hacia prioridades que den salida a los problemas estructurales por los que atraviesa el país, fijando en su caso bases mínimas para una política industrial hacia el sector agrario que hoy no existe.
Los lineamientos que preceden a los criterios y el presupuesto para 1996, fueron en parte adelantados por el acuerdo para la recuperación económica; en éstos no se contiene una política encaminada hacia el fomento de actividades productivas y, cuando mucho, es un intento para enfrentar hoy la precaria situación económica. En este sentido, como ya se hizo, hay que insistir en el violentamiento de los procedimientos legales para aprobar la política de ingreso y gasto, la cual tiene que pasar por la sanción del Poder Legislativo.
La evaluación del presupuesto del año entrante debe reconocer algunos logros, pero sobre todo, los fracasos de la política económica aplicada durante 1995. En este sentido, es evidente que los resultados no son nada halagüeños, medidas como la restricción del crédito interno y la reducción del gasto público que se señaló, habrían de generar las condiciones para iniciar la recuperación económica, no han dado ese resultado; por el contrario, han deteriorado el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos beneficiando a un selecto grupo del sector financiero y algunas grandes empresas.
Lo que se podría considerar como un triunfo en cuanto a control de la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio, hoy están en duda y el superávit de la balanza se ha logrado a costa de la rescisión económica que todos ya conocemos.
En lo que hace a la relación con la estabilidad macroeconómica y de precios, se continúa sacrificando lo primero a lo segundo a partir de supuestos teóricos incorrectos frente a presupuestos anteriores, la relación entre ingresos y egresos previstos, constituye un avance va que se abandona parcialmente la criminal búsqueda de importantes superávit fiscales para sustituirlas por un déficit pequeño que de hecho implica un equilibrio fiscal.
Pero ese equilibrio fiscal se explica por un fuerte recorte de los ingresos públicos previstos, lo que implica un gasto público de naturaleza contractiva y, por lo tanto, difícilmente impulso de los objetivos de crecimiento económico que se dicen buscar.
En este contexto el dictamen que hoy se presenta contiene un presupuesto austero y restrictivo, con características asistencialistas y sujeto al condicionamiento del equilibrio entre ingresos y egresos.
Para el Partido del Trabajo, como lo hemos señalado, la coyuntura económica actual exige tanto y mayor ingreso fiscal vía gravar a los grandes empresarios y a la especulación financiera como un déficit presupuestal moderado que se ha compensado dentro de un posterior ciclo económico expansivo por contracciones fiscales que permitan contener presiones inflacionarias derivadas de la actividad económica.
Ello hubiera requerido un gasto público mayor en por lo menos 10% con un déficit fiscal del 3% sin que tuviera por sí mismo consecuencias inflacionarias, ya que en la actualidad estas provienen no de la demanda sino del tipo de cambio como lo comprueba el repunte inflacionario a partir de octubre.
Pero como la caída del precio internacional del peso depende de factores especulativos asociados a desconfianza de inversionistas, el vigor de la recuperación económica debiera favorecer una revaloración moderada del peso de naturaleza y de efectos antiinflacionarios. Lo anterior como prácticamente cualquier otra propuesta alternativa no ha sido tomada en cuenta ni al parecer podrá hacerlo por el Ejecutivo.
El presupuesto para 1996, volvemos a señalarlo, es incongruente con el logro de la recuperación económica y desde nuestro punto de vista continúa dependiendo de una concepción de la estabilidad macroeconómica y de precios incorrecta. Algunos aspectos centrales del mismo dan muestra de ello; en términos reales el presupuesto será menor en 0.4% al esperado para 1995 y más de 15% inferior al de 1994.
Si consideramos, la parte programable del mismo, tenemos que ésta ha descendido como proporción del presupuesto total del 72.2% en 1994, al 69.7% en 1996, cosa que es del todo contrario al impulso de la reactivación económica y la búsqueda de un mejoramiento de la protección social.
En cuanto a la inversión, el proyecto del Poder Ejecutivo pretende que la caída en el gasto público propuesto se compense por un elevamiento real de la inversión y el estímulo a las actividades productivas.
A este respecto, también lo hemos señalado, el aumento relativo de los gastos de inversión sería alentador si se hubiera hecho un esfuerzo por determinar las necesidades a partir de las metas declaradas de crecimiento del producto interno bruto, cosa que no ocurre. Además, no compartimos la gran fe que se tiene en la capacidad de inversión del sector privado a pesar de la descapitalización que si existe en éste, al respecto cabe señalar lo siguiente:
Que el incremento propuesto de la inversión no es expansionista en sí mismo porque no es sustancialmente mayor a la tasa de crecimiento del producto previsto, 3.9% para el primero contra 3.6%, lo que implica de hecho mantener una misma participación entre inversión y PIB.
Que el incremento en la inversión pública propuesto no es nada en comparación a la caída que tuvo la misma en 1995, la cual fue cercana al 30%; el gasto programable de capital cayó respecto a 1994 en 17.4%, por tanto el incremento que ahora se propone apenas significa que ha comenzado a detenerse la caída y no hay una auténtica recuperación.
Los principales incrementos en la inversión están situados en el sector eléctrico y el petrolero, pero en el primero no procuran tanto el elevamiento en la actividad productiva sino la inversión en trasmisión y distribución de la electricidad para el que se asigna un incremento del 30% real; en el sector petrolero existe un esfuerzo por aumentar la producción en un 4.6%, pero el mismo está dirigido al incremento de la plataforma exportadora que se supone será del 7%, mientras que se espera que la contracción de la demanda interna requerirá menos refinamiento nacional de crudo, entonces ¿cómo se hace compatible esto con una supuesta reactivación del producto del 3.6%.
En todos los demás casos significativos de la inversión, la reactivación es poco importante o no existe en términos reales. En las actividades agropecuarias, por ejemplo, el nuevo programa introducido con el propósito de impulsar la reconversión productiva que el sector produce, sólo implica un 3% del gasto sectorial e importa un gasto seis veces inferior al del Procampo, que es un programa que funciona como un subsidio directo al consumo improductivo en el sector agrícola.
Con base en el diseño de la política de gasto de inversión, podemos concluir que en el mejor de los casos el presupuesto de 1996 es un proyecto neutro que tiende a anular entre sí a varios de sus principales instrumentos, desestimando al mismo tiempo la situación de la planta productiva.
De igual manera, no guarda relación entre los riesgos de crecer, con lo cual seguiremos estando sujetos seguramente a los vaivenes de los capitales especulativos.
En lo que corresponde al supuesto incremento del gasto social, cabe señalar lo siguiente: lo que el presupuesto de egresos propone es en realidad un incremento real similar a lo esperado para el producto y apenas ligeramente superior al crecimiento de la población. A ello hay que agregar que en 1995 se vivió una brutal contracción de gasto público en general y del gasto social en particular. Al respecto, el gasto en desarrollo social constituyó en 1994 el 40% del total; en 1995, el 35.6% y en 1996 será el 36.6%; entonces el crecimiento no es lo significativo que hoy se señala.
Es cierto que este rubro ocupa el 50% o un poco más del gasto programable presupuestal y que en parte responde sobre todo a cubrir las necesidades más ingentes del pueblo, las cuales por cierto crecen día con día, gracias al programa de choque impuesto por el Gobierno; sin embargo, el rezago en esta materia es tan amplio que lo presupuestado difícilmente podrá empezar a revertirlo.
En cuanto a las erogaciones en desarrollo rural, destaca lo siguiente: existe insuficiencia de los fondos asignados al sector, la cual contrasta con la crisis histórica productiva y social que éste mismo padece. El incremento real de recursos asignados al sector es similar al del gasto social, o sea crecen algo menos del 4% real, a pesar de que se incorporan nuevos programas como el Produce y que se incrementa en un 7% la parte del presupuesto asignada al crédito rural.
Hay una evidente contradicción entre la preeminencia que dice otorgarse a la reconversión productiva del sector agrario y los modestos recursos otorgados al Produce u otras actividades de promoción y transformación de las actividades productivas, el apoyo al campo sigue siendo asistencial.
No se contempla sustantivamente por ejemplo la asignación para recursos de la compra de tierra. ¿Cómo en este sentido se piensa resolver entonces el conflicto agrario de Chiapas.
A la vez, cabe destacar que en relación a los subsidios alimentarios, según señalan los expertos en la materia, en México se gasta tres veces más de lo que se necesita para acabar con la desnutrición. El presupuesto de 1996 mantiene inclemente este tipo de subsidios, sin que se concrete la contraparte de apoyar las actividades productivas, que son a final de cuentas las que generan los ingresos.
Es imprescindible que sin dejar de apoyar las necesidades más ingentes de la población desposeída, se reactiven la pequeña y mediana empresa, así como la creación de puestos de trabajo.
Por otra parte, la política con la que se otorgan los subsidios en general es otro de los aspectos relevantes. En este sector o en este rubro, se da un importante apoyo a la ineficiencia financiera de los bancos y de concesionarios de carreteras y, por otro, se dispone revisar los que se otorgan de manera, se dice indiscriminada, a la tortilla y la leche.
Sólo unos datos al respecto: los 1 mil 600 millones de nuevos pesos que se entregarán a la ineficiencia de los concesionarios carreteros, son 15% mayores al subsidio total que se otorga a la tortilla y 24 mayor al que se otorga a la leche. Esta es la muestra de la importancia real que se le da al apoyo a los sectores desposeídos.
Compañeros diputados, la práctica nos ha demostrado que es casi imposible que en estos debates nos escuchemos y mucho menos que la mayoría lo haga. Se nos ha reiterado que no hay otro camino más que el señalado por el Ejecutivo. Insistimos, no creemos que esto sea así; existen alternativas y las hemos propuesto. No creemos ser exagerados al afirmar que quizá hoy sea la última oportunidad de efectuar rectificaciones en la estrategia económica, en condiciones relativamente ventajosas. El tiempo actúa en contra de la mayoría de los mexicanos, en particular de aquellos que esperan la apertura de fuentes de trabajo o el aumento de sus magras percepciones.
Lo hemos dicho, estamos en contra de la política económica del Gobierno y de los instrumentos que utiliza para llevarla a efecto. Por ello nuestra fracción votará en contra, como ya lo ha señalado, del presupuesto en lo general y en lo particular, porque no fortalece una política que permita salir a nuestro país de la crisis y mucho menos que permita resolver los problemas de la mayoría de los mexicanos.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada María del Rosario Robles Berlanga.
La diputada María del Rosario Robles Berlanga:
Gracias; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Vivimos momentos de una enorme gravedad desde el punto de vista económico. La inestabilidad financiera, la incertidumbre económica y el deterioro social, son los signos de nuestros tiempos. En este gravísimo contexto, las propuestas y los supuestos macroeconómicos del presupuesto que hoy se nos propone, no responden a las expectativas y a las grandes necesidades que tiene hoy el país.
La política de gasto responde una vez más a una lógica recesiva y de ajuste, que castiga las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos y en esa perspectiva un crecimiento del 3% es muy difícil de obtener, como tan inviable es vendernos la idea de que al mismo tiempo es posible controlar la inflación.
Varios argumentos se han esgrimido aquí por el presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto para pedirnos el voto a favor de este dictamen de presupuesto y varios son también los argumentos que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática ha expuesto nuestro compañero Raúl Livas.
Lo primero que habría que señalar es en relación a los tabúes que se nos han expresado desde la política neoliberal en materia de reducción del gasto y de déficit presupuestal. A la caída del gasto programable en 1995, se añade una nueva disminución del 0.7%. Nos enfrentamos así al gasto programable por habitante más bajo de las dos últimas décadas en un momento de profunda crisis económica y social.
En 1989 este gasto era de 3 mil 952 pesos por habitante y 16 años después es tan sólo de 2 mil 481 nuevos pesos.
Se habla también de que con esta propuesta es posible fomentar el empleo y lo que se nos presenta es una propuesta de alrededor de 2 mil millones de nuevos pesos destinados básicamente a un programa de becas para la capacitación de los trabajadores desempleados.
Con menos de una milésima parte del producto interno bruto se pretende enfrentar un desempleo nacional que suma ya casi 10 millones de trabajadores y podemos decir, ¿en qué clase de país estamos, en el que a los jóvenes se les pregunta estudias o trabajas y ellos responden, ni lo uno ni lo otro? ¿En qué clase de país estamos, en el que a los niños se les pregunta, en dónde trabaja tu papá y ellos responden, se está capacitando.
Por otra parte, se desaparece la política de fomento industrial, se deprime el mercado interno y el sector agropecuario ve disminuir sus recursos en términos nominales irreales.
En contrapartida, el Gobierno se propone rescatar el sistema carretero privado, con una cantidad aproximada de 14 mil millones de nuevos pesos, destinados a subsidiar a las autopistas privadas; 3 mil millones de nuevos pesos más que los del ramo 26, destinado al combate a la pobreza y un presupuesto 33% más elevado que lo que se destina a programas de becas, abasto y nutrición.
Otro elemento que nos lleva a votar en contra de este presupuesto es el relacionado con la discrecionalidad del Ejecutivo, particularmente en la partida de 650 millones de nuevos pesos y que constituye un acto anticonstitucional.
Se propone también un esquema de descentralización en varios ramos y rubros del gasto. En educación, salud, combate a la pobreza y agricultura, sin criterios, sin un fortalecimiento real del municipio, sobre bases profundamente discrecionales y que en materia de gasto social, con los vientos neoliberales que campean y ante la absoluta ausencia de una estrategia, puede llevarnos a una balcanización de la política social.
Es cierto que en relación al ramo 26 se lograron aspectos muy importantes, como es el establecimiento de criterios claros, de compromisos de los tres niveles de gobierno, de la inclusión de la participación ciudadana en todo el proceso de descentralización, pero esto es insuficiente si consideramos que otros ramos que se están descentralizando, particularmente el de educación, son significativamente mayores que el de desarrollo regional.
Pero más allá de todos estos aspectos, en la política de gasto propuesta para 1996, se refleja nítidamente un paradigma económico que ha demostrado con creces y contundencia su fracaso y que aún así se insiste en aplicar sin ninguna variación sustancial. No importan los costos sociales de esta política, no se pretende convertir al gasto en un instrumento eficaz para combatir las profundas desigualdades y promover el crecimiento con el fin único de generar el bienestar social y eliminar la pobreza; por el contrario, el presupuesto propuesto para 1996, en el presupuesto propuesto se ratifica la idea de que no hay plazo fijo para que el neoliberalismo deje de ser el gran fabricante de pobres y de miserias en nuestro país que en los dos últimos años se han visto incrementados en más de 2 millones de personas.
En efecto, justamente después de que México suscribió una serie de compromisos en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social en relación al empleo, la integración social y la superación de la pobreza, justamente a punto de entrar al año internacional de erradicación de la pobreza y en un momento en que la profunda crisis ha dejado huellas indelebles en materia social como el desempleo, la caída drástica del salario, el aumento de los precios de los productos básicos, el deterioro de las condiciones de vida, así como la aparición de enfermedades medievales y la pérdida del patrimonio familiar, en este contexto el presupuesto destinado a desarrollo social ni siquiera recupera los niveles de 1994, colocándose en un 13.3% abajo en relación a ese año.
Y aún más, los recursos destinados a combatir la pobreza, disminuyen en 1995 en más del 20% y tan sólo representan el 0.5% del producto interno bruto.
En un país de pobres la prioridad de este gobierno, convenientemente adecuado en el extranjero, es pagar la deuda externa y rescatar a los bancos y las carreteras.
Para muestra basta un botón. Con este presupuesto estaríamos destinando solamente 75 centavos diarios para cada pobre y los programas que siguen siendo básicamente asistencialistas y compensatorios ni siquiera logran cubrir sus precarios objetivos. ¿Qué tiene que ver los desayunos escolares que apenas son distribuidos al 35% de los niños que los demandan, con un país en el que cuatro de cada 10 menores presentan algún grado de desnutrición? ¿Por qué se habla de un programa especial de vivienda si los recursos destinados para ello tan sólo cubren el 1% del déficit nacional y apenas el 10% de la demanda anual destinada? ¿Podemos acaso sentirnos orgullosos con un programa temporal que establece la creación de 815 mil empleos que apenas representan el 1% de la demanda nacional.
Una perla más para fundamentar el sentido de nuestro voto:
Por cada peso destinado a pagar la deuda, tan sólo invertiremos 14 centavos en el Procampo, 7 centavos en desarrollo social, 11 centavos en salud y 5 centavos en el programa especial de empleo.
En síntesis, con esta política de gasto se refuerza la idea prevaleciente en el equipo gobernante de que el reto ya no es erradicar sino administrar la pobreza, pues ésta es imbatible dentro del funcionamiento regular del actual modelo económico.
Por eso no es necesario incrementar los recursos para el desarrollo social.
Para los extremadamente pobres la fórmula es muy barata: paquete básico de salud y tarjetas de 70 pesos al mes para sus alimentos en un esquema asistencialista y excluyente del desarrollo.
Para los demás, ahí está el mercado. Ya no se requiere presupuestar recursos suficientes, pues ahí está el mecanismo redentor del mercado como fórmula ideal para acceder a la educación, la alimentación, la salud, la seguridad social, la vivienda y la cultura.
Es esta lógica, este fundamento económico el que están ustedes a punto de aprobar, en un momento en que dichos paradigmas están siendo cuestionados en el mundo entero.
No quisiera, para ejemplificar, citar las multitudinarias manifestaciones en Francia, prefiero traer a colación las palabras, ya que nuestros gobernantes son tan atentos a los consejos del subsecretario del Tesoro norteamericano, quien advirtió que es necesario combatir la pobreza y la desigualdad, porque la injusticia social socava la estabilidad y el progreso económico y señaló que esto no puede ser dejado a las fuerzas del mercado. Los mercados, dijo Larry Somers, por sí solos no pueden invertir en educación ni llevar agua potable a los barrios pobres ni apoyar la clase de programas de salud maternal que hacen una diferencia enorme en la perspectiva de los niños.
Pero la soberbia no tiene límites y esta política de presupuesto que profundiza las desigualdades, la pobreza y nos condena al estancamiento productivo, responde no a la voluntad de la mayoría de los mexicanos sino a los criterios establecidos en el paquete de rescate financiero por el Capitolio y Wall Street y en consonancia con estos compromisos, seguramente se aprobará este presupuesto, además de que se ha excluido esta discusión del diálogo nacional.
La reforma económica y social, tan cardinales y necesarias para hablar de un estado democrático y moderno, no forman parte sustantiva del diálogo que pronto habremos de iniciar.
Pero no se confundan, como lo diría recientemente don Horacio Labastida, la generación de 1810 nos desglobalizó del imperio hispano; la globalización que quiso imponernos el gobierno francés, fracasó rotundamente en el Cerro de las Campanas; y la que pretendieron los empresarios ingleses y estadounidenses, durante los años porfiristas concluyó con el levantamiento revolucionario de noviembre hacia 1910.
La globalización de ahora, ésta que nos están imponiendo desde los Estados Unidos en acuerdo con los que nos gobiernan, ya tuvo su primera llamada de atención con esos indios tan levantiscos de Chiapas, por eso no podemos engañarnos.
México vive ya hace tiempo en el espacio de las grandes encrucijadas y esta política de gasto no responde de ninguna manera a la dimensión de los retos que tenemos enfrente, por eso votaremos en contra.
Porque para nosotros, los criterios son soberanía y renegociación de la deuda contra la dependencia; desarrollo sostenible y sustentable contra estancamiento y recesión; derechos plenos; igualdad y equidad contra focalización; dignidad contra la humillación internalizada; participación real en la vida económica y social del país contra una política excluyente. En fin, reforma profunda del Estado y un nuevo pacto social que reoriente el rumbo económico y social de la nación.
Compañeras y compañeros diputados. Concluyo citando las brillantes palabras de una diputada de la mayoría durante la comparecencia de Guillermo Ortiz: "No son tiempos de fe, son tiempos de acciones". Ojalá, compañeros priístas, pudieran actuar en consecuencia y empezar a cambiar las acciones.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado David Vargas Santos.
El diputado David Vargas Santos:
Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El 20 de febrero, en perfecta congruencia con los principios de doctrina de Acción Nacional, con plena conciencia de la historia nacional y como respuesta certera y clara a hechos culturales y políticos inmediatos en el tiempo, Manuel Gómez Morín, fundador del partido y presidente de éste, formuló la tesis de la necesaria y urgente reforma del Estado. Gómez Morín señaló entonces, hace casi 56 años, la derrota del régimen y su debilidad ante la opinión nacional, la conclusión del maestro fue inequívoca, el régimen del grupo en el poder actúa contra la nación.
Pero tuvieron que pasar más de 50 años para que algunos miembros de este partido comiencen a recapacitar y la opinión nacional expresada en las urnas muestre, sin ambages, al propio régimen que tiene ya que cambiar para hacer del Estado el servidor de la sociedad nacional y no continuar destruyendo a ésta con su crecimiento desorbitado, su corrupción, su ineficiencia, sus prácticas alejadas de la democracia, así como su soberbia y terquedad.
Nos enfrentamos a unos de los momentos más críticos de la historia del país, por lo que, al igual que hace más de 50 años, hoy como ayer y siempre, el Partido Acción Nacional cumple con su propósito de vigilar y procurar que el desenvolvimiento del país en materia económica y política sea acorde a los intereses de la nación y no refleje sólo los intereses de unos cuantos.
Tomando en cuenta lo anterior, así como el que el presupuesto de egresos para 1996 que hoy nos ocupa no corresponde a los intereses de la Federación ni a las condiciones actuales del país, sino sólo a los intereses del Ejecutivo, el voto de nuestro grupo parlamentario será en contra. Las razones del sentido de nuestro voto podemos sintetizarlas en cinco aspectos.
Primero, promesas incumplidas; segundo, metas y objetivos inalcanzables; tercero, inflexibilidad y terquedad oficial; cuarto, exigencia de un nuevo modelo; quinto, trabajo infructuoso de la comisión. A continuación pasaré a explicar cada una de éstas.
Primero. Las promesas incumplidas.
Una vez más, al igual que desde hace más de 60 años, las promesas del partido en el poder se quedan muy alejadas de la realidad. Desde esa época, nuestra nación languidece bajo los regímenes del partido oficial a pesar de contar con enormes recursos naturales y mantener una posición geográfica privilegiada. Los gobiernos priístas de los últimos 62 años no han cumplido sus promesas ni nuestras expectativas de bienestar.
A un año de iniciado el gobierno del presidente Zedillo lo único que han demostrado las autoridades es que no saben cómo hacerlo y esto ha traído como consecuencia malestar para las familias mexicanas en lugar del tan pregonado bienestar. Las metas macroeconómicas en la mayoría de los casos se han quedado muy alejadas de la realidad, bastaría con señalar dos ejemplos. En primer término, la meta de crecimiento económico positivo del 4%, ésta, culminará en una caída del 6% con la consecuente enorme pérdida de empleos. La meta original de inflación que inicialmente fue del 4%, sus posteriores rectificaciones la elevaron hasta el 40% y la realidad es que se ubicará en el mejor de los casos, en el 52%, 13 veces más que la meta original.
En segundo término, en el caso de los subsidios y transferencias del Gobierno Federal que en el presupuesto de 1995 representarían el 56% del gasto programable y terminaron representando el 63%. El gasto en desarrollo regional debía significar el 5.7% del gasto programable del Gobierno Federal y terminó en el 4.5%. Estas, son sólo algunas de las incongruencias de las autoridades. Es muy fácil prometer, el problema es poder cumplir con lo que se promete.
Segundo, las metas y objetivos planteados son inalcanzables.
El presupuesto de egresos resulta una expresión importante de la voluntad política del régimen, de ahí la importancia de evaluar la viabilidad de sus metas y objetivos. Los objetivos señalados en los criterios generales de política económica, así como la del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1996, se sintetizan en tres puntos: recuperación económica, promoción del empleo y abatimiento de la inflación. Todos ellos objetivos loables, el problema es que pretenden alcanzarse con más de lo mismo.
La inflación, una de las metas macroeconómicas más importantes es considerada como irrealizable por los principales analistas no gubernamentales. Estos estiman que se alcanzará una inflación para 1996 cuando menos del 30%. Una vez más en el presupuesto de 1996 se propone realizar un ajuste importante a las erogaciones corrientes para liberar recursos que sean reasignados a programas sociales y a la inversión en infraestructura en sectores estratégicos.
Sin embargo, en el presupuesto de egresos para 1995, el gasto de capital del Gobierno Federal representaría el 44% de los servicios personales y terminó en 36%.
Lo anterior significa: que mientras que el gasto en servicios personales sobrepasó el presupuesto original, el gasto de capital se redujo en relación a dicho presupuesto. ¿Cómo creer a las autoridades que en esta ocasión si se logrará esto? No es la primera vez que se promete esto y no se ha cumplido. Hoy, nos hablan con bombo y platillo de un nuevo federalismo y para ello, con orgullo señalan el aumento en las participaciones.
¿Cómo pensar y creer que esto es un auténtico federalismo, cuando dichas participaciones una vez más quedarán muy rezagadas? Para 1996, considerando el aumento que aprobamos en la Cámara en el renglón de las participaciones, éstas representarán el 3.3% del PlB, cifra que al compararla con el 3.1% con el que concluirá 1995, pareciera resultar ligeramente superior. El problema es que en el proyecto original de 1995, la cifra estimada era del 3.4%, porcentaje, incluso, superior al presupuesto para este año.
Simple y sencillamente se está buscando el nivel que mantuvieron las participaciones en los últimos años, con excepción de 1995. Sin embargo ¿Quién garantiza a los estados que no sucederá una vez más lo que pasó en 1995? Esto es un reflejo de la poca voluntad política que existe en las autoridades para alcanzar los objetivos y metas previstas.
Ante esta falta de voluntad ¿qué o quién nos puede garantizar que ahora si se cumplirá con lo prometido y las metas propuestas.
Tercero: existe terquedad e inflexibilidad oficial.
Ante un fracaso rotundo de la política económica expresado en elevados niveles de desempleo, cierre importante de empresas, deterioro constante del poder adquisitivo de los trabajadores, inestabilidad financiera, así como la incertidumbre y desconfianza que prevalece en el país, las autoridades responden una vez más, con más de lo mismo, argumentando que los problemas recientes que enfrentamos habrán de disiparse.
Con estas medidas además de no resolver aún la crisis que enfrentamos, el sacrificio interno ha resultado no sólo arbitrario sino también injusto, la estrategia de las autoridades continúa siendo trasladar el costo del ajuste a la sociedad, lastimando y sacrificando la situación de las entidades federativas. ¿Dónde ha quedado el sacrificio tan pregonado por las autoridades? ¿En qué quedó la recomendación de la Comisión de Hacienda, de eliminar algunas secretarías? En lugar del cierre de éstas, se estableció su fortalecimiento o consolidación en la mayoría de los casos, el problema es que la gran mayoría de los que estamos aquí, sabemos que no existe ninguna verdadera justificación para su existencia, tal es el caso de la Contraloría.
Estos recursos pudieran canalizarse a mejores usos. Esta terquedad e inflexibilidad de las autoridades, los ha llevado a instrumentar una serie de acciones que si bien parecieran razonables, podrían terminar fracasando por la premura, celeridad y la falta de consenso y análisis con que se realizan, tal es el caso del aumento al IVA y la Ley del Seguro Social.
Cuarto: la necesidad de un nuevo modelo.
A pesar de que los diversos agentes económicos reclaman la necesidad de un ajuste al actual modelo económico, las autoridades insisten en que el aplicado por éstas, es el único capaz de sacarnos de la crisis. Pareciera no importarles lo que la sociedad opina, de lo contrario ¿Cómo explicarle a la sociedad y a las entidades federativas que el presupuesto de egresos de la Federación no sólo se diseña por el Ejecutivo, sino también para el Ejecutivo y nunca con criterios de Federación? No es posible que las participaciones a estados y municipios mantengan una tasa descendente hasta este año.
Por su parte, es grave el rezago en el gasto de inversión al ubicarse en el 3.7% del PlB, cifra que representa alrededor de dos terceras partes de la inversión de hace 10 años, a pesar de que la economía es 25% mayor. Esto significa que la inversión ha caído, durante la última década más de 60%. El problema es que esta falta de inversión no se limita a nuevos proyectos, sino que abarca también planes de mantenimiento, reposición y ampliación.
Las autoridades no quieren reconocer que el modelo seguido en la actualidad es un mal modelo, entre otras razones, que no asume el desarrollo económico como un proceso fundamentalmente humano. Es cierto, el problema
no reside en algunas de las técnicas utilizadas, sino en el tipo de opciones conceptuales que adopta; privilegia a los pesos y los equilibrios estadísticos macroeconómicos, por encima de las personas y las angustias concretas de las familias y empresas mexicanas. El resultado de este modelo ha sido un Gobierno rico, un grupo reducido de supermillonarios, un gran número de municipios en condiciones de miseria y una sociedad cada vez más pobre. El error reiterado del Gobierno ha sido el pretender solucionar desde el centro, desde la Ciudad de México, los problemas del país.
En el esfuerzo de reconstrucción económica, como en muchos otros, lo que se requiere es una gran participación de los mexicanos en la fijación de metas y asunción de compromisos, hecho que parecen no entender las autoridades.
A nadie escapa que para enfrentar los requerimientos de cientos de miles de jóvenes, de mujeres y hombres que reclaman un trabajo debidamente remunerado en la vida productiva, el país deberá hacer el esfuerzo por lograr tasas de crecimiento económico no menores al 6%. Es por ello que la prioridad debe ser la creación de empleos para conseguir un fuerte crecimiento y generar un círculo virtuoso. Todo lo que contribuya a ello, debe ser asumido por gobierno y sociedad.
Quinto: trabajo infructuoso de la comisión.
Si bien debemos reconocer que el trabajo de la comisión ha sido intenso y novedoso, al realizarse por primera ocasión un ejercicio en el cual asistieron ante la comisión diversas dependencias del Ejecutivo, para hablar sobre el presupuesto, también es cierto que su trabajo ha sido muy poco fructífero.
Nuestro trabajo como legisladores, no puede concretarse a hacer recomendaciones al Ejecutivo y que éste las adopte o deseche a discreción.
Compañeras y compañeros legisladores: las autoridades parecieran no entender que el éxito de México depende de su superación como un todo, basado en una sólida infraestructura, una población que cuente con un mínimo de satisfactores indispensables y una base educativa que le permita hacer frente a estos retos. De ninguna manera es aceptable que se pretenda cimentar el éxito del país en el posicionamiento privilegiado de un grupo reducido de macrocapitalistas nacionales.
En síntesis, la política económica que se ha diseñado hasta estos momentos por el presidente Zedillo y su equipo, no tendrá los resultados esperados y una vez más las metas no se cumplirán.
Continuaremos acentuando la unión de miserias que es hoy el país, en lugar de lograr un país de estados prósperos. Por ello, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, votará en contra.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Manuel García García.
El diputado José Manuel García García:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Las medidas adoptadas en la emergencia fueron definidas como duras, como medicina amarga, como inevitables. Se hablaba de un panorama sombrío, de que nos esperaban tiempos difíciles; estamos ciertos que todavía nos falta por avanzar. Somos aún vulnerables, estamos cruzando una turbulencia de carácter transitorio.
Sin embargo, no podemos negar que hay resultados significativos como consecuencia de la implementación de los programas económicos de emergencia que propuso el presidente Ernesto Zedillo y que la mayoría de esta Cámara aprobamos.
En las medidas adoptadas por el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se privilegia como principal objetivo la recuperación del crecimiento sostenido y sustentable, estabilidad de precios, elevación de los ingresos reales y bienestar social. Bajo estas tesis en octubre de este año se firmó una alianza para estimular la recuperación económica y el empleo, así como para consolidar las bases para el crecimiento sostenido de la economía.
Como estrategia para la reactivación económica, se planteó un cambio de superación y aliento económico que planteaba objetivos precisos y claros; en la inversión privada, estímulos para recobrar su papel en el crecimiento sostenido; al sector exportador, un crecimiento a nivel de competitividad y acceso a mercados internacionales. La inversión pública se reorientará en mayor medida a las actividades productivas y de infraestructura en 1996; en comparación con otros años al consumo privado, se busca que se revierta la tendencia contraccionista registrada en 1995. Esta alianza propuso un aumento salarial aplicable en el mes de diciembre del 10% y otro más en abril de 1996.
Asimismo prevé que los empresarios tendrán que realizar inversiones para generar empleos y absorber el alza en precios y tarifas públicas. Para ello se establecieron exenciones fiscales, para cumplir con las estrategias de corto plazo. Es así que el pasado 1o. de noviembre se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se exime del pago de diversas contribuciones federales y se otorgan estímulos fiscales:
a) Proponiéndose disminuir la carga impositiva de la pequeña y mediana empresas, estimándose exentarlas temporalmente del impuesto al activo, para impulsar la reactivación económica y el empleo.
b) Se libera totalmente del pago del impuesto al activo que se causa durante el ejercicio de 1996, a los contribuyentes cuyos ingresos no exceden de 7 millones de nuevos pesos. Se podrá optar por acreditar contra el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio fiscal de 1996 o, en su caso, contra el impuesto al activo a cargo del propio ejercicio de 1996, un monto equivalente al 20% del salario mínimo general vigente elevado al año, por el empleo adicional generado entre el 1o. de noviembre de 1995 y el 31 de diciembre de 1996.
c) Se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1996, el decreto que condona parcialmente el impuesto que hace referencia al artículo 78-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se autoriza el pago en parcialidades del impuesto no condonado.
"d) Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos a las enajenaciones de vehículos que realicen los fabricantes o distribuidores de los mismos y a las importaciones de vehículos al país.
En este entorno de la política económica y con la concepción siempre clara de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, exigimos la orientación y distribución adecuada de los ingresos, con objetivo de dignificar la vida de la población, previendo que la infraestructura sea el catalizador del desarrollo regional de nuestro país.
Estamos ciertos que los ingresos tributarios públicos federales registran una disminución importante respecto a 1995; sin embargo, esta disminución no afectará el equilibrio de las finanzas públicas ni impedirá el crecimiento y el control de la inflación. Es por ello que esta soberanía vigilará y evaluará que los programas y proyectos que se realicen en 1996 estén sujetos bajo estrictos principios de austeridad, transparencia y eficacia, creando los espacios dentro del presupuesto para insertar las metas de desarrollo social y poder con ello reasignar los recursos a la inversión en los sectores estratégicos.
Con estos principios se han definido los grandes objetivos centrales de la política presupuestal para 1996.
Primero. Contribuir a la estabilidad económica teniendo como instrumento el ejercicio disciplinado del gasto público;
Segundo. Fortalecer los programas de salud, educación y combate a la pobreza mediante el aumento del gasto del desarrollo social.
Tercero. Incrementar la inversión en sectores estratégicos que permitan detonar el crecimiento económico y alcanzar un desarrollo regional equilibrado.
Cuarto. Elevar la calidad y efectividad del gasto para maximizar sus efectos distributivos y lograr la consecución de los objetivos y metas fijadas que impulsen el desarrollo nacional.
Con relación al ramo 26, cabe destacar los importantes avances contenidos en el decreto de presupuesto de egresos para 1996:
Primero. Para señalar que se trata de recursos dedicados al combate a la pobreza en el seno de la comisión. Nuestro partido propuso que se cambiara de nombre al ramo para denominarse superación de la pobreza, independientemente de otros recursos dedicados al mismo fin en otras áreas del presupuesto.
Segundo. Se descentraliza el 65% de los recursos de este ramo a los estados y municipios para ser dedicados directamente al desarrollo de infraestructura física, así estas decisiones serán tomadas directamente por los beneficiarios.
Tercero. La distribución de recursos entre estados y municipios se hará a través de una fórmula clara y transparente que será conocida por esta soberanía.
Con relación a la fórmula, cabe señalar que la Sedesol deberá dar cuenta de su metodología a esta Cámara de Diputados a través de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, previa su publicación en el Diario Oficial.
La posición de mi partido en este sentido es clara, queremos una fórmula objetiva y transparente que no se preste a manipulaciones, no estamos comprometidos con ninguna distribución en particular de los recursos, excepto aquella que realmente refleje y ataque la pobreza en nuestro país. Nos oponemos a que se distribuyan los recursos sólo en función del número de habitantes de cada municipio, como lo proponen otros, ya que esto sería contrario a los propios objetivos del ramo; el PRI manifiesta que la fórmula debe reflejar la pobreza tanto urbana como rural, que debe contar no sólo al número de individuos pobres dentro de cada Estado, sino también debe medir el grado de la pobreza, reconociendo que no todos los individuos pobres lo son en la misma magnitud. La fórmula debe estar basada con las mejores técnicas analíticas para que sus resultados no se presten a la manipulación y cumplan con el sentir más profundo de mi partido, que se apoye en forma equitativa y eficaz a los menos favorecidos.
Para alcanzar estos grandes objetivos de la política presupuestal, se logrará únicamente con acciones estratégicas que tengan como objetivo la transformación de la actividad cotidiana de cada una de las familias mexicanas.
El gasto social tendrá que reflejarse en los sectores de la sociedad más desprotegidos, tendrá que reflejarse en la mesa de los mexicanos, en la educación, en la seguridad, en la actividad productiva, en síntesis, en una mejor calidad de vida.
Para ello, las propuestas priístas en este dictamen son de acciones concretas:
1o. Alcanzar un equilibrio fiscal que contribuya al mantenimiento de la estabilidad económica mediante el ajuste del gasto total a la disponibilidad de ingresos.
2o. Incrementar a la efectividad del gasto público a través del mejoramiento de los esquemas de evaluación de proyectos, fortalecimiento de mecanismos de registro y control para que entonces se pueda conocer transparentemente el destino de los recursos liberados y cumplan su objetivo.
3o. Incrementar el gasto de inversión física del sector público para que tengan un crecimiento real del 3.9% para alentar la reactivación económica y promover el desarrollo regional, esto con el objetivo de aumentar y promover la inversión productiva hacia las actividades estratégicas de mayor beneficio económico y social.
4o. Fortalecer los programas de desarrollo social que permitan ampliar la cobertura y mejorar los servicios de educación, salud y vivienda, así como una mayor concentración de fuerzas en el combate a la pobreza extrema.
5o. Promover la capitalización y la rentabilidad del sector agropecuario.
6o. Preservar los recursos naturales y el medio ambiente para impulsar el desarrollo económico sustentable, que permita el aprovechamiento nacional de la riqueza natural y mejoramiento de calidad de vida de la población mexicana.
7o. Reformar el sistema de seguridad pública y los mecanismos de procuración e impartición de la justicia.
8o. Creación de un fondo para enfrentar desastres naturales, con lo que haremos frente a este tipo de eventos impredecibles sin caer en la necesidad de desviar recursos que son necesarios para otras tareas estratégicas.
9o. Descentralizar programas y responsabilidades a través de una federalización y descentralización del gasto público en materia de desarrollo regional, servicios de salud y funciones operativas de los programas agropecuarios.
Para lograr estos objetivos se ha planteado una estructura general del proyecto de presupuesto de egresos bajo los siguientes conceptos:
El gasto neto total para 1996 asciende a 553 mil 718 millones de pesos, 0.4% menos en términos reales al esperado en 1995. Dentro del gasto total neto para el ejercicio fiscal de 1996, el 70% de los recursos será destinado a gasto programable y el restante a gasto no programable.
En cuanto a su composición, el gasto programable de los poderes Legislativo y Judicial, de los órganos electorales, los tribunales agrarios, el Tribunal Fiscal de la Federación y el Ejecutivo Federal, excluyendo transferencias, aportaciones a organismos y empresas controladas presupuestalmente, asciende a 215 mil 027 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 3.8% en términos reales respecto al cierre estimado de 1995.
A su vez, lo que destaca dentro de este programa de gastos, que son las participaciones a entidades federativas y municipios es de 68 mil 659 millones de pesos, lo que representa un incremento real del 4.4% respecto al año anterior; los estímulos fiscales que ascienden a 200 millones de pesos contrastan con los 44 millones de pesos previstos en 1995; todos estos logros son propuestos por el PRI en la Comisión de Programación y Presupuesto, así, de esta forma el gasto primario es de 465 mil 467 millones de pesos, 0.9% mayor respecto a la cantidad prevista al finalizar el ejercicio fiscal anterior.
En esta iniciativa se ve el resultado obtenido de constantes reuniones de trabajo con todas las autoridades federales especialistas en cada ramo; se ve el resultado del trabajo de todos los miembros de la Comisión de Programación y Presupuesto en donde nos fuimos a fondo, no nada más de forma hicimos cambios; se dieron cambios no sólo de forma, sino se fue al fondo de la iniciativa original, se recabaron propuestas de los distintos grupos parlamentarios, representados en esta Cámara, como los cambios hechos en el seno de la comisión a nueve artículos, así como al primero, segundo y tercero transitorios.
Los resultados que esperamos del presente proyecto de presupuesto para 1996, es un superávit en las finanzas consolidadas del sector público, por 480 millones de pesos; el resultado del efecto combinado que ostenta el déficit financiero del sector público presupuestal, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos, por 240 millones de pesos, en contraparte del superávit financiero de las entidades bajo control indirecto o presupuestal, cifra que alcanza 720 millones de pesos.
Este proyecto enfatiza una mejor aplicación del gasto público, da entrada a nuevos esquemas de descentralización presupuestal, enmarcando mecanismos de control y evaluación de proyectos de inversión, dirigidos a distribuir por igual los beneficios de la recuperación económica tan esperada por todos; sin embargo, con la disminución del gasto público como proporción del producto interno bruto, las áreas del sector público responsables del desarrollo social y la infraestructura estratégica y prioritaria, han recibido incrementos significativos en sus erogaciones programables.
Haciendo un desglose, en lo que respecta al costo de la deuda pública del Gobierno Federal, organismos y empresas bajo control presupuestal, asciende a 88 mil 251 millones de pesos, monto equivalente al 4.0% del PIB esperado en 1996; según el presente proyecto, como resultado de la reestructuración de pasivos de corto plazo, el costo financiero se reducirá un 7.0% en términos reales.
Deuda pública. El pago de intereses y comisiones de la deuda del Gobierno Federal, suman 71 mil 130 millones de pesos, lo que refleja un decremento real del 6.1% respecto de 1995.
El costo financiero de los pasivos del sector paraestatal bajo control presupuestal directo, asciende a 17 mil 121 millones de pesos, con una disminución de 10.4% en términos reales, en comparación al año anterior.
Presupuesto de egresos de los tribunales agrarios, 215 millones de pesos, con lo que se continuará con el proceso de regulación de la propiedad de la tierra, la resolución de los expedientes de rezago agrario y de las acciones para dar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra.
Presupuesto de Egresos del Tribunal Fiscal de la Federación. El gasto presupuestal asciende a 134 millones, cantidad destinada a apoyar la modernización de este órgano administrativo en materia de controversias y justicia fiscal.
Presupuesto de la administración pública centralizada. Se establece un nivel de gasto programable por 232 mil 975 millones de pesos. Los mayores incrementos reales se proponen a las secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 83.4%; Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 59.4%; Secretaría de Desarrollo Social, 42.6% y Secretaría de Energía, 40.5%.
Si se excluyen las transferencias totales, los ramos presupuestales con mayor peso dentro del gasto directo total son: educación pública, desarrollo regional, salud, comunicaciones y transportes y aportes a la seguridad pública.
Presupuesto de egresos de la administración pública paraestatal. La política de gasto presupuestal busca incrementar la eficiencia de las entidades paraestatales estratégicas y prioritarias. Lo presupuestado a los organismos y empresas de control directo, asciende a 171 mil 205 millones de pesos; un decremento real de casi 6.0% respecto al año anterior.
Presupuesto de egresos de los órganos electorales. Con el propósito de mantener la participación ciudadana en los procesos electorales y de fortalecer el órgano juridiccional como principal garante de los actos y resoluciones electorales que se sujeten a lo que la legislación establece, el proyecto de presupuesto para el Instituto Federal Electoral y para el tribunal respectivo, asciende a 1 mil 567 millones de pesos, 5.6% real inferior al del cierre previsto en 1995.
Transferencias. Son fijadas con criterios de equidad, selectividad, racionalidad y transparencia en el otorgamiento de recursos. El monto total de las mismas es de 140 mil 520 millones de pesos, con una disminución de 5.9% en términos reales en comparación al ejercicio anterior.
Los subsidios y transferencias a organismos y empresas de control directo que representan casi el 12% del total, son reducidos a un 38.7% en términos reales.
Análisis de la distribución sectorial del gasto programable. La propuesta del gasto programable sectorial de la presente iniciativa es de 380 mil 429 millones de pesos, con un ajuste incluido del 0.9% en términos reales respecto a 1995.
La participación del gasto programable dentro del PIB, representa el 17.3%. El Ejecutivo Federal propone que la inversión física crezca un 3.9% en términos reales para apoyar la reactivación económica.
En gasto corriente se prevé una disminución de 4.7% para 1996.
En materia de política social, se propone dotar a las familias en condiciones de pobreza extrema, de un paquete de salud con servicios comunitarios incluidos y de atención médica. Se pretende fortalecer los programas de empleo temporal en zonas rurales y urbanas.
Gasto en desarrollo social. Se incrementa 2.5% en términos reales, para alcanzar un monto de 202 mil 710 millones de pesos, lo que representa el 53.3% del gasto programable presupuestal.
Educación. El presupuesto ascenderá a 90 mil 618 millones de pesos. Esto representa una variación real del 2.9% respecto a 1995 y representa el 23.8% del gasto programable total. De este monto serán destinado a la infraestructura educativa 5 mil 259 millones de pesos.
Sector salud y seguridad social. Se prevé un presupuesto para las instituciones de seguridad social, de 82 mil 551 millones de pesos, superior en 1.5% real respecto al ejercicio anterior. De esta cantidad corresponde a inversión 3 mil 152 millones de pesos, lo que significa un incremento de 11.1% real.
Subsector laboral. La política establecida en este rubro estará orientada a la modernización, por lo que se destinarán 2 mil 056 millones de pesos. La mayor parte de estos recursos serán destinados a becas para trabajadores y desempleados, así como para capacitación laboral.
Desarrollo regional y urbano. Es primordial fortalecer las regiones, combatir a la pobreza extrema y fomentar el desarrollo equilibrado, por lo que se destinarán recursos de hasta 18 mil 942 millones de pesos, mayor en 2.5% en términos reales respecto al esperado en 1995.
Sector abasto social y nutrición. Se busca que los programas alimentarios para las familias de escasos recursos cuenten con elementos nutricionales indispensables y tengan un modo digno de vida. Para este objetivo se destinará un presupuesto de 8 mil 542 millones de pesos.
Medio ambiente. Un marco de coordinación entre diferentes áreas de gobierno e instituciones federales respecto a este sector. Se propone un presupuesto de 5 mil 671 millones de pesos.
Esto representa un crecimiento anual en términos reales del 21.9%.
Desarrollo agropecuario y recursos naturales. Se contempla una propuesta de presupuesto de 32 mil 688 millones de pesos para facilitar la innovación de tecnología, inducir la reconversión productiva, elevar el rendimiento por hectárea y optimizar la explotación de la riqueza natural del país.
Comunicaciones y Transportes. Se propone un presupuesto de gasto programable de 18 mil 575 millones de pesos para la consolidación de las adecuaciones en el marco normativo del sector, fortalecer la participación social y privada en las obras de infraestructura y sistema de telecomunicaciones.
Energéticos. Se propone asignar al sector un gasto total de 83 mil 25 millones de pesos, con una inversión física incluida total de 29 mil 941 millones de pesos.
Gobierno, seguridad nacional y procuración de justicia. La estrategia que se propone está orientada al cumplimiento de los mandatos constitucionales, apoyar la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, aplicación oportuna e imparcial de las leyes y para el mejoramiento del combate al crimen organizado.
Por lo anterior se propone un gasto de 19 mil 822 millones de pesos.
Es de observarse que hay un promedio de 2.2% de incremento en el presupuesto para 1996 respecto al año anterior. Esto refleja el interés del Gobierno Federal para que se aplique la justicia y la seguridad con mayor equidad, profesionalizando a los servidores públicos para dar un mejor cumplimiento a sus encomiendas y funciones.
Finalmente, quiero destacar las modificaciones propuestas por mis compañeros priístas en el seno de la comisión, en los siguientes artículos:
Artículo 20. los convenios determinarán las funciones que competa realizar, tanto a los estados como a la Federación, de conformidad con la legislación aplicable, así como deberán señalarse en cada caso los recursos financieros, humanos y materiales que la Federación transferirá.
También fue insertado en el seno de la comisión, a propuesta de los diputados priístas, que el Ejecutivo Federal deberá informar sobre lo dispuesto en este artículo a la Cámara de Diputados.
Artículo 21. En este artículo se propuso que se establecerá en convenios procedentes para que las legislaturas locales incorporen a las cuentas públicas respectivas los resultados alcanzados.
Artículo 29. Se asienta en el presente que el Ejecutivo Federal dará cuenta a la Cámara de Diputados de lo que instruye el presente artículo.
Artículo 40. Fue propuesto que a más tardar el 31 de marzo los programas señalados en el presente artículo deberán ser remitidos a la Secretaría y a la Contraloría, de lo contrario no será aplicable lo previsto en el artículo 48 de este decreto.
Artículo 57. Se propone evaluar rigurosamente los efectos socio-económicos para determinar prioridades en la aplicación de las inversiones públicas.
Artículo 65. Fue adicionado un último párrafo donde se señala que el Ejecutivo Federal dará cuenta a esta Cámara de Diputados de la evaluación a que se refiere este artículo, a través de esta comisión.
De igual forma, fueron modificados los artículos primero, segundo y tercero transitorios del presente decreto.
Todas estas modificaciones fueron hechas obedeciendo a los principios de nacionalidad, buen gobierno y específicamente con la objetividad necesaria para la reorientación de la economía nacional.
Compañeras y compañeros diputados: El presupuesto de egresos que propone el Ejecutivo Federal con las modificaciones hechas en el pleno de la comisión, merecen nuestro apoyo porque presentan avances jurídicos notables y contribuyen a la estabilización macroeconómica, aun con el recién decretado aumento en las participaciones a los estados, mantiene el equilibrio presupuestal.
Por otro lado, su composición contribuye a la reactivación económica vía la inversión pública y a la protección de los grupos menos favorecidos.
Sin embargo, y con objeto de fortalecer el proceso de recuperación económica, desde esta tribuna queremos pedirle al Ejecutivo Federal que se realice un esfuerzo sin precedentes para que el ejercicio de gasto se inicie sin demora desde enero de 1996 y que el calendario de gastos, dentro de los equilibrios macroeconómicos, contribuya al proceso de recuperación, ejerciéndose un nivel de gasto en el primer semestre de 1996, significativamente mayor al ejercido en el primer semestre de 1995.
Igualmente, se solicita al Ejecutivo que acelere los procesos de licitaciones públicas para que todos podamos conocer y participar en estos consensos con mayor antelación.
Por todo lo anterior, pensamos que el presupuesto de egresos va encaminado en su mayor parte al gasto social para combatir la pobreza, así como para reactivar la economía, creando nuevas fuentes de trabajo.
Es por ello que la fracción priísta de esta Cámara de Diputados, votaremos a favor del dictamen, como siempre lo hemos hecho, con responsabilidad y en favor del pueblo de México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, el diputado Crisóforo Lauro Salido Almada.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
Con su venia, señor Presidente:
Mi intervención la hago a nombre propio y de los diputados de mi grupo.
En un país como el nuestro, victimado con calamidades tales como la corrupción galopante del régimen de Carlos Salinas, a la que debemos sumar la ineptitud e irresponsabilidad de funcionarios públicos, cuyos errores se cargan inexorablemente a la ya raquítica cuenta del pueblo, brutalmente empobrecido por las dos causas anteriores, debemos agregar la sumisión que el actual régimen muestra hacia los dictados del exterior, de lo que es clara muestra el proyecto de presupuesto de egresos cuyo dictamen hoy está a discusión y que a pesar del clamor nacional que todos oímos, pero quienes tienen la obligación de escuchar simplemente se niegan a ello con terquedad tal que permite toda clase de conjeturas al buscar explicación a esta conducta.
¿De qué se trata, señores legisladores? ¿Qué no es claro para ustedes que el presupuesto dictaminado, aprobado en comisiones, solamente por los diputados del PRI, es simplemente más de lo mismo? ¿Cómo es posible pensar en una recuperación económica para el próximo año si no se prevén medidas efectivas para la reactivación de nuestra planta productiva? Y por consecuencia la recuperación del empleo Las condiciones impuestas por quienes han apoyado económicamente no a México sino al sistema político-económico que padecemos, estuvieron pensadas no para que comenzáramos a salir de la postración sino solamente a asegurar que los especuladores de aquí y de allá, cobraran rápida y cumplidamente y con sustanciales ganancias.
Jamás nadie de ellos ha pensado en la profunda pobreza y desesperanza en que ha sido sumido el pueblo de nuestro país. El presupuesto sometido a la consideración de esta soberanía promete la continuidad del desastre económico que hoy tenemos. El gasto programable por habitante se ubica a un nivel inferior en términos reales a los de los últimos 10 años y no contribuye a cumplir lo expuesto en el plan nacional de desarrollo y apunta claramente al fortalecimiento de las garantías petroleras otorgadas al prestamista internacional, ya que a este rubro se le da especial atención en la inversión productiva. Pemex y la banca, absorberán junto con otras líneas financieras, los recursos que el resto de la planta productiva requiere, para la imperiosa necesidad de crear empleos.
El superávit financiero estimado en más de 75 mil millones de nuevos pesos, son moralmente inaceptables, a la vista de que el problema toral del país es el desempleo, problema hacia el que se debiera de enfocar el mayor esfuerzo gubernamental.
No se equivoque el sentido de nuestra oposición. No abogamos por un gasto deficitario que provocaría un incremento a la ya inaceptable inflación, pero no podemos aceptar sin argumentar en contra, que el Gobierno mexicano continué siguiendo al pie de la letra, los dictados del norte. Es sabido por todos los enterados, que así nos fueron dictadas también las medidas recién aprobadas a la política económica del Seguro Social.
No quiero, además, por no contar con las calificaciones para ello, adentrarme en el análisis técnico del presupuesto de egresos. Ya lo hicieron en el seno de la comisión los diputados de la oposición, quienes en forma unánime han firmado en contra del dictamen que hoy se discute, razón por la que sería ocioso además de pretensioso de mi parte, manejar un tema que no es de mi especialidad.
Unicamente quisiera agregar que en el ramo agropecuario, en el que supuestamente se habrá de tratar de rescatar a través de la alianza para el campo, la maltrecha economía de los productores agropecuarios, sólo haría mención a un hecho, me voy a referir a los anunciados precios del maíz, cultivo principal, precios que de nuevo quedan como desde hace años por debajo del nivel de la inflación. Pregunto: ¿es así como se lograrán las metas económicas para 1996.
Pido pues a mis compañeros del PRI, que en esta ocasión asuman la representación que sin duda se les entregó con el voto de este pueblo, que reclama a gritos el cambio, en una política económica que de sobra ha demostrado no servir sino a los intereses del exterior y nos ha llevado ya a los niveles de empobrecimiento en que nos encontramos.
Por estas razones, consideramos que esta legislatura debiera de votar en contra de este presupuesto que hoy se dictamina y se debiera reelaborar para que ataque a fondo los problemas que enfrenta el país y que en el cuerpo de este presupuesto no se atienden ni siquiera someramente en la medida en que es necesario atacarlos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Hay presupuestos buenos, regulares, malos y éste de Guillermo Ortiz que es paupérrimo y cuyo destino debería ser el bote de la basura. No se vale tratar de engañar al pueblo por conducto de esta representación nacional con frases grandilocuentes como las que el diputado García García a nombre de la fracción priísta ha venido aquí para defender el dictamen.
Habla de estabilización macroeconómica, de reactivación de la economía, de protección a los grupos menos favorecidos, de combate a la pobreza. Habla de que el PRI como siempre actúa con responsabilidad y en apego a las causas populares y este dictamen no viene sino a sumarse a esa gran cadena de acciones traicioneras con que el PRI-Gobierno agrede al pueblo de México, como el incremento al impuesto al valor agregado, como la privatización de los ferrocarriles, de las comunicaciones satelitales, del gas, de la petroquímica, como la autorización para que el petróleo sea prenda de créditos que el pueblo no ha contratado con el gobierno de los Estados Unidos.
Estamos frente a un presupuesto fondomonetarista por cuanto sigue las reglas precisas de esa entidad que preside el señor Michael Camdessus, que no ha tenido empacho en decir urbi et orbi, que no hay país; debió decir, no hay gobierno capaz de aceptar condiciones tan lesivas para su población.
Es un presupuesto, a diferencia de lo que dice la fracción priísta, que no significa protección a los menos favorecidos, sino a los grandes especuladores, a los grandes constructores de carreteras y, sobre todo, compañeras y compañeros diputados, a esa nueva clase, los neobanqueros que se apropiaron del patrimonio del pueblo, que quebraron y que siguen reclamando subsidio del Estado ¿A cargo de quién? Naturalmente del sufrido pueblo de México.
Este presupuesto debe ser rechazado por los diputados patriotas, por los diputados responsables, por cuando no significa tampoco, como dicen los priístas, un estímulo y un fortalecimiento al sector social.
En primer lugar, el presupuesto antes que alentar en términos proporcionales la educación por vía de las plazas presupuestales, más bien es un presupuesto militarista por cuanto ahí se observan incrementos preocupantes.
Para educación un gasto de 15 mil millones de nuevos pesos; para gastos militares, vemos que se acerca peligrosamente al primer lugar, como debe ser el gasto educativo, con 11 mil 500 millones. Pero tenemos que en el caso de la educación disminuyen 8 mil 853 plazas presupuestales, cuando para defensa aumentan 7 mil 116 plazas presupuestales.
Cómo puede por otra parte, hablarse de un saneamiento financiero, cuando en este presupuesto se prevén cantidades astronómicas como son 83 mil 900 millones de nuevos pesos, el 5% del producto interno bruto de 1995% o bien el 20% del gasto público total del presente año, para canalizarlo a un programa, dice el proyecto, a un programa de infraestructura que ha sido al momento, infructuoso y de los cuales 69 mil 800 millones irán no a escuelas, no a educación, no a gasto social; irán a apuntalar a esa banca usurera, agiotista, a la par inepta, que no haya cómo salir del hoyo, como no sea pedir recursos primero al Fobaproa, siglas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Este término eufemístico lo único que quiere decir es el fondo mediante el cual los Madariaga, los Legorreta, los Sánchez Navarro tratan de encubrir su ineficiencia.
Banamex, de Roberto Hernández, la joya de la corona bancaria, el banco que por conducto de su presidente Roberto Hernández, presumía hasta hace dos meses, se ufanaba de que ellos no entrarían al Fobaproa, por ser una institución grande y sólida, ya entraron; puesto que también están quebrados.
Y para esos banqueros la fracción priísta propone entregarles 32 mil millones de nuevos pesos. Pero no acaba ahí la teta que el priísmo le quiere otorgar a los banqueros de nuevo cuño, también se programan subsidios bajo la cubierta de unidades de inversión por 17 mil millones, subsidios al ADE por 13 mil 400 millones y bajo un concepto que no es más que una cortina de humo, denominado capitalización de instituciones financieras, otros 7 mil 400 millones.
Ya quisieran los pobres de Mapimí, Durango, de Hualahuises, Nuevo León, contar con la décima parte de este último rubro de subsidio a los banqueros. Pero no termina ahí el apoyo que el priísmo pretende darle a sus compinches del sector privado, hubo en el sexenio anterior la concesión a particulares para construir aparatosas autopistas: la del sol, la de la luna, la de la mañana, la de la tarde y la de la noche. Y resulta que todas fracasaron en su diseño, no obstante cobrar peajes y cuotas estratosféricas, a grado tal que hoy tienen que reconocer que son inviables. Pero no les preocupa porque "papá Gobierno" está dispuesto a subsidiarlos. Y para autopistas concesionadas se prevén: 14 mil 100 millones de nuevos pesos.
Con este entorno puede afirmarse que dada la magnitud de los subsidios al sector financiero del país, repito: 69 mil 800 millones de nuevos pesos, aproximadamente 70 mil, que desde el punto de vista contable, habrían de haberse esfumado, dizque para pagar y saldar deuda interna, lo cual no se ha podido comprobar ni siquiera por la Contaduría Mayor y considerando la quiebra no virtual, sino real de: Probursa, Cremi, Unión, Banpaís, Banoriente; la próxima desnacionalización de Inverlat y de Bital, la fracción priísta en lugar de proponer aquí subsidios y más subsidios, lo que debió hacer, compañeras y compañeros diputados, era recomendar la intervención total del Gobierno en la banca o una nueva nacionalización del sistema bancario nacional. Pero no para comprarles nuevamente a precios irreales, por excesivos, sus activos, sino valuándolos en lo que realmente significan, lo cual le permitiría hoy al Estado adquirir de los señores: Roberto Hernández, José Madariaga, Juan Sánchez Navarro, Agustín Legorreta, Ethal y otros, todas las acciones del sistema bancario a valor ¡cero!, porque eso es lo que valen, puesto que esa banca está quebrada, y porque posee en sus balances en la rama del activo, un engaño.
Dicen ellos que tienen miles de millones de nuevos pesos en cuentas por cobrar. ¿A quiénes? ¿A los infelices poseedores de tarjetas de crédito? ¿A los pobres diablos que tuvieron la candidez de solicitar créditos hipotecarios, etcétera? Quiere esto decir que esa cartera, esa cuenta por cobrar no es ningún activo, es un engaño, vale cero. Y tan lo han reconocido de hecho y de derecho, que todos los bancos buscan a "papá Gobierno" para que les compre cartera vencida. Sería entonces más inteligente, en lugar de estar subsidiando la ineficiencia para que esos individuos sigan disfrutando de cuantiosos sueldos, salarios, prestaciones, viáticos, gastos de representación por todo el orbe, el Gobierno asumiera nuevamente el control de la banca y fuese administrada por gente más capaz.
El pueblo de México no tiene por qué seguir contemplando tranquilamente cómo el régimen sigue protegiendo a una casta que no ha hecho nada por el bien del país y que sin embargo todo lo contrario significa una carga.
Respecto de lo que hemos dicho de las plazas, de manera comparativa entre la Defensa y Educación, repetimos, se contempla un incremento de 7 mil 200 en fuerzas armadas, una reducción de 8 mil 900 en la SEP; esto lleva a un total de efectivos militares, por eso señalamos que éste es definitivamente el primer presupuesto militarista de la posrevolución, a 226 mil efectivos, repito la cifra, 226, casi un cuarto de millón de efectivos, contra sólo 214 mil 848 maestros.
Los efectivos militares citados significan un 27% del total de las plazas del Poder Ejecutivo Federal, significan un número igual al total de plazas de 13 secretarías de Estado y, desde luego, tiene el ominoso significado, hoy se puede comprobar con números, de que el Gobierno de la República no se está preparando en Chiapas para la paz, sino para la guerra.
Por esa razón, entre otras que hemos anotado, la fracción Social Demócrata convoca a los diputados libres, a los diputados con valor civil del PRI, a que se revelen a las consignas de la burbuja y voten en contra de este presupuesto contrario al interés popular.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular, los siguientes artículos del proyecto de decreto: 5o., 6o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 29, 35, 70 y segundo transitorio.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea su autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
El Presidente:
Para referirse en una sola intervención a los artículos 5o., 6o., y 110. Tiene la palabra el diputado Salvador Beltrán del Río.
El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera llamar a la reflexión de todos ustedes sobre un tema de fundamental importancia para este Congreso de la Unión, un tema que tiene que ver con la reforma del Estado, un tema que tiene que ver con la dignificación de esta Cámara y del Congreso de la Unión, me refiero a si estamos tomando las medidas adecuadas para avanzar en esta dignificación del Poder Legislativo, del Poder Judicial de la división de poderes.
Así, si nos referimos al documento que habrá de normar las políticas públicas del actual sexenio, vemos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, que esta administración que preside el doctor Zedillo, tiene por objeto avanzar en el perfeccionamiento de la división de poderes, que la Presidencia de la República que él encabeza, sea ejercida en interlocución respetuosa y permanente con los distintos poderes públicos y con los diversos órganos de gobierno.
Así señala el documento de referencia, que el Plan Nacional de Desarrollo ratifica su compromiso de respetar y alentar toda iniciativa del Poder Legislativo para fortalecer su independencia, garantizar su pluralismo político y sus facultades de supervisión y control sobre los órganos del Ejecutivo.
Por lo que hace al Poder Judicial señala que el equilibrio de los poderes será fortalecido, impulsando la capacidad, el profesionalismo y la imparcialidad de los servidores públicos del Poder Judicial y apoyando las acciones para dar a todos los mexicanos acceso a una justicia expedita.
Concluye el documento señalando que diseñar y proponer, perdón, diseñar y poner en práctica una nueva relación entre los tres poderes de la Unión sobre la base del ejercicio de las atribuciones y competencias que la Constitución establece para cada uno de ellos, la división de poderes y el equilibrio adecuado entre ellos es un principio fundamental de nuestro estado de derecho, dividido el poder ningún órgano del Estado ejercerá por sí mismo todas las atribuciones. El equilibrio entre los distintos poderes asegura que se limite y controlen entre sí.
Para Acción Nacional, dudamos que estemos avanzando en el camino correcto cuando si tomamos el porcentaje que del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 1996 habrá de corresponder al Poder Judicial y al Poder Legislativo.
Si revisamos cifras de sexenios anteriores, podemos ver que jamás la suma del presupuesto de egresos del gasto del Poder Judicial y del Poder Legislativo han llegado a sumar un 1% del presupuesto global. Me dirán que bueno, a fin de cuentas lo aprobamos nosotros y lo aprueban los señores integrantes del Poder Judicial, en efecto, se trata de un cuestionamiento, de una reflexión que nos compete a todos, Poder Ejecutivo fundamentalmente pero también al Legislativo y al Judicial.
Para nosotros la verdadera intención en el establecimiento de un régimen republicano ser verá en la medida en que los poderes Judicial y Legislativo se dignifiquen; que puedan ser un verdadero contrapeso y balance de las facultades del presidencialismo; propias del sistema político mexicano y derivadas también del propio marco constitucional.
Para referirme al Tribunal Fiscal de la Federación, la iniciativa señala que cuando, que para este año, para el año, perdón, en 1996 el tribunal contará con un nivel de gastos suficiente para consolidar su autonomía, premisa fundamental para garantizar la solución justa y expedita de controversias y conflictos, así como para otorgar mayor imparcialidad y transparencia en la resolución de controversias entre el Estado y los particulares, lo que nuevamente, hasta aquí la cita y que nuevamente contrasta y queda en entre dicho con lo que aquí dijimos hace unos días, cuando debatíamos sobre la nueva Ley Orgánica del Tribunal Fiscal, puesto que mientras no se le dote de las facultades para decidir sobre su proyecto presupuestal seguirá atado a los dictados de aquél de quien debe de proteger a los contribuyentes, esto es el Ejecutivo Federal.
Cómo lograr lo anterior si de conformidad con el artículo 26 de la recién aprobada ley compete al presidente del tribunal el formular y proponer anualmente al Ejecutivo Federal el proyecto de presupuesto del tribunal ¿Cuál autonomía? ¿Cuál libertad para emitir sus fallos.
Señoras diputadas, señores legisladores. Mientras que en otros países son los parlamentos precisamente el Poder Legislativo, los que no sólo aprueban sino que elaboran el presupuesto de egresos del Gobierno, aquí prácticamente en la historia del México contemporáneo, prácticamente no se ha modificado una coma.
Señoras y señores legisladores, son los hechos, las cifras, los que desmienten las buenas intenciones, tenemos la palabra juntos, legisladores, jueces, integrantes del Poder Judicial y el Presidente de la República.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para referirse a los mismos artículos, tiene la palabra el diputado Luis Antonio Godina Herrera.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
De acuerdo a lo que establece el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, este gasto comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivos o deuda pública que realicen los poderes Legislativo y Judicial, entre otras instituciones.
Las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público federal, están a cargo, conforme la ley lo establece, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que dictará las disposiciones precedentes para el eficaz cumplimiento de sus funciones, según prevé el artículo 5o. de la citada ley.
El artículo 16 establece: que el presupuesto de egresos de la Federación comprenderá las previsiones de gasto público que habrán de realizar los poderes de la Unión, la Presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República.
Para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos, los poderes y dependencias a que aludimos, elaborarán sus anteproyectos de presupuesto, con base en los programas respectivos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de la misma disposición.
Por lo que toca a los poderes de la Unión, el artículo 18 de dicha ley preceptúa que los órganos competentes de las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a las previsiones de ingreso y del gasto público federal, formularán sus respectivos proyectos de presupuesto y los enviarán oportunamente al Presidente de la República, para que éste ordene su incorporación al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación.
Finalmente quisiera en este apartado de mi intervención, en el artículo 43 de la misma ley se dispone que los órganos competentes de los poderes de la Unión deberán remitir oportunamente estados e información que emanen de su contabilidad al propio Ejecutivo, para que éste ordene su incorporación a la cuenta anual de la Hacienda Pública Federal.
Por lo que se refiere a los artículos 5o. y 6o. del decreto que estamos discutiendo en lo particular, los poderes de la Unión erogarán un gasto entre los que destacan los incrementos propuestos en los presupuestos del Poder Judicial Federal y del mismo Legislativo, del orden del 21.5% y 2.3% respecto de 1995, en tanto que las variaciones observadas a nivel total se advierten también en los diferentes rubros que integran el presupuesto de estos poderes.
El gasto directo y las transferencias del Poder Legislativo, aumentan 1.5% y casi 300%, mientras que el gasto directo del Poder Judicial Federal se eleva en 23%; por su parte el gasto directo y las transferencias de la Presidencia de la República, en contraste, disminuyen 4.9% y 14.2%.
¿En qué es en lo que van a erogar en particular el Poder Legislativo? Pues obviamente, primero son las dietas de los legisladores en los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias, en las sesiones parlamentarias de ambas cámaras, en el equipamiento de las nuevas comisiones parlamentarias que por acuerdo de este pleno y del propio pleno del Senado se han integrado y se requieren los recursos necesarios para que puedan trabajar con orden y eficacia y en el propio mantenimiento del Palacio Legislativo.
Por otra parte, en el Senado de la República, a partir del 1o. de noviembre de 1994, se generaron nuevas necesidades de espacio físico para el desarrollo de sus atribuciones y en este sentido el presupuesto también contiene los recursos necesarios para la construcción de las nuevas instalaciones del recinto del Senado de la República.
En cuanto al presupuesto del Poder Judicial Federal, éste tiende al fortalecimiento de su estructura orgánica y operativa en términos de lo dispuesto por su nueva Ley Orgánica. Prevé acciones para reforzar sus programas sustantivos mediante la instalación de 23 órganos jurisdiccionales, creación de la visitaduría judicial, la regularización de la operación del Consejo de la Judicatura, la implantación de un sistema de estímulos y becas para el personal de la carrera judicial, el programa de reglamentación y difusión de publicaciones y archivos, así como un amplio programa de construcciones de inmuebles para órganos jurisdiccionales.
El gasto de administración para este poder, es de 1 mil 358 millones de nuevos pesos, mayor en 41.8%, dado que prevé el gasto de operación asociado a los nuevos órganos que se crean y de los cuales hemos dado cuenta en esta Cámara en las diferentes reformas que se han realizado al marco legal correspondiente, el de su operación normal y el costo derivado de la automatización por el nuevo equipo de cómputo que se pretende adquirir para el próximo año.
¿Por qué crece entonces este presupuesto? Poniéndole número a los enunciados anteriores, la instalación de los 23 órganos jurisdiccionales conforme a la ley, la creación de esa visitaduría, la formación y actualización y capacitación del personal, la modernización de equipos de comunicación, el sistema de estímulos y becas para el personal de la carrera judicial, el programa de reglamentación y difusión de publicaciones y archivos, el programa de mantenimiento mayor de instalaciones a nivel nacional, la creación de alrededor de 900 plazas para nuevos órganos jurisdiccionales, equipamiento de órganos jurisdiccionales, Consejo de la Judicatura y visitaduría judicial, reposición del mobiliario y equipo de administración para órganos jurisdiccionales en el interior del país y la compra y construcción de inmuebles para órganos jurisdiccionales en el interior del país.
En cuanto al presupuesto del Tribunal Fiscal de la Federación, su gasto programables es de alrededor de 105.2 millones de nuevos pesos y el gasto directo corresponde prácticamente al total de este monto, con lo cual se prevé el fortalecimiento de su estructura orgánica, el equipamiento con nuevos sistemas y más eficientes de cómputo y los gastos de operación asociados con su funcionamiento.
La totalidad de los recursos propuestos corresponden a las acciones de impartición de justicia y vigilancia, en la legislación respectiva y la resolución de conflictos vinculados con la aplicación técnica y administrativa de la política hacendaria. Es de la mayor relevancia avanzar en la consolidación y en la autonomía financiera del Tribunal Fiscal de la Federación.
Consideramos en la fracción parlamentaria priísta, que estos recursos que se destinan a los poderes Judicial y Legislativo y al Tribunal Fiscal de la Federación, son los necesarios, digamos, para poder avanzar en el transcurso del año próximo en la consolidación y en la autonomía de estos poderes.
Pero lo más importante, más que el monto de los recursos es que éstos, en cada uno de los poderes se ejerzan de acuerdo a un estricto orden de prioridades y en eso el comité de administración de esta Cámara, en la cual están representadas todas las fracciones parlamentarias, tendrán que jugar un papel muy relevante.
En cuanto a la reflexión final del diputado preopinante, quisiera señalarle que en esos parlamentos en donde la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores tiene un papel central en la misma elaboración del presupuesto, ha dado lugar en los últimos meses por ejemplo y en concreto en Estados Unidos, a prácticamete la paralización del gobierno.
Nuestro papel, como diputados, independientemente de la fracción parlamentaria a la que pertenezcamos, es que los recursos aquí aprobados se ejerzan conforme a la ley, conforme a nuestro marco regulatorio aprobado por este mismo Congreso y que sobre todo se cumpla con las metas y para eso nuestra labor de fiscalización es más que relevante.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente:
Para referirse al artículo 8o. tiene la palabra el diputado Roberto Robles Garnica.
El diputado Roberto Robles Garnica:
Con el permiso de la Presidencia.
El gasto para la Secretaría de Salud en 1996 no escapa a las tribulaciones de todo el sector social, con el agravante de que la crisis económica que se ha ensañado con los más pobres no les deja otra salida que acudir a los servicios públicos de salud para intentar atender sus enfermedades.
Si los derechohabientes de la seguridad social tienen problemas, los que no tienen derecho a nada están peor y forman entre los 40 millones de desposeídos que hay en México.
Para el próximo año la Secretaría de Salud tendrá un presupuesto de 9 mil 760 millones, que aparentemente es 30% superior al ejercido en 1995, pero dejemos las cifras nominales que nada dicen y vayamos a las reales, que son las que verdaderamente cuentan.
Para no hacer un recorrido a través de muchos años, lo cual además de cansado sería inútil, solamente señalaría que en 1993 el presupuesto para la Secretaría de Salud fue de 5 mil 220 millones. Ahora bien, si lo hacemos igual a 100, para 1995 el nominal presupuesto de 6 mil 536 millones en realidad bajó a 4 mil 595 millones, por la inflación. El índice nacional de precios al consumidor subió de 100 a 142.
Como para 1996 el mínimo esperado más optimista para este índice subirá a 170, el presupuesto real para el próximo año en esa Secretaría será de 5 mil 716 millones.
Esto es, tendremos un aumento real del 3% comparado con 1995, aceptando sin conceder que la inflación será de 22%, que es un cálculo excesivamente conservador de algunas fuentes oficiales, pero si la inflación es mayor, entonces no habrá incremento sino disminución del presupuesto real en 1996, en comparación con 1995 y por si fuera poco todo esto, la propia Secretaría de Salud espera una demanda de servicios superior a la actual, en un 15%, precisamente como efecto de la creciente pauperización de amplias capas de la población que no pueden utilizar ni remotamente la medicina privada.
Comparemos. Un teórico 3% de aumento presupuestal real, contra un 15% de aumento en las solicitudes de servicios. ¿Qué va a pasar?, lo que todos pueden imaginar: atención muy parcial o de plano ninguna atención a las necesidades de salud de los pobres. Es decir, de los marginados, de los sin empleo, de los campesinos de aldeas lejanas, de los pueblos indios, de los pobladores de las zonas áridas.
Esta Secretaría de Salud siempre ha tenido un presupuesto menguado en consonancia con la población que debe amparar.
Para los pobres el presupuesto más pobre y aún hay que añadir que en las unidades médicas de salud pequeñas, los usuarios deben aportar cuotas equivalentes entre el 5% y el 10% del presupuesto; en las unidades urbanas mayores, cuota del 10% al 15% del presupuesto de cada una y en los hospitales del 50% y hasta el 60% del presupuesto que requieren para funcionar.
Es paradójico que los que menos tienen deban esforzarse más cuando buscan atención a sus enfermedades.
Definitivamente el presupuesto para la Secretaría de Salud en 1996 es notoriamente injusto, porque afecta a la población más desvalida. No debiera aprobarse. Pero si fuera aprobado ahora por una mayoría de diputados que no sé qué razones tendrían para ello, pues que lo hagan, pero por lo menos que sea con el compromiso de que durante el año próximo reciba la Secretaría transferencias para que pueda enfrentar realidades, como la de que nuestro país cada año registra más de 60 mil defunciones de niños menores de cinco años de edad por enfermedades que son curables y que forman parte del universo de las áreas deprimidas, urbanas y rurales, que precisamente son las que están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud.
Para 1996 se proyecta descentralizar el total de la Secretaría de Salud; se dice que ya basta de tanto centralismo y que se debe materializar el federalismo. Suena bien, pero lo que se va a descentralizar son problemas y responsabilidades para los estados; el Gobierno Federal se va a deshacer de ellas.
El federalismo es efectivo si se descentraliza para las soberanías estatales las facultades y los recursos necesarios, porque ni los gobiernos de los estados y menos los municipales, están en condiciones de complementar con cifras significativas los exiguos presupuestos federales para la salud.
Nuestro voto por todo esto es en contra del dictamen que contiene un presupuesto para la salud notoriamente insuficiente y además injusto.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eric Eber Villanueva Mukul.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor Presidente:
Vengo a la tribuna a hacer referencia al Presupuesto de Desarrollo Rural y quiero decir que es, como ya lo he señalado otras veces acá, el eslabón más débil en algo que casi nos está conduciendo a la tragedia.
Los números no nos dejan mentir, el año que termina es uno de los más trágicos para el sector agropecuario.
Si el producto interno bruto del país puede caer, al finalizar el año, alrededor del 7%, el sector agropecuario estará en el orden de entre -7% y el -10%.
Los otros índices están por demás alarmantes, los 10 principales productos del país caen en un -13% y la producción de maíz, la producción de alimentos básicos estará alrededor de -14% o -15%, una cifra que se nos antoja ya de por sí muy lamentable.
Lo mismo podemos decir de los otros productos, de la productividad casi en todos los rubros, de la disminución del crédito a cifras realmente alarmantes, al disminuir en un poquito más de un 50%, sea los atendidos por el FIRA o sea los atendidas por el Banrural.
La infraestructura hidroagrícola también fue para atrás, tanto en la incorporación de nuevas superficies como la rehabilitación, la restaurada y la atendida para poner en condiciones pero ya existente, esa cifra también se fue para abajo.
La cartera vencida aunque por fin se reconoce hasta junio de este año la cantidad de aproximadamente 7 mil millones de pesos, pensamos que es una cifra muy conservadora y que a estas alturas está por lo demás muy rebasada.
Esto, señores, nos llama la atención sobre los costos sociales en el campo. Creo que como nunca la pobreza, el desempleo, los bajos ingresos se enseñorean en el campo y nos está creando situaciones realmente críticas.
El presupuesto para 1996, pese a que en términos generales nos lo presentan en una cifra de 32 mil 688 millones de nuevos pesos en términos nominales, un análisis detallado de estos elementos, de los rubros que contiene la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de la Reforma Agraria, la banca de desarrollo, el Procede, los tribunales agrarios, el medio ambiente y los recursos naturales y una parte de desarrollo social, no suman más que 28 mil 997 millones y quiero que se escuche más, por más que hemos tratado de rebuscar en el proyecto de presupuesto no alcanzamos las cifras de 32 mil millones.
Pero si a esto le agregamos que dentro de esos 28 mil millones están comprendidos más de 3 mil 800 millones dedicados al concepto de medio ambiente en general y más de dos mil millones que se destinan al subsidio, a la industria harinera, tenemos entonces que en términos nominales el presupuesto para el desarrollo rural únicamente se acerca a los 22 mil 873 millones de nuevos pesos, lo que nos estará dando una cifra menos en términos nominales que los 24 mil millones de 1995, pero tremendamente inferiores en términos reales para 1996.
Más aún es grave cuando analizando vemos que de esa cantidad más del 50% está destinada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y que de ese presupuesto el 72% lo tiene el Procampo y la Conasupo. Es entonces una cantidad muy pequeña la que tiene incidencia en las políticas de fomento.
Las propuestas que nos hacen en términos de concepción del presupuesto es promover la productividad y la rentabilidad a estándares aceptables en términos internacionales; pero realmente el presupuesto que nos presentan pone en duda incluso la concepción del programa tal y como está. Si se trata de fomentar a los exportadores, si se trata de fomentar a los sectores de mayor productividad, las cantidades aquí presentadas son insuficientes, porque en términos reales son menores que las del año pasado, en algunos rubros incluso en términos nominales son menores que del año pasado. Es, por lo tanto, entonces, muy limitado el presupuesto.
Sin embargo, por primera vez la Comisión de Hacienda y la Comisión de Agricultura han logrado la revisión de algunas de sus partes. Yo quiero comentar la inclusión de la fracción XIII del Capítulo V en donde existe una recomendación que me parece del todo aceptable y loable en el sentido de revisar el programa Procede que tiene una asignación de 1 mil 119 millones para dedicarlo a políticas de fomento.
También me parece necesario destacar y acogernos a la fracción VIII también del Capítulo V que se refiere a la descentralización de las actividades de las diferentes secretarías del Ejecutivo, en este caso las que corresponden al desarrollo rural para garantizar la normatividad, el control y la claridad del ejercicio de los recursos.
Yo quiero decirlo, ya no se trata de amarrarle las manos a los ejecutivos, sino de amarrarle las manos a los gobernadores, a los presidentes municipales, para lograr que los recursos y los programas no sean de uso discrecional y de aplicación particular, entendiendo los criterios de cada uno de los gobernadores o de las simpatías políticas, sea de grupos o sea de partido. No hay que olvidar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural va a descentralizar 85% de sus poco más de 100 funciones que tiene, en los próximos años y que estaremos también sobre la necesidad de garantizar una conducción del desarrollo estratégico, agrícola y del desarrollo rural en general para el país.
Este presupuesto, como ya he mencionado, es sumamente exiguo. El año pasado, decíamos, que para lograr cambiar la tendencia del sector agropecuario, empezar a atender de una manera más clara y cubrir un proyecto nacional de desarrollo agropecuario, tendríamos que acercar cuando menos al 9.2% del gasto programable que en términos nominales representa una cantidad de casi 35 mil millones de pesos y que ésos aplicados realmente al desarrollo rural, no en un agregado tan general que muchos de los rubros no tienen nada qué ver con este concepto, nos ayudaría a empezar a revertir la grave tendencia que tiene el desarrollo rural, la grave tendencia al abandono, hay que decirlo, no sólo de las políticas de fomento sino del abandono de la infraestructura productiva existente en el país. Desgraciadamente, yo auguro, quisiera equivocarme, que 1996 al igual que 1995, va a ser un año muy difícil para el campo mexicano, va a ser muy difícil para los productores de los diferentes sectores, no solamente para los productores temporaleros y de alimentos básicos minifundistas, sino también para los pequeños y medianos empresarios agrícolas, aun para los exportadores y la cantidad de recursos destinados a este rubro es sumamente exigua y realmente tendría esta soberanía que tomar muy en cuenta esta situación y trabajar al respecto.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio.
El diputado Eduardo Arias Aparicio:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Una de las responsabilidades más importantes que tiene esta Cámara, es la de cumplir la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, el examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deban dictarse para cubrirlas.
Hace unos días la mayoría mecánica de esta Cámara aprobó la Ley de Ingresos y la llamada Miscelánea Fiscal, con el voto en contra del PAN, entre otras razones por las siguientes:
Porque el avance en el federalismo fiscal fue mínimo.
Porque tiene un espíritu recaudador a ultranza estableciendo altísimos impuestos indexados.
Porque en muchos casos no se incrementó la seguridad legal del contribuyente, sino que al contrario, lo puso en un estado de indefensión máximo y además, la Miscelánea Fiscal es confusa y difusa y en los primeros meses del año próximo vamos a comprobar esto al ver la infinidad de disposiciones que tendrá que hace la Secretaría de Hacienda para clarificar su ejecución.
No estamos de acuerdo con la política de ingresos y tampoco estamos de acuerdo con la forma en que se plantea la distribución de los egresos.
Igual que todos los años en esta ocasión hubo limitaciones de tiempo, de información, para examinar el proyecto de presupuesto, limitaciones de tiempo porque el presupuesto nos fue entregado a esta Cámara a mediados de noviembre y se está discutiendo un dictamen elaborado tres semanas después, mientras que en el inter todavía se tuvo que analizar y discutir la cuenta pública de 1994. Limitaciones de información porque a las diversas secretarías se les pidió información, las cuales contestaron a medias y la mayor parte aún no ha contestado, lo cual ha impedido analizar con mayor detenimiento el presupuesto de egresos que nos enviaron.
Las comisiones de Programación y Presupuesto, de las legislaturas LIV y LV, reconocieron en varias ocasiones esta limitación de tiempo y de información e hicieron propuestas en los dictámenes de los presupuestos de egresos de 1990, 1991, 1992 y 1993. Desgraciadamente estas propuestas se quedaron en meros buenos deseos para solucionar los problemas de información y de tiempo, porque en la práctica no se hizo nada.
En diciembre de 1990 y nuevamente en marzo de este año, presentamos una iniciativa para que la Cámara de Diputados tenga una información adecuada y además cuente con el tiempo suficiente para poder cumplir con lo que indica el artículo 74 de la Constitución.
Pero la mayoría priísta de la actual Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, la rechazaron y las consecuencias están a la vista.
Ante la necesidad de reasignar 4 mil 382 millones de pesos, equivalentes al incremento en el ramo 28, referente a participaciones a entidades federativas y municipios, no les quedó más remedio a la mayoría de la comisión que la de aplicar de esta facultad, que la Constitución establece a esta Cámara y en una clara muestra de la sumisión al Ejecutivo, que establece el siguiente mandato que daría vergüenza que esto se ponga en un decreto que va a emitir esta Cámara de Diputados. Manda al Ejecutivo lo siguiente:
"El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá efectuar los ajustes a la asignación del gasto autorizado en el presente decreto."
¡Ah! pero eso sí, le pone un plazo perentorio de 90 días para que nos informe qué fue lo que hizo. Es decir, le dice al Ejecutivo:
"Haz lo que quieras, pero luego nada más infórmame, pero de inmediato."
Por toda esta realidad, el prestigio de la Cámara de Diputados está en entredicho, por esta subordinación que la mayoría priísta del Poder Legislativo tiene ante el Poder Ejecutivo. Es necesario que los diputados asumamos el papel que nos corresponde en este proceso de presupuestación, ya que nuestra actual participación, como está demostrado, es marginal y autolimitada y ante esta confesión implícita de la mayoría priísta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de no poder hacer la realización correspondiente ¿cómo podemos pensar en aprobar este artículo referente a la distribución de los ingresos.
Los miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que integramos esta comisión, dentro de las limitaciones de información y tiempo que tuvimos, hicimos un análisis de cómo están distribuidos los ingresos y los egresos en el presupuesto y concluimos que hay serias dudas de que lo propuesto cumpla con los objetivos de mejorar las condiciones de la población. Este objetivo de mejorar las condiciones de la población, es el propósito fundamental que viene en la exposición de motivos que mandó el Ejecutivo y veamos algunas razones para manifestar lo anterior.
El proyecto que envió el Ejecutivo, marca como estrategia el incrementar la calidad y efectividad del gasto público e indica que habrá un esfuerzo permanente de austeridad y de gasto público. Sin embargo esta austeridad se contradice con incrementos como los siguientes:
En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el subprograma 3K0105 para actualizar la normatividad aplicable a la expedición de autorizaciones para la prestación de los servicios de autotransporte federal, para un programa que se va a efectuar en este rubro, en 1944 pidieron 350 mil nuevos pesos; en 1985: 8 millones 100 mil nuevos pesos y en 1996: 21 millones 225 mil nuevos pesos. Es decir, de 1994 a 1995, se incrementó 23 veces y ahora de 1995 a 1996, se incrementa 2.6 veces. Es únicamente un pequeño incremento para actualizar normas técnicas y aún hay más:
En el subprograma 3K0106, supervisar la correcta operación del autotransporte federal y actualizar la normatividad correspondiente, en 1994, para hacer 3 mil inspecciones, se estableció un presupuesto de 4 millones 142 mil nuevos pesos. En 1995, para realizar únicamente 600 inspecciones, se aumentó el presupuesto a 5 millones 446 mil nuevos pesos y en 1996, para las mismas 600 inspecciones, 16 millones 645 mil nuevos pesos, es decir, con una quinta parte de las inspecciones que se propuso en 1995, se iba a gastar un 31% más y ahora en 1996, con la misma quinta parte de las inspecciones, se pretende gastar 3.8 veces más que en 1995.
Son muchos los ejemplos de la incongruencia entre el decir y el actuar; vamos a ver uno más:
En el programa 3k0103, promover la construcción de las instalaciones conexas al autotransporte y actualizar la normatividad correspondiente, en 1995 se solicitó 200 mil nuevos pesos y en 1996 únicamente están solicitando 5 millones de nuevos pesos. Es decir, 25 veces más para promover construcciones y actualizar normatividad, es decir, en programas que no son prioritarios se aumenta 30 veces, 25 veces y aún más, en estos programas.
Sin embargo, en los programas que sí son prioritarios, veamos qué es lo que sucede.
En el programa EJ01, construcción de carreteras troncales, en 1995 se presupuestó 2 mil 761 millones de nuevos pesos y en 1996, que podríamos esperar un incremento, en realidad tenemos un decremento, puesto que se presupuestúa 1 mil 321 millones de pesos, es decir, una disminución de más del 50%.
Pero no todo es negativo, veamos algo positivo. En el programa EJ02, modernización y ampliación de carreteras troncales, en 1995 se solicitó 723 millones de nuevos pesos y en 1996 se propone 2 mil 056 millones de nuevos pesos, un incremento de 1 mil 333 millones, es decir, casi tres veces más y podría parecer razonable este incremento para mejorar las comunicaciones en el país, sin embargo al analizar este programa nos encontramos con que se van a utilizar 1 mil 343 millones de nuevos pesos para financiar a los inversionistas que construyeron las carreteras; ahí está el incremento en este programa. ¿Qué tiene que ver este financiamiento con el programa de ampliar y modernizar carreteras.
Y ante lo anterior, inmediatamente salta la duda sobre cuántas cifras de esta naturaleza estarán disfrazadas en los cientos de programas de que consta el presupuesto y que por falta de tiempo no se han podido detectar. ¿Cómo es posible que por un error de cálculo del Gobierno y de los inversionistas, en 1995 el pueblo de México los va a financiar con más de 1 mil 400 millones de pesos y se pretende en 1996 financiarlos con 1 mil 343 millones de pesos? Y además se habla de que el total de financiamiento para estos inversionistas va a ser de más de 14 mil 100 millones de nuevos pesos, mientras que a los estados y municipios no se les quiere incrementar más que un insignificante 1.5%.
Y tenemos muchos otros ejemplos de esta naturaleza. Por ejemplo, en el programa 3F01, fomento agrícola de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se tenían presupuestados en 1995, 2 mil 300 hectáreas y ahora se va a hacer irrigación solamente en 1 mil hectáreas. Y sin embargo, para la política de planeación del desarrollo pesquero, de 25 millones se va a pasar a 88 millones, es decir, tres y media veces más que lo que se había presupuestado.
Con esto vemos cómo está orientado el gasto público en todas estas dependencias del Gobierno, en donde en lugar de ir a crear más fuente de trabajo, en lugar de ir a crear y mejorar la calidad de vida del mexicano, lo que están haciendo es incrementar los gastos en los procesos administrativos.
Por todo lo anterior y además debido a que esta Cámara no puede cumplir con rigor la responsabilidad que nos marca la Constitución, al no hacer un examen detallado y a fondo de los rubros que se están destinando al gasto público y considerando que la distribución del gasto no va encaminada al beneficio preferente de la comunidad, sino al beneficio del Ejecutivo, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará en contra.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
En primer lugar, quisiera señalar compañeros legisladores que no sé a quién se va a referir uno aquí o a quién le va a hablar. Provecho señores diputados que me están viendo por la televisión, si no es que cambiaron el canal en el restaurante Cristales o en El Terraza es verdaderamente impresionante que cuando se discute el presupuesto de egresos quede una altísima responsabilidad para que las instituciones de este país sepan cómo se van a manejar para el año que entra todo mundo esté comiendo, chupando, disfrutando de lo que gusten y no es un problema de tipo moral, es un problema de tipo político.
Yo no sé a quién le voy a hablar aquí, yo felicito a los compañeros diputados que han tenido la seriedad de quedarse a una discusión tan importante para la nación y verdaderamente hago una severa crítica a todos los compañeros de mi partido, del PAN, del partido que sea, que no están aquí presentes para debatir un presupuesto que es a todas luces insuficiente para sacar adelante mínimamente la crisis en este país.
Me toca la parte educativa, la parte que el Presidente de la República ha señalado que no es de alta prioridad, sino de altísima prioridad para la nación y a los que están aquí presentes les quiero decir, les quiero señalar, el debate que tuvimos con Carlos Mancera y que por cierto no se permitió que entrara la prensa, seguramente no se permite que entre la prensa cuando debate uno con subsecretarios, para que la prensa no se dé cuenta en manos de quién están las finanzas de este país y la educación de este país.
Primer acotamiento que se hizo en la presentación del presupuesto, es que el señor Mancera nos informa que en el presupuesto de egresos viene la cifra de 67 mil 149.4 millones de pesos, que se gastó en 1995 para educación. Le dije a Mancera, ¿y entonces por qué en el informe presidencial se dice que fueron 73 mil 252.3.
Compañeros diputados, no se pueden poner de acuerdo el Presidente y el subsecretario de educación en cuál es la cifra que se gastó en el año y el presupuesto de egresos nos dice, una cifra y el informe presidencial nos informa otra cifra y ustedes dirán, señores diputados, ¿qué importancia tiene? Pues tiene una importancia muy grave porque si tomamos en cuenta que el que dice la verdad es el presidente Zedillo en el presupuesto que se nos está proponiendo para el 1996 hay una contracción en términos reales de -5.6%, pero si es verdad que lo que se gastó es lo que dice Mancera que se gastó, entonces hay un aumento del 2.9%.
Entonces ¿Sobre qué base vamos a discutir, si no hay un acuerdo en la cifra inicial que se gastó el año pasado, una cosa dice el Presidente y otra cosa dice el subsecretario de educación.
Primer elemento que no fue corregido, no fue corregido y como estamos todos los aquí presentes señores diputados que vivimos una especie aguda de cretinismo parlamentario, pues ya sabemos que no se va a corregir nada, yo la verdad me pregunto ¿Quiénes serán los esquizofrénicos, los que estamos aquí o los que están comiendo? Porque tanto los que estamos aquí como los que están comiendo saben que aquí no se va a modificar nada, entonces no sé si aparte de cretinismo parlamentario, defino al cretinismo parlamentario en términos clásicos, aquellos que creemos que aquí se resuelve algo cuando todo mundo sabe que se resuelve en otro lado y que aquí nomás se viene a legitimar lo que en otro lado se programó, pero es más grave el problema compañeros diputados, estamos pasando del cretinismo parlamentario que ser cretino ya de por si no es muy agradable, a una especie de esquizofrenia parlamentaria porque ¿Para qué estamos aquí y para qué perdemos tiempo, para qué discutimos, para qué estudiamos, para qué hacemos tablas, para que nos ponemos a meternos a la computadora a hacer cálculos si ya sabemos que no va a pasar nada, nada.
Al rato va a venir una perorata de gente a decir que todo está bien, que está perfectamente planeado, que lo que pasa es que Zedillo y Mancera no se pusieron de acuerdo en una pequeña cifra mas que la pequeña cifra tiene que ver con un recorte presupuestal en términos reales de -5.9% y la que propone Mancera tiene que ver con un supuesto aumento de 2.9%.
Ahora bien, aclarando que estamos en el cretinismo y la esquizofrenia total y asumamos y ésa es nuestra tarea, pasamos pues en esta esquizofrenia a escuchar algunos datos del cretino que les está hablando.
Miren ustedes. No entiendo y se lo dije al subsecretario, por qué razón a educación superior se le da un aumento del 12.5% en términos reales y a la Universidad Nacional Autónoma de México se le recorta el presupuesto en -0.8%. ¿Dónde está la lógica?, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, no dijo el presidente Zedillo cuando visitó la fundación UNAM, no la UNAM, la fundación UNAM o sea a Gilberto Borja, a Carlos Slim, al regente refuncionalizado Presidente de la fundación UNAM, no fue a la UNAM, fue con sus cuates del capital financiero pero el Presidente de la República dijo, compañeros diputados "quien ataca a la UNAM, ataca a la nación", dijo.
Yo le pregunto, deje de atacarla, ¿por qué le recorta el presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México en- 0.8%? y ¿cuál fue el criterio?, el criterio de política económica para dar un aumento en la educación superior del 12.5% y recortarle a la Universidad de la nación su presupuesto de por si recortado con respecto al año anterior, datos que voy a dar en algunos minutos.
Yo quiero que me lo expliquen, yo quiero que haya lógica, yo quiero que haya congruencia, si se dice que atacar a la UNAM es atacar a la nación, yo le pediría al señor Presidente respetuosamente, desde esta tribuna, que ya deje de atacar a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Compañeros diputados, todos ustedes leen el periódico, eso espero, todos ustedes leyeron la declaración de Carlos Payán cuando dijo que hay que impulsar a fondo una política de educación media superior, presidente de la asociación nacional de universidades.
Declaraciones del Presidente de la República, del Secretario de Educación señalando la importancia capital que tiene impulsar la educación media superior. Compañeros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por qué aprueban ustedes una reducción del -26% para educación media superior, quiero que me digan por qué, quiero al menos ya que vivo en este cretinismo parlamentario, quiero al menos saber por qué, por qué declaran una cosa y luego le recortan a la educación media superior -26% del presupuesto con respecto al año anterior ¿Por qué hacen eso.
Educación básica tuvo un aumento del 6.5% con respecto al año anterior, pero ahorita voy a decir que significa ese aumento, si es que es aumento. Otra pregunta a los compañeros que van a aprobar este presupuesto. ¿Por qué se declara que la investigación y el posgrado son cosas fundamentales para sacar a la nación adelante, para articularnos a la globalización, para hacernos más productivos etcétera?
Y miren compañeros diputados del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del PT y del PRD, los que estamos aquí, se le recortó en este presupuesto en términos reales a investigación y posgrado -2.9%, no faltará quien diga "oye fue poquito", pero resulta compañeros que el año anterior se le había recordado -21.25%; entonces en qué quedamos pues, Livas, sientate y escucha, no, por favor.
Otra pregunta básica para todos nosotros y quiero que se me conteste. ¿Cuál es el criterio o los criterios para aumentar educación básica, para disminuir educación media superior, para aumentar educación superior y disminuir a la UNAM, para disminuir el posgrado, díganme ¿cuáles son los criterios? Se lo pregunté a Carlos Mancera y brillantemente me dijo: son los mismos que el año pasado. Bueno, sí, pero cuáles son, porque si las torpezas de ahorita son las mismas que el año pasado, entonces estamos en una torpeza al cuadrado, es torpe reiterativo, sólo que con esto se afectan muchas cosas en este país.
Compañeros diputados, muchas cosas.
Qué país tenemos, qué país nos han creado, voy a partir de 1994 para acá, de 1994 a 1995, la población de cuatro a 14 años era de 23 millones 848 mil 438; la población que se atendió en educación básica sólo fueron 21 millones 113 mil 274; la población no atendida fueron 2 millones 735 mil 164. Ojo, de cada 100 niños que inician la primaria, el 40% no la termina, compañeros, no la termina, 8.4 millones de niños sin primaria, compañeros diputados, sin primaria. De cada 100 niños que inician la primaria, el 63% no termina la secundaria, 13.3 millones de niños sin secundaria; es decir, que en total el número de niños que no cumplen con el precepto constitucional, porque se hizo confusamente una reforma al artículo 3o. constitucional, en donde se dijo, pero la secundaria va a ser ya constitucionalmente obligatoria, por lo tanto están en la ilegalidad 16 millones de niños sin educación básica.
Y podemos seguir dando datos, de esos 100 niños, sólo 12 terminan la preparatoria y de esos 100 niños sólo cuatro terminan la licenciatura.
Esa realidad educativa es nuestro país y el presupuesto educativo lejos, muy lejos está de atender el rezago educativo. En este contexto, la diferencia es de -6 mil millones de nuevos pesos, de qué diferencia hablo, de la diferencia de lo que informó Zedillo que se gastó en educación y la diferencia y de lo que informó Mancera de que se gastó, hay 6 mil millones de nuevos pesos que andan volando, yo creo que el Presidente dice la verdad, no Mancera, creo que el Presidente. Compañeros diputados, la palabra del Presidente es la verdad oficial en este país, hasta que brinque alguno y me diga que no.
Ahora bien, por lo tanto hay 6 mil millones de nuevos pesos que andan volando. Compañeros, exijo como diputado que se me informe quién se quedó con el dinero o qué se hizo con el dinero, a dónde se transfirió, quiero saber qué pasó con ese dinero. ¿Por qué quiero saber? Porque esos 6 mil millones hubieran sido muy útiles para atender este rezago educativo que tenemos, por qué no se gastaron esos recursos en educación ante este rezago, a dónde fueron a parar esos recursos.
Se anunció en la comparecencia de los subsecretarios de educación ante las comisiones de Educación y Hacienda en esta Cámara, por el subsecretario de planeación Carlos Mancera, que se duplicaba la oferta educativa en el nivel medio superior; sin embargo se duplicaba la oferta educativa en el nivel medio superior, sin embargo el presupuesto para dicho nivel se reduce en 26% en términos reales, hacen más con menos, sólo se hace más con menos cuando se hacen hoyos, compañeros, es lo único que se hace grande cuando se le quitan cosas.
El artículo 3o. constitucional a la letra dice: todo individuo tiene derecho a recibir educación. Por lo tanto, el presupuesto público destinado a la educación, al menos a la llamada educación básica, debería garantizar dicho derecho.
Sostenemos que el presupuesto educativo respecto a nuestro rezago, no está en condiciones de atender las necesidades educativas básicas de la población mexicana y debe ser por lo tanto considerado como inconstitucional, pues no garantiza el derecho a la educación ni al 60% de nuestros niños. Culpar a la mayoría de nuestras niñas y niños a sus familias de este terrible rezago, sería no sólo perverso sino suicida en la puesta por una nación digna y soberana.
Continuamos compañeros diputados con las inconsistencias inadmisibles denunciadas por nosotros en 1994. Hubo una recuperación del presupuesto a los niveles de 1981, pero los salarios fueron contenidos 50% por debajo de esa recuperación. En los dos últimos años, suponiendo que para 1996 el incremento salarial vaya a la par de la inflación y el salario real de los docentes, de todos los niveles educativos del país, serán los más bajos de la historia moderna de México, los más bajos de la historia moderna de México. ¡Ojo! compañeros diputados, la caída salarial del presente año es de alrededor del 35% para docentes, mientras que la caída presupuestal fue, según las cifras del primer informe, de -5.6% y según la cifra del presupuesto de egresos, de -25.5%. En cualquiera de los dos casos la caída salarial es mayor que la presupuestal.
El dato es contundente. Acepto que el mismo subsecretario Mancera no sabía de qué se trataba, lo dijo explícitamente, pidan la versión estenográfica. El salario real de los maestros de primaria es hoy 80% menor que en 1981. El salario real de los docentes universitarios es 74% menos que hace 20 años.
Compañeros, en sólo un año del presidente educador, el que fue Secretario de Educación Pública, en sólo un año de la presidencia de Zedillo, la educación media superior de 1994 a 1996, ha tenido una contracción presupuestal de -31.5% ; investigación y postgrado de 1994 a 1996, -23.5% ; educación superior 5.5% de aumento real. ¡Qué bueno para las universidades públicas de los estados, pero en el caso de la UNAM se redujo en -8.6% en el año de Zedillo:
Compañeros diputados, ¿qué país han hecho de este país? ¿Qué presupuesto se nos está ofreciendo para resolver estos problemas, que el Presidente de la República dice que son de altísima prioridad? Amistad que no se refleja en la nómina, es pura demagogia y aquí hay demagogia compañeros. Vean ustedes las incongruencias.
En el año de 1950 este país tenía 10 universidades públicas y tres universidades privadas; para 1980 teníamos 35 universidades públicas y 113 universidades privadas; para 1994, 39 universidades públicas y 248 universidades privadas. ¡Qué bueno que el capital privado invierta en educación! ¡Qué bueno que la iniciativa privada cree universidades:
Le pregunto a los gobernantes de este país; ¿por qué de 1980 a 1994, en 14 años el sector público, el Estado mexicano sólo ha creado cuatro universidades públicas más que hace 14 años.
Miren ustedes, en 1990, la matrícula en educación pública era 890 mil 372 alumnos; para 1994 sólo subió en 936 mil 646. Las privadas en 1990 tenían 171 mil 973 alumnos matriculados, pero para 1994 casi se duplican, 246 mil 505. ¿Qué es lo que está pasando compañeros? ¿De qué se trata.
El presupuesto que nos están ofreciendo ¿Resuelve estos problemas? En lo más mínimo; los va a agudizar.
Y quiero llamar la atención a esta Cámara, porque tampoco se cumplen los acuerdos que aquí se toman. Cretinismo parlamentario puro de la más linda cepa.
Voy a leer un punto de acuerdo que fue firmado por todos los partidos de esta Cámara. El punto de acuerdo fue firmado el día 19 de septiembre de 1995 y lo voy a leer.
PUNTO DE ACUERDO
Al efectuarse el análisis del rubro de educación en el marco de la glosa del capítulo de política social del I Informe de Gobierno del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, diputados de los diversos grupos parlamentarios hemos coincidido en que el gasto público destinado a la educación debe incrementarse a fin de estar a nivel de los estándares internacionales recomendados por los organismos internacionales.
«Por tal motivo y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados de la LVI Legislatura presentamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados considera necesario que se destine por lo menos el 8% del PIB al gasto público educativo, tal como lo recomienda la UNESCO y diversos organismos internacionales educativos.
Palacio Legislativo, 19 de septiembre de 1995- Por el PRD, Salvador Martínez Della Rocca, Jesús Ortega; por el Partido Acción Nacional, Ricardo García Cervantes, Agustín Torres Delgado; por el Partido Revolucionario Institucional, Miguel Angel Islas Chío, presidente de la Comisión de Educación, Primo Rivera Torres, miembro de la Comisión de Educación; por el Partido del Trabajo, Alejandro Moreno Berry y Oscar González Yáñez.»
Punto de acuerdo firmado por todos ustedes, por todos nosotros, por lo tanto si se respeta este punto de acuerdo, si son respetuosos con lo que firman, no pueden aprobar este proyecto de presupuesto de egresos, porque en el área educativa no sólo no se cumple con el punto de acuerdo, sólo se nos ofrece un 3.9% del PIB para educación para el año que entra y aquí dijimos que debía ser al menos el 8%.
Compañeros, para concluir. Voy a leer una hojita.
Son más estos números los que explican los conflictos vividos recientemente en varias instituciones educativas, son estos números los que explican los conflictos, no las teorías del complot y no teorías de la conspiración donde unos cuantos profesionales desestabilizan o desestabilizamos instituciones.
Hemos hecho desde esta Cámara diversos llamados al diálogo y la solución racional a los problemas. El último de esos llamados reconocía que en la UNAM se vive un conflicto político-académico en el cual no se explica por la presencia de agentes subversivos, sino por desacuerdos legítimos. Llamamos a los jóvenes paristas, en esta Cámara compañeros, a través de un desplegado, llamamos a los jóvenes paristas a entregar las instalaciones a las autoridades universitarias y eliminar sanciones y persecuciones judiciales.
Los jóvenes han avanzado en esa lógica, nos han escuchado y las autoridades han amenazado con más sanciones. Hay tres jóvenes expulsados en huelga de hambre desde hace ya seis días, para lograr lo que un grupo de nosotros sugirió.
Si la autoridad no reflexiona y se flexibiliza, el conflicto no tenderá a resolverse, sino a agudizarse.
De cualquier manera, colegas, compañeros, mientras el país parece democratizarse, la UNAM va en sentido inverso.
Como estarán ustedes de acuerdo conmigo, el autoritarismo es ignorante y debe salir de las escuelas del país y nosotros debemos modificar este presupuesto, porque, como dijo el doctor Zedillo, "quien agrede a la educación agrede a la nación".
Compañeros del PRI, no seamos parte de agredir a la nación, exijamos las modificaciones que aquí se han propuesto, porque sino la historia los juzgará y no precisamente a su favor.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova (desde su curul):
Señor Presidente, en base al reglamento y dadas las facultades que tenemos los diputados, podría usted verificar el quorum en este momento. Es obvio y es por reglamento.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría que lea el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Artículo 58. El Reglamento Interior de la Cámara de Diputados regulará, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución, todo lo relativo a sesiones, debates y votaciones.
La comprobación del quorum para instalar la sesión o cuando haya de efectuarse una votación, podrá llevarse a cabo, en su caso, a través de pasar lista de presentes, mediante el previo registro de firmas o por medios electrónicos.
Este último procedimiento podrá utilizarse también para las votaciones.
El Presidente:
Después de haber leído este artículo y toda vez que no estamos en votación, esta Presidencia otorga la palabra para rectificar hechos al diputado Víctor Manuel Palacios Sosa, por cinco minutos.
El diputado Víctor Manuel Palacios Sosa:
Con la anuencia del señor Presidente:
Creemos en el Partido Acción Nacional que el plan nacional de desarrollo, los programas sectoriales correspondientes y el presupuesto de egresos, son una unidad y que por lo tanto, deben ser sancionados por el Congreso de la Unión. Por otro lado, el presupuesto debe ser la concreción material de los objetivos, estrategias y líneas de acción planteados en el plan nacional de desarrollo, estrategias y líneas de acción que deben especificarse con mayor detalle en los programas sectoriales.
También consideramos que todos estos planes, programas y presupuestos, deben ser reflejo fiel de las proposiciones de campaña de quien haya pasado de candidato a titular del Ejecutivo.
El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, en su calidad de candidato a la presidencia de la República, no ignoraba la realidad del país que pretendía gobernar. Fue, como todos sabemos, un excelente estudiante; fue Secretario de Programación y Presupuesto; fue y quiero enfatizar, Secretario de Educación Pública y además fue coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio.
Además de esto consideramos una deficiencia importante que a estas alturas del mandato del actual Presidente, no se haya publicado el programa sectorial de desarrollo educativo.
Aunque el plan nacional de desarrollo en la página 92 establece que la educación es la gran tarea en la que debemos comprometernos todos, el presupuesto de egresos en el ramo educativo sigue presentando y representando un gobierno centralista y controlador de la sociedad, por más que en el ramo 25, aportación para la educación en los estados, se haya incrementado nominalmente en un 41.17%, pero en términos reales, tomando en cuenta la inflación, sólo el 7.7%.
En realidad nosotros pensamos que no se trata de que el Gobierno Federal central reparta más, se trata de que estados, municipios y organizaciones sociales no gubernamentales, puedan tener suficiente ahorro propio como para comprometerse y colaborar con el resto de la sociedad, sin que dependan económicamente de instancias superiores y que estados y municipios tengan autoridad que los faculte para tomar decisiones y definir las políticas pertinentes conforme a sus realidades.
Un auténtico federalismo es aquel en el que el Gobierno Federal subsidie a estados y municipios, sólo para que se desarrollen y lleguen a ser lo más autosuficientes que puedan. A esto Acción Nacional le llama subsidiaridad.
Podemos encontrar en diferentes discursos de campaña del presidente Zedillo y en algunos textos del plan nacional de desarrollo, referencias a lo que debería concretarse en el presupuesto de egresos. Por ejemplo: en el plan nacional de desarrollo se dice: "dedicar recursos económicos crecientes a la educación como proporción del producto interno bruto...", sin embargo, esta proporción no ha aumentado de 1994 a 1995, es la misma proporción y pensamos que para 1996 a lo mejor si aumenta, será porque disminuye el producto interno bruto, dado las actuales situaciones económicas.
En otro orden de ideas, el 11 de abril de 1994 el candidato Zedillo dijo: "me comprometo con ustedes porque en ustedes está el más puro ideal de la democracia". Se los decía a unos jóvenes. Y en San Carlos de Bariloche, Argentina, apenas el 16 de octubre de 1995, dijo el presidente Zedillo: "eduquemos para la democracia, como respuesta histórica, social y ética a las aspiraciones libertarias de nuestros pueblos".
Lo que nosotros vemos es que todas estas declaraciones y discursos no se han concretizado plenamente en el presupuesto de egresos. Por cierto, referente a la educación para la democracia, vemos que la plataforma electoral del PRI, no hace ninguna referencia.
Creemos que todos estos discursos, declaraciones y omisiones en el presupuesto de egresos son contradictorios en sí mismos y por eso creemos que este artículo 8o., del cual estoy tratando aquí, referente al proyecto de presupuesto de egresos para la Federación, debe ser votado en contra y yo los exhorto a que lo hagan así.
Gracias.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova: (desde su curul):
Solicitaría al señor Presidente, si pudiera instruir a la Secretaría, que diera lectura al artículo 106, porque creo que no me entendió correctamente.
El Presidente:
¿De qué ordenamiento, señor diputado.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova (desde su curul):
Del artículo 106 del reglamento.
El Presidente:
Se instruye a la Secertaría dé lectura al artículo 106 del Reglamento.
El secretario José Luis Aguilar Martínez:
"Artículo 106. Si durante el curso de una sesión alguno de los miembros de la Cámara reclamare el quorum y la falta de éste fuera verdaderamente notoria, bastará una simple declaración del Presidente de la Cámara sobre el particular para levantar la sesión; en todo caso y cuando la dicha falta de quorum sea dudosa, deberá procederse a pasar lista y comprobada aquélla, se levantará la sesión."
El Presidente:
Señor diputado, esta Presidencia le informa que la Ley Orgánica es superior al Reglamento Interior. Hemos leído el artículo 58 de la Ley Orgánica y no estamos en votación en este momento y visiblemente, señor diputado, en este momento hay quorum. En consecuencia sigue en uso de la palabra la diputada Carlota Botey Estape.
La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:
Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados:
Los neoliberales se avergüenzan de sí mismos. Si nosotros pusiéramos a votación quién se considera neoliberal en este recinto muy poca respuesta tendríamos. Pretenden tener dos imágenes. La imagen que quieren proyectar a la sociedad pregonando un supuesto compromiso social y la imagen que quieren guardar en el sótano y que nos recuerda al retrato de Dorian Gray; pero que el pueblo reconoce y detesta. La de las privatizaciones, el desempleo, el hambre, la muerte por enfermedades curables, los crímenes políticos, la corrupción, la impunidad, la venta del país, la guerra de baja intensidad, los desalojos del campo y las guardias blancas entre otros.
Detengámonos por ejemplo en la problemática agraria, en las modificaciones salinistas al 27 constitucional, los liberales señalan como triunfo de su compromiso social, el que haya preservado el ejido y la comunidad. Pero todos sabemos que en el trasfondo del nuevo 27 constitucional y su ley reglamentaria, es un profundo espíritu privatizador que mercantiliza la propiedad rústica y que desconoce la historia agraria del país.
De igual forma, supuestamente los neoliberales reniegan del latifundio, pero con el reconocimiento de las sociedades mercantiles por la nueva ley agraria, se podría concentrar la tierra al igual que las grandes haciendas porfiristas.
Así, en el dictamen del proyecto de presupuesto, encontramos las dos imágenes, la imagen bonita que nos presentan como meta, el desarrollo rural y la imagen vergonzante, la que no reconocen, la imagen neoliberal que quieren recluir en el sótano, la excluyente y la privatizadora.
En México la propiedad de la tierra representa pasión, muerte, encarcelamiento, represiones, desaparecidos, como es el caso del violento desalojo de predios y destrucción, apoyados por militares en Chiapas, que representan en este momento más de 100 campesinos presos e incluso desaparecidos.
La propiedad de la tierra en este país sigue siendo problema nacional. Así, los grandes problemas agrarios del país, siguen subsistiendo en Oaxaca, en Chihuahua, en el Estado de México, en Hidalgo, en Veracruz, en Jalisco y como ya vimos, en Chiapas...
El Presidente:
Suplicamos a los señores diputados guardar silencio para que la compañera diputada pueda continuar en uso de la palabra. Continúe por favor.
La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:
El presupuesto otorgado para resolver la cuestión agraria de este país, únicamente representa el 2% del presupuesto global y el 6% del sector agropecuario, siendo uno de los más demandantes de la población del campo. Debido a este juego de imágenes y sombras chinescas, en el dictamen del presupuesto lo agrario se ve reducido meramente a cuestiones de papel y números de expedientes de lo que nunca sabemos nada a ciencia cierta.
¿Cuántos expedientes de rezago agrario existen en Reforma Agraria?, iniciaron con 200 mil, cuando las organizaciones señalaban que había más de 30 mil, de éstos ¿cuántos expedientes se han archivado y no se les ha dado trámite? ¿Cuántos expedientes están en derecho de salvo.
De una manera muy campante, la Reforma Agraria se lava las manos y transfiere los expedientes a los tribunales agrarios, cuyo presupuesto será en 1996, de 154 millones de pesos. Aquí nunca sabemos dónde quedó la bolita, porque en 1995, las resoluciones negativas fueron de casi el 50% de los expedientes, a pesar de que estos expedientes negativos de tribunales eran sobre tierras que tenían los campesinos poseyendo de más de 30 años y sin considerar que en 1995, de las resoluciones presidenciales de los tribunales, sólo se ejecutó el 53%. Con estos números estamos demostrando que ya existe el rezago del rezago agrario.
¿Ustedes creen, legisladores de este país, que con la concepción limitada del rezago agrario se van a resolver los problemas agrarios y de la propiedad, ya que este rezago únicamente incluye expedientes que no tienen resolución presidencial en el país.
Más del 50% del presupuesto de la Reforma Agraria, se destina al Procede la oscura cara de la privatización en el campo. Además conviene señalar que a este Procede la mayoría del país, del sector social, se opone y se lo están imponiendo. Y nunca encontramos en el dictamen del proyecto de presupuesto, ¿qué se hace en el caso de compras de las tierras que en el sexenio pasado se nos ofreció como una gran panacea de los programas agrarios? ¿Dónde están las compras de la tierra? ¿Qué acaso los recursos del Procede y de la compra de la tierra no sería necesario destinarlos al estudio de los fraccionamientos simulados para así lograr, a pesar del actual 27 constitucional, seguir entregando tierras a los pueblos y a las comunidades indias, poseedoras originarias de este país? No quieren oír las voces de los de abajo que en cuestión agraria y en los diálogos de Chiapas han reclamado nuevas reformas al 27 constitucional. En cambio los personajes más oscuros de la privatización, como es el caso de Dionisio Pérez Jácome, que no tiene ni una fibra de agrarista, es promovido a la Procuraduría Agraria y junto con el doctor Arturo Warman, llevarán a sus últimas consecuencias, el proyecto neoliberal al campo.
Así la imagen que quieren esconder, es la que predomina y de esto, los pueblos indios y campesinos, se percatan muy bien.
Por estas razones, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, reitera que votará en contra de su presupuesto de egresos de la Federación, que para el sector rural no garantiza ni siquiera el cumplimiento de las metas mínimas del desarrollo y de justicia y que sólo promueve una política neoliberal y privatizadora en el campo mexicano.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Marco Rascón.
El diputado Alfonso Martínez Guerra (desde su curul):
Para rectificar hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Alfonso Martínez, hasta por cinco minutos.
El diputado Alfonso Martínez Guerra:
Gracias, señor Presidente; respetables diputadas; respetables diputados:
Cuando se habla del presupuesto de egresos de la Federación, relacionado con una secretaría como la de la Reforma Agraria, es imposible circunscribirse únicamente al monto que ésta representa dentro del gasto federal. Es obligado, pues, considerar algunos elementos históricos, sociales y económicos que rodean el concepto agrario mexicano, la administración de una secretaría que en las postrimerías de este siglo ya es notoriamente obsoleta, con toda su cauda de figuras administrativas y jurídicas, cuya cuestionada vigencia sólo es explicable en un país con desórdenes, en que sus régimenes revolucionarios han manejado, para su conveniencia y usufructo políticos, los conocidos conceptos de justicia agraria y justicia social.
Estos regímenes no se han decidido aún, a 80 años de que Carranza promulgara su famosa Ley del 6 de enero de 1915, que creara la Comisión Nacional Agraria y las comisiones locales agrarias a finiquitar en rezago agrario. Sin embargo dicha ley, hay que reconocer, contemplaba originalmente dotar de tierras y títulos de propiedad a campesinos, pero viendo los sucesivos gobiernos autodenominados revolucionarios, la gran posibilidad de manipulación políticoelectoral, mantuvieron ese status, de revisión y estudio de dotaciones, sin proporcionar los títulos y es la fecha en que no se organiza el expediente agrario nacional. Se mantiene un rezago en que alegremente el secretario del ramo, Arturo Warman, anuncia a los cuatro vientos que sólo destinará 1 mil 60 millones de nuevos pesos para abatirlo.
Habrá que presentarle no sólo al señor Warman sino al propio presidente Zedillo, si requieren de otros 80 años más para poner orden en el campo, porque para producir lo que comemos no solamente se requiere de técnicas agrícolas e hidráulicas, el primer paso es organizar el registro agrario nacional y garantizar absolutamente la seguridad en la tenencia de la tierra, fijando pasos perentorios razonables para cumplir objetivos de autonomía en materia alimentaria. Todo lo que se diga en otro sentido es demagogia.
Por ello, pasando al terreno de la economía, cuando constatamos que no somos capaces como nación para producir siquiera nuestros alimentos, nos resulta imposible soslayar que por las monstruosas importaciones de granos y leche en polvo, por citar solamente dos ejemplos, el país pierde divisas que empobrecen a México y que paralelamente nos mantienen postrados con la esperanza de que los países productores no nos nieguen la venta de alimentos. Esto es sumamente doloroso, toda vez que de grandes productores que alguna vez fuimos, nos hemos convertido en importadores netos y ahora que se discute el presupuesto de 1996 para esta Secretaría y que es del orden de 2 mil 20 millones, 58 mil 700 nuevos pesos, no podemos sino sorprendernos que tanta obsolescencia sea capaz de emgullir esos cuantiosos recursos que tanta falta hacen para que los agricultores y ganaderos mexicanos produzcan y no, como es el caso, de que se canalicen en pagar a una burocracia improductiva que a casi un siglo de distancia de una revolución que se gestó precisamente por la injusticia en la tenencia de la tierra, no sepa qué hacer y menos pronosticar con seriedad cuándo acabará por fin de organizar la titularidad de las tierras del agro mexicano.
Este debe ser el momento histórico para que la Cámara de Diputados inicie un nuevo estilo, en que dentro de un marco de respeto hacia el pueblo de México, se dé la pluralidad verdadera y se tomen las decisiones más certeras e independientes del Ejecutivo.
Dejemos atrás las simulaciones y tomemos en serio la posibilidad de formar una nueva nación, moderna, próspera y autosuficiente en los alimentos que más de 90 millones de bocas reclaman.
Por lo anteriormente expuesto, considero que la Secretaría de la Reforma Agraria no refleja en resultados prácticos el incremento de más del 34% que recibirá con respecto a su presupuesto anterior y sus 11 mil 403 servidores públicos con que cuenta no se justifican, toda vez que la organización de predios ejidales y privados no se ha definido aún y arrastra un rezago considerable que impide que las actividades agropecuarias se desarrollen acordes a las necesidades nacionales.
Muchas gracias.
El Presidente:
En uso de la palabra, el diputado Marco Rascón.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Una cuestión que yo detecté en lo que es el artículo 8o. en el renglón de desarrollo social y de un subrenglón que francamente no aparece que es el ramo en vivienda. Para Desarrollo Social son 5 mil 819 millones, ¿cuánto es para vivienda? Exactamente lo dice de una manera coloquial la exposición de motivos, pero aquí lo que yo he encontrado, que me parece sumamente extraño, es una incongruencia entre lo que es este presupuesto de egresos en materia de vivienda, con las metas que señala el Plan Nacional de Desarrollo; son cosas que francamente no tienen conexión.
Y también una cuestión sobre el problema de la reunión mínimamente, tan admiradores de Estados Unidos, resulta que por un tema de esta naturaleza se paralizó el gobierno de Clinton durante más de una semana por una diferencia entre el Congreso y el Ejecutivo. Aquí no pasa nada porque finalmente el Ejecutivo tiene tantos mecanismos para pasar sobre el decreto mismo de egresos, que prácticamente esta discusión no tiene la mayor importancia.
Sin embargo consideramos importante y una responsabilidad poder argumentar, según el Plan Nacional de Vivienda, de 1980 a 1990 se construyeron en promedio 170 mil viviendas por año; de 1990 a 1994 esta cifra promedio subió a alrededor de 240 mil viviendas aproximadamente, aquí los movimientos sociales tuvieron mucho qué ver con base en todo lo que eran los organismos de carácter social para el préstamo a grupos que colectivamente participaron en la construcción de viviendas.
De 1990 a 1995, el déficit de vivienda, bueno, no, más bien desde 1987 el déficit de vivienda fue considerado siempre de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, en 6.2 millones de viviendas que eran las que faltaban; sin embargo ahora de acuerdo con las cifras del Plan Nacional de Desarrollo, estamos hablando de 4.6 millones, ya hubo un recorte del déficit que según fueron las cifras que alteraron del Censo de Población y Vivienda para que pudiera ajustarse a otro tipo de parámetros.
Ahora bien, de estos 4.6 millones de viviendas que faltan, el Plan Nacional de Desarrollo para el año 2000 plantea el mejoramiento de 3.5 millones de viviendas y la construcción de 1.1 millones, esto de acuerdo con el déficit actual, el déficit que tenemos actualmente.
Sin embargo se hace un pronóstico, el mismo Plan Nacional de Desarrollo hace un pronóstico de que el déficit que existirá al año 2000 acumulado con éste, será de 4.3 millones de viviendas para lo cual se necesita construir de aquí al año 2000, viviendas nuevas, 1.8 millones de viviendas nuevas y el mejoramiento sustancial de 2.5 millones de viviendas.
Esto significa que anualmente para poder cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo se necesitan 716 mil viviendas por año, sin embargo lo que se plantea, el número de la cantidad de recursos que está estipulado en este decreto de egresos son para la construcción en total de 148 mil viviendas, de las cuales 120 mil son del Fovi, 48 mil son para adquisición y... no, de las cuales son 48 mil de construcción nueva y 70 mil para adquisición y el Fonhapo 22 mil 300 viviendas y seis pies de casa, esto da un total de 148 mil viviendas, es decir, que de 716 mil que se requieren por año para poder resolver el déficit actual, esto es sin incluir la tasa de crecimiento de 1.9 que plantea el mismo Plan Nacional de Desarrollo, esto significa, esto significa un retraso del 80%, un retraso del 80% que no va a tener posibilidades en las propias metas del Plan Nacional de Desarrollo.
A este 80% habría que incluir que el 80% de los créditos del Fovi están excluidos prácticamente del crédito, se lo dijeron a Zedillo en Los Pinos, el presidente del Fovi, diciéndole que no se podía, que el 80% de la población de acuerdo con sus propios criterios estaban excluidos del acceso a la vivienda.
Esto significa, esto significa que del Plan Nacional de Desarrollo el 80% está por abajo de los criterios de este plan y lo cual significaría un déficit acumulativo que conduzca mínimamente no un 4.3 millones de viviendas las que faltarán, sino a 7 millones, aunque se mantenga esta tasa de crecimiento; ¿cuál es la alternativa? Bueno podríamos decir que para ampliar un poquitito la banda significaría aflojar los criterios del Fovi, aumentar los recursos de Fonhapo y acabar contra las reformas del Infonavit; sin embargo, estas cosas difícilmente se pueden discutir aquí, hay que ir al Banco Mundial, al Fondo Monetario, ahí al departamento del tesoro con nuestras rescatistas y bueno, no es materia aquí de esta Cámara, por lo tanto yo nada más plantearía, ojalá que el señor Guillermo Ortiz hubiera aceptado una pregunta, que este regalito, no sabemos qué es,... no, no sabemos qué es pero ojalá hubiera más bien aceptado, pues, una pregunta porque eso de mandar un regalito aquí pues aquí se los dejo para la Cámara... ¿no?, porque digo, a buen trato, trato.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Cristian Castaño Contreras.
El diputado Cristian Castaño Contreras:
Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:
Analizando la partida presupuestaria asignada a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se pretende aprobar el día de hoy, debemos decir que corresponde al 1.2% del presupuesto total para las dependencias de la administración pública federal. El presupuesto de Relaciones Exteriores es el cuarto más pequeño de entre los previstos para las 18 entidades; es menor que el asignado a la Secretaría de la Reforma Agraria, que por cierto estaba prevista a desaparecer, y la mitad de Marina.
Esa es la importancia que le da el Gobierno Federal a su trabajo en lo internacional. Pedimos el voto en contra por los argumentos y razones siguientes: en términos generales la problemática internacional en que se ha desenvuelto el régimen mexicano durante el presente año sin duda ha sido uno de los más adversos, por esta misma razón la imagen de nuestro país en el ámbito externo ha sido sumamente deteriorado, aquellas declaraciones que hiciera el canciller José Angel Gurría, a principios del sexenio, en cuanto a definir que México ya no regresaría a la retórica tercermundista y dar a entender que nuestro país se volcaría enteramente hacia la integración del llamado "club de los ricos", se convirtieron en una utopía declarada.
Contrastando lo anterior, vemos cómo el día de ayer el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, ante más de 400 expertos financieros, declaró sentirse avergonzado por los escándalos políticos y la corrupción en nuestro país.
Mucha de la imagen exterior de México se ha dañado por las recurrentes alusiones al modelo de corrupción imperante y que ahora en el conflicto del linchamiento del sistema y del PRI, de los Salinas, tienen su manifestación más clara. Por eso la verdadera cara del Gobierno de México ante la comunidad internacional, hoy, es la de la vergüenza.
Esta situación implicaría prioridades establecidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, prioridades en programas y replanteamiento de objetivos que no encontramos en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, correspondiente a Relaciones Exteriores.
1o. Cabe destacar que la Secretaría de Relaciones Exteriores sobresale en el proyecto por su falta de visión y de estrategia ante el entorno y circunstancias actuales por las que sobrevive el país.
No es entendible el por qué la denominación de objetivos y metas sean prácticamente en los mismos términos que para el año de 1995. En el análisis programático del mencionado proyecto de presupuesto, en lo correspondiente a la denominación de objetivos de promoción y ejecución de la política exterior, encontramos una sola diferencia:
Para 1995, el proyecto declaraba como objetivo el mantener e incrementar el prestigio de México en la comunidad de naciones, mediante el respeto a la independencia política y económica de cada país.
Para el proyecto 1996, éste es el único párrafo, quién sabe por qué razones, fue suprimido: ¿por razones de desprestigio, de dependencia económica o por razones de dependencia política?
2o. Notamos que el programa más importante de Relaciones Exteriores es el de administración. El rubro de administración aumenta este año en términos reales 32.8%, pero lo más alarmante de ello, es que del presupuesto total asignado para esta Secretaría, lo que corresponde a administración, es decir, sólo los recursos para que dicha entidad sobreviva el siguiente año, corresponde a poco más del 50%. Más de la mitad del presupuesto y sin embargo dice el proyecto que serán estos recursos para lograr una mayor eficiencia y racionalización en el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la Secretaría. Será sarcasmo o sólo buenas intenciones una vez más.
Ahora veamos, un embajador o un cónsul percibe teóricamente 5 mil 266 nuevos pesos al mes; el Secretario de Relaciones Exteriores, 14 mil 621 nuevos pesos al mes, así en sueldos se prevé gastar 96 millones; sin embargo, en servicios oficiales 573 millones, que es la tercera parte del monto total presupuestario para dicha entidad.
Esto cabe a la reflexión, pues resulta dudoso que un embajador o cónsul, o el mismo Secretario de Relaciones Exteriores, gocen únicamente de lo dispuesto oficialmente en el monto de sueldos.
3o. Es preocupante que en el apartado referido a la administración central, no hayan establecidas metas cuantificables. Las metas son por definición cuantificables, de manera que es incomprensible, cómo el proyecto establece, que gran parte de las metas anuales no lo son. Esta práctica explica, quizá, el hecho que mencionamos anteriormente, de que los redactores del presupuesto se limiten a copiar el texto íntegro de objetivos y metas del año que fenece.
4o. Aproximadamente el 45% del presupuesto corresponde a los cuatro programas que constituyen la misión propia de la dependencia y que implican en gran medida actuar en el exterior.
En cuanto a las metas que sí presentan algún elemento de cuantificación, tienen el inconveniente de que no son en realidad metas sino métodos, pues en la mayoría de los casos se refiere a eventos, estudios o cursos, sin que sea posible determinar qué es exactamente lo que se pretende lograr con dichos instrumentos y la razón por la cual son tan numerosos y tan costosos, como por ejemplo los 152 millones asignados a estudios por la dirección general para Europa, que por cierto es más del doble asignado que a la dirección general para América latina y el Caribe.
Este presupuesto asigna casi 21% del total a la promoción y ejecución de la política exterior de México en el ámbito bilateral. Dice en sus objetivos que estos recursos servirán para mantener y ampliar los contactos con los países con los que México tiene relaciones diplomáticas. Ojalá veamos cumplida esta encomienda de ampliar nuestras acciones en lo político y en lo económico, dentro de la comunidad de naciones, especialmente con la comunidad latinoamericana integrada constantemente en el discurso, pero no en la realidad, porque hoy la soberanía economica depende casi de un solo cliente y la soberanía alimentaria depende casi de un solo proveedor.
5o. Hay que señalar que el centralismo y el extenso burocratismo nuevamente se hace presente. De casi 4 mil plazas laborales que tendrá la Secretaría de Relaciones Exteriores, aproximadamente 2 mil 500 trabajan en la administración central; el 62% del total del personal de la Secretaría trabajará en el aparato burocrático, cuando deberíamos más bien capacitar y comisionar a esas personas para trabajar productivamente por nuestro país en el exterior.
Pero ¿cuál capacitación?, si la Secretaría de Relaciones Exteriores sólo tiene previsto en el rubro de capacitación a servidores públicos, únicamente el .08% del total asignado a la entidad, y un aumento del 1% en términos reales con respecto al año anterior.
Es más cuantioso nuestra aportación a la misión de verificación de las Naciones Unidas en Angola, que lo que destina la Secretaría de Relaciones Exteriores a la capacitación de nuestros servidores. Es la vigésima parte de lo que corresponde a nuestra aportación a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
Sin embargo, eso no debe importar mucho a los tecnócratas de Harvard, de Yale o de Oxford, porque si ya tuvimos un candidato potencia para la Organización Mundial del Comercio, entonces, según ellos, iremos seguro por buen camino.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Quisiera enfatizar lo que dijo aquí Cristian Castaño hace un momento y desilusionar a todos aquellos que quieren ocupar una plaza de embajador, porque es un puesto muy importante. Que se le atribuyan 5 mil 266 pesos al mes como sueldo a un embajador, se me hace no sólo ridículo, sino hasta una afrenta al sentido común.
Entendemos que el peso mexicano se ha devaluado y que requiere una serie de compensaciones, pero está no tiene justificación y no tiene justificación porque incluso en los sueldos para los empleados regulares en México están divididos en dos partes: una parte que es la que sale del presupuesto y de la que hemos hablado que son noventa y tantos millones de pesos, y otra parte que está sujeta el control discrecional del Oficial Mayor o del secretario del ramo.
Creo que los puestos deben estar mejor valuados y tanto en esta ocasión como en el futuro yo les pediría a los encargados de la Comisión de Programación y Presupuesto, que enfaticemos de que se presupuesten los sueldos adecuadamente.
Que el Secretario de Relaciones Exteriores tenga un sueldo asignado de 14 mil 261 pesos no lo creemos, porque no es posible que nos sigan creyendo menores de edad. Deben de ponerse los sueldos que realmente se cataloguen y no buscar la forma en cómo disfrazarlos o cómo alguien pueda discrecionalmente manejarlos.
Pero otro punto más. En organismos internacionales se pretende pagar 239 millones de nuevos pesos, el 14% del presupuesto de la Secretaría de Relaciones. Tenemos una serie de compromisos que se han ido atrasando y que ahora se piensan acorrientar, está bien, pero hay organismos que hay que verificar si realmente tienen la utilidad para la que fueron creados y por las cuales el Gobierno mexicano aportaba una cantidad importante de dinero.
Por ejemplo, el organismo para la proscripción de armas nucleares se le aporta poco más de 1 millón de nuevos pesos, cuando no hace otra cosa más que en todo caso llevar un control de registro de qué países van y qué países vienen, porque no hace nada, no hace una conferencia, no hace un intento por incrementar esto o no logra nada.
También estamos pagando 133 mil pesos a un sistema metropolitano de alcantarillado de la ciudad de San Diego. Yo no entiendo esto y quizá valdría la pena que nos vinieran a explicar los señores de Relaciones Exteriores qué quieren hacer con esto, por qué pagamos, por qué le pagamos a las Naciones Unidas por sus operaciones en Somalia, si las Naciones Unidas ya no están en Somalia. Y estoy hablando de 4 millones de nuevos pesos.
Criticamos la falta de metas y sin embargo hay un punto en que pudieron haberla puesto. Hay 111 plazas de embajadores en el presupuesto, nada más tenemos 75 embajadas en el país. ¿Qué vamos a hacer con los otros 46 puestos? No se establece cuántas embajadas vamos a abrir, no se establece qué vamos a hacer, simplemente vamos a emplear más gente porque sí, no hay metas y sí se pudieron haber puesto. No se vale que anoten no es cuantificable.
Pero un punto más que me parece muy grave. Tanto Bancomext como la Secretaría de Comercio tienen una cantidad importante de dinero asignada para la promoción del comercio exterior, como la Secretaría de Turismo la tiene para la promoción del turismo. Esas entidades no están coordinadas entre sí, no están coordinadas con la Secretaría de Relaciones, que es la que puede hacer el esfuerzo en el exterior del país.
La que más me preocupa de todas es Bancomext, que maneja un presupuesto superior al de todas las entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Maneja 189 mil millones de nuevos pesos, la Ley de Ingresos se autorizó, por el voto de la mayoría priísta, 132 mil millones de pesos, las entidades directas dependientes del Poder Ejecutivo.
Tiene que haber mucha más coordinación, no la hay, no se demuestra en el presupuesto y quisiera por favor que en lo sucesivo se encuentre una forma de armonizar lo que se quiere hacer dentro del país, entre todas las secretarías responsables y fuera del país a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Rico Samaniego.
El diputado Luis Alberto Rico y Samaniego:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Tres de los ocho objetivos del gasto público de 1996, que el Ejecutivo Federal se fijó para el próximo año, son los siguientes:
1o. Avanzar en el proceso de federalización y descentralización del gasto.
2o. Consolidar, coordinar y racionalizar programas y proyectos para superar la pobreza extrema.
3o. Fortalecer la inversión pública en áreas estratégicas de infraestructura, educación, salud, energéticos, así como en la conservación de carreteras federales.
A estos tres objetivos me referiré en el análisis del gasto del sector comunicaciones y transportes.
El presupuesto del sector dice pretender avanzar en el proceso de federalización, de consolidación y de coordinación, además en el fortalecimiento de la inversión pública para 1996.
Tomando como correcta la cifra de 11 mil 967.4 millones de nuevos pesos, corresponde al gasto directo de este sector 7 mil 710.8 millones y ayudas, subsidios y transferencias 4 mil 256.6 millones.
En lo que respecta a ferrocarriles, se presupuesta aumentar de 44 mil 568 plazas a 53 mil 235, en un proceso de desincorporación y de venta se pretende aumentar el número de personal, 19.8%.
En servicios personales, también en ferrocarriles, el aumento es cero en proporción real, en gasto corriente de 3 mil 837 millones, pasa a 5 mil 15, dejando también prácticamente sin aumento real. Pero en el gasto de capital, de 1 mil 354.7, reduce a 1 mil 185.4; es decir, una reducción real del orden del 53%.
En lo que toca al gasto corriente, sólo se rehabilitan 178 locomotoras y unos 4 mil carros de carga, unos 190 kilómetros de vía y no hay nada para compra de equipo nuevo.
Se reducen, sin decir cuántos, el número de trenes de pasajeros, por lo que muchos pequeños pueblos y comunidades quedarán sin este servicio.
Al mismo tiempo que se recortan trenes, se aumentan casi 9 mil plazas en un proceso de desincorporación. ¡Increíble:
A la infraestructura carretera se destinan 4 mil 840 millones, de los cuales corresponde sólo a conservación y reconstrucción 2 mil 405.5 millones, es decir, la mitad del total que se presupuesta para carreteras y el 20.1% del total del presupuesto del sector para atender poco más de 45 mil 600 kilómetros de carreteras federales dando esto un promedio de 52 mil 681 pesos por kilómetro conservado.
A construcción de nuevas carreteras y libramientos se destinan 1 mil 131.7 millones para únicamente 246.5 kilómetros, lo cual significa un modestísimo 9.4% de lo presupuestado en el sector y un promedio de 4.59 millones por kilómetro construido, mientras que a ampliación y modernización sólo se destinan 712.8 millones, lo cual representa un 5.9% de lo presupuestado, todo esto para ampliar o modernizar sólo 191.1 kilómetros, dando así un promedio de 3.72 millones de nuevos pesos por kilómetro, lo cual se asemeja mucho a los 4.59 millones por kilómetro nuevo, casi lo mismo.
Pero estos recursos para construir nuevas carreteras y para ampliar y conservar y modernizar las existentes, son partidas muy inferiores a la destinada al programa de carreteras concesionadas, al cual se destinan 1 mil 344.7 millones vía transferencias, precisamente para rescatar a las empresas a las cuales se les dieron las concesiones para construir carreteras en México y que decidieron por sí, con la vista gorda de la Secretaría, cobrar los peajes de los más caros del mundo, quizá porque los triturados, las gravas, las bases y las subases son 500% más caras que en Estados Unidos o porque el asfalto de Pemex sea 600% más caro que en otros países o tal vez porque los operadores de las motoescrepas, los bulldozers de la maquinaria pesada, ganan más de 20 dólares por hora. ¡Increíble señores:
Pero esto es tan inconcebible como si se destinaran iguales sumas de dinero a AHMSA o a Teléfonos de México, porque sus utilidades son muy diferentes a los números proyectados cuando decidieron los accionistas comprar esas empresas.
Se dice que por la devaluación de hace un año, el aforo de las carreteras concesionadas bajó, lo cierto es que los socios, entre otras empresas de ICA y PRIVASA, entre otras, esta última nacida en la administración salinista, decidieron aportar pocos recursos propios y depender del crédito bancario para la construcción de carreteras. Además los funcionarios de la SCT que vinieron a esta Cámara a la comisión, informaron que se les habían aumentado las concesiones al límite de lo permisible, es decir, 30 años y se les había redocumentado la deuda bancaria en Udis o costo al Gobierno Federal, por lo que las cuotas de peaje debieron bajar hace varios meses. Para apoyar estas cinco o seis grandes empresas carreteras se pretende destinar tres veces más que al Programa Especial de Conservación de Caminos de Uso Intensivo de Mano de Obra, esto daría empleo temporal en zonas deprimidas; también representa el doble de lo destinado a la construcción de nuevas carreteras y de libramientos; representa 10 veces más que lo destinado a la telefonía rural y cinco veces más que la suma de lo destinado al subsector marítimo, portuario y de transporte aéreo.
Los empresarios carreteros se empezaron a frotar las manos a fines del 1993, cobraron cuotas de peaje altísimas cuando todavía el interés bancario andaba por el orden del 18% o menos y por eso desde antes habían decidido depender del crédito y no de recursos propios. Este craso error no lo deben pagar los mexicanos al destinar partidas para hacerle rentable un negocio que la miopía y la voracidad se los hizo malo.
¿El transferir estos 1 mil 343. 7 millones en 1996 más los ya transferidos este año del orden de 1 mil 100 millones ayuda a avanzar en el proceso de federalización, consolida y racionaliza programas y proyectos para combatir la pobreza extrema, ésa que padecen 18 millones de mexicanos? Esas partidas, señores diputados, deben construir caminos y escuelas, no resarcirles las perdidas a unos cuantos porque si usamos ese criterio, habría que resarcirles primero las pérdidas a los microempresarios, los que con su sacrificio siguen dando, aunque ya muy menguado, empleo a los mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos, el diputado Martín Hernández Balderas, hasta por cinco minutos.
El diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
Con su permiso, señor Presidente:
El pacto federal lo hemos recordado en reiteradas ocasiones, está sustentado sobre principios entre los que se encuentran la soberanía de estados y municipios, la equidad y la solidaridad. Hemos señalado igualmente en incontables ocasiones, la iniquidad tributaria en la que se deja a entidades federativas y municipios, dejándolos en la completa indefensión para poder hacer frente a proyectos que ellos consideren prioritarios o estratégicos, vulnerando con eso claramente su soberanía.
Nuestra plataforma política 1994-2000 expresa: "la gran burocracia centralizada por lo común autoritaria, se opone a medidas descentralizadoras porque no acepta ceder atribuciones a los estados y municipios, ya que con ello perdería poder político y económico. La descentralización es eludida bajo los pretextos de que produciría ruptura o desunión o fragmentación en la unidad nacional o de que los servidores públicos de estados y municipios carecen de la capacidad necesaria y de la deshonestidad para poderlos llevar a buen término". Termino aquí la cita de nuestra plataforma.
Pareciera que los servidores públicos federales estuvieran iluminados e investidos de un halo que los inmuniza también frente a la deshonestidad. Ya se ha mencionado en repetidas ocasiones la desproporción e iniquidad en el gasto federal frente a los gastos estatal y municipal, por lo que no profundizaré en este punto, prefiero profundizar en la forma de verter el gasto federal a los estados y municipios.
Veamos como muestra un solo rubro: dentro del sector comunicaciones y transportes hay una partida, la más grande de este sector, que es la referente a carreteras troncales, esto es infraestructura carretera, rubro en el que se asigna el monto invertido en el Estado de Jalisco una cantidad ridícula: 71 millones de nuevos pesos de un total de 5 mil 783 millones. Esto equivale que en el Estado de Jalisco se habrá de invertir 1.24% del total de este rubro, siendo con esto claramente inequitativo, sobre todo si consideramos el tamaño del Estado y su participación en la conformación del producto interno bruto nacional, el cual es casi del 7%.
Repito que éste es el rubro más grande, el de mayor gasto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, correspondiendo al 66% del gasto que toda la Secretaría habrá de hacer. Pero hay más razones que comentar: ¿por qué hacemos este señalamiento y por qué en este rubro en específico? Sencillamente porque en encuentros tenidos por el Ejecutivo Estatal hace unos meses, el gobernador Cárdenas Jiménez le presentó al presidente Zedillo, una serie de proyectos en materia carretera, haciéndole énfasis de la importancia vital que tienen éstos para el desarrollo de ciertas regiones del Estado.
¿Cuál es el resultado de estos esfuerzos? Esfuerzos que como este caso de Jalisco, realizan muchos otros estados ante la Federación, el resultado es que nuevamente es el nivel federal el que tiene la iluminación total, la verdad absoluta para definir cuáles son las prioridades y estrategias que convienen a cada región y a cada Estado.
Nuevamente se presenta la prepotencia del Ejecutivo Federal para definir su presupuesto de gastos sin tomar en cuenta ni siquiera las opiniones de los estados. ¿Seguirá acaso pensando el Ejecutivo Federal, que los funcionarios públicos estatales y municipales no tienen la capacidad requerida para saber qué es lo que ellos mismos necesitan.
Tenía razón el párrafo de nuestra plataforma política que leí hace unos momentos, esperamos que no sea esto por una discriminación partidista.
Ya sé que cualquiera de ustedes podrá decirme que se está asignando en otros rubros alguna inversión para realizar en el Estado de Jalisco. Pero éste no es el caso. La cuestión es la siguiente: si el Gobierno Federal se resiste, merced a su centralismo, a devolver mayor cantidad de recursos a los estados y municipios, ¿no seria sano con un poco de sentido común y un poco de sentido de justicia, tomar por lo menos en cuenta las prioridades y puntos de vista de estados y municipios.
Queda demostrado que en el Ejecutivo Federal no hay sentido común; no hay sentido de justicia y sólo hay sentido de la iluminación y prepotencia.
Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Desiderio Camacho Garibo:
El diputado Desiderio Camacho Garibo:
Gracias, señor Presidente:
Yo creo que dentro de las erogaciones previstas para las dependencias, una de las áreas más importantes para el desarrollo nacional, para el desarrollo económico, definitivamente debe ser el sector de Comunicaciones y Transportes. El gasto programable en Comunicaciones y Transportes sufrirá una caída real del 7% en 1996, respecto a 1995. Igual comportamiento se observa al compararlo con el gasto neto total o con el gasto programable total, puesto que en el primer caso representará el 4.4% de ese gasto neto total y en el segundo, el 6.3% del gasto programable referido; proporciones menores a las de 1995, de 4.7% y 6.7% respectivamente.
Llama mucho la atención que porcentualmente en las metas sustantivas de 1996, en el raquítico presupuesto para ese objetivo, un buen porcentaje se aplique a la conservación de carreteras; un mínimo porcentaje a la conservación de caminos rurales y una mínima aplicación a tramos de carreteras nuevas. Y en lo que respecta a los principales proyectos de inversión, llama mucho la atención, como aquí lo han externado algunos diputados, la aplicación de recursos importantes a construcción y remoción de carreteras y troncales. Pero me llama más la atención de que en este programa dejen al margen algunos compromisos de campaña que hizo el mismo presidente Zedillo.
La reducción del gasto público, en el sector de Comunicaciones y Transportes, se explica principalmente, con la reducción del gasto neto del sector público que representará el 24.56% del producto interno bruto en 1996, a partir de un porcentaje de 24.81% en 1995. Pero también, por la política de cambio estructural instrumentada por la presente administración que consiste en fortalecer la participación social y privada en actividades que hasta hace poco eran de incumbencia del sector público y que por lo demás, ha propiciado que este último pierda la oportunidad de percibir ingresos futuros por prestación de servicios o venta de bienes y de incidir directamente en áreas económicas, estratégicas, dependiendo con ello, la producción de insumos vitales para las empresas y reduciendo su capacidad productiva y de generación de empleos.
Efectivamente, hasta ahora las autoridades no han reconocido frontera en sus actividades de concesionadoras o privatizadoras. Ninguna norma legal ha sido obstáculo para desplegarla; se reformaron los artículos 25 y 28 de la Constitución, donde se definen áreas estratégicas y prioritarias para el Estado. Actualmente, dada la urgencia del Estado por contar con recursos financieros adicionales, se ha tornado prioritaria la concesión, privatización, permisos de entidades paraestatales pertenecientes a sectores que hasta hace algún tiempo eran consideradas estratégicas.
A pesar de esto, en el sector de Comunicaciones y Transportes las autoridades se han propuesto asumir como estrategia básica, consolidar el papel normativo y regulador del Estado, conducir el proceso de desconcentración y descentralización de actividades y recursos y también fomentar la participación del sector privado.
De esta forma, ha habido una gran cantidad de adecuaciones al marco regulatorio en materia de comunicaciones, con objeto de facilitar la entrada al capital privado, entre ellas se encuentran: la reforma al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, con la cual se elimina la exclusividad del Estado en el establecimiento, operación y explotación de ferrocarriles y sistemas de satélite; la expedición de la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario, la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Por lo demás, se ha visto que la privatización no es una vía segura para llegar a la eficiencia económica, ahí están los casos de las carreteras concesionadas y de los bancos, que tendrán que ser rescatados por el Gobierno, con programas que representarán un costo fiscal consolidado que ascenderá a 83 mil 900 millones de nuevos pesos, a valor presente y que será generado de manera gradual a lo largo de 30 años de vigencia de estos mismos programas. Esto es inaceptable, porque la absorción gradual de estos costos se hará a cargo del superávit fiscal, que se ha conseguido con base en un gran sacrificio social y también con los recursos provenientes del Banco Mundial.
En suma, en el sector Comunicaciones y Transportes, como en el resto de la economía, el proceso de desincorporación de entidades paraestatales vigentes actualmente, amenaza con provocar mayor deterioro social, traducido éste como desempleo y concentración de activos productivos en pocas manos.
Es necesario, pues, practicar un comercio externo regulado con los países más desarrollados e integrarnos con los países latinoamericanos para así ajustarnos a parámetros de eficiencia semejantes a los nuestros, anulando así la urgente necesidad de contar con recursos para modernizar las entidades paraestatales, con objeto de hacerlas más competitivas, de esta forma se disiparían las razones para emprender una búsqueda desesperada de recursos para modernizarlas y con ello los argumentos más comúnmente esgrimidos para privatizarlas.
Con esto se tendría mayor oportunidad de plantear la transformación y modernización de la infraestructura de comunicaciones y transportes, en función de los recursos financieros y de mano de obra disponible, sobreponiendo así los objetivos de equidad social, crecimiento y empleo, a los de eficiencia y modernización, evitando con ello el surgimiento de situaciones contradictorias como la propuesta de creación de empleo temporal de pico y pala en la construcción de caminos rurales, por un lado y la privatización y amenaza de despido de trabajadores de empresas paraestatales.
Es necesario, pues, que el sector sea manejado a partir de criterios más acordes, con la preservación de la soberanía nacional, con los intereses mayoritarios y con la necesidad de un desarrollo integral para todos los mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
En uso de la palabra el diputado Gabriel Llamas Monjardín.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:
Cabe aclarar que las condiciones económicas en el país son serias, donde hay una gran pérdida del poder adquisitivo y el de los trabajadores mexicanos cada vez son más pobres y lo que menos se puede requerir y lo que menos se puede solicitar es ser enfáticos a esas situaciones.
Por lo tanto también cabe hacer un reconocimiento a la consistencia del Ejecutivo en la preparación de este análisis presupuestario y ¿por qué la consistencia?, porque si analizamos el I Informe de Gobierno en sus anexos, entre las mismas dependencias del Gobierno no se ponían de acuerdo en cómo presentar las bases estadísticas; unos hablaban a pesos de 1994, otros hablaban a pesos de 1970, otros hablaban a pesos promedio de 1995 y cada quien hablaba como le iba en el juego, lo cual complicaba evidentemente el análisis político y económico del informe.
Señor Presidente, parece que la señora diputada quiere hacer una interpelación, con mucho gusto la acepto... ¿no desea interpelarme?.. Entonces le pediría a la Presidencia si es tan amable de decir a la Secretaría que por favor no interrumpa cuando estoy hablando, por favor.
En 1996 se presenta un presupuesto para la aprobación de esta Cámara de Diputados de la mísera y pequeña cantidad de 11 mil 343 millones de nuevos pesos, una cantidad difícil de escribir y más difícil de ganar, pero aparte se incrementa significativamente con relación a 1995 porque en términos reales nada más se incrementa el 40%, es decir un 7% en términos reales quitándole la inflación.
Pero en 1995 cuando presentaron el presupuesto nos dijeron que éste se incrementaría en 57% con relación a 1994 porque la Secretaría de Hacienda, a través de la subsecretaría de ingresos, en un programa específico para el análisis de los efectos tributarios, es decir se compró equipo de cómputo nuevo a efecto de poder analizar la información financiera que presentaban las entidades sujetas a auditarse dictaminadas por contador público independiente y que se iban a realizar a través de medios magnéticos.
Entonces la subsecretaría de ingresos compró aproximadamente unos 2 mil millones de pesos de computadoras, pero este año ya no se conceptúa ni tampoco se observa que se debe de comprar computadoras; por tal motivo, ¿cómo es lógico y aceptable pensar que el presupuesto va a aumentar en 40.26% si ya no va a haber esa inversión.
Pero vamos a analizar dónde se puede ir el dinero. La verdad que en esas cantidades vale la pena ver dónde se pudiera ir. Hay un concepto importante que se clasifica como el doble A (AA) y que nada más en gastos de administración va a aumentar de 1 mil 172 millones a 2 mil 600 millones de pesos, 123%. ¿Cómo es posible que un solo renglón aumente 123%? No hay objetivos, no hay metas, no hay ningún planteamiento, únicamente se habla de una descripción meramente verbal de que se debe de promover el crecimiento y el apoyo financiero y fiscal. Entonces se habla de que viene el servicio de administración tributaria y que debe de disminuir la cantidad de personal tanto por nómina como por honorarios que se encuentra en la Secretaría de Hacienda y vemos que lo que se pretende es aumentar en 123% el gasto administrativo. Esto es una ofensa al pueblo de México.
Adicionalmente, en la canalización de recursos financieros, cabe aclarar que hay un rubro muy importante que se llama "otros", donde ahí está básicamente Nacional Azucarera y donde está Banrural y a Banrural en varios conceptos se habla que se le va a dar 353 mil pesos para efectos de apoyo a programas de agricultura, silvicultura y ganadería y se le van a dar otros 120 millones de nuevos pesos para efectos de amortización de deuda pero nada más el detalle importante de esto, en otros que no se describe absolutamente nada se incluyen 944 millones de pesos, 944 millones de pesos en "otros" para sus chicles a Banrural. ¿Cómo es posible que después de las dudas que han existido a través del tiempo de la administración de recursos, el Gobierno Federal y los que quieren apoyar este presupuesto de egresos acepten que en concepto de "otros" se incluya una cantidad de 944 pesos con la simple explicación de nadie sabe, nadie supo.
Señores, esto es inaceptable, por tal motivo este presupuesto es un presupuesto que se ve ligero, que no tiene fundamentaciones técnicas y que lo único que representa es y que impresiona, recibe ingresos adicionales. No cabe duda que el que parte y reparte se lleva la mayor parte y no cabe duda que qué fácil es gastar cuando no se sabe ganar el dinero.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, en uso de la palabra el diputado Salvador Beltrán del Río.
El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
El pasado mes de septiembre, ante las eminentes señales de crisis, la más grave por la que ha atravesado el país en el México posrevolucionario, en respuesta y como una propuesta a la misma, el Partido Acción Nacional propuso una serie de medidas a fin de reactivar la planta productiva, el empleo y el salario; así, entre otras muchas medidas se propuso la desaparición o fusión de diversas secretarías de Estado a fin de contribuir vía el adelgazamiento del aparato gubernamental y compartir de esa manera los sacrificios de la crisis.
Señalaba nuestra propuesta: "no se deberá incrementar el personal ocupado por la administración pública centralizada puesto que el presupuesto 1995, hago la aclaración, propone un aumento de 19 mil 736 nuevas plazas que hoy más que nunca resultan injustificadas".
Señalaba más adelante: "realizar de inmediato otras reducciones del sector público y consecuentemente sus gastos a través de la desaparición de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, pues duplica estructuras y funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda"; asimismo se proponía fusionar la Secretaría de la Reforma Agraria con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ya que prácticamente ha cumplido con sus objetivos de su creación; en iguales circunstancias se señalaba, se encuentra la Secretaría de Energía, dadas las muy limitadas funciones que cubre y que hoy pueden ser incorporadas a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Hasta aquí la cita, insisto, propuesta en febrero de este año, principios de este año.
Semanas después, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, en el dictamen relativo a diversas modificaciones a las leyes del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, recomendó al Ejecutivo Federal el revisar la conveniencia de proceder a la reestructuración, fusión e incluso la supresión de la Secretaría de la Reforma Agraria, de Energía, Turismo y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Cito textual:
"Diario de los Debates, marzo 17 de 1995. Dice la primera recomendación: "esta comisión considera conveniente la revisión de medidas concretas que permitan eliminar ineficiencias, burocracias y costos administrativos innecesarios. Esto podría alcanzarse mediante la reestructuración, fusión e incluso supresión de dependencias, siempre asegurando que el Estado cumpla con sus funciones básicas de una manera cada vez más eficiente, cuidando en todo momento los derechos de los trabajadores".
En este sentido y entre otras medidas, señalaba el dictamen, corresponde analizar por ejemplo si los asuntos pendientes en relación al rezago agrario pueden ser atendidos por una comisión constituida al efecto, toda vez que en años recientes se han venido creando diversas instituciones para atender las funciones que actualmente desempeña la Secretaría de la Reforma Agraria.
Similares señalamientos se hacían en relación a la Secretaría de Energía, así como a la de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Hoy, meses después de aquella recomendación, de aquella propuesta inicial del Partido Acción Nacional, pese a las recomendaciones de esta Cámara, lo cierto es que el Ejecutivo no sólo hace caso omiso de aquellas recomendaciones, sino que por el contrario, aumenta el presupuesto destinado a las secretarías de Turismo, en un 7.8%; de la Reforma Agraria, en un 8.7%; de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en 13.8%; de Energía en 40.5%; con un gasto directo total de las cuatro secretarías de 1 mil 733.9 millones de pesos.
Si revisamos nada más las actuales atribuciones que le quedan a la Secretaría de Energía, podemos ver que éstas son muy limitadas, la gran mayoría de las que le correspondían anteriormente a la SEMIP, hoy o son competencia de la Secretaría de Comercio o de la de Hacienda o incluso de una comisión aquí creada recientemente, la Comisión Reguladora de Energía.
Por lo que hace a la Secretaría de la Contraloría, en gran medida vendrá a ser sustituida con la propuesta del Ejecutivo de la creación de la auditoría superior de la Federación, según se desprende de esa iniciativa.
Una vez más, ¿dónde el ánimo del Ejecutivo Federal de compartir el sacrificio de los mexicanos?; ¿dónde el ánimo y el pregonado respeto al Legislativo?, si ni se ven ni se oyen sus recomendaciones.
Una vez más nuestro reiterado rechazo al artículo 8o., para que se revise en lo conducente.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Angel García García:
El diputado Miguel Angel García García:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Voy a intentar dar respuesta a los diversos planteamientos que se han hecho al artículo 8o., que comprende los diferentes ramos de control de gasto federal.
En primer lugar debo señalar que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 1996, que hoy se somete a la consideración de esta Asamblea, contempla acciones para conservar el equilibrio fiscal y abatir la inflación, al tiempo que realiza un ajuste importante al gasto corriente, para liberar recursos que serán reasignados a programas sociales y a la inversión en infraestructura en sectores estratégicos.
El gasto neto total para el ejercicio fiscal de 1996 asciende a 553 mil 718 millones de pesos, monto inferior efectivamente en un 0.4% en términos reales al estimado para el cierre del ejercicio de 1995 y como proporción del PlB, 25.1%. Dentro de este gasto neto total previsto para 1996, el 70% de los recursos se destinará a gasto programable y el 30% restante a gasto no programable.
El proyecto de presupuesto para la administración pública central establece un nivel de gasto programable por 231 mil 971 millones de pesos, monto inferior en 1.7% real al estimado para 1995. Dentro de éste, del gasto programable total el gasto directo crece en términos reales un 5.3%, mientras que las transferencias, organismos y entidades se reducen en cerca 6.0% en términos reales.
Los mayores incrementos reales se proponen a las siguientes dependencias: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 83.4%; Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 59.4%; Secretaría de Desarrollo Social, 42.6% y Secretaría de Energía, 40.5%.
La propuesta de gasto programable sectorial que el Ejecutivo Federal somete a consideración de esta soberanía, asciende a 381 mil 429 millones de pesos, nivel que experimenta un ajuste de 0.9% en términos reales al cierre estimado para 1995.
La participación del gasto programable dentro del PIB representa el 17.3%.
Conviene destacar que en esta propuesta resalta que la inversión física crece en un 3.9% en términos reales, para apoyar la reactivación económica, mientras para el gasto corriente se prevé una disminución del 4.1% para 1996.
Ahora bien, en cuanto a la observación que se hacía aquí respecto al gasto de salud por parte del diputado Robles Garnica, es importante volver a resaltar que el presupuesto para esta Secretaría asciende a 9 mil 770 de pesos, sin considerar los servicios personales que presenta un crecimiento real de 3.6%. La inversión muestra un incremento del 38.5% en términos reales.
El esfuerzo por parte de este sector está a la vista y en cuanto a algunas de las metas, conviene aquí destacar que para 1996, se propondrá para la fase dos, del programa de apoyo a los servicios de salud para la población abierta, los componentes de este programa estarán orientados a ampliar la cobertura en servicios básicos de salud y llevar a cabo la descentralización de los servicios de este sector.
Asimismo, se prevé para este programa una ampliación de servicios nada despreciable, a 3.4 millones de personas en 380 municipios de los 11 estados de menor desarrollo, con lo cual se tendrá un avance del 34% en la meta de otorgar atención médica a los 10 millones de personas que carecen de manera regular de servicios de salud en el país.
En cuanto a la inversión física, del 38.5% del que hablábamos aquí en términos reales de incremento, éste se destinará para construir un hospital de especialidades, siete clínicas de primer nivel, un laboratorio, se ampliarán tres hospitales de segundo nivel y dos de especialidades en conservación y rehabilitación. Se efectuarán, asimismo, acciones en 222 unidades de primer nivel, 30 unidades de apoyo y 106 de segundo nivel.
El diputado Roberto Robles Garnica (desde la curul):
Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al orador:
El Presidente:
Señor diputado, ¿Acepta usted una pregunta.
El diputado Miguel Angel García García:
Con todo respeto, tengo 15 minutos, si me permite al final puedo responder:
El Presidente:
Adelante, señor orador:
El diputado Miguel Angel García García:
Bien, el compañero diputado Eric Villanueva manifestó aquí sus preocupaciones y en las cuales nosotros también nos hemos sumado, con respecto al desarrollo rural y a lo escaso de los recursos que ahí se están proyectando, sin embargo, es importante destacar aquí que este presupuesto crece en 1.1% en términos reales, pero que la inversión y de nueva cuenta aquí vemos el crecimiento en gasto de inversión, crece en un 24.0%.
Aquí desde luego la cifra, me decía el diputado Eric Villanueva que no, que por más que checaban no correspondían. Yo le voy a decir de dónde lo saqué. Sumamos el presupuesto de 2 mil 965 de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Reforma Agraria, de Banrural, de 1 mil 700, de FIRA, de Agroasemex, de Focir, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de FIRCO, de INIFAB, de la Universidad Autónoma de Chapingo, ACERCA y apoyos a la comercialización de granos básicos y oleaginosas, Conasupo, Procede, Registro Agrario, Procuraduría, Tribunal Agrario y entre otros incluimos también los pagos para las obligaciones jurídicas de la Reforma Agraria, la Telefonía Rural y los caminos rurales.
Es cierto que los recursos que se destinan al sector rural, en términos reales, crecen muy poco, sin embargo, debemos destacar aquí que resalta la importancia que el programa Produce tiene dentro del monto de los recursos. Se le están asignando a este programa 1 mil 153 millones de pesos, con lo cual se permitirá capitalizar, reconvertir y proteger al campo mexicano.
Desde luego, es importante señalar aquí que la Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento de la Secretaría de Hacienda, dará un
seguimiento puntual al destino de estos recursos y estará informándolo a esta soberanía.
También resalta que el presupuesto para este sector rural se orienta hacia rubros que facilitan la innovación tecnológica, inducen la reconversión productiva, elevan el rendimiento por hectárea, la política en materia de desarrollo agropecuario que se encamina a otorgar mayor valor agregado a la producción del campo.
En cuanto a las observaciones que se hicieron aquí, al ramo de la reforma agraria, efectivamente, el presupuesto de esta Secretaría crece y asciende a 2 mil 020 millones de nuevos pesos, de los cuales, en términos, reales se incluye lo siguiente: 1 mil 016 millones de pesos para el pago de obligaciones jurídicas ineludibles. Esto representa un crecimiento real de 2,582% y 1,755.9% con relación a 1995 y 1996 respectivamente.
Aquí resalta también los 118 millones de pesos que se destinarán para el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), correspondiente a 64 millones de pesos; la Procuraduría Agraria con 54 millones y el INEGI con 1 mil uno millones de nuevos pesos.
Sin duda, la problemática que ya se ha comentado aquí sobre el rezago agrario, es una de las preocupaciones que están plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo y por eso precisamente vemos esta propuesta de crecimiento para el sector rural, concretamente para la titulación.
Y derivado de esta problemática prevalecían antes de las resoluciones del artículo 27 constitucional, 17 mil 95 resoluciones jurídicas pendientes de resolver.
Durante 1996, la Secretaría de la Reforma Agraria orientará sus actividades al concluir los expedientes pendientes en sus aspectos sustantivos y de procedimiento para avanzar, en este sentido, para 1996 se asignan mil 16 millones de nuevos pesos, que ya lo habíamos señalado, para el pago de obligaciones jurídicas ineludibles.
Aquí es importante señalar que la Secretaría de la Reforma Agraria se ha propuesto concluir la resolución de las obligaciones jurídicas pendientes en materia de rezago agrario en un periodo de dos años.
Desde luego, es preocupación también de la diputación priísta darle un seguimiento puntual a este compromiso de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Ahora bien, en cuanto a los aspectos que se mencionaron aquí con respecto a la política de gasto y a las limitaciones de tiempo que tuvimos, según decía el compañero que me antecedió en la palabra, estamos de acuerdo en que efectivamente hay algunas limitaciones de tiempo, lo señaló el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública durante la fundamentación del dictamen y estamos pidiendo que haya una modificación para que tengamos mayor tiempo para revisar este documento tan importante.
Sin embargo, es bueno destacar aquí que a pesar de lo apretado del tiempo, tuvimos la oportunidad de realizar más de 19 reuniones en donde los funcionarios federales pudieron dar cuenta puntual de todos y cada uno de los programas, no sólo de los ramos generales, sino de los programas específicos, sectoriales, especiales, en los que se estaba asignando el presupuesto a cada ramo.
En cuanto al aspecto que se mencionó también con respecto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, yo creo que lo realmente sustantivo de este presupuesto, la congruencia de este presupuesto del sector comunicaciones, radica en los recursos que se destinan principalmente para dos rubros importantes: construcción, modernización, conservación de carreteras y desde luego, las carreteras alimentadoras.
El presupuesto para estos subprogramas, asciende a 7 mil 943 millones de pesos, es decir, un crecimiento en términos nominales con respecto de 1994, pero que está básicamente concentrado a la construcción y modernización de carreteras.
En cuanto a los otros aspectos, conviene destacar aquí que existe ya una amplia discusión sobre el marco regulatorio que le permitirá a este sector dinamizarlo en los próximos años y, para ello, los diputados de esta soberanía hemos ya discutido y hemos aprobado los distintos ordenamientos de ferrocarriles, de aviación y el día de mañana estaremos discutiendo la Ley de Aeropuertos.
En cuanto al sector educativo, coincidimos con las apreciaciones que se hicieron aquí, en el sentido de que algunas cifras no coincidían con respecto a las que se habían presentado en el informe y a las que se nos presentaron en la comisión.
Los compañeros que participamos en el debate del sector educativo también lo señalamos, tal vez esto se deba a que la cifra presentada en el informe de gobierno difiere por el ejercicio que se hace al final del año, pero con todo gusto, nosotros también nos sumamos a la propuesta de que se nos aclaren estas cifras y esta disparidad aparente que existe.
Por otro lado, yo quisiera aprovechar esta tribuna, para mencionarles, compañeros diputados, un presupuesto que aparentemente es un presupuesto que disminuye, pero que si lo comparamos con otros ramos, nos daremos cuenta de la importancia que tiene la educación superior en nuestro país.
Miren ustedes compañeros, la Universidad Nacional Autónoma de México para 1996 tiene asignado un presupuesto de 4 mil 469. 2 millones de pesos, lo cual permitirá cumplir con los objetivos institucionales que le tiene encomendados. Y para darnos cuenta de lo importante que este presupuesto, es bueno señalar aquí que este presupuesto de la UNAM representa el 85% del presupuesto federal que ejercen las 34 universidades públicas estatales en su conjunto. No estamos en contra de que se den más recursos a la educación superior, pero sí creemos que es importante revisar a fondo estos presupuestos para que sean más equilibrados.
Los apoyos a la UNAM, compañeros diputados, son superiores en términos de gasto de manera individual a las siguientes Secretarías: Gobernación, Relaciones Exteriores, Comercio, Minería, Marina, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, PGR, entre otros.
Con los recursos previstos para la UNAM, se podrían otorgar libros de texto gratuitos a casi 20 millones de niños en educación básica. Proporcionar educación comunitaria a cuatro millones de niños de escasos recursos que viven en 20 mil comunidades rurales alejadas del país y construir 23 mil 270 nuevos espacios escolares a lo largo de todo el país.
Ahora bien, en cuanto a las preocupaciones para combatir el rezago y la deserción escolar, es importante destacar aquí los programas que se están elaborando por la Secretaría de Educación Pública y que someten a la consideración de esta soberanía. Destacan tres programas compensatorios: el Programa Integral de Abatimiento del Rezago; el Programa de Educación Inicial no Escolarizada y el Programa de Rezago de Educación Básica. A éstos se les están destinando 963 millones de nuevos pesos, que permitirán atender a tres millones de niños, un 18% superior a la meta de 1995 y a más de 20 mil comunidades en el país.
En cuanto a la preocupación que se manifestaba aquí con respecto a la descentralización de los recursos del ramo 25, es decir, aportación de educación básica a los estados, conviene destacar aquí que este presupuesto está contemplando distribuir una bolsa para compensar proporcionalmente la contribución estatal en educación básica, en comparación con el promedio de todos los estados.
Qué para 1996 se van a destinar 1 mil 200 millones de pesos que representan un incremento real del 34.8%. Estos 1 mil 200 millones de nuevos pesos, serán destinados para aliviar la carga financiera de aquellos estados que rebasen en más de un 35% sus aportaciones en materia de educación básica. Eso me parece un fondo muy importante, porque va a permitir aligerar la carga y la deuda de los estados del país.
En cuanto al aspecto de vivienda, haciendo un ejercicio de suma de los diferentes programas, efectivamente la Secretaría de Desarrollo Social, como ya dijo aquí, va a destinar 1.5 millones para oficinas únicas municipales de trámite, así como para 51 inspecciones al proceso de modernización catastral y créditos.
El Fonhapo por su parte 574 millones de pesos y otorgará 662 créditos. Y por otro lado el Fovi 393 millones de pesos. Esto suma casi 2.5 millones de pesos, claro desde luego son insuficientes, consideramos nosotros que habrá que hacer un esfuerzo importante para que se impulse la participación del sector privado en el desarrollo de la vivienda en el país.
Por último, se habló aquí del presupuesto asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El presupuesto de esta Secretaría asciende a 1 mil 710 millones de nuevos pesos, mayor en 29.6% real al de 1995, de los cuales, 1 mil 614 corresponden a gasto corriente y 42.9% a inversión y 54% a transferencias. Debido a la naturaleza de sus funciones el gasto de esta Secretaría incorpora un presupuesto de divisas de 186.7 millones de dólares, equivalentes a 1 mil 390 millones de nuevos pesos que se canalizarán para cubrir el gasto de operación de las representaciones en el exterior y las aportaciones a organismos internacionales.
Aquí cabe aclarar que la Comisión de Programación, Presupuesto y el propio decreto en su artículo segundo transitorio, contempla el que se revisen las estructuras de esta Secretaría para lograr un ahorro importante de gasto corriente.
El presupuesto de divisas por 186.7 millones de dólares es mayor en 3.5% a lo autorizado, en virtud de que se considera la actualización de cuotas conforme a los tratados, con base en los compromisos contractuales con organismos internacionales, es decir, hay respeto a la política exterior tradicional al respetar los acuerdos políticos, comerciales, fiscales y gremiales que ha suscrito desde años anteriores el Gobierno Federal con la comunidad internacional.
En términos generales, éstas son las observaciones que pudiéramos hacer a las diversas participaciones de los compañeros diputados. Debo, para finalizar, nada más destacar, compañeros, que por primera vez el decreto de presupuesto incluye recomendaciones importantes que no se han quedado únicamente en el rubro de recomendaciones, están incluidas en el propio decreto en el artículo segundo transitorio y entre ellas destacan, el de proteger de manera prioritaria, los programas de gasto social que identifiquen de manera precisa a la población objetivo y sean un beneficio efectivó para la sociedad.
El modificar la denominación del ramo 26, superación de la pobreza, con objeto de delimitar de manera más precisa la asignación de recursos presupuestales conforme a una estrategia integral para la consecución de este objetivo. Y exigir a la Secretaría de Desarrollo Social que dentro de un plazo establecido dé cuenta a la Comisión de Programación, Presupuesto y Desarrollo Social sobre la metodología del ramo 26.
Por último, un aspecto importante que sobresale aquí, a nivel de programa y no solamente de ramo, es el que dice, en la parte 13 del artículo segundo transitorio: "Que se instruya al Ejecutivo a que revise el Programa de Certificación de Ejidos a efecto de que durante 1996 y sin afectar las metas del Plan Nacional de Desarrollo se puedan generar recursos adicionales a proyectos productivos del sector rural".
Finalmente, una mejor coordinación de los programas alimentarios, nutricionales y el otorgamiento de becas educativas y de capacitación para optimizar los beneficios sociales.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Señor diputado, tiene usted una pregunta del diputado Robles Garnica.
El diputado Roberto Robles Garnica (desde su curul):
Ya no, señor Presidente.
El Presidente:
Bien. Para rectificar hechos, tiene la palabra Leticia Calzada.
La diputada María Leticia Calzada Gómez:
Gracias señor Presidente, con su venia; compañeras diputadas; compañeros diputados:
¿De qué sirve venir aquí a discutir el presupuesto de egresos, cuando es un diálogo de sordos? Después de haber escuchado con atención las intervenciones de mis compañeros diputados tanto del grupo parlamentario del PRD, como del Partido Acción Nacional, en donde observaciones alrededor del presupuesto de egresos en vivienda, en educación, en relaciones exteriores y en salud, sube a esta tribuna el defensor del presupuesto que envió el Ejecutivo Federal y hace consideraciones y observaciones para terminar no diciendo nada ni tomando en cuenta para nada, lo que aquí se discute.
Sea pues, en comisiones o en el pleno de la Cámara, la respuesta es exactamente la misma. Me tocó estar en algunas de las reuniones que tuvieron que ver con educación y no se precisó lo que ahora viene a decir el diputado que me antecedió en la palabra, que se irá a precisar; que se irá a precisar las inconsistencias que se encuentran. ¿De qué sirve, pues, este diálogo de sordos.
Y al mismo tiempo reflexionando en mi curul, me decía: y tenemos que seguir aquí porque para eso estamos; porque para eso llegamos, aunque vengamos como plurinominales y no hayamos sido elegidos por la mayoría, nuestra responsabilidad es seguir siendo diputados responsables, representantes de nuestros representados. Por eso estoy aquí, porque me preocupa muchísimo lo que tiene que ver con unas de las líneas de acción estratégica y me voy a referir a la sexta línea de acción estratégica que se refiere a la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, para impulsar el desarrollo económico sustentable que permita el aprovechamiento racional de nuestra riqueza natural y su mejoramiento en la calidad de vida de la población.
No será importante eso que tiene que ver realmente con una situación verdaderamente preocupante en este país, en donde como todos sabemos, el deterioro de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente debería ser una preocupación primordial; haber sido una discusión a fondo de lo que se va a dedicar para este renglón.
Se estipula que esta política de aprovechamiento racional de los recursos no implica necesariamente una elevación del gasto, sino la promoción de programas para que la sociedad en su conjunto proteja el medio ambiente, así como promover e inducir inversiones privadas en infraestructura ambiental y de financiamiento para el desarrollo sustentable, según dice el decreto.
Señores, sin una estrategia que considere entre otras cosas incentivos fiscales, subsidios económicos, instrumentos económicos para que la sociedad pueda participar, esto no es más que un buen deseo, porque yo me pregunto: ¿en la situación de depresión económica que vivimos, cómo podría una sociedad empobrecida hacerlo.
Es evidente entonces, que la realidad ambiental del país sobrepasa las buenas intenciones que se imprimen en este presupuesto. A nosotros nos gustaría saber el por qué si la protección al medio ambiente desde la perspectiva de sustentabilidad, es una prioridad para la política presupuestal del presidente Zedillo, aún carecemos de un programa integral de desarrollo sustentable para la nación en el marco de lo que podía ser la agenda 21 de México, que dé coherencia al destino final del presupuesto que habrá de ejercerse para el próximo año y que en realidad se ocupe de prioridades que tienden a mejorarse el medio ambiente nacional, superen los niveles de pobreza e ignorancia de la población al respecto y aumenten la calidad de vida de los mexicanos.
Compañeras diputadas, compañeros diputados: sin una estrategia nacional de desarrollo sustentable, difícilmente vamos a ver los frutos que en materia de egresos pretende instrumentarse durante el próximo año.
Veamos los grandes problemas que tenemos. Calidad del agua. ¿Cuál es la calidad del agua que tenemos en nuestros cuerpos de agua? Señores: lo sabemos; tenemos muy serios problemas de contaminación en lagunas y en cajas de agua, tenemos una sobreexplotación de los principales acuíferos del país; tenemos un deterioro del suelo, que es verdaderamente alarmante. La situación en la que se encuentran las cuencas nacionales y el alto grado de degradación de los suelos, es una preocupación no solamente nuestra, sino compartida también por los países del mundo; ¿Qué es lo que pasa en México.
Y de acuerdo al presupuesto, la participación porcentual que ejercerá la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo sus programas frente al total destinado a la Secretaría, si bien es de 76.11%, la partida del programa para protección de áreas productivas y cuencas federales, es de apenas de .97% del total destinado a la Comisión Nacional del Agua. En el mismo sentido, los programas tendientes a la conservación de suelos y aguas, apenas representan el 2.47% del total para esta entidad.
Para efectos de conservación ecológica, principalmente para áreas naturales protegidas y estudios de contaminación atmosférica, la partida para el Instituto Nacional de Ecología, suma el 2.56% del total a la Semarnap.
Así las cosas, sentimos que los objetivos de sustentabilidad del Gobierno, están muy lejos de ser alcanzados.
Quisiera terminar diciendo que además de todo esto, encontramos contradicciones en lo que se refiere a esta partida. Me refiero a que en el programa de política y planeación ecológica, en su subprograma planeación, programación y presupuestación, en el tomo II, segunda parte del presupuesto, al Instituto Nacional de Ecología se les destina una partida de 57 mil 185 millones de nuevos pesos, mientras que en el tomo III para el mismo efecto, esto disminuye a 56 mil 985 millones. Esta diferencia ¿A qué se debe? Cómo podemos hacer para poder tener ese tiempo que nos permita revisar con cuidado y con atención la partida que se va a dedicar al desarrollo sustentable en nuestro país.
Por esta razón, considero que nosotros lo hemos decidido, con todo esto y lo anterior, votaremos en contra de este decreto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Salvador Becerra.
El diputado Salvador Becerra Rodríguez:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En 1943 el panista José María Gurría Urgel señaló: "podemos suponer sin esfuerzo la desaparición de todas las industrias sin que la humanidad perezca, menos la agricultura, pero faltando ésta todo estaría perdido". Gurría Urgel interrogaba: "si la agricultura es la base de todas las demás artes ¿Por qué las regiones agrícolas son más pobres que las industriales? ¿Por qué los poseedores del arte milagroso no son los dueños del mundo, sino los desheredados.
A varios decenios de estos señalamientos parece que nada en esencia ha cambiado o ha cambiado para mal. Ahora el 23% de la población de México vive en la zona rural, pero sólo genera el 7% del producto interno bruto nacional y el 70% de la población en la extrema pobreza vive o sobrevive en el campo.
La política gubernamental hacia el campo ha sido tan nefasta que en los últimos 30 años, oígase bien, en los últimos 30 años, la producción agropecuaria ha crecido a un ritmo menor que la población, a esto se debe que la producción percápita de granos y carnes en el año 1994 fue inferior a la de 1980. Al abandono del campo se debe que nuestra dependencia alimentaria del exterior llegue a niveles tan altos, como el 24% en granos, 18% en carne de cerdo, 22% en leche y 70% en aceites comestibles.
Hace poco más de un mes el Ejecutivo dio a conocer el programa alianza para el campo, que reconoce la pobreza de muchos productores y pretende lograr las transformaciones de fondo que el sector requiere. Por un mes tuvimos la esperanza de que el Gobierno de verdad hubiera tomado conciencia del fuerte apoyo que el campo necesita, pero al conocer la iniciativa de decreto del presupuesto de egresos para 1996, una vez más se esfumó la ilusión de que los campesinos alcancen niveles mínimos de bienestar en corto o mediano plazo; el raquítico gasto propuesto para el campo en 1996 está muy lejano de corresponder a las urgentes necesidades del sector.
El dictamen en discusión establece que el gasto total programable de la Federación en 1996 será 0.7% inferior en términos reales al de 1995, pero el presupuesto para la Secretaría de Agricultura, cabeza del sector, sufrirá una disminución mayor, ya que será 9.3% inferior al de 1995 y no es verdad, como se dijo hace un rato, que los mayores incrementos serían para la Secretaría de Agricultura.
El presupuesto asignado de ninguna manera indica que el campo sea prioritario, como lo dice el Ejecutivo, por el contrario, sigue con el retiro de apoyos al campo, como ha sucedido en los últimos 13 años.
En 1995 el presupuesto de la Secretaría de Agricultura representó el 5.15% del gasto total programable, proporción que bajará al 4.34% para 1996. El problema se agrava por la irracional distribución del gasto dentro de la Secretaría de Agricultura, ya que el gasto en administración se incrementará 13% en términos reales, mientras que el presupuesto de varias instituciones importantes se reducirá, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, que bajará en 3%; el de la Universidad Autónoma de Chapingo se reducirá en 8.3%; así como el de Boruconsa en 14%.
También será inferior el presupuesto de organismos tan prioritarios como Agroasemex en 17% y Banrural en 16%. Para 1996 Banrural financiará 1.4 millones de hectáreas, superficie muy inferior a los 5.5 millones de 1989.
El Partido Acción Nacional no puede aprobar un presupuesto de egresos represivo para el campo de México como el que hoy se discute. Es cierto que en las ciudades gritan ahora más que los trabajadores de la madre tierra, pero no debe olvidarse que en otras épocas el reclamo airado de los campesinos cimbró la tranquilidad nacional.
Hace largos 25 años Efraín González Morfín, como candidato de Acción Nacional dijo en Oaxaca: "La pobreza y la miseria en el campo de México son algo ya tan ordinario y frecuente, que parece destino fatal de gran parte de los campesinos". Y no se trata de una pobreza intolerable de los recursos naturales, no hay maldición natural en el campo de México y no debemos echar a la naturaleza la culpa por las que tienen que responder muchos hombres en México.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
En uso de la palabra, para rectificar hechos también hasta por cinco minutos, el diputado Eduardo Arias Aparicio.
El diputado Eduardo Arias Aparicio:
Señor Presidente; compañeros diputados:
El fondo de la discusión sobre el artículo 8o. no es únicamente lo incongruente que resulta la asignación a los diferentes programas de cada una de las dependencias con relación al objetivo que marca el Ejecutivo en la exposición de motivos de mejorar las condiciones de vida de la población mexicana. Este no es el fondo de la discusión, el fondo de la discusión compañeros diputados, por si no se han dado cuenta, es la forma en que la mayoría priísta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública les quieren hacer votar a favor de este artículo.
Por primera vez en muchos años la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública estaba obligada a ejercer claramente la facultad que le concede a esta Cámara de Diputados el artículo 74, es decir, el de examinar y analizar y aprobar el presupuesto de egresos, dado que por efectos de las modificaciones en la Miscelánea Fiscal, hubo necesidad de reasignar 4 mil 200 millones de pesos de las diversas partidas que en el proyecto de presupuesto de egresos había mandado el Ejecutivo y ¿Cómo resuelve esta responsabilidad la mayoría priísta de la Comisión de Programación y Prespuesto? Abdicando de esta responsabilidad y abdica por lo siguiente.
En el artículo 8o. textualmente dice: "las erogaciones previstas para las dependencias en el año de 1996 importa la cantidad de 128 mil 460 millones de pesos para lo cual se habrá de realizar una reasignación de recursos a partir de los siguientes montos máximos de referencia; y luego en el transitorio le da un mandato fíjense bien, le da un mandato al Ejecutivo que dice: "El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría deberá efectuar los ajustes a la asignación del gasto autorizado en el presente decreto". ¿Qué es lo que está haciendo la Comisión? Le está diciendo al Ejecutivo: haz lo que quieras, reasigna como quieras las diversas cantidades que te estamos poniendo aquí y nada más infórmanos en 90 días, eso es lo que está haciendo la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y que quiere que todos nosotros lo aprobemos. Señores, nuestra responsabilidad es analizar el presupuesto, es definir cómo deben de ir asignadas las partidas y no volverle a dar carta blanca, un cheque en blanco al Ejecutivo.
En repetidas ocasiones en esta tribuna hemos insistido en que la Comisión de Programación, Presupuesto no tiene ni la información ni el tiempo necesario para hacer un análisis consciente del proyecto de presupuesto y sin embargo, se han opuesto terminantemente a hacer cualquier modificación para que podamos estar informados de cómo se está llevando a cabo este presupuesto.
Por eso compañeros, por esta abdicación de la responsabilidad y por esta sumisión que tienen los miembros priístas de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública no podemos votar a favor de este artículo 8o.
El Presidente:
Para referirse al artículo 9o., se concede el uso de la palabra al diputado Kurt Thomsen D'Abbadie.
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie:
Señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:
Antes de entrar en materia, quiero referirme a lo que varios diputados del PRI han manifestado en esta tribuna en el debate del día de hoy. Se ha dicho que el dictamen ha sido producto de un análisis exhaustivo en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; efectivamente, tenemos como dato positivo el que se ha recurrido a la comparecencia de las distintas autoridades que componen las secretarías del presupuesto, eso ha sido positivo, pero el dictamen que estamos discutiendo no fue discutido de ninguna manera en el seno de la comisión.
Yo quiero manifestar mi absoluta inconformidad porque a los miembros por lo menos del Partido Acción Nacional integrados a esa comisión, no fuimos convocados para discutir este dictamen.
Hemos apartado para hablar en contra, el artículo 9o. del proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio de 1996, contenido en el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y que se refiere al ramo 22, órganos electorales, en razón de que consideramos excesivo su importe, máxime cuando que se refiere a un año en el que no se tendrán elecciones federales.
Tenemos que insistir en lo anterior porque cuando la crisis económica que padece el país llega a los niveles actuales, creemos que no hay otro camino para la recuperación que la austeridad en el gasto público y en particular en el gasto corriente y si bien, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral que son los que comprende el ramo 22 son organismos de los que en la actualidad no se puede prescindir, también es cierto que en 1996 no se prevé mayor gasto de inversión como para pensar que su ejercicio sea necesario para reactivar la economía y sí, por el contrario, tomando como ejemplo sólo al Instituto Federal Electoral por representar aproximadamente el 88% del presupuesto del ramo, encontramos que de 1 mil 260.6 millones de nuevos pesos que se le asignan, 693 mil 7 millones, o sea, más del 55% corresponden tan sólo a las partidas de servicios personales y servicios generales y que el financiamiento a partidos políticos, que es de 353 mil 8 millones de nuevos pesos, equivale al 28%, es decir, en su conjunto estas partidas representan el 83% del presupuesto total del IFE.
Todo ello nos indica que no existe en este presupuesto la austeridad necesaria para estos tiempos. Es por esta razón que solicitamos se reduzca la asignación total, pues la comisión no modificó en nada la propuesta de la Secretaría de Hacienda, que nominalmente es superior al ejercicio de 1995 en un 23.8%, aún cuando en términos reales se reduzca tan sólo en un 5.6%.
Para fundamentar nuestra posición, señalaremos únicamente tres aspectos del presupuesto que nos ocupa, que a nuestro juicio no justifican el mismo y que son las siguientes:
1o. Reducción del aparato institucional.
De todos es conocido que desde que se creó el Instituto Federal Electoral, se pensó que paulatinamente se iría reduciendo en su estructura, comparada ésta con la inicial, por razones obvias, hasta quedar del tamaño mínimo necesario; sin embargo, el presupuesto para 1996 no revela nada de esta tendencia, ya que aún cuando se prevé reducir 728 plazas, esta reducción es en comparación con el total que se tuvo en el trienio 1993-1995, siendo que por ser 1994 año de elecciones federales, se requirió de un buen número de empleados temporales.
El monto global del presupuesto para el ramo 22 es de 1 mil 566.6 millones de nuevos pesos y ni siquiera contempla los trabajos preliminares ni la adquisición del equipo necesario para los listados nominales con fotografía, que la experiencia nos ha recomendado implantar.
El PAN ha insistido en que se incluya una partida para este efecto y no queremos que en su oportunidad se deseche este programa por falta de presupuesto o alegando falta de tiempo.
2o. Servicios personales.
El presupuesto del Instituto Federal Electoral aprobado por su Consejo General, asciende a 1 mil 215.1 millones de nuevos pesos y en él se incluye la partida de servicios personales por 280.1 millones; sin embargo, la Secretaría de Hacienda incrementa esta partida en 45.5 millones de nuevos pesos, por previsiones salariales, para llegar a un presupuesto total de 1 mil 260.6 millones de nuevos pesos.
Con lo anterior, el presupuesto de órganos electorales, es decir, que incluye al Tribunal Federal Electoral, llega a 1 mil 432 millones de nuevos pesos, suma a la que Hacienda todavía aumenta 134. 4 millones de nuevos pesos del ramo 23, que equivale casi a un 10%, exactamente a un 9.38%, haciendo un gran total de 1 mil 566.6 millones de nuevos pesos.
3o. Financiamiento público a partidos políticos.
Esta partida asciende a 353 millones, como ya se indicó. El renglón de actividades electorales se distribuye, de acuerdo con la ley, a razón de un 20% el primer año después de la elección que es 1995, de un 30% el segundo de 1996 y de un 50% para el tercero, 1997. Consecuentemente para el año que estamos analizando, corresponde el 30%, pero también de acuerdo con la ley, a partir de la segunda anualidad el Consejo General del IFE tiene la facultad de incrementar este renglón del financiamiento "según lo estime necesario y tomando en consideración los índices de inflación que determine la autoridad competente", dice la ley, por lo que al 30% que corresponde consideró necesario "incrementar un 34.4% más al 30%". ¿No es excesivo este porcentaje? ¿Qué no las autoridades hacendarías nos han venido insistiendo en que la inflación del 1996 se estima en un 20%.
Si el financiamiento se ejercerá en el 1996; ¿No sería aconsejable considerar sólo la inflación estimada en atención a la crisis económica que vivimos.
El 30% en este renglón sería del orden de 107 millones de nuevos pesos y sin embargo, la propuesta lo eleva a 144 millones.
El renglón de financiamiento por actividades generales, que debiera ser de acuerdo con la ley por 35 millones de nuevos pesos, se propone por 62.5 millones de nuevos pesos, es decir, un 75% más y sin ninguna consideración.
Para el desarrollo de los partidos políticos se proponen 32 millones de nuevos pesos, cuando que lo que debiera ser, de acuerdo con lo establecido en la propia ley serían 17.9 millones de nuevos pesos o sea que ese renglón se incrementa en un 80%, igual que en el caso anterior, sin mediar ninguna consideración o explicación de la razón de haber calculado las cantidades señaladas en ambos renglones, en lugar de lo que resultaría de haberse observado la ley.
Insisto en que estos dos últimos apartados de los financiamientos, actividades generales y desarrollo de los partidos políticos, no tienen ningún fundamento en la ley el haber incrementado lo que se establece en el Cofipe.
Independientemente de todo lo anterior, en el dictamen se debió recomendar a la Secretaría de Hacienda, formular en lo sucesivo los presupuestos en forma tal, que sean accesibles a toda la ciudadanía, pues la forma tradicional observada hasta el presente es sumamente compleja y sólo entendible por peritos en la materia y aún así, se puede observar que en el capítulo que me ha tocado analizar en esta intervención, existe una incongruencia en el dictamen, que señala para los órganos electorales el presupuesto asigna 1 mil 567 millones de nuevos pesos, mientras que en el proyecto de decreto, en su artículo 9o. se dice que es de 1 mil 432.2 millones de nuevos pesos para el ramo 22, sin aclarar que la diferencia, posiblemente según yo deduzco, se encuentre incluída en forma global en el ramo 23 a que ya he hecho referencia al tratar lo relativo a servicios personales, es decir que para analizar a detalle el documento, se necesita estarse refiriendo a los distintos anexos que lo integran para llegar a una cantidad.
No desconozco que para este cambio se requiere modificar el sistema de contabilidad, pero es preferible llegar a la simplificación tan pregonada por Hacienda y no que sólo unos cuantos puedan decifrarlo.
Por todo lo anterior, el Partido Acción Nacional votará en contra de este artículo y solicitamos a ustedes, señoras y señores legisladores, también su voto en contra, ya que se requiere una modificación de fondo en ese artículo, aún cuando consideramos difícil su cambio a estas alturas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Ignacio González Rebolledo.
El diputado Ignacio González Rebolledo:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ha llegado hasta nosotros el Partido Acción Nacional a impugnar el presupuesto aduciendo que es elevado el destinado a los órganos electorales y concretamente al Instituto Federal Electoral. Tenemos que ser sinceros y decir que el monto total de los recursos presupuestados para 1996 es nominalmente igual al originalmente aprobado para el ejercicio de 1995, excepción hecha de unos 177 millones de nuevos pesos destinados fundamentalmente al incremento de sueldos a empleados.
Tan es así, que si hacemos una comparación del presupuesto de 1995 con el presupuesto sometido a esta consideración, de 1996, resulta que hay un decremento, tomando en cuenta la inflación, de 13.7%.
Vamos a analizar brevemente el por qué es necesario que el IFE cuente con este presupuesto. El 30.6% de los recursos se aplicarán al programa de prerrogativas y partidos políticos. Este concepto de gastos se ha visto incrementado en un 73% respecto del gasto ejercido en 1995. Representa un incremento de un 50% respecto de 1995, más otro 48% tomando como base los datos del índice nacional de precios al consumidor estimados a diciembre del presente año en ese porcentaje.
Otro rubro muy importante es el de gastos que representa el 38% del presupuesto de 1996 del IFE, referido al Registro Federal de Electores para la realización de sus diversos programas. Ello va a dar una respuesta a las demandas reiteradas de la autoridad y de los partidos políticos, de contar con instrumentos electorales plenamente confiables y permanentemente actualizados.
Toda vez que en el mes de noviembre de 1996 se inicia el proceso electoral que culminará en agosto de 1997, resulta...
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie (desde su curul):
Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al orador.
El Presidente:
Señor diputado ¿Acepta usted una interpelación del diputado Kurt.
El diputado Ignacio González Rebolledo:
No señor Presidente. Quiero explicarles la razón, quiero que me lo permitan.
Nosotros fuimos, junto con el diputado Peniche Bolio, por ejemplo, aquí presente y Miguel Hernández Labastida, integrantes de la XLVIII Legislatura. Efectivamente, hace mucho tiempo, pero eso nos llena de orgullo porque por lo pronto, nosotros ya llegamos a esta edad, ustedes quién sabe.
En aquella época eran otras las formas en las cuales llevábamos a cabo el debate y yo no ignoro la intención de las interpelaciones, las entiendo perfectamente bien, nada más que alguien quiere rebatir, o debatir, que venga a esta tribuna y que lo haga y lo haremos con mucho gusto.
Yo quiero de esta manera rendir un cálido homenaje a quienes en aquella época eran los coordinadores de las fracciones parlamentarias, fundamentalmente Jorge Cruickshank García, ya fallecido, el general Barragán, ya fallecido y don Juan Landerreche Obregón, por parte de Acción Nacional. Ellos, fundamentalmente, en unión de don Octavio Sentíes nos hicieron entender otra forma de llevar a cabo la práctica parlamentaria. No acepto, en memoria de ellos, ninguna interpelación porque son ustedes testigos de que no hago ninguna porque me parece, una cuestión muy particular, ofensivo interrumpir a un orador.
Gracias, señor Presidente.
Toda vez que en el mes de noviembre de 1996, se inicia el proceso electoral que culminará en agosto de 1997, resulta necesario reforzar la campaña permanente de actualización del padrón electoral a efecto de abatir el fenómeno de desactualización del mismo.
Debe recordarse que la campaña anual intensa de actualización del Registro Federal de Electores, implica la instalación y operación masiva de módulos, de fotocredencialización y la expedición de credenciales para votar con la fotografía correspondiente, lo que implica la contratación de personal necesario para la realización de tales actividades, entre otros rubros.
Otro programa de capital importancia es el de redistritación en que por mandato constitucional y legal habrá de realizarse una nueva distribución poblacional y geográfica de los 300 distritos electorales del país.
La Constitución y la ley ordenan que para las elecciones de 1997, debido a los cambios demográficos y poblacionales del país, debe realizarse una una nueva división de dichos distritos.
La ley dispone que las juntas locales y distritales ejecutivas del IFE, son órganos permanentes.
El número de juntas locales y distritales en el país es de 332, por lo que el proyecto de presupuesto considera los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento y operación.
Debe pensarse que para el mes de noviembre de 1996, se habrán de reintegrar necesariamente, reintegrar, los consejos locales y distritales de carácter temporal, que son en igual número que las juntas locales y distritales por lo que se habrá de desarrollar el proceso electoral de 1997, con las consiguientes necesidades y requerimientos para el debido funcionamiento.
En síntesis, el proyecto de 1996, privilegia la ejecución de programas prioritarios como son el de prerrogativas y partidos políticos, el de actualización de los instrumentos electorales y el funcionamiento de los órganos desconcentrados, lo que se logra a costa de importantes reducciones en el gasto de administración del instituto.
Consecuentemente, la bancada priísta considera que los montos asignados al IFE son los adecuados y los invita a votar en favor del dictamen.
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Kurt Thomsen, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie:
Gracias, señor Presidente:
Yo definitivamente no considero ofensivo el hacer uso del reglamento para solicitar a un orador una aclaración de sus conceptos. Si el diputado que me antecedió en el uso de la palabra lo considera ofensiva, allá él, el reglamento lo establece y es un derecho que tenemos todos los diputados.
El incremento que se refiere al financiamiento de los partidos políticos, no aclaró él a cuáles partidas de este financiamiento es el que se menciona, porque yo, en la intervención que tuve, sí mencioné muy claramente que el financiamiento en actividades electorales está previsto su incremento en los términos de la ley; considero que es excesivo, se podra haber considerado un porcentaje menor y no el 34% que representa, aun cuando él dice que es el 48%, yo calculo nada más el 34%.
Las otras dos partidas del financiamiento público no tienen ninguna base legal para incrementarse más allá del porcentaje señalado muy claramente en la ley, que es el 10% en actividades generales y el 5% para el desarrollo de los partidos políticos.
En cuanto a la actualización del padrón electoral, pues eso está marchando desde que terminaron las elecciones en 1994, no tiene que ver ningún incremento ni ninguna asignación mayor del presupuesto a este renglón porque ya está trabajando y la mayor parte del trabajo de la actualización ya se realizó y únicamente se pondrá al corriente con los movimientos que se vayan presentando.
En esas condiciones, sigo considerando que es excesiva la partida para el Instituto Federal Electoral y que debe de modificarse.
El Presidente:
Hasta por cinco minutos para ratificar hechos se le concede la palabra al diputado Javier González.
El diputado Javier González Garza:
Gracias señor presidente.
Evidentemente estamos discutiendo uno de los presupuestos, seguramente el presupuesto más reducido per capita de los últimos años. Nos parece fundamental que en un año como el que se avecina, en el que sabemos todos que vamos a tener una crisis de los salarios y de los servicios, pensamos que órganos que han funcionado con un aparato burocrático, en muchos casos funcionando mal, deberían de ser los órganos a los que deberíamos de hacerles recortes presupuestales.
Me parece que ese presupuesto que es por cierto más grande que el presupuesto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de Turismo o la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy no se justifica. En primer lugar, es un año que no es un año electoral, todos sabemos que vamos a tener un problema de redistritación, pero esto no tiene que ver con el asunto fundamental que significa tener el padrón, porque se puede resolver de otra manera.
Hoy lo que tenemos es un monstruo burocrático al servicio del fraude, ese es el problema y le vamos a dar un presupuesto enorme, cuando no conocemos los programas a desarrollar.
Tenemos efectivamente muestras, hechas junto con el Registro Federal de Electores, que nos muestran que el padrón en algunas entidades de la república, como es Michoacán, están mal en más de un 40%. Todos sabemos que eso se podría corregir y no se hace. Nos parece absolutamente innecesaria una cantidad de esa naturaleza para los trabajos que se van a realizar este año.
Proponemos que ese presupuesto se reduzca drásticamente en un 50% y ese 50%. Vaya al presupuesto de Educación. Nos parece que estos órganos deberían de estar, órganos burocráticos, en este año absolutamente restringidos y pasar ese presupuesto a otras actividades que son absolutamente necesarias e imprescindibles para el país; por lo tanto, nosotros estamos en contra de este presupuesto para organismos electorales.
Gracias.
El Presidente:
Para referirse al artículo 12, se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Curi Pérez Fernández.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:
Señor Presidente; diputadas, diputados:
El artículo 12 del dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1996 prevé el gasto de diversas entidades del sector público que desde hace años han sido consideradas estratégicas y de una o de otra manera pese a los embates del neoliberalismo han continuado en manos del Estado.
Ciertamente, algunas de ellas han reducido en alguna de sus partes la participación estatal, otras están en el proyecto de desincorporarse como es el caso de Ferrocarriles Nacionales o Aeropuertos y Servicios Auxiliares en un plazo un tanto mayor y otras han sido parcialmente separadas en algunas de sus partes y esta fragmentación se ha dado en algunas de ellas como es el caso de Conasupo. Es, digámoslo así, en la parte presupuestal, el área en donde se ha manifestado la tendencia privatizadora de los regímenes de los últimos tiempos.
En este sentido también, como fue motivo de discusión aquí, hace poco tocamos un hecho importante que trata de modificar el estado que guarda una de estas entidades: el Instituto Mexicano del Seguro Social y evidentemente también abarca este artículo lo que corresponde a lo que se le podría calificar como "El cuarto de máquinas de la República" que sería la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. En este caso también, dos áreas que han sido o que han pretendido ser fragmentadas como es el caso del área de generación, en lo que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad y recientemente la intención de la venta de la petroquímica secundaria en el caso de Petróleos Mexicanos.
El presupuesto que se presenta en esta área es, por definición de la política económica aplicada, un presupuesto que busca restringir el gasto del Gobierno en estas actividades, es decir, hemos visto que de unos años para acá, no es motivo necesariamente de este presupuesto, hemos tenido la tendencia de retraer el Estado de estas actividades y esto implica una retracción también en cuanto se refiere a pesos, se prevé, evidentemente en términos gruesos para este próximo año, limitar más los presupuestos de estas entidades en términos reales, excepción hecha de algunos casos que citaremos a continuación.
Muchas de ellas mantienen de hecho el presupuesto del 1995 o lo incrementan en una medida que no corresponde a la inflación prevista para el próximo año, quizá mucho menos a las expectativas de crecimiento del año que entra y obviamente, no está en concordancia desde lo que varios puntos de referencia nos han hecho notar a través de diferentes opiniones calificadas en asesorías y en el sentido de que se podría esperara una inflación en una mayor medida que la que el Gobierno está planteando Así pues, este artículo que tiene que ver con todas estas empresas, toca fibras muy sensibles de la economía nacional y evidentemente compromete la capacidad de prestación de servicios de muchas entidades y evidentemente también, la capacidad de operación y puesta en marcha de una serie de programas y de obras que son fundamentales en el corto, pero sobre todo, en el mediano plazo para mantener el ritmo del crecimiento del país el próximo año y esperemos en lo sucesivo.
Respecto a las entidades del sector energético nacional, es particularmente delicado que se restrinja el desarrollo en diversas áreas que, como dije en el mediano plazo, pueden representar un cuello de botella que congestionará el desarrollo de la economía nacional.
Bien sabemos que sobre todo en el sector energético, es indispensable prever el crecimiento de este sector, saliéndole adelante al crecimiento nacional en diversas áreas. Si no se prevé este crecimiento, podemos tener un año muy bueno en dos o tres años más, pero pudiéramos tener incapacidad de generar la energía eléctrica que diversas áreas de la industria demandarán en ese momento por ejemplo. Simple y sencillamente porque una obra que debiera de empezar a construirse a partir de hoy, no se empieza a construir en este momento.
Hay que recordar que a partir del régimen de Miguel de la Madrid, se cortó de tajo la expansión de Petróleos Mexicanos restringiendo severamente el presupuesto y sobre todo la inversión.
Esto aunado a un cargo fiscal excesivo que Hacienda aplica a esta empresa, al quedarse con 61 centavos por cada peso que recibe, ha dejado a Petróleos Mexicanos en un estado más que de operación de supervivencia. Esto suprimió la perspectiva de desarrollo en una gran cantidad de proyectos de Petróleos Mexicanos durante largos años y quedaron bastante abajo de lo que se requería crecer las áreas de gas, de petroquímica y particularmente de refinación.
Esta tendencia en el actual presupuesto se mantiene, es decir, no tenemos una aceleración en la medida que se requiere para que estas áreas abandonadas durante muchos años pudieran volver a estar en el nivel que les corresponde. Hoy, no obstante el descuido y la retracción deliberada del Gobierno en la petroquímica por ejemplo, ésta se mantiene operando en números negros y en refinación curiosamente el día de hoy en este año, somos y varios años atrás, hemos venido importando gasolina desde 1987 hasta nuestros días.
En este año, de acuerdo a las cifras del informe presidencial, estaremos hablando de 57 mil 100 barriles diarios de gasolinas importadas, es tan cuestionable vender lo que deja ganancias para el país, como también es equivocado retraer el gasto en refinación, porque es esencial para el desarrollo de muchas actividades y es inadmisible que un país petrolero como México, dependa de la gasolina que le vende un país al cual nosotros le vendemos la mayoría de nuestro crudo. Son de las paradojas que tiene nuestro sistema económico.
En 1998, con la puesta en marcha de legislaciones ambientales más estrictas concretamente en enero de 1998, nuestro país tendrá que abandonar el uso de combustóleo en una gran cantidad de plantas termoeléctricas y Pemex tiene que definir desde este momento, la creación de una serie de partes en cada una de las refinerías que tiene, para poder hacer que este combustóleo se le quite el alto contenido de aceite que tiene, de azufre que tiene. Si no se prevé esta situación, nosotros podemos, en el corto plazo, tener el combustóleo porque es un elemento natural derivado de la refinación sin las posibilidades de utilizarlo en ningún sentido.
Las refinerías que deben de cumplir el propósito de refinar gasolina, que ya la estamos importando, como decíamos, desde hace años y de darle una utilización a este combustóleo, mejorándolo, si no tiene el suficiente dinero el área de refinación de Petróleos Mexicanos, nosotros vamos a tener, por una parte que seguir importando gasolina y por la otra parte, tener que quedarnos con una gran cantidad de combustóleo que se está produciendo en México. Ambas cosas representan, en términos económicos, una pérdida cuantiosa para nuestro país, en los dos o tres años próximos, si es que esto se desarrolla en este mismo sentido.
La Comisión Federal de Electricidad, que de por sí tuvo bajo su presupuesto en 1995, se le reduce el gasto de inversión otro 13.9% en términos reales para 1996. Esa disminución de 13.9% aunque sea en el papel, sin considerar la inflación, se habla de un incremento de cerca del 13% éste se aplicará básicamente en el área de trasmisión y distribución.
El área afectada del subsector eléctrico es la generación de electricidad, a la que normalmente le correspondían dos terceras partes del presupuesto de la entidad. Esto se abandona totalmente ahora en el presupuesto para dejarlo en manos privadas. Aquí yo quisiera hacer una reflexión puntual:
En este año, en el que se retrajo el Estado en materia de generación, para dejar que la iniciativa privada participara en proyectos de generación, la iniciativa privada no ha puesto hasta este momento, un solo quinto en ningún proyecto de generación de energía eléctrica. Y este hecho implica que tenemos un año de retraso en los proyectos de alta generación de electricidad y que por supuesto, si esto no se corrige, tendremos el próximo año también, un retraso por no iniciar los proyectos que es indispensable que se lleven a cabo en materia de generación. De hecho, este problema puede representar, en cuatro o cinco años, un congestionamiento de tal magnitud que pudiera significar el paro de actividades en la industria mexicana, si no prevemos alternativas para que pueda desarrollarse el sistema eléctrico nacional, no exclusivamente sobre la base de la generación de energía eléctrica de empresarios privados que por el momento, por diversas razones no tienen interés en invertir en esta área.
Por todas esas razones, podemos considerar que de acuerdo al problema que se presentó en materia de tarifas eléctricas, que bien sabemos ha sido una fibra muy sensible a nivel nacional y que la tarifa eléctrica no se corresponde con el precio del kilowat-hora, esto ha ocasionado que haya también una retracción en el interés de los particulares en invertir en este sector. El interés del inversionista, aunado también con la complicación del financiamiento, han agravado la situación de la participación privada en esta área.
Equiparar el costo de la electricidad con la tarifa, es uno de los problemas fundamentales que difícilmente se puede resolver en el corto plazo, pero que va a incidir directamente en que no haya inversión privada en la generación de energía eléctrica. Esto se traduce en otro año más de no crecimiento del sector eléctrico.
Las inversiones privadas que se esperan para la construcción de plantas eléctricas, corren el riesgo de no producirse, por lo menos, mientras se mantengan las condiciones que aquí se establecen, si el presupuesto tampoco considera la inversión en plantas de generación, tendremos otro año sin inicio de plantas eléctricas y tendremos previsiblemente un problema en el mediano plazo en el país.
Hay que considerar que la demanda de electricidad ha tenido un crecimiento ininterrumpido en los últimos años, del orden del 6%. Mientras prácticamente la economía del país está parada, el sector eléctrico ha crecido 3.4% este año; es la única área del Gobierno en donde ha habido un crecimiento importante. La única área de la economía, perdón, en donde ha habido un crecimiento. Quiero decir que el sector eléctrico ha desarrollado y tiene una constante a lo largo de los últimos 10 años de crecimiento que no podemos parar. El presupuesto que hoy se presenta aquí no considera la suficiente cantidad de recursos para echar a andar en materia de generación el desarrollo en materia de electricidad que requiere nuestro país. De hecho, los apoyos económicos que se dan se van a restringir casi en forma exclusiva a lo que sería transmisión y distribución.
Hay, pues, un criterio inmediatista, preocupado por hacer participar a la iniciativa privada y en un afán de retraer el Estado en áreas fundamentales para la salud de la República. Este hecho es fundamentalmente preocupante y evidentemente puede ocasionar un problema que puede tener un costo imposible de cuantificar en este momento. Pensemos hoy que los costos a pagar, de no modificarse un criterio presupuestal que permita la incorporación de un presupuesto en el que el Gobierno participe también en la generación de energía en este año, puede ocasionarnos un grave problema en el futuro.
Tenemos que pensar en que hay que modificar la idea, el criterio y por supuesto, también considerar los montos; todavía hoy estamos a tiempo.
El Presidente:
En uso de la palabra el diputado Manuel Beristáin Gómez.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Partiendo de un análisis objetivo de cada uno de los renglones que integran el artículo 12 de la iniciativa del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996 y que el día de hoy se pone a consideración de este pleno para su discusión y en su caso, rechazo o aprobación.
Cuando hablamos de empresas paraestatales tales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V., Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Ferrocarriles Nacionales de México, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Comisión Nacional de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos y otras, inmediatamente los relacionamos con los graves problemas de corrupción e impunidad de muchos funcionarios que a lo largo de la historia de estas empresas paraestatales, han pasado como directores o funcionarios y que abusando de la confianza en la dirección y administración de las mismas, que se les ha conferido, se han enriquecido en forma deshonesta, que equivale a robarle dinero al pueblo de México, ya que se trata de recursos públicos que todos los mexicanos aportan para hacer posible el funcionamiento del Gobierno Federal en su conjunto.
También la historia de las paraestatales nos demuestra que en forma permanente la designación de todos y cada uno de los funcionarios, desde el director hasta los niveles intermedios del equipo administrativo de las mismas, se ha hecho con un solo criterio, que es el criterio político. Este criterio político principalmente beneficia al familiar, al ahijado más cercano, por aquello de su padrino; al compadre querido o al amigo leal e incondicional, en lugar de buscar al director o funcionarios adecuados con un perfil profesional amplio, que sea el que reclame cada uno de los puestos que integran los órganos de administración de estas empresas paraestatales, exigiendo a cambio eficiencia, productividad y resultados, independientemente de establecer los controles administrativos necesarios para evaluar el resultado de cada una de las empresas de este tipo.
Además, un criterio de exigencia más allá de lo que en la empresa privada se pudiera dar, ya que es más delicado el manejar recursos públicos que recursos privados y es más delicado hacerle un mal grave a toda la sociedad en su conjunto que a una parte de ella y como consecuencia provocar en forma consuetudinaria que los gobernados hoy manifiesten una absoluta desconfianza en las instituciones porque directamente las paraestatales forman parte del aparato público de Gobierno en nuestro país y de las propias instituciones.
Lo señalamos sin el ánimo de radicalismos políticos, pero baste mencionar algunas paraestatales que tienen la responsabilidad de otorgar el servicio de seguridad social, tanto a burócratas como a trabajadores de la industria en general. En estas dependencias que son el ISSSTE y el IMSS se han generado un disgusto generalizado de los derechohabientes que reciben los malos servicios de estas entidades, independientemente de la falta de calidad de los servicios, existe un cuadro de medicamentos no adecuado, una atención por parte de los servicios paramédicos y administrativos de carácter despótico, indiferente, de falta de humanismo sobre todo y tan necesario en estos servicios que atienden el renglón salud.
Además, los graves problemas de corrupción desde el personal que no presta realmente sus servicios y que cobra su sueldo sin haberlo devengado, funcionarios que reciben compensaciones en alto rango de discrecionalidad y directores que, abusando de su cargo, se benefician o enriquecen de los recursos que manejan. El grave desvío de los fondos de pensiones que pusieron en jaque la viabilidad del propio IMSS.
Acción Nacional, a través de sus grupos parlamentarios en esta Cámara, ha sostenido que cuando el Gobierno Federal promueve la venta de paraestatales es cuando éstas han llegado a problemas límite y podemos mencionar a muchas de ellas que antes estaban en manos del Gobierno y que su situación de desequilibrio financiero lo obligaron a venderlos, varias de ellas como chatarra industrial, pero recordemos que estas empresas fueron administradas por el sector público tales como: Altos Hornos de México, Siderúrgica Nacional, ingenios como son La Primavera, Juchitán, San Pedro, San Francisco, etcétera, conjuntos Sicartsa, Fertimex, Planta Pajaritos, varios astilleros y otras paraestatales que en su total se privatizaron en el sexenio pasado y que por cierto, con esta venta de paraestatales se integró el fondo de contingencia y el cual no muestra ni ha mostrado hasta hoy con claridad que se hayan aplicado dichos recursos a la amortización de la deuda pública interna, ya que ésta, en lugar de disminuir su monto al 31 de diciembre de 1994 ese monto es mayor en comparación al que había antes de la venta de dichas paraestatales.
Esto lo hemos señalado en su oportunidad y lo seguiremos haciendo de tal manera que no se confunda que es muy diferente estar de acuerdo en las privatizaciones estimulando la inversión del sector privado, pero de ninguna manera aprobaremos que los fondos que se derivan de la venta de las mismas no sean aplicados y sobre todo, cuando hay un compromiso para pagar la deuda interna pública.
Asimismo señalamos, que esta venta , esta privatización, que no se haga con el interés de trasladar un monopolio público a un monopolio privado como sucedió con Teléfonos de México.
Hoy, observamos que después de muchos años que el PAN, ha venido señalando que Ferrocarriles Nacionales debió haberse privatizado en su tiempo, ya que año con año mostraba problemas de carácter financiero que se subsidiaron de recursos y que en lugar de resolver sus problemas esta empresa se rezagaba aún más en la renovación de su infraestructura, adquisición de nuevos equipos, modernización de sus instalaciones, sistemas administrativos, etcétera.
Por el contrario, desde 1910, sólo creció la red ferroviaria en 6 mil 500 kilómetros; es decir, en 85 años solamente se incrementó dicha red en menos de una tercera parte de lo que nos heredó la revolución mexicana. Es increible que una empresa como Ferronales haya roto el record mundial en lentitud para mover la carga y éste sea un promedio de 23 kilómetros por hora y que la cantidad de personal jubilado sea mayor que la cantidad de personal activo y aún en la actualidad esta empresa necesita presupuestar para 1996, 2 mil 057 millones de nuevos pesos como subsidio, de los cuales 889 serán para gasto corriente, 118 para pagar intereses y comisiones, 391 para amortizar pasivos, es decir que el 68% del subsidio se va a utilizar en estos renglones no productivos, no cabe duda que el tiempo pone a cada quien en su lugar y le otorga la razón a quien la tuvo y la sigue teniendo.
Podemos citar otra de las empresas paraestatales que año con año se ha convertido en una costumbre asignarle subsidios o transferencias de recursos públicos y me refiero a Luz y Fuerza del Centro. Para 1996, el presupuesto contempla la cantidad de subsidios o transferencias para apoyo de programas corrientes a Luz y Fuerza del Centro por la cantidad de 3 mil 428 millones de nuevos pesos, pero también esta empresa recibe subsidios en especie directamente de la Comisión Federal de Electricidad y para 1996, recibirá 28 mil 9 gigawatts hora, que equivale a un costo para producir esta energía de 650 millones de nuevos pesos y sumados al subsidio en efectivó hacen un total de 4 mil 086 millones de nuevos pesos.
Luz y Fuerza del Centro no puede continuar con este esquema operativo y de administración, ya que equivale a probar la ineficiencia, ineficacia, improductividad y negligencia en el manejo de las paraestatales de este tipo.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hoy dice a México no a este tipo de asignaciones presupuestales, no al presupuesto del 1996 asignado a este tipo de paraestatales y mucho menos cuando dicho presupuesto total de paraestatales representa, en 1996 el 26% del total de recursos presupuestados.
Si nosotros observamos, de 1994 a 1996, las diferencias asignadas a las paraestatales son las siguientes: entre 1994 y 1995 existe un 14%; entre 1995 y 1996 un 57% de incremento presupuestal al renglón paraestatales y si lo comparamos en 1996 con 1994, se va a un 79%.
Dentro de este grupo de paraestatales, se encuentra la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, conocidas por sus siglas como Conasupo, hoy la más popular de las paraestatales y precisamente no por haber resuelto la pobreza de las clases más necesitadas, sino por las presuntas conductas de corrupción de sus exfuncionarios y como dijo el viejo "nadie sabe, nadie supo lo que se perdió en la Conasupo" hasta que la comisión investigadora de esta paraestatal y sus filiales integrada por diputados de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara den cuenta al pleno de la misma de su trabajo de investigación.
En tiempo normal y con mucha mayor razón, en época de crisis, el Ejecutivo Federal debe hacer un esfuerzo extraordinario para reducir al mínimo el presupuesto de egresos, debe exageradamente cuidar el gasto público, si el ama de casa, el jefe de familia, el profesionista, el comerciante y hasta el industrial se han ajustado el cinturón, replanteando su tren de gastos y la mayoría de los mexicanos aun sacrificando hasta los gastos básicos de alimentación, vestido o educación, exigimos que debe de haber una congruencia absoluta entre el Ejecutivo Federal y los gobernados, en relación a presentarles un presupuesto modesto, de acuerdo a la situación de nuestro país, tratando de hacer más con menos recursos, haciendo más productiva y eficiente la administración pública y en especial las empresas paraestatales.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Gerardo de los Cobos Silva
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
En días pasados se sostuvo un gran debate sobre la seguridad social en nuestro país, tema que por su importancia causó una gran polémica y dejó seriamente cuestionada la nueva legislación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Hoy, no menos polémico, tratamos el Presupuesto de Egresos y en el tema específico del seguro social queremos manifestar lo siguiente:
Ya quedó claro para todos que la inviabilidad financiera del sistema de seguridad social está en peligro y que 1996 será un lapso difícil en esta área, como seguramente en todos los ramos.
Al respecto, no podemos dejar de señalar que no es coherente el planteamiento que se hace en este dictamen, al señalar como ingresos para 1996 la cantidad de 54 mil 645 millones de nuevos pesos, pues respecto de 1995, nos encontramos con una disminución del 10.07% en términos reales, lo cual nos hace pensar que el Instituto no podrá afrontar las metas que se le plantean, por lo menos, no con la calidad y atención que se espera por parte de los derechohabientes.
Para confirmar lo anterior ponemos el siguiente ejemplo: de los ingresos del Seguro Social, el rubro más importante es el de ingreso por cuotas y se estima que para 1996, por este concepto, se contarán con 44 mil 610 millones de nuevos pesos, lo cual comparado con 1995, nos lleva a una disminución del 9.4% en términos reales.
Lo anterior nos lleva a la necesaria consecuencia de eficientar al Instituto. Encontramos que tal vez ésta sea la intención al reducir el rubro de servicios personales, del 44.8% al 40.6%, respecto de los ingresos, pero todavía resulta ser un porcentaje muy alto y cuyo peso, contenido principalmente en las excesivas cargas del contrato colectivo de trabajo, mismas que no son pagadas por el Instituto, sino por la totalidad de los asegurados y en buena parte por el resto de los mexicanos.
No desconocemos la gran vocación de servicio de parte del cuerpo médico y enfermeras, así como de muchos trabajadores del instituto, pero ello se ve opacado por una serie de prácticas poco éticas en el manejo de los recursos y en goce de privilegios que atentan contra la utilidad social de la gran misión del Seguro Social.
También encontrarnos que en este presupuesto se pretenden ciertos incrementos en los servicios otorgados; cito el rubro DK, correspondiente a atención curativa que es el más importante en el gasto programable. En este punto se propone un incremento en consultas generales y especialidades, en un orden del 6% y 14% respectivamente, pero en contraste el egreso en este rubro disminuye en un 4.3% en términos reales.
Si a esto agregamos la disminución en términos reales del concepto sobre el gasto en servicios personales, vemos por un lado muy difícil cumplir las metas propuestas y por otro, la calidad del servicio seguramente se verá alcanzada por el decremento de los ingresos de los trabajadores en un 8.7% en términos reales.
Otras observaciones que podemos hacer a este presupuesto, es el hecho de que no se finca meta alguna en los rubros de administración, política y planeación de la seguridad social y política y planeación de la salud entre otros.
Finalmente, es preocupante observar que para 1996, el problema de desvío de recursos de un seguro a otro no está resuelto. El déficit de enfermedades y maternidad superior a los 2 mil millones de nuevos pesos y si el rubro de invalidez, vejez, cesantía y muerte lo recibe el Instituto Mexicano del Seguro Social, puede pensarse que el riesgo existe, máxime si vemos que en este presupuesto se prevé la construcción, ampliación y mejoras de inmuebles que por cierto no todos estarán dedicados a los servicios médicos.
La inviabilidad financiera producto de la inviabiliad administrativa, deja esperando a millones de mexicanos el tan prometido bienestar para su familia.
El Presidente:
En uso de la palabra el diputado Luis Antonio Godina Herrera.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:
Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Me ha tocado hacer uso de la palabra en esta etapa del debate sobre el presupuesto de egresos de la Federación para 1996, en torno al artículo 12 del proyecto de decreto que hoy discutimos.
Creo que las intervenciones anteriores se podrían sintetizar en tres grandes aspectos: lo que se refiere al sector energético, lo que hace al sector salud y lo relativo al apartado de subsidios y transferencias.
En relación con el sector energético, es hasta cierto punto evidente ¿cuál ha sido la trayectoria de la política energética del país? De un periodo de una muy rápida expansión, entre 1976 y 1982, se pasó a una consolidación de los logros alcanzados en ese lapso, que fueron logros importantes, una gran capacidad de exportación de petróleo. Se pensó en aquel programa nacional de energía de 1980, incluso, que a finales de esa década íbamos a contar con varios proyectos nucleoeléctricos, sin embargo, fueron metas no realistas y de 1982 a 1988 se plantea una política energética de distinto tipo. De entre 1988 y 1994 se plantea otra política energética que va en el sentido de ampliar y fortalecer con base en diferentes esquemas la plataforma del sector energético.
¿Cuáles han sido los resultados?, la economía mexicana, a pesar de su rápido crecimiento en algunos años, a finales de los 1970 y principio de los 1980 y el estancamiento relativo de los últimos años, ha contado con la energía necesaria para sustentar el proceso de desarrollo del país.
Actualmente se plantea primero mantener el abastecimiento del mercado interno, por un lado y por otro, a través de una intensa actualización del marco legal permitir la complementariedad de otros recursos en el desarrollo del sector.
Con la propuesta de gasto en materia de los componentes del sector energético, que son básicamente Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y los institutos de investigación del sector, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas entre otros, con todo este gasto que se busca canalizar en principio al apartado petrolero del sector energético, se permitirá producir 2 mil 846.8 miles de barriles diarios de crudo y 4 mil 297.7 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, que representan incrementos promedio de 4.6% y 11% respectivamente, en relación a 1995.
Para 1996 se plantea exportar un volumen de crudo de 1.5 millones de barriles diarios, es decir, se incrementa la plataforma de exportación de nuestro país, dado el relativo estancamiento del mercado interno, que permite contar con mayores excedentes y exportar crudo, que representa un crecimiento promedio de 1.4% respecto a 1995 y un precio de 13.25 dólares por barril.
En cuanto a las diferentes subsidiarias de Petróleos Mexicanos, tenemos una caída en el gasto que se refiere a Pemex corporativo, y un incremento muy importante en Pemex Exploración y Producción. Se está privilegiando la inversión y la canalización de recursos, de los recursos escasos que las diferentes fracciones parlamentarias hemos reconocido en esta tribuna, los recursos escasos deben canalizarse con tinos de precisión en los diferentes sectores y en las diferentes entidades y por eso es importante que Pemex Exploración y Producción tenga crecimientos de 38.5% en relación a 1994, en términos reales y de 10.6% en relación a 1995.
Se atienden con este gasto proyectos y programas en Pemex exploración y producción, en ejecución y nuevos desarrollos de campos, incorporación de reservas y evaluación del potencial petrolero, así como de mantenimiento de pozos e instalaciones, sistemas artificiales de explotación y la sustitución y mantenimiento mayor de ductos de recolección en las zonas marina norte y sur.
Eso justifica la canalización de recursos que se pone para Pemex, y en el mismo proyecto de decreto se incluye una serie de disposiciones, ya no recomendaciones, para que el gasto de las dependencias y entidades sea un mejor gasto.
Tenemos que mejorar la calidad del gasto, que se evaluen efectivamente los proyectos que se llevan a cabo en las dependencias y entidades y particularmente en las entidades que invierten. La evaluación de proyectos debe ser un tema recurrente en las diferentes acciones de las dependencias y entidades del Gobierno Federal.
En cuanto al presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, efectivamente se privilegia la inversión y la canalización de recursos en trasmisión y distribución, dado que ahí se ha identificado, según los diferentes diagnósticos y estudios, también realizados por especialistas, que están los principales cuellos de botella en este sector y que es importante romper y canalizar recursos para contar con mejores instalaciones y mejores redes de distribución y de trasmisión de electricidad.
En Luz y Fuerza del Centro evidentemente se requiere hacer un mayor esfuerzo en materia de eficiencia y de productividad, lo hemos aceptado, lo hemos platicado y lo hemos reconocido así en el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, tanto en las reuniones de cuenta pública, como en las reuniones para analizar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación.
La compañía de luz tiene que hacer un mayor esfuerzo para racionalizar sus estructuras para lograr indicadores de productividad, por lo menos similares a los de la Comisión Federal de Electricidad.
Pasando a lo que hace al sector salud y específicamente a dos instituciones importantes para el sector salud, como son el IMSS y el ISSSTE, yo quisiera entrar un tanto en los detalles a los que se refiere la discusión sobre la seguridad social, tuvimos un debate ya muy largo en torno a ello, pero sí en materia de gasto para 1996.
En ese sentido, el gasto corriente que se considera para el Seguro Social, se canalizará fundamentalmente a cubrir una nómina aproximada de 350 mil plazas, a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación y prestación de los servicios a una población derechohabiente estimada, como ya sabemos, en más de 34 millones de mexicanos y para el pago de 1.6 millones de pensiones y jubilaciones y el otorgamiento de 5 millones de subsidios y ayudas y 14 mil indemnizaciones en este instituto. Como se ve, son gastos ineludibles e importantes de realizar, independientemente de cuál sea el esquema de seguridad social. Las pensiones en el presupuesto de egresos de la Federación son sagradas.
Se dará inicio en materia de inversión física a la primera etapa a un plan muy importante para el desarrollo y la viabilidad del Seguro Social, que es la modernizacion de la informática del IMSS, entre 1996 y el año 2000, que permitirá mejorar el control del abasto, la distribución de bienes, la afiliación y vigencia de derechos y el posible cobro del SAR e Infonavit.
Con ello, el presupuesto para 1996, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, permitirá proporcionar servicios de salud curativa mediante el otorgamiento de 101 millones de consultas, es la meta estimada, la aplicación de 27.5 millones de vacunas, la detención y control de enfermedades trasmisibles mediante 2.6 millones de consultas, lo que mantiene la meta al menos de 1995. También se canalizarán recursos para la planificación familiar.
En cuanto a lo que se refiere al ISSSTE, los recursos que se plantea destinar a este instituto, están destinados a la operación de la infraestructura administrativa y hospitalaria que permitirá el funcionamiento de mil 203 unidades médicas, 358 tiendas y 132 estancias de bienestar infantil.
También en el ISSSTE y en el IMSS se requieren hacer importantes trabajos, avanzar en una modernización administrativa eficiente y eficaz que verdaderamente cumpla con el objetivo de atender con calidad y calidez a los derechohabientes.
Finalmente, en lo que hace a subsidios y transferencias, yo quisiera señalar que por primera vez en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por primera vez, se establece un capitulado por temas y hay uno específico sobre subsidios y transferencias que las define de manera precisa y que establece en qué se pueden canalizar transferencias y subsidios y qué no es posible que se lleve a cabo con esos gastos.
Y en los transitorios, que éste es otro logro importante de una Comisión de Programación y Presupuesto que trabajó de manera intensa a lo largo de estas semanas, es que en los transitorios, en el segundo transitorio, en la fracción V del segundo transitorio, se establece lo siguiente: introducir esquemas en la ejecución de programas que permitan reducir o eliminar los subsidios indiscriminados al consumo con criterios de equidad regional, en particular relacionados con el precio de la tortilla, las tarifas de electricidad y el precio del gas. Asimismo, se deberán reducir los subsidios destinados a cubrir los deficientes de operación.
Esta aportación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública es muy relevante para ejercer el gasto con mayor calidad. Es la preocupación de todos los miembros de la comisión, estoy cierto, de que el gasto se ejerza mejor, que se controle de manera adecuada y en este sentido, lo dispuesto en el artículo 12 da pie para que las entidades del Gobierno Federal cuenten con los recursos necesarios y el resto del articulado permite los instrumentos necesarios para que por un lado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público juegue el papel como controladora del gasto y la Cámara de Diputados, a través de la Contaduría Mayor, tenga un marco legal adecuado para poder fiscalizar, de manera eficaz y eficiente, el ejercicio de los recursos públicos que es nuestro deber como diputados federales.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos el diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez.
El diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
De acuerdo con el artículo 12 del proyecto de presupuesto de egresos para la Federación para el ejercicio fiscal de 1996, se le asigna a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares la cantidad de 7,482,497.800 millones. Dicho presupuesto es inferior en................ 1,417,876.200 millones, con respecto al presupuesto de 1995 que se autorizó por.......... 8,900,374.700 millones, lo que permitiría suponer que se están proponiendo medidas de austeridad, saneamiento y honestidad en el manejo de Conasupo, lo que desgraciadamente no sucede como lo podemos ver a continuación:
1o. La estrategia programática institucional se viene repitiendo año con año en cada presupuesto, sin que en ningún caso se cumplan los objetivos y metas que en los presupuestos se señalan, quedando dichas metas y objetivos sólo como buenos deseos.
2o. La estructura del gasto de Conasupo empera del presupuesto de 1995 al que se propone para 1996, ya que en el primero se señalan como ingresos propios 50 centavos de cada peso y como subsidio una cantidad igual. Sin embargo, para 1996, los ingresos propios bajan a 39 centavos de cada peso y los subsidios aumentan a 61 centavos. por cada peso, lo que es inadmisible, ya que este organismo lo que necesita es una adecuada organización y administración y de ninguna manera un aumento constante en los subsidios.
3o. En cuanto a despensas a distribuir por Conasupo, éstas se disminuyen drásticamente, al bajar de 2 millones 804 mil en 1995 a 1 millón 127 mil en 1996, lo que significa bajar en un 60% este servicio, cuando se ha aumentado sustancialmente el número de mexicanos sumidos en la pobreza extrema. Además, los costos por despensa bajan de 65.36 pesos en 1995 a 49.58 en 1996, con una reducción del 25% sin considerar la inflación del año de 1995, lo que de antemano podemos imaginarnos lo poco o nada que contendrán estas despensas.
4o. Durante los últimos años, la Contaduría Mayor de Hacienda ha presentado una serie de observaciones y recomendaciones sobre Conasupo que se repiten año con año, sin que se hayan tomado las medidas correctivas correspondientes y en su caso, las consignaciones por los varios ilícitos que los informes de la Contaduría Mayor de Hacienda han reportado.
En tal virtud, propongo se modifique la estructura de los ingresos de Conasupo disminuyendo los subsidios a este organismo a una proporción del 40% como máximo, se aumente el número de despensas, así como su contenido y que se implemente de inmediato, las medidas necesarias para la organización de Conasupo y sus empresas filiales y que igualmente la administración de estas empresas sean hechas en tal forma que se garantice la eficiencia, la eficacia y la honestidad en el manejo de los recursos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos también, se concede la palabra hasta por cinco minutos, al diputado Javier Viniegra Zubiria.
El diputado Javier Viniegra Zubiria:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
En el área de la salud y de seguridad social, se creó un llamado paquete básico, el cual pasa de 62 mil 034 millones de pesos en 1995 a 82 mil 551 millones en 1996, lo cual dice el dictamen que es, en términos reales, de 1.5% más.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tiene un presupuesto total de 14 mil 50 millones y se propone aprovechar racionalmente los recursos físicos y financieros para mejorar sus servicios a los derechohabientes. El presupuesto de egresos dice que esta partida al ISSSTE tiene varios objetivos que van desde el desarrollo de la investigación pasando por educación, capacitación y obviamente, la atención médica en sus diversos niveles, hasta la difusión cultural y la recreación del deporte y el esparcimiento.
Se nos indica que los ingresos y egresos para esta dependencia es exactamente igual sin que llame la atención el hecho de que en el transcurso del próximo año pueden existir factores que pudiesen afectar estos cálculos y más en estos tiempos de crisis en que cualquier cosa puede pasar.
Por supuesto, esto no parece afectar a los planeadores de la Secretaría de Hacienda y mandan a esta soberanía, para su aprobación, un paquete de egresos con sólo buenas intenciones, pero sin sustento real alguno, con muchas fallas y dejando sin protección a las personas que dicen proteger. Veamos pues algunas cifras. En el rubro administrativo el gasto programado es casi igual que el de 1995; en 1996 es de 1 mil 236 millones mientras que en 1995 fue de 1 mil 453 millones, esto es, un poco menos de 200 millones de pesos para este año, lo cual es aceptable, pero sigue siendo muy alto; además, queda compensado con el gasto administrativo que se le está dando al fondo de la vivienda del ISSSTE que es de 130 millones; en cambio, el gasto para la política y planeación tanto en seguridad social y salud es mayor.
En Acción Nacional pensamos que más que pasarse la vida planeando debemos actuar y actuar responsablemente.
En investigación médica hay un ligero aumento, pasando de poco más de 2 millones 900 mil pesos a 3 millones 69 mil pesos, lo cual sigue siendo muy reducido por la importancia que este tema tiene en la vida de cualquier país. Pero lo peor es en los rubros de atención médica, los cuales siempre han sido deficientes.
Este año el gasto programado en atención preventiva es menor, va de 700 millones a 266 millones; lo cual es verdaderamente insuficiente, ya que una institución predominantemente con fines médicos se le reduce el presupuesto para la prevención de enfermedades en casi 500 millones de pesos, aunque aumente muy ligeramente en la atención curativa de 2 mil 872 millones a 2 mil 986 millones 400 mil pesos, que en realidad es un decremento en términos reales.
Señores: es más importante prevenir que curar; y qué podemos decir de la vivienda, que además en el año de 1996 está separada del presupuesto del ISSSTE y viene como entidad independiente. En este rubro vemos que el presupuesto de 1995 fue de 37 millones, mientras que para 1996 los gastos directos a mejoramiento de vivienda es sólo ligeramente mayor, apenas poco más de 8 millones de pesos, pasando de 37 millones a 46 millones de pesos, que en términos reales representa un decremento de 6.4%.
Me pregunto: ¿Cómo puede ser posible que con este presupuesto en 1995 se haya proyectado mejorar 4 mil viviendas y con el presupuesto actual que en términos reales es menor, se piense en rehabilitar 32 mil viviendas? ¿Acaso este año serán más eficientes.
Por otro lado, el dictamen dice que para lograr sus objetivos el proyecto de presupuesto llevará a cabo, entre otras, las siguientes líneas de acción: aumentar y promover la inversión productiva hacia las actividades estratégicas de mayor beneficio económico y social con lo cual se propone que el gasto de inversión física del sector público tenga un crecimiento real de 3.9%.
Por favor, esto no puede ser posible, es verdaderamente inmoral que se presuma de eficiencia y de que se piense en lograr unos objetivos para que el derechohabiente pueda vivir mejor ¿Es esto el bienestar de su familia? Sin embargo, los números dicen totalmente lo contrario, se sigue manteniendo un sector burocrático muy abultado y al ciudadano común y corriente se le excluye y se le dan migajas.
Pensamos que se deben dar más recursos al área de salud y de seguridad social al igual que el de vivienda, ya que si en realidad deseamos salir de esta crisis, necesitamos ciudadanos sanos y productivos que puedan trabajar en forma ordenada y no sólo personas que apenas puedan sobrevivir.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para referirse en una sola intervención a los artículos 14, 18 y 29, se concede el uso de la voz al diputado Graco Ramírez Garrido Abreu:
El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:
Señor Presidente:
Estoy sumamente emocionado porque pensé que este momento jamás iba a llegar. Hay algunos que ni siquiera piensan ¿Verdad.
Compañeras, compañeros: yo creo que podríamos señalar acerca de los artículos 14, 18 y 29, que en nombre del presidencialismo se siguen cometiendo muchos crímenes.
El proyecto de decreto del presupuesto de egresos para el año que viene, se siguen observando disposiciones para que el Ejecutivo Federal conserve amplias facultades discrecionales.
En el artículo 14 que autoriza para el ramo 23, que antes se denominaba no sectorizable y ahora se denomina: "provisiones salariales y económicas", donde muestran que la creatividad de los tecnócratas es enorme, porque inventan nombres para simplemente decirnos que es discrecionalidad.
En el artículo 18 que faculta al Ejecutivo a destinar a la amortización de la deuda, prácticamente las cantidades que se...
En el artículo 29, se faculta para ordenar la reducción de montos presupuestales sin ninguna autorización por parte del Legislativo, en su caso. Estamos nuevamente aprobando un presupuesto donde el Poder Legislativo abdica a sus facultades, para que el Ejecutivo finalmente siga siendo lo que desee, bajo el amparo de decisiones malamente autorizadas por la mayoría de este Congreso, que son cheques en blanco para el pago de la deuda, para reducir presupuesto y para tomar decisiones de manera discrecional.
También al amparo de la partida secreta, está el uso discrecional de recursos que nos llevaron, en el pasado sexenio, a una conducta que hoy muchos condenan, pero que en su momento no se atrevieron a frenar. Carlos Salinas llegó bajo esta partida del gasto no sectorizable. De 1989 a 1990, se incrementaron de 6 mil 994 millones de nuevos pesos, a 9 mil 364 millones y terminó en 1993, con 26 mil 163 millones de nuevos pesos. El Congreso a ese "angelito", hoy tan condenado, le autorizaron el 46.3% de incremento, a esa partida que hoy se presume que es baja, porque son bajos los recursos en el presupuesto, pero no por otra razón. Salinas, ahí, en las erogaciones no sectorizables, llegó a alcanzar magnitudes de tal tamaño que equivalían en 1993, al 30%, es decir, en el sexenio de Salinas de Gortari hubo un incremento de casi 14 puntos porcentuales.
¿Qué se dijo en ese entonces? Se dijo que había razones de Estado; se dijo por el entonces diputado Rodolfo Becerril, hoy senador, que los fondos de este ramo y las partidas secretas, eran para hacer los censos de 1993; partidas secretas, gastos no sectorizables, para un acto público, tan público, como son los censos en cualquier país. La ocasión, entonces, hace al delincuente. Sigamos autorizando al Ejecutivo partidas donde haya el principio de la discrecionalidad, para que sigan cometiéndose actos de corrupción como en el pasado se cometieron.
Para 1996, el rubro 23 asciende a 31 mil 500 millones de nuevos pesos, que representa el 5.7% del gasto neto total de la Federación y el 8.2% del gasto programable presupuestal.
Los programas que contiene, son: un programa salarial, un programa de apoyo financiero a entidades federativas. Bueno ¿No está el ramo 28? O es el federalismo personal del Presidente de la República; requiere de una partida para distribuirla él a municipios o a entidades federativas; un programa de fortalecimiento al sistema de pensiones. ¿Por qué no al ISSSTE? ¿Por qué no ubicarlo en el presupuesto del ISSSTE esta partida? Un programa de modernización administrativa ¿Por qué no a la Contraloría? Fondos para desastres naturales ¿Por qué no a Gobernación? Programas de apoyo al desarrollo rural que no es otra cosa que el pago de indemnizaciones ¿Por qué no a la Secretaría correspondiente que tiene que ejercer ese gasto? ¿Por qué no el programa de abasto social a la Secretaría de Comercio? En fin, un gasto de contingencias para las ocurrencias o para las fiestas que quizá haya que hacer en Los Pinos.
La partida secreta es de 650 millones de nuevos pesos. No es mucho, pero junto con todo esto estamos observando que hay una partida nuevamente que mantiene la discrecionalidad y está fuera del control del gasto presupuestal.
Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que esta partida del ramo 23, equivale a tres veces y media el gasto programable directo en el sector salud, equivale a más de tres veces al gasto programable directo en desarrollo regional. Respecto de la Educación Pública esta proporción es el doble. Bueno ¿Entonces de qué se trata? ¿De qué se trata entonces? De mantener el principio de la discrecionalidad, de mantener una partida para que la ejerza directamente el Ejecutivo sin ninguna condición de vigilancia directa. Esa discrecionalidad representa una grave limitación para la vida democrática de México, sólo con transparencia en la asignación de recursos a planes y programas y la clara identificación, se podrá evitar que se utilicen los recursos públicos de manera arbitraria y patrimonialista.
Estamos en la antesala de una reforma del Estado y este precedente del presidencialismo distante nos seguirá costando ahora, tal como le costó al país el presidencialismo autoritario, si bien, con menores montos, pero continuando con el mismo precedente.
¿Por qué no considerar el contrapeso del Poder Legislativo? Estamos también hablando de crear una nueva instancia para fiscalizar el gasto público, pero estamos dejando huecos, estamos dejando hoyos negros, autorizando en estos artículos que el Ejecutivo pueda hacer, sin nuestra autorización, sin nuestra vigilancia, en cuanto a deuda, en cuanto a reducción del presupuesto y en cuanto a toda esta partida del ramo 23, lo que él quiera hacer.
Creo, compañeros, que a estas alturas del debate los compañeros de la mayoría podrán argumentar que ahora es menor la partida secreta, podrán argumentar que se está etiquetando a diferencia del pasado, podrán argumentar muchas cosas, pero lo cierto es que siguen comportándose como diputados del señor Presidente y no como diputados de un poder, que debe ser un contrapeso en una reforma del Estado que se requiere en este país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos, tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez, hasta por cinco minutos.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Ahora que han estado, que llamaba la atención de tantos por qué nos, yo quiero llamar la atención de todos ustedes en un tema que hace unos días nos llevó varias horas de discusión, en donde todos los diputados y diputadas que subimos a esta tribuna, manifestamos nuestra preocupación por las jubilaciones a futuro.
Pero yo quiero llamar la atención de los jubilados y pensionados de hoy, los jubilados y pensionados que no deben, que no pueden quedar en el olvido. Por eso, compañeras y compañeros, la Cámara de Diputados ha salido o viene saliendo de un proceso legislativo arduo y complejo, en él debatimos sobre el porvenir de la seguridad social, sobre la vigencia de sus principios y la viabilidad de sus instituciones.
Durante el tiempo que nos llevó la discusión de dos iniciativas de decreto, una presentada por el Ejecutivo Federal, otra por el grupo parlamentario del PRD. Se ventilaron públicamente diferencias de forma y de fondo. La intensidad del debate y sus resultados no deben, sin embargo hacernos olvidar que la nueva Ley del Seguro Social así como las modificaciones que en adelante sufrirán nuestras leyes similares, fueron pensadas para encarar el futuro, para prever condiciones diferentes que habrá que reiterarlo, no compartimos, para que sus beneficiarios accedan a los distintos ramos de aseguramiento.
Por ello, queremos llamar la atención sobre un sector que no tiene más futuro que el presente, el que no podrá ver si la promesa de mejorar la situación de quienes en décadas por venir accederán a una pensión que hará realidad aquel para quienes los autores de la iniciativa que recientemente aprobó el Congreso de la Unión, ya dejó de existir y no aparece más que en un cálculo presupuestal por debajo de la sobrevivencia.
Nos referimos a los cerca de un millón y medio de jubilados y pensionados por el IMSS que con su esfuerzo productivo contribuyó al engrandecimiento de la seguridad social. Que con sus aportaciones hizo posible la construcción de clínicas y hospitales, que en sus cuotas constituyó el más importante activo social de nuestras instituciones. Ellos, hombres y mujeres de avanzada edad que no obstante su precaria condición física, han emprendido jornadas importantes en defensa de la seguridad social, que han salido a reclamar pensiones dignas, que han tocado todas las puertas para hacerse escuchar y que después de mucho batallar, han logrado pequeños avances. A ellos y a ellas nos referimos, a quienes en su inmensa mayoría sortean la vida diaria con apenas un salario mínimo. Lo hacemos porque consideramos que no es posible ni debemos dejarlos en el olvido; por ello, es que apelamos a todos los partidos aquí representados a hacer un esfuerzo sincero, responder a su reclamo, en especial les proponemos tomar los acuerdos necesarios para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996 se consideren las medidas adecuadas que les permitan a jubilados y pensionados del IMSS percibir una cuantía mínima equivalente a dos salarios mínimos del Distrito Federal para que las viudas reciban el 100% de la pensión que recibía el pensionado y para que se amplíen las prestaciones económicas de todos.
Tomar esta determinación no será más que un gesto de justicia y generosidad para quienes hicieron posible la expansión y fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad social.
Por eso proponemos que del ramo 23 de provisiones salariales y económicas, pueda ser abordada esta propuesta muy concreta de lo que hoy nos están reclamando.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para referirse al artículo 17, hace uso de la palabra el diputado Víctor Quintana Silveyra.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Muy buenas noches, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
En 1995 se gastó en rescatar a los ricos dos veces y media de lo que se gastó en combatir la pobreza, pero el rescate de los ricos lo pagaron los pobres.
Estos presupuestos básicos, este rescate a los banqueros, este rescate a los constructores de autopistas hecho con los recursos de todos, esta lógica neoliberal que es un populismo al revés, sigue presente en el Presupuesto de Egresos de 1996.
En los criterios generales de política económica, se asienta que el costo total de los programas de rescate financiero asciende a 83 mil 900 millones de nuevos pesos, 5.1% del producto interno bruto y se ha confundido a la opinión pública que esto lo vamos a pagar durante 30 años.
Sin embargo, sólo el programa de Udis será a 30 años, los esquemas de capitalización se pagarán a 10 años y ya en 1995 se ha cubierto el 44% del Fobaproa y el 100% del Programa de Apoyo a Deudores de la banca; es decir, casi el 40%, el 39.7% del programa de saneamiento financiero que asciende a 27 mil 700 millones de pesos excluyendo al programa de autopistas concesionadas ya fue generado en 1995 ¿Y con qué se pagaron estos 27 mil 700 millones de pesos de Fobaproa y de ADE.
Se cubrieron por una parte con el superávit fiscal que se compuso a su vez con 8 mil 260 millones del superávit y 7 mil millones de nuevos pesos de un "remanente", entre comillas, remanente del Banco de México con eso se cubrió; o sea, el superávit fiscal en un 89% se empleó para cubrir el ADE. Esto es, el sacrificio de todos, el no utilizar partidas suficientes en educación, en vivienda, en combate a la pobreza, en desarrollo social, esto se fue para cubrir a los banqueros y pagar el ADE.
Queremos que nos aclaren de dónde proviene ese famoso remanente del Banco de México que no se explica en los documentos del presupuesto de ingresos. Tenemos la ligera sospecha de que ese remanente del Banco de México es el famoso fondo de contingencia que se comió el Ejecutivo para pagar el ADE.
Por otra parte, el Fobaproa vio reducido su costo fiscal en 14 mil 300 millones de nuevos pesos y esto se hace gracias a un préstamo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; al respecto queremos señalar lo siguiente:
1o. Es un retroceso destinar los recursos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo a la salvación de la banca cuando se habían destinado a infraestructura básica, se habían destinado a desarrollo social y a desarrollo agropecuario y
2o. Estos recursos prestados por el Banco Mundial y por el BID se sumarán a la deuda pública y otra vez los pobres, los contribuyentes, las mayorías acudimos al rescate de los banqueros.
Además, nos señala el programa de saneamiento financiero, en 1996 los ingresos de las privatizaciones podrán utilizarse para hacer frente a contingencias fiscales que puedan surgir de los programas de saneamiento financiero durante el año.
Esto quiere decir que además el presupuesto de egresos de los varios cheques en blanco que incluye, tiene otro cheque más, no sabemos cuánto van a reportar las privatizaciones de este año, nada más nos advierten que posiblemente tengan que utilizarse para nuevos programas de saneamiento financiero, saneamiento financiero no de las finanzas de las familias, saneamiento no de las finanzas de las pequeñas empresas, sino saneamiento de los grandes amigos de Salinas y acaparadores de la privatización bancaria.
Los diputados de la fracción parlamentaria del PRD, pedimos que ya no se siga engañando al pueblo, en el sentido de que esos 89 mil millones de pesos nuevos del programa saneamiento financiero, se van a pagar en 30 años, queremos que se explicite, que se explique con toda claridad a esta soberanía ¿cuál es el programa de pagos?, ¿en qué tiempo se van a amortizar? y en concreto, ¿cuánto se va a destinar en 1996 a este programa de saneamiento financiero.
Poniéndonos un poco más técnicos, el presupuesto nos dice que en 1996 el costo financiero de la deuda del Gobierno Federal será de 69 mil 700 millones de nuevos pesos, esto es deuda pública, ramo 24 y de 1 mil 426 millones de nuevos pesos en erogaciones para saneamiento financiero. Exigimos que se explique por qué se consideran aparte estos dos rubros, ya que los dos constituyen deuda pública, ¿por qué no se reúnen en uno solo.
Finalmente, se anuncia en los Criterios Generales de Política Económica, que se ampliarán los montos de los programas para reestructurar créditos en Udis, incluyendo los denominados en moneda extranjera. Esto significa que el esquema Udis se ampliará para beneficiar a los bancos y a los grandes consorcios nacionales, cuya deuda en moneda extranjera es elevada.
Esto nos huele mucho al Ficorca, implementado por Ernesto Zedillo cuando estaba en el Banco de México, en 1982. Este programa que abre la posibilidad de fondear a los grandes consorcios que tienen deudas en moneda extranjera, de nuevo con recursos públicos, no estamos dispuestos a aceptarlo, nos parece una nueva edición de otro programa para financiar a los grandes consorcios extranjeros con los recursos del pueblo.
En síntesis, compañeras y compañeros, todo el programa de saneamiento financiero, tiene la impecable lógica del neoliberalismo, nunca tan pocos le habían debido tanto a tantos, nunca tan pocos especuladores le habían debido tanto a las mayorías nacionales.
Con las virtudes públicas del sacrificio, de la austeridad, se pagan los vicios privados del derroche, del extraer los recursos de la nación e invertirlos en otra parte; con los sacrificios públicos se pagan las entregas privadas.
A este respecto, compañeras y compañeros, queremos hacer dos propuestas. La primera de ellas es que esta soberanía saque la cara por los mexicanos y las mexicanas que están sufriendo en estos momentos por la cartera vencida, que esta soberanía saque la cara por los mexicanos y mexicanas que están a punto de perder su casa, ver embargados sus bienes y ver cerrada su empresa.
Ya estuvo bueno, compañeras y compañeros, de que esta soberanía le siga firmando cheques en blanco al Ejecutivo, para que el Ejecutivo los siga entregando a los banqueros, que no nos vengan con la mentira de que se está salvando a los banqueros mientras los mexicanos pierden sus casas.
Si hay programas de rescate financiero en 1996, que sean para rescatar a los deudores de la banca. Los banqueros son un barril sin fondo, los deudores de la banca son gente honesta y trabajadora que saca la cara por México, compañeras y compañeros, no tenemos por qué seguir siendo avales de esos mañosos que han saqueado a México una y otra vez, a pesar de las lagrimas de cocodrilo de varios presidentes de la República.
En segundo lugar, compañeras y compañeros, queremos decirle a los compañeros priístas: si ustedes van a aprobar como viene el presupuesto de egresos, si no están dispuestos a votar que en lugar de rescatar a los banqueros se rescate a las familias mexicanas, si eso lo van a pasar, les queremos proponer que cuando menos le pongamos un candado al Ejecutivo, que este año le demos el regalo de Navidad a las familias mexicanas que el Legislativo se preocupó porque conservaran su casa y su patrimonio, que este año le regalemos a las familias mexicanas un Legislativo digno.
El viernes pasado las cuatro fracciones parlamentarias de esta Cámara, incluyendo el diputado Roque Villanueva, que no me está escuchando, las cuatro fracciones parlamentarias de esta Cámara firmaron un histórico punto de acuerdo. En este punto de acuerdo se pide que la tregua judicial se extienda hasta que no se normalice la situación económica de las familias y de las empresas.
Yo les quiero proponer a las cuatro fracciones parlamentarias, que firmemos hoy un nuevo punto de acuerdo, que le pongamos una condicionalidad a los programas de saneamiento financiero y que el Legislativo diga: no se fondea más, no se apoya más a los bancos si no se compromete la banca y el Ejecutivo a suspender todo juicio, toda acción judicial en contra de las familias y las empresas con carteras vencidas durante 1996.
Compañeros, debemos apoyar la tregua judicial para todo 1996; compañeras y compañeros, es el momento de dignificar al Legislativo, es el momento que las familias mexicanas vean en el Legislativo su representante y su aliado. Yo los convoco a firmar ese punto de acuerdo y no seguirle firmando cheques en blanco ni a Slim ni a Cabal Peniche, ni a Madariaga, ni a Ernesto Zedillo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Hace uso de la voz el diputado Llamas Monjardín.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:
Señoras y señores diputados:
Bendito pueblo de México que tiene garantizada la vida eterna terrenal, porque para poder pagar la deuda pública se requiere ser inmortal, de lo contrario difícilmente podremos hacer frente a nuestros compromisos financieros.
Cabe aclarar deuda que no tiene límite y como ustedes han de recordar, los que en la conciencia, en la responsabilidad, en la ética y en el amor a México, han de saber que la semana pasada se aprobó la Ley de Ingresos, en cuyo artículo número dos se incluyó un párrafo muy bello que dice: "El Ejecutivo Federal está autorizado a endeudarse por 5 mil millones de dólares adicionales en forma neta". Por lo tanto, si no estamos pagando lo que debemos le seguimos echando leña a la hoguera.
Cabe aclarar que la deuda externa asciende, y voy a hablar en términos generales, en números redondos, por la hora y por el tema tan difícil, asciende aproximadamente a 86 mil millones de dólares, la deuda externa y la deuda interna hablaríamos más o menos de 150 mil millones de nuevos pesos.
Asimismo, a lo que se tiene presupuestado para pagar en este año nada más de servicio de la deuda, son 98 mil millones de nuevos pesos, ¿y por qué 98 mil millones de nuevos pesos, antes de que exista alguna aclaración o pregunta? Evidentemente en el presupuesto se habla de 88 mil millones de nuevos pesos, sin embargo hay que recordar que lo que se debe de años pasados que no hemos cubierto en años pasados, a lo que llaman los Adefa, también cuestan y hay que sacar dinero de la bolsa para hacer frente a dichos pasivos, por lo tanto nosotros mexicanos tendremos que pagar 98 mil millones de nuevos pesos en 1996 por servicio de la deuda, una cantidad más o menos relativa a un 4.5% del producto interno bruto, cuando supuestamente se presume que en 1996 el crecimiento va a ser del 3%, cantidad la cual dudamos porque en esta tribuna se ha hecho referencia en varias ocasiones de que todo lo que se presupuesta nunca se cumple.
Pero lo más duro del caso es la forma en la que calculamos los costos financieros para 1996. Se estima que la deuda interna tendrá un costo aproximado de 27 mil millones de pesos, pero si debemos 150 mil millones, eso supone a un interés estándar, por decirlo así, que estamos pagando 18.6%. ¿Ustedes creen que se va a pagar a 18.6% la deuda interna cuando el día de hoy la tasa primaria en Cetes está al 50%?
Como no se va a cumplir esta premisa, ¿de dónde se va a tomar dinero para hacer frente al costo financiero de la deuda interna.
Este cálculo era de 18.6% y las tasas hoy están al 50%, nos faltan 31.4 puntos, ¿de dónde van a salir.
Punto número dos. Hablamos de la deuda pública externa, que supuestamente deberá ser más fácil calcular su costo. Si hay 86 mil millones de dólares, más o menos en pesos mexicanos al tipo de cambio actual hablaríamos de unos 662 mil millones de pesos, cuyo costo estimado por el Gobierno sería de 41 mil 700 millones de pesos, es decir pagaríamos el 6.3% sobre lo que debemos actualmente de intereses del año que entra, nada más que resulta que cuando se colocan bonos en el extranjero vemos algunos contratos de deuda, en ningún momento se prevé una tasa del 6%.
En algunos casos es más, hasta 10 puntos, en otros casos, cuando son yens evidentemente es menos de cinco puntos, pero el promedio en ningún momento está arriba del 6% y lo peor del caso es que si no se contempla la depreciación monetaria, es decir la devaluación en el costo financiero, sí se contempla y debe de contemplarse la devaluación en el pago de los intereses. Por lo tanto los que hicieron el cálculo se olvidaron que evidentemente puede haber devaluación el año que entra, porque espero que no vayan a caer, como en los programas económicos que tanto han aborrecido y de los que antes aplaudían y hoy se sienten ofendidos, relativos a manejar un tipo de cambio permanente fijo, subsidiado, a efecto de mantener un déficit comercial.
Entonces ante esto cabe aclarar y preguntar, ¿qué van a hacer si evidentemente las tasas de interés no bajan para la deuda interna?, hoy están al 50%, se presupuestan al 18%.
Pregunta número uno: ¿van a bajar el gasto social? Pregunta número dos: ¿van a bajar el gasto de inversión o lo que pretenden es manipular como siempre las estadísticas para pensar que el año que entra se van a cumplir unas metas inalcanzables, a efecto de decir que el 18% de tasa de interés es real y que con ése se tiene que gobernar.
Señores, tenemos que hablar con la verdad. El pueblo de México ya no quiere que sigamos matizando y no quiere que sigan mintiendo en cuanto a las cifras; tienen que cambiar las variables económicas; nadie les cree el crecimiento del 3% del PIB: nadie les cree un 20% de inflación; nadie cree 18% de tasa de interés.
Señores, tenemos que hablarle con la verdad al pueblo de México y si el dinero no alcanza desde hoy que estamos aprobando el presupuesto, tenemos que tomar decisiones.
Inocente el pueblo de México que tiene una deuda eterna, pero también un México que tiene poco que comer y mucho que pagar.
Es momento, señores, en que no aprobemos esto porque no va a alcanzar el dinero y no va a haber de dónde sacar para pagar y los mexicanos van a ser más pobres.
Gracias.
El Presidente:
Continúa en uso de la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho.
La diputada Dulce María Sauri Riancho:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Vengo a hablar en relación a los artículos 14, 17, 18 y 29 del proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación.
Comencemos en relación al artículo 14, que es el relativo al ramo 23, llamado provisiones salariales y económicas.
Hemos escuchado acá que en relación a este ramo, se reitera la tesis de que el Ejecutivo continúa centralizando funciones y que en el ramo de provisiones salariales no es posible distinguir con claridad cuáles son los elementos que permiten darle un destino preciso al gasto ahí establecido.
Se ha mencionado también que esta aparente oscuridad redunda en un uso discrecional de los recursos asignados a este ramo, cuya magnitud en 1996, sería, de aprobarlo esta soberanía, de 31 mil 499 millones de pesos.
Asimismo, en el ramo 23, en la partida 7 mil 300 existe la llamada partida de gastos contingentes, que se ha mencionado como partida secreta, atribución señalada en el artículo 74 de la Constitución para ejercicio del Presidente de la República.
Me permitiré dar algunos elementos para ilustrar lo que considero una confusión en relación a los contenidos de este ramo y que nos permitan ilustrar que efectivamente reúne los requisitos de transparencia necesarios para que sea aprobado por esta honorable Asamblea.
En primer término, señalar que ha habido una reducción real de la participación de este ramo en términos del gasto programable del sector público y del gasto programable del Gobierno Federal.
En 1988 representaba el 15% del gasto programable y en 1996 representa el 8%.
Asimismo, en relación al gasto del Gobierno Federal, representaba en 1988 un 30% y para 1996 representaría el 13%.
Pero no sólo se ha trabajado en relación a la disminución del peso presupuestal de este ramo, se ha trabajado también en relación a la transparencia. Se mencionaba hace un momento que en los años anteriores este ramo incluia los recursos destinados a los programas de censos que desarrolla el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática.
Hace ya varios años que este concepto ha sido trasladado al ramo 6, correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del cual, merced a una transferencia, se le otorga suficiencia presupuestal al INEGI.
Se menciona que hay una gran cantidad de recursos destinados al programa salarial y que sería mucho mejor que cada uno de éstos estuviese asignado al rubro que le competa. Es este ramo, el ramo salarial, el 60% del monto total de los 31 mil 499 millones de pesos.
Sin embargo, esta previsión, que no es de uso discrecional del Ejecutivo, permite dar suficiencia para poder afrontar el pago de los servicios personales a las distintas dependencias y entidades, cuando esto es acordado con los respectivos sindicatos, que junto con el Ejecutivo establecen la política y los porcentajes de incrementos salariales.
Asimismo en este ramo 23 existe un rubro importante para las entidades federativas, que es el relativo a las operaciones de saneamiento financiero de los estados, que muchos de los estados aquí se ha señalado, por no decir todos, tienen graves problemas de cartera, a pesar de las negociaciones que se han realizado en 1995. Este renglón tiene recursos por 3 mil 700 millones de pesos que representan el 11.7% del ramo. Asimismo hay un monto de 3 mil 500 millones destinados a un programa de fortalecimiento al sistema de pensiones, para fortalecer el actual sistema de las instituciones de seguridad social al servicio del Estado.
Otro punto importante en relación al ramo 23 que no se ha mencionado acá, es el relativo a un fondo para desastres naturales. Desgraciadamente en este año de 1995 nos demostró que requerimos tener una previsión, para poder afrontar desde el punto de vista presupuestal, las necesidades de reconstrucción que dejan los fenómenos naturales, situaciones que se han suscitado en varios estados de la República. En relación a los huracanes y a los sismos, nos permiten señalar que es indispensable tener recursos disponibles, para afrontar esta reconstrucción sin necesidad de cancelar o diferir en el tiempo el ritmo de construcción de otros programas que se están ejecutando.
Asimismo tenemos que el programa de gastos contingentes, la llamada partida 7 mil 300 representa alrededor un poco menos del 2.1 del monto total del ramo, eso significan los 650 millones de pesos.
Quisiera también señalar que se refuerza la idea de que no hay un uso discrecional del ramo, porque conforme se van asignando las partidas a cada una de las dependencias y entidades, tanto en la parte de provisiones salariales como rescate a las finanzas de los estados, éstas aparecen en la cuenta pública correspondiente que es entregada a esta soberanía. Por lo tanto el ramo 23 prácticamente se reduce a su mínima expresión, cuando es recibido para su revisión en materia de cuenta pública.
Yo diría en este sentido que la transparencia sí la hay y que se ha avanzado notablemente en la clarificación respecto al ramo 23 y en relación al artículo 14 del presupuesto de egresos de la Federación puestos a nuestra consideración.
Ahora quisiera hacer algunas referencias en relación al artículo 17, que es el artículo que encierra el costo financiero de la deuda. El artículo establece que el monto destinado a cubrir el costo financiero de la deuda, es de alrededor de 71 mil millones de pesos de los cuales el 98% corresponde a deuda pública que está incluida en el ramo 24, ramo de deuda pública y el 2% corresponde a erogaciones para el saneamiento financiero que corresponde al ramo 29. Posiblemente quienes me antecedieron en el uso de la palabra tuvieron la confusión de establecer con un mismo criterio de análisis ambos ramos.
El ramo 24 de deuda pública incluye el servicio y amortización de la deuda tanto interna como externa. La deuda interna representa casi el 35% del monto del ramo 24 y la deuda externa representa aproximadamente el 52%. En el ramo 24, no en el artículo 17, están incluidas los Adefa; los Adefa se refieren a adeudos fiscales de ejercicios anteriores. Normalmente son programas que ya han sido devengados, acciones devengadas, pero que no han sido pagadas y habrán de hacerlo antes del 31 de enero de cada año; por lo tanto, los 10 mil millones de Adefa que están incluidos en la propuesta de presupuesto para 1996 y que representan el 13% del ramo 24, deberán ser cubiertas antes del 31 de enero de 1996.
Por lo tanto, compañeros, quisiera detenerme un poco más en el artículo 17 porque creo que se han suscitado una serie de confusiones en relación a lo que es el costo presupuestal de las operaciones de saneamiento financiero y lo que son los diferentes aspectos que se ha dado por llamar en el documento de Criterios de Política Económica, costo fiscal de las operaciones de saneamiento financiero.
Yo quisiera hacer un repaso con ustedes, porque lo considero de la mayor importancia, de cuáles son los programas que tienen, desde diversos ángulos, incidencia en el saneamiento financiero y establecer junto con ustedes cuál es el costo presupuestal que está incluido en esta iniciativa del Ejecutivo y en este proyecto de decreto.
En primer término tenemos la reestructuración de la cartera crediticia bancaria en Udis, ustedes conocen, aquí lo hemos discutido mucho, que al denominar los créditos en unidades de cuenta de valor real constante, se elimina la amortización acelerada de los créditos por inflación, aliviando la carga del servicio de la deuda. Este no es un programa sólo de bancos y banqueros, es un programa de bancos, de banqueros, de deudores, de ahorradores y del Gobierno.
El costo estimado a valor presente está incluido en estos criterios que ustedes han tenido a su disposición, representan 1% del producto interno bruto de 1995; sin embargo, está distribuido de manera gradual en los 30 años de vigencia que tiene este programa.
El Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca, el ADE, ya mi compañero Quintana ha establecido con claridad que este programa tiene suficiencia de recursos en virtud del superávit obtenido en 1995, así como también en el remanente de la operación del Banco de México. Sin lugar a dudas en la cuenta pública 1995 podremos conocer con precisión las fuentes, el origen del remanente del Banco de México que tanto le inquieta. Con estos recursos se podrá dar suficiencia al programa de septiembre de 1995 a 1996.
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro o sea, Fobaproa, este mecanismo de apoyo a las instituciones bancarias, tiene dos vertientes: la vertiente que recibe en propiedad o garantía Fobaproa, la participación accionaria correspondiente al apoyo otorgado. Esto quiere decir que no tiene impacto presupuestal, así como tampoco lo tienen los esquemas de capitalización que se han estado desarrollando con varias instituciones bancarias, porque el costo estimado es potencial, es decir, no se dará si no concurren condiciones y circunstancias que están establecidos para hoy, para el presente.
Por último el Programa de Saneamiento de la Red de Autopistas Concesionadas. Aquí se ha hablado en numerosas ocasiones sobre este programa y la necesidad de rescate que ha tenido el Ejecutivo Federal, no solamente en razón de los concesionarios, de los más de 52 proyectos carreteros construidos bajo el auspicio de este programa, sino también de dar cumplimiento a un compromiso que el Ejecutivo suscribió cuando se otorgaron los títulos de concesión.
Y aquí quiero llamar la atención de ustedes, en relación a un artículo del decreto, el 24, donde establece la prohibición expresa para las dependencias y entidades del Ejecutivo, para contraer compromisos que signifiquen erogaciones, así sea de carácter contingente y compromisos que pudiese tener el Gobierno Federal en caso de que algún programa no operara sobre determinados supuestos. En este caso, tenemos que el apoyo consignado son 1 mil 627 millones de pesos, gran porcentaje de éstos, está canalizado a través de Capufe, es decir, Caminos y Puentes Federales de Ingresos.
Quisiera también señalar que hay otros elementos que en el propio presupuesto tienen un costo fiscal en relación a las operaciones de saneamiento. Ya mencioné en el ramo 23, que son las operaciones de rescate a las finanzas de los estados por 3 mil 700 millones. En el ramo 29, que están las erogaciones para el saneamiento financiero, en el propio artículo 17, que es por 1 mil 426 millones de pesos. En el ramo 9, que es el ramo de Comunicaciones y Transportes, donde están los 1 mil 343.7 millones, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos. Y en el ramo 6, en el ramo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el rubro "Canalización de recursos financieros", hay un monto de 3 mil 197 millones de pesos, en el que están incluidos los apoyos a Banrural, a Fega, a Fopesca, a Focir, al Fovi, a la propia Agroasemex y otros egresos para instituciones como a el Banrural, que han requerido de un programa específico de capitalización.
En total, las cuentas que obtuve de hacer una revisión del presupuesto bajo el criterio de sacar una relación del costo financiero incluido en el presupuesto, es de 9 mil 667 millones de pesos, desglosados de la forma como he establecido.
Por lo tanto, recalcaría que no se trata aquí de apoyar a banqueros, de los cuales todos nos sentimos altamente insatisfechos ni siquiera a instituciones bancarias, ni apoyar a los ricos que tuvieron la oportunidad de construir las carreteras y que ahora se encuentran en los apuros de pagar los créditos que concertaron para poderlas construir. Se trata de apoyar la viabilidad económica de este país; se trata de dar oportunidad para que la economía vuelva a crecer bajo bases sólidas y fuertes. Hay programas indudablemente, de apoyo a deudores: los programas de las Udis, los programas del ADE, así como también recientemente la voluntad manifestada por las cuatro fracciones parlamentarias, en relación de solicitar una tregua de las medidas judiciales en contra de los deudores de la banca, en tanto no haya una recuperación económica que permita a dichos deudores pagar las deudas que concertaron con estas instituciones.
La expresión de: "cheque en blanco", compañeros, creo que ya está obsoleta. El cheque, tiene fecha: 1996. Tiene beneficiario: que es el pueblo de México. Tiene firma: que es la nuestra. Y tiene también la cantidad, que es la que aprobemos en esta Cámara de Diputados.
En relación al artículo 17, visto desde el ángulo de la deuda externa-interna. No quisiera reeditar desde esta tribuna, un debate que hemos sostenido y que seguramente continuaremos sosteniendo a lo largo de esta legislatura. Sin embargo señalar y recordar con ustedes, que más del 50% del ramo 24 destinado al pago de la deuda, va para pagar estos intereses, los intereses de la deuda que ha habido en relación al servicio, un descenso ciertamente de punto cuatro en relación al producto interno bruto, que representa el servicio de la deuda y las amortizaciones correspondientes a 1996, el 4% del producto interno bruto de 1995.
Por lo tanto, el impacto de la deuda en el presupuesto, tal como lo señala el proyecto, es un impacto manejable y que permitirá, sin lugar a dudas, dar oportunidad al cumplimiento de los programas sociales y de los programas de inversión física que el propio presupuesto así establece.
En relación al artículo 18, solamente señalaría que ésta es la facultad que se le da al Ejecutivo para amortizar deuda hasta por el equivalente al financiamiento de las colocaciones de deuda, es decir, la revolvencia de la deuda. Además hay la obligación de informar a la Cámara en los informes trimestrales que se turnan a esta soberanía, así como también en el informe anual. Cuando analicemos el artículo 70, veremos reflejada esta obligación. Y la posibilidad de amortizar con ingresos excedentes por la venta y desincorporación de bienes. Y aquí, hacer un paréntesis. No hay una estimación de cuánto se va a obtener en relación a las privatizaciones que están en marcha en este año, no la hay, simple y llanamente porque aún se están estimando los valores a partir de los cuales se establecerán las licitaciones. Y se ha reiterado en varias ocasiones que ni por estrategia comercial, es conveniente señalar el monto que el Ejecutivo pretende obtener por la venta o por la licitación de las diversas concesiones.
Sin embargo, en la Cuenta de la Hacienda Pública, cuando este acontecimiento se dé, sin lugar a dudas conoceremos sobre estos rubros.
Compañeros, solicito su atención unos momentos más; me tocó con tres compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra y con cuatro artículos.
No me detengo más que a señalar que en relación al artículo 29 que aquí se mencionó, hay un mandato que esta soberanía impone al Ejecutivo y que fue producto del trabajo en el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y es en relación a que si el presupuesto es afectado por contingencias, se establece que si la reducción de los ingresos presupuestales es superior al 10% en términos reales, recalco, reales, el Ejecutivo tomará las medidas y dará cuenta de inmediato a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el artículo 29, que señala con toda precisión cuáles son los límites a partir de los cuales el Ejecutivo tendrá que venir a esta soberanía a justificar y obtener la aprobación, en el caso de que haya esa reducción del 10% en términos reales de los ingresos, contingencia que esperemos no se presente.
Por su atención, por su paciencia, porque una vez más me he visto en la necesidad de lidiar con los números, espero haber aclarado suficientemente que hay una gran diferencia entre lo que es el costo del presupuesto en las operaciones de saneamiento financiero y lo que es el costo fiscal establecido en los criterios de política económica.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos hasta por cinco minutos, hace uso de la palabra el diputado Víctor Quintana.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Señor Presidente; compañeras y compañeros:
Es un placer discutir con personas como la diputada Dulce María Sauri. Por más que su bancada la deje sola y la deje a ella sola a respondernos a tres diputados.
En primera, yo tendría las siguientes observaciones. En primer lugar el gobierno de Salinas, primero y el de Zedillo, han implementado ya cinco programas de rescate a deudores: Sireca 1, Sireca 2, Bono-cupón 0, Udis y ADE y no han disminuido los problemas de los deudores, no han funcionado por más propaganda que se les ha hecho; basta estar un poquito en contacto con la realidad de las familias y de las empresas mexicanas, para darse cuenta que el Gobierno no le ha dado al clavo y le han fallado uno tras otro los cinco programas de apoyo a deudores. Porque a final de cuentas la lógica es la misma y si le preguntamos a cualquier deudor qué piensa del programa de Udis o de ADE, va a decir que resuelve su problema de abono en lo inmediato, pero le hace crecer su adeudo a la larga y lo hace reconocer un adeudo capitalizado injustamente.
Primero, los programas de apoyo a deudores no han funcionado y no van a funcionar mientras sigan en la misma lógica.
Segundo lugar. Los programas de apoyo a los bancos, Procapte, Fobaproa, etcétera, tampoco han funcionado. Los bancos cada vez requieren más recursos, nuevos programas y cuando ya no pueden o se venden al extranjero o se declaran en quiebra o pasan a manos del Gobierno. Entonces, tampoco han funcionado los programas de rescate a los bancos.
Tercero. Nosotros proponemos y lo hemos dicho una y otra vez con responsabilidad ética y social, que ya el Gobierno sea un poco más imaginativo y eche a andar otros programas que han funcionado en otros países. Por ejemplo, para apoyo a deudores, los programas de compra por parte del Estado de la cartera vencida de los bancos, pero al valor que la cartera vencida realmente tiene y no a como la quieren vender los bancos. Y, en segundo lugar, hemos propuesto un fondo para la protección de la planta productiva y el empleo. Estas dos propuestas diferentes, en una lógica muy diferente a los programas del Gobierno, tampoco han sido tomados en cuenta, a pesar de que ni el programa de apoyo a deudores ni el programa de apoyo a banca han funcionado.
Y, en tercer lugar, el cheque que dice la diputada Sauri, con todo respeto, que está fechado para 1996 y tiene como beneficiario al pueblo de México, pues yo diría que ese cheque, que ella dice que no es en blanco, puede ser que no esté en blanco, sin embargo es un cheque votador, como fue votadora la promesa de Zedillo de bienestar para la familia.
Muchas gracias.
El Presidente:
En referencia al artículo 15, hace uso de la palabra el diputado Martín Longoria Hernández.
El diputado Martín Gerardo Longoria Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Para discutir el artículo 15 del proyecto que estamos analizando, vengo a llamar su atención sobre el tema de la descentralización, porque a nuestro parecer hay una evidente contradicción entre lo que este proyecto de egresos plantea y lo que prometió el doctor Zedillo en el Plan Nacional de Desarrollo.
En dicho plan en materia de descentralización y de nuevo federalismo, se tomaron compromisos para la redistribución de competencias de autoridad, responsabilidades, descentralización de recursos fiscales, programas de Gobierno Federal hacia estados y municipios.
Hubo propuestas de reformar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se comprometió el Presidente a descentralizar la salud y la seguridad social al fomento de la agricultura y del desarrollo rural y a la protección de recursos naturales y del medio ambiente.
Simplemente en una revisión histórica de los recursos que en materia económica han tenido los tres ámbitos de Gobierno establecidos en nuestra Constitución, nos encontramos que a lo largo de la vida independiente del país. La Federación ha centralizado y concentrado las facultades relacionadas con el desarrollo económico, la deuda pública, los aspectos jurisdiccionales, la salud, la cultura, la educación, la regulación de la industria, las leyes sobre energía, minas, pesca, justicia laboral y que a lo largo del proceso histórico de nuestra República se han suprimido formas de participación de las entidades federativas en los impuestos sobre juegos, apuestas, sorteos; en una palabra, las facultades al titular del Ejecutivo Federal se han fortalecido a costa de los niveles de gobierno estatal y municipal.
Esto es lo que no ha permitido la consolidación de un auténtico federalismo que permita que las entidades como partes constituyentes del pacto federal tengan una participación relevante en el desarrollo integral del país y en un desarrollo regional, autónomo y articulado.
A los municipios les ha tocado bailar con la más fea de estas realidades; se les han disminuido sus facultades, no se les ha considerado como la comunidad fundante de la República y se ha limitado su independencia política y con ello su libertad económica. Hoy todavía es una promesa de la Constitución que no se ha realizado el concepto de una hacienda municipal autónoma.
En la reforma del artículo 115 de 1983 se estableció la libre administración de la hacienda municipal formada por rendimientos de sus bienes, por contribuciones que establecerían las legislaturas por la propiedad inmobiliaria, por las participaciones federales y por la prestación de servicios públicos. De esta manera se condenó a la mayoría de los municipios a que sus presupuestos se integren con un promedio de 90% de ingresos que se obtienen de las participaciones. Se privó a los municipios de la capacidad de determinar bases montos y tasas de contribuciones que se concentran en poder de las legislaturas y más específicamente en poder de los ejecutivos estatales.
De los ingresos municipales que se generan en la actualidad, entre el 95% y 98% dependen de la hacienda federal, de 1% a 1.5% de las estatales y menos del 1% a las haciendas autónomas de los propios municipios.
El Sistema de Coordinación Fiscal reproduce esta centralización y la concentración de recursos nacionales en favor de la Federación que acapara el 80% mientras los estados reciben el 17% y los más de 2 mil 400 municipios reciben solo el 3%.
Bajo este sistema es claro que resulta imposible lograr un desarrollo sustentable, armónico y equilibrado en las regiones del país. Nosotros esperaríamos que ante esta situación y ante la actual crisis económica, el proyecto de egresos de la Federación cumpliera los compromisos que se habían señalado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho.
Respecto a la descentralización del desarrollo rural, en el presupuesto que estamos analizando se señala que se iniciará la descentralización de funciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sin que se especifiquen montos, capítulos, conceptos, mucho menos cuándo y en dónde, por lo que parece ser una simple descentralización en el papel.
Cuando se analiza el proyecto de presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la situación es similar, no hay asignaciones ni programas, proyectos ni metas que se descentralicen claramente hacia las entidades federativas y los municipios.
Se dice en el proyecto de presupuesto que continuar con la descentralización de los servicios de salud a fin de que los gobiernos locales aseguren una atención ágil, humana y eficaz. Ya se ha dicho en intervenciones anteriores que es importante que esta descentralización no signifique que el Gobierno Federal se desatienda de la atención en la salud, porque no queremos que le suceda a los servicios de salud lo que le pasó al IMSS-Coplamar que bajo el argumento de la descentralización se le abandonó, motivo por el que se encuentra en proceso de extinción y que no se siga manejando sin medidas políticas concretas; la idea de que la formación de un mercado más amplio de servicios médicos generará el resultado automático y virtuoso de un mejoramiento de nivel de salud de la población.
Para lograr una auténtica descentralización, sería necesario que los gastos previstos en el presupuesto fueran distintos.
En el artículo 16, gracias a la discusión de propuestas de la Comisión de Desarrollo Social, en este proyecto se recogen un conjunto de candados, de propuestas que permitan una administración más clara de lo que aparentemente son los fondos que principalmente administrarán los municipios.
Del concepto del ramo 26, denominado desarrollo regional, se descentralizarán dos terceras partes por medio de fondos, uno, el de desarrollo social municipal; otro, el de prioridades estatales y el tercero que no se descentralizará, que es el fondo de la promoción y el empleo y la educación.
Si bien estaremos de acuerdo con los términos expresados en dicho artículo, cabe mencionar que durante las discusiones manifestamos que los recursos del primer fondo no podrán ser utilizados por los municipios para considerar proyectos productivos y la generación de fuentes de empleo. Esto es una restricción presupuestal que debiera remontarse debido a que es en los municipios donde la escases de proyectos productivos y el gigantesco desempleo hace que la población experimente un deterioro sin precedente en los niveles de vida, son los ayuntamientos por su cercanía con la ciudadanía los que pueden desarrollar actividades productivas, programas emergentes de empleo que sean detonadores del crecimiento económico local y por ende, de la recuperación económica hacia un desarrollo regional.
Estos 7 mil 650 millones que se descentralizan representan el 2% del presupuesto nacional y el 0.6% del pago del costo financiero de la deuda, razones por las que, a desarrollo regional, debería de asignársele un monto de presupuesto mayor. Si se le asignaran 22 mil millones de nuevos pesos, la diferencia bien podría restarse del presupuesto asignado a la deuda y se podrían utilizar para generar más empleos, que es una necesidad apremiante del país y para potenciar el desarrollo económico de los municipios.
Puede decirse que hay un relativo avance en el cambio de las fórmulas de distribución de la Ley de Coordinación Fiscal, porque se ha logrado destinar más recursos a las entidades federativas y los municipios, pero este aumento es insuficiente, compañeras y compañeros diputados, no permitirá que los niveles de Gobierno fundamentales de la República cumplan sus atribuciones, mucho menos se logrará aliviar el sobreendeudamiento que asfixia las haciendas municipales.
En el fondo general de participaciones, se logró que ascendiera de 18.5% a 20% de la recaudación federal participable, o sea, un exigüo aumento del 1.5%.
Se aumentaron algunos ingresos y participación en impuestos especiales de producción y servicio sobre bebidas alcohólicas y tabacos labrados, pero consideramos que es indispensable que, en lugar de este reducido 20% que se destinará en las participaciones a los municipios, se les asignaran cuando menos el 25%, con el propósito de que se utilizaran los recursos en programas prioritarios que alivien carencias básicas de la población.
La partida 28, que es el tema de esta intervención, que significa entender el fortalecimiento municipal como el punto clave de una auténtica descentralización, debiera de aumentarse por lo menos un 10% más del monto asignado, para que dicho aumento, que se tomara del pago del costo financiero de la deuda, permita el fortalecimiento de la reactivación económica de la planta productiva y del empleo en la escala local.
Es conveniente considerar como criterios de gasto recomendables a los gobiernos estatales y municipales, en las partidas de desarrollo regional y en las de participaciones de las entidades, que se utilicen para que, a nivel local, se avance a que toda persona tenga derecho a una vivienda segura, a la tierra, al agua, a la salud, a la alimentación y al empleo.
Numerosas organizaciones sociales del país han reiterado el derecho de acceder a los recursos públicos sin condicionamientos corporativistas o clientelares.
Hemos distribuido, el día de hoy, a todos los diputados asistentes, que no fuimos muchos y espero que algunos hayan tenido la oportunidad de analizarlo, las resoluciones y propuestas del Congreso Nacional de Gestión Social del Hábito que se realizó en el mes de octubre en la ciudad de Guadalajara.
Una simple lectura de las propuestas que provienen de los sectores sociales civiles de asesoría no gubernamental, preocupados por la defensa del derecho a un hábitat digno para todos nuestros habitantes, nos demostraría que los criterios del gasto son criterios que tendrían que ser cambiados de manera radical, tendrían que generarse atribuciones a los municipios en el manejo del ramo 26, para la regularización de la tenencia de la tierra; tendrían que desarrollarse proyectos productivos y no una simple administración de las becas que el fondo federal de empleo buenamente quieran darle a los municipios; tendrían que revisarse los convenios de coordinación fiscal, de manera de que los municipios contarán con una mayor cantidad de recursos; tendrían que ampliarse las reservas territoriales, municipales destinadas al hábitat popular y que las organizaciones sociales tuvieran acceso a ellas; tendrían que fortalecerse cuerpos técnicos municipales para el desarrollo de proyectos integrales de empleo, vivienda, abasto y salud municipal.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, 1996 será un año en que el mundo entero estará con la atención puesto en el cumplimiento de los gobiernos, de los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial Contra la Pobreza de este año; será un año en el que se espera de los gobiernos de todo el mundo un balance de las políticas habitacionales generadas desde Vancouver, así como las propuestas que garanticen el derecho a un lugar donde habitar dignamente para millones de seres humanos que carecen de un techo.
De cara a la conferencia de Estambul ¿Qué resultados y qué compromisos puede presentar el Gobierno mexicano con las limitaciones presupuestales que en este proyecto se evidencian.
De frente al planteamiento de un federalismo renovado ¿Qué muestras de política efectiva se pueden esgrimir.
Considero que ha llegado el tiempo en que debe dejarse a un lado las consideraciones tecnocráticas que justifican prioridades macroeconómicas a costa de los derechos humanos, económicos y sociales de las mayorías del país y que el fortalecimiento de los municipios sobre la base del fortalecimiento económico y político con la participación social, democrática, es una tarea insoslayable.
Muchas gracias.
El Presidente:
Hace uso de la voz el diputado Marcos Efrén Parra Gómez.
El diputado Marcos Efrén Parra Gómez:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos reservado la discusión de este artículo 15 en lo particular, en primer lugar, por la importancia de los ramos que contiene, ya que su impacto repercute en beneficio o en perjuicio directamente de la sociedad, pero específicamente, en una lucha que el PAN ha venido sosteniendo desde su fundación, en la implementación de un verdadero federalismo.
Por lo que al ramo 25 respecta, denominado aportaciones para la educación básica de los estados y para los servicios en el Distrito Federal, hay un incremento real del 2.9% para 1996 y de 5 mil 129 millones de nuevos pesos reservados de ese monto, para infraestructura educativa, que también representa un incremento en relación con 1995. Sin embargo, se continúa proponiendo una estructura centralista, ya que se continúa facultando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Educación Pública para su administración.
En Acción Nacional consideramos que debe ser la Secretaría de Hacienda la que entregue directamente a los estados los recursos, para que sean ellos los que la administren y los apliquen sin ningún intermediarismo, excepto en aquellas entidades que no cuenten con un sistema de educación básico estatal, en cuyo caso, sí sería la Secretaría de Educación Pública la que intervenga en su distribución y coordinación.
Es más, se les debe entregar no tan sólo la operación de las políticas y la administración de la nómina magisterial, sino también las funciones de planeación, elaboración y diseño de los planes educativos, con el objeto de que sea la autoridad municipal la que los establezca, de acuerdo con su vocación y con una influencia basada en un régimen nacional, pero con un espíritu que respete, mantenga, promueva y difunda sus costumbres.
Por otra parte, las participaciones de entidades federativas y municipios contenidas en el ramo 28 tienen además un incremento del 24.7%, que si bien representa un esfuerzo, no es suficiente para justificar el nuevo federalismo al que se comprometió el Ejecutivo y al que nos convocó en su mensaje de toma de protesta y en el I Informe de Gobierno.
El monto destinado de 73 mil 41 mil millones de nuevos pesos mantendrá durante 1996 a los estados y municipios sumidos en las crisis en las que actualmente se desenvuelven y seguirá tambaleándose, por lo tanto, el sistema financiero bancario mexicano, con la posibilidad de que los pasivos que dichas entidades han adquirido no puedan ser cubiertas.
Con pasos tan cortos como éste se demuestra la continuación de un centralismo inoperante que se niega a dar curso al precepto constitucional del municipio libre, por lo que nuevamente se ve lejano su establecimiento. Por ello, es que en Acción Nacional continuamos exigiendo del Gobierno la cesión de la autonomía política y recursos económicos propios hacia el municipio, de tal forma que éstos sean suficientes para cumplir sus fines y no solamente para cubrir parcialmente nóminas raquíticas en su monto, en su número de empleados y en sus retribuciones a los funcionarios que de ellos dependan.
El país necesita un desarrollo regional equilibrado que sólo puede edificarse sobre la fortaleza de los municipios y la legitimidad de origen democrático de sus ayuntamientos.
Nosotros no tenemos miedo de hacer frente a la responsabilidad que la voluntad ciudadana nos ha encomendado, pero rechazamos que se nos quiera responsabilizar con aumentos de impuestos y por lo tanto, cubrir los errores producto del centralismo y del presidencialismo.
Los triunfos municipales han ubicado a ciudadanos postulados por nuestro partido al frente de más de dos centenares de municipios, cuya población total se acerca a la tercera parte de la población nacional. Es por ello que nosotros exigimos, entre otras cosas, que se establezca un gravamen de tasa 0% en el impuesto al valor agregado a los ayuntamientos, con el objeto de que puedan ser acreditados los gastos que por dicho impuesto ejerce el ayuntamiento, a través de una devolución que efectuaría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dichas entidades, así como la exigencia de que las empresas establecidas en los municipios deben entregar el impuesto al valor agregado en sus cabeceras municipales, donde éste se genere y no en las localidades donde se encuentra su oficina matriz.
Hemos pedido también que debe modificarse la fórmula de distribución y se consideren otras variables para la asignación de recursos.
Compañeras y compañeros diputados, que ya no vuelva a ser el federalismo sólo tema de discurso presidencial, queremos hechos, exigimos realidades, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno y ése no queremos que sea el destino de los municipios mexicanos. Por ello, por los argumentos antes expuestos y comentados, nos oponemos a la aprobación de este artículo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Corresponde el turno para hacer uso de la palabra a la diputada Carlota Vargas Garza.
La diputada Carlota Guadalupe Vargas Garza:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Vengo a nombre de mi fracción a referirme al artículo 15 del presupuesto a discusión, en el que se trata de las erogaciones previstas para las entidades federativas y municipios.
Sin que podamos quedarnos totalmente satisfechos, no podemos negar que se produjeron logros importantes, ya que por un lado aumentó la participación a estas entidades y por el otro, se avanzó en el establecimiento de reglas claras para la distribución de estos recursos entre las mismas entidades y asimismo en su adecuada fiscalización.
Ya en las discusiones de las leyes de ingresos y diversas disposiciones fiscales, una de las mayores discusiones se dio en torno a la necesidad de avanzar hacia un mayor y más real federalismo fiscal que se reflejara en un incremento de recursos a estados y municipios.
A consecuencia de esta discusión, en el interior de la Comisión de Hacienda se realizaron modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, estableciéndose un aumento en el monto de las participaciones federales del 18.5% al 20% y asimismo, por primera vez, se establecieron participaciones a estados y municipios de la recaudación de impuestos federales al tabaco y a las bebidas alcohólicas.
Esto produjo que las participaciones a estas entidades se incrementaran de 68 mil 659 millones de pesos a 73 mil 41 millones, lo que refleja un incremento de 4 mil 832 millones de pesos.
Lo anterior, sin ser suficiente, crece un 11% respecto al cierre de 1995 y pasa de representar del 12.8% del gasto primario total, propuesto inicialmente, al 15.7% del mismo.
Y donde el total del incremento a favor de los estados, será absorbido por el Gobierno Federal en el momento en que su gasto programable decrece en términos reales y sin tocar la inversión ni el gasto social, sino por medio de eficientizar su gasto y racionalizar subsidios y transferencias.
El segundo renglón de importancia entre las erogaciones previstas para las entidades federativas y los municipios, es el ramo 25, aportaciones para educación básica en los estados.
Se propone en el decreto a discusión ampliarlo para incluir los servicios educativos en el Distrito Federal, actualmente presupuestados en el ramo 11.
Esto es muy importante, porque es el inicio de un proceso que establecerá las bases para que esas transferencias se realicen de manera integral y transparente.
Nos interesa de manera específica porque tenemos la preocupación de que estos recursos sean distribuidos, no al arbitrio de la Secretaría de Educación o con base en situaciones históricas, sino de acuerdo a fórmulas claras con reglas precisas que al momento se desconocen y que la mencionada Secretaría tiene la obligación de transparentar.
Y respecto al manejo de este ramo 25, en las reuniones convocadas por la Comisión de Programación y Presupuesto, se expresó la inquietud de que no existiese la obligatoriedad expresa de que los congresos locales tuvieran a su cargo la fiscalización de estos muy cuantiosos recursos, sobre todo cuando ya no eran objeto de la fiscalización de esta Cámara.
Esto en el presente decreto se ve subsanado en el artículo 21, que establece que la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Contraloría, establecerán los convenios procedentes para que las legislaturas locales incorporen en las cuentas públicas respectivas los resultados alcanzados con los recursos que se le descentralizaron.
Compañeros diputados, el avance del federalismo, la descentralización de recursos, programas y responsabilidades hacia los gobiernos estatales y municipales muestra un avance. Un avance que se refleja no sólo en la inclusión en el ramo 25, los servicios educativos del Distrito Federal ni en el incremento del ramo 28 de participaciones a estados y municipios.
Visto integralmente es un avance también el incremento en las facultades tributarias de estados y municipios a través del cambio a facultades del estado de los impuestos a la tenencia y de automóviles nuevos y a cargo del municipio de los impuestos sobre adquisición de inmuebles y la facultad de cobro de derechos, de anuncios panorámicos y sobre la venta al menudeo de bebidas alcohólicas. Esto significará un mayor ingreso para estas entidades, en algunos casos no en este año, pero sí en el siguiente.
Es también un avance el manejo a favor de los municipios del 65% de los recursos del ramo 26 de Superación de la Pobreza. Y es también un avance la federalización y la descentralización, aunque de manera incipiente, de los recursos de salud y de los programas agropecuarios.
Quisiéramos mucho más, pero nosotros tenemos que ser realistas. Considerando la situación económica presente y las restricciones consecuencia del gasto público, reconocemos que el esfuerzo realizado es considerable. No podemos por un lado exigir más y por otro decir que ese presupuesto no es ni siquiera suficiente para lo que estamos proponiendo.
No por ello dejaremos de trabajar y de insistir, en contar cada vez con una mayor proporción de gasto, de atribuciones y de ingresos para estados y municipios. Y además en profundizar en las fórmulas para su distribución, que además de claras y transparentes, aseguran un trato equitativo y justo con todos aquellos que firmaron el pacto federal.
Gracias por su atención.
El Presidente:
En relación al artículo 16 hará uso de la palabra el diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez.
El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para hablar del gasto correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social hay que entender primero qué significa desarrollo social y cuáles son sus parámetros y posibles acciones. Desarrollo social por sí mismo no nos dice nada si no lo relacionamos con el término población, ya que hablar sólo del desarrollo sin tener en cuenta para qué y para quién está destinado, será entrar en un fenómeno desarrollista sin sentido. Por otro lado, cuando el desarrollo social se vincula estrechamente con la población, adquiere su verdadera dimensión, la población está para desarrollarse y el desarrollo está para la población. Esta verdad pareciera de perogrullo, si no fuera por la dramática trascendencia que ha tenido en la vida nacional.
El 23 de abril de 1992 el Congreso de la Unión aprobó la decimatercera reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que tuvo esencialmente por objeto crear la Secretaría de Desarrollo Social con base en el cuestionable éxito del entonces Programa Nacional de Solidaridad, columna vertebral del neoliberalismo salinista y fundamento para la movilización nacional de las reservas electorales del sistema y su partido.
En esta aprobación, más que el triunfo de dicho programa, triunfó la idea de romper el binomio población-desarrollo, lanzando a México por la pendiente desarrollista en la que el desarrollo social carece de destinatario. Vimos el crecimiento estructural de una supersecretaría que nace como cabeza del nuevo gabinete de desarollo social que, como se afirma en la exposición de motivos, viene a sustituir al de bienestar social, ya que el secretario de Desarrollo Social coordinará las tareas del propio gabinete que está integrado por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, del DIF, del Infonavit, del Fonhapo y del Fondo de Operaciones y Financiamiento Bancario a la Vivienda.
La Sedesol estará también integrada al gabinete económico afirmándose que la naciente Secretaría se debe convertir en uno de los ejes fundamentales para lograr el desarrollo rural, integral. Simultáneamente se le integra también el gabinete agropecuario, todo esto para permitirle una adecuada definición y evaluación de las políticas del Gobierno Federal al respecto.
Se le integró dentro de la comisión intersecretarial de gasto-financiamiento que es, según la exposición de motivos, la instancia de coordinación entre las diversas dependencias del Ejecutivo Federal, así como parte del órgano de gobierno del Infonavit y del Instituto Mexicano del Seguro Social, representada en la junta directiva y en la comisión ejecutiva del Fovissste.
Se transforma en la mente de Carlos Salinas de Gortari en el organismo por excelencia del fortalecimiento del pacto federal, el coordinar a los tres niveles de gobierno, coordina a la banca de desarrollo y en particular con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, sociedad nacional de crédito; integra el Instituto Nacional Indigenista, presidiéndolo; absorbe las funciones de patrimonio nacional y se le asigna el control de asentamientos humanos y ecología.
Para su creación, se le quitan funciones a las siguientes secretarías y dependencias: a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Pesca, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a nueve de las 17 secretarías existentes y se desaparece la antigua Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología transformándose en un órgano director, operativo y normativo.
Poder que sólo es comprensible si de ahí se quiere impulsar a un candidato a la presidencia de la República ¿Para qué queremos presidente de la República si ya tenemos un secretario de Desarrollo Social?
Para poder entender el grave daño que esto ha producido en México, me voy a permitir remitirme a los acuerdos internacionales que México suscribió junto con otras 182 naciones en la cumbre de desarrollo social celebrada en la ciudad de Copenhague los días del 6 al 12 del mes de marzo próximo pasado, que consideró como la misión de cualquier gobierno el desarrollo social que implica al ser humano como centro del desarrollo social sostenible y sustentable y que implica, primero, el combate a la pobreza absoluta y la eliminación de desigualdades producto de toda marginación, para lo cual marca la conferencia, es necesario el crecimiento económico sostenido, el empleo pleno, la integración social que implica eliminación de toda discriminación, la relación social armoniosa, las condiciones adecuadas del medio ambiente, un estado de derecho, educación, salud, servicios públicos adecuados, eliminación de la violencia y seguridad pública.
El concepto de desarrollo social abarca todas las políticas de gobierno que genera con todas sus facultades y con todas sus dependencias las condiciones para alcanzarlo.
Luego entonces se afirma en Copenhague que el desarrollo social no puede perseguirse como una política sectorial. Promover el desarrollo social, dicen en Copenhague, es orientar los valores, los objetivos y las prioridades hacia el bienestar de todas las personas y el fortalecimiento y la promoción de las instituciones y las políticas que persigan ese objetivo. El objetivo de desarrollo social es mejorar la calidad de vida de todas las personas, para esto, se comprometen los gobiernos a efectuar las siguientes acciones.
1o. Lograr un entorno económico nacional favorable.
2o. Lograr un entorno político y jurídico favorables.
3o. Formular estrategias integradas para el combate a la pobreza.
Mejorar al acceso a los recursos productivos y a la infraestructura; atención a las necesidades humanas básicas de todos; creación de empleo productivo que implica políticas de educación, capacitación y trabajo; mejoramiento de la calidad del trabajo y del empleo.
La integración social es concebida como la creación de una sociedad para todos y por lo que se necesita gobiernos sensibles a las necesidades y plena participación de la sociedad; no discriminación, tolerancia y respeto y valoración recíproca de las diversidades; igualdad y justicia social; atención de necesidades sociales especiales; eliminación de la violencia; fortalecimiento de la familia; participación de la sociedad, que implica la movilización adecuada de los recursos financieros.
En el Plan Nacional de Desarrollo, se afirma que el desarrollo social requiere justicia social, un nuevo acuerdo social que en la página 75 se refiere de la siguiente manera: la dimensión de los rezagos estructurales agravados por la crisis económica, implica el imperativo de convocar a una cruzada nacional por el bienestar, capaz de hacer converger las fuerzas y el talento de todos los mexicanos y de las diversas instituciones en un nuevo acuerdo nacional.
Y afirma el Plan Nacional de Desarrollo: la centralización excesiva de las decisiones y funciones gubernamentales actúa en detrimento del bienestar general de la sociedad. La concertación de atribuciones, instrumentos y recursos, limita la eficiencia de la acción pública y desaprovecha la capacidad participativa local en la promoción del bienestar.
En contra de la centralización excesiva, tenemos el federalismo, nos plantea el Plan Nacional de Desarrollo y también implica: salud, educación, vivienda, crecimiento económico, en un marco como objetivo de la política de desarrollo social.
En la página 83 del mismo plan, se afirma: objetivo de la política de desarrollo social es propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones que aseguren a la población el disfrute de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución; elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos y de manera prioritaria disminuir la pobreza y la exclusión social. Para ello, se ampliarán y mejorarán la educación, la salud, la vivienda, se armonizará el ritmo de crecimiento de la población y su distribución geográfica; se promoverá el desarrollo equilibrado de las regiones; se abatirán las desigualdades y se impulsará un amplio proceso para la integración social y productiva de los mexicanos que hasta ahora no han tenido opciones de bienestar.
Ahora bien, para desarrollar todo esto, el Ejecutivo Federal nos plantea en el presupuesto de egresos, un incremento nominal de 400 millones de pesos, que es el incremento para el ramo 26, en el cual se da un 3.03% de crecimiento nominal, pero una disminución de 21.4% con respecto al valor real del dinero y de la inversión.
Este incremento viene aunado a un gasto de administración de 877 millones de pesos, que es el doble del incremento económico, el cual se había planteado.
Necesitamos volver a esquemas en los cuales la carga estructural de una secretaría, no sea onerosa para el pueblo de México; necesitamos un organismo coordinador de todas las dependencias y de todas las funciones públicas, como se consigna en la Ley General de Población y que dé eficiencia real al desarrollo social, en donde para un país pobre, no carguemos con estructuras pesadas con gastos onerosos, que desvíen recursos de alta prioridad en épocas de crisis económicas, devolviendo a los especialistas en cada dependencia las funciones que hay y que hoy en muchas ocasiones se duplican.
El licenciado Enrique de Val Blanco, en su comparecencia para explicar el presupuesto de egresos de la Secretaría nos decía: el objetivo que tenemos para este año es aumentar el gasto en desarrollo social, en especial en los renglones de salud, educación y combate a la pobreza extrema. Es importante subrayar, dice más adelante, que durante 1996, la estrategia que guiará esta política a cargo de la Sedesol, está conformada por dos ejes: descentralización del gasto público a los gobiernos estatales y locales para elevar su eficiencia y la participación de las comunidades y fortalecimiento de los programas federales orientados a la formación del capital humano.
Sin embargo hoy se pretende cubrir el decremento de los egresos de la Sedesol con la descentralización del 65% del ramo 26 para el fondo de desarrollo social municipal. Sin embargo cuando analizamos los formatos únicos que la Sedesol manda a los estados para su firma y poder asignar los recursos adecuados que aunque afirman que está a discusión y concertación con los ejecutivos de los estados, llegan con siete días de anticipación y se les aclara a los ejecutivos la amenaza de que si no se firma y no está en la fecha indicada, no asignará los recursos la Sedesol a los diferentes programas.
Analizando estos convenios de desarrollo social, podemos afirmar que si se nombran como convenio de desarrollo social y se mencionan para cumplir con el objetivo de desarrollo social, sería necesario entonces la descentralización no solamente del ramo 26, sino iniciar una exploración en lo referente al ramo 20, que es propiamente el de desarrollo social. A pesar de que se menciona el fortalecimiento municipal en la segunda cláusula, como un acuerdo a lo largo del convenio, no hay artículo que ahí lo corrobore, sino lo que se fortalece realmente es la creación de una nueva criatura llamada: "Consejo de Desarrollo Municipal", dejando fuera a los ayuntamientos en las decisiones de desarrollo social de los municipios.
Los consejos de desarrollo municipal serán sustituidos por el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, para que realmente tenga un sentido federalista y municipalista.
En la cláusula tercera, se habla, por ejemplo, de que la única vía de coordinación en materia de desarrollo social y regional, es este convenio.
Habría que revisar jurídica y políticamente qué implica el que sea la vía única. Hay que revisar la transferencia de recursos de las Cien Ciudades del ramo 26 al ramo 20.
También se dice en el proyecto, que se incorporarán a su contexto bajo las figuras de acuerdo de coordinación o anexos de ejecución a través de convenios de concertación, cuando participe la sociedad en forma organizada. Sin embargo en la modalidad no entra el Programa de las Cien Ciudades; no se contempla en los Convenios de Desarrollo Municipal, Codem, y es importante que en la medida en que se menciona la concertación para la participación de la sociedad, ésta sea franca y bajo las autoridades elegidas por los municipios.
En la cuarta se dice que la formalización de los acuerdos de coordinación y anexos de ejecución, estarán sujetas al dictamen de congruencia y a la autorización que sobre transferencia de recursos emita la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supeditada a la disponibilidad de recursos.
¿Cuál es el significado del dictamen? Es decir ¿cuáles son los criterios que se aplican para la congruencia? Dictamen de congruencia de autorización por transferencias de fondos, hay disponibilidad de recursos, se requiere la autorización expresa de Sedesol para la liberación de los mismos. Podríamos seguir ahondando en esta situación y encontraríamos que es una clara y permanente injerencia de la Federación en lo que compete a municipios y a estados de la República, es por eso que solicité que se vote en contra este artículo 16 de la Ley de Ingresos, porque no cumple con un verdadero desarrollo social, ya que sujeto a estructuras pesadas, lo único que está logrando es el desarrollar estructuras electorales para el partido en el poder.
Muchas gracias.
El Presidente:
A continuación, tiene la palabra el diputado René Juárez Cisneros.
El diputado René Juárez Cisneros:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Voy a referirme de manera muy específica al artículo 16, relativo a las erogaciones del ramo denominado: superación de la pobreza.
Más allá de las diferencias y puntos de vista encontrados que la propia naturaleza de este ramo presupuestal de alguna manera provoca, conviene precisar que en tratándose de este ramo presupuestal en cuestión, no podemos soslayar que de él se expresa quizá no con la profundidad que nosotros deseáramos, pero sí de manera muy enfática, la voluntad y la vocación federalista del Ejecutivo Federal.
Es indiscutible que es insuficiente el esfuerzo de descentralización y de fortalecimiento de las entidades federativas y de los municipios a través de la canalización de recursos presupuestales, para dar respuesta a las demandas de la sociedad, pero el ramo 26, con las incorporaciones que en el análisis y discusión que se dio en el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con las aportaciones de las diferentes fracciones parlamentarias, en donde por cierto y aquí quisiera puntualizar, algunos integrantes de la comisión, del
Partido de la Revolución Democrática, hicieron aseveraciones que vale la pena reconocer y que se incorporan en el cuerpo del dictamen, más allá de que de manera responsable la diputada Robles y el diputado Livas hayan argumentado con elementos sólidos que nosotros respetamos, su punto de vista en relación al Presupuesto de Egresos, ellos también reconocen avances que en materia del ramo 26 y en materia de los instrumentos de concreción de este ramo presupuestal se expresan ya en este documento que está a discusión.
Quisiera solamente referirme a tres o cuatro elementos que me parecen sumamente relevantes para sustentar nuestro voto favorable, no solamente al dictamen en lo general, sino a este artículo en particular.
Precisamente la denominación nueva en cuanto a este ramo presupuestal, no responde a una decisión o a una voluntad caprichosa, sino fundamentalmente pretende identificar y dar congruencia a la definición del ramo, con el objetivo del mismo. De tal manera que los recursos presupuestales que se orienten a través del ramo 26, sean congruentes y se identifiquen precisamente con la política orientada al combate a la pobreza.
Un segundo elemento que aquí se ha planteado, lo constituye la claridad con la que se establecen dos ejes fundamentales en la aplicación de la política de combate a la pobreza: por un lado la descentralización del gasto hacia las entidades federativas y los ayuntamientos de los fondos de desarrollo municipal, para que éstos puedan reforzar los programas de infraestructura básica, básicamente en lo que se refiere a desarrollo urbano y desarrollo rural, por una parte. Por otra parte, conviene...
El Presidente:
Permítame, señor orador.
¿Permite que le hagan una pregunta, diputado.
El diputado René Juárez Cisneros:
Con mucho gusto, una vez que concluya mi intervención, señor diputado:
El Presidente:
Cuando concluya, señor diputado.
El diputado René Juárez Cisneros:
Un segundo eje se refiere a orientar un esfuerzo importante a la formación de capital humano.
Un tercer elemento que conviene destacar, es el hecho de que en este ramo ahora se hace a un lado ese listado interminable de programas de financiamiento a las acciones fundamentalmente municipales, para dar paso a tres fondos específicos, que son diferentes pero que se complementan entre sí.
Por otra parte, conviene también precisar que no hay una injerencia directa ni hay una vulneración de la economía municipal por parte de la dependencia responsable de la operación del programa. Los recursos del fondo de desarrollo municipal son recursos que habrán de ejercer, que habrán de orientar, que habrán de ejecutar los propios ayuntamientos. Sin duda que el hecho de que exista un inventario amplio de programas específicos de combate a la pobreza que son resultado de la experiencia a lo largo de muchos años en cuanto a su eficacia precisamente para atacar este tipo de problemas en las comunidades de mayor marginación, no implica de ninguna manera que haya una injerencia en la vida municipal.
No disponer de su inventario provocaría sin duda arribar a un proceso de anarquía, de dispersión en el esfuerzo del gasto público y sin duda en el ejercicio propio de los recursos.
Otro elemento que aquí ya se ha discutido y que conviene solamente recoger, es el relativo a la fórmula que se utilizará para la distribución de los recursos y que garantiza equidad y justicia, así como transparencia en estos recursos que han de canalizarse a estados y municipios. Cuando menos es la primera vez que existe un mecanismo que permite precisamente responder a indicadores de pobreza y no a criterios geográficos y de carácter político en la asignación del gasto.
Los recursos del ramo 26 han de orientarse a segmentos de la población de mayor marginación, estén a donde estén, sin importar, reitero, fundamentalmente criterios políticos, pero más aún, la fórmula, ahí el compromiso se establece en el cuerpo del decreto y precisamente la metodología que se ha utilizado, habrá de publicarse con toda oportunidad en el Diario Oficial de la Federación y además habrá también de enterarse a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y Desarrollo Social con toda antelación, tal como está establecido en el propio cuerpo de la iniciativa.
Hay un elemento adicional, la Secretaría de Desarrollo Social en el instrumento natural de centralización, de responsables y recursos los codesoles o los convenios de desarrollo social, van a acordar también con las entidades federativas, que se apliquen estos criterios de equidad y justicia para transferir los recursos que la Federación transfiera a las entidades federativas y éstos a su vez lo tendrán que hacer a los municipios y publicar en las gacetas oficiales de los estados. Estos montos que habrán de asignarse a los ayuntamientos.
Por su parte, los ayuntamientos en este esfuerzo de transparencia en el manejo de los recursos tendrán también que informar a la ciudadanía de los montos asignados de las obras a realizar.
Por otra parte solamente como un comentario adicional, quisiera replantear, que la participación social que aquí se impulsa también no solamente en la orientación y destino de recursos sino en el control y la vigilancia y evaluación de los mismos es un elemento que definitivamente no choca con las estructuras existentes actualmente en los ayuntamientos; en lo que se refiere a los consejos de desarrollo municipal podemos afirmar que, bueno, en ellos participan sin duda los propios integrantes de los cabildos que tienen funciones específicas y que en la participación ciudadana lejos de afectar la eficacia del programa del ramo 26 le viene a dar mayor viabilidad, de tal forma que creemos que no se debe de inhibir la participación ciudadana sino por el contrario, estimularla.
Finalmente coincidimos con la preocupación de que y no se pretende definitivamente que con estos recursos del ramo 26 se puedan resolver de manera definitiva todos los problemas que en materia de pobreza existen en la nación, se requiere una visión integral de conjunto que visualice el esfuerzo que el Gobierno de la República a través del presupuesto de egresos de la Federación concretamente en materia de política social, desarrollo social está planteando; sin embargo, aún que representa más del 53% de los recursos del gasto programable y que hay un crecimiento de 2.5%, consideramos que habrá de seguir explorándose en este sentido para avanzar precisamente en la atención a estas demandas que sin duda están, existen y están a lo largo y a lo ancho de la nación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Diputado, la pregunta del compañero diputado:
El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez (desde su curul):
Sí, quisiera yo hacer al orador dos preguntas con respecto a los convenios de desarrollo social que se firma con los ejecutivos de los estados:
Se menciona, usted habla que los ayuntamientos tendrán el poder de decisión, sin embargo en el convenio se dice claramente que van a ser los consejos de desarrollo municipal los que tomen las decisiones; estos consejos son nombrados por el presidente municipal sin ninguna injerencia de los ayuntamientos. En todo el convenio se menciona una vez a los ayuntamientos y es cuando se les hace responsable si las cosas salen mal.
Y segundo, no sé si usted tenga alguna otra información que obviamente pueda estar escondida y que en un momento determinado pudiera aclarar este punto. Segundo, con respecto a la estructura de la Sedesol claramente se descentraliza el ramo 26, se quedan solamente con el ramo 20, sin embargo, en la estructura no solamente no desaparece, sino por la mención que se hace en el artículado en estos convenios se prevé un ofrecimiento por la supervisión que van a hacer a los municipios y en qué plan quedan los Copladem concretamente dentro del desarrollo municipal y en qué plan quedan los ayuntamientos dentro de esto, si tuviera una información que pudiera aclararme este punto sería muy útil porque yo tengo en mis manos los convenios pasados al Ejecutivo y éste es el resultado.
El diputado René Juárez Cisneros:
Con mucho gusto, diputado:
Primero: no es novedoso que se firmen convenios de desarrollo social con las entidades federativas, lo novedoso es que por primera vez estos convenios incorporan las características específicas de cada Estado y las prioridades estatales, con anterioridad habrá que reconocerlos, se signaban primeramente los convenios juntos de coordinación y posteriormente ya los codesoles, convenios genéricos, sin embargo, en esta oportunidad se plantea recoger la prioridades y características de cada entidad federativa.
Mire, en lo que se refiere a los consejos de desarrollo municipal, en éstos se incorpora la figura del ayuntamiento, los ayuntamientos están integrados, los cabildos están integrados por, obviamente, el presidente municipal, el síndico o los síndicos y los regidores; cada uno de los regidores o un grupo de regidores tienen responsabilidades y comisiones específicas y estas comisiones específicas, estos regidores incorporan al consejo de desarrollo municipal, así como las organizaciones sociales, así como las diferentes dependencias que inciden en el ayuntamiento de tal manera que hay una participación de los ayuntamientos.
Yo creo que no hay ninguna duplicidad sino por el contrario, hay una apertura para que haya una mayor participación social y en lo que se refiere a la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría tiene una función normativa fundamentalmente para garantizar la eficacia en el manejo del gasto social, fundamentalmente tiene que llevar un registro de la obra pública por razones precisamente de cuenta pública.
Muchas gracias, señor diputado, gracias.
El Presidente:
Para referirse a los artículos 20, 70 y segundo transitorio en una sola intervención, hará uso de la palabra el diputado Juan Antonio García Villa.
El diputado Juan Antonio García Villa:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Quisiera en esta oportunidad parodiar ¿al último orador que intervino en el colegio electoral que calificó las elecciones federales de 1991, dijo ese orador: ojalá éste sea el último colegio electoral de la historia en el que los propios presuntos diputados se califican ellos mismos sus propias elecciones. Yo quisiera decir, señores diputado, ojalá ésta sea la última ocasión en la historia que discutimos con este desparpajo, un presupuesto de egresos de la Federación; ojalá sea la última vez de la historia en que esta discusión se convierte en un ejercicio de verdadera ociosidad, en un ejercicio de irresponsabilidad.
Es el tema, señores; en un ejercicio de frustración.
Estamos en el tema señores y en la medida en que más les duele lo que se dice aquí con sentido de verdad, es cuando gritan tema.
No es posible que teniendo esta facultad tan importante en un Poder Legislativo, el origen mismo de los parlamentos modernos, que surge no para la expedición de leyes sino para la aprobación del gasto público, nos conformemos los diputados de México que tenemos esta facultad como atribución exclusiva, por que ni siquiera la tienen los otros legisladores, los del Senado, lo hagamos de esta manera.
En otras latitudes la discusión del presupuesto, la orientación de la administración pública, la orientación del gasto gubernamental ocupa un capítulo central y destacado en la labor del parlamento. Aquí, insisto, es una sesión tediosa, es una sesión en la que como todos estamos de acuerdo en que nada va a cambiar, sólo es una sesión de mero trámite y nos convertimos los diputados mexicanos en simplemente aprobones.
Voy a señalar que por primera vez, quizá, en siete décadas y lo reconozco expresamente, esta Cámara, mediante el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, ha hecho el cambio a una cifra contenida en el presupuesto, es la del artículo 15, que incrementa el ramo 28, el de participaciones a estados y municipios, en 4 mil 382 millones de pesos; pero no se atrevió la comisión a redondear su propuesta, porque si la constitución ordena que el presupuesto se formula a partir de programas que deben tener objetivos y metas concretas, la comisión no se atrevió a señalar qué rubros, qué programas se van a ver afectados. Hizo una serie de recomendaciones a la Secretaría de Hacienda, para que efectúe el ajuste correspondiente y dicta al efecto varios criterios de cuya realidad ya sospechábamos: que se compacten las estructuras administrativas.
Ya habíamos señalado los diputados de oposición en varias ocasiones y concretamente los de Acción Nacional, que es posible obtener economías presupuestales a partir de esto que eufemísticamente llama la comisión compactación de las estructuras administrativas.
Propone también la comisión para ajustar el presupuesto, pero sin llegar al equilibrio presupuestal, porque si un investigador hace la suma de lo que el presupuesto incorpora y lo compara contra la Ley de Ingresos que aquí aprobamos, va a encontrar ese investigador que con más serenidad estudie estas cuestiones, nuestra irresponsabilidad al no cuadrar el presupuesto, porque no estamos aprobando, porque tibieza de la comisión un presupuesto que mantenga el equilibrio presupuestal, como lo señala el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Federal.
También se dice que se eliminen las oficinas que algunas dependencias del Ejecutivo mantienen en el exterior, con lo cual se duplica la representación de nuestro país en el extranjero. Ya lo habíamos señalado en otras ocasiones.
También señalan que se eliminen o se disminuyan subsidios indiscriminados al consumo, pero con criterios de equidad regional. Ya hemos señalado en otras discusiones similares a ésta, que la ausencia de transparencia en el otorgamiento de subsidios y de transferencias, da lugar a distorsiones a sesgos inadmisibles en un presupuesto que aspira a ser un presupuesto equilibrado y justo.
Y señala concretamente que se deberán reducir los subsidios destinados a cubrir los déficit de operación entre ellos, en particular, los relacionados con el precio de la tortilla. Aquí hubiera sido interesante que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública hubiera hecho un análisis, como le debió haber correspondido, de haber actuado con sentido de responsabilidad, como se distribuye el subsidio precisamente en el programa relativo a la tortilla, sobre qué base este subsidio por ejemplo, va fundamentalmente a los grandes industriales, concretamente a Maseca, a Minsa y a Agoimsa y no realmente por la ausencia de transparencia a los consumidores finales y a los pequeños industriales de la tortilla y del maíz.
La propia comisión que no se atrevió a hacer el ejercicio responsable de ajustar el presupuesto y que deja esta tarea para que sea cumplida por la Secretaría de Hacienda en los siguientes 90 días, al inicio del presupuesto, debió haber estudiado con profundidad esto y deberá estar atenta, para que cuando la Secretaría de Hacienda comunique, dé a conocer el ajuste a estos subsidios, tenga muy en cuenta porque lo señala expresamente en uno de sus resolutivos en el segundo transitorio, que se eliminen esos subsidios carentes de transparencia y que con el pretexto de beneficiar a los consumidores de la tortilla en el país, en realidad están beneficiando a los grandes industriales como son las masecas y las minsas.
Por último, señores diputados, nos permitimos hacer una propuesta para que los informes trimestrales relativos a las finanzas públicas que se reciben aquí, según dice el artículo 70 del dictamen, dentro de los 45 días posteriores a la terminación de un trimestre, para que tenga sentido la recepción de esa información. Proponemos aprovechar en el sentido legítimo de la expresión la capacidad instalada de análisis, de estudio, de reflexión que tiene esta Cámara en su órgano técnico llamado Contaduría Mayor de Hacienda. Por eso proponemos en los términos del artículo 124 del reglamento, que al tercer párrafo del artículo 70 se le agregue que esos informes trimestrales sobre el desempeño de las finanzas públicas sea estudiado y produzca su análisis la Contaduría Mayor de Hacienda y se envie a la Cámara de Diputados, porque de otra manera estos informes serán objeto de comentarios muy generales en una u otra de las comisiones de la Cámara y finalmente van a engrozar los archivos de esas comisiones.
Para que tenga sentido, para que le vayamos dando a esta entidad de fiscalización superior la dimensión que le queremos dar con la reforma constitucional que la convertiría en una auténtica entidad superior de fiscalización, proponemos pues y aquí dejaremos por escrito la proposición, que de cada una de estas cuatro entregas de informes trimestrales, la Contaduría Mayor de Hacienda produzca para esta Cámara a su vez un informe con su opinión y su análisis de estos informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda.
Quiero terminar, señores diputados, esta intervención, con la frase con que inicié. Ojalá, si la reforma al Estado que estamos a punto de emprender, verdaderamente prospera y se fortalece al Poder Legislativo y concretamente a la Cámara de Diputados, que tiene en exclusiva esta facultad de aprobar el presupuesto, ojalá ésta sea la última ocasión de la historia en que esta Cámara toma con tanta ligereza y desparpajo una discusión del presupuesto.
Muchas gracias.
El Presidente:
De igual manera, para referirse a los artículos 20, 70 y segundo transitorio, tomará la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho... Para rectificar hechos, hace uso de la palabra el diputado Cándido Pérez.
El diputado Candido Pérez Verduzco:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos venido a un debate en el que la fracción del Partido Revolucionario Institucional ha estado preparada y ha estudiado a fondo y a profundidad todos los aspectos contenidos en el proyecto de decreto que hoy se somete a esta soberanía.
Por eso no aceptamos las palabras del compañero diputado que me antecedió en el sentido del desparpajo y la ignorancia que pueda privar en esta Asamblea. Consideramos que a lo mejor el desparpajo y la ignorancia está o lo tengan que buscar en otro lugar que no es el de la fracción revolucionaria del Partido Revolucionario Institucional. Tal vez lo tenga que buscar, compañero, en su propia fracción.
Y ojalá, también coincidimos, compañero diputado, en que ésta sea la última ocasión en que se venga aquí a esta tribuna a esgrimir tanta ignorancia.
Ojalá sea la última ocasión en que se venga a esta tribuna a demandar el fortalecimiento del Poder Legislativo, cuando todos sabemos que el debate se gana en el trabajo de las comisiones y donde no recordamos haberlo visto, compañero, ni una sola vez.
Para fortalecer el Poder Legislativo, tenemos que comenzar con ser responsables y acudir a los trabajos donde se discute y se debate a fondo el contenido de lo que hoy en esta honorable Asamblea estamos discutiendo.
Por ello, me permito solamente leerle el artículo segundo transitorio, porque creo, por lo que hemos escuchado aquí, que no lo ha leído.
"Artículo 2o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá efectuar los ajustes a la asignación del gasto autorizado en el presente decreto en proporción con el incremento derivado de la variación en el porcentaje participable que se aplique al ramo 28, participaciones a entidades federativas y municipios de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de conservar el equilibrio presupuestal."
Dichos ajustes se realizarán exclusivamente en los presupuestos de las dependencias a que se refiere el artículo 8o. de este decreto, a nivel de distribución por dependencia, conforme a los siguientes criterios:
1o. Compactar las estructuras administrativas, así como depurar los programas funciones y metas, a fin de eliminar la duplicidad de acciones y reducir gastos no prioritarios.
2o. Las dependencias que tengan oficinas de representación en el extranjero o unidades administrativas que atiendan asuntos de carácter internacional, deberán eliminar duplicidades con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
3o. No se deberán afectar los programas de inversión en infraestructura física.
4o. Proteger los programas de gasto social que identifiquen claramente a la población objetivo y sean un beneficio efectivo para la sociedad en relación a sus costos:
5o. Introducir esquemas en la ejecución de programas que permitan reducir o eliminar los subsidios indiscriminados al consumo, con criterios de equidad regional, en particular los relacionados con el precio de la tortilla, las tarifas de electricidad y el precio de gas LP.
Asimismo se deberán reducir los subsidios destinados a cubrir los deficientes de operación. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, dará cuenta a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los ajustes en la distribución de los recursos a que se refiere este artículo en un plazo no mayor de 90 días posteriores a la entrada en vigor de este decreto.
Cualquiera que haya leído el documento de este decreto podremos comprender que se explica por sí mismo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Juan Antonio García Villa.
El diputado Juan Antonio García Villa:
Señor Presidente:
Con una candidez que sorprende el diputado seguramente no estuvo atento a la intervención, porque mientras redactaba o le redactaban lo que aquí vino a leer, no se dio cuenta que precisamente lo que él leyó aquí del artículo segundo transitorio yo no solamente lo leí sino lo fui glosando.
Porque no me negarán los señores miembros de la Comisión de Hacienda, a la que no tengo por qué asistir, si los miembros de mi grupo parlamentario están ahí y yo no soy miembro de esa comisión y ¿cuál es el problema.
Lo que le quiero señalar es que en ningún momento, y puede acudir a la versión estenográfica, señalé que fueran ignorantes. Los puedo acusar de irresponsables, pero no de ignorantes.
En todo caso que me digan cualquiera de los señores de la comisión, si un ajuste al presupuesto lo debe presentar con sentido de responsabilidad la comisión que está dictaminando y no dejárselo a la Secretaría de Hacienda; eso es absurdo, eso en ningún parlamento que se precie de serlo en el mundo ocurre, porque su facultad es dar el presupuesto y no criterios generales, porque en la única ocasión en décadas que la comisión se atrevió y seguramente previa consulta con la Secretaría de Hacienda a introducirle un cambio, así sea pequeño, no estuvo en condiciones técnicas de conocimientos, de aptitud, de sentido político o de autoridad moral para haber hecho ella misma, la comisión, los ajustes y no de manera irresponsable dejárselos a la Secretaría de Hacienda.
¿En qué país se ve eso? En México, solamente en México. No porque la ausencia de responsabilidad pueda ser o pueda recaer sobre todos los miembros de esta Cámara. Está claro el desparpajo, la irresponsabilidad, la falta de entendimiento en el sentido de que se niegan a reconocer argumentos. Aquí un diputado del PRD con acierto dijo: estamos en un ejercicio de cretinismo. Y parece que esto es, porque ustedes parten de una hipótesis, señores de la mayoría y no van a poder desmentirla, no tienen la autorización y menos en esta sesión para introducir la más mínima modificación a un presupuesto que les llega del Ejecutivo y que saben que por consigna y por sentido partidista tiene que salir en los términos en que les fue enviado.
Ojalá y eso sí, señores de la mayoría, se termine para siempre, porque si dentro de un año, insisto, estamos en este mismo ejercicio de cretinismo, de irresponsabilidad, de ociosidad, será entonces el mejor indicador de que como diputados y representantes de la nación no fuimos capaces de consolidar una efectiva reforma del Estado que fortalezca al Congreso y en especial a esta Cámara de Diputados que, esperamos, que en los términos de la Constitución sea efectivamente la Cámara que representa a la nación y no la que obedece al Ejecutivo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para ratificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado José Castelazo.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:
Con su venia, señor Presidente:
¡Qué bueno que el diputado Juan Antonio García Villa sí es responsable!, tan responsable que adelantó conclusiones de la comisión que preside con información presumible. ¡Qué bueno que él no es ignorante! Aquí vino a citarnos a un politólogo inglés que según él se llama o se apellida "Squiner" y el politólogo "Squiner" no existe ni en la enciclopedia de las ciencias sociales ni en la historia de la politología inglesa. Y también buscamos a "Siner" y tampoco existe. Es Finner.
Nos citó también, según él, a San Agustín. Buscamos la cita de San Agustín y tampoco existe. ¡Qué bueno que no es ignorante! Dice que no escuchamos bien y el que no escucha bien es él, porque en una interpelación, en un comentario que hizo durante la comparecencia de la contralora hace unas semanas me interpretó y dijo que yo había dicho cosas que no dije. Ahí le voy a dar entonces la versión estenográfica para que escuche bien.
Vino aquí a regañarnos, fíjense nada más, con la responsabilidad que tiene el diputado Macario, con esos hechos que se viene a discutir y que no discute ningún hecho, simplemente señor diputado Juan Antonio García Villa, con todo respeto, escuche bien, sea responsable y cuando venga a citar a alguien a la tribuna, sea un politólogo o sea un filósofo, que sea verdad, ya no diga mentiras.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos también hasta por cinco minutos, hará uso de la palabra el diputado Saúl Escobar.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, señor Presidente:
Cuando en otros países del mundo se discute el presupuesto ¿qué se discute? Se discute los diversos intereses de una sociedad. En el presupuesto debería estar expresada la pluralidad de una sociedad.
Es natural entonces que la discusión de un presupuesto sea una discusión de enorme complejidad por la necesidad justamente de conciliar tantos y tan variados intereses como tiene cualquier sociedad del mundo. Y México no debería ser la excepción, en este país hay regiones con una enorme diversidad: el norte y el sur, el campo y la ciudad y diversos intereses incluso de clase, los empresarios, los obreros, los campesinos, todo esto debería estar recogido y expuesto en una discusión sobre el presupuesto nacional. Es la gran oportunidad que tiene un país cuando discute el presupuesto de la nación, no sólo de recoger las demandas de toda esa variada gama social e incluso política de un país, sino también de conciliar los en un solo proyecto de desarrollo nacional.
Es la gran oportunidad que tiene la representación popular de un país de tomar la tribuna para defender lo que él considera válido en su región según sus intereses sociales o según incluso la visión de su partido o de su ideología sobre el desarrollo nacional, es la oportunidad entonces del presupuesto de la nación, para dar un gran debate de ideas sobre la diversidad y al mismo tiempo sobre la necesidad de la unidad de todo un país sobre su futuro, por lo menos a nivel económico.
En otros países la discusión del presupuesto es la discusión feroz, sin tregua y sin cuartel entre todos estos intereses. Y aquí compañeros y éste es el problema, sólo hay dos bandos y esto es precisamente lo que nos da tristeza, no hay el bando del norte o el bando del sur o el de los trabajadores o el de los empresarios o el de los comerciantes o el de cualquier sujeto social del país; no está aquí recogida esta gama de intereses, sólo hay dos bandos: el bando del Ejecutivo, el bando que defiende el interés oficial y el bando de la oposición a esos intereses.
Aquí deberíamos discrepar fuertemente el PAN y el PRD, el PRI y el PRD y dar una lucha de todos contra todos, porque de eso se trata, de defender los múltiples intereses sociales de una nación. Y que el PRD se dividiera en opiniones; y que el PAN se dividiera en opiniones y que el PRI, se dividiera en opiniones, defendiendo, porque eso sucede en todos los países del mundo o en muchos países del mundo, donde cada quien viene a representar parte de la colectividad nacional.
En otros países los partidos son superados en la discusión del presupuesto porque no se trata de defender a capa y espada un solo punto de vista, sino esta diversidad social de un país. Y aquí no lo vemos, por eso nosotros decimos efectivamente que esta discusión del presupuesto no es una discusión real, no es una discusión sincera, no es una discusión verdadera que busque justamente conciliar estos intereses, sino solamente una discusión entre dos bandos: el bando del Ejecutivo que defiende a capa y espada, aun en contra de los intereses de los sujetos sociales que pudiera representar y el bando de la oposición que aunque no concilia sus propuestas, porque las propuestas del PAN y del PRD han sido distintas, coincidimos en la necesidad de que se abra un verdadero debate, una verdadera conciliación de ideas y que las propuestas del Ejecutivo cambien y se transformen, porque el Ejecutivo podrá defender sus propuestas, pero no podrá representar, porque para eso estamos nosotros, la diversidad y la pluralidad social de un país. Eso es lo que lamentamos.
Por eso coincidimos en el debate, aunque no en los puntos de vista, el PAN y el PRD, por eso se forman dos bandos, el del Ejecutivo, que obedece a ciegas y el de la oposición que busca tesoneramente, machaconamente, neciamente, cambiar lo que ya está escrito de antemano. Por eso decimos, compañeras y compañeros, que el Legislativo tiene que cambiar, cambiar para bien del país y para representar dignamente a todos los mexicanos y no solamente al Ejecutivo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, diputado Juan Antonio García Villa.
El diputado Juan Antonio García Villa:
No, no haber venido en esta ocasión a la tribuna a rectificar lo dicho aquí por el diputado Castelazo, pudiera hacer suponer que el que calla otorga.
En primer lugar, como él mismo lo reconoció, el autor inglés Finner sí existe. Y le voy a traer la cita para que quede él satisfecho.
Segundo. La cita atribuida a San Agustín, obispo de Hipona, también se la voy a traer, que dijo que para él el gobierno cuando no actúa bien, se convierte más que en un promotor del bien de la sociedad, en una especie de bandidaje organizado.
Y por otro lado, yo sí creo haber interpretado bien lo que el diputado Castelazo dijo en la comparecencia del Procurador General de la República y de la Secretaria de la Contraloría. Tan es así que leí su artículo publicado el día de ayer en el diario Excélsior y exactamente como yo creo haberlo entendido, él lo publica. Y estoy esperando su artículo de la próxima semana, señor diputado Castelazo, porque usted ahí hace el adelanto de que en su entrega del próximo martes, va a decir por qué propuso lo que propone. Yo le entendí y ojalá usted pudiera desmentirme, que está proponiendo que los funcionarios de la nueva entidad de control interno, es decir, lo que hoy llamamos Secodam o Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que entre paréntesis usted a nombre del PRI dijo que el PRI insiste en que esta dependencia continúe con el rango de Secretaría de Estado, que también entre paréntesis por si usted lo desconoce, señor diputado Castelazo, en el ámbito de la Organización Internacional de Entidades Superiores de Fiscalización, se ve muy mal que dos países de América latina, dos solamente: México y Argentina, tengan un órgano de control interno que disponga de mayores recursos que el órgano de control externo, que por definición de la Constitución le corresponde a la Cámara de Diputados.
Y ya es de suyo muy sospechoso que un diputado, que un representante de la nación insista en magnificar el control interno, versus el control externo, que es el que queda ubicado en el ámbito del Poder Legislativo; yo creo que eso como representante de la nación, por lo menos, señor diputado Castelazo, no se vale. Usted es diputado y debería apostarle, sobre todo al control externo, independientemente de que en el ámbito de la organización internacional de entidades superiores de fiscalización, el desprestigio de México y de otro país sudamericano que voy a decir su nombre, Argentina, sea grande porque tengan estas entidades desmesuradas, con una especie de elefantiasis y que en el fondo, como ustedes mismos lo reconocieron el día de la comparecencia de la Secretaria de la Contraloría, ha servido exactamente para dos cosas y una de ellas es exactamente nada.
Y por último, señor diputado Castelazo, yo francamente siento mucho que no haya venido aquí a responder la impugnación de fondo e insisto, el ajuste al presupuesto, derivado del cambio introducido en el ramo relativo a las participaciones a entidades y municipios, debió haberlo hecho con pesos y centavos, porque eso es un presupuesto, un programa de gobierno en unidades monetarias fue una vez una facultad de la cual abdicó la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, porque no puede mantener que hay un equilibrio presupuestal que exige la Ley de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado José Castelazo, hasta por cinco minutos.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:
Gracias, señor Presidente:
Muy breve: me da mucho gusto que el diputado Juan Antonio García Villa lea mis artículos. En su momento discutiremos la iniciativa del órgano superior de fiscalización y en ese momento tendremos la oportunidad de aclarar las ideas y de deslindar asuntos que pertenecen exclusivamente al tema.
Simplemente agrego que le voy a regalar un libro sobre control, para que vea que no existe ofuscación de mi parte.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Compañeros diputados, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor Presidente.
El Presidente:
En vista de que esta soberanía autorizó la votación en un solo acto en lo general y en lo particular de este dictamen, por economía procesal se propone se incluyan en la votación las proposiciones derivadas de los artículos reservados.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si autoriza que la votación en un solo acto, sea en lo general, en lo particular y de las proposiciones.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Compañeros diputados.
En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se autoriza que las tres votaciones sean en un solo acto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza que las tres votaciones sean en un solo acto
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las proposiciones, en un solo acto.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las proposiciones, en un solo acto.
Por lo tanto se solicita a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron en lo general y en lo particular 278 votos en pro y 136 votos en contra y por las propuestas 136 votos en pro y 278 votos en contra.
El Presidente:
Aprobado el dictamen en lo general y en lo y en lo particular por 278 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
LEY DEL SEGURO SOCIAL (II)
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Consuelo Botello Treviño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a declaraciones periodísticas.
La diputada Consuelo Botello Treviño:
Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:
Esta mañana, esta mañana había una propuesta de mi partido para tomar la tribuna a primera hora lo cual fue frustrado por el desarrollo que ustedes ya conocen de la sesión; entonces en este momento tomo la tribuna para hacer algunas reflexiones...
El Presidente:
Un momento señora oradora.
La diputada Consuelo Botello Treviño:
No voy a terminar mi intervención, en esta intervención iba yo a ofrecerles de parte del grupo parlamentario de Acción Nacional el respeto que ustedes merecen y yo esperaba el mismo respeto de su parte.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, el diputado Carlos Aceves.
El diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo:
Qué lástima, señor Presidente, qué lástima que huyan a sus responsabilidades...
El Presidente:
Permítame, permítame diputado, permítame por favor.
Señores diputados: esta Presidencia hace un llamado a todos ustedes para guardar el orden y permitir al señor orador haga uso de la palabra. Adelante, diputado...
El diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo:
Compañeras y compañeros diputados del PRD, de Acción Nacional, del Partido del Trabajo y del Partido Revolucionario Institucional:
Creo que la primera obligación de un diputado y mucho más de un grupo, es asumir sus responsabilidades. No lloren ni se vayan como mujeres cuando no pueden defenderse como hombres...
Yo vengo en términos decentes...
El Presidente:
Señor orador, compañeros diputados, esta Presidencia vuelve a convocarlos al orden.
El diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo:
Asuman su responsabilidad...
No respiren por la herida, compañeros, no les tocaba ganar, no van a cachar votos, no van a recibir frutos electoreros, vengan aquí a asumir su responsabilidad, porque nosotros seguiremos hasta sus últimas consecuencias el juicio que haya que hacer para los tres diputados, no sólo uno, que hicieron esto y que están las pruebas, éstas sí son pruebas, no como los dichos que han venido a hacer, esto en Monterrey se hizo y aquí están las fotografías.
Entonces había y yo había platicado con la diputada Botello, de que tendríamos que hacerlo de mucha altura. Se desesperaron muy pronto porque no les gusta oír las verdades. Yo asumo mi responsabilidad y vengo a leer el complemento que no es ofensivo contra el partido porque no le estamos echando la culpa a Acción Nacional, es contra alguien que hemos visto su ignorancia y eso no se perdona o fue una mala selección de candidato o lo que sea, pero no puede ser que nada más cuando les conviene se queden y ahora que terminó la votación, que también perdieron, se vayan, habiendo posibilidades de llegar a acuerdos, porque para eso está el parlamento.
Qué lástima, señores diputados panistas y con todo mi respeto para muchos de ustedes, que respeto aunque se hayan salido, no era venir a ofender, era venir a aclarar lo que a nuestro juicio se ha hecho con este escarnio que le están haciendo a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, llamándonos "judas", llamándonos "sátrapas" e inventando que se nos fueron entregadas cantidades, que bueno, de algún lado, de alguna mente loca lo sacaron.
Por eso me preocupa mucho, me preocupa mucho estar y lo he dicho muchas veces aquí en la tribuna, no soy un parlamentario con experiencia, es mi primera ocasión pero me preocupa no asumir mi responsabilidad y en este momento me preocupa más que Acción Nacional no la asuma, porque no hemos venido a ofender aquí, que los compañeros que están indignados hagan manifestaciones en ese sentido, tienen todo el derecho, porque de la misma forma hemos tenido que aceptar insultos de parte de ustedes y hemos asumido nuestra responsabilidad.
El PRI nunca ha abandonado la sala ni lo hará, nunca ha abandonado la sala ni lo hará, porque tiene elementos y juicios para salir adelante.
Por eso es una tristeza que hayan tomado esa actitud, mi respeto para los señores panistas que se quedaron porque demuestran su entereza y su decencia y mi desprecio absolutamente para las personas que, como lo dije hace un momento, aquí se ha hablado mucho de Macario a quien conozco porque estamos en una comisión igual y bueno, no me extraña que él haya hablado con ligereza, porque desgraciadamente es una gente que no tiene mucho talento; lo que sí me extraña es que los asesores que también salen en la fotografía, vengan ahí orientándolo para que dijera esto que va a traer mucho más cola que la que creen, porque esto no puede ser.
Ya no queremos tanto satisfacción para nosotros, la sociedad debe recibir una satisfacción porque ante la calumnia algo queda y ustedes nos están calumniando y no lo vamos a aceptar.
Gracias, compañeros.
El Presidente:
Para el mismo tema interviene el diputado Oscar Levín.
El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Hoy estamos viviendo un día de parteaguas en la vida de este Congreso. Desgraciadamente el nivel de la discusión política se redujo de discusión de ideologías de derecha, de izquierda y de centro, pasamos a la vil calumnia y la mentira.
Quiero dejar muy clara la posición de nuestro partido; quiero que sepan, señores de Acción Nacional, que esta ocasión, este oprobio, esta mentira, esta exageración que pudieron haber ustedes resuelto muy rápidamente, mandando al diputado que cometió el error a disculparse, va a convertirse en un precedente en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque si el señor no le da al PRI y a la sociedad una satisfacción de cara y de frente a esta Cámara, vamos a proceder los priístas de manera judicial y vamos a recurrir al desafuero del diputado.
No vamos a permitir, fíjense bien, nunca más que un partido de la derecha que ha hecho el lema de "México sin mentiras", vuelva a la mentira y oprobio el arma política para cachar votos en este momento tan difícil.
Quiero decirles que con todo respeto y, también respeto mucho que estén en este momento los coordinadores y la cabeza del PAN aquí, no queremos un pleito vanal compañeros panistas, ni siquiera queremos ganar esta discusión, ni siquiera nos queremos comer el guajolote que se comió Macario; no queremos nada de eso compañeros, lo que queremos es una política de respeto, de respeto mutuo, de componenda, de arreglo que permita sacar los problemas del país.
No vamos a permitirles ni vamos a pasar más esta manera de estafa y de mentira. Ya el pueblo de México sabe muy bien cuáles son sus tratos, sus arreglos cuando votan, cuando no votan, cuando se retiran, cuando entran en un arreglo con el Distrito Federal, cuando se vuelven a retirar.
Creo que queda muy claro que la única consistencia para ustedes, en este momento, es ganar destruyendo al país. Pero eso la gente de México, el pueblo conocedor, la gente respetable se los va hacer pagar y aquí esperamos al tal Macario para que exponga, como hombre, las mentiras que dijo en los medios de comunicación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Señor Presidente:
Escuché decir en esta tribuna que el grupo parlamentario de Acción Nacional requería de valor y de hombría para venir a esta tribuna. Estoy en representación del grupo parlamentario dispuesto a probar ante cualquiera que ponga en duda no sólo mi hombría, sino la hombría de bien que quisimos desde el principio dejar asentado en esta tribuna. Si alguien tiene alguna duda, estamos aquí para dar cualquier satisfacción a su duda de hombría y de valor.
Hablan...
El Presidente:
Permítame, señor orador.
Compañeros diputados, esta Presidencia les hace un atento llamado para que permitamos al orador terminar su intervención.
El diputado José Luis Fernando González Achem (desde su curul):
Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al orador.
El Presidente:
Señor orador, tiene usted una pregunta, ¿la acepta.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Sí, señor Presidente.
El diputado José Luis Fernando González Achem (desde su curul):
Muy concreta.
¿El le llama hombría de bien a la práctica calumniosa, vil y ruin del diputado Macario, miembro de Acción Nacional?, que se han dedicado a atacar impunemente a los miembros del partido sin ninguna prueba, ¿a eso le llama Ricardo García Cervantes hombría de bien.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Hombría de bien, señor diputado, consiste en reconocer cabalmente, intentar hacer uso de la tribuna para reconocer públicamente el error de un diputado. Eso es hombría de bien, error que a su vez ni es nuevo, ni es único.
No es ni para esta Cámara, ni para el país, desconocido el daño que puede causar hacer eco a un rumor, un rumor que cuando contiene falsedades, que cuando no está soportado, como la mayoría de los rumores, por pruebas y en vez de hacer oídos sordos se presta la voz para hacer eco, se causa un daño.
No somos y créanme que se los digo con acopio de paciencia hacia las faltas de respeto a las cuales nos han sometido en esta parte de la sesión, créanme que si de veras estuvieran dispuestos a hacer un recuento de las falsedades, de las mentiras, de los engaños, de las calumnias, de todas aquellas actitudes que han llevado al país a este nivel de pérdida de credibilidad, más valorarían ustedes el esfuerzo por hacer con ustedes, frente a ustedes, una simple reflexión. Cuando se hace eco a un rumor y se corre el riesgo de la maledicencia y de generar un daño, lo único que queda es demostrar el aprecio por la verdad y el amor por la justicia.
Está quedando absolutamente registrado, para la historia del desarrollo parlamentario de esta legislatura, todo lo que se ha dicho y hecho en este recinto. Hoy está el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional frente a ustedes, invitándoles, primero, a aceptar una expresión de respeto en nosotros mismos; segundo, una verdadera vocación de parlamento, en donde usemos esta tribuna de frente, no sólo a la nación sino particularmente a la opinión pública, para desagraviar los efectos de un rumor al que se le hace eco.
Pero créanme que estamos dispuestos en otra ocasión, en el ambiente que ustedes quieren a enumerar las falsedades y sus efectos, las mentiras y sus efectos, los engaños y sus efectos, la simulación y sus efectos y los autores de todos estos daños para la nación ponerlos en una balanza.
Recogeré la versión estenográfica de mis palabras, para volver a esta tribuna a pedirles que debatamos como parlamento sobre lo que hoy ustedes no quieren, no pueden y no saben escuchar.
Estamos en la mejor disposición, señor Levín y señores diputados del PRI, señor Campa, de someternos ante las autoridades que ustedes quieran, para demostrar lo absolutamente irracional de su planteamiento, de recriminar a diputados de la nación sobre sus expresiones.
Aceptamos cualquier reto, cualquier reto que ustedes lancen. Sabrán ustedes que lo único, que lo único que podemos ofrecer es esta hombría de bien, de reconocer errores e invitarlos a meditar sobre ellos.
Señor diputado, la prueba que usted me pida de hombría, estoy dispuesto a dársela. La que usted me pida diputado, en los términos de sus gritos, entiendo el reto, lo acepto en los términos que usted proponga.
Cuando ustedes en disposición de valorar lo que significa ser miembro de un Congreso y participar en un parlamento, entonces podrán entender lo que en esta tribuna el coordinador del PAN ha dicho.
Muchas gracias.
El Presidente:
¿Con qué objeto diputado.
El diputado Gerardo Ordaz Moreno (desde su curul):
Para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Ordaz Moreno.
El diputado Gerardo Ordaz Moreno:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Es digno de reconocer la intervención que el coordinador de la fracción panista, Ricardo García Cervantes, hace en este momento, ante la ausencia de su bancada. Es digno reconocer también la defensa que en lo individual hace en favor de un miembro de su organización, a quien las diversas fracciones, en particular el Partido Revolucionario Institucional, no habremos de dejar pasar por alto, toda vez que como se dijo en el documento que se presentó en la mañana, denigran no solamente al sector obrero sino a la legislatura en general.
El pueblo esperaba de ustedes un México sin mentiras, el pueblo se está convenciendo que es a base de mentiras como se están conduciendo logrando espacios para gobernar con los sueños quimeros que anhelan y que tienen planteados como reto para el año 2000, así no se llega. Sin embargo, es objeto el irme al tema porque en el caso específico del hasta hoy todavía diputado Macario Rodríguez, habremos ante esa ausencia que desafortunadamente de no haber sido, le hubiera dado el derecho que todo ciudadano tiene de defenderse, de argumentar su dicho público que difama y calumnia, que constituye un delito y que lo hace, si bien es cierto, ahorita con el mal entendido fuero que se ostenta de decir lo que le venga en gana, no lo ampara la ley para que en su momento asuma la responsabilidad que habrá de tener.
Ante esa actitud de su grupo parlamentario habremos de mantenernos firmes; habremos de ir hasta las últimas consecuencias; habremos de sentar las bases para que el pueblo sepa que actuamos sin mentiras y las bases son: acudir ante los tribunales judiciales competentes para denunciar los hechos que constituyen un delito toda vez que ello dará pauta para un procedimiento interno que habremos también de asumir esta Cámara y que esperamos lo afronten y no abandonen la sala; habremos de hacer uso del derecho que la Constitución consagra como facultades del Legislativo en su artículo 74; habremos de hacer de ello del reclamo que el pueblo nos habrá de hacer para sentar el precedente.
Y si bien es cierto, ahorita escuchamos su intervención con respeto y la admiramos en lo personal, no habrá de ser así que usted lo represente en un juzgado, en un juzgado de lo penal, porque en materia penal, no cabe la representación, aquí se lo aceptamos, allá será su abogado quien lo defienda.
Gracias.
TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente:
A continuación, señores diputados, hace uso de la palabra la diputada Martina Montenegro Espinoza a nombre de diputados del Estado de Baja California para presentar una proposición.
La diputada Martina Montenegro Espinoza:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscribimos diputados federales del Estado Libre y Soberano de Baja California de la fracción priísta, exponemos ante esta soberanía el problema de las tarifas eléctricas en el municipio de Mexicali bajo el tenor de las siguientes motivaciones:
Primero. Que por mandato constitucional y conforme a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad tiene la responsabilidad de generar, transmitir, transformar y distribuir la energía eléctrica para el servicio público y que en estricto apego al Plan Nacional de Desarrollo, observara sus lineamientos de política energética; que la venta de energía eléctrica se rige por tarifas que aprueba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las fija con la participación de las secretarías de Energía, de Comercio y de Fomento Industrial, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad y asimismo la Secretaría de Hacienda autoriza sus ajustes o reestructuración tendiendo a cubrir las necesidades financieras y la ampliación del servicio público y el racional consumo de energía según lo establece.
Que los municipios de Mexicali en Baja California y de San Luis Río Colorado en Sonora, son los lugares de la República Mexicana donde se registran temperaturas entre los 45% y 52% grados centígrados a la sombra.
Es por ello que es importante tomar en cuenta las premisas socioe-conómicas particulares del alto porcentaje de usuarios a quienes se les aplica la tarifa 1-E y sus promedios de consumo, así como la elevada incidencia del gasto en energía eléctrica en el presupuesto de los hogares de bajos ingresos en estas zonas extremadamente cálidas del país.
Que los residentes de estos municipios han luchado por una tarifa justa al consumo de la energía eléctrica; que han arrancado con un gran esfuerzo algunos beneficios, pero que no han sido suficientes, porque durante la época de verano, año tras año, por las angustias del pago que se va desde el 14% al 57% de sus ingresos familiares, en cada recibo mensual el promedio mensual del consumo de usuarios durante el verano, representa un monto de seis veces superior al de 110 kilowatsmes que corresponde oficialmente al parámetro medio a nivel nacional.
Sin embargo, en los municipios antes mencionados, el 80% de los usuarios consume de 200 a 1000 kilowats-mes.
Que sobre el particular se han sostenido innumerables reuniones con las autoridades correspondientes, tomando en cuenta las demandas que los distintos sectores de la población han manifestado en torno a este grave problema.
Y que en la última reunión celebrada el día 13 con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad, los integrantes del Frente Cívico de Mexicali y los diputados federales por el Estado de Baja California, se concluyó que dicho subsidio se incluiría en el presupuesto de esta paraestatal.
Que los gobiernos federal y estatal apoyando a los habitantes de esta región desde el año de 1973 y hasta 1989, han venido otorgando subsidios explícitos aplicables al valor de la factura por consumo de energía eléctrica de uso doméstico, subsidios que durante los últimos 11 años, alcanzaron los valores que se demuestran en el documento anexo, en donde se establece claramente que las aportaciones del Gobierno del Estado sólo operaron hasta 1990. En el presente año y en respuesta a las demandas recogidas de los habitantes de la región, ha sido la Federación a través del Presidente de la República, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, dispuso la creación de una tarifa especial. Esta tarifa, la 1-E, aplicable a los usuarios domésticos, contempla cuotas reducidas durante los seis meses más cálidos del año y representa un apoyo adicional a la población por una disminución del orden del 30% con respecto a la tarifa 1-D, por lo que el subsidio implícito durante 1995, ascenderá a 234 millones.
Se estima que con la aplicación de la tarifa 1-E, el diferencial de ingresos a favor de los usuarios será de 30 millones más que el otorgado en 1994.
Que al crear una tarifa especial para Mexicali, con tres bloques de 700 kilowats-hora y un adicional cuyos precios estén referidos a la facturación media en el Distrito Federal, pero que esta propuesta significa incrementar un 55% del descuento adicional sobre la tarifa, lo que implicaría que los ingresos provenientes de la tarifa 1-E, no fueron suficientes para cubrir ni el 30% del costo total, por lo que a fin de evitar poner en riesgo el suministro de esa energía eléctrica con calidad, suficiencia y oportunidad que demanda el desarrollo del país, el Gobierno Federal tendría que otorgar transferencias adicionales a la Comisión Federal de Electricidad por un monto necesario para cubrir los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización; que como legisladores nos hemos comprometido a que los problemas del contenido social, económico y político deben constituirse en un medio para ampliar las oportunidades de superación individual y colectiva de una sociedad democrática, subsanando carencias y acrecentando la justicia social, nos permitimos presentar el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Que el monto global de recursos autorizados a la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio presupuestal de 1996 y en forma conjunta con el Gobierno del Estado de Baja California, se destinen los 85 millones de nuevos pesos adicionales como cantidad complementaria para cubrir el subsidio de la tarifa autorizada en el periodo de mayo a octubre de 1996, en beneficio de los habitantes del municipio de Mexicali, Baja California y de San Luis Río Colorado, Sonora.
Compañeros diputados: es el segundo punto de acuerdo referente al problema que tenemos todos los mexicalenses respecto al costo de energía eléctrica. Tenemos muy claro que el establecimiento de las tarifas de consumo de energía eléctrica obedecen a criterios nacionales, que si bien buscar otorgar la tarifa más baja a quien menos consume, esto se convierte en un subsidio para las zonas frescas del país y en un castigo para las zonas cálidas como las que acabo de mencionar. Por ejemplo, las familias ricas de las zonas más exclusivas del Distrito Federal, están pagando el kilowat a 23 centavos de nuevos pesos, mientras que en un hogar modesto de Mexicali, que por necesidad consume en verano más de 1000 kilowats, paga por cada kilowat, 40 centavos.
Entendemos el argumento de que entre los mexicanos no debe haber trato de excepción ni privilegios; pero también debe considerarse que pocos mexicanos en el país se ven sometidos a temperaturas que llegan hasta 52 grados centígrados en el mes de verano. En el verano a las 6:00 de la mañana se tienen temperaturas de 32 a 36 grados centígrados; a las 9:00 de la mañana empieza la temperatura máxima que es de 40 a 52. A las 10:00 de la noche se registran las mismas temperaturas de 40 a 44 grados, teniendo inclusive lo mínimo 34 grados; siendo los tiempos de día con rayos de sol solar, de 12:00 a las 14:48 horas.
Compañeras diputadas y diputados; muy especialmente a la Comisión de Programación y Presupuesto, como representante popular, les aseguro que los mexicalenses han hecho de un lugar inhóspito por su clima tan extremoso, lo han convertido en un valle próspero, con su temple, con su trabajo, con respeto al pluralismo y mantienen protegida, no tan sólo nuestra soberanía, sino también nuestras fronteras, a costa de un alto sacrificio, porque tienen que endeudarse todo el año para pagar las altas tarifas en los meses de verano; porque este servicio no es un lujo, es una necesidad que protege su salud y su propia vida, porque cada familia, durante los seis meses de verano, vive la angustia de pagar desde un 14% hasta un 57% de sus ingresos familiares en cada recibo mensual, lo que no les permite satisfacer los niveles de bienestar establecidos en la Constitución.
No pedíamos ni pedimos subsidios para quienes tienen, sólo para el consumo doméstico, como un bien necesario; conscientes del grave problema que representa para nuestra economía familiar el pago que hacemos por una tarifa eléctrica injusta.
Hoy sentimos que la crisis se profundiza con este enorme costo afectando a empresarios, comerciantes que generan la economía inclusive en nuestro municipio.
Acudimos ante ustedes para que con la sensibilidad social que les caracteriza, en un acto de justicia, se cristalice un anhelo y se resuelva este punto de acuerdo en favor de las familias mexicalenses, en favor de las familias de San Luis Río Colorado y en favor de todos los mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Se ruega a la Secretaría continuar con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año- LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 14 de diciembre de 1995
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de diputados.
Comunicaciones de diputados.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes con proyecto de Ley de Aeropuertos.
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Defensa Nacional con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Elección de miembros de la Comisión Permanente.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 12:05 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar mañana jueves 14 de diciembre, a las 10:00 horas.
| Aserca | (Sin aclaración) |
| ADE | Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores |
| AHMSA | Altos Hornos de México, Sociedad Anónima |
| Agoimsa | (Sin aclaración) |
| Agroasemex | Aseguradora Agrícola Mexicana |
| ARE | Alianza para la Recuperación Económica |
| ASA | Aeropuertos y Servicios Auxiliares |
| AUSEE | Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica |
| Banamex | Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito |
| Bancomext | Banco Mexicano de Comercio Exterior |
| Banorie | Banco del Oriente, Sociedad Nacional de Crédito |
| Banpaís | Banco del País, Sociedad Nacional de Crédito |
| Banrural | Banco Nacional de Crédito Rural |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| Bital | Banco Internacional, Sociedad Nacional de Crédito |
| Boruconsa | Bodegas Rurales Conasupo, Sociedad Anónima |
| Capufe | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos |
| Cetes | Certificados de la Tesorería de la Federación |
| Conasupo | Compañía Nacional de Subsistencias Populares Copladem (Sin |
| aclaración) | Coplamar Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados |
| Cremi | Banco de Crédito Minero, Sociedad Nacional de Crédito |
| D.F. | Distrito Federal |
| DIF | Desarrollo Integral de la Familia |
| Fega | (Sin aclaración) |
| Ferronales | Ferrocarriles Nacionales de México |
| Fertimex | Fertilizantes Mexicanos |
| Ficorca | Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios |
| FIRA | Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura |
| Firco | (Sin aclaración) |
| Fobaproa | Fondo Bancario para la Protección al Ahorro |
| Focir | Fondo de Capitalización para la Inversión Rural |
| Fonhapo | Fondo Nacional de Habitación Popular |
| Fopesca | (sin aclaración.) |
| Fovi | Fondo de Vivienda |
| Fovissste | Fondo de Vivienda del ISSSTE |
| ICA | Ingenieros Civiles Asociados |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Infonavit | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
| INIFAP | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias |
| Inverlat | Inversiones Latinoamericanas |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| LP | Licuado de Petróleo |
| Maseca | (Sin aclaración) |
| Minsa | (Sin aclaración) |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PARAUSEE | Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PIB | Producto interno bruto |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PRIVASA | (Sin aclaración) |
| Probursa | Promoción Bursátil |
| Procampo | Programa de Apoyos Directos al Campo |
| Procede | Programa para la Certificación de Parcelas y Titulación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos en Ejidos |
| Produce | (Sin aclaración) |
| PT | Partido del Trabajo |
| SAR | Sistema de Ahorro para el Retiro |
| SCT | Secretaría de Comunicaciones y Transportes |
| Sedena | Secretaría de la Defensa Nacional |
| Sedesol | Secretaría de Desarrollo Social |
| Semarnap | Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca |
| SEMIP | Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal |
| Sicartsa | Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Sociedad Anónima |
| Udis | Unidades de inversión |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |
| UNESCO | Organización Educacional, Científica y Cultural, de las Naciones Unidas |
| UNO | Unión Nacional Opositora. |