SUMARIO
Toma de protesta de ley a la diputada suplente por la tercera circunscripción, Maria Concepción Huerta Salgado. Se designa comisión.
Comunicaciones de los diputados Omar Zamorano Ayala y Eleazar Garcia Saenz, del II y III distritos electorales de Tamaulipas respectivamente, con las que informan su reincorporaci¢n a las actividades legislativas.
Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con la que propone la adecuación de diversas comisiones legislativas. Aprobado.
La diputada Cecilia Guadalupe Romero Castillo, presenta iniciativa de reformas a dicho ordenamiento. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crèdito Público.
Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de dicha ley. Es de segunda lectura.
El diputado Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, fundamenta el dictamen a nombre de la comisión.
El diputado Desiderio Camacho Garibo presenta, a nombre de su grupo parlamentario, voto particular.
A discusión en lo general, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Alejandro Moreno Berry
Apolonio Méndez Meneses
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez
A discusión en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados:
Florencio Martín Hernández Balderas
Ricardo Luis Antonio Godina Herrera
Aprobado. Pasa al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicho ordenamiento. Es de segunda lectura.
El diputado Luis Garfias Magaña, fundamenta el dictamen a nombre de las comisiones.
A discusión en lo general, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Ezequiel Flores Rodriguez
Ramón Sosamontes Herreramoro
Manuel de Jesús Espino Barrientos
Joaquín Rodríguez Lugo
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
A discusión los artículos reservados en lo particular, hacer uso de la palabra los diputados:
Cuauhtémoc Sandoval Ramirez
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Mario de la Torre Hernández
Leonel Godoy Rangel
Salvador Mikel Rivera
Sergio Teodoro Meza López
José Francisco Lozada Chávez
Aprobado. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Punto de acuerdo suscrito por los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios.
Para referirse al mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados:
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
José Jesús Ortega Martínez
Ricardo Francisco Garcia Cervantes
Jorge Efrain Moreno Collado
Crisóforo Lauro Salido Almada
Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica.
Elección de los miembros que representarón a la Cámara de Diputados, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura.
Se designan las comisiones para informar de la terminaci¢n de los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio y de la elección de los miembros de la Comisión Permanente.
El diputado Jorge Antonio Catalán Sosa, presenta un punto de acuerdo respecto de la isla de Cedros. Se turna a la Comisión de Energéticos.
Daniel Quintero Peña, para rectificar hechos.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls, comenta las actividades de la Sociedad Amigos de esa institución.
La diputada Leticia Burgos Ochoa, propone punto de acuerdo respecto al marco normativo de dichos programas. Se turna a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios.
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, denuncia hechos delictivos en esa entidad.
El diputado José Luis Aguilar Martínez, se refiere a los problemas sociales en la región de los chimalapas, de esa entidad.
Abel Trejo González, para rectificar hechos.
El diputado Martín Gerardo Longoria Hernández, presenta punto de acuerdo en referencia a los recursos destinados al gasto social. Se turna a la Comisión de Proqramación, Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Alicia González Cerecedo, presenta informe de la Comisión Especial de Seguimiento de los Asuntos de esa entidad. Se turna a las comisiones de Educación y Derechos Humanos.
El diputado Salvador Pablo Martinez Della Rocca, se refiere a los problemas laborales en esa institución. Se turna a la comisiones de Educación y de TrabaJo y Previsión Social.
El diputado Ernesto de Jesús Luque Feregrino, informa sobre las actividades de dicha comisión.
El diputado Luis Sánchez Aguilar, comenta la integración del comité proasilo político, para el ciudadano argentino Enrique Gorriarán Merlo.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera, presenta punto de acuerdo respecto a la situación de jubilados y pensionados en el país. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Presidencia del diputado Oscar Cantón Zetina
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario José Luis Aguilar Martínez:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 395 diputados, por lo tanto, hay quorum.
El Presidente (a las 12:07 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario José Luis Aguilar Martínez:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 14 de diciembre de 1995.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de diputados.
Comunicaciones de diputados.
Comunicación de la Comisión de Régimen, Interno y Concertación Política.
Iniciativa de diputados
Para modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Cecilia Romero Castillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de ley de aeropuertos.
De las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Punto de acuerdo suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Elección de miembros de la Comisión Permanente.
Comisiones protocolarias.
Comentarios
Proposición con punto de acuerdo sobre la Isla de Cedros, en Baja California, a cargo del diputado Jorge Antonio Catalán Sosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el decreto de abolición de la esclavitud, a cargo del diputado César Humberto González Magallón, de grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre la sociedad de amigos de la biblioteca del honorable Congreso de la Unión, a cargo del diputado Eugenio Ortiz Walls, presidente del Comité de Bibliotecas e Informática de la Cámara de Diputados.
Punto de acuerdo para evaluar y/o en su caso, proponer el marco normativo de los programas de asistencia alimenticia y nutricional, a cargo de la diputada Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Denuncia de hechos delictivos en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Zeferino Torreblanca Galindo.
Denuncia sobre el caso los chimalapas, a cargo del diputado José Luis Aguilar Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Punto de acuerdo, a cargo del diputado Martín Gerardo Longoria Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Informe de la comisión especial de seguimiento para los asuntos del Estado de Chiapas, a cargo del diputado Sebastián Lerdo de Tejada por la comisión.
Declaratoria de clausura de labores de la Cámara de Diputados del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la LVI Legislatura.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario José de la Cruz Martínez López:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Ezequiel Flores Rodríguez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y siete minutos del miércoles trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y con una asistencia de trescientos ocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada María Claudia Esqueda Llanes, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace comentarios sobre el proceso legislativo de la Ley del Seguro Social y posteriormente, inicia la lectura de un documento del grupo parlamentario de su partido.
Se produce desorden en la sala y diversos diputados presentan mociones de orden.
La diputada Esqueda Llanes continúa con la lectura de su documento y, desde su curul, el diputado Ocejo Moreno propone una nueva moción de orden.
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea sobre el texto del acta de la sesión anterior, mismo que se aprueba en sus términos en votación económica.
Nuevamente, el Presidente otorga el uso de la palabra a la diputada Esqueda Llanes y desde su curul, el diputado Pérez Noriega solicita que se dé lectura al artículo treinta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por su parte, el Presidente pide a la Secretaría que dé lectura a la fracción cuarta del artículo veintiuno del mismo reglamento y pide a la oradora que termine la lectura de su documento.
El diputado García Cervantes desde su curul, presenta solicitud de moción de orden y el Presidente concede el uso de la palabra a la diputada Consuelo Botello Treviño, quien desde su curul informa que lo hará en el momento oportuno y conforme al reglamento.
Nuevamente desde su curul, el diputado Pérez Noriega presenta moción de orden y el Presidente solicita a la Secretaría que continúe con los asuntos en cartera.
Se da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Campeche, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Ley de Aeropuertos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Desde su curul, el diputado Pérez Noriega propone nueva moción de orden y el Presidente concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ciento quience de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En virtud de que el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Por las mismas razones se dispensa la lectura al dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Mil Novecientos Noventa y Seis. Es de segunda lectura.
Desde su curul, el diputado Pérez Noriega presenta nueva moción de orden y el Presidente explica que el dictamen a que se refiere ya recibió el trámite reglamentario de primera lectura.
Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, hace uso de la palabra el diputado Antonio Sánchez Gochicoa, del Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente después, el diputado Raúl Alejandro Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática, da lectura al voto particular en contra de su grupo parlamentario.
A discusión en lo general, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo, en contra; María del Rosario Robles Berlanga, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; David Vargas Santos, del Partido Acción Nacional, en contra; José Manuel García García, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Crisóforo Lauro Salido Almada, motu proprio, en contra y Luis Sánchez Aguilar, en el mismo sentido.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y el Presidente informa que se reservaron, para discutirse en lo particular, los artículos quinto, sexto, octavo, noveno, diez, once, doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintinueve, treinta y cinco, setenta y segundo transitorio.
La Asamblea autoriza la reserva de la votación en lo general y de los artículos no impugnados, a fin de hacerlo después de la discusión de los artículos impugnados, en un solo acto.
Para referirse en una sola intervención a los artículos quinto, sexto y once, hace uso de la palabra el diputado Salvador Beltrán del Río Madrid, del Partido Acción Nacional y, en pro del dictamen el diputado Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional.
Expresan su opinión sobre el artículo octavo, los diputados: Roberto Robles Garnica, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Eric Eber Villanueva Mukul, del mismo partido, en contra; Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional, en contra; Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
Desde su curul, el diputado Rascón Córdova, solicita que se verifique el quorum y el Presidente hace las explicaciones reglamentarias correspondientes.
Continúa el debate y hace uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Palacios Sosa, del Partido Acción Nacional, en contra.
Nuevamente el diputado Rascón Córdova solicita que se verifique el quorum y el Presidente le recuerda que ya se dio lectura al artículo cincuenta y ocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Debaten, sobre el mismo artículo octavo, los diputados: Carlota Angela Rosa Botey y Estape, del Partido de la Revolución Democrática; Alfonso Martínez Guerra, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo sentido; Cristian Castaño Contreras, del Partido Acción Nacional, también para rectificar hechos; Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del mismo partido y en el mismo sentido; Luis Alberto Rico y Samaniego, del mismo partido, en su turno; Florencio Martín Hernández Balderas, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Desiderio Camacho Garibo, del Partido de la Revolución Democrática, en su turno; Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional, en contra; Salvador Beltrán del Río Madrid, del mismo partido, para rectificar hechos; Miguel Angel García García, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los diputados María Leticia Calzada Gómez, del Partido de la Revolución Democrática; Salvador Becerra Rodríguez y Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional.
Se refieren al artículo noveno, los diputados: Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Ignacio González Rebolledo, del Partido Revolucionario Institucional y Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Para debatir sobre el artículo doce, se concede el uso de la palabra a los diputados: Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional; José Gerardo de los Cobos Silva, del mismo partido; Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Javier Viniegra Zubiria, del mismo partido y en el mismo sentido.
Expresan sus opiniones sobre los artículos catorce, dieciocho y veintinueve, los diputados: Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, del Partido de la Revolución Democrática y María Rosa Márquez Cabrera, del mismo partido, para rectificar hechos.
Debaten sobre el artículo diecisiete, los diputados: Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática; Gustavo Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional; Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional y Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
El Presidente concede el uso de la palabra para expresar sus opiniones sobre el artículo quince, a los diputados: Martín Gerardo Longoria Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Marcos Efrén Parra Gómez, del Partido Acción Nacional y Carlota Guadalupe Vargas Garza, del Partido Revolucionario Institucional.
Se refieren al artículo dieciséis, los diputados: Jorge Enrique Dávila y Juárez, del Partido Acción Nacional y René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del preopinante.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a los artículos veinte, setenta y segundo transitorio y presenta una proposición respecto al setenta.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados: Cándido Pérez Verduzco, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; José Rafael Castelazo y de los Angeles, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo particular y autoriza a que la votación se recoja en lo general y de los artículos no impugnados, en lo particular y por las proposiciones, en un solo acto.
La Secretaría recoge la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria, en lo general y en lo particular, por doscientos setenta y ocho votos en pro y ciento treinta y seis en contra y por las proposiciones, se desechan por ciento treinta y seis votos en pro y doscientos setenta y ocho en contra.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Para comentar las declaraciones que a diversos medios de comunicación hizo el diputado Macario Rodríguez Rivera y que fueron denunciadas por la diputada María Claudia Esqueda Llanes al inicio de la sesión, se concede el uso de la palabra a la diputada Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional, quien es interrumpida constantemente por desorden en el salón de sesiones y que opta por retirarse de la tribuna, al mismo tiempo que lo hacen la mayoría de los miembros de su grupo parlamentario.
Hace uso de la palabra, para el mismo tema, el diputado Oscar Levín Coppel y Carlos Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional y posteriormente el diputado Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y contestar a una interpelación del diputado González Achem.
Rectifica hechos el diputado Gerardo Ordaz Moreno, del Partido Revolucionario Institucional.
Para presentar un punto de acuerdo respecto a las tarifas de energía eléctrica en diversas ciudades de la frontera norte del país, hace uso de la palabra la diputada Martina Montenegro Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a los cuatro minutos del jueves catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, citando para la que tendrá lugar hoy mismo, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
PROTESTA DE DIPUTADO
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este recinto, la ciudadana María Concepción Huerta Salgado, diputada suplente electa en la tercera circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: José Ramírez Gamero, Ezequiel Espinosa Mejía, Horacio Pereznegrón, Jorge Cortés Vences y Ramón Sosamontes Herreramoro.
El secretario Javier de Jesús Gutiérrez Robles:
Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.
El Presidente:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
Ciudadana María Concepción Huerta Salgado ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María Concepción Huerta Salgado:
Sí, protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
REINCORPORACION DE DIPUTADOS
El secretario Javier de Jesús Gutiérrez Robles:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Con fecha 2 de agosto del año en curso, la Comisión Permanente de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, me concedió licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, electo en el III distrito del Estado de Tamaulipas, a fin de participar en el pasado proceso electoral del 12 de noviembre del presente año.
Por tal motivo a través de este escrito vengo a comunicar a ustedes, que con esta fecha me reincorporo a mis actividades legislativas.
Sin otro particular agradezco de antemano las atenciones que se sirvan tener para con la presente y aprovecho la ocasión para ponerme a sus órdenes.
Atentamente.
H. Matamoros, Tamaulipas a 14 de diciembre de 1995.- Licenciado Homar Zamorano Ayala.»
El Presidente:
Se le tiene por reincorporado a sus funciones legislativas.
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México D.F.
Con fecha 2 de agosto del año en curso, la Comisión Permanente de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, me concedió licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, electo en el II distrito del Estado de Tamaulipas, a fin de participar en el pasado proceso electoral del 12 de noviembre del presente año.
Por tal motivo a través de este escrito vengo a comunicar a ustedes, que con esta fecha me reincorporo a mis actividades legislativas.
Sin otro particular agradezco de antemano las atenciones que se sirvan tener para con la presente y aprovecho la ocasión para ponerme a sus órdenes.
Atentamente.
H. Matamoros, Tamaulipas a 14 de diciembre de 1995.- Eliazar García Sáenz.»
El Presidente:
Se le tiene por reincorporado a sus funciones legislativas.
COMISIONES DE TRABAJO
El secretario José Luis Aguilar Martínez:
Se va a dar lectura a una comunicación:
«Honorable Asamblea: la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Cámara, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 42, 45, 46, 47 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a los siguientes diputados para adecuar las comisiones que permitirán el desempeño de los trabajos de este cuerpo legislativo.
Comisión de Artesanías: ingresa Margarita Villanueva Martínez por Edgar Benítez Gálvez.
Comisión de Bosques y Selvas: ingresa Manuel Enrique Ruseek Valles.
Comisión de Fomento Cooperativo: ingresa Amadeo Murillo Aguilar por Leonel Efraín Cota Montaño.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: Saúl González Herrera, sustituye como presidente a Dionisio Eduardo Pérez Jácome e ingresa Joaquín Rodríguez Lugo; Ignacio González Rebolledo sustituye como secretario a Fructuoso López Cárdenas e ingresa Humberto Meza Galván.
Comisión de Hacienda y Crédito Público: ingresa José Rosas Aispuro Torres por Dionisio Eduardo Pérez Jácome.
Comisión de Marina: ingresa Amadeo Murillo Aguilar por Leonel Efraín Cota Montaño.
Comisión de Pesca: ingresa Amadeo Murillo Aguilar por Leonel Efraín Cota Montaño.
Comisión de Relaciones Exteriores: ingresa Píndaro Urióstegui Miranda por José Natividad González Paras.
Comisión de Ecología: ingresa Gladys Merlín Castro por Calixto Javier Rivera Díaz. Comité de Administración: como secretario Flavio Sosa Villavicencio en sustitución de Guillermo González y Guardado. Ingresa Raúl Alejandro Livas Vera Comisión de Comercio: Julio Felipe García Castañeda sustituye a Francisco Domínguez García; Oscar Gustavo Cárdenas Monroy sustituye a Héctor Humberto López Barraza.
Comisión de Seguridad Social: Francisco Domínguez García sustituye a Julio Felipe García Castañeda.
Comisión de Investigación del funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales: ingresa como secretario, el diputado Juan Salgado Brito por el diputado Alfonso Reyes Medrano.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 1995.- Diputados: Humberto Roque Villanueva, presidente; Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario del PAN; Jesús Ortega Martínez, coordinador del grupo parlamentario del PRD; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, coordinador del grupo parlamentario del PT; Juan José Osorio Palacios; Héctor Hugo Olivares Ventura; José Ramírez Gamero y María del Rosario Guerra Díaz.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la proposición.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Cecilia Romero Castillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa para modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
«Educación, salud y vivienda, son necesidades elementales del ser humano que pueden ser satisfechas en la medida en que se avance en el logro del bien común.
Educación, Salud y Vivienda son parámetros para valorar el bienestar de las familias; son derechos a que hemos aspirado como sociedad durante ya muchos años; están consagrados en la Constitución, pero no los hemos hecho realidad en la vida diaria de los mexicanos.
La situación de la grave crisis económica que padecemos actualmente, parece ser la razón de que estos satisfactores no lleguen a muchas familias, cada vez a mayor número de familias mexicanas. Las expectativas no son muy halagueñas y la pauperización de la economía doméstica llega a grados alarmantes en ocasiones cada vez más frecuentes.
La política económica del sistema parece no aportar una solución concreta en un futuro cercano y siendo necesario profundizar sobre el particular, se impone buscar soluciones que mitiguen al menos el problema de los padres de familia cuyos ingresos no llegan a satisfacer las necesidades elementales.
La deducción de gastos en la declaración anual de ingresos de las personas físicas, contenida en el artículo 140 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, abre la posibilidad de este apoyo a la economía de las familias, precisamente en los aspectos de educación, salud y vivienda que comentamos.
Por lo que respecta a la educación, consideramos como un elemental principio de equidad que aquellos padres de familia que colaboran con el Estado en el cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 3o., deben tener la posibilidad de deducir de sus ingresos los gastos que hagan en las colegiaturas, material escolar y transporte escolar. Especialmente importante en estos momentos es el rubro de transporte escolar, dado que el uso de este medio de transporte contribuiría de manera determinante a solucionar el grave problema de contaminación que padecemos en el área metropolitana de la Ciudad de México. Un autobús escolar sustituye fácilmente a 36 automóviles, reduciendo drásticamente la contaminación y el congestionamiento de tráfico, sobre todo en las horas pico. Esta sí es una solución, para las familias y para la ciudad.
Por lo que respecta a los gastos médicos, que ahora son deducibles en varios renglones, estamos sugiriendo que se incorpore el pago de las primas de seguro de gastos médicos y de vida que se hagan a instituciones de seguros autorizadas, ya que estos seguros también son una contribución de los particulares al cumplimiento solidario de una obligación constitucional.
Finalmente, el punto de las hipotecas por la adquisición de casahabitación que tiene a muchas familias en situaciones de angustia por no contar con los recursos suficientes para solventarlas, consideramos que deben también ser sujetos de deducibilidad en virtud de que el derecho a una vivienda digna se hace nugatorio con los altísimos costos que implica el hacerse de una casa.
Las familias mexicanas pueden encontrar en esta iniciativa de ley una posibilidad de salvaguardar para ellas y para sus hijos el ejercicio de derechos fundamentales como la educación, la salud y la vivienda, por lo que ponemos a consideración de este pleno la siguiente:
Iniciativa de reformas y adiciones al artículo 140 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Artículo 140. Se modifica la fracción I para quedar como sigue:
Los siguientes gastos destinados a educación de los descendientes en línea recta: colegiaturas, material educativo y transporte escolar.
Se adicionan las fracciones VI y VII.
VI. Las primas que se paguen a instituciones de seguros autorizadas por los seguros de gastos médicos y de vida.
VII. Los intereses derivados de créditos hipotecarios para la adquisición de casa-habitación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 14 de diciembre de 1995.- Diputada Cecilia Romero.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DE AEROPUERTOS
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Aeropuertos.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Honorable Asamblea: a esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Ley de Aeropuertos, aprobada por la Cámara de Senadores, el 23 de noviembre de este año.
Esta comisión, de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 42, 43, fracción II, 48 y 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, de acuerdo con el siguiente:
I. Fundamento constitucional
Conforme a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Suprema, el Congreso de la Unión está facultado "para dictar leyes sobre vías generales de comunicación".
A su vez, la fracción XXIXE del mismo artículo establece la atribución del Poder Legislativo Federal "para la programación, promoción, concertación y ejecución de obras de carácter económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios" y en la fracción XXIX-F de esta misma disposición, se señala la facultad del Congreso de la Unión "para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional".
Por su parte, el artículo 25 de nuestra Constitución señala que "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fortalecimiento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución".
El mencionado artículo también señala que "el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución" y al efecto prescribe que "al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación".
El artículo 25 constitucional señala que el sector público podrá participar, por sí o con los sectores social y privado, en el impulso y organización de las áreas prioritarias del desarrollo.
Por su parte, el artículo 27 de nuestra Constitución Política dispone que "la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana".
Así como que "corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; ...y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional".
Al tenor de lo expuesto, se coligen las facultades del Poder Legislativo Federal para expedir la Ley de Aeropuertos, con base en los siguientes:
II. Antecedentes
1o. Conforme a lo dispuesto en los artículos 73, fracciones XVII, XXIX-E, XXIX-F; 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo tiene facultades para legislar en materia de vías generales de comunicación e inversión extranjera, estando contemplados los criterios para tal efecto en las diversas disposiciones citadas, sobre las siguientes materias: soberanía nacional, rectoría del Estado y otorgamiento de concesiones para el uso y aprovechamiento de bienes del dominio público y la prestación de servicios públicos.
2o. Con base en los ordenamientos ya mencionados, el pasado 16 de noviembre, el Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores como Cámara de origen, la iniciativa de Ley de Aeropuertos.
3o. La colegisladora en sesión celebrada el 23 de noviembre, aprobó dicha iniciativa realizando cambios a la propuesta del Ejecutivo.
4o. Los secretarios de esta Cámara de Diputados dieron cuenta, al pleno, de la minuta con proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Senadores, en sesión celebrada el pasado 23 de noviembre del presente año; hecho lo cual, el Presidente de la mesa directiva acordó turnar la minuta en cuestión a esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que sesionó el 27 y 30 de los corrientes, a efecto de conocer, discutir y dictaminar sobre la minuta en estudio.
5o. Resulta de particular importancia señalar, que esta comisión ha realizado un trabajo permanente, participando en la discusión y análisis de los anteproyectos de la iniciativa de Ley de Aeropuertos, habiéndose efectuado en su conjunto múltiples reuniones y giras de trabajo durante los meses de junio a noviembre del presente año, en las que se expresaron sugerencias y recomendaciones que se detallan en el apartado respectivo del presente dictamen. En tales ocasiones se contó con la asistencia de los diputados de las distintas fracciones parlamentarias que integran esta comisión.
6o. Entre las fechas comprendidas del 20 de junio al 20 de octubre del presente año, se realizaron diversas giras de trabajo con el objeto de analizar las experiencias en la operación y administración de la infraestructura aeroportuaria; habiendo acudido las diferentes fracciones parlamentarias que integran esta comisión, al "Foro Permanente de Legisladores Latinoamericanos de Comisiones de Transportes"; al aeropuerto internacional "Adolfo López Mateos" del Estado de México; al aeropuerto internacional, de la Ciudad de México; al aeropuerto "Francisco J. Mújica" de Morelia, Michoacán; al aeropuerto municipal "Lázaro Cárdenas" de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al aeropuerto internacional "Don Miguel Hidalgo" de Guadalajara, Jalisco; al aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa; asimismo se analizaron varias experiencias internacionales.
7o. A instancia de esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, se realizó una reunión el 15 de agosto del año en curso, entre integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de comentar los elementos fundamentales del anteproyecto de ley de infraestructura aeroportuaria, reunión en la que se presenta una evaluación de los distintos esquemas internacionales del manejo aeroportuario, observados en sistemas de control directo del sistema aeroportuario por parte del Estado, así como los cambios realizados en la creación de administraciones aeroportuarias autónomas y privadas.
8o. El 29 de septiembre, la Comisión de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo una reunión en la que el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comunicaciones y Transportes, puso a consideración de los legisladores los lineamientos básicos del anteproyecto de ley aeroportuaria; en un ambiente de respeto y colaboración entre legisladores y autoridades del sector, se emitieron comentarios que enriquecieron el anteproyecto de referencia.
9o. El 8 de noviembre se llevó a cabo una reunión entre esta comisión legislativa y el secretario del ramo, en la que se puso a consideración de los legisladores, el borrador de "Ley de Aeródromos Civiles", para su análisis.
En respuesta, las fracciones parlamentarias que integran esta comisión legislativa, expresaron por escrito sus propuestas, mismas que en su momento fueron analizadas e incorporadas en el cuerpo de la iniciativa que se dictamina.
10. El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo una reunión en conferencia entre las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Quinta Sección de la Cámara de Senadores y la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta Cámara, de la que se desprendieron nuevamente propuestas concretas que fueron incluidas por la colegisladora en la iniciativa de referencia.
De acuerdo con los antecedentes expresados, esta Comisión de Comunicaciones y Transportes se permite presentar las siguientes:
III. Consideraciones
El pasado 25 de abril durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVI Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó con 350 votos a favor, en lo general, la Ley de Aviación Civil, como un primer paso para avanzar en un marco regulatorio más adecuado a las necesidades actuales y perspectivas del sector aeronáutico del país.
En el dictamen correspondiente se estableció que: "el desarrollo futuro del país demanda de un sector comunicaciones y transportes más eficiente y para ello requiere actuar en los siguientes ámbitos: fortalecer el papel del Estado como rector, regulador y promotor, alentar la participación privada conforme lo establezca el marco legal y reordenar la estructura organizacional y jurídica del sector".
Asimismo se recomendó que: "es necesario avanzar de inmediato en el marco regulatorio que corresponde a la infraestructura aeroportuaria y a sus servicios auxiliares".
Por tanto, con el proyecto de ley de aeropuertos se continúa fortaleciendo el marco regulatorio de la infraestructura básica del país y se sumaría, en caso de merecer la aprobación de esta Asamblea, a los ordenamientos aprobados por el Congreso en materia de ferrocarriles, telecomunicaciones y la ya mencionada Ley de Aviación Civil.
Conviene mencionar que de aprobarse el presente proyecto contenido en la minuta remitida por el Senado, el sector comunicaciones y transportes contaría con un marco jurídico uniforme y actualizado de acuerdo a la dinámica evolución del sector, ya que la normatividad en materia de infraestructura aeroportuaria data de 1940.
1. Situación actual del sistema aeroportuario en México
La infraestructura aeroportuaria nacional comprende más de 1 mil 500 aeródromos, mismos que presentan características muy variadas. Del total de aeródromos 83 son de servicio público, correspondiendo 58 a la red operada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Al respecto, se puede afirmar que en términos generales, México cuenta con un buen nivel de infraestructura aeroportuaria, ocupando el nivel más alto entre los países de latinoamérica.
ASA fue creada en 1965, con la responsabilidad de administrar, planear y operar 31 aeropuertos que formaban la red federal. En los últimos 30 años ASA ha crecido llegando a operar los 58 aeropuertos ya mencionados, de los cuales 42 son internacionales.
En 30 años la red aeroportuaria pasó de transportar 5.0 millones de pasajeros en 1965 a 56.8 millones en 1994, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual de 8.7%, muy superior a la del crecimiento del producto interno bruto en el periodo y al mismo crecimiento de la población. Los principales aeropuertos administrados por ASA son: Acapulco, Puerto Vallarta, Monterrey, Tijuana, Cancún, Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estos aeropuertos concentraron en 1994 el manejo del mayor número de pasajeros de la red (71%); el de operaciones (47%); los ingresos de los siete aeropuertos representaron en ese año el 74% del total y los costos el 69%. Cabe señalar que con mucho el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el más importante de la red.
El control presupuestal de ASA es a través del Gobierno Federal y los recursos para su operación son aprobados anualmente por este Congreso. En un esquema de menor a mayor participación privada en la infraestructura aeroportuaria, México se ubica a nivel intermedio, ya que por un lado es un organismo público descentralizado que tiene bajo su responsabilidad la administración de una buena parte de la red, pero existen servicios ya concesionados al sector privado y un buen número de aeródromos también privados que tienen qué ser regulados de manera estricta, a fin de evitar un mal uso de ellos, cuestión que a juicio de esta dictaminadora contempla el proyecto de ley que se propone a este pleno.
Si bien es cierto que el sector no presenta problemas en materia financiera en el corto plazo, en buena medida por la canalización de subsidios cruzados entre aeropuertos, sí requiere actualizarse el marco regulatorio a fin de por un lado, contar con mayores recursos para hacer frente a la demanda de servicios aeroportuarios y mejorar las condiciones de eficiencia y seguridad en la operación de la red aeroportuaria; y por otro, buscar que los aeropuertos además de cumplir con la función social que de ellos se demanda, se conviertan en centros de actividad económica.
Además, los reducidos márgenes presupuestales hacen prever que el sector aeroportuario no contará con los recursos suficientes para que solamente el Estado participe en él. Sobre todo en proyectos tan importantes como el que eventualmente se lleve a cabo para la construcción del aeropuerto complementario al de la Ciudad de México, cuyo nivel de saturación está ya próximo.
En síntesis, los principales problemas de la red aeroportuaria se pueden resumir de la siguiente manera:
Estructura organizacional altamente centralizada que limita la autonomía de gestión de los aeropuertos.
Poco involucramiento de autoridades e intereses locales.
Ineficiencias en la asignación de recursos y limitada capacidad financiera que se reflejan en aeropuertos no rentables, carencia de recursos fiscales para evitar rezagos que amplíen la capacidad de aeropuertos o bien evitar retrasos en inversiones de mantenimiento.
2. Experiencia internacional
Se observan a nivel mundial diferentes esquemas en la organización institucional de los aeropuertos. Sin embargo, existen dos aspectos relevantes que aparecen como constantes en prácticamente todos los casos: la orientación cada vez más comercial que han adoptado los aeropuertos y la creciente participación privada en los diferentes renglones de la actividad.
Durante la última década, los países con mayor desarrollo aeroportuario han introducido elementos empresariales, como una manera más eficiente de alcanzar los objetivos públicos de los aeropuertos. En este sentido, las estructuras han evolucionado hacia un manejo descentralizado a través de corporaciones o empresas públicas con una alta independencia en su gestión administrativa. Actualmente, la mayor parte del tráfico de pasajeros en el mundo se maneja bajo este esquema.
Como parte de este proceso, recientemente en el Reino Unido, Austria, Australia y Dinamarca, se ha abierto la participación privada en lo referente a la propiedad y el control corporativo de aeropuertos de manera integral y con resultados favorables. Asimismo, debido a las implicaciones potenciales en el bienestar público, se han mantenido en mayor o menor medida la participación regulatoria de organismos gubernamentales. El análisis de varios casos permite ver que con esquemas de mayor apertura, se logran resultados importantes en materia de rentabilidad y recursos para financiar el desarrollo aeroportuario.
En diversas experiencias internacionales exitosas se ha buscado:
Alcanzar un balance adecuado entre el interés público y el privado en las operaciones aeroportuarias.
La promoción de un alto nivel de competencia entre aeropuertos.
Proteger y promover la inversión en infraestructura aeroportuaria.
Liberar recursos fiscales para destinarlos a otras prioridades.
Encauzar al sector para promover sus aspectos comerciales, de innovación, orientado al servicio y el cambio del papel del Gobierno para centrarse en las líneas de política y en la planeación integral del sector.
Resulta importante señalar que grupos plurales de diputados miembros de esta comisión dictaminadora, participaron en diversos encuentros con expertos y administradores de la infraestructura aeroportuaria y de los servicios que involucra, lo que ha permitido contar con mejores elementos de juicio para dictaminar la minuta remitida por el Senado de la República.
III. Contenido de la iniciativa de la Ley de Aeropuertos
Es indispensable reconocer que esta iniciativa es el resultado de un intercambio de ideas y propuestas, así como de una nueva forma de trabajo, abierta y respetuosa, de los miembros de las comisiones de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con el Ejecutivo Federal. La iniciativa, además, se ha enriquecido con las aportaciones de diversos agentes del sector aeroportuario.
La exposición de motivos con la que se remitió la iniciativa a la colegisladora, señala que el proyecto de ley de aeropuertos se propone alcanzar los siguientes objetivos fundamentales: "Primero. Promover el desarrollo de un sistema aeroportuario seguro, suficiente y moderno, que permita su rentabilidad económica y social; mejore la calidad y eficiencia operativa de sus servicios y lo vincule productivamente a la consolidación del sistema de transporte multimodal y a un crecimiento regional equilibrado.
Segundo. Actualizar y definir el marco jurídico aplicable a los aeródromos civiles, fortaleciendo la rectoría del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como dependencia reguladora.
Tercero. Otorgar certidumbre al inversionista a través de reglas claras de participación, así como mediante condiciones competitivas y no discriminatorias que faciliten una mayor participación del capital privado en proyectos de infraestructura aeroportuaria, cuidando escrupulosamente los aspectos de solvencia moral y financiera de los participantes.
Cuarto. Definir las características generales que normarán el otorgamiento de concesiones y permisos para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos civiles, así como precisar el carácter de servicio público que tendrán los aeropuertos.
Quinto. Precisar lineamientos claros para el diseño y aplicación de esquemas óptimos de seguridad y vigilancia en los aeródromos civiles, así como para la formulación de medidas que procuren una mayor protección del medio ambiente." Bajo este marco, mismo que comparte la comisión dictaminadora, cabe señalar que el proyecto de Ley de Aeropuertos consta de 15 capítulos, 85 artículos y siete transitorios, en los cuales se establece que tiene por objeto regular la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, a los cuales considera como parte integrante de las vías generales de comunicación.
En el Capítulo I, se considera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como la autoridad aeroportuaria, otorgándole, entre otras, las siguientes atribuciones:
Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil:
Construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles y prestar los servicios, cuando así lo requiera el interés público:
Otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación:
Establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves:
Fijar las bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria, de los servicios, así como establecer las condiciones mínimas de operación con las que deberán contar los aeródromos civiles según su naturaleza y categorías.
El Capítulo II también señala que se nombrará a un comandante de aeródromo, que representará a la autoridad y ejercerá sus atribuciones en los aeródromos civiles, dentro de la adscripción territorial que expresamente le sea determinada por la misma.
El artículo 7o., dice que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades deberán programar, coordinar y realizar sus actividades en forma tal que no impidan la eficiencia general en la operación de los aeródromos civiles y en la prestación de los servicios.
Una de las disposiciones que deja claro el papel rector y regulador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la que establece que como autoridad aeroportuaria, deberá llevar a cabo todos aquellos actos en el interior de los aeródromos civiles, que sean necesarios para la debida coordinación entre las autoridades que actúen en los mismos.
Queda bajo la responsabilidad del Estado, la prestación de los servicios de control de tránsito aéreo, radioayudas, telecomunicaciones e información aeronáuticas.
El Capítulo III se dedica a lo que de hecho es el cambio más importante que propone el proyecto de ley: la regulación y normatividad de las concesiones y permisos en materia aeroportuaria.
Respecto a las concesiones el proyecto señala que:
Se requiere concesión para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos.
Las concesiones se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles, constituidas conforme a las leyes mexicanas e incluirán las actividades de administración, operación, explotación y, en su caso, construcción.
Las concesiones se otorgarán mediante licitación pública.
No obstante, la Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, en los siguientes casos: a los permisionarios de aeródromos civiles en operación que pretendan adoptar el carácter de aeropuerto y a los concesionarios que requieran un aeropuerto complementario, con objeto de satisfacer un incremento en la demanda.
La Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, a las entidades de la administración pública federal y a las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de los gobiernos estatales o municipales.
Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 50 años y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que no exceda de 50 años adicionales, siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en el título respectivo y lo solicite antes de que den inicio los últimos cinco años de la vigencia de la concesión y acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría.
Por lo que toca a los permisos el proyecto de ley propone que:
La Secretaría otorgue permisos a personas físicas o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos civiles distintos a los aeropuertos.
Los permisos se otorgarán previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el proyecto de ley y sus reglamentos; por los plazos que señale el permiso respectivo, pero en ningún caso podrán exceder de 30 años y podrán ser prorrogados por tiempo determinado, siempre que se hubiese cumplido con lo previsto en el título y se acepten las nuevas condiciones que establezca la autoridad.
Los interesados en obtener permiso deberán acreditar, como mínimo y según la naturaleza del aeródromo civil de que se trate, lo siguiente: la capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, para asegurar que se opere en condiciones de calidad y seguridad; y la acreditación legal de la posibilidad de usar y aprovechar el terreno para establecer instalaciones necesarias para prestar los servicios, según se trate, que cumpla con requisitos técnicos de seguridad y disposiciones en materia ambiental y cuente con el personal técnico y administrativo capacitado.
En el artículo 19 se establece que la inversión extranjera podrá participar hasta el 49% en el capital de las sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público, en los términos de la ley de la materia.
En el artículo 20 se señala que cuando se trate de bienes del dominio público de la Federación, al término de la concesión otorgada sobre los mismos, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado revertirán en favor de la nación.
Cabe señalar que para el otorgamiento de concesiones y permisos se deberá contar con la opinión de una comisión intersecretarial, que tendrá por objeto conocer las propuestas que al efecto presente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para lo cual deberá atender principalmente a criterios de capacidad jurídica, administrativa y financiera de los posibles concesionarios o permisionarios.
Esta comisión intersecretarial se constituirá mediante acuerdo del Ejecutivo Federal; en todo caso, formarán parte de la misma la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República; será presidida por la Secretaría y conocerá de los asuntos que el propio acuerdo señale.
La autoridad mantiene la rectoría y el control para establecer las condiciones de construcción y conservación de los aeródromos civiles. Asimismo, en el artículo 36 se establece que los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada.
Con el fin de que la infraestructura garantice calidad y eficiencia, el concesionario deberá elaborar un programa maestro de desarrollo, revisable cada cinco años, el cual una vez autorizado por la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional en el ámbito de su competencia, con base en las políticas y programas establecidos para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, será parte integrante del título de concesión.
El permisionario de un aeródromo de servicio al público deberá elaborar un programa indicativo de inversiones en materia de construcción, conservación y mantenimiento, en el que se incluyan medidas específicas relacionadas con la seguridad y la protección al ambiente.
Uno de los aspectos básicos del proyecto lo constituye el hecho de que los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y protección ambiental, que correspondan. En el caso de los aeropuertos se conformarán comisiones consultivas, las cuales estarán formadas, entre otros, con representantes del gobierno estatal y municipal, así como de las cámaras de comercio, turismo e industria de la región, de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo que operen en el aeropuerto y del administrador aeroportuario.
Esta comisión coadyuvará en la promoción del aeropuerto y podrá emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana y turística, así como el equilibrio ecológico de la zona, para lo cual el administrador del aeropuerto deberá informar a la comisión sobre el programa maestro de desarrollo y sus modificaciones, así como los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización del aeropuerto.
El Capítulo VII describe el tipo de servicios que se prestarán en los aeródromos civiles, los cuales son:
Servicios aeroportuarios
Los que le corresponde prestar originariamente al concesionario o permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil y que pueden proporcionarse directamente o a través de terceros que designe y contrate. Estos servicios incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil y a la extinción de incendios y rescate, entre otros.
Servicios complementarios
Los que pueden ser prestados por los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, para sí mismos o para otros usuarios o por terceros que aquellos designen. Estos servicios incluyen, entre otros, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, avituallamiento, almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación de aeronaves.
Servicios comerciales
Los que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeródromo civil y que no son esenciales para la operación del mismo ni de las aeronaves. Estos servicios pueden ser prestados directamente por el concesionario o permisionario o por terceros que con él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros.
El artículo 61 del proyecto de ley que se dictamina señala que en cada aeropuerto se constituirá un comité de operación y horarios que estará integrado por el concesionario del aeropuerto a través del administrador aeroportuario, por el comandante de aeródromo y por las demás autoridades civiles y militares que intervienen en el mismo, así como por los representantes de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y de los prestadores de servicios.
En materia de tarifas y precios el proyecto propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación de los servicios aeroportuarios y para los arrendamientos y contraprestaciones relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebran con los prestadores de servicios complementarios, cuando no existan condiciones razonables de competencia, de acuerdo con la opinión de la Comisión Federal de Competencia.
En cuanto a la seguridad, el artículo 71 propone que la vigilancia interna en los aeródromos civiles será responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestará conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.
Empero, en situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, carga, correo, instalaciones y equipo.
En el artículo 73, se señala que a nivel nacional deberá existir un comité de seguridad aeroportuaria integrado de conformidad con el reglamento respectivo, que será el encargado de emitir el programa nacional de seguridad aeroportuaria conforme a los lineamientos que señale la autoridad.
El proyecto presta singular relevancia al hecho de que en los aeródromos civiles los concesionarios y permisionarios deberán observar las disposiciones aplicables en materia de protección al ambiente; particularmente en lo que les corresponda respecto a la atenuación del ruido y al control efectivo de la contaminación del aire, agua y suelo, tanto en sus instalaciones como en su zona de protección.
IV. Modificaciones a la iniciativa
Conforme lo señala la minuta remitida por el Senado de la República a esta soberanía, en cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno de las comisiones codictaminadoras del Senado de la República, el martes 21 y el miércoles 22 de noviembre, se realizaron reuniones conferencia con la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados. De los acuerdos tomados en éstas, fue modificada la iniciativa presidencial, conforme a las recomendaciones siguientes:
1o. En la fracción IV del artículo 6o, a propuesta de la comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se especificó que las bases para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, son generales.
2o. En el artículo 11 fracción IV, inciso f, se establecen los criterios con que se selecciona al ganador del concurso mediante el cual se otorga una concesión. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, se reformó el inciso de referencia para flexibilizar, de acuerdo a cada caso concreto, tales criterios.
3o. En el segundo párrafo del artículo 17, a propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se especificó que los permisos para aeródromos de servicio general, se otorgarán exclusivamente a sociedades mercantiles mexicanas.
4o. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, en el primer párrafo del artículo 29, se adicionó la restricción de que, directa o indirectamente los concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales, sólo podrán suscribir individualmente o en su conjunto, hasta el 5% de las acciones ordinarias del capital social de una sociedad mercantil concesionaria de un aeropuerto o de su controladora.
5o. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, por técnica legislativa, se eliminó el segundo párrafo del artículo 46.
6o. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se estableció en el segundo párrafo del artículo 20, el derecho de reversión a favor de la nación, al término del plazo de la concesión de bienes del dominio público de la Federación.
7o. Con objeto de propiciar el desarrollo aeroportuario regional, a propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se establece en el párrafo segundo del artículo 14 la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en la asignación de concesiones para la operación, explotación y en su caso, construcción de aeropuertos.
8o. A fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se establece en el artículo cuarto transitorio, la garantía de que "con las concesiones, permisos y autorizaciones que se otorguen con motivo de la presente ley, no se afectarán los derechos de los trabajadores".
9o. En el importante renglón de la protección del medio ambiente, a propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, se establece en el artículo 74 de esta ley la obligación por parte de "concesionarios y permisionarios de observar las disposiciones aplicables en materia de protección al ambiente; particularmente en lo que les corresponda respecto a la atenuación del ruido y al control efectivo de la contaminación del aire, agua y suelo".
10. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, se aclaró el párrafo segundo del artículo 53, para quedar como sigue: "los servicios aeroportuarios se prestarán en forma gratuita a las aeronaves de Estado, militares y aquellas que realicen funciones de seguridad nacional".
11. A propuesta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, se sustituyó en el artículo 64 la expresión "reglamentos respectivos" por la de "disposiciones jurídicas a que se refiere el artículo 41 de esta ley".
12. En el artículo 67, a fin de agilizar el proceso para establecer bases de regulación tarifaria y de precios, para la prestación de los servicios aeroportuarios, los arrendamientos y contraprestaciones relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebren con los prestadores de servicios complementarios, cuando no existan condiciones razonables de competencia, se suprimió la referencia de que la opinión de la Comisión Federal de Competencia debía ser previa.
Cabe señalar que en el transcurso de la discusión de los anteproyectos de la iniciativa, ambas cámaras realizaron diversas aportaciones que se incluyeron en el proyecto de ley que finalmente se turnó al Senado de la República como Cámara de origen.
V. Recomendaciones
Con base en todo lo anterior, esta comisión dictaminadora hace suyas las recomendaciones contenidas en la minuta del Senado de la República, mismas que señalan:
"Primera. De aprobarse la ley, materia de este dictamen, las dictaminadoras consideran necesario diagnosticar el actual sistema aeroportuario nacional, a fin de que, con la participación del Congreso, se formule un marco estratégico definido de reestructuración y concesión de aeropuertos, integrando al grupo de trabajo para llevar a cabo la evaluación de esquemas administrativos, de propiedad, de operación y financieros a las comisiones de Comunicaciones y Transportes de la LVI Legislatura Federal.
Segunda. La autoridad administrativa, en términos de la fracción I del artículo 89 constitucional, debe actualizar y definir el marco reglamentario aplicable a los aeródromos civiles.
Tercera. Estas comisiones consideran necesario resaltar un aspecto conexo, que no siendo susceptible de legislarse por esta vía, conviene considerar respecto de la Ley Federal de Derechos; a fin de que los propietarios de aeronaves dedicadas al combate de plagas y a la enseñanza, así como los particulares dedicados a la actividad pecuaria o forestal que pretendan construir un aeródromo de servicio particular, vean reducido al mínimo el pago de derechos por estas materias y de ser así conveniente se disponga que no realicen pago alguno.
Cuarta. Es necesario reconsiderar el marco jurídico que determina el impuesto predial respecto de los bienes de dominio público de la Federación afectos a la prestación de servicios públicos.
Quinta. En el otorgamiento de concesiones y permisos se recomienda al Ejecutivo Federal obtenga el máximo posible de beneficios para la nación, derivados del patrimonio a cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, considerando integralmente su impacto en la economía.
Además, esta dictaminadora emite las recomendaciones adicionales siguientes:
Primera. Corresponderá a la Cámara de Diputados a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, conforme a las disposiciones aplicables, el verificar que la autoridad aeroportuaria cumpla con el marco regulatorio que se propone aprobar.
Segunda. Se deberá buscar el mejoramiento de la eficiencia operativa y económica, evitando subsidios cruzados que generen prácticas desleales de competencia. Los aeropuertos de la red y los que se llegasen a construir, deberán ajustarse a estas condiciones.
Tercera. La autoridad deberá promover el desarrollo del sistema de transporte multimodal, que contribuya a la integración nacional, que garantice los niveles de calidad de servicio y que responda a tarifas justas y razonables.
Cuarta. Los estados y municipios podrán participar activamente en el desarrollo de los aeropuertos, a fin de que con su participación los proyectos aeroportuarios sean detonadores del desarrollo regional y nacional.
Quinta. En la aplicación y control del marco regulatorio que se propone aprobar, se deberán reforzar los mecanismos para evitar prácticas monopólicas, que alienten y den certeza a un mayor número de participantes en el sector.
Sexta. Que sean respetados los términos de los contratos y convenios de coinversión o de arrendamiento suscritos con anterioridad a la presente ley.
Séptima. El nombramiento del comandante de aeródromo, deberá ser sujeto a un análisis exhaustivo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Octava. En cuanto a las concesiones que permitan la participación de la inversión privada, se respeten los derechos de los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables.
Novena. Que el Ejecutivo Federal sea cuidadoso en el análisis y evaluación de las propuestas técnicas y financieras, a fin de que los compromisos contraídos por concesionarios o permisionarios queden debidamente establecidos y sean cabalmente cumplidos.
Décima. En los plazos de concesiones o permisos se tome en cuenta si son sobre aeropuertos en operación o de nueva construcción.
Decimaprimera. El órgano u organismo encargado de los servicios de control de tránsito aéreo, radio ayudas, telecomunicaciones e información aeronáutica, disponga de los recursos necesarios, que le permitan cumplir cabalmente con sus objetivos.
Decimasegunda. En los reglamentos que se deriven de esta ley, se incluya un apartado especial sobre la comisión consultiva, misma que en su reglamentación particular establezca las condiciones adecuadas al cumplimiento de sus funciones.
Decimatercera. Sin contravenir lo establecido en esta ley, a los interesados en obtener permisos para la construcción u operación de aeródromos particulares se les asegure un esquema flexible, para que, tomando en cuenta su naturaleza y clasificación, se cubran los requisitos exigibles para obtenerlos.
Por lo antes expuesto y con base en el análisis que esta comisión realizó de la minuta con proyecto de ley de aeropuertos remitida por la Cámara de Senadores, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE LEY DE AEROPUERTOS
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, los cuales son parte integrante de las vías generales de comunicación.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Aeródromo civil: área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación.
Los aeródromos civiles se clasifican en aeródromos de servicio al público y aeródromos de servicio particular:
II. Aeródromo de servicio al público: aeródromo civil en el que existe la obligación de prestar servicios aeroportuarios y complementarios de manera general e indiscriminada a los usuarios.
Los aeródromos de servicio al público incluyen, en los términos de la presente ley, a los aeropuertos, que son de servicio público y están sujetos a concesión y a los aeródromos de servicio general, sujetos a permiso:
III. Aeródromo de servicio general: aeródromo de servicio al público, distinto a los aeropuertos, destinado a la atención de las aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial:
IV. Aeródromo de servicio particular: aeródromo civil destinado a los propios fines del permisionario o a los de terceros con quienes libremente contrate:
V. Aeródromo internacional: aeródromo de servicio al público declarado internacional por el Ejecutivo Federal y habilitado, de conformidad con las disposiciones aplicables, con infraestructura, instalaciones y equipos adecuados para atender a las aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo internacional y que cuenta con autoridades competentes:
VI. Aeropuerto: aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial.
Unicamente los aeródromos civiles que tengan el carácter de aeropuerto podrán prestar servicio a las aeronaves de transporte aéreo regular:
VII. Administrador aeroportuario: persona física designada por el concesionario o permisionario de un aeródromo civil, que tendrá a su cargo la coordinación de las actividades de administración y operación que se realicen dentro del mismo:
VIII. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:
IX. Servicios: comprenden los aeroportuarios, complementarios y comerciales:
X. Zona de protección: espacio aéreo de dimensiones definidas, destinado a proteger los procedimientos de aproximación y salida de las aeronaves en los aeródromos civiles.
Artículo 3o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles.
Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que aquellas que surjan entre particulares puedan someterse a arbitraje, de conformidad con las disposiciones aplicables.
En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de aeropuertos.
Artículo 4o. Los aeródromos civiles se rigen por lo previsto en la presente ley, por los tratados internacionales y a falta de disposición expresa, se aplicará:
I. La Ley de Vías Generales de Comunicación:
II. La Ley General de Bienes Nacionales:
III. La Ley de Aviación Civil:
IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo:
V. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización:
VI. Los códigos de Comercio; Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 5o. Los aeródromos civiles según sus características en cuanto a infraestructura, instalaciones, equipos y servicios, se clasificarán en categorías, en los términos que establezca el reglamento respectivo.
CAPITULO II
De la autoridad aeroportuaria
Artículo 6o. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:
I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil:
II. Construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles y prestar los servicios, cuando así lo requiera el interés público:
III. Otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación:
IV. Establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves:
V. Fijar las bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria de los servicios, así como establecer las condiciones mínimas de operación con las que deberán contar los aeródromos civiles según su naturaleza y categorías:
VI. Establecer las normas básicas de seguridad en los aeródromos civiles:
VII. Disponer el cierre parcial o total de aeródromos civiles, cuando no reúnan las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas:
VIII. Vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar aeródromos civiles:
IX. Llevar el registro aeronáutico mexicano, a efecto de incluir las inscripciones relacionadas con aeródromos civiles:
X. Imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo previsto en esta ley:
XI. Interpretar la presente ley y sus reglamentos para efectos administrativos:
XII. Las demás que le otorguen esta ley y otros ordenamientos.
Artículo 7o. El comandante de aeródromo representará a la Secretaría en su carácter de autoridad aeroportuaria y ejercerá sus atribuciones en los aeródromos civiles, dentro de la adscripción territorial que expresamente le sea determinada por la misma.
En el ejercicio de sus funciones levantará actas administrativas; coordinará sus actividades con las demás autoridades civiles y militares que ejerzan funciones en el aeródromo civil; verificará que los sistemas de emergencia se encuentren en óptimas condiciones de uso; reportará a las autoridades competentes todas aquellas situaciones que deban ser hechas de su conocimiento y en general, realizará los actos indispensables que se requieran para hacer efectivas las atribuciones de la Secretaría.
Artículo 8o. Las autoridades competentes realizarán las acciones necesarias para el adecuado ejercicio de las atribuciones que les correspondan en los aeródromos civiles, para lo cual éstas deberán contar con áreas e instalaciones apropiadas en los mismos.
En el ejercicio de sus funciones, las autoridades deberán programar, coordinar y realizar sus actividades en forma tal que no impidan la eficiencia general en la operación de los aeródromos civiles y en la prestación de los servicios. Asimismo deberán contar con el personal capacitado, suficiente y adecuado, de acuerdo a los horarios, número de pasajeros y operaciones.
La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, deberá llevar a cabo todos aquellos actos en el interior de los aeródromos civiles que sean necesarios para la debida coordinación entre las autoridades que actúen en los mismos.
Artículo 9o. Corresponderá al Estado, por conducto del órgano u organismo que al efecto designe, la prestación de los servicios de control de tránsito aéreo, radio ayudas, telecomunicaciones e información aeronáuticas.
CAPITULO III
De las concesiones y de los permisos
SECCION PRIMERA
De las concesiones
Artículo 10. Se requiere concesión otorgada por la Secretaría para la administración, operación, explotación y en su caso, construcción de aeropuertos.
Las concesiones a que se refiere este artículo se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas e incluirán las actividades de administración, operación, explotación y en su caso, construcción.
Artículo 11. Las concesiones a que se refiere esta sección se otorgarán mediante licitación pública, conforme a lo siguiente:
I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que se presenten proposiciones en presencia de los participantes:
II. Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo máximo de 180 días naturales, expedirá la convocatoria; o señalará al propio interesado las razones de la improcedencia de su petición:
III. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en por lo menos, un periódico de amplia circulación de la entidad federativa en donde se encuentre o pretenda establecer el aeropuerto:
IV. Las bases del concurso incluirán, como mínimo:
a) La descripción del proyecto:
b) La descripción de los terrenos y de su situación jurídica:
c) Las modalidades de operación y los servicios que se podrán prestar:
d) Las condiciones de seguridad con que debe contar el aeropuerto:
e) La vigencia de la concesión:
f) Los criterios con que se seleccionará el ganador, que podrán tomar en cuenta, entre otros, los niveles de calidad ofrecidos, el monto de las inversiones requeridas, las especificaciones técnicas propuestas, la capacidad de operación, las tarifas y las contraprestaciones ofrecidas al Estado:
V. Los interesados deberán acreditar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, debiendo señalar previamente:
a) Aquellas actividades cuya ejecución pretendan contratar con terceros:
b) En su caso, demostrar legalmente la posibilidad de usar y aprovechar el terreno para establecer las instalaciones necesarias para prestar los servicios, según se trate:
c) Que cumple con los requisitos técnicos de seguridad y disposiciones en materia ambiental:
d) Que cuenta con el personal técnico y administrativo capacitado:
VI. La Secretaría emitirá el fallo con base en el análisis comparativo de las proposiciones recibidas, el cual será dado a conocer a todos los participantes:
VII. La Secretaría, en su caso, otorgará la concesión dentro del plazo señalado en las bases correspondientes y un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del concesionario:
VIII. No se otorgará la concesión cuando las proposiciones presentadas no ofrezcan las mejores condiciones para el desarrollo aeroportuario nacional; no cumplan con los requisitos de las bases de la licitación, así como con las especificaciones técnicas o de seguridad del aeropuerto o por causas que pudieran afectar la soberanía y seguridad nacional o bien las proposiciones económicas que, en su caso se presenten, no sean satisfactorias a juicio de la secretaría. En estos casos se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.
Artículo 12. La Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, en los siguientes casos:
I. A los permisionarios de aeródromos civiles en operación que pretendan adoptar el carácter de aeropuerto, siempre que el cambio propuesto sea congruente con las políticas y programas para el desarrollo aeroportuario nacional, el aeródromo civil haya estado en operación continua por lo menos los últimos cinco años y se cumpla con los requisitos para la concesión de que se trate:
II. A los concesionarios que requieran un aeropuerto complementario, con objeto de satisfacer un incremento en la demanda y siempre que se demuestre que dicho incremento es necesario para ampliar la capacidad existente con otro aeropuerto; que la operación de ambos aeropuertos por el mismo concesionario será económicamente más eficiente, en comparación con otras opciones, para lograr una mejor coordinación y prestación de los servicios; que se ha cumplido con las obligaciones establecidas en el título de concesión y que se reúnen los requisitos que al efecto se señalen, para la nueva concesión.
Cuando por causas de interés público se ordene la reubicación de un aeropuerto, el concesionario del mismo tendrá derecho a recibir en forma directa la nueva concesión, si cumple con los requisitos establecidos.
Artículo 13. En caso de que los concesionarios a que hace referencia el artículo 12, no manifiesten interés en recibir la nueva concesión, se seguirán los procedimientos establecidos en esta ley para otorgarla.
Artículo 14. La Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, a las entidades de la administración pública federal.
Asimismo, la Secretaría podrá asignar concesiones a las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios, constituidas para la administración, operación, explotación y en su caso, construcción de aeropuertos.
En todos los casos, los concesionarios deberán cumplir con lo previsto en la presente ley y sus reglamentos.
La Secretaría se reserva la facultad de restringir la cesión de derechos de las concesiones otorgadas de conformidad con este artículo.
Artículo 15. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 50 años y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones hasta por un plazo que no exceda de 50 años adicionales, siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en el título respectivo y lo solicite antes de que den inicio los últimos cinco años de la vigencia de la concesión y acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría.
Artículo 16. Los aeropuertos construidos sobre bienes del dominio particular deberán ser utilizados, durante el tiempo de vigencia de la concesión, exclusivamente para su objeto, aun en el caso de que fueran gravados o enajenados, salvo autorización previa de la Secretaría. Esta limitación deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.
Al término de la concesión y para mantener en operación el aeropuerto, la Federación tendrá derecho de preferencia para la adquisición del mismo, mediante avalúo que se lleve a cabo de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables o, en caso de que el propietario prefiera mantener su propiedad, para su arrendamiento.
SECCION SEGUNDA
De los permisos
Artículo 17. La Secretaría otorgará permisos a personas físicas o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, para la administración, operación, explotación y en su caso, construcción de aeródromos civiles distintos a los aeropuertos.
Para aeródromos de servicio general, el permiso se otorgará exclusivamente a sociedades mercantiles mexicanas e incluirán las actividades de administración, operación, explotación y en su caso, construcción.
Los permisos se otorgarán previo cumplimiento de los requisitos exigidos en esta ley y sus reglamentos, por los plazos que señale el permiso respectivo, pero en ningún caso podrán exceder de 30 años y podrán ser prorrogados por tiempo determinado, siempre que se hubiese cumplido con lo previsto en el título y se acepten las nuevas condiciones que establezca la Secretaría.
Artículo 18. Los interesados en obtener permiso deberán acreditar, como mínimo y según la naturaleza del aeródromo civil de que se trate, lo siguiente:
I. La capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, para asegurar que se opere en condiciones de calidad y seguridad:
II. La acreditación legal de la posibilidad de usar y aprovechar el terreno para establecer instalaciones necesarias para prestar los servicios, según se trate, que cumpla con requisitos técnicos de seguridad y disposiciones en materia ambiental y cuente con el personal técnico y administrativo capacitado.
La resolución de la Secretaría sobre el otorgamiento de permisos, deberá emitirse en un plazo que no exceda de 90 días naturales, contado a partir de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente integrada.
SECCION TERCERA
Disposiciones comunes
Artículo 19. La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% en el capital de las sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público.
Se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para que la inversión a que se refiere el párrafo anterior participe en un porcentaje mayor. Dicha comisión deberá considerar al resolver, que se propicie el desarrollo regional y tecnológico y se salvaguarde la integridad soberana de la nación.
Artículo 20. Cuando se trate de bienes del dominio público de la Federación, la Secretaría también podrá concesionar su uso y aprovechamiento en los términos de la ley de la materia. La duración de esta concesión se sujetará a la vigencia de la concesión o permiso otorgado de conformidad con la sección primera y segunda de este capítulo.
Al término del plazo de la concesión de bienes del dominio público de la Federación, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado revertirán en favor de la nación.
Artículo 21. Para el otorgamiento de concesiones y permisos previstos en esta ley, se deberá contar con la opinión de una comisión intersecretarial, que tendrá por objeto conocer las propuestas que al efecto presente la Secretaría, para lo cual deberá atender principalmente a criterios de capacidad jurídica, administrativa y financiera de los posibles concesionarios o permisionarios.
La comisión intersecretarial a que se refiere el párrafo anterior, se constituirá mediante acuerdo del Ejecutivo Federal; en todo caso, formarán parte de la misma la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República; será presidida por la Secretaría, y conocerá de los asuntos que el propio acuerdo señale.
Artículo 22. No podrán ser titulares de permisos las personas físicas que estén inhabilitadas para ejercer el comercio, hayan sido condenados por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud, cualquiera que haya sido la pena. La misma restricción se aplicará a los directores generales o sus equivalentes o a los socios o miembros del órgano de administración de las personas morales concesionarias o permisionarias.
En caso de que se incurra en los supuestos señalados en el párrafo anterior, el concesionario o persona moral permisionaria tiene obligación de remover al miembro del órgano de administración respectivo o, si se trata de los socios, de iniciar las medidas conducentes a la transmisión de los títulos representativos correspondientes. Esta obligación deberá preverse en los estatutos sociales.
Artículo 23. Cuando cualquier persona o grupo de personas adquiera, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria o permisionaria de un aeródromo civil, se requerirá notificar a la Secretaría. En caso de que la Secretaría, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación respectiva, no objete dicha adquisición, se entenderá como aprobada.
Para los efectos señalados en el presente artículo, se entenderá que una persona o grupo de personas adquiere el control de un aeródromo civil cuando sea propietario de 35% o más de los títulos representativos del capital social de una concesionaria o permisionaria, tenga el control de la asamblea general, de accionistas, esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros encargados de la administración o por cualquier otro medio controle el aeródromo civil de que se trate.
Artículo 24. El cambio de director general, de cualquier miembro del consejo de administración de la concesionaria o permisionaria o del administrador aeroportuario, deberá ser notificado a la Secretaría. En caso de que la Secretaría, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación respectiva, no objete dichas designaciones, se entenderán como confirmadas.
Artículo 25. El título de concesión o permiso, según sea el caso, deberá contener, entre otros:
I. El nombre, nacionalidad y domicilio del concesionario o permisionario:
II. El objeto de la concesión o permiso;
III. La delimitación del aeródromo civil y de su zona de protección, así como la determinación de su régimen inmobiliario:
IV. Las condiciones de construcción, administración, operación y explotación del aeródromo civil, así como de su seguridad operativa:
V. El programa maestro de desarrollo o, en su caso, el programa indicativo de inversiones, a que se refieren los artículos 38 y 39 de esta ley:
VI. Las condiciones de seguridad del aeródromo civil:
VII. Los requisitos para el inicio de operaciones:
VIII. Los servicios que podrá prestar el concesionario o permisionario:
IX. La facultad para arrendar los espacios en los aeródromos civiles para la prestación de los servicios de que se trate:
X. Los derechos y obligaciones del concesionario o permisionario:
XI. El periodo de vigencia:
XII. Las características y el monto de la garantía que, en su caso, deberá otorgar el concesionario:
XIII. En su caso, las contraprestaciones y su forma de pago.
Artículo 26. Las concesiones y permisos, según sea el caso, terminan por:
I. Vencimiento del plazo establecido o de las prórrogas que se hubieran otorgado:
II. Renuncia del titular:
III. Revocación:
IV. Rescate, en caso de bienes del dominio público:
V. Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión o permiso, salvo causa de fuerza mayor:
VI. Disolución, liquidación o quiebra de la concesionaria o permisionaria:
VII. Muerte de la persona física permisionaria.
En el caso de rescate se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales y procederá indemnización.
La terminación de la concesión o permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia.
Artículo 27. Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las siguientes:
I. No iniciar la administración, operación, explotación o, en su caso, construcción del aeródromo civil, en los plazos que al efecto se establezcan en el título de concesión o permiso:
II. No mantener vigentes los seguros a que se refiere esta ley:
III. Ceder, gravar, transferir o enajenar las concesiones o los permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, en contravención a lo dispuesto en esta ley:
IV. Alterar la naturaleza o condiciones de los aeródromos civiles establecidas en el título de concesión o permiso, sin autorización de la Secretaría:
V. Consentir el uso del aeródromo civil a cualquier aeronave que no cumpla con los requisitos de la Ley de Aviación Civil o no haya sido autorizada por quien controla la navegación aérea o que su acción u omisión dolosa contribuya a la comisión de algún delito:
VI. Tener conocimiento de que se ha incurrido en los supuestos establecidos en el artículo 22 de esta ley y no haber tomado las medidas previstas en el mismo, en el caso del concesionario o persona moral permisionaria o incurrir en los citados supuestos en el caso de persona física permisionaria:
VII. Modificar el porcentaje de inversión extranjera en contravención a lo establecido en el artículo 19 de esta ley:
VIII. Contravenir las disposiciones, en materia de seguridad en los aeródromos civiles, establecidas en esta ley y otros ordenamientos aplicables;
IX. Interrumpir, total o parcialmente, la operación del aeródromo civil o la prestación de los servicios aeroportuarios o complementarios, sin causa justificada:
X. No cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeródromo civil:
XI. Prestar servicios distintos a los que le son permitidos:
XII. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios:
XIII. Aplicar tarifas y precios que excedan a los registrados o, en su caso, sujetos a regulación:
XIV. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil:
XV. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya quedado firme en términos de ley.
La Secretaría podrá revocar las concesiones o permisos de manera inmediata únicamente en los supuestos de las fracciones I a VI anteriores.
En los casos de las fracciones VII a XV, la Secretaría sólo podrá revocar la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.
Artículo 28. El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, estará imposibilitado para obtener, directa o indirectamente, otra concesión o permiso de los contemplados en la presente ley, dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que hubiere quedado firme la resolución respectiva.
Artículo 29. Los concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales sólo podrán suscribir, individualmente o en su conjunto, directa o indirectamente, hasta el 5% de las acciones ordinarias del capital social de una sociedad mercantil concesionaria de un aeropuerto o de su controladora. La misma restricción en porcentaje se aplicará cuando la concesionaria de un aeropuerto participe en el capital de concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo.
En ningún caso un grupo de concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales, podrán adquirir directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria de un aeropuerto. La misma restricción se aplicará cuando un grupo de concesionarios de aeropuertos participen en el capital de concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo.
Artículo 30. Los concesionarios o permisionarios deberán dar aviso a la Secretaría de las modificaciones que realicen a sus estatutos, relativas a la disolución anticipada, cambio de objeto, fusión, transformación o escisión, 90 días naturales antes de su formalización.
Artículo 31. Los concesionarios o permisionarios deberán permitir el acceso a los aeródromos civiles a las autoridades federales, con el fin de que puedan desarrollar sus funciones de autoridad en los mismos y a los, prestadores de los servicios a la navegación aérea, para lo cual estarán obligados a destinar un espacio adecuado en los aeródromos civiles, cuyas dimensiones y demás términos y condiciones serán fijados en el título de concesión o permiso respectivo.
Artículo 32. Los aeródromos civiles en donde se preste servicio a aeronaves militares se sujetarán en lo conducente a esta ley, sin perjuicio de la coordinación que exista con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
CAPITULO IV
De la cesión de derechos
Artículo 33. La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión total de los derechos y obligaciones de las concesiones o permisos, siempre que el cesionario cumpla con los requisitos que esta ley exige para ser concesionario o permisionario, se comprometa a realizar las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la Secretaría.
Artículo 34. Los concesionarios o permisionarios en ningún caso podrán ceder, ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos, así como los bienes afectos a la concesión o al permiso, a ningún gobierno o Estado extranjero.
Artículo 35. La ejecución de una garantía no significa la cesión automática de los derechos de la concesión o permiso de que se trate, a menos de que la Secretaría lo autorice.
CAPITULO V
De la infraestructura
Artículo 36. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, establecerá las condiciones de construcción y conservación de los aeródromos civiles.
Los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada.
Artículo 37. Es de utilidad pública la construcción, ampliación y conservación de aeropuertos.
La Secretaría, por sí o por cuenta de los concesionarios, previa evaluación y cuando lo considere procedente, efectuará la compraventa o, en su defecto, promoverá la expropiación de los terrenos y construcciones necesarios para la construcción, ampliación y conservación de aeropuertos.
Artículo 38. El concesionario deberá elaborar un programa maestro de desarrollo, revisable cada cinco años, el cual una vez autorizado por la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el ámbito de su competencia, con base en las políticas y programas establecidos para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional y su interrelación con otros modos de transporte, será parte integrante del título de concesión.
Artículo 39. El permisionario de un aeródromo de servicio al público deberá elaborar un programa indicativo de inversiones en materia de construcción, conservación y mantenimiento, en el que se incluyan medidas específicas relacionadas con la seguridad y la protección al ambiente y hacerlo del conocimiento de la Secretaría.
Artículo 40. Para realizar trabajos de construcción o reconstrucción en los aeródromos civiles, distintos de aquéllos incluidos en los programas a que se refieren los artículos 38 y 39 de esta ley, se requerirá autorización previa de la Secretaría.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los trabajos de urgencia, de mantenimiento y los trabajos menores de construcción que no afecten las operaciones aéreas y se realicen para la conservación y buen funcionamiento del aeródromo civil, en el entendido de que el concesionario o permisionario informará a la Secretaría de las obras realizadas.
Artículo 41. Los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y protección ambiental, que correspondan.
CAPITULO VI
De la administración
Artículo 42. La Secretaría, en el reglamento correspondiente, podrá establecer los requisitos que deberá reunir el administrador aeroportuario, cuyo nombramiento será hecho del conocimiento de la Secretaría por el concesionario o permisionario respectivo, en los términos y para los efectos del artículo 24 de esta ley.
Los actos que lleve a cabo el administrador aeroportuario, se entenderán como realizados por el concesionario o permisionario, según sea el caso.
Artículo 43. En materia de administración corresponderá a los concesionarios y permisionarios, entre otros:
I. Planear, programar y efectuar las acciones necesarias para la operación, desarrollo y promoción del aeródromo civil:
II. Llevar a cabo las acciones conducentes a la ejecución del programa maestro de desarrollo o el programa indicativo de inversiones, según sea el caso:
III. Percibir en los términos que fijen los reglamentos correspondientes y el título de concesión o permiso, los ingresos por el uso de la infraestructura del aeródromo civil, por la celebración de contratos, por los servicios que preste directamente, así como por las actividades comerciales que realice:
IV. Establecer programas de capacitación y atender las disposiciones que sobre la materia establezca la autoridad competente:
V. Coordinar las actividades de los prestadores de servicios y usuarios del aeródromo civil para lograr un adecuado funcionamiento del mismo:
VI. En el caso de aeropuertos, los concesionarios deberán coordinar las operaciones y demás servicios que se presten en el mismo, sobre bases equitativas y no discriminatorias:
VII. Proporcionar la información estadística requerida por las autoridades competentes.
Artículo 44. En cada aeropuerto, el concesionario deberá constituir una comisión consultiva formada, entre otros, con representantes del gobierno estatal y municipal, así como de las cámaras de comercio, turismo e industria de la región, de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo que operen en el aeropuerto y del administrador aeroportuario.
La comisión consultiva coadyuvará en la promoción del aeropuerto y podrá emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana y turística, así como el equilibrio ecológico de la zona, para lo cual el administrador del aeropuerto deberá informar a la comisión sobre el programa maestro de desarrollo y sus modificaciones, así como los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización del aeropuerto.
La organización y funcionamiento de las comisiones consultivas se determinará en el reglamento respectivo.
CAPITULO VII
De la operación y los servicios
Artículo 45. La operación de los aeródromos civiles comprende la prestación de los servicios mediante el aprovechamiento de la infraestructura, instalaciones y equipos.
Artículo 46. Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, servicios y sistemas de organización adecuados y suficientes para que la operación se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad.
Artículo 47. Los concesionarios o permisionarios deberán responsabilizarse del control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en zonas restringidas del aeródromo civil, así como las áreas cercanas a los equipos de ayuda a la navegación aérea instalados dentro de los mismos, se mantengan libres de obstáculos que puedan afectar su operación.
Artículo 48. Para efectos de su regulación, los servicios en los aeródromos civiles se clasifican en:
I. Servicios aeroportuarios: los que le corresponde prestar originariamente al concesionario o permisionario, de acuerdo con la clasificación del aeródromo civil y que pueden proporcionarse directamente o a través de terceros que designe y contrate. Estos servicios incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos; así como los que se refieren a la seguridad y vigilancia del aeródromo civil; y a la extinción de incendios y rescate, entre otros:
II. Servicios complementarios: los que pueden ser prestados por los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, para sí mismos o para otros usuarios o por terceros que aquéllos designen. Estos servicios incluyen, entre otros, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, avituallamiento, almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación de aeronaves.
Para la prestación de estos servicios deberá suscribirse contrato con el concesionario o permisionario del aeródromo civil de que se trate:
III. Servicios comerciales: los que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeródromo civil y que no son esenciales para la operación del mismo ni de las aeronaves. Estos servicios pueden ser prestados directamente por el concesionario o permisionario o por terceros que con él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros.
Artículo 49. Todos los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles están obligados a permitir su uso y prestar los servicios aeroportuarios y complementarios con que cuenten, en forma prioritaria, a las aeronaves militares; a aquellas que apoyen en casos de desastre y a las que se encuentren en condiciones de emergencia.
Artículo 50. El administrador aeroportuario podrá, en caso fortuito o de fuerza mayor, suspender por el tiempo estrictamente necesario la prestación de los servicios aeroportuarios, con el fin de preservar la seguridad de las personas y de los bienes. En estos casos, reportará de inmediato a la autoridad aeroportuaria y en su caso, al comité de operación y horarios, las causas que motivaron tal medida.
Artículo 51. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, deberá establecer requisitos para la acreditación técnica del personal a cargo de los servicios aeroportuarios y complementarios.
Artículo 52. Los prestadores de servicios aeroportuarios y complementarios que sean personas distintas a los concesionarios o permisionarios, por el hecho de suscribir el contrato respectivo, serán responsables solidarios con éstos ante la Secretaría, del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, relacionadas con el servicio respectivo, consignadas en el título de concesión o permiso.
Artículo 53. En los aeródromos civiles de servicio al público, los servicios aeroportuarios y complementarios, se prestarán a todos los usuarios solicitantes de manera permanente, uniforme y regular, en condiciones no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio y conforme a las prioridades de turno y horarios establecidas en las reglas de operación del aeródromo civil, de acuerdo con los criterios señalados por la Secretaría.
Los servicios aeroportuarios se prestarán en forma gratuita a las aeronaves de Estado militares y aquellas que realicen funciones de seguridad nacional.
Artículo 54. Todos los actos y contratos para la prestación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en los aeródromos, civiles de servicio al público serán de carácter mercantil.
Cuando los servicios aeroportuarios y complementarios se proporcionen en los aeropuertos por personas distintas a los concesionarios, los prestadores de dichos servicios deberán constituirse como sociedades mercantiles mexicanas.
Artículo 55. En los aeródromos civiles de servicio al público, las contraprestaciones por los servicios deberán pagarse de contado, salvo que en los contratos correspondientes se estipule lo contrario.
Si las contraprestaciones no son pagadas, los concesionarios o permisionarios, así como los prestadores de servicios podrán suspender la prestación de los mismos, únicamente por el servicio de que se trate y conforme a lo establecido en los contratos respectivos. En ningún caso se podrá negar el servicio de aterrizaje a los usuarios en los aeródromos civiles.
Artículo 56. Los prestadores de servicios aeroportuarios y complementarios que sean personas distintas a los concesionarios o permisionarios, deberán contar con capacidad técnica, según la naturaleza del servicio de que se trate, no encontrarse en los supuestos a que se refiere el articulo 22 de esta ley y cumplir con las demás disposiciones aplicables.
Los contratos que celebren los concesionarios o permisionarios con los prestadores de los servicios aeroportuarios y complementarios y que de acuerdo al reglamento respectivo sean objeto de autorización por parte de la misma, deberán presentarse ante ésta en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su formalización. Si no se cuenta con la citada autorización dichos contratos no surtirán efectos. La Secretaría deberá resolver en un plazo máximo de 30 días naturales y si no resuelve, se considerará autorizado el contrato.
Cuando el incumplimiento de los contratos a que se refiere el párrafo anterior, afecte la adecuada operación del aeródromo civil y constituya una causa de revocación de las previstas en el artículo 27 de esta ley, la Secretaría, oyendo previamente al afectado, podrá revocar la autorización de dichos contratos. El concesionario o permisionario, en estos casos, deberá asegurar que no se interrumpan los servicios del aeródromo civil.
Artículo 57. El concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios que permitan a los usuarios seleccionar al prestador de servicios que convenga a sus intereses.
Por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, el concesionario podrá limitar el número de los prestadores de servicios complementarios, después de escuchar la opinión del comité de operación y horarios del aeropuerto a que se refiere el artículo 61 de esta ley. En este caso, el concesionario, con participación de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, adjudicará los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como de calidad y precios para los usuarios.
Artículo 58. Los servicios complementarios no podrán dejar de prestarse. En el caso de aeropuertos donde los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo no los proporcionen, el concesionario del aeropuerto deberá hacerlo, directamente o a través de los terceros que él designe y contrate, hasta en tanto prevalezca dicha situación. Para los demás aeródromos civiles, que no sean aeropuerto, corresponderá a los permisionarios prestar los servicios complementarios, directamente o a través de terceros.
Artículo 59. Cuando los aeródromos civiles de servicio particular o las instalaciones de uso particular dentro de un aeropuerto cuenten con capacidad excedente, la Secretaría, con vista en el interés público, podrá disponer que los permisionarios u operadores de las instalaciones de que se trate presten temporalmente servicio al público, conforme a condiciones que no les afecten operativa y financieramente.
La disposición estará vigente en tanto subsistan las causas que le dieron origen.
Artículo 60. La prestación de los servicios comerciales no debe constituir un obstáculo para la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios ni la de éstos respecto a los aeroportuarios; ni poner en peligro la seguridad del aeródromo civil o la operación de las aeronaves. En caso de que esto ocurra, la Secretaría ordenará las adecuaciones necesarias.
Las áreas que se destinen a la prestación de los servicios comerciales serán descritas en el programa maestro de desarrollo o en el programa indicativo de inversiones, según sea el caso y para modificarlas se requerirá de autorización previa de la Secretaría.
Artículo 61. En cada aeropuerto se constituirá un comité de operación y horarios que estará integrado por el concesionario del aeropuerto a través del administrador aeroportuario, por el comandante de aeródromo y por las demás autoridades civiles y militares que intervienen en el mismo, así como por los representantes de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y de los prestadores de servicios.
Dicho comité será presidido por el administrador aeroportuario y su funcionamiento y operación se ajustará a un reglamento interno que se incluirá en las reglas de operación del aeropuerto.
Artículo 62. El comité de operación y horarios emitirá recomendaciones relacionadas con:
I. El funcionamiento, operación y horario del aeropuerto:
II. El programa maestro de desarrollo del aeropuerto y sus modificaciones:
III. La asignación de horarios de operación, áreas, posiciones de contacto y remotas, itinerarios y de espacios dentro del aeropuerto, de acuerdo a los criterios establecidos:
IV. Las condiciones para la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios:
V. Las tarifas y los precios:
VI. Las reglas de operación:
VII. Las medidas necesarias para la eficiente operación aeroportuaria:
VIII. La solución de los conflictos entre la administración del aeropuerto y los prestadores de servicios:
IX. Las quejas de los usuarios.
En el seno del comité, los participantes coordinarán sus acciones y asumirán los compromisos necesarios para el eficiente funcionamiento del aeropuerto.
En los aeródromos civiles donde se ubiquen bases aéreas militares o aeronavales, el comandante del mismo y el de la instalación militar, coordinarán lo conducente en las fracciones I a IV y VI de este artículo, a fin de dar prioridad a las operaciones aéreas militares por razones de seguridad nacional, interior y apoyo a la población civil en casos de desastre.
Artículo 63. En los aeropuertos el administrador aeroportuario determinará los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios y oyendo la recomendación del comité de operación y horarios a que se refiere el artículo 61 de esta ley.
Artículo 64. Las construcciones e instalaciones en los terrenos adyacentes e inmediatos a los aeródromos civiles, dentro de las zonas de protección, estarán sujetas a las restricciones que señalen las disposiciones jurídicas a que se refiere el artículo 41 de esta ley, a efecto de eliminar obstáculos a las operaciones de las aeronaves.
Artículo 65. Cada aeródromo civil de servicio al público deberá contar con sus propias reglas de operación, conforme a los criterios y lineamientos generales que disponga la Secretaría.
El concesionario o permisionario deberá someter las reglas de operación a la autorización de la Secretaría, escuchando previamente y en su caso, al comité de operación y horarios.
Artículo 66. Para atender necesidades derivadas de caso fortuito o fuerza mayor, la Secretaría estará facultada para imponer modalidades en la operación de los aeródromos civiles y en la prestación de los servicios, sólo por el tiempo y proporción que resulte estrictamente necesario.
CAPITULO VIII
De las tarifas y precios
Artículo 67. La Secretaría podrá establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación de los servicios aeroportuarios y para los arrendamientos y contraprestaciones relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebren con los prestadores de servicios complementarios, cuando no existan condiciones razonables de competencia, de acuerdo con la opinión de la Comisión Federal de Competencia.
Artículo 68. Cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que los servicios complementarios no reflejan condiciones adecuadas de competencia, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en su caso, se establezca regulación tarifaria o de precios.
Artículo 69. Las tarifas correspondientes a los servicios aeroportuarios y complementarios en los aeródromos civiles de servicio al público, deberán registrarse ante la Secretaría de manera previa al inicio de su vigencia y deberán hacerse del conocimiento de los usuarios.
Artículo 70. La regulación tarifaria o de precios que llegue a aplicarse, se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron. Los prestadores de servicios sujetos a regulación podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita su opinión sobre la subsistencia de tales condiciones.
En la regulación se podrán establecer tarifas y precios máximos por el uso de bienes o la prestación de servicios específicos o conjuntos de éstos, así como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia. Esta regulación deberá permitir la prestación de los servicios y la explotación de los bienes en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia.
CAPITULO IX
De la seguridad
Artículo 71. La vigilancia interna en los aeródromos civiles será responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestará conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.
En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, carga, correo, instalaciones y equipo.
Artículo 72. Los concesionarios y permisionarios deberán poner en práctica programas de emergencia y contingencia, colaborar en los dispositivos de seguridad en las operaciones aeroportuarias y mantener los equipos de rescate y extinción de incendios en óptimas condiciones de operación. Asimismo deberán hacer del conocimiento de la autoridad aeroportuaria cualquier situación técnica y operativa, relevante o emergente, en materia de seguridad.
Artículo 73. A nivel nacional deberá existir un comité de seguridad aeroportuaria integrado de conformidad con el reglamento respectivo, que será el encargado de emitir el programa nacional de seguridad aeroportuaria conforme a los lineamientos que señale la Secretaría.
En los aeropuertos deberán funcionar comités locales de seguridad, presididos por un representante de la Secretaría, que emitirán los programas de seguridad correspondientes, previa opinión del comité de seguridad aeroportuaria. Estos deberán autorizarse por la Secretaría, para su entrada en vigor.
CAPITULO X
De la protección al ambiente
Artículo 74. En los aeródromos civiles los concesionarios y permisionarios deberán observar las disposiciones aplicables en materia de protección al ambiente; particularmente en lo que les corresponda respecto a la atenuación del ruido y al control efectivo de la contaminación del aire, agua y suelo, tanto en sus instalaciones, como en su zona de protección.
CAPITULO XI
Del Registro Aeronáutico Mexicano
Artículo 75. Se inscribirán en el Registro Aeronáutico Mexicano:
I. Los documentos por medio de los cuales se adquiera, transmita, ceda, modifique, grave o extinga la propiedad y los demás derechos reales sobre los aeródromos civiles:
II. Las concesiones y permisos, sus modificaciones y revocaciones:
III. Las ayudas a la navegación aérea:
IV. Los contratos que autorice la Secretaría, de conformidad con el artículo 56 de esta ley:
V. Las pólizas de seguro.
El reglamento respectivo determinará los requisitos a que deberán sujetarse las inscripciones, cancelaciones y certificaciones que deban expedirse.
CAPITULO XII
Del seguro
Artículo 76. Los concesionarios y permisionarios de aeródromos de servicio al público, así como los prestadores de servicios, serán responsables por los daños ocasionados, que resulten por causas que les sean imputables, por lo que deberán contar con seguro que cubra las indemnizaciones correspondientes.
El contrato de seguro deberá ser registrado ante la Secretaría y estar vigente por los plazos de duración de la concesión o permiso y sus prórrogas.
CAPITULO XIII
De la requisa
Artículo 77. En caso de desastre natural, guerra, grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal podrá hacer la requisa de los aeropuertos, los servicios aeroportuarios y complementarios, así como de los demás bienes muebles e inmuebles y disponer de todo ello como juzgue conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere a servicio de la requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra o conflicto armado internacionales, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje.
CAPITULO XIV
De la verificación
Artículo 78. La Secretaría verificará el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables de conformidad con los programas que para tal efecto se establezcan.
Los concesionarios o permisionarios y en su caso, los prestadores de servicios, estarán obligados a permitir el acceso a los verificadores de la Secretaría a sus instalaciones, a transportarlos en sus equipos para que realicen la verificación en términos de la presente ley y en general, a otorgarles todas las facilidades para estos fines, así como a proporcionar a la misma los informes con los datos que permitan conocer la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles y demás servicios relacionados.
Las personas sujetas a verificación, cubrirán las cuotas que por este concepto se originen.
Artículo 79. Las certificaciones de las unidades de verificación, establecidas por terceros, tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 80. Si el concesionario o permisionario de un aeródromo de servicio al público no cumple con las condiciones de seguridad y operación contenidas en las disposiciones aplicables, la Secretaría podrá nombrar un verificador especial por el tiempo que resulte necesario para corregir las irregularidades de que se trate.
CAPITULO XV
De las sanciones
Artículo 81. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:
I. No cumplir con las condiciones de construcción, operación y explotación de aeródromos civiles, con multa de 5 mil a 120 mil días de salario:
II. Construir u operar un aeródromo civil sin la concesión o permiso correspondiente, con multa de 5 mil a 200 mil días de salario:
III. Ceder los derechos y obligaciones de la concesión o permiso en contravención a lo dispuesto en esta ley, con multa de 5 mil a 200 mil días de salario:
IV. No hacer del conocimiento de la Secretaría, de manera negligente, los accidentes o incidentes ocurridos en los aeródromos, relativos a la seguridad de sus operaciones, salvo causa de fuerza mayor, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
V. No cumplir con lo solicitado en el dictamen correspondiente conforme a las facultades de verificación de la autoridad, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
VI. Negar el aterrizaje de aeronaves, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
VII. Aplicar tarifas y precios que excedan a los registrados o, en su caso, sujetos a regulación, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
VIII. No prestar los servicios en la forma en que fueron ofrecidos, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
IX. No dar aviso a la Secretaría de las modificaciones realizadas a estatutos, con multa de 1 mil a 5 mil días de salario:
X. No apoyar en operaciones de búsqueda y salvamento de aeronaves, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario:
XI. Obstruir o interferir la radiocomunicación aeronáutica o los lugares de tránsito de un aeródromo civil, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario;
XII. Inundar o por negligencia permitir que se inunde un aeródromo civil, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario:
XIII. Contravenir las disposiciones en materia de seguridad en los aeródromos civiles, establecidas en esta ley y otros ordenamientos aplicables, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
XIV. Interrumpir, total o parcialmente, la operación del aeródromo civil o la prestación de los servicios aeroportuarios o complementarios, sin causa justificada, con multa de 1 mil a 50 mil días de salario:
XV. No cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeródromo civil, con multa de 1 mil a 30 mil días de salario:
XVI. No cubrir oportunamente las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios, con multa de 1 mil a 5 mil días de salario:
XVII. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil, con multa de 5 mil a 200 mil días de salario.
Cualquier otra infracción a esta ley o a sus reglamentos que no esté expresamente prevista en este capítulo, será sancionada por la Secretaría con multa de hasta 50 mil días de salario.
En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una sanción equivalente hasta por el doble de la cuantía señalada.
Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Artículo 82. En el caso de terceros autorizados por esta Secretaría para llevar a cabo verificaciones técnicas en los términos de esta ley, se les aplicará por violación a las condiciones que se establezcan en las autorizaciones respectivas, multa hasta de 50 mil días de salario.
Artículo 83. Cuando sin haber previamente obtenido concesión o permiso, se construyan u operen aeródromos civiles, la Secretaría podrá solicitar a las autoridades competentes el desalojo de los infractores y en su caso, que se realice a cargo de los mismos, la demolición de las obras y la reparación de los daños causados.
Una vez que la Secretaría tenga conocimiento de lo anterior, y en tanto se dicta la resolución definitiva, solicitará a la autoridad correspondiente el aseguramiento de las obras ejecutadas y de las instalaciones establecidas.
Artículo 84. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que en su caso resulte ni de la revocación que proceda.
Artículo 85. Para declarar la revocación de concesiones y permisos, la imposición de las sanciones previstas en esta ley, así como la interposición del recurso administrativo de revisión, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan los artículos 327; 328; 371 fracción I incisos b y c; y 567 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; el artículo 8o. de la Ley de Aviación Civil; así como las demás disposiciones que se opongan a la presente ley.
Las disposiciones reglamentarias y administrativas en vigor se continuarán aplicando hasta en tanto no sean derogadas por otras, salvo en lo que se opongan a la presente ley.
Cuando en otras disposiciones se haga referencia a la figura de comandante de aeropuerto, se entenderá como comandante de aeródromo en los términos de esta ley.
Tercero. El organismo público descentralizado Aeropuertos Y Servicios Auxiliares podrá continuar administrando aeropuertos en los términos de su decreto de creación de fecha 10 de junio de 1965, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año y de sus decretos modificatorios, hasta en tanto la Secretaría, de conformidad con lo previsto en esta ley, otorgue concesiones respecto de los aeropuertos administrados por dicho organismo.
Lo anterior, en el entendido de que Aeropuertos y Servicios Auxiliares deberá ajustarse a lo dispuesto en esta ley, en lo relativo a la construcción, administración, operación y explotación de aeropuertos y en la prestación de los servicios.
Cuarto. Las concesiones, permisos y autorizaciones que se otorguen con motivo de la presente ley, no afectarán los derechos de los trabajadores de Aeropuertos Y Servicios Auxiliares, los que serán respetados conforme a la ley de la materia.
Quinto. Las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, serán respetadas en sus términos hasta su vencimiento.
Lo anterior, en el entendido de que los concesionarios y permisionarios deberán ajustarse a lo dispuesto en esta ley, en lo relativo a la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles y en la prestación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.
Los aeródromos de servicio general que al momento de la publicación de este ordenamiento reciban aeronaves destinadas al servicio de transporte aéreo regular, tendrán un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de esta ley, para regularizar su situación ante la Secretaría.
Por lo que se refiere a las concesiones y permisos en trámite, se estará a lo dispuesto en esta ley.
Sexto. Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se sancionarán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se cometieron.
Séptimo. A más tardar en 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, el Ejecutivo Federal constituirá la comisión intersecretarial a que se refiere el artículo 21 de esta ley.
Sala de comisiónes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 7 de diciembre de 1995.- Diputados: Gustavo Cárdenas Monroy, presidente; José Alberto Castañeda Pérez, Eric Luis Rubio Barthell, Desiderio Camacho Garibo, Alfonso Molina Ruibal, secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Jorge Castillo Cabrera, Víctor Hugo Islas Hernández, Gabriel Escalante Castillo, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo Ordaz Moreno, Cecilio Lepe Bautista, Jaime Jesús Arceo Castro, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Roberto Modesto Flores González, Israel Reyes Ledezma Magaña, Luis Antonio Godina Herrera, Daniel Covarrubias Ramos, Tuffy Gaber Arjona, Miguel Rodríguez Ramírez, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Apolonio Méndez Meneses, Eusebio Moreno Muñoz, Jorge Humberto Gómez García, Jesús Durán Ruiz, Martín Hernández Balderas, Alfonso Solórzano Fraga, Carlos Navarrete Ruiz, Ramón Sosamontes Herreramoro y Alejandro Moreno Berry.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra el diputado Gustavo Cárdenas Monroy.
El diputado Oscar Gustavo Cárdenas Monroy:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Vengo a esta tribuna a fundamentar el dictamen con proyecto de Ley de Aeropuertos, integrado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta Cámara de Diputados y que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea legislativa.
Partimos, bajo la consideración de que nuestro país acusa serias deficiencias en materia de infraestructura, las más evidentes se ubican en el sector comunicaciones y transportes; existen rezagos en la conservación y mantenimiento de aeropuertos, falta de capacidad de los edificios terminales, así como en los servicios aeroportuarios.
La estrategia para impulsar la infraestructura del país, parte de reconocer y alentar la participación de todos los sectores, en aquellas áreas en que así lo prevé la Constitución de la República. Como parte de este proceso de transformación, se ha reformado el marco jurídico para alentar la inversión privada en ferrocarriles, comunicaciones satelitales, puertos y aviación civil.
Por ese motivo, el pasado 25 de abril, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias al aprobarse la Ley de Aviación Civil, se dio el primer paso para avanzar en un marco jurídico más adecuado a las necesidades actuales y perspectivas del sector aeronáutico del país.
En el dictamen correspondiente, se recomendó la necesidad de avanzar en el marco regulatorio de la infraestructura aeroportuaria; avanzamos bajo el entendido de que la recuperación y el crecimiento económico requieren de una infraestructura adecuada, moderna y suficiente, a fin de que propicie el desenvolvimiento regional y nacional, con oportunidades de empleos, con equidad y justicia, lo cual implica profundizar en la transformación estructural.
Las condiciones de nuestra infraestructura, hacen impredecible un enorme esfuerzo de inversión durante los próximos años, la inversión pública no será suficiente, por lo que resulta urgente promover una mayor participación de los particulares en infraestructura básica.
Quiero reconocer desde esta tribuna, el esfuerzo realizado por mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, quienes en un ambiente cordial y de respeto a la pluralidad ideológica, han participado en la discusión y análisis de la problemática de la infraestructura aeroportuaria, así como las experiencias nacionales e internacionales, a través de reuniones de trabajo durante los meses de junio a noviembre del presente año, con trabajadores aeroportuarios, con funcionarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con inversionistas, en las que se tomaron en consideración todos los comentarios y opiniones que en su momento enriquecieron el anteproyecto de ley de aeropuertos.
En estricto respeto y apego a la división de poderes, es importante destacar la permanente comunicación y colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo Federal, misma que permitió la realización de un número importante de reuniones, en las que se analizaron los elementos fundamentales del anteproyecto de ley, así como aquellas que se desarrollaron, con objeto de comentar y aportar opiniones en la conformación de los borradores de la Ley de Aeropuertos, acciones que finalmente permitieron contar con una iniciativa enriquecida, gracias al diálogo y a la participación.
El nuevo ordenamiento jurídico que se propone en el proyecto de ley de aeropuertos, busca consolidar al sector aéreo mediante reglas transparentes, equitativas y eficientes, que propicien la capacidad competitiva de los inversionistas, que incentiven la creación de más y mejores empleos y servicios en el sector.
Bajo esta premisa, en sus 15 capítulos, 85 artículos y siete transitorios, se definen las facultades de la autoridad aeroportuaria, mismas que son ejercidas por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En el rubro de concesiones y permisos se precisan con claridad las reglas bajo las cuales se otorgan de manera clara e indiscriminada a personas físicas, sociedades mercantiles o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas.
Con objeto de contribuir al impulso de las regiones en el ámbito estatal y municipal, se permite asignación de concesiones a las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios.
A fin de garantizar que la infraestructura de operación, así como con la que se construya sigan cumpliendo con las funciones para las que fueron creadas, al término del periodo de la concesión se establece la cláusula de preferencia a favor del Estado en la adquisición de aquellas instalaciones construidas sobre inmuebles del dominio privado, así como el derecho de reversión en favor de la nación, de aquellas que se hayan establecido sobre bienes del dominio público.
La creación de la comisión intersecretarial, en el texto del proyecto de ley, integrada en todo caso por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República, es por sí misma signo de transparencia y apego a la ley y un límite a la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones.
La libre competencia se preserva dictando la formación de monopolios al establecerse la limitante del 35% en la propiedad sobre títulos representativos del capital social de una concesionaria o permisionaria, por parte de una persona o grupo de personas que le permitan el control de la asamblea general de accionistas o el nombramiento de los encargados de la administración aeroportuaria.
Bajo esta misma perspectiva se limita también hasta en un 5% la participación de los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, en las acciones ordinarias del capital social de una sociedad mercantil concesionaria de un aeropuerto o de su controladora.
Acciones como la elaboración de un programa maestro de desarrollo a cargo de concesionarios, o de un programa indicativo de inversiones por permisionarios, garantiza la aplicación de recursos que incentiven el desarrollo de este importante rubro de las comunicaciones y el transporte.
Destaca la creación de la comisión consultiva, integrada por representantes del gobierno estatal y municipal, cámaras de comercio, turismo e industria de la región, concesionarios y permisionarios del transporte aéreo, que operen en el aeropuerto y del administrador aeroportuario, cuyo principal cometido será el de coadyuvar en la promoción del desarrollo aeroportuario, así como en la vigilancia de aquellos aspectos que afecten la actividad urbana, turística y el equilibrio ecológico de la zona.
En la formación del comité de operación y de horarios, integrado por el administrador aeroportuario, el comandante de aeródomo, autoridades civiles y militares, así como representantes de concesiones y permisionarios del servicio de transporte aéreo y prestadores de servicios, se garantiza la aplicación indiscriminada de la ley en las reglas y condiciones de operación y horarios del aeropuerto.
Especial consideración merece el rubro de seguridad, para cuya atención se previo la creación del comité de seguridad aeroportuaria a nivel nacional, quien habrá de emitir el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria conforme a los lineamientos que señale la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debiendo funcionar en cada aeropuerto un comité local de seguridad.
La iniciativa de ley que se presenta a esta soberanía se ha efectuado con estricto apego al marco constitucional y continúa con el espíritu que motivó la Ley de Vías Generales de Comunicación, expedida hace 55 años, misma que establece que para construir, explotar y administrar y operar aeropuertos, se requiere concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de permisos para la construcción y operación de aeródromos de servicios privados.
México requiere más medios de comunicación; urgen mejores condiciones para su transporte y un marco normativo que regule con claridad las relaciones entre Estado y sociedad, para la operación de los aeropuertos. Estamos ante la perspectiva del desarrollo en un contexto global. La participación de la sociedad debe sumar esfuerzos para incrementar la disponibilidad de sistemas de transporte a un ritmo que no puede sostener por sí solos los recursos públicos.
Con base en lo anterior los principios fundamentales que conforme al dictamen dan sustento al proyecto de ley de aeropuertos son los siguientes:
Alcanzar un balance adecuado entre el interés público y el privado en las operaciones aeroportuarias; promover un nivel de competencia entre aeropuertos; proteger y promover la inversión en infraestructura aeroportuaria; liberar recursos fiscales para destinarlos a otras prioridades; encauzar al sector para promover sus aspectos comerciales de innovación, orientado al servicio y al cambio del papel del Gobierno para centrarse en las líneas de política y en la planeación integral del sector.
En la iniciativa a consideración se establecen mecanismos para evitar que el narcotráfico intervenga en la infraestructura aeroportuaria nacional, fortaleciendo las facultades de la autoridad para cerciorarse de la capacidad administrativa y financiera y de la solvencia moral de los posibles concesionarios o permisionarios.
Se contemplan disposiciones antimonopólicas y contra prácticas desleales de competencia, otorgando para tal efecto diversas atribuciones a la Comisión Federal de Competencia.
El esquema propuesto no pone en riesgo nuestra potestad soberana. La planeación estratégica, la seguridad, el impacto al medio ambiente y las implicaciones sociales no se dejan al libre juego de las fuerzas del mercado, sino por el contrario, se mantienen en manos del Estado.
Asimismo, el proyecto de ley de aeropuertos se propone alcanzar los siguientes objetivos fundamentales, mismos que comparte la comisión dictaminadora:
Primero. Promover el desarrollo de un sistema aeroportuario seguro, suficiente y moderno, que permita su rentabilidad económica y social, mejore la calidad y eficiencia operativa de sus servicios y lo vincule productivamente a la consolidación del sistema de transporte multimodal y a un crecimiento regional equilibrado:
Segundo. Actualizar y definir el marco jurídico aplicable a los aeródromos civiles, fortaleciendo la rectoría del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como dependencia reguladora:
Tercero. Otorgar certidumbre al inversionista a través de reglas claras de participación, así como mediante condiciones competitivas y no discriminatorias que faciliten una mayor participación del capital privado en proyectos de infraestructura aeroportuaria, cuidando escrupulosamente los aspectos de solvencia moral y financiera de los participantes:
Cuarto. Definir las características generales que normarán el otorgamiento de concesiones y permisos para la administración, operación y explotación y en su caso construcción de aeródromos civiles, así como precisar el carácter de servicio público que tendrán los aeropuertos:
Quinto. Precisar lineamientos claros para el diseño y aplicación de esquemas óptimos de seguridad y vigilancia en los aeródromos civiles, así como para la formulación de medidas que procuren una mayor protección al medio ambiente.
La iniciativa en cuestión determina un régimen jurídico que, manteniendo la integridad de la propiedad de la nación sobre los aeropuertos y aeródromos, los hace susceptibles de concesiones y permisos que no implican la venta de los activos nacionales. Estimula la construcción de infraestructura aeroportuaria con reglas claras, que la regulen en forma eficiente y competitiva para convertirla en una fuente multiplicadora de empleos y de inversión. Permite la inversión extranjera en las sociedades concesionarias o permisionarias en los términos de la ley de la materia.
A la versión original de la iniciativa del Ejecutivo se le realizaron importantes modificaciones producto del consenso de los compañeros diputados de las distintas fracciones parlamentarias. Entre otras podemos anotar el pugnar por la participación de estados y municipios en las concesiones; establecer el derecho de reversión en favor de la nación al término del plazo de la concesión, el respeto al derecho de los trabajadores conforme a la ley de la materia, el precisar la obligación a cargo de concesionarios y permisionarios en materia de protección al medio ambiente, propuestas que fueron consideradas durante el análisis del anteproyecto de ley de referencia.
El dictamen que se somete a consideración de esta honorable Asamblea, incluye recomendaciones al Ejecutivo, motivadas por los diputados integrantes de esta comisión, a fin de que se avance de manera decidida en una regulación eficiente y eficaz del subsector aeroportuario.
El proyecto de ley, de merecer su aprobación, habrá de contribuir a que contemos con aeropuertos más seguros, más competitivos, bajo un marco legal que impulse la modernización de los mismos, permita la obtención de un desarrollo económico sano, sostenido y con la creación de los empleos que requiere en estos momentos nuestro país.
Al interior de la comisión se tiene la convicción de que será a través de los reglamentos que se desprendan, de ser aprobada esta ley, como se regule de manera integral este importante subsector de comunicaciones y el transporte.
Compañeras y compañeros diputados: los trabajos en el desarrollo de este proyecto de ley, se han efectuado en un marco de respeto absoluto entre las fracciones parlamentarias que integran esta Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Seguiremos trabajando bajo la premisa del respeto a las diferencias, avanzando en las coincidencias, unidos en lo fundamental en beneficio de México y de los mexicanos.
Por todas estas consideraciones, señores diputados, solicitamos su voto aprobatorio en favor de este dictamen con proyecto de ley de aeropuertos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para presentar voto particular, tiene la palabra el diputado Desiderio Camacho Garibo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Desiderio Camacho Garibo:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputadas y diputados:
Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía el presente voto particular del grupo parlamentario del PRD, con relación al dictamen con proyecto de decreto de ley de aeropuertos.
El proyecto de ley que nos ocupa es limitado en el establecimiento de reglas claras que den certidumbre y seguridad jurídica a los inversionistas, usuarios y agentes económicos interesados en proyectos de largo plazo, como son las infraestructuras aeroportuarias.
Con el argumento de que es necesario concesionar las entidades gubernamentales porque enfrentan severos problemas financieros, operativos y de control, motivo por el cual requerirían, según las autoridades, de nuevos equipos y de modernización de procesos, se ha adoptado la política de modernización estructural, vía la desincorporación y concentración de las participaciones estatales en áreas estratégicas y prioritarias, con lo cual se han fortalecido los grupos económicos más poderosos, que son los que tienen los recursos y la credibilidad para quedarse con las empresas licitadas; la concentración de activos por parte del Estado se ha sustituido por la concentración de activos productivos por parte de los grupos privados con mayor poder económico.
En consecuencia la propuesta de cambio estructural conlleva iniquidad social, porque propicia concentración de riqueza en pocas manos y por lo mismo una desigual distribución de ingresos.
Por lo demás en el caso del sector de comunicaciones y transportes, esta propuesta, pieza importante de la política económica neoliberal, no sólo propicia la concentración del poder económico en unos cuantos grupos, sino también el poder de transmisión de patrones ideológicos y culturales que hasta ahora, tal como lo han manejado, los medios de comunicación masiva, no se ve que se haya ejercido en el sentido de responder a la necesidad que dé un mayor nivel educativo a la población.
Lo anterior ocurre no obstante que uno de los propósitos declarados, tanto del actual como del anterior Gobierno, han sido y es el de aumentar considerablemente el empleo implementando este tipo de medidas, para lograr un crecimiento sostenido.
Hace años que el neoliberalismo impulsa insistentemente desde las esferas financieras internacionales y la cúpula del Ejecutivo Federal, la transformación jurídicoadministrativa del Estado mexicano, para reducir en beneficio del capital privado, fundamentalmente externo, las responsabilidades estatales en materia económica.
De esta forma a partir de la década anterior, las autoridades han emprendido una incansable actividad privatizadora, que no se ha visto frenada por ningún precepto legal por muy importante que sea, ya que cuando así se ha requerido se han llevado reformas constitucionales, como tal es el caso de las efectuadas a los artículos 25 y 28.
A tal efecto, en el triste sexenio que nos precedió, se produjeron, entre otros cambios: la disminución de participación del Estado en la actividad económica, cediendo espacios incluso en el aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público.
La reducción de la materia del servicio público, lo que significó adelgazar el contenido de lo público para entregarlo al dominio privado.
La desregulación administrativa, es decir, el abandono por parte del Estado de su función administradora, con objeto de ampliar las esferas de participación de los particulares, para realizar con la pericia de control y vigilancia públicos, actividades económicas que indudablemente requieren de la participación del Estado, para garantizar el interés general y sus condiciones técnicas, profesionales y de calidad.
Actualmente, dada la urgencia del Gobierno para allegarse recursos monetarios, éste promueve la venta de entidades paraestatales pertenecientes a sectores que hasta hace algún tiempo eran definidos por nuestra Constitución general como estratégicos y en su caso, prioritarios, tales como ferrocarriles, puertos y aeropuertos. El riesgo de este proceso es que se produzca un mayor deterioro social como consecuencia del desempleo y la concentración de activos que el mismo proceso genera.
El contenido de la función pública está determinado por los fines constitucionales encomendadas al Estado conforme al artículo 25 constitucional, mismo que reza en sus párrafos primero y quinto como sigue: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución".
El párrafo quinto: "Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo".
Es cierto que la presente Ley de Aeropuertos no habla de privatizar, lo cual implicaría enajenar un bien de la nación, sino de otorgar su usufructo mediante concesiones y permisos, pero lo hace por 50 años prorrogables en el caso de concesión y 30 años para permisos, lo que nos parece muy largos. Tales plazos repercutirán negativamente en la calidad de los servicios que se presten.
De acuerdo con el artículo 11 del presente dictamen como proyecto de decreto de ley de aeropuertos, establece que las concesiones se otorgarán mediante licitaciones públicas y los criterios como se seleccionará al ganador serán los niveles de calidad ofrecidos, el monto de inversiones requeridas etcétera. Y de acuerdo al apartado quinto los interesados deberán acreditar su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, lo cual si bien es intrínsecamente necesario en un régimen jurídico-político como el mexicano, que no se caracteriza por garantizar una justa competencia económica, dará como previsible resultado una concentración aun mayor del patrimonio nacional en unos cuantos.
El espacio, sobre todo el del territorio nacional, es parte integrante del mismo conforme a lo establecido por el artículo 42 fracción VI de la Constitución general. Para los efectos del tránsito aéreo este espacio se considera una vía general de comunicación; esta vía comprende obras, construcciones y demás dependencias y accesorios de la misma, según las disposiciones contenidas en los artículos 1o. fracción VIII y 2o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Conforme a lo anterior, los aeródromos forman parte de la vía del espacio aéreo. La vía aérea tiene un carácter sui generis, es a la vez territorio y un bien susceptible de aprovechamiento y explotación. Pero además es estratégica para garantizar la soberanía y seguridad nacional.
Esta circunstancia convierte a la vía aérea en uno de los puntos más vulnerables de la economía y la integridad territorial. Al respecto cabe mencionar que según datos de la Junta Internacional de Estupefacientes de la ONU, el narcotráfico realiza el 75% de sus acciones por vía aérea. Esto nos debe hacer considerar las inconveniencias y los riesgos de dejar los aeropuertos civiles en manos de los concesionarios y permisionarios y más aún, de concederles el derecho de construir más aeropuertos.
Al respecto nos parece necesario detenernos en la lectura del artículo 12 del proyecto en sus fracciones I y II, que establece que la Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, a los permisionarios de aeródromos civiles en operación que pretendan adoptar el carácter de aeropuertos y a los concesionarios que requieren un aeropuerto complementario.
Esta regla posibilitaría un trato desigual en el otorgamiento de concesiones. Pero además, constituye una vía fácil para obtenerla por influencias, aun cuando no acrediten fehacientemente ante la autoridad su capacidad jurídica y financiera o bien el aeródromo no tenga las ventajas que otros aspirantes puedan ofrecer.
El modelo económico de inversión al que responde la presente iniciativa, perpetúa una situación de iniquidad, distribución de la riqueza y el empleo por lo cual pese al artículo cuarto transitorio de esta ley, no hay ninguna garantía de que en el largo plazo se respete el principal derecho de los trabajadores que es el derecho al trabajo.
La apertura de la participación del capital extranjero en la inversión aeroportuaria limitada el 49% es un maquillaje, es una pantalla inútil ya que por la vía de los hechos el capital extranjero domina la acción de las compañías.
La privatización de empresas paraestatales ha significado para el Gobierno contar con recursos extraordinarios, reducir el monto de transferencias y sobre todo reducir su participación en la producción de bienes y servicios. Con esto último su capacidad de maniobra para incidir en el aumento de la producción y el empleo.
Para la elaboración de esta iniciativa efectivamente se debe reconocer el interés de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que los diputados y senadores participarán enriqueciendo los articulados de la misma. Más sin embargo, lo esencial de algunas opiniones importantes se admitieron en el dictamen correspondiente, como meras recomendaciones, similares a las que se emitieron en el ayer para la privatización autorizadas por este mismo Congreso, de empresas paraestatales.
También debemos de reconocer de los integrantes de la comisión de esta Cámara de Diputados, el esfuerzo para conocer el funcionamiento de otros aeropuertos operados bajo el esquema de privatización o concesión en otros países como: Inglaterra, Dinamarca, Estados Unidos, etcétera. Necesarios para poder formarnos un criterio más responsable y poder así tomar una decisión en beneficio de México, y por ende, de los mexicanos. Al respecto creemos que efectivamente la mayor parte son operados con eficiencia, de estos países y con grandes utilidades. Más sin embargo, las condiciones políticas, económicas y sociales, son muy diferentes a las de nuestro país.
El afán de regulación económica, no debe llevarnos a que el Estado abandone lo indispensable y fundamental en la administración aeroportuaria, como titular directo e instituible del uso y explotación de la vía aérea. Consideramos que no puede cederse ni por la vía de permiso ni por la vía de la concesión, una actividad tan importante y fundamental para el mantenimiento de la integridad y seguridad nacional. No es una postura nostálgica por aquel estatismo del antaño; tampoco estamos contra la inversión privada. El hecho es que en este caso, no podemos acudir a esquemas de subrogación privada de los servicios públicos en aras de promover un crecimiento y desarrollo en estos rubros, poniendo en riesgo la integridad, soberanía, seguridad y economía nacional.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votará en contra del dictamen en lo general y en lo particular de la iniciativa de aeropuertos.
Muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general el dictamen.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los siguientes oradores, para fijar posiciones: Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo; Apolonio Méndez Meneses, del Partido Acción Nacional; Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Berry:
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El proceso de modernización económica que ha vivido el país en los últimos 13 años ha significado una redefinición del papel del Estado. El Gobierno ha dicho que sin renunciar a su papel regulatorio de la economía y sin atentar contra los derechos de los trabajadores, ha iniciado un proceso de privatización, ya sea por la vía de la venta, del permiso o de la concesión, que busca dejar en manos de inversionistas privados, nacionales o extranjeros, empresas que causan gran costo para las finanzas públicas o que no tienen sentido estratégico para la nación.
Sin embargo, las acciones realizadas en este sentido no han cumplido cabalmente este compromiso del Gobierno de la República. Mejor ejemplo de lo anterior es la reciente aprobación de la nueva Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dio al traste con muchos de los derechos de los trabajadores para dar paso a la privatización del fondo de pensiones.
El caso de la concesión de las carreteras está lleno de irregularidades, en cuanto a que el Gobierno Federal quedó comprometido para garantizar, en caso de no existir el aforo previsto, niveles de rentabilidad para los inversionistas privados.
El dictamen que hoy discutimos forma parte de la estrategia antes mencionada y en el fondo y como principal objetivo está concesionar la administración, operación y explotación de los aeropuertos que administra el organismo público descentralizado Aeropuertos Y Servicios Auxiliares.
El objetivo complementario es que ante la futura demanda de mayores y mejores servicios aeroportuarios y ante la restricción presupuestal gubernamental sean inversionistas privados los que cubran estas necesidades, ya sea mediante la ampliación de los servicios ya existentes o la construcción de nuevos aeropuertos.
El Partido del Trabajo considera en términos generales que los objetivos que se persiguen en la presente iniciativa de ley son correctos. Sin embargo existen algunos puntos sobre los que quisiéramos hacer las siguientes consideraciones:
En el artículo 15 se prevén los plazos de las concesiones y su ampliación, que pueden sumar hasta 100 años. Estos plazos son demasiado largos, sobre todo en función de la reversión que plantea la propia ley. Consideramos que el tiempo de la concesión inicial debe ser hasta por 30 años y su ampliación hasta por otros 30, conforme a los criterios utilizados en otras concesiones.
En el artículo 27 se señalan las 15 causas por las cuales se puede perder la concesión, realizándose una discriminación en cuanto a que los seis primeros son de efectos inmediatos y los restantes pueden ser cometidos infinidad de veces y la pérdida de la concesión. Lo anterior es permitido por la presencia de una frase en el último párrafo del citado artículo, que a la letra dice:
"En los casos de las fracciones VII a la XV- en el artículo 27- la Secretaría solo podrá revocar la concesión o permiso cuando previamente hubiése sancionado al respectivo concesionario o permisionario por lo menos en tres ocasiones de las causas previstas en la misma fracción."
Proponemos la eliminación de este último párrafo del artículo 27.
Por otro lado, a fin de evitar que el Gobierno siga erogando recursos en los servicios aeroportuarios concesionados, como sucede en el caso de las carreteras, proponemos la incorporación al artículo octavo transitorio que diga:
"El Gobierno de la República no destinará fondos públicos u otorgará exenciones fiscales a los concesionarios de los servicios aeroportuarios que permitan garantizarles rentabilidad alguna."
Por último, el Partido del Trabajo reconoce que la iniciativa considera la preservación de los derechos de los trabajadores de Aeropuertos Y Servicios Auxiliares. Sin embargo, nos parece pertinente adicionar un artículo transitorio, que sería el noveno, en donde "Se obligue al concesionario a informar a esta soberanía, a través de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, del resultado particular de esta situación".
Por estas razones, el Partido del Trabajo dará su voto favorable en lo general y en lo particular votará en contra de los artículos 15 y 19 y propone la incorporación a los artículos octavo y noveno transitorios, en los términos ya explicados.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Apolonio Méndez Meneses, del Partido Acción Nacional.
El diputado Apolonio Méndez Meneses:
Gracias, señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:
El proyecto de dictamen que hoy discutimos y en su caso aprobaremos como Cámara revisora, que es la ley de aeropuertos, cubre una vieja demanda que es la de proponer reglas claras que hasta antes de este proyecto estaban inmersas en la antigua Ley de Vías Generales de Comunicación y en otras leyes, que hacían la administración de este rubro confusa y complicada.
Esta añeja demanda del Partido Acción Nacional, de buscar caminos para hacer un aparato burocrático menos obeso y con una legislación capaz de buscar la concordia y la eficiencia de los medios de producción y sobre todo crear la confianza para que el capital privado invierta, queda plasmado en esta ley de aeropuertos.
Cuando el Ejecutivo envía a la Cámara de Senadores dicho proyecto, en el seno de la comisión tuvimos oportunidad de conocerlo, en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de diputados. Y vimos con buenos ojos la iniciativa, porque pensamos que en estos tiempos difíciles que vive México son necesarios estos instrumentos legales que den certidumbre al capital para la inversión a largo plazo, que permita generar empleos tan necesarios en estos momentos.
Antes de hacer un breve análisis de la Ley de Aeropuertos, señores diputados, voy a exponer la situación que guarda la infraestructura aeroportuaria del país hasta 1994.
La infraestructura aeroportuaria nacional comprende 1 mil 679 aeródromos del servicio privado, divididos en la siguiente forma: 993 aeródromos privados, 605 aeródromos municipales, 64 estatales y 17 del Gobierno Federal.
De los aeródromos privados 150 son pavimentados, de los municipales sólo 64 tienen pavimento. De los estatales sólo 15 tienen pavimento y del Gobierno Federal, esto incluye paraestatales y secretarías de Estado, son 18 sin pavimentar, dando un total de 247 aeródromos del servicio privado pavimentados; los restantes 1 mil 432 aeródromos son de terracería.
En lo que se refiere a los aeropuertos del servicio público, hay un total de 83, de los cuales seis son militares, cuatro son privados y cinco son municipales; 10 son estatales y 58 son los que administra Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
De los militares uno es internacional. De los privados 2 son internacionales. Y de los municipales uno es internacional. De los estatales cuatro son internacionales y los que administra ASA son 41 internacionales, dando un gran total de 1 mil 762 aeródromos.
Ustedes pueden observar, señores diputados, la importancia que reviste esta ley para la administración o regulación de toda esta infraestructura aeroportuaria.
Señores diputados: fue necesario dar estos antecedentes, porque como ustedes se habrán dado cuenta, esta ley no considera únicamente a los aeropuertos más importantes, como puede ser el de la Ciudad de México, Acapulco, Monterrey o Guadalajara, sino que es un conjunto de varios aeropuertos que una vez modernizados habrán de significar el despegue económico de varias regiones de nuestro país.
También es importante señalar que muchos de los conceptos plasmados en esta ley, como son: la inversión privada en aeropuertos, están funcionando con mucho éxito en otras partes del mundo, siempre que la autoridad máxima provenga del Gobierno Federal.
Vamos a hacer un breve análisis de lo que es la ley. En lo que se refiere a la autoridad aeroportuaria está representada por el comandante del aeródromo, que garantizará y vigilará el estricto cumplimiento de las leyes en la materia tanto en aeropuertos concesionados como en los aeropuertos del Estado.
Este es un asunto muy importante porque algunos han considerado que estamos en un régimen de privatización y yo creo que para Acción Nacional el hecho de que la autoridad aeroportuaria en este caso representada por el comandante, implica que se propiciará el estricto cumplimiento de la ley.
En el punto de concesiones y permisos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes continúa, mediante las atribuciones que esta ley le confiere, siendo promotor y ejecutor de las licitaciones públicas para adjudicar a concesionarios y permisionarios el derecho a administrar, operar, explotar o construir aeropuertos mediante reglas claras para los posibles inversionistas en este rubro.
La seguridad jurídica que da esta ley permite que inversionistas privados puedan planear a largo plazo sus inversiones que incidirán directamente en el progreso de México. En esta ley quedan bien definidos tanto el régimen de concesiones como el de permisos, quedando perfectamente claro que por el incumplimiento de las cláusulas de la concesión o del permiso, la Secretaría podrá dar por terminada o podrá revocar dicha concesión o permiso.
En la cesión de derechos queda claro que ésos deberán ser supervisados por la Secretaría y en ningún caso podrán cederse a ningún gobierno o estado extranjero.
En cuanto a la infraestructura, en el ambito donde se construyan o reconstruyan los aeródromos, la Secretaría establecerá las condiciones en que se desarrollarán dichos trabajos. En éstos se respetarán las leyes y reglamentos estatales y municipales. En esta ley se definen perfectamente atribuciones tanto de los concesionarios como de los permisionarios así como del administrador aeroportuario, introduciendo la figura de una comisión consultiva en la cual están involucrados los presidentes de las cámaras locales, cámaras de comercio, clubs de servicio y además fungirán como promotores del desarrollo de la región en donde se construya y del mismo aeropuerto.
De la operación y de los servicios. En esta parte de la ley se privilegia al usuario de los servicios aeroportuarios haciendo énfasis en las características de los servicios complementarios así como los horarios y condiciones de competitividad con la finalidad de lograr mayor eficiencia. Además en esta ley se consideran aspectos importantes para la conservación del medio ambiente.
Señores diputados: el grupo parlamentario de Acción Nacional a través de ésta y otras leyes hemos promovido la eficiencia, pensamos que Aeropuertos y Servicios Auxiliares ha cumplido con su función en los 58 aeropuertos que maneja de los cuales sólo siete podríamos decir que son eficientes, los demás operan con pérdidas o salen tablas. Creemos que ha llegado el momento de darle oportunidad a otros esquemas de crecimiento de esta rama del transporte, porque desafortunadamente si esto no se hace así, en el año 2000 no habrá capacidad de satisfacer las necesidades crecientes del transporte, principalmente en el Aeropuerto de la Ciudad de México que para el año 2000 será insuficiente, por lo que nosotros vemos con más entusiasmo que en otras regiones del país en donde no ha habido el despegue económico tan esperado debido a la falta de infraestructura aeroportuaria y por consiguiente ramas como el turismo o la industria en general se ven frenadas, pensamos que esta ley propiciará dicho despegue económico.
Señores diputados, por los motivos expuestos el grupo parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen en lo general.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores.
La modernización de la infraestructura aeroportuaria y el mejoramiento de sus condiciones de competitividad y calidad son indispensables para contar con una red aeroportuaria suficiente y adecuada que permita afrontar en las mejores condiciones los nuevos esquemas de desarrollo de infraestructura aeroportuaria, esta infraestructura que se está dando en todo el mundo.
La reestructuración de la actividad aeroportuaria tiene como principal objetivo promover un crecimiento económico vigoroso y sustentable que favorezca la soberanía nacional al tiempo que redunde en favor del bienestar de la sociedad en su conjunto.
Este proyecto de ley reconoce la necesidad de impulsar la inversión con la activa participación de los sectores social y privado a través del establecimiento de objetivos claros y precisos que posibiliten a México contar con un sistema aeroportuario acorde a nuestras necesidades de desarrollo; nos da el marco jurídico propicio para impulsar la actividad aeroportuaria con un mayor orden y transparencia. Esto sin duda se traducirá en el desarrollo de un sistema aeroportuario nacional seguro, suficiente y moderno el cual redundará en un beneficio social y económico mejorando la calidad y eficiencia de sus servicios, que sea el detonador para el transporte aéreo y el crecimiento regional equilibrado de nuestro país.
La rectoría del Estado se ve fortalecida y asegurada a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la creación de la comisión Intersecretarial, cabe destacar que este proyecto de ley dará certidumbre a todos aquellos que decidan participar en esta actividad a través de reglas claras y no discriminatorias, con condiciones que permitan la competencia y facilite la participación del capital privado en los proyectos de infraestructura aeroportuaria con la certidumbre de saber de quienes invierten en esta actividad su solvencia moral y financiera.
El proyecto de ley no incorpora la figura de la concesión a la actividad aeroportuaria, sólo le da orden y la actualiza a las necesidades actuales para de esta manera otorgar concesiones y permisos de forma clara y transparente en la administración, operación, explotación y en su caso construcción de aeródromos civiles, así como precisar el carácter del servicio público que tendrán los aeropuertos.
En materia de seguridad se busca salvaguardar la integridad de los pasajeros y usuarios tanto en la infraestructura como de las personas y sus bienes. Introduce medidas para la protección del medio ambiente, figuras éstas que no eran contempladas en la ley que nos rige actualmente en materia aeroportuaria.
Estos son algunos de los motivos centrales por los que sabemos que este proyecto de ley cubre las deficiencias de la que actualmente nos rige, por ello la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional pugna en favor de la iniciativa que hoy se discute.
Respecto a la situación laboral de los trabajadores aeroportuarios, éstos en todo momento estarán protegidos por las leyes que rigen en la materia, como queda de manifiesto en el artículo cuarto transitorio.
A lo largo del presente periodo de sesiones se ha insistido en este Congreso que es necesario vivir un nuevo federalismo, que la actividad aeroportuaria necesita ser una actividad descentralizada, para desarrollarse e impulsar regionalmente la economía de nuestro país y eso es justamente lo que esta iniciativa propone, tenemos varios aeropuertos estatales y municipales, de los 58 aeropuertos que opera aeropuertos y Servicios Auxiliares, tres son propiedad de los estados de la República, tal es el caso de Tlaxcala, Cuernavaca y Querétaro.
Este proyecto de ley de manera directa deja abierta la posibilidad de vivir el federalismo, a partir de la desconcentración de la red aeroportuaria, como ya se da actualmente en algún estado, como es Coahuila, de la República.
Por último, quiero hablar de un tema que es preocupación de toda la nación: independientemente de la filiación política que se tenga, es sobre la posibilidad de que el narcotráfico invierta en infraestructura aeroportuaria y ésta ha sido una preocupación permanente de todas las fracciones parlamentarias que hemos participado en este proyecto y que hemos analizado y estudiado las diferentes alternativas para que esta iniciativa cuente con los mecanismos para evitar que esta perversa actividad invierta en nuestra infraestructura aeroportuaria, misma que se encuentra plasmada cuando la iniciativa de ley da un valor preponderante a la solvencia moral como condición básica para obtener concesiones o permisos o para poder ser administrador de un aeropuerto; así como con la integración de la comisión Intersecretarial, en la que tiene presencia precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República. Los intereses del país están y estarán siempre por encima de todos los intereses contrarios a la nación.
Esta ha sido parte fundamental del trabajo intenso que con seriedad, objetividad y dedicación, las cuatro fracciones parlamentarias hemos aportado y apoyado para la integración de esta iniciativa.
Por lo anterior, la idea de concesionar los aeródromos civiles a los particulares no es nueva, sólo se moderniza y se clarifican algunos conceptos como son entre otros, la tenencia accionaria, la participación de varios prestadores de servicios aeroportuarios en un mismo aeropuerto y la integración de una comisión Intersecretarial que fortalecerá la selección de los posibles concesionarios, tomando en consideración la capacidad administrativa y financiera, así como la solvencia moral de los mismos.
Este proyecto de ley tiene como fin único el beneficio de México y el desarrollo de mejores oportunidades para la sociedad en su conjunto. Votemos pues en favor de esta iniciativa.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular, los artículos 15, 19 y 27 del proyecto de ley y las propuestas a la adición de los artículos octavo y noveno transitorios.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
El Presidente:
Para referirse al artículo 19, tiene el uso de la palabra el diputado Martín Hernández Balderas, del Partido de Acción Nacional.
El diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
Con su permiso, señor Presidente; diputados:
Antes de entrar de lleno en la materia que nos ocupa, quiero dejar constancia de que considerábamos desde tiempo atrás, la necesitad de una ley que reglamentara lo referente a la materia aeroportuaria y que consideramos igualmente que la presente ley cumple en lo general con algunas existentes.
Hemos reservado a nombre del Partido Acción Nacional el artículo 19 de la ley reglamentaria de la Ley de Aeropuertos, ya que consideramos, es ésta una cuestión de fundamental importancia.
El artículo 19 de la mencionada ley abre la puerta a la posibilidad de que la inversión extranjera pueda participar en el sistema aeroportuario mexicano con una aportación en el capital superior al 49%, mediando únicamente previa autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Dadas las experiencias habidas en el quehacer de dicha comisión, podemos afirmar que en su momento se autorizarán inversiones superiores y que podrían, en caso dado, llegar a ser hasta del 100%, poniendo con esto en manos extranjeras un servicio que consideramos estratégico para el desarrollo y la seguridad nacional.
No nos engañemos; no podemos negar que por la necesidad de estos servicios, la soberanía y la seguridad nacional quedarían sujetas a los intereses del capital internacional, especialmente nuestros vecinos del norte, quienes están interesados en participar en esta área, siempre han mostrado una gran voracidad y poco respeto hacia los asuntos de otras naciones, máxime cuando se trata de defender sus propios intereses económicos o políticos, no tienen ninguna medición.
En México, la historia nos lo demuestra muy en especial cuando tienen interés de intervenir.
Hay en nosotros plena conciencia de que la crisis económica dificultará la participación de muchos capitales mexicanos en inversiones, cuya magnitud es bastante considerable, pero esto, señores diputados, nos preocupa todavía más, porque es precisamente por esta crisis que se volverá más probable la participación mayoritaria de los capitales extranjeros.
Creemos que es preferible contar con un sistema susceptible de ser mejorado en manos de mexicanos, que entregarlo en este momento a otras ciudadanías y con esto dejar supeditado nuestro desarrollo, nuestra soberanía y nuestra seguridad, a estas ciudadanías.
Otra razón a considerar es que las concesiones y permisos a la inversión extranjera de aeropuertos, que aún hoy bajo las condiciones actuales trabajan en condiciones de rentabilidad, implicarán necesariamente las transferencias de utilidades al exterior.
Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué hemos de entregar al exterior empresas que han sido hechas rentables con fondos públicos, es decir con fondos de la sociedad? No pedimos que nos mantengamos ajenos a la participación exterior, esto hoy en día sabemos no es posible; pedimos simplemente que no se les entregue el control de áreas vitales para la nación, es decir, que no tengan una participación mayoritaria.
Otro argumento a tomar en cuenta es considerando que hay incongruencia en el hecho de que en el artículo en cuestión, el 19, en el primer párrafo se restringe la participación extranjera al 49% del capital, mientras que si pasamos al segundo párrafo nos daremos cuenta que este párrafo niega el postulado del primero al conceder la facultad de autorizar sin límite a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras la participación de estos extranjeros, participación mayoritaria que no requiere ninguna otra intervención del Legislativo.
Dicho de otra manera, la comisión Nacional de Inversiones Extranjeras está legislando por encima del Poder Legislativo.
Tenemos nuevamente otro caso en que son las políticas neoliberales las que indican las acciones a seguir y también nuevamente hacemos el señalamiento de que son estas mismas políticas neoliberales las que han llevado al país a la situación en que se encuentra.
Preguntamos, ¿Por qué hemos de buscar primero la solución a un problema económico antes que tener cuidado en salvaguardar otros valores, como son la soberanía, la seguridad nacional y como son las personas mismas? Estamos ante una gran oportunidad de demostrar que nos interesa más el país antes que atender sumisamente los dictados del Ejecutivo y del neoliberalismo.
Señalamos que es conveniente reflexionar en que no nos debe detener el hecho de que esta ley haya sido ya aprobada en el Senado. Creemos que para eso tenemos un sistema bicamaral, para eso somos una Cámara revisora y otra dictaminadora.
Si hemos de aprobar siempre lo que la primera dictamine, ¿Qué sentido tiene y esto es válido en ambos sentidos, tener dos cámaras? No nos autoengañemos, en todo caso si ha de ser así, si hemos de aprobar todo, hagamos un sistema de una sola Cámara que ostente simultáneamente la representación de la nación y de la República.
Para finalizar. Por lo aquí argumentado me permito solicitar su voto aprobatorio para la propuesta de modificación al dictamen y que a continuación he de leer:
«Secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes, diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, formulamos y ponemos a su consideración la siguiente
PROPOSICION
Unico. Se hace un agregado al final del primer párrafo del artículo 19 del dictamen que contiene proyecto de ley de aeropuertos y se suprime el segundo párrafo del mismo artículo, para quedar como sigue:
"Artículo 19. La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% en el capital de las sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público, no pudiendo en ningún caso exceder de este límite."
Firman los diputados: Jorge Alberto Castañeda Pérez, Apolonio Méndez Meneses, Jorge Humberto Gómez García, Jesús Durán Ruiz, Teresa Gómez Mont y Urueta y el de la voz, Martín Hernández Balderas.»
Dejo en posesión de la Secretaría esta propuesta y esperamos su voto aprobatorio al final.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para referirse a los artículos reservados a las adiciones propuestas, tiene la palabra el diputado Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
La inversión en infraestructura es uno de los detonantes del crecimiento económico y la generación de empleos; la ampliación de esta infraestructura que requiere nuestro país, implica profundizar en la transformación estructural emprendida durante los últimos años.
Por ello, en el plan nacional de desarrollo se promueve la adecuación del marco jurídico para normar y regular la participación de la inversión privada en el desarrollo de nuestra infraestructura.
En el sector aeroportuario, el primer paso se dio en el periodo de sesiones anterior, en el cual se aprobó la Ley de Aviación Civil, que busca establecer condiciones para el mejoramiento de la calidad de los servicios y el desarrollo competitivo de la industria aérea mexicana en su conjunto.
Esta iniciativa de ley de aeropuertos que hoy discutimos, con base en la minuta remitida por el Senado de la República a esta soberanía, brinda orden a la inversión privada mediante el establecimiento de la figura de concesión para la administración, operación, explotación de los aeropuertos ya existentes y en su caso la construcción de nuevos aeropuertos.
En cuanto a la inversión extranjera, la iniciativa propone que su participación no excederá el 49% en el capital de las sociedades concesionarias y permisionarias de aeródromos de servicio público y que para participar en un porcentaje mayor se requerirá en su caso la resolución favorable de la comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Esta disposición es congruente con el tipo de proyectos que se llevan a cabo en las diferentes regiones del país los plazos de maduración de los mismos, las necesidades de capital de cada uno de ellos y asimismo hacer congruente esta disposición con otras que regulan la inversión extranjera de nuestro país conforme a tratados internacionales.
Además, en el plan nacional de desarrollo, repito, en el rubro de infraestructura e insumos básicos, se reconoce el compromiso de promover y ordenar mediante la adecuación del marco normativo, la participación de particulares en la construcción y administración de infraestructura aeroportuaria, tomando en cuenta los aspectos tanto técnicos como financieros que promuevan el sano desarrollo del subsector relativo al transporte aéreo.
Una cosa fundamental es que para el caso de los aeródromos civiles fronterizos, deberá cumplirse lo establecido en la fracción I del artículo 27 constitucional, que señala que en la franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre las tierras y las aguas.
En materia de lo que se ha referido aquí sobre las concesiones y, los permisos y sus plazos, se considera que el perfil de los proyectos de este sector requieren un plazo necesario para la moderación de los mismos y contar con un retorno a la inversión suficiente y maximizar así el valor presente de estas inversiones. Además, en la misma iniciativa se establece que el plazo es hasta por 50 años y no necesariamente se tendrá que ir en ese sentido a la totalidad del plazo.
En el artículo 27 se prevé un esquema para gradualizar la aplicación de sanciones hasta llegar a un máximo que es la revocación de la concesión o permiso otorgado.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes como autoridad tendrá la atribución de poder proceder a la revocación o no en los casos previstos, valorando la gravedad de la causa de incumplimiento.
El artículo asimismo establece una sanción de por lo menos en tres ocasiones por una misma causa para proceder a la revocación. Lo anterior obedece a que se consideró que las causas previstas son graves, como para dar lugar a una revocación, sin embargo pueden darse supuestos en que su incumplimiento no amerite la revocación inmediata y sí se logra ayudar a resolver estos problemas, con una sanción que tenga que ver con una sanción económica.
Por otra parte, coincidimos con la preocupación de que los recursos públicos se inviertan en proyectos productivos, en proyectos rentables, en proyectos que ayuden a resolver los problemas de la infraestructura aeroportuaria y en este sentido la comisión en la Cámara de Diputados adicionó una recomendación a las que ya había hecho el Senado de la República, que señala que corresponderá a esta soberanía, es la primera recomendación, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, conforme a las disposiciones aplicables, el verificar que la autoridad aeroportuaria cumpla con el marco regulatorio que se propone aprobar.
Consideramos la fracción parlamentaria priísta que se ha discutido mucho, como lo señalaron aquí mis compañeros de los diversos partidos, la cual lleva un trabajo atrás de esta ley de más de seis meses de reuniones con el Ejecutivo y al interior de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, merece el apoyo de esta soberanía y por tanto un servidor se los solicita al igual que mis compañeros de bancada, porque con ello podremos contar con un sistema aeroportuario adecuado, moderno y que sirva a los verdaderos intereses de fortalecer la infraestructura básica del país.
Por su atención, gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Esta soberanía autorizó la votación en un solo acto en lo general y en lo particular de este dictamen, por economía procesal, se propone se incluyan en la votación las proposiciones derivadas de los artículos reservados.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que la votación, en un solo acto, sea en lo general, en lo particular y de las proposiciones.
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se autoriza que las tres votaciones sean en un solo acto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza que las tres votaciones, sean en un solo acto.
El Presidente:
En consecuencia, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las proposiciones, en un solo acto.
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las proposiciones, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente: en lo general y en lo particular se emitieron 359 votos en pro y 37 votos en contra. Por la propuesta al artículo 19, 89 votos en pro y 307 en contra. Por las propuestas al artículo 15, 27 y transitorios, cinco en pro y 391 en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 359 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular la Ley de Aeropuertos.
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Justicia.
Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Justicia les fue turnada por el Senado de la República, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 29, 40, primer párrafo, 51, 52, 78 y 79; adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 24 y un segundo párrafo al artículo 32 y deroga el segundo párrafo del artículo 40, todos éstos, preceptos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Estas comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, procedieron al estudio y análisis de dicha minuta, apartir de los siguientes
ANTECEDENTES
1o. La iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, fue enviada por el Presidente de la República a la Cámara de Senadores con fecha 13 de noviembre de 1995, en uso de las atribuciones que le asigna la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2o. En la sesión del 16 de noviembre de 1995, el Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, turnó la mencionada iniciativa, para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente, a las comisiones unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Primera Sección.
3o. El 22 de noviembre de 1995 se llevó a cabo en el Senado de la República una reunión entre las directivas de las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Primera Sección de la Cámara de Senadores y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y en ella tuvo lugar un intercambio de puntos de vista, así como el conocimiento de propuestas dirigidas a vigorizar y perfeccionar, sin distorsionarlo, el espíritu de la iniciativa presidencial. A las opiniones vertidas, se sumaron los comentarios y observaciones que, por su parte, hicieron oportunamente varios diputados de esta LVI Legislatura, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de esta Cámara, los que con seguridad podrán verse reflejados en el futuro, en ulteriores reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
4o. Las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Primera Sección del Senado, presentaron a la Asamblea el 30 de noviembre de este año, un dictamen con proyecto de decreto, que fue aprobado sin discusión en lo general y en lo particular, por 106 votos y enviado como minuta a esta Cámara, para los efectos constitucionales correspondientes.
5o. Dada la cuenta respectiva al pleno de la Cámara de Diputados, el Presidente de la mesa directiva turnó, con fecha 5 de diciembre, la minuta correspondiente a las comisiones unidas de Defensa y de Justicia para su estudio, análisis y dictamen.
6o. Reunidas para su trabajo conjunto, el 8 de diciembre de 1995, los integrantes de las comisiones antes mencionadas recibieron una información pormenorizada del proyecto por parte de las directivas y acordaron la metodología a seguir para la elaboración de este dictamen, así como la fecha de reunión para la discusión y aprobación del mismo.
7o. El 11 de diciembre del año en curso, las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Justicia celebraron una reunión de trabajo para discutir el fondo del proyecto remitido en su minuta por la colegisladora, de la que resultó la aprobación del presente dictamen, mismo que valora la iniciativa presidencial y las significativas e importantes aportaciones del Senado de la República, de acuerdo con los siguientes
CONSIDERANDOS
I. La exposición de motivos de la iniciativa presidencial de refomas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, enmarca este proyecto legislativo en el contexto de la seguridad pública como uno de los cometidos esenciales del Estado, así como en el aserto de que el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanos ha de apegarse al cumplimiento estricto del orden jurídico que nos rige.
La estrategia para detener la inseguridad, afirma el Ejecutivo Federal, incluye diversas medidas de actualización legislativa, entre las que sobresalen las reformas constitucionales de diciembre de 1994, así como el ordenamiento aprobado por esta soberanía, que establece las bases para que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinen en un sistema nacional de seguridad pública.
Es de inferirse de las consideraciones anotadas, que las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tienden a hacer de este ordenamiento un mecanismo eficaz de control de las armas en posesión de los particulares y un instrumento de plena legalidad para que el uso de la violencia sea la última ratio en el arreglo de los conflictos y no el fácil expediente de la intolerancia colectiva.
La iniciativa pretende, en consecuencia, hacer de la ley un ordenamiento restrictivo y de sujeción de los particulares a requisitos bien determinados para la obtención y portación de armas, alejada de concesiones permisivas que pudieren alentar la autodefensa o el acopio indiscriminado de utensilios de agresión peligrosos y desde luego perniciosos para la paz y la tranquilidad públicas.
II. En su valoración de la iniciativa, la colegisladora enriquece la legitimación del Estado para garantizar el ejercicio de las libertades individuales, así como para recurrir, en ocasiones extremas, a la coacción institucionalizada y con ella al uso de las armas en casos imperiosos. Esto implica la necesidad de regular adecuada y minuciosamente la portación y uso de armas de fuego, de manera que la ley garantice, a la vez, el ejercicio de una libertad individual y el mantenimiento del orden y la paz públicos a cargo de las autoridades.
La minuta del Senado de la República, en su parte expositiva, reconoce que el uso de las armas por el Estado debe obedecer a una estrategia integral de prevencion del delito y de fomento a la cultura de la legalidad, a fin de que los instrumentos represivos, como ya se expreso, sólo entren en juego cuando los persuasivos hayan sido insuficientes, inoportunos o ineficaces.
El dictamen del Senado de la Republica alude igualmente al derecho que el artículo 10 de nuestra ley fundamental consagra a los mexicanos de poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa o de portarlas bajo ciertas condiciones, todo lo cual debe ser regulado con la acuciosa vigilancia del propio Estado, a fin de que no se aliente por ningún concepto la idea de que son los individuos quienes deben velar por su propia seguridad; antes bien, se genere la convicción de que un buen marco legal es la parte más significativa en el éxito del combate contra la delincuencia.
El dictamen de la colegisladora engarza conceptualmente el combate de la delincuencia, con el Sistema Nacional de Seguridad Publica recien creado y con los instrumentos de coordinación, mecanismos de operación y sistemas de información que aquel incluye, en cuyo contexto se aplican y justifican las reformas consultadas por el Ejecutivo Federal a esta soberanía, así como las que son producto del propio Senado de la República.
III. Las reformas concretas a los textos de los artículos invocados en este dictamen pueden expresarse sintéticamente en los siguientes terminos:
1o. La iniciativa presidencial se propone hacer compatible la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con la legislación que establece el ya mencionado sistema nacional de seguridad pública y las bases de coordinación del mismo, que involucran al Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, sin que ello implique detrimento alguno de soberanías, potestades y competencias, pues tratandose de una Ley Federal, ordenada en el propio artículo 10 de la Constitución, puede y debe contener elementos normativos de participación de los tres niveles de Gobierno, a lo que ha de sumarse la coordinación indispensable para combatir racionalmente la delincuencia y el crímen organizado.
De igual manera, el Presidente de la República propone un control eficaz de las armas de fuego, de manera que las licencias a particulares u oficiales, incorporen la calidad de personas físicas y personas morales, así como el carácter individual o colectivo de las mismas, a fin de colmar un vacío que hoy es intolerable ante la evidente realidad del incremento de corporaciones privadas que prestan servicios de seguridad. Todo ello explica la modificación a los artículos 24, 26 y 29 de la ley mencionada, preceptos que a su vez delimitan y precisan ámbitos de competencia de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional en la tramitación, expedición, vigilancia y control de las licencias y registros de armas de fuego, así como la abreviación de trámites para expeditar los procedimientos administrativos, asunto que también es materia de la reforma al artículo 32 de la ley.
Las adecuaciones al artículo 40, consultadas por la iniciativa, dan congruencia al precepto con el resto de las reformas y derogan la mención del departamento de la industria militar, inexistente desde hace ya varios años.
El artículo 52 vigente se agrega al 51; que trata de la misma materia de compraventa de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y se deja espacio para un nuevo artículo 52, en cuyo texto se otorga competencia a la Secretaría de la Defensa Nacional para establecer disposiciones administrativas generales a las que se sujete la adquisición de armas y municiones que realicen las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios para cumplir con la función de seguridad pública a su cargo, así como los particulares para los servicios de seguridad que se les haya autorizado, con objeto no expreso de mantener un estricto control de la cantidad y calidad del armamento destinado a funciones de seguridad.
Finalmente, en el capítulo de sanciones, al artículo 78 se le hacen correcciones de forma y en el 79 la iniciativa presidencial precisa los formalismos para el aseguramiento o secuestro de armas, a fin de garantizar legalidad en los mismos y en forma por demás justificada, se equipara al delito de robo la no devolución o entrega de las armas que asegure o recoja un servidor público a su superior jerárquico o a la autoridad competente.
2o. La colegisladora, en los terminos del dictamen de sus comisiones unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, Primera Sección. introdujo 13 modificaciones a los textos de los artículos contenidos en la iniciativa de reformas a la ley, mismas que describimos a continuación:
a) Se consideró pertinente restringir la aplicación de esta ley a las instituciones policiales. afectandose de esta manera la redacción de los preceptos 24, 29 y 32, para evitar se desborde la ley que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública.
b) Se incorporó a los requisitos para que las persona físicas obtengan licencia de portación de armas. El de no consumir drogas, enervantes o sicotrópicos, mediante la adición del inciso e a la fracción I del artículo 26.
c) Para lograr una exacta identificación del portador de un arma, se propone que las identificaciones foliadas contengan los datos de la licencia colectiva, lo que obliga a modificar la parte final de la fracción 11 del artículo 26.
d) Con la finalidad de que la autoridad emisora de las licencias posean el tiempo necesario para analizar y resolver cada solicitud, se propone establecer un tiempo perentorio de 50 días para la aprobación y emisión del documento respectivo. (Adición al artículo 26 en su parte final)
e) Para evitar que se emitan credenciales a personas que en realidad no laboren en las instituciones solicitantes, en el artículo 29 se propone que la plantilla laboral sea enviada a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de la Defensa Nacional y notificar a éstas cualquier cambio en la misma.
f) El subinciso c del apartado B de la fracción I del artículo 29, se redacta con arreglo a precisiones semánticas (al igual que las propuestas a los artículos 78 y 79) y al mismo tiempo se sustituye el concepto de institución de seguridad pública por el de instituciones policiales.
g) Con objeto de tener un mayor control sobre el armamento, sería necesario que la relación que se envíe a las dependencias del Ejecutivo Federal mencionadas, contengan además del número de folio, los datos de la persona que porte el arma, por lo que se consulta una nueva redacción del inciso c de la fracción I del artículo 29.
h) Se da una nueva redacción al apartado D del artículo 29, con la finalidad de reconocer la facultad de la Secretaría de Gobernación para coordinarse con los gobiernos de los estados, en aras de obtener la información necesaria para el cumplimiento de la ley.
i) En el apartado E del artículo 29, se vuelve a la redacción original del tercer párrafo de ese mismo precepto vigente, a fin de evitar la interpretación de que la Defensa Nacional pueda ejercer autoridad sobre el personal de otras dependencias, cuyo armamento inspeccione.
IV. Las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Justicia estiman que tanto la iniciativa del Presidente de la República, cuanto las modificaciones y agregados a la misma aportados por la Cámara de Senadores, cumplen los extremos de una reforma legal que abre los espacios para el ejercicio de un derecho individual consagrado en la Constitución y el necesario control y vigilancia que en el marco de la plena legalidad debe ejercer el Estado para que no se vulnere el orden público, no se ponga en riesgo la paz social y a la vez se garantice la seguridad públida mediante una coordinación que permita combatir a los delincuentes y al crímen organizado.
Las comisiones que suscriben este dictamen, consideran que las reformas propuestas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos son necesarias y oportunas ante el apremio de actuar integralmente para contribuir a crear un clima de confianza, sin el cual no sería posible emprender la recuperación económica, la armonía social y la reforma política del Estado.
Los cambios aprobados por la colegisladora son cuidadosos de la constitucionalidad de la ley de los preceptos, cuya modificación se propone a esta soberanía: respeta los ámbitos de la libertad individual, de los derechos ciudadanos, de la función pública y de la competencia de niveles de Gobierno. Se trata de un proyecto que estimula el respeto al federalismo y regula la participación de los particulares, en forma individual o colectiva, en el ejercicio de un derecho consagrado en nuestra Carta Magna.
Las modificaciones contenidas en el proyecto de decreto enviado por la Cámara de Senadores, incluyen novedosas regulaciones y procedimientos de coadyuvancia entre entidades y dependencias públicas y los particulares, al tiempo que al reconocer a las personas morales como derechohabientes de licencias colectivas de portación de armas, dan pauta para poner orden en el servicio privado de seguridad no debidamente regulado hasta ahora.
Los informes que los titulares de las licencias colectivas deben enviar periódicamente a las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional; la coordinación con los gobiernos de los estados para iguales propósitos; la inspección periódica del armamento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la estricta reglamentación de la compraventa de armas y municiones, son parte sustancial de la legitimación de las reformas que se consultan a esta Cámara.
Es convicción de las comisiones que suscriben, que ninguna ley por sí misma transforma y mejora la realidad, pero también, que ninguna realidad es modificable si las normas jurídicas no generan condiciones de renovación que las fuerzas sociales y políticas aprovechen para lograr un objetivo de bienestar y desarrollo.
Igualmente expresamos nuestro convencimiento que una reforma como ésta alienta el orden y la legalidad y desestimula la evasión del control y registro de la posesión, portación y uso de armas. Favorecerá además, adecuadas campañas de despistolización y asegurará a los mexicanos que no es el camino de la violencia el que nos llevará al terreno de los avances. Esta reforma, estamos seguros, mostrará sus beneficios, aunque debemos ser muy vigilantes de su eficacia y observar los resultados de su aplicación y de la reglamentación que seguramente experimentará.
El beneficio de la experiencia, el método de las aproximaciones sucesivas, será el mecanismo infalible del perfeccionamiento futuro de nuestras instituciones. Es por ello que, confiados en el poder transformador del derecho, estas comisiones se permiten someter a la consideracion y aprobación de la Asamblea, el siguiente
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONESDE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
Artículo único. Se reforman los artículos 26, 29, 40, primer parrafo, 51, 52, 78 y 79 y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 24 y un segundo párrafo al artículo 32 y se deroga el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
Artículo 24.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea quedan exceptuados de lo anterior, en los casos y condiciones que señalen las leyes y reglamentos aplicables.
Los integrantes de las instituciones policiales federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establecen la presente ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 26. Las licencias particulares para la portación de armas serán individuales para personas físicas o colectivas para las morales y podrán expedirse cuando se cumplan los requisitos siguientes:
I. En el caso de personas físicas:
A. Tener un modo honesto de vivir:
B. Haber cumplido, los obligados, con el Servicio Militar Nacional:
C. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas:
D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas:
E. No consumir drogas, enervantes o sicotrópicos:
F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por:
a) La naturaleza de su ocupación o empleo;
b) Las circunstancias especiales del lugar en que viva, o
c) Cualquier otro motivo justificado.
También podrán expedirse licencias particulares, por una o varias armas, para actividades deportivas, de tiro o cacería, sólo si los interesados son miembros de algún club o asociación registrados y cumplan con los requisitos señalados en los primeros cinco incisos de esta fracción.
II. En el caso de personas morales:
A. Estar constituidas conforme a las leyes mexicanas.
B. Tratándose de servicios privados de seguridad:
a) Contar con la autorización para funcionar como servicio privado de seguridad:
b) Contar con la opinión favorable de la Secretaría de Gobernación, sobre la justificación de la necesidad de la portación del armamento y los límites en número y características de las armas, así como lugares de utilización.
C. Tratándose de otras personas morales, cuando por sus circunstancias especiales lo ameriten, a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, para servicios internos de seguridad y protección de sus instalaciones; ajustándose a las prescripciones, controles y supervisión que determine la propia Secretaría.
D. Acreditar que quienes portarán armas cumplen con lo previsto en los primeros cinco incisos de la fracción I anterior.
Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, los titulares de las licencias colectivas, expedirán credenciales foliadas de identificación personal, que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán semestralmente.
El término para expedir las licencias particulares y colectivas será de 50 días hábiles, contados a partir de que se presenta la solicitud correspondiente.
Artículo 29. Las licencias oficiales para la portación de armas pueden ser colectivas o individuales.
I. Las licencias colectivas podrán expedirse a:
A. Las dependencias oficiales y organismos públicos federales a cuyo cargo se encuentran las instalaciones estratégicas del país.
Los titulares de las licencias colectivas expedirán credenciales foliadas de identificación personal, que contendrán los datos de licencia colectiva y se renovarán semestralmente.
B. Las instituciones policiales. Estas licencias se sujetarán a los lineamientos siguientes:
a) Dichas instituciones deberán cumplir con las disposiciones legales de orden federal o local que resulten aplicables.
b) La Secretaría de Gobernación será el conducto para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, la expedición de licencia colectiva a las instituciones policiales, mismas que sólo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respectivas, debiéndose notificar a éstas secretarías cualquier cambio en su plantilla laboral. Las autoridades competentes resolverán dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la solicitud ante la Secretaría de Gobernación:
c) Los titulares de las instituciones policiales, expedirán a su personal operativo, inscrito en el registro que establezca la ley de la materia, credenciales foliadas de identificación personal, por lapsos semestrales, las cuales, durante su vigencia, se asimilarán a licencias individuales.
C. Los titulares de las licencias colectivas remitirán periódicamente a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación un informe de las armas que se encuentren en su poder, debidamente correlacionado con su estructura y organización operativa, señalando los folios de las credenciales y los datos del personal que las tuviera a su cargo.
D. Las autoridades competentes se coordinarán con los gobiernos de los estados, para obtener, con oportunidad y exactitud, la información necesaria para el cumplimiento de esta ley.
E. La Secretaría de la Defensa Nacional inspeccionará periódicamente el armamento, sólo para efectos de su control, sin tener autoridad alguna sobre el personal.
II. Las licencias individuales se expedirán a quienes desempeñen cargos o empleos en la Federación o en las entidades federativas, que para el cumplimiento de sus obligaciones requieran, en opinión de la autoridad competente, la portación de armas.
III. Los servidores públicos a que se refiere este artículo deberán cumplir, además, con los requisitos establecidos en los cinco primeros incisos de la fracción I del artículo 26 de esta ley.
Artículo 32. Corresponde a la Secretaría de Gobernación, la expedición, suspensión y cancelación de licencias oficiales individuales de portación de armas a los empleados federales, de las que dará aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional para los efectos de inscripción de las armas en el Registro Federal de Armas.
A la Secretaría de Gobernación también corresponde la suspensión y cancelación de las credenciales de identificación que expidan los responsables de las instituciones policiales, al amparo de una licencia colectiva oficial de la portación de armas y que se asimilan a licencias individuales.
Artículo 40. Las actividades industriales y comerciales relacionadas con armas, municiones, explosivos y demás objetos que regula esta ley, se sujetarán a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando el material sea para el uso exclusivo de la Armada de México, esas actividades se sujetarán a las disposiciones de la Secretaría de Marina.
Artículo 51. La compraventa de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se hará por conducto de la institución oficial que señale el Presidente de la República y se realizará en los términos y condiciones que señalen los ordenamientos que expida la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, según corresponda.
Artículo 52. La Secretaría de la Defensa Nacional podrá establecer, mediante disposiciones administrativas generales, términos y condiciones relativos a la adquisición de armas y municiones que realicen las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, así como los particulares para los servicios de seguridad autorizados o para actividades deportivas de tiro y cacería.
Dichas disposiciones deberán coadyuvar a lograr los fines de esta ley y propiciar las condiciones que permitan a las autoridades federales y locales cumplir con la función de seguridad pública a su cargo.
Artículo 78. La Secretaría de la Defensa Nacional, así como las demás autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales que desempeñen funciones de seguridad, recogerán las armas, previa expedición obligatoria del recibo correspondiente, a todas aquellas personas que las porten sin licencia, sin llevar ésta consigo o a quienes teniéndola, hayan hecho mal uso de las armas.
El arma recogida por no llevar el interesado la licencia, será devuelta previo pago de 10 días multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la licencia será de 15 días.
Para los efectos del pago de la multa antes mencionada, se turnará la infracción, a la brevedad, a la autoridad fiscal federal correspondiente.
Artículo 79. Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo anterior, el funcionario que lo realice deberá informarlo de inmediato a su superior, quien lo hará del conocimiento del Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan. Si no se dan los informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de 10 días multa.
Se equipara al delito de robo previsto en el artículo 367 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y se aplicarán las mismas penas, cuando el servidor público que asegure o recoja un arma no la entregue a su superior jerárquico o, en su caso, a la autoridad competente.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su públicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de diciembre de 1995.- Diputados: Luis Garfias Magaña, presidente de la Comisión de Defensa Nacional; Fernando Pérez Noriega, presidente de la Comisión de Justicia.- Se agrega anexo con los integrantes de las comisiones unidas:
Comisión de Defensa Nacional, diputados: Luis Garfias Magaña, Manuel de Jeús Espino Barrientos, Jesús Esquinca Gurusquieta, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Miguel Rodríguez Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Tito Rubín Cruz, Mario de la Torre Hernández, Héctor Armando González Mocken, Marcelino Miranda Añorve, Octavio Guillermo West Silva, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Joaquín Rodríguez Lugo, Fernando Orihuela Carmona, Raúl Ramírez Chávez, Jorge Armando Meade Ocaranza, Antonio Medina Ojeda, Fernando Flores Gómez González, Salvador Mikel Rivera, Pedro Guadalupe López y Macías, Eusebio Moreno Muñoz, Gerardo Nava Bolaños, Cruz Pérez Cuéllar, Sergio Teodoro Meza López, Ricardo García Cervantes, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Rosario Ybarra de la Garza, Carlos Navarrete Ruiz, Carlos Servando Ponce de León Coluby, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.
Comisión de Justicia, diputados: Fernando Pérez Noriega, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Leonel Godoy Rangel, Carmen Segura Rangel, José Eduardo Escobedo Miramontes, María Cristina Díaz Salazar, Jorge Moreno Collado, Claudia Esqueda Llanes, Manlio Fabio Gómez Uranga, María de la Luz Lima Malvido, Humberto Meza Galván, Marcelino Miranda Añorve, Ramiro Javier Calvillo Ramos, José Francisco Lozada Chávez, Guadalupe Morales Ledesma, Juan Manuel Cruz Acevedo, Francisco Peralta Burelo, Guillermo Héctor Zuñiga Martínez, Eustasquio de León Contreras, Yrene Ramos Dávila, Mario de la Torre Hernández, Patricia Garduño Morales, Francisco José Peniche y Bolio, Alejandro González Alcocer, Gerardo Arellano Aguilar, Alejandro Zapata Perogordo, José Mauro González Luna, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ramón Sosamontes Herreramoro y Ezequiel Flores Rodríguez.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Garfias Magaña para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Luis Garfias Magaña:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
La Ley que hoy nos ocupa o las modificaciones y adiciones y supresiones a esta ley. La ley tiene más de 20 años, fue publicada en 1972 lo cual demuestra la bondad de esta ley. Se le han hecho dos modificaciones anteriores y ésta es la tercera con objeto de perfeccionarla; sin embargo, en las últimas semanas o días ha habido una serie de dudas de apreciaciones erróneas y se ha hablado de la pistolización de la sociedad, nada más lejos que ellos; por el contrario, estas reformas y adiciones tienen por objeto hacer más difíciles a los ciudadanos comunes y corrientes para obtener una licencia particular en la posesión de las armas. Se ha hablado mucho de ello qué armas se pueden tener, etcétera.
El artículo 10. de la Constitución de la República Mexicana, establece que todos los ciudadanos tienen el derecho a tener un arma en su casa. ¿Qué tipo de arma? Voy a leerles a ustedes, señoras y señores el artículo 9o. de la Ley de Armas, para que se den cuenta qué tipo de arma.
Artículo 9o. Pueden poseerse o portarse en los términos y con las limitaciones establecidas por esta ley armas de las características siguientes:
"1. Pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior al 3.80, 9 mm., quedando exceptuadas las pistolas calibre 38 super y 38 comando y también en calibres 9 mm. Las mauser, luguer, parabell y comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas de otras marcas, como por ejemplo Smith and Watson o Bereta."
"2. Revólveres en calibres no superiores al 38 especial quedando exceptuado el calibre 3.57 magnum."
Esas son las armas que se pueden poseer, o sea, calibres inferiores 32, 25, 22. A continuación se habla aquí de las que menciona el artículo 10 de esta ley, el artículo 10: son las armas que pueden utilizar los deportistas de tiro o los clubes cinegéticos, los aficionados a la cacería y aquí vienen pistolas, revólveres, rifles calibre 22 de fuego circular etcétera, sería muy largo leer todo esto y mostrarlo a ustedes.
¿Qué pasa pues con esto?, lo que sucede, señoras y señores, es que esta ley que tiene más de 22 años es muy poco conocida. Esta ley se puede adquirir en cualquier librería especializada y ahí conocer las características para poder usar las armas.
Entonces por ningún concepto, vuelvo a repetir, existe la intención en ninguno de los artículos de la ley, de permitir que las personas civiles puedan tener más facilidad para tener una licencia particular.
En la última parte del artículo 26, se agrega un punto que llama no consumir drogas, enervantes o sicotrópicos, del artículo 26. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por: a la naturaleza de su ocupación o empleo o b las circunstancias especiales del lugar en que se viva o c cualquier otro motivo justificado.
Estas licencias son expedidas exclusivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional y puedo decirles a ustedes que en 22 años la Secretaría ha sido extremadamente cuidados a en la expedición de estas licencias y que es mucho muy difícil poder obtener una licencia particular.
Me dirán ustedes que actualmente existen problemas de inseguridad etcétera, esas cosas son perfectamente ciertas. Sin embargo ¿en dónde radica el problema?, el problema radica fundamentalmente en las policías de los diversos tipos de este país. Ellos son la autoridad que deberá de cumplir con su deber en beneficio y en apoyo de esta ley.
Igualmente esta ley establece el control de los servicios de seguridad y protección privados que habían proliferado desordenadamente en la República. En esta ocasión serán dos secretarías de Estado: Gobernación y Defensa Nacional, quienes controlarán estos servicios de seguridad. Gobernación le propondrá a la Defensa Nacional, una vez dada su opinión de que el servicio de protección es apropiado le propondrá el armamento que esa compañía necesita y la Defensa verá si eso es apropiado y autorizará dicho armamento, con un control semestral de las licencias y las armas que tengan dichas compañías.
También se establece el control a las policías y esto para estar de acuerdo con la ley que aquí hace poco se aprobó para las bases para la seguridad pública del país, las policías.
Se dice algo muy importante: solamente el personal operativo de las diversas policías municipales, estatales, federales o judiciales que sean, solamente el personal operativo tendrá derecho a una licencia; el personal administrativo no estará autorizado a portar armas por ningún concepto. Estas armas, el personal operativo debe de usar las exclusivamente cuando dicho personal operativo se encuentre de servicio cuando no sea así, las armas deberán entregarse a los depósitos correspondientes y el policía debe de andar desarmado, de estar desarmado cuando se encuentre libre o franco.
También se establece una nueva modalidad que es equiparar a aquel policía que retiene el arma, que no entregue el arma, cuando se detiene a una persona que la tiene en forma ilegal, aquel policía que no la entrega, se le va a equiparar esto al delito de robo, con objeto de hacer más difícil, más grave la pena que esta persona pueda tener por retener un arma, por quedarse con un arma o no entregar la suya en caso de que se vaya.
Son dos, pues, dos, fundamentalmente dos secretarías, la de la Defensa y la de Gobernación, que desde hace muchos años han tenido esta responsabilidad. No existe, vuelvo a insistir, ningún peligro, ninguna posibilidad de que el armamentismo controlado crezca. ¿Qué pasa, pues, con las personas que tienen armas en su casa? Las personas que tienen armas en su casa deben de ser armas como las que acabo de leer a ustedes. Quien tenga un arma de calibres prohibidos deberá de llevarla a la Defensa, en cualquier parte de la República y solicitar su canje por un arma permitida.
Debo decir a ustedes también que todas las armas que tenga un ciudadano cualquiera, deben de estar registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional; no me estoy refiriendo exclusivamente a la capital de la República; existen zonas militares, 39 zonas militares dispersas a lo largo de la República, corporaciones, regimientos y batallones en los cuales los oficiales de materiales de guerra están autorizados para registrar las armas de las personas que las tengan. ¿Cuál es el requisito? Llevarlas descargadas. ¿Y cuál es la ventaja? Evitar que esa arma cuando se venda, se pierda, se robe, pueda ser mal utilizada y si el responsable no ha dado parte, él pueda quitarse esa responsabilidad; su arma está registrada. ¿Qué ha pasado con esto? Que la ciudadanía ha dejado durante mucho tiempo a un lado estas leyes y tiene armas en su casa de diversos calibres. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un problema, un serio problema que en un momento dado puede ser grave. Entonces a fin de evitar todas esas dudas, yo diría que los principales deberes son, del ciudadano que tiene un arma:
Tener un arma permitida por la ley, de acuerdo con los artículos que he leído. En segundo, registrarla ante la Secretaría de la Defensa, lo cual no es una licencia, no es más que un registro. Las personas que quieran una licencia, tendrán que solicitarla ante la Secretaría de la Defensa Nacional y reuniendo los requisitos que marca el artículo 26 y que son que la Defensa es mucho muy cuidadosa en la expedición de estas licencias.
Creo, pues, señoras y señores diputados, que ésta es una buena ley y lo mejor que puedo decir de ello es que durante más de 22 años ha estado en vigencia; que ha sido modificada dos veces en su beneficio y que hoy nuevamente se modifica una tercera vez, para hacerla mejor. Por todo ello, creo y espero de ustedes, que voten favorablemente este proyecto de ley.
Tengo otro pequeño asunto, señoras y señores. Quiero aprovechar esta oportunidad para presentar mi rechazo, mi indignación, sobre los hechos bochornosos que ocurrieron en la noche en que se aprobó la Ley del Seguro Social. Quisiera pedir en este momento, respetuosamente a los señores coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias y a todas las señoras y señores diputados que componen esta legislatura, que nos unamos a fin de terminar con estas farsas, con estos espectáculos de plazuela que tanto denigran al Poder Legislativo. Por respeto a nosotros mismos, como diputados; por respeto al pueblo que nos eligió y por respeto al Poder Legislativo y por respeto a México, debemos terminar, por convicción, con estos actos de vergüenza colectiva. Yo no me opongo, como creo que nadie se opone, a que el pueblo en su justo derecho manifieste su inconformidad ante algo que no le parece, pero no en esta forma. Se dice que esta es la tribuna más alta de la nación; hagamos esto verdad y dignifiquemos su alto valor. Aquí se encuentra la soberanía nacional, señoras y señores pues por ello la soberanía de este país no puede estar en el fango y no podemos dejarla en el lodo. Por todo ello y creo que está en el ánimo de todos nosotros, debemos terminar para siempre con esos espectáculos.
Señoras y señores diputados: para terminar, quisiera aprovechar la oportunidad para desear a todos y cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, una feliz Navidad y un año bueno, un próximo año que sea bueno para nosotros y bueno para este país.
Muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general... Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los siguientes oradores, para fijar posiciones: Ezequiel Flores Rodríguez, por el Partido del Trabajo; Ramón Sosamontes Herrera Moro, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional; Joaquín Rodríguez Lugo, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Ezequiel Flores Rodríguez.
El diputado Ezequiel Flores Rodríguez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
La Ley de Armas de Fuego y Explosivos fue expedida en el año de 1972. Posteriormente y diríamos muy recientemente modificada en 1994. Desde su fecha de expedición a la actualidad obviamente las condiciones económicas, políticas, de nuestro país, se han modificado.
Como hemos argumentado en esta tribuna en ocasiones anteriores a propósito de las propuestas, de las iniciativas presidenciales, hemos reiteradamente expresado que la situación económica de nuestro país y particularmente abocándonos a la propuesta que nos ocupa, particularmente desde 1972, la situación económica dijéramos ha venido de mal en peor.
Los trabajadores y el pueblo de México nos hemos visto cada vez más en una situación desventajosa. El poder adquisitivo cada vez más deprimido. Las posibilidades de fuentes de empleo, cada vez se reducen más. Las posibilidades de educación, de formación y de capacitación de nuestros jóvenes, también cada vez son más raquíticas.
Bajo este panorama hemos visto aflorar, hemos visto acentuarse en nuestra sociedad el fenómeno de la delincuencia, que tantos dolores de cabeza nos está produciendo últimamente a ciudadanos y autoridades.
Hemos dicho aquí, cuando abordamos el problema de la seguridad pública, cuando se legisló para llegar al sistema nacional de seguridad pública, que estas medidas no resuelven el fondo, no resuelven la preocupación esencial de nuestra sociedad, de los trabajadores. Que hace falta, que hace falta más que tratar el fenómeno por arriba, debemos meternos a las causas que lo están produciendo.
Porque es evidente que las posibilidades de superación y de bienestar por todo lo que en esta Cámara hemos dicho, cada vez se hacen más remotas.
Esos factores que aquí hoy hemos venido a señalar, que inciden negativamente en la sociedad, son los que provocan que se acentúe la delincuencia.
Entendemos que la propuesta del Ejecutivo por modificar la Ley de Armas y Explosivos, fundamentalmente va encaminada a compatibilizar esta ley con la recientemente aprobada o con las reformas recientemente aprobadas para dar lugar al sistema nacional de seguridad pública.
Vemos en la propuesta la posibilidad de generar un ambiente de mayor control de las armas, tanto en los particulares como en los cuerpos policiacos. Efectivamente, consideramos que la ley expedida en 1972 hoy, de acuerdo con las nuevas circunstancias por las que atraviesa nuestro país, se hace necesario ponerla a tono, se hace necesario no sólo ponerla acorde con las nuevas circunstancias sociales y políticas, sino se hace necesario compatibilizarla con los demás ordenamientos, como a éste que me acabo de referir.
Sin embargo, con todo y las buenas intenciones de la propuesta, juzgamos que en lo particular adolece de serias deficiencias que debieran ser subsanadas. Y en este momento yo aprovecho para hacer un llamado a todos ustedes, compañeros legisladores, para que revisemos esta propuesta y no le demos salida como ha venido siendo práctica común en esta Cámara. Yo creo que actuando responsablemente debemos coadyuvar con la Cámara de Senadores, con el Poder Ejecutivo, para producir un ordenamiento que realmente venga a resolver la caótica y difícil situación por la que actualmente se debaten pueblo y autoridades, para encontrar mecanismos que vengan a resolver la situación.
Simplemente si bien es cierto que hemos encontrado bondades en la propuesta, al particularizar observamos que en el artículo 26, en el apartado "E" inciso c; el apartado "E" textualmente dice: "Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por:
a) La naturaleza de su ocupación o empleo;
b) Las circunstancias especiales del lugar en que viva o c) Cualquier otro motivo justificado."
Este inciso c creemos que debe ser quitado, que debe desaparecer, porque nos coloca en una situación de ambigüedad. ¿Cuál es este cualquier otro motivo justificado.
Consideramos que esto da pauta para que el funcionario encargado de extender las licencias a los particulares o a las personas morales, aplicando su criterio muy particular, actúe con manga ancha e irresponsablemente entregue licencias a particulares o a personas morales que no deben ser beneficiados con la licencia.
Consideramos, pues, que antes de aprobar estas reformas, debemos reflexionar para corregir estos aspectos que lejos de proporcionarnos un instrumento que venga a posibilitar el control, que venga a darnos un mecanismo de control de armas, nos venga a meter en un problema mayor, al propiciar bajo esta situación y bajo criterios muy particulares de los funcionarios que tengan que expedir las licencias, entregar discrecionalmente a particulares o a personas morales.
Por otro lado, en el apartado "C", se establece textualmente: "Tratándose de otras personas morales, cuando por circunstancias especiales lo ameriten, a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, para servicios internos de seguridad y protección de sus instalaciones etcétera, juzgamos que esta expresión "cuando por circunstancias especiales lo ameriten". ¿Cuáles son?, debe quedar muy claro, ¿a qué se refiere la propuesta de modificación, a estas circunstancias especiales lo ameriten?, nos parece igual que la observación anterior, que está quedando aquí demasiado abierta la posibilidad para que a criterio del funcionario encargado de otorgar la licencia, pueda otorgársela a personas que de acuerdo a su particular punto de vista, debe entregarle a personas que no responden, que están en contra de los intereses de la colectividad.
En esto, compañeros legisladores, queremos ser reiterativos para que antes de aprobar este ordenamiento, revisemos esas cuestiones que lejos de beneficiarnos vengan a generar un daño mayor a la colectividad.
Por todo lo expresado, compañeras y compañeros legisladores, la posición de mi partido en la aprobación de esta ley será en el sentido siguiente:
En lo general, estamos de acuerdo porque se aprueben las reformas a este ordenamiento, pero en lo particular votaremos en contra, particularmente de los apartados e incisos que he señalado del artículo 26.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Señor Presidente, con su permiso; compañeras, compañeros:
El pasado 13 de noviembre de 1995 el titular del Ejecutivo Federal envió al Senado de la República la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Posteriormente la Cámara de Senadores se sirvió remitirnos la minuta correspondiente el 28 de noviembre de este mismo año. Esta iniciativa es parte de la estrategia anticriminógena del sexenio planteada por el jefe del Ejecutivo Federal desde el plan nacional de desarrollo. El problema delictivo es una preocupación nacional que todos compartimos, la intención de revertir este problema constituye un punto de convergencia en el cual nuestro grupo parlamentario confluye con el resto de los sectores de nuestra sociedad.
En este proyecto de la ley apreciamos la necesidad imperiosa de perfeccionar la norma jurídica actual, pero apreciamos la posibilidad de mejorar el contenido del proyecto en cuestiones sustanciales que sin modificar el sentido y espíritu de la reglamentación, requería de una adecuación para no incurrir en contravención a los principios generales del derecho.
Del análisis inicial de la ley, hubo acuerdo interior del grupo parlamentario del PRD en el sentido de que habiendo amplias coincidencias se podrían modificar algunos puntos del proyecto y obtener consenso en la ley, pero nada se quiso escuchar por las prácticas caducas que hay aún en el Congreso de la Unión.
Desde luego que estamos preocupados por la creciente pistolización en nuestro país, nos alarma saber que se han decomisado en seis años más de 150 mil armas, 60 mil cartuchos en tan sólo estos últimos cuatro meses. Los datos que nos revela para variar una policía extranjera como el FBI, de que cada año ingresan al país por vía terrestre más de 100 mil armas en este año, que vienen por contrabando y complicidad con las autoridades aduanales y migratorias de ambos países que, provienen, el 80%, de la producción de las armerías localizadas en los pueblos de Texas, fronterizos a México pero no sólo de ahí provienen sino también y con preocupación por su número, también armamento proveniente de China, Rusia y la república Checa.
El que se aumente considerablemente el intercambio de droga por armas es algo ya práctica común y en su mayoría metralletas AK-47 y sus cartuchos correspondientes.
Desde luego que queremos poner en orden a las más de 500 policías privadas, malamente llamadas policías privadas, porque contravienen la Constitución de la República, para que sean una garantía para la población y no como hasta ahora en donde la mayoría de éstas son incluso parte de la inseguridad del país; queremos efectivamente y así lo hemos exigido, que se sepa quiénes conforman esas agrupaciones, qué son, para qué son, para qué ofrecen sus servicios y que realmente garanticen esos servicios que requiere la sociedad en vista del desorden que impera en el país en la seguridad pública nacional.
También somos conscientes del desorden que hay con las más de 2 mil policías y que al final ninguna tiene la responsabilidad para garantizar, insisto, la seguridad de la población, la seguridad nacional. Desde luego que queremos que sea el derecho, la convivencia y la solidaridad los instrumentos que den armonía y paz en nuestro país y no el que los mexicanos nos tengamos que armar para garantizar nuestros bienes, familias y personas.
Desde luego que queremos y exigimos que sea el Estado el responsable de la seguridad pública como lo mandata nuestra Constitución, como debe ser en la modernidad, puesto que lo otro es simplemente la barbarie tal como incluso se vive ahora en muchas zonas de la República Mexicana controladas por el narcotráfico.
Pero con todo y esta situación tan alarmante, no se aceptó ningún cambio, sólo en la exposición de motivos, ahí sí hubo una concesión que al final y al cabo no es nada. De haber habido otra conducta y aquí me refiero y nos referimos no a la conducta propia de algún grupo parlamentario, otra, sino a la conducta que vimos en la Cámara de Senadores en donde incluso no se aceptó ninguna propuesta de ningún diputado que conformamos las comisiones de Justicia y de Defensa Nacional, simplemente recibieron las propuestas de todos los diputados de todos los partidos, como si fuera un oficio más de los que se mandan diariamente y ninguno tuvo resultado, ninguna propuesta se aceptó lamentablemente, con una actitud que nosotros desde luego reprobamos, por parte de la colegisladora.
A nosotros nos hubiera gustado coincidir con los compañeros legisladores que la aprobaron en el Senado o aquí, en que aprobaron el dictamen, mas nuevamente aquí a pesar de esa conducta en el Senado que recibimos por todos, a pesar de eso aquí también se mantuvo el tabú de la intocabilidad de los proyectos que remite el Ejecutivo, pero aunado a esto, al añejo prejuicio que considera una falta de respeto al Senado que se le devuelva una minuta.
Las modificaciones no se aceptaron, éstas simplemente fueron hechas a un lado y subrayo que eran modificaciones de todos los grupos parlamentarios, no solamente modificaciones del grupo del PRD.
En ejercicio de la facultad legislativa, tratamos de enriquecer este proyecto, con propuestas importantes enviadas, como refería yo, a las comisiones respectivas del Senado, aquí, buscamos consensos para que hubiera una aceptación y repito, ninguna pasó, ninguna propuesta pasó, simplemente fueron archivadas por ahí en algún lugar del Senado y después aquí archivadas simplemente.
Cuando en esta Cámara se reunió la comisión dictaminadora de la minuta, sucedió otro tanto, pues en un ejercicio de sinceridad que agradecemos, se nos comunicó la decisión de no modificar el contenido del articulado, de aprobarlo en los términos en los que se había recibido y en este sentido, evitándonos una discusión que desde luego como todos sabemos y sufrimos, estéril.
Por lo tanto nos reservamos la argumentación a las modificaciones que intentamos hacer ahí y que intentamos hacer acá, para no renunciar a nuestros mínimos derechos, para exponerlas en este pleno ante ustedes.
Los elementos que persisten en el dictamen y que no fueron corregidos a pesar de la evidente necesidad de hacerlo, deben ser dichos, de tal suerte que se pueda comprender que no se trata de un capricho sino de un conclusivo razonamiento.
Los principios de seguridad y legalidad jurídicas, se basan en la certeza dada al gobernado de que la posibilidad de que su bienestar sea vulnerado es más bien remota, de que las leyes hacen explícitas las formas y modalidades para que el Estado modifique esta esfera jurídica y de que en caso que el propio Estado la llegare a afectar, habría instrumentos por medio de los cuales se pueda restablecer o restituir las cosas a su estado original.
En el dictamen que hoy discutimos, los procedimientos no son totalmente expresos, se deja a criterios personales y subjetivos el resultado final, que debería ser objetivamente plasmado en la ley.
La definición de lo que se entiende por instalaciones estratégicas, es totalmente ambiguo y se presta a interpretación de la autoridad en turno, incluso cambiando estas interpretaciones, a conveniencia política de quien esté gobernando.
La credencial de identificación de los cuerpos de seguridad pública es un requisito indispensable para brindar el servicio de seguridad pública por parte de los gobiernos estatales o locales, ya que es por este medio como se puede determinar al portador del arma de fuego.
Resulta indirectamente un sistema de control de la Federación sobre una función, la de la seguridad pública, cuya competencia es estatal y municipal.
El procedimiento para retirar un arma y fincar responsabilidad administrativa, está ausente en la ley y este vacío jurídico deja en estado de indefensión a los gobernados, pues el ánimo discrecional de la autoridad se hace presente y absorbe la decisión final.
Los requisitos que deben reunir las personas físicas y las morales, se establecen ambiguamente y esta vaguedad puede ser el resquicio para la práctica nociva y corrupta dentro del marco legal.
Por todo esto, la fracción parlamentaria del PRD, a manera de protesta, se abstendrá de emitir una postura en reclamo del decoro y el respeto que debe haber a este cuerpo colegiado, del respeto entre nosotros, entre el Senado y la Cámara de Diputados. No obstante, haremos las observaciones que en lo particular tengamos respecto al dictamen en cuestión.
Por último compañeros diputadas, diputados, la última parte de la intervención del diputado Garfias, que obviamente no la hizo a nombre de la comisión, sino como él señaló, por suya propia, podría llevarnos a una larga discusión acerca del funcionamiento de nosotros mismos y de la Cámara en su conjunto. Efectivamente rechazamos farsas y espectáculos que pueden denigrar al Poder Legislativo; sabemos que la peor ofensa al Poder Legislativo es la de apoyar leyes injustas, que el aprobar por aprobar porque ahí viene mandada del Ejecutivo o la minuta de una ley, que aunque salga mala, no importa, hay que aprobarla porque así se dice, eso afecta la soberanía del Congreso de la Unión, eso lo afecta mucho más a veces que los espectáculos que afectivamente no compartimos pero que luego suceden aquí como los del día de ayer y no estamos por eso dejando a la casualidad el funcionamiento de la Cámara, sino en su momento respectivo, cuando analicemos el que esta Cámara entre a la modernidad en su funcionamiento, para que sean respetadas todas las ideas, las propuestas y los acuerdos, haremos ahí entonces la observación y el análisis concreto para que no cada quien interprete el decoro y la actuación de nuestra Cámara a su entender personal o por interés de grupo o por indicación de alguien ajeno al Congreso de la Unión.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos.
El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
La iniciativa del Ejecutivo para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, parte de la premisa de que uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la seguridad pública, para propiciar el desarrollo pacífico y armónico de sus habitantes y definiendo la seguridad pública un bien primordial, es necesario que ciudadanía y Gobierno colaboren para alcanzarla. Estamos de acuerdo.
Es en este contexto que el Ejecutivo acertadamente desarrolló, por un lado una estrategia integral para detener el crecimiento de la inseguridad a que se enfrenta la población en la vida cotidiana y por otro promueve la concurrencia de esta reforma con la reciente institución del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con otras reformas al marco jurídico vigente, relacionado con la seguridad de los mexicanos.
Derivado del estudio, análisis y consulta que con toda responsabilidad hemos realizado los diputado de Acción Nacional en torno de esta iniciativa, reconocemos la oportunidad y necesidad de las reformas planteadas por el presidente Ernesto Zedillo.
Reconocemos también que tales reformas facilitan el ejercicio de la legítima defensa, fin último del derecho a la posesión de armas de fuego que otorga nuestro orden constitucional a los mexicanos, en su artículo 10, pero al mismo tiempo destacamos la importancia de recoger ahora el planteamiento del plan nacional de desarrollo, donde se expresa que por definición el estado de derecho excluye la violencia y el ejercicio de la justicia por propia mano, pues ciertamente el propósito de la reforma no es abrir caminos a la pistolización indiscriminada de la sociedad, como equivocadamente y sin fundamento muchos, inclusive en esta tribuna, han afirmado.
Ahora bien, considerando los casos en que la realidad o las circunstancias rebasan la capacidad de acción de las instituciones a quienes está encomendada la seguridad de la sociedad, nos parece necesario proveer medios que legalmente coadyuven a lograr una mayor seguridad individual y colectiva, así como una importante disminución al tráfico ilegal de armas que se ha dado en el vacío legal hoy prevaleciente.
Las adecuaciones normativas que se proponen, perfectibles aún, consideramos que establecen con razonable claridad los requisitos y condiciones bajo las que en su caso podrá expedirse una licencia para uso y portación de armas, tanto de naturaleza particular, para personas físicas y personas morales, así como de carácter oficial para las corporaciones policiacas y empleados del Gobierno.
Los diputados de Acción Nacional compartimos el propósito del Ejecutivo en la materia que hoy nos ocupa. Coincidimos con la apreciación que del espíritu de la iniciativa hizo la Cámara de Senadores y hacemos hincapié en que dicha propuesta sólo tiene razón de ser y de proceder en el derecho de legítima defensa y de seguridad de los mexicanos.
Así, suscribimos las consideraciones y adiciones de la colegisladora a la iniciativa del Ejecutivo, por valorarlas congruentes con el propósito de adecuar la norma a la realidad y a las necesidades de México hoy, pero lamentamos y reprobamos que bajo el influjo de un distorsionado concepto del sistema bicamaral en el parlamento mexicano, los diputados de la mayoría en las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Justicia de esta Cámara revisora se hayan cerrado, como es costumbre, a la posibilidad de que el dictamen fuese regresado a la Cámara de origen para que considere la posibilidad de incluir al documento que aquí se ha leído las propuestas que diputados del PRD y del PAN, puntualmente hicimos y formulamos por escrito, en el solo propósito de afinar y enriquecer lo que de suyo como ya lo decía el general Garfias es una buena iniciativa de adecuar la ley de Armas de Fuego y Explosivos a la realidad actual, pero perfectible en su contenido.
Nos parece irracional que los legisladores del PRI antepongan el interés político que la reforma trae aparejado, al deber de aportar al derecho mexicano normas que sean de la mayor utilidad posible al interés nacional.
Es entendible que al Ejecutivo le interese la adecuación de la norma, pues siendo su iniciativa le representa un logro político.
A los juristas y aquí hay muchos, como tales les debe interesar sin duda el contenido de la norma, la técnica jurídica con que ésta se formula, pero más allá de la norma y su contenido, más allá de la técnica es el deber del legislador interesarse en darle a ésta una utilidad al servicio del bien común. Ahí, en la efectividad de la norma, es que ésta se legitima y precisamente ése, compañeros del PRI, es nuestro compromiso institucional con el pueblo, cuyo interés representamos.
Recuerden, señores diputados de la bancada mayoritaria y reflexionen, en las palabras de José Francisco Ruiz Massieu, quien fuera secretario general de su partido, cuando decía: "...Que el pueblo quiere diputados más dignos, más conocedores, más fuertes, más laboriosos. Quiere un Congreso que controle más al Ejecutivo, no que se le someta". "Se trata de convencer", decía quien iba a ser nuestro compañero en esta Cámara, se trata de tener la razón, no de lo que en la jerga parlamentaria le han llamado el mayoriteo. Y enfatizaba: "Se trata de hacer de la política democrática un ejercicio cualitativo. Lo que importa es quién tiene la razón, independientemente de quien tiene los votos". Eran sus palabras. Ojalá las consideremos al momento de votar el dictamen a discusión.
Nosotros, compañeros todos, estamos obligados a optar, como expresaba don Efraín González Luna, no por entusiasmo ni por deseo ni por anhelo instintivo ni por ansia de pasiones legítimas. Nosotros estamos obligados, en razón de nuestra investidura, a optar conforme a la ley moral de la opción, como seres racionales y libres.
Compañeros: los diputados de Acción Nacional, convencidos de las bondades de las reformas propuestas por el Ejecutivo, aun cuando están incompletas, en el mismo espíritu de la colegisladora votaremos en lo general a favor del dictamen presentado en minuta por el Senado y ratificado por las comisiones unidas de Justicia y de la Defensa Nacional en esta Cámara de Diputados y reservamos para su discusión en lo particular, los artículos 26, 78 y 79 de la ley.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Joaquín Rodríguez Lugo.
El diputado Joaquín Rodríguez Lugo:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hago uso de esta tribuna para exponer nuestra posición con respecto al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuya minuta fue remitida a esta soberanía por la Cámara de Senadores.
Para la fracción parlamentaria de mi partido, es importante atender el justo reclamo de la sociedad, particularmente en lo que toca a la salvaguarda de sus derechos fundamentales.
No podemos ocultar que la sociedad ha sido amenazada en su esfera jurídica, por el rezago y desfasamiento en alguna de las normas que fueron diseñadas justamente para su protección.
De ahí la necesidad a todas luces imperiosa e impostergable de reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de adecuar su texto a las nuevas condiciones que impone la defensa del estado de derecho y en particular la construcción de un nuevo marco normativo que garantice la plena seguridad de los gobernados.
En este orden de ideas cabe señalar que la Constitución General de la República en su parte dogmática, permite y reconoce en su artículo 10 que los gobernados puedan portar armas para su seguridad y legítima defensa, siempre y cuando se cumpla con lo que estipula la ley en la materia, en nuestro caso la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.
Sin embargo es necesario que esta ley se ajuste a una nueva realidad. Es decir, que la ley no sólo sea vigente sino positiva y en este sentido, para fortalecer esa garantía de seguridad jurídica como derecho humano de los gobernados, se hace necesario actualizar este ordenamiento legal con las reformas, adiciones y derogaciones que se proponen.
Es preciso puntualizar que la propuesta de reformas, no busca que la legislación federal establezca de un modo unilateral obligación a los estados y municipios. El objetivo de las adiciones a la Ley Federal que hoy se somete a la consideración de esta Cámara, es ante todo garantizar un adecuado control de las armas de fuego. Por ello es pertinente establecer los requisitos que deben aplicarse, independientemente de su condición, sean éstas personas físicas o morales.
Se nos presenta, señores diputados, la oportunidad de articular un buen sistema legal que garantice realmente la seguridad pública. La necesidad de legislar medidas que limiten riesgos para la ciudadanía, que se ve constantemente amenazada por actos delictivos de distinto signo y de relieve.
Estamos frente a una reforma que vuelve viable la garantía constitucional para posesión de armas, sin flexibilizar necesariamente medidas administrativas y de control, como es el Registro Federal de Armas. Actualizar y controlar inventarios, determinar autoridades y personas responsables, teniendo como origen el otorgamiento de licencias, puede convertirse en un auténtico factor de contención en la criminalidad, sin excluir la responsabilidad que tiene el Estado en estos asuntos, sin menoscabo de los derechos ciudadanos.
Resulta particularmente destacada en el cuerpo de esta reforma, la insistente preocupación por evitar prácticas que han lesionado a la sociedad, como lo ha sido la falta de controles estrictos en el manejo y la vigencia de las licencias colectivas otorgadas a las corporaciones de seguridad.
En este punto es inaceptable que los integrantes de estas corporaciones, no se vean exigidos por la ley al cumplir en lo personal con los requisitos para el uso e importación de las armas que se le exigen a las personas físicas. Es también inaceptable que no se prevean mecanismos de control sobre el alcance y la temporalidad para el uso y la portación de armas a los integrantes de estas corporaciones.
Estos aspectos que son atendidos por la reforma que se propone han sido causa de abusos, irregularidades denunciadas reiteradamente por la sociedad sin que hasta hoy obtuvieran la respuesta firme y puntual. Entre los aspectos fundamentales figura el de conciliar la ampliación y adecuación de los aparatos de seguridad pública, por lo que toca al uso y la portación de armas de sus miembros como lo demanda una sociedad tan dinámica y tan diversa como lo es la sociedad mexicana, con el pleno respeto a las garantías individuales que otorga la Constitución. Esto no quiere decir que este procedimiento dé margen a una sociedad violenta o a un Estado permisivo donde efectivamente los hombres se conviertan en lobos de sí mismos.
El presente proyecto de decreto constituye ciertamente un reto formidable que estamos obligados a encarar, la presente reforma resuelve esta tensión, permitiendo la modernización de las corporaciones de seguridad pública a través de una responsabilización plena sobre su operación y la actuación de sus miembros, además de una mayor toma de conciencia respecto de su función social, ya que son estas corporaciones las entidades abocadas a garantizar la vigencia del estado de derecho y, en particular, de las garantías individuales de los mexicanos.
Para garantizar el cumplimiento cabal y responsable de tan alta misión resulta imprescindible articular las atribuciones que les otorga la ley con sus propias responsabilidades, de manera que nadie pretenda en adelante señalar que son solamente los sujetos individuales quienes faltan a la ley, cayendo en excesos o usos inadecuados de su armamento, sino que sean las propias corporaciones, sean éstas de carácter público o privado quienes respondan acerca del uso del equipo que dan en resguardo a su personal operativo para el cumplimiento de sus tareas.
Nuestra ley se inscribe en un proceso mayor de actualización y perfeccionamiento de nuestro sistema jurídico que busca hacer más eficiente el combate a la delincuencia y salvaguardar los derechos ciudadanos.
Con la convicción de lo que queremos para nuestro país, el proyecto de decreto que hoy discutimos ante el pleno de esta Cámara, ha sido objeto de amplio y profundo análisis y discusión. Pensamos que la seguridad pública es tan importante porque creemos que nada grande y perdurable se puede construir en la anarquía, que sólo en el orden es posible que viva la libertad; que la seguridad en la vida de cada uno y de todos es mandato jurídico, exigencia popular y empresa esencial que debe cumplir todo gobierno responsable.
Compañeros diputados: el voto que emitamos debe considerar todas las bondades que han sido expresadas. Se pretende, como ya se dijo, sin menoscabo de los derechos de los ciudadanos, atendiendo a la creación de un sistema integral de normas de seguridad pública, crear instrumentos administrativos, ágiles y precisos como son las licencias, el registro e inventarios, determinar autoridades competentes que realmente vuelvan eficaz el uso y control del armamento.
Un estado de derecho requiere eficaces corporaciones de seguridad, sean éstas de orden público o privado; pero acotadas por este tipo de ordenamientos porque su límite absoluto como tales son los derechos ciudadanos. La autoridad que se respete a sí misma debe tener como referencia no únicamente este sentido jurídico de las cosas, sino instrumentos que desarrollen el ejercicio de esa misma autoridad sin desconocimiento de las garantías individuales.
Por tal motivo, el Estado mexicano se ha dado a la tarea de diseñar una estrategia integral de combate a la delincuencia, cuyo eslabón jurídico más reciente ha sido la aprobación de la ley general que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública.
Cabe destacar que esta ley se inscribe en el marco de un nuevo federalismo, en el cual se establecen a través de consensos entre los distintos niveles de Gobierno, la integración de un sistema nacional de seguridad pública, cuyo objetivo final es el combate coordinado contra la delincuencia.
Sólo una estrategia integral en la que participe la sociedad entera, será efectiva para evitar la impunidad y fortalecer nuestro estado de derecho. Después de un análisis cuidadoso de la propuesta, expongo a esta honorable Asamblea, un razonamiento que busca su voto afirmativo para preservar las garantías de la seguridad jurídica de las personas y los bienes de los mexicanos, como se lograría, de aprobarse la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, turnada a esta representación soberana.
La paz no es reposo resignado o impuesto, sino acción fecunda en el orden y la concordia. La tranquilidad social sirve al progreso. La incertidumbre y la desconfianza le estorban. Del orden justo todos obtenemos beneficios. El desorden sólo puede significar provecho para minorías audaces y negativas. La sociedad se desenvuelve provechosamente cuando existe un clima de tranquilidad y respeto a los bienes, a las propiedades y a la integridad física y moral de los ciudadanos.
La fuerza sólo se justifica cuando está subordinada al imperio de la ley y es instrumento de la seguridad pública. Esta, no es sinónimo de quietud sepulcral, sino necesidad vital de toda colectividad que vive y lucha, trabaja y produce.
Compañeros diputados: trabajemos apasionadamente por conseguir que el derecho sea norma diaria de vida; que la justicia cada vez más sea práctica fundamental y que la ley rija las acciones de los hombres.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Compañeras y compañeros diputados:
Digo, los pocos que todavía permanecen en el recinto. Pero con el propósito de que no sean indigestas mis palabras a quienes están tomando sus alimentos, seré muy breve y me referiré solamente a dos o tres aspectos de este dictamen que en lo particular estamos discutiendo.
En primer término deseo hacer algunas alusiones y observaciones al procedimiento legislativo que siguió las modificaciones a esta propuesta de iniciativa para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Efectivamente, como aquí ya ha sido señalado, no hay una claridad en torno a lo que significa colegislar; no hay claridad por parte de la Cámara de Senadores, no hubo y no de toda ella sino particularmente de sus comisiones de Justicia y de Defensa, no hubo en ningún momento la claridad para entender que colegislar significa primero, actuar en igualdad de condiciones legislativas en lo que se refiere a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y en segundo lugar colegislar significa trabajar juntos, llegar a consensos y plasmarlos efectivamente en los dictámenes.
Me consta que al menos en dos ocasiones, en una de ellas participé en una reunión con las comisiones del Senado en esta materia y a pesar de que solicitamos como miembros de esta Cámara de Diputados la inclusión de una serie de reformas para que fueran consideradas en el dictamen a discusión en el Senado, éstas no fueron tomadas en cuenta por parte de las comisiones de senadores.
Me parece pues, que en torno al procedimiento legislativo, no solamente hay lagunas y vicios, sino hay efectos perniciosos que nosotros debemos de tomar en consideración para erradicar del trabajo legislativo en el Poder Legislativo en su conjunto. Por este motivo a mí me parecía muy importante iniciar haciendo estos señalamientos relacionados fundamentalmente con el procedimiento que tuvo esta iniciativa.
Seguidamente diré que en lo que respecta a la Comisión de Defensa de nuestra Cámara de Diputados, si hubo la oportunidad de intercambiar puntos de vista, de leer diversas propuestas que además por parte de la mesa directiva, fueron tomadas en consideración y turnadas por su presidente al Senado.
En lo que se refiere a la materia específica, creo que ya los oradores que hicieron uso de la palabra antes de mí, han explicado en términos generales las características de este proyecto de decreto. Es una ley reglamentaria, modificaciones a una ley reglamentaria que regula, entre otras cosas, el derecho constitucional a la posesión de armas, de la población y por otro lado, que reglamenta la portación de las mismas a las corporaciones policiacas, a los particulares y desde luego, a las personas físicas y morales. Me parece que es un complemento de la Ley de Seguridad Pública; solamente se modifican o se derogan 10 artículos de la mencionada ley y me parece que en términos generales, los cambios propuestos son convenientes y necesarios. Pero también quiero señalar que me parece que hubieran podido mejorar significativamente las redacciones, de haberse puesto a consideración las propuestas que hizo la Comisión de Defensa y de Justicia, de la Cámara de Diputados.
En lo que se refiere al control de la expedición de licencias y al control de la portación de armas de particulares, me parece que sí va a dar como resultado, su aplicación, un mayor control de estos dos aspectos. Y por otro lado, un aspecto que me parece positivo recalcar y que no lo escuché mencionar en quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es que hay una adecuada coordinación entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional, para efecto de los controles necesarios en lo que se refiere a las licencias de portación de armas a particulares, llámense personas físicas o morales.
Por tal motivo y no teniendo más señalamientos que hacer, dado que ya han sido tocados aquí por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, quisiera concluir señalando, en primer término, que no obstante no estuve de acuerdo en el procedimiento legislativo y deseo señalar mis serias discrepancias en torno a lo que significa colegislar con el Senado, la materia específica en lo que se refiere a los contenidos de la iniciativa, me parece que es aceptable y por tal motivo apoyaremos en lo general el texto que ha sido enviado por las comisiones de Defensa y de Justicia de esta Cámara.
En lo particular me permitiré, en su momento, reservar el artículo número 26, con el propósito de traer a su consideración un inciso g, en lo que se refiere a los requisitos para otorgar licencia para portar armas a particulares.
Este es nuestro punto de vista y agradezco su atención a las pocas diputadas y diputados que estando presentes y no obstante estar comiendo, tuvieron a bien dispensármela.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Para efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos 26, 32, 78 y 79 del proyecto de decreto.
Han solicitado...
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Señor Presidente, en la lista que leyó no están...
El Presidente:
Sí, señor diputado. Repito, si me permite.
Son los artículos reservados el 26, el 32, el 78 y el 79.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Compañeros diputados, por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, al finalizar la discusión de los artículos reservados.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que han solicitado el uso de la palabra para referirse al artículo 26 el diputado Carlos Navarrete Ruiz, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, el diputado Cuauhtémoc Sandoval y el diputado Mario de la Torre Hernández. Perdón, se borra de la lista al diputado Carlos Navarrete Ruiz y entra en su lugar el diputado Cuauhtémoc Sandoval.
Para referirse a los artículos 32 y 78 están registrados los diputados Leonel Godoy Rangel y Salvador Mikel Rivera.
Y para referirse en una sola intervención a los artículos 26, 78 y 79 están registrados los diputados Sergio Teodoro Meza López y José Francisco Lozada Chávez.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Creo que varios oradores han señalado la naturaleza de esta ley y la importancia de que hubiéramos hecho una rica discusión en este tema, pero también la imposibilidad de, en estos momentos, hacerle cambios a esta ley, en vista de que las prisas a las que nos ha sujetado el Ejecutivo Federal, ha impedido una buena discusión sobre este tema y también ha impedido que la colegisladora nos haya escuchado sobre este tema. De tal modo que esta discusión es un poco inútil, porque ya cuando viene la minuta del Senado no se le pueden hacer cambios ni a un punto ni a una coma. Y es importante porque este artículo 26 se refiere a las licencias para portación de armas a nivel individual y a nivel colectivo.
Los requisitos para las licencias de particulares son muy laxos, dice: "para el caso de personas físicas:
a) Tener un modo honesto de vivir; bueno, aquí hay que decir que los que portan armas, generalmente los guaruras, pues no tienen modo honesto de vivir;
b) Haber cumplido los obligados con el servicio militar nacional;
c) No tener impedimento físico o mental para el manejo de armas; ¿esto cómo se mide?;
d) No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas;
e) No consumir drogas, enervantes y sicotrópicos. Y luego dice la fracción;
f) Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por:
a) La naturaleza de su ocupación o empleo;
b) Las circunstancias especiales del lugar en que viva; o sea, en el Distrito Federal yo creo que es una circunstancia especial y
c) Cualquier otro motivo justificado. O sea, es una laxitud, deja totalmente discrecional el otorgamiento de licencias particulares para la aportación de armas".
Entonces, hay mucho en la ley a juicio de discreción, en fin, que hace que estas licencias particulares puedan ser otorgadas o no, de acuerdo a criterios muy laxos y muy discrecionales.
Por otra parte, en relación a las licencias colectivas, otorga facultades a la Secretaría de Gobernación para controlar la autorización de las licencias oficiales que requieren las instituciones de seguridad pública del país. Establece también la intermediación forzosa de la Secretaría, impidiendo que cada Estado y cada municipio puedan tramitar por sí mismos las autorizaciones ante la Secretaría de la Defensa Nacional. La mediación no es explicable, salvo para efectos de control de los cuerpos policiacos, función propia de cada entidad en el ámbito de su competencia.
Por lo tanto, creo que esta intermediación de la Secretaría de Gobernación debiera cambiarse en el caso de las licencias colectivas. A nuestro juicio debiera agregarse un párrafo final que establezca la obligación de las personas morales a las que se otorga la licencia colectiva, para acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos antes de entregar el arma a su personal y, sobre todo, capacitar al personal.
Resulta que para otorgar esta licencia no se pide algo que es fundamental: que el individuo sepa manejar el arma; no hay esta especificidad, es como si fuera uno a solicitar licencia de manejo y no supiera conducir un auto.
Igualmente, tampoco se establece en la ley algo que discutimos en el trabajo de comisiones, la necesidad también de que hubiera una especie de seguro para quien porta el arma, porque puede a nivel individual o colectivo ejercer un uso indebido del arma y debiera haber una forma de establecer un cierto seguro para que puedan ser cubiertos los daños que ocasionara un uso indebido del arma.
Entonces, nosotros vemos que este artículo 26, repito, deja muy laxos, deja muy discrecional y pensamos que debiera modificarse. Sin embargo, repito, la colegisladora no nos dio esa oportunidad y un poco estamos nada más aquí debatiendo para el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Gracias, señor Presidente, con su permiso:
Me he permitido apartar el artículo 26, ya también la argumentación prácticamente la ha dicho el diputado Cuauhtémoc Sandoval y es muy sencillo, el artículo 26 establece los requisitos para otorgar licencias particulares para la portación de armas y que sean individuales para personas físicas o colectivas para las morales y entonces viene la lista de requisitos en los que se establece la normatividad para poder obtener esta licencia de portación de armas.
Pues bien, yo propongo que se agregue un inciso g, que de manera muy sencilla diga textualmente lo siguiente: "acreditar la pericia y conocimientos necesarios para el manejo de armas. La Secretaría de la Defensa Nacional se hará cargo de proporcionar los cursos suficientes a las personas que los soliciten, al menos en una instalación militar, por entidad".
Este es el breve párrafo que yo propongo que se agregue en el artículo 26 como inciso g.
Aquí lo entrego, señor Presidente a la Secretaría, para que pueda ser considerado en la votación respectiva.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene la palabra el diputado Mario de la Torre Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Mario de la Torre Hernández:
Señor Presidente; señoras y señores diputados; honorables curules:
El Estado reconoce como origen la violencia entre los hombres en su estado natural que llevó a la consideración de que para poder sobrevivir y vivir en comunidad habría que encontrar un ente público que asumiera el monopolio de la violencia de manera continua, permanente y autolimitada por la ley.
Así nació el Estado y la única coacción para que se cumpla el fin del derecho. La base fundamental de la convivencia en toda sociedad es el estado de derecho, que aparte del principio de que todos deben someterse a la ley. Es así como se garantiza la seguridad jurídica de una nación, de sus ciudadanos, porque se prevé la supervivencia armónica de la comunidad. Está es el espíritu de esta iniciativa del presidente Zedillo.
En los tiempos difíciles de nuestro país la convivencia se manifiesta de manera forzada y violenta, la criminalidad, según la estadística aquí puntualizada por el diputado Sosamontes, demuestra que la criminalidad sigue subiendo. Todos los días por los medios de comunicación nos enteramos del alarmante indicador de una delincuencia que no sólo aumenta sino que se organiza y se arma. Nuestras leyes deben acomodarse y responder a una realidad siempre cambiante en el marco de una reforma estructural.
A pesar de que el Estado se esfuerza en cumplir con sus fines y atribuciones y ha formado en sus tres niveles de Gobierno cuerpos policiacos cada vez más capacitados y organizados, hemos visto que los actos que tienen relación con la delincuencia organizada, armas de fuego y toda clase de delitos, han crecido en forma alarmante.
La preocupación por el bienestar debe involucrar a toda la comunidad.
El artículo 10 constitucional establece: "los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley y las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas".
El artículo establece la garantía individual de posesión de las armas y por otro lado establece la facultad discrecional a la autoridad para autorizar la portación de las mismas.
El artículo 17 constitucional establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por su propia mano ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
El gran mérito de esta iniciativa que analizamos estriba en que sabe equilibrar el derecho del ciudadano a poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa con interés social, para que una comunidad mantenga la seguridad de que la violencia no será la razón para reclamar el derecho, sino que el Estado a través del Poder Judicial interprete la ley, a través del Ejecutivo la ejecute y coactivamente si fuese necesario y a través del Legislativo como hoy, emita normas jurídicas generales que establezcan el marco para mantener el valor supremo de la seguridad jurídica.
En el caso de la aportación de armas, el otorgamiento de este derecho público también resalta las obligaciones de mayor responsabilidad ya que el permiso para portar armas no debe implicar peligro para la comunidad, sino crear circunstancias que propicien mayor tranquilidad.
Ya dijimos que posesión es una garantía individual pero que el artículo 10 no considera la portación de armas como garantía individual con rango constitucional sino como un derecho público subjetivo ya que ese acto lo sujeta el arbitrio de la autoridad, sujeción que elimina toda posibilidad puesto que éste no puede concebirse sin la obligación correlativa de la autoridad, la cual no la tienen los órganos del Estado en lo que a la aportación se refiere.
Sin embargo, si tal obligación no surge del artículo 10 constitucional, sí se consigna en la Ley Federal cuyas reformas y adiciones que hoy proponemos sí obligan a las autoridades competentes a expedir licencias a los particulares para la portación cuando el interesado satisfaga los requisitos que ya se mencionaron. Por eso, con todo respeto para mi compañero que me antecedió, no podemos estar de acuerdo con que se estableciera un requisito como el acreditar la pericia y conocimientos necesarios para el manejo de las armas ya que éste se acredita plenamente al cumplir con el requisito fijado en el artículo 26 fracción I, inciso b, que dice: "haber cumplido los obligados con el servicio militar nacional".
Es lógico que los que han cumplido con el servicio militar nacional fueron adiestrados en la disciplina militar y en el manejo de las armas y de paso este inciso supone también cumplido el requisito de la mayoría de edad que no se menciona en el texto.
Razonar de otra manera sería para llegar a la hipótesis de que la Secretaría de la Defensa Nacional instrúyese a personas que no son miembros de las fuerzas armadas y esta Secretaría cumple con sus fines instruyendo a sus miembros en la organización, disciplina y manejo de las armas y como siempre inculcándoles la lealtad a las instituciones y el honor militar.
Por eso resalta el balance entre la obligación estatal de garantizar el orden y la necesidad individual de portar armas para la seguridad personal y este balance se resuelve a través de una legislación con energía, con precisión y sobre todo con prudencia.
Los argumentos aquí expuestos en torno al procedimiento de las colegisladoras, en torno a los trámites de comisión serían atendibles si el objeto de debate fuera la Ley Orgánica del Congreso y el reglamento; tiempo y oportunidad tendremos para en su momento debatir sobre estos argumentos que respetamos escrupulosamente.
También agradecemos cumplidamente a los compañeros de otros partidos, que se nutran y abreven en la sabiduría política de un priísta como Ruiz Massieu. Esto es lo que se busca, que no se fomente el pistolerismo, que no se fomente el caciquismo, que si bien portar armas es un derecho, el Estado exige mayor responsabilidad a quienes están armados, que no se trata de que todos nos hagamos justicia por nosotros y de ejercer violencia para reclamar un derecho, pero también se trata de que quien acredite la necesidad de la aportación y demuestre su actitud legal, física, mental, moral y social pueda hacerlo estrictamente para su seguridad personal y legítima defensa.
El crimen organizado, el hampa se organiza rápidamente y con mejores armas aún que las del Gobierno. El Estado debe cumplir con sus fines y en el marco legal nuevo, debe facilitar a la ciudadanía que trabaja, que produce, su derecho a proteger su integridad personal, éste es el justo medio que la ley busca, éste es el equilibrio entre el derecho del gobernado y las atribuciones del Estado, que permitirá fortalecer la paz y la tranquilidad pública necesarias para el desarrollo de nuestro país, para que la armonía social sea la base de la reactivación económica.
La seguridad pública, la personal, el esfuerzo por fortalecer las instituciones, es y debe ser esfuerzo de todos.
La delincuencia no doblegará a nuestra comunidad, Gobierno y sociedad enfrentarán este desafío. Actuemos juntos, aprobemos la ley, hagámoslo ya.
Gracias.
El Presidente:
En relación a los artículos 32 y 78, tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, queremos reiterar nuestra inconformidad por la manera en que la Cámara de origen, esto es la Cámara de Senadores, discutió en comisiones y en el pleno la iniciativa de reformas, de modificaciones, de adiciones y de derogaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y que no nos parece suficiente el hecho de que se diga que en su momento lo debatiremos cuando se revise la Ley Orgánica del Congreso General.
Es necesario reiterar aquí que efectivamente sí se requiere una revisión al régimen jurídico que regula el funcionamiento del Congreso de la Unión y esto implica también, a mi juicio, las disposiciones que contiene el artículo 72, incisos d y e de la Constitución General de la República, donde expresa la diferencia de la función de una cámara de origen y una cámara revisora.
Evidentemente que si el texto constitucional fuera más flexible, todas las recomendaciones que hicieron compañeros diputados de los partidos de oposición y algunos del Partido Revolucionario Institucional en la Comisión de la Defensa Nacional, si no fuera por esta rigidez, insisto, de Cámara revisora, me parece que el debate tendría en este momento otro rumbo, fundamentalmente en lo que se refiere a los artículos 26, 32, 78 y 79, que reservamos estos partidos de oposición.
La Cámara de Senadores, la mayoría en las comisiones unidas que trabajaron al respecto, no recogieron recomendaciones que eran fundamentales y por la rigidez de nuestro sistema parlamentario, nosotros aquí no le podemos hacer ningún cambio a esta minuta que nos llegó del Senado.
Por eso es importante lo que hemos estado mencionando todos los opositores que hemos hecho uso de la tribuna, de la necesidad de recalcar esta falta de atención de la colegisladora en su función de Cámara de origen y lo quiero yo también volver a señalar, porque esto tiene que ser revisado por nosotros, compañeras y compañeros diputados.
Precisamente por eso creo yo que nosotros los diputados del Partido de la Revolución Democrática estamos discutiendo en lo particular artículos que nos parece por su gravedad en la redacción, que no podemos votar a favor de ellos y que por lo mismo tenemos que hacer propuestas alternativas para que quede también efectivamente, como lo dijo el diputado Cuauhtémoc Sandoval, cuando menos asentado en el Diario de los Debates, de por qué estamos en contra de la redacción de estos artículos como los mando la Cámara de Senadores y que ya aquí, desgraciadamente, no se les puede hacer ningún cambio por esa rigidez constitucional, que deberá de revisarse en su momento.
El artículo 32 y el artículo 78 que a mí me tocó traer a discusión, a debate en esta tribuna, contiene disposiciones que si no fuera, insisto, por esta rigidez que obliga a la mayoría priísta a no aceptar ningún cambio por el funcionamiento del artículo 72 constitucional, del famoso peloteo entre cámaras, hay las disposiciones del artículo 32 que creo yo que serían perfectamente atendibles las propuestas que hicimos en la reunión de comisiones unidas y de las propuesta que hicimos en el artículo 78 en esa misma sesión de comisiones unidas, porque nos parece que son de elemental lógica jurídica.
El artículo 26 que aquí se ha discutido en los supuestos de cuando conceder la portación de armas a personas morales y a personas individuales, establece en su último párrafo un punto que no fue tratado por los compañeros, pero que está relacionado con lo que yo voy a debatir sobre el artículo 32.
Dice el último párrafo del artículo 26 lo siguiente: "Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, los titulares de las licencias, los titulares de las licencias colectivas expedirán, expedirán, credenciales foliadas de identificación personal, que contendrán los datos de la licencia colectiva y que se renovarán semestralmente".
Esta redacción a mi juicio es impecable, es en el sentido positivo que tiene esta iniciativa y que si se hubieran atendido las recomendaciones que hicimos a la colegisladora o que tuviéramos otro sistema o que hubiera la voluntad política, podrían corregirse errores como consecuencia de esta disposición clara, diáfana y además positiva.
El artículo 72, en su segundo párrafo, que es la reforma que sufre, la adición que sufre dicho artículo, señala lo siguiente: "A la Secretaría de Gobernación también corresponde la suspensión y cancelación de las credenciales de identificación, la suspensión y cancelación de las credenciales de identificación, que expidan los responsables de las instituciones policiales al amparo de una licencia colectiva oficial de la portación de armas y que se asimilan a las licencias individuales".
Significa esto que la disposición del artículo 26 es que ahora en las licencias colectivas tendrá la autoridad responsable en materia de seguridad pública, que extenderle una credencial de identificación a los miembros de esa corporación, que se les extiende la licencia colectiva. Ellos necesitarán ahora, lo cual es correcto, una credencial que los identifique, donde esté el número de folio en relación a la licencia colectiva que se expidió y además señala correctamente que ésta es una atribución propia de la Secretaría de Gobernación.
Pero también en el artículo 26 se establece que corresponderá a los titulares de esas dependencias de seguridad pública extender esas credenciales, expedirlas, que son casi una especie de licencia individual, como lo dice el artículo 32, pero no son licencias individuales, ésa es la diferencia, primero.
Y segundo, son credenciales de identificación que expide el responsable de ese cuerpo de seguridad pública, por esa institución de seguridad pública. ¿Por qué entonces se pone este párrafo en el artículo 32, sobre el mal uso que supongo que pueden hacer esas personas que tienen la licencia colectiva individualizada en una credencial? ¿Por qué debe de ser la Secretaría de Gobernación la que las suspenda o las cancele, si esto tiene que ver con el mal uso que haya hecho el subordinado en esa dependencia respectiva.
Entonces nos parece que es un exceso innecesario y por lo tanto nosotros estamos proponiendo y aquí voy a dejarlo a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que este párrafo sea derogado, porque se entiende perfectamente y además hay disposiciones secundarias en ese sentido, de que las autoridades responsables de la seguridad pública también son responsables de los subordinados que actúan en esta función y si alguno de ellos hace mal uso del arma que trae en virtud de esta credencial que se le expide por la licencia colectiva que la origina, corresponderá a esa propia autoridad entonces resolver si le suspende o le cancela dicha credencial y no debe de ser una atribución de la Secretaría de Gobernación, porque aparte del tamaño de la Secretaría y de las funciones tan amplias que tiene, esto significaría meterse a casos concretos de Veracruz o de Michoacán o de Yucatán, sobre un asunto que además es competencia de la soberanía de la autoridad respectiva municipal o local de esa entidad.
Por eso nos parece que esto es un exceso y que perfectamente podía haber sido derogada si otra voluntad política existiera para mejorar esta iniciativa de reformas, adiciones y de derogación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
No leo el artículo 32, sólo señalo que estamos solicitando, nuestra propuesta es que se derogue dicho párrafo segundo del artículo 32.
Ahora bien, en relación al artículo 78, que también nos lo reservamos, vale todo el alegato que hemos dado sobre la rigidez de la función de la Cámara revisora, por lo dispuesto en el artículo 72, incisos D y E, pero además también, a mi juicio, aquí hacía falta voluntad política para regresarla al Senado, porque en este caso para mí sí es grave.
La redacción actual como la va a aprobar la mayoría priísta me parece que deja una redacción que atenta contra las garantías de seguridad jurídica y de legalidad que establece el artículo 14 y 16 de la Constitución. La redacción que propone la mayoría en la minuta, la Cámara de Senadores en la minuta y la mayoría en el dictamen que estamos debatiendo, dice:
Artículo 78. La Secretaría de la Defensa Nacional, así como las demás autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, que desempeñen funciones de seguridad, recogerán las armas, previa expedición obligatoria del recibo correspondiente, a todas aquellas personas que las porten sin licencia, sin llevar ésta consigo o -éste es el caso- a quienes teniéndola hayan hecho mal uso de las armas.
¿Por qué atenta contra los principios de seguridad jurídica y de legalidad esta redacción, esta mala, desafortunada redacción de "hayan hecho mal uso de las armas".
Este artículo prevé dos posibilidades anteriores que son correctas. Se le debe de decomisar un arma de las de uso exclusivo a cualquier ciudadano que la porte sin tener la licencia respectiva, esto es correcto porque además está cometiendo un hecho delictuoso. Pero además también a quienes la porten y no puedan acreditar que tienen efectivamente la licencia de portación del arma respectiva, lo cual también es correcto, porque eso es una negligencia individual de un instrumento que la sociedad, que los mexicanos vemos con bastante recelo que son las armas de fuego.
Sin embargo, los otros supuestos por los que a mi juicio, dentro de una técnica jurídica apropiada, podrían recogérsele las armas a ciudadanos o a cualquier persona en nuestro país, tienen que ver con dos supuestos que claramente y jurídicamente podemos precisar, yo no veo ningún otro caso, eso del mal uso de las armas.
¿Cuáles serían esos dos casos? La infracción administrativa como escandalizar en la vía pública portando el arma o como disparar el arma de fuego al aire. Esas serían infracciones administrativas que, por cierto, son de mayor gravedad que el simple hecho de no traer la licencia en el momento en que alguna autoridad de seguridad pública revise la portación de armas.
Esos casos serían las infracciones administrativas que podría cometer un ciudadano y por las cuales es correcto que le sea recogida el arma respectiva.
Y el otro supuesto evidentemente que no teniendo licencia; y el otro supuesto que también para mí puede recoger esta mala redacción de mal uso de las armas, el otro supuesto que se puede dar en la realidad son los hechos delictuosos cometidos con arma de fuego.
Infracción administrativa con arma de fuego o hecho delictuoso con arma de fuego, invariablemente la autoridad debe de recoger, debe de decomisar este instrumento u objeto del delito, debe de hacerse de inmediato.
Esos son los dos supuestos que caben en esta redacción desafortunada: hayan hecho mal uso de las armas.
Nosotros estamos proponiendo que la redacción diga, en el artículo 78: "...o a quienes teniéndola hayan cometido infracción administrativa o un hecho delictuoso con el arma". Con esto evitamos lo que para mí es clara violación a los principios de seguridad jurídica y legalidad porque, como ustedes saben, estos principios de seguridad jurídica y legalidad, exigen, exigen la exacta aplicación de la ley al hecho concreto y exigen también que para que una persona sufra molestia en sus bienes o posesiones o de su familia, se requiere una orden escrita por autoridad competente de acuerdo a la ley vigente aplicable al caso.
Evidentemente que esto no ocurriría o no va a ocurrir, más bien, con la aprobación que se haga de esta redacción como nos están presentando el dictamen la mayoría priísta en las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional.
Para nosotros el principio de seguridad jurídica y legalidad establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales son dogma y debemos de seguirlos al pie de la letra.
Por eso, por esas disposiciones en los artículos 14 y 16 constitucionales existe una figura importante en este país que es el juicio de amparo y por esas disposiciones de los principios de seguridad jurídica y de legalidad en este país que acaba de modificar la Constitución, para que prospere cuando alguien considere que una ley es inconstitucional.
Son principios que insisto son de la dogmática jurídica de nuestra Constitución, de las garantías individuales inviolables que los ciudadanos deben de tener en México.
Por eso para nosotros esta redacción se presta, como ya lo dijeron y no es mi tema, en relación a la redacción del artículo 26 de esta misma reforma que estamos debatiendo.
Por ello nosotros, los diputados del partido de la Revolución Democrática, presentamos estas dos proposiciones, una para derogar el párrafo último del artículo 32 del dictamen y otro para modificar la redacción del párrafo primero del artículo 78 de este dictamen que se está discutiendo. E hicimos un agregado, que está en el párrafo segundo de este artículo 78 que lo digo rápidamente:
El artículo 78 como se está proponiendo, establece en su párrafo segundo que se le devuelva el arma, previa exhibición de la licencia a quien se le haya recogido, porque no la aportaba en el momento, más el pago de la multa respectiva, me parece que esta disposición debería también extenderse para quien le sea recogida el arma por mal uso, por infracción administrativa. Obviamente que la multa tendría que ser de un monto distinto, por la gravedad de la infracción administrativa, que es distinta a la negligencia personal de no traer en su momento la licencia, cuando anda portando el arma que tiene acreditada.
Por eso también al párrafo segundo nosotros le hacemos una adición y proponemos lo siguiente: el artículo 78 dice así, como está en la minuta aprobada por la mayoría: "El arma recogida por no llevar el interesado la licencia será devuelta previo pago de 10 días multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la licencia será de 15 días".
Nosotros estamos corrigiendo una omisión, porque no se señala en el mal uso del arma, que también si no es delito pueda ser regresada al particular. Obviamente si tiene licencia que es el caso, porque alguien puede cometer un mal uso del arma, una infracción administrativa aun teniendo la licencia individual respectiva.
La redacción que proponemos es la siguiente: "El arma recogida por no llevar el interesado la licencia o por falta administrativa, será devuelta previo pago de 10 días multa y la exhibición de la licencia en el primer caso o de la multa proporcional, según la gravedad de la infracción administrativa en el segundo y el plazo para exhibir la licencia será de 15 días".
Estas son las propuestas, compañeras y compañeros diputados, que hacemos nosotros de derogación del artículo 32 en su párrafo último o de modificación en los párrafos primero y segundo del artículo 78.
Por este motivo, si no son modificados dichos artículos nosotros votaremos en contra en lo particular. Por su atención muchas gracias y dejo aquí en la Secretaría este documento.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Salvador Mikel Rivera, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Salvador Mikel Rivera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Indudablemente que esta iniciativa de reformas a la Ley de Armas y Explosivos es una iniciativa que de alguna manera ha generado consenso en general, porque sentimos y en eso coincidimos todos, que de alguna manera contribuye a crear un ambiente más propicio para fortalecer un clima de seguridad pública en beneficio de todos los ciudadanos.
Y aquí el compañero diputado Leonel Godoy hace tres planteamientos que a juicio de nosotros no solamente parten de buena fe sino que en sentido estricto no se contraponen al texto de lo que está aquí plasmado en la iniciativa, sino que el propósito que lo anima es hacerlo más explícito, hacerlo más a detalle y comentaría por qué.
En el primer caso, creo que todos coincidimos aquí en la Cámara, todos los diputados, creo que de todas las fracciones y ya se está trabajando en este sentido, en la necesidad imperiosa que hay de revisar tanto todas las normas y las reglas que regulan la vida interna y el funcionamiento de esta Cámara y del Congreso, a efecto de establecer procedimientos de trabajo más modernos que permitan un manejo más ágil y que las rigideces que hoy están establecidas en las normas impidan, a veces, que este Congreso pueda actuar con la rapidez que se requiere, con la oportunidad que se requiere y en muchos casos a veces esta premura por dotar de normas a ciertas actividades por regularlas, por evitar que se creen vacíos, hace que a veces resulten muy rígidas estas normas. Creo que en eso coincidimos, pero como él lo señalaba aquí, será otro debate que se dará en otro momento y que tendrá que integrar una serie de inquietudes de todas las fracciones, de tal suerte que podamos tener un conjunto de normas y de reglas adecuadas a un parlamento moderno y a una vida más intensa de los partidos políticos en el propio Congreso mexicano.
Luego por lo que hace al artículo 32, yo quisiera comentar que pues en nada se opone, insisto, creo que el espíritu es hacerlo más explícito. En el caso del artículo 26 de la propia iniciativa, en el inciso b, fracción B, dice: "La Secretaría de Gobernación será el conducto para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional la expedición de licencia colectiva a las instituciones policiales" y de alguna manera coincide con la fracción que aquí se comentaba, el segundo párrafo del artículo 32, creo que el principio es un principio de control, del control del manejo de estos permisos que creo que ha sido la gran preocupación que aquí mismo se ha externado, de que esto vaya a convertirse en una especie de proceso de pistolización o que haga más fácil el obtener permisos para portar arma etcétera y que esto nos vaya a generar un problema mayor.
Creo que el propósito es claro, es que la propia Secretaría, que es la encargada de hacer los trámites ante la Secretaría de la Defensa, también tenga el control de aquellos permisos individuales que queden sin efecto para que podamos tener un solo sistema de información que nos ayude a tener mejor control y evitar la pistolización.
En el artículo 78 creo que indudablemente la propuesta del diputado Leonel Godoy, insisto, el mismo caso del 32, tendería a hacer un tanto más explícito el artículo, pero de ninguna manera creemos que viole el principio de seguridad jurídica porque él mismo señaló en su propia exposición los supuestos bajo los cuales procedería el retiro de un arma y en este caso, tal y como está redactado en la ley, pues prácticamente se queda en los efectos totalmente administrativos, no prejuzga sobre la posibilidad de que este mal uso del arma o este manejo indebido del arma, constituye un delito porque ahí inmediatamente la propia autoridad administrativa, la propia autoridad judicial tendrá que ponerlo a disposición de la autoridad competente, que será quien determinará la procedencia o no de turnarlo ante la autoridad jurisdiccional y en su caso juzgarlo por los delitos que procedan de acuerdo a la ley, como él perfectamente lo señala.
Estos serían los comentarios generales hacia las propuestas del compañero Leonel Godoy y del PRD, que sentimos que no modifican el sentido general de la ley, que seguramente lo enriquecerían, pero ante estas limitaciones que tenemos lo procedente es pedir que el Estado tenga a su disposición estos cuerpos normativos a efecto de tener un sistema más integrado para contar con un sistema de seguridad pública que permita actuar con un sentido preventivo y garantizar así una mejor seguridad de la población, de la ciudadanía.
Muchas gracias.
El Presidente:
Señor diputado, el diputado Godoy pregunta si acepta una pregunta.
El diputado Salvador Mikel Rivera:
Sí acepto.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):
Nada más, señor diputado, porque es importante la interpretación que ustedes vayan a dar, fundamentalmente al artículo 78, párrafo 10. sobre la propuesta de modificación que nosotros hacemos al dictamen que se está debatiendo. Ahí utiliza el término "hacer mal uso de las armas", la propuesta del PRD es que se sustituya esa redacción por la de: "infracción administrativa o hecho delictuoso", que son los dos supuestos que a mi juicio son las posibilidades en la realidad, de que pueda hacerse mal uso de las armas. Es sólo esos dos supuestos de acuerdo a nuestro régimen constitucional.
La pregunta sería señor diputado, ya que usted está hablando a nombre de la diputación mayoritaria, si está usted de acuerdo, para que conste esto en el Diario de los Debates, que son esas dos posibilidades y no ninguna otra. No sé, como por ejemplo la simple decisión de cualquiera de estas autoridades que discrecionalmente diga que está haciendo mal uso del arma en virtud de que la trae en la cajuela o en la guantera o qué sé yo, y que no esté precisa jurídicamente la infracción administrativa o el hecho delictuoso, que es lo que señala nuestro régimen constitucional.
Esa sería la pregunta, si usted estaría de acuerdo en que sólo pudieran caber estas dos interpretaciones a esa redacción que queda.
El diputado Salvador Mikel Rivera:
En lo general coincidimos en que esas serían las dos posibilidades amplias de interpretación y que lo que hace el artículo como está redactado, es que lo trata, lo plantea en un sentido muy amplio. Pero coincido en lo general.
El Presidente:
Para referirse en una sola intervención a los artículos 26, 78 y 79, se le concede el uso de la palabra al diputado Sergio Teodoro Meza López, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional.
El diputado Sergio Teodoro Meza López:
A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, expondré a continuación propuestas de modificación a los artículos 26, 78 y 79 que de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos proponen la Comisión de la Defensa Nacional y de Justicia.
Creo pertinente, antes de entrar en materia sobre estas proposiciones, hacer el mismo señalamiento que hicieron anteriormente algunos diputados en el sentido de que es realmente lamentable la situación de que cuando la Cámara de Diputados es Cámara revisora, es casi imposible hacer alguna modificación de algún dictamen, aunque éstos realmente enriquezcan la iniciativa a estudio.
Ustedes saben, señores diputados, la idea que tiene mucha de la población mexicana sobre la Cámara de Diputados y desafortunadamente en algunos o en muchos casos, tienen razón de pensar mal. La situación de que como Cámara revisora aprobemos automáticamente sin ninguna enmienda lo que venga del Senado, eso provoca que muchas personas se pregunten: ¿Para qué sirven dos cámaras en el Congreso? Los invito a reflexionar en ese punto. Es mucho el trabajo que debemos de hacer en lo personal, para dignificar el trabajo propio de los diputados y para dignificar el trabajo propio de esta Cámara. Somos mexicanos que tenemos una responsabilidad, una responsabilidad que nos obliga a deliberar y ese deliberar no consiste en venir y aprobar automáticamente iniciativas que vengan del Senado o que vengan del Ejecutivo, sino que nos obliga a deliberar sobre las iniciativas que aquí se presenten, con toda seriedad y con todos los conocimientos que tengamos.
Señores diputados: lamentablemente, en el caso que nos ocupa, es un ejemplo más de que aun cuando los diputados traten de aportar modificaciones a la iniciativaestudio y que esas modificaciones son benéficas, las hacemos a un lado porque únicamente estamos haciendo el papel triste, de refrendar lo que ya se aprobó en la Cámara de Senadores, siendo que es nuestra obligación servir el filtro necesario que inteligente y sabiamente marca nuestra Constitución.
La propuesta del artículo trata de la expedición de licencias individuales a particulares. Considerando que aquéllas autorizan la posesión y en su caso, portación de armas de fuego y dada su naturaleza y peligrosidad, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera necesaria una legislación prudente en la materia y asegurar en lo posible y en la letra de la ley, que las licencias se expidan sólo a personas suficientemente aptas para ello. En esta intención de aportar un mínimo de seguridad al expedir una licencia y acorde con el espíritu federalista del artículo 3o. de la propia ley que favorece la coordinación entre diversos órganos de Gobierno, proponemos que los ayuntamientos o delegaciones, en el caso del Distrito Federal, participen como aval de las personas físicas que soliciten la licencia para poseer o portar armas.
El fundamento de la propuesta estriba en el hecho de que la autoridad municipal, primera responsable de preservar el orden y tranquilidad públicos, tiene a su alcance mejores fuentes de información que le permitan valorar la calidad de conducta de un individuo que solicita la licencia, toda vez que tiene cotidiano contacto con la comunidad y sus instituciones, circunstancia que no se presenta para las autoridades militares. Por la misma razón, es de esperarse que la autoridad municipal o delegación, en el caso del Distrito Federal, se preocupe en contribuir con la autoridad militar a lograr un adecuado control del uso y posesión de armas de fuego entre los particulares, por lo que esta medida, lejos de representar un riesgo, constituye un apoyo a la Secretaría de la Defensa, en el ejercicio de la facultad que la ley le otorgue para expedir licencias.
Es pertinente señalar que el aval de la autoridad municipal o delegacional, es sólo una opinión favorable al solicitante. De ninguna manera autoriza el uso y portación de armas de fuego y no obliga a la autoridad militar a expedir una licencia.
Pero por otro lado, sí queda establecido el requisito previo de que para hacerse acreedor a una licencia, una persona física, ésta debe contar con la opinión favorable del ayuntamiento correspondiente o delegación para el caso de los habitantes del Distrito Federal.
Ahora bien, para evitar que cualquier tipo de caciquismos que existan pueda aprovecharse desde la autoridad de esta situación susceptible de darse en municipios de poca población, el aval será requerido solo cuando el municipio tenga una población superior a los 50 mil habitantes.
Esta adición, basada en el principio de coordinación entre dos ordenes de Gobierno, contribuye a evitar el riesgo de una desproporcionada discrecionalidad de la autoridad facultada por la ley para expedir licencias y privilegia el propósito de eficiencia y control en la expedición de dichas licencias.
En última instancia, limita, bajo la injerencia de la autoridad local, la posesión de armas a los particulares en forma individual, lo que representa una ventaja en tanto que disminuye el riesgo de que prolifere la portación de armas en forma ilegal.
Bajo estos argumentos se propone modificar el texto del artículo 26 adicionando en el primer párrafo el vocablo "solo"; y se propone además dos incisos a la fracción I, para quedar como sigue:
"Las licencias particulares para la portación de armas serán individuales para las personas físicas o colectivas, para las personas morales y sólo podrán expedirse cuando se cumplan los siguientes requisitos:
e) Acreditar que tiene la instrucción necesaria para el adecuado manejo de la o las armas por las que solicita licencia.
f) En el caso de los solicitantes en los municipios de las entidades federativas y delegaciones del Distrito Federal, con población superior a los 50 mil habitantes, contar con la opinión favorable y por escrito del ayuntamiento o de la delegación correspondiente.
Propuestas al artículo 78. En el párrafo segundo se prevé el pago de 10 díasmulta para las infracciones referidas; sin embargo, los términos de la redacción se prestan a confusión respecto de la cantidad equivalente al díamulta. Consecuentemente y teniendo en cuenta la hermenéutica fiscal a ese respecto, proponemos que se suplan los términos "díasmulta" por los de "días de salario mínimo general vigente."
El texto del artículo establece plazos de 15 días para la exhibición de la licencia; sin embargo, no fija la naturaleza de los días naturales o hábiles y tampoco determina la consecuencia de la no exhibición de la licencia dentro del plazo concedido.
Tomando en cuenta las observaciones anteriores, el texto del artículo quedaría como sigue:
"El arma recogida, por no llevar el interesado la licencia, será devuelta, previo pago de multa equivalente a 10 días de salario mínimo vigente, correspondiente al momento y lugar de la infracción y exhibiendo la licencia."
Otro párrafo: "el plazo para exhibir la licencia será de 15 días hábiles, contados a partir del momento del aseguramiento del arma. De no ser así, el arma será incautada definitivamente y cancelada la respectiva licencia".
Pasamos a las propuestas al artículo 79. Para cubrir un vacío de la ley relacionada con el destino de las armas aseguradas y para abrir la posibilidad de que éstas sirvan para proveer a las corporaciones policiacas con insuficiente armamento para el desempeño de sus funciones, se propone adicionar un párrafo a este artículo en los siguientes términos:
"La Secretaría de la Defensa Nacional deberá aclarar el destino de las armas aseguradas, destruyendo las inservibles y enajenando o asignando las servibles, dando preferencia en costo y acceso a las corporaciones policiacas que estén necesitadas de ellas."
Dejo estas propuestas a la Secretaría, para los efectos.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado José Francisco Lozada Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Francisco Lozada Chávez:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
La reforma a diversos artículos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que se somete hoy a la consideración de esta soberanía, es viable y acorde con el sistema nacional de seguridad pública, adecúa el contenido de la ley a la normatividad del sistema nacional, a partir de la reforma constitucional de noviembre de 1994 en materia de seguridad pública, así como de la ley que establece las bases de coordinación del sistema.
En el contenido de la reforma que se plantea en el dictamen, depende que la ley se cumpla, que los particulares se sujeten a la normatividad mediante requisitos bien determinados, en forma estricta, para la obtención de licencias para portación de armas, sin un ánimo de alentar la autodefensa, sino reglamentar y limitar el excesivo uso de armas que hoy día tanto preocupa a la sociedad mexicana.
Nuestra Carta Magna, en su artículo 10, establece el derecho de los habitantes de la República para poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, haciendo excepciones de las prohibidas por la ley federal y las reservadas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas. En su segundo párrafo, el artículo mencionado establece que la ley federal de la materia determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrán autorizar a los habitantes la portación de arma.
La iniciativa abre los espacios para el ejercicio de un derecho público subjetivo, consagrado en la Constitución y el necesario control y vigilancia que en un marco de legalidad debe ejercer el Estado dentro del ámbito de la constitucionalidad de la ley y las modificaciones que se proponen a esta soberanía. Respeta los ámbitos de libertad individual, de los derechos ciudadanos, de la función pública y de la competencia de niveles de Gobierno, respetando el sistema federal.
El argumento de que la reforma tuviera vicios de inconstitucionalidad, no es exacto, ya que la garantía consagrada en el artículo 10 constitucional está reglamentada por la ley de la materia y la competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional está sustentada en la misma Constitución como facultad del Poder Ejecutivo, así como la intervención de la Secretaría de Gobernación para establecer la coordinación con los gobiernos de los estados, para obtener la información necesaria para el cumplimiento de la ley.
Respecto al artículo 26, este precepto es enriquecido con nuevos requisitos, como es el de que el solicitante no sea adicto al consumo de drogas o enervantes y ratifica la facultad de la Secretaría de la Defensa Nacional para expedir la licencia y el solicitante deberá acreditar fehacientemente la naturaleza de su ocupación, las circunstancias del lugar de su residencia y además, debe acreditar otros motivos justificados para solicitar esta licencia, motivos que obviamente deberán incidir en la necesidad y en la calidad de la persona que solicite estos permisos.
Yo creo que si nosotros tuviéramos que agregar a este artículo el requisito de que el solicitante tuviera que estar capacitado para el uso de las armas, yo creo que al día siguiente se abrirían muchas escuelas de tiro y estarían llenas y repletas de solicitantes. Creo que la discrecionalidad que tiene el Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá tratarse con toda la seriedad en el cumplimiento de los requisitos en forma amplia, en cumplimiento de los requisitos en forma fehaciente.
Tampoco pudiéramos pensar que tuviera que agregarse alguna otra circunstancia de un aval de la autoridad municipal para el solicitante, esto implicaría que como hoy en día sucede, que la gran concentración de habitantes de la República se da en los grandes centros urbanos, en las grandes ciudades, en donde la autoridad municipal muy pocas veces tiene relación y contacto directo con cada uno de los ciudadanos, por el tamaño de las ciudades y esto haría también inviable esta posibilidad.
Respecto al artículo 78, se mencionaba que éste no señala un procedimiento para el aseguramiento de las armas. Yo creo que tampoco tendríamos que hacer aquí un código de procedimientos para que este aseguramiento se diera; este aseguramiento se da y se da de hecho todos los días, cuando alguien porta un arma y que no tiene la licencia en regla. Este procedimiento será que la autoridad tendrá que recoger esta arma y remitirla al Registro Federal de Armas, al de la Secretaría de la Defensa Nacional y todos los servidores públicos que realicen esta función tienen la obligación de entregar el arma a su superior jerárquico y éste comunicarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Existiendo también en el segundo párrafo, en el artículo 79 una obligación que se consagra en el sentido de que el servidor público se hará responsable de la comisión del delito de robo si no cumple con esta obligación y esto cotidianamente lo vemos y lo observamos todos los días cuando en muchos casos las armas están aseguradas y no son entregadas a su superior jerárquico, es por eso tan importante que este servidor público tenga que responder penalmente de esta omisión, porque esto propicia el mercado ilícito de armas lo que lleva al gran problema que hoy la sociedad mexicana reciente y que esta ley en sus bondades, en su redacción y en todo su contexto trata de que el índice de criminalidad alto que vivimos en el país sea abatido en forma considerable. Creo que las bondades de la ley son manifiestas y solicito a todos nuestros compañeros diputados su voto a favor.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos
El Presidente:
Esta soberanía autorizó la votación en un solo acto en lo general y en lo particular de este dictamen, por economía procesal. Se propone se incluya en la votación las proposiciones derivadas de los artículos reservados.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que la votación en un solo acto sea en lo general, en lo particular y de las proposiciones.
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se autoriza que las tres votaciones sean en un solo acto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza que las tres votaciones sean en un solo acto.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las proposiciones, en un solo acto.
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las proposiciones, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 382 votos en pro y un voto en contra.
En lo particular se emitieron 382 votos en pro y 34 votos en contra; y por las propuestas se emitieron 134 votos en pro y 282 votos en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 382 votos.
Aprobado en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El secretario Israel Reyes Ledezma Magaña:
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
REFORMA POLITICA DEL ESTADO
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
«Acuerdo suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios que concurren al Congreso de la Unión en el que se establecen los procedimientos del diálogo político nacional para la reforma democrática del Estado.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos representados en el Senado y en la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 73 fracción XXX y 77 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, 39, 42, 74, 76, 91, 93 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno el siguiente acuerdo
CONSIDERANDO
Primero. Que el futuro de México está invariablemente vinculado a nuestra capacidad de autotransformación y al impulso al cambio democrático nacional en la paz, el diálogo, la tolerancia y al reconocimiento de nuestra pluralidad cultural, social y política:
Segundo. Que la reanudación del diálogo entre las distintas fuerzas políticas del país, en el espíritu de los compromisos para el Acuerdo Político Nacional, suscrito en Los Pinos, exige que en el Congreso de la Unión, por voluntad de los diversos grupos parlamentarios, se cumpla con una agenda legislativa que anime e impulse la reforma democrática del Estado:
Tercero. Que es voluntad de los diversos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, establecer una eficaz coordinación que permita correspondencia entre los compromisos para el Acuerdo Político Nacional y los trabajos en el Congreso de la Unión:
Cuarto. Que la importancia de la reforma democrática del Estado, implica acuerdos políticos, cambios jurídicos e institucionales de diferente naturaleza que hacen necesaria la participación de los tres poderes de la Unión y en su caso, de los gobiernos y congresos estatales para que, en sus respectivos ámbitos, participen en el proceso de reformas, a través de una amplia interlocución con la sociedad:
Quinto. Que el futuro democrático y próspero de México ha de construirse con la participación de todos, para así alcanzar consensos amplios que expresen claramente los anhelos que la sociedad quiere lograr, a través de una verdadera y profunda reforma del Estado mexicano, suscriben el siguiente
ACUERDO
Primero. Los coordinadores de los grupos parlamentarios que concurren al Congreso de la Unión, o quienes éstos designen, participarán en la mesa central para la reforma política del Estado.
Segundo. En cada Cámara del Congreso de la Unión se creará una comisión plural integrada con dos legisladores por grupo parlamentario y sus respectivos suplentes, la cual determinará en cada caso y por consenso, la agenda temática, los procedimientos, tiempos, formatos de deliberación y acuerdos, para resolver los asuntos que les correspondan en materia de la reforma democrática del Estado.
La comisión plural que se integre para el Senado de la República se denominará comisión plural del Senado de la República, así como la que corresponda a la Cámara de Diputados se llamará comisión plural de la Cámara de Diputados.
Tercero. Tanto la comisión plural del Senado de la República como la de la Cámara de Diputados, se reunirán tantas veces como sea necesario para tomar los acuerdos que correspondan a la participación del Congreso de la Unión. A la reunión de ambas comisiones se denominará comisión plural del Congreso de la Unión.
Cuarto. La comisión plural del Congreso de la Unión tomará por consenso los acuerdos necesarios para desahogar el tratamiento de la agenda siguiente:
a) Equilibrio de poderes y fortalecimiento del Poder Legislativo:
b) Nuevo federalismo:
c) Derechos indígenas y regiones étnicas:
d) Seguridad y justicia:
e) Nueva relación del Gobierno con la sociedad:
f) Medios de comunicación:
g) Planeación democrática para el desarrollo.
Quinto. Conforme al acuerdo de la mesa central para la reforma del Estado, tendrán lugar en el Congreso de la Unión el tratamiento de los temas económico y social.
Sexto. En lo que toca al tema del fortalecimiento del Poder Legislativo, cada una de las cámaras del Congreso, continuará la revisión de su conjunto normativo, a través de sus comisiones correspondientes.
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de cada Cámara, proseguirán los trabajos de análisis de la Constitución, la revisión de la Ley Orgánica del Congreso General y del proceso de reformas del orden reglamentario. En aquellos aspectos que tengan que ver con el Congreso de la Unión en su conjunto, dichas comisiones trabajarán en conferencia para llegar a acuerdos y propuestas comunes.
Séptimo. La comisión plural del Senado de la República y la de la Cámara de Diputados, respectivamente, designarán, en su caso, a los representantes que concurrirán a los foros, audiencias y reuniones en los que tendrán lugar los debates sobre los distintos temas de la reforma democrática del Estado.
Octavo. Las iniciativas pendientes de dictamen en las cámaras y que tengan relación con los temas antes determinados, serán examinadas al tratarse cada uno de los mismos.
Noveno. El desahogo de los asuntos correspondientes al acuerdo sobre iniciativas y reformas legislativas se realizaría a partir del periodo de sesiones ordinarias que inicia el 16 de marzo de 1996.
Décimo. Se invitará a los gobiernos de los estados de la Federación para que, con pleno respeto al pacto federal, hagan llegar sus opiniones y propuestas para enriquecer el proceso de reforma en los temas tratados por el Congreso de la Unión.
Decimoprimero. La comisión plural del Congreso podrá determinar la celebración de foros o audiencias sobre los temas de la reforma democrática del Estado.
Decimosegundo. De acuerdo con la frecuencia que lo determine cada una de las comisiones, se reunirá con los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara respectiva, para informarles acerca del desarrollo de los trabajos y de los acuerdos que se han logrado. Asimismo, en su caso, podrán reunirse ambas comisiones con todos los coordinadores parlamentarios del Congreso.
Decimotercero. Periódicamente, la comisión plural del Senado de la República y la de la Cámara de Diputados informarán al pleno de su Cámara acerca del avance de los trabajos y de los acuerdos alcanzados y durante los recesos lo harán a la Comisión Permanente.
Decimocuarto. Para desahogar la carga legislativa de la reforma democrática del Estado, el Congreso de la Unión recibirá las iniciativas que, en su caso, presenten el Presidente de la República, los diputados y senadores y las legislaturas de los estados, estableciendo oportunamente la agenda legislativa en las comisiones del Congreso.
Decimoquinto. El presente acuerdo será sometido a la aprobación del pleno de cada una de las cámaras, tan pronto sea suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión.
El Presidente:
Para referirse a este asunto, han solicitado el uso de la palabra los diputados: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo; Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional y Jorge Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para el Partido del Trabajo es de gran importancia que en esta Cámara se aprueben en el ámbito de su competencia, los procedimientos para llevar a cabo el diálogo político nacional para la reforma democrática del Estado, sobre todo después del reconocimiento expreso de todas las fuerzas políticas y sociales, de la urgente necesidad de su realización y de que en el pasado diversos hechos entorpecieron su ejecución.
El compromiso que hoy asumimos en esta soberanía, es un aliciente, pues a través de él se puede garantizar el establecimiento de un nuevo pacto social que nos permita enfrentar a los mexicanos el evidente deterioro del sistema político y generar certidumbre y confianza entre toda la sociedad mexicana para superar la crisis económica y social que hoy vivimos.
Este diálogo político nacional lo hemos promovido los partidos políticos, el Gobierno y diversas fuerzas políticas y organizaciones ciudadanas, convencidos de la necesidad de que exista una verdadera democracia en México y que ésta sea condición para garantizar la paz y justicia social.
El Partido del Trabajo inscribe su esfuerzo y compromiso en esta tarea y considera que sólo una reforma política, económica y social a fondo nos permitirá concretar una nueva y fructífera relación entre la sociedad civil y el Estado. En este sentido queremos destacar el punto cinco del acuerdo que hoy suscribimos, porque después de múltiples negativas esta representación tendrá bajo su responsabilidad la discusión sobre la agenda social y económica.
En este sentido consideramos que los riesgos no están eliminados del todo, que todavía sobre el diálogo político nacional pende la posibilidad de las exclusiones deliberadas y de que los acuerdos forjados así no cumplan con los objetivos planteados.
Los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados, debemos hacer pública nuestra voluntad de iniciar un proceso amplio de consulta entre la ciudadanía, organizaciones sociales, agrupaciones civiles y partidos políticos que no tienen representación en este órgano legislativo, para garantizar que su resultado sea aceptado por todos los mexicanos.
Queremos advertir que más dilación en los resultados concretos de este diálogo nacional, sólo favorecería a las fuerzas que pretenden convertir al país en su rehén.
El Partido del Trabajo, por ello insiste en el cumplimiento del compromiso que hoy suscribimos, anteponiendo siempre el interés del pueblo de México y no el particular, de grupo o partidario.
También estamos convencidos que la vía del consenso, entendido como el acuerdo de todas las partes, es el procedimiento que le permitirá asegurar su éxito; de lo contrario, seguirán existiendo conflictos que impactarán negativamente en la vida de los mexicanos.
El diálogo, el consenso, la inclusión, la voluntad y la sensibilidad política, son las actitudes que necesariamente debemos asumir los participantes del diálogo político nacional, para que el proceso de transición política que hoy atraviesa nuestro país, pueda desarrollarse en el marco de la legalidad, legitimidad, tranquilidad y paz que hoy reclaman profundamente los mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez.
El diputado José Jesús Ortega Martínez:
Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Hoy se inicia el diálogo para la reforma del Estado, con el concurso de los partidos políticos y del Congreso de la Unión. Huelga decir que este proceso tendrá lugar en uno de los momentos más difíciles para el país y que de sus resultados dependerá que los mexicanos podamos o no superar la difícil situación que ahora padecemos.
A lo largo de 13 años, los gobiernos neoliberales impuestos al país, ya han venido reformando al Estado mexicano. Esa reforma, que ha sido posible por la existencia de un régimen autoritario y antidemocrático, se ha concentrado en transformar las bases de la economía del país y en desmantelar algunas de las instituciones más representativas surgidas de la Revolución de 1910.
Pongamos, por ejemplo, las modificaciones al artículo 27 constitucional, las que se hicieron al 3o. constitucional y recientemente las reformas al sistema de seguridad social en el país.
En efecto, la transformación en esas materias ha sido notable, de un sistema de economía mixta que dio estabilidad y progreso al país durante todos los años de la posrevolución, hemos pasado a un sistema en el que el gran capital financiero privado lleva las riendas de la economía nacional.
Para lograr esa transformación, los gobiernos neoliberales desmantelaron al sector público de la economía, privatizaron casi todas las empresas estratégicas propiedad de la nación, hipotecaron al país, quebraron la planta productiva nacional, abandonaron el campo y en su lugar, promovieron una apertura unilateral e indiscriminada de la economía, una inversión extranjera, si bien cuantiosa, constituida fundamentalmente por capitales golondrinos que anidan en la bolsa de valores que se reproducen con las altas tasas de interés que se les pagan y que huyen inmediatamente después a sus países de origen, provocando turbulencias financieras que desembocan en crisis recurrentes cada vez más profundas.
En lo social, esos gobiernos neoliberales le han expropiado al Estado su función social y lo han convertido en una fábrica inagotable de pobres. En efecto, hoy como nunca brota por todas partes el desempleo, se da la disminución dramática de los ingresos de la población rural y urbana, la pobreza externa, la expatriación de millones de mexicanos, la quiebra masiva de empresas, la pérdida del patrimonio familiar, la presencia como en pocas ocasiones de enfermedades desimonónicas y como fardo, una gigantesca deuda externa cuyo costo se ha estado pagando con la hipoteca de nuestra patria y ahora también la herida lacerante de la guerra, largamente labrada sobre la base de la injusticia y la marginación de los indios.
Así, hasta hoy se ha producido esa reforma del Estado que unilateralmente se ha realizado desde el poder neoliberal, pero compañeras y compañeros, ésa no es la reforma que la nación necesita para superar sus problemas, ni los ancestrales ni los problemas recientes.
México necesita una reforma del Estado diferente, cuya característica principal sea la incorporación de la iniciativa social y ciudadana. Ya no es posible, porque el país no lo resiste, que las reformas trascendentes como las que planteamos desde el PRD, se pacten solamente en los altos círculos de la burocracia estatal, ni sólo entre éstos y las cúpulas de los partidos políticos. La reforma democrática del Estado, para serlo, necesita recoger la opinión, los intereses, las demandas, las exigencias de la población.
La reforma que el país necesita debe ser integral y radical. No basta con cambiar algunos aspectos de la vida nacional y dejar que otros sigan descansando sobre las viejas estructuras que le siguen dando vida al régimen antidemocrático y autoritario.
Si el país no ha logrado superar su crisis y por el contrario ésta se agrava, se debe a que el Gobierno ha realizado una reforma de las estructuras económicas contrarias al interés nacional y popular y no ha permitido, e incluso ha obstaculizado avances sustantivos en la política y en el desarrollo democrático de la sociedad.
Reclamamos pues, cambios significativos, no cirugías superficiales, ni simples maquillajes. Reclamamos transformaciones profundas, deseamos transitar a través del diálogo pacífico por el camino de una verdadera y democrática reforma del Estado que reconstruya a la nación desde sus cimientos, que ponga la mirada en el futuro sin renunciar a sus raíces históricas y culturales más profundas, que termine con todo distanciamiento entre ética y acto público, que reconozca a los ciudadanos su carácter de actores decisivos y definitorios de la vida nacional.
Hemos dicho en ocasiones anteriores y lo reiteramos ahora, que la reforma democrática del Estado sólo será cabal si permite limitar el presidencialismo, si logra fortalecer los espacios de representación popular, si avanza en el establecimiento de un sistema plural y equitativo de partidos, si acaba con las prácticas corporativas y clientelares, si logramos desarrollar la democratización de los medios de comunicación y generar los diversos mecanismos de participación ciudadana en las principales decisiones del país, sobre todo a través del referendum y del plebiscito, será profunda si logramos avanzar en el establecimiento de derechos políticos plenos para los habitantes del Distrito Federal, para los pueblos indios y para los residentes, para los mexicanos residentes en el exterior.
Se necesita consolidar un sistema de procuración de justicia para la sociedad, que preserve las garantías individuales, que respete los derechos y garantice la seguridad y la observancia de nuestras leyes. Se necesita reconstruir las regiones y los municipios, garantizar la pluralidad política, cultural, étnica, de género e incluso generacional, así como el ejercicio de elecciones limpias y competitivas, para que los ciudadanos decidamos con nuestro voto el rumbo de la nación.
La reforma democrática del Estado que proponemos debe servir además para profundizar la reforma del Poder Judicial y para encarar, aun contra las fuertes resistencias que se oponen, una reforma de las estructuras económicas y sociales surgidas a partir de la imposición del modelo neoliberal que ha demostrado con creces su inviabilidad y su fracaso en nuestro país.
Se impone, compañeras y compañeros, en consecuencia, la construcción de un nuevo pacto social cuya base de sustento sea una justa distribución de la riqueza pública, un combate sostenido y efectivo a la pobreza y la elevación constante de la calidad de vida de las familias mexicanas.
Este nuevo pacto social es posible y necesario para superar la crisis económica y para avanzar en la construcción de un sistema democrático de partidos, que establezca la nueva gobernabilidad sobre la base de la tolerancia y el pluralismo.
Mucho más habrá que debatir y muchos obstáculos habrá que vencer para hacer realidad esta reforma democrática del Estado, más ahora que las pugnas intestinas de quienes detentan el poder amenazan con conducirnos por un camino incierto y nos colocan ante graves encrucijadas. Los peligros que amenazan a nuestra patria nos obligan a todas las fuerzas políticas y sociales a reconocer y a asumir que el camino más sencillo es el de pactar la reforma, como lo expresaran en el Constituyente de 1857:
"Para satisfacer las exigencias del país no hay nada como los medios legales y constitucionales, que no cuestan sangre ni aniquilan a la República ni la deshonran ni ponen en peligro sus libertades y su existencia de nación soberana". Esto decía el Constituyente de 1857.
Por último, los legisladores del PRD hubiésemos preferido iniciar este diálogo para la reforma democrática del Estado en el Congreso, en condiciones políticas más propicias que las que ahora nos rodean. Quisiéramos que nuestro país no fuese objeto de grandes escándalos internacionales por la corrupción de sus gobernantes, pero reconocemos también que en una reforma como la que proponemos ésta sería parte de las soluciones que busca la nación a sus problemas, incluidos los de la impunidad de que han gozado hasta ahora los intocables del sistema.
Por ello, los legisladores del PRD proponemos que este diálogo no se quede entre las cuatro paredes que nos albergan, sino que salga a la calle, a las organizaciones sociales y civiles.
Es necesario convertirnos en la voz y en el rostro de los millones de mexicanos que no son tomados en cuenta en el vínculo, con las necesidades y con los intereses de la mayoría.
Compañeras y compañeros: recobremos, a partir de hoy, la dignidad del Congreso, ratifiquemos nuestro compromiso con este gesto que puede ser definitivo para recuperar la confianza y la credibilidad del Congreso de la Unión, tan lastimados ahora por las herencias de más de 65 años.
Convirtamos al Congreso en la verdadera instancia de representación popular que el país ahora reclama y una buena oportunidad para ello sería que los trabajos de este diálogo que hoy iniciamos para la reforma del Estado no se quedaran en cambios superficiales y en cambios menores, el país requiere la profunda, la radical, la democrática reforma del Estado que todos demandamos.
Muchas gracias por su atención, compañeros diputados.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente:
Aunque la reforma del Estado debe ser permanente, en México el término toma vigencia: ¿Reformar al Estado? ¿Por qué? ¿Acaso para terminar con la simulación.
México, país de dualidades y ambivalencias, prácticas diferenciadas e incompatibles a las contempladas por las leyes, experiencias muchas veces contravenidas con lo establecido, que además son síntomas de estancamiento, de fuerzas encontradas; una por conservar, otras, por avanzar en un permanente duelo que fortalece la exigencia del cambio.
Y no se trata de cambiar para conservar, porque en el fondo y a pesar de muchos, México está cambiando. Ya no se puede hablar del México revolucionario de la segunda década del siglo o el de los crímenes maximalistas del callismo ni mucho menos de los populismos reiterados de manera alternativa con reclamos de neutralización financiera.
México es hoy el México de los retos institucionales, de los cambios profundos que exige de una vez por todas un periodo reconstructivo y altamente responsable que enfrente en definitiva la realidad del país y de manera colectiva se dé a la tarea de recuperación de elementos que hagan posible el fortalecimiento y en caso de ser necesario, la reconstrucción de las instituciones, dañadas por el paso del tiempo, pero también por el desprecio de administraciones deficientes que han minado sus estructuras.
Cuando se habla de la reforma del Estado, se habla de una nueva relación entre el Estado y la sociedad que, cierto es, reclama y promueve nuevas formas que exigen inicialmente una reducción del papel del Estado, pero que al mismo tiempo promueven una responsabilidad solidaria.
Reformar al Estado no sólo implica una respuesta a la sociedad, porque eso debe quedar sólo en lo superficial y no abordar a fondo el reto histórico que representa una reforma integral del Estado.
Reformar al Estado representa hoy para México, la reforma de las instituciones que son el pilar que lo sostiene, pero también de las estructuras que vienen a ser sus cimientos.
En el primer caso hablamos de los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en lo que podría llamarse el estado acotado o restringido y el segundo que es un aspecto amplio, integra completamente a la organización del poder en la sociedad.
Comprende además a las instituciones y a las estructuras, a los órganos de gobierno, a las leyes, las políticas públicas, los espacios de mediación y por supuesto a la ciudadanía.
Es así que para poder reformar al Estado lo importante es ir a los pilares que lo sostiene, sin ignorar todo aquello que contribuye a darle estabilidad y eficacia.
Hoy, las diferentes fuerzas políticas hablan en el campo electoral de una reforma definitiva y que en el campo institucional plantea la reforma de los poderes Legislativo y Judicial, sin siquiera tocar el punto de una posible reforma del Poder Ejecutivo, de la que sin duda alguna dependerá la reforma de todas las demás, en una reforma del Estado que asuma en su integridad la responsabilidad de transformar para bien a las instituciones que lo sostienen.
En México lo que ha provocado el desequilibrio y por lo tanto los excesos, han sido las decisiones centralistas. El centralismo económico, político, el centralismo social, lejos de auspiciar la justicia, ha provocado la inestabilidad y consecuentemente la crisis. Crisis de valores, crisis de recursos, crisis de oportunidades, injusticia social, un federalismo que no llega y un municipio atado a la distancia e ignorancia del Presidente, crisis de estabilidad y crisis de legitimidad.
Legitimidad es el factor a destacar. Si se entiende por legitimidad a la serie de consensos activos que contribuyen en pronunciamientos positivos al fortalecimiento del régimen, mediante una serie de valores y creencias que justifican la acción, podemos ver que en México no se dan mayoritariamente los consensos ni las expresiones auténticas de apoyo en torno a las acciones de la administración pública, lo que ha permitido optar por un cambio, debido a la deslegitimación que ha sufrido la institución presidencial, acompañada de todo lo que lo circunscribe, o sea, de los estratos de autoridad y los procesos electorales que cuestionadamente los colocan como vencedores de la contienda.
En México, desde hace dos décadas, no es suficiente ganar las elecciones, se requiere que además los ciudadanos lo acepten y tras una serie de procesos controvertidos se deslegitima el sistema y con él a la autoridad misma.
Los actos del Gobierno para ser legítimos deben ser convincentes; reflejarse en las condiciones de vida coincidir lo que se dice con lo que se ve y en cuanto a las decisiones políticas se puede constatar que éstas no son suficientes si no se reflejan positivamente en los hechos con resultados satisfactorios.
No se puede ignorar que Ernesto Zedillo Ponce de León ganó en las urnas con un margen mayor a lo esperado por todos los mexicanos, después de un sexenio en el que, a pesar de aparentar haber avances macroeconómicos, el bolsillo y la calidad de vida de cada uno de los mexicanos era de deterioro y hoy se legitima el presidente Zedillo, sus políticas públicas de acciones de Gobierno contribuyen al proceso legitimador, la crisis económica rebasa las expectativas; pero la indecisión y diferimiento de una reforma del Estado a fondo dan indicios de un deterioro mayor de la legitimidad de la institución presidencial y sus anexos.
No se puede negar la crisis del sistema político y eso debe ser tomado como el detonante que active el cambio definitivo que permita a México transitar, definitivamente, a una reforma del Estado, que admita recomponer sus instituciones, pero también todo aquello que coopere a su edificación y su fortalecimiento. Es por ello que reformar hoy al Estado implica reformar el Poder Ejecutivo; reformarlo para que el Poder Legislativo sea un real contrapeso; que busque equilibrios, sensatez política y el beneficio de todos los mexicanos; que sea capaz de asumir su responsabilidad de legislar no sólo de convalidar las iniciativas surgidas del Ejecutivo, sino de generar las propias e incluso procurar consensos.
Ser, efectivamente, la tribuna de la nación y no sólo el canal legislador no legitimador de las acciones del grupo gobernante.
México vive, muy a pesar del diferimiento en la toma de decisiones trascendentales, la experiencia de la alternancia, aunque limitada aún; se inicia un proceso que obliga a la búsqueda de equilibrios y marcos jurídicos que garanticen mejores formas de convivencia, donde los criterios personalistas queden marginados para dar cauce a un auténtico régimen de derecho.
Pero más que nada, la supremacía de las instituciones que debe ser planteada en una reforma del Estado y es por ello que el Poder Legislativo lejos de convalidar acciones, debe darse a la tarea de promover el marco normativo adecuado a las auténticas necesidades de un país que transita efectivamente a la democracia, pero que también busca bienestar y progreso para todos los mexicanos.
Reformar al Ejecutivo implica también el deslinde institucional y personal del Presidente de la República con el partido de Estado, muy a pesar de la gratitud y compromiso que se pueda tener con el instituto político que lo ha llevado al poder, queda la responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos y que el país no se deshaga en nuestras manos.
La alianza entre el Presidente de la República y el Partido Revolucionario Institucional, como partido oficial, lejos de beneficiar a México y a todos los mexicanos, se ha convertido en un instrumento de dominio con beneficios personales para camarillas y grupos específicos que no son otra cosa más que facciones de poder, que lejos de ver por el bien de la nación, promueven sus intereses sectoriales lejanos muchas veces al bienestar de las mayorías y a la viabilidad nacional.
Romper la alianza entre el Presidente y el partido de Estado implica también que la reforma alcance al PRI. Esto lleva también a la reforma del sindicalismo en México, que lejos de defender los derechos de los trabajadores, se convierte en una vía de control político.
Todos, todos los factores de la vida política nacional deben asumir el compromiso de su propia reforma, de su propia actualización, de la búsqueda de estar a la altura del país que reclama que todos reflexionemos sobre nosotros mismos.
Hablar de un auténtico federalismo implica reformar al Poder Ejecutivo, esa concentración de poder de la que se ha hablado, concentra también responsabilidad y produce ineficiencia e injusticia. No hay redistribución equitativa de recursos; se da la imposición de decisiones políticas ajenas muchas veces a la idiosincracia cultural de las localidades; se da la distancia, la ignorancia y la indiferencia.
Otra institución que debe ser rescatada es la autonomía del municipio, más que nada porque es la esencia de otra institución que es el federalismo y que representa también la fuerza de la representatividad republicana, el municipio y lo que en él acontece es el primer eslabón de la cadena de una organización eficiente y responsable con repercusiones nacionales; y en la medida que el municipio quede fortalecido, quedará legitimada la funcionalidad y la reciprocidad de parte de la institución presidencial, pero también de la grandeza de una nación comprometida consigo misma.
Por ende, no se podrá hablar de una reforma electoral definitiva ni mucho menos de una transición efectiva a la democracia, ni de una reforma democrática del Estado, si antes no se promueve y se encauza una reforma institucional del Estado.
Los procesos electorales son sólo una instancia en la que converge la institucionalidad del Gobierno, de los partidos políticos y de los ciudadanos; pero si éstos no son capaces de asumir su propia reforma, no será posible llegar a los consensos legitimadores tan necesarios hoy en México.
Si no se reforma el Poder Ejecutivo, no se podrá reformar el Poder Legislativo; si no se reforma el Poder Ejecutivo, no se podrá renovar la relación entre el Ejecutivo y el Judicial; si no se reforma el Poder Ejecutivo, no podrá reformarse el partido de Estado; si no se reforma el partido de Estado, no podrá haber términos de equidad en las contiendas; si no hay equidad y procesos transparentes, continuará la tendencia deslegitimadora del sistema y México, los mexicanos serán los únicos afectados.
La reforma del Estado que los mexicanos esperamos, deseamos, exigimos, es aquella que sea capaz de eliminar la indignante contradicción entre potencialidad y realidad.
La reforma que requerimos es aquella que depone las potencias de nuestra nación y transforma a la pobreza, desigualdad, inseguridad e injusticia que ahora nos aqueja, por una realidad nueva de bienestar, seguridad, libertad y justicia, que es el destino que a pesar de todo, nos sigue aguardando.
Hagamos, pues, posible una auténtica reforma democrática del Estado.
Gracias por su atención.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Moreno Collado.
El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
No podría haber mejor epílogo a las tareas de este periodo de sesiones ordinarias, que el acuerdo suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios que concurren al Congreso de la Unión, en el que se establecen los procedimientos del diálogo político nacional para la reforma democrática del Estado. Este acuerdo prueba fehacientemente, que hay voluntad política de los partidos y de las fuerzas sociales para transformar institucionalmente al Estado y que es posible convenir, dentro de la pluralidad, lo fundamental: la aceptación de las reglas de juego que habrán de llevarnos a la adopción de nuevas y mejores formas de organización política.
La reforma democrática del Estado implica aceptar reglas democráticas para construir más democracia.
El acuerdo suscrito por las fracciones parlamentarias de esta Cámara, reconoce que nuestro futuro como nación depende de la capacidad que pongamos en juego para transformarnos democráticamente en la paz, mediante el diálogo, con disposición tolerante a escuchar a los otros, con pleno respeto a la discrepancia y a la posibilidad de negociar, lo cual no es sino el reconocimiento de que tenemos que obtener ventajas de nuestras diferencias y beneficios de nuestra pluralidad cultural, social y política.
El pueblo mexicano está en espera de que sus organizaciones políticas demuestren que son capaces de pasar de las palabras a los hechos; aspira a una reforma en la que se asegure que el pueblo será capaz de tomar sus propias decisiones, que el poder sólo se justifica si está dirigido a servir al hombre y que la renovación de instituciones políticas y de estructuras del poder y del Gobierno es legítima sólo si su fin último es el perfeccionamiento humano, la armonía social y el incremento de las oportunidades para todos.
La reforma democrática del Estado no es, sin embargo, sólo un acto voluntarista, sino también, el resultado de cambios estructurales y de procesos de largo alcance con sentido histórico. Estos escapan a nuestro manejo instrumental, pero aquí, en el Congreso, estamos habilitados para concretar nuestros acuerdos en leyes y en decisiones constitucionales, por lo que debemos de asumir la responsabilidad constitutiva del establecimiento de las bases que harán realidad esos cambios. Es una grave responsabilidad que habrá de exigirnos rapidez, asiduidad, sensatez, prudencia y paradójicamente, el reconocimiento de la necesidad de dar pasos graduales y ser igualmente audaces e imaginativos para modernizar nuestros procedimientos, nuestras estructuras e instituciones y nuestras relaciones políticas.
También es trascendente el acuerdo porque reanuda un diálogo que quedó en suspenso, pero que es imperioso continuarlo. Y a ello agreguemos el reconocimiento de que los temas del acuerdo político nacional, no pueden tener mejor escenario que el ámbito natural en que se desenvuelven institucionalmente las fuerzas políticas de la nación, es decir, las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.
El Poder Legislativo debe reconocer, no obstante, que una tarea de esta magnitud, no puede ser obra aislada de un sólo poder o de un solo grupo. El grupo parlamentario priísta reconoce que en este proceso se requiere la participación de toda la sociedad, la interlocución de los tres poderes de la Unión y los gobiernos y los congresos estatales, pues la reforma democrática del Estado debe empezar por ser participativa. Una reforma que dé la cara al pueblo, que sea democrática en sus orígenes, procedimientos y resultados y que por permitir la interacción de toda la sociedad, la política y la civil, elimine todo rasgo de autoritarismo y de exclusivismo.
El grupo parlamentario priísta expresa su beneplácito por este acuerdo y ofrece, desde hoy, a las demás fracciones, a las demás agrupaciones políticas sin registro, a los integrantes del Senado de la República, quienes formarán parte de la comisión plural del Congreso de la Unión, a los gobiernos y congresos estatales, a los grupos interesados de la sociedad, a los académicos y especialistas, ser un interlocutor atento y un receptor accesible a todos los planteamientos.
No actuaremos con posiciones cerradas, con ideas casadas o con prejuicios insondables y monolíticos. Para que haya reforma democrática debemos despojarnos, todos, de cosmogonías ideológicas, de proclividades electoreras, de aventurerismo demagógico y de posiciones maximalistas.
Queremos una reforma, cuyo único radicalismo posible es el de la democracia y el de la legalidad. Estamos dispuestos al consenso para el desahogo del temario rico y prometedor que se nos ha dado a conocer, temario que incluye el equilibrio de poderes y el fortalecimiento del Poder Legislativo como punto de partida.
El nuevo federalismo; los derechos indígenas y de las comunidades étnicas; el tema de la seguridad y la justicia; la nueva relación del Gobierno con la sociedad; los medios de comunicación y la planeación democrática para el desarrollo son temas de interés interno y propio, pero lo son ante todo de interés nacional. El compromiso es que a cada tema le correspondan acuerdos y a cada acuerdo una expresión legislativa en la Constitución, en los códigos y en las leyes.
El trabajo paralelo con la mesa central y con la encargada de la reforma política en el Distrito Federal, habrá de obligarnos también, como Congreso y como comisión plural que se integre del Congreso, a un trabajo coordinado y a una labor acuciosa que prepare reformas legislativas que habrán de conocerse en el periodo de sesiones ordinarias que se inicia el 15 de marzo de 1996.
En este lapso, corto lapso, habrán de intercambiarse puntos de vista, opiniones y proyectos entre las cámaras, entre los poderes de la Unión, entre el Congreso y los estados y en general, entre el Senado, la Cámara de Diputados y sus comisiones especiales y la sociedad.
La rapidez no deberá sacrificar la hondura y calidad de las propuestas, ni eludir la prudencia y sensatez de las reformas.
Demostremos, por lo tanto, que somos capaces de llegar a acuerdos para renovar pactos. Convengamos que este acuerdo por su propósito inicia una etapa histórica, un nuevo estado de vida democrática en el que toca en suerte a esta LVI Legislatura, en compañía del presidente de la República, Ernesto Zedillo, ser el motor, el impulso vital de la transformación que reclama la República.
Podemos hacerlo en términos racionales. Los priístas no le tememos al cambio, porque estamos seguros que éste nos favorecerá como partido y como nación. Estamos dispuestos a hacer de esta reforma una revolución pacífica en la legalidad, sin enconos, sin reproches, sin amenazas. Esta reforma debe ser inclusiva e integral. ¡Queremos una reforma porque rechazamos no solo el uso, sino aún la sola invocación de la violencia! ¡No queremos comprometer los valores de fondo, sino preservarlos y enriquecerlos! ¡Entre éstos invocamos nuestro régimen de libertades, la democracia como ideal y como forma de vida y el bienestar para todos, que implica recuperar nuestra capacidad colectiva de hacer valer la justicia social, generar una organización social más igualitaria, hacer acopio de fuerza política mediante acuerdos y nuevos pactos, para combatir la pobreza extrema que nos avergüenza y nos lastima, para que vivamos al fin en un estado de derecho que impida toda impunidad y elimine toda corrupción.
Estamos, pues, convocados a trabajar por el cambio democrático del Estado. Hagamos lo que México nos reclama, hagamos lo que estamos dispuestos a hacer en favor de la patria.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La secretaria Virginia Hernández Hernández:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Crisóforo Salido Almada.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
Con su venia, señor Presidente:
Voy a dar lectura a un documento que hemos dirigido al diputado Oscar Cantón Zetina, Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.-Presente. «Por medio de la presente deseamos solicitar por su conducto, sea turnada la petición de los cinco diputados ciudadanos pertenecientes a esta LVI Legislatura, a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con el propósito de ser considerados mediante una representación en la conformación de la comisión plural de la Cámara de Diputados, para resolver los asuntos que le correspondan en materia de la reforma democrática del Estado.
Lo anterior lo hacemos en virtud de que quienes suscribimos tenemos trabajos, propuestas y legítimo interés en participar y aportar nuestros puntos de vista en torno a los procedimientos, metodología y trabajos de seguimiento. Sobre este fundamental tema consideramos importante nuestra incursión como parte de la pluralidad de esta LVI Legislatura.
Así también, solicitamos la ampliación de los temas expuestos en el punto cuarto del punto de acuerdo, a fin de que queden incluídos los siguientes aspectos que a nuestro juicio son de esencial importancia:
a) Relaciones exteriores.
b) Defensa y seguridad nacionales.
c) Mecanismos de control y ejercicio de responsabilidades públicas.
Sin más de momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, 14 de diciembre de 1995.-Firmado por los diputados: Marta Alvarado Castañón, Adolfo Aguilar Zinser, Zeferino Torreblanca Galindo, Tonatiuh Bravo Padilla y Crisóforo Salido Almada.»
Muchas gracias. Hago entrega a la Secretaría.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
COMISION PERMANENTE
El Presidente:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de los diputados que formarán parte, en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente.
Se suplica a los diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.
El secretario Javier de Jesús Gutiérrez Robles:
(Votación.)
El resultado del escrutinio fueron 321 boletas y cinco boletas nulas.
La planilla integrada queda como sigue: Humberto Roque Villanueva, Juan José Osorio Palacios, Ricardo Francisco García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Rosario Guerra Díaz, Píndaro Urióstigui Miranda, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Octavio Guillermo West Silva, Luis Garfias Magaña, Fernando Pérez Noriega, Alejandro González Alcocer, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia Esqueda Llanes, Netzahualcóyotl de la Vega García, Priciliano Diego Gutiérrez Hernández, Eugenio Ortiz Walls y Josué Valdés Mondragón.
Sustitutos: José Ramírez Gamero, Jorge A. Meade Ocaranza, Juan Antonio García Villa, Amado Cruz Malpica, Alejandro Moreno Berry, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Alí Cancino Herrera, Régulo Pastor Fernández Rivera, Gloria Sánchez Hernández, Ismael Orozco Loreto, Pedro Rivera Pavón, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Vito Lucas Gómez Hernández, Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Francisco Domínguez García, Ricardo Padilla Martín, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y José Luis Martínez Alvarez.
El Presidente:
En consecuencia, se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura, los siguientes diputados:
Titulares: Humberto Roque Villanueva, Juan José Osorio Palacios, Ricardo Francisco García Cervantes Jesús Ortega Martínez Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Rosario Guerra Díaz, Píndaro Urióstegui Miranda, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Octavio Guillermo West Silva, Luis Garfias Magaña, Fernando Pérez Noriega, Alejandro González Alcocer, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia Esqueda Llanes, Netzahualcóyotl de la Vega García, Priciliano Diego Gutiérrez Hernández, Eugenio Ortiz Walls, Josué Valdés Mondragón.
Sustitutos: José Ramírez Gamero, Jorge A. Meade Ocaranza, Juan Antonio García Villa, Amado Cruz Malpica, Alejandro Moreno Berry, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Alí Cancino Herrera, Régulo Pastor Fernández Rivera, Gloria Sánchez Hernández, Ismael Orozco Loreto, Pedro Rivera Pavón, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Vito Lucas Gómez Hernández, Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Francisco Domínguez García, Ricardo Padilla Martín, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y José Luis Martínez Alvarez.
COMISIONES PROTOCOLARIAS
El Presidente:
La mesa directiva, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa las siguientes comisiones protocolarias:
Para participar que la Cámara de Diputados cerró su primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura, al Presidente de la República, los integrantes de la mesa directiva y los siguientes compañeros diputados:
Francisco Suárez y Dávila, Ricardo García Cervantes, Ramón Sosamontes Herreramoro, Walter Antonio León Montoya, José de Jesús Padilla Padilla, Miguel Hernández Labastida, Antonio Sánchez Gochicoa, Zaida Alicia Lladó Castillo, Ezequiel Espinosa Mejía, Francisco Antonio Tenorio Adame, Juan Antonio García Villa, Francisco Martínez Rivera, Leticia Camero Gómez, Raúl Alejandro Livas Vera, Ifigenia Martha Martínez Hernández, José Narro Céspedes, Heriberto Santana Rubio y Carmen Zavala Medel.
Para informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los siguientes diputados: Luis Antonio Godina Herrera, Ernesto Luque Feregrino, Alejandro Zapata Perogordo, Leonel Godoy Rangel, Jaime Rodríguez López, Alejandro González Alcocer, Ysabel Molina Warner, Irene Ramos Dávila, Ricardo Pacheco Rodríguez, Horacio Gutiérrez Bravo, Antelmo Alvarado García, Fernando Pacheco Martínez, Ezequiel Flores Rodríguez y Amado Jesús Cruz Malpica.
Para informar a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los siguientes diputados: Marco A. Michel Díaz, Héctor González Reyes, Patricia Mendoza Peña, René Arce Islas, Horacio Pereznegrón Pereznegrón, Marina Blanco Casco, Javier Viniegra Zubiria, Graciela Rojas Cruz, Manuel Arciniega Portillo, Saúl Alfonso Escobar Toledo, Limbert Oswaldo Ponce Duarte, Julio F. García Castañeda, Ignacio Castillo Flores, Oscar González Yáñez y José Luis Martínez Alvarez.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Antonio Catalán Sosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la Isla de Cedros, en Baja California.
El diputado Jorge Antonio Catalán Sosa:
Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Propuesta de punto de acuerdo que suscriben diputados federales pertenecientes a los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo, con apego a lo dispuesto a los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que presentamos a esta soberanía.
ANTECEDENTES
1o. Con fecha nueve de noviembre de 1995, el señor diputado Daniel Quintero Peña expuso ante el pleno de esta Cámara el problema de la falta del suministro de energía eléctrica que se encontraban padeciendo los residentes de la Isla de Cedros, municipio de Ensenada, en Baja California.
2o. Dicha denuncia fue secundada por su servidor, exponiendo ante este pleno el cúmulo de gestiones realizadas desde hace muchos años por los isleños, así como diversas autoridades municipales y estatales ante la Comisión Federal de Electricidad, buscando una solución definitiva a este grave problema.
3o. En base a lo antes expuesto y como respuesta a la petición concreta de ambos legisladores, la Comisión de Energéticos de esta Cámara de Diputados ha conocido del problema, realizando a la fecha gestiones en favor de los isleños.
4o. Paralelamente a las gestiones realizadas por legisladores federales, el gobernador del Estado de Baja California, licenciado Héctor Terán Terán y el presidente municipal de Ensenada, Manuel Montenegro Espinosa, motivaron un acuerdo con representantes del Poder Ejecutivo Federal, de modo que desde el día nueve de noviembre de 1995 y por espacio de dos meses, los islacedreños recibirán la energía eléctrica generada por una empresa privada, suministrada gracias a un convenio que contempla el tiempo mencionado y que fenecerá el día nueve de enero de 1996.
MOTIVACIONES
1o. Si bien es cierto de momento se ha satisfecho la necesidad de los residentes de la Isla de Cedros, también lo es que sólo serán dos meses, por lo que llegado el vencimiento y de acuerdo a los antecedentes del tema tratado, nos preocupa la posibilidad de que se reanude el viacrucis de estos ciudadanos.
2o. No podemos pasar por alto que de acuerdo al artículo 1o. de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, corresponde a la Comisión Federal de Electricidad proporcionar el suministro de la misma en todo el territorio federal y siendo Isla de Cedros parte de él, debe ser tomada en cuenta por la paraestatal y otorgarles este preciado servicio.
3o. A pesar del envío de oficios a la Comisión Federal de Electricidad por parte de miembros de esta legislatura y de la intervención gestora de la propia Comisión de Energéticos, solicitando solución definitiva al problema aquí planteado, no se ha recibido respuesta alguna, motivo por el cual, consideramos pertinente hacerse del conocimiento del señor Presidente de la República.
Por lo anteriormente expuesto y fundado es que nos permitimos proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Los diputados federales que suscriben, nos solidarizamos con los habitantes de la Isla de Cedros, a efecto de que la energía eléctrica beneficie también a estos mexicanos, considerando para ello las condiciones socioeconómicas de los mismos.
Segundo. Envíese atento oficio al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo de su conocimiento el problema que viven los residentes de la Isla de Cedros, municipio de Ensenada, en Baja California, solicitándole su intervención directa a efecto de que gire instrucciones a la Comisión Federal de Electricidad para una solución pronta y definitiva, firmando el convenio para proporcionar de manera permanente el servicio público de energía eléctrica a la Isla de Cedros.
Atentamente.
Y firman por el Partido Acción Nacional, diputados: Ricardo Francisco García Cervantes, Javier Alberto Gutiérrez Vidal, Alejandro González Alcocer, Arnulfo Cueva Aguirre, Rodrigo Robledo Silva, Rafael Ayala López, Jorge Antonio Catalán Sosa; por el Partido Revolucionario Institucional: Julio Felipe García Castañeda; por el Partido de la Revolución Democrática: Javier González Garza, Jesús Ortega Martínez, Juan Guerra, Carlota Botey, Carlos Navarrete Ruiz y René Arce; por el Partido del Trabajo: Oscar González Yáñez, Alejandro Moreno Berry y José Narro Céspedes.
Hago entrega de estos documentos a la Secretaría, señor Presidente.
Gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Energéticos.
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Daniel Quintero Peña.
El diputado Daniel Quintero Peña:
Con el permiso de la Presidencia:
Los diputados priístas de Baja California seguimos apoyando el viejo anhelo de los isleños por tener energía eléctrica, como la mayoría de los mexicanos.
El punto de acuerdo aquí expresado nos habla de una preocupación de los diputados que la firman, para la solución definitiva del suministro de energía eléctrica en la isla.
Quiero expresar que reconocemos aquí esta preocupación y la acción que de esto pudiera derivar. Nosotros, en el pasado, hemos gestionado la construcción de la línea de energía eléctrica del poblado de Punta Morro al poblado de Isla de Cedros, hemos realizado diversas gestiones así como constantes visitas a la isla.
La postura nuestra, de los diputados del PRI, es que los isleños quieren y deben de recibir el servicio de energía eléctrica como en el resto del país, quieren que se defina en definitiva el pago de los costos suplementarios, es decir, la diferencia del costo de venta con el costo de producción; quieren que se defina lo del subsidio. Esto lo tiene que resolver el Gobierno de la República.
Felicitamos el punto de acuerdo aquí referido. Se habló en el punto de acuerdo aquí expresado por mi amigo, el diputado Jorge Catalán, que el convenio temporal a que se llegó, tiene una fecha de vencimiento. Se nos ha dicho que es el 9 de enero del próximo año y se nos habló que no es deseable que los isleños vuelvan al peregrinar y la incomodidad por la falta del suministro de la energía eléctrica, como ha ocurrido en el pasado, para lo cual solicitan el apoyo del señor Presidente de la República.
Al respecto queremos puntualizar:
1o. Desconocemos el convenio temporal que vence, según se nos ha expresado, el 9 de enero, así como quiénes lo firmaron y qué contiene.
2o. No poseemos la información de los legisladores del PAN que promueven este punto de acuerdo. Reconocemos la preocupación y el valor de las gestiones que están encabezando.
3o. Quisiéramos poder coadyuvar de una manera positiva con el Gobierno del Estado de Baja California, pero para tal circunstancia quisiéramos tener la información de que ellos disponen directamente del Gobierno del Estado.
Amigo diputado Catalán: en el ejercicio de nuestras responsabilidades como diputados de Baja California, seguiremos insistiendo para la solución definitiva. Quisiéramos apoyar al Gobernador de nuestro Estado. Seremos incansables, seguiremos apoyando a los isleños, a esos cinco mil mexicanos que están olvidados desde hace muchos años por el Gobierno de la República.
Recientemente hace algunos días hemos solicitado a la Secretaría de Minas, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Presidencia de la República, dé una respuesta al justo reclamo.
Quisiera recordar rápidamente que en Isla de Cedros el problema es complejo. Es necesario también generar las condiciones que propicien el desarrollo regional. En otras palabras, incentivar el aumento de la producción y consecuentemente el fomento del empleo, las condiciones de vida y la conservación de los recursos renovables.
Estamos observando que si esto no tiene una solución o resolución integral, en pocos meses los habitantes de la isla no podrán pagar el recibo de cobro del servicio de la energía eléctrica. Sobre este tema y problema, así como de otros, quisiéramos poder tener la oportunidad de comentarlo con el titular del Ejecutivo de nuestro Estado, así como infinidad de temas que cada ocho días nos encontramos al recorrer el distrito que representamos, motivo por el cual, desde hace más de dos meses le hemos solicitado al señor Gobernador, con todo respeto, reciba a los ocho diputados federales de Baja California, para tender puentes de comunicación, para coadyuvar al desarrollo de Baja California, para actuar de buena fe y para tener la oportunidad de compartir información, como en el caso del presente punto de acuerdo, que los diputados del PRI de Baja California desconocemos; acuerdos a través de los cuales felizmente los isleños reciben el suministro de energía eléctrica, no obstante sea temporal.
Podemos asegurar a los isleños, a los bajacalifornianos y al Gobierno del Estado de Baja California que contarán con nuestro apoyo.
BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA UNION
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eugenio Ortiz Walls, Presidente del Comité de Biblioteca e Informática de la Cámara de Diputados, para referirse a la Sociedad de Amigos de la Biblioteca del honorable Congreso de la Unión.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:
Con el permiso del señor Presidente; diputadas, diputados:
La biblioteca del honorable Congreso de la Unión fue fundada el 4 de septiembre de 1936, a iniciativa del ala izquierda de la XXXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con el fin de crear un espacio de utilidad social donde los mexicanos de todas las edades tuvieran acceso al contenido cultural que se registra en medios impresos, audiovisuales y magnéticos y que son la memoria legislativa y de la creación intelectual en nuestro país y en el mundo en general.
La biblioteca del honorable Congreso cumple el año próximo 60 años de vida. Ha prestado servicios durante todo este tiempo y merece que realmente esta Cámara se involucre para que festejemos precisamente los 60 años de servicio al pueblo de México que ha prestado la biblioteca.
Vamos en enero próximo, el Comité de Biblioteca e Informática de esta Cámara, a hacer un programa, un programa de actos conmemorativos en los que destaca la emisión del timbre o el sello postal correspondiente.
Como es de su conocimiento, diputadas y diputados, en sesión de fecha 29 de abril del año en curso, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el punto de acuerdo que crea la Sociedad de Amigos de la Biblioteca del Congreso de la Unión.
Concebida como una agrupación de mexicanos interesados en que la biblioteca desarrolle puntual y eficientemente las funciones que le son propias y el punto de acuerdo al que me refiero, dice así:
Primero. Con esta fecha, la Cámara de Diputados crea la Sociedad de Amigos de la Biblioteca del Congreso de la Unión.
Son socios fundadores los diputados de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados; son socios honorarios los senadores de la LVI Legislatura del Senado de la República.
Segundo. Son finalidades de la Sociedad Amigos de la Biblioteca del honorable Congreso de la Unión:
A) Coadyuvar a los objetivos que le son propios a la biblioteca del mismo.
B) Colaborar en la preservación, restauración y acrecentamiento del acervo bibliográfico.
C) Participar en los proyectos de promoción y difusión de los servicios que presta la institución.
D) Participar en los programas culturales que realiza el Comité de Biblioteca e Informática de la Cámara de Diputados.
El punto de acuerdo, como ustedes saben y recordarán, fue aprobado por unanimidad el día de la fecha.
Es urgente, señores diputados, la restauración y mantenimiento para la conservación de libros y documentos de valioso contenido histórico y cultural, pero esto resulta muy costoso y no se cuenta con los recursos para resolver el problema.
Es urgente tomar medidas para preservar los acervos bibliográficos.
En nuestra bodega existen casi cien mil volúmenes que están en realidad en condiciones desastrosas de clima y de cuidado.
Tenemos que preservar los acervos bibliográfico y documental, así como de restaurar gran número de obras, a efecto de garantizar sus condiciones óptimas de utilización.
En esa virtud, hemos considerado conveniente solicitar a los senadores y diputados que integran la Sociedad Amigos de la Biblioteca, un fondo que nos permita, como socios fundadores y honorarios, lograr nuestro objetivo.
Dicho fondo se integraría con aportaciones de los legisladores, mismos que serían administrados por la Tesorería de la propia Cámara.
Dichas aportaciones se harían de conformidad a la siguiente escala de cooperación:
Aportación A. 500 nuevos pesos.
Aportación AA. 1 mil nuevos pesos.
Aportación AAA. 2 mil nuevos pesos.
Miles de libros, compañeros diputados, se encuentran esperando su rescate. Esperamos que ustedes, que ahora que estamos en esta época generosa o cuando menos, que abre a la generosidad el corazón y los bolsillos, haga propicia esta ayuda y esta colaboración que estamos pidiendo a los compañeros diputados.
Con la certeza de que contaremos con su valiosa aportación, misma que contribuirá a mantener y a ampliar el acervo bibliográfico en nuestra biblioteca, a nombre propio y de los miembros que integramos el Comité de Biblioteca e Informática de esta Cámara, les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo para evaluar y/o en su caso proponer el marco normativo de los Programas de Asistencia Alimenticia y Nutricional.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En esta ocasión subimos a la tribuna para señalar nuestra enorme preocupación por la prevalencia de las condiciones deficitarias nutricionales, que padecen millones de niños y niñas y familias mexicanas, en contraste observamos una falta de coordinación de las dependencias y entidades del Ejecutivo, encargadas de los programas de asistencia alimentaria y nutricional.
De continuar con la descoordinación y la escasa voluntad de las instituciones públicas vinculadas a los programas de asistencia alimentaria y nutricional, como hasta ahora ha ocurrido, la desnutrición seguirá siendo una grave herida social que limita, no sólo el pleno desarrollo de los individuos, sino que además repercute en graves limitaciones para el desarrollo presente y futuro.
En la actualidad conocemos de la operación de 23 programas de asistencia alimentaria, de abasto, de salud y nutrición, que a nivel nacional destinan recursos, esfuerzos para abatir este problema, pero que en su mayoría siguen operando al margen de la estrategia y coordinación del programa que el Ejecutivo Federal puso en marcha el pasado febrero, como instrumento político en el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar.
Al respecto, cabe señalar que este programa especial en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación, no cuenta con un marco normativo que le dé sustento y lo fortalezca como principal instrumento de estrategia y de política frente a las dependencias, entidades de la administración pública, lo que ha propiciado que las acciones se sigan duplicando o sencillamente no se complementen para brindar una atención oportuna y eficaz a los más de los 14 millones de mexicanos que padecen algún riesgo de desnutrición, según cifras oficiales.
Situación que en sí misma es alarmante, pues el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar enfatiza en sus principios para la instrumentación, que es fundamental una amplia coordinación interinstitucional, para establecer y ejecutar acciones integrales, que permitan enfrentar los diversos factores que se manifiestan en el complejo problema social de la desnutrición.
Para ilustrar la desarticulación programática y organizativa de las instituciones, baste señalar que en el pasado mes de septiembre el Ejecutivo a través de la Sedesol y de la Secretaría de Hacienda, anunció la puesta en marcha del proyecto piloto Canasta Básica Alimentaria para el Bienestar de la Familia, cuyo diseño y ejecución se realiza aún al margen del programa referido.
Asimismo, durante la comparecencia en días recientes de los subsecretarios del Gabinete social ante esta soberanía, pudimos constatar las proporciones de la falta de coordinación y concentración de las acciones educación-alimentación, salud-alimentación, producción-alimentación.
No podemos seguir permitiendo que los recursos y los esfuerzos que se realizan en el presente se pierdan en los laberintos burocráticos y en la resistencia de las instituciones, pues no contamos con una norma que unifique y obligue a las dependencias y entidades que convergen en el ámbito de la alimentación y nutrición, a que sumen esfuerzos en función de un imperativo nacional de erradicar la desnutrición.
Por ello, llamamos la atención en esta tribuna, para que el Poder Legislativo convoque a los sectores involucrados a evaluar y consensar un marco normativo que regulen al conjunto de programas e instituciones que convergen en la materia, pues hoy, el programa rector en este ámbito, el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar no cuenta con los instrumentos legales para coordinar los métodos de trabajo y complementar las acciones de las instituciones vinculadas al problema alimentario, donde se ponderen costos, los beneficios y se evalúe, sobre todo, el impacto de la conjunción operativa de los programas con base en los mexicanos que logren recuperar su condición nutricional.
Actuar en este sentido, es establecer las bases para una planeación más adecuada en beneficio de las familias.
Compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la práctica parlamentaria en lo aplicable al caso concreto, presentamos a esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Instruir a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, para que promueva un proceso de consulta amplia con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que convergen en materia de alimentación y nutrición, así como con los sectores social y privado, a fin de valuar y en su caso, adecuar la normatividad de los programas a cargo del Ejecutivo, de tal modo que establezca con mayor precisión los procedimientos e instrumentos de coordinación y concertación para la definición de políticas, estrategias y acciones en materia de alimentación y nutrición.
Dado en el salón de sesiones, Palacio Legislativo, 14 de diciembre de 1995.- Diputados que signan este punto de acuerdo: Jesús Ortega Martínez, Ricardo García Cervantes, Abel García Ramírez, Jorge Nieto Guzmán, Manuel Beristáin, José Iñiguez Cervantes, Francisco Ledezma Durán, Ramón Sosamontes Herreramoro, Francisco Domínguez García, Maricela Cerón Nequiz, Carmen Zavala Medel, Martín Equihua Equihua, y Serafín Núñez Ramos.
Gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios.
Tiene la palabra el diputado Ernesto Luque Feregrino, presidente de la Comisión de Corrección de Estilo para rendir un informe de actividades.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada (desde su curul):
Señor Presidente:
El Presidente:
Dígame, diputado.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada (desde su curul):
Moción, señor Presidente:
El señor diputado Zeferino Torreblanca Galindo está inscrito en el orden del día inmediatamente después de la intervención de la diputada Leticia Burgos Ochoa.
El Presidente:
Pido su comprensión para poder escuchar este turno, porque es un informe de una comisión y por eso es que esta Presidencia, en uso de sus atribuciones, ha permitido programarlo en este sentido, inmediatamente después sí tendrá el uso de la palabra el diputado Zeferino Torreblanca Galindo. Tiene la palabra el diputado Ernesto Luque Feregrino.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde su curul):
El diputado puede hacer uso de la palabra al término de la intervención de los diputados enlistados en el orden del día. Yo no veo razón para que se altere el orden del día si ya está previamente programado, se puede añadir, en todo caso, un punto más, pero después del último punto que está ya previamente anotado en el orden del día que todos tenemos y que fue aprobado por esta sesión.
El Presidente:
Sí, diputada, lo que esta Presidencia estaba haciendo es privilegiar los asuntos de interés general de esta Cámara y en función de eso, decidió poner este asunto a consideración de la Asamblea de inmediato. Y yo les ruego entonces su comprensión para que pueda darse este informe de esta Comisión de Corrección de Estilo.
En obsequio a la petición de los diputados, con mucho gusto esta Presidencia solicita al diputado Ernesto Luque Feregrino, que permanezca en la lista entonces al final de los asuntos pendientes, para continuar con los asuntos que tenemos enlistados.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Zeferino Torreblanca Galindo, para presentar una denuncia de hechos delictivos en el Estado de Guerrero.
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
En esta hora de vergüenza e indignación en México se requiere reflexionar sobre el por qué y el cómo del arraigo de la corrupción hasta la entraña más profunda de nuestra sociedad.
Nuevamente la opinión pública se ha desbordado en torno a la información sobre los turbulentos manejos de la política nacional ahora personificados en la familia Salinas.
Y otra vez, los sepulcros blanqueados señalan con su dedo flamígero a esos personajes como si sólo ellos fueran los responsables del deterioro económico, social y político del país, cuando sabemos que el problema real de nuestro México es un sistema viciado que no se auto corrige.
Los reprobables ejemplos de enriquecimiento ilícito y del nulo valor que tiene la ley para quienes pueden manejarla, han deteriorado ante propios y extraños, la imagen de México como un país que a pesar de sus profundos problemas económicos y sociales, asume cínicamente la corrupción como forma de gobierno.
Casi podríamos asegurar que en algunos momentos se acepta la cultura de la corrupción como parte del sistema. Todo sistema con basamento en la práctica corrupta, amenaza con la ruina. Frente a acontecimientos como los que ahora se exhiben, es importante tipificar su delictuosidad, pero también lo es el analizar el nicho social que alberga conductas de esta naturaleza.
Un delincuente protegido por el poder considera la impunidad como un derecho propio a su investidura, a la de sus parientes mejor colocados, por que así ha sucedido en los últimos años, si somos honestos.
El escándalo en que se ve envuelta la familia Salinas, abre la posibilidad de que el sistema se ensañe contra ella como chivo expiatorio para descargarle culpabilidades propias y quedar libre de éstas al castigar severamente a los responsables.
Tal actitud sería funesta porque aceleraría el proceso de la corrupción, motivaría a muchos a legitimar la propia deshonestidad al saber que otros han ido más lejos y a sentirse justificados a hacerlo, como algo que todo mundo hace y, por tanto, no inculpa, sino justifica.
El cáncer, señoras y señores, sigue estando adentro y se manifiesta no sólo en las altas esferas políticas, sino en los otros niveles de gobierno, como es el caso actual del ayuntamiento de Acapulco, autoridad viciada de origen, ya que se utilizaron grandes recursos económicos para llevar al actual presidente municipal a ocupar este encargo. Además, el cuerpo edilicio excede con ocho regidores los 20 que permite la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, lo que convierte a la autoridad municipal en espuria ilegítima e ilegal. Más aún, se imponen regidores a quienes no les correspondía tal puesto, por el lugar que ocupaban en la lista de candidatos o simplemente se negocia con algún aspirante a diputado perdedor para imponerlo como regidor y otros, por la voluntad divina del virrey guerrerense, se les designa como ediles.
Este es el estado de derecho imperante en Guerrero y no se limita a su origen perverso, ya que a quien el gobernador del Estado tiene encargado del municipio de Acapulco, Rogelio de la O Almazán, llegó a la presidencia municipal de Acapulco, después de una carrera política hecha a la sombra de los Figueroa, con la única cualidad de ser un siervo incondicional de la familia que hoy gobierna Guerrero. De funcionario federal menor, pasa ser un próspero político empresario. Tras dos años de gestión al frente de la comuna, surgió una cadena de restaurantes en el puerto de Acapulco, desde luego, los de moda para las organizaciones intermedias, las que realizan reuniones de trabajo en éstos, alterándose el número de comensales para facturar más alto, a cuenta del ayuntamiento de Acapulco, que cobra el excedente a costa de la mermada tesorería municipal.
En dichos negocios, como es obvio, no aparece como propietario Rogelio de la O, sino uno de sus hijos. Aquí cabe preguntarse cómo un joven de 25 años, ante las circunstancias actuales pudo haber puesto en operación dos negocios de las características de estos, cuyo nombre comerciales: "El Mesón del Angel".
Pero si alguien quisiera pensar que este joven es un brillante y audaz empresario, bastaría decirle que tenemos fotografías y pruebas, que se utilizaron recursos materiales del ayuntamiento para poner en funcionamiento dichos negocios.
La familia De la O resultó próspera de pronto y en 1995 comenzó a adquirir propiedades. Entre los adquirentes, se encuentra una hija, cuyo esposo cobra y supuestamente trabaja en el ayuntamiento de Acapulco y dos hijos más, distintos del que opera los restaurantes, uno de ellos, Rogelio de la O Godínez, es un flamante funcionario estatal, propietario de una gran mansión que seguramente presumirá adquirió con su alto sueldo de servidor público.
Pero el padre y presidente municipal, no se podía quedar atrás y adquirió dos propiedades de 600 metros cuadrados cada una, desde luego, esto fue lo que nosotros pudimos probar, el 9 de febrero de 1995, ante la fe del notario dos del distrito de Tabares. Cabe aclarar que en el Registro Público de la Propiedad aparece como propietaria la señora Bella Uri Hernández Felizardo. La señora Hernández, que aparece como vendedora, fue funcionaria del Gobierno del padre del actual gobernador del Estado y hace unos días fue nombrada notaria pública, violando abiertamente la Ley del Notariado Público vigente en el Estado de Guerrero. Aquí cabe el comentario que si Calígula nombró cónsul a su caballo ¿Por qué Rubén Figueroa no puede dar patente de notarios, si la única ley que impera en Guerrero es la suya.
El saqueo de las arcas municipales es evidente, afirmamos esto porque en la nómina del ayuntamiento de Acapulco, cobran familiares y parientes de la familia De la O.
Por respeto a su tiempo, compañeros legisladores, aunque tenemos detectados muchos casos, sólo citaré algunos de éstos que conforman lo que parece una historieta de la Cosa Nostra. Ahí está, por ejemplo, la suegra del junior De la O Camerina Lequidano Vargas, con un sueldo mensual de 6 mil 81 pesos, como directora del Departamento de Reglamentos y Espectáculos; uno de los tres directores.
El nepotismo es una práctica cotidiana, porque ahí cobra también Mario Roberto Adame Liquidano, cuñado del multicitado junior, en el feudo de este reglamento y espectáculo, la cantidad de 3 mil pesos mensuales como inspector.
Desde siempre hemos sostenido que el Partido Revolucionario Institucional no es un partido, por lo menos en Acapulco, sino una dependencia más del Gobierno. Y en Acapulco, es el ayuntamiento el que cubre los gastos de ese funcionamiento del gran aparato que es el PRI.
Los cuadros directivos de ese partido, en su mayoría, cobran en la nómina del ayuntamiento o en otras dependencias como la Capama. La otra parte del andamiaje del PRI está representada por los seccionales, cuyos dirigentes, todos, aparecen en la nómina del ayuntamiento de Acapulco como gestores sociales o auxiliares administrativos, con remuneraciones que oscilan desde los 500 nuevos pesos hasta los 6 mil nuevos pesos.
Por otro lado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco es el otro reducto que cobija y solapa pillerías. Y no solo ha sido el instrumento para operar elecciones o el origen de riqueza de constructoras, sino también, la caja chica del gobernante en turno. Este organismo cubre en su nómina a periodistas, oficiales y aviadores, así como el socorrido uso de recibos de honorarios, que ni siquiera cumplen con las disposiciones legales y los hace constitutivos de delitos de defraudación fiscal.
Entre estos casos se encuentra el de Miguel Angel de la O Godínez, otro de los hijos De la O Almazán, quien cobra 7 mil pesos mensuales en esa dependencia.
Raúl González Villalba, actual director de ese organismo, es el prototipo de lacayo que cambia de librea cada sexenio; y que hoy utiliza parte de los recursos del organismo para promoverse políticamente.
Ojalá se contara con un órgano independiente que auditara esa paramunicipal, para que pudiéramos contar con más pruebas de las que ya tenemos sobre la deshonestidad de este supuesto servidor público.
De la O Almazán siempre aspiró a coordinar los esfuerzos de los acapulqueños. No para servirles, sino para convertir el ayuntamiento, con contadas excepciones, en botín de aventureros y ladrones, encabezados precisamente por él.
La sociedad sabe muy bien como se enriquece De la O y su familia, pero observamos decepcionados y con amargura, a grandes grupos de ciudadanos, incluso de los intelectuales, representantes populares, funcionarios públicos, empresarios y periodistas, en quienes se ha amortiguado o quizá anulado, apagado o invertido la conciencia de jerarquía de valores y de valor civil. Prefieren asegurar el bienestar material siempre efímero, que sostenerse de pie y mantener lo más importante de los valores humanos; valores que exigen virilidad, de la que algunos carecen.
Es por eso que en estos días, para muchos, es mejor la componenda, que defender lo que no es legítimo. Esta postura es la que ha permitido el avance de los corruptos, de los arbitrarios y de los ególatras. Como el que hoy nos ocupa, quien se burla y miente de manera abierta.
Ante estas circunstancias, podemos adoptar una actitud contemplativa y sufriente. Podemos declararnos víctimas o invocar aquí o allá nuestra desesperación, comunicándole a todos más que con el deseo de resolverla, con el propósito de ser compadecidos.
Así podemos ser, quizá, víctimas de un fatalismo, que nos lleva a la impotencia o tal vez a la indiferencia. El gobierno municipal de Acapulco desea muchas veces convertir a los individuos en una masa, en multitud amorfa de individuos; no en una sociedad responsable. Nos ha acostumbrado a ser conformistas; le agradecemos cuando nos tira migajas de nuestro propio pan; nos vende nuestros derechos; nos oculta o nos informa con mentiras. Se nos pide que aceptemos análisis parciales y por tanto conclusiones falsas y dolosas. Que no se tenga memoria de lo dicho. Que se calumnie, ofende y vilipendie. Todo en aras de justificar la ineficiencia, la corrupción y la soberbia.
Estoy convencido, profundamente convencido, que un manejo de corruptos y de ineptos no puede más que una sociedad organizada y decidida. ¡No, señoras y señores, no es condición de mexicanos permanecer sumisos ante la arbitrariedad y el saqueo! ¡No podemos permanecer aislados, dedicados a nuestros fines particulares e inmediatos y totalmente desinteresados de lo que sucede a diario! ¡No podemos permanecer apáticos e indiferentes, viendo que Acapulco se nos deshace en las manos!
¡Creo que es tiempo de dignificar la política! Por ello, no puedo actuar en la complicidad del silencio ¡Tengo bien claro que "el que calla otorga":
Es por eso que el día de ayer, 13 de diciembre de 1995, presenté denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de Rogelio de la O Almazán, Rogelio de la O Godínez, Raúl González Villalba, por los probables delitos de evasión fiscal, nepotismo, peculado y los que resulten.
Asimismo, el día de mañana, en Acapulco, presentaré denuncia penal en la Procuraduría de Justicia de mi Estado, Guerrero.
Por su atención, muchas gracias.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Luis Aguilar Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia sobre el caso los chimalapa.
El diputado José Luis Aguilar Martínez:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Una de las preocupaciones más importantes en estos momentos en México, es la construcción definitiva de la paz en Chiapas, a través de los cauces legales y la participación de todos los sectores del Gobierno y la ciudadanía. Pero todos los intentos por alcanzar rápidamente una solución al conflicto de Chiapas, están condenados al fracaso mientras el Gobierno no haga un esfuerzo supremo por entender cabalmente la cultura de los indígenas, las necesidades y los problemas que aquejan a los chiapanecos.
No se puede resolver el conflicto por sus resultados si no se antepone una solución a los factores que la generan: explotación, invasión, despojos y marginación, de lo que no ha sido ajeno el pueblo de Cintalapa.
Acción Nacional ha sostenido que la convivencia justa, libre y ordenada es medio necesario para el perfeccionamiento de la persona y que es, por tanto, obligación ineludible de todos respetar y hacer que se respete la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de los demás, cooperando no sólo a la conservación, sino también al desenvolvimiento de un orden social justo, que armonice los aspectos individuales y sociales de la vida humana.
Es impostergable el reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos indígenas, de sus instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico a mantener y a fortalecer su identidad, lengua y costumbres. Pero esto sólo se logrará si se les protege de la erosión que pueda sufrir.
El Estado de Chiapas, en los últimos meses, se ha convertido en el centro de la conciencia nacional. Toda la sociedad y especialmente la chiapaneca, ha alzado su voz para hacer un llamado a erradicar los problemas de marginación y pobreza que vive ese pedazo de nuestra patria. Es esta misma preocupación la que hoy nos hace denunciar ante esta tribuna el problema de los chimalapas.
Cuando se habla de los chimalapas se evoca una historia de despojos al pueblo chiapaneco. Los problemas surgen a raíz del reconocimiento y titulación de los bienes comunales de los pueblos de Santa María y San Miguel Chimalapa, mediante resolución presidencial publicada el 7 de marzo de 1967, que comprende una extensión de 385 mil hectáreas, ubicada en la zona norte del municipio de Cintalapa, Chiapas.
Es reconocida su grandeza forestal noroeste, pues ya en 1925 había una incipiente explotación silvícola cuando se instaló el primer aserradero movido por motores de gasolina y diesel, merced a la primera autorización para aprovechar la madera por 6 mil 077 metros cúbicos. Sin embargo, en 1948 se incrementó la explotación entre 60 mil y 80 mil pies cúbicos, pero se obtenía tres veces más madera de las cantidades registradas ante las autoridades forestales.
Para 1985 ya se hablaba de siete aserraderos en el municipio de Cintalapa, con capacidad para procesar 93 mil metros cúbicos en rollo al año. No obstante lo anterior, el 30 de agosto de 1989 se decreta en Chiapas la veda forestal, aunque sólo se hizo efectiva para los chiapanecos, más no para los oaxaqueños, quienes siguieron talando bosques y selvas de esa entidad.
Por otra parte, sabemos que hay 594 mil hectáreas boscosas en esa región que se denomina Chimalapas Cintalapa de las cuales 112 mil hectáreas se consideran ya deterioradas por la acción del hombre con actividades forestales, ganaderas y agrícolas. Hasta la década del sesenta en esa zona no se presentó problema agrario alguno, aunque, a principios de esa época ya se había generado una corriente migratoria hacia aquellas zonas, quizá movido por la existencia de terrenos nacionales disponibles.
Así fueron surgiendo asentamientos irregulares en la región cuya mala situación se complicó más con la presencia de campesinos provenientes de Michoacán, Guerrero, Estado de México y Guanajuato que se avecindaron en esa zona.
Hacia principios de 1990 se intentó detener el avance migratorio en la región a pesar de que ya se habían asentado en Oaxaca las comunidades de San Juan, San Antonio, Benito Juárez, El Jícaro, San Francisco y La Paz integradas por campesinos sin tierras de las entidades arriba mencionadas. Mientras eso ocurría en Oaxaca desde 1966 se crean en Chiapas nuevos centros poblacionales: Benito Juárez, Uno y Dos, Rafael Cal y Mayor y Jorge de la Vega Domínguez, los que obtuvieron sus resoluciones presidenciales en 1979, 1981, 1985 respectivamente.
A partir de tales hechos se empezaron a complicar las cosas, ya que las comunidades que están integradas por ganaderos, nacionaleros, aserradores, pequeños propietarios, comuneros y ejidatarios. La problemática llegó a tal grado, que la paz está en el filo de la navaja, pues los comuneros de Santa María y San Miguel Chimalapa, Oaxaca, avanzan implacablemente sobre un territorio de 594 mil hectáreas de suelo chiapaneco, movimiento que al decir de los propios pobladores de Cintalapa, hacen apoyados por grupos madereros y particularmente por la compañía maderera "Palomares" y por funcionarios del propio Gobierno oaxaqueño; sabemos de antemano porque así lo han manifestado nuestros pequeños propietarios, ganaderos y ejidatarios chiapanecos del noroeste de Cintalapa que los comuneros de San Miguel y Santa María los despojan de sus tierras, nada los detiene ya que cuentan con armas y al parecer, por voz propia de los chiapanecos de Cintalapa, con el apoyo de algunos funcionarios del Gobierno de Oaxaca.
Estamos seguros de que de no darse una solución a estos conflictos, nuestros indígenas campesinos, nacionaleros y pequeños propietarios, no se quedarán con los brazos cruzados, por ello es indispensable tomar las medidas que estén a nuestro alcance para evitar más derrames de sangre en Chiapas, para evitar que sean las balas las que hablen pidiendo solución, para evitar se sustituya la ley y el derecho por los fusiles, pero solo podemos lograrlo si se actúa oportunamente.
Sin embargo, a este conflicto se le intentó poner fin mediante la creación de la reserva ecológica, acuerdo que incumplió el gobierno de Oaxaca porque sólo Chiapas lo acató, razón por la cual ahora subsiste solamente el voraz saqueo de su riqueza forestal.
Desde que Chiapas se anexó a México en 1824, podemos afirmar que desde esa fecha hasta hoy se le ha sustraído tierras para conformar cinco municipios de Oaxaca: Santo Domingo, Zanatepec, Chahuites, Reforma, Ixhuatán y San Pedro Tapanatepec.
Ahora se le pretende sustraer al territorio chiapaneco cerca de 600 mil hectáreas con el solo afán de sacar provecho a sus recursos forestales y naturales. Recientemente el pueblo de San Isidro la Gringa fue adjudicado a los Cintalapas ya que avanzaron los chimalapas dentro del territorio chiapaneco, por lo que se aprestan los chiapanecos, para hacer frente común y luchar, primero, por la vía legal, después quizá se ejerza una acción extra legal para defender sus tierras.
Señoras y señores diputados, evitemos este golpe doloroso a Chiapas y al país, no es posible que se siga viviendo en la incertidumbre, que los chiapanecos continúen agachando la cabeza y viendo cómo inexorablemente sus propiedades y su único patrimonio que es la tierra, les sea arrebatado sin que autoridad alguna se haya dignado afrontar con valor este grave problema que cada día se vuelve más complejo, sobre todo, porque con tal problemática que se han visto afectados 26 centros poblacionales, 328 ejidos, 18 comunidades además de 600 pequeños propietarios de los municipios de Cintalapa y Ocozocuautla, Chiapas, hasta hoy se han deforestado más de 70 mil hectáreas, lo que podría demostrarse si las autoridades forestales recorrieran la zona donde encontrarían grandes patios madereros en el ejido oaxaqueño Pascual Fuentes, antes El Jícaro, ubicado entre Tapanetepec y Zanatepec, Oaxaca.
Las condiciones de pobreza, desnutrición, analfabetismo y marginalidad generalmente hacen que nuestros compatriotas indígenas constituyan uno de los grupos más vulnerables en lo que respecta a la protección de los derechos humanos, tal sucede a los pueblos de Chiapas, quienes tienen que seguir luchando por ser tratados y respetados en su calidad de seres humanos, como es el caso aquí planteado de los pobladores de Chimalapa, Cintalapa.
Por lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante esta tribuna solicita al Gobierno Federal, a los gobiernos locales de Chiapas y Oaxaca y demás autoridades a quienes les corresponda, investiguen, analicen y busquen una solución al conflicto planteado, pues hoy Cintalapa, Chiapas, como muchas otras poblaciones exigen una nueva actitud y una nueva mentalidad de quienes han depositado en sus manos el Gobierno, nos piden profundizar en su historia y en el espíritu de justicia que al parecer todavía no les llega, reclaman una clara y precisa comprensión de su realidad, sus problemas, sus necesidades y sus perspectivas, requieren una respuesta que les permita el bienestar de su familia y de su comunidad, que no tendrán otro resultado que el bienestar general de nuestra patria.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 14 de diciembre de 1995.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Abel Trejo González, para rectificación hechos.
El diputado Abel Trejo González:
Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
El asunto de los chimalapas requiere un tratamiento sumamente cuidadoso y con mucha sensibilidad por parte del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las partes, porque en ocasiones anteriores se han suscitado hechos violentos y a toda costa creemos nosotros, los oaxaqueños, debemos procurar evitar el derramamiento de sangre y lograr soluciones a través del diálogo y la concertación, como lo vienen impulsando los gobernadores, licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, de Oaxaca y licenciado Julio César Ruiz Ferro, de Chiapas.
Como el compañero que me antecedió en el uso de la palabra habló a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, yo sí creo que tenemos que hacer acopio de información suficiente para que podamos darle el tratamiento adecuado a este conflicto.
Las comunidades indígenas zoques, de Santa María Chimalapa, 460 mil hectáreas y de San Miguel Chimalapa, 134 mil hectáreas, ubicadas en el Estado de Oaxaca, cuentan con una resolución presidencial de confirmación y titulación de bienes comunales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1967; con anterioridad a estas resoluciones agrarias que benefician a Santa María y San Miguel, fueron expedidas seis resoluciones presidenciales que afectan 12 mil 084 hectáreas de estas mismas comunidades; y posteriormente a las resoluciones de 1967 fueron expedidas resoluciones presidenciales de diferentes acciones agrarias que afectan 33 mil 288 hectáreas además, existen cinco mandamientos del gobernador del Estado de Chiapas, dictados posteriormente a las resoluciones agrarias de los chimalapas, que afectan otras 14 mil 609 hectáreas.
Como se ve, las comunidades de Santa María y de San Miguel Chimalapa, han sido afectadas por 24 acciones agrarias, en aproximadamente 100 mil 926 hectáreas, de las 594 mil que le fueron reconocidas por las resoluciones presidenciales de 1967.
La Secretaría de la Reforma Agraria concluyó, en agosto de 1993, el plano general de deslinde de las dos comunidades chimalapas, en virtud de amparos planteados por posesionarios nacionaleros y ejidatarios del Estado de Chiapas, se requieren trabajos complementarios para excluir de los bienes comunales a los ejidos y terrenos nacionales que sean procedentes de acuerdo a la ley.
Los trabajos de exclusión de bienes comunales, requieren de una efectiva conciliación agraria entre los diversos grupos involucrados y de una eficiente coordinación entre la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, con los gobiernos de los estados de Chiapas y Oaxaca; de lo contrario, insisto en ello, se puede agravar la problemática en la región, con saldos impredecibles.
El 17 de noviembre y el 16 de diciembre de 1993, se celebraron reuniones en la oficina del Secretario de Gobernación, en la que participaron los secretarios de Desarrollo Social y de la Reforma Agraria, el Procurador Agrario, así como los gobernadores de los estados de Chiapas y Oaxaca, en la que se analizó la problemática y se acordaron reuniones con los representantes de las comunidades, mismas que se efectuaron el 20 de diciembre de 1993, el 3 y 10 de enero de 1994, en la oficina del Secretario de Desarrollo Social. En estas reuniones se suscribieron actas firmadas por todos los asistentes, de las que se desprenden las bases para la conciliación agraria en los chimalapas, así como para la ejecución de acciones de ecología productiva, desarrollo regional, protección al ambiente y seguridad pública, como se describen a continuación. Estas actas comprenden cinco grandes líneas de acción:
La primera es atención del conflicto agrario y resolución de los amparos planteados; la segunda, conciliación agraria para la exclusión de los bienes comunales de los terrenos ejidales que sean procedentes; la tercera, diseño y ejecución de un programa de ecología productiva y de desarrollo regional; la cuarta, protección ambiental y ordenamiento ecológico de la región; la quinta, fortalecimiento de las acciones de persecución de delitos ecológicos, control de narcotráfico y contrabando y de apoyo a la seguridad pública.
Creemos firmemente, compañeros, que en estas actas está la base fundamental para resolver este conflicto de una vez por todas y, en todo caso, el espíritu de justicia que prevalece en los comuneros de Santa María y de San Miguel Chimalapa los lleva a actuar en el marco de la legalidad; por ello reconocen y están de acuerdo en la exclusión de los bienes comunales de los chimalapas, aquellos ejidos...
El Presidente:
Diputado orador, se terminó su tiempo, ¿nos haría el favor de redondear su intervención.
El diputado Abel Trejo González:
Sí, estoy redondeando y termino ya, señor Presidente.
El Presidente:
Muchas gracias, señor orador.
El diputado Abel Trejo González:
Piden los compañeros comuneros con apego a la ley...
El Presidente:
Permítame, señor orador.
Sí, señor diputado.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo (desde su curul):
Moción de orden, señor Presidente, el orador pidió la palabra para el mismo tema, no pidió para rectificar hechos, por lo tanto tiene derecho a ocupar el mismo tiempo que el anterior orador.
El Presidente:
Discúlpeme, señor diputado, el señor diputado orador pidió la palabra para rectificar hechos y es hasta cinco minutos. Le rogamos si redondea su intervención.
Gracias.
El diputado Abel Trejo González:
Aquellos ejidos que tienen resolución anterior al mes de marzo de 1967 y en los restantes, los comuneros de los chimalapas piden con apego a la ley, que se reconozcan como bienes comunales y, además están de acuerdo en reconocer la realidad de la vida que han hecho ahí, a los auténticos campesinos que trabajan de y en la tierra, no así a los terratenientes, ganaderos, pequeños propietarios y a los nacionaleros que sólo buscan su beneficio personal.
Debemos apoyar los esfuerzos de los dos gobernadores, de Oaxaca y Chiapas, para impulsar estas cinco líneas de acción los chimalapas es una reserva ecológica que pertenece a los chimalapeños, a México y es de interés del mundo porque beneficia a la humanidad entera.
Muchas gracias.
GASTO SOCIAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Martín Gerardo Longoria Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un punto de acuerdo.
El diputado Martín Gerardo Longoria Hernández:
Buenas noches.
Quisiera aclarar que vengo a la tribuna como miembro de la Comisión de Desarrollo Social y parte de su mesa directiva, para presentar un punto de acuerdo que propone la Comisión de Desarrollo Social, en el marco del artículo 58 de nuestro Reglamento.
Una de las metas de todas las fuerzas políticas representadas en la actual legislatura, es la de impulsar las medidas necesarias, tendientes a lograr un federalismo renovado. Parte importante de este proceso lo oculta la descentralización de recursos y responsabilidades, destacando aquellos destinados al gasto social.
La Cámara de Diputados, como instancia responsable de revisar y en su caso aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública, tiene la obligación legal de procurar que esos instrumentos cumplan diversos propósitos entre los que destacan propiciar el desarrollo regional y combatir la pobreza. En ese sentido demandamos y recomendarnos:
1o. Que de cualquier recurso adicional, se canalice un mayor volumen para el combate a la pobreza, considerando los compromisos signados por el Gobierno Federal en la pasada Cumbre Mundial de Desarrollo Social.
Al hecho de que 1996 será declarado Año Internacional del Combate a la Pobreza y a que los recursos propuestos para el siguiente año en el ramo 26 decrecen en términos reales, como resultado de la crisis económica y la inflación y asimismo los destinados al desarrollo social resultan insuficientes.
2o. Que los diputados federales de cada entidad, en su calidad de representantes populares, participemos como testigos en la firma de todos y cada uno de los convenios de desarrollo social y en las evaluaciones de resultados de esos acuerdos. Todo esto en un marco de respeto a la soberanía de cada entidad, congresos locales y ayuntamientos.
3o. Que tal y como se manifiesta en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación, los diputados federales consideramos fundamental fortalecer la capacidad de gestión de las autoridades locales, así como de las comunidades.
En este sentido proponemos que se defina un status legal para normar, sin perjuicio de la intervención que debe corresponder a las autoridades municipales, la participación de los ciudadanos y las comunidades en la determinación, instrumentación, ejecución, control y evaluación de programas y acciones en materia social comprendidas en el ramo 26.
4o. Que conforme al punto anterior, los recursos canalizados se destinen, ejerzan y evalúen de manera permanente, para lo cual se dará tanto a nivel estatal como municipal amplia difusión de los criterios de asignación, montos destinados, obras y metas a cumplir y programas de trabajo.
Estamos convencidos que estas medidas, además de no vulnerar la soberanía de los estados, podrán redundar en el apoyo a la aspiración de las entidades de lograr un federalismo más justo y por ende, más democrático y fuerte.
Asimismo, de instrumentarse estas propuestas se redoblarían los esfuerzos del Ejecutivo Federal y la legislatura federal de hacer más transparente y eficiente el uso de los recursos destinados al gasto social.
Firman el presente punto de acuerdo los diputados: Rosario Robles, presidenta; Víctor Cruz Ramírez, Jorge Castillo Cabrera; Tito Rubín Cruz, Martín Longoria, secretarios; Gerardo Nava Bolaños, Eliseo Moyao, Jorge Hernández Domínguez, Lorenzo Chávez Zavala y Joaquín Vela, del Partido del Trabajo, miembros de la Comisión de Desarrollo Social.
Hago entrega a la Secretaría y a la Presidencia.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADO DE CHIAPAS (II)
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Alicia González Cerecedo, para dar lectura al informe de la Comisión Especial de Seguimiento para los Asuntos del Estado de Chiapas.
La diputada Alicia González Cerecedo:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: «Informe pormenorizado de la comisión paritaria para el análisis de la situación que se vivía en el norte del Estado de Chiapas en los meses de septiembre y octubre de 1995.
En cumplimiento al punto de acuerdo firmado el 19 de septiembre del presente, por los diputados coordinadores de las cuatro fracciones parlamentarias que conforman esta Cámara de Diputados de la LVI Legislatura, se integró de manera paritaria una comisión que viajó al norte del Estado de Chiapas y de manera especial a los municipios de Tila, Sabanillas; Tumbalá y Salto de Agua.
Se visitaron los municipios antes señalados, se recibieron en diferentes audiencias públicas a los grupos en conflicto, en donde se recogieron las distintas versiones de la situación. Se sostuvieron pláticas con las autoridades ejidales, municipales, con el Procurador de Justicia del Estado, con el gobernador, con el Presidente de la Cámara de Diputados y con el Secretario General de Gobierno. Nos permitimos entregar las versiones recibidas por esta comisión, que suman 17 cuartillas, quedando a disposición de la Secretaría de esta Presidencia para cualquier consulta, esperando haber cumplido con la encomienda y con el punto de acuerdo que esta honorable Asamblea nos encomendó.
Atentamente.
Por la comisión: diputados Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, coordinador; Alicia González Cerecedo, Rafael Ceballos Cancino, Fernando Garzacabello García, Cruz Pérez Cuéllar, José Alberto Castañeda Pérez, Hildiberto Ochoa Samayoa, Adriana Luna Parra y Trejo Lerdo, Oscar González Yáñez y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.» Hago entrega, señor Presidente, de las 17 cuartillas de este informe, suplicándole de manera muy especial, una copia sea enviada a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento también.
Queda a disposición de todos este informe para quien lo quiera consultar.
Muchas gracias.
«Versiones recibidas en las diferentes audiencias que se sostuvieron durante la gira de la comisión
La comisión sesionó el día 3 de octubre del presente año con objeto de establecer las bases para el cumplimiento del punto de acuerdo y se trasladó al Estado de Chiapas los día 4 y 5 del mismo mes, con objeto de visitar las comunidades en conflicto y obtener información de primera mano de los habitantes, también entrevistarse con las autoridades estatales y las organizaciones de Derechos Humanos establecidas en el Estado de Chiapas. Se contó con la asistencia de 10 de los miembros de la comisión y fuimos acompañados por el señor Armando Pacheco en su carácter de secretario técnico del gobernador.
La metodología aprobada consistió en escuchar por separado a las partes en conflicto que nos brindaron su versión de los hechos y denuncias presentadas, para posteriormente formular una ronda de preguntas hechas por los diputados con objeto de profundizar y aclarar a los legisladores los problemas expuestos. De manera similar se actuó con las autoridades estatales y los organismos de Derechos Humanos denominados Centro de Derechos Humanos fray Bartolomé de las Casas y Compaz.
Para efectuar el recorrido por las comunidades distantes entre sí y con problemas de comunicación por estar situadas en la serranía del noroeste del Estado de Chiapas, se contó con el valioso apoyo de dos helicópteros proporcionados por el Gobierno del Estado, pudiendo visitar las comunidades de Usipá, Limar, Tila y Salto de Agua, no siendo posible visitar las comunidades de Nuevo Limar, Tumbalá, Sabanilla y otras en las que también existen denuncias penales y por violaciones a los derechos humanos.
Procuraremos en este informe vaciar los datos objetivos de cada reunión y posteriormente valorar las constantes que encontramos.
Visita al ejido de Usipá en el municipio de Tila
Arribamos al poblado a las 11:00 horas del día 4 de octubre siendo recibidos por todo el pueblo, el cual está dividido en dos grandes bandos: uno de los cuales se dice simpatizante del PRI y otro simpatizante del PRD.
La plaza central está rodeada por elementos de seguridad del Gobierno del Estado y la reunión se efectuó en un salón de la escuela, primeramente con una comisión del grupo del PRI y posteriormente con el grupo del PRD.
Reunión con militantes del PRI
El ciudadano Mateo López Torres, quien es suplente del agente municipal y miembro de la religión adventista, hace uso de la palabra e informa que posibles simpatizantes del EZLN dieron muerte a su hermano Pascual López Torres; y menciona al sacerdote Heriberto Cruz Vera como simpatizante del grupo zapatista y solicita el esclarecimiento de la muerte de su hermano, ya que a raíz de ella abandonó el pueblo por temor a ser agredido.
Toma la palabra el ciudadano Avelino Cruz López, el cual relaciona los hechos violentos con la guerra que estalló en Ocosingo, asimismo, afirmó que el sacerdote Cruz Vera a partir de 1994, comenzó a hacer proselitismo para que se incorporaran a las filas del EZLN y pide el esclarecimiento de los asesinatos de Pascual López Torres, Antonio López López y Nicolás López Ramírez, indicando que éste último fue herido severamente a machetazos. También nos informa que José Jiménez fue herido con escopeta y de nuevo menciona que desde hace dos años se les invita para incorporarse a las filas del EZLN y para que militen en el PRD.
En varias ocasiones hacen referencia que no están de acuerdo con las violaciones a las leyes vigentes y que los catequistas dicen que quien mate a un priísta se irá al reino de los cielos y esto lo sitúan en el templo católico "San Sebastián", finalmente se quejan de que los militantes del PRD están armados, que los del PRI no tienen libre tránsito por los caminos, además afirman que ellos no son responsables de los desalojos que sufrieron los simpatizantes del PRD y verbalizaron su deseo que no existiera el Partido de la Revolución Democrática.
Reunión con militantes del PRD
Primero hace uso de la palabra el ciudadano Gilberto Jiménez López, en representación de los desplazados e informa que el 4 de septiembre pasado, las mujeres y niños abandonaron sus hogares al enterarse de la presencia de gente armada del mismo lugar presuntamente del grupo "Paz y Justicia", mientras los hombres se encontraban laborando en sus parcelas y al ser notificados se dirigieron todos a la población de Salto de Agua, en este lugar se enteró de la muerte de una persona y posteriormente se supo que se trataba de su hermano, el cual falleció por impacto de arma de fuego, por lo que presentó denuncia ante el Ministerio Público de esa población.
El 23 de septiembre regresaron a sus hogares acompañados del Ministerio Público para que diera fe del desalojo y levantara el acta correspondiente, esto ocurrió alrededor de las 18:00 horas encontrando algunas casas quemadas y sus hogares saqueados, por lo que temen salir a trabajar y ser agredidos nuevamente.
El ciudadano Cristóbal Méndez, que anteriormente fue comisario ejidal y militante del PRI, se queja por falta de apoyo del nuevo comisario ejidal y solicita que el Gobierno les proporcione un terreno donde puedan vivir, e informa de la existencia de grupos armados y que los priístas se han unido en torno a una organización denominada "Paz y Justicia".
Hace uso de la palabra el ciudadano Sebastián López López informando que el día 4 de septiembre, al volver de su trabajo, fue amarrado en la casa del comisario ejidal y que el día 5 lo llevaron detenido rumbo a la población de Nuevo Limar y cuando estaban a medio camino fue obligado a cargar el cadáver del perredista Rogelio Jiménez López, el cual, según expresó, fue asesinado por priístas que lo consideraron zapatista.
Ambos grupos se acusan mutuamente de estar armados, de propiciar la violencia y ser responsables de los hechos ocurridos, también solicitan se investiguen los asesinatos, castigando a los culpables y que permanezca la policía en el poblado para prevenir enfrentamientos, también se acusan mutuamente de presiones para cambiar de partido político.
El grupo perredista solicita, además, la reparación de sus viviendas, restitución de sus pertenencias perdidas en el desalojo y les preocupa principalmente sus molinos de maíz, sus utensilios de cocina, sus instrumentos de trabajo y sus documentos personales, en algunos casos desapareció su credencial para votar con fotografía.
Cabe mencionar que la comunidad se encuentra sin maestros de escuela, los que abandonaron la población al iniciarse el conflicto y es menester también mencionar que el Gobierno del Estado está proporcionando ayuda alimenticia y entregando molinos a los desplazados.
Visita al municipio de El Limar
El arribo a esta población fue a las 14:10 horas encontrándonos la plaza rodeada por elementos de la policía estatal y con un operativo militar instalado en la zona que incluía vehículos armados.
Antes de comenzar las pláticas, se notaba un ambiente de tensión y los grupos priístas encabezados por el señor Diego Vázquez Pérez intentaban impedir el paso a los simpatizantes del PRD, lo que al fin se consiguió con la intervención de los diputados federales.
El otro momento de tensión fue cuando a la misma persona y a las autoridades municipales les informamos la metodología para escuchar en privado a ambos grupos, a lo que en principio se opusieron, pero posteriormente aceptaron, incluso fue necesario en dos ocasiones solicitar a miembros del Ejército se alejaran de las ventanas.
Reunión con militantes del PRD
En esta primera entrevista participaron los ciudadanos: Margarita Martínez Alvarez, Consuelo López Pérez y Diego Jiménez Pérez, las dos primeras son catequistas y el tercero identificado como miembros de la iglesia católica.
Las mujeres denunciaron presiones para que abandonen su militancia en el Partido de la Revolución Democrática y se les pretendía cobrar una multa de 500 nuevos pesos para permitirles seguir viviendo en la población, esta multa se había determinado en una Asamblea de habitantes del poblado. Denuncian la presencia de grupos civiles armados que utilizan uniformes similares a los de la policía y son presuntamente miembros de la organización "Paz y Justicia" que agrupa a los priístas del poblado, también nos informan que están arriesgando su vida al hacer estas denuncias, por lo que piden garantías para su seguridad personal.
La organización "Paz y Justicia" está promovida por Solidaridad Campesina Magisterial (Socama), encabezada por el profesor bilingüe Diego Vázquez Pérez y apoyada por el comisariado ejidal y el agente municipal que presionan a los militantes del PRD, para que regresen al PRI. En opinión de los entrevistados, este grupo cuenta con armas de alto poder.
Denunciaron también que los simpatizantes del PRI, irrumpieron en las instalaciones de la escuela primaria federal "José Inés Estrada" y expulsaron al profesor del plantel Manuel Ramírez Gómez y también mantienen cerrada la iglesia católica de la población.
Solicitan se investigue la muerte del ciudadano Héctor Pérez Torres, ocurrida el 14 de julio; que desarmen a los grupos paramilitares y se suspendan las presiones en su contra por militar en otro partido político.
Reunión con militantes del PRI
Hace uso de la palabra el ciudadano Diego Vázquez Pérez, para informar que ellos pertenecen a la organización "Paz y Justicia" desde enero de 1994, que sostienen diferencia con el PRD, ya que desde hace un año son ostigados con amenazas para que se afilien a ese partido político y que ya estuvieron en la Ciudad de México en la Secretaría de Gobernación para conocer los hechos.
Informa que el día 22 de marzo del presente año, desapareció el ciudadano Nicolás Pérez Ramírez, el cual fue localizado muerto el 24 de marzo, había sido amarrado castrado y lo mataron a machetazos. También informa que el ciudadano Lorenzo García García es otra persona asesinada presuntamente por integrantes del grupo perredista, también fue asesinado el ciudadano Caralampio Pérez Hernández, por encapuchados que portaban equipos de radio.
Informó que el grupo del PRD, el día 19 de diciembre de 1994, secuestraron unas camionetas de una compañía constructora que trabajaba haciendo una carretera e incendiaron una de ellas, pues se oponen a la construcción del camino; que el 16 de julio del año en curso fueron asesinados ocho militantes del PRI, presuntamente por integrantes del PRD, en una cueva, de esta agresión hubo un sobreviviente.
En relación a las denuncias que presentó el grupo del PRD, el señor Diego Vázquez Pérez, manifiesta su extrañeza en vista de que la ciudadana Martínez Alvarez, ya pidió perdón públicamente y que no cobran cantidad alguna para que los miembros del PRD, puedan permanecer en la comunidad, lo que fue desmentido por la autoridad ejidal, que aceptó haber tomado un acuerdo en una Asamblea para cobrar los 500 nuevos pesos a los perredistas.
Los simpatizantes del PRI, acusaron a miembros de la iglesia católica de ser los culpables del asesinato del ciudadano Nicolás Pérez Ramírez y mostraron un volante con la fotografía a todo color del masacrado y con una redacción en la que acusaban al sacerdote de pila, el presbítero Heriberto Cruz Vera, de ser el responsable junto con el PRD, de los hechos de violencia desatados. Al interrogar al profesor Diego Vázquez Pérez, quien financiaba esa propaganda, no dio respuesta satisfactoria a la pregunta y manifestó que son miembros de la organización "Paz y Justicia" como medio para defenderse y buscar la unidad en su localidad.
Ambos grupos solicitan investigación a las denuncias, castigo a los culpables de los hechos violentos y se acusan mutuamente de que el otro grupo esté armado y son los agresores.
Visita a la cabecera municipal de Tila El arribo a esta población fue a las 10:20 horas del día 5 de octubre pasado y se trabajó de la misma forma que en los poblados anteriores, integrando comisiones en representación de los partidos en conflicto, sólo que en esta población existe un tercer grupo de un partido local denominado; Frente Cívico Chiapaneco, cabe destacar la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad pública del Estado y las pláticas se desarrollaron en el palacio municipal.
Reunión con militantes del PRD
En uso de la palabra el ciudadana Asunción Pérez Pérez informa de la presencia de guardias blancas que ostigan y desalojan a los perredistas y solicita se les desarme, menciona también que desde el 30 de septiembre pasado el señor Cándido Vázquez Sánchez, fue secuestrado en "El Crucero de Tila" he iba acompañado de su esposa que reconoció a los secuestradores e interpuso denuncia penal, solicitando, además apoyo, de la seguridad pública que no recibió.
También fuimos informados que ese mismo día se realizó un desalojo en la población de Masojil y que en las poblaciones de El Crucero, Lomas Alegres, San Gil y Mazoja hay acopio de armas, señalan como presuntos responsables de la violencia y los secuestros al ciudadano Efraín Torres Gómez, hijo del comisario de El Crucero, a Rubén Gutiérrez Torres, a Fabián Torres Martínez, a Gulmaro y Abraham Martínez Díaz, todos ellos miembros de la Organización "Paz y Justicia" que suponen está armada, afirman que los militantes del PRI, se oponen al retorno de los desplazados que se encuentran en la población de Salto de Agua e identifican como posibles integrantes de las guardias blancas a: Alejandro López Sánchez, Mateo Gómez Torres, Efraín Gómez López, Caralampio Gómez Pérez, Rubén Gutiérrez Torres, Fabián Torres Martínez, Diego Gutiérrez Torres, Gulfrano Martínez Díaz, Abraham Martínez Díaz, habitantes de la población El Crucero.
Hablaron también que la organización denominada Solidaridad Campesina Magisterial (Socama) apoya a las guardias blancas y que en la población de Miguel Alemán y en las poblaciones de Saquil, Lomas Alegres, Pulmasoija y Mazachico hay alrededor de 400 armas entre escopetas calibre 12 y 20, rifles M1 y M16, así como tanques ocultos en el monte.
Según su versión hay 103 personas desalojadas que temen por su seguridad y solicitan se investiguen las demandas para castigar a los culpables y también solicitan se desarme a las guardias blancas.
Reunión con militantes del PRI
El grupo priísta estaba encabezado por el profesor Elmer Martínez López, maestro federal con licencia laboral con goce de sueldo y que reconoció estar comisionado para apoyar a la organización "Paz y Justicia" y a Socama, denunció que la actitud del PRD, ha sido muy agresiva y que en el plantón que efectuaron ante el palacio municipal estaban armados de palos, piedras, machetes y varillas, pero no les dieron armas de fuego.
Este grupo se quejó del sacerdote del pueblo presbítero Heriberto Cruz Vera y lo relacionan con los disturbios en la población y con la muerte del señor Nicolás Pérez Ramírez, mostrando la misma foto a colores en un volante igual al que exhibieron en el municipio de Limar, por lo que solicitan se investigue al sacerdote.
Hace uso de la palabra el ciudadano Antonio Pérez Méndez para informar que la organización "Paz y Justicia" surge a raíz de las agresiones que han tenido por parte de los militantes del PRI y por la poca respuesta de las autoridades. Informa también que el PRD, lo único que quiere es el poder y señala la queja de sus compañeros contra el sacerdote Cruz Vera, pues, éste realiza proselitismo en contra de su partido e indica a sus fieles que es pecado votar por el PRI, menciona que este mismo padre es el fundador de la Asociación Campesina Chiapaneca que hace proselitismo en contra del Gobierno.
El profesor Elmer Martínez López informa que cuenta con licencia desde el mes de enero de 1994 y el ciudadano Arturo Sánchez pide que se investigue las acusaciones que en su contra hace el PRD, por contrabando de armas.
Reunión con militantes del Frente Cívico Chiapaneco
Hace uso de la palabra el ciudadano Pascual Gutiérrez Martínez, para dar a conocer que existen problemas no resueltos en la tenencia de la tierra y que deben ser resueltos por las autoridades federales competentes, que su grupo busca la unidad y evitar el uso de las armas y considera que el PRI, ha armado a las comunidades.
El mismo señor Gutiérrez Martínez informa que le adeudan 6 mil nuevos pesos de cuando estuvo al frente de la gestión municipal, que en su opinión la organización "Paz y Justicia" vende las armas y que exigen guardias blancas, señala también que el presidente municipal, señor Jesús Deselis Guillén, mandó matar a Pascual Sánchez Solís y que el cura se dedica a hacer política.
Visita al municipio Salto de Agua
El arribo a esta comunidad fue a las 12:50 horas e iniciamos la reunión a las 13:10 horas ya que en la presidencia municipal se encontraban priístas y perredistas realizando pláticas para la firma de un convenio, el cual les permitiera dirimir sus diferencias.
Reunión con militantes del PRI
Este grupo estaba encabezado por el señor Miguel Díaz Peñate quien se quejó de agresiones por parte de encapuchados y militantes del PRD, lo que suscitó un enfrentamiento entre habitantes de la población de Teoquipa, El Bascán y que a raíz de los enfrentamientos abandonaron la población los militantes del PRD, abandonando también la población del lote 8, afirmaron que a raíz de los enfrentamientos resultaron muertos los ciudadanos Nicolás López Méndez y Filiberto Velasco Méndez ambos pertenecientes a la organización "Paz y Justicia" coordinada por Marcos Albino Torres López.
Hace uso de la palabra el ciudadano Nicolás Arcos Peñate, integrante del comité de vigilancia del ejido, afirmando que fue testigo de los hechos suscitados en el poblado del lote 8 y que los perredistas están armados.
Los entrevistados dijeron pertenecer al movimiento "Paz y Justicia" y afirman que los integrantes del PRD, presumen que son apoyados por el subcomandante Marcos.
Este grupo también dijo que los del PRD, no hacen sus juntas en la casa ejidal, sino en el monte y que no respetan a las autoridades ejidales, dijeron también que llevan poco tiempo de pertenecer a la organización "Paz y Justicia", pero que esta organización tiene alrededor de cinco años y la dirige el profesor Diego Vázquez Pérez de la comunidad de El Limar, municipio de Tila y que esta organización les ofrece apoyo e intermediación con el Gobierno.
Reunión con los militantes del PRD
Hace uso de la palabra el ciudadano José Francisco Crisóstomo Reyes, quien afirma que fueron desalojados de sus tierras y de posesiones en sus viviendas.
Hace uso de las palabras el ciudadano Abelardo Méndez Marcos, en representación de los desplazados e informa que el Gobierno del Estado no los apoya y pide la reparación de los daños causados a sus propiedades y comenta que les fueron robados sus aves y ganado.
Este grupo afirmó que el PRI les quiere cobrar 1 mil nuevos pesos de multa por ser militantes del PRD y que con eso podrían regresar a militar en el PRI, afirmó que el acuerdo fue tomado en una asamblea ejidal e informó que a 14 integrantes del PRD, los amarraron en Teoquipa los militantes del PRI.
Los entrevistados informaron que 260 personas abandonaron la población por temor y que no fueron desalojados con violencia, las mujeres y los niños permanecen en la cabecera municipal y los niños acuden a la escuela.
El ciudadano Miguel Alvaro Pineda se queja de que fue amarrado y le quitaron su ganado, el ciudadano Pedro Jiménez López solicita apoyo para regresar a su casa en la población de Nuevo Limar, pues esta amenazado por un sobrino, éste último hace entrega de un documento a esta comisión.
Es importante mencionar que ambos grupos se encontraban en pláticas conciliatorias para dirimir los conflictos y que según fuimos informados posteriormente se logró el acuerdo.
Entrevista con el gobernador y las autoridades estatales
En uso de la palabra el gobernador del Estado Julio César Ruiz Ferro, da la bienvenida a la comisión y agradece las gestiones que pudiéramos realizar en apoyo a su tarea de Gobierno.
Los diputados presentes formularon una serie de preguntas al gobernador que posteriormente dio respuesta global, la diputada Alicia González Cerecedo solicitó garantías para todos los entrevistados por la comisión durante las giras a los municipios en conflicto, con objeto de evitar enfrentamientos entre grupos; el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, solicitó que se ejerza acción penal en contra de los acusados de diversos delitos y solicitó datos sobre la organización "Paz y Justicia", pidió también se dé solución y ayuda a los desplazados y vigilancia durante el proceso electoral.
El diputado Hildiberto Ochoa Samayoa indicó que todos los desplazados son simpatizantes del PRD y solicita se les dote de utensilios para el campo, pide que los cuerpos de seguridad permanezcan en la población de Usipá y pide que se investigue a la organización "Paz y Justicia", a la organización Socama y a los señores Marcos Albino Torres, Diego Vázquez Pérez y Elmar Martínez López. Pregunta el diputado por qué se cobra de 500 a 700 nuevos pesos para que los perredistas puedan regresar a sus hogares.
El diputado Oscar González Yáñez solicita informes sobre la organización "Paz y Justicia" y pregunta por qué existe esa organización en los cuatro municipios en conflicto, comenta que el enfrentamiento es contra militantes del PRD y hace las siguientes preguntas: ¿Por qué el Ministerio Público se hace acompañar de civiles armados? ¿Por qué se intenta realizar cobros por acuerdos tomados en asamblea?
¿Por qué la presencia del Ejército en las poblaciones visitadas, pues parece que el gobierno estatal comenta el conflicto? ¿Por qué un maestro federal, con licencia, realiza actividades de proselitismo político?, y finalmente solicita ayuda para las cuatro viudas.
El diputado Rafael Cevallos Cansino se refiere a la intervención de los curas y se ofrece como conciliador, comenta que el enfrentamiento es entre campesinos y pregunta: ¿Qué solución se dará a los desplazados de la población de Nuevo Limar?, propuso que continúen los apoyos y se siga trabajando en la comunidad de Usipá.
La diputada Adriana Luna Parra comenta que se vive un clima de violencia, ingobernabilidad y problemas de rezago agrario; asimismo, dijo que al acercarse el proceso electoral existirá más violencia; hace referencia a la reunión en la comunidad del Limar, donde el ambiente era muy tenso con la presencia del Ejército y los cuerpos de seguridad y pregunta: ¿Qué le podía decir de las fotografías de guardias blancas que aparecieron en la revista Proceso? ¿Qué ha sucedido con los asuntos de Gilberto Gómez Jiménez, Eulalio Martín Vázquez y Cándido Vázquez?, comenta que la administración de la justicia no se aplica correctamente, pues el PRI la utiliza en contra del PRD, continúa preguntando, ¿por qué se expulsó al sacerdote del Yajalón? ¿Por qué los desalojos en Sabanilla y cuál es la función del Ejército en el Limar?, y finalmente, entrega fotocopia de documentos en forma personal al gobernador del Estado.
El diputado José Alberto Castañeda Pérez preguntó: si se habían detectado armas, ¿por qué se efectúan cobros por acuerdo de asambleas?, ¿por qué hay maestros que apoyan a determinadas organizaciones contando con licencia y goce de sueldo, pregunta también cuántas armas se han decomisado y a cuántas personas se han detenido portándolas? Respecto al proceso electoral, cuestiona el estado de derecho por violaciones a la ley electoral del estado que dieron lugar a una gran cantidad de recursos que hasta la fecha no han sido resueltos, explica que para que exista un proceso electoral limpio y transparente se requiere de varios elementos: una ley electoral justa y en el caso de Chiapas fue elaborada por un sólo partido político; autoridades electorales imparciales y éstas se han estado cuestionando; el desarrollo de un proceso electoral limpio y sobre todo la voluntad política en el actuar de las autoridades; finalmente, menciona que existe un candidato a regidor por el Partido Acción Nacional detenido en el penal de Pichucalco, hecho del cual ya se ha informado y no ha sido resuelto.
El diputado Fernando Garza Cabello comenta que ya son muchos los muertos que ambos bandos piden se aplique la ley y cuestiona la existencia de la organización "Paz y Justicia", también hace referencia al proceso electoral en desarrollo con gran cantidad de irregularidades, afirma que los consejos municipales violan la ley y le preocupa la situación que prevalece en todo el Estado.
El diputado Sebastián Lerdo de Tejada dice que a la fecha van 18 muerto del PRI, dos del PRD y un perseguido también del PRD, comenta que existen testimonios de desalojos y que la comisión deberá rendir su informe a la Cámara de Diputados.
El gobernador nos informa de manera general de una problemática ya ancestral, pero que en su opinión ahora se le da un enfoque partidista, nos informa que seguirá enviando cuerpos de seguridad a donde la población lo solicite.
Respecto a la campaña electoral, nos indica que los candidatos de todos los partidos se encuentran realizando sus campañas políticas en toda la entidad y que él realiza su acción de Gobierno sin tintes partidistas y que trabaja en la reconstrucción del tejido social, considera que los ciudadanos deben tener garantías para militar en cualquier partido político y que no permitirá grupos armados diferentes de los cuerpos de seguridad pública.
El gobernador reconoció la existencia de rezagos sociales y que en algunos lugares no ha sido posible hacer llegar la acción de Gobierno, pero que ha instalado centros de atención social en apoyo de la comunidad y que ha dado apoyos a viudas y desplazados y afirmo estar trabajando en la reconstrucción de la familia ya que es la base de la sociedad, también nos informó de un acuerdo firmado por todos los partidos políticos donde señalan que están dadas las condiciones para una contienda electoral en el Estado e invitan a que se efectúe un proceso limpio y con apego a la legalidad.
En uso de la palabra el Secretario General de Gobierno, informa que el Gobierno nunca actuó en el noroeste del Estado, trayendo como consecuencia el que sea la zona más atrasada; que en la zona visitada se llegaron a detectar hasta 108 casas abandonadas, por lo que se envió a la policía; que existe una representación extraordinaria de los sacerdotes y la invitación a la rebelión; se tienen informes del acopio de armas; así como que de la organización "Paz y Justicia" se desprende la iglesia; que investigará al jefe de la policía de El Limar, lo mismo fue solicitado por el procurador; la presencia del Ejército es por el estado de guerra que se vive en la zona y que éste se contrata en la población de El Limar a solicitud de los habitantes del poblado; que se combatirá a cualquier grupo armado; que el Gobierno está abierto a cualquier auditoría y que se le entregará documentación a cualquier diputado que lo solicite, sobre los detenidos por portación de armas de fuego.
En uso de la palabra el procurador del Estado, entrega un informe por escrito y notifica a los ahí presentes que hay 21 órdenes por cumplirse en Cerro Misopa; que se está investigando a Cándido Vázquez y que queda abierto a cualquier comentario sobre el informe que entregó.
El presidente de la Cámara de Diputados local, informó que realizó una invitación a reuniones públicas y que de éstas se realizaron 12; que el PRD fue el único que asistió al final de las mismas y entregó una serie de propuestas, mismas que se consensaron con todos los partidos y fueron aceptadas; que desde que se nombraron a los consejeros ciudadanos no se interviene en el proceso electoral y entre los partidos existe un buen clima.
El presidente del Tribunal Estatal de Justicia, informó que se está tratando de que la ley se aplique por igual; que se está llevando a cabo una capacitación al personal de los 43 juzgados, que se han realizado cambios con el personal que no ha demostrado ser honesto; que se enviarán algunas iniciativas al Congreso; comentó que al siguiente día se concluirá un curso de jueces, los cuales en su mayoría son jóvenes y se ha buscado un perfil que favorezca el trato con la comunidad; que se cuenta con 10 distritos jurisdiscales en todo el Estado; que la mayoría de los delitos son ocasionados con machetes.
Nota: Cabe destacar que durante esta reunión, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, hizo entrega al gobernador de un expediente con fotocopias de todas las solicitudes que le fueron entregadas a esta comisión durante la gira."
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Educación y Derechos Humanos.
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, para hacer comentarios sobre el Instituto Politécnico Nacional.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Se encuentran aquí, con nosotros, 20 representantes de diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional, a quienes les agradezco mucho que hayan asistido.
El documento que voy a leer, que es un documento breve, lo firman 12 secretarios delegacionales del IPN y un conjunto amplio de trabajadores de otras escuelas.
Solicito de antemano que este documento que me entregaron los compañeros del IPN, sea turnado a las comisiones de Educación y de Trabajo y Previsión Social.
Leo brevemente el documento, rápidamente, mejor dicho, dice: «Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Los abajo firmantes, personal integrado a diversas delegaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que laboramos en distintas unidades pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional, señalando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones de la casa, marcada con el número 89, ubicado en la calle de Fortuna Nacional, de la colonia Fraccionamiento San Antonio, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, con el debido respeto nos dirigimos a ustedes para denunciar públicamente la perversión de la naturaleza, finalidades, atribuciones y objetivos del Instituto Politécnico Nacional, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales en contra de las disposiciones establecidas en nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica del Instituto Politécnico y de su Reglamento Interior, en detrimento de quienes laboramos al servicio de la institución y nos permitimos exponer lo siguiente:
1o. Como ustedes saben, el IPN es una institución educativa que de acuerdo con lo que establece el artículo 1o. de su Ley Orgánica, tiene como finalidades el "consolidar" a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación.
2o. Hemos constatado que la política desarrollada por quienes han dirigido en etapas recientes al instituto, van encaminadas a privatizar rubros como la docencia, la investigación y hasta la labor administrativa.
3o. A ésta última han contribuido medidas que ya se aplican en algunos centros de trabajo y que son violatorias de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de las condiciones generales del trabajo, como:
a) El pago de nómina a través de tarjetas de débito, eliminando personal de base en el servicio de pagaduría, más el efecto negativo bancario como las comisiones que van en detrimento del salario, amén de una posible negación al derecho laboral vigente.
b) La "concesión" de servicios de limpieza a compañías privadas, al mismo tiempo que se recorta al personal de base, así como los servicios de mantenimiento y vigilancia con su efecto negativo para el personal.
c) La rigidez en la aplicación de las condiciones de trabajo, a pesar de acuerdo, y convenios que tienden a humanizar la relación laboral. La finalidad es presionar y sancionar a quienes adoptan una actitud contraria a la pasividad y las reasignaciones generales.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en el articulo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos de esta Cámara de Diputados:
Primero. Que el asunto detallado en el cuerpo del presente escrito sea turnado a las comisiones de Educación y de Gestoría de esta Cámara de Diputados.
Segundo. Que ambas comisiones soliciten la información necesaria para conocer el presente caso.
Tercero. Que una vez examinados y valorados los documentos que presento para fundamentar la presente denuncia, tengan a bien emitir un dictamen respecto al caso concreto.
Esperando una pronta respuesta.
Atentamente.
Firman más de 11 secretarios delegacionales del IPN y un número muy amplio de trabajadores de otras escuelas.»
Así, pues, compañeros, una vez más, y en este año que ya concluye, y deseándoles una feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, creo que las utopías se valen, esperemos, compañeros diputados, que la modernización de nuestro país y de nuestras instituciones educativas, no vayan en detrimento de los trabajadores. Esperemos que por no atinadamente decirle a los trabajadores de la educación que pueden cobrar con una tarjeta de débito, que es muy correcto, por que incluso evita robos, pero que no se corra a trabajadores que anteriormente trabajaban precisamente en el departamento de pagaduría.
Ojalá la ilustración no nos lleve a la barbarie.
Muchas gracias.
Y todo el apoyo a los compañeros del Instituto Politécnico Nacional.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Educación y de Trabajo y Previsión Social.
COMISION DE CORRECCION DE ESTILO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ernesto Luque Feregrino para rendir un informe de actividades de la Comisión de Corrección de Estilo.
El diputado Ernesto de Jesús Luque Feregrino:
Señor Presidente, quiero dejar de manifiesto mi inconformidad, porque yo pacientemente también estuve esperando mi turno, hubo un orador anterior al que no le correspondía sino a su servidor.
Compañeros diputados. He solicitado hacer uso de la palabra para presentar al pleno de esta soberanía lo que realiza la Comisión de Corrección de Estilo de esta LVI Legislatura.
De igual forma para expresar a ustedes, compañeros diputados, nuestro reconocimiento por las diversas opiniones y comentarios que han sido de gran valía para cumplir con esta responsabilidad, muy especialmente al diputado Humberto Roque, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el valioso apoyo que siempre ha dado a esta comisión.
Como resultado de diversas reuniones de trabajo, se conformó el plan de acción que esta comisión considera como de las de mayor importancia y oportunidad, contemplando como uno de sus objetivos fundamentales del acercamiento de los medios necesarios para la adecuada utilización del lenguaje oral y escrito de las actividades legislativas. Desde luego, este objetivo cumple con las disposiciones reglamentarias que nuestros ordenamientos les señalan, mismas que se resumen en la plena observancia de las reglas del lenguaje, en la redacción de las normas jurídicas, para lograr en consecuencia una legislación clara, precisa.
El diagnóstico realizado a las actividades propias de la comisión, concluyó con la determinación de estructurar un plan de trabajo que estableciera los mecanismos necesarios para que en el Congreso de la Unión se dé la importancia que reviste el adecuado uso del lenguaje y la necesidad de aplicar técnicas legislativas adecuadas en la redacción de las normas.
Así también, se consideró de la mayor importancia la celebración de convenios de colaboración con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto de la Federación como de las entidades federativas, con el objeto de conocer dentro de sus ámbitos de competencia, los principales problemas que enfrentan en la redacción y aplicación de las normas jurídicas.
El plan de trabajo de esta comisión que se aprobó, obedece a una estructura que plantea tres objetivos principales: el primero de ellos está referido a la revisión del lenguaje, sintaxis, vocabulario y técnica legislativa de los decretos aprobados por el Congreso de la Unión. Esta revisión precisa que el lenguaje y vocabulario usados correspondan al de la totalidad del ordenamiento; que en la redacción no se utilicen términos propios de otro idioma y se recurra a sinónimos, la terminología técnica utilizada ha sido la necesaria, las palabras y oraciones queden debidamente ordenadas y estructuradas, cuidando a la vez que el lenguaje legal sea sobrio, suscinto y conciso, exento de descripciones o explicaciones innecesarias.
Ahora bien, esta actividad no se ha cumplido del todo, toda vez que las disposiciones vigentes encierran, a nuestra consideración, la inoperancia de la corrección de estilo al señalar que la revisión de los decretos se hará una vez que éstos han sido aprobados por ambas cámaras y no podrá hacer mayores modificaciones que aquellas que demande el buen uso del lenguaje. Esta disposición limita, por tanto, a realizar modificaciones a la redacción que si bien no se pretende hacerlo, de todos es bien sabido que la inclusión o cambio de un signo de puntuación puede significar una modificación sustancial requiriendo, en consecuencia, su aprobación.
En razón de esto, la comisión analiza una propuesta de reforma a los artículos 139 y 140 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión para que la corrección de estilo se realice paralelamente al trabajo de las comisiones a que se turnan las iniciativas y minutas sujetas al proceso legislativo y, así, dentro de sus respectivas competencias emitir su dictamen.
El segundo de los objetivos denominado difusión, busca divulgar, ante las diversas comisiones de la Cámara, la importancia del lenguaje y la técnica legislativa en la redacción de las normas jurídicas. En el mismo sentido, celebrar reuniones de trabajo con las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal a fin de establecer criterios que permitan optimizar la aplicación de los usos lingüísticos, así como establecer convenios de colaboración con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas para buscar la homologación de técnicas y usos lingüísticos en la creación de normas.
Con las instituciones de educación superior y organismos no gubernamentales celebrar convenios que apoyen a la realización del objetivo principal de esta comisión, a través de investigaciones y cursos propedéuticos relacionados con las reglas de ortografía, sintaxis, gramaticales en general. Conociendo la importancia que reviste este renglón, se ha recurrido a prestigiadas instituciones que se han destacado en el estudio del lenguaje con quienes se han celebrado convenios de colaboración para que dentro de las instalaciones de esta Cámara se impartan cursos diversos, seminarios y talleres. Así surgió el acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Casa Universitaria del Libro, a partir de la cual se estructuró un seminario de corrección de estilo que fue impartido en esta Cámara en los meses de mayo y junio. Esta experiencia confirmó el gran interés que la comunidad de esta Cámara tiene por conocer las nuevas técnicas y expresiones del lenguaje.
Para dar continuidad al programa de trabajo, se suscribieron convenios de colaboración con centros educativos y sociales conformándose los talleres de redacción que en dos módulos se implementaron durante los meses de junio, julio y agosto, en razón de la gran demanda que generó su impartición. El contenido de estos talleres cubrió ampliamente las expectativas de los participantes y los requerimientos que la comisión señaló. La evaluación que de esto se realizó nos permite afirmar que los resultados fueron óptimos.
En el marco de este convenio y con el mismo espíritu se estructuró el taller de oratoria cuyos trabajos concluyeron el pasado mes de octubre, el cual contó con una gran participación de compañeros diputados quienes pueden dar constancia de los resultados que consideraron fueron por demás fructíferos. Con este taller se dio por terminado y se clausuró el ciclo de seminarios, talleres y cursos, mismos que habrán de impartirse nuevamente a partir de los primeros meses del año próximo.
La comisión considera necesario instituir esta jornada académica como una constante en las actividades presentes y futuras de la comisión, y dada su importancia y utilidad, consolidar su impartición tanto a quienes tien0en la decisión de aprobar una norma como a quienes suman su esfuerzo para cumplir cabalmente con el trabajo legislativo. Me refiero desde luego a quienes participan en la diversas áreas administrativas conformadas en este órgano legislativo.
Compañeros diputados: estas actividades han sido el punto de partida de las acciones que la comisión comprometió en su programa de trabajo, en ellas se reflejó el entusiasmo de quienes participamos para alcanzar los objetivos planteados, teniendo siempre presente que la cooperación es la mejor vía para lograrlo dentro de un absoluto respeto de las diversidad de ideas producto de una integración plural.
Hoy refrendamos nuestro compromiso para cumplir todos y cada uno de los objetivos, nos anima la voluntad de fortalecer el adecuado uso del lenguaje y sobre todo de la técnica legislativa y requerimos para ello, la participación de todos ustedes con comentarios, con sugerencias. Conjugando esfuerzos lo lograremos, sea en bien de nuestro órgano legislativo, sea en bien de nuestro país.
ASILO POLITICO
El Presidente:
Tiene la palabra, para hacer comentarios sobre la integración del Comité Pro Asilo Político Enrique Gorriarán Merlo, el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; camaradas:
Seremos breves porque nosotros también estamos invitados a varias preposadas, a tres.
Desde luego los tranquilizamos, esta vez no venimos a fustigar a Ernesto Zedillo ni a condenar su política entreguista al exterior y su fracaso al interior en lo político y en lo socioeconómico.
Tampoco reiteraremos la demanda de renuncia de Guillermo Ortiz por notoria ineptitud y clara incapacidad para resolver los problemas económicos de la nación.
Hoy venimos a cursarles una invitación: que se integren a la Comisión Pro Asilo Político en México al ciudadano argentino Enrique Corriarán. El 14 de noviembre próximo pasado expusimos en esta misma tribuna el caso; no abundaremos. Sintéticamente, agentes del exterior secuestraron en nuestro territorio y deportaron ilegalmente a Gorriarán. Se violó nuestra soberanía territorial, la soberanía nacional, se permitió la actuación de policías del exterior en detrimento de las garantías del ciudadano argentino Gorriarán y desde luego, se violó el espíritu del artículo 15 de la Carta Magna que establece: "No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los cuales se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.
"Primero, es el caso que Gorriarán es reo político argentino.
Segundo, es el caso que al ciudadano argentino Gorriarán, al hombre, en acatamiento al artículo 1o. de la Constitución, debió otorgársele igualdad de derechos para no ser detenido sin orden de aprehensión, para no ser incomunicado, para no ser secuestrado y para no ser remitido al exterior.
La detención y secuestro de Gorriarán Merlo, implica: ceder soberanía en favor de un poder corporativo extranjero de carácter policiaco. La comisión a la que los invitamos tiene al momento los siguientes objetivos:
Primero, denunciar internacionalmente y exponer la gravedad del caso; segundo, alertar sobre las consecuencias del mismo; tercero, impedir la repetición de acciones semejantes y cuarto, integrar una subcomisión jurídica que diseñe una estrategia legal viable, a efecto de que Gorriarán, eventualmente pueda ser trasladado a México para gozar de asilo político.
Aunque ningún caso es igual a otro, recordemos el caso del doctor Humberto Alvarez Machain, secuestrado en México por mercenarios yankis, trasladado a los Estados Unidos, por su presunta vinculación con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. En aquella ocasión, por la presión de la opinión pública y desde luego con la intervención del Gobierno mexicano, Alvarez Machain fue reintegrado a nuestro territorio. En el secuestro de Alvarez Machain, el gobierno imperial de los Estados Unidos impuso el inmoral principio emanado de su Suprema Corte de Justicia, que se enuncia: mal de captus penus detentus, lo que significa: mal de captura, bien de detención. Bajo este principio, los agentes al servicio del imperio pueden arrestar en cualquier parte del globo, a cualquier sospechoso de atentar contra sus instituciones. Ello equivale a exaltar los intereses policiacos, por encima del estado de derecho.
Carlos Saúl Menem, en interpretación criolla de la política imperial norteamericana y erigido también en policía internacional mandó a sus esbirros a México, en violación de nuestra soberanía. A confesión de parte, dicen los abogados, relevo de prueba. El propio Menem, con gran desfachatez declaró a la prensa internacional, que 50 de sus muchachos, a sueldo del SIDEA: Servicio de Inteligencia de Estado Argentino, se habían trasladado a nuestro territorio, desde tiempo atrás, para diseñar el plan de ataque y posterior ejecución del operativo Gorriarán, en complicidad con la Policía Judicial Federal de nuestro país.
Al presente, más de 70 individualidades se han integrado a esta comisión. Entre otros, participan periodistas, como: Miguel Aroche Parra, Miguel Angel Ferrer; juristas como: José Enrique González Ruiz, Yolanda Igareda Loiden; se han sumado intelectuales, artistas, académicos; también se han incorporado compañeros diputados del PRD, del PT, del foro democrático y hasta del PRI. También, desde luego, camarada, la fracción social demócrata en pleno.
Desde esta tribuna invitamos a los compañeros legisladores, partidarios del derecho de asilo, a que se incorporen. Las listas estarán abiertas y a disposición de todo aquel que desee sumarse, en las oficinas de la Comisión de Reforma Agraria que preside la compañera diputada Carlota Botey; edifico "H", primer piso de este Palacio Legislativo. La invitación está abierta a todas las fracciones, a todos sus diputados democráticos, incluso del PAN, porque debe haberlos.
Muchas gracias, compañeros.
JUBILADOS Y PENSIONADOS
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, para leer un punto de acuerdo sobre jubilados y pensionados.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Aunque les desespere el que tengamos que intervenir, yo les pido que abran sus corazones. Y quiero recordarles que todos ustedes, que todos nosotros, el día de mañana vamos a recibir nuestro aguinaldo y que van a ser varios miles de pesos y que desgraciadamente es una situación de privilegio. Y que en ese sentido, me parece que debiera de haber una mayor sensibilidad y aunque pareciera reiterativo, aunque pareciera ya que a estas alturas la gente ya no quiere oir más, yo quiero insistir y quiero insistir nuevamente y vamos a volver a insistir hasta que como el agua que gota a gota rompe la tierra, así poder romper la piedra, no de los cerebros, sí de los corazones y por eso quiero traer nuevamente aquí esta consideración a todos ustedes.
En opinión de diputados de todos los partidos de la presente legislatura, es necesario aprobar medidas concretas que alivien las precarias condiciones de vida, más bien, de sobrevivencia en la que vive un millón y medio de mexicanas y mexicanos.
Según datos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social a principios de este año, de los 10 millones 293 mil asegurados permanentes, 1 millón 432 mil 736 son pensionados y jubilados, cuya inmensa mayoría recibe a la fecha una pensión mínima básica de un salario mínimo general, esto es 20.15 pesos diarios.
Del total de esos pensionados y jubilados, 27 mil 758 son pensionadas por viudez las que reciben el 90% de esa pensión mínima básica.
Según estudios del Centro de Análisis Multidisciplinarios de la UNAM, el precio de la canasta obrera indispensable es de 52.44 nuevos pesos. El salario mínimo ha continuado su desplome, iniciado a partir de 1976, y en septiembre de este año se encontró a un 10.9% más abajo del mínimo nivel histórico alcanzado en 1951.
El salario mínimo presente en 1995, el nivel más bajo desde que se estableció en 1935.
La relación entre el precio de la canasta obrera indispensable y el salario mínimo diario, nos muestra que cada vez se ensancha más la brecha entre las remuneraciones y el costo de la vida. Actualmente, el salario mínimo nominal alcanza para comprar menos del 40% de la canasta obrera indispensable y en términos reales el salario mínimo tuvo una pérdida acumulada en su poder adquisitivo del 63%.
Es de todos conocida la precaria situación en la que viven nuestros jubilados y pensionados, que en su gran mayoría siguen siendo jefes de familia, ya sea porque sus hijos aún son menores o porque el nivel de desempleo y las pocas oportunidades de nuestros jóvenes en la actualidad hacen que continúen viviendo con sus padres o abuelos, siendo en ocasiones la pensión o jubilación el único ingreso familiar.
Según los datos arriba citados, la pensión mínima básica no alcanza ni para comprar el 40% de la canasta obrera indispensable. Si a esto aunamos el costo de los servicios públicos como agua, luz, predial y en algunos estados del norte del país por lo extremoso del clima, el costo del gas doméstico o privado, como el transporte, es evidente que esta precaria pensión no es suficiente para alcanzar un nivel de vida mejor para los que ya han dado su existencia en la construcción del México presente.
El Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados en diversas ocasiones han exigido a esta Cámara tomar cartas en el asunto, para aminorar la situación de sobrevivencia en la que viven.
Durante la pasada legislatura de esta Cámara de Diputados, se acordó, por unanimidad, apoyar a los pensionados y jubilados para el logro de sus demandas, sin embargo, ese acuerdo quedó en simple promesa.
Algunos gobiernos estatales como el de Baja California, municipales como en Guanajuato y Michoacán y federales como en el caso del Distrito Federal, han decidido decretar acciones que alivien en algo la precaria situación de nuestros jubilados y pensionados. Sin embargo, hasta ahora, a pesar de que han sido pocos los gobiernos que han decretado medidas al respecto, la inmensa mayoría no cuenta con ningún apoyo más allá de su pensión y la atención médica que reciben de los institutos de seguridad social.
Por estos motivos y con fundamento en los artículos 89 y 90 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante ustedes el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados solicita respetuosamente a los congresos locales de la Federación, emitir decretos, si es posible, por los cuales se otorgue a todos los pensionados y jubilados del país, descuentos del 50% en el pago de servicios públicos como agua, predial y alcantarillado y cuando sea considerado conducente, otorgar este mismo descuento como máximo en el pago de servicios privados como el transporte urbano y foráneo."
Solicito, pues, sea turnada esta propuesta a la Comisión de Concertación.
Atentamente, firman el diputado Alejandro Audry Sánchez, del PRI; el diputado Juan Manuel Pérez Corona, del PAN; el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del PT; el diputado Amado Cruz Malpica, del PRD y su servidora.»
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
AGRADECIMIENTOS DE LA PRESIDENCIA
El Presidente Oscar Cantón Zetina:
Honorable Asamblea: hoy llega a su término el primer periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, correspondiente al segundo año del ejercicio de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Esta Presidencia manifiesta su más amplio reconocimiento a los grupos parlamentarios y a los diputados independientes que componen esta representación popular.
Se les reconoce, sin reticencias, su participación expresada con toda convicción política, tanto en las asambleas plenarias como en los trabajos de comisiones.
La calidad y pluralidad de sus aportes se integra incuestionablemente como elemento fundamental del rico acervo legislativo de México. Se traduce y se materializa en una sólida estructura jurídica de leyes que sustentan a un país que avanza en la consolidación de sus instituciones democráticas y republicanas.
Esta etapa, inscrita de manera natural en el proceso de reforma del Estado, fortaleció nuestro federalismo al apuntalar la nueva relación de mayor respeto, equilibrio y autonomía entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Reflejó con fidelidad la diversa composición y participación de la sociedad mexicana de fin de siglo que enfrenta graves y enormes desafíos.
En ejercicio amplio de sus derechos políticos, los legisladores debatieron a plenitud con talento, emoción y toda la carga ética de sus principios.
El debate descorrió velos ideológicos y sicológicos y contribuyó de manera significativa a revalorar la insustituible y humanística función universal de la política.
La vehemencia que alcanzó el debate político es propia de un órgano vivo y trascendente como lo es sin duda la Cámara de Diputados, que actúa en función de su independencia y de su libertad para favorecer las mejores causas nacionales.
En este contexto, los diputados entendieron y respetaron mutuamente el papel de la mayoría y de las oposiciones, sabedores de que se buscó, con diferentes enfoques, la misma meta que es el bienestar de la nación.
Ello gratifica, porque se contribuyó a fortalecer a la democracia como cultura y al derecho como fórmula básica de la convivencia y el entendimiento político y social.
En este periodo legislativo los diputados hicieron política, pero política entendida en su mejor acepción que es el arte de servir a los demás, en concordancia con su proyecto ideológico partidista y su propuesta de cambio.
Es cierto que las discusiones legislativas muchas veces fueron ríspidas, enconadas y hasta frontales en lo personal. Hubo pasión, pero ante el impulso emotivo, nunca se perdió el sustento constitucional.
Las leyes que se aprobaron así lo ameritaban como fue el caso de las del seguro social, de ingresos, de egresos de la Federación, por citar apenas las más debatidas.
Los legisladores ya cumplieron su parte para este momento de la coyuntura del país. Su trabajo está concretado en nuevas leyes que ahora serán sometidas al examen del máximo juez que existe en las democracias: el pueblo soberano.
El juicio popular y el juicio de la historia serán, a fin de cuentas, quienes determinen, en la confrontación de los hechos a quién asiste la razón sobre los asuntos nacionales analizados, discutidos y votados por esta soberanía.
A esos juicios, como legisladores y como mexicanos, nos atenemos todos.
El reconocimiento de esta Presidencia a todos los diputados federales, también lo expresa sin reservas a los señores vicepresidentes, secretarios y prosecretarios de la mesa directiva, a la Oficialía Mayor, al personal de apoyo y a los medios de comunicación.
Su trabajo contribuyó de manera significativa y puntual para que los legisladores rindieran buenas cuentas al pueblo de México.
Amigos todos: el final de esta importante jornada nos obliga a la reflexión política profunda que nos permite evaluar nuestros propósitos y alcances legislativos.
También es fecha propicia, por lo significativo del fin de año, para revalorar nuestra capacidad de darnos como seres humanos.
A todos ustedes, muchas felicidades en estas fechas tan señaladas. Abrigo la convicción de que la política seguirá siendo el quehacer de mayor dimensión humana.
Muchas gracias.
El Presidente:
Se ruega a la Secretaría continúe con los asuntos en cartera.
El secretario Emilio Solórzano Solís:
Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados, se han agotado los asuntos en cartera.
Por consecuencia le rogamos se pongan de pie para la clausura de estos trabajos.
DECLARATORIA DE CLAUSURA
El Presidente:
Hoy, 14 de diciembre de 1995, la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio.
ACTA DE LA PRESENTE SESION
El Presidente:
Proceda la Secretaría a dar lectura al acta de esta sesión.
El diputado Armando Quintero (desde su curul):
Pido por favor dispensar la lectura del acta.
El Presidente:
En atención a la petición del señor diputado Quintero, instruyo a la Secretaría para que consulte a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura de este documento.
El secretario Javier de Jesús Gutiérrez Robles:
Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente. Se dispensa la lectura del acta.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el jueves catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Oscar Cantón Zetina
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con ocho minutos del jueves catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, con una asistencia de doscientos noventa y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra la ciudadana María Concepción Huerta Salgado, electa como suplente en la tercera circunscripción y designa una comisión que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley.
Terminado el acto protocolario, la diputada Huerta Salgado toma posesión de su encargo de inmediato.
También se da cuenta con dos comunicaciones de los diputados Oscar Zamorano Ayala y Eleazar García Sáenz, con las que informan de su reincorporación a las labores legislativas. Se tienen por reincorporados.
Una proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para adecuar la integración de diversas comisiones legislativas. Se aprueba en votación económica.
Se concede el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Ley de Aeropuertos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la lectura. Es de segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, del Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente después, el diputado Desiderio Camacho Garibo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un voto en contra, de su grupo parlamentario.
A discusión en lo general y en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo, quien propone modificaciones a los artículos quince y veintisiete, así como la adición de dos artículos transitorios; Apolonio Méndez Meneses, del Partido Acción Nacional, quien reserva, para discutirse en lo particular, el artículo diecinueve y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y el Presidente informa que se reservaron para la discusión en lo particular, los artículos quince, diecinueve y veintisiete, así como la adición de los artículos octavo y noveno transitorios.
En votación económica, la Asamblea autoriza que la votación en lo general y en lo particular se lleve a cabo en un solo acto al terminar la discusión de los artículos reservados.
A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra a los diputados Martín Hernández Balderas, del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones al artículo diecinueve y el diputado Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del texto del dictamen.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo particular y que la votación se recoja en un solo acto, en lo general, en lo particular y por las propuestas de modificación presentadas.
La Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, por trescientos cincuenta y nueve votos en pro y treinta y siete en contra; las proposiciones se desechan con las siguientes votaciones: para el artículo diecinueve, ochenta y nueve votos en pro y trescientos siete en contra; por los artículos quince, veintisiete y la adición de dos artículos transitorios, cinco votos en pro y trescientos noventa y uno en contra.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la lectura al dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de la Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Es de segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen, a nombre de las comisiones dictaminadoras, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Garfias Magaña, del Partido Revolucionario Institucional.
A discusión en lo general, expresan sus opiniones los diputados: Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional y Joaquín Rodríguez Lugo, del Partido Revolucionario Institucional Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, motu proprio.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y el Presidente informa que se reservaron, para discutirse en lo particular, los artículos veintiséis, treinta y dos, setenta y ocho y setenta y nueve.
Se autoriza que la votación en lo general y de los artículos no impugnados y en lo particular, de los artículos reservados, se lleve a cabo en una sola votación al terminar la discusión de éstos últimos.
Para referirse al artículo veintiséis, hacen uso de la palabra los diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, motu proprio; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática y Mario de la Torre Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Debaten sobre los artículos treinta y dos y setenta y ocho, los diputados Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática y Salvador Mikel Rivera, quien contesta a una interpelación del diputado Godoy Rangel del Partido Revolucionario Institucional.
Expresan sus opiniones sobre los artículos veintiséis, setenta y ocho y setenta y nueve, los diputados: Gerardo Gabriel Nava Bolaños, del Partido Acción Nacional y José Francisco Lozada Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea autoriza que la votación se recoja en lo general y de los artículos no impugnados, en lo particular y por las proposiciones hechas durante el debate, por lo que la Secretaría la recoge con los siguientes resultados: en lo general y los artículos no impugnados, trescientos ochenta y dos votos en pro y uno en contra; en lo particular, trescientos ochenta y dos votos en pro y treinta y cuatro en contra y las propuestas se desechan por ciento treinta y cuatro votos en pro y doscientos ochenta y dos en contra.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
Se da cuenta con un punto de acuerdo suscrito por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, respecto del acuerdo de procedimientos para la Reforma Política del Estado.
Para referirse a este asunto, hacen uso de la palabra los diputados Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional y Jorge Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional.
En votación económica se aprueba.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Crisóforo Salido Almada, quien da lectura a una solicitud para que por conducto de la Presidencia, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se le dé una representación al grupo de diputados independientes, en los trabajos de la reforma democrática del Estado. Se turna a la Comisión de referencia.
Por instrucciones de la Presidencia y para dar cumplimiento al orden del día, la Secretaría recoge la votación por cédulas de los miembros de la Comisión Permanente para el primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Realizados el escrutinio y cómputo correspondientes, resulta ganadora la planilla integrada por los diputados: Humberto Roque Villanueva, Juan José Osorio Palacios, Ricardo Francisco García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, María del Rosario Guerra Díaz, Píndaro Urióstegui Miranda, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Octavio Guillermo West Silva, Luis Garfias Magaña, Fernando Pérez Noriega, Alejandro González Alcocer, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia Esqueda Llanes, Netzahualcóyotl de la Vega García, Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Eugenio Ortiz Walls y Josué Valdés Mondragón, como propietarios y como suplentes, los diputados: José Ramírez Gamero, Jorge Armando Meade Ocaranza, Juan Antonio García Villa, Amado Cruz Malpica, Alejandro Moreno Berry, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Alí Cancino Herrera, Régulo Pastor Fernández Rivera, Gloria Sánchez Hernández, Ismael Orozco Loreto, Pedro Rivera Pavón, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Vito Lucas Gómez Hernández, Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Francisco Domínguez García, Ricardo Padilla Martín, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y José Luis Martínez Alvarez, por trescientos veintiún votos.
Se designan las comisiones protocolarias para informar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Primera Legislatura de la Asamblea de Representantes, de la terminación de los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la quincuagésima sexta legislatura y de la elección de la Comisión Permanente.
Hace uso de la palabra el diputado Jorge Antonio Catalán Sosa, del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo respecto de la Isla de Cedros, Baja California.
Para rectificar hechos, el diputado Daniel Quintero del Partido Revolucionario Institucional.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Eugenio Ortiz Walls, quien comenta las actividades de la Sociedad de Amigos de la Biblioteca del Congreso de la Unión.
Sube a la tribuna la diputada Leticia Burgos Ochoa, quien propone un punto de acuerdo para evaluar y/o en su caso proponer el marco normativo de los programas de asistencia alimenticia y nutricional. Se turna a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios.
Para denunciar lo que calificó como hechos delictivos en el Estado de Guerrero, hace uso de la palabra el diputado Zeferino Torreblanca Galindo, del Partido de la Revolución Democrática.
Hace uso de la palabra el diputado José Luis Aguilar Martínez, del Partido Acción Nacional, quien denuncia el caso de Los Chimalapas.
Rectifica hechos el diputado Abel Trejo González, del Partido Revolucionario Insitucional.
De la misma manera hace uso de la palabra el diputado Martín Longoria Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo, en referencia a los recursos destinados al gasto social. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Alicia González Cerecedo hace uso de la palabra para informar sobre la Comisión Especial de Seguimiento de los Asuntos del Estado de Chiapas.
Comenta hechos sobre el Instituto Politécnico Nacional, el diputado Pablo Salvador Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática.
Para informar sobre las actividades de la Comisión de Corrección de Estilo, hace uso de la palabra el diputado Ernesto Luque Feregrino. De enterado.
Sube a la tribuna el diputado Luis Sánchez Aguilar, para comentar la integración del Comité ProAsilo Político a Enrique Gorrión Merlo.
Hace uso de la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo sobre jubilados y pensionados. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El Presidente hace uso de la palabra para agradecer la colaboración de todas las fracciones parlamentarias, de los integrantes de la mesa directiva y del personal administrativo que apoyaron los trabajos del mes de diciembre.
Puestos todos de pie, el Presidente declara:
Hoy, jueves catorce de diciembre, declaro formalmente terminados los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 21:43 horas):
Se levanta la sesión y se cita para mañana viernes 15 de diciembre a las 13:00 horas, en sesión de Congreso General.
| ASA | Aeropuertos y Servicios Auxiliares |
| Capama | (Sin aclaración) |
| Conasupo | Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| DEA | Agencia Federal Contra el Narcotráfico de los Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| D.F. | Distrito Federal |
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| FBIOficina | Federal de Investigación de los Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| IPN | Instituto Politécnico Nacional |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| Sedesol | Secretaría de Desarrollo Social |
| SIDEA | Servicio de Inteligencia del Estado Argentino |
| Socama | Solidaridad Campesina Magisterial |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |