SUMARIO
Comunicación del diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, con la que solicita permiso para separarse de su cargo como diputado por la quinta circunscripción. Aprobado. Llámese al suplente.
Comunicación del Congreso estatal, referente a la solicitud de ley general de pagos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo en referencia a los confinamientos de Spofford y Sierra Blanca. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica, para su conocimiento.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe que contiene las razones y criterios para la desincorpnración del Fideicomiso pra la administracíón de las Reservas Territoriales del Estado de Baja California, mediante la transferencia de los derechos y obligaciones que el gobierno Federal tiene en dicho fideicomiso, en favor del gobierno de esaentidad. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que la ciudadana Ieticia González Remedios de Osorio, dejó de prestar sus servicios en la Embajada de ese páis en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
El Diputado Alejandro González Alcocer, presenta iniciativa de reformas al artículo 129 constitucional, respecto a la intervención de las fuerzas armadas en nuestro país. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Defensa.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma dicho ordenamiento. Es de segunda lectura.
El diputado Ignacio González Rebolledo, fundamenta el dictamen a nombre de la comisión y propone una modificación.
A discusión en Io general, hacen uso de la palabra los diputados:
José Narro Céspedes
Horacio Alejandro Gutierrez Bravo
Jorge Efraín Moreno Collado
Crisoforo Lauro Salido Almada
Luis Sánchez Aguilar
Leonel Godoy Rangel
A discusion en lo particular, se concede el uso de la palabra al diputado José Narro Céspedes.
Suficientemente discutido el proyecto de ley. Aprobadó. Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, quien solicita excitativa a ia Comisión de Derechos Humanos y además presenta denuncia.
Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de la Reforma Agraria. La Presidenta realiza la excitativa correspondiente.
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova
Marta Alvarado Castañón
Rafael Jacobo García
Tito Rubín Cruz
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo
Hildiberto Ochoa Samayoa
Tito Rubín Cruz
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova
Rafael Jacobo García
Fernando Garzacabello García
Marta Alvarado Castañón
Manuel de Jesús Espino Barrientos
Cruz Pérez Cuéllar
El diputado Luis Sánchez Aguilar, se refiere a lista publicada en periodico nacional.
Comentan el conflicto laboral en dichá empresa, los diputados:
Raúl Armando Quintero Martlnez
Luis Sánchez Aguilar, para rectificar hechos.
Carlota Angela Rosa Botey y Estape, para rectificar hechos.
Leticia Burgos Ochoa
René Juárez Cisneros
Para rectificar hechos los diputados:
Cuauhtémoc Sandoval Ramirez
Efren Nicolás Leyva Acevedo
Cuauhtémoc Sandoval Ramirez
De la próxima sesión.
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Desiderio Camacho Garibo:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 278 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
La Presidenta (a las 11:25 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Desiderio Camacho Garibo:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 26 de marzo de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de diputados.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila y Morelos.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite el informe que contiene las razones y criterios para la desincorporación del Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de las Reservas Territoriales del Estado de Baja California, mediante la transferencia de los derechos y obligaciones que el Gobierno Federal tiene en dicho fideicomiso, en favor del gobierno del Estado de Baja California.
Por el que se comunica que la ciudadana Leticia González Remedios de Osorio, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Comentarios
Sobre presuntos zapatistas presos, a cargo del diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre problema agrario en el Estado de Chiapas, a cargo de la diputada Carlota Botey y Estape, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre conflictos poselectorales en Oaxaca, a cargo del diputado Flavio Sosa Villavicencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre información publicada, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.
Sobre Ruta100, a cargo del diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Ismael Orozco Loreto
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veintisiete minutos del miércoles veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos ochenta y dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Tamaulipas, con la que informa de actividades de su legislatura.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría da lectura al acuerdo parlamentario suscrito por los coordinadores de los grupos partidistas de la Quincuagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados, en ocasión del segundo aniversario del asesinato del ciudadano Luis Donaldo Colosio Murrieta y concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Molina Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento sobre ese hecho criminal, quien informa sobre las labores realizadas.
El Presidente da lectura a una declaratoria dirigida al pueblo de México y acto seguido, puestos todos de pie, se guarda un minuto de silencio en memoria del licenciado Colosio Murrieta.
Presidencia de la diputada Zaida Alicia Lladó Castillo
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal, con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y se somete a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen, sube a la tribuna el diputado Eduardo Escobedo Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone modificaciones a las fracciones quinta, cuarta, segunda, cuarta y tercera, de los artículos diecinueve, veintidós, treinta y cuatro, treinta y cinco y treinta y seis, respectivamente.
A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados: Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática; José Luis Torres Ortega, del Partido Acción Nacional y Jaime Mariano del Río Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, todos en pro; Luis Sánchez Aguilar, en contra y Marta Alvarado Castañón, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y sin que se reservara ningún artículo para la discusión en lo particular, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y siete votos en pro y uno en contra. Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Para expresar sus opiniones sobre diversos hechos que calificaron como violatorios al derecho a la información, hacen uso de la palabra los diputados: María Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, motu proprio; Claudio Manuel Coello Herrera y José Luis Torres Ortega, ambos del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite iniciativas de Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y reforma y adiciona las leyes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para Regular las Agrupaciones Financieras de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores y Federal de Protección al Consumidor y otra que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, La Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Se turnan a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, la primera y a la de Hacienda y Crédito Público, la segunda.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Franciscana Krauss Velarde, del Partido Revolucionario Institucional, quien denuncia hechos relacionados con la llamada "Operación Alacrán", que se llevó a cabo el primero de marzo del presente año en la ciudad de Tijuana, Baja California. Se toma nota para actuar en consecuencia.
Sube a la tribuna el diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo firmado por representantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, del Trabajo y de la Revolución Democrática, respecto al diálogo de las organizaciones de deudores con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Para rendir homenaje al licenciado Benito Juárez García, en el centésimo nonagésimo aniversario de su natalicio, hace uso de la palabra el diputado Joaquín Rodríguez Lugo, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
LICENCIA DE DIPUTADO
El secretario Cruz Pérez Cuéllar:
Se va a dar lectura a una comunicación.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Distinguidos secretarios: en virtud de haber sido invitado a colaborar en la administración pública vengo a solicitar licencia para separarme del cargo de diputado federal electo por la quinta circunscripción plurinominal.
Agradezco por su conducto, a todos los diputados de la LVI Legislatura, todas las atenciones que me brindaron durante el tiempo de mi encargo, haciendo votos para que los trabajos que emprendan permitan que la democracia sea forma de vida y gobierno en nuestra nación.
Les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 25 de marzo de 1996.- Gerardo de Jesús Arellano Aguilar.»
La Presidenta:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede licencia al diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la V circunscripción plurinominal, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados.
ESTADO DE COAHUILA
El secretario Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo. Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
El Congreso del Estado de Coahuila, en sesión celebrada el día 27 de febrero del presente año, a través de su diputación permanente aprobó un punto de acuerdo en los siguientes términos:
Unico. Envíese un comunicado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para solicitar a los legisladores federales que consensen la elaboración de una ley general de pagos, que prevea, entre otras cosas, que en los procedimientos en que se diriman controversias entre instituciones de banca y crédito, arrendadoras y otros similares con sus deudores, se asegure un trato equitativo para las partes, sin distingos de cualquier naturaleza para el caso de acreedores de determinadas instituciones o arrendadoras y en el caso de deudores, cuando se trate de determinadas organizaciones o agrupaciones de éstos, con objeto de evitar un trato diferenciado respecto a los particulares que no están organizados.
Se hace de su conocimiento el contenido de este acuerdo para la consideración y trámite que estime procedente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila a 1o. de marzo de 1996.- El presidente de la diputación permanente, diputado Germán Froto Madariaga.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
La secretaria María Teresa Cortez Cervantes:
«Escudo.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Congreso del Estado de Coahuila, a través del pleno de la LIII Legislatura, en sesión celebrada el día 1o. de marzo del presente año, emitió un acuerdo en los siguientes términos:
Primero. Solicítese al Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se nos informe del estado que guardan las cosas en relación a los confinamientos de Spofford y Sierra Blanca, basado esto en el artículo 6o. del convenio relacionado con los mismos.
Segundo. Se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Pesca, se revise el caso de Spofford y Sierra Blanca, basado en el artículo 10 del mismo convenio.
Tercero. Se pide al Congreso de la Unión, tenga a bien abordar este tema en la próxima reunión interparlamentaria con legisladores de los Estados Unidos.
Se hace de su conocimiento este acuerdo para la consideración y trámite que estime procedente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 5 de marzo de 1996. El presidente del Congreso, diputado Armando García Narro.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para su conocimiento.
ESTADO DE MORELOS
La secretaria Josefina Silvia Balleza Sánchez:
«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVI Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, tenemos el honor de informar a ustedes, que en sesión de esta fecha el honorable Congreso del Estado instaló y clausuró los trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones extraordinarias del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de esta honorable XLVI Legislatura del Estado de Morelos; eligiéndose al presidente y vicepresidente de la mesa directiva que dirigió los trabajos durante dicho periodo, la cual quedó integrada de la siguiente manera: presidente, Rafael Sánchez Lima y vicepresidente Delfino Toledano Alfaro.
Reiteramos a ustedes la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, marzo 8 de 1996.- El Oficial Mayor del honorable Congreso del Estado de Morelos, licenciado Wilfrido López Luna.»
De enterado.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El secretario Eduardo Guzmán Ortiz:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 22 del actual:
Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71 inciso b del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996, solicito a usted que por conducto de la dirección general a su digno cargo, se remita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el informe que contiene las razones y criterios para la desincorporación de la administración pública federal paraestatal del Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de las Reservas Territoriales del Estado de Baja California, mediante la transferencia de los derechos y obligaciones que el Gobierno Federal tiene en dicho fideicomiso en favor del gobierno del Estado de Baja California.
Al transcribir a ustedes lo anterior, envío con el presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 22 de marzo de 1996. Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 71 inciso b del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996, presenta a esa Cámara de Diputados, el informe relativo a las razones y criterios para la desincorporación del Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de las Reservas Territoriales del Estado de Baja California (Fiadert), mediante la transferencia de los derechos y obligaciones que el Gobierno Federal tiene en dicho fideicomiso, en favor del gobierno del Estado de Baja California.
La desincorporación del Fiadert atiende a los lineamientos del nuevo federalismo que apunta hacia la necesidad de llevar a cabo una redistribución de facultades de autoridad, de responsabilidades y de recursos del Gobierno Federal hacia los órdenes de gobierno estatales y municipales.
Atiende, asimismo, a las disposiciones del artículo 115 constitucional, que establece la capacidad legal y el papel formal de los municipios para que las decisiones se tomen donde los problemas surgen y donde éstos se pueden resolver de una manera más eficaz y eficiente, lo cual requiere que los municipios cuenten con una mayor capacidad de gestión en todos los sentidos, particularmente en lo que se refiere a la organización de su territorio, que necesariamente incluye la administración del suelo. En este sentido, la transferencia de las reservas territoriales que posee el Fiadert y de su administración fortalece las atribuciones de gestión estatal y municipales y posibilita una adecuada inducción de procesos de desarrollo locales a partir de los propios municipios.
El papel estratégico del suelo para la expansión de las ciudades y para la satisfacción de nueva demanda de vivienda constituye el propósito principal por el cual se establecen las reservas territoriales y forman parte del patrimonio público.
En este orden de ideas, a través de la administración de las reservas territoriales es posible enfrentar los inconvenientes derivados de los procesos especulativos con la tierra, que encarecen el costo de la vivienda y obstaculizan el crecimiento ordenado y sustentable de las ciudades.
La transferencia de los derechos y obligaciones federales en el Fiadert, además de contar de inicio con el respaldo operativo de la inmobiliaria del Estado de Baja California y fortalecer el federalismo y la descentralización, permitirá que las autoridades locales, tanto estatales como municipales, se encuentren en mejor situación para ordenar el desarrollo urbano de las ciudades y propiciar la oferta de suelo, en cantidad y oportunidad, conforme a las demandas de la población y los requerimientos del desarrollo de las ciudades, incluyendo aquellos usos y destinos del suelo que permiten que las ciudades puedan apoyar al desarrollo económico.
Con la desincorporación del Fiadert se pretende un impacto social positivo a través de beneficios para la población, ya que permite abatir la irregularidad en la tenencia de la tierra a través de la adecuada administración de las reservas territoriales y el control sobre el suelo, lo que incide directamente en la generación de oferta de suelo acorde tanto a las demandas, principalmente de los sectores sociales menos favorecidos, como a los instrumentos de planeación y administración del desarrollo urbano de las ciudades.
Asimismo, el Fiadert representa una fuente importante de ingresos y su desincorporación a favor del gobierno estatal eleva su nivel de respuesta a las demandas sociales y permite ampliar la adquisición de predios, como condición necesaria para reducir el rezago habitacional y ampliar la cobertura de infraestructura y equipamiento en los municipios de manera ordenada, conforme se encuentra establecido en los programas de desarrollo urbano.
Con la desincorporación se impulsa igualmente la agilización de los trámites relacionados a la gestión del suelo, lo que permite la reducción de costos administrativos que inciden indirectamente en los costos de las viviendas de interés social y de las infraestructuras primarias y secundarias, en beneficio tanto de la población de bajos recursos como de la comunidad en su conjunto.
Si bien es cierto que el rezago habitacional no se resuelve con una sola acción, la desincorporación del Fiadert abre la posibilidad de desarrollar urbanizaciones y proyectos de vivienda progresivos para los sectores de la población más necesitados.
Al facilitar la disponibilidad del suelo para usos urbanos, se posibilita la adecuada operación de los programas de desarrollo urbano y, además de la gran importancia que tiene el que se allegue de vivienda digna a la población, también se apoya una redistribución de la riqueza más equitativa, ya que permite el acceso a satisfactores tales como la educación, la salud y el transporte, que inciden favorablemente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
La descentralización de actividades, de la toma de decisiones y de la ejecución y evaluación de programas a nivel local fortalece la capacidad de gestión de los municipios y posibilita la ampliación de los cauces de participación de la sociedad en la toma de decisiones relativas y en el establecimiento de políticas de desarrollo urbano.
Bajo la administración directa de las reservas territoriales por el Estado y los municipios de Baja California, a través del Fiadert, se impulsa la eficiencia funcional de las ciudades que se traduce en una reducción de costos para la producción y una optimización del ingreso de las familias. Lo anterior representa también una oportunidad para elevar la competitividad económica de las ciudades que permita atraer nuevas inversiones y generar nuevos empleos.
Adicionalmente, cabe establecer la congruencia de lo anterior con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, que en su capítulo por un nuevo federalismo señala que éste debe surgir del reconocimiento de la autonomía de las comunidades políticas y del respeto a los universos de competencia de cada uno de los órdenes gubernamentales, a fin de articular armónica y eficazmente la soberanía de los estados y la libertad de los municipios con facultades constitucionales propias del Gobierno Federal.
El mismo documento prevé una profunda redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los órdenes estatal y municipal de gobierno; fortalecer la capacidad institucional y los recursos públicos en los órdenes de gobierno más cercanos a la vida cotidiana de las comunidades, por ser ahí donde surgen los problemas, se generan las demandas y deben aplicarse soluciones.
Por otro lado, el gobierno del Estado de Baja California manifestó su anuencia al firmar el acuerdo de coordinación preparatorio de un diverso para llevar a cabo la transferencia a que se hace mención en este documento. Asimismo, este ánimo quedó expreso en la quinta sesión extraordinaria del comité técnico del fideicomiso en el que participaron el gobernador constitucional del Estado, como los presidentes municipales de Ensenada, Mexicali y Tijuana; se anexa copia del acuerdo, así como del acta de la sesión para pronta referencia.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 22 de marzo de 1996.- El subsecretario de egresos, doctor Santiago Levy Algazi.»
«Acuerdo de coordinación preparatorio de un diverso para transferir los derechos y obligaciones que como fideicomitente tiene el Gobierno Federal en el Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de las Reservas Territoriales del Estado de Baja California, en lo sucesivo "Fiadert", en favor del gobierno del Estado de Baja California, que celebran, por una parte el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, representada por su titular, Carlos Rojas Gutiérrez; por la otra, el gobierno del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, representado por el gobernador constitucional Héctor Terán Terán y el secretario general de gobierno, Rodolfo Valdez Gutiérrez, a quienes en lo sucesivo se les dominará "Sedesol" y el "Estado", respectivamente, de conformidad con los siguientes antecedentes y cláusulas
ANTECEDENTES
Primero. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 prevé una profunda redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los gobiernos estatales y municipales, fortaleciendo la capacidad institucional de estos últimos y el impulso a la descentralización de funciones, recursos y programas, bajo criterios de eficiencia y equidad.
Segundo. El "Fiadert" es un fideicomiso público federal que tiene por objeto administrar reservas territoriales para el desarrollo urbano en el Estado de Baja California.
Tercero. En el "Fiadert" participan como fideicomitentes el Gobierno Federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social; el gobierno del Estado de Baja California y los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Mexicali
Cuarto. El gobierno del Estado de Baja California ha solicitado al Gobierno Federal la transferencia de los derechos y obligaciones que corresponden a éste en el "Fiadert", manifestando que cuenta con el marco jurídico y administrativo adecuado para participar conjuntamente con los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Mexicali, en la administración de las reservas territoriales afectas al citado fideicomiso.
Quinto. Que conforme a las disposiciones jurídicas federales y estatales aplicables, resulta necesario que previamente a la formalización de la citada transferencia de derechos y obligaciones del Gobierno Federal hacia "el Estado", se realicen los actos preparatorios que permitan la suscripción del acuerdo de coordinación respectivo.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., 22, 26, 32 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 40 y 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 5o., 6o. y 11 de su reglamento; 9o., 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 49 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 6o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 1o. fracción V, 3o. y 28 de la Ley de Planeación del Estado, las partes celebran el presente acuerdo, al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
Primera. El presente acuerdo de coordinación tiene por objeto establecer las bases para que la "Sedesol" y "el Estado", lleven a cabo de manera conjunta el proceso preparatorio para la transferencia en favor de este último, de los derechos y obligaciones que como fideicomitente corresponden al Gobierno Federal en el "Fiadert".
Segunda. La "Sedesol" y "el Estado", se comprometen conjunta y coordinadamente a realizar las acciones necesarias para preparar la formalización del un acuerdo de coordinación, que tenga por objeto transferir en favor de "el Estado", los derechos y obligaciones que como fideicomitente tiene el Gobierno Federal en el "Fiadert".
Tercera. La "Sedesol" se compromete a instrumentar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los actos necesarios para la formalización de la transferencia a que se refiere este instrumento, verificando previamente a la suscripción del acuerdo de coordinación respectivo, lo siguiente:
I. El levantamiento del inventario de bienes, obligaciones y derechos que tiene el Gobierno Federal en el "Fiadert".
II. El sometimiento al dictamen del auditor designado al efecto por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de los estados financieros que presente el "Fiadert", a la fecha de suscripción del acuerdo de coordinación a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento.
III. La suscripción del documento por el que se formalice la entregarecepción de los bienes, obligaciones y derechos del Gobierno Federal en el "Fiadert" a "el Estado".
Cuarta. En la realización de las acciones preparatorias a la suscripción del acuerdo de coordinación para transferir los derechos y obligaciones que tiene el Gobierno Federal en el "Fiadert", "el Estado" se compromete a:
I. Proporcionar la información técnica y administrativa que requieran las dependencias competentes del Gobierno Federal para la realización de la transferencia.
II. Aceptar en su oportunidad, la transferencia de los derechos y obligaciones que como fideicomitente le corresponden al Gobierno Federal en el "Fiadert".
III. Continuar cumpliendo con los objetivos del "Fiadert", en el ejercicio de los derechos y obligaciones que como fideicomitente tiene el Gobierno Federal en dicho fideicomiso, promoviendo la participación de los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali.
IV. Transferir a los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali en la proporción que a cada uno corresponda, los derechos y obligaciones respecto de las reservas territoriales que reciba del Gobierno Federal, en un plazo perentorio.
Quinta. Previamente a la celebración del acuerdo de coordinación cuyos actos preparatorios constituyen el objeto de este instrumento, la "Sedesol", en su carácter de coordinadora de sector, deberá promover ante la comisión intersecretarial de gasto financiero, la desincorporación de los derechos y obligaciones que como fideicomitente tiene el Gobierno Federal en el "Fiadert".
Sexta. Ambas partes se comprometen a que una vez formalizado el acuerdo de coordinación cuyos actos preparatorios se convienen en este instrumento, promoverán ante el compite técnico y de distribución de fondos del "Fiadert" y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de fiduciaria, las adecuaciones al contrato de Fideicomiso respectivo.
Séptima. Las partes manifiestan su conformidad para que las dudas sobre la interpretación del presente instrumento, así como las controversias que pudieran suscitarse por la aplicación del mismo, sean resueltas de común acuerdo.
Octava. El presente instrumento entrará en vigor a partir de su firma y se podrá adicionar, modificar o revocar de común acuerdo por las partes.
Leído que fue el presente acuerdo y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman por duplicado en la ciudad de Tijuana, Baja California, a los 21 días del mes de diciembre de 1995.- Por el Gobierno Federal, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez; por el gobierno del Estado de Baja California, el gobernador constitucional, Héctor Terán Terán; el secretario general de gobierno del Estado de Baja California, Rodolfo Valdez Gutiérrez.»
«Acta de la quinta sesión extraordinaria del comité técnico del fideicomiso para la administración y desarrollo de las reservas territoriales del Estado de Baja California.
Siendo las 10:45 horas del día 25 de enero de 1996, en el salón "Casino" del centro de convenciones Riviera ubicado en avenida Riviera y Boulevard Lázaro Cárdenas s/n de la ciudad de Ensenada, BC, se da inicio a la quinta sesión extraordinaria del Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de las Reservas Territoriales del Estado de Baja California.
Hace uso de la palabra el ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social, fungiendo como presidente del comité técnico, abre la sesión dando una cordial vienvenida a los funcionarios estatales, municipales y federales e invitados especiales.
Acto seguido el ingeniero Carlos Gutiérrez, presidente del comité técnico, solicita al secretario, licenciado José Luis Hernández Silerio, que verifique la asistencia de los integrantes del mismo.
I. Presentación de los miembros del comité técnico
1o. Con la representación de la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de presidente del comité técnico, el ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social.
2o. Con la representación del gobierno del Estado de Baja California, el licenciado Héctor Terán Terán.
3o. Con la representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, el contador público Ignacio Villaseñor, administrador local de auditoria fiscal de Tijuana.
4o. Con la representación de la Secretaría de Desarrollo Social, el ingeniero Luis López Moctezuma Torres, delegado en Baja California.
5o. Con la representación de la dirección general de desarrollo urbano de la Sedesol, el ingeniero Luis Javier Castro Castro, director general.
6o. Con la representación del gobierno del Estado Baja California, el ingeniero Fernando Aceves Salmón, secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado.
7o. Con la representación del XV ayuntamiento de Ensenada, el contador público Manuel Montenegro Espinoza, presidente municipal.
8o. Con la representación del XV ayuntamiento de Mexicali, el licenciado Eugenio Elorduy Walter, presidente municipal.
9o. Con la representación del XV ayuntamiento de Tijuana, el licenciado José Guadalupe Osuna Millán, presidente municipal.
10. Con la representación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, contador público Roberto Alvarez Argüelles, comisario público propietario.
11. Con la representación de la Contraloría del Estado de Baja California, el contador público Jesús Antonio Rivera Martínez, contralor general del Estado.
12. Con la representación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el licenciado David Atienza Peñaloza, subgerente de fideicomisos y mandatos públicos.
13. Con la representación del Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de las Reservas Territoriales del Estado de Baja California, el licenciado José Luis Hernández Silerio, director general y delegado fiduciario especial.
El secretario del comité técnico, licenciado José Luis Hernández Silerio, verificó la existencia del quorum y dio lectura al orden del día con los puntos siguientes:
1o. Apertura de la reunión por el presidente del comité técnico.
2o. Verificación del quorum legal por el secretario técnico.
3o. Aprobación de presupuesto para el ejercicio 1996.
4o. Acuerdo sobre la Alianza Para la Recuperación Económica (APRE).
5o. Solicitud del Gobierno Federal para la transferencia del Fiadert a favor del gobierno del Estado.
6o. Clausura de la reunión.
Aprobándose ésta, por unanimidad.
Por lo que el presidente del comité técnico, expresó que una vez verificada la existencia del quorum, declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que ahí se tomen.
El presidente solicitó al secretario procediera a desahogar el punto número tres, en virtud de que los primeros ya fueron agotados.
El licenciado José Luis Hernández Silerio, secretario técnico, presenta para su aprobación el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de 1996, ya que con la aprobación de éste se permitirá que no se detenga el funcionamiento de operación y se siga así cumpliendo con los objetivos para los que fue creado el fideicomiso, solicitando a los miembros del comité técnico, la aprobación de este presupuesto que se encuentra dentro de sus carpetas y que fue analizado conjuntamente. Los integrantes del comité técnico aprobaron el presupuesto por unanimidad bajo los siguientes términos:
ACUERDO No. 1
Se autoriza a la dirección general del Fiadert, el presupuesto financiero de ingresos y egresos para 1996.
Pasando al siguiente punto del orden del día el secretario del comité manifestó que éste trata del acuerdo sobre la Alianza Para la Recuperación Económica (APRE) y solicitó al señor comisario propietario de la Secodadm, contador público Roberto Alvarez Argüelles, diera lectura al acuerdo correspondiente.
Tomando la palabra el contador público Roberto Alvarez Argüelles solicita a los miembros del comité técnico se instruya a la dirección general del Fiadert, que instrumente a la brevedad posible las disposiciones de la Alianza Para la Recuparación Económica (APRE), siendo la finalidad de esta propuesta apoyar al fideicomiso en la instrumentación de mecanismos, cuyas medidas administrativas coadyuven en la recuperación económica. Quedando el acuerdo aprobado por los miembros del comité técnico en la siguiente forma:
ACUERDO No 2
Se instruye a la dirección general del Fiadert para que instrumente a la brevedad posible las disposiciones de la Alianza Para la Recuperación Económica (APRE) que deben ser atendidas por el fideicomiso, a fin de cumplir con lo instruido y tomar las ventajas administrativas que se plantean, en particular la realización de acciones que permitan licitar adquisiciones y obra pública conforme lo señala el APRE y el oficio circular SP/100/507/95, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 1995.
El licenciado José Luis Hernández Silerio, continúa exponiendo la orden del día en el punto relativo a la solicitud del Gobierno Federal para la transferencia del Fiadert en favor del gobierno del Estado y en su oportunidad a los ayuntamientos, para lo cual el secretario Carlos Rojas Gutiérrez, haciendo uso de la palabra, manifestó:
Señor licenciado Héctor Terán Terán, gobernador constitucional del Estado de Baja California; Manuel Montenegro Espinoza, presidente municipal de Ensenada; José Guadalupe Osuna Millán, presidente municipal de Tijuana y Eugenio Elorduy Walter, presidente municipal de Mexicali; distinguidos miembros del comité técnico, señoras y señores:
Por mi conducto les traigo a ustedes un saludo del señor presidente Ernesto Zedillo y la reiteración de su compromiso de seguir construyendo con hechos un nuevo federalismo que se sustente en la pluralidad y el trabajo compartido entre los tres órdenes de gobierno.
El Fiadert, creado en febrero de 1992, fue concebido como un instrumento al servicio del gobierno del Estado, los municipios y la Federación, para impulsar el desarrollo ordenado de las ciudades de Baja California, el fideicomiso formado por terrenos ejidales de las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada, con una superficie de 1 mil 772 hectáreas, generó un patrimonio que permitirá construir más de 21 mil 800 viviendas, asignar más de 15 mil 600 lotes y realizar un amplio número de obras de urbanización en las localidades.
En sus casi cuatro años el Fiadert ha demostrado ser un eficaz instrumento de desarrollo, sobre todo para beneficio de la población urbana que vive en mayor desventaja; para este año en el presupuesto presentado a la aprobación de este comité, se han contemplado diversas obras en los desarrollos Orizaba y Xochimilco en Mexicali, Matamoros en Tijuana, así como Ruiz Cortines y Chapultepec en Ensenada, por un monto de poco 0ás de 42 millones de pesos.
El Presidente de la República, en su reciente visita al Estado y municipio de Baja California en diciembre de 1995, reconoció la madurez política y el espíritu federalista de los bajacalifornianos, se comprometió con el pueblo y el gobierno de Baja California a formalizar la transferencia del fideicomiso al dominio pleno de gobierno del Estado y de los gobiernos municipales. Por su parte, el gobierno del Estado se ha comprometido a continuar cumpliendo con los objetivos del Fiadert, con la participación conjunta de los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Mexicali.
La medida junto con la descentralización de las responsabilidades, atribuciones y recursos de varias dependencias federales expresa en los hechos la voluntad de construir un nuevo federalismo, que en materia social, acerca la toma de decisiones y la capacidad de atención a los sitios en donde surge y se expresa la demanda social.
Con lo anterior y en cumplimiento a las instrucciones presidenciales y en mi calidad de presidente de este comité técnico solicito a todos sus integrantes la aprobación del acuerdo para llevar todos los trámites necesarios ante las autoridades competentes para formalizar la transferencia de derechos y obligaciones que como fideicomitente tiene el Gobierno Federal en el Fiadert.
Haciendo uso de la voz el secretario licenciado José Luis Hernández Silerio, expresó que sometía a la consideración de los integrantes del comité técnico el acuerdo manifestando éstos su aprobación, quedando el mismo en la siguiente forma:
ACUERDO No. 3
Se autoriza a la Secretaría de Desarrollo Social, en su carácter de coordinadora de sector, dar seguimiento al acuerdo de coordinación preparatoria, signado el 21 de diciembre próximo pasado, por el titular de la coordinadora sectorial y el gobernador constitucional del Estado de Baja California. El presidente del comité técnico informa a los integrantes del mismo, del inicio de los trámites para llevar a cabo, ante las autoridades competentes los actos necesarios para formalizar la transferencia hacia el gobierno del Estado de Baja California de los derechos y obligaciones que como fideicomitente y fideicomisario corresponde al Gobierno Federal en el fideicomiso para la administración y desarrollo de la reserva territorial en el Estado de Baja California.
El licenciado José Luis Hernández Silerio, continuando con la orden del día manifestó que el último punto del orden del día consistía en la clausura de la sesión, a cargo del gobernador del Estado, licenciado Héctor Terán Terán.
A continuación en uso de la voz el ciudadano gobernador constitucional de Baja California, emitió un saludo al presidente del comité técnico y a sus integrantes, señalando que ese acto era trascendental para la vida política de Baja California, ya que con ello se materializaba el acuerdo del Presidente de la República, en su reciente visita a Baja California.
Siguió manifestando que quienes gobiernan Baja California tienen en sus manos un instrumento que les confía la Federación, ya que éste considera que pueden conducirla con acierto para beneficio de los bajacalifornianos. Agradeció la confianza del secretario y del Presidente de la República.
Continuo exponiendo que el gobierno del Estado, asumiría esa responsabilidad y la compartiría con los ayuntamientos, para que en la medida de las condiciones pudieran desarrollar los terrenos en beneficio de las ciudades que gobiernan.
Ya para terminar declaró clausurada la sesión, siendo las 11:00 horas del día 25 de enero de 1996, dando las gracias a los presentes por su asistencia y participación.
Dándose por concluida la presente sesión, firmando al calce los ciudadanos que en ella intervinieron: Carlos Rojas Gutiérrez, Héctor Terán Terán, Ignacio Villaseñor, Luis López Moctezuma Torres, Luis Javier Castro Castro, Guillermo Aceves Salmón, Manuel Montenegro Espinoza, Eugenio Elorduy Walter, José Guadalupe Osuna Millán, Roberto Alvarez Argüelles, Jesús Antonio Rivera Martínez, David Atienza Peñaloza y José Luis Hernández Silerio.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Desiderio Camacho Garibo:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio número DAN 01033 con fecha 15 del actual, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
Me permito hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para solicitar la cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar copia de la carta de la interesada.
Leticia González Remedios de Osorio, operador de computadoras, Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 22 de marzo de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta:
Para presentar una iniciativa, tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Gracias, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Rogaría a ustedes su atención o si es tan amable la Presidencia de llamarles la atención para escuchar esta iniciativa que creemos de gran trascendencia.
La Presidenta:
Se ruega a los diputados presten la debida atención al orador.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Voy a presentar una iniciativa de reforma al artículo 129 constitucional, en la intervención de las fuerzas armadas en nuestro país.
«Honorable Cámara de Diputados: los suscritos diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente a través de esta Cámara de Diputados, la presenta iniciativa que reforma el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Es indudable que el artículo 129 constitucional ha quedado rezagado en relación a las funciones que desempeñan las fuerzas armadas. Como es de reconocido derecho este artículo fue concebido por los constituyentes de 1857 por las circunstancias que prevalecían en ese entonces y que el Constituyente de 1917 dejó intactas sin discusión alguna. Resulta obvio que las tareas que han venido desempeñando en los hechos las fuerzas armadas, superan con mucho el marco constitucional.
Lo anterior, aunado a la controversia que recientemente se generó con motivo de la entrada en vigor de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre ese particular, nos llevan a la necesidad de plantear la reforma a este artículo para definir con precisión la actuación de las fuerzas armadas en tiempos de paz y dejar claros los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública.
Nuestra Constitución emplea los términos de seguridad exterior e interior del Estado en distintas disposiciones; sin embargo, nunca emplea el término "seguridad nacional", toda vez que este último concepto surge a partir de la segunda mitad del presente siglo y nuestro máximo ordenamiento es de 1917.
Por seguridad nacional debemos entender la protección de la soberanía, la independencia e integridad territorial y abarca la seguridad exterior e interior; si la primera debe entenderse como la situación de potencia nacional y equilibrio internacional que garantiza a cada país la integridad de su territorio y la ejecución de sus derechos en planos de igualdad con la comunidad de naciones, la seguridad interior es según la opinión de Cabanellas Torres: la situación y sistema político que manifiesta la realidad o el propósito de un orden nacional en que los poderes públicos son respetados como instituciones y en las personas que lo encarnan, con la adecuada defensa del régimen, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de la paz y tranquilidad pública por parte de las autoridades.
Por lo anterior, si bien es cierto que el concepto de seguridad interior abarca la idea de tranquilidad y paz pública, de ninguna manera debe ser confundida como intervención de las fuerzas armadas en problemas policiacos, ya que las instituciones militares tienen objetivos, funciones y capacidades diversas a los de la policía.
En este contexto y ante un creciente fenómeno delictivo, en lo que se refiere a la delincuencia organizada que ha desbordado los cuerpos de seguridad pública, es cuando puede justificarse la actuación de las fuerzas armadas porque se pone en riesgo la soberanía nacional, la integridad del territorio, la forma de gobierno republicana y democrática, así como el pacto federal, es decir, cuando se atenta contra los intereses de la nación.
A diferencia de los conceptos anteriores, la seguridad pública es civil; tiene que ver con la integridad personal, bienes y derechos de los ciudadanos, con la prevención y represión de los delitos, actuando siempre dentro de un marco de respeto a los derechos humanos.
No debemos caer en la confusión de pensar que para combatir los delitos se requiere militarizar a las corporaciones policiacas, porque caeríamos en situaciones propias de regímenes dictatoriales. Es preciso señalar que el encargar a las fuerzas armadas la seguridad pública es totalmente contrario al desarrollo y a los intereses estratégicos de los institutos armados de un país. Las fuerzas armadas constitucionalmente tienen asignada la defensa interior y exterior del Estado, como ya se dijo, por lo que se distinguen claramente de la seguridad pública, que sólo compete a las autoridades civiles.
El narcotráfico tiene complejas implicaciones y hondas repercusiones, por el tipo de delincuencia que posee una sofisticada organización que trasciende fronteras, dispone de gran poder económico, métodos y técnicas avanzados para la consecución de sus fines. Por ser un fenómeno relativamente nuevo, cuyo riesgo en contra de la seguridad interior y la seguridad nacional no fue previsto por el Constituyente de 1917 y, ante su desarrollo, surge la imperiosa necesidad de que el Constituyente Permanente atienda y actualice el marco constitucional, a efecto de establecer mecanismos que posibiliten la coordinación de acciones, que hagan frente con eficacia a su prevención y combate.
Es innegable la contribución de las fuerzas armadas en el mantenimiento de la paz pública, a través de tareas concretas relacionadas con el combate al narcotráfico, como la destrucción de plantíos, aseguramiento de armas y destrucción de drogas ilícitas, constituyéndose en auxiliar de las autoridades competentes. Asimismo cabe destacar la valiosa labor de las fuerzas armadas en tareas de protección civil, como la ayuda y salvamento de la población en casos de desastre.
En la presente iniciativa, no se trata de dotar de competencia en materia de seguridad pública y particularmente en la persecución de delitos a las fuerzas armadas, sino de delimitar con pulcritud su actuación, las que podrán intervenir sólo a solicitud y en auxilio de las autoridades civiles federales competentes, ante casos en que se cometan delitos que pongan en riesgo la seguridad interior o la seguridad nacional, referidos al narcotráfico y otros ilícitos de la delincuencia organizada, vinculados al mismo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del honorable Poder Constituyente Permanente a través de esta honorable Asamblea, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 129 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se reforma el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 129. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, además de aquellas estrictamente castrenses, las que tiendan a salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior del país, así como el auxilio a la población civil en casos de desastres naturales graves."
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el combate al narcotráfico y en general a la delincuencia organizada vinculada al mismo, son de seguridad nacional e interior. La actuación de las fuerzas armadas en estos casos se hará a petición expresa, en auxilio y en coordinación con las autoridades civiles federales competentes.
En ningún otro caso podrán intervenir las fuerzas armadas sin autorización previa del Congreso.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 26 de marzo de 1996.- Los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Rúbricas.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Defensa.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen, relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Alejandro Moreno Berry:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o., en su segundo párrafo, 4o. y 43, y se adiciona el artículo 43-bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estudió y analizó dicha propuesta bajo los siguientes
ANTECEDENTES
1o. El 6 de diciembre de 1994, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto en materia de procuración y administración de justicia, por medio de la cual propuso, al Congreso de la Unión, la reforma de 27 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2o. Fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera Sección, del Senado, el 9 de diciembre del mismo año, estas comisiones se reunieron en conferencia con las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados.
3o. Como consecuencia de los trabajos legislativos de las comisiones de ambas cámaras y en relación con la materia de este dictamen, debe destacarse la modificación que el Congreso de la Unión hizo a la iniciativa presidencial, en cuanto al artículo 102 constitucional y por la que se suprimió el carácter de Consejero Jurídico del Gobierno al Procurador General de la República, señalándose, en el último párrafo, apartado A de dicho artículo, que la función de Consejero Jurídico estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal, a establecerse en la ley reglamentaria.
4o. El 31 de diciembre de 1994 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto promulgatorio de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la aprobación por el Constituyente Permanente de, entre otros artículos, el 102 constitucional.
5o. La iniciativa en estudio fue presentada por el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la sesión ordinaria del día 6 de diciembre de 1995.
6. La Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, conforme al ordenamiento interno, ordenó el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales".
Esta comisión, con las facultades y antecedentes mencionados, se permite formular el presente dictamen, conforme a las siguientes
CONSIDERACIONES
I. La iniciativa en cuestión fue presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le otorga la fracción I del artículo 71 constitucional y propone modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de reglamentar "que la función de consejo jurídico del Gobierno, en ése entonces responsabilidad del Procurador General de la República, esté a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que la ley establezca".
II. En la exposición de motivos de la iniciativa en estudio, se reconoce el acierto del Constituyente Permanente al aprobar la reforma constitucional en materia de procuración y administración de justicia citada en los antecedentes uno a cuatro de este dictamen, particularmente en lo relativo al artículo 102 de la Constitución que establece, para una dependencia del Ejecutivo Federal, la función específica de Consejería Jurídica.
De esta manera, dicha dependencia se encargaría de revisar las iniciativas de ley, reglamentos, decretos y acuerdos que suscribiera el Presidente de la República, permitiendo unificar criterios en materia jurídica y establecer una eficiente coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal, al tiempo que se evitarían duplicidades y sobrerregulación.
III. En virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal considera pertinente reformar dicho ordenamiento para ubicar en él la figura de la Consejería Jurídica, que no altera, sino enriquece, el espíritu de la exposición de motivos del dictamen presentado ante esta Cámara en la sesión ordinaria del 22 de diciembre de 1976, por el que se aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que planteó como objeto de la misma la mejor integración de todos los organismos que forman la administración pública federal con un señalamiento más claro y preciso de sus respectivas facultades.
IV. En consecuencia, la función de consejo jurídico estará a cargo de la Consejería Jurídica, en razón de que la ley antes citada regula dependencias, titulares y atribuciones, lo que obliga a que, como lo señala la iniciativa y recoge el presente dictamen, al frente de dicha consejería esté el Consejero Jurídico. A mayor abundamiento, el último párrafo del apartado A del artículo 102 constitucional establece claramente que la función de Consejero Jurídico estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que para tal efecto establezca la ley.
V. De la modificaciones a la iniciativa.
En el afán de enriquecer el contenido de la iniciativa presidencial, esta comisión consideró pertinente modificar y adicionar el texto legal en los siguientes términos:
A) Con objeto de incorporar de una manera integral la figura de la Consejería Jurídica a la referida Ley Orgánica, se propone modificar la iniciativa a efecto de introducir, en el artículo 2o. de la ley reglamentaria, la multicitada Consejería, para quedar como sigue: "Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada:
I. Secretarías de Estado:
II. Departamentos administrativos:
III. Consejería Jurídica."
B) Siguiendo la línea de argumentación esgrimida en el apartado anterior, se propone modificar la iniciativa en su artículo 4o., para establecer, en el primer párrafo, que al frente de la Consejería Jurídica estará un Consejero , el cual dependerá directamente del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por éste y, en el segundo, los requisitos que se deben cumplir para ser Consejero Jurídico, que no son otros que los que la propia ley señala para ser Procurador General de la República.
C) Por otra parte, se propone modificar el párrafo tercero del artículo 4o., con objeto de aclarar que en el reglamento interior de la Consejería se determinarán las formas en que habrán de cubrirse las ausencias.
D) Al proceder al estudio detallado de la iniciativa que se dictamina, esta comisión consideró pertinente reflexionar sobre otros aspectos que tienen qué ver con los actos administrativos emitidos por los funcionarios que ocupan la más alta jerarquía administrativa. La ley que regula los medios de defensa en contra de los actos de la administración pública, al no hacer ningún señalamiento expreso respecto de actos de secretarios de Estado, parece dar lugar a que sea el propio titular del Ejecutivo Federal el que deba resolver los recursos administrativos promovidos en contra de los actos emitidos por dichos secretarios.
Toda vez que tal interpretación no resulta adecuada con el régimen eficaz, sencillo y ágil de impugnación que pretende tal ordenamiento legal, esta comisión considera conveniente modificar el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: "en los juicios de amparo, el Presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los secretarios de Estado serán resueltos dentro del ámbito de su Secretaría en los términos de los ordenamientos legales aplicables".
E) Siguiendo el espíritu del apartado A antes mencionado, nos permitimos proponer a esta Asamblea, modificar la denominación del Capítulo II Título Segundo, con la inclusión de la "Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal", así como introducir dicha figura en el artículo 26 de la citada Ley de la Administración Pública Federal, que establece las dependencias con que contará el Ejecutivo de la Unión para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, correspondiendo su ubicación inmediatamente después de la del "Departamento del Distrito Federal".
F) Por cuanto hace al nuevo artículo 43, actualmente derogado, se mantiene la redacción de la iniciativa en su fracción I; a la fracción II se agrega que los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, sometidos por el Consejero Jurídico a la firma del Presidente de la República, podrán ser presentados, además de a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal o al Congreso de la Unión, "a una de sus cámaras", para ajustar su redacción a lo preceptuado en los artículos 74 y 76 constitucionales.
G) Por cuanto hace a la fracción III del artículo 43 de la iniciativa, se propone una nueva redacción, aunque en esencia se mantiene el espíritu que la animó.
H) Por cuanto hace a la fracción IV de dicho artículo, se propone sustituir la palabra "documentos" por la de "instrumentos"; en la fracción V, sustituir el vocablo "otorgar" por el de "prestar" y, en la fracción VI, la palabra "cuidar" por la de "procurar", por ser expresiones de mayor precisión jurídica, para quedar como siguen: "IV. Revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos y resoluciones presidenciales y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República:
V. Prestar asesoría jurídica cuando el Presidente de la República así lo acuerde, en asuntos en que intervengan varias dependencias de la administración pública federal, así como en los previstos en el artículo 29 constitucional:
VI. Coordinar los programas de normatividad jurídica de la administración pública federal que apruebe el Presidente de la República y procurar la congruencia de los criterios jurídicos de las dependencias y entidades."
I) En el primer párrafo de la fracción VII de este mismo artículo, se precisa que la función del Consejero Jurídico en la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal, creada por decreto presidencial de fecha 18 de enero de 1983, será la de presidirla.
J) En lo referente a la fracción VIII del citado artículo 43, se simplifica el texto, manteniendo el sentido de la atribución y, por cuanto hace a la fracción IX, se propone sustituir la expresión "promover" por la de "prestar", estableciendo que tales apoyo y asesoría jurídicos sólo se darán a las entidades federativas cuando éstas lo soliciten, a efecto de respetar el pacto federal; asimismo se omite que tal atribución se lleve a cabo en unión de la Secretaría de Gobernación, dado que, conforme a la fracción VII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes de la Unión, así como con los de los gobiernos de los estados, razón por la cual se mantiene la expresión "sin perjuicio de la competencia de otras dependencias", para quedar como sigue:
"IX. Prestar apoyo y asesoría en materia técnico-jurídica a las entidades federativas que lo soliciten, sin perjuicio de la competencia de otras dependencias."
K) Con objeto de ampliar las atribuciones de la Consejería Jurídica, se propone que la fracción X del multicitado artículo 43 quede de la siguiente manera: "representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas".
L) Congruente con lo razonado en el apartado E en el artículo 43-bis también se incluye el caso de iniciativas de leyes o decretos que sean competencia exclusiva de una sola de las cámaras del Congreso de la Unión y se adiciona el texto de la iniciativa para prever casos de excepción.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a esta soberanía, el siguiente
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 1o. segundo párrafo, 2o., 14 segundo párrafo y se adicionan los artículos 4o., 26 con un último renglón, 43 y 43-bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la administración pública centralizada.
Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada:
I. Secretarías de Estado:
II. Departamentos administrativos:
III. Consejería Jurídica.
Artículo 4o. La función de Consejero Jurídico, prevista en el apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Al frente de la Consejería Jurídica habrá un Consejero que dependerá directamente del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por éste.
Para ser Consejero Jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que para ser Procurador General de la República.
A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal le serán aplicables las disposiciones sobre presupuesto, contabilidad y gasto público federal, así como las demás que rigen a las dependencias del Ejecutivo Federal. En el reglamento interior de la Consejería se determinarán las atribuciones de las unidades administrativas, así como la forma de cubrir las ausencias y delegar facultades.
Artículo 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En los juicios de amparo, el Presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los secretarios de Estado serán resueltos dentro del ámbito de su Secretaría en los términos de los ordenamientos legales aplicables.
Artículo 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:
I. Dar apoyo técnicojurídico al Presidente de la República en todos aquellos asuntos que éste le encomiende:
II. Someter a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República, todos los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que se presenten al Congreso de la Unión o a una de sus cámaras, así como a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y darle opinión sobre dichos proyectos:
III. Dar opinión al Presidente de la República sobre los proyectos de tratados a celebrar con otros países y organismos internacionales:
IV. Revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones presidenciales y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República:
V. Prestar asesoría jurídica cuando el Presidente de la República así lo acuerde, en asuntos en que intervengan varias dependencias de la administración pública federal, así como en los previstos en el artículo 29 constitucional:
VI. Coordinar los programas de normatividad jurídica de la administración pública federal que apruebe el Presidente de la República y procurar la congruencia de los criterios jurídicos de las dependencias y entidades;
VII. Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal, integrada por los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada dependencia de la administración pública federal, la que tendrá por objeto la coordinación en materia jurídica de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
El Consejero Jurídico podrá opinar previamente sobre el nombramiento y, en su caso, solicitar la remoción de los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la administración pública federal:
VIII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización y simplificación del orden normativo jurídico:
IX. Prestar apoyo y asesoría en materia técnico-jurídica a las entidades federativas que lo soliciten, sin perjuicio de la competencia de otras dependencias:
X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas:
XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 43-bis. Las dependencias de la administración pública federal enviarán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos a ser sometidos al Congreso de la Unión, a una de sus cámaras o a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha en que se pretendan presentar, salvo en los casos de notoria urgencia a juicio del Presidente de la República y por lo que se refiere a las iniciativas de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Las demás dependencias y entidades de la administración pública federal proporcionarán oportunamente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal la información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones." Artículo segundo. Se reforma la denominación del Capítulo II Título Segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
TITULO SEGUNDO
CAPITULO II
De la competencia de las secretarías deEstado, departamentos administrativosy Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Todos los elementos y recursos adscritos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, pasarán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Los derechos de los trabajadores de la citada dirección general, que presten sus servicios a la Consejería Jurídica, serán respetados en todos sus términos. Los asuntos que estén a cargo de la dirección general pasarán a la consejería.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Salón de comisiones de la Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de marzo de 1996.- Por la comisión, diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, secretario; Gerardo Arellano Aguilar, Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Ignacio González Rebolledo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ignacio González Rebolledo:
Con la venia de la Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Sin antecedentes en las constituciones de 1824 y 1836, bases orgánicas de 1943, actas Constitutiva y de Reforma de 1947 ni en la Constitución de 1857, el otorgar al Procurador General de la República la atribución de Consejero Jurídico del Gobierno Federal, lo hemos de encontrar, por vez primera, en el mensaje y proyecto de constitución que don Venustiano Carranza presentó en la ciudad de Querétaro, el 1o. de diciembre de 1916, en el párrafo cuarto de su artículo 102.
El dictamen, presentado el 17 de enero de 1917, no introdujo modificación alguna al párrafo en cuestión y el artículo 102 fue aprobado por unanimidad de 150 votos, en la sesión del domingo 21 del mismo mes y año.
Con motivo de las reformas de 1967, el texto varió en su redacción mas no en su espíritu, siendo hasta las recientes reformas de 1994 cuando se suprimió, de dicho artículo constitucional, la atribución en comento, para instituir que la función de Consejero Jurídico del Gobierno esté a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley, que ahora se propone reglamentar.
Con esta reforma, la historia le otorga la razón a don Luis Cabrera en el debate que en el año de 1932, con motivo del Congreso Jurídico Mexicano, sostuvo con el entonces Procurador General de la República, don Emilio Portes Gil, y en el que afirmó la necesidad de separar, por incompatibles, las funciones de Ministerio Público, de las de representación y asesoría.
En un mundo cada vez más cambiante, la especialización emerge no como un capricho, no como un querer fundado en un irracional voluntarismo, sino en la dedicación pulcra de una cierta y determinada parcela del saber humano.
El derecho no es, no ha sido ni podrá ser un valladar para alcanzar más y mejores metas de desarrollo social. Por el contrario, el derecho ha sido, desde siempre, el obstáculo para quienes, habiendo alcanzado el poder, pretenden sojuzgar la voluntad de una nación, la voluntad que, plasmada en el texto jurídico, obliga por igual a gobernantes y gobernados.
Sin embargo, el derecho, expresión del anhelo popular, no puede ser, por sí mismo, garantía de aplicación real, de aplicación objetiva. En efecto, toda norma encierra un deber ser, pero cuando este deber tiene que aplicarse por quien, dado el entorno en que se mueve, se ve materialmente impedido de engarzarlo en la realidad, ha llegado el momento de cambiar el sujeto imputable de convertir la norma en un ente vivo o, para decirlo en otros términos, que le dé facticidad a aquello que el legislador plasmó como un deber ser.
En la materia que nos ocupa, los hechos demostraron que las variadas, múltiples e intrincadas funciones destinadas a la procuración de justicia, mutilaban las que en teoría debían destinarse a la asesoría jurídica del Presidente de la República.
Por ello, mérito indiscutible del Constituyente Permanente fue el haber aprobado las reformas, en el año de 1994, por las que segregó, del Procurador General de la República, la función de consejo jurídico para establecer, en el último párrafo del apartado A del artículo 102 constitucional, que tan elevada función habría de estar a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que para el efecto estableciera la ley.
Por tal razón, desde el 6 de diciembre del año pasado, el titular del Poder Ejecutivo Federal, con apoyo en lo establecido en la fracción I del artículo 71 constitucional presentó, a esta soberanía, iniciativa de modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de incluir en dicho ordenamiento la institución de la Consejería Jurídica.
En la sesión de trabajo celebrada el 19 de los corrientes, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales conoció el proyecto de dictamen elaborado por su presidente y primer secretario. En dicha sesión, se recogieron las propuestas formuladas por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de especificar en el artículo 14, reforma no contenida en la iniciativa presidencial, pero sí por el proyecto de dictamen, que los recursos administrativos promovidos contra actos de los secretarios de Estado sean resueltos, dentro del ámbito de su Secretaría, en los términos de los ordenamientos legales aplicables.
Mención especial merece el artículo 43-bis de la iniciativa, en razón de que permite otorgar a la Consejería Jurídica, como instancia revisora de los proyectos de iniciativas de leyes o decretos a ser sometidos, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, a una de sus cámaras o a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el tiempo necesario que permita evaluar su pertinencia y contenidos.
En este precepto, la comisión recogió la preocupación de la fracción parlamentaria de Acción Nacional por cuanto a no constreñir, a dicho plazo, la iniciativa de Ley de Ingresos, ni el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, dado lo complejo de su materia y elaboración.
Asimismo recogió el parecer del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para establecer otro caso de excepción que permitiera, en caso de urgencia y, a juicio del Presidente de la República, no sujetarse al término previsto por la regla general.
Puesto que el precepto en comento tiene el saludable propósito de otorgar a la Consejería Jurídica un término suficiente para, como se dijo, evaluar pertinencia y contenido de los proyectos de iniciativas a someter a la consideración del titular del Poder Ejecutivo, esta comisión se permite proponer, con apoyo a lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente modificación, que por escrito se entrega a esta Secretaría:
Artículo 43-bis.
Dice: Las dependencias de la administración pública federal enviarán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos a ser sometidos al Congreso de la Unión, a una de sus cámaras o a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha en que se pretendan presentar, salvo en los casos de notoria urgencia a juicio del Presidente de la República y, por lo que se refiere a las iniciativas de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Debe decir:
Las dependencias de la administración pública federal enviarán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos a ser sometidos al Congreso de la Unión, a una de sus cámaras o a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha en que se pretendan presentar, salvo en los casos de las iniciativas de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y en aquellos otros de notoria urgencia a juicio del Presidente de la República. Estos últimos le serán sometidos al titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Consejería Jurídica.
Dado que la reforma aquí propuesta tiene por objeto garantizar que los proyectos de iniciativas de leyes o decretos pasen por el tamiz de la Consejería Jurídica, a efecto de hacer plenamente vigente el mandato constitucional que prevé su existencia, la comisión dictaminadora solicita a esta Asamblea apruebe también dicha modificación.
Satisface a esta comisión que el crear la Consejería Jurídica no implique incremento alguno en el gasto público, dado que a dicha dependencia le será asignado el presupuesto que ahora ejerce la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República.
Con objeto de que esté en posibilidad de lograr el justo reclamo de la unidad de criterios jurídicos entre las diversas dependencias y entidades que integran el Poder Ejecutivo Federal, así como la actualización y simplificación del orden normativo jurídico, se consideró pertinente establecer que la Comisión de Estudios Jurídicos, creada por decreto presidencial el 18 de enero de 1983, sea presidida por el Consejero Jurídico.
Existiendo el imperativo de que todo acto de Gobierno se encuentre dentro de los parámetros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella emanan, la institución de la asesoría jurídica se encuentra debidamente justificada, ya que a través de ella estaremos en posibilidad de perfeccionar el marco jurídico mexicano.
Estas razones, aunadas a las ya plasmadas en el dictamen puesto, a su consideración, nos permiten solicitar su voto aprobatorio.
Muchas gracias.
La Presidenta:
En consecuencia, está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los siguientes oradores:
Para fijar posiciones, el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; el diputado Horacio Gutiérrez Bravo, del Partido Acción Nacional y el diputado Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes.
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso, señorita Presidenta; compañeros diputadas y diputados:
El Partido del Trabajo quiere señalar algunas diferencias que tiene sobre esta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En términos generales, sentimos que es una propuesta que centraliza funciones en un órgano que se propone crear, que concentra atribuciones por encima de lo que la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en otros aspectos contempla.
También sentimos que es una iniciativa que duplica, sobre todo en el caso del artículo 27 fracción VII, en lo que corresponde a las funciones que juega la Secretaría de Gobernación y las que actualmente se le dan a este cuerpo, a este Consejero Jurídico de la Presidencia de la República.
También sentimos que esta propuesta de iniciativa deja fuera a esta Consejería Jurídica de responsabilidades que pueda cometer y de instrumentos mediante los cuales se puedan acotar sus excesos como son el del juicio político.
También en el señalamiento que viene en el artículo 43 en la fracción XI, en donde se señala que esta ley también quedará sujeta a las demás que atribuyan otras leyes u otros reglamentos, dejando a esta propuesta de ley subordinada a los reglamentos que se elaboren por el propio Ejecutivo.
Es así que el Partido del Trabajo se pronuncia en lo general a favor de esta ley, pero en lo particular a varios artículos en contra, en contra en el artículo 4o., en el párrafo tercero, porque consideramos innecesario ponerlo dado que este señalamiento ya viene como una disposición de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación en su artículo 2o.
La propuesta de iniciativa señala que a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal le serán aplicables las disposiciones sobre presupuesto, contabilidad y gasto público federal, así como las demás que rigen en las dependencias del Ejecutivo Federal. En el Reglamento Interior de la consejería se determinan las atribuciones de las unidades administrativas así como la forma de cubrir las ausencias y delegar facultades.
Unicamente les faltó: le serán aplicables las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal previstas en el decreto de presupuesto de egresos, pero lo que nosotros planteamos como Partido del Trabajo es que ese párrafo tercero no tiene motivo de ser, porque ya viene el artículo 2o. de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
También en el artículo 43 queremos hacer los siguientes señalamientos: en la fracción VII señala, en el párrafo segundo, señala la propuesta de dictamen, "el Consejero Jurídico podrá opinar previamente sobre el nombramiento y, en su caso, solicitar la remoción de los titulares de las uniones encargadas del apoyo jurídico, de las dependencias y entidades de la administración pública federal". Aquí nosotros tenemos dos señalamientos: la primera es que cuando se señala a las entidades de la administración pública federal, ahí entendemos que están contempladas también las entidades paraestatales que tienen dos características fundamentales: la autonomía orgánica y la independencia técnica del tope Ejecutivo.
Además de que cuentan con personalidad jurídica propia y patrimonio propio. La consejería como tal, no tiene personalidad jurídica propia, sino que depende de la delegada por el propio Presidente de la República.
Entonces, sentimos por otro lado, las secretarías de Estado algunas coordinan a diferentes sectores o a los diferentes sectores de la administración pública federal y son en todo caso las secretarías de Estado responsables y coordinadoras de sectores, las que debieron de ser consultadas sobre la remoción y sobre la vida que tenga en estas empresas paraestatales y no el Consejero Jurídico.
También en los reglamentos internos de las secretarías de Estado, se señala claramente que algunos cargos de la Secretaría de Estado serán consultados por el propio Ejecutivo, pero en el caso de los directores jurídicos generalmente quedan a cargo de nombrarse por los propios secretarios de Estado a los responsables de las direcciones jurídicas de las diferentes secretarías de Estado, por eso creemos que es darle atribuciones de más, que es construir y centralizar atribuciones que corresponden a otras áreas y dejárselas a esta Consejería Jurídica atribuciones excesivas, atribuciones por encima y sin la capacidad jurídica de tenerlas, como la de solicitar la remoción de los titulares de las unidades encargadas de apoyo jurídico de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal, si tenemos en cuenta que las entidades paraestatales tienen autonomía orgánica y tienen independencia técnica y si consideramos también que los diferentes reglamentos internos de las diferentes secretarías de Estado, ellos ya vienen con estas atribuciones.
En la fracción IX, en donde se señala: "prestar apoyo y asesoría en materia técnica jurídica a las entidades federativas que lo soliciten, sin prejuicio de la competencia de otras dependencias", claramente el artículo 27 de la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que la Secretaría de Gobernación, en su fracción VII, la responsable de conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales. Sentimos que aquí hay una duplicidad de funciones.
Si las entidades federativas tienen que acudir ante un área en lo particular de la Secretaría de Gobernación, no tienen positivamente por qué entablar relación con un nuevo órgano que se crea dependiente del Ejecutivo, si históricamente esta atribución ha dependido de una Secretaría de Estado en lo particular.
También en la fracción IX, en donde se señala que las demás que le atribuyen expresamente las leyes y reglamentos. Dice el artículo 43: "a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes: ...los demás que le atribuyen expresamente las leyes y reglamentos".
Estamos de acuerdo en lo que se señala y se dice que le atribuyen expresamente las leyes, pero no de reglamentos. Los reglamentos que emite el Ejecutivo Federal no pueden subordinar a esta ley emanada del Congreso de la Unión a disposiciones en lo particular que haga el Ejecutivo a través de reglamentos para las diferentes áreas normativas de su vida interna, de su vida orgánica interna.
Por eso nos expresamos en contra de que la fracción IX venga con lo de "reglamentos".
En el artículo 43-bis, en donde se señala que salvo en los casos de notoria urgencia a juicio del Presidente de la República no se esperará un mes para ser presentadas las propuestas a este Congreso de la Unión. Se ha dicho y se ha combatido aquí en esta Cámara de Diputados los vaporazos, pero permanentemente se repiten y vuelven a ocurrir.
Aquí es únicamente un señalamiento puntual de que esperamos que no sea esta válvula la que siga permitiendo que permanentemente este Congreso de la Unión se subordine a las disposiciones del Ejecutivo a través de propuestas y de iniciativas presentadas al vapor, para ser sujetas a los tiempos y a los ritmos del propio Ejecutivo y no a los que de común acuerdos establezcan por parte del Congreso de la Unión con el Ejecutivo Federal.
En el segundo transitorio tenemos el siguiente señalamiento: "Todos los elementos y recursos adscritos a la dirección general de asuntos jurídicos de la Presidencia de la República, pasarán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal". Nosotros señalamos que debería de decir: "todos los elementos y recursos materiales", como dice en otras innumerables leyes, "adscritos a la dirección general de asuntos jurídicos de la Presidencia de la República, pasarán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".
Es importante que precisemos. Son estas observaciones y la postura del Partido del Trabajo es votar en lo general a favor de esta iniciativa de ley y en contra de los artículos y de las fracciones que hemos señalado.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Compañera, si es tan amable de esperar a terminar de fijar posiciones y entonces le podemos conceder la palabra.
Tiene el uso de la palabra el diputado Horacio Gutiérrez Bravo, del Partido Acción Nacional.
El diputado Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo:
Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy están a discusión las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante las cuales se reglamenta la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esta nueva dependencia se deriva del último párrafo del inciso a del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue reformado el pasado mes de diciembre de 1994. Esta disposición constitucional establece que la función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que para tal efecto establezca la ley.
Ahora bien, el Partido Acción Nacional, al presentar su plataforma electoral federal 19942000 estableció en su punto 143 que promovería la creación de un órgano responsable de la asesoría jurídica de las dependencias del Poder Ejecutivo, diferente a la Procuraduría General de la República. Bajo estos lineamientos, cuando fue presentada en diciembre de 1994 la reforma constitucional sobre impartición y procuración de justicia, los senadores del Partido Acción Nacional insistieron en la adición al artículo 102 de la Constitución para prever la figura del Consejero Jurídico del Gobierno, misma que no estaba contemplada en la iniciativa presidencial.
En el dictamen aprobado por la Cámara de Senadores el 17 de diciembre de 1994, se estableció lo siguiente: al efectuar el análisis de la figura del Procurador General de la República con motivo de las nuevas reglas para su designación, se estimó conveniente fortalecer su condición de representante social, lo cual a lo largo de mucho tiempo ha dado lugar a opiniones encontradas respecto a la compatibilidad de la misma con el carácter de Consejero Jurídico del Gobierno que le asigna el párrafo quinto del apartado A del artículo 102 constitucional.
En tal virtud estas comisiones han estimado conveniente eliminar del texto de la norma suprema esta función de consejería, a fin de que no pugne con la representatividad social del procurador.
A su vez, en esta Cámara, al aprobarse el dictamen respectivo de reformas constitucionales, se consideró como un punto relevante que se estableciera la función de Consejero Jurídico del Gobierno, con lo que se eliminaba la llamada función dual del Procurador General de la República.
Derivado de estas reformas constitucionales ahora se reglamentan en forma detallada las funciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que tiene como finalidad primordial el dar el apoyo técnicojurídico al Presidente de la República, así como su representación ante diversas instancias judiciales, lo cual permitirá una mayor independencia de criterio jurídico al Procurador General de la República.
Debemos reconocer que dentro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados se atendieron las diversas sugerencias presentadas por el Partido Acción Nacional para mejorar la redacción y alcance de la iniciativa presidencial, quedando en nuestra opinión un decreto que regula de forma adecuada a la dependencia y a las funciones del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.
En virtud de lo anterior y tomando en consideración que la reglamentación de esta figura de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, tiene su origen en la plataforma electoral federal del Partido Acción Nacional, nuestro partido votará a favor del dictamen que en este momento se discute.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:
Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se manifiesta desde luego en favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1o., 2o., 4o., 14, 26, 43 y 43-bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en razón del mandato que el Congreso de la Unión le determinó la reforma que en 1994 introdujo el Constituyente Permanente al artículo 102 de la ley fundamental y en virtud de que en este decreto se recogen con fidelidad los propósitos de aquella trascendental reforma de 1994.
Dicha modificación a la Constitución General de la República, como bien lo apunta el dictamen puesto a nuestra consideración y según lo ha justificado el diputado González Rebolledo, tuvo entre otros, el objetivo de privilegiar la función del Procurador General de la República en su calidad de titular del Ministerio Público de la Federación, la cual exige plena responsabilidad en el cumplimiento de la ley y un alto grado de autonomía para alcanzar los fines de procurar justicia en favor de cada persona y de la sociedad en su conjunto.
En consecuencia, el procurador debe concentrar su trabajo en aquella actividad que la Constitución le encomienda, sin distraer su capacidad técnica y su esfuerzo funcional en otras tareas, como las de Consejero Jurídico que, además de tiempo y dedicación, exigen cercanía institucional con el titular del Ejecutivo y una visión muy diversificada de los complejos asuntos que en el ámbito del derecho tiene que atender el Presidente de la República y con él la administración pública federal.
La reforma de 1994, quitó al Procurador General de la República su función de Consejero del Gobierno, pero mantuvo para él y sus agentes el deber de responsabilidad de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones lo que, expresado así en la más alta de las normas del país, implica una sujeción plena a la legalidad, sin ninguna supeditación a cualquier mandato, de hecho o de derecho; es decir, al atribuir la función de Consejero a otro servidor, la ley suprema pretende una autonomía jurídicamente responsable del procurador y de sus agentes, en tanto titulares del Ministerio Público Federal.
El nuevo texto del último párrafo del apartado A del artículo 102 constitucional incluido en la reforma de 1994, establece precisamente que la función del Consejero Jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que para tal efecto establezca la ley.
Significa lo anterior, que una vez creada la función de Consejero Jurídico, toca ahora al legislador común gestar el órgano o dependencia del Ejecutivo Federal, que habrá de internar y desarrollar dicho cometido. Este es el sentido legislativo, el propósito y sustancia de la iniciativa que como Cámara de origen nos envió a los diputados el Presidente de la República, desde el mes de diciembre, por lo que no estamos hoy discutiendo un dictamen elaborado al vapor ni una ley que sea el producto de inspiración momentánea, sino un trabajo resultado del esfuerzo permanente de una comisión que trabajó con asuidad y con entusiasmo legislativo en esta LVI Legislatura.
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional consideramos acertado el que se agregue en la enumeración de las dependencias de la administración pública centralizada, seguidamente de las secretarías de Estado y de los departamentos administrativos a la Consejería Jurídica, pues ello está acorde con el elevado rango que le reconoce la propia Constitución, y es congruente con la necesidad de regular en la ley sus atribuciones mediante preceptos específicos lo cual le da certeza jurídica a la función y rodea de plena legalidad sus actuaciones.
Ser Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, significa aportar técnicamente las funciones de uno de los tres poderes de la Unión y acompañar en sus decisiones más significativas al jefe del Estado mexicano.
En el lenguaje coloquial el Consejero Jurídico actúa ciertamente como abogado de la nación, en la medida en que ésta para los efectos del derecho internacional, está representada por el titular del Ejecutivo Federal. En tal virtud, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, propone que el Consejero revise y someta a consideración del Presidente de la República, no solamente los proyectos de iniciativa de leyes y de decretos, sino también opinar sobre los tratados con otros países y organismos internacionales antes de ser suscritos por el Presidente de la República.
Las anteriores consideraciones permiten asegurar que es plenamente justificado que la ley dé al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, el tratamiento irrefutable de miembro del gabinete y que regule la consejería como una función que va además de la asesoría jurídica a otras atribuciones de staff, entre las que se incluyen opiniones, revisiones de proyectos y nombramientos, coordinación de programas de normatividad jurídica de la administración pública federal, opinión previa sobre nombramientos de directores jurídicos de las dependencias y facultad para solicitar la remoción de estos servidores, en un trabajo que se legitima plenamente al igual que se legitimó la función similar que tiene la Secretaría de la Contraloría, en cuyo precepto relativo de la Ley de la Administración Pública, se le concede opinar sobre el nombramiento y en su caso solicitar la remoción de los titulares de las áreas de control de las dependencias y entidades.
Todas estas consideraciones permiten asegurar que es plenamente justificado que la ley pues le dé este rango al titular de la Consejería Jurídica del Gobierno.
En las labores de coordinación el Consejero Jurídico debe conducir adicionalmente a una comisión de estudios jurídicos del Ejecutivo Federal, de donde seguramente emanarán criterios que den unidad orgánica a la labor del Gobierno Federal en esta materia.
Este es un asunto de la mayor trascendencia, porque si bien la administración pública se organiza en secretarías y departamentos especializados en diferentes materias, el titular del Gobierno como jefe del Estado, es únicamente el Presidente de la República en los términos que lo determina el artículo 80 de nuestra Constitución, lo cual obliga a que aun en la diversidad a la que fuerza el cúmulo de asuntos y a la necesidad de la especialización, el Gobierno de la República actúe con congruencia y con criterios unitarios que favorezcan la comprensión por parte de la ciudadanía y ésta vea en la administración un factor de promoción de sus derechos y un mecanismo eficiente de prestación de servicios.
No está por demás reconocer que el impulso de la congruencia de los criterios jurídicos de las dependencias y entidades, no debe confundirse con un afán acumulativo y centralizador de funciones, sino ubicarlo en la justa dimensión modernizadora de las actividades de apoyo jurídico en la administración pública federal.
En este marco hay que ubicar la atribución que se asigna a la consejería, de participar junto con las demás dependencias, en la modernización del orden normativo jurídico y en los procesos de desregulación vinculados con la necesidad de abrir espacios de libertad a los particulares y de democratizar con la mayor extensión posible el ejercicio del Poder Ejecutivo.
En esta misma línea de ideas la modernización y alcances democráticos en materia jurídica deben alcanzar y compartirse con las entidades federativas, pues el orden jurídico de los estados y el Distrito Federal, sirve en su conjunto a la misma población del país y si bien sus materias son diferentes, la vida moderna exige una interpretación e intercomunicación permanentes que permitan compartir la riqueza de la variedad normativa y los valores concurrentes de la cultura jurídica nacional.
Esta tarea de promoción y apoyo técnico-jurídico, se atribuye a la Consejería Jurídica junto con la Secretaría de Gobernación, pues a ésta corresponde, de acuerdo con la fracción VII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con otros poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales.
Hay que destacar igualmente, el cuidadoso examen realizado por la comisión a la fracción X del artículo 43 que se propone, a fin de que el Consejero Jurídico tenga atribuciones de representación del Presidente en las materias de controversia constitucional que prevé el artículo 105 de la Constitución, pero siempre mediante el acuerdo del titular del Ejecutivo, lo cual resuelve cualquier asunto de personalidad.
También consideramos muy atinado que se le dé la representación en todos los juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter, lo que engloba materias como la laboral, sujeta a disposiciones específicas.
Para el grupo parlamentario priísta, el dictamen que discutimos no es una reforma más entre muchas otras, es una propuesta enriquecedora de la administración pública federal y de la normatividad sobre los órganos de Gobierno, dependientes del Presidente de la República; se trata de un decreto para que el Poder Legislativo, un decreto que para el Poder Legislativo, repito, debe ser motivo de beneplácito en cuanto que como ya se ha expresado en esta tribuna, al ordenar el propio trabajo del Ejecutivo, toma en cuenta la dignidad con que debe ser tratado el Congreso de la Unión, en cuanto a la anticipación con que se deben presentar en su seno las iniciativas de leyes o decretos, salvo aquellas que en el propio texto constitucional tienen una fecha predeterminada de presentación.
Por último, reconocemos que el decreto que se dictamina pretende crear una dependencia del Ejecutivo Federal bajo su dirección inmediata, con la fuerza suficiente para que las determinaciones presidenciales se rodeen de la juridicidad que exige el estado de derecho que estamos construyendo hoy. Pero este poder y trascendencia de la Consejería Jurídica, no habrá de sostenerse en un aparato burocrático costoso ni pesado, pues su estructura será integrada básicamente por las oficinas y recursos que ya existen en la actual dirección general de asuntos jurídicos de la Presidencia de la República.
Todas las anteriores consideraciones explican, justifican y legitiman el voto favorable del dictamen dado por el grupo parlamentario del PRI, mismo que hoy pido a todos ustedes se conceda para el dictamen por la honorable Asamblea de esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Ha solicitado el uso de la palabra, para referirse al dictamen a discusión, el diputado Crisóforo Salido Almada y se le concede el uso de la palabra.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Hago esta intervención a nombre del grupo de diputados y el mío propio, para fijar nuestra posición respecto del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Para apreciar esta reforma en estudio, es preciso recordar que el Procurador General de la República había sido por mandato de la norma constitucional, depositario de dos instituciones diferentes y relevantes. Por una parte, la jefatura del Ministerio Público Federal y, por la otra, la Consejería Jurídica del Gobierno.
La calidad del procurador, como Consejero Jurídico del gobierno, es decir, asesor en puntos de derecho, no necesariamente representante o gestor de aquél en juicio o fuera de él, procede de la tradición jurídica del derecho norteamericano. La Consejería Jurídica del Gobierno, fue reglamentada en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, expedida en 1993. La consejería no funcionaba de manera oficiosa, sino a solicitud del Presidente o de los titulares de las dependencias de la administración pública federal, sobre todo en cuestiones de constitucionalidad.
En el estudio de reforma al artículo 102 constitucional, por parte de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores, se propuso que la Consejería Jurídica se retirase de las atribuciones del procurador y que esta función estuviera a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal, a establecerse en la Ley Reglamentaria.
Debido a la reforma de 1994, quedó establecido que la función de Consejero Jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que para tal efecto establezca la ley. En virtud de esta reforma constitucional, se hace necesario adecuar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, iniciativa que hoy nos ocupa y que apoyamos, para no ir en contra de lo que establece la Constitución.
Para efecto de hacer una distinción de algunas de las atribuciones que ejercerá tanto la Consejería Jurídica como el Procurador General de la República, presentamos el siguiente cuadro:
"Consejería Jurídica
Artículo 43 de la iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el Ejecutivo con fecha 6 de diciembre de 1995.
I. Dar apoyo técnico-jurídico al Presidente de la República en todos aquellos asuntos que éste le encomiende.
II. Someter a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República, todos los proyectos e iniciativas de leyes y decretos que se presenten al Congreso de la Unión o a una de sus cámaras, así como a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y darle opinión sobre dichos proyectos.
III. Dar opinión al Presidente de la República sobre los proyectos de tratados a celebrar con otros países y organismos internacionales.
IV. Revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones presidenciales y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República.
V. Prestar asesoría jurídica cuando el Presidente de la República así lo acuerde, en asuntos en que intervengan varias dependencias de la administración pública federal, así como los previstos en el artículo 29 constitucional.
VI. Coordinar los programas de normatividad jurídica de la administración pública federal que apruebe el Presidente de la República y procurar la congruencia de los criterios de las dependencias y entidades.
VII. Presidir las comisiones de estudios jurídicos del Gobierno Federal, integradas por los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada dependencia de la administración pública federal, la que tendrá por objeto la coordinación en materia jurídica de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
VIII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización y simplificación del orden normativo jurídico.
IX. Prestar apoyo y asesoría en materia técnico-jurídica a las entidades federativas que lo soliciten, sin perjuicio de la competencia de otras dependencias.
X. Representar al Presidente de la República cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas.
XI. Las demás que le atribuyen expresamente las leyes y reglamentos." En comparación del Procurador General de la República, el artículo 2o. de la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentado por el Ejecutivo con fecha 5 de diciembre de 1995, se establecen las siguientes funciones:
I. Vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas.
II. Intervenir personalmente y con plena autonomía técnica en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución, en los términos y condiciones previstos en dicho precepto y su ley reglamentaria. También tendrá la intervención que le corresponda como parte en las controversias constitucionales.
III. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia e intervenir en los actos que sobre esta materia prevenga la Ley de Planeación reglamentaria del artículo 26 constitucional y la legislación sobre la seguridad pública, reglamentaria del artículo 21 constitucional.
IV. Representar a la Federación ante las autoridades judiciales en todos los negocios en que ésta sea parte, cuando se afecten sus intereses patrimoniales o tenga interés jurídico, así como en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales.
V. Perseguir los delitos del fuero federal.
VI. Representar al Ejecutivo Federal, previo acuerdo con el Presidente de la República, en actos en que debe intervenir la Federación ante los estados de la República, cuando se trate de asuntos relacionados con la procuración e impartición de justicia.
VII. Dar cumplimiento a las leyes, así como a los tratados y acuerdos internacionales en los que se prevea la intervención del Gobierno Federal en asuntos concernientes a las atribuciones de la institución y con la intervención que, en su caso, corresponda a las dependencias de la administración pública federal.
VIII. Vigilar el debido cumplimiento del servicio social de carrera del Ministerio Público, de la Policía Judicial y de los peritos federales.
IX. Comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, cuando sea citado por éstas, para informar cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a las actividades de la Procuraduría. En tales comparecencias el procurador deberá observar lo que dispongan las leyes sobre la reserva y el sigilo de las actuaciones relativas a la averiguación previa:
X. Las demás que las leyes determinen.
Si bien es cierto que apoyamos la creación de la Consejería Jurídica, queremos mencionar que nos parece insuficiente. El Ministerio Público nace como instrumento para la persecución del delito ante los tribunales, en calidad de agente del interés social, de ahí que se denomine representante social; su misión es la de velar por el estricto cumplimiento de la ley, depositaria de los intereses de la sociedad. Su funcionamiento como organismo especializado resulta imprescindible para la buena administración de justicia.
El Procurador General de la República, como Jefe del Ministerio Público Federal y éste como representante social, debe cumplir realmente con ese cometido y dejar de seguir representando al Ejecutivo Federal en algunos casos, tal como se desprende de las fracciones IV y VI del cuadro anterior; así se evita la parcialidad en el ejercicio de la jurisdicción, toda vez que como autoridad investigadora en estos casos sería juez y parte y resulta obvio que su participación estaría viciada de pleno derecho.
Cuando esta legislatura se ocupe de los trabajos para analizar la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada por el Ejecutivo, haremos nuestros señalamientos de lo que consideramos debe ser modificado para que exista una real procuración e imparticipación de justicia y se acote la función del Ministerio Público a su ejercicio de representación social.
Si ya fue creada la figura de Consejero Jurídico en el artículo 102 constitucional, es indispensable ahora que cumpla con su función y represente, en todos los casos, a las secretarías de Estado y al Ejecutivo Federal. Además queremos proponer que sea materia de discusión en otra sesión, denominar a la figura de Consejería Jurídica como abogado general del Ejecutivo.
Lo anterior se desprende del hecho de que desde el punto de vista de la semántica, una consejería no tendría atribuciones ejecutivas, que en este caso se le dan, se le otorgan a la Consejería Jurídica de la Presidencia.
De ahí, pues, que no estemos muy de acuerdo con la denominación que se le da de consejería y nosotros quisiéramos que la denominación fuese más clara, más precisa desde el punto de vista jurídico y se le diera la de abogado general del Ejecutivo.
Por nuestra parte, votaremos a favor del proyecto de decreto.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Ha solicitado y se le concede el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen a discusión, al diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señora diputada; compañeras y compañeros legisladores:
Nos dice nuestro dilecto amigo el diputado Moreno Collado de la fracción priísta, al apoyar el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que ésta es una iniciativa enriquecedora. Si del poder central presidencial, razón por la cual debemos oponernos.
Agrega que es para beneplácito, sí, pero no para el Congreso sino para una nueva burocracia que había de succionar al erario en una estructura paralela e innecesaria.
Mientras en el país la miseria cunde, se desploma el producto interno bruto en menos 7% en el año precedente, en menos 3% en el primer trimestre del presente año, mientras el desempleo abierto, real y disfrazado golpea al 73% de la población económicamente activa, mientras los salarios se han desplomado en los últimos 10 años en el 76%, decapitando así en la misma medida el poder de compra del pueblo trabajador, la burocracia priísta se apresta a repartirse un nuevo botín, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
El antecedente político desde luego está en la mente de todos, ésta fue una atribución de la Procuraduría General de la República, sólo que hoy ésta es una posición de un partido de la denominada oposición y es preciso arrebatarle a ella, a cualquiera oposición, para no correr riesgos en el futuro, una función importante como es la asesoría en materia legal al jefe del Ejecutivo.
Se trata, pues, de una medida que tiende al fortalecimiento del presidencialismo y de ninguna manera puede ser interpretada, como aquí dicen alegremente los priístas, ni de tránsito a la democracia ni de transferencia democrática de funciones ni de compartición del poder.
1o. Estamos desde luego ante una aberración por cuanto existen en el Ejecutivo Federal cerca de 20 unidades de asuntos jurídicos de las secretarías de Estado, todas ellas en el ámbito de su competencia podrían ciertamente asesorar al encargado del Ejecutivo en las materias que aquí se han enlistado.
2o. La Secretaría de Gobernación, aparte del señor secretario, dispone de cuatro subsecretarías, de una dirección jurídica y de una dirección de gobierno que si, eficaces fueren, asimismo podrían, debemos agregar, deberían asesorar al Ejecutivo sin necesidad de crear nuevas chambas para los amigos.
3o. Desde luego existe, no desaparece, la Procuraduría General de la República, a la que bien podrían restituirsele sus funciones, la cual podría absorber nuevas actividades y operar, como siempre lo hizo, como la entidad consejera en las materias específicas que hoy a Ley Orgánica le va a asignar al Consejero Jurídico de la nación:
4o. Ha existido y debería seguir existiendo una dirección jurídica de la Presidencia, cuya función lógica, por la denominación, es asesorar al Presidente en esas materias.
No se justifica pues de manera alguna crear nuevas burocracias, nuevos esquemas que repiten y duplican las funciones que otras dependencias han tenido en el pasado y que si ineficaces fueron, habría que hacerlas operativas y eficaces. A nadie se le ocurriría por ejemplo señalar que si Pemex es ineficaz hay que liquidarla o regresarla a la Shell o a la Exxon, aunque este sea el designio del Gobierno zedillista.
El artículo 14 del decreto, que pretende ser la versión reformada de la Ley Orgánica, establece que en los juicios de amparo el Presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto según la distribución de competencias; los recursos administrativos promovidos contra actos de los secretarios de Estado, serán resueltos por ellos mismos.
Esto, compañeras y compañeros, me refiero al último párrafo, es inaceptable. No puede dejarse al arbitrio de ellos mismos porque serán jueces y parte de la diferencia en cuestión. El sentido común establece que tiene que ser una autoridad superior o diferente la que pueda resolver sobre los diferendos. Imaginen ustedes a Oscar Espinosa Villarreal resolviendo en su propio ámbito las demandas del SUTAUR100 o Ruta-100; desde luego no puede haber salida. O imaginemos que para denunciar al jefe de la policía por sus excesos, tengamos que proponer que en el ámbito de esa jefatura policiaca se tenga que resolver nuestra demanda.
Nos dice la fracción VI del artículo 43 que: es competencia del Consejero Jurídico coordinar los programas de normatividad jurídica de la administración pública que apruebe el Presidente de la República y procurar la congruencia de los criterios jurídicos de las dependencias y entidades. Es laxa esta propuesta, puesto que si en la exposición de motivos se establece por parte de la comisión dictaminadora que el avance es mejorar la asesoría jurídica no debería ahí decir procurar sino asegurar o garantizar la congruencia de los criterios jurídicos, es lo menos que se le podría pedir a un cuerpo de jurístas.
Dice la fracción XI del señalado artículo 43, que corresponde también a la Consejería Jurídica aparte de un listado impresionante de funciones y tareas que tienen que ver prácticamente con todas los órdenes de la actividad institucional, por si fuera poco, además aquellas que le atribuyan expresamente las leyes y los reglamentos. Esto es un abuso compañeras y compañeros diputados, estamos extendiendo cheque en blanco para que vengan otros juristas, otros legisladores a inventar y proponer nuevas leyes y con base en esta fracción X, el señor Consejero Jurídico ya estaría facultado a priori, sin debate alguno para ejercer y actuar en un marco que hoy por hoy nos es desconocido.
A esto se le denomina reglamentismo, porque además dice, repito, aparte de leyes, reglamentos.
Quiere esto decir que con base en leyes secundarias, una entidad adicional del Poder Ejecutivo Federal estaría actuando ilimitadamente en cuanto a funciones en un marco que hoy los diputados aquí presentes no han autorizado.
Recordemos lo que estos excesos han producido en el pasado reciente y para muestra basta sólo un botón. En el sexenio pasado, en el gobierno de Carlos Salinas, este siniestro personaje, para cumplimentar las órdenes del Fondo Monetario Internacional en materia de inversiones extranjeras, tuvo el descaro, la desfachatez de abatir todos los lineamientos constitucionales que restringían la penetración de dicha inversión del exterior en nuestra actividad económica y no vino aquí a presentar reformas constitucionales ni siquiera a presentar una nueva Ley de Inversión Extranjera; le ordenó a la Comisión de Inversiones Extranjeras que depende del Ejecutivo la adopción de un reglamento y mediante la aprobación de esa vía reglamentaria quedó de facto no sólo derogada, sino abrogada la concepción restrictiva para la inversión del exterior en los campos estratégicos y reservados al Estado y a los nacionales. De esa manera se burló, no sólo al espíritu del Constituyente, sino a la acción de los legisladores de la LIV Legislatura.
No puede por tanto, aprobarse así nada más, una fracción que diga que le damos al Consejero Jurídico todas las facultades, éstas que se enlistan más todas las que vengan en los reglamentos que se le antoje al señor Consejero Jurídico, que no es más que un empleado del Presidente de la República.
Por estas razones nos oponemos, por cuanto es oneroso para la nación que recaiga sobre el presupuesto federal una estructura burocrática que es absolutamente innecesaria, porque como ya ha sido dicho, la Secretaría de Gobernación, las unidades jurídicas de las secretarías de Estado y la propia Procuraduría General de la República, podrían llevar a efecto dicha asesoría de manera razonable.
Nos oponemos por cuanto aquí se pretende, por una vía reglamentaria otorgar facultades hoy desconocidas y por ello indebidas, al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Esta vía reglamentaria es más bien el hecho de los regímenes fascistas que de los regímenes democráticos.
Nos oponemos porque ciertamente despoja a entidades ya creadas, contempladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que poseen atribuciones análogas y semejantes.
Nos oponemos, por último, porque una iniciativa así concebida no tiene como finalidad ni transferir poderes ni transitar a la democracia ni compartir responsabilidades, sino centralizarlas y dotar a la Presidencia de la República de nuevos poderes.
Por todo lo anterior, esta fracción Social Demócrata propone el voto reprobatorio al dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta:
Para referirse al dictamen a discusión, ha pedido el uso de la palabra y se le concede al diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Leonel Godoy Rangel:
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados:
La iniciativa presentada por el Ejecutivo y que hoy transformada en un dictamen estamos discutiendo, como ya fue expresado por anteriores compañeros de diversos grupos parlamentarios, se trata exclusivamente de cumplir una reforma que la Constitución sufrió en su artículo 102 para quitarle al Procurador General de la República la facultad de ser Consejero Jurídico del Gobierno.
Este dictamen, por ese motivo, simplemente trata de adecuar una reforma constitucional al marco jurídico vigente, fundamentalmente en lo que se refiere a las dependencias del Ejecutivo Federal.
Vale la pena, sin embargo, hacer algunos comentarios. Efectivamente, era un reclamo de diversos sectores de nuestro país, que era una función contradictoria que el Procurador General de la República cumpliera la función persecutora de los delitos por una parte y por lo tanto ser considerado un representante de la sociedad y por la otra, al mismo tiempo ser representante legal del Gobierno y dar consejo jurídico a las dependencias del Ejecutivo Federal.
Esta contradicción siempre fue señalada por diversos teóricos y estudiosos sobre la institución del Ministerio Público y fue un reclamo que en diversas obras estos autores han señalado y que por eso la reforma de diciembre de 1994 es absolutamente correcta en el sentido de este reclamo de los estudiosos de la materia.
Hay que recordar que conforme a la disposición del artículo 102 constitucional, el Procurador General de la República tenía tres atribuciones fundamentales: una, ser el titular del Ministerio Público Federal otra, ser el representante legal de la Federación y la última, el ser Consejero Jurídico del Gobierno.
A nosotros nos parece que una reforma de fondo hubiera sido que efectivamente el Procurador General de la República quedara como exclusivo titular del Ministerio Público Federal y que por otro lado, lo dijimos en su momento, se creara alguna dependencia, algo así, similar a lo que sería una especie de abogado general, que tuviera la representación legal de la Federación y el consejo jurídico del Gobierno. Sin embargo, en la reforma de 1994 sólo se modificó la Constitución quitándole al procurador la atribución de ser Consejero Jurídico del Gobierno.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo habla de una Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Entonces nosotros queremos advertir que por eso motivo sería conveniente en su momento que se reconsiderara la redacción que tiene en este momento el artículo 102, párrafo sexto, en virtud de que ahí se menciona que una dependencia del Ejecutivo Federal será quien dará consejo jurídico al Gobierno y si nos atenemos a lo dispuesto en el artículo 39 constitucional, que habla del Gobierno, de la forma de Gobierno de nuestra nación, se entendería entonces, que el Gobierno son los tres poderes de la Unión y sería totalmente por lo tanto inadmisible que un representante del Ejecutivo fuera el representante del Poder Judicial y del Poder Legislativo también.
Por eso, en este sentido nos parece mejor la propuesta en el artículo 4o. de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hay que decirlo en esos términos.
Esta mejor esta redacción porque habla del consejo jurídico a las dependencias del Ejecutivo Federal y en cambio la Constitución conserva una mala redacción y por lo tanto una interpretación gramatical que se puede prestar a confusiones porque habla de ser Consejero Jurídico del Gobierno y si esto lo entendemos en los términos del artículo 39 constitucional, entonces tendría que ser este Consejero Jurídico no nada más del Ejecutivo Federal y sus dependencias, sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial, lo cual en esta época resulta absolutamente contrario a nuestra propuesta y creo que en eso estamos de acuerdo los partidos que estamos representados en esta Cámara de Diputados, de fortalecer la división de poderes en nuestro país.
Por eso, compañeras y compañeros, resultan totalmente aceptable estas propuestas de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Creo que por ese motivo nosotros, las diputadas y los diputados del PRD, votaremos a favor en lo general y en lo particular del presente dictamen, pero sí queremos dejar constancia de que se hace necesario reformar la Constitución, en esta disposición del párrafo sexto de la Constitución, porque sigue dejando una interpretación que, a mi juicio, es absolutamente incorrecta de que sea una dependencia del Ejecutivo la que le dé consejo jurídico al Gobierno en su conjunto.
Igualmente creemos que en su momento, el Procurador General de la República debe de ser solamente el titular del Ministerio Público Federal y la representación legal de la Federación que todavía le otorga el párrafo cuarto al artículo 102 constitucional, que en un momento determinado tenemos que legislar para modificarlo, porque el Ministerio Público Federal cumple altas tareas que la nación exige, fundamentalmente en materia del combate al crimen organizado y en todo lo que se refiere a los delitos federales.
Y esas facultades que la Constitución le da al Ministerio Público Federal, exige de un esfuerzo total, completo, de 100% de la institución del Ministerio Público Federal y de su titular, por lo tanto, no debe de distraerse en actividades que pueden ser cumplidas por otras dependencias del Ejecutivo y porque además es absolutamente anacrónico que actualmente se piense que una representación, una dependencia del Ejecutivo deba de representar a todo el Estado mexicano.
Por ese motivo, compañeras y compañeros, nosotros las diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática, razonamos nuestra decisión de votar a favor en lo general y en lo particular del presente dictamen.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión.
El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La Presidenta:
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Esta Presidencia informa que se ha reservado para la discusión en lo particular el siguiente artículo del proyecto de decreto, el artículo 43.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión del artículo reservado.
El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza se reserva para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión del artículo reservado.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión del artículo reservado.
La Presidenta:
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado José Narro Céspedes, para referirse al artículo 43 que fue reservado.
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
La iniciativa de ley que propone el Poder Ejecutivo para crear la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ésta tuvo una serie de cambios que el presidente Zedillo ha hecho desde que asumió el poder. En efecto el ánimo renovador del Presidente para adecuar las leyes a su proyecto de Gobierno no ha decrecido y esta Cámara ha tenido que legislar sobre las más diversas cuestiones y tópicos.
El relativo a la creación de la Consejería Jurídica es producto del cambio en las funciones que tiene el Procurador de la República al modificarse el último párrafo del apartado A del artículo 102 de nuestra Ley Suprema, al suprimir la facultad que tenía antes de ser el Consejero Jurídico del Gobierno. En relación con los artículos transitorios de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el 28 de diciembre de 1994, en que se establece que pese a la derogación del artículo cuarto de dicho ordenamiento, hasta en tanto no se expida la ley correspondiente, la función de asesorar jurídicamente al titular del Ejecutivo Federal, corresponde al Procurador General de la República.
Todo esto relacionado con las atribuciones que de forma expresa otorguen a dicho servidor público las disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Formalmente la Consejería Jurídica, según reza la iniciativa de ley, atenderá una multiplicidad de asuntos que en nuestra opinión rebasan el límite de las funciones propias de tal tipo de organismos, porque en efecto no solamente atenderá los reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos cuya suscripción corresponde al Presidente de la República, sino que además reforzaría la coordinación de las áreas jurídicas de la administración federal y coadyuvaría en los esfuerzos para lograr una efectiva desregulación de las normas, trámites y procedimientos.
Pero no conforme con esta ampliación de funciones de la iniciativa, se plantea también que junto con la Secretaría de Gobernación, promueve una respetuosa y amigable colaboración con las entidades federativas, lo cual se estima que permitirá enriquecer y dar congruencia a la legislación nacional.
Esta propuesta en términos concretos significa, que el titular de la Consejería podrá opinar previamente sobre el nombramiento y en su caso solicitar la remoción de los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
De esta suerte, la iniciativa de ley se mueve en un doble sentido: de una parte impulsa y refuerza los mecanismos de desregulación y descentralización de los instrumentos jurídicos del Gobierno Federal, pero de otra profundiza el autoritarismo al concentrar un poder extremo en el titular de la Consejería, que le permite hasta la remoción de las unidades encargadas del apoyo jurídico a las dependencias y entidades de la administración pública federal. Y de algún modo la sugerencia también de entablar una relación amistosa con los gobiernos de los estados de las entidades federativas en un país que está todavía muy lejos de superar el centralismo.
La sugerencia se entenderá, como ha venido sucediendo, en una orden del centro que habrá que atender inevitablemente.
Por lo anterior, el Partido del Trabajo emite su voto en lo general a favor y retiramos también nuestras reservas que se han venido planteando, para posteriormente hacer uso de nuestro derecho legislativo para hacer propuestas de ley que permitan lograr las modificaciones a esta iniciativa presentada el día de hoy.
Tenemos de todos modos las siguientes consideraciones que queremos dejar claro aquí ante el pleno de la Cámara de Diputados:
En el artículo 43 de la fracción IV, el Partido del Trabajo considera que se debe de adecuar el contenido de la fracción para quedar en los siguientes términos:
"Revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones presidenciales y demás instrumentos de carácter jurídico que le sean turnados en términos del artículo 43bis, a efecto de someterlos a consideración en su caso."
Firma el Presidente de la República.
Dos. En el párrafo segundo de la fracción VII nos parece inconveniente y sumamente discrecional la facultad que se pretende atribuir al Consejero Jurídico para opinar sobre el nombramiento y eventual remoción de los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias. Y más todavía en tratándose tanto del nombramiento como de la remoción de los titulares de las unidades jurídicas de las entidades de la administración pública paraestatal, ya que la Consejería Jurídica que se pretende incluir en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no es Secretaría de Estado y por tanto en los términos de los artículos 48 y 49, no funge como coordinadora de sector al no haber entidades paraestatales que le sean agrupadas por sectores definidos.
Tres. Consideramos que en la fracción IX se pretende dar paso por lo menos una realidad en apoyo y asesoría jurídica a las entidades federativas, puesto que se encuentra previsto en la fracción VII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como una atribución de la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de manejar las relaciones con las entidades federativas.
Cuatro. En la fracción XI, consideramos que en el reglamento no pueden emplear la competencia expresa que tiene esta consejería, ya que ésta deriva de la Constitución y de la ley.
Estas son las consideraciones del Partido del Trabajo, que tenemos sobre esta propuesta de iniciativa de reformas a la Ley de la Administración Pública Federal.
Muchas gracias.
La Presidenta:
En virtud de que se ha retirado la reserva al artículo 43, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de ley y de las modificaciones presentadas por la comisión, en un solo acto.
El secretario Cruz Pérez Cuéllar:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de ley y de las modificaciones presentadas por la comisión, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera:
Se emitieron 395 votos en pro y uno en contra.
La Presidenta:
Aprobada en lo general y en lo particular por 395 votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
ESTADO DE CHIAPAS
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Luna Parra, para tratar asuntos relativos al Estado de Chiapas.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
Con su venia, señora Presidenta:
Y hablando de ignominia, todo es una burla. Zedillo afirma que ya no hay problema de tierras en Chiapas y firma con sangre un finiquito agrario. ¡La manera más fácil y cobarde de terminar con el problema agrario, es acabando con campesinos! ¡Lo demostró el 21 de marzo, seguramente en memoria de nuestro Benemérito Benito Juárez, mientras estábamos en un paradójico diálogo con sordomudos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal:
Ese diálogo era, paradójicamente, sobre la paz y la justicia; con quien teníamos que dialogar, con el Gobierno, que mantenía un silencio sepulcral, que respondía matando cobardemente a campesinos en el predio paradójicamente llamado "El Gran Poder".
Las armas asesinas de los que supuestamente detentan el gran poder: Policía Judicial estatal, Seguridad Pública y el Ejército Federal, sitiaron cobardemente el predio con más de 300 efectivos. Quemaron alrededor para encerrar a los campesinos, arrojándoles gases lacrimógenos y así poder atraparlos y matarlos. ¡Como una vil técnica de cacería:
La carrera presidencial del doctor Zedillo se inició con una candidatura que hereda después de un horrible asesinato, cuando él era coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio. ¡Y ahora detenta el gran poder como un régimen de cacería de seres humanos:
Ya para acabar con la burla, en el mismo Chiapas el asesino Ruiz Ferro se atreve a hacerle un homenaje el 23 de marzo el día que estabamos ahí Marco Rascón y yo, a Luis Donaldo Colosio, en el que uno de los mejores poetas expresa que Chiapas merece un mejor destino. ¡Eso es cierto, México y Chiapas merecen un mejor destino!
¿Dónde tienen la vergüenza? ¿Dónde se le quedó la vergüenza al ex cuentista y ex amigo Heraclio Zepeda, que cambió la pluma y los amigos por sumarse a una banda de asesinos? ¡Que dejó de escribir cuentos por operar cruentas realidades que ahora escribe con sangre!
¡No me pueden decir que no es cierto porque estuvimos ahí el 23 de marzo el diputado Marco Rascón y yo, como parte de una comisión de los asesores e invitados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Y tenemos pruebas! ¿O cómo se llama esto, si no son balas? ¡Y tenemos muchas más y hay muchas más en la comunidad!
¿Y qué dice en estas cajas, si no de "seguridad nacional"? Yo quisiera pedirle a la Secretaria que leyera el texto de estas cajas con balas.
Señora Presidenta: ¿le puede pedir al Secretario que lea el texto de la caja, por favor.
La Presidencia:
Sí. La Secretaria dé lectura al texto pedido.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
Y a la otra secretaria, que por favor lea el texto de estas cajas.
La Presidenta:
Puede la Secretaría proceder a dar lectura.
El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:
"Secretaría de la Defensa Nacional. Departamento de la Industria Militar. México. 50 cartuchos, calibre 30 milímetros, bala normal".
La secretaria María Teresa Cortez Cervantes:
Está en inglés. Dice: "Made in USA, 20 cartridges, calibre 7.62x39 milímetros". Este es el contenido de esta caja.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
¿Qué así defienden a la nación asesinándola cobardemente? ¿Qué ya empezaron los operativos conjuntos con Estados Unidos que ustedes se empeñan en alegar? ¿De quién son estas prendas de ropa, ¿de quién son estos gorros y estas viseras, si no de los que detentan las armas al servicio de Ruiz Ferro, de Heraclio Zepeda y de Uriel Jarquín, que están al servicio de Ernesto Zedillo Ponce.
Son pruebas de los asesinatos. ¿A quién sirven Uriel Jarquín, Heraclio Zepeda y Ruiz Ferro, que cínicamente se sientan en el diálogo de la paz mientras instrumentan una cadena de lo que ellos llaman "desalojos" y que no son más que cacerías humanas y que anuncian 27 más cínicamente en el periódico Expreso.
Me bastan pocos minutos para demostrar quiénes son los asesinos, pero a los que detentan el poder y a este gobierno y a los que lo apoyan, no les va a bastar una vida para comprender que el gran poder lo detenta el pueblo y lo vamos a defender de acuerdo al artículo 39 de nuestra Constitución.
Y, por cierto, no entiendo por qué si quieren averiguar realmente quién es y cómo fue el asesinato de Colosio, no se le pregunta al que era su coordinador de campaña qué información tiene sobre de ese 23 de marzo. El, si en realidad fuera patriota, quisiera averiguarlo y tuviera vergüenza, diría e informaría acerca de ese día en Lomas Taurinas, porque le correspondía la responsabilidad de coordinador de campaña.
Pido a la Presidencia... quiero informarles además que todavía se encuentran ocho inocentes en la cárcel, aquéllos a que llegaron a matar, aquellos a quienes hicieron esa cacería humana; todavía quedan ocho en la cárcel, en lugar de los que deberían de estar en la cárcel. Sus nombres son: Abel López Zúñiga, Faustino Pérez López, Rosalindo Díaz López, Juan Gómez López, Román Santís, José Virgilio Díaz, Amílcar López y Lucan Gómez.
El día 19 de septiembre yo vine a esta tribuna para denunciar hechos de violencia gravísimos en Chiapas. Se formó una comisión y fuimos en esa comisión de diputados, la oficina de los asesinos iba de avanzada quesque preparando nuestra visita, a pesar de eso oímos trágicos testimonios. Este asunto fue turnado después a la Comisión de Derechos Humanos y no hay respuesta y yo quisiera hacer una excitativa para que respondiera y averiguara y colaborara en parar esta violencia en Chiapas y quiero pedirle a la Presidencia que este asunto se turne también a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión Agraria, para resolverlo, igualmente las 27 cacerías que nos tienen anunciadas.
Traigo aquí un documento enviado por los mismos hermanos del mismo municipio, que quisiera pedirle al Secretario que le diera lectura.
La Presidenta:
Se pide a la Secretaria dé lectura al documento solicitado.
El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:
"A la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; a la Comisión Nacional de Intermediación; a la Comisión de Concordia y Pacificación; al Centro de Derechos Humanos fray Bartolomé de las Casas:
Hacemos de su conocimiento que el fallido intento de desalojo que realizó el gobernador Julio César Ruiz Ferro y las autoridades de la Reforma Agraria en el predio El Gran Poder, municipio de Nicolás Ruiz, el pasado 21 de marzo a las 10:00 de la mañana, en donde se encontraban nuestros compañeros trabajando en el lugar, que jurídicamente pertenece a nuestro pueblo como lo consignan nuestros títulos primordiales hasta el día de hoy, evaluamos un saldo de tres compañeros muertos a manos de la seguridad pública del Estado, quien apoyada por la Policía Judicial estatal y federal, las guardias blancas y el Ejército Federal, dispararon sus armas de fuego sobre nuestros compañeros, incendiaron potreros y lanzaron gases lacrimógenos, ocasionando también serias lesiones a otros cinco compañeros y fueron detenidos 124 compañeros nuestros, cuyos nombres se consignan en la relación anexa a este pronunciamiento, la cual obtuvimos el día 22 de marzo por parte de la dirección general de seguridad pública del Estado. También tenemos conocimiento que entre otros compañeros detenidos hay muchos heridos y a otros ya se les ha girado la orden para ser procesados.
Por todo esto nos sentimos profundamente indignados y exigimos el inmediato cumplimiento de los siguientes puntos:
1) Liberación inmediata de todos nuestros compañeros detenidos.
2) Indemnización a las viudas y huérfanos de nuestros tres compañeros fallecidos.
3) La devolución del vehículo que fue confiscado y la reposición del otro vehículo con capacidad de tres toneladas que fue destruido por los agresores.
4) La reposición o indemnización de nuestros animales tanto ganado caballar como vacuno que fueron balaceados por los agresores.
5) Exigimos la legalización inmediata de la propiedad de nuestras tierras pues jurídicamente los títulos primordiales que poseemos desde 1734 nos dan todo el derecho y la razón para mantenerlos definitivamente en nuestra posesión.
Exigimos el inmediato cumplimiento de estos cinco puntos, de lo contrario la situación podría empeorarse y hacemos responsables al gobierno estatal y Federal de lo sucedido y de lo que pueda seguir sucediendo.
Atentamente. El Pueblo de Nicolás Ruiz, marzo 23 de 1996".
"Delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A la Comisión Nacional de Intermediación. A la Comisión de Concordia y Pacificación. Al Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas". Hacemos de su conocimiento que en el desalojo que pretendió hacer el gobernador Julio César Ruiz Ferro y las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria en el predio "El Gran Poder" del municipio de Nicolás Ruiz Chiapas, el pasado 21 de marzo de 1996 a las 10:00 horas, donde nos encontrábamos trabajando en el lugar que jurídicamente nos corresponde de acuerdo a lo primordial que obra en poder del pueblo donde fuimos atacados con fuego armado de seguridad pública, Policía Judicial del Estado y Federal, Ejército mexicano y guardias blancas, disparando con armas de alto poder y quemando los potreros y lanzando gases lacrimógenos dejando un saldo de tres compañeros muertos y 124 compañeros detenidos, se anexa relación de personas detenidas, esta relación se obtuvo el día 22 de marzo de la dirección general de seguridad pública del Estado y tenemos conocimiento de muchos compañeros heridos y muchos de ellos considerados con carácter de ser procesados, por lo que, por todo esto el pueblo indignado pedimos urgentemente:
1) La liberación inmediata de todos nuestros compañeros detenidos.
2) Indemnización a los compañeros o compañeras viudas de los tres compañeros fallecidos.
3) La devolución de un vehículo desaparecido y reposición de otro vehículo destruído. Las dos unidades de capacidad de tres toneladas.
4) La reposición de nuestros animales que fueron balaceados tanto ganado vacuno como caballar.
5) Exigimos la legalización de nuestras tierras que tenemos en posesión trabajándolas basados en nuestros documentos primordiales del año de 1734.
Aclaramos públicamente que de no atender esta denuncia se empeorará la situación y hacemos responsables al gobierno estatal y al Gobierno Federal de lo sucedido y lo que pueda seguir sucediendo.
Atentamente. El pueblo de Nicolás Ruiz, a 23 de marzo de 1996."
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
¿Saben dónde están esos vehículos? Están al resguardo del PRI en la comunidad de junto y aquí está la fotografía de la placa en donde está ese vehículo, nosotros fuimos y ahí está uno de los vehículos y aquí está el destruido, el otro está en el ejido Guadalupe Victoria, que colinda por atrás con Nicolás Ruiz, a resguardo de una casa que se ostenta priísta.
Basta ya de muertos y basta ya de hacernos los disimulados ante la pérdida de vidas humanas, basta ya de hipocresías, basta ya de sostener un Gobierno asesino que surge de un asesinato y sigue asesinando.
La Presidenta:
Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de la Reforma Agraria. La Presidenta realiza la excitativa correspondiente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 fracción XVI, túrnese para los efectos solicitados a las comisiones señaladas por la diputada Adriana Luna Parra. A todas las que señalaste y se agrega legislativa.
Para hablar sobre el mismo tema ha solicitado y se concede el uso de la palabra al diputado Marco Rascón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Qué me vas a hablar de amor. Dicen que traes los zapatos boleados porque siempre has andado de rodillas. Eres gay.
El problema de Chiapas y lo que ha sucedido en estos días es un problema agrario y un problema de violencia. Olvídemonos del Ejército Zapatista y de las conversaciones y veamos únicamente lo que ha sucedido a partir de la torpe, nuevamente torpe idea del antropólogo Warman y Zedillo, de decir "dando fin al rezago agrario en Chiapas". Esto significó cerrar la expectativa a miles de campesinos que se encontraban en trámite y hoy agudizar y confrontar a todos los sectores que han estado involucrados en el problema agrario.
El caso de Nicolás Ruiz es un caso que sí nos llama la atención porque tanto Heraclio Zepeda como Luis Ferro descubrieron que llevaban un Figueroa dentro y que hoy la alternativa para resolver el problema agrario después del decreto de la idea que se dijo en Palacio Nacional que se debe dar fin el rezago agrario era utilizando a la fuerza pública.
Queremos decir una cuestión. Fuimos a Nicolás Ruiz, vimos y recogimos los testimonios y recogimos todo esto que hoy hemos traído por una razón muy elemental: hasta la fecha no se ha presentado el agente del Ministerio Público a levantar ni testimonios ni pruebas ni nada.
Queremos decir, quisiera preguntarle al diputado Garfias o al diputado Esquinca, de la Comisión de la Defensa, ¿qué son... de qué calibre son y quienes usan el 7.62; el calibre 2.23 y el de 30 milímetros de las carabinas M1, más algunas insignias que aparecieron de algunos oficiales que yo creo que en su desparpajo de estar tirando al tiro al blanco se les cayeron.
Quisiéramos preguntarles por una sencilla razón, porque del testimonio que hemos recabado y que la autoridad competente no ha levantado, los muertos fueron sepultados sin la debida autopsia de ley porque hasta las 72 horas, hasta el día domingo que estuvimos allá no se había presentado ninguna autoridad competente para realizar las diligencias de rigor.
Este hecho nos habla de las ideas pulcras y legales que ha anunciado Heraclio Zepeda para decir que todo ha sido conforme a la ley. Se dice que no señalan los derechos humanos. A los 120 campesinos que fueron detenidos en Nicolás Ruiz, los trasladaron apilados como leña en un camión, desde Nicolás Ruiz hasta Tuxtla Gutiérrez, unos arriba de otros, para que escarmentaran y están entendiendo... ¿Querían eso? ¿Querían eso?, faltó decir a la autoridad que todavía no ha dado la cara.
Se dijo, la autoridad dijo que eran emboscados. Hemos encontrado 450 cartuchos DNI-I, otra cantidad de 50 cartuchos de 7/62, unos percutidos otros no percutidos, gorras, insignias, cartuchos, escopetas, gases lacrimógenos, cajas de parque que manda Perry, nuestro Secretario de la Defensa y cajas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Una cuestión de un tipo a la Comisión de la Defensa que es ahora la nueva versión de la nueva Ley de Seguridad Pública: hay testimonios de campesinos que vieron llegar, obviamente llegaron contingentes del Ejército, ocho convoyes, del Ejército, rodeando y también disparando, pero también fuerzas de seguridad pública que estaban de azul con el uniforme de seguridad pública del Estado, pero eran elementos del Ejército nacional.
Parte de la seguridad, preguntaríamos ¿ahora es disfrazarse de elementos de seguridad pública o cuándo elementos de seguridad pública desde ahora se van a disfrazar con uniformes del Ejército mexicano para realizar este tipo de operaciones en contra de los campesinos.
Queremos decir que junto con este desalojo se dio el de Libertad el 14 de marzo, se dio el del predio platanero, se dio el del predio El Gran Poder, El Triunfo y El Paraíso en Nicolás Ruiz, el campamento Soque de Rayón, donde tienen cerca de 13 desaparecidos y otro desalojo en Venustiano Carranza y como decía mi compañera Adriana Luna Parra, el subprocurador ha anunciado que faltan 27 más. ¿Cuántos muertos están anunciados en estas condiciones y con este tipo de política, cuando prácticamente se han cancelado las expectativas de los campesinos para poder resolver el grave problema de la tierra en un Estado como Chiapas, pero en el resto del país.
Ese es el problema de fondo. Queremos decir que los campesinos de Nicolás Ruiz tenían dos años en posesión pacífica, habían levantado dos cosechas, habían levantado dos cosechas de maíz y frijol; son tierras de temporal que están prácticamente áridas.
Y una cosa importante para el señor Heraclio Zepeda y para este Congreso y para toda la política de Seguridad Nacional: los campesinos regresaron a sus tierras porque están en su pueblo y están otra vez en posesión. ¿Qué significa, a quién beneficia llegar, poner las banderillas, plantar esa cantidad de tiros, matar tres campesinos que se quedaron rezagados queriendo poner unas piedras para que no pasaran en el camino? ¿Qué significa esto, cuando van y se retiran y otra vez regresan, los campesinos y los pueblos enteros.
Quiero decirles que en el pueblo de Nicolás Ruiz quedaba un priísta, era el presidente municipal y renunció y aclaró que él estaba con su propia comunidad. Pueblos enteros, hombres, mujeres y niños que se encuentran ahorita en Chiapas y en donde no puede aparecerse la autoridad, más que mediante la fuerza y asesinando. ¿Esa es la legalidad?, ¿ése es el mundo legal que están construyendo? Ese es el problema de fondo.
El problema de los muertos en Chiapas es un problema de continuar una guerra por otros medios y haberlo trasladado al campo social.
Allá en San Cristóbal, en los diálogos, ahí la llevamos. Tenemos un grupo ahí que han puesto de traidores para que el mismo Ejército Zapatista esté dialogando, pero en el caso del grave problema social, el Gobierno sigue sin respuestas y ¿qué es lo que implementa? La política de seguridad pública y ¿la política de seguridad pública en qué está implementada? En la nueva política de seguridad nacional y esa política de seguridad nacional parte de un principio, declaró que el enemigo número uno del país son los propios ciudadanos, es el propio pueblo de México y por eso se está preparando para ello y por eso no sé si ésta haya sido una victoria militar, una victoria militar de soldados disfrazados como en tiempos de López Mateos contra Jaramillo o sea implementar una política de agresión contra los derechos de todos aquellos que están dispuestos a defender sus derechos y defender sus tierras.
Gracias.
La Presidenta:
Para hablar sobre el mismo tema ha solicitado y se le concede el uso de la palabra a la diputada Marta Alvarado, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Marta Alvarado Castañón:
Con su venia, señora Presidenta y haciendo la aclaración que pertenezco al Grupo de Diputados Ciudadanos:
Nicolás Ruiz es el único municipio de Chiapas que es monopartidista, esto se debe a que en 1994 la totalidad de 560 electores que ejercieron su derecho a voto eligieron al Partido de la Revolución Democrática y ninguno se inclinó por el Partido Revolucionario Institucional. Así, cuando Eduardo Robledo Rincón asumió la gubernatura, el municipio de Nicolás Ruiz reconoció como gobernador de transición en rebeldía al candidato del PRD, Amado Avendaño.
En las elecciones municipales del año pasado el municipio de Nicolás Ruiz no aceptó realizar los comicios del 15 de octubre como constitucionalmente correspondía, por ello se tuvo que integrar un consejo municipal y convocar a elecciones extraordinarias, en donde se legitimó el ayuntamiento que ya habían electo en la asamblea, según sus prácticas comunitarias. De manera unánime resultó electo el candidato del PRD, pues el PRI ni siquiera registró candidato.
En realidad la querella política de Nicolás Ruiz tiene su origen en la posesión de los terrenos de la finca Nuestra Señora del Gran Poder, mismos que rodean terrenos ejidales y comunales.
Si bien durante los últimos años se hicieron diferentes negociaciones para la compra del predio de El Gran Poder y la Secretaría de la Reforma Agraria realizó diferentes avalúos y entró en negociaciones con el propietario, nunca se llegó a un acuerdo con éste por una diferencia mínima de precios por hectárea, diferencia que hoy ha costado varias vidas.
El año pasado la finca fue invadida por los campesinos de Nicolás Ruiz, quienes argumentan ser los propietarios originales de estas tierras desde hace más de 200 años. El conflicto estalló el 21 de marzo, cuando los cuerpos policiacos de seguridad pública desalojaron los terrenos de la finca de El Gran Poder, arrojando gases lacrimógenos y disipando a los campesinos de guaridas en las tierras.
Ante la agresión, los habitantes de Nicolás Ruiz se agruparon y defendieron a sus compañeros, generándose una confrontación que duró varias horas y que arrojó el saldo de tres campesinos y un policía de seguridad pública muertos.
¿Quiénes son los responsables de este derramamiento de sangre, que con los muertos de Pichucalco del día 20 de marzo ya suman ocho? Ellos son: Julio César Ruiz Ferro, ese desconocido y a su vez gran desconocedor de la problemática social de Chiapas y Heraclio Zepeda Ramos, conocido escritor también desconocedor de la realidad de Chiapas, en donde ninguno de los dos ha vivido por lo menos en los últimos 30 años. Ambos funcionarios nombrados por las componendas populares, desconocen que en Chiapas el problema de la tierra es algo más que decretos y acuerdos firmados ante el Presidente de la República y las cámaras de televisión. Ignoran o pretenden ignorar, que en Chiapas sólo se finiquitará el conflicto por la tierra cuando haya justicia. En Chiapas el problema agrario es mucho más que documentos firmados, es un asunto ligado a la propia vida del campesino y del indígena.
Si alguno de estos dos funcionarios que ahora gobiernan el Estado supiera lo que es la comunidad de Nicolás Ruiz y su relación con la tierra, no hubieran ordenado este irresponsable desalojo y se hubieran evitado más huérfanos y viudas y familiares resentidos.
El enfrentamiento entre la seguridad pública que comanda Heraclio Zepeda y los campesinos de Nicolás Ruiz, es un hecho sumamente grave. Mientras a unos kilómetros los organismos que procuraban la paz dialogan con los zapatistas en busca de una solución, muy cerca se da un escenario de guerra civil, la resistencia de los indígenas ante la fuerza del orden local.
Lo que acabamos de constatar en la depresión central de Chiapas, se ha dado también en Los Altos, La Selva, La Costa, El Norte y hace unos días en Pichucalco.
Chiapas sigue siendo un barril en pólvora y no debe atisbarse por manos inexpertas como las de Ruiz Ferro, quien salió de la burocracia central para aprender a gobernar el Estado más conflictivo del país.
El gobierno de Chiapas viola sistemáticamente la Constitución Política del Estado para mantenerse en el poder, ya Julio César Ruiz Ferro fue designado gobernador interino de Chiapas el 14 de febrero de 1995, con la diferencia de un voto, hecho insólito, ya que la votación en el Congreso fue nueve votos para Julio César Ruiz Ferro, ocho votos para Plácido H. Morales y un voto para Heraclio Zepeda y un voto nulo.
Ruiz Ferro fue designado para cubrir un interinato del 14 de febrero de 1995 al 14 de enero de 1996 y ya como gobernador interino envió al Congreso dos iniciativas, una para que él fuera designado gobernador interino y pudiera volver a ser designado como tal para otro periodo o incluso como sustituto y otro en la que establecía como requisito para ser gobernador una residencia efectiva de cinco años en el Estado.
Así existe una ausencia definitiva de gobernador constitucional ilegítimo en el Estado de Chiapas y en consecuencia todos sus actos son de hecho y no de derecho.
Para sanear la vida política de ese Estado y para que retorne la vigencia de la Constitución, considerando que a esta fecha el gobernador constitucional, que fue elegido por la mayoría de los chiapanecos, tiene una ausencia real de más de 13 meses de su encargo y de Chiapas, debe reconocerse que existe la falta absoluta de gobernador y convocar a elecciones extraordinarias conforme al artículo 38 de la Constitución Política del Estado.
Es derecho de todos los pueblos elegir a sus gobernantes, pero en Chiapas, en los dos últimos años, por dos gobernadores constitucionales elegidos, han habido tres interinatos.
Para lograr la gran reconciliación en Chiapas, es necesario que el pueblo decida quién debe ser gobernador y cómo quiere que gobierne.
El artilugio jurídico ya aplicado en otros estados de interinatos de periodos cortos, no es estrictamente válido. El gobernador que se eligió ya está materialmente ausente y en consecuencia el Congreso debe constituirse en Colegio Electoral, tal y como lo ordena el artículo 38 para convocar a elecciones extraordinarias y corregir de esta manera la gran falla jurídica que en Chiapas tenga un gobierno de facto.
Chiapas necesita un gobernador. Ruiz Ferro no es gobernador.
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al diputado Rafael Jacobo García, para referirse al mismo tema.
El diputado Rafael Jacobo García:
Con su venia, señora Presidenta de esta Cámara; compañeras y compañeros, diputados:
El día 20 de este mes de marzo y el 19 de marzo, vimos por la televisión el anuncio de que en el Estado de Chiapas se había firmado el finiquito que consistía en que el problema agrario, el rezago agrario estaba concluido; que no había problemas; que las organizaciones firmantes de ese convenio o de ese finiquito estaban convencidas de que ya no había problemas y los que habrían había el compromiso de resolverlos.
Sin embargo, el día 20, releyendo o leyendo todo el discurso del presidente Zedillo, nos dimos cuenta de toda la euforia que se tenía, porque en Chiapas ya no había problemas agrarios, todo iba a caminar sobre rieles porque la paz estaba garantizada en ese Estado y el problema agrario de hecho desaparecía.
Sin embargo, ese mismo día, horas después, nos enteramos del desalojo violento que se realizó en el predio El Paraíso, municipio de Pichucalco, donde murieron dos campesinos, fueron heridos otros, fueron heridas mujeres y detenidos 59 campesinos.
Esa noticia desde luego muestra que los convenios no son válidos, las firmas por dar a conocer que el rezago agrario en México está terminado es falso, absolutamente falso. Pero otro día, el 21 nos enteramos nuevamente de otro desalojo violento y demás muertes en el campo, de más violencia en el campo, de más sangre en el campo, de más represión y más encarcelamiento.
¿De qué se trata pues? ¿Qué se quiere con todo esto? Antes podemos decir, 20 años antes o más de 20 años antes con López Portillo también se establecieron, se pusieron banderas blancas en varios estados de la República, donde también se daba a conocer que el problema agrario había sido concluido. Y sin embargo 20 años después sigue habiendo problemas agrarios en esos estados.
El problema de la tenencia de la tierra no es un problema fácil en México y no es un problema fácil no por los campesinos, sino por el propio Estado que se ha encargado de retrasar la solución de los asuntos del campo, se ha encargado de no darle realmente tranquilidad al sector productivo del campo, lo ha complicado este problema.
Y ahora con esta política neoliberal que todos conocemos, tratan de igual manera de hacer, de aparentar que se están resolviendo los problemas sociales del país. Y esto no es así, aquí hay mentira en estas cuestiones y queremos decir que con firmas de convenios, con presiones a los dirigentes de las asociaciones campesinas, con presiones a los campesinos, con amenazas a los campesinos y con represión, no van a resolverse los problemas del campo, tampoco habrá paz en el país.
Mientras no haya realmente una política, una política agraria correcta. Mientras no haya funcionarios realmente con la capacidad, la disposición de resolver el problema agrario, los problemas van a seguir. La lucha por la tierra va a continuar, eso no es problema de convenios, no es problema de firmas, es un problema de política que los que tenemos años viviendo esta situación, sabemos que es una política antiagraria, antiagrarista, anticampesina, que no trata más de embrollar la problemática del campo, para vivir muchos de esa situación.
Los dirigentes agrarios que hemos luchado por esto, los que hemos entregado parte de nuestra vida a la causa agraria, estamos convencidos de que mientras esta política anticampesina del Gobierno no cambie, mientras no cambie el modelo actual de Gobierno, las condiciones del campo van a ser de muchas inconformidades, de mucha inquietud y va a ser de inseguridad.
Eso tiene que ver con todo lo demás que tiene que ver con el campo: la producción, la organización, la comercialización y otros aspectos que tienen que ver con la vida social.
Esta Cámara de Diputados, como ya lo han dicho otros compañeros y como creo que todos entendemos, independientemente de los intereses aquí representemos o que representamos, debemos inclinarnos y debemos pronunciarnos porque en Chiapas haya elecciones limpias, para que venga un gobernador nuevo a resolver la problemática del campo.
Y también, porque el Gobierno Federal, empezando por el presidente Zedillo y el secretario de la Reforma Agraria que están enfermos de neoliberalismo, que procede cambio en su política. Sin un cambio profundo en esta dirección, en el campo no habrá paz, no podrá haber paz si no hay realmente una atención real a los problemas sociales que aquejan a este gran sector de nuestra población.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Ha solicitado y se concede el uso de la palabra para referirse al mismo tema del Estado de Chiapas, al diputado Tito Rubín Cruz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Quiero referirme a lo que dijo la compañera diputada Luna Parra, en el sentido del señor Presidente.
El gran poder del pueblo determinó que Ernesto Zedillo fuera el Presidente de todos los mexicanos 17 millones de mexicanos dijeron y determinaron que Ernesto Zedillo, sea el Presidente de los mexicanos.
He visto desfilar a varios oradores para tocar el tema de mi Estado, de Chiapas y con excepto de Marta Alvarado, todos son chiapanecólogos. Son gente que no radican en Chiapas, que no viven en Chiapas y que todavía no logran pronunciar exactamente el nombre de Chiapas.
Quiero referirme también en esta tarde ya a este importante tema que es de la violencia. Una violencia engendrada y promovida, en la que los chiapanecos decimos ¡Ya basta!, ya basta de que las manos perversas, de que aquella gente que tiene como actividad principal la provocación, el asesinato y la muerte, dejen de experimentar en Chiapas sus actividades.
Se ha reiterado aquí en esta tribuna, al hablar de un finiquito agrario y yo quiero decirles que con respecto a los acuerdos agrarios realizado por 69 organizaciones campesinas que trabajan en Chiapas, se fueron dando en un trabajo de concertación, en un trabajo de acuerdos, para que el problema fundamental del conflicto de Chiapas, que es el problema agrario, tuviera soluciones muy importantes. Y obviamente que el 19 de este mes en Palacio Nacional, con los representantes de todas las organizaciones se anunciaron los acuerdos no firmados en Palacio Nacional, firmados con cada una de las organizaciones, firmados con las autoridades agrarias en el Estado de Chiapas, para que se recobrara lo que tanto anhelamos los chiapanecos: la reconciliación que el tema del problema agrario es tema de disputa.
Yo quiero decirles a los compañeros diputados y al pueblo de México, que a ninguna de las organizaciones les pusieron una pistola en la nuca o los tuvieron detenidos para que firmaran los acuerdos agrarios.
Y quiero dar lectura al acuerdo agrario tomado de Nicolás Ruiz, que es el tema que se está tocando y que dice así: "El acuerdo agrario que suscribieron las instituciones federales y estatales con la organización campesina, consejo nacional de pueblos indígenas, integrantes de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco, AEDPCH, con fecha 1o. de diciembre de 1995, en la cláusula octava dice a la letra:
Por cuanto al poblado Nicolás Ruiz, municipio del mismo nombre, cabe decir que cuenta con un expediente en el Tribunal Superior Agrario, pendiente de que se emita la sentencia respectiva mediante la cual se regularizará la superficie ya adquirida. Por lo que se acuerda en sentido negativo, el planteamiento de adquirir 800 hectáreas más, respecto del conflicto con el núcleo agrario denominado Guadalupe Victoria."
Y en la cláusula séptima dice:
"Con la firma del presente convenio, no es finiquito, convenio, quedan superadas todas las negociaciones y planteamientos agrarios hechos por la organización CNPI a las dependencias federales para la adquisición de tierras, por lo que se comprometen a no realizar ya ningún otro acto ilegal de tierras, así como la desocupación de predios que no serán adquiridos, que al momento tienen ocupados, liberan los bienes ajenos a la tierra que actualmente detentan."
Este es el acuerdo del CNPI. Este es el acuerdo a que llegaron los dirigentes del CNPI, los dirigentes que viven en Chiapas. Este es el acuerdo también que suscribió la CIGOAS y todas sus organizaciones y que desechan o no incluyen a Platanar Arriba, donde se dio el conflicto en el municipio de Pichucalco y me voy a permitir leer. En el artículo 4o. del convenio de Xioac; "en relación a los poblados que se enlistas, a continuación, son grupos nuevos sin acción agraria intentada. Por lo tanto, se considera que no es procedente incluirlos en la adquisición de los predios".
Y se enumeran una serie de predios, entre ellos Platanar Arriba.
Esto, compañeros diputados, nos demuestra que en una acción hay una reacción. Y esta acción agraria en la que están beneficiándose miles de campesinos chiapanecos, en un esfuerzo de conciliación, en un esfuerzo de pactos concertados, vemos que también hay intereses que quieren que no llegue la paz a nuestro Estado.
Consideramos que de acuerdo a los momentos que vive Chiapas, desde esta tribuna reprobamos todo acto violento con el rostro que se presente. Los chiapanecos decimos: ¡ya basta de tanta violencia..:
La Presidenta:
Señor diputado. ¿Acepta usted una pregunta.
El diputado Tito Rubín Cruz:
No acepto nada. ¡Yo estoy hablando! ¡No acepto nada, estoy hablando! ¡No me interrumpan por favor:
La Presidenta:
No la acepta el orador, señor diputado.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Los chiapanecos decimos ¡ya basta!, porque éste gran esfuerzo de proporcionar a los campesinos de Chiapas más de 230 mil hectáreas, es un esfuerzo real del Ejecutivo Federal y del Estado para encontrar la gran reconciliación que se requiere, que urge entre la familia chiapaneca y la familia del campo.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Luna Parra, hasta por cinco minutos.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
Quisiera iniciar diciéndole a mi amigo de Chiapas, que se dice "Cioac". Y que si algunos no sabíamos decir o no sabían decir "Chiapas", el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde un principio nos enseñó a decir "Chiapas". Así como nos enseñó a decir: "¡ya basta!", ¡palabras que me da mucho gusto que el diputado del PRI haya tomado de los comunicados del subcomandante Marcos:
Quiero decirle que en el diálogo los compañeros de la organización Xinich se deslindaron y dijeron que era apócrifa o que no reconocían la representatividad del que había firmado el finiquito. ¡Eso les pasa por "concertacesionar" con quien no deben! ¡Seguramente no fueron a Nicolás Ruiz a hablar con la gente, hasta que no llegaron con este lenguaje que es el que saben usar!
¿Por qué no van y hablan con la gente? ¡Y dejan de elegir ustedes a los supuestos representantes de las organizaciones:
Quisiera decir que yo estoy muy de acuerdo con el diputado: ¡Ya no queremos más muertes! ¿Y quiénes son las manos perversas que provocan el asesinato y la muerte? ¡Ahí está la prueba de quienes son! ¡La trajimos! ¡Y ahí la tenemos que regresar, porque en ese municipio de Nicolás Ruiz van a hacer un museo de la ignominia y del asesinato! ¡Y lo tenemos que regresar a ese municipio, porque son de ellos estas pruebas que han recogido para demostrar quienes los asesinaron y aquí están también las fotografías que hemos entregado:
Por último, quiero decirles que el asunto de la muerte y del respeto a los derechos humanos no tiene fronteras. ¡Y que no van a lograr ustedes al decir que porque no somos de Chiapas no podemos defender a los pobres de Chiapas y que porque no somos de Veracruz no podemos defender a los pobres de Veracruz y que porque no somos de Puebla no podemos hablar de Puebla! ¡Somos diputados federales, no diputados de un Estado! ¡Y eso muchos no lo han entendido:
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Hildiberto Ochoa Samayoa.
El diputado Hildiberto Ochoa Samayoa:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros:
Las veces que he hecho uso de esta tribuna, lo he hecho siempre con el afán de que logremos lo que el pueblo de México necesita: de que no es necesario venir y elevar la voz para llamar la atención, es fundamental sobre todo el mensaje que demos.
Compañeras y compañeros: el problema en el Estado de Chiapas se remonta a alguna de las frases dadas a conocer por el compañero Tito Rubín, a quienes junto con el coordinador de los diputados del Estado de Chiapas y yo, aún siendo perredista, les he invitado a que nos organicemos, a que nos unamos, para que busquemos o planteemos alguna solución a los problemas tan complejos en los cuales se vive en el Estado.
El compañero Tito Rubín establece que los chiapanecos decimos "¡ya basta!" Y estamos totalmente de acuerdo. De que la gente de afuera del Estado no intervenga. Esto, compañeras y compañeros, también implica de que el Gobierno Federal, en este caso Ernesto Zedillo, de que no interfiera al imponernos a Ruiz Ferro como gobernador. El, como decían algunos compañeros, es desconocido o bueno era desconocido para el Estado, pero fundamentalmente y más preocupante desconocedor de la problemática del Estado de Chiapas.
Ojalá que el planteamiento del compañero Rubín también sea en ese sentido. Y esto no lo digo nada más yo siendo de oposición, sino que el estar al frente del Estado un desconocedor de la problemática del Estado, también lo comparten algunos compañeros del PRI y estoy seguro que también los compañeros del Partido Acción Nacional.
Y si han de recordar ustedes algunas notas periodísticas en las cuales algunos compañeros del mismo Revolucionario Institucional, están francamente en contra de esa intervención que ojalá con la mesa de lo que es nuevo federalismo pudiéramos erradicar ese problema para que los chiapanecos vayamos ya eligiendo a nuestros gobernadores.
Pero me preocupa mucho la intervención del compañero Tito Rubín, porque con sus palabras pareciera ser que él justifica el hecho de que haya habido una concertacesión o un convenio para lograr solución a los problemas agrarios del Estado de Chiapas, pareciera ser que él justifica de que hayan tantos muertos en nuestro Estado. Y yo lo invitaría a que así como acá se justifica la muerte de nuestros compañeros, independientemente del partido u organización a la que corresponda, que así también lo haga público en el Estado de Chiapas.
Compañeros: para mí es preocupante, es cierto, hay quizá algún convenio, como se dio a conocer, pero esto compañeros no justifica de que se pierdan vidas humanas. Tenemos que anteponer la necesidad de tener que dialogar, de tener que formar quizá una mesa en la cual se contemplen a todas las organizaciones y de todos los municipios, para que lo que sucedió ahora en Nicolás Ruiz no suceda en otros convenios de otros estados o de la Federación en su conjunto.
Entonces, pues, invito a los compañeros, sobre todo al compañero Tito Rubín, a que rectifiquemos y que no justifiquemos esa acción violenta en la cual se incluye no solamente al gobierno de Ruiz Ferro, sino también a Heraclio Zepeda, de quien lamento mucho que sea quien esté al frente de los órganos policiacos de la entidad y que masacre al igual como lo ha venido haciendo el grupo gobernante desde hace más de 60 y tantos años.
Y bueno, compañeros, los invito a que no usemos siquiera el elevar la voz, el ser groseros con nosotros mismos, sino que nos organicemos, que busquemos y propongamos soluciones al Estado y no justifiquemos por ningún motivo las acciones violentas, menos cuando todavía..., cuando se llega al grado de tener que asesinar a muchos compañeros ciudadanos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra el diputado Tito Rubín Cruz.
El diputado Tito Rubín Cruz:
Con su permiso, señora Presidenta:
Vuelvo a esta tribuna para puntualizar nuestra posición en relación a los actos violentos. Lo hemos dicho y lo reiteramos: ¡estamos en contra de todo acto violento con el rostro que se presente y quienes cometan los actos violentos y quienes provoquen los actos violentos sean juzgados! ¡Esa es nuestra posición y seguirá siendo nuestra posición, porque no queremos que los hogares de los chiapanecos se sigan enlutando por intereses perversos y por intereses mezquinos!
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Marco Rascón, hasta por cinco minutos.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Gracias, señora Presidenta.
Agradecemos al..., esperaríamos del diputado Tito Rubín que sobre los hechos que aquí se han presentado, en el caso particular de Nicolás Ruiz, donde las pruebas son de una clara intervención de la policía de seguridad pública del Estado, del Ejército, en una cuestión que le voy a decir al diputado Tito Rubín. No fueron los campesinos de Nicolás a agredir a nadie, ellos estaban pacíficamente y fueron agredidos en su propia tierra, en su propio pueblo; eso es lo que significa y eso es lo que estamos reclamando, que hay una política ofensiva pero de alterar el orden y la seguridad en cada una de las comunidades.
Hoy no es un problema de unos cuantos campesinos que tomaron la tierra, es contra todo el pueblo de Nicolás Ruiz, ése es el problema de fondo. Ahora, puedo decir una cuestión, no somos chiapanólogos, ustedes son mexicanólogos que ahora se dedican a comentar las cosas sobre México y sobre nuestro país y tomando su mismo criterio, que el criterio político es precisamente poder opinar, poder decir, poder ver y poder atestiguar sobre todos los problemas que existen en nuestro país, ustedes son y están utilizando, ustedes y los tabasqueños y los priístas guerrerenses, el federalismo únicamente para cobijar otro tipo de cacicazgos, para cobijar y fortalecer formas caciquiles y ante eso, ante eso no lo podemos permitir.
Hoy el problema de Chiapas es el problema de todo el país, merecía su propia frase, que viene precisamente desde 1824: "Todo en Chiapas es México" y aunque lo quieran o no lo quieran es parte del territorio nacional, de eso no se van a poder zafar y esa actitud separatista que hoy están teniendo, porque es ésa, el hecho de querer descalificar los debates sobre los asuntos de Chiapas es la actitud de querer desmembrar el país porque también eso es parte de los propósitos a los intereses que ustedes se han cobijado y por eso ahora no son mexicanos, son mexicanólogos.
La Presidenta:
Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Jacobo García, hasta por cinco minutos.
El diputado Rafael Jacobo García:
Tiene razón el diputado Hildiberto Ochoa cuando dice que hay que plantear las cosas adecuadamente, no también con agresiones aquí porque así no vamos a contribuir a que en estos asuntos como lo que sucede ahora en Chiapas pues tomen otro rumbo que no es el que deben tomar. Yo lo que quiero decir, compañeras y compañeros diputados, es que efectivamente cuando se firma ese convenio que es resultado de muchos meses de insistencia por parte de las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, se queda en que habrá un lapso de tiempo.
Alguien habla de 10 días para hablar con la gente o los grupos de campesinos que no se justifique su estancia o que no pueden ser resueltos los asuntos, por las razones que sean, que no tengan instaurado su expediente, que no haya lo que se requiere, pero aquí se trata de que de un día para otro viene la violencia y que derecho de que haya un convenio eso no autoriza a nadie a utilizar la violencia ni a Laco Ramírez ni al gobernador ni a nadie ni a la policía misma ni a nadie autoriza este convenio.
Ahí es donde está el problema y quiero decir que tampoco o por lo que dice el diputado Tito Rubín Cruz, no soy chiapaneco, efectivamente no soy de aquel Estado, soy de otro Estado diferente pero soy mexicano y mi participación en el Estado de Chiapas cuando la he tenido, siempre ha sido por tratar de contribuir como creo que hemos contribuido muchos, a que se abran los espacios realmente a la participación de la sociedad chiapaneca en los problemas nacionales,a su bienestar.
Una vez vine aquí, lo repito, encabecé la primera y única marcha más larga de la historia hasta ese momento en 1983, septiembre y octubre de 1983 de Chiapas a México, donde efectivamente sí se cometían muchas arbitrariedades y donde era perverso todo lo que se hacía en contra de los indígenas; en 1980 todavía existía el derecho de pernada en algunas partes de Chiapas: la muchacha que se casaba hoy, en la noche tenía que dormir con el finquero, eso era lo que pasaba y eso fue lo que fuimos a... denunciamos en toda la marcha más las arbitrariedades en cuanto a la tenencia de la tierra, creo que hemos puesto un granito de arena; despertamos la opinión pública con aquella gran marcha nacional por la dignidad de los indígenas, así se llamó.
Y seguimos luchando y seguimos defendiendo, hoy seguimos organizando a los campesinos para el mejor aprovechamiento de su tierra y su fuerza de trabajo, el acopio y la comercialización del café y otros productos y lo hemos hecho en los hechos, no en la palabra y no hemos ido a agredir a nadie, es falso eso, jamás; al contrario, hemos denunciado los atropellos y los abusos de que son objeto los campesinos y los indígenas.
Creo que los que agredieron a los campesinos de El Paraíso... perdón de San Luis y los de El Gran Poder, no era gente de fuera, a menos que desconozcamos quienes eran los policías y quién es el que iba al frente de ellos o que Laco Ramírez no sea chiapaneco, que el gobernador actual no sea chiapaneco; creo que es ahí mismo donde está el problema y eso es lo que estamos denunciando y por tanto yo pienso e insisto en que debe convocarse a nuevas elecciones, ésa debe ser la propuesta de este Congreso.
Y por otro lado, por último, estoy de acuerdo con la propuesta que hace Tito Rubín, de que el que la haga que la pague. Si ahí hay culpables que la paguen, en eso estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo también en que ya basta de asesinatos en Chiapas. Debe haber otro estilo, otro modelo, otros métodos de gobernar para que la gente les siga con confianza y que pueda realmente cerrarse una economía que favorezca al Estado y al país.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Fernando Garzacabello, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Garzacabello García:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Otra vez Chiapas en las primeras planas. Otra vez Chiapas como nota roja. Otra vez Chiapas sufriendo los embates de políticas equivocadas. Es indignante para los chiapanecos y para los mexicanos que estando en pláticas para conciliar la paz, no podamos tratar entre los diferentes grupos gubernamentales y no gubernamentales, de poder apagar ese fuego tan grave para los chiapanecos y tan grave para nuestro país.
Hemos visto que en Chiapas la falta de voluntad para lograr hacer y conseguir la paz hace falta, no existe. Sentimos que hay propuestas pero son propuestas ilógicas, propuestas, consideramos, para pasar nada más de un lado a otro y no resolver los problemas. La gente pobre que no tiene recursos, que no tiene tierra, está siendo engañada diciéndole que le va a resolver algún problema, su problema y los propietarios de los terrenos, pequeños propietarios, también están siendo engañados de que les van a resolver su problema y está ahí; la tabla está flotando y el problema agravándose.
Les quiero comentar una propuesta para resolver el problema de los pequeños propietarios, que les iban a reponer el dinero, el valor de sus tierras y de sus pertenencias con ganado, pero que se tenían que ir a Yucatán y que tenían que dar ese ganado en aparcería a los yucatecos y no sacarlo de ahí en 5 años.
Permítanme ustedes, esa situación, esa manera de querer resolver el problema, siento yo que eso es lo grave que está sucediendo en Chiapas y no solamente es este último caso, sino que hace algunos días el caso Palenque, un problema que se origina en un estadio, que la policía del Estado agrede a un muchacho, la gente del estadio comienza a crecer en indignación y sale a la calle y hace la quema del palacio municipal y de otras dependencias y lo más lamentable no es eso, sino que la persona que fue a pedir auxilio, a buscar sensatez dentro de los aparatos gubernamentales, dentro de las policías, que tomó película y tomó fotografías del caso, a esa persona es a la que le están achacando el problema. Así esta la justicia y la venganza en Chiapas.
Esta persona es el señor Felipe Ecua y es presidente del comité directivo municipal de nuestro partido, Acción Nacional y esa persona tiene que estar ahorita huyendo porque sencillamente la venganza se hizo contra él.
Queremos pedir a todos ustedes, compañeros, que unamos esfuerzos y que hablemos con las autoridades chiapanecas para que se ponga fin a este derramamiento de sangre. No conviene a Chiapas y no conviene a México.
La Presidenta:
Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra la diputada Marta Alvarado.
La diputada Marta Alvarado Castañón:
Con su venia, señora Presidenta:
Con todo respeto quiero dirigirme a mi compañero, amigo y paisano, Tito Rubín, tomo sus palabras y quiero preguntarle si usted está, como dice, en contra de la violencia, ¿estaría dispuesto, compañero Rubín, a firmar un pronunciamiento a nombre de su grupo parlamentario, a firmar un pronunciamiento en donde se condene la violencia ordenada por el gobernador Ruiz Ferro y el secretario Heraclio Zepeda.
Creo que sería muy importante que empezáramos por buscar que la violencia no se genere. Eso sería el primer paso para empezar a buscar soluciones reales, porque el problema agrario con simulaciones no se va a resolver.
Espero su respuesta, compañero.
La Presidenta:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
ESTADO DE CHIHUAHUA
La Presidenta:
Tiene la palabra para rendir un homenaje póstumo a la memoria del señor Francisco Villarreal, ex presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, el diputado Manuel Espino, del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Acudo a la máxima tribuna política de México para rendir homenaje póstumo a un hombre que dedicó parte importante de su vida a construir en la medida de sus posibilidades y de su altruismo una patria ordenada y generosa y una vida mejor, más digna para todos los mexicanos.
Francisco Villarreal Torres, chihuahuense de nacimiento, falleció el pasado 24 de marzo a los 65 años de edad, dejando a su paso por este mundo una obra meritoria digna de evocar en su memoria. Fundador de organismos intermedios diversos y activo participante en otros, con desinterés y discreción encauzó su esfuerzo hacia el beneficio de los más necesitados.
Así, en el ámbito empresarial, social, cívico, cultural y político, fiel al ejemplo de su padre, Lorenzo Villarreal y preocupado por los problemas que afectan a los mexicanos, participó con generosa entrega en diversas luchas legítimas, destacando aquéllas en que llegó a enfrentar al poder federal en demanda de justicia social, de democracia real, del fortalecimiento municipal y de un auténtico federalismo.
Fue reconocido por muchos como el mejor alcalde que ha tenido Ciudad Juárez, Chihuahua, en las últimas décadas. Quienes llegaron a ser sus adversarios políticos y quienes tuvimos la fortuna de compartir su amistad y de acompañarlo en su lucha sabemos de los desaciertos, omisiones y deficiencias de la administración municipal que estuvo a su cargo. Los buenos críticos ya han dado cuenta suficiente de ello.
En razón de justicia, que no de adulación, desprovisto de toda pasión humana y partidista, quiero destacar ahora lo que de positivo y heredable encuentro en ese capitulo registrado por la historia de Ciudad Juárez, que fue lo mejor de la obra de Francisco Villarreal y que será sin duda inspiración en la lucha por la autonomía municipal y el auténtico federalismo que él nos ha legado y que ciertamente se estimula con su partida.
Como gobernante en general respondió positivamente a los deseos de la comunidad, en la proporción de lo posible diligentemente llevó la reordenación social y urbana de la ciudad que gobernó a mejores estadios. Su gobierno se distinguió por la ejemplar unidad de propósitos, tesoro precioso que el equipo de funcionarios supo conservar, defender y promover en su pluralidad, en su diversidad de criterios y puntos de vista.
La colaboración celosa de la comunidad aportó un complejo de normas y comportamientos que Villarreal hizo suyas con diligencia y humildad. Hombre espiritualmente eminente y sabedor de que la autoridad es sinónimo de servicio, Francisco Villarreal subordinó sus particulares afanes al interés de la colectividad, sin el arrebato y el furor político tradicional. Conservó el juicio justo y seguro, el sentido práctico y la recta intención.
D
Fiel a la enseñanza del maestro Manuel Gómez Morín, llegó no a obtener ni a triunfar, sino a participar en la definición de lo que fuera mejor para México.
Como alcalde comprendió desde el principio que gobernar no es tarea para el protagonismo y lucimiento de un hombre, sino la misión sublime de un equipo de hombres y de mujeres aptos para promover la integración, la unidad y la protección de toda la comunidad.
Más que el mandatario de una muchedumbre, quiso ser el representante de una sociedad y nunca aprovechó el apremio de los tiempos difíciles para excitar la impresionabilidad popular hacia el caudillismo que desvía y pierde al buen servidor público.
Frente a las críticas a su forma de ser y gobernar, ante las incomprensiones de quienes llegamos a quejarnos de su falta de sensibilidad política, el señor Villarreal se mantuvo sereno, sabía que su papel no consistía en dar pruebas de vigor o de elocuencia, tampoco de audacia o de habilidad. Se concretó a conocer las necesidades de su pueblo y a procurarles una solución de consecuencias tangibles. No era político de discursos, sino de hechos.
Fue un excelente gobernante en la medida que fue capaz de involucrar a la comunidad en el ideal de bien común.
Así, como jefe de la comuna estuvo a la cabeza o, mejor dicho, fue la cabeza que vio, pensó, hizo obrar, pero en beneficio del cuerpo entero.
En cada uno de los retos y proyectos trascendentes estuvo adelante, pero sin demagogia, sin ambición de fama o mérito; nunca perdió su estilo; parco en el hablar, pero preciso en sus palabras.
Con una humildad poco usual en quien gobierna, al grado de sonrojarse o incomodarse ante el halago que nunca le hizo falta.
Poco amable en el trato, pero profundamente noble y generoso, íntegro, congruente.
Así fue Francisco Villarreal Torres y así fue como alcalde, ejemplo preclaro para muchos y testimonio de vida que bien puede servir de enseñanza a quienes hoy son los primeros responsables del destino temporal en los municipios que configuran la base social del Estado mexicano.
Mucho más habrá de decirse y de escribirse de ese hombre visionario. Yo sintetizo esta elegía aplicando a don Francisco Villarreal la descripción del buen pastor para afirmar que fue el gobernante que no llegó a ser servido sino a servir; que fue siempre adelante de sus ovejas, dispuestos a sacrificar su libertad y a ofrendar su vida por ellas, como lo hizo.
Porque él estuvo entre nosotros, hoy tenemos un testimonio de vida más, para ilustrar la misión que tenemos quienes participamos de la responsabilidad de construir el engrandecimiento de México.
Cabe la gratitud sincera hacia el hombre, hacia el mexicano que fue Francisco Villarreal Torres.
Para su hijo Javier y para la comunidad que gobernó, el más sentido pésame y para honrar la memoria del ejemplar político que fue, les agradezco su atención.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para el mismo objeto de su antecesor, se concede el uso de la palabra al diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional.
El diputado Cruz Pérez Cuéllar:
Domingo, por la tarde, los juarenses recibimos la noticia: Francisco Villarreal Torres ha muerto. Diferentes imágenes invaden nuestro pensamiento; lo vemos recostado en el campamento del monumento a Juárez, en el ayuno del 1986; lo vemos también sentado en la sombra, al pie del Puente Santa Fe; lo vemos en el podium de un auditorio municipal lleno, anunciando la expropiación del Lote Bravo; vemos su apacible caminar recorriendo calles, tocando puertas, saludando, cansado.
Recordamos la sensación que nos produjo llegar corriendo por la avenida Juárez y ver frente a nuestros ojos a empleados municipales dentro de casetas metálicas cobrando para Juárez el peaje del Santa Fe y ahí estaba él, cerca, esperando la reacción del Gobierno Federal.
Nos vemos afuera del Cereso indagando por su reclusión. En ese momento nos preguntamos: ¿quién fue la última persona quien motivó en nosotros la convicción de apoyar una causa? ¿Quién fue si no Francisco Villarreal?, capaz de despertar a los juarenses ante la injusticia en un momento en que la movilización ciudadana se creía superada y parte de la historia del Juárez de los ochenta. Para alguien esto habla de un fuerte liderazgo, cuando se percibe claramente la ausencia de líderes en nuestra comunidad. Para otros, sencillamente es la muestra del ejemplo, del deber cívico y político, manifestado en la capacidad de motivar a los demás, un deber sencillo de enunciar pero difícil de practicar.
Un deber que ya había definido don Manuel Gómez Morín, siendo elemental no es sencillo del deber ciudadano, porque no es imperativo teórico sino deber práctico, es categoría moral y simultáneamente es un oficio que hemos de aprender para que el cumplimiento de la obligación no quede en gesto que salva la insignificancia de una reputación o tranquiliza la superficie de la conciencia, pero no tiene eficacia trascendente ni para la salvación propia ni para el bien común.
Oficio complejo y no exento de molestias y de riesgos profesionales, entre los que no es ciertamente el mayor, el de tropezar con los pistoleros físicos o intelectuales del régimen.
Oficio que toma tiempo, que arranca del hogar y del trabajo, que merma ocasión de otras más placenteras o aparentemente más altas tareas.
Ese es el oficio que debemos aprender y practicar, porque en él, sólo en él se cumple el deber ciudadano.
Francisco Villarreal Torres aprendió y practicó el oficio de ser ciudadano. Fue y será siempre juarense ejemplar. Hizo lo que muchos otros presidentes municipales por falta de voluntad política han dejado de hacer: cumplir con su misión. Dar testimonio con su altruismo, con su lucha por un auténtico federalismo y con todas sus aportaciones de vida aquí ya mencionadas, hacer honrar como juarense y como autoridad el encargo que le fue conferido por el pueblo, para seguir haciendo de Juárez refugio de la libertad y custodia de la República.
Ojalá y todos, sobre todo aquellos que se opusieron a su lucha, hoy escuchen su mensaje, para y con la causa de Francisco Villarreal Torres, que es la misma de Acción Nacional, seguimos profundamente comprometidos.
Muchas gracias.
NOTA PERIODISTICA
La Presidenta:
Para referirse a una información publicada, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Hubo épocas en que un diario de indiscutible importancia nacional e internacional Excélsior, engalanaba sus planas con las listas elaboradas por el duque de Otranto, célebre cronista de sociales, para dar a conocer la nómina de los integrantes del jet set.
Ahí figuraban las luminarias de nuestra sociedad, así le llaman. Ahí se reseñaban sus saraos, sus actividades, sus encuentros y desencuentros. Otranto intitulaba su columna "Los 300 y algunos más".
Hoy Excelsior publica otras listas, el número ya no es de 300, es de 200, los 200 enemigos del Estado. Y es así como en reciente edición, leo martes 5 de marzo, primera plana, Excelsior, fichados los 200 enemigos políticos del sistema.
El fichero de enemigos políticos del sistema y de los dirigentes priístas, los que en el Distrito Federal protestan de todo y por todo, marchan, realizan mítines y plantones, se apoderan de plazas, ocupan edificios públicos y sistemáticamente exigen la renuncia del Presidente de la República, algún secretario, el regente o gobernadores, por estar en desacuerdo con la política económica electoral y la "ausencia de democracia". O simplemente apostarle al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entre otros motivos, ha crecido desde que Carlos Salinas ocupó la presidencia.
De algunas decenas aumentó a 200. Hasta entonces, dice el reportero Mario Peralta, se tenía en tal concepto enemigos del régimen a un grupo no mayor de 30 ó 40 comunistas críticos que eran los que causaban temor e incomodidad. Hoy, dice el reportero, muchos de ésos son piezas de museo y algo así como oponentes de utilería. Los 200 son herencia del régimen anterior.
Los ficheros cuentan con fotografía, datos primordiales y hasta alias de cada una de las mujeres y hombres que la autoridad considera necesario entre comillas, en la referencia periodística, tener a la mano por lo que pueda ocurrir.
Agrega el articulista que Carlos Salinas ya no consideró enemigos a los tradicionales comunistas, a los de izquierda e hizo saber a los grupos que nacieron del frente Democrático Nacional, que lanzó y apoyó la candidatura de Cárdenas Solórzano en 1988, que si no estás conmigo, estás contra mi.
Concluye el reportero: "así Valentín Campa, Arnoldo Martínez Verdugo o los líderes agraristas Danzós Palomino, Alvaro López Ríos y Rafael Jacobo, entre otros, ya no son espiados, perseguidos ni tomados en cuenta y sus declaraciones cuando las hacen ya no significan mucho contra el gobierno".
Y concluye: "los encargados de la seguridad nacional con Miguel de la Madrid, todavía los consideraban peligrosos, pero ya no aparecen como, entre comillas, observados por los llamados, comillas, indicadores, otrora agentes de la Secretaría de Gobernación".
"Muchos de los hombres que manifiestan públicamente su desacuerdo con la política gubernamental actual, desconocen que son vigilados. Pero otros saben que sus movimientos de día y de noche son cuidados como actores de la lucha social."
Hasta aquí las referencias fundamentales de este nuevo fichero que el poder represivo filtra por conducto de un diario nacional. Y el diario nacional da cuenta, desde luego, de las organizaciones que incomodan a Zedillo, leo algunas del "fichero de organizaciones enemigas del régimen", "alianza democrática nacional", aparece desde luego, quizá por su importancia, quizá por el orden alfabético, en primer término: el ADN, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas, en el 1994 y de la cual el de la voz es coordinador general; Asamblea de Barrios, en la cual participa el compañero Marcos Rascón; Asamblea Nacional de Mujeres, ANAM; CEU, Central Unitaria de Trabajadores; CNTE, Convención Nacional Democrática; Coordinadora Intersindical 1o. de Mayo; Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Coordinadora Nacional de Pueblos Indios; Coordinadora Nacional de Trabajadores del Arte; El Barzón; Frente Popular Francisco Villa; Frente Nacional Democrático Popular; Movimiento Proletario Independiente; PROCUP, Sindicato Nacional del Colegio de Posgraduados de Chapingo; SITUAM, STUNAM, SUTAUR100, UCA, UCEZ, Unión Popular, UPREZ.
Y luego para no dejar duda, da los nombres de las personas físicas, leeré algunos de ellos: Ricardo Barco López, hoy injustamente preso por los excesos de Espinosa Villarreal; la compañera diputada Carlota Botey, Efrén Capiz, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Cecilia Corona, de la Asamblea Nacional de Mujeres; Andrés García, no confundir por favor con el galán que, en la telenovela del Canal 13 es el novio de Milagros; hay que estar informados, compañeros; Jorge García Ramírez, de Ruta-100; Felipe Gil, ex secretario general del SUTAUR-100; el compañero senador Auldárico Hernández; Rosario Ibarra, compañera diputada; José Jiménez, líder del Frente Popular Francisco Villa; el compañero Andrés Manuel López Obrador; la compañera diputada Adriana Luna Parra; el compañero diputado Salvador Martínez Della Rocca; los compañeros del SUTAUR-100 Antonio Mirón Lince y Benito Mirón Lince; el compañero líder de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar; el compañero ya citado Marco Rascón; el compañero senador Félix Salgado y el de la voz: Luis Sánchez Aguilar.
Estos son nombres de los que el Gobierno zedillista considera "enemigos del Estado". Este es el nuevo fichaje que las fuerzas represivas tienen, no a bien, sino a mal divulgar, para un primer efecto que desde luego es la intimidación. Nos adelantamos a decir que mayoritariamente será un acto fallido, pues los que en esto están o estamos, no nos vamos a amedrentar por semejante ataque.
El régimen zedillista, se especializa en el fichaje. Ya anunció el secretario Ortiz otra lista que es el "buró nacional de crédito", en donde aparte de estos activistas sociales y políticos que hemos referido, serán fichados muchos compañeros diputados del PRI, porque no han pagado su tarjeta de crédito. Y esa agencia, tiene como objetivo prever el riesgo y apoyar la toma de decisiones en el otorgamiento de créditos, con base en la concentración, procesamiento y actualización periódica de la información, del comportamiento crediticio de los clientes de la banca. Y esto estará a cargo, naturalmente, de un norteamericano, mister Larry Howell, que es quien viene a montar el sistema computarizado para tener a la mano también, la lista de los morosos.
¿Por qué estas listas y por qué ahora? Porque es evidente que ante el vacío de poder, por la incompetencia zedillista, las fuerzas no del orden, sino del desorden, se aprestan a tomar las riendas. Y que no digan los de la burbuja o los del Bronx, que esto del "vacío poder" lo estamos inventando aquí los agresivos Social Demócratas.
La publicación arquetípica del imperialismo, lo dice con fecha marzo 25 de 1996, lo dice en la edición de ayer en primera plana. Aquí dice: "vacío político". Aca dice: "vacío de poder". Y se refiere, desde luego, a la incompetencia del encargado del Ejecutivo. Y ante tal incompetencia, el Wall Street Journal, esa publicación que tira y no a la basura, sino divulga en 15 millones diarios de ejemplares en todo el planeta, dice que: "En México está en marcha, ésa es la traducción de este encabezado, la lucha por el poder."
Diríamos, la rebatiña por el poder. Pero que no se hagan ilusiones, caído el poder de Zedillo, desaparecido el encargado del Ejecutivo, esos líderes priístas como: Oñate, Millán o los líderes de los sectores: popular, campesino y obrero. No serán ellos los llamados a llenar ese lugar. Que tampoco ambicionen ese puesto los líderes camarales del Senado o de esta Cámara de Diputados.
Tampoco serán las fuerzas antes denominadas "del nacionalismo revolucionario" ni los populistas del echeverriato. Y que no se hagan tampoco falsas ilusiones los tecnócratas del liberal salinismo. Los que llenarán y ocuparán ese vacío serán los técnicos de la represión. Serán esas fuerzas que hoy desatan por todo el territorio, lo mismo en Chiapas que en Guerrero, lo mismo en Michoacán que en Oaxaca, lo mismo en el Distrito Federal que en Guadalajara, una represión no sólo contra las causas populares sino también contra la inteligencia. ¡Contra todo aquel que ose cuestionar la política neoliberal zedillista:
Serán en efecto las fuerzas represivas. ¿Por qué? Porque son las únicas preparadas, las únicas organizadas, las mejor financiadas.
¡Esta Cámara aprobó, impulsada por la mayoría priísta, un incremento de aproximadamente el 40% a las fuerzas armadas para el presente año! ¡Aquí se aprobó crear 12 mil nuevas plazas para las fuerzas de seguridad! ¡Y se acordó reducir en 7 mil las plazas del sector educativo!
¡Y tienen ideología, que no se piense que tienen el cerebro vacío! ¡Su ideología es la doctrina de la seguridad nacional! ¡Que se estudia en las universidades! ¡Es la materia fundamental que se enseña en esa siniestra escuela llamada: la escuela de las Américas! ¡A donde han concurrido los Galtiere y otros dictadores argentinos del Cono Sur! ¡Los Noriega y otros narcotraficantes de Centroamérica! ¡Y también los asesinos de monjas en El Salvador!
¡Esos que aparecen hoy en las listas de la represión, serán sujetos de espionaje! ¡Porque ya el procurador panista preparó iniciativa de reforma a la Constitución y a los códigos para legalizar el espionaje telefónico, para intervenir por cualquier medio las comunicaciones telegráficas, radiotelefónicas, públicas o privadas, acceder a bancos y sistemas de información, sistemas de cómputo o similares, mediante la colocación secreta de todo tipo de aparatos tecnológicos de registro del sonido, de la voz, de la imagen, de los datos!
¡Porque con esa iniciativa se va a perseguir a los disidentes, mediante el espionaje! ¡No obstante que ahí dice gran concesión que esa intervención electrónica no tendría valor probatorio! ¡Si no va a probar nada, para qué realizarlo!
¡Con esa iniciativa se va a premiar la relación entre hermanos, entre familiares! ¡Se va a premiar a todo aquel que aporte información para favorecer finalmente una política totalitaria del Estado mexicano! ¡Se convertirá en flagrante cualquier detención, después de 72 horas de ocurrido el presunto ilícito y se facultará al Ministerio Público para tener funciones de Policía Judicial y retener más allá de lo que el Constituyente estableció, a los presuntos delincuentes!
¡Queremos decir a los autores de estas listas, que los activistas sociales y políticos no somos enemigos del Estado! ¡Todos somos parte de él y cada quien tiene su papel!
¡La Constitución General de la República dice todavía, lo dice en su artículo 41, que los activistas partidarios, que los partidos tienen una función noble. Ese artículo dice que los partidos políticos son entidades de interés público!
¿Por qué entonces ficharlos, perseguirlos, espiarlos, atentar contra su intimidad? ¿Por qué hacer nugatorios para ellos los artículos 6o., 9o., que consagran las libertades de asociación y de expresión?
¿Por qué a los activistas sociales que defienden las causas del pueblo se les declara enemigos del Estado, cuando lo único que hacen es defender y reivindicar derechos ciudadanos como son: la vivienda, el empleo, la ecología o la calidad de la vida.
Pero al hacer esa denuncia también denunciamos a los personajes. Estas son las ideas siniestras de los Chuayffet, de los Gil Elourdoy, ése que acaba de ser premiado por su acción como jefe de porristas en la universidad de Hidalgo, con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional.
Están detrás de esas listas el Procurador de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República, José Antonio González Fernández y Antonio Lozano Gracia, respectivamente y está también desde luego, Oscar Espinosa Villarreal, regente del Distrito Federal. Contra todos ellos, por violadores de los derechos humanos, de las garantías constitucionales de los mexicanos, habremos de presentar inminentemente en esta Cámara, demanda de juicio político, para que sean de proceder y en apego a derecho, destituidos, inhabilitados para ocupar nuevos cargos y llegado el momento, ser remitidos al reclusorio que para tal efecto sostiene el Estado.
Muchas gracias.
AUTOTRANSPORTE URBANO RUTA-100
La Presidenta:
Para referirse a la empresa de autotransportes Ruta100, ha pedido hacer uso de la palabra y se le concede, al diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Gracias señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Antes de tocar el tema de Ruta-100, quisiera informar que el día de antier, en una última sesión de 16 larguísimas horas de trabajo en la Secretaría de Gobernación, finalmente y a casi nueve meses de lucha, los trabajadores de limpia de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, lograron un convenio favorable que garantiza su reinstalación, sus salarios caídos, médicos para los huelguistas de hambre y el traslado al Estado de Tabasco, venciendo la cerrazón de un gobernador ciego y sordo que se llama Roberto Madrazo.
El caso que vengo a tocar se asemeja mucho en cuanto a la cerrazón. A 11 meses y 17 días de la declaración ilegal de quiebra decretada por el gobierno del Distrito Federal en contra de la empresa paraestatal Ruta-100, cuyo principal objetivo es cancelar un contrato colectivo de trabajo avanzado en prestaciones económicas y sociales de los trabajadores organizados en un sindicato independiente y combativo, que es el SUTAUR-100, organización a la que el Gobierno le quiere cobrar la factura de su independencia y oposición a su política económica neoliberal.
Después de 350 días en los que el gobierno capitalino ha intentado por todos los medios legales e ilegales a su alcance, desmembrar la férrea unidad de los trabajadores, se puede afirmar que ha fracasado en lo fundamental, pues de 12 mil trabajadores de Ruta-100 al momento de la quiebra se mantienen en estos tiempos en lucha 10 mil 300.
El Gobierno capitalino que encabeza el regente Oscar Espinosa Villarreal, se ha caracterizado por no ver ni oír a los trabajadores, aplicando ante este problema la política de la avestruz, que al ver un problema esconde la cabeza creyendo que con ese acto de temor se salvará. Pero a más de 11 meses el problema continúa ahí y es la fecha en que el regente se niega, como responsable del Gobierno capitalino, a dialogar con el sindicato e incluso con diputados y senadores que han pedido entrevistarse con él para buscar soluciones negociadas que resuelvan en forma definitiva este grave problema de la ciudad.
El Gobierno capitalino ha ofrecido a los trabajadores en días recientes una liquidación global de 867 millones de pesos, que divididos entre los más de 10 mil sindicalizados, resultan un promedio de 86 mil 700 pesos por cada uno, lo cual es una propuesta inaceptable desde múltiples puntos de vista.
Los 867 millones representan un monto equivalente a 6 mil viviendas de interés social y resulta una cantidad mayor que el presupuesto anual destinado para seguridad en una ciudad azotada por la inseguridad, incluso es un monto superior al autorizado para varias delegaciones políticas lo cual constituye una visión torpe en lo político, en lo económico y en lo social.
La impericia política del Gobierno de la ciudad no les permite reconocer que ya no pudieron derrotar ni disgregar al combativo gremio del SUTAUR-100 ahí está la Asamblea del día de ayer, más de 10 mil trabajadores y llegar en consecuencia a la conclusión de proponer un acuerdo factible que permita la solución verdadera y a fondo del conflicto artificialmente construido por el regente Oscar Espinosa Villarreal.
La carencia de una visión social para gobernar la ciudad más grande del mundo tiene sumido en un mundo de equívocos a una regencia incapaz de comprender que si en la ciudad existe casi 1 millón de desempleados, es lógico imaginar que toda la lacras sociales que se desprende de esa terrible crisis se manifiesten plenamente en nuestra ciudad, como lo refleja el mayor índice de inseguridad y delincuencia que haya padecido el D.F. en los últimos 70 años, en la aparición masiva de la prostitución de mujeres y hombres, en la incorporación por miles al mundo del subempleo y de la explotación de niños a quienes les han cancelado el derecho exclusivo de la infancia, del juego y la educación y no podemos dejar de señalar la marginación a jóvenes mexicanos que no tienen opciones de estudio ni de trabajo, por ello cabe una pregunta compañeros diputados, ¿por qué señor regente en lugar de resolver este problema contribuye al desempleo que genera tantos problemas sociales?
La propuesta económica de los 867 millones globales son una cereza que pretende esconder varios problemas, el primero, ¿por qué estar dispuesto a realizar un gasto tan cuantioso que tanta falta le hace a la sociedad que vive en el D.F. sólo para pretender disolver un gremio sindical en una ciudad llena de problemas sociales, de seguridad, de educación, de recreación y de cultura.
El SUTAUR-100 ha propuesto que se puede solucionar el conflicto si se les concesionan cinco empresas que permitan garantizar el empleo a sus 10 mil agremiados, pero se les regatea sin ninguna razón social, política o económica. Tal parece que se esconde un compromiso de antemano entre el gobierno de la ciudad y grandes grupos económicos que pretenden apoderarse de las principales avenidas del D.F.
¿Por qué el temor de la regencia a que compitan libremente las poderosas empresas privadas con las que seguramente tienen compromiso el Presidente de la República y el regente con las modestas cooperativas que pueden formar los trabajadores? ¿Por qué no permitir que la ley de la oferta y la demanda, que es la ley básica del capitalismo salvaje se aplique en este caso? ¿Por qué tratar de someter la ley de la oferta y la demanda al decreto que cancela el derecho de los trabajadores a formar empresas sociales que desean competir en la calle con su esfuerzo, con la oferta que puedan proporcionar los grandes monopolios que pretenden apoderarse del transporte privado del D.F.? ¿Por qué querer todas las facilidades para quien ya posee inmensas fortunas y no permitir las más mínimas facilidades para quienes viven modestamente de la venta de su fuerza de trabajo? ¿Por qué no contribuir a abatir el desempleo que azota pavorosamente a la ciudad y que trae consigo enormes lacras sociales restableciendo la posibilidad de que con empresas sociales los 10 mil trabajadores de Ruta-100 se reincorporen al trabajo y dar un paso a la concordia que tanta falta le hace a quienes vivimos en la capital del país.
Sin lugar a dudas existen muchos, por qué más, pero los señalados contienen en sus respuestas la explicación fundamental.
En esta tribuna me permito solicitar al pleno de esta Cámara se realicen las gestiones suficientes para que el regente de la Ciudad de México reciba de una vez por todas a la comisión que dirige a los trabajadores del SUTAUR-100 y que reciba también a los legisladores interesados en contribuir a resolver este problema que el próximo 9 de abril cumplirá un largo año de conflicto social, político y económico para los habitantes del Distrito Federal.
El día de ayer la torpeza política volvió a aparecer. Ante más de 70 personalidades de distintos países que asistieron a solidarizarse con un movimiento justo de trabajadores mexicanos, más de 500 granaderos sin ton ni son repartieron macana en contra de los trabajadores del SUTAUR-100. No es con represión como está probado una y otra vez que van a disolver o van a derrotar a un combativo gremio que representa el SUTAUR-100.
Solamente se resolverá el conflicto de los trabajadores del volante del Distrito Federal con una opción de trabajo que los incorpore al tiempo productivo que reclama nuestra ciudad. Es el momento en que este Congreso convoque a que el regente de la ciudad que se ha mostrado renuente a recibir a los legisladores, a diputados y a senadores, a asambleístas que han querido encontrar soluciones con el Gobierno capitalino, lo convoque a que de una vez por todas deje de infringir la ley y resuelva un conflicto que está latente y que lesiona y lacera la dignidad de los trabajadores mexicanos todos.
No quiero dejar y desaprovechar la oportunidad para señalar en un marco más general que los trabajadores mexicanos nos encontramos agraviados, pues padecemos no solamente un desempleo masivo, sino un salario mínimo raquítico de apenas 20 pesos diarios, que recibirá un aumento de apenas 10% de incremento que ha sido borrado ya desde semanas antes de que empiece a otorgarse.
Como se ha violado y demostrado que la APREC sólo beneficia patrones, comerciantes, los trabajadores mexicanos no observamos ninguna recuperación en nuestro nivel de vida y desde ahora informamos igual como lo hicimos el año pasado, que estamos convocando desde esta tribuna para que miles y miles de trabajadores y sus familias marchemos nuevamente el 1o. de mayo en las calles principales, en un acto que culmine en el Zócalo de la Ciudad de México en contra del proyecto neoliberal que sólo sabe producir masivamente pobres.
Convocamos desde ahora a todos los desempleados, a los deudores de la banca, a los subempleados, a los jóvenes sin esperanzas a que el próximo 1o. de mayo tiñamos con las banderas rojinegras de la clase obrera, el color de la clase obrera, tiñamos el Zócalo de rojinegro.
El día de hoy y el día de ayer se señaló por voz del secretario general de la CTM, del señor Fidel Velázquez, que no marchará el 1o. de mayo; yo quiero decir a los trabajadores de la CTM que cometen un grave error, quiero convocarlos a que recojan los motivos de protesta que tienen los trabajadores de base agrupados en su central, para que marchen también el 1o. de mayo en contra de las alzas a la tortilla, de las alzas a la leche, de la liberación de casi todos los artículos de primera necesidad, que marchen y protesten en contra del incremento de la canasta básica de los trabajadores mexicanos; que marchen el 1o. de mayo con libertad; que marchen el 1o. de mayo con energía que reclaman los trabajadores que no soportan más la pesada crisis; que marchen el 1o. de mayo al lado de quienes no soportamos y no estamos dispuestos por nada y por nadie a callar nuestro grito de desesperación y de protesta.
Basta ya de que el proyecto neoliberal produzca más pobres. Basta ya de que el proyecto neoliberal sea alcahuete del enriquecimiento de unos cuantos. Basta ya de que los trabajadores mexicanos sigamos callados y sumisos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, al diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Más que rectificar, ratificar algunos hechos que han sido aquí expuestos por el diputado Armando Quintero.
Hace un año, en abril, presentamos en esta Cámara demanda de juicio político en contra de Oscar Espinosa Villarreal, por la ilegal quiebra de Ruta-100. Se aplicó indebidamente una ley propia para empresas mercantiles, no para una paraestatal, que sólo podía ser disuelta por un decreto del Ejecutivo.
Espinosa violó la ley al suspender un servicio público continuo; atentó contra los derechos de los trabajadores al despedirlos, cuando por ley eran inamovibles; ordenó no cateos, sino saqueos brutales en las oficinas sindicales y quiso cobrarle a la dirigencia de ese sindicato independiente otra factura, la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Entonces dijimos que Espinosa se equivocaba, que si creía que la resistencia iba a fenecer en dos semanas, como sus asesores propalaban, no tenía la menor idea de lo que se trataba. Hoy, a 12 meses, las bases no abandonaron a sus líderes, los líderes no traicionaron a sus bases; la resistencia sigue, la solidaridad aumenta. Y más aún, miembros comprometidos con la dirigencia como son los asesores sindicales Jorge García Ramírez y Ventura Galván, han dado prueba de su compromiso y de su convicción con huelgas de hambre, uno de ellos con sutura en los ojos, luego en labios, después en oídos. La solidaridad internacional también está presente, no sólo Amnistía Internacional ha denunciado los excesos de Espinosa Villarreal, sino que hoy mismo, a esta hora, en las oficinas sindicales de Ruta-100, comparecen representantes internacionales a un evento por ellos convocado contra el neoliberalismo y contra la privatización.
No obstante el conflicto que les aqueja, los compañeros del SUTAUR100 no han dejado de cumplir los objetivos genéricos, amplios de su lucha política para combatir la maldad del régimen neoliberal que nos gobierna.
Ante esa ejemplar lucha, esta fracción Social Demócrata no puede menos que hacer patente su testimonio de admiración y de ratificar su compromiso solidario y desde esta tribuna aprovechamos la oportunidad para demandar de parte del líder de esta Cámara también, no diríamos su acción solidaria sino el cumplimiento de un deber reglamentario: hacer respetar, como aquí lo demandó la compañera diputada Botey, el fuero de los diputados para hacernos escuchar por el déspota Oscar Espinosa Villarreal, ese sátrapa del Distrito Federal que tuvo el atrevimiento, ante la visita de una comisión de legisladores de la cual formábamos parte, no sólo de cerrar las puertas sino de agredirnos con algo así como 200 granaderos y a partir de ahí, el señor regente turna el asunto a mandos inferiores, a segundas manos, porque su alteza serenísima Espinosa Villarreal está muy ocupado en cómo hacer nuevos negocios con el pulpo camionero que se está gestando o está haciendo proyectos para el año 2000, proyectos desde luego utópicos, míticos.
Ese señor, en opinión nuestra, sólo tiene un destino: con su trayectoria ir a parar muy pronto al basurero de la historia.
Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta:
Para rectificar hechos tiene la palabra la diputada Carlota Botey, hasta por cinco minutos.
La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:
Con su venia, señora Presidenta:
En mi intervención pasada, en la sesión del 19 de marzo, solicité que el Presidente de esta Cámara de Diputados hiciera un extrañamiento al regente capitalino porque éste había violado el artículo 8o. y 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hoy quiero insistir en ese extrañamiento, se haga para que mediante esa forma se enmienda el fuero del Poder Legislativo, pues con la negativa a recibirnos y con el trato de que fuimos objeto por parte del regente, nuestro fuero fue prácticamente burlado y no quiero que el Presidente de esta Cámara se reduzca como la vez pasada a tomar nota del asunto, quiero que asuma su papel y su responsabilidad, pues es el Poder Legislativo el que está en entredicho y no mi persona. Esto quiero que quede bien claro, quiero que se reivindique el Poder Legislativo.
Aquí nada más diría, como lo han señalado nuestros compañeros, que lo que quieren los trabajadores de Ruta-100, compañeros y compañeras legisladores, no quieren vender su derecho a cambio de dos licitaciones de un total de 10, ellos no quieren perder su derecho a cambio de un ilegal 73% de indemnizaciones, ellos no quieren ver olvidados sus derechos a cambio de mil becas de capacitación que duran tres meses; ellos no quieren renunciar a sus derechos a cambio de 5 mil empleos, que es lo que les ofrecen, pues fueron 12 mil trabajadores los que el Departamento del Distrito Federal puso a la calle a raíz de la quiebra ilegal de Ruta-100.
Por todas estas razones, que son más que suficientes, vengo a denunciar nuevamente la intransigencia de Oscar Espinosa Villarreal y vengo también a decir que su propuesta es una trampa ilegal como ha sido ilegal todo su proceder y vengo a decir que los trabajadores de Ruta-100 quieren una solución dialogada, pero sobre todo la base del reconocimiento de sus derechos como trabajadores, los mismos derechos que el regente ha pisoteado desde la quiebra ilegal de Ruta-100, perpetrada el pasado 8 de abril de 1995.
Por todas estas razones vengo aquí, por segunda vez, a demandar que el Presidente de ésta Cámara de Diputados emita un extrañamiento al comportamiento faccioso del regente capitalino, el licenciado Oscar Espinosa Villarreal.
Nosotros acabaríamos observando que si el comportamiento fue público, cerrar las puertas, usar las órdenes de la fuerza, quisiéramos que este extrañamiento al regente de esta ciudad también fuera pública.
Muchas gracias.
ESTADO DE GUERRERO
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Leticia Burgos Ochoa, para referirse a un conflicto en la Universidad de Guerrero.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Gracias, compañera Presidenta.
Me van a disculpar mis compañeras y compañeros, sabemos que estamos cansaditos y que ya hace hambre. No les vamos a quitar mucho tiempo. Quiero compartir con ustedes en este momento que en el Estado de Guerrero recorre todavía el fantasma de Rubén Figueroa Alcocer y de los figueroístas que todavía algunos se mantienen en el gobierno actual y en espacios que seguramente seguirán recorriendo en el Estado de Guerrero, y en particular me referiré a la Universidad Autónoma de Guerrero.
Quiero compartir con ustedes la situación que se está viviendo en el Estado de Guerrero y en este espacio tan importante y particular que es la universidad, nuestra alma mater.
Al mismo tiempo quiero expresar que estamos prácticamente en este día compartiendo virtualmente dos rectores de la universidad.
Ante un proceso electoral en el que el figueroísmo y Figueroa mismo tuvo que ver en el proceso que se llevó a cabo.
Hechos como los que ya no quisiéramos estar viendo no sólo en el país, sino en el Estado de Guerrero, se vivieron al interior de nuestra pequeña universidad en Guerrero, hechos de violencia, hechos de fraude en un proceso en el que desde el origen hubo eventos y hubo acciones que mucho se parecen a los que hemos cuestionado los guerrerenses en el Estado.
Un rector, Gabino Olea, que todavía hace una semana estuvo respaldando al señor Rubén Figueroa Alcocer, como uno de los invitados al aniversario de la muerte del señor Rubén Figueroa padre.
Ahí estuvo el señor Gabino Olea, actual rector, respaldando al señor Figueroa, hecho que demuestra, igual que otros, que ese fantasma, si no llamamos la atención a nivel nacional, seguirá persistiendo en el Estado.
Quiero también expresar que aquí de ninguna manera venimos a respaldar a equis o ye candidato, venimos a llamar su atención para que estemos atentos porque el hecho de que en el Estado de Guerrero en este momento se puede estar hablando de dos rectores, es gravísimo para el Estado, cuando estamos hablando en una nueva etapa, en una nueva forma de relaciones en el Estado y requiere de nosotros que demandemos al gobierno del Estado de Guerrero, al actual gobernador Angel Aguirre Rivero, que se mantenga respetuoso y que al margen del proceso interno de la universidad, se mantenga imparcial de esos procesos, de ese proceso que se libra.
Condenaremos siempre hechos como la compra de votos, la corrupción, el cambio y el ofrecimiento de plazas, de aumento de categorías y de calificaciones para exigir y demandar el apoyo a un determinado candidato.
También demandaremos y demandamos desde aquí, a la Secretaría de Educación Pública para que no pretenda dar un albazo en la universidad, y no pretenda reconocer a quien se perfiló precisamente como el candidato del señor Rubén Figueroa Alcocer, Hugo Vázquez Mendoza, que a su vez fue el que en este momento han tenido a la universidad, a través de Gabino Olea, que es el actual rector, en la situación en la que se encuentra la universidad.
Por último, quisiéramos expresar que nos mantendremos vigilantes y demandamos que en la universidad, todos y todas las expresiones universitarias sean respetuosos de la institucionalidad y que sea precisamente en este ámbito, haciendo uso pleno de la autonomía que le da su estatuto y la ley orgánica de la universidad, que se deslinde y se resuelva cabalmente el proceso electoral.
Se limpie el proceso y se elija al candidato que realmente tenga la mayoría, que se limpie ese proceso. Que no empañemos más al Estado de Guerrero, que evitemos efectivamente y que se evite al interior de la universidad un enfrentamiento que los guerrerenses reprobamos en cada momento.
Pedimos desde esta tribuna, entonces, que el actual gobernador se mantenga al margen.
Que como lo ha dicho públicamente si efectivamente queremos transitar hacia una nueva forma y hacia una nueva forma de relación con el gobierno y la universidad, que la muestre en este proceso y que no haya una intervención de ese carácter en la universidad.
Que se respete la autonomía universitaria, que no permitamos desde este espacio que la violencia llegue a esa alma mater, que tanto requiere de transformación, que tanto requiere de contribuir al desarrollo de Guerrero, al desarrollo social, al desarrollo económico y cultural de Guerrero.
Que los universitarios a eso se deben y a eso estamos y deberíamos de estar dedicados.
Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Para referirse al mismo tema de la Universidad de Guerrero, se concede el uso de la palabra al diputado René Juárez Cisneros.
El diputado René Juárez Cisneros:
Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Solamente para expresar que coincidimos con el planteamiento de la diputada Burgos, en el sentido de que no debe haber injerencia alguna en la autonomía universitaria de ninguna fuerza externa.
El gobernador Angel Aguirre, lo ha expresado, lo expresó recientemente y hoy por la mañana volvía a refrendar su voluntad para mantenerse siempre al margen de los asuntos que competen sólo a la Universidad Autónoma de Guerrero, de respetar la vida de la universidad de respetar la autonomía universitaria.
Desde luego coincidimos también con la licenciada Burgos en el sentido de que en Guerrero se está construyendo una nueva relación, una relación de respeto, una relación de civilidad política, una relación que nos permita a todos los guerrerenses transitar hacia un espacio de entendimiento; hacia un espacio de reencuentro y fundamentalmente a avanzar en la construcción de lo que anhelamos y aspiramos los guerrerenses: la paz y la armonía social.
Es cierto, nosotros también estamos de acuerdo, los resultados que la autoridad electoral de la universidad definan y determinen, deben de ser única y exclusivamente asunto de los universitarios, debe de ser asunto de la propia universidad.
No hay, ni habrá nunca, es la expresión del gobernador de Guerrero, injerencia en estos asuntos que no competen al gobierno del Estado.
Lamentamos que en este proceso democrático que se acaba de escenificar en la Universidad Autónoma de Guerrero, para elegir rector, hayan existido aisladamente algunos brotes violentos o de desorden, no estamos de acuerdo y lo rechazamos porque sabemos que la violencia sólo engendra violencia, anarquía y dolor y en ese sentido no deseamos ni aspiramos caminar y transitar por ese camino.
Hay una disposición a mantener esta relación de respeto. Hoy por la mañana uno de los candidatos, de los dos candidatos, por cierto muy respetables, de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, expresaba que efectivamente en Guerrero se vive hoy la posibilidad de tener una nueva relación y esta nueva relación se basa en el diálogo y en el respeto a todas las expresiones. Pero con mayor razón se basa en el respeto a la autonomía de nuestra universidad.
Estamos conscientes que ése es un camino inteligente, es un camino por el que todos debemos de transitar y que al final de cuentas, lo entendemos así, los propios participantes en esta contienda electoral, con antelación firmaron un documento de civilidad política en donde se comprometen a respetar los resultados de este proceso.
Solamente quiero reiterar que es voluntad expresa del gobierno de Guerrero, porque así lo ha expresado el titular del Ejecutivo, mantenerse al margen de estos asuntos que sólo incumben a los propios universitarios.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Recientemente acaba de concluir el proceso electoral interno para renovar al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Desafortunadamente el proceso de elección del nuevo rector en la Universidad Autónoma de Guerrero estuvo empalmado, estuvo ligado a los acontecimientos que se dieron en la entidad con motivo de la matanza de Aguas Blancas y de una u otra manera, los acontecimientos políticos que se dieron en el Estado de Guerrero, influyeron positiva y negativamente al interior de la universidad.
En primer lugar hay que decir que la mano del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer estuvo presente a lo largo de la campaña electoral, al interior de la universidad, apoyando al candidato del rector saliente Gabino Olea, o sea al nuevo que quieren imponer: Hugo Vázquez Mendoza. Esto se vio también ligado a un intento de reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, a fin de hacerla, que es una Ley Orgánica sumamente democrática, pretendieron hacerla una Ley Orgánica antidemocrática en el Estado de Guerrero.
Afortunadamente la comunidad universitaria reaccionó con mucha energía y logró parar el intento de Rubén Figueroa y de Gabino Olea, de modificar esta Ley Orgánica que surgió en 1960 a raíz de una valerosa lucha que se dio contra el gobernador Rubén Caballero Aburto y que culminó con una victoria del movimiento universitario popular y que culminó con esta nueva Ley Orgánica con la cual se creó la Universidad Autónoma de Guerrero.
Y por eso no estamos de acuerdo cuando el diputado René Juárez dice que hubo pequeños incidentes, cuando no son pequeños incidentes los recursos monetarios que aportó Rubén Figueroa para apoyar al candidato Hugo Vázquez Mendoza; no son pequeños incidentes, todo el apoyo político que se le dio y que ha generado que haya una diferencia de votación muy pequeña y haya habido diversas irregularidades.
En la medida en que el figueroísmo en Guerrero todavía está intacto, su poder económico, político, su influencia, estamos combatiendo este figueroísmo y una de las demandas que nosotros hemos planteado es que en este proceso, en este proceso de calificación del nuevo rector, saque sus manos el gobierno del Estado.
No queremos que el gobierno del Estado meta sus manos en este asunto y que deba ser la propia comunidad universitaria la que legítimamente se autocalifique y pueda generar un nuevo rector surgido de elecciones directas y es claro que aquí hubo mano negra, es claro que aquí hubo recursos indebidos usados por el gobernador Rubén Figueroa, es claro que hubo apoyos por fuera, porque no es posible ver el inmenso gasto de campaña que hizo el candidato Hugo Vázquez Mendoza.
Nosotros estamos seguros de que si el gobierno del Estado saca sus manos de la universidad, la universidad va a poder generarse por sí misma, un proceso democrático y va a generar nuevas autoridades, nuevo rector en esta máxima casa de estudios del Estado de Guerrero.
La Presidenta:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Efrén Leyva.
El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Con su permiso, compañera Presidenta; compañeros diputados, los pocos que están pacientes todavía, he querido hacer uso de la palabra para hacer algunas precisiones:
Hemos insistido tanto en Guerrero, en el ámbito universitario, como en las diversas tribunas donde hemos tenido la oportunidad de participar, de que la autonomía no debe ser tan sólo una palabra que utilicemos como slogan, sino también debe ser un respeto que exijamos para que internamente puedan determinarse sus acciones.
Los compañeros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, de los partidos de oposición, han estado afirmando y solicitando el respeto a las decisiones internas de la universidad, tratando de buscar "ismos" que van injiriendo en las propias decisiones de los universitarios.
Efectivamente, hace unos días culminó un proceso de elección para el próximo rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Un proceso que de acuerdo a la misma reglamentación expedida por el consejo universitario, había que trasladarse hasta la obtención de la mayoría de votos, cuando en la primera vuelta no se diera el 50 más uno y en esta segunda vuelta la injerencia y el intento de organizaciones ajenas a la universidad, que han querido revivir épocas pasadas, donde tuvieron ahí su seno y sus controles, particularmente el Partido de la Revolución Democrática, han estado injiriendo y hoy que la votación mayoritaria del estudiantado no les dio la razón, están tratando de llevar una injerencia más a la autonomía de la universidad.
La posición nuestra, de los diputados guerrerenses universitarios, es que no debe de injerirse en la decisión más que la propia universidad de tomar su propia decisión.
El consejo universitario hoy habrá de sesionar para poder determinar y calificar esa elección que hace unos días acaba de concluir y para concluir diría yo también que es extraño cuando nos enredamos en esos "ismos" y tenemos ya pesadillas con algunos nombres, de que confundamos también la historia de nuestro Estado.
Efectivamente, el movimiento universitario de 1960 lo dio un gobernador de apellido Caballero Aburto, cuando el pueblo se levantó en contra de ese gobernador para lograr la autonomía universitaria. Pero cuyo nombre no era Rubén, era Raúl Caballero Aburto.
Aquí la universidad es la única responsable y es la única que habrá de determinar cuál es la forma de llevar a cabo sus propias elecciones. Son precisamente los universitarios guerrerenses los que habrán de determinar. El gobierno del Estado está afuera de toda esa decisión. No hay las pruebas de las acusaciones que dicen. Simplemente son eso, acusaciones, sin ningún fundamento y que nosotros creemos que serán los universitarios los que determinen realmente el rumbo de la universidad en los próximos años.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):
¡Señora Presidenta, pido la palabra:
La Presidenta:
¿Con qué objeto.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):
¡Para rectificar hechos!
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos hasta por cinco minutos el diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
El diputado que me antecedió en la palabra cometió una equivocación: dijo que "en 1960 el ex gobernador Raúl Caballero Aburto provocó, más bien dio", dijo, según la versión estenográfica que ojalá la tengamos completa por aquí, "dio el movimiento". Más bien fue al revés: fue un movimiento estudiantil popular que se dio de octubre a noviembre de 1960, un poderoso movimiento estudiantil popular en contra de las formas autoritarias, en contra de las formas primitivas de gobernar que hay en el Estado de Guerrero y que se ha transmitido a otros gobernadores como son la dinastía de los Figueroa, que afortunadamente, esperemos, que empiece a ser derrotada y desterrada de nuestro Estado.
Dice "que el PRD ha sentado sus reales en la Universidad Autónoma de Guerrero". Bueno, yo le quiero decir que la Universidad Autónoma de Guerrero tiene 36 años de existencia y el PRD va a cumplir en mayo de este año apenas siete años. Así es que su afirmación no se sostiene por ningún lado.
Y cuando decimos "ismos", nos estamos refiriendo a un solo "ismo", al "figueroísmo". Nosotros estamos diciendo que Rubén Figueroa tuvo candidato a la Universidad Autónoma de Guerrero, que es al que tratan de imponer.
El otro candidato no es candidato del PRD, discúlpeme diputado, es un candidato surgido de la comunidad universitaria, apoyado por distintas fuerzas internas de la universidad.
Y lo único que nosotros decimos es que no haya injerencia en los asuntos internos de la universidad. Lo que nosotros decimos es que si el Gobierno del Estado no mete las manos en este asunto, la comunidad universitaria por sí misma va a poder resolver los problemas. Pero lo que pasa es que en los últimos tiempos el gobernador Rubén Figueroa, y esperamos que Angel Aguirre saque sus manos de la universidad, provocó un distorsionamiento de la campaña electoral interna.
Decíamos, por ejemplo, que se usaron recursos verdaderamente infinitos para el candidato de Rubén Figueroa. ¿De dónde salieron éstos siendo una universidad tan pobre, siendo un Estado tan pobre? Evidentemente de las arcas estatales. Por eso es que nosotros nos hemos opuesto a que haya esta injerencia. Si logramos que se respete plenamente la autonomía universitaria, vamos a lograr que esta comunidad universitaria por sí misma logre determinar el rumbo futuro de esta alma mater en nuestro Estado de Guerrero.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria María Teresa Cortez Cervantes:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 28 de marzo de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California y Tabasco.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta (a las 16:44 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 28 de marzo a las 10:00 horas.
| ADN | Alianza Democrática Nacional |
| APRE | Alianza Para la Recuperación Económica |
| APREC | (Sin aclaración) |
| BC | Baja Califomia |
| Cereso | Centro de Readaptación Social |
| CIGOAS | (Sin aclaración) |
| CNPI | (Sin aclaración) |
| CTM | Confederación de Trabajadores de México |
| D.F. | Distrito Federal |
| Fiadert | Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de las Reservas Territoriales |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PROCUP | (Sin aclaración) |
| Sedesol | Secretaría de Desarrollo Social |
| SITUAM | Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana |
| SNC | Sociedad Nacional de Crédito |
| STUNAM | Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México |
| SUTAUR-100 | Sindicato Unico de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta-100 |
| UCAY | (Sin aclaración) |
| UCEF | (Sin aclaración) |
| UPRES | (Sin aclaración) |
| USA | Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |