Presidencia de la diputada Osbelia Arellano López

ASISTENCIA

La Presidenta:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 269 diputados; por lo tanto, hay quorum.

La Presidenta (a las 11:25 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Desiderio Camacho Garibo:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias. Segundo Año. LVI Legislatura.

Orden del día

Jueves 28 de marzo de 1996.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Protesta de diputado.

Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California y Tabasco.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la licenciada María Julia Carabias Lillo, secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el contralmirante cuerpo general Diplomado de Estado Mayor José Luis Figueroa Cuevas, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Arturo Colín Pineda, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Comentarios

Propuesta sobre política industrial, a cargo del diputado Ricardo Padilla Martín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre la situación laboral en México, a cargo de la diputada Consuelo Botello Treviño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre el reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Rosario Robles Berlanga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la reforma político-electoral, a cargo del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

Sobre la banca, a cargo del diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre contaminación en Bahía Baja, a cargo del diputado Jorge Antonio Catalán Sosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre el caso Juan García Abrego, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el martes veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veintiséis minutos del martes veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y seis y con una asistencia de doscientos setenta y ocho diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da cuenta con la solicitud de licencia del diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar y la Asamblea aprueba el punto de acuerdo respectivo en votación económica. Llámese al suplente.

Dos comunicaciones del Congreso del Estado de Coahuila, con las que informa de acuerdos de su Asamblea legislativa. La primera se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la segunda a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para su conocimiento.

Una comunicación del Congreso del Estado de Morelos, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe que contiene las razones y criterios para la desincorporación del Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de las Reservas Territoriales del Estado de Baja California, mediante la transferencia de los derechos y obligaciones que el Gobierno Federal tiene en dicho fideicomiso, en favor del gobierno de esa entidad. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Otro oficio de la misma Secretaría, con el que informa que la ciudadana Leticia González Remedios de Osorio, dejó de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ciento veintinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Defensa.

En virtud de que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue impreso y distribuido entre los diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.

Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Ignacio González Rebolledo, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone una modificación al artículo cuarenta y tres-bis.

A discusión en lo general, con la modificación propuesta a nombre de la comisión dictaminadora, hacen uso de la palabra, a fin de fundamentar el voto de cada uno de sus grupos parlamentarios, los diputados: José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, del Partido Acción Nacional; Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional; Crisóforo Lauro Salido Almada, a nombre de varios diputados independientes; Luis Sánchez Aguilar, a nombre propio en contra y Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y aprueba que la votación se realice en lo general y en lo particular en un solo acto. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo reserva el artículo cuarenta y tres, para discutirlo en lo particular.

Hace uso de la palabra el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, quien hace consideraciones sobre el dictamen y retira la reserva, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal autorizada, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y cinco votos en pro y uno en contra. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.

Para referirse a diversos hechos que calificó como violatorios a los derechos humanos, en el municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas, hace uso de la palabra la diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la primera para solicitar excitativa a la Comisión de Derechos Humanos y presentar una denuncia y la segunda para rectificar hechos. La Presidenta hace la excitativa y turna la denuncia a las comisiones de Derechos Humanos y de la Reforma Agraria.

Sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Marta Alvarado Castañón, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Rafael Jacobo García, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones para rectificar hechos; Tito Rubín Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales; Hildiberto Ochoa Samayoa, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Fernando Garzacabello García, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido.

Para rendir homenaje póstumo al ex presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Francisco Villarreal Torres, hacen uso de la palabra los diputados Manuel de Jesús Espino Barrientos y Cruz Pérez Cuéllar, ambos del Partido Acción Nacional.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado independiente Luis Sánchez Aguilar, para referirse a un fichero de ciudadanos a los que calificó como enemigos del "poder represivo", publicado por un periódico nacional.

En relación con el conflicto laboral de los ex trabajadores de Ruta-Cien, hacen uso de la palabra los diputados Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, para rectificar hechos y Carlota Angela Rosa Botey y Estape, del Partido de la Revolución Democrática.

Respecto al proceso electoral de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, hacen uso de la palabra los diputados: Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos en dos ocasiones y Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, también para rectificar hechos.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

DECESO DE DIPUTADO

La Presidenta:

Tengo la pena de participar a esta Asamblea que nuestro compañero el diputado Gerardo Gabriel Nava Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, falleció el día de hoy.

Se ruega a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Minuto de silencio)

Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sánchez Ochoa.

El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:

Señora Presidenta; señoras y señores diputados:

En ocasiones compartir la palabra con quien como nosotros a través de ella se expresan, resulta difícil y hasta como un encuentro insuperable, valga la paradoja, porque la palabra del hombre puede expresar muchos aspectos de la realidad, pero la palabra del hombre ve sus límites profundos cuando se enfrenta al misterio, cuando se enfrenta al misterio de la muerte; la muerte, es una realidad que nos cuestiona día a día; la muerte, dura toda la vida según un escritor y don Francisco de Quevedo decía: "Nacer es empezar a morir", desde el momento en que el niño lanza su primer grito y que en ese momento provoca la alegría de los padres porque constatan que vive, desde ese momento el niño empieza a morir; desde ese momento el ser humano empieza a morir, pero a pesar de esa presencia ineluctable e inefable de la muerte en nuestra vida, es un misterio del que tratamos de alejarnos, es un misterio que no nos gusta ponderar y contemplar, es un misterio que nos sobrecoge porque supera nuestra inteligencia a nuestra imaginación y termina con nuestra vida.

Hoy, vengo a nombre del grupo parlamentario del PAN, a recordar en esta tribuna la memoria de un compañero que apenas hoy acaba de partir a su destino eterno; que apenas hoy acaba de enfrentarse con esa verdad y con esa realidad insuperable, la muerte. Gerardo Nava Bolaños, compañero hasta hoy de nuestra lucha, de nuestros esfuerzos, partícipe de nuestros anhelos y de nuestras ilusiones, se ha ido, se ha ido al encuentro del Padre, se ha ido a la vida definitiva, a esa vida que no se destruirá pero que no sabemos cómo es y que somos incapaces de destruir.

Gerardo Nava está ya, y así lo creemos firmemente sus compañeros y esperamos que también ustedes se unan esa nuestra fe, está ya en la presencia del Padre, en la contemplación del Altísimo, encontrando la verdadera realidad a la que siempre aspiró, la belleza y la verdad y la bondad de Dios.

Gerardo Nava era un hombre responsable, un hombre que supo dar respuesta a las inquietudes que se le plantearon en su vida y que supo dar esa respuesta con constancia, con perseverancia, con dedicación; un hombre que primero se dedicó a construir su familia y que una vez que consolidó su familia, participó en algunos movimientos que venían a fortalecer, a integrar las familias mexicanas y desde ahí dio ejemplo de tesón y de servicio precisamente a la familia, a la unidad básica de nuestra comunidad, a la célula básica de nuestra existencia social nacional.

Gerardo Nava quiso siempre saber sonreír, así vivía en sus relaciones con sus amigos, con sus compañeros y también con quienes por algún motivo pudieron considerarse sus adversarios, alegre y amigable, sonriente, porque era ser humano, porque la sonrisa nos caracteriza a los seres humanos y él sabía sonreír porque él cada día aprendía y luchaba por ser más plenamente hombre por eso hoy nosotros damos nuestro testimonio en recuerdo de su memoria y de su vida.

Gerardo Nava fue ese militante lleno de fortaleza, ese militante firme en sus ideas y en sus convicciones, que en Querétaro, un Estado difícil para nosotros los militantes de Acción Nacional, supo abrir brechas, abrir caminos, crear cauces para la participación ciudadana con toda generosidad, dedicación y entrega y por eso bien merecido, fue al Congreso local para tratar de participar en la creación de ese nuevo derecho al que aspiramos los militantes de Acción Nacional, un nuevo derecho que se inspire en la justicia, en la justicia con toda plenitud para que el ámbito social donde vivimos pueda ser un ámbito propicio para la realización cabal de todos y cada uno de los mexicanos y Gerardo Nava fue ahí, al Congreso local, al Congreso que representaba al pueblo de Querétaro para dejar su testimonio, para luchar por sus ideas y para tratar de encarnarlas en instituciones.

Pero no se cansó de luchar y siguió participando y vino a formar parte de esta LVI Legislatura y aquí compartimos su sonrisa y aquí compartimos su dedicación y aquí fuimos testigos de su responsabilidad pero sobre todo y quiero dejar testimonio claro, fuimos testigos de ese sentido profundo que tenía de la vida, de ese sentido que tenía de la trascendencia.

Cuando hace aproximadamente un mes estuvimos en su casa para saludarlo, lo vimos sonreír, lo vimos bromear a pesar de la certeza que tenía de que una enfermedad incurable había penetrado en su cuerpo, pero él sabía que su cuerpo moriría pero su espíritu jamás, por eso con alegría compartía con nosotros sus anhelos y sus ilusiones.

No lo vimos gemir ante el misterio de la muerte, no lo vimos con cara triste, lo vimos fuerte y firme como él fue en la vida, luchador decidido, luchador lleno de esperanza, porque el hombre que tiene esperanza no puede deprimirse y Gerardo Nava nos dejó ese testimonio de firme esperanza, de radical fe y así enfrentó él los últimos días de su existencia, viviéndolos, no dejándose apañar por el misterio de la muerte, por el contrario, participando con toda su plenitud como él podía, en el misterio de la vida, que es también un misterio.

Por eso Gerardo Nava creo que nos deja a los de Acción Nacional y a los demás compañeros que quieran compartir su ejemplo, un ejemplo a seguir, un ejemplo que puede invitarnos a la reconsideración de nuestra existencia, que puede invitarnos a la reflexión sobre el sentido de nuestros actos, que puede invitarnos a la reflexión sobre todo lo que hacemos, para qué lo hacemos, con quién lo hacemos, cómo lo hacemos.

El misterio de la muerte, decía yo, es un misterio que se nos impone, es un misterio en el que en ocasiones sólo podemos callar, porque no hallamos qué decir, no sabemos cómo describir aquellos momentos de la existencia, no sabemos describir la enfermedad que lo arrebató de la vida, no conocemos su experiencia de la muerte, la experiencia de la muerte es la única experiencia que los hombres tenemos, sin poderla transmitir jamás; en el momento en que un hombre muere, en ese momento se hace el incomunicable con los demás hombres, no se puede comunicar en ningún sentido, por eso, no podremos saber jamás en qué consiste esa experiencia.

Pero los cristianos sabemos y en estos días estamos por celebrar el gran misterio de la muerte de Cristo, del dios hecho hombre, que quiso hacerse fuerte hasta el último apuro de la vida, para salvarnos, para rescatarnos. Dios no anda a medias, Dios no se compromete a medias y asumió el misterio de la vida del hombre con toda su plenitud y quiso morir por nosotros y porque Cristo murió por nosotros y porque Cristo resucitó, nosotros tenemos esperanza de que Gerardo, muerto, resucitará con Cristo en el último día y un día podremos compartir no las alegrías de la Cámara de Diputados, no las alegrías de la militancia política, no las alegrías de la vida familiar, sino la alegría sin par y que nunca se acaba.

Por esa esperanza compañeros diputados, les pido que no olviden a Gerardo Nava y lo encomienden ciertamente en su oración, pero sobre todo que aprendamos de su ejemplo.

Gracias.

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado José Manuel García García, sobre el mismo tema.

El diputado José Manuel García García:

Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso; compañeros diputados:

Como coordinador de la diputación de Querétaro, de la fracción priísta, nos unimos a la pena que embarga por la muerte de nuestro compañero Gerardo Nava, a todos nosotros y a toda su familia y desde esta tribuna hacemos un amplio reconocimiento a la tarea, a la labor, al trabajo que realizó Gerardo Nava, no nada más en Querétaro, sino en otras muchas partes de la República en donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntos.

Gerardo Nava fue un hombre que luchó por sus ideales, fue un hombre que trabajó incansablemente en beneficio de la ciudadanía de Querétaro. Es por eso que nosotros, a nombre del pueblo de Querétaro, les pedimos a todos ustedes que le hagamos un amplio reconocimiento a Gerardo Nava, por su lucha, por su entrega, por su capacidad.

Nosotros estaremos siempre, siempre al pendiente de que podamos ayudar y apoyar a la familia de Gerardo Nava.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosario Robles Berlanga, sobre el mismo tema.

La diputado María del Rosario Robles Berlanga:

Compañeras y compañeros:

A nombre de la fracción parlamentario del PRD quisiera recordar en este recinto a Gerardo Nava.

Gerardo Nava participaba en la Comisión de Desarrollo Social que presido y sólo puedo recordarlo como un hombre valiente, trabajador, responsable y quisiéramos reiterarles a nuestros compañeros del Partido Acción Nacional, que sentimos muy, muy profundamente su pérdida y que esperamos que el ejemplo de Gerardo Nava siga presente en los trabajos que realizamos los de la Comisión de Desarrollo Social y los legisladores de esta Cámara de Diputados.

Gracias.

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Guzmán, sobre el mismo tema.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Compañeras y compañeros; de Acción Nacional:

Nuestro grupo parlamentario se une también a la pena que embarga a la familia del compañero Nava y a la de la fracción de Acción Nacional.

Las diferencias políticas, la confrontación parlamentaria, el camino que hemos seguido en este año y medio nos ha llevado a conocernos un poco más y a pesar de esas diferencias entendernos como hombres, como mujeres, como compañeros.

En ese sentido, más allá de estas diferencias políticas, más allá de nuestra confrontación, más allá de aquellas cuestiones que no nos unen por obvias razones ideológicas, sí nos une la fraternidad y el compromiso de saber que estamos, como lo hizo el compañero Nava, en el esfuerzo de construir un México mejor.

Reciba pues, por su conducto su familia del compañero Nava y ustedes, las condolencias de nuestra fracción parlamentaria.

Gracias.

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Crisóforo Salido.

El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:

Muchas gracias, compañeros diputados:

El grupo de Diputados Ciudadanos se une con pesar al dolor de la familia de nuestro compañero Gerardo. Descanse en paz.

Esperamos que el paso que hoy ha dado, sea el paso de su descanso eterno y de su felicidad.

Muchas gracias.

PROTESTA DE DIPUTADO SUPLENTE

La Presidenta:

Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Rosa Margarita Guerrero Aguilar, diputada suplente electa por la quinta circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Agustín Torres Delgado, Víctor Manuel Rubio, Joaquín Rodríguez Lugo e Ysabel Molina Warner.

La secretaria María Teresa Cortez Cervantes:

Se suplica a la comisión que cumpla con este encargo.

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

La Presidenta:

Ciudadana Rosa Margarita Guerrero Aguilar:

¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.

La ciudadana Rosa Margarita Guerrero Aguilar:

Sí, protesto.

La Presidenta:

Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL

La Presidenta:

Se encuentra a las puertas de este recinto una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.

Se designa para introducirla a los siguientes diputados: Jaime del Río Navarro, Rogelio Zamora Barradas, Alejandro Zapata, Gloria Sánchez Hernández y Eduardo Guzmán Ortiz.

Se concede el uso de la palabra al asambleísta Germán Aguilar Olvera.

El asambleísta Germán Aguilar Olvera:

Gracias, señora Presidenta; honorables diputados del Congreso de la Unión; señoras y señores:

Con beneplácito esta comisión asiste para informar ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sobre el inicio de actividades del periodo de sesiones ordinarias en el segundo año de ejercicio de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Durante el periodo que iniciamos el pasado 15 de marzo, esta legislatura del Distrito Federal comenzó sus actividades con la ratificación de los delegados políticos propuestos por el regente de la Ciudad de México, licenciado Oscar Espinosa Villarreal, en las demarcaciones de Cuauhtémoc, Xochimilco, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

El pasado día 20 del presente mes compareció también el procurador de Justicia del Distrito Federal, licenciado José Antonio González Fernández, para informar al pleno de la Asamblea legislativa sobre el estado que guarda la administración de la Procuraduría y las actividades que desarrolla para enfrentar lo que ha pasado a ser el problema principal de esta ciudad, es decir, el de la inseguridad pública.

En ese mismo tenor, el día de ayer asistió a la Asamblea el secretario de seguridad pública, licenciado David Garay Maldonado, para informar sobre las acciones que emprenden los diferentes cuerpos policiacos para la prevención de los delitos en la ciudad, la cual se reconoce es producto de la grave crisis económica que padece nuestro país.

En ambos casos estamos seguros que tras los cuestionamientos de los representantes a los informes de labores presentados, ambas comparecencias habrán de arrojar resultados positivos en la búsqueda de soluciones conjuntas a la problemática que aqueja a la ciudadanía de esta ciudad.

Asimismo, informamos que se tiene programada la comparecencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como también la discusión de la Ley Ambiental, la de Establecimientos Mercantiles y la de Fomento a la Vivienda, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y al Programa de Desarrollo Urbano, todas ellas del Distrito Federal.

Finalmente, dentro de las actividades de la Asamblea de Representantes, se otorgará la Medalla al Mérito Ciudadano, sin soslayar los asuntos de coyuntura que también son parte de la temática a discutir en nuestra Asamblea de Representantes.

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal cumple así las tareas que la ciudadanía le ha encomendado y las cumple con la certidumbre de que habrán de reflejarse en una más y mejor convivencia social.

Por eso mismo desde esta tribuna hacemos una cordial invitación para que se desabroje el camino que conduce a la reforma política nacional, que no se detenga en el asunto, aunque central, pero meramente electoral, pues por encima de los intereses partidistas están los de toda la sociedad.

Hoy no será posible avanzar en la solución de los graves problemas que aquejan a los mexicanos sin una toma de decisiones de gobierno consensada, sin la injerencia directa de los ciudadanos en la elección de sus autoridades, sin un avance plenamente democrático en nuestro país.

En este mismo marco de la reforma política nacional, en lo concerniente al Distrito Federal, los 27 puntos consensados entre las diferentes fuerzas políticas y el Gobierno del Distrito Federal como base para la reforma, estamos seguros que se embarcarán en mayor participación de los ciudadanos para entrar de lleno a formas de elección y de gobiernos más democráticos para esta ciudad capital de la República.

Por ello, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como órgano Legislativo máximo de la ciudadanía de la capital de la República, ha estado y permanecerá pendiente del proceso y continuidad que se le dé a estos puntos en las instancias legislativas correspondientes, como lo es en este caso esta Cámara de Diputados.

La sensibilidad política de las fuerzas representadas aquí, será fundamental para alcanzar una plena democracia, demanda fundamental no solamente de los ciudadanos de la capital de la República sino una demanda central, trascendental e importante para la historia contemporánea de nuestro país de todos los mexicanos.

Muchísimas gracias.

La Presidenta:

Señor asambleísta Germán Aguilar Olvera. A nombre de los integrantes de la Cámara de Diputados, envío un afectuoso saludo a los señores asambleístas.

Se ruega a la comisión designada acompañar a la Comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, cuando deseen retirarse.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El secretario Cruz Pérez Cuéllar:

«Escudo Nacional. Poder Legislativo del Estado de Baja California. XV Legislatura Constitucional.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.

Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de la XIV Legislatura del Estado de Baja California, celebrada el día 29 de febrero del año en curso, se acordó solicitarles muy respetuosamente tengan a bien proporcionarnos toda la información disponible respecto al proceso de finiquitación que la Contaduría Mayor de Hacienda de ese honorable Congreso realiza, con respecto a la concesión del tramo carretero La RositaLa Rumorosa. Lo anterior, a efecto de que nuestro Poder Legislativo local cuente con la información necesaria, para contribuir a la solución de este problema que es de sumo interés para la comunidad bajacaliforniana.

Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente y esperando una respuesta favorable, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, Baja California, marzo 1o. de 1996. Diputados: Juan Jesús Algravez Uranga, presidente y Ramiro Paz Hernández, secretario.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para su conocimiento.

ESTADO DE TABASCO

La secretaria Josefina Silvia Balleza Sánchez:

«Escudo Nacional. Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tenemos el honor de comunicar a usted, que con fecha 28 de febrero del año en curso se llevó a cabo la elección de presidente y vicepresidente de la mesa directiva que presidirá los trabajos legislativos de este honorable Congreso en el mes de marzo, resultando electos los diputados:

Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, presidente y Luis Arturo de la Fuente Sánchez, vicepresidente.

Sin otro particular hacemos propicia la ocasión para reiterarle nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, 1o. de marzo de 1996. Diputados: Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, presidente y Rubén Ascencio Wade, secretario.»

De enterado.

REPUBLICA DE ESTONIA

El secretario Manuel Enrique Russek Valles:

«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 20 del presente:

"La licenciada María Julia Carabias Lillo, secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.

Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgan la condecoración relativa."

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 26 de marzo de 1996. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

REPUBLICA DE GUATEMALA

El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:

«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 19 del actual, manifestando lo siguiente:

"El contralmirante CG Diplomado de Estado Mayor José Luis Figueroa Cuevas, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración "Cruz de Mérito Militar de Primera Clase", que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.

Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 26 de marzo de 1996. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El secretario Desiderio Camacho Garibo:

«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

En oficio fechado, el día 19 de febrero próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Mucho agradeceré a ustedes, de no mediar inconveniente para ello, tengan a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.

Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.

José Arturo Colín Pineda, inspector de mantenimiento; Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."

Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se menciona.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 15 de marzo de 1996. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

MARCO ANTONIO IGNACIO RASCON CORDOVA

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Marco Rascón Córdova.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Compañeras diputadas, diputados:

He venido a tomar uso de la palabra para ofrecer disculpas a esta Cámara y las diputados y diputadas, por mi exabrupto el día martes al calor de los insultos y las vidas personales. Esto fue delicado.

Yo no tengo derecho, ningún derecho, es ruin y bajo meterse en la vida privada de algún diputado o diputada.

Quiero también retirar cualquier referencia que quedara como juicio homofóbico, porque para mí ser gay no es un insulto ni un argumento. Y por eso ofrezco disculpas por haber usado el término gay para descalificar la vida privada de dos diputados.

Me comprometo a desistir de cualquier uso de estos argumentos personalísimos, porque esto descalifica el debate y el ambiente de libertad en esta Cámara.

Muchas gracias.

ECONOMIA NACIONAL

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosario Robles Berlanga sobre el tema: política social y descentralización del ramo 26.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga:

Compañeras y compañeros legisladores:

Justamente en este año internacional de erradicación de la pobreza, el Gobierno mexicano ha renunciado a instrumentar una estrategia de desarrollo social y con ello a sentar las bases para superar la miseria en la que viven millones de mexicanos.

Incumple así los compromisos contraídos en el marco de la cumbre mundial de desarrollo social, para acatar eso sí, puntualmente, los acuerdos establecidos con el Banco Mundial a cambio de préstamos multimillonarios en dólares.

Paradójico pero cierto; ¿acaso sabían ustedes que mucho antes de que en la Cámara de Diputados una mayoría aprobara modificaciones constitucionales y ratificara una estrategia de gasto público, ya el Gobierno mexicano y el Banco Mundial habían comprometido cambios significativos?

¿Sabían ustedes que existe la estrategia del Banco Mundial para cada país y que en el documento de México se analizan préstamos condicionados a la reforma del sistema de pensiones y la flexibilización del mercado laboral, a la privatización de los puertos, aeropuertos, telecomunicaciones por vía satélite, ferrocarriles y petroquímica secundaria.

Y todavía más: ¿sabían ustedes que en materia social se habla de descentralización de los recursos de combate a la pobreza, de aplicar criterios de costobeneficio y de tender a eliminar los subsidios en materia alimentaria focalizando las políticas en la población más vulnerable.

Todo esto y más se discute no aquí en México, ante los legisladores, sino en Washington, ante los directores ejecutivos del Banco Mundial y con la presencia de altos funcionarios mexicanos.

Próximamente, más pronto de lo que suponemos, el Gobierno mexicano asistirá a rendir cuentas para la evaluación, por parte de ese organismo, de nuestros avances para garantizar que sigan fluyendo los préstamos que por ese concepto ascienden a 8.4 billones de dólares.

No por nada, mujeres y organismos no gubernamentales de todo el mundo, decidieron en Beijing emprender la campaña: "El Banco Mundial en la mira de las mujeres", por la incidencia que esta institución está teniendo en las políticas macroeconómicas de sus contrapartes deudoras y el costo social de las mismas que ha afectado a millones de seres humanos.

En relación a la política social y el combate a la pobreza, las estrategias del Banco Mundial se han aplicado puntualmente en nuestro país, a pesar de que los mexicanos todavía no conocemos, a un año y medio de Gobierno y a casi un año de haberse presentado el Plan Nacional de Desarrollo, un programa sectorial que delimite las políticas, los objetivos y las metas que en desarrollo social se pretenden alcanzar por la actual administración.

Para muestra basta un botón: 500 millones de dólares provenientes de este organismo, han sido canalizados a las ocho entidades más pobres del país, bajo los siguientes criterios negociados, así lo establece el documento del banco, por el Gobierno mexicano.

Las inversiones del proyecto serán orientadas a las áreas rurales, se aplicarán a proyectos pequeños y baratos, se implementarán a partir de grupos comunitarios, se hará el pago de peones para rehabilitar los caminos y mantener las obras y se distribuirán los recursos a través de una fórmula. Cualquier parecido con el artículo 16 del decreto de egresos de la Federación que aprobamos en diciembre, no es, a diferencia de las películas, una mera coincidencia.

El único problema es que estos criterios fueron acordados muchísimo antes de que nosotros aquí, en este recinto, discutiéramos la descentralización del ramo 26 y lo que es más grave, en el documento se establece con toda nitidez, que la fórmula será convenida previamente entre la Sedesol y el Banco Mundial; se definen techos financieros para las obras en cuestión, se aceptan garantías de que la Sedesol informará oportunamente al banco si se acepta la evaluación física de desempeño del proyecto, para evaluar el éxito del programa anualmente, hasta 1998.

Pero la estrategia de los organismos financieros internacionales no se reduce a la descentralización. La focalización de los recursos, la promoción de empleos temporales en las zonas rurales, la puesta en marcha de un paquete básico para grupos más vulnerables y la satisfacción de las necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda por la vía del mercado, para los demás sectores de la población; la eliminación de subsidios en materia alimentaria y la liberación de los precios de los productos básicos, son su complemento. De hecho, entre el 22 de mayo y el 6 de junio de 1995, en una reunión celebrada en México entre el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno, en el acta del evento llamada "Revisión de Implementación de la Estrategia", se perfilaba ya la propuesta de impulsar un programa que combinara elementos de educación, salud y alimentación para los grupos más pobres.

Muchos meses después, nos enteramos por medio de un periódico de circulación nacional, que estas sugerencias pretenden concretarse a través del programa integral de educación, salud y alimentación, que no es otra cosa que la idea largamente acariciada de nuestro subsecretario de egresos, de poner en práctica su propuesta de introducir una "tarjeta para pobres". La famosa tarjeta inteligente, con la que podrán adquirirse productos básicos, sustituyendo el subsidio en especie para compensar la necesaria liberación de los precios del maíz y de la leche, cuyos mecanismos de regulación, opina nuestro flamante funcionario, educado en Estados Unidos, distorsionan el mercado.

Algunas perlas ilustran la argumentación de tan inteligente subsecretario. Veamos.

Ante la inevitabilidad del aumento de los precios de los alimentos básicos se habla en el documento de los aumentos en el maíz del 118.2% y del 71.4%, lo primero en la zona metropolitana y lo segundo en el resto del país. De un incremento inicial del 20% a la leche y del 5% adicional durante cinco meses y un aumento del 20% al frijol.

"Ante este aumento de los precios de los productos básicos y la inconveniencia - dice el documento - de un aumento de salario, se tendría que proteger a los grupos en extrema pobreza". En esta lógica la tarjeta para pobres condicionará la entrega de un miserable apoyo de 70 pesos al mes, a la comprobación de que los beneficiarios asistan a las clínicas o envíen a los niños a la escuela, como si no lo hicieran por desidia o apatía de sus padres y no por circunstancias y condiciones socioeconómicas.

Aún hay más. "Debe cuidarse -se sigue argumentando - que el programa se rija por criterios de eficiencia, recomendando que el Gobierno se retire de la producción y provisión de alimentos, cuando existan alternativas privadas y cuidando que el monto de la transferencia no afecte la decisión del individuo a trabajar más y lo haga optar por el ocio". Ya lo saben ustedes como son de flojos esos pobres, que prefieren migajas a cambio de buscar un empleo que todos sabemos son tan abundantes.

Y añade el documento "que es absolutamente necesario resistir las presiones a transferencias demasiado altas, por lo que para evitar un impacto político desfavorable se sugiere iniciar su aplicación a más tardar en el segundo semestre de 1996 y mantener todavía en el padrón a grupos clientelares que aunque no son elegibles podrían generar una inconformidad social perjudicial para las elecciones de 1997".

Finalmente, se habla de eficientar el uso de recursos cuando la puesta en marcha de la tarjeta representa un costo de siete dólares por persona, solamente para introducir la tecnología necesaria para hacerla efectiva.

La propuesta de la tarjeta para pobres no sólo es humillante, pues afecta la dignidad de los mexicanos. Refleja, sobre todo, una absoluta ignorancia de la realidad de este país, parte de una medición absolutamente conservadora de la extrema pobreza al ubicarla en tan sólo 14 millones de hombres y mujeres y desconoce que no pueden aplicarse políticas compensatorias y focalizadas, cuando la pobreza alcanza ya a las dos terceras partes de la población nacional.

Incluso, en esta lógica de dirigir el recurso a una población objetivo, las políticas gubernamentales están demostrando sus límites. Tal es el caso de la descentralización del ramo 26, que una vez que lo distribuyeron los gobernadores aplicando cada uno criterios diferentes y fórmulas diferenciadas, se concentró sobre todo en las capitales y ciudades intermedias, castigando una vez más a los municipios más pobres del país, cuando el objetivo era que dichos recursos llegaran precisamente a esas regiones.

De acuerdo a un análisis realizado por la Comisión de Desarrollo Social, 31 capitales de los estados concentran casi el 10% de los recursos. Mientras que 31 municipios, considerando el más pobre de cada Estado, apenas representan el 2.6% del total y esto no es todo: ¡31 ciudades que ocupan las asignaciones de primer lugar en cada Estado, abarcan el 10.4% del total. Mientras que los 496 municipios mayoritariamente indígenas en los que se concentra la pobreza extrema, tan sólo representan el 16% del total de recursos descentralizados! ¿De qué focalización estamos hablando.

Además de estos problemas y a pesar de los criterios establecidos por los diputados en el decreto de egresos de la Federación, los municipios no han podido ejercer con autonomía los recursos que les fueron asignados.

¡La Sedesol y los gobiernos de los estados están imponiendo sus normas! ¡Se establecen "techos financieros" para las obras! ¡Se están montando comités de desarrollo municipal, a partir de la estructura del partido oficial! ¡Se descuentan deudas anteriores de los municipios y se incorporan, como parte de estos recursos, programas que como el de desayunos escolares, despensa y abasto, están contemplados en otros ramos del presupuesto!

¿De qué se trata? ¿De simular un federalismo y el fortalecimiento del municipio o de redistribuir real y efectivamente no sólo recursos, sino decisiones, competencias y atribuciones a los municipios.

En este contexto no podemos dejar de mencionar la actuación del gobernador de Puebla, el único que publicó las asignaciones presupuestales a los municipios un mes después de la fecha límite que establecía el decreto y el que sólo está informando la distribución de 198 millones de pesos, cuando le fueron asignados 418 millones a dicha entidad, 220 más de los que señala en su periódico oficial. Alguien diría por ahí muy oportunamente que: "genio y figura, hasta la sepultura".

Toda esta situación no sería importante si no estuviéramos hablando del futuro de millones de mexicanos a los que las actuales políticas macroeconómicas han dejado sin empleo, sin patrimonio familiar, sin ingresos y sin futuro. Por ello, es absolutamente urgente la intervención del Legislativo y ahí van nuestras propuestas.

Reiteramos lo que hemos venido haciendo desde múltiples foros: la elaboración de una Ley de Desarrollo Social y la constitución de un consejo ciudadano nombrado por la Cámara de Diputados para vigilar la aplicación y los efectos de estas políticas con capacidad de recomendar estrategias alternativas.

En lo inmediato proponemos solicitar la presencia del Secretario de Hacienda y de la Sedesol, para la explicación de su programa de tarjetas del hambre ante las comisiones de Abasto, Salud, Educación, Desarrollo Social, Hacienda y Programación y Presupuesto.

Del mismo modo, que las comisiones de Programación y Presupuesto, Desarrollo Social y la Contaduría Mayor de Hacienda analicen seriamente el caso de Puebla, para determinar el incumplimiento o no del decreto aprobado por esta Cámara.

Asimismo, solicitamos al Presidente de la Cámara solicite al Ejecutivo todos los documentos del Banco Mundial arriba referidos, para que se nos entreguen en un plazo de una semana y proponga asimismo una comisión de legisladores para asistir a la reunión de evaluación de los proyectos de México y en los que se negocia nuestro futuro, que se realizará próximamente.

Compañeras y compañeros: la propuesta inmoral de una tarjeta para pobres y la descentralización de los recursos para el combate a la pobreza sin una estrategia nacional de desarrollo social, son la expresión más clara y contundente de que el Gobierno renuncia a su función social.

El reto del crecimiento deja de ser entonces la eliminación de la pobreza. La estrategia ya no será erradicar sino radicar la pobreza, pues ésta es imbatible dentro del actual modelo económico.

Se acepta, como lo hiciera el Nigromante en el Siglo XIX, que en la perspectiva neoliberal la pobreza es una enfermedad incurable. Basta recordar que en el lapso de los últimos gobiernos neoliberales se han producido más de 2 millones de pobres nuevos y en este contexto las políticas adquieren su mayor nivel de sofisticación, al desplazar definitivamente el discurso de los derechos sociales por el de ayuda focalizada y por goteo, con tarjetas electrónicas para pobres, concebidos ellos como molestos personajes, como si estuviéramos en la época de los leprosarios y las casas para locos.

Nos encontramos así, compañeros, ante una gran disyuntiva, focalización contra universalidad de los derechos humanos y sociales, abandono de la función social del Estado y rendición ante el mercado por parte de nuestro gobierno actual, tarjetas para pobres que sustituyen la posibilidad de un salario digno, divorcio entre la economía y lo social y entre la economía y la política, multiplicación y dispersión del recurso, criterios de rentabilidad a costa de la vida de millones de hombres y mujeres de nuestro país.

El grave modelo para el problema es, hasta el momento, que aún no encuentra las claves para dominar sin tanto problema o complicación a tanto mexicano levantisco. Ahí están los indígenas de Chiapas, Tabasco y Guerrero para evidenciar su fracaso, ahí están las voces airadas que desde los más diversos sectores sociales se están levantando ante la falta de ética gubernamental en su renovada estrategia social.

Urge entonces abrir un amplio debate nacional y construir un gran consenso para llevar a cabo una verdadera política de desarrollo social y de combate efectivo a la pobreza. Urge poner en marcha una profunda reforma del Estado en la que la reforma social se constituya en el corazón de un nuevo pacto entre los mexicanos que garantice un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y soberano.

No nos pueden seguir gobernando. Es vergonzoso que nos sigan gobernando quienes opinan que no hay que alimentar a los pobres porque sólo es alimentar a los parásitos y que sólo es para satisfacer las necesidades de los parásitos que se alojan en sus estómagos, esto no lo digo yo, lo dice Santiago Levy, que es tiempo entonces, compañeros diputados, compañeros de todas las fracciones parlamentarias, de quitarnos esta vergüenza, es tiempo, es hora de recuperar la nación.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jorge Dávila y Juárez, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Pareciera que el concepto de desarrollo dentro del marco que hoy el Gobierno de México tiene, se redujera exclusivamente a infraestructura urbana y el combate a la pobreza; coincidiendo con la diputada anterior, se reduce a entregar tarjetas a pobres con fines que obviamente podrán derivar inclusive en coacción electoral posterior.

El simple hecho de generar el desarrollo al margen de lo que la población siente, al margen de lo que realmente el mexicano siente como desarrollo, el plantearnos exclusivamente pavimentaciones o infraestructura urbana, es un planteamiento que en sí mismo no plantea posibilidades reales de desarrollo.

Hoy, en aquellos países donde hay seguro de desempleo ya que en México hay desempleo seguro, realmente tendremos que meditar en un gran debate nacional: ¿qué es para los mexicanos el desarrollo? ¿Qué implica desarrollar una población que es el único sentido por el cual existe un gobierno? Un gobierno existe para desarrollar a su población y ciertamente las políticas implantadas han hecho que el crecimiento de la pobreza sea cada vez mayor, han hecho que el desarrollo de México se vea como una quimera posible y hoy, en el reconocimiento absoluto de su derrota, se plantea la tarjeta para pobres que obviamente se distribuirá con criterios selectivos, poco claros y que en un momento determinado no beneficia a nadie, porque ciertamente dar, dice el adagio chino, "dar hoy un peso a un pobre, significa que comerá hoy, pero enseñarlo a pescar significa que comerá siempre".

Desarrollar a la población es enseñarla y es que realmente, a través de sus propias fuerzas logre el avance económico planteando las condiciones que permitan que la población se desarrolle.

Las políticas implementadas en los últimos sexenios y en el actual sexenio no marcan la posibilidad de una población que crezca hacia un futuro que realmente sea prometedor, las condiciones son cada vez más negativas y nuestra población sigue sufriendo y hoy indignamente se le plantea este problema de las tarjetas para pobres que ciertamente atenta contra la dignidad de la persona y atenta contra la dignidad nacional.

No es posible que sigan pasando estas cosas, ya que una supra secretaría creada con el objetivo de combatir la pobreza, ha demostrado en dos sexenios que ha sido un fracaso absoluto, que desarrollo no es infraestructura urbana, que no se trata solamente de centralizar sino que se haga un plan concreto, global, de todos los mexicanos, en donde se involucren todos los gobiernos estatales y todos los gobiernos municipales para que incidan en crear las condiciones para que la población mexicana logre su desarrollo.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Antonio Godina Herrera.

El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados.

Estoy convencido que uno de los grandes consensos que tenemos los mexicanos es el compromiso para combatir, para superar la pobreza que aqueja a millones de nuestros compatriotas. La manera, la forma en que el Gobierno Federal y esta Cámara de Diputados en particular, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, los instrumentos que se aprueban para ayudar a superar la pobreza no se concentran tan sólo en el ramo 26, superación de la pobreza, sino que se reflejan en que el 53% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación se dedica a programas sociales.

Se gasta, como todos sabemos aquí, una gran cantidad de recursos en educación, una gran cantidad de recursos en salud, en capacitación para el trabajo y obviamente 11 mil millones de pesos aprobados para 1996 en el ramo 26 de solidaridad, que era solidaridad y que por una decisión de esta soberanía se denomina ahora superación de la pobreza para darle esa connotación importante y que nos compromete a todos con este gran propósito nacional.

Sin embargo, quisiera precisar algunas cosas en relación con los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. Una de las grandes discusiones al interior de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, ha sido cómo transparentar los subsidios y cómo hacer que estos subsidios no sean indiscriminados sino que lleguen de manera real al que directamente benefician.

Sin duda alguna y los que hemos hecho campaña en los diferentes distritos de este país sabemos, los que recorremos los distritos de este país, sabemos que entre cinco y seis de la mañana una gran cantidad de mexicanos deambulan por las lecherías con una tarjeta para solicitar un precio preferencial para la leche y otros más hacen lo mismo para conseguir un kilo de tortilla a un precio más accesible.

Sentimos que estos mecanismos se tienen que afinar, que la política social del Gobierno de la República tiene que caminar por un sentido donde los subsidios lleguen a quienes lo necesitan y sobre todo de manera digna y de manera transparente.

Por eso es necesario, sin duda, que en el seno de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública asistan los funcionarios como lo hicieron el día de ayer por ejemplo, en conjunto con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para analizar, para revisar, para evaluar lo que se refiere al ejercicio de las finanzas públicas, al cuarto trimestre de 1995 y asimismo, tendrán que rendir cuentas, tendrán que asistir a estas comisiones para comentar qué ha pasado con los transitorios que aprobamos en esta Cámara de Diputados, es decir, el redireccionamiento de una gran cantidad de recursos que se tenían que recortar del presupuesto e incrementar así el fondo de participaciones federales y otras enmiendas que se establecieron en ese documento aprobado aquí en diciembre pasado.

En relación con el caso del Estado de Puebla, hay varias cosas que es menester comentar en esta tribuna.

Como señalaba, el artículo 16 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, establece para el ramo 26 superación de la pobreza, un importe de 11 mil millones de pesos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 7,150 al Fondo de Desarrollo Municipal, 500 al Fondo de Prioridades Estatales, 3,350 al Fondo para la Promoción del Empleo y Educación.

Conforme al mismo artículo, se establece que antes del 31 de enero de 1996, se tendría que publicar en el Diario Oficial la metodología y la fórmula para distribuir los recursos del Fondo de Desarrollo Municipal exclusivamente, previo dar cuenta a las comisiones de Programación y Presupuesto y de Desarrollo Social.

Asimismo, en el decreto de aprobación del presupuesto, se establece que la Secretaría de Desarrollo Social convendría con los estados, en el marco de los convenios de desarrollo social, la distribución de los recursos del fondo citado, con base en indicadores similares a los que establece la fórmula de la Secretaría de Desarrollo Social, es decir, indicadores tanto de pobreza, de marginalidad, como de rezago en infraestructura urbana.

Se aprobó que la distribución entre los municipios se publicara asimismo el 15 de febrero en el órgano oficial respectivo en cada Estado de la República. Ahí mismo se estableció que los rubros en los que se pueden utilizar los recursos son, entre otros, agua potable, alcantarillado, drenaje, infraestructura educativa y de salud, crédito a la palabra e infraestructura para el desarrollo rural.

Conforme al decreto mencionado, en los estados y municipios se convino en promover la participación ciudadana en el destino y aplicación y vigilancia de los recursos federales y estatales convenidos en la materia y en el Estado de Puebla se utilizó un esquema que está aprobado en la Ley de Planeación del Estado e incluso se retoma de la Ley de Planeación Nacional, en relación a conformar una Comisión de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, los Copladep y en cada uno de los 217 municipios del Estado de Puebla se está en proceso de conformar los comités de planeación para el desarrollo municipal.

El 5 de enero del año en curso, la Sedesol publicó la fórmula, la metodología y los montos a ser distribuidos, los cuales suman 7 mil 150, como ya dije, y al Estado de Puebla le correspondió la cantidad de 418.7 millones, es decir, alrededor del 60% del total distribuido y esto tiene una lógica en el sentido de que Puebla es uno de los estados en los que se concentra una gran cantidad de población en pobreza extrema, no sólo en las zonas rurales, evidentemente ahí se agudiza, no sólo en las zonas indígenas, no sólo en los 118 municipios con población indígena, sino también en las zonas urbanas de Puebla, en la ciudad de Puebla hay zonas de una gran pobreza, de una oprobiosa pobreza.

El pasado 11 de enero, para ser precisos, el Gobierno Federal y el gobierno del Estado de Puebla firmaron el convenio de desarrollo social, mediante el cual cada parte se compromete a aportar 418.7 millones de pesos. Puebla es uno de los pocos estados de la República que participa en el Programa de Superación a la Pobreza uno a uno; por cada peso que la Federación pone para combatir la pobreza, los poblanos aportamos un peso más entre las aportaciones del gobierno estatal y las aportaciones de los beneficiarios de esas obras.

Más o menos los números quedan de la siguiente manera: 418.7 por parte del Gobierno Federal; 251.2 el estatal y 167.5 para los beneficiarios de cada una de las obras.

La razón por la cual no se publicó a tiempo en el periódico oficial, se debe a que como todos ustedes saben, este tipo de negociaciones, este tipo de firmas llevan un tiempo determinado y también conforme lo establece el mismo decreto, en cada gobierno estatal también se van a descentralizar recursos, no sólo recursos sino también responsabilidades, se va a descentralizar lo que refiere al mobiliario, al equipo y en ese sentido ese convenio, en el cual se establecen los gastos indirectos que implica la descentralización, ese convenio apenas se acaba de firmar en días pasados y ésa fue la razón por la cual se publicó el 15 de marzo, para ser exactos en el periódico oficial.

En Puebla estamos comprometidos con un programa intenso de apoyo al desarrollo social; contamos no sólo con el programa de desarrollo regional angelópolis, que tiene un impacto en la vida de la comunidad, en zonas urbanas marginadas muy importantes, sino también en un programa de desarrollo de las zonas indígenas.

Este programa de desarrollo de las zonas indígenas, absorbe una gran cantidad de recursos de esos programas. También en la Sierra Norte, en la Mixteca, en la Sierra Negra, existen programas de desarrollo comprometidos con el beneficio de los que menos tienen.

Con el propósito de aclarar, sobre todo de aclarar la posición del gobierno de Puebla, en ese sentido, la posición de la fracción parlamentaria poblana del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara, me quiero permitir, señora Presidenta, para poner a la disposición de las compañeras y compañeros diputados, dejar en la Secretaría tres documentos: uno, la publicación en el Diario Oficial de Puebla de la distribución por municipios, en los cuales destaca que los municipios marginados reciben una gran cantidad de recursos, la mayoría de ellos y la ciudad de Puebla como capital del Estado, también con fuertes problemas de marginación, recibe tan sólo alrededor de 16 millones de pesos para 1996 y en conjunto los municipios que el pasado 12 de noviembre resultaron con una victoria de un partido diferente al que yo pertenezco, también se ven beneficiados con una gran cantidad de recursos para soportar su desarrollo.

Pero el programa indígena, los programas de prioridades estatales, como son el Programa de la Mixteca, de la Sierra Negra, de la Sierra Norte, tiene una gran participación del gobierno del Estado, porque son programas que implican el apoyo a microrregiones y el apoyo a microrregiones implican también obviamente programas intermunicipales, donde la coordinación del gobierno estatal resulta fundamental para optimizar el uso de recursos que sabemos que son escasos.

Entonces quiero dejar aquí a la Secretaría el convenio de desarrollo social, firmado por el Gobierno Federal y el gobierno estatal y también éste recientemente acordado, un acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el gobierno del Estado de Puebla, con objeto de determinar los montos y modalidades a que se sujetará la aplicación de los recursos correspondientes a gastos indirectos del Fondo de Desarrollo Municipal, que es un aspecto de la negociación que seguramente no se tenía contemplado, al establecer el 15 de febrero como fecha límite y que explica en buena medida el retraso.

Estamos pues en consonancia con los que me antecedieron en el uso de la palabra, en procurar una política de desarrollo social integral, una política de desarrollo social que busca atender a los que menos tienen.

El reto para todos, creo que los estableció para todos los mexicanos y que en buena medida no lo hemos sabido, no lo hemos podido cumplir todos los mexicanos, sin duda alguna es moderar la opulencia y la miseria.

Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Gracias, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Esta discusión me parece que a estas alturas ya es una discusión circular en la que no se obtienen respuestas, pero en la que en la realidad es más terca que todo lo que discutamos aquí.

Se habla en concreto y así se refirieron la compañera Robles y otro compañero, de que en este país el combate a la pobreza ha sido un fracaso. La primera reflexión que debiéramos de hacer es, ¿cómo es posible que haya un programa de combate a la pobreza, que existan cuántos millones de mexicanos, según el último dato que nos maneje la entidad respectiva, 8,18, cuántos millones? Se vanaglorian que bajaron de más de 24 a 18 y después a 15, pero mexicanos sumidos en la pobreza, y el proyecto económico del Gobierno, cuyo presupuesto fue aprobado aquí en esta Cámara, pero por la mayoría priísta, no ha sido fructífero en ese combate a la pobreza.

Y podremos ir y venir con datos de la distribución mejor o peor de los recursos de este programa y del 53% del presupuesto destinado o dirigido a satisfacer las necesidades de la población, se dice. Lo cierto es que ha sido insuficiente, ha sido apenas un paliativo y hoy nos anuncian que para institucionalizar el asunto a uno de los subsecretarios al parecer de Hacienda, se le ocurre establecer la tarjeta de pobre.

Esa es la respuesta del combate a la pobreza, no son empleos, no son satisfacción de necesidades, no son a final de cuentas el enseñar a pescar y los instrumentos para pescar, son la institucionalización de una condición que tiene hoy a millones y millones de mexicanos en condiciones infrahumanas y que atentan contra su dignidad.

Es ominoso que hoy se siga insistiendo que la política económica del Gobierno es acertada. Es ominoso que ayer el Secretario de Hacienda en la reunión internacional en la que estaba, señale que a pesar de los altos costos sociales el rumbo no se variará. O sea, a pesar de los errores, a pesar de los millones de pobres, el rumbo no se modificará, nos anuncia.

Entonces, ¿de qué estamos hablando?, estamos hablando que nuestro discurso aquí es uno y la realidad es otra. Estamos hablando que los millones de mexicanos que hace 20 años están esperando el paraíso prometido quién sabe cuantos decenios más lo tengan que esperar, hasta que una de dos: o entendamos y entienda el Gobierno y la mayoría en este país que el camino no ha sido el correcto o el pueblo lo reclame por las vías que crea justas.

¿Qué estamos esperando eso? Nos sorprendemos de la violencia en la calle, de la inseguridad, decimos que hay que bajar la edad penal para reprimir a los millones y millones de jóvenes que no tienen alternativa, los millones y millones de niños que no tienen satisfactores mínimos de estudio, de salud, de cariño.

¿Tenemos que soportar los famosos comerciales que señalan que el pobre niño quiere ser arquitecto o quiere ser enfermera o quiere ser doctora y tendrá que esperar porque no podrá serlo más, porque este año no podrá seguir estudiando.

Entonces pareciera ser, insisto, que es una reflexión inútil. Quisiera que no lo fuera y quisiera que ciertamente vinieran los funcionarios aquí y fueran a otros lados, a la realidad, a entender, a escuchar y a asimilar no como el día de ayer en donde, a propósito del caso de las Afore, pero también como ocurrió en todas sus comparecencias, nosotros los cuestionemos y pidamos aclaraciones; pidamos que se nos digan las motivaciones; pidamos que se nos digan las intenciones; pidamos, en suma, que se nos explique y se le explique al pueblo de México y se nos conteste con evasivas y se conteste que a final de cuentas la única verdad es la que ellos traen y la única certeza es la de ellos, porque no hay otra opción en este país.

No compartimos ese punto de vista; no creemos que así se pueda combatir la pobreza ni la desigualdad tan tremenda que hay en este país. Creemos que hay que cambiar las líneas que se han seguido. A eso llamamos y llamamos sobre todo a que seamos receptivos, que sea receptiva la mayoría de que el camino emprendido no ha dado resultados satisfactorios y que los datos y que las orientaciones que aquí se han señalado, son la muestra de que este camino no es el correcto, por más que se insista en que se dan recursos.

Los pobres siguen ahí, la desigualdad sigue ahí y nosotros no necesitamos ni una tarjeta de pobres para verla y para saber que hay que solucionar esta situación.

Gracias.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga (desde su curul):

Señora Presidenta, pido la palabra para rectificar hechos.

La Presidenta:

Para rectificar hechos, se concede la palabra a la diputada Rosario Robles Berlanga.

La diputada María del Rosario Robles Berlanga:

Gracias, compañeras y compañeros:

Yo creo que parte de la discusión que estamos dando el día de hoy tiene que ver con las facultades de este Poder Legislativo. Si tenemos respeto el conjunto de los legisladores que estamos aquí con las propias decisiones que tomamos. Y yo quiero recordarles a los compañeros del PRI que fueron ellos los que por mayoría aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1996. Y en este decreto, en el artículo 16, se establece con toda precisión los criterios que tenían que seguir los gobernadores para la descentralización del ramo 26.

Y por eso, compañeras y compañeros, me parece inadmisible que se diga que porque tuvo que firmarse un convenio muy complejo, el gobernador de Puebla se tardó un mes más, cuando todos los demás gobernadores publicaron, si no en la fecha del 15 de febrero, si unos días después de esta fecha, ya hay estados, compañeros, mucho más complejos que el Estado de Puebla, cito, por ejemplo, el de Oaxaca que tiene 570 municipios y que publicó en tiempo y forma. No hay pretexto.

Segundo. Efectivamente, los gobernadores tienen la atribución de aplicar los recursos de acuerdo a las fórmulas que cada uno estableció. Esto es parte del debate que estamos planteando. No puede dejarse recursos para el combate a la pobreza a criterio de fórmulas que de manera discrecional cada gobernador aplicó.

Y lo que no nos han explicado para Puebla y por eso yo pido que la Contaduría Mayor de Hacienda, junto con la Comisión de Programación y Desarrollo Social analicemos esto, lo que no nos han explicado es por qué a Puebla se le asignaron 418 millones de pesos y el gobernador sólo está publicando la asignación a municipios de 198 millones.

Dónde están, compañeros, los otros 220 que va a recibir Puebla y que tienen que ser por decreto canalizados a los fondos de desarrollo social municipal.

Y, bueno, sabíamos de la alquimia que caracteriza al gobernador en el plano electoral, pero ya desaparecer así 220 millones de pesos, pues yo creo que la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara tiene que intervenir y analizar si se está incumpliendo a lo que están obligados los gobernadores en este decreto que aprobamos aquí todos nosotros, particularmente los compañeros del PRI.

Y efectivamente el gobierno estatal de Puebla, tenemos los documentos, publicó el 15 de marzo y tiene un convenio firmado, pero los criterios no están ciñéndose, insisto, a lo que establecimos en el decreto y aun cuando hay una aportación adicional del Estado, cosa que están haciendo muchos otros gobiernos estatales, esta aportación no es cierto que sea de un peso en relación al peso aportado por el Gobierno Federal.

Y si lo es, qué bueno, compañeros, de eso se trata, porque les quiero recordar que los recursos de combate a la pobreza, de combate a la pobreza son solamente el 3% del presupuesto federal y el 0.5% del producto interno bruto, cuando estamos hablando del problema más grave que tiene esta nación.

Pero en el fondo, un último planteamiento que quisiera hacer en relación a esto, ¿estamos los legisladores, porque efectivamente los municipios, tal y como lo aprobamos, sean los responsables de la asignación de los recursos o vamos a permitir que sea la Sedesol y los gobiernos de los estados los que les impongan a los municipios los criterios, los techos financieros para las obras, el tipo de obra que tienen que llevar a cabo e incluso, como está sucediendo, se asignen las partidas presupuestales, descontando deudas anteriores de los municipios, descontando los salarios del personal de la Sedesol que están apoyando técnicamente a los municipios y descontando una serie de criterios, que no establecimos nunca en el decreto de este presupuesto de egresos de la Federación.

Por ello creo que es totalmente conveniente que se haga un análisis exhaustivo de esta situación e insisto, compañeros, en una propuesta que aquí hemos hecho. Necesitamos, necesitamos conocer cuál es la propuesta de desarrollo social, hasta ahora no se nos ha presentado, y llevamos ya casi un año de que se presentó el Plan Nacional de Desarrollo.

Necesitamos que vengan los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Sedesol a explicarnos su programa de tarjeta para pobres. Y yo les pregunto a los compañeros del PRI: ¿están dispuestos ustedes, compañeros, a que ahora el combate a la pobreza se reduzca a migajas de 70 pesos, en lugar de pelear por un salario, en lugar de pelear por un ingreso, en lugar de pelear por la justicia social? ¿Ya abandonaron esos principios? ¿Ya los convencieron, el pequeño grupo compacto, que se ha educado en Estados Unidos y que no conoce este país ni la realidad que ustedes están viviendo como legisladores? Ese es el problema.

¿Vamos a permitir que siga siendo el Banco Mundial y el Gobierno de México, el que decida el futuro de 90 millones de mexicanos? Yo creo, compañeros, y así lo hemos expresado por lo menos los legisladores del PAN, del PRD y del PT, que ésa no puede ser la opción, y los llamamos, compañeros del PRI, a rescatar su origen y a rescatar los principios que hasta ahora han mantenido como partido político.

Gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos, se concede la palabra al diputado Luis Antonio Godina Herrera.

El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

He pedido la palabra para rectificar hechos, con el único fin de aclarar algunos aspectos. En el caso de Puebla, en el convenio de desarrollo social firmado, me imagino que debe ser una cláusula similar en otros estados, no conozco otros convenios de desarrollo social, conozco el de Puebla, se afirma que al fondo total, es decir la Federación, más la aportación del Estado más los beneficiarios, se le descontarán los recursos financieros destinados a las acciones relativas a los apoyos económicos para el cultivo de áreas agrícolas de alta siniestralidad y/o baja productividad, así como disminuir la deserción escolar en primaria. Esto se debe a que hay gastos irreductibles, hay gastos del ejercicio anterior que siguen su curso y que se tienen que cubrir con estos recursos, que con mucho, para muchos municipios son los recursos que en buena medida resuelven o ayudan a resolver problemas de gasto anualmente.

La fórmula que se empleó para el caso de Puebla considera el 20% de los recursos restantes igual a todos los municipios; el 5% por el número de habitantes de cada uno de ellos; el 15% por el número de localidades de más de 100 habitantes; el 15% por la marginalidad de los municipios; el 10% al programa de desarrollo microrregional indígena y el 25% a programas interregionales.

Y no olvidemos compañeras y compañeros diputados, que los estados de la República son soberanos para poder establecer convenios de desarrollo o acuerdos de coordinación con la Federación y así lo establece el decreto aprobado por la mayoría de esta Cámara, como atinadamente se señaló a la mayoría que sí nos interesa que los recursos lleguen oportunamente a quienes benefician.

Y en lo que sí estamos totalmente de acuerdo es en que el subsidio que dé el Gobierno Federal, estatal o municipal, debe ser un subsidio bien canalizado, que no sea indiscriminado para evitar corruptelas y para optimizar el uso de estos recursos que como decimos en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, como todos reconocemos, son recursos eminentemente escasos y que a todos nos preocupa que estos recursos sirvan para lo que deben servir.

Y pueden estar ustedes seguros compañeras y compañeros diputados, que para el caso del Estado de Puebla, estos recursos se están destinando a resolver los programas de pobreza extrema que tiene el gobierno del Estado, empuja en cada una de sus regiones y sobre todo se hace con apego a la legislación tanto estatal como Federal.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Se concede la palabra para rectificación de hechos, al diputado Jorge Dávila.

El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:

Con su venia, señora Presidenta; señoras diputadas; señores diputados:

Es interesante ver cómo de la indignación que surge de tener una tarjeta para el hambre, viene nuestro compañero poblano a hablar de los convenios.

Y ya que entraron al tema de los convenios, habría que analizar qué tipo de convenios, porque cada Estado de la República tiene convenios distintos y ahí donde los gobernadores no se defendieron resulta ser que inclusive los coplades sustituyen totalmente a la autoridad electa dentro del municipio, ya que el Coplade es nombrado muchas veces por el presidente municipal al margen de su cabildo.

Un punto de controversia que en esta Cámara se dio, fue la famosa fórmula que se aplicó para el reparto y que en muchos convenios pasó idéntica a la aplicación concreta para los municipios. No estamos de acuerdo con la fórmula que se integró, esa fórmula debió haber integrado otros aspectos importantes, porque ahora resulta que los cinturones de miseria de las grandes ciudades, no van a ser atendidos.

Resulta ser con que ahí donde los pobres están en las grandes ciudades, simplemente como son ciudades, no tienen acceso a un desarrollo. Pero más grave es que seguimos la misma línea completamente, de un planteamiento de desarrollo encuadrado, etiquetado perfectamente y con dueño.

Hoy, el Partido Revolucionario Institucional está preparándose para las elecciones de 1997 y edita una tarjeta para el hambre. ¿En dónde están las condiciones de trabajo que se requieren para que el hombre se desarrolle y con él la sociedad? ¿En dónde está la calidad de educación que se brinda a los mexicanos o la vida en familia cómo está siendo promovida cuando se desintegran las familias porque tienen en forma necesaria que ir a buscar otros terrenos en el extranjero? ¿En dónde está el uso de bienes de la naturaleza nacionalmente planteado para que realmente pueda haber un progreso generacional, un progreso de toda la sociedad? ¿En donde están las condiciones de seguridad indispensables para el desarrollo del hombre? A cambio de eso, hoy parece ser que nos plantean una tarjeta para el hambre, preparándonos para las elecciones de 1997 y al mismo tiempo, se generan convenios con los estados que tienen muy diversas acepciones, y que están buscando generar la estructura paralela desbaratada de solidaridad, para plantearla al margen de los cabildos y llevarla, quizá, a un enfrentamiento exclusivamente electoral.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Graco Ramírez Abreu.

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:

Hay que tener cuidado con eso, diputado, de gritar: "duro", porque puede usted ser cuestionado para alusiones personales o desilusiones personales.

Señora Presidenta: es un honor para mí hablar ante tres compañeras legisladoras. ¿No son tres? ¡Eran tres!

Yo creo, no tiene que ver nada con lo de Rascón, Ismael, esto ¿eh?, que estamos ante la posibilidad de entusiasmarnos como legisladores, por lo que pudimos ver en la prensa el día de hoy, acerca de la conducta de varios compañeros diputados, incluso del Partido Revolucionario Institucional que se niegan y con argumentos muy contundentes, a que la banca extranjera pudiera manejar las Afore.

Ese entusiasmo que me da como legislador, de poder fijar un precedente por parte de esta Cámara de Diputados, a este grupo de economistas que tienen una visión, a veces pareciera criminal, porque tienen tal obsesión por las cifras macroeconómicas, porque tienen tal actitud fundamentalista con respecto a su modelo económico, que todas las voces y todos los argumentos y todos los señalamientos que se han hecho, no provienen de una fuerza política en particular; son los empresarios, los líderes empresariales, el Partido Acción Nacional; el PRD, que tiene una clara definición con respecto a esa política y muchos sectores del PRI.

Pero siguen impunemente aplicando su política, siguen, sin ningún recato, con toda impunidad, avanzando inexorablemente en aplicar su política económica. Allá es realidad, dirán ellos; se equivoca de realidad, nosotros tenemos la razón y seguiremos adelante y nos hablan de recuperaciones que nadie conoce, que nadie ve; nos hablan de estabilidad económica que nadie ve y que nadie conoce. La cartera vencida crece, los bancos siguen siendo subsidiados crecientemente con recursos fiscales y tenemos una situación económica y social cada día más deteriorada.

¿Por qué las "tarjetas de pobres"? ¿Es un problema de racismo? ¿Es un problema ideológico de los que toman la decisión? Además de que deben de tener una suficiente carga, una proclividad a los círculos financieros norteamericanos, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que reconocen como su suma catedral, como su templo principal.

Estos señores aplican la "tarjeta de pobre" porque en el fondo, están liberando la economía mexicana y están liberando los precios de leche y el precio del maíz, para acabar con todo lo que implique subsidios y establecer un control como efectivamente lo planteó la compañera Rosario Robles a partir de las famosas tarjetas.

¡Pero, señores diputados, desde octubre se está aplicando el programa en Campeche! ¡Y ni siquiera fuimos informados aquí por las autoridades de Hacienda y Desarrollo Social, que estaban aplicando ya un programa piloto para poder generalizarlo posteriormente! ¡Ni siquiera se planteó, con toda claridad y honestidad, que estaba implementando ya ese programa, que encabeza obsesivamente el subsecretario Santiago Levy, de Hacienda!

¡Y ya el gabinete social aprobó la propuesta de Santiago Levy! ¡Y esa propuesta implica liberar los precios en el maíz, en el frijol, en la leche, en todo aquello que representa la canasta básica y entregarle a cada madre de familia una "tarjeta inteligente", para que pueda hacer su consumo sobre la base y sobre el tope de que se le dará únicamente como incremento "hasta dos hijos"!

¿Cuántas familias mexicanas tienen "hasta dos hijos" en este país y más las más pobres de este país? ¡Es una bofetada! ¡Es una medida totalmente racista! ¡Una medida totalmente discriminatoria, irrespetuosa también de los derechos de las familias mexicanas y además el límite y el tope deciden hacerlo porque así lo deciden, "hasta dos hijos" nada más para poder incrementar la tarjeta a una madre de familia!

¡Implementan todo un modelo, a partir de que tienen que ir a un hospital, garantizar que ese niño vaya a la escuela para que le mantengan el subsidio! ¡Pero en el fondo, en el fondo es un control de la pobreza y en el fondo es una manera de justificar lo que en la realidad económica se va a llevar a cabo: que con tarjeta o sin tarjeta no habrá condiciones para que esas familias puedan elevar el consumo para su familia!

¡Es el problema de fondo! ¡Pero lo más grave, lo más grave aquí, compañeras y compañeros diputados, es que están decidiendo cosas por encima de nosotros! ¿Pues quién carambas aprueba el presupuesto y la política económica si no nosotros? ¡Y los que votan a favor de la política económica, conscientemente como lo hace la mayoría, ni siquiera a ustedes de mayoría les están informando lo que están realmente implementando detrás de lo que ustedes aprueban!

¡Porque les planteó el Seguro Social separar las Afore para aprobar primero la reforma del Seguro Social! ¡Y ahora salen con que van a manejarlas también la banca extranjera porque son también adoradores del TLC!

¡En Estados Unidos, paladín del mercado de libre comercio, sí nos pueden parar el transporte de carga, nos pueden parar la cuota de tomate, nos pueden parar el intercambio económico! ¡Y en México no hay autoridad del Gobierno mexicano que toque al TLC "ni con el pétalo de una rosa"! ¡Son más ortodoxos que lo que son los norteamericanos que encabezan la política económica de libre comercio!

¡Y todo es a costa de la soberanía y todo es a costa de los productores mexicanos y todo es a costa del trabajo de los mexicanos y todo es a costa del ahorro nacional!

¡Yo creo que la propuesta de la diputada Robles debe de ser atendida! ¡Que venga el señor Santiago Levy y el Secretario de Desarrollo Social a decirnos qué realmente van a implementar en política social! ¿Cuándo se aprobó esa política social o se decidió esa política social? ¡La acaban de implementar en el gabinete, sin ninguna información a la opinión pública! ¡Soltándola con actos de autoridad, liberando precios, para finalmente enterarnos que el fondo de todo no son las tarjetas, es liberar la economía para empobrecer más a los mexicanos! ¡Y creo que es el problema de fondo!

¡Yo sí pido a esta Cámara de Diputados, a los presidentes de las comisiones que planteó la compañera Robles, que se cite a comparecer a estos señores, que nos informen realmente lo que van a hacer y discutamos en verdad si lo que están haciendo lo aprobamos alguna vez nosotros, compañeras y compañeros diputados!

POLITICA INDUSTRIAL

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Ricardo Padilla Martín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una propuesta sobre política industrial.

El diputado Ricardo Padilla Martín:

Con su venia, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

El imperativo nacional es recuperar el crecimiento. El reto de lograr un crecimiento vigoroso, sostenido, equitativo y sustentable, impone al país en lo general y a los sectores productivos, en lo particular, un gran esfuerzo de incorporarse a una economía internacional cada vez más globalizada y competitiva.

En la recta final del presente siglo, México transita por una etapa cuyo signo distintivo es la transformación en los ámbitos de la vida nacional y de las relaciones internacionales. Gracias a los adelantos tanto en vías como en medios de comunicación, los países no pueden mantenerse al margen de la sinergia mundial hacia una mayor integración cultural, social y sobre todo comercial.

La globalización abre oportunidades para nuestras actividades industriales. Es imperativo canalizar recursos físicos, financieros y humanos para aprovechar estas oportunidades, encaminando con esto a México al tan buscado y anhelado desarrollo.

Se debe evitar desaprovechar las potencialidades de cada región. Nuestros socios comerciales más importantes gozan de una política industrial muy activa, así como de medidas de protección de sus mercados. México no puede ni debe renunciar al ejercicio soberano de una auténtica estrategia industrial.

El sector industrial se pronuncia por una estrategia sectorial que aproveche lo avanzado, perfeccione lo acordado y asegure la continuidad de acciones emprendidas, sólo así se logrará conformar puntos industriales líderes en sus ramas internacionalmente, rebasando el horizonte sexenal y evitando duplicidad de esfuerzos para acercarnos a mejores condiciones para impulsar el desarrollo sostenido de la industria.

Los integrantes de la fracción priísta de la Comisión de Apoyo a la Producción de esta Cámara de Diputados, recogen de diversas instituciones y líderes empresariales, propuestas y líneas de acción, las cuales plasman en este documento de propuesta de criterios generales de política industrial integral.

México ante una política industrial integral.

Las experiencias económicas que hemos vivido en los últimos años, nos demuestran que nuestro país no alcanzará un amplio y sostenido desarrollo industrial ni podrá incursionar y competir en otros mercados si no se define una política de industrialización integral que marque la ruta a seguir, estableciendo estrategias de largo plazo y acciones concretas a realizar para lograr una modernización de nuestro país.

Actualmente existe un consenso nacional sobre la necesidad de formular la política industrial que consolide el cambio estructural que estamos viviendo, a través de una profunda reforma microeconómica, con una readecuación de las condiciones macroeconómicas que garanticen un entorno favorable para la actividad productiva y la competitividad de nuestras empresas.

La política industrial debe ser el resultado de un trabajo continuo entre Gobierno, industriales y trabajadores; debe ser una política consensual en la que todos participemos, no sólo en su elaboración sino en su puesta en marcha.

Nuestro país presenta importantes problemas que la política industrial debe resolver, dentro de los cuales destacan los siguientes:

1o. Caída en el salario real de los trabajadores, que significa niveles de consumo muy deprimidos en el principal componente de la demanda agregada de bienes y servicios.

2o. Una difícil situación de las instituciones financieras con niveles espectaculares de cartera vencida.

3o. Presiones inflacionarias.

4o. Inversión privada contraída.

5o. La banca no tiene la posibilidad de dar los flujos de crédito que requiere la economía.

6o. Incongruencias arancelarias, prácticas desleales y falta de reciprocidad comercial.

7o. Necesidades específicas del sector exportador en aspectos relacionados con la información, financiamiento e impulso a esquemas de alianza y cooperación entre las empresas.

8o. Coexisten ramas y empresas modernas con otras de corte tradicional o familiar.

9o. Persiste un avance heterogéneo al interior de la planta productiva con un desarrollo regional desequilibrado por lo que con frecuencia se desaprovechan las potencialidades de cada región o entidad federativa.

10. Existen cuellos de botella y problemas estructurales que nos ponen en desventaja con nuestros principales socios comerciales.

Entorno macroeconómico. La condición necesaria para que la economía mexicana logre una competitividad integral es un entorno macroeconómico estable para lo que se requiere, entre otras condiciones:

1o. Inflación estable y moderada.

2o. Tasas de interés sin sobresaltos y competitivas.

3o. Tipo de cambio competitivo y predecible.

4o. Finanzas públicas claras y equilibradas.

5o. Sistema financiero consolidado y eficiente.

6o. Reservas internacionales suficientes.

7o. Política monetaria contra choques externos.

8o. Inversión constante en infraestructura.

9o. Ahorro interno, mecanismos para protegerlo y fomentarlo.

10. Impuestos competitivos a nivel internacional.

Inversión en capital humano. Es de vital importancia generar una política industrial que responda a las necesidades concretas de la industria y que se fije como línea general de trabajo la consolidación del cambio estructural a nivel productivo, que tenga a las empresas como objeto de acción y que perfile áreas estratégicas que coadyuven a la integración empresarial y educativa.

El dinero destinado al capital humano no es un gasto, es una inversión y es uno de los motores tanto del desarrollo personal como nacional.

Es imperativo reorientar el gasto social del Estado hacia la educación como prioridad estratégica, no puede haber reactivación duradera sin adecuaciones de fondo al sistema educativo y la consolidación de capital humano. La inversión en capital humano debe estar orientada al desarrollo de sistemas de educación que abarque todos los niveles, desde la educación básica hasta la universitaria, vinculados siempre al sector productivo y adecuados a la realidad.

Se debe diseñar un agresivo sistema nacional para la reconversión tecnológica y ambiental de la industria nacional apoyándose en propuestas de diversos sectores incluido el académico. Se debe desarrollar a través de estímulos presupuestales y fiscales un proyecto de becas para la especialización de recursos humanos en el uso de nuevas tecnologías y sistemas de información a través de la educación continua y actualización. Se requieren estímulos fiscales precisos y dirigidos para aumentar la viabilidad de la capacitación con objeto de que dichas inversiones realmente reditúen a las empresas que las realicen.

Sector externo. Ante la globalización de la economía es necesario fomentar las exportaciones, debido a los altos requerimientos de flujo de divisas para hacer frente a las obligaciones con el exterior. Es importante un papel activo del Gobierno en la regulación y promoción de estas exportaciones.

Se describen a continuación algunas líneas de acción que solicitan algunos sectores de la sociedad mexicana. Promover la evaluación global de la competitividad industrial en el concierto mundial y el diseño de programas específicos por rama de actividad y zonas de rápida industrialización, mediante la utilización de eficientes políticas verticales de apoyo industrial debido a su efecto multiplicador.

Intensificar la desregulación y descentralización de trámites en materia de comercio exterior; establecer un sistema de consulta nacional que permita conocer la oferta y demanda de procesos y productos así como las capacidades existentes en materia de maquinaria y equipo para ampliar el banco de información disponible.

Estimular la diversificación de los productos exportados de manera que el peso relativo en unos cuantos bienes sea menos concentrado; establecer dispositivos para reforzar la vigilancia aduanal con objeto de verificar el cumplimiento de las normas técnicas mexicanas.

La creación del marco regulatorio aplicable a empresas integradoras significó un avance importante, pero se debe fomentar la aplicación efectiva de los ámbitos y responsabilidades entre las diferentes dependencias gubernamentales involucradas. Evaluar la creación de un organismo nacional estratégico, de estímulo de exportaciones con énfasis en el apoyo de la oferta nacional que permita a los industriales participar activamente en las labores de promoción de proyectos de cooperación.

Diseñar un sistema de cuotas compensatorias a productos procedentes de países con quienes no tenemos acuerdos comerciales, no otorgando el trato de nación más favorecida a países no miembros del GATT. Promover e incentivar la participación de expertos mexicanos en todas las actividades relacionadas con metodología, normalización, evaluación y certificación, elevando la calidad de los productos y empresas nacionales para penetrar mercados de mayor valor agregado.

Modificar los procedimientos para determinar la existencia de dumping, siendo los propios productores nacionales y extranjeros quienes de manera simultánea actúen en la materia y promover la incorporación de insumos nacionales a la industria maquiladora.

Pequeña y mediana empresa: la capitalización de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas es una de las prioridades que deben cubrirse a la brevedad posible. Las diversas instancias públicas en conjunto con las estrategias empresariales deben estar encaminadas a resarcir los costos de la crisis al grueso de la planta industrial y dimensionarla hacia un mundo competitivo.

A continuación se exponen algunas líneas de acción: fortalecer los programas de desregulación en los tres órdenes de gobierno; favorecer la incorporación de un mayor número de empresas pequeñas y medianas como exportadores directos e indirectos; aumentar las participaciones federales para los estados con el fin de orientar esos recursos a los programas de desregulación, promoción de inversiones, reentrenamiento de fuerza laboral y fomento económico; fomentar esquemas de generación, transferencia y asimilación de tecnologías impulsando mediante estímulos claros la inversión en tecnología en la industria nacional; establecer una nueva ley de fomento a la micro, pequeña y mediana industria que defina un marco normativo de referencia que introduzca a nivel nacional los conceptos de fomento, promoción y apoyo a las empresas de esta escala.

Y se propone el establecimiento de un programa nacional de desarrollo de proveedores para la PIME, con el concurso del Gobierno, industria y banca de desarrollo, el cual se debe sustentar con mecanismos de difusión y promoción de productos a nivel nacional.

Sector financiero e inversiones: la eficiencia del sistema financiero debe traducirse en costos más bajos para los usuarios, así como en mejores condiciones de disponibilidad y plazos que permitan trabajar a las empresas manteniendo niveles de competitividad aceptables.

Se debe preparar a analistas de créditos, logrando eficientes evaluaciones de proyecto.

A continuación se exponen algunas propuestas para lograr estos objetivos: desarrollar actividades de financiamiento directo al empresario como banca de primer piso como parte de la estrategia de reestructuración de la banca de desarrollo; dar mayor prioridad al desarrollo de los intermediarios financieros no bancarios; crear mecanismos que permitan a través del mercado de valores el acceso a recursos para la capitalización de las unidades fabriles, así como fortalecer las fincas regionales; definir una política integral de financiamiento y apoyo a la inversión revisando las políticas de garantías, tasas de interés reales y márgenes de intermediación.

En el otorgamiento del crédito, dar prioridad a la viabilidad del proyecto y dar financiamientos oportunos y suficientes para un programa ambicioso de construcción de viviendas, ya que esta actividad tiene un gran efecto multiplicador en diversas industrias y bajo componente en insumos importados, además de ser una necesidad social apremiante y generar empleo en grandes cantidades.

Infraestructura. Se requiere aprovechar y consolidar la infraestructura con que se cuenta a nivel nacional. En la medida que se desarrolle la infraestructura básica del país y se eliminen cuellos de botella, se logrará aprovechar las ventajas competitivas potenciales de la industria nacional. A continuación se exponen algunas propuestas para lograr estos objetivos:

En la planeación de los proyectos de infraestructura, debe contemplarse un sistema de presupuestación multianual, tomando en cuenta desde los estudios y proyectos, hasta la terminación y mantenimiento de las obras, previa evaluación de cada proyecto.

Avanzar en el proceso de modernización del transporte multimodal.

El servicio ferroviario es uno de los sectores más rezagados en materia de transporte público. Es indispensable acelerar el Programa Nacional para la Modernización Integral del Sector Ferroviario.

Se debe fomentar entre los particulares la creación de parques industriales y parques para micro, pequeña y mediana industrias, con servicios generales integrados y con apego a las disposiciones municipales en la materia.

Finanzas públicas. Evaluar la propuesta del sector productivo, para la eliminación del impuesto al activo de las empresas, así como revisar el marco tributario, a fin de que se constituya como un instrumento promotor de la inversión productiva.

Que el Gobierno ejerza su gasto con estricto apego a prioridades y atendiendo el deber social hacia los que menos tienen, optimizando la calendarización del mismo, con base en criterios de eficiencia y no sólo macroeconómicos.

El camino de la construcción del país tiene que pasar al consenso de todos. Los sectores productivos demandan actuar rápido y con eficiencia, no piden todo sin ofrecer nada, no piden un Estado paternalista, lo que requieren son opciones y canales de comunicación renovados. En esta forma estamos empeñados los legisladores priístas de la Comisión de Apoyo a la Producción.

Los abajo firmantes nos comprometemos a trabajar con las diversas instancias del Ejecutivo y del sector productivo involucradas, para concretar de manera puntual acciones específicas que le permitan dar perfil a esta propuesta de criterios generales de política integral.

Y firman este documento todos los diputados priístas de esta Comisión de Apoyo a la Producción.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para rectificación de hechos, se concede la palabra al diputado Graco Ramírez.

El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:

Compañeras diputadas y compañeros diputados:

Sólo para comunicarles que la diputada Robles y el diputado Gochicoa se han puesto de acuerdo y el miércoles 17 de abril va a estar aquí el subsecretario Del Val y el subsecretario Levy, para que veamos este asunto, simplemente porqué no presentamos la propuesta, sino está el punto de acuerdo ya tomado con los compañeros presidentes.

MARCO ANTONIO IGNACIO RASCON CORDOVA (II)

La Presidenta:

Se concede el uso de la voz al diputado Aurelio Marín Huazo.

El diputado Aurelio Marín Huazo:

Compañeros diputados; con su permiso, diputada Presidenta:

Vengo a esta tribuna a exigir respeto a mi persona con relación a las supuestas disculpas presentadas por el diputado Marco Rascón, en el sentido de una expresión que la sesión anterior dirigió a mi persona, cuando ni siquiera me encontraba presente en el recinto.

Por lo tanto, en razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 107 de nuestro Reglamento Interior, solicito que la Presidenta inste al diputado Rascón a que retire sus calumnias sobre mi persona y la del diputado Flores, en el entendido que de no hacerlo se procede en los términos de lo establecido en la parte final del invocado artículo 107, para lo cual solicito instruya a la Secretaría a que proceda a su lectura.

La Presidenta:

Proceda la Secretaría a la lectura del artículo 107.

El secretario Cruz Pérez Cuéllar:

Artículo 107. "No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que se celebre en día inmediato.

El Presidente instará al ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido. Si aquel no lo hiciere así, el Presidente mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la Secretaria, insertando éstas en acta especial para proceder a lo que hubiere lugar".

La Presidenta:

Esta Presidencia solicita al diputado Marco Rascón, para que retire las expresiones calumniosas vertidas en contra de los diputados José Luis Flores Méndez y Aurelio Marín Huazo.

Por no encontrarse en el salón de sesiones el diputado Marco Rascón Córdova, esta Presidencia volverá a hacer la solicitud si regresa en el transcurso de la sesión.

El diputado Aurelio Marín Huazo:

Compañeros diputados, esto es en razón de hacer valer mis derechos en la vía y forma que estime pertinente.

Gracias, señora Presidenta.

SITUACION LABORAL

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputado Consuelo Botello Treviño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación laboral en México.

La diputada Consuelo Botello Treviño:

Señora Presidenta; diputados:

En esta tribuna se ha repetido, no hace una hora, una serie de cuestionamientos sobre la política económica del régimen que no quiere cambiar. Se habla, porque así se ha estado manifestando, de entregar una tarjeta inteligente para que, aquellos mexicanos de menos recursos, puedan tener insumos básicos a menores precios.

Se toman una serie de medidas que no resuelven los problemas, pero que revelan una grave insensibilidad del Gobierno de México y lo más triste, lo más lamentable, es que a fuerza de repetir continuamente la prensa y los discursos tal situación, el pueblo entero parece estar insensible a esa situación.

Todos los días encontramos en la prensa las referencias de un lado y del otro. Por una parte, esta misma semana, la política económica inflexible. No hay cambio de política económica. Oímos los discursos del Presidente de la nación, diciendo siempre que ése es el camino correcto y dando paliativos como dádivas para recibir el aplauso momentáneo y considerar que está gobernando a México.

Señores, yo quiero hacer un planteamiento que está íntimamente relacionado a esta política económica, que es el planteamiento del trabajo.

Señores, yo quisiera, por encima de las cifras o mejor dicho, por detrás de las cifras que se manejan todos los días de desempleo, de los miles de niños y jóvenes de la calle, de los millones y millones de pobres en extrema pobreza, por detrás de esa cifras, yo quiero hacer una reflexión ya que no parecen hacerla los gobernantes sobre ¿Qué hay detrás de estas cifras.

Estos millones que se mencionan no son números, son personas, son seres humanos, son mexicanos, como todos nosotros, como el Presidente de la República y todos sus secretarios, somos mexicanos que tenemos una eminente dignidad como personas y que no queremos ser tratados así.

El trabajo, desde aquella sentencia bíblica de "ganarás el pan con el sudor de su frente", que algunos lo interpretaron como castigo. Yo dudo de esa interpretación. Puesto que viniendo de la persona divina, era simplemente un nuevo timbre para el hombre, para dignificar su ser humano y permitirle su realización personal y su colaboración en la creación de la sociedad, del mundo, de todo lo que somos las comunidades humanas.

Eso es como yo entiendo el trabajo. El trabajo es una dignidad más, porque le concede al hombre la capacidad de crear, desde el más humilde trabajo hasta el más sofisticado, representa un esfuerzo, una entrega y un deseo de colaborar con la sociedad en que se vive.

No es el trabajo vil mercancía; no es únicamente el medio necesario para acallarse fondos, que también eso es. Es mucho más que eso y el Estado está obligado a crear las fuentes de trabajo para que todos los que vivimos en esta sociedad y tengamos la capacidad de trabajar lo hagamos y sintamos que estamos cumpliendo una responsabilidad social y un débito personal que nos eleva y nos dignifica.

Por eso cuando se habla de todo ese desempleo y que la Secretaría del Trabajo quiere paliarlo con algo que llama becas, pero que yo veo detrás de eso una dádiva, por dos, tres meses de te voy a dar una cantidad de dinero, para que medio sobrevivas y no te mueras ahorita, sino dentro de tres o cuatro meses, al mismo tiempo que tu familia.

Eso no es justo; esas no son soluciones. El trabajo, la falta de él, aparte de lo que representa económicamente, aparte de que le quita al ser humano de útil, de colaborador de la sociedad, de gente responsable, de jefe de familia que puede sostener un hogar; de joven, mujer u hombre que puede ser autosuficiente, aparte de esto que representa ya de por sí una característica muy favorable y benéfica para el ser humano, aparte de eso es mucho más que el tener trabajo y el no tenerlo no solamente te quita la posibilidad de tener medios económicos, sino que además te quita valores.

¿Y qué está sucediendo con la crisis económica? Un aumento tremendo de la delincuencia en todas las grandes ciudades, en todos los grandes acumulamientos de población humana en el país. Mucha delincuencia, porque la gente empieza a sentir el deseo de venganza, el deseo de reivindicar lo que no se le puede dar a través de un trabajo o de una capacidad de ayudar y de esforzarse.

Eso es lo más duro, lo más difícil, porque simplemente se pierde el sentimiento de solidaridad humana, se pierde el valor tan extraordinario en el hombre de la bondad, de la generosidad, de la solidaridad con todos sus conciudadanos. Es muy duro admitirlo, no lo justificamos, pero entendemos toda esa virulencia que surge cuando no se tienen los medios honrados para vivir y aparte de eso y aparte de esa tristeza de no poder ser autosuficiente y tener con que mantenerte a ti y a tu familia, tiene un sentimiento de degradación. Se pierde la autoestima, se siente lastimada la dignidad y ya no se piensa como ser humano.

Esto, esto señores, es lo que debían de pensar quienes están encargados de la política económica y de la política laboral en México ¿Qué no pueden ver, como van en limousinas cerradas o en camiones escoltados, no pueden ver las caras famélicas de miles de niños que en la calle, a veces para disimular, esa cara se pintan como payasitos, para sacar el peso que sirva, no solamente para ellos, sino a veces también para su familia.

No ven nada de esto, no ven más que cifras, no ven más que salvar al propio régimen con una economía sujeta y subordinada a aquel acuerdo marco de enero del año pasado. Y esto es muy lamentable.

Yo creo que México, un país cuya mayor riqueza somos los mexicanos, cuyo mejor recurso somos los seres humanos que a través de todo el territorio nacional luchamos no solamente por sobrevivir, sino por tratar de hacer patria aún en estas condiciones, no merecemos ese trato que está dando la autoridad.

Los Santiago Levy y toda esa clase de personas que desde el alto sitial en que se encuentran, sólo piensan en números, en cifras y olvidan que el destinatario de toda la acción de gobierno es un ser humano completo, lleno de necesidades, pero también de anhelos y de sentimientos.

No quieren pensar que detrás de todas esas cifras están miles de mexicanos que han sufrido muchos años las malas administraciones y que ahora en esta época de crisis, apenas pueden sobrevivir.

Yo creo que no necesitamos tarjetas inteligentes; no necesitamos becas; necesitamos que se cambie la política económica; que se cambien las cuestiones de tipo fiscal, para de veras permitir que la industria siga trabajando; que los pequeños, muy pequeños industriales; que los pequeños empresarios a nivel casi doméstico, tengan oportunidad de tener fuentes de trabajo y crearlas aunque sea para poca gente, pero multiplicando el esfuerzo se puede dar una gran solución al problema.

Yo creo que ya basta, como se ha repetido aquí muchas veces, de esta política económica que aquí decimos y lo planteamos ante el propio Presidente y no hay cambio.

Señores: algo hay que hacer; algo tenemos que hacer; algo tenemos que hacer los del Poder Legislativo a través de la formulación de reformas a las leyes económicas, aunque ellos no quieran, para poder establecer una vida realmente de trabajo; para que el Estado sea de veras el tutor de estos recursos y de estas necesidades. Es el Estado el que tiene que crear las fuentes que puedan producir el bien común ¡Qué bien común tan pobre nos han recetado a través de muchas décadas!

Señores: ya es tiempo de cambiar la política económica; ya es tiempo de hacer algo para que no se den dádivas y se dé dignidad a las personas, se les respete su dignidad y se les permita desarrollarse como personas, porque las personas desarrolladas a plenitud, son los mejores ciudadanos que podrán hacer de nuestro país lo que éste se merece: un país de mexicanos capaces de vivir por sí mismos y de estar orgullosos de su propia existencia.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Raúl Armando Quintero Martínez, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:

Gracias, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

En primer lugar, quisiera decir que me congratulo de escuchar en voz de la diputada de Acción Nacional, de la diputada Botello, el tratamiento de un asunto social. Creo que es correcto. Bienvenidos los compañeros de Acción Nacional al recogimiento de demanda de contenido social que la población tanto está demandando.

Creo, compañeras y compañeros diputados, que el tema anterior y éste, se encuentran profundamente vinculados. Hay en nuestro país una política económica que tiene enormes costos sociales que se expresan de manera dramática, de manera lacerante en detrimento de los niveles de vida de millones de mexicanos.

Como todos sabemos, más del 50% de las familias mexicanas, más del 50% de las familias mexicanas tan sólo reciben el 16.1% del producto interno bruto. Vivimos un proceso de concentración de la riqueza, sin antecedentes en la vida económica y social de nuestro país. Vemos que el 90% de la población mexicana ha visto disminuir de manera profunda sus ingresos y que solamente el 10% de la población concentra y es propietaria del 41% de la riqueza nacional. Estos datos, estos porcentajes son de por sí dramáticos para un país.

Para los trabajadores, estas cifras y estos porcentajes se vuelven más difíciles y más duros. México tiene en estos momentos, 3 millones 280 mil trabajadores que reciben menos del salario mínimo; es decir, una población de 3 millones 280 mil mexicanos que reciben menos de 20 pesos al día, es casi el equivalente a la población total de varios países centroamericanos. El 34.1% del total de la población económicamente activa, recibe apenas entre uno y dos salarios mínimos; 34.1% reciben de uno a dos salarios mínimos. Es decir, casi 5 millones de mexicanos reciben apenas entre 20 y 40 pesos al día, de salario, por ocho horas de trabajo.

Tenemos un porcentaje general de 16.4 millones de mexicanos que tiene ingresos que no rebasan 80 dólares mensuales; 16.4 millones de mexicanos que no ganan más de 80 dólares mensuales. Esta situación ha hecho que se refleje en el campo social y laboral, el incremento de la resistencia de los trabajadores.

En 1995 hubo 175 movimientos de huelga. Al día de hoy van 316 huelgas estalladas en 1996. Es decir, el cansancio de los trabajadores ha llegado a su límite y han empezado a luchar por el instrumento que la Ley Federal del Trabajo les posibilita, que es la huelga ejercida como un derecho constitucional.

Estos datos, que son ilustrativos del panorama del mundo de los trabajadores, en el caso de la Ciudad de México, nos coloca en una situación en esa misma tendencia, en esa misma dirección lamentable. Se proyecta hacia finales de este año en el Distrito Federal un desempleo abierto del 4.5%.

Tenemos, según estudios publicados en Sao Paulo, en una reunión internacional para evaluar y considerar la situación de los trabajadores en América latina, tenemos el lamentable orgullo de ser el país de América latina con los salarios más bajos. Es decir, que países tan pobres como Haití, como Guatemala, como República Dominicana, por no hablar de los países medios o grandes del sur de América latina, tienen sus trabajadores salarios superiores a los ingresos de los trabajadores mexicanos.

Hay, como consecuencia de los casi 13 millones de mexicanos que se encuentran en desempleo abierto o en el subempleo, la aparición de lacras sociales que hemos destacado aquí en otras ocasiones, pero que hoy vale la pena volver a recuperar.

¡Una delincuencia sin límites, a lo largo y ancho del país! ¡No hay en la historia contemporánea de México ningún índice delictivo que se acerque a los que padecemos en estos momentos en el país y ya no digo en la Ciudad de México!

¡La otra lacra es la de ver inundadas, literalmente inundadas las principales avenidas de la ciudad, de prostitución de mujeres y hombres, disputándose a clientes que no tienen recursos para contratar los servicios de quienes ejercen la prostitución!

¡No como un asunto moral, sino como un asunto social que lesiona y que indigna e irrita a quienes no queremos que la gente escoja o tenga que recurrir, mejor dicho, a la prostitución como única salvación para tener un ingreso y sacar adelante a su familia!

¡Pero también vemos, como decía la diputada Botello, inundadas las calles de niños que "con sus pelototas y sus caras pintadas", con la ilusión, con la alegría robada, con el derecho a la educación robada, ejerciendo el trabajo que no es remunerado, porque solamente piden propina o limosna por sus gracias estos niños, a los que injustamente se les roba la alegría y la educación!

¡Pero ante estas lacras sociales que irritan a cualquier ser humano por insensible que sea, no le llaman la atención al señor secretario Guillermo Ortiz!

¡El día de ayer leíamos en todos los medios de comunicación impresos y lo veíamos en la televisión y lo oímos en el radio, decir: "¡no habrá marcha atrás en el rumbo!". El rumbo es correcto. Y esto lo puede decir en la XXXVI reunión anual del Banco Interamericano. ¡Es decir, pese a la aparición de todos estos fenómenos de descomposición social que está padeciendo el país, el secretario de Hacienda dice "¡Que el rumbo será invariable y que vamos por el camino correcto!".

¡Ahí está toda la prensa escrita y la prensa de los medios de comunicación, de la televisión y del radio!

¡Tenemos un proceso de inflación acelerado, que tan sólo de enero, febrero y marzo llegó al 36%!

¡Todos estos fenómenos, compañeras y compañeros, creo yo que el Congreso tiene obligación política y moral de tratar en serio y a fondo. Que es correcto y por eso me congratulaba, de que Acción Nacional empiece a traer a la tribuna los temas sociales. Porque hay que decirlo, compañeras y compañeros, aquí nos hemos parado en ocasiones a tratar asuntos sociales, escuchando o viendo cómo la mayoría del PRI izaría las banderas de lo social y cómo los compañeros de Acción Nacional, que en su doctrina tienen como bases ideológicas, morales, incluso hasta religiosas, las cuestiones de los más pobres y han dejado pasar y han dejado ver y han dejado oír, simplemente sin protestar, una gran cantidad de asuntos sociales, tratados en esta tribuna.

Pero es bueno que ahora decidan, con esa política hacia el centro que su nuevo líder plantea, acercarse a los asuntos de la gente, a los asuntos de la gente más pobre de nuestro país, que hoy se suma en millones. Pero también les pediríamos congruencia a los compañeros de Acción Nacional, porque la ciudad, justamente el presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea de Representantes, ha sido el principal instrumento para construir e inventar un escenario de ilegalidad que tiene a más de 10 mil trabajadores del transporte agrupados en el SUTAUR-100 en la calle, en una histórica lucha que no ha podido vencer el Gobierno, asociado con el aval del presidente de la Comisión de Transporte en la Asamblea de Representantes, que milita en Acción Nacional.

¿Y por qué si estamos en contra del desempleo, queremos quitarle el empleo a más de 10 mil trabajadores de Ruta-100? ¿Por qué queremos malgastar la escasez de recursos públicos que debieran dedicarse a cuestiones de beneficio social, a infraestructura, a proyectos educativos, a proyectos de apoyo a los niños para que no anden en las calles trabajando para conseguir escasos ingresos y apoyar a sus familias? ¿Por qué querer malgastar esos escasos recursos públicos en disolver y en acabar a una organización social sindical cuyo único delito es ser independiente del Gobierno? ¿Por qué compañeros de Acción Nacional, no se deciden también entonces a decir que a los trabajadores de Ruta-100 se les autoricen sus cinco empresas y compitan, como ustedes están de acuerdo, con el capitalismo, que compitan como dice la ley básica del capitalismo, en igualdad de condiciones y que la ley de la oferta y la demanda defina si son los grandes monopolios de los grandes poderosos económicamente en nuestra ciudad, que se van a apoderar del transporte, que compitan con las modestas cooperativas sociales? ¿Por qué por decreto querer borrar el derecho de esos trabajadores? ¿Por qué querer hacer caso omiso de la ley de la oferta y la demanda?

¡Porque ahí hay política, porque ahí coincide sin razón ninguna el PRI y el PAN en atentar contra el legítimo derecho al trabajo de estos trabajadores de Ruta-100:

Yo quisiera decir, compañeras y compañeros, que ya que estamos coincidiendo, como lo coincidimos el día de ayer en la reunión de las comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, cuando discutimos con estas personas que vinieron de Hacienda, con su visión extraordinariamente cerrada, con su idea antimexicana que no comprende que en Estados Unidos no hay ningún funcionario, no podemos imaginar ni ver ni oír a ningún funcionario en los Estados Unidos hablando y trabajando para facilitarle las cosas a los mexicanos. Pero aquí vienen los funcionarios del Gobierno mexicano a trabajar para facilitar las cosas a los empresarios y al gobierno de los Estados Unidos.

Yo no veo a ningún funcionario público de los Estados Unidos trabajando a favor de que se deje que circule en los Estados Unidos el atún mexicano, que circule el jitomate, que circule el aguacate, que circulen libremente los transportistas nacionales, que se deje trabajar libremente a los ingenieros mexicanos catalogados de los mejores del mundo en las empresas norteamericanas; pero aquí vienen los señores de Hacienda sin rubor, sin escrúpulos, con ignorancia de la historia nacional a trabajar en favor de los intereses de los Estados Unidos, de los grandes empresarios de los Estados Unidos, haciendo caso omiso de que los principales, incluso, monopolios de nuestro país Televisa y Telmex chillan porque ven venir la avalancha de empresas en sus redes increíblemente poderosas que en unos cuantos años barrerían lo que es la historia del capital nacional, la historia del capital social mexicano y la historia nacional desde luego.

Ese es el debate que está en el fondo y si Acción Nacional se incorpora con la Bandera Nacional mexicana y con el contenido social que hoy el pueblo de México está impulsando, bienvenidos y si los compañeros del PRI están decididos a rectificar y a recuperar las demandas sociales, bienvenidos y yo culminaría diciendo:

Compañeros del PRI, compañeros del sector obrero, compañeros de la CTM, nada de hacer vacío el 1o. de mayo, vamos marchando, vamos yendo voluntariamente millones de mexicanos al Zócalo para los que no ven y no oyen, a ver si nos ven y nos oyen, vamos juntos con las banderas de unidad que reclaman los trabajadores que no soportan más la crisis, vamos con las banderas de dejar atrás la pobreza que lacera e irrita a los mexicanos, vamos con las banderas que reclaman justicia social y menos desigualdad entre los mexicanos, vamos con las banderas que piden y reclaman una política que desconcentre la riqueza nacional en los 80 y tantos millones de mexicanos, vamos todos el 1o. de mayo al Zócalo con estas banderas a ver si estos señores de Hacienda aprenden a ver y a oir, ésa es nuestra convocatoria .

Muchas gracias.

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Zeferino Torreblanca Galindo, para referirse al tema reforma político-lectoral...

Compañero diputado Zeferino, ¿nos permite? Para rectificación de hechos el diputado Jorge Urdapilleta.

El diputado Jorge Urdapilleta Núñez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Uno de los temas que más preocupan al Partido Acción Nacional al igual que a todos los mexicanos, es sin duda alguna el económico. Las crisis constantes que hemos padecido como las carteras vencidas, el cierre de la planta productiva y del comercio nos han llevado a un creciente desempleo con su consecuente deterioro en los ingresos de la población con la agravante de que aquellos que aún conservan su empleo tienen una pérdida considerable en su poder adquisitivo.

Quiero presentar ante ustedes algunos datos relacionados con el desempleo, con la finalidad de mostrarles la magnitud del problema que hoy por hoy nos aqueja. Esto es como parte de la herencia de sexenios anteriores y lo correspondiente al presente.

Si consideramos las cifras presentadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se tiene que en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 1995, de un total de 10 millones 941 mil trabajadores asegurados, perdieron su empleo sin recuperarlo, 696 mil mexicanos, pero recordemos que no todos los trabajadores del país están inscritos en el Seguro Social y para tener una visión global, consideraremos las cifras proporcionadas por el INEGI, en donde la tasa del desempleo abierto pasó de 4.5% en enero de 1995 a 7.6% en septiembre del mismo año.

Esto es, se incrementó este concepto de desempleo en casi un 70%; lo preocupante es que ésas son las cifras que manejan los voceros oficiales, vale la pena mencionar que existen otros indicadores aún más preocupantes. Por ejemplo, si la tasa de desempleo abierto promedio en 1995 fue de 5.2%, esto es cercano a 5 millones de mexicanos, la tasa de desempleo más los subempleados que trabajan menos de 35 horas a la semana representan el 23.5% promedio en 1995, esto significa cerca de 20 millones de mexicanos.

Si todavía quisiéramos profundizar más en nuestra realidad mexicana del desempleo y subocupación, mencionaré la información proporcionada por el INEGI en donde nos muestra que la industria manufacturera en 1994 se aplicaron 1 millón 875 mil horas hombre promedio trabajadas y en 1995 tan sólo se aplicaron 439 mil horas hombre promedio, lo que representa tan sólo el 23% con respecto a 1994, producto del despido masivo y las jornadas reducidas concertadas entre empresarios y sindicatos.

Pero compañeros diputados, una presentación de cifras no tiene sentido si no se hace un análisis de las causas y se presentan soluciones, trataré de sintetizar las diferentes señalizaciones y propuestas que el Partido Acción Nacional ha hecho en lo que va de la presente legislatura.

En un mercado globalizado, de libre competencia, no podemos participar con las altas tasas de interés y mínimos apoyos financieros reales al desarrollo de la pequeña y mediana empresas que representan aproximadamente el 70% de la fuerza laboral de nuestro país. No es posible que se sigan privilegiando a algunos cuantos como es, entre otros casos, de la banca, a través de paliativos como son los programas del ADE, cuando a la fecha se tiene una cartera vencida cercana a los 130 mil millones de pesos.

Si bien en estos últimos meses hemos vivido una crisis financiera y de mercado, no se tiene voluntad por parte del Gobierno Federal de modificar los aspectos tributarios de forma sustantiva, como por ejemplo tenemos el impuesto al activo de las empresas.

Por otra parte, las simplificaciones administrativas, promesa de los últimos gobiernos federales siguen siendo una complejidad administrativa para beneficio de una excesiva carga burocrática; finalmente es la clase trabajadora la que sigue de forma lastimosa cargando con la injusticia social.

En el sexenio pasado se tuvo una pérdida en el poder adquisitivo superior al 60% y en lo que va del presente sexenio se tiene una pérdida cercana al 30%, con respecto al sexenio anterior.

Señoras y señores diputados, no debe de ser asombro para nosotros el darnos cuenta que la inseguridad pública es más creciente día a día, si consideramos que en el mes de febrero de 1995, en esta misma tribuna se denunció que con las proyecciones hechas por el Gobierno Federal referentes al posible desempleo, no podíamos esperar otra cosa que lo que estamos viviendo actualmente en cuanto al robo, asalto por necesidad y proliferación de la industria del secuestro y la violencia. Lamentablemente nuestra población en la desesperación, miseria, no tiene otros caminos que la delincuencia, el tráfico y el cultivo de enervantes o emigrar a los Estados Unidos en busca de mejores horizontes.

Pero no todo es visto con pesimismo en nuestro Gobierno Federal, recordemos que aquellos mexicanos que aquí se les niega la oportunidad del trabajo, cuando sean perseguidos y deportados en forma por demás denigrante, tendrán una voz en Relaciones Exteriores que se dará por ofendido y exigirá un trato digno como no somos capaces de dárselo en México.

Finalmente, en forma paradójica, recordemos que entre las 15 empresas con mayores utilidades en Latinoamérica, se encuentran las empresas de los amigos privilegiados del anterior sexenio, como es el caso de Teléfonos de México, ocupando el primer lugar y el grupo Carso ocupando el decimosegundo lugar.

Por su atención, muchas gracias, compañeros.

REFORMA POLITICO-LECTORAL

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Zeferino Torreblanca Galindo, para referirse al tema reforma político-lectoral.

El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo:

Gracias, señora Presidenta; señoras legisladoras; señores legisladores:

En este año de retos, los mexicanos, estoy cierto, coincidimos en avanzar de manera decidida en la reforma del Estado, la cual desde luego no es competencia exclusiva ni de los partidos políticos ni del Gobierno, la sociedad civil organizada quiere esta reforma y quiere participar en ella, la reforma del Estado y dentro de ella la reforma electoral, debe darse con la participación de todos los actores políticos y sociales del país. Por ello estoy convencido que los legisladores, en armonía con la sociedad mexicana, deben ser quienes impulsen y promuevan la reforma electoral.

Dentro de nuestra actividad legislativa, han sido fijadas nuestras posiciones en torno a los asuntos nacionales y propuestas sobre la base, sobre lo fructuoso de cada iniciativa, sin considerar estrictamente la fuente que las origina. Ello nos ha permitido coincidir transparentemente con fuerzas, posiciones y posturas, en el marco de nuestros diferentes trabajos camarales.

Después de los comicios federales de 1994, consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral, diversos actores políticos y miembros de la sociedad civil, nos pronunciamos por la necesidad de llevar a cabo una intensa reforma electoral que garantizara condiciones plenamente democráticas para la realización de futuras contiendas electorales.

En respuesta a esta legítima demanda nacional, el 17 de enero de 1995 se firmaron los compromisos por un acuerdo político nacional, en los que el Gobierno y los partidos políticos con representación en esta Cámara, manifestaron su voluntad para iniciar las negociaciones de dicha reforma.

Sin embargo, los conflictos e irregularidades electorales en dos estados del país en aquel entonces, provocaron la interrupción del diálogo, siendo esto antecedente para el inicio de los trabajos del Seminario del Castillo de Chapultepec.

Desde entonces y hasta el mes de enero de 1996, el seminario sesionó de manera prácticamente ininterrumpida, con objeto de que las pláticas entre las fuerzas políticas sobre la reforma electoral no se cancelaran de forma definitiva.

Por eso los 60 puntos para la reforma política electoral son el resultado de varios meses de trabajo en el marco del Seminario del Castillo de Chapultepec. Su contenido demuestra el esfuerzo invertido durante extensas jornadas de trabajo de los consejeros ciudadanos, del Instituto Federal Electoral, de destacados integrantes de los cuatro partidos políticos representados en esta soberanía, especialistas en la materia electoral y la participación de los diputados ciudadanos.

Desde esta más alta tribuna deseo hacer un público reconocimiento a todos ellos que de alguna manera contribuyeron en este importante trabajo. El mérito de este documento radica en el hecho de cada una de estas propuestas para la reforma electoral se dio en el sentido de un debate abierto y propositivo, en el que la voluntad democrática estuvo por encima de los intereses personales o partidistas.

En nuestra calidad de representantes de la sociedad, miembros del Poder Legislativo Federal y como participantes directos de los debates del seminario, los diputados hacemos nuestras las propuestas hechas en los trabajos del Seminario del Castillo de Chapultepec, asumiendo desde luego plenamente la responsabilidad de impulsarlos en las mesas de trabajo sobre la reforma del Estado.

Por último señoras y señores legisladores, deseo solicitar atentamente a la Presidencia autorice la inclusión textual de este documento, del cual en este acto hago entrega a la Secretaría.

Por su atención, señoras y señores legisladores, muchas gracias.

La Presidenta:

Inclúyase en el Diario de los Debates.

«Ciudadano Presidente, Ismael Orozco Loreto, ciudadanos vicepresidentes y secretarios de la mesa directiva del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año. Presente.

Por medio de la presente, solicito respetuosamente se turne el documento denominado "60 Puntos para la Reforma PolíticoElectoral", producto del trabajo del Seminario del Castillo de Chapultepec, a la comisión plural que esta Cámara de Diputados ha conformado, con el fin de impulsar los trabajos para la reforma del Estado.

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro.-México D.F., a 28 de marzo de 1996.-Diputado federal, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.»

* Seminario del Castillo de Chapultepec

60 Puntos para la Reforma Político-lectoral

__________ * NOTA: El Seminario del Castillo de Chapultepec ha trabajado a través de debates y concensos verbales, por tanto no existe un documento final signado por los participantes.

«Resultados del seminario para la reforma político-lectoral, discutidos y analizados por los miembros del seminario, inclusive militantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo.

16 de enero de 1996.

El grupo de Diputados Ciudadanos de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión ha participado en la convocatoria hecha por consejeros ciudadanos del IFE, para discutir posibles acuerdos en materia de la reforma electoral. Al conjunto de trabajos y consensos se le ha denominado "Seminario del Castillo de Chapultepec".

Esta novedosa y acertada convocatoria, ha logrado importantes avances en el debate sobre las propuestas específicas para lograr que las distintas fuerzas políticas concreten los acuerdos que conduzcan a nuestro país a una nueva reforma electoral.

En momentos en los cuales se han interrumpido las pláticas entre algunos de los partidos políticos y el Poder Ejecutivo, el Seminario del Castillo de Chapultepec ha sido el único punto de contacto que ha logrado mantener la continuidad en los intercambios.

En nuestra calidad de representantes populares miembros del Poder Legislativo Federal y como participantes mismos de los trabajos del seminario, los Diputados Ciudadanos hacemos nuestros los consensos logrados hasta ahora, asumiendo plenamente la responsabilidad de impulsarlos en las mesas de trabajo sobre la reforma del Estado.

El grupo de Diputados Ciudadanos continuará promoviendo además, otras propuestas que considera importantes y vitales no contenidas en los "60 Puntos para la Reforma PolíticoElectoral", con el ánimo de que puedan ser debatidas y consensadas entre las diversas fuerzas políticas de nuestro país.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro. - México, D.F., febrero de 1996. - Diputados: Marta Alvarado Castañón, Adolfo Aguilar Zinser, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Zeferino Torreblanca Galindo y Crisóforo Salido Almada.»

«Al término del proceso electoral Federal de 1994

Diversos actores políticos y miembros de la sociedad civil se pronunciaron por la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma electoral que garantizará condiciones plenamente democráticas para la realización de futuras contiendas electorales. En respuesta a esta legítima demanda nacional y por iniciativa gubernamental, el 17 de enero de 1995, se firmaron "Los Compromisos por un Acuerdo Político Nacional", en los que el Gobierno y los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión, manifestaron su voluntad para iniciar las negociaciones de dicha reforma.

Sin embargo, el conflicto poselectoral de Tabasco y las irregularidades en el proceso electoral de Yucatán provocaron que primero el Partido de la Revolución Democrática y posteriormente el Partido Acción Nacional abandonaran la mesa de negociaciones. Es en este contexto en el que comienzan los trabajos del Seminario del Castillo de Chapultepec. Desde entonces y hasta el mes de enero de 1996, el seminario sesionó de forma prácticamente ininterrumpida con objeto de que el diálogo entre los partidos políticos sobre la reforma electoral no se rompiera de manera definitiva.

De esta forma, en una primera instancia, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática intercambiaron sus puntos de vista sobre diversos temas electorales logrando dar contenido a un primer documento de 150 puntos. En su oportunidad, estos acercamientos entre ambos partidos, fueron analizados por representantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Trabajo, institutos políticos que en una segunda etapa se incorporaron al seminario. Los 60 puntos que a continuación se presentan son el resultado de esta segunda etapa de trabajo.

Estos 60 Puntos para la Reforma Político-lectoral son el resultado de varios meses de trabajo en el marco del Seminario del Castillo de Chapultepec. Su contenido refleja el esfuerzo llevado a cabo durante largas jornadas de trabajo, por parte de los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral, especialistas en materia electoral y destacados miembros de los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión.

El mérito de este documento radica en el hecho de que cada una de estas propuestas para la reforma electoral es el resultado de un debate abierto y propositivo, en el que la voluntad democrática estuvo por encima de los intereses personales o partidistas. Sin embargo, el alcance de los acuerdos informales logrados en el Seminario del Castilllo de Chapultepec, aún no está definido. Serán los propios partidos políticos y el Gobierno, en el marco de la negociación oficial, quienes determinen si los acuerdos formales que constituirán la prometida reforma electoral, son el reflejo de intereses particulares o de la voluntad democrática que acompañó a los trabajos del seminario.

La verdadera paternidad de la reforma electoral descansa en cada uno de los mexicanos. El contenido de dicha reforma está en manos tanto de partidos políticos como de representantes del Gobierno, su responsabilidad no es menor: consensar acuerdos que den lugar a normas jurídicas que reflejen plenamente el reclamo democrático de un pueblo que no está dispuesto a conformarse con menos. Tanto la prometida reforma electoral como la esperada reforma del Estado mexicano, no pueden quedar sujetas a la voluntad de unos cuantos, pues su origen está en la voluntad de todos.

Firman los ciudadanos: Santiago Creel Miranda, José Agustín Ortiz Pinchetti y Jaime González Graf.»

INDICE

Sobre los derechos políticos (del punto 1 al 3)

Sobre la autoridad electoral (del punto 4 al 16)

Sobre el Tribunal Federal Electoral (del punto 17 al 18)

Sobre la fiscalía especial de delitos electorales (punto 19)

Sobre el financiamiento y los gastos de campaña (del punto 20 al 28)

Sobre las condiciones de equidad en los medios de comunicación (del punto 29 al 37)

Sobre las condiciones de competencia (punto 38)

Sobre los partidos políticos y su afiliación (del punto 39 al 43)

Sobre las coaliciones y las candidaturas comunes (del punto 44 al 46)

Sobre la cédula de identidad ciudadana y el padrón electoral (del punto 47 al 50)

Sobre los programas públicos y los procesos electorales (punto 51)

Sobre la calificación de las elecciones (punto 52)

Sobre la representación nacional (del punto 53 al 55)

Sobre los procesos electorales locales (punto 56)

Propuestas adicionales (del punto 57 al 60)

«Sobre los derechos políticos

1o. Que los derechos políticos de los mexicanos estén sujetos a control constitucional.

2o. Que el control constitucional se ejerza tanto sobre la legislación electoral, Federal y local, como sobre los actos de la autoridad electoral, Federal y local. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea el órgano competente para dirimir controversias constitucionales que versen sobre la legislación electoral. Que el Tribunal Federal Electoral se integre al Poder Judicial de la Federación y sea el órgano competente para desahogar los recursos sobre la constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales.

3o. Que los procedimientos constitucionales tomen en cuenta los términos de preclusión y de definitividad que deben regir en los procesos electorales.

Sobre la autoridad electoral

4o. Que se establezcan la autonomía e independencia plenas del órgano electoral.

5o. Que la vinculación de los poderes del Estado con la autoridad electoral se norme a través de la legislación, para que adquiera un carácter jurídico-político. Que la concurrencia de los poderes con la autoridad electoral se estipule en la ley de conformidad con las atribuciones y competencias de cada una de las dependencias.

6o. Que el consejo general esté formado por siete "consejeros electorales" con voz y voto y por los representantes de los partidos políticos sólo con voz.

7o. Que la Cámara de Diputados nombre por mayoría calificada a los consejeros electorales del consejo general a propuesta de una comisión pluripartidista paritaria de las fracciones parlamentarias, que reciba y consense las propuestas de las propias fracciones parlamentarias.

8o. Que el consejo general nombre a los miembros de los consejos locales. Que también nombre a los miembros de los consejos distritales, a propuesta de los consejos locales.

9o. Que el consejo general elija por mayoría calificada a uno de sus miembros como presidente. Que sea el representante legal del consejo con la función fundamental de conducir los debates. Que dure en su encargo un año. Que pueda ser revocado por la mayoría calificada del propio consejo. Que pueda ser reelecto. Que la ley estipule las causas de revocación y los tiempos en los cuales se pueda hacer valer para no interrumpir el desarrollo del proceso electoral.

10. Que el director general del IFE sea electo por la mayoría calificada de los consejeros electorales a propuesta de cualesquiera de ellos. Que su nombramiento pueda ser revocado por la mayoría calificada del propio consejo. Que la ley estipule las causas de revocación y los tiempos en los cuales se puedan hacer valer para no interrumpir el desarrollo del proceso electoral.

11.Que el consejo general sea el órgano superior del IFE y que tenga las facultades y atribuciones necesarias para determinar las políticas generales de su administración y para aprobar sus reglas y lineamientos.

12. Que el director general sea responsable de la administración del instituto ante el consejo general y que tenga las atribuciones y facultades necesarias para la correcta realización de su función. Que el director general y los demás funcionarios y órganos ejecutivos estén subordinados al consejo y que ninguno de ellos tenga facultades equiparables o por encima del propio consejo.

13. Que el consejo general integre la comisión o comisiones que sean necesarias para la debida supervisión y vigilancia del ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas de la institución. Que esas comisiones puedan ser integradas por consejeros electorales, representantes de partidos, y/o comisionados externos elegidos por sus capacidades técnicas, pero que siempre pertenezca a ellas por lo menos uno de los consejeros electorales. Que la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores permanezca, no obstante esas comisiones.

14. Que se integre una comisión de auditoría del instituto con auditores públicos independientes nombrados por el consejo general. Que presente anualmente un dictamen al consejo que se haga público y que actúe de forma independiente de la acción fiscalizadora que por ley realiza la Contaduría Mayor de Hacienda o su equivalente.

15. Que para el nombramiento y la evaluación del personal del servicio profesional electoral el consejo general establezca las normas generales; que elabore en su caso el nuevo estatuto del servicio profesional electoral para proponerlo a aprobación del Congreso.

16. Que el IFE elabore y administre su propio presupuesto. Que sea incluido sin modificaciones en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que deba presentarse ante la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Que el IFE reciba su presupuesto según un calendario fijo para resolver el problema del control presupuestal.

Sobre el Tribunal Federal Electoral

17. Que el Tribunal Federal Electoral funcione como un organismo jurisdiccional de pleno derecho y se integre al Poder Judicial de la Federación.

18. Que la Cámara de Senadores nombre por mayoría calificada a los magistrados del tribunal a propuesta de la Suprema Corte de Justicia.

Sobre la fiscalía especial de delitos electorales

19. Que se incorpore en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República el nombramiento de un agente del Ministerio Público especializado en asuntos electorales. Que tenga autonomía funcional del procurador. Que sea nombrado por el procurador a propuesta del consejo general. Que tenga que informar de sus gestiones al consejo general.

Sobre el financiamiento y los gastos de campaña

20. Que el monto del financiamiento público a los partidos y los topes a los gastos de campaña y a las aportaciones privadas, sean revisados a la baja de los vigentes, para responder con austeridad en los costos de la democracia, a las actuales circunstancias económicas por las que atraviesa el país.

21. Que el 60% del financiamiento público se distribuya a los partidos, según el criterio de proporcionalidad y el 40% según el principio de igualdad, a partir de los resultados electorales de diputados de mayoría relativa de la elección anterior, tomando en cuenta la votación válida.

22. Que el tope de gasto de campaña de cada partido para cualquier elección federal, sea un nuevo peso por cada ciudadano votante potencial de la siguiente elección por realizar, trátese de elección presidencial, de diputados federales o de senadores. Que el nuevo peso sea a valor de agosto de 1994 ajustado según una proyección del Indice de Precios al Consumidor del Banco de México. Que la cantidad de votantes potenciales se calcule según una proyección realizada por el INEGI a partir del padrón electoral de la elección anterior.

23. Que los partidos políticos que obtengan su registro con posterioridad a la fecha en la cual se determine el financiamiento público a los partidos, solamente tengan derecho a una cantidad igual a la que corresponda a los partidos que ya tenían el registro según el criterio de igualdad. Que ese financiamiento no sea retroactivo, sino se aplique a partir del año siguiente a la fecha de la concesión del registro. Que ese gasto se incremente al presupuesto del IFE para los partidos y no modifique el cálculo inicial.

24. Que de la cantidad que corresponda a cada partido se le entregue 20% el primer año del trienio, 30% el segundo año y 50% el tercer año.

25. Que el financiamiento privado a los partidos y a los candidatos se limite a un tope. Que se prohiban las aportaciones de las personas morales. Que se cuantifiquen las aportaciones en especie.

26. Que para su campaña, cada candidato abra una cuenta bancaria única, por la cual deban pasar todos sus ingresos y todos sus gastos de campaña.

27. Que sean fiscalizados los ingresos y los gastos de los partidos y de los candidatos. Que la comisión de auditoría que audite a la autoridad electoral, sea la que fiscalice a los partidos y a los candidatos. Que la comisión presente sus informes al consejo general de la autoridad electoral para su aprobación y los haga públicos junto con los estados financieros de los partidos.

28. Que se establezca un sistema gradual de sanciones al incumplimiento de las normas de financiamiento. Que entre las sanciones esté la pérdida de la candidatura, la anulación del resultado electoral del candidato infractor o la pérdida del registro del partido. Que se sancione gravemente el ocultamiento doloso de la información.

Sobre las condiciones de equidad de los medios de comunicación

29. Que el principio de equidad rija el acceso de los partidos políticos y de los candidatos a los medios de comunicación colectiva.

30. Que las prerrogativas de comunicación sean distribuidas entre los partidos con la misma regla del financiamiento: 40% por el principio de igualdad y 60% por el principio de proporcionalidad.

31. Que para las prerrogativas se incluya un capítulo especial en la Ley Electoral que regule los tiempos propuestos para los periodos electorales y no electorales y que el IFE esté obligado a elaborar programas con objetivos de educación cívica y fomento de la cultura democrática.

32. Que se establezca un canal público de televisión y una estación de radio, ambos de cadena nacional, para el fomento de la cultura democrática, dependientes del Congreso de la Unión. Que en las épocas de campaña el consejo general fije la norma para que el IFE administre los tiempos de este canal público. Que transmitan los debates de los candidatos y la presentación de los programas y las propuestas de los partidos. Que compartan con los medios privados los tiempos relativos a las prerrogativas.

33. Que se promueva una reforma de la Ley de Radio y Televisión y que el IFE administre los tiempos del Estado en los canales comerciales en los periodos de campaña electoral.

34. Que, como complemento de las prerrogativas de los partidos en los medios electrónicos de comunicación, en tiempos de campaña la contratación de publicidad política por los candidatos en ningún caso rebase un porcentaje determinado de sus topes de campaña. Que la publicidad política sea cotizada en los medios en los mismos términos, condiciones y precios que la publicidad comercial y que se incorpore en ella la que es pagada por el partido.

35. Que el IFE lleve a cabo monitoreos permanentes de la información noticiosa de las campañas electorales. Que los resúmenes de ese monitoreo sean difundidos por los propios medios.

36. Que el IFE esté obligado a organizar y a convocar a debates públicos a los candidatos. Que se establezca la obligación de los candidatos de presentar públicamente las plataformas electorales de sus partidos.

37. Que se legislen los derechos de réplica y reclamación de los partidos y los candidatos frente a informaciones falsas o deformadas, calumniosas o difamatorias, emitidas por los medios de comunicación colectiva.

Sobre las condiciones de la competencia

38. Que se elimine la exclusividad para cualquiera de los partidos de utilizar los colores patrios y que se prohiba el uso de los demás símbolos patrios.

Sobre los partidos políticos y su afiliación

39. Que desaparezca el registro condicionado de los partidos políticos y se establezca un solo tipo de registro. Que se establezca que un partido político que pierda su registro no pueda solicitarlo para la siguiente elección.

40. Que se incremente a 3% el porcentaje de votos para mantener el registro de los partidos y a 5% el necesario para tener acceso a las curules de representación proporcional.

41. Que se introduzca la figura de las asociaciones políticas. Que se les establezcan como prerrogativas, la exención fiscal y las franquicias postales y telegráficas. Que solamente puedan participar en las elecciones federales aliadas con los partidos políticos nacionales, en cuyo caso deban sujetarse a las limitaciones que establezca la ley en materia de prerrogativas y financiamiento. Que se establezca una fundación para apoyarlas que les financie proyectos y les tramite la deducibilidad de los donativos que reciban. Que en la fundación se establezca un fideicomiso que recoja recursos para apoyar a las asociaciones. Que en los comités técnicos de la fundación y del fideicomiso, participen los consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Que se puedan organizar asociaciones políticas para apoyar a un partido o a un candidato.

42. Que el ejercicio de los derechos ciudadanos sea libre y personal por mandato constitucional.

43. Que se sancione toda forma de coerción o inducción del voto derivada de la relación laboral, de la agremiación social o del disfrute de un bien o un servicio público.

Sobre las coaliciones o candidaturas comunes

44. Que se permita el registro de candidatos independientes siempre y cuando acrediten el apoyo de por lo menos el 2% de los votantes de la demarcación territorial por la que se postulen. Que se sujeten a las restricciones que se establezcan a los partidos y a los candidatos en materia de equidad, en las condiciones de la competencia y en particular respecto de los términos de financiamiento privado, fiscalización, topes de campaña y equidad. Que no sean objeto de prerrogativas.

45. Que se faciliten las condiciones para formar coaliciones y para postular candidatos comunes. Que se establezca como un único requisito que presenten una propuesta común. Que los candidatos aparezcan una sola vez en las boletas electorales incluyendo en el recuadro respectivo los símbolos de todos los partidos que los postulen. Que el candidato de varios partidos no lesione el principio de equidad por disfrutar de mayores prerrogativas por acumulación, o sea, que no pueda superar el tope de gastos de campaña.

46. Que una coalición de partidos no pueda tener financiamiento por encima del partido que tenga derecho a los mayores ingresos según las prerrogativas de la ley. Que se establezcan términos de preclusión para la formación de coaliciones o la postulación de candidatos comunes. Que en los convenios de coalición o de candidato común, se especifique la forma como se cumplirá con la legalidad en lo relativo al reparto plurinominal y al registro de los partidos.

Sobre la cédula de identidad ciudadana y el padrón electoral

47. Que la cédula de identidad ciudadana se convierta en el instrumento para la identificación de los electores en las casillas para las elecciones del año 2000. Que el registro electoral sea actualizado permanentemente con la participación de los partidos políticos y auditado antes de cada elección.

48. Que sea corresponsabilidad del Estado y los ciudadanos obtener el registro de estos últimos en el padrón.

49. Que la lista nominal de las elecciones de 1997 incorpore la fotografía del elector.

50. Que la redistritación se haga para las elecciones de 1997, siguiendo jerárquicamente los criterios geográficos, de manera que no se dividan estados o municipios y numérico, para lograr la igualdad de población.

Sobre los programas públicos y los procesos electorales

51. Que no se identifiquen por ningún medio los programas públicos con programas partidarios y mucho menos se les utilice con fines electorales. Que su publicidad se suspenda en tiempos electorales. Que sea el consejo general del IFE el que autorice las excepciones.

Sobre la calificación de las elecciones

52. Que el cómputo y el otorgamiento de la constancia de mayoría para la elección de diputados uninominales sea realizada por los consejos distritales. Que la de los senadores lo sea por los consejos locales. Que la elección presidencial y de los diputados plurinominales lo sea por el consejo general. Que el Tribunal Federal Electoral haga la declaratoria de validez de todas las elecciones y respecto a la elección presidencial, notifique al Congreso para que el candidato triunfante rinda su protesta como Presidente de la República ante dicho poder.

Sobre la representación nacional

53. Que se aplique el criterio de la mayor proporcionalidad posible para la Cámara de Diputados. Que se estudie la integración de la Cámara de Diputados que garantice esa fórmula de proporcionalidad. Que no haya límite para que en la lista de candidatos a diputados plurinominales puedan aparecer candidatos a diputados de mayoría relativa. Que el reparto de los plurinominales tenga como objeto complementar las bancadas de los partidos que no hayan alcanzado su cuota proporcional con asientos obtenidos por el camino de la mayoría relativa. Que cuando algún partido obtenga sobrerrepresentación por el principio de mayoría relativa, en ningún caso se le resten curules, independientemente del porcentaje de votación que haya obtenido.

54. Que la composición del Senado se lleve a cabo por representación proporcional según el principio de cociente natural y resto mayor.

55. Que se establezca la reelección de los legisladores por un número limitado de periodos, a partir del año 2000.

Sobre los procesos electorales locales

56. Que se incluya en los artículos 41 y 116 de la Constitución, que las legislaciones de los estados deban incorporar para los procesos electorales locales los mismos principios establecidos para los procesos electorales federales; de tal suerte que pueda operar en forma eficiente el control constitucional respecto de leyes y procesos electorales.

Propuestas adicionales

57. Que se reduzca de forma significativa el plazo de las campañas electorales. Que en la medida de lo posible se realicen simultáneamente los procesos electorales federales y los locales.

58. Que se evalúe la posibilidad de establecer un mecanismo eficaz para que los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero puedan ejercitar su derecho al voto.

59. Que se incluyan en la Constitución, el referendum, el plebiscito y la iniciativa popular.

60. Que en aquello que sea aceptable, se ratifiquen las resoluciones adoptadas por el consejo general del IFE con motivo del acuerdo por la paz, la democracia y la justicia del 27 de enero de 1994, así como las resueltas a propósito de las elecciones extraordinarias celebradas en distritos de los estados de Puebla y Veracruz, que no hayan sido consideradas en este documento, incluyendo la creación de una comisión de consejeros electorales, representantes de partidos políticos y funcionarios de la autoridad electoral, para que a partir del mes de noviembre de 1996 monitoree, supervise y arribe a consensos que puedan ser propuestos al consejo general para su ratificación, en todo aquello relativo al buen desarrollo del próximo proceso electoral.»

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Calzada Gómez, sobre el mismo tema.

La diputada María Leticia Calzada Gómez:

Gracias, señora Presidenta; con su permiso, compañeras legisladoras; compañeros legisladores:

Estamos a sólo cuatro años de que concluya este siglo y todavía no podemos tener una reforma electoral decisiva que nos permita a los mexicanos tener procesos electorales sin problemas, tener procesos electorales limpios, transparentes, sin consecuencias como las que estamos viendo en Tabasco y en Huejotzingo, Puebla; procesos electorales limpios pedimos con ansia los ciudadanos.

Ayer, un grupo de ciudadanos representantes de diversas organizaciones de todo el país, estuvieron aquí con nosotros a plantearnos su preocupación por toda la situación que la sociedad está demandando, por todos estos conflictos que requieren la participación de toda la sociedad.

Consideran que en este marco una reforma electoral decisiva es urgente y que esta reforma electoral, de una vez por todas, se requiere que pase en este periodo de sesiones, se requiere con urgencia, porque no es posible enfrentar de nueva cuenta conflictos electorales. Se requiere con urgencia, porque requerimos los ciudadanos creer en nuestras instituciones....

Se requiere con urgencia porque no podemos seguir siendo vulnerables frente a otros países. Esto nos vinieron a decir.

Nos vinieron a recordar que en estos momentos los legisladores debemos asumir nuestra responsabilidad de representantes populares.

Debemos presionar a los partidos políticos para que se pongan de acuerdo y de una vez por todas llegue a este recinto esta propuesta de reformas constitucionales que nos permitan tener un órgano responsable de organizar los procesos electorales limpios y transparentes, un órgano que sea autónomo, que sea creíble, un órgano que pueda ver de dónde vienen esos recursos que van a las campañas políticas y en qué se gastan esos recursos.

Nos señalaron que de asumirse esta responsabilidad por los diputados traerá como consecuencia algo fundamental, que es devolver la credibilidad a esta institución, dignificar nuestra representación aquí.

Este grupo de ciudadanos nos pidió que leyéramos en tribuna sus demandas y yo me voy a permitir leer unos cuantos párrafos y sus demandas y la lista de organizaciones que vinieron y también pedirle a esta Presidencia que el documento completo quede en el Diario de Debates, pues ellos también apoyan los resultados del seminario de Chapultepec.

Las organizaciones ciudadanas y civiles de todos los ámbitos del país hacemos un llamado a los representantes del Congreso de la Unión, a fin de que la propuesta de organizaciones ciudadanas sobre reforma electoral sea analizada y apoyada por los diputados de todos los partidos. En ella pedimos se contemplen los aspectos que consideramos más relevantes, informándoles que este documento ha sido presentado ante la mesa de reforma política en la Secretaría de Gobernación, donde exigimos nuevamente, como reclamo legítimo, una reforma electoral decisiva, que ha sido la exigencia de todos los sectores de la sociedad desde hace muchos años.

Nuestra propuesta está basada en el conocimiento ciudadano del problema electoral, en el seguimiento constante de los procesos a través de la observación civil de las elecciones, en la reflexión profunda de lo que México necesita para ser democrático.

La reforma electoral debe contener las propuestas desarrolladas por las organizaciones ciudadanas, a fin de que sea el marco que genere y asegure contiendas imparciales, transparentes, equitativas y libres, que devuelvan la credibilidad en las elecciones, ya que si el pueblo mexicano no cree en las elecciones o constata como hasta ahora lo ha hecho, la iniquidad y la parcialidad de éstas, se corre el riesgo de que la desesperación, la impotencia y la indignación lleven a la búsqueda de otras alternativas no sustentadas en la democracia, único camino viable para un cambio social y político pacífico.

No contar con elecciones transparentes y equitativas pone en riesgo la paz que todos los mexicanos anhelamos.

Les pedimos también, nos piden a nosotros, que colaboremos con energía para que conflictos poselectorales existentes se resuelvan, como un acto de voluntad de que el voto en México se ha respetado. Entre ellos el caso de Tabasco con el gasto de campaña utilizado, no sólo por estar fuera de la ley, sino es también insultante ante las necesidades sociales del pueblo tabasqueño y el caso Huejotzingo, que a todos luces representa un nuevo atraco a la voluntad popular, expresada en el voto.

La reforma del Estado y dentro de ella la electoral, debe darse con la participación de todos los actores políticos y sociales del país y creemos que ahí tienen que estar representados los actores sociales y civiles y no únicamente los partidos de Gobierno."

Mencionan que están de acuerdo en los 60 puntos para una reforma político-lectoral y señalan que los puntos más importantes de éstos, que ellos son los que defienden, son los siguientes: Autonomía e independencia plena del órgano electoral; un tribunal federal electoral; equidad y austeridad en financiamiento en gastos de campaña; equidad en los medios masivos de comunicación; democratización de la representación, para buscar que exista el número proporcional de representantes de partido en las cámaras de Senadores y Diputados, de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en las urnas; reconocimiento de las figuras de asociaciones políticas y candidatos independientes; facultad de los partidos para formar coaliciones y/o postular candidatos comunes; reconocimiento de la figura del plebiscito y referendum e iniciativa popular; derecho de votar a los mexicanos en el extranjero; prohibición del uso de los colores y símbolos patrios, ningún partido -dicen- deberá hacer uso de colores o símbolos patrios, ya que pertenecen a todos los mexicanos y no son exclusividad de ningún partido.

Estoy resumiendo. "La nación requiere del esfuerzo de todos nosotros y de los representantes gubernamentales y partidos que sepan responder a la demanda ciudadana.

Esperamos que así nos lo demuestre quien en este momento está a cargo de esta reforma.

Queremos un México orgulloso de su vida democrática. Esto supone un proceso, pero un paso fundamental es contar con una reforma electoral de fondo y por supuesto la voluntad política de respetarla.

Nuestra voz debe ser escuchada porque en estos momentos de crisis tan profunda el grito por la democracia es ya inaplazable." Firman una lista de asociaciones ciudadanas.

Muchas gracias, señora Presidenta. Dejo a la Secretaría este documento.

La Presidenta:

Los documentos presentados en este tema, túrnense a la Comisión Plural para la Reforma Democrática del Estado.

CARTERAS VENCIDAS

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, para hablar sobre la banca.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Señora Presidenta; paisanos que están aquí en la Secretaría; compañeras y compañeros diputados:

Mientras nosotros discutimos, cuestionamos y objetamos la tarjeta "pobremático" que quiere echar a andar el Gobierno Federal, don Guillermo Ortiz, desde el año pasado, echó a andar una tarjeta pero más inteligente, la tarjeta "banqueromático" y con ella, sin los problemas que tenemos nosotros cuando vamos a los cajeros automáticos, unos cuantos banqueros se han servido con la cuchara grande y han logrado programas de rescate por el monto de 91 mil millones de pesos.

Los bancos simplemente no son uno sino son varios barriles sin fondo.

Los diversos programas de rescate, Sireca I, Sireca II, Programa de Capitalización, Procapte, Fobaproa, Udis, ADE, menos mal que últimamente ya están poniendo nombres más chicos, con tanto programa gasta uno mucho tiempo haciendo la relación de los mismos.

Ninguno de éstos ha funcionado, así lo reconoció el presidente Zedillo, hace apenas un mes ante la interpelación de los productores chihuahuenses.

Y cada vez el problema de las carteras vencidas se agudiza más y hace que más familias y más empresas mexicanas estén perdiendo sus hogares o sus activos.

La tarjeta banqueromático ha sido complementada en la última convención de banqueros en Cancún, por un pequeño dispositivo que el señor Guillermo Ortiz les repartió a cada representante de banco, es una especie de biper. Cuando los banqueros se sientan a merced de las leyes de libre mercado, cuando los banqueros se sientan a merced de las altas tasas de interés, lo único que tienen que hacer es marcar una clave en el biper que les repartió el Secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México, inmediatamente se activa un programa que se llama SOS papá Gobierno.

Y papá Gobierno acudirá de inmediato, pese a todas las críticas de paternalismo en auxilio de los pobres banqueros, acuciados por los extremos del libre comercio y del libre mercado.

Sin embargo, millones, siete millones de deudores, no han podido activar, no han podido tener derecho a ningún programa de auténtico rescate por parte del Gobierno.

Aquí en la Cámara de Diputados han surgido diversas iniciativas para salvar, para ayudar a los deudores de la banca. La iniciativa de ley que establece el derecho de las personas físicas a modificar sus adeudos de carácter mercantil; propuestas de reformas al Código de Comercio; se han firmado diversos puntos de acuerdo que ya ni me acuerdo; se firmó en diciembre pasado un punto de acuerdo pidiendo una tregua judicial para los deudores. Esos puntos de acuerdo no han tenido ningún efecto.

Ultimamente, la semana pasada, los tres partidos de oposición firmamos un punto de acuerdo, para pedir que la Secretaría de Hacienda se siente a dialogar con los deudores. Ni siquiera este tibio punto de acuerdo fue avalado por el Partido Revolucionario Institucional.

Realmente, ante la inflexibilidad de la política económica del Gobierno, que señaló ahorita con mucha precisión la compañera diputada Botello de Nuevo León, ante esta inflexibilidad la Cámara ha estado bloqueada. La Cámara de Diputados se ha visto impotente ante la soberbia, la cerrazón, la terquedad, la estulticia del gabinete económico ahora confabulado con los bancos. Las cosas no pueden continuar así.

Lo que está en riesgo no son nuestros ahorros, como nos ha hecho creer el presidente Zedillo una y otra vez. Lo que está en riesgo es la paz social de México, el patrimonio de las familias y de las empresas mexicanas.

Por eso, ya que legislativamente no se puede hacer nada, ya que la mayoría priísta es una mayoría aplastada, porque aunque gane las votaciones las gana aplastada por el presidencialismo, los diputados de siete diversas fracciones, corrientes o grupos, reconocidos o no reconocidos en esta Cámara, hemos lanzado una iniciativa frente a la iniciativa de SOS papá Gobierno que la Secretaría de Hacienda pone en acción junto con los banqueros, los diputados hemos puesto en acción una iniciativa que se llama SOS-fuero, para que fuera del marco legal, fuera de mayoriteos, fuera de las líneas, cada diputado se comprometa personalmente a hacerse presente y participar con todo el peso de su puesto, con todo el peso de su función, en apoyo a los deudores de la banca que van a ser desalojados de sus casas o cuyos activos les van a ser embargados.

Este es un movimiento que no viene de las cúpulas partidarias; es un movimiento que viene de abajo y que la diputada, la compañera Marta Alvarado, va a explicar al detalle. Pero que ustedes pueden leer porque ya se repartió el llamamiento a adherirse al movimiento "SOS-fuero", en cada una de sus curules.

Hay ya no únicamente un diputado del PRI que se afilió a este movimiento, ya se han adherido en unos momentos tres diputados más. Esperamos que la pluma no les pese y que puedan llenar la forma que viene en la tercera página del llamamiento a adherirse al movimiento "SOS-fuero". Esperamos que vayan con el representante de su fracción para adherirse a este movimiento y para acudir al llamado de los deudores de la banca y demostrar que si no lo podemos hacer aquí en las votaciones, cuando menos en la resistencia civil y pacífica, que siente la gente que su diputado o su diputada está con ellos.

Y nada más para terminar quiero decir lo siguiente: hay algunos diputados que seguramente no se van a afiliar pero que son deudores de la banca. Si alguna vez, compañera diputada, te van a embargar, no dudes, acude a los compañeros que sí firmaron el "SOS-fuero" y con mucho gusto estaremos ahí para ayudarte.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene el uso de la palabra la diputada Marta Alvarado para referirse al mismo tema.

La diputada Marta Alvarado Castañón:

Más que explicar yo quisiera aquí leer esta carta, este SOS. Sabemos que muchos compañeros no han tenido tiempo y quisiera que me hicieran el favor de escucharme. Dice así:

«Compañera diputada compañero diputado:

Como bien lo sabes, el problema de la cartera vencida es uno de los factores de mayor inquietud y angustia para las familias de México. Día a día se cuentan por cientos los hogares que son desalojados de su vivienda, los productores que son despojados de su tierra o las empresas familiares que pierden sus instalaciones y su equipo.

El trabajo de muchos años, de muchas generaciones, se esfuma ante los intereses usureros, las acciones irresponsables de jueces y la presión de actuarios y policías. Los embargos, los desalojos y los remates, no sólo han generado desazón y angustia entre los deudores, se han dado ya muchos casos de enfrentamiento entre los deudores por un lado y las autoridades y los representantes de la banca por otro.

La violencia ha estallado ya en varias ocasiones y la irritación social sigue en aumento. Hasta ahora los programas puestos en marcha por el Gobierno Federal para solucionar el problema de la cartera vencida han sido tardíos e insuficientes. Es el caso de las unidades de inversión (Udis) y del acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores (ADE).

A su vez el Congreso de la Unión no ha llegado a generar un marco jurídico que permita un tratamiento más humano a este grave problema y la banca se ha mostrado cerrada, poco imaginativa y nada dispuesta a ensayar soluciones audaces que la ayuden a recuperar un poco de su cartera sin necesidad de despojar a las familias del fruto de su trabajo honesto.

Como legisladores, no podemos contentarnos con el actual estado de cosas. En primer lugar debemos poner todo de nuestra parte para discutir y aprobar las iniciativas de ley que se han presentado, con el fin de mitigar el problema de los deudores de la banca, como es la iniciativa que establece el derecho de las personas físicas a que sean modificados sus adeudos de carácter mercantil, que se ha estudiado en la Comisión de Comercio o la iniciativa para reformar el artículo 363 del Código de Comercio.

En segundo lugar, debemos de esforzarnos porque en el menor tiempo posible se establezca una mesa de diálogo entre los representantes de los deudores, de la Secretaría de Hacienda, de la banca y de los poderes Legislativo y Judicial. Sin ellos, nada se puede avanzar.

Pero mientras esto sucede, podemos hacer algo para aliviar la tensión de miles de familias en riesgo de perder su casa. La experiencia de pocos meses ha mostrado a las organizaciones de deudores que la oposición activa, la resistencia civil a los desalojos, es la mejor arma para detenerlos y evitarlos. A pesar de que algunos dirigentes de los deudores han sido encarcelados, se ha logrado disminuir considerablemente el número de acciones en contra de dichos patrimonios.

Es el momento en que podemos demostrar a nuestros conciudadanos y conciudadanas, que sus problemas son los nuestros; que estamos con ellos en estas horas difíciles; que sus legisladores no son aquellos seres sentados por sobre todos los problemas, sino personas comprometidas con la seguridad y el bienestar de la sociedad.

Por eso te invitamos a que te sumes al movimiento "SOS-fuero", que es un movimiento de legisladores y legisladoras, tanto federales como locales. Es amplio, plural e incluyente. Su propósito es muy sencillo: Poner a disposición de las organizaciones de deudores, el nombre y el teléfono donde pueda localizarse al legislador que se comprometa con este movimiento, para que acompañe a las familias o a los dueños de empresas a punto de ser desalojados de sus propiedades y ayude a evitar el desalojo de una manera pacífica.

El único requisito que se pide a los legisladores, es su disposición personal para acudir cuando se les llame, a apoyar a la gente que va a ser desalojada. El movimiento no tiene dirigentes ni jerarquías; es sólo una actitud colectiva de ayuda a las familias y empresarios honestos.

Los invitamos, compañera legisladora y compañero legislador a que te sumes a SOS-fuero y a que invites a sumarse a otros legisladores federales o locales.

Para mayores informes, acude a cualquiera de los diputados que firman esta convocatoria.

Firman: Víctor Quintana, del PRD; Marta Alvarado, del grupo Ciudadano; Francisco Javier Santos Covarrubias, del PAN; Alejandro Rojas Díaz-Durán, del PRI; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del PT y Luis Sánchez Aguilar, de la fracción Social Demócrata.»

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jorge Meade Ocaranza, secretario de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para referirse al mismo tema.

El diputado Jorge Armando Meade Ocaranza:

Señora Presidenta, con su permiso; compañeros diputados:

Sin duda todos los diputados coincidimos que el problema de la cartera vencida es uno de los factores de mayor inquietud y angustia para los fines de México. También coincidimos que eso ha generado desazón y angustia a los deudores. Pero valdría la pena comentar también lo que los legisladores hemos estado realizando.

Recordar que en el mes de diciembre, los diputados de todas las fracciones parlamentarias firmamos un punto de acuerdo en la coincidencia a la atención a este problema.

También deseo manifestar, sin ánimo de controversia, que ha existido una actitud de atención, de diálogo, de gestión activa y posición comprometida de todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas en atención a este problema de la cartera vencida.

Asimismo se ha manifestado abiertamente, por parte de los legisladores, el señalamiento al Ejecutivo Federal y a las autoridades hacendarias, para que los apoyos que se den al sistema financiero nacional no sean para enriquecer o salvar accionistas bancarios, sino que estos recursos se canalicen a aliviar la carga de los deudores y a alentar las actividades productivas.

Significativo es también señalar que a un número de mexicanos importantes que ha acudido a este recinto, han sido atendidos por los diputados de todas las fracciones y en muchos de los casos se han realizado reuniones y llegado a importantes acuerdos con los interesados y el banco en cuestión, ante las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria o ante las autoridades hacendarias, según sea el caso.

De igual forma se ha acudido ante las diversas mesas de trabajo y celebrado reuniones con distintas autoridades para atender este asunto. De igual manera ha existido en forma institucional una atención a este complejo problema financiero que vive el país. Reconociendo que por parte del Gobierno Federal han existido propuestas y programas para su atención, aún inacabadas. Así como reconocido también el esfuerzo de miles de deudores, que se han topado en muchas ocasiones ante actitudes de usura y despojo con los dueños de los bancos.

Deseo, pues, dejar sentado, como integrante de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, que a la fecha con los instrumentos legales e institucionales a nuestro alcance hemos participado en la atención, insisto, a este grave problema. El que a nivel de comisión no ha sido bandera de nadie en particular, sino preocupación de todos los diputados.

Estoy cierto, finalmente, que los legisladores no hemos sido indiferentes a este problema y que seguiremos apoyando sin duda alguna todas aquellas propuestas legislativas y de gestoría que sean viables en su atención. Creo firmemente que debemos, con toda responsabilidad, seguir insistiendo en la búsqueda de solución a este problema que sabemos, reitero, es complejo y que debe estar sujeto a la realidad que vive el país.

Muchas gracias.

LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, AL ACTIVO, ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y FEDERAL DE DERECHOS

La Presidenta:

Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Secretaría de Gobernación. Se ruega a la Secretaría dar cuenta de él.

El secretario Cruz Pérez Cuéllar:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes la iniciativa de Ley que Modifica a las Diversas de los Impuestos Sobre la Renta, al Activo, Especial Sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos.

Documento que el titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 28 de marzo de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

El Ejecutivo Federal a mi cargo, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa de Ley que Modifica a las Diversas de los Impuestos Sobre la Renta, al Activo, Especial Sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos.

La política fiscal, como parte medular de la estrategia para el desarrollo del país, se ha orientado en la presente administración hacia la estabilización de la economía, la promoción del crecimiento económico, el fortalecimiento de las finanzas públicas y el combate a la evasión y elusión fiscal, entre otras medidas.

Las propuestas contenidas en la presente iniciativa, tienen como propósito fundamental continuar avanzando en la revisión de los ordenamientos legales tributarios para mejorar la equidad del sistema impositivo y hacerlo más eficiente, a través de la adecuada aplicación de los principios de equidad y proporcionalidad que consagra nuestra Carta Magna en materia tributaria.

Congruente con los principios mencionados, se proponen diversas reformas a la Ley del Impuesto al Activo para adecuarlo a las tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en relación a este impuesto.

Asimismo, con el propósito de compensar el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos, se ponen a consideración de esta honorable soberanía modificaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas asalariadas.

En concordancia con lo anterior, también se presentan modificaciones a las leyes del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos.

A continuación, me permito exponer las características principales y los razonamientos que justifican las modificaciones que se someten a la consideración de ese cuerpo colegiado.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Al igual que en la pasada reforma presentada por el Ejecutivo Federal a mi cargo en el mes de marzo de 1995 y en congruencia con la política para la recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores de menores ingresos, se propone a esta soberanía ampliar la bonificación fiscal, a fin de incrementar el ingreso disponible de los trabajadores de menores ingresos.

Esta ampliación daría como resultado un incremento en el ingreso disponible de los trabajadores con percepciones entre uno y tres salarios mínimos. Dicho incremento será de 3% para los trabajadores con ingresos de un salario mínimo y decrecerá gradualmente conforme aumenta el ingreso.

El incremento en la bonificación fiscal tendría como resultado, adicionalmente, que los ingresos de los trabajadores con percepciones de hasta tres salarios mínimos, quedarán totalmente desgravados. Así, el 70% de los asalariados, es decir 9.4 millones de trabajadores, no pagarían impuesto sobre la renta por el producto de su trabajo.

La reforma fiscal reciente de limitar la reducción de la tasa de retención a 4.9% sobre los intereses pagados a establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito mexicanas, sólo cuando éstas estuvieren situadas en países con los que México tuviera en vigor un tratado para evitar la doble tributación, coloca en una situación de desventaja a las sucursales de bancos mexicanos ubicadas en otros países con los que no se tienen dicho tipo de convenios, frente a las sucursales de bancos extranjeros ubicadas en dichas jurisdicciones, pero cuya casa matriz reside en un país con el que México tiene un tratado de doble tributación.

Esta desventaja de no ser eliminada, obligaría a la banca comercial a encarecer la colocación en México de los recursos financieros obtenidos en dichos países. Por ello se propone que la tasa de 4.9% sea aplicable a los establecimientos en el extranjero de las instituciones de crédito del país, independientemente de donde se ubiquen.

Asimismo, en congruencia con la política de negociación de tratados para evitar la doble tributación que ha seguido nuestro país en los últimos años, se propone extender, temporalmente, el beneficio de aplicar la tasa de retención del 4.9% del impuesto sobre la renta, no sólo a los intereses pagados a residentes en el extranjero que residen en un país con el que México tenga en vigor un convenio fiscal de esa naturaleza, sino de igual forma a quienes residan en un país con el que México ha suscrito uno de estos convenios tributarios, pero cuya entrada en vigor no se ha verificado.

Lo anterior conducirá a que se acelere en todos los países la ratificación o puesta en vigor de los tratados concluidos, sin afectar el costo financiero para las empresas nacionales durante ese lapso.

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

El impuesto al activo, vigente en nuestro país desde el año de 1989, ha cumplido con una función muy importante en el sistema fiscal mexicano, al coadyuvar a incrementar la base de contribuyentes que realmente aporten recursos para cubrir los gastos públicos, permitiendo así una más justa distribución de la carga impositiva.

A lo largo de su vigencia, este tributo ha permitido hacer más transparente la verdadera capacidad contributiva de empresas que, en otras circunstancias, pretenderían que no eran susceptibles de gravarse a la luz del impuesto sobre la renta.

Así, la experiencia ha demostrado que el legislador tenía razón al considerar que toda empresa mercantil que permanece establecida, una vez superado el periodo preoperativo que la propia ley fiscal reconoce, da lugar a que por la misma existencia de sus activos, por necesidad lógica dedicados a obtener utilidades, cuente con la capacidad contributiva suficiente para ser sujeto de ese impuesto.

En este orden de ideas, para que el impuesto al activo lograra su objetivo de no incrementar la carga fiscal de los contribuyentes cumplidos, a la vez que condujera a incrementar el número de empresas, entre las que se distribuye la carga tributaria, se permitió el acreditamiento del impuesto sobre la renta contra este impuesto. En efecto, para las empresas que no manipulan la base gravable del impuesto sobre la renta, el impuesto al activo resultante es menor o igual al impuesto sobre la renta a pagar, lo que implica que el contribuyente cumplido no ve incrementada su carga fiscal.

Si bien para que a una empresa le resulte conveniente permanecer en una actividad, ésta debe obtener un rendimiento promedio anual mínimo a su inversión, existen razones que explican que dicho rendimiento no se alcance en algún periodo en particular y que se vea compensado con el de periodos subsecuentes.

Lo anterior pudiera resultar en el caso de empresas que inician operaciones o en los casos en que existen fuertes fluctuaciones en la actividad de algún sector en particular o de la economía en general, entre otros.

Para incorporar dichos efectos en el impuesto al activo y evitar que se eleve la carga fiscal del contribuyente cumplido, la Ley del Impuesto al Activo contempla diversos mecanismos. Entre ellos, destacan los siguientes:

I) No se paga el impuesto al activo durante el periodo preoperativo, el de inicio de operaciones y los dos siguientes.

II) Se difiere el impuesto al activo por cuatro años tratándose de nuevas inversiones.

III) El impuesto al activo pagado en exceso del impuesto sobre la renta, actualizado por inflación, se puede recuperar en los siguientes 10 ejercicios.

IV) Se permite acreditar contra el impuesto al activo del ejercicio, la cantidad actualizada en que el impuesto sobre la renta excedió, en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores, al impuesto al activo.

V) El impuesto al activo se ajusta para que no se neutralicen los beneficios fiscales, producto de la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta o de otros mecanismos, como la deducción inmediata.

Los anteriores mecanismos conducen a que el impuesto al activo sea pagado por aquellos contribuyentes que sistemáticamente y por largos periodos declaran tener pérdidas fiscales en el impuesto sobre la renta, es decir, aquellos que manipulan su base gravable mediante la transferencia de utilidades a entidades con baja o nula incidencia fiscal.

Por lo anterior, se insiste, el establecimiento del impuesto al activo ha demostrado ser una pieza fundamental del sistema fiscal de nuestro país, ya que antes de su implementación, se observaba un deterioro importante en la recaudación del impuesto sobre la renta, lo cual se explicaba por la práctica generalizada de las empresas de presentar declaración sin pago alguno. En efecto, hasta antes de la introducción del impuesto al activo, alrededor del 70% de las empresas reportaban pérdidas fiscales recurrentes y por largos periodos, evitando cumplir con ello, con la obligación consagrada en nuestra Constitución, de contribuir al gasto público. Con la introducción de este impuesto, se ha observado una reducción en la proporción de este tipo de empresas, en aproximadamente 50%.

Por ser acreditable el impuesto sobre la renta contra el impuesto al activo, esquema que, como ya se explicó, se instrumentó para no elevar la carga fiscal de las empresas cumplidas, su eficacia como instrumento de control de la evasión o elusión fiscales no se plasma en la recaudación que genera por sí mismo, sino en la que produce en el impuesto sobre la renta de las empresas.

El aumento en la recaudación que propició la reducción de estas prácticas evasivas o elusivas, como consecuencia de la aplicación del impuesto al activo, ha permitido al sistema fiscal mexicano lograr mayor equidad, al distribuir entre un mayor número de contribuyentes la carga impositiva. Lo anterior se hace patente al recordar que la introducción del impuesto al activo permitió consolidar la reducción de la tasa impositiva en el impuesto sobre la renta de las empresas, que se redujo de 39.2% en 1988, a 34% a partir de 1995, fundamentalmente en beneficio de los contribuyentes cumplidos.

Sin embargo, reconociendo que este tributo incursiona en el complejo territorio de la conjunción de fines fiscales y extra fiscales, cumpliendo a un tiempo con objetivos recaudatorios propios y con los correspondientes al control de la causación del impuesto sobre la renta, así como con los de eficiencia empresarial, ha sido objeto de diversos ajustes para alcanzar, de manera más efectiva, el adecuado esquema de equidad y justicia que nuestra Constitución Política obliga a todos los tributos.

Al efecto, en fechas recientes y como resultado de un proceso de varios años, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha establecido una definición jurisprudencial sobre la constitucionalidad del impuesto al activo.

Como resultado de ese proceso, nuestro Supremo Tribunal ha concluido, mediante la opinión mayoritaria de sus integrantes, que no obstante las bondades y la procedencia del tributo en su conjunto, existen disposiciones que lo rigen, que son contrarias a la equidad que todo impuesto debe mantener.

Fue el caso, de manera principal, de la disposición contenida en la fracción II del artículo 6o. de la ley, que en su texto vigente no considera sujetos del impuesto a las empresas que componen el sistema financiero.

Es de recordar que el razonamiento del legislador a ese respecto, fue el de considerar que dichas empresas no debían ser sujetas del impuesto en análisis, por el hecho de que sus activos derivan de las operaciones de intermediación financiera que, conforme a las leyes que rigen la constitución, operación y funcionamiento de los diversos intermediarios financieros, están constituidos fundamentalmente con los recursos captados del gran público en general y que representan su ahorro e inversión.

Al analizar la sistemática del tributo, la Suprema Corte de Justicia consideró en forma mayoritaria que, aun cuando esa situación es cierta, no resulta absoluta, pues si bien los intermediarios que integran al sistema financiero, tienen peculiaridades que desde el punto de vista financiero como contable las distinguen del conjunto de empresas que, en lo general poseen activos y que ello justifica un trato diferencial del resto de los contribuyentes, no alcanza a ser una justificación para que queden totalmente exentas del impuesto al activo.

Lo anterior, como resultado de que, de acuerdo al criterio mayoritario de la Suprema Corte, las instituciones que integran el sistema financiero tienen en su patrimonio, además de los activos correspondientes a su intermediación financiera, activos que no se diferencian de los del resto de los contribuyentes.

En tal sentido, la Suprema Corte consideró que la exención que la ley prevé para el sistema financiero no cumple plenamente con el principio de equidad establecido en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, ya que en virtud de que estas empresas cuentan con activos destinados a actividades empresariales y al no presentarse respecto de ellas ninguna situación de beneficio o justificación social que pudiera fundar un trato privilegiado de exención, no existe razón alguna por la que, respecto de dichas empresas, no se establezca que deban pagar el impuesto al activo, respecto del cual se puede acreditar el impuesto sobre la renta efectivamente pagado. Señala el criterio jurisprudencial de nuestro máximo tribunal, y reconociendo la diferencia entre los activos de este tipo de empresas con los del resto de los contribuyentes, que lo procedente es el prever "una forma especial de determinación de la base del tributo", pero de ningún modo su exención, máxime que como lo reconoce la jurisprudencia en cuestión, tales empresas son contribuyentes del impuesto sobre la renta, el cual pueden determinar sin problema alguno.

En otras palabras, el legislador no debió establecer un beneficio fiscal en el presupuesto de hecho del tributo (exención), sino sólo en la cuantificación del mismo, es decir, en la base gravable, a efecto de excluir de la tributación de los activos de las empresas que componen el sistema financiero afectadas a la intermediación que desarrollan.

Reconociendo entonces el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia y en un continuo esfuerzo por dotar a nuestro sistema impositivo de todos los elementos que hagan indubitable el cumplimiento de los requerimientos que nuestra Constitución Política le impone, someto a la consideración de ese honorable Congreso la necesidad de ajustar, en los términos ya indicados, la Ley del Impuesto al Activo.

En ese orden de ideas, se propone la derogación de la fracción II del artículo 6o., la adición de un artículo 5o-.B y ajustes a los artículos 1o. y 6o. fracción V y el penúltimo párrafo, para establecer que las instituciones que integran el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto al activo por aquellos activos que no provienen de su intermediación financiera, considerándose como tales a sus activos fijos, sus terrenos, sus gastos y cargos diferidos que no respalden obligaciones con terceros resultantes del desarrollo de su actividad de intermediación financiera.

Por lo que se refiere a las deducciones, se propone a esa soberanía que las empresas que componen el sistema financiero, únicamente puedan deducir aquellas deudas directamente relacionadas con la adquisición de sus bienes gravados con el impuesto al activo, por lo que para que sean deducibles en el citado impuesto las deudas que adquieran dichas empresas deben ser contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero. Asimismo se establece que no serán deducibles las deudas contratadas con las demás empresas del sistema financiero o a través de su intermediación, con lo cual se otorga a dichas empresas el mismo tratamiento al que están sujetos los demás contribuyentes.

Esta reforma en el impuesto al activo, cumple con el precepto constitucional de equidad, ya que:

I) Mantiene la simetría entre los diversos contribuyentes que integran el sistema financiero, así como respecto del resto de los contribuyentes, pues permite deducir las deudas contratadas con empresas residentes en el país y no así las deudas contratadas con el sistema financiero o con residentes en el extranjero.

II) Evita la doble tributación, en el sentido de que los activos que ya están gravados en otros sectores, por ser utilizados en ellos, no son gravados, en una segunda instancia, en el sistema financiero.

La base gravable propuesta para aplicar el impuesto al activo al sistema financiero, además de lograr la equidad del mismo, incluyendo a todos los sectores, en su ámbito de aplicación, tiene la ventaja de no generar un incentivo en las empresas financieras para reducir sus niveles de capitalización y de reservas, lo que evita que se afecte la solvencia del sistema financiero.

Asimismo, se sugiere otorgar a las citadas empresas el mismo tratamiento fiscal que actualmente se otorga a los demás contribuyentes de este impuesto para que puedan acreditar el impuesto al activo a su cargo contra la diferencia entre el impuesto sobre la renta y el impuesto al activo, causados en cada uno de los tres ejercicios anteriores.

Adicionalmente, se precisa que estas empresas podrán determinar el impuesto a su cargo a partir de este ejercicio, considerando el que resulte de actualizar el impuesto que les hubiera correspondido en el cuarto ejercicio inmediato anterior.

Por otro lado, por lo que hace a las personas físicas sin actividad empresarial que otorguen el uso o goce de bienes a otros contribuyentes del impuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, mediante jurisprudencia firme y dentro del reciente examen sobre la constitucionalidad de este tributo, que la Ley del Impuesto al Activo viola el principio de legalidad tributaria al no establecer para dichos arrendadores la base del impuesto.

Del examen de las diversas disposiciones que regulan este supuesto, la Suprema Corte consideró que las referencias a los activos que conforman la base gravable del tributo, se entienden referidas exclusivamente a contribuyentes que desarrollan actividades empresariales, por lo que no resulta aplicable dicha base gravable para aquellas personas físicas que otorguen el uso o goce de bienes sin dedicarse a una actividad empresarial.

Por lo tanto, se propone a esa asamblea modificar la Ley del Impuesto al Activo a fin de establecer con absoluta claridad y en estricto apego al aludido principio de legalidad tributaria, los lineamientos que conforman la base gravable de esta contribución.

En tal sentido, se somete a consideración de esa Cámara de Diputados que el concepto de bienes inmuebles que las personas físicas no empresarias otorguen en uso o goce a otros sujetos del tributo, se entienda referido al activo, que la Ley del Impuesto Sobre la Renta reconoce para dichos arrendadores en el Capítulo III del Título Cuarto de dicha ley.

En efecto, si bien es cierto que el concepto de activo utilizado en la Ley del Impuesto al Activo se entiende referido en forma genérica al concepto de activos contemplados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que ésta los define dentro de su Título Segundo como un conjunto de bienes que se destinan a una actividad empresarial, también es cierto que dicha legislación del impuesto sobre la renta reconoce en sus artículos 89, 90 y 138 de su Título Cuarto, que las personas físicas que otorguen el uso o goce de bienes inmuebles sin dedicarse a una actividad empresarial, también cuentan con activos, ya que este concepto se contiene dentro del término genérico de inversiones, las cuales son deducibles en el impuesto sobre la renta para este tipo de contribuyentes.

Asimismo, se propone incorporar en el texto legal la disposición contenida actualmente en el artículo 5o. del reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, el cual establece los lineamientos para determinar el monto original de la inversión de los inmuebles que se otorguen en uso o goce a otros contribuyentes del impuesto.

Con las anteriores reformas, de ser aprobadas por esa soberanía, el Ejecutivo Federal a mi cargo pretende dar cabal cumplimiento a los resultados que sobre el examen de la constitucionalidad de este impuesto concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reciente análisis que sobre el particular llevó a cabo este máximo tribunal concluye que el objeto de este impuesto radica en los activos susceptibles de generación de utilidades, reconociendo que la tenencia de dichos activos constituye un signo de capacidad contributiva en sí misma y que dicho objeto se encuentra vinculado a sus fines fiscales, contributivo y de control y a los extrafiscales de eficiencia empresarial.

Dicho reconocimiento por parte de la corte implica que su pleno abandonó su postura contenida en diversas tesis aisladas que consideraban que el objeto de este impuesto lo constituia la ganancia mínima presunta originada en la tenencia de activos destinados a actividades empresariales y por lo tanto, que la ley en cuestión quebrantaba, según dichas tesis, el principio de proporcionalidad "al no prever la posibilidad de desvirtuar la ganancia mínima objeto del gravamen".

La reciente postura de nuestro máximo tribunal, al indicar que el objeto del impuesto cumple con un fin extrafiscal de promover la eficiencia empresarial, reconoce, por la mecánica del impuesto que, salvo en el periodo preoperativo, en el ejercicio de inicio de operaciones y en los dos siguientes, los activos destinados a una actividad empresarial deben ser susceptibles de generar utilidades.

Cabe señalar, como se ha comentado con anterioridad, que otras disposiciones aisladas de la Ley del Impuesto al Activo reconocen la posibilidad jurídica y real de que un determinado contribuyente pueda, perfectamente, en un ejercicio, obtener una pérdida fiscal en el impuesto sobre la renta, estableciendo para dichos supuestos los beneficios consistentes en la recuperación, en los 10 siguientes ejercicios, del impuesto al activo que tenga que pagarse en exceso del impuesto sobre la renta actualizado por inflación y el del acreditamiento contra el impuesto al activo del ejercicio en que ocurrió dicha pérdida fiscal, de una cantidad ajustada por inflación equivalente al impuesto sobre la renta que hubiere cubierto en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores, en la parte en que este último tributo exceda al impuesto al activo.

En ese orden de ideas y en concordancia con lo sostenido por el Poder Judicial Federal, se reconoce que no es deseable ni sostenible, desde un punto de vista de eficiencia empresarial y, por lo tanto, contributiva, el que un contribuyente no cause impuesto sobre la renta contra el cual acreditar el impuesto al activo a su cargo en los tres ejercicios anteriores y en los 10 posteriores al de su causación.

En otras palabras, no resulta aceptable desde las ópticas empresarial y tributaria, el que un determinado contribuyente posea activos que están llamados a concurrir en la obtención de utilidades, sin que las mismas se generen en un lapso de 13 años.

Se insiste que en estos supuestos no puede sostenerse que la capacidad contributiva de los sujetos se circunscriba en exclusiva a la generación de utilidades en el impuesto sobre la renta, ya que, como lo refiere la tesis jurisprudencial antes señalada, al ser el objeto del impuesto al activo precisamente los activos, los mismos constituyen un signo denotativo e inequívoco de capacidad contributiva.

Por otra parte, congruente con las reformas al Código Fiscal de la Federación y a las leyes de los impuestos al Valor Agregado y sobre la Renta que se aprobaron en el pasado periodo de sesiones, en materia de escisión de sociedades, efectuadas con objeto de facilitar la reestructuración de las empresas, se propone modificar en dicho sentido la Ley del Impuesto al Activo, estableciendo la manera en que las sociedades que se escindan determinarán el monto de sus pagos provisionales, así como la forma en que efectuarán el acreditamiento de los pagos mencionados que hayan sido realizados con anterioridad a dicha operación.

El Ejecutivo Federal, con fundamento en el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual lo faculta para desarrollar los conceptos de una disposición legal, sin variar sus elementos esenciales a fin de proveer en la esfera administrativa su exacta observancia, en el artículo 15-A del reglamento de la Ley del Impuesto al Activo desarrolló el texto del artículo 5o-.A de la mencionada ley, confirmando en dicho artículo reglamentario que el impuesto a actualizar para efectos de tomar la opción a que se refiere este último precepto, es el que hubiera correspondido al contribuyente en dicho año, independientemente del que hubiera pagado es decir, aquel impuesto que resulte de considerar los activos y las deudas que tuvo el contribuyente en el cuarto ejercicio inmediato anterior a aquél en que se hubiera ejercido la opción.

Por lo anterior, en concordancia con los objetivos que orientan la reforma en el sentido de dotar de mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, se propone a ese honorable Congreso de la Unión incorporar en la ley el texto de la citada disposición reglamentaria.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

Por otra parte, derivado de la enajenación e importación de nuevos tipos de gasolinas y diesel, se sugiere regular el tratamiento fiscal a que estarán sujetos dichos productos, estableciendo la manera en que deberán pagar el impuesto especial sobre producción y servicios quienes enajenen o importen estos bienes, independientemente del tipo de gasolina o diesel al que se aplique.

En virtud de lo anterior, se propone sustituir el actual tratamiento que hace referencia a diferentes clases de gasolina y diesel, por una definición más amplia que abarque cualquier otra categoría de estos bienes, de acuerdo con el uso que se les dé, ya sea automotriz, industrial o para vehículos marinos, lográndose con esto que en el futuro no se requieran modificaciones a esta disposición legal por el solo hecho de que se introduzcan nuevos tipos de gasolinas o diesel.

Tal sería el caso, como vía de ejemplo, de la gasolina denominada "premium", la que al ser de mejor calidad, produce una menor emisión de contaminantes. Es así que, con la reforma propuesta, se abren las posibilidades de introducir nuevos tipos de combustibles que contribuyan a la conservación del medio ambiente.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

En virtud de la expedición de diversos ordenamientos legales durante 1995 y de las reformas efectuadas a otros, se hace necesario proponer a ese honorable Congreso de la Unión algunas modificaciones a la Ley Federal de Derechos para adecuar los preceptos que establecen los derechos relativos a los servicios que proporcionan las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como eliminar aquellos derechos que se causan por servicios que dejarán de proporcionarse.

Asimismo, derivado de las reformas efectuadas el pasado 28 de diciembre de 1994 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se hace necesario sugerir a esa soberanía algunas modificaciones al citado ordenamiento, con objeto de que los servicios que se proporcionaban por la Secretaría de Desarrollo Social y por los que se causan los derechos de zona marítimo-terrestre, de flora y fauna silvestres, de impacto ambiental y de prevención y control de la contaminación, se incorporen al capítulo correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Por otra parte, se propone precisar los servicios por los que se causan derechos y que proporciona la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en materia de certificación fitosanitaria de empresas dedicadas a la explotación, elaboración, mezclado, acondicionamiento y envasado de plaguicidas agrícolas, por los que se deben pagar los derechos de sanidad fitopecuaria.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción I y 72 inciso f de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a ese honorable Congreso de la Unión, por conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de

LEY QUE MODIFICA LAS DIVERSAS DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, AL ACTIVO, ESPECIAL SOBREPRODUCCION Y SERVICIOS Y FEDERAL DE DERECHOS

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo primero. Se reforman los artículos 52-B primero y segundo párrafos; 80-B en su tabla y 81 en su tabla, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

"Artículo 52-B. Los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país deberán pagar el impuesto a la tasa del 4.9% por los ingresos por intereses que perciban del capital que coloquen o inviertan en el país, sin deducción alguna.

El impuesto a que se refiere el párrafo anterior se enterará mediante retención que efectuarán las personas que hagan los pagos de intereses a que se refiere este artículo. Las instituciones de crédito podrán acreditar la tercera parte de la retención efectuada contra el impuesto sobre

la renta a su cargo, en el ajuste a sus pagos provisionales a que se refiere el artículo 12-A, fracción III de esta ley o en la declaración del ejercicio. En ningún caso procederá solicitar la devolución de los montos no acreditados en el ejercicio. Las restantes dos terceras partes de dicha retención se considerarán como pago definitivo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 80-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo segundo. Para efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, se aplicarán las siguientes disposiciones:

I. La modificación al artículo 52-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se aplicará a los intereses pagados a partir del 1o. de enero de 1996 y hasta la fecha de entrada en vigor de esta ley, a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país que no estén situados en un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación, siempre que se hubiera retenido el impuesto a que se refiere dicho artículo a la tasa del 15%, la retención se haya realizado y la constancia que acredite dicho porcentaje se haya expedido, antes del 1o. de abril de 1996.

Las instituciones de crédito del país a las que se les hubiera retenido el impuesto a que se refiere el artículo 52-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a la tasa del 15%, en el periodo comprendido del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio de 1996, adicionalmente a lo que ya hubieran acreditado conforme a dicho artículo, hasta un 45% adicional del impuesto retenido, siempre que el retenedor haya realizado la retención y expedido el comprobante en que conste la misma a la tasa del 15%, antes del 1o. de abril de 1996. En ningún caso procederá solicitar la devolución de los montos no acreditados en el ejercicio.

II. Las reformas a los artículos 80-B y 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se aplicarán a partir del 1o. de abril de 1996.

III. Los residentes en el extranjero que obtengan ingresos por intereses de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional de acuerdo a lo señalado en la fracción I del artículo 154 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, causarán el impuesto señalado en dicho artículo, por los intereses exigibles en el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1996 a la tasa del 4.9%, en lugar de la tasa del 15% prevista en dicha fracción, siempre que sean los beneficiarios efectivos de los intereses y residan en un país con el que se haya suscrito un tratado para evitar la doble tributación y éste no se encuentre en vigor, cuando les hubieran retenido el impuesto a que se refiere dicho precepto a la tasa del 15% y no se hubiera enterado esta retención mediante declaración complementaria.

Los países referidos se darán a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. Esta disposición sólo surtirá sus efectos en el año de 1996.

Los residentes en el extranjero a que se refiere el párrafo anterior, a los que se les haya retenido el impuesto a la tasa del 15% antes mencionada, deberán efectuar la compensación del impuesto pagado en exceso, exigible del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, contra las retenciones que les efectúen las personas que hagan pagos por intereses exigibles hasta el 31 de diciembre de 1996, siempre y cuando los intereses se deriven de una misma operación de financiamiento.

Los residentes en el extranjero mencionados en el párrafo anterior, en el caso de que no exista la obligación de retener impuesto respecto de la misma operación de financiamiento con posterioridad a la entrada en vigor de esta disposición, podrán solicitar la devolución del impuesto pagado en exceso antes de la entrada en vigor de la misma.

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

Artículo tercero. Se reforman los artículos 1o. primer párrafo; 6o. fracción V y el antepenúltimo párrafo; 13-A fracciones I y II; se adicionan los artículos 1o. con un tercer párrafo; 2o.-bis, que se ubicará inmediatamente después del artículo 2o.; 5o.-A, con un tercer párrafo y 5o.-B; y se deroga el artículo 6o. fracción II, de la Ley del Impuesto al Activo, para quedar como sigue: "Artículo 1o. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento.

Las personas distintas a las señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto por su activo fijo y terrenos por los que obtengan ingresos a los que se refiere el Capítulo III del Título Cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las empresas que componen el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera.

Artículo 2o. bis. Las personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de inmuebles, que se utilicen por otro contribuyente del impuesto, para determinar el monto original de los mismos, estarán a lo siguiente:

I. Determinarán por separado el monto original de la inversión; del terreno y de las construcciones, considerando el valor declarado en la escritura notarial en la que conste la adquisición. Cuando en dicha escritura no se hubiera hecho la separación de dicho monto para el terreno y las construcciones, los contribuyentes considerarán las proporciones que para el terreno y las construcciones, se hayan dado en el avalúo practicado a la fecha de la adquisición del bien de que se trate o considerarán las proporciones que aparezcan en los valores catastrales que correspondan a la fecha de adquisición.

En el caso de que no puedan determinarse las proporciones señaladas en el párrafo anterior, se considerará que del monto original de la inversión del bien de que se trate, el 80% corresponde a las construcciones y el 20% al terreno.

II. Cuando no se pueda determinar el monto original de la inversión de un inmueble, se considerará como dicho monto, el que resulte conforme a lo siguiente:

a) En el caso de las construcciones, mejoras o ampliaciones del inmueble, se considerará como monto el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra. En caso de que no se consigne el valor correspondiente en el aviso de terminación de obra o de que no exista la obligación de dar dicho aviso, se considerará como monto original de la inversión de las construcciones, mejoras o ampliaciones del inmueble, el 80% del valor del avalúo que al efecto se practique por persona autorizada, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, referido a la fecha en que las mismas se hayan terminado.

b) Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo antes del 1o. de enero de 1981, se considerará como monto el que haya servido para efectos del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo a partir de la fecha antes citada, el que haya servido para efectos del impuesto sobre la renta. Si para determinar la base de los mencionados impuestos se practicó avalúo, éste se considerará el monto original de la inversión referido a la fecha de adquisición.

c) Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, incluyendo las donaciones efectuadas por la Federación, estados, Distrito Federal, municipios u organismos descentralizados, se considerará el monto original de la inversión que dicho bien haya tenido para el autor de la sucesión o para el donante, respectivamente. Si no pudiera determinarse dicho monto, se considerará como tal el 80% del valor del avalúo practicado al bien de que se trate referido al momento de la adjudicación o de la donación, según corresponda.

d) Tratándose de bienes adquiridos por prescripción, se determinará su monto original de la inversión conforme al avalúo que haya servido de base para el pago de impuestos con motivo de la adquisición. Si en la fecha en que se adquirió no procedió la realización del avalúo, se efectuará uno referido al momento en que la prescripción se hubiera consumado, independientemente de la fecha de la resolución que la declare. Cuando no pueda determinarse la fecha en que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como tal aquélla en que se haya promovido ésta.

Cuando para determinar el monto original de la inversión de un bien base de este impuesto, se deba realizar un avalúo en los términos de esta fracción, el contribuyente podrá acreditar el costo del avalúo contra los pagos provisionales del impuesto y el correspondiente al del ejercicio en que se efectuó dicho avalúo.

Artículo 5o.-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes actualizarán el impuesto que les hubiera correspondido de no haber ejercido la opción a que se refiere este precepto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 5o.-B. Las empresas que componen el sistema financiero considerarán como activo no afecto a su intermediación financiera, los activos fijos, los terrenos, los gastos y cargos diferidos, que no respalden obligaciones con terceros resultantes del desarrollo de su actividad de intermediación financiera, de conformidad con la legislación aplicable. No se incluirán los activos que por disposición legal no puedan conservar en propiedad. Estos contribuyentes sólo podrán deducir del valor del activo, las deudas contratadas para la adquisición de los activos mencionados, siempre que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 5o. de esta ley.

Artículo 6o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. (Se deroga.) III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Las personas físicas residentes en México que no realicen actividades empresariales y otorguen el uso o goce temporal de bienes a las personas a que se refiere la fracción I de este artículo, únicamente por dichos bienes.

VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las personas a que se refiere la fracción I de este artículo que mantengan los inventarios a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1o. de esta ley o que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad de un contribuyente de los mencionados en el artículo 1o. de esta ley, a excepción de las que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en los términos de la fracción I del artículo 24 y fracción IV del artículo 140 de dicha ley, pagarán el impuesto por dichos bienes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 13-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. En el ejercicio en que se efectúe la escisión y para efectos de los párrafos tercero y quinto del artículo 7o. de esta ley, determinarán el monto de los pagos provisionales del periodo que corresponda, considerando el impuesto del último ejercicio de 12 meses de la sociedad antes de la escisión, en la proporción en que, a la fecha de la escisión, participe cada una de ellas del valor de su activo a que se refiere el artículo 2o. de la misma, después de disminuirle en la misma proporción las deudas deducibles, existentes a la misma fecha, en los términos del artículo 5o. de este ordenamiento.

II. La sociedad escindente acreditará en el ejercicio de que se trate, la totalidad de los pagos provisionales enterados en dicho ejercicio, con anterioridad a la escisión, incluso cuando los pagos provisionales los hubiera efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o.-A de esta ley. En ningún caso las sociedades escindidas podrán acreditar los pagos provisionales realizados por la escindente."

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

Artículo cuarto. Para efectos de lo dispuesto por el artículo tercero de esta ley, se aplicarán las siguientes disposiciones:

I. Las empresas que componen el sistema financiero podrán, a partir del ejercicio de 1996 y hasta el de 1998, realizar el acreditamiento a que se refiere el segundo párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, considerando el impuesto sobre la renta y el impuesto al activo, causados en cada uno de los tres ejercicios anteriores al ejercicio de que se trate.

El impuesto al activo que resulte después del acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior y el primer párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, será el impuesto a pagar en el ejercicio de que se trate, para efectos de dicha ley.

II. Las empresas que componen el sistema financiero podrán determinar el impuesto al activo a partir del ejercicio de 1996 y hasta el de 1999, conforme a lo dispuesto por el artículo 5o.A de la Ley del Impuesto al Activo.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

Artículo quinto. Se reforman los artículos 2o., fracción I inciso l; 2o.-A fracciones II, III y VI incisos b, c, d, f y g; 4o.-A primer párrafo; 11 tercer párrafo y 19 fracción II tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

"Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A) y H). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I) Gasolinas: la tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos de los artículos 2o.A y 2o.B de esta ley.

J) y K). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 2o.-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Se multiplicarán por el factor de 0.9524 para las gasolinas y el diesel para uso automotriz, por 1.0 para el diesel para uso industrial de alto y bajo azufre y el diesel para uso en vehículos marinos, el monto que se obtenga de adicionar a la comisión que haya pagado Petróleos Mexicanos a los expendios autorizados por el combustible de que se trate en el periodo citado, los costos netos de transporte del combustible de la agencia de ventas de que se trate al establecimiento del expendedor incurridos durante dicho periodo, sin incluir, en ambos casos, el impuesto al valor agregado.

III. Se multiplicarán por el factor de 0.8658 para las gasolinas y el diesel para uso automotriz, por 0.9091 para el diesel para uso industrial de alto y bajo azufre y el diesel para uso en vehículos marinos, el precio de venta al público, del combustible de que se trate, vigente en la zona geográfica correspondiente en el periodo citado, cuando la enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado de 10%.

Se multiplicarán por el factor de 0.8282 para las gasolinas y el diesel para uso automotriz, por 0.8696 para el diesel para uso industrial de alto y bajo azufre y el diesel para uso en vehículos marinos, el precio de venta al público, del combustible de que se trate, vigente en la zona geográfica correspondiente en el periodo citado, cuando la enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado de 15%.

IV y V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Diesel para uso automotriz de alto azufre: el promedio del precio spot fuel oil número 2, 0.2% de azufre y 34 API, vigente en la costa del golfo de los Estados Unidos de América.

c) Diesel para uso automotriz y diesel para uso industrial de bajo azufre: el promedio del precio spot fuel oil número 2 LS, 0.05% de azufre, vigente en la costa del golfo de los Estados Unidos de América.

d) Diesel para uso industrial de alto azufre: el promedio del precio spot fuel oil número 2, 0.2% de azufre y 34 API, vigente en la costa del golfo de los Estados Unidos de América.

f) Diesel para uso en vehículos marinos en la costa del golfo: el promedio del precio spot fuel oil número 2, 0.2% de azufre y 34 API, vigente en Houston, Texas, de los Estados Unidos de América.

g) Diesel para uso en vehículos marinos de la costa del pacífico: el promedio del precio spot fuel oil número 2 LS, 0.05% de azufre, vigente en Los Angeles, California, de los Estados Unidos de América.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 4o.-A. Las personas que adquieran diesel para su consumo final y siempre que dicho combustible no sea para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos, podrán acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de este combustible, siempre que se utilice exclusivamente como combustible:

I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los productores o importadores de tabacos labrados para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos, el precio de venta al detallista. En el caso de exportación definitiva de dichos bienes en los términos de la legislación aduanera, así como en la enajenación de bienes que la citada legislación aduanera establece como importación temporal realizada por personas residentes en el país a empresas de comercio exterior, considerarán el valor que se utilice para los fines del impuesto general de exportación.

Tratándose de la enajenación de los combustibles a que se refieren los incisos I y J de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, los productores o importadores para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes considerarán como valor el precio a que se refiere la fracción I del artículo 2o.-A de esta ley, multiplicado por el factor de 1.05 en el caso de las gasolinas y el diesel para uso automotriz y por 1.0 en el caso del diesel para uso industrial de alto y bajo azufre y del diesel para uso en vehículos marinos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuando se trate de la enajenación de gasolinas, gas natural y diesel para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos, así como de la prestación de servicios gravados por esta ley en relación con dichos bienes, en el comprobante que se expida, en ningún caso se hará la separación expresa del monto de este impuesto debiendo ofrecerse estos bienes o servicios incluyendo el impuesto en el precio o contraprestación.

Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo final en los términos de las fracciones I, II y IV del artículo 4o.-A de esta ley, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate.

III a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

LEY FEDERAL DE DERECHOS

Articulo sexto. Se reforman los articulos; 86-A fracciones IV y VII; 86-B fracción I;120 primer párrafo; 123-F primer párrafo; 138 primer párrafo; 158 fracción I primer párrafo; 159 primer párrafo y fracción VII inciso d; 160 fracción IV; 194-C primer párrafo; 195-U fracción V; se adicionan los articulos; 86-A, con una fracción VIII; 123-A, fracción IV con un inciso f; 123-C fracción IV con un inciso e; 123-D fracción IV con un inciso e; 123-E fracción IV con un inciso e; 123-F fracción IV con un inciso e; 138 con un penúltimo y último párrafos; al Título Primero, Capitulo XIII, con una Sección Quinta, de la zona maritimo-terrestre, 1 94-D; 194-E; Sección Sexta, servicios de flora y fauna, 194-F; 194-G; Seccion Septima, impacto ambiental, 194-H; 194-I; 194-J; 194-K; 194-L; 194-M; 194-N; Seccion Octava, prevención y control de la contaminación, 194-O; 194-P; 194-Q; 194-R; 194-S; 194-T; 194-U; se derogan los artículos; 90-B fracciones I y II;120 fracciones I, II, III y V; 122, fracción I inciso d; 123-A fracción I; 1 23-B fracción I;123-C fracción I ;123-D fracción I; 123-E, fracción II; 123-F, fracción II; 128-C; 128-D fracción III; 153 fracción I; 159 fracciones III, VI inciso d, VII inciso g, VIII, IX, XIII, XXVI y XXVII; del Titulo Primero, Capitulo IX, Sección Segunda, de la zona maritimo-terrestre, 1 73-B; 174; Seccion Tercera, Servicios de flora y fauna, 174-A; 174-B; Sección Cuarta, impacto ambiental, 174-C; 174-D; 174-E; 174-F; 174-G; 174-I;174-J; Seccion Quinta, prevención y control de la contaminación, 174-K; 174-L; 174-M; 174-N; 174-O;174-P; 174-Q; de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

"Artículo 86-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Por cada certificado fitosanitario para la movilización nacional de productos y subproductos vegetales sujetos a regulación fitosanitaria: $20.00

V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Expedición del certificado zoosanitario para la importación de animales, sus productos y sus subproductos: $390.66

VIII. Por la expedición del formato de requisitos técnico-fitosanitarios para la importación y exportación de productos y subproductos vegetales: $90.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 86-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Por la certificación fitosanitaria de empresas dedicadas a la explotación, fabricación, elaboración, formulación o maquila, formulación por maquila, mezclado, acondicionamiento, envasado e importado de plaguicida agrícola: $3,987.76

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 90-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. (Se deroga.)

II. (Se deroga.)

III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 120. Por autorización de modificaciones a permisos de servicios de telecomunicaciones de valor agregado como de otros servicios de telecomunicaciones, que se presten a terceros, que hayan sido otorgados con anterioridad a la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se pagará conforme a las siguientes cuotas:

I. (Se deroga.)

II. (Se deroga.)

III. (Se deroga.)

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. (Se deroga.)

Artículo 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) (Se deroga.)

Artículo 123-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. (Se deroga.)

II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) a e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) Modificación a la red:$1,142.30

Artículo 123-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. (Se deroga.)

II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 123-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. (Se deroga.)

II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) a d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Modificación a la red:$1,142.30

Artículo 123-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. (Se deroga.)

II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) a d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Modificación a la red:$1,142.30

Artículo 123-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. (Se deroga.)

III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) a d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Modificación a la red:$1,142.30

Artículo 123-F. Por el otorgamiento de permisos para instalar, operar o explotar estaciones terrenas, transmisoras o transreceptoras, se pagará el derecho de telecomunicaciones, conforme a las siguientes cuotas:

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. (Se deroga.)

III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) a d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Modificación a la red:$1,142.30

Artículo 128-C. (Se deroga.)

Artículo 128-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. (Se deroga.)

Artículo 138. Por la expedición de certificados de homologación provisionales y definitivos para equipos, aparatos, dispositivos y accesorios de telecomunicación, se pagará el derecho por homologación en materia de telecomunicaciones, conforme a las siguientes cuotas:

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En solicitudes de "certificados de homologación definitiva", que se expidan a solicitud del interesado, después de los certificados provisionales, siempre que no hayan modificado las características técnicas y operativas autorizadas, se cobrará el 100% de la cuota establecida en la fracción I y el 40% de la señalada en la fracción II de este artículo.

El solicitante podrá optar por solicitar directamente un certificado de homologación definitivo sin contar con el certificado provisional, si presenta constancia o dictamen de que el equipo cumple con las normas técnicas nacionales y recomendaciones internacionales aceptadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debiendo pagarse en este caso el 100% de las cuotas señaladas en las fracciones I y II de este artículo.

Artículo 153. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. (Se deroga.) II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Por la expedición o renovación del certificado de aeronavegabilidad por periodo de vigencia:

a) a d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 159. Por la expedición de los siguientes permisos o concesiones, se pagará el derecho de aeronáutica civil, conforme a las siguientes cuotas:

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.(Se deroga.)

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) a c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) (Se deroga)

VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) a c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Taxi aéreo nacional o internacional: $4,542.92

e) y f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) (Se deroga.)

VIII.(Se deroga.)

IX. (Se deroga.)

XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIII. (Se deroga.)

XIV a XXV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXVI. (Se deroga.)

XXVII. (Se deroga.)

XXVIII a XXXII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Por la modificación de la concesión o permiso a que se refieren las fracciones I, II y III que anteceden, se pagará el 50% de la cuota correspondiente.

V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO IX

De la Secretaría de Desarrollo Social

SECCION SEGUNDA

De la zona marítimo-terrestre

(Se deroga sección)

Artículo 173-B (Se deroga.)

Artículo 174. (Se deroga.)

SECCION TERCERA

Servicios de flora y fauna

(Se deroga sección)

Artículo 174-A. (Se deroga.)

Artículo 174-B. (Se deroga.)

SECCION CUARTA

Impacto Ambiental

(Se deroga sección)

Artículo 174-C. (Se deroga.)

Artículo 174-D. (Se deroga.)

Artículo 174-E. (Se deroga.)

Artículo 174-F. (Se deroga.)

Artículo 174-G. (Se deroga.)

Artículo 174-I. (Se deroga.)

Artículo 174-J. (Se deroga.)

SECCION QUINTA

Prevención y control de la contaminación

(Se deroga sección)

Artículo 174-K. (Se deroga.)

Artículo 174-L. (Se deroga.)

Artículo 174-M. (Se deroga.)

Artículo 174-N. (Se deroga.)

Artículo 174-O. (Se deroga.)

Artículo 174-P. (Se deroga.)

Artículo 174-Q. (Se deroga.)

CAPITULO XIII

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

Artículo 194-C. Por el otorgamiento de permisos o concesiones para el uso o aprovechamiento de las reservas de la biosfera, parques nacionales, parques marinos nacionales, reservas especiales de la biosfera, monumentos naturales y las áreas de protección de flora y fauna, se pagará el derecho de permiso o concesión de inmuebles federales, conforme a las siguientes cuotas:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECCION QUINTA

De la zona marítimo-terrestre

Artículo 194-D. Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el derecho de zona marítimo terrestre, conforme a la siguientes cuotas:

I. Por la recepción y estudio de la solicitud de concesión o autorización: $288.41

II. Por la verificación en campo de levantamiento topográfico presentado por el solicitante de concesión de zona federal marítimo-terrestre o terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito que se forme por aguas marítimas:

a) Hasta 1,000 m2 de superficie: $586.28

b) De más de 1,000 m2 de superficie hasta: 5,000 m2: $1,172.64

c) De más de 5,000 m2 de superficie hasta: 10,000 m2: $2,345.29

d) De más de 10,000 m2 de superficie hasta: 15,000 m2: $4,690.66

e) De más de 15,000 m2 de superficie en adelante: $7,036.01

III. Por la cesión de la concesión entre particulares: $1,241.96

IV. Por la verificación de cumplimiento de obligaciones derivadas del título de concesión: $248.34

Cuando la zona marítimo-terrestre se utilice para la agricultura, ganadería o pesca, las cuotas señaladas en este artículo se reducirán en un 50%.

Este derecho se pagará independientemente del que corresponda por el uso o aprovechamiento de la zona marítimoterrestre conforme al Título Segundo de esta ley.

Artículo 194-E. Por el otorgamiento de concesiones, autorizaciones o prórroga de concesiones para el uso o goce de la zona federal marítimoterrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, se pagará anualmente el derecho de concesión de inmuebles federales, conforme a la cuota de: $255.60 Cuando la zona federal se utilice para la agricultura, ganadería o pesca, la cuota a que se refiere el párrafo anterior se reducirá en un 50%.

No se pagará el derecho a que se refiere este artículo cuando el uso o goce de la zona federal se destine para actividades acuícolas de especies reservadas.

Este derecho se pagará independientemente del que corresponda conforme al Título Segundo de esta ley.

SECCION SEXTA

Servicios de flora y fauna

Artículo 194-F. Por los servicios que a continuación se señalan se pagará el derecho por servicios de flora y fauna silvestres, conforme a las siguientes cuotas:

A. Por el registro y refrendo anual:

I. De viveros comerciales de flora silvestre con especies terrestres y acuáticas, raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte: $142.51

II. De mascotas de fauna silvestre o de criadero, raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte: $130.63

III. De aves de presa consideradas como raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte: $100.94

IV. De viveros no comerciales de flora silvestre con especies terrestres y acuáticas, raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la que México forma parte:$31.17

No se pagará por el refrendo anual del registro a que se refiere la fracción II de este apartado.

B. Por la expedición de permisos y, en su caso, de refrendos, anual o por temporada, así como por la expedición de certificados:

I. Para colecta científica realizada en el país, por extranjeros: $3,790.22 Las personas que realicen colecta científica en el país, bajo algún convenio de cooperación internacional con el Gobierno Federal o con alguna institución mexicana, no pagarán este derecho.

II. Por cada solicitud de certificados relacionados con la exportación, importación o reexportación de especies terrestres y acuáticas, raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte:

a) De trofeos de caza: $194.47

b) De animales de fauna silvestre, para comercialización:

1. De especies mayores: $638.34

2. De especies menores: $320.65

c) De animales de fauna silvestre, para fines no comerciales:

1. De especies mayores: $204.86

2. De especies menores: $106.88

d) Distintos de los anteriores: $106.88

e) De productos y subproductos de fauna silvestre: $106.88

f) De productos y subproductos de flora silvestre: $106.88

III. Para colecta de material parental para su reproducción y propagación con fines comerciales en unidades de producción, de especies amenazadas o en peligro de extinción contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, de la que México forma parte: $158.84

IV. Por trámite para colecta de material parental de especies amenazadas o en peligro de extinción contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, de la que México forma parte: $158.84

Artículo 194-G. Por los estudios de flora y fauna silvestre, incluyendo su planificación, manejo y dictamen de impacto ambiental, se pagará el derecho de flora y fauna, por hectárea, conforme a las siguientes cuotas:

I. Distrito Federal, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro: $4.72

II. Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas: $6.32

III. Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Sinaloa: $7.88

IV. Por supervisión anual, por hectárea: $2.34

SECCION SEPTIMA

Impacto Ambiental

Artículo 194-H. Por el otorgamiento de la autorización de los proyectos de obras o actividades cuya evaluación corresponda al Gobierno Federal, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:

I. Obra o actividad que requiera manifestación de impacto ambiental en su modalidad general: $497.15

II. Obra o actividad que requiera manifestación de impacto ambiental en su modalidad intermedia: $870.12

III. Obra o actividad que requiera manifestación de impacto ambiental en su modalidad específica: $1,367.37

Artículo 194-I. Por los servicios que a continuación se señalan se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:

I. Por la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios que Realicen Estudios de Impacto Ambiental, por cada campo de especialidad o por el refrendo correspondiente: $1,371.75

II. Por la obtención de la versión actualizada del registro a que se refiere la fracción anterior: $15.82 Artículo 194-J. Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:

I. Por la recepción y evaluación del informe preventivo: $745.81

II. Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental:

a) En su modalidad general: $1,491.67

b) En su modalidad intermedia: $2,610.46

c) En su modalidad específica: $4,102.21

III. Por la verificación del cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación: $1,988.93

IV. Por la revalidación de evaluación de la autorización de impacto ambiental:

a) En su modalidad general: $234.48

b) En su modalidad intermedia: $410.39

c) En su modalidad específica: $644.94

Artículo 194-K. Por la recepción, evaluación y dictamen del programa de manejo forestal, para obtener autorización de aprovechamiento de recursos forestales, forestación y reforestación de especies maderables de clima templado y frío, por volumen solicitado para su aprovechamiento, se pagará el derecho de impacto ambiental conforme a las siguientes cuotas:

I. Hasta 500 metros cúbicos, exento

II. De más de 500 metros cúbicos hasta 1,000 metros cúbicos: $266.26

III. De más de 1,000 metros cúbicos hasta 5,000 metros cúbicos: $399.42

IV. De 5,000 metros cúbicos en adelante: $621.38

Artículo 194-L. Por la recepción, evaluación y dictamen del programa de manejo forestal para aprovechamiento de recursos forestales, forestación y reforestación de especies maderables de clima árido y semiárido, por metro cúbico solicitado para su aprovechamiento, se pagará el derecho de impacto ambiental conforme a las siguientes cuotas:

I. Hasta 500 metros cúbicos, exento

II. De más de 500 metros cúbicos hasta 1,500 metros cúbicos: $177.49

III. De más de 1,500 metros cúbicos hasta 3,000 metros cúbicos: $266.26

IV. De 3,000 metros cúbicos en adelante: $355.07

Artículo 194-M. Por la recepción, evaluación y dictamen de los estudios de uso de suelo forestal y por superficie solicitada, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:

I. De más de 1 hectárea hasta 10 hectáreas: $342.69

II. De más de 10 hectáreas hasta 50 hectáreas: $742.49

III. De más de 50 hectáreas hasta 200 hectáreas: $1,484.99

IV. De más de 200 hectáreas: $2,284.60

Artículo 194-N. Por la recepción, evaluación y dictamen de manifestaciones de impacto ambiental para aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales y especies de difícil regeneración, así como aquellos que determine la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con base en lo que establecen la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:

I. Manifestación de impacto ambiental modalidad general por un volumen mayor a 250 metros cúbicos: $887.71

III. Manifestación de impacto ambiental modalidad intermedia: $1,775.50

III. Manifestación de impacto ambiental modalidad específica: $2,663.23

SECCION OCTAVA

Prevención y control de la contaminación

Artículo 194-O. Por el otorgamiento de la licencia de funcionamiento a las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a las siguientes cuotas:

I. Por la recepción y evaluación de solicitud de licencia: $1,395.75

II. Actualización de licencia de funcionamiento por ampliación o modificación de procesos: $670.40

III. Por la verificación de cumplimiento de las condiciones derivadas de la licencia de funcionamiento: $1,115.37

Artículo 194-P. Por los servicios de verificación y certificación de equipos de medición de contaminantes de vehículos automotores en circulación en centros autorizados, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación conforme a la cuota de: $140.15

Artículo 194-Q. Por el servicio de certificación y verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores nuevos, a través de la prueba de laboratorio de emisiones vehiculares, por el método "CVS 75", se pagará por cada prueba que se realice el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a la cuota de: $4,604.93

Artículo 194-R. Por el servicio de evaluación y verificación de la aplicación de métodos, procedimientos, partes, componentes y equipos que reduzcan las emisiones de contaminantes a la atmósfera generados por vehículos automotores, a través de la prueba estática de emisiones vehiculares, se pagará por cada prueba que se realice el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a la cuota de: $47.29

Artículo 194-S. Por el registro de empresas generadoras de residuos peligrosos, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a la cuota de: $280.32

Artículo 194-T. Por el otorgamiento de la autorización en materia de residuos peligrosos, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a las siguientes cuotas:

I. Instalación y operación de sistemas de almacenamiento, recolección y transporte: $3, 426.90

II. Instalación y operación de sistemas de rehuso, tratamiento y reciclaje: $6,853.80

III. Instalación y operación de sistemas de incineración y disposición final: $20,561.40

Artículo 194-U. Por el otorgamiento del dictamen técnico para la obtención de estímulos fiscales o créditos de organismos financieros, en las actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación, por cada dictamen técnico conforme a la cuota de: $557.65

Artículo 195-U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Por el permiso extraordinario para la importación o exportación temporal o definitiva de armas y cartuchos, por las armas y sus cartuchos o sólo cartuchos: $1,028.07

VI a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

Artículo séptimo. Para efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, las cuotas de los derechos que aparecen publicados en esta Ley, se actualizarán en el mes de julio de 1996 en los términos del cuarto párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, excepto las señaladas en los artículos 86-A fracciones IV y VIII; 123-A fracción IV inciso f; 123-C fracción IV inciso e; 123-D fracción IV inciso e; 123-E fracción IV inciso e; 123-F fracción IV inciso e, de la Ley Federal de Derechos los cuales se actualizarán a partir del 1o. de enero de 1997.

TRANSITORIO

Artículo único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a ustedes ciudadanos secretarios las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, Ciudad de México, Distrito Federal, a 28 de marzo de 1996. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»

La Presidenta:

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

COMISIONES DE TRABAJO

La Presidenta:

Solicito a la Secretaría dar lectura a la proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:

«Honorable Asamblea: La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Cámara, en uso de las facultades que le otorgan los artículos: 42, 45, 46, 47 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a la honorable Asamblea, a los siguientes diputados para adecuar las comisiones y comités para el desempeño de los trabajos de este cuerpo legislativo.

Atentamente.

México, Distrito Federal, a 28 de marzo de 1996.-Diputados: Humberto Roque Villanueva, presidente; Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario del PAN; Jesús Ortega Martínez, coordinador del grupo parlamentario del PRD; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, coordinador del grupo parlamentario del PT; Juan José Osorio Palacios, Héctor Hugo Olivares V, José Ramírez Gamero y María del Rosario Guerra D.

Comisión de Salud: sustituye como presidente el diputado Everardo Martínez Sánchez al diputado Roberto Robles Garnica; la diputada María Rosa Márquez Cabrera sustituye como secretario al diputado Everardo Martínez Sánchez e ingresa el diputado Elias Miguel Moreno Brizuela.

Comisión de Ciencia y Tecnología: el diputado Abel Trejo González sustituye como secretario al diputado Salvador Hernández Velez e ingresa el diputado Mario Alberto Valdés Berlanga.

Comisión de Comercio: el diputado Luis Rico y Samaniego sustituye al diputado Salvador López.

Comisión de Justicia: el diputado Horacio Gutiérrez sustituye al diputado Gerardo Arellano Aguilar.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: el diputado Alejandro Zapata Perogordo, sustituye como secretario al diputado Gerardo Arellano Aguilar.»

El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la proposición.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Presidenta:

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Antonio Catalán Sosa, sobre el tema: contaminación en la bahía de Ensenada, Baja California.

El diputado Jorge Antonio Catalán Sosa:

Con su venia, señora Presidenta; compañeros legisladores:

Existen innumerables problemas en la vida cotidiana de este inmenso y abnegado país, problemas simples, problemas graves, de solución fácil algunos, de solución difícil otros, provocados por la ineficiencia gubernamental éstos o por la apatía y la falta de conciencia ciudadana aquellos.

El deterioro del medio ambiente es un problema grave y de difícil solución cuando existe un excesivo aparato burocrático, cuando no hay una honestidad a prueba ni vocación de servicio y sobre todo, cuando no se percibe esa voluntad política que tanto hace falta para que se allane el camino de los mexicanos y se nos facilite la obtención de metas y logros.

En virtud de que los diputados emanados del Partido Acción Nacional de Baja California, nos comprometimos en campaña, entre otras cosas, a buscar la rehabilitación de la bahía de Ensenada, puesto que el nivel de contaminación es alto y preocupante, hoy señores diputados, tomo la tribuna para efectuar ante ustedes, ante la opinión pública y ante el propio titular del Ejecutivo, una formal denuncia en contra del Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la Semarnap, por entorpecer, por empantanar, por dificultar el accionar de personas de buena fe, de empresas y de ciudadanos ensenadenses.

Seré claro. En la actualidad gasera del pacífico, compañía minera "La Paloma" y una empresa pesquera local no han iniciado labores por el pedimento de múltiples trámites, onerosos la mayoría; la inversión está hecha, faltan las facilidades y comprensión del Instituto Nacional de Ecología.

Otra empresa a la que habré de referirme en lo sucesivo como RIMA, Residuos Industriales Marinos y Automotrices, inició en 1993 el trámite para la autorización en la recolección y reciclaje de aceite usado proveniente de barcos, talleres mecánicos etcétera.

Las autoridades locales y estatales le otorgan permiso de uso de suelo, de factibilidad de recolección de aguas residuales, de factibilidad para recibir el residuo del aceite tratado y mezclarlo para bachear calles. Sin embargo, la autoridad federal, después de un año y tres meses no se decidió a otorgar la autorización, obligándolos a cambiar el giro a recolección, transporte, centro de transferencia, almacenamiento temporal y exportación de aceite usado.

Habiendo cumplido los requisitos, incluido el estudio al impacto ambiental, después de otros nueve meses o sea a los dos años de haber iniciado los trámites el 19 de diciembre de 1995 le autoriza a realizar las actividades mencionadas. Se le conmina a que pague los derechos correspondientes, pero sí, otro pero más, en la página nueve de la resolución se le aclara que debe tramitar otro permiso en materia de riesgo y residuos peligrosos ante la dirección general de residuos, materiales y riesgos del propio Instituto Nacional de Ecología, siendo que meses antes y por varias ocasiones se entregó la documentación y el titular de este departamento aseguró que no existía ya ningún problema.

Sin embargo, se entregó nueva documentación, en enero de 1996 avisaron que ya estaba listo este segundo permiso y cuando acudieron por él dijeron que estaba perdido, incluso el mismo jefe o titular está extraviado, porque a partir de esta fecha no es posible localizarlo por algún lado. El caso es que RIMA no desea aventurarse como las empresas antes mencionadas, invertir grandes cantidades de dinero y que después esto se convierta en un elefante blanco con las pérdidas respectivas, esto creo es justificable. Actualmente esta empresa ha invertido 200 mil pesos.

Quiero dejar en claro que no existe un interés personal por favorecer a un empresario o individuo, el interés es común de los ensenadenses. Les daré algunos antecedentes que motivan mi preocupación. En 1985 el mismo empresario colectaba 50 mil litros mensuales y los exportaba a San Diego, California, en 1986 la Sedue y Pemex le prohiben continuar con esta actividad; mientras tanto los talleres mecánicos tiran su aceite usado al drenaje doméstico de la ciudad y por su parte los barcos lo depositan en las aguas de la bahía, pues no se ofrece otra alternativa y lógicamente después de 11 años ya no son 600 mil litros al año, sino muchos más.

La contaminación de la bahía de Ensenada cobra visos incontrolables de peligro para el futuro del puerto llamado "La Bella Cenicienta", es preocupante ver en la playa leones marinos, pelícanos, gaviotas, peces y otras especies muertas, empapados de aceite, cada vez hay menos turismo, los bañistas que se arriesgan al igual que los pescadores que buscan algo para comer sufren frecuentemente de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. Ustedes se preguntarán, ¿acaso no hay conciencia ecológica en los ensenadenses? ¿Por qué no se han tomado medidas por las autoridades locales y estatales? ¿Cuál ha sido el papel de las autoridades centrales que norman y sancionan?

Invertiré la pirámide y les comentaré que en la presentación del proyecto presupuestal del ramo 16 de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del año 1996, en el primer punto de consideraciones iniciales se menciona: hasta 1994 -el aprovechamiento de los recursos naturales bla, bla, bla, se realizó en el país de manera sectorial y sin estrategias de coordinación interinstitucional ni con los sectores social y privado; luego menciona causas y hechos, para concluir que todo ello además de ocasionar severos daños en la naturaleza, se convierte cada vez más en serios obstáculos para el desarrollo económico con calidad de vida para los mexicanos.

En el punto tres, líneas estratégicas para afrontar los retos, agrega: que se ha iniciado la instrumentación de una estrategia de descentralización en materia de gestión ambiental y recursos naturales que tiene como finalidad el fortalecimiento de la capacidad de gestión social, buscando el aprovechamiento de los recursos naturales, el reconocimiento local de la especificidad de los recursos y los consensos locales acerca de las alternativas reales de desarrollo. En los discursos y documentos de la Semarnap se han mencionado las palabras simplificación, descentralización, eficacia, lo rescatable, retos etcétera, saben qué hacer pero no lo hacen.

En la actualidad la defensa del medio ambiente es impostergable. En teoría todos lo compartimos, en la práctica las autoridades desde la Semarnap y uno de sus órganos desconcentrados como el Instituto Nacional de Ecología, lo soslayan. La falta de atención y administración adecuadas del medio ambiente en nuestro país, ocasiona un grave desequilibrio ecológico, esto lo respiramos, se adhiere a nuestra piel diariamente, disminuye la calidad de vida y causa alteraciones agudas o crónicas severas en los organismos de los mexicanos.

En Ensenada, efectivamente, existen grupos defensores del medio ambiente que denuncian ante autoridades y hacen pública su inconformidad. Recientemente, el 21 y 22 de diciembre de 1995, en su primera gira por Baja California, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León invitado y acompañado por el presidente municipal Manuel Montenegro Espinosa y el gobernador del Estado, Héctor Terán Terán, respondió a los planteamientos de ambos en materia de la contaminación de la bahía de Ensenada, mencionando que el diagnóstico presentado es que la bahía estaba muy enferma y que era urgente tratarla y limpiarla, para lo cual anunció la participación de la SAHOPE y la COSSAI, invirtiendo 50% de pesos en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y 40 millones de pesos en el emisor de la misma planta de tratamiento.

Por una parte, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, titular del Ejecutivo Federal, se compromete y apoya a los gobiernos locales en la limpieza de la bahía y por otra sus subalternos incongruentes se empeñan en la práctica de contradecir la política de su jefe.

Tengo en mi poder decenas de oficios a diferentes dependencias de la Semarnap, escritos de compañeras que requieren el servicio para desechar el aceite, unas y para aprovecharlo otras. Periódicos que mencionan presencia de aceite en el drenaje y el peligro latente de esta contaminación diaria.

Comenté al principio sobre la honestidad no probada de algunos funcionarios públicos, porque a la fecha se han acercado varios coyotes, el último de ellos un biólogo recomendado por alguien de Pemex a RIMA, prometiéndole que en un mes tendría el permiso. Desde luego, con un módico cobro que RIMA dejaría de invertir en esa empresa, unos 32 mil pesos.

Existen tres empresas en Tijuana que se dedican a colectar aceite usado: Nell Mex, Dall, Reciclados California, S.A. de C.V. Una de ellas obtuvo su autorización fácilmente hace seis meses.

El tortugismo será para que los empresarios honestos se cansen y ofrezcan, ¿acaso no hay necesidad de empleo y divisas y que el Instituto Nacional de Ecología cumpla con su cometido para lo cual fue constituido? Y ven cómo son los rumores, se dice que el ex gobernador Roberto de la Madrid Romandía, quien cuenta con una compañía recicladora de aceite usado, Oil, es la causa por aquello de que le protegen el mercado, ¿será? ¿Ustedes lo podrán creer?

La Comisión de Asuntos Fronterizos a través de su presidente, el diputado Oscar Villalobos Chávez ha intervenido ante el Instituto Nacional de Ecología sin respuesta. Su servidor cumplio ya un año con visitas a funcionarios del propio y llamadas telefónicas frecuentes, simplemente no hay respuesta.

Entregaré una copia del expediente, si no existe inconveniente, al presidente de Ecología y Medio Ambiente, diputado Oscar Cantón Zetina; al mismo tiempo enviaré otra a la señora Julia Caravias Lillo, titular de la Semarnap.

Los nombres de los funcionarios aparecen en los múltiples oficios cruzados con el solicitante y las dependencias, por mencionar algunos, Rubén Adame Lostamáo, José Luis Aguilar Rodríguez, Fernando Calzada Bejar, Castro Trenti, Gabriel Cuadri de la Torre, Jorge Sánchez Gómez, Luis Wall Hettman, más los que se acumulen esta semana.

Actualmente, haciendo un cálculo conservador y en base a un padrón de vehículos proporcionado por la delegación de Tránsito del Estado y la de autotransportes Federal, si el 10% de los vehículos hicieran cambio de aceite mensualmente, al igual que los barcos que usualmente pululan por la bahía, cuando menos unos 80 mil litros se acumulan en la bahía de Ensenada mensualmente.

La Profepa había iniciado la acción de supervisar, citar y sancionar, muy bien por Profepa, pero qué de la coordinación entre ellos, qué de las alternativas de solución y factibilidad.

En la bahía de Ensenada el mar cambió de color, las playas se oscurecen, los animales perecen, los turistas y bañistas se alejan, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León promete, Gabriel Cuadri y/o sus súbditos lo ignoran, todo por intereses político-económicos o en su defecto por una franca y penosa deficiencia en su organización interna, que no deja ni siquiera entrever la simplificación administrativa tan hermosamente definida en los discursos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Túrnese el documento a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

Tiene la palabra el diputado Daniel Quintero Peña, para referirse al mismo tema.

El diputado Daniel Quintero Peña:

Con su permiso, señora Presidenta; distinguidas compañeras diputadas y diputados:

Efectivamente el puerto de Ensenada se ha distinguido por dos actividades fundamentales, la actividad pesquera y el turismo.

Efectivamente, diferentes estudios de la calidad del agua en la bahía, hechos desde hace muchos años por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Sedue en el pasado, actualmente por la Sedesol, por el Instituto de Investigaciones Oceanográficas y el Cisese, demuestran que la contaminación ha ido en aumento, ha ido en aumento lamentablemente para el equilibrio ecológico y para los habitantes de Ensenada y su región, para el turismo de la zona, esto específicamente en la rada portuaria y en la zona del Arroyo del Gallo.

Los principales contaminantes de la bahía son materia orgánica, contaminación bacteriológica, provocada por la falta de infraestructura sanitaria, que provoca las aguas residuales de origen industrial, turístico y de toda la zona urbana. Estas aguas sin tratar o mal tratadas, se descargan directamente al mar y esto tiene muchos años.

Hemos escuchado con mucho interés la intervención del diputado Jorge Catalán, pero él olvida un razonamiento que lo considero importante, olvida que en seis años tuvimos un gobernador de la ciudad de Ensenada, un amigo nuestro, el licenciado Ruffo Appel, que también yo preguntaría qué hizo por la contaminación de la bahía, por el combate a la contaminación, qué hizo por su ciudad después de nueve años de gobernarla, tres como presidente municipal y seis como gobernador.

El diputado Catalán nos hizo un recuento y una serie de preguntas y de cuestionamientos y de situar el problema justamente en el ámbito del Gobierno Federal. Por supuesto, el Gobierno Federal tiene una responsabilidad, tiene muchas responsabilidades.

Y menciono al ex gobernador porque aquí se mencionaron nombres también de ex gobernadores de Baja California que tienen o no responsabilidad. Estamos por supuesto en contra del deterioro ambiental de la bahía de Ensenada.

El 30 de junio de 1994, Ernesto Zedillo se comprometió con los ensenadenses, se comprometió en Ensenada para realizar las inversiones que se tengan que hacer y dijo: vamos a limpiar la bahía de Ensenada. Hoy, en 1996, el Gobierno de la República le cumple a Ensenada.

El programa del presente año toma medidas muy concretas: se invertirán este año 30 millones para la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas negras, denominada casa pinta y se invertirán 4 millones para la rehabilitación de la actual planta de tratamiento. Además se tiene programado este mismo año invertir 23.5 millones para la construcción del emisor y la planta de bombeo.

Por último, se programan 3 millones para la rehabilitación y adecuación del canal de alejamiento de las aguas negras. Esto consiste en la rehabilitación y adecuación de la planta de bombeo de la calle diamante y la construcción de una nueva planta de tratamiento.

Se encuentra en proceso la contratación de los proyectos ejecutivos de los emisores y la rehabilitación de los cárcamos de bombeo y del canal de alejamiento.

Además a la planta de tratamiento está por definirse la modalidad de contratación, ya que en el caso del concurso o del contrato "llave en mano" se encuentran la ingeniería básica realizada para convocarla.

El costo total del proyecto, se estima, será en 86 millones de pesos, de los cuales se tienen programados para este año, repito, 60.5 millones de nuevos pesos. Con ello pues, se evitará descargas residuales a la bahía, beneficiando a toda la población de Ensenada.

Esto por supuesto no exime de responsabilidad al Instituto Nacional de Ecología y a la tramitología, pero queda claro, queda bastante claro al menos para mi diputado Catalán, que el Presidente de la República le cumple a Ensenada este mismo año.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Jorge Antonio Catalán.

El diputado Jorge Antonio Catalán Sosa:

Gracias, señora Presidenta; compañeros diputados:

Tomo nuevamente la tribuna debido a que el compañero diputado Daniel Quintero hizo alusión de ciertos hechos que son inexactos.

Efectivamente, pase aquí y tratar el problema de la bahía de Ensenada, que es común, compañero diputado Quintero, usted mencionó que Ernesto Ruffo Appel durante seis años de su gobierno no hizo nada por Baja California en cuestión ambiental. Yo quiero decirle que no vengo a defender a Ernesto Ruffo Appel, pero sí vengo a defender las acciones que emprendió un gobernador emanado del Partido Acción Nacional y que es congruente.

Para mencionarle sólo un caso, Ernesto Ruffo Appel estuvo pendiente de que se construyera la planta de tratamiento de aguas residuales en el Sauzal. Ernesto Ruffo Appel intervino para que se creara la dirección de ecología del Estado en marzo de 1992, por mandato de ley en el Estado.

Otro hecho inexacto es en cuanto a lo que usted menciona de casa pinta, que se acaba de autorizar por la Cosep hace dos meses en la ciudad de Nogales.

Y finalmente señor diputado, con todo respeto, pero se le olvida a usted que este tipo de acciones a las cuales hice alusión en mi intervención son totalmente del ámbito federal y que ahora usted se las quiera atribuir al ámbito local o al ámbito del gobierno del Estado, yo creo que es una gran equivocación.

Lo otro, al hablar de descentralización, yo creo que ésta es necesaria puesto que hemos visto que el Gobierno Federal es un gobierno obeso, con poca disponibilidad para atender a gran distancia los problemas de los estados o de las ciudades.

Y en cuanto a que usted dice que el Presidente de la República ya prometió y que cree que en este año va a cumplir con esas promesas, pues hasta no verlo estaría de acuerdo con usted, señor diputado.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para rectificación de hechos, el diputado Daniel Quintero.

El diputado Daniel Quintero Peña:

Caray, yo creo que no me entendió el diputado Catalán. Voy a tratar de volverle a explicar.

En primer lugar yo no dije aquí que el licenciado Ruffo Appel no había hecho nada por Baja California en materia ambiental, como él lo vino aquí a afirmar. Yo dije que no había hecho nada por materia ambiental por Ensenada, porque la contaminación durante los nueve años que él gobernó, tres como presidente municipal y seis como gobernador, la contaminación aumentó en Ensenada. Eso no quiere decir que la responsabilidad recae únicamente en él.

Cuando habla de que la Cosep avaló un proyecto hace dos meses, yo quiero comentar que la Cosep certificó un proyecto de una manera errónea y de una manera equivocada. Yo se lo demostré al licenciado Phillips Olmedo aquí en la Cámara y tan mal estuvo que ese proyecto de hace dos meses está cambiando. Y ese proyecto de esa casa pinta, hecho por el gobierno del Estado, por la CESPE de Ensenada, fue un proyecto amañado, fue un proyecto viciado y fue un proyecto que rayó en la corrupción, porque ese proyecto se concursó bajo la modalidad de "llave en mano" y lo ganó una empresa constructora de Guadalajara llamada Agua Mejor, con un séptimo lugar y una vez que lo ganó no se atuvieron los funcionarios estatales a las cláusulas del contrato de referencia, en virtud de que ese contrato, ganado por esa empresa en séptimo lugar, estipulaba que cualquier variación de la moneda iba a ser responsabilidad de la empresa ganadora del proyecto y andaba el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos buscándole financiamiento a través del Bandan de una manera bastante rara y tan mal estuvo el proyecto realizado que se vino por tierra y de él no queda casi nada.

Yo quiero aquí pues dejar muy claro que no venimos a defender intereses personales y sí me consta que empresarios de Ensenada han hecho trámites ante el Instituto Nacional de Ecología y no han obtenido respuestas. En eso, por supuesto, apoyamos las gestiones de los empresarios y apoyamos la gestión y lo aquí expresado por el diputado Catalán.

El diputado José Jesús Durán Ruiz (desde su curul):

Pido la palabra para rectificar hechos, señora Presidenta.

La Presidenta:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado José Jesús Durán Ruiz.

El diputado José Jesús Durán Ruiz:

Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

El compañero Catalán les habló sobre problema de contaminación en el norte del país. Ahora les vengo a hablar del sur de la República.

Hace algunos días, comenzando el periodo de sesiones, me dirigí a ustedes por el caso de Pemex. Compañeros diputados, éste es un tema recurrente y de preocupación en todo el país, especialmente en los estados donde Pemex se ha asentado. Para ejemplo basta mencionar el Estado de Tabasco, un Estado catalogado hace algunos años con una riqueza en biodiversidad altísima y que ahora está en un deterioro ambiental de difícil o imposible reversión.

¿Y para qué hablar de Coatzacoalcos? Ahora ocupa el poco honroso lugar de las zonas más contaminadas del mundo.

Esto ha hecho Pemex, aprovechando un recurso que es agotable y depredando recursos que deberían permanecer a largo plazo.

En mi Estado, Campeche, en la península de Atasta se están muriendo peces y se considera que esto es debido a la contaminación que ha generado la paraestatal Petróleos Mexicanos en la península antes mencionada.

También quiero informarles que Pemex pretende perforar dos pozos más que se encuentran muy cerca de los mantos acuíferos, que se contaminarían y también incrementarán la contaminación ya existente.

Considero que es el momento para que la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, realice un estudio y emita el dictamen sobre lo que está pasando en la península de Atasta con respecto a la muerte de peces; que el estudio que realice lo dé a conocer al pueblo campechano y a esta Cámara de Diputados.

Compañeros: muchas veces e insistido en que al Estado de Campeche le dan migajas con respecto a las participaciones federales, pues está aportando más del 75% de la producción de hidrocarburos.

Las participaciones federales actuales no alcanzan para impulsar el crecimiento del Estado y menos para sanear la gran contaminación y afecciones que Pemex ha generado a lo largo de estos años que se encuentra asentado en el Estado.

Exigimos más apoyos de Pemex, ya que los daños a la industria pesquera son muy elevados, debido a las grandes áreas restringidas de pesca. Este daño también se le ocasiona a la pesca ribereña.

No se puede tapar el sol con un dedo y aunque la paraestatal diga que no contamina, yo los invitado a que visiten la península de Atasta y lo verifiquen, para otorgar la razón a quien la tenga.

Pido a esta Cámara de Diputados que se investigue la muerte de los peces y que las comisiones de Pesca y Ecología de esta Cámara, también realicen las investigaciones necesarias, para conocer la causa de la muerte de dichos peces, que se presume es por derrame y contaminación de hidrocarburos.

Por su atención muchas gracias.

JUAN GARCIA ABREGO

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar, para referirse al caso de Juan García Abrego.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que durante el tiempo en que ejerce su encargo el Presidente de la República, titular único del Ejecutivo Federal, sólo puede ser juzgado por traición a la patria y por delitos graves del orden común. Hacemos notar que ahí no dice delitos graves del fuero común, dice del orden común, para distinguirlo del orden político. Ese fue el espíritu del Constituyente.

Una interpretación lógica y racional de ese precepto, nos conduce a sostener que la Constitución, preserva la figura presidencial de incriminaciones frívolas y por eso sólo lo responsabiliza de conductas gravemente ofensivas del orden legal. Pero de ahí no puede sacarse la conclusión aberrante, que sustenta la mayoría priísta en esta Cámara, que controla la subcomisión de examen previo respecto de los juicios políticos, en el sentido de que el Presidente es impune en el régimen jurídico mexicano.

Lo cierto es que sólo está protegido, por razón del cargo, de incriminaciones menores, lo mismo que de acusaciones notoriamente infundadas. Se quiere que quien ocupe el puesto de mayor responsabilidad en nuestro sistema jurídico político, no se distraiga por asuntos de poca monta, pero al propio tiempo se estatuyen normas que lo hacen imputable de infracciones de envergadura.

En la Constitución vigente se estructura y normativiza un presidencialismo que ha dado frutos negativos a la nación, porque rebasa con creces los límites de la igualdad entre los poderes.

La frase clásica de Montesquieu: "que el poder detenta al poder", entre nosotros no pasa de una utopía. Los dos poderes restantes, éste, el Legislativo y el Judicial, son obedientes de las decisiones que se toman en Palacio Nacional.

A Ernesto Zedillo Ponce de León, le imputamos un hecho gravemente ofensivo al orden jurídico en vigor: la expulsión hacia los Estados Unidos y la entrega a autoridades de aquel país de un ciudadano mexicano: Juan García Abrego.

Que quede claro: no defendemos narcotraficantes ni asesinos, sino el estado de derecho y el país de leyes que Zedillo Ponce de León invoca y a la par pisotea un día sí y otro también.

Los norteamericanos reclaman el derecho de entrometerse en asuntos cuya decisión corresponde soberanamente a otras naciones, al grado que dictan leyes con efectos más allá de sus fronteras.

Para expulsar a García Abrego, Zedillo Ponce de León, aplicó distorsionadamente el artículo 33 de la Constitución de la República y dio validez probatoria a documentos provenientes de los Estados Unidos: una fe de bautismo, que no habían sido autenticados por las autoridades consulares de nuestro país. Sin ese requisito carecen por completo de fiabilidad.

Además desestimó un documento con valor probatorio pleno, según las leyes mexicanas, como lo es la copia certificada del acta de nacimiento.

Frente a ésta, ¿qué valor probatorio podía tener un documento cuyo contenido antagoniza con su contenido emitido por una autoridad eclesiástica y no autenticado consularmente.

Zedillo no se complicó la existencia y acató fielmente las instrucciones provenientes del norte. Su actitud fue más obsecuente que la de los gobernantes, de las que los norteamericanos califican despectivamente como "repúblicas bananeras".

Si como dice la propaganda García Abrego es el capo de todos los capos del narcotráfico en México, expulsarlo impidió al menos:

Primero: que se le interrogara por las autoridades mexicanas sobre la estructura de sus empresas, porque nadie en su sano juicio podría pensar que actuaba solo. Quizá sólo la Procuraduría prianista sí lo crea, al igual que creyeron alguna vez que Aburto fue el solitario asesino de Colosio.

Segundo: que se capturara a los funcionarios que en éste y en pasados sexenios dieron protección a García Abrego. Un negocio tan grande como el que dicen que tiene, forzosamente requiere de protección del Gobierno. Por muchos años ese narco operó en franca complicidad con encumbrados personajes del mundo oficial, esto lo dice la propia Procuraduría prianista, con quienes gustaba hacerse fotografiar.

Tercero: que nos enteráramos quiénes hacen el lavado de dinero sucio en nuestro país, cuántas cuentas tenía García Abrego, en cuáles bancos, dónde están sus inversiones y quién se quedó con su dinero;:

Cuarto: que se supiera quiénes son los jefes de los narcotraficantes latinoamericanos en Estados Unidos. Tendríamos retraso mental si aceptáramos la versión del Embajador James Jones, de que en su país no hay cárteles de la droga como los hay en Latinoamérica y que todo el negocio de la droga se hace en pequeña escala.

El ejercicio de una facultad tan delicada como la que el artículo 33 entrega al titular del Ejecutivo, requiere de una alta dosis de cuidado y de responsabilidad. Ciertamente que autoriza a sacar del país a los extranjeros sin previo juicio, pero no se refiere a quienes han delinquido en el país y contra quienes existen requerimientos judiciales. Sólo a los que se considera indeseables y cuya salida no lesiona el sistema jurídico interno.

Era deber de Zedillo, en su carácter de titular del Ejecutivo, cumplir, por medio de sus policías dependientes del Ministerio Público, las órdenes de aprehensión dictadas por juez competente; inmediatamente debió poner a disposición de éste al detenido, para que se procediera conforme a la ley, incluso respetando sus garantías individuales. Al no actuar así, incurrió en un grave delito: obstruír la aplicación de la justicia a un individuo a quien se atribuyen numerosos delitos, entre ellos, casi un centenar de asesinatos.

Que no se piense que éstas son opiniones facciosas. Voy a citar la opinión de un conocido abogado, a quien los socialdemócratas no lo tenemos reputado ni por socialista ni por democrático, sino todo lo contrario: Ignacio Burgoa. Declarado emérito profesor por la máxima casa de estudios. Dice Burgoa, en un artículo publicado en primera plana, de Excélsior, del 21 de enero del presente año, que:

"La estancia del extranjero en México está subordinada al Presidente, en cuanto que este alto funcionario tiene la facultad exclusiva de hacerlo abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo. Sin embargo, aunque el Presidente no tiene la obligación de escuchar en defensa al extranjero, sí está su jeto a la garantía de motivación legal que consagra el artículo 16 constitucional, en el sentido de que dicho funcionario debe basar la estimación sobre la inconveniencia de que aquél permanezca en el país, en datos, hechos o circunstancias reales o trascendentes que la justifiquen. Por ende, la facultad presidencial no debe considerarse como potestad arbitraria".

Burgoa concluye, en el caso de García Abrego:

Primero. Que la nacionalidad de dicho sujeto, se refiere a García Abrego, es verosímilmente mexicana.

Segundo. Que independientemente de que García Abrego sea mexicano por nacimiento, estadounidense o tenga una doble nacionalidad, la orden de expulsión presidencial no debió haberse expedido en virtud de que dicho sujeto se encuentra bajo la potestad jurisdiccional de diversos jueces de distrito por distintos delitos de narcotráfico, Burgoa enlista las averiguaciones previas, las órdenes de aprehensión de los jueces y por último, señala, en una tercera conclusión:

La falta de observancia de los preceptos constitucionales invocados, afecta de antijuridicidad, a la orden de expulsión emitida contra el narcotraficante Juan García Abrego."

Esto dice el jurisconsulto.

Nosotros agregamos: las referidas conductas de Ernesto Zedillo Ponce de León, caben dentro de lo tipificado por el referido artículo constitucional, 108, como delitos graves del orden común, que insistimos, no deben interpretarse en este caso como opuesto a lo federal, sino a lo político, porque ejerció ilegalmente la atribución que le otorga el artículo 33 de la carta de Querétaro y además traicionó a la patria al deportar a un mexicano señalándolo falsamente como extranjero.

También obstaculizó la acción de la justicia y atropelló al Poder Judicial, impidió asimismo que se descubriera y se destruyera la estructura del Cártel del Golfo y obedeció a las presiones de los Estados Unidos, cuyos policías son fieros con los capos de este lado del Río Bravo, pero no encuentran ninguno hacia el norte de la frontera.

En virtud de lo anterior, el 19 de enero del presente año, esta fracción Social Demócrata vino a demandar la acción popular de la Cámara de Diputados, para efectos de juicio político en materia penal en contra de Zedillo Ponce de León; Antonio Lozano Gracia, procurador General de la República; José Angel Gurría, secretario de Relaciones Exteriores; y Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación; por violaciones a la Constitución y por tipificarse entre otras las siguientes figuras delictivas:

Ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, delitos contra la seguridad de la nación, independientemente de la violación flagrante a varios dispositivos constitucionales, entre otros, artículo 16 tercer párrafo, artículo 102 párrafo segundo en relación con el artículo 21 y con el artículo 33 en vinculación con el artículo 1o. de la Carta Magna, en cuanto al goce de garantías individuales para todo sujeto mexicano o no por el solo hecho de estar en territorio nacional.

Zedillo y sus cómplices han violado los preceptos constitucionales invocados, porque en los hechos nuestro país ha renunciado a su soberanía territorial en la aplicación de la ley y a su autodeterminación en materia jurisdiccional al sustraer de la acción penal a un individuo que, mexicano o no, cometió diversos delitos en territorio nacional y sobre quien pesan múltiples órdenes de aprehensión, libradas por jueces competentes.

La denuncia a la que nos referimos fue presentada hace 69 días. La ley en la materia establece que las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales deben resolver y notificar al denunciante en improrrogable plazo de 30 días.

Aquí se institucionaliza una práctica sistemática para todos aquellos que presentan demandas de juicio político. Independientemente de desecharlas por consigna ni siquiera los responsables de esas comisiones cumplen con la obligación de responder en el tiempo que la ley señala y esto ha ocurrido en una docena de veces en que la fracción Social Demócrata ha presentado denuncias de juicio político en contra de funcionarios públicos.

Desde esta tribuna demandamos a la Presidencia de la Cámara, que excite, no a los responsables, sino a los irresponsables de las comisiones citadas, para que cumplan su deber legal.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Esta Presidencia excita a las comisiones respectivas a que presenten el dictamen de referencia.

LEY HELMS-BURTON

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, para proponer un punto de acuerdo sobre la Ley HelmsBurton.

La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:

Con su venia, compañera Presidenta:

Me permito leer un punto de acuerdo en torno a las relaciones América Latina-Cuba, frente a la política exterior de Estados Unidos.

«Considerando que Cuba es uno de los países más importantes en el Caribe y que forma parte de la asociación de estados del Caribe en un esfuerzo por insertarse activamente en la economía internacional; que en América Latina y el Caribe se han venido gestando una gama de iniciativas integracionistas que buscan el progreso social y la participación de la región en condiciones más favorables en las relaciones económicas internacionales; que existen diversas formas de organización política, económica y social en los paises del mundo y que ello no debe ser obstáculo para su participación activa en las relaciones internacionales de finales de siglo y milenio, que México y Cuba son dos pueblos a los que hermana la historia, la cultura, la herencia colonial y los deseos por un orden internacional más justo en donde se respete la no intervención en los asuntos internos de los estados; que las agresiones como el bloqueo que ha mantenido el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que en los foros internacionales se ha denunciado como violatorio del derecho internacional y más recientemente la iniciativa HelmsBurton violan todas las normas de convivencia sancionadas en el derecho internacional; que el aislacionismo al que se ha querido someter a Cuba solamente ha deteriorado el nivel de vida de sus habitantes, sin que por ello se hayan logrado los objetivos de los impulsores del bloqueo, nos lleva a proponer el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Artículo único. Que en atención a la importancia de Cuba en el hemisferio occidental, se busque su incorporación a los diseños integracionistas latinoamericanos, ya que con ello se fortalecerán los lazos entre nuestros pueblos hermanos. Para ello se convoca a la conformación de una comisión de esta Cámara de Diputados, plural y paritaria, que se encargue del análisis de las condiciones y términos en que esta iniciativa podría concretarse a la brevedad.

Por los grupos parlamentarios que integran la LVI Legislatura, suscriben el presente punto de acuerdo los diputados: Carlos Reta Martínez, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Ana Lilia Cepeda, Rosa María Márquez Cabrera, Gloria Sánchez, Alfonso Primitivo Ríos, Gabino Fernández, Cuauhtémoc Sandoval, Luis Sánchez Aguilar, Humberto López, Carlos Núñez, Jaime Martínez Veloz y la que tiene el uso de la voz.»

Muchas gracias.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Josefina Silvia Balleza Sánchez:

Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias. Segundo Año. LVI Legislatura.

Orden del día

Lunes 1o. de abril de 1996.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del Estado de Puebla.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Justicia con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana María Julia Carabias Lillo, secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de permiso del contralmirante cuerpo general Diplomado de Estado Mayor José Luis Figueroa Cuevas, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano José Arturo Colín Pineda, para que pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 16:06 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 1o. de abril a las 10:00 horas.