SUMARIO
Se designa comisión que acompañe a la protesta de ley de la ciudadana María Flor Celina Prado Piña, electa como diputada suplente por la segunda circunscripción plurinominal.
Invitación al acto cívico conmemorativo del LXXVII aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Se designa comisión.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, presenta iniciativa que reforma y adiciona el artículo 5o. constitucional, a efecto de proteger al trabajador de cualquier sanción o represalia por motivos de su participación política o culto religioso.
Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dichas leyes. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que modifica dichos ordenamientos. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ricardo Galán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Sofía Román Palencia, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pablo González Sada, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Grecia en Monterrey, Nuevo León. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Julia Carabias Lillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Colín Pineda, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México.
Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Expresan sus opiniones respecto al tema, los diputados:
Augusto César Leal Angulo
Juan Nicasio Guerra Ochoa, quien presenta punto de acuerdo firrnado por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios.
Píndaro Urióstegui Miranda
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz, se refiere a dicho aumento.
Rectifican hechos los diputados:
Hildiberto Ochoa Samayoa
Raúl Armando Quintero Martínez
La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor se refiere a los problemas que enfrenta en la actualidad la juventud.
Para expresar su rechazo a la violencia en contra de indocumentados mexicanos en los Estados Unidos de América, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, quien presenta punto de acuerdo flnmado por representantes de todos los grupos parlamentarios.
Martina Montenegro Espinoza
Ysabel Molina Warner
María Guadalupe Morales Ledesma
José Alfonso Pascual Solórzano Fraga
Jaime Cleofas Martínez Veloz
Se refieren al LXXVII aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, los diputados:
Gerardo Roberto Flores González
Carlota Angela Rosa Botey y Estape, quien además se refiere a problemas agrarios en el Estado de Hidalgo.
Rectifican hechos, los diputados:
Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández
Carlota Angela Rosa Botey y Estape
Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández
Francisco Patiño Cardona
Hugo Meneses Carrasco
Miguel Angel Islas Chío
Carlota Angela Rosa Botey y Estape
El diputado César Humberto González Magallón, retoma el tema del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar.
Se refieren a los trabajos de la comisión investigadora del caso de la Conasupo, los diputados:
Alfonso Martínez Guerra
Juan Salgado Brito
Rectifican hechos sobre el tema, los diputados:
Alfonso Martínez Guerra
Víctor Manuel Quintana Silveyra
Joaquín Humberto Vela González
Manuel Hinojosa Juárez
Carlos Navarrete Ruiz
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Javier Alberto Gutiérrez Vidal
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que reforma dicha ley. Se turna a las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Cultura.
De la próxima sesión.
Presidencia de la diputada Zaida Alicia Lladó Castillo
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 289 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
La Presidenta (a las 11:26 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 9 de abril de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de diputados.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXVII aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, tendrá lugar el 10 de abril a las 10:00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Baja California.
Iniciativa de diputados
Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores y Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de ley que modifica las diversas del Impuesto Sobre la Renta, al Activo, Especial Sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al embajador Ricardo Galán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Finlandia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sofía Román Palencia, para prestar servicios como asistente cultural en la Embajada de Suiza en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pablo González Sada, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Grecia en Monterrey, Nuevo León, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la licenciada María Julia Carabias Lillo, secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al contralmirante cuerpo general Diplomado de Estado Mayor José Luis Figueroa Cuevas, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Arturo Colín Pineda, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Comentarios
Sobre la reforma del Estado a cargo de los diputados Augusto César Leal Angulo y Jesús Ortega Martínez, de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.
Sobre el aumento salarial, a cargo del diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre el problema de discapacitados, a cargo de la diputada Gloria Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre asuntos de la juventud, a cargo de la diputada Mara Robles Villaseñor, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre violencia contra inmigrantes, a cargo del diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre derechos humanos de mexicanos indocumentados, en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Adolfo Aguilar Zinser.
Sobre el Día Mundial de la Salud, a cargo del diputado Serafín Nuñez Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre Emiliano Zapata, a cargo del diputado Gerardo Roberto Flores González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, a cargo de los diputados Carlota Botey y Estape y José Narro Céspedes, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, respectivamente.
Sobre la Comisión Investigadora de la Conasupo, a cargo del diputado Alfonso Martínez Guerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre top-model a cargo del diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Manuel Enrique Russek Valles:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dos de abril de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Ismael Orozco Loreto
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas con cuarenta y dos minutos del martes dos de abril de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos sesenta y ocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.
Hace uso de la palabra el diputado Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional, quien presenta un informe del Comité de Biblioteca e Informática. De enterado.
Una comunicación del diputado García Cervantes, con la que informa de una errata en la iniciativa que presentó el lunes primero de abril de mil novecientos noventa y seis. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para presentar iniciativas que se refieren a reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el equilibrio de poderes y el fortalecimiento del Poder Legislativo; de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hacen uso de la palabra los diputados Juan Antonio García Villa, Salvador Beltrán del Río Madrid y Luis Ruan Ruiz, del Partido Acción Nacional. Se turnan a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la misma comisión y a la de Reglamentos y Práctica Parlamentaria y a la de Gobernación y Puntos Constitucionales, respectivamente y el Presidente ordena que los textos íntegros de las iniciativas, se incluyan en el Diario de los Debates.
Se da cuenta con las siguientes minutas enviadas por el Senado de la República:
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia:
Tres, con proyecto de decreto, que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Ricardo Galán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Finlandia:
Sofía Román Palencia, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Suiza en México:
Pablo González Sada, pueda prestar sus servicios como cónsul honorario de Grecia en Monterrey, Nuevo León, con circunscripción en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado José Eduardo Escobedo Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional.
A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados: Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática; José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional y Juan Manuel Cruz Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; motu propio, los diputados Luis Sánchez Aguilar, en contra e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reservan para su discusión en lo particular, los artículos primero, trece, veintiuno y veintiséis.
Nuevamente la Asamblea autoriza, a que la votación en lo general y en lo particular se realice en un solo acto, al terminar el debate de los artículos reservados.
A discusión en lo particular, hace uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, quien en una sola intervención expresa su opinión sobre los artículos impugnados y el diputado José Eduardo Escobedo Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional, hace las aclaraciones correspondientes en defensa del texto del dictamen.
La Asamblea considera suficientemente discutidos los artículos reservados y autoriza a que en un solo acto se recoja la votación en lo general, en lo particular y de las propuestas hechas por el diputado Godoy Rangel.
Realizada la votación, el dictamen se aprueba por cuatrocientos un votos en pro y uno en contra, mientras que los artículos reservados se aprueban por trescientos ochenta y un votos en pro y veintinueve en contra.
Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Mario Alejandro Rosales Anaya, quien se refiere a hechos en el Estado de Jalisco.
Para expresar sus opiniones en relación con hechos violentos en contra de indocumentados mexicanos en los Estados Unidos de América, hacen uso de la palabra los diputados: Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; María Elena Yrizar Arias, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo firmado por diputados de los cuatro grupos parlamentarios de esta legislatura y para rectificar hechos, los diputados Rodrigo Robledo Silva, del Partido Acción Nacional y Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo.
Se refieren al problema laboral de la desaparecida empresa de transportes urbanos RutaCien, los diputados Luis Sánchez Aguilar y Carlota Angela Rosa Botey y Estape, del Partido de la Revolución Democrática.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con veinte minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes nueve de abril de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA
La Presidenta:
Se comunica a los diputados que se encuentra a las puertas de este recinto la diputada María Flor Celina Prado Piña, suplente electa por la segunda circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Ezequiel Espinosa Mejía, Margarita Guerrero Aguilar, Rafael Ayala López y Leticia Calzada Gómez.
La secretaria María Teresa Cortez Cervantes:
Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta:
Ciudadana María Flor Celina Prado Piña:
¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
La ciudadana María Flor Celina Prado Piña:
¡Sí, protesto!
La Presidenta:
Si así no lo hiciéreis, la nación os lo demande.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
La secretaria Josefina Silvia Balleza Sánchez:
Se va a dar lectura a una invitación.
«Diputado Ismael Orozco Loreto, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. -Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXVII aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, que tendrá lugar en la Alameda del Sur, ubicada en la avenida Canal de Miramontes y calzada de las Bombas, delegación Coyoacán, el día miércoles 10 de abril a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Raúl Ramírez Chávez, Jesús Antonio Tallabs Ortega y José Narro Céspedes.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
El secretario Desiderio Camacho Garibo:
Se va a dar lectura a una comunicación.
«Escudo Nacional.- Estado de Baja California Sur.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Por este conducto la VIII Legislatura al Congreso del Estado, se permite comunicar a usted que en sesión pública solemne, celebrada el 14 de marzo de 1996, quedó integrada la directiva que fungirá durante el primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente, César de Jesús Ortega Salgado; vicepresidente, Francisco Guadalupe Mendoza; secretaria, María Juana Hernández Paularena y primer secretario: Fernando José Castanier Arriola.
Lo que hacemos de su conocimiento, para los efectos legales que procedan, reiterándole nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
La Paz, Baja California Sur, a 18 de marzo de 1996.- La oficial mayor, licenciada María Concepción Ruelas Rangel.»
De enterado.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:
«Con su permiso, señora Presidenta, honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presente.
El día 1o. de abril, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de su coordinador, presentó una iniciativa de reforma constitucional con la intención de facilitar el desarrollo de la democracia participativa. Es en ese mismo contexto, que hoy nos permitimos hacer de su conocimiento la presente iniciativa, que de concretarse en la adición propuesta, estamos seguros contribuiría al desarrollo democrático de nuestro país.
Los suscritos, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ejercicio de las facultades que nos concede el artículo 71 fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta honorable representación, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL CONTENIDO DEL ARTICULO 5o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE PROTEGER AL TRABAJADOR DE CUALQUIER SANCION O REPRESALIA POR MOTIVOS DE SU PARTICIPACION POLITICA O CULTO RELIGIOSO
EXPOSICION DE MOTIVOS
1o. La organización de los trabajadores constituye históricamente un brazo fundamental en el desarrollo de nuestras comunidades, destacándose como uno de los factores más trascendentales en la lucha de los mismos por obtener una legislación justa, libre y suficiente.
2o. De esa lucha se desprende el contenido de los artículos 5o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su ley reglamentaria; destacando en dichos ordenamientos el derecho constitucional de que gozan los mexicanos de elegir el trabajo que les acomode siendo lícito y de agruparse para la consecución de sus fines laborales.
3o. Por lo tanto, a fin de garantizar a los trabajadores su bienestar, su libertad y su dignidad como personas humanas y por el alto interés social que representan, la actividad y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores deben estar ajenos a desviaciones, opresiones e injusticias contra sus agremiados.
4o. Históricamente ha quedado probado que cualquier institución, por estar integrada por seres humanos, está expuesta a deformaciones internas y desviaciones graves de su actividad y en el caso de las agrupaciones de trabajadores consecuentemente con un lamentable perjuicio social y para los derechos y los intereses de sus integrantes.
5o. Las exigencias mismas de la lucha sindical ha dado lugar para que intereses ajenos afecten la estructura y el funcionamiento de dichas organizaciones, desviándolas de sus fines para utilizarlas en propósitos facciosos, generalmente contrarios al bien común y a los principios del sindicalismo libre.
6o. Políticos interesados en aprovechar la fuerza de las organizaciones de trabajadores para sus fines personales o de grupo, han hecho todo lo posible para destruir la estructura auténtica del sindicato, adueñándose de los puestos claves de la dirección sindical, anulando desde ahí la libertad interior de la organización, desfigurando el espíritu de disciplina y el propósito de las sanciones sindicales, logrando la corrupción abierta de los funcionarios sindicales y empleando los medios de lucha obrera con fines político-partidistas. Todo lo anterior, con un grave daño a la sociedad entera, pues se ve mermado el prestigio y la fuerza real del sindicato, además de violar flagrantemente la dignidad personal de los trabajadores.
7o. Estamos conscientes que el poder público reconoce a los sindicatos el derecho al ejercicio de facultades disciplinarias mediante la aplicación de la llamada cláusula de exclusión; es más, consideramos que dicho derecho debe tender a fortalecer a las organizaciones obreras en beneficio de los propios trabajadores al protegerlos de maniobras de patrones coludidos con trabajadores desleales. Pero condenamos su ilegítima utilización con otros fines, ya que puede tener como consecuencia el quitar a un hombre o mujer la posibilidad de desarrollarse en un empleo y con ello privarlo de conseguir los satisfactores necesarios para él y su familia.
8o. Es por ello que consideramos altamente descalificable la utilización de la llamada cláusula de exclusión, que se usa para reprimir o sancionar a trabajadores que en el ejercicio de sus derechos constitucionales participan en organizaciones políticas y religiosas diferentes o contrarias a los intereses de quienes debieran representarles y servirles, pero falsean su liderazgo. Esta práctica es violatoria a sus derechos individuales consagrados por nuestra Constitución Política.
9o. Por otro lado, es inaceptable la utilización del razonamiento de que es la decisión mayoritaria de los sindicalizados la que obliga a las minorías, pues éstas no pueden decidir sobre derechos irrenunciables del hombre y del ciudadano, reconocidos actualmente por los artículos 24 y 35 de nuestra Constitución Política. La esencia de la democracia es preservar la libertad y la justicia y no la opresión.
10. No podemos negar a los sindicatos de trabajadores la característica de ser instituciones con funciones políticas, pero muy diferente es su utilización como órgano de poder político, lo cual, representa una sustancial desviación de su origen, por lo que la presente iniciativa, tiene también el propósito definido de preservar la independencia de los sindicatos de los partidos políticos, aun de los que se ostentan como partidos de clase o sector.
11. Dentro de la realidad social que vive nuestro país, en donde los ciudadanos son cada día más participativos de la vida política de la nación, el sindicalismo obrero no puede permanecer ajeno sin emitir opinión sobre los problemas económicos y sociales que nos aquejan y sin luchar por sus soluciones. Por ello, las limitaciones políticas al sindicalismo deben circunscribirse a negarle la capacidad para sustituir a sus agremiados en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, pues las decisiones políticas deben responder a la voluntad libre de los trabajadores.
12. Queremos destacar que la propuesta contenida en la presente iniciativa no sólo se apega fielmente a los postulados que inspiran a nuestro partido y es congruente con la iniciativa de reforma integral a la Ley Federal del Trabajo presentada hace unos meses por nuestros senadores, sino que atiende a las propuestas que desde el año de 1989 realizaron representantes del Sindicato Nacional de los Trabajadores y Empleados de la Azúcar, de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero, del Partido de la Revolución Democrática, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros; durante las audiencias públicas sobre reformas al artículo 123 constitucional y Ley Federal del Trabajo, convocadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante la LIV Legislatura.
13. Planteadas de esta manera, las limitaciones propuestas a la política sindical, indudablemente resultan modernas y democráticas. Son modernas, porque responden a la realidad de la participación social de nuestro tiempo. Son democráticas, porque mantienen la posibilidad real de la pluralidad política al seno del sindicato, manteniéndolo al margen de intereses ajenos a sus fines como tal, esto es, a su esencia.
14. Es obligación del Constituyente Permanente, la actualización de nuestra Carta Magna, a fin de que guarde fidelidad a los derechos humanos y dentro de ellos a las libertades políticas. En tal virtud, la presente iniciativa tiene como objeto principal el garantizar a los trabajadores la posibilidad de participar libremente en la organización política de su elección, así como la práctica del culto religioso que profese sin riesgo de sanción en su trabajo por esa causa.
15. El indiscutible derecho de los trabajadores para agruparse en defensa de sus intereses, ya reconocido por el artículo 123, no contradice a sus derechos humanos, sino que se complementan; los segundos son fundamento para el ejercicio del primero.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el presente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 5o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La ley determinará en cada estado, cuáles son...
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales...
"Nadie podrá ser sancionado o reprendido en sus relaciones laborales y sindicales por causa de su participación política o su culto religioso." Se conserva el resto del texto vigente.
TRANSITORIOS
Artículo único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 1996.- Ricardo Francisco García C., Javier A. Gutiérrez Vidal, Alejandro Zapata Perogordo, Rafael Ayala López, Alejandro González Alcocer, Consuelo Botello Treviño Macario Rodríguez Rivera y Gerardo de los Cobos Silva.»
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, LEY DEL MERCADO DE VALORES Y LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores y Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Cruz Pérez Cuéllar:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, con base en lo dispuesto en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sometido al honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; Ley de Instituciones de Crédito; Ley del Mercado de Valores y Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Dicha iniciativa fue turnada a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen. Después de diversas reuniones con los miembros de esta comisión y en conferencia con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; con fundamento en los artículos, 43, 48, 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a su consideración el siguiente
DICTAMEN
Ha remitido el Ejecutivo Federal una iniciativa que propone reformas a distintas leyes, con el propósito fundamental de contribuir a la reactivación económica y de fortalecer al sistema financiero, a través de garantizar una mejor capitalización, protegiendo con ello los depósitos del público ahorrador y la propia solvencia de los intermediarios financieros.
Esta dictaminadora analizó las modificaciones propuestas por el Ejecutivo conforme a los propósitos de política que se tuvieron en cuenta al remitir la iniciativa que nos ocupa.
Favorecer la capitalización de las instituciones financieras La iniciativa, sobre el particular, contempla tres medidas principales:
a) Prohibición para que las instituciones de crédito y entidades de grupos financieros otorguen financiamiento para adquirir acciones de su grupo a accionistas del mismo grupo.
La propuesta del Ejecutivo Federal establece la prohibición a las instituciones de crédito y a las entidades financieras que formen parte de un grupo, de otorgar financiamientos para la adquisición de acciones de la propia institución o de las entidades o grupo financiero a que pertenezcan.
La dictaminadora coincide con esta medida que evitará que los recursos para capitalizar a una institución se originen en la misma o que dichos recursos permanezcan dentro de un mismo grupo, ya que ello impide la aportación de recursos frescos, logrando adicionalmente, dar más transparencia y eficacia a las operaciones de capitalización. Por esa razón, esta dictaminadora apoya que se amplíe en la Ley de Instituciones de Crédito, la prohibición a dichas instituciones de que puedan otorgar créditos para la adquisición de títulos representativos de su capital (fracción IV del artículo 106).
De la misma manera, esta comisión apoya la propuesta del Ejecutivo Federal, de prohibir que las instituciones de crédito puedan otorgar créditos o préstamos con garantía de acciones de entidades financieras o sociedades controladoras de grupos financieros, salvo que cuenten con la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien para resolver oirá la opinión del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (se adiciona un inciso c, a la fracción XVII del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito).
Esta comisión apoya también, por las mismas razones, la iniciativa del Ejecutivo que propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 31 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras para establecer que las entidades financieras integrantes de un grupo no podrán otorgar financiamientos para adquirir títulos representativos de su capital, de la sociedad controladora o de cualquier otra entidad integrante del grupo a que pertenezcan. Tampoco podrán recibir los citados títulos en garantía, salvo que se cuente con la autorización respectiva.
b) Autorización para que compradores potenciales de cartera de instituciones de crédito conozcan información detallada de dichas instituciones.
En forma cada vez más activa se está pretendiendo movilizar la cartera de las instituciones de crédito para permitirles su adecuada capitalización. Asimismo, los potenciales compradores de cartera o los inversionistas por porcentajes significativos de los bancos o sociedades controladoras de los grupos, requieren conocer a detalle información relativa a la composición de los créditos o de la cartera total o de otros activos de la banca; con ello se dará mayor certidumbre en la adquisición de los créditos así como en las operaciones de adquisición de capital de los bancos.
Instituciones financieras adecuadamente capitalizadas estarán en mejores condiciones de participar en la reactivación de la economía, ya que podrán elevar su capacidad crediticia, contribuyendo con esto a financiar la actividad productiva.
De ahí que esta comisión dictaminadora apoye las medidas propuestas por el Ejecutivo Federal, en el sentido de adicionar al artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito dos fracciones y un último párrafo para prever una excepción a las propias instituciones de crédito, de lo dispuesto en el artículo 117 de dicha ley, que hace referencia al secreto bancario, en el caso de que los créditos vayan a ser objeto de cesión o descuento o cuando se negocie su cartera u otros activos, tratándose de la transmisión de un porcentaje significativo de su capital social o de la sociedad controladora del grupo financiero a que pertenezca.
Ahora bien, esta comisión analizó el tema del secreto bancario y su impacto en las operaciones activas y pasivas, considerando conveniente ajustar la referida propuesta con objeto de que la autoridad vigile que todos aquellos postores que hubieran conocido de tal información, guarden confidencialidad sobre la misma. Con lo anterior, se mantendrá la confianza de los usuarios del sistema bancario.
Por ello, se propone la adición de un último párrafo al artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los siguientes términos:
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que durante los procesos de negociación a que se refiere este artículo, los participantes guarden la debida confidencialidad sobre la información a que tengan acceso con motivo de los mismos."
Esta comisión observa, asimismo, que la reforma propuesta habrá de facilitar los esquemas de bursatilización de la cartera de créditos de las instituciones bancarias, en particular de los créditos hipotecarios.
En tal sentido, tomando en cuenta que esta propuesta es consistente con la iniciativa que la colegisladora ha recibido por parte del Ejecutivo Federal sobre diversas modificaciones a la legislación con el objeto anteriormente señalado, especialmente por lo que se refiere al artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal, que se está proponiendo modificar en el sentido de que las instituciones del sistema bancario mexicano y los institutos de seguridad social, podrán ceder sus créditos con garantía hipotecaria sin necesidad de modificación al deudor, de escritura pública ni de inscripción en el registro, siempre que el cedente lleve la administración de los créditos. En caso de que el cedente deje de llevar la administración de los créditos el cesionario deberá únicamente notificar por escrito la cesión al deudor.
c) Modificaciones para el cálculo de las cuotas al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y al Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Famerval).
En atención a que la fórmula actual para calcular las aportaciones al Fobaproa se basa en el capital neto de las instituciones de crédito y el patrimonio del fondo, se genera un desincentivo a la capitalización de los nuevos bancos. De ahí que el Ejecutivo Federal proponga que, como ya ocurre con las cuotas ordinarias y extraordinarias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine las cuotas iniciales mediante criterios de aplicación general, tomando en cuenta el monto de los pasivos y el nivel de capitalización de cada institución.
Para instrumentar esta acción, se propone modificar la fracción VI del artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, que hace referencia al funcionamiento del Fobaproa, para señalar que las nuevas sociedades que estén obligadas a participar en el mismo se obliguen a aportar la cantidad inicial "que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de México, mediante criterios de aplicación general que tomarán en cuenta, entre otros elementos, el monto de los pasivos y el nivel de capitalización de cada institución". La propuesta implica la derogación del actual párrafo segundo de esta fracción.
Por considerar que de esta forma se elimina el desincentivo de capitalización que se estaba presentando para los nuevos bancos, esta dictaminadora otorga su apoyo a la modificación propuesta.
Por orientarse en el mismo sentido, esta dictaminadora apoya también la modificación de la base de cálculo de las aportaciones iniciales que deben efectuar las casas de bolsa y los especialistas bursátiles de reciente creación al Famerval, a través de la propuesta del Ejecutivo Federal de reformar la fracción IX del artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores, en referencia a que las nuevas sociedades estén obligadas a contribuir a este fondo con las aportaciones iniciales que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de México, "mediante disposiciones de carácter general que tomarán en cuenta, entre otros elementos, la capacidad máxima de operación, así como el volumen y riesgo de las operaciones de cada sociedad".
En forma correlativa, se propone derogar el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 89 de la ley citada que, en caso de mantenerse, se opondría a la nueva propuesta.
II. Medidas para elevar la eficiencia del sistema de pagos.
Esta comisión apoya la medida propuesta por el Ejecutivo Federal en el sentido de permitir a las instituciones de crédito realizar operaciones de reporto y préstamo de valores por cuenta de terceros, sin la intermediación de una casa de bolsa, cuando tengan por finalidad proveer el buen funcionamiento del sistema de pagos, adicionando para ello, con un segundo párrafo, el artículo 81 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Con ello, la autoridad busca facilitar los mecanismos para mejorar la operación de estas instituciones, sin afectar la distinción entre el objeto de los bancos y de las casas de bolsa.
III. Medidas para homogeneizar y modernizar la regulación aplicable a intermediarios financieros.
La iniciativa del Ejecutivo Federal propone diversas modificaciones para igualar y modernizar la regulación que las autoridades financieras aplican a diversos intermediarios financieros.
En tal sentido, propone facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda autorizar fusiones entre instituciones de banca múltiple con cualquier otra sociedad, a diferencia de la atribución que ahora tiene, que le permite autorizar estas fusiones sólo entre bancos. Para tales efectos, propone modificar el artículo 27 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ahora se referirá a fusiones de instituciones de crédito "o de cualquier sociedad con una institución de banca múltiple", así como la fracción I del propio artículo que, en lo sucesivo, se referirá a "sociedades" en vez de "instituciones." La comisión que dictamina, apoya la medida propuesta que precisa y amplía las facultades de la autoridad en materia de fusiones.
Por otra parte, en atención a que actualmente no se requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar las escrituras constitutivas de las sociedades financieras de objeto limitado y sociedades de información crediticia, así como sus modificaciones, lo cual ha dado lugar a falta de control de estas sociedades, la iniciativa propone que, en lo sucesivo, se sometan a aprobación previa de esta dependencia las escrituras constitutivas de dichas sociedades y cualquier modificación debiéndose además inscribir en el Registro Público de Comercio, proponiendo, para tales efectos, la reforma del párrafo cuarto del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito y la adición del párrafo cuarto del artículo 33 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Esta dictaminadora apoya las reformas propuestas porque fortalecerán la supervisión de las autoridades en la constitución y modificación de los estatutos de estas sociedades.
IV. Medidas para modernizar los sistemas de registro y conservación de la información de las instituciones de crédito.
La iniciativa recoge una propuesta para que la información de instituciones de crédito pueda almacenarse a través de sistemas más modernos que los que la actual ley prevé. Para tales efectos, propone modificar el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito indicando que estas instituciones podrán microfilmar "o grabar en discos ópticos, o en cualquier otro medio que les autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores" los registros y documentos relacionados con los actos de la propia institución e incorporando, con este propósito, otras adecuaciones a la formulación de este artículo.
Esta comisión apoya la propuesta contenida en la iniciativa del Ejecutivo Federal, que permitirá a las instituciones de crédito utilizar sistemas más modernos para almacenar su información, teniendo acceso inmediato a dicha información y protegiendo así, los intereses del público ahorrador.
V. Eliminación de facultades para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pueda definir si hay captación del público o intermediación bancaria.
La iniciativa del Ejecutivo Federal propone eliminar las facultades que actualmente confiere la Ley de Instituciones de Crédito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda definir si hay o no intermediación bancaria (párrafo final del artículo 2o.), así como si hay o no captación de recursos del público.
Por considerar que, sin estas facultades, hay más claridad en la aplicación de la ley y se evita que, a través de disposiciones de carácter administrativo, se puedan definir conceptos de intermediación o captación, esta dictaminadora está de acuerdo en que se derogue el respectivo párrafo del artículo citado.
VI. Desincorporación de agrupaciones financieras de su grupo cuando Fobaproa o Famerval adquieran el 50% o más del capital social.
La iniciativa del Ejecutivo Federal ha recogido la conveniencia de que, cuando el Fobaproa o el Famerval adquieran el 50% o más de cualquier entidad financiera integrante de un grupo, se supriman los requisitos de celebración de asambleas que exige la ley, cuando la misma se separe del grupo financiero, así como las exigencias de publicidad de la separación a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 10 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Para tales efectos, propone insertar un párrafo tercero al artículo 11 de la ley citada en el sentido de que estas formalidades se supriman cuando el Fobaproa o el Famerval sean los suscriptores o adquirentes del 50% o más del capital social de cualquier entidad financiera integrante de un grupo.
VII. Fortalecimiento de los almacenes generales de depósito.
La iniciativa propone diferentes medidas, principalmente para fortalecer a los almacenes generales de depósito -intermediarios financieros no bancarios- por el papel que realizan en el fortalecimiento del ahorro, en la ampliación de la capacidad productiva y en la reactivación económica, en particular del comercio exterior, objetivos compartidos por esta dictaminadora, por lo cual le otorga su apoyo.
Las principales medidas recogidas en la iniciativa, que implican modificaciones a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, son las siguientes:
a) Se amplían las funciones que pueden realizar los almacenes generales de depósito para que incluyan, dentro de su objeto, el manejo, control, distribución de bienes o mercancías y el otorgamiento de financiamientos con garantía de bienes o mercancías que se encuentren almacenados bajo su custodia o en tránsito, amparados por certificados de depósito.
Se les permitirá realizar procesos de incorporación de valor agregado, transformación y reparación de las mercancías depositadas, a fin de aumentar el valor de éstas, sin variar esencialmente su naturaleza, así como de ensamble de las mismas, lo que permitirá que su actividad sea más competitiva.
Se propone, además, que los almacenes facultados para recibir mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal puedan realizar, respecto de dichas mercancías, los procesos antes citados (artículo 11 párrafos primero y segundo).
La iniciativa precisa que los almacenes llevarán los registros de certificados y bonos de prenda que expidan conforme a reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (nuevo párrafo quinto del artículo 11).
Asimismo, se propone que para el almacenamiento de las mercancías en tránsito, los almacenes puedan contratar directamente el seguro respectivo u obtener el endoso correspondiente de la póliza, si ya hubiera sido previamente asegurada (nuevo párrafo séptimo del artículo 11).
La iniciativa reformula la fracción I del artículo 11 para describir, los servicios que, en adelante, podrán prestar los almacenes conforme a la modificación propuesta al inicio de este artículo.
Asimismo, se precisa que los almacenes generales de depósito, en lo sucesivo, podrán colocar en los empaques y envases, además de los marbetes, sellos o etiquetas (artículo 11 fracción IV).
De acuerdo con la ampliación de funciones propuesta, se añade la posibilidad de que los mismos otorguen financiamientos sobre mercancías en tránsito, amparadas en certificados de depósito (artículo 11 fracción V).
La iniciativa propone que se adicionen actividades a las que pueden realizar los almacenes generales de depósito, como las de gestionar el otorgamiento de garantías en favor del fisco federal, respecto de mercancías almacenadas, para garantizar el pago de impuestos, conforme a la Ley Aduanera; prestar servicios de depósito fiscal y otros que les autorice la Ley Aduanera y las demás análogas y conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (fracciones IX a XI del artículo 11).
En razón de lo anterior, esta dictaminadora aprueba, que las modificaciones al citado artículo 11 queden redactadas en los siguientes términos:
"Artículo 11. Los almacenes generales de depósito tendrán por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por certificados de depósito y el otorgamiento de financiamientos con garantía de los mismos. También podrán realizar procesos de incorporación de valor agregado, así como la transformación, reparación y ensamble de las mercancías depositadas, a fin de aumentar su valor, sin variar esencialmente su naturaleza. Sólo los almacenes estarán facultados para expedir certificados de deposito y bonos de prenda.
Los almacenes facultados para recibir mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal, podrán efectuar en relación a esas mercancías, los procesos antes mencionados en los términos de la Ley Aduanera.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los almacenes llevarán un registro de los certificados y bonos de prenda que se expidan, en el que se anotarán todos los datos contenidos en dichos títulos, incluyendo en su caso, los derivados del aviso de la institución de crédito que intervenga en la primera negociación del bono. Este registro deberá instrumentarse conforme a las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para los efectos de aseguramiento de la mercancía en tránsito, según se prevé en el párrafo que antecede, el almacén podrá contratar directamente el seguro respectivo, apareciendo como beneficiario en la póliza que al efecto fuere expedida por la compañía aseguradora correspondiente o bien en el caso de mercancía previamente asegurada, podrá obtener el endoso en su favor de la póliza respectiva.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Prestar servicios de guarda o conservación, manejo, control, distribución, transportación y comercialización, así como los demás relacionados con el almacenamiento, de bienes o mercancías, que se encuentren bajo su custodia, sin que éstos constituyan su actividad preponderante:
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Empacar y envasar los bienes y mercancías recibidos en depósito por cuenta de los depositantes o titulares de los certificados de depósito, así como colocar los marbetes, sellos o etiquetas respectivos:
V. Otorgar financiamientos con garantía de bienes o mercancías almacenados en bodegas de su propiedad o en bodegas arrendadas que administren directamente y que estén amparadas con bonos de prenda, así como sobre mercancías en tránsito amparadas con certificados de depósito:
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Emitir obligaciones subordinadas y demás títulos de crédito, en serie o en masa, para su colocación entre el gran público inversionista:
VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. Gestionar por cuenta y nombre de los depositantes, el otorgamiento de garantías en favor del fisco federal, respecto de las mercancías almacenadas por los mismos, a fin de garantizar el pago de los impuestos, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Aduanera:
X. Prestar servicios de depósito fiscal, así como cualesquier otros expresamente autorizados a los almacenes generales de depósito en los términos de la Ley Aduanera:
XI. Las demás operaciones análogas y conexas que, mediante reglas de carácter general, autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores."
b) En congruencia con las modificaciones anteriores, se propone modificar el artículo 12 de la citada ley, para aclarar que los almacenes generales de depósito puedan ser de tres clases, adicionando aquellos que estén facultados para otorgar financiamientos, para lo cual deberán sujetarse a los requerimientos mínimos de capitalización que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También se precisa que, tratándose de almacenes que estén facultados para realizar operaciones de depósito fiscal, lo hagan de conformidad con la nueva Ley Aduanera que contiene disposiciones específicas sobre esta modalidad de operación.
Ahora bien, del análisis de dicha propuesta por esta dictaminadora, se considera que resulta necesario ajustar algunas de las referencias mencionadas, para que su texto tenga completa claridad. En tal sentido, se propone modificar la fracción III y los dos últimos párrafos del citado precepto, con lo cual la reforma a este artículo resultaría integral, quedando el texto propuesto de la siguiente forma: "Artículo 12. Los almacenes generales de depósito podrán ser de tres clases:
I. Los que se destinen a recibir en depósito bienes o mercancías de cualquier clase y realicen las demás actividades a que se refiere esta ley, a excepción del régimen de depósito fiscal y otorgamiento de financiamientos;
II. Los que además de estar facultados en los términos señalados en la fracción anterior, lo estén también para recibir mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal:
III. Los que además de estar facultados en los términos de alguna de las fracciones anteriores, otorguen financiamientos conforme a lo previsto en esta ley, debiendo sujetarse a los requerimientos mínimos de capitalización que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general.
Tratándose de los almacenes a que se refieren las fracciones II y en su caso III de este artículo, deberán sujetarse a las disposiciones correspondientes que prevé la Ley Aduanera, sobre las mercancías que no podrán ser objeto del régimen de depósito fiscal y las medidas de control que deban implantar para mantener aislada la mercancía sometida a este régimen, conforme a lo que establezca la mencionada ley.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una lista que al efecto formule para conocimiento de los almacenes, señalará expresamente los productos, bienes o mercancías que no podrán ser objeto de su deposito fiscal en los almacenes a que se refieren las fracciones II y en su caso III."
c) La iniciativa del Ejecutivo propone modificar la normatividad relativa a la forma en que debe invertirse el capital social y las reservas de los almacenes para otorgarles una mayor capacidad en el manejo de sus recursos y recoger algunas de las nuevas funciones que podrán realizar.
En ese sentido, se señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá el importe total de las inversiones que realicen en sus instalaciones, en vez de señalar el porcentaje que tenía que representar respecto a la suma de capital pagado y reservas de capital (artículo 15, segundo párrafo de la fracción I). Asimismo, se añade la posibilidad de invertir en cartera de créditos prendarios y en inventarios de las mercancías que comercialicen (artículo 15 fracción II).
d) Se elimina el requisito de solicitar autorización para que los almacenes generales de depósito puedan dar en arrendamiento algunos de sus locales; se propone que, en lo sucesivo, puedan hacerlo dando previo aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y siempre que no constituya una actividad preponderante. También se añade la posibilidad de que dichos almacenes puedan asignar áreas de almacenamiento a las mercancías bajo su custodia por un mismo depositante y, por ende, no amparadas por certificado de depósito, previo aviso a la propia comisión (artículo 20).
e) En el caso de remate de mercancías, se propone que, en cuanto a las segundas o ulteriores almonedas, se modifique la actual base fija del 50% de descuento que se establece en la ley, para que en lo sucesivo sea un "descuento no mayor del 50%" sobre el precio fijado para la almoneda previa (artículo 22 fracción V párrafo primero de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito).
Asimismo, se otorga, en forma explícita, la acción ejecutiva para reclamar al depositante original el pago del adeudo existente al señalar que el convenio de depósito correspondiente, junto con el estado de cuenta certificado por el contador del almacén, serán título ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma. Estas medidas dotan de agilidad al proceso de recuperación judicial de las almacenadoras (artículo 22 fracción V, párrafo segundo).
f) Con objeto de homologar las disposiciones que regulan a las arrendadoras y a las empresas de factoraje, la iniciativa propone que el importe máximo de las responsabilidades a favor de una arrendadora financiera y a cargo de una sola persona o grupo de personas que, por nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes, no excederá de los límites que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (artículo 37-C).
Consideraciones finales Esta comisión dictaminadora ha considerado procedente otorgar su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo Federal, en atención a que persigue el propósito de avanzar en el perfeccionamiento del sistema financiero mexicano, con acciones de capitalización más eficaces de las instituciones de crédito, que al fortalecerlas les permitirán contribuir con recursos crediticios crecientes a la actividad económica, así como disponer de una mejor supervisión, simplificación y modernización de las entidades financieras.
Asimismo, estima positivas las modificaciones en tanto que persiguen garantizar la solvencia de los intermediarios financieros y proteger los depósitos del público ahorrador, a través de alcanzar bases más sólidas de capital en dichas instituciones.
Por otro lado, porque la iniciativa se orienta a lograr una mayor operatividad de las organizaciones auxiliares del crédito, en especial los almacenes generales de depósito, que pueden tener un papel mucho más activo en el desarrollo que está teniendo el comercio exterior del país, al ampliar la gama de las actividades vinculadas a su financiamiento y operación.
Finalmente, esta dictaminadora se permite expresar que ha evaluado la iniciativa en función de sus distintos objetivos que, en ocasiones involucran la modificación de varias leyes, pero que la parte relativa al articulado del decreto ha sido elaborada incorporando, en cada numeral, las reformas que corresponden específicamente a cada una de la leyes que se propone modificar.
Por las razones anteriores se somete a su consideración el siguiente
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, LEY DEL MERCADO DE VALORES Y LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO
Artículo primero. Se adicionan los artículos 11 con un tercer párrafo, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto párrafos, respectivamente; 31 con un cuarto párrafo y 33 con un cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto, quinto y sexto a ser quinto, sexto y séptimo párrafos, respectivamente, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para quedar como sigue:
Artículo 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando el Fondo Bancario de Protección al Ahorro o el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores suscriba o adquiera el 50% o más del capital social de cualquier entidad financiera integrante de un grupo, no se observará lo dispuesto en el primero y segundo párrafos del presente artículo, así como en las fracciones V y VI del artículo 10 de esta ley. La separación del grupo tendrá efectos a partir de dicha suscripción o adquisición, por lo que se tendrá por modificado el convenio único de responsabilidades en este sentido.
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Artículo 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las entidades financieras integrantes de un grupo no podrán otorgar financiamientos para la adquisición de acciones representativas de su capital, de la sociedad controladora o de cualquier otra entidad financiera integrante del grupo al que pertenezcan. Tampoco podrán recibir en garantía acciones de las entidades financieras a las que se refiere el artículo 7o. de la presente ley, de sociedades controladoras o de uniones de crédito, salvo que cuenten con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la comisión nacional supervisora de la entidad que pretenda recibirlas en garantía.
Artículo 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La escritura constitutiva de las sociedades a que se refiere este artículo y cualquier modificación a la misma, deberá ser sometida a la aprobación previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez aprobada la escritura o sus reformas, deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio.
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Artículo segundo. Se reforman los artículos 27, primer párrafo y fracción I; 100; 103, cuarto párrafo; 106 fracción IV y 122 fracción VI primer párrafo; se adicionan los artículos 81 con un segundo párrafo; 93 con un segundo párrafo, dos fracciones y un último párrafo, y 106 con un inciso c a la fracción XVII y se derogan el último párrafo del artículo 2o. y el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 122, de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ultimo párrafo. Se deroga.
Artículo 27. Para la fusión de dos o más instituciones de banca múltiple o de cualquier sociedad con una institución de banca múltiple, se requerirá autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien oirá la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se efectuará de acuerdo a las bases siguientes:
I. Las sociedades presentarán a la propia Secretaría los proyectos de los acuerdos de las asambleas de accionistas relativos a la fusión, plan de fusión de las sociedades respectivas con indicación de las etapas en que deberá llevarse a cabo, estados contables que presenten la situación de las sociedades y la información a que se refieren las fracciones I, II y IV del artículo 10 de esta ley:
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las instituciones de crédito, con sujeción a las disposiciones de carácter general que expida el Banco de México, podrán realizar operaciones de reporto y préstamo de valores por cuenta de terceros, sin la intermediación de casas de bolsa, cuando tales operaciones tengan por finalidad proveer al buen funcionamiento del sistema de pagos.
Artículo 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las instituciones de crédito no estarán sujetas a lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 de esta ley por lo que hace a la información relacionada con los activos que se mencionan a continuación, cuando ésta sea proporcionada a personas con las que se negocien o celebren las siguientes operaciones:
I. Los créditos que vayan a ser objeto de cesión o descuento o II. Su cartera u otros activos, tratándose de la transmisión o suscripción de un porcentaje significativo de su capital social o de la sociedad controladora del grupo financiero al que pertenezca. Para dar a conocer la información respectiva deberá obtenerse la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que durante los procesos de negociación a que se refiere este artículo, los participantes guarden la debida confidencialidad sobre la información a que tengan acceso con motivo de los mismos.
Artículo 100. Las instituciones de crédito podrán microfilmar o grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que les autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos aquellos libros, registros y documentos en general, que obren en su poder, relacionados con los actos de la propia institución, que mediante disposiciones de carácter general señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación o la grabación en discos ópticos, su manejo y conservación establezca la misma.
Los negativos originales de cámara obtenidos por el sistema de microfilmación y las imágenes grabadas por el sistema de discos ópticos o cualquier otro medio autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que se refiere el párrafo anterior, así como las impresiones obtenidas de dichos sistemas o medios, debidamente certificadas por el funcionario autorizado de la institución de crédito, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados o grabados en discos ópticos o conservados a través de cualquier otro medio autorizado.
Artículo 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La escritura constitutiva de las sociedades financieras de objeto limitado y cualquier modificación a la misma, deberá ser sometida a la aprobación previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez aprobada la escritura o sus reformas, deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio.
Artículo 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Operar sobre los títulos representativos de su capital, salvo lo dispuesto por el último párrafo de los artículos 19 y 38 y por el artículo 122 de esta ley, así como otorgar créditos para la adquisición de tales títulos;
V a XVII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Acciones de entidades financieras o sociedades controladoras de grupos financieros, salvo que cuenten con la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien para resolver oirá la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
XVIII y XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Las sociedades que, con posterioridad a la fecha de constitución del fondo, obtengan autorización para constituirse y operar como instituciones de banca múltiple de conformidad con la presente ley, estarán obligadas a aportar al fondo la cantidad inicial que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de México, mediante criterios de aplicación general que tomarán en cuenta, entre otros elementos, el monto de los pasivos y el nivel de capitalización de cada institución. Dicha cantidad inicial se empezará a cubrir desde que la sociedad inicie operaciones, en los términos que indique el comité técnico del fondo.
Segundo párrafo. Se deroga.
VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo tercero. Se reforma el artículo 89, fracción IX, primer párrafo y se deroga el segundo párrafo de dicha fracción, de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:
Artículo 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. Las sociedades que, con posterioridad a la fecha de constitución del fondo, obtengan autorización para ser inscritas en la sección de intermediarios del Registro Nacional de Valores e intermediarios de conformidad con la presente ley, estarán obligadas a participar en el fondo y a cubrir a éste, en los términos que indique el comité técnico, la aportación inicial que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de México, mediante disposiciones de carácter general que tomarán en cuenta, entre otros elementos, la capacidad máxima de operación, así como el volumen y riesgo de las operaciones de cada sociedad. Dicha cantidad inicial se empezará a cubrir desde que la sociedad comience sus operaciones, en los términos que indique el comité técnico.
Segundo párrafo. Se deroga.
X y XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo cuarto. Se reforman los artículos 11 primer y cuarto párrafos fracciones I, IV, V y VII; 12; 15 segundo párrafo de la fracción I, y fracción II; 20 y 22, fracción V último párrafo, y se adicionan el artículo 11 con un segundo y séptimo párrafos, recorriéndose en su orden los actuales segundo a quinto y pasando los actuales sexto y séptimo a ser octavo y noveno, respectivamente, así como las fracciones IX, X y XI y un artículo 37-C, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 11. Los almacenes generales de depósito tendrán por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por certificados de depósito y el otorgamiento de financiamientos con garantía de los mismos. También podrán realizar procesos de incorporación de valor agregado, así como la transformación, reparación y ensamble de las mercancías depositadas a fin de aumentar su valor, sin variar esencialmente su naturaleza. Sólo los almacenes estarán facultados para expedir certificados de depósito y bonos de prenda.
Los almacenes facultados para recibir mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal, podrán efectuar en relación a esas mercancías, los procesos antes mencionados en los términos de la Ley Aduanera.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los almacenes llevarán un registro de los certificados y bonos de prenda que se expidan, en el que se anotarán todos los datos contenidos en dichos títulos, incluyendo en su caso, los derivados del aviso de la institución de crédito que intervenga en la primera negociación del bono. Este registro deberá instrumentarse conforme a las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Para los efectos de aseguramiento de la mercancía en tránsito, según se prevé en el párrafo que antecede, el almacén podrá contratar directamente el seguro respectivo, apareciendo como beneficiario en la póliza que al efecto fuere expedida por la compañía aseguradora correspondiente, o bien en el caso de mercancía previamente asegurada, podrá obtener el endoso en su favor de la póliza respectiva.
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I. Prestar servicios de guarda o conservación, manejo, control, distribución, transportación y comercialización, así como los demás relacionados con el almacenamiento, de bienes o mercancías, que se encuentren bajo su custodia, sin que éstos constituyan su actividad preponderante:
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Empacar y envasar los bienes y mercancías recibidos en depósito por cuenta de los depositantes o titulares de los certificados de depósito, así como colocar los marbetes, sellos o etiquetas respectivos:
V. Otorgar financiamientos con garantía de bienes o mercancías almacenados en bodegas de su propiedad o en bodegas arrendadas que administren directamente y que estén amparados con bonos de prenda, así como sobre mercancías en tránsito amparadas con certificados de depósito:
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Emitir obligaciones subordinadas y demás títulos de crédito, en serie o en masa, para su colocación entre el gran público inversionista:
VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. Gestionar por cuenta y nombre de los depositantes, el otorgamiento de garantías en favor del fisco federal, respecto de las mercancías almacenadas por los mismos, a fin de garantizar el pago de los impuestos, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Aduanera:
X. Prestar servicios de depósito fiscal, así como cualesquier otros expresamente autorizados a los almacenes generales de depósito en los términos de la Ley Aduanera:
XI. Las demás operaciones análogas y conexas que, mediante reglas de carácter general, autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Artículo 12. Los almacenes generales de depósito podrán ser de tres clases:
I. Los que se destinen a recibir en depósito bienes o mercancías de cualquier clase y realicen las demás actividades a que se refiere esta ley, a excepción del régimen de depósito fiscal y otorgamiento de financiamientos:
II. Los que además de estar facultados en los términos señalados en la fracción anterior, lo estén también para recibir mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal,:
III. Los que además de estar facultados en los términos de alguna de las fracciones anteriores, otorguen financiamientos conforme a lo previsto en esta ley, debiendo sujetarse a los requerimientos mínimos de capitalización que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general.
Tratándose de los almacenes a que se refieren las fracciones II y en su caso III de este artículo, deberán sujetarse a las disposiciones correspondientes que prevé la Ley Aduanera, sobre las mercancías que no podrán ser objeto del régimen de depósito fiscal y las medidas de control que deban implantar para mantener aislada la mercancía sometida a este régimen, conforme a lo que establezca la mencionada ley.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una lista que al efecto formule para conocimiento de los almacenes, señalará expresamente los productos, bienes o mercancías que no podrán ser objeto de su depósito fiscal en los almacenes a que se refieren las fracciones II y en su caso III.
Artículo 15.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mediante disposiciones de carácter general, el importe total de estas inversiones en relación a la suma del capital pagado y reservas de capital.
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II. En financiamientos con garantía de bienes o mercancías depositados, amparados con bonos de prenda; en anticipos con garantía de los bienes y mercancías depositados, que se destinen en pago de empaques, fletes, seguros, impuestos a la importación o a la exportación y operaciones de transformación de esos mismos bienes y mercancías, haciéndose constar el anticipo en los títulos relativos que expidan los almacenes; en cartera de créditos prendarios y en inventarios de las mercancías que comercialicen:
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 20. Los almacenes generales de depósito podrán dar en arrendamiento alguno o algunos de sus locales, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, así como asignar áreas en sus bodegas propias y arrendadas, al almacenamiento exclusivo de mercancías recibidas para su custodia por un mismo depositante y por ende no amparadas por certificado de depósito, previo aviso dado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre y cuando dichas actividades no constituyan una actividad preponderante.
Artículo 22.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Cuando no hubiere postor ni los almacenes se adjudicaren las mercancías o efectos rematados, podrán proceder a nuevas almonedas, previo el aviso respectivo, haciendo en cada una de ellas un descuento no mayor del 50% sobre el precio fijado como base para la almoneda anterior.
Cuando el producto de la venta de la mercancía o bienes depositados no baste para cubrir el adeudo a favor de los almacenes generales de depósito, por el saldo insoluto, éstos tendrán acción a través de la vía ejecutiva mercantil para reclamar al depositante original, el pago del adeudo existente. El convenio de depósito correspondiente junto con el estado de cuenta certificado por el contador del almacén de que se trate, será título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.
Artículo 37-C. El importe máximo de las responsabilidades a favor de una arrendadora financiera y a cargo de una sola persona o grupo de personas que, por nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes, no excederá de los límites que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las disposiciones de carácter general a que se refiere el párrafo segundo de la fracción I del artículo 15 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, seguirá observándose el texto anteriormente aplicable.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 9 de abril de 1996.-Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Jorge Padilla Olvera y Saúl Escobar Toledo, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto Campa Cifrián, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Heriberto Galindo Quiñones, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Lemus, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levin Coppel, Raúl Livas Vera, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, José de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Antonio Sánchez Gochicoa, Dulce María Sauri Riancho, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos y Joaquin Vela González.»
Es de primera lectura.
LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, AL ACTIVO, ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y FEDERAL DE DERECHOS
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de ley que modifica las diversas de los impuestos Sobre la Renta, al Activo Especial Sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.-
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, con base en lo dispuesto en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sometido al honorable Congreso de la Unión la iniciativa de ley que modifica a las diversas de los impuestos Sobre la Renta, al Activo, Especial Sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos.
Dicha iniciativa fue turnada a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen. Después de diversas reuniones con los miembros de esta comisión y en conferencia con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; con fundamento en los artículos 43, 48, 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a su consideración el siguiente
DICTAMEN
El Ejecutivo Federal ha remitido una iniciativa de ley que modifica a las diversas de los impuestos Sobre la Renta, al Activo, Especial Sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos, con el propósito fundamental de contribuir con la estrategia de estabilización de la economía mexicana y promover el crecimiento económico, mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas.
De manera particular, las modificaciones propuestas, que forman parte de un proceso continuo de revisión de la política fiscal, tienen como propósito adecuar los ordenamientos legales tributarios para mejorar la equidad del sistema impositivo y hacerlo más eficiente a través de la adecuada aplicación de los principios de equidad y proporcionalidad consagrados en nuestra Constitución, tomando en cuenta para ello, tesis recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, destaca una propuesta para beneficiar a los trabajadores con ingresos de hasta tres salarios mínimos a través del incremento al monto en la bonificación fiscal, lo que incide en una mayor desgravación en el impuesto sobre la renta.
Esta comisión dictaminadora analizó las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal conforme a los propósitos de política económica y social que se tomaron en consideración al proponer esta iniciativa.
I. Ley del Impuesto Sobre la Renta a) Incremento en la bonificación fiscal a los asalariados El Ejecutivo Federal propone diversas modificaciones al impuesto sobre la renta de las personas físicas asalariadas con el propósito de compensar el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos.
Con esa finalidad, se propone modificar las tablas de los artículos 80-B y 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para incrementar el ingreso disponible de los trabajadores con ingresos entre uno y tres salarios mínimos, a través del mecanismo de bonificación fiscal. Dicho incremento será de 3% para los trabajadores con ingresos de un salario mínimo y decrecerá gradualmente conforme aumenta el ingreso (artículos 80-B en su tabla y 81, en su tabla). La permanencia de este tratamiento se asegura al quedar inscrito en la ley.
La consecuencia de esta medida implica, por una parte, un incremento en las percepciones de los trabajadores que obtienen ingresos de hasta tres salarios mínimos, como resultado de la bonificación fiscal y por la otra, que dichos ingresos queden desgravados del impuesto sobre la renta. Ello permitirá beneficiar al 70% de los asalariados, es decir, 9.4 millones de trabajadores. Asimismo, con esta medida se avanza en los compromisos establecidos dentro de la Alianza Para la Recuperación Económica en cuanto a que, a través de la política fiscal, se puedan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
En la iniciativa se propone que la vigencia de estas modificaciones sean retroactivas al 1o. de abril de 1996 (fracción II del artículo 2o.).
En relación a esta propuesta, esta dictaminadora subraya la necesidad de que en el futuro se puedan fortalecer acciones orientadas al logro de mayores avances en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de simplificación, desgravación y equidad en favor de los trabajadores.
b) Intereses pagados a establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país y a residentes en el extranjero.
La iniciativa recoge dos medidas:
1) Conforme a la disposición de la Ley del Impuesto Sobre la Renta relativa a que los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, deban pagar el impuesto a la tasa de 15%, sin deducción alguna, por los ingresos por intereses que perciban del capital que coloquen o inviertan en el país en donde estén establecidas.
En diciembre del año pasado, se reformó esta disposición para señalar que cuando los establecimientos de las instituciones de crédito del país estén situados en otro país con el cual se tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación, se pagará el impuesto a la tasa de 4.9% o, cuando así se prevea en el tratado correspondiente, a una tasa menor.
La aplicación de esta reforma ha permitido apreciar que la misma coloca en desventaja a los bancos mexicanos, cuyos establecimientos están ubicados en países con los que no se tienen convenios para evitar la doble tributación. En efecto, al no poder aplicar la tasa de retención de 4.9% sobre los intereses pagados, se genera una situación que les resta competitividad.
Para superar esta limitación, la iniciativa propone aplicar la tasa de 4.9% a los establecimientos en el extranjero de las instituciones de crédito del país, independientemente de donde se ubiquen (artículo 52-B primer párrafo).
La reforma propuesta por el Ejecutivo Federal señala que las instituciones de crédito que tengan un establecimiento en el extranjero podrán acreditar la tercera parte de la retención efectuada contra el impuesto sobre la renta a su cargo, en el ajuste a sus pagos provisionales a que se refiere el artículo 12-A fracción III de esta ley o en la declaración del ejercicio y que las restantes dos terceras partes de dicha retención se considerarán como pago definitivo (artículo 52-B segundo párrafo).
Asimismo, se expresa que, en ningún caso, procederá solicitar la devolución de los montos no acreditados en el ejercicio.
Para resolver la problemática que derivaría de la aplicación de estas reformas en el ejercicio de 1996, la iniciativa propone, en un artículo transitorio, que la modificación al artículo 52-B se aplique también a los intereses pagados a partir del 1o. de enero de dicho año y hasta la fecha de entrada en vigor de esta ley, a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país que no estén situados en un país con el que se tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación, siempre que se hubiera retenido el impuesto a que se refiere este artículo a la tasa del 15%.
En este caso, adicionalmente a la parte ya acreditada del 15%, se podrá acreditar hasta un 45% del impuesto retenido, sin que se pueda solicitar la devolución de los montos no acreditados en el ejercicio.
Al analizar esta propuesta, la dictaminadora expresó la conveniencia de que la retroactividad se aplique también a las instituciones que estuvieron sujetas a una retención menor en el periodo del 1o. de enero a la fecha de entrada en vigor de esta ley, beneficiándose de la tasa del 4.9%, siempre que cubran al fisco la actualización y los recargos correspondientes en caso de no haber enterado su impuesto conforme a los términos de ley.
En razón de lo anterior se propone una nueva redacción a la fracción I del artículo segundo transitorio, para quedar como sigue:
"I. La modificación al artículo 52-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se aplicará a los intereses pagados a partir del 1o. de enero de 1996 y hasta la fecha de entrada en vigor de esta ley, a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país que no estén situados en un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación."
Las instituciones de crédito del país a las que se les hubiera retenido el impuesto a que se refiere el artículo 52-B del impuesto sobre la renta a la tasa del 15%, en el periodo comprendido del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio 1996, adicionalmente a lo que ya hubieran acreditado conforme a dicho artículo vigente durante el citado periodo, hasta un 45% del impuesto retenido, siempre que se haya enterado el impuesto, antes del 1o. de abril de 1996. En ningún caso procederá solicitar la devolución de los montos no acreditados en el ejercicio.
Los contribuyentes a los que se les hubiera retenido una tasa menor al 15%, en el periodo comprendido del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción, siempre que cubran la actualización y recargos correspondientes a la cantidad del impuesto equivalente a la diferencia de haber aplicado la tasa del 15% y el impuesto efectivamente retenido sobre los intereses exigibles en el periodo comprendido del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición.
2) La iniciativa propone disminuir el porcentaje de retención del impuesto por intereses pagados a residentes en el extranjero de países con los que México se encuentra negociando un tratado para evitar la doble tributación, con el fin de lograr una mayor equidad.
En efecto, en el caso de intereses pagados a residentes en el extranjero de países con los que México tiene tratados vigentes para evitar la doble tributación, la reforma fiscal de 1995 aprobada por este honorable Congreso de la Unión, estableció la tasa de retención del 4.9% para el pago de este impuesto.
No obstante, esta dictaminadora consideró que debía desvincularse la negociación de los tratados de las decisiones que se adoptaran en este momento para extender el tratamiento del 4.9% a otros países que actualmente no se benefician del mismo. En consecuencia, acordó apoyar una decisión en el sentido de que aplicara a países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con los cuales México tiene mayor interés en negociar este tipo de acuerdos, para lo cual, se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que publique la relación de países a los que podrá extenderse este tratamiento.
Por otro lado, esta dictaminadora considera que el beneficio de la retroactividad debe aplicarse no sólo a aquellos residentes en el extranjero que estuvieron sujetos a una retención del 15%, sino también a los que se les retuvo un impuesto menor, siempre que estos últimos cubran al erario la actualización y los recargos correspondientes por no haber enterado el impuesto a la tasa que señala el texto legal.
Por lo anterior, esta dictaminadora propone que el texto de la fracción III del artículo segundo transitorio quede como sigue:
"III. Los residentes en el extranjero que obtengan ingresos por intereses de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional de acuerdo a lo señalado en la fracción I del artículo 154 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, causarán el impuesto señalado en dicho artículo, por los intereses exigibles en el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1996 a la tasa del 4.9%, en lugar de la tasa del 15% prevista en dicha fracción, siempre que sean los beneficiarios efectivos de los intereses y residan en un país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el que el impuesto sobre la renta que, en su caso, se cause por los ingresos por intereses antes mencionados, como si se tratara de su único ingreso, sea equivalente al impuesto que se hubiera causado en México, de haber sido percibidos por una persona moral residente en el país, cuando les hubieran retenido el impuesto a que se refiere dicho precepto a la tasa del 15%. Los países referidos se darán a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. Esta disposición sólo surtirá sus efectos en el año de 1996.
Los residentes en el extranjero a que se refiere el párrafo anterior, a los que se les haya retenido el impuesto a la tasa del 15% antes mencionada, podrán efectuar la compensación del impuesto pagado en exceso, exigible del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, contra las retenciones que les efectúen las personas que hagan pagos por intereses exigibles hasta el 31 de diciembre de 1996, siempre y cuando los intereses se deriven de una misma operación de financiamiento.
Los residentes en el extranjero mencionados en el párrafo anterior, en el caso de que no exista la obligación de retener impuesto respecto de la misma operación de financiamiento con posterioridad a la entrada en vigor de esta disposición, podrán solicitar la devolución del impuesto pagado en exceso, antes de la entrada en vigor de la misma.
Los residentes en el extranjero a que se refiere el primer párrafo de esta fracción a los que se les hubiera retenido un impuesto menor al 15% mencionado, podrán aplicar lo dispuesto en esta fracción, siempre que cubran la actualización y recargos correspondientes a la cantidad equivalente a la diferencia de haber aplicado la tasa del 15% y el impuesto efectivamente retenido sobre los intereses exigibles, en el periodo comprendido del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición."
Conforme a lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora apoya las medidas propuestas en la iniciativa, las cuales habrán de permitir a las instituciones de crédito mexicanas mejorar las condiciones de competencia a nivel internacional y dar un mejor tratamiento a los inversionistas que residan en un país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que mediante listas publicadas en el Diario Oficial de la Federación dará a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
II. Ley del Impuesto al Activo
La iniciativa de reforma enviada por el titular del Ejecutivo Federal a este honorable Congreso de la Unión tiene, como objeto fundamental, atender a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a que la Ley del Impuesto al Activo cumpla con los principios de equidad y legalidad que establece nuestra Constitución.
En efecto, las modificaciones propuestas a la mencionada ley, adecuan el régimen aplicable al sistema financiero y al otorgamiento por parte de personas físicas del uso o goce temporal de bienes a los contribuyentes de este gravamen, atendiendo a las observaciones hechas por el Supremo Tribunal Federal.
a) Entidades del sistema financiero
El sistema financiero, desde el establecimiento del impuesto al activo en 1989, ha estado exento de este gravamen. Este régimen se estableció, debido a que la gran mayoría de sus activos son recursos que provienen de la captación del público ahorrador, los cuales, de ser gravados, darían lugar a una doble tributación, pues se trata de recursos que se colocan en actividades productivas, que están invertidos en activos que ya pagan dicho impuesto.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado que la exención otorgada por la Ley del Impuesto al Activo a las empresas que componen el sistema financiero no cumple con el principio de equidad tributaria que establece nuestra Carta Magna, en virtud de que estas empresas cuentan con activos afectos a la actividad empresarial y que, por esa razón, deberían estar sujetas al mencionado gravamen.
De la tesis de la corte se desprende su criterio de que es posible establecer una forma especial de determinar el impuesto al activo, considerando que el sistema financiero, a pesar de operar los ahorros y depósitos captados del público, puede distinguirlos de los activos afectos a sus actividades empresariales.
Como resultado de lo anterior, el Ejecutivo Federal, propone diversas reformas a esta ley para adecuarla a las tesis que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este impuesto.
De ahí que se proponga eliminar la exención al sistema financiero en el impuesto al activo y que, en el futuro, lo cause en los siguientes términos:
1) El sistema financiero pagará el impuesto por sus activos no afectos a su intermediación financiera, es decir, por los activos fijos, terrenos, gastos y cargos diferidos que no respalden obligaciones con terceros resultantes del desarrollo de su actividad de intermediación financiera (artículos 1o., tercer párrafo y 5o.-B y se deroga del artículo 6o., la fracción II).
2) Permitir deducir las deudas contratadas para la adquisición de los activos gravados en el impuesto al activo (artículo 5o.-B).
3) No gravar los activos adjudicados, ya que por disposición legal, el sistema financiero no los puede conservar en propiedad.
A través de disposiciones transitorias, la iniciativa propone:
Permitir por los ejercicios de 1996 y hasta 1998 que las empresas del sistema financiero puedan acreditar contra el impuesto al activo del ejercicio, la diferencia entre el impuesto sobre la renta y el impuesto al activo causado en los tres ejercicios anteriores, como sucede con el resto de la empresas (artículo 4o. fracción I).
Permitir por los ejercicios de 1996 y hasta el de 1999, determinar este impuesto con los activos, terrenos, cargos y gastos diferidos que tuvieron en el cuarto ejercicio inmediato anterior, para estar en igualdad de condiciones que el resto de las empresas (artículo 4o. fracción II).
b) Personas físicas que otorgan el uso o goce temporal de bienes
Las personas físicas que no realicen actividades empresariales que otorgan el uso o goce temporal de bienes a contribuyentes del impuesto, actualmente se encuentran sujetas al pago del mismo. Sin embargo, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que, en este caso, no se establece con claridad la base gravable conforme a la cual debe determinarse este impuesto, ya que actualmente se define en el reglamento de la ley, por lo que no se cumple con el principio de legalidad fijado en la Constitución.
Por lo anterior, la reforma propuesta subsana esta situación al elevar a nivel legal la disposición reglamentaria.
Adicionalmente, la ley actual no señala, en el caso de personas físicas que no realizan actividades empresariales, que el objeto del gravamen son precisamente los activos fijos y terrenos que se dan en uso o goce temporal, que es lo que también se pretende resolver con esta iniciativa.
Por lo anterior, se proponen los siguientes cambios:
1) Incorporar en la ley los lineamientos que conforman la base gravable de esta contribución para los bienes inmuebles que otorguen en uso o goce temporal las personas físicas a contribuyentes del impuesto al activo, ya que actualmente se contempla en el reglamento (artículo 2o.-bis).
2) Establecer que las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles a personas gravadas con el impuesto al activo, estén obligadas al pago de este impuesto por el activo fijo y terrenos por los cuales obtienen ingresos gravados en el impuesto sobre la renta (artículos 1o, primer párrafo y 6o. fracción V).
Esta dictaminadora apoya la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal, ya que estas modificaciones permiten que esta ley cumpla con el requisito de legalidad y resuelven las observaciones que había formulado al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De igual manera, se considera conveniente incorporar en la reforma al párrafo primero del artículo 1o. propuesto en la iniciativa, que se incorpore a las personas físicas y a residentes en el extranjero que otorguen la administración de bienes inmuebles que tengan el carácter de condominios destinados a hospedaje.
En tal sentido dicho artículo deberá quedar de la siguiente manera:
"Artículo 1o. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto por su activo fijo y terrenos por los que obtengan ingresos a los que se refiere el Capítulo III del Título Cuarto y los artículos 133 fracción XIII y 148-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las empresas que componen el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera."
c) Otras modificaciones a la ley
En adición a estas adecuaciones jurídicas derivadas de las observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la iniciativa propone las siguientes dos modificaciones que están vinculadas a la operación de este impuesto:
1) Opción de pagar el impuesto al activo actualizando el impuesto del cuarto ejercicio inmediato anterior.
La Ley del Impuesto al Activo establece que cuando se opta por pagar este impuesto considerando el impuesto actualizado de cuatro años atrás, el impuesto a actualizar es el que le hubiera correspondido al contribuyente en dicho año.
Para otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, se propone incorporar a la Ley del Impuesto al Activo el texto de la disposición del reglamento, reafirmando, de esta forma, que el impuesto a actualizar es el que hubiera resultado de tomar los activos y pasivos del cuarto año anterior, independientemente del que se hubiera pagado (artículo 5o.-A párrafo tercero).
2) Pagos provisionales del impuesto al activo en la escisión de sociedades.
Para perfeccionar el régimen fiscal en materia de escisión y fusión de sociedades, este honorable Congreso de la Unión aprobó en el pasado periodo de sesiones, diversas reformas en materia de pagos provisionales y del ejercicio, acreditamiento y devolución de impuestos establecidas en el Código Fiscal de la Federación y las leyes de los Impuestos Sobre la Renta y al Valor Agregado; sin embargo, no se modificó la parte correspondiente a la Ley del Impuesto al Activo situación a la que ahora se aboca la iniciativa.
Por lo anterior la iniciativa propone:
Que cuando se escinda una sociedad sea la escindente la que acredite contra el impuesto al activo del ejercicio la totalidad de los pagos provisionales del impuesto al activo efectuados con anterioridad a la escisión, sin que las escindidas puedan efectuar acreditamiento alguno (artículo 13-A fracciones I y II).
Que para el cálculo de los pagos provisionales de las sociedades escindidas, se considere el impuesto actualizado correspondiente al último ejercicio de 12 meses de la escindente.
Esta comisión considera que el impuesto al activo ha sido suficientemente discutido y que su permanencia no debe ser objeto del debate actual. Este impuesto ha sido objeto de diversas reformas, aprobadas por este honorable Congreso de la Unión, las cuales junto con las modificaciones que ahora se proponen y que resuelven las últimas observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguran el cumplimiento de los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad que establece nuestra Constitución.
III. Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
La iniciativa hace referencia a que, derivado de la enajenación e importación de nuevos tipos de gasolina y diesel, se hace necesario regular el tratamiento fiscal a que estarán sujetos dichos productos, estableciendo la manera en que deberán pagar este impuesto quienes enajenen o importen estos bienes, independientemente del tipo de gasolina o diesel al que se apliquen, ya que lo anterior afecta el coeficiente de participaciones del estado en que se comercializan, además de reducir la recaudación.
Esta dictaminadora coincide con la propuesta del Ejecutivo de sustituir el actual tratamiento, que hace referencia a diferentes clases de gasolinas y diesel, por una definición más amplia o genérica que permita abarcar cualquier categoría de estos bienes en el futuro (artículos 2o. fracción I inciso I); 2o-A fracciones II, III, VI, incisos b, c, d, f y g; 4o-.A primer párrafo; 11 tercer párrafo y 19, fracción II tercer párrafo).
V. Ley Federal de Derechos
Con motivo de las reformas efectuadas a diversos ordenamientos legales durante 1995, la iniciativa considera conveniente modificar algunos preceptos de la Ley Federal de Derechos en relación a los servicios que ahora proporcionan las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como eliminar aquellos derechos que se originan por servicios que dejarán de proporcionarse.
En lo correspondiente a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, también se hace necesario reubicar 18 disposiciones referentes a las cuotas de derechos por las funciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal confería anteriormente a la Secretaría de Desarrollo Social y a la entonces Secretaría de Pesca.
En materia de telecomunicaciones y con el fin de evitar duplicidades, la iniciativa propone derogar diversas disposiciones que establecen supuestos de causación de derechos por los servicios que presta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mismos que ya se encuentran previstos en otros artículos de la propia ley, así como precisar algunos conceptos, de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Asimismo, en materia de aeronáutica civil y en congruencia con la Ley de Aviación Civil vigente, la iniciativa propone derogar diversas disposiciones que establecen el cobro del derecho de registro aeronáutico y del derecho de aeronáutica civil por algunos servicios que presta la citada Secretaría y que no se encuentran previstos en dicha ley.
Finalmente, en materia de permisos para la importación temporal o definitiva de armas para caza deportiva, se considera oportuno modificar la ley para ajustar el monto de los derechos que causan estas operaciones.
Esta dictaminadora considera que las reformas propuestas permitirán una mayor precisión de los servicios por los que se causan derechos, así como un mejor control en su cobro, por lo que otorga el apoyo a estas medidas.
Por las razones anteriores, se somete a consideración la siguiente
LEY QUE MODIFICA A LAS DIVERSAS DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, AL ACTIVO, ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y FEDERAL DE DERECHOS
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo primero. Se reforman los artículos 52-B, primero y segundo párrafos; 80-B en su tabla y 81 en su tabla, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: "Artículo 52-B. Los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país deberán pagar el impuesto a la tasa del 4.9% por los ingresos por intereses que perciban del capital que coloquen o inviertan en el país, sin deducción alguna.
El impuesto a que se refiere el párrafo anterior se enterará mediante retención que efectuarán las personas que hagan los pagos de intereses a que se refiere este artículo. Las instituciones de crédito podrán acreditar la tercera parte de la retención efectuada contra el impuesto sobre la renta a su cargo, en el ajuste a sus pagos provisionales a que se refiere el artículo 12-A, fracción III de esta ley o en la declaración del ejercicio. En ningún caso procederá solicitar la devolución de los montos no acreditados en el ejercicio. Las restantes dos terceras partes de dicha retención se considerarán como pago definitivo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 80-B. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo segundo. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, se aplicarán las siguientes disposiciones:
I. La modificación al artículo 52-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se aplicará a los intereses pagados a partir del 1o. de enero de 1996 y hasta la fecha de entrada en vigor de esta ley, a los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país que no estén situados en un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación.
Las instituciones de crédito del país a las que se les hubiera retenido el impuesto a que se refiere el artículo 52-B del impuesto sobre la renta a la tasa del 15%, en el periodo comprendido del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio 1996, adicionalmente a lo que ya hubieran acreditado conforme a dicho artículo vigente durante el citado periodo, hasta un 45% del impuesto retenido, siempre que se haya enterado el impuesto, antes del 1o. de abril de 1996. En ningún caso procederá solicitar la devolución de los montos no acreditados en el ejercicio.
Los contribuyentes a los que se les hubiera retenido una tasa menor al 15%, en el periodo comprendido del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción, siempre que cubran la actualización y recargos correspondientes a la cantidad del impuesto equivalente a la diferencia de haber aplicado la tasa del 15% y el impuesto efectivamente retenido sobre los intereses exigibles en el periodo comprendido del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición.
II. Las reformas a los artículos 80-B y 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se aplicarán a partir del 1o. de abril de 1996.
III. Los residentes en el extranjero que obtengan ingresos por intereses de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional de acuerdo a lo señalado en la fracción I del artículo 154 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, causarán el impuesto señalado en dicho artículo, por los intereses exigibles en el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1996 a la tasa del 4.9%, en lugar de la tasa del 15% prevista en dicha fracción, siempre que sean los beneficiarios efectivos de los intereses y residan en un país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el que el impuesto sobre la renta que, en su caso, se cause por los ingresos por intereses antes mencionados, como si se tratara de su único ingreso, sea equivalente al impuesto que se hubiera causado en México, de haber sido percibidos por una persona moral residente en el país, cuando les hubieran retenido el impuesto a que se refiere dicho precepto a la tasa del 15%.
Los países referidos se darán a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. Esta disposición sólo surtirá sus efectos en el año de 1996.
Los residentes en el extranjero a que se refiere el párrafo anterior, a los que se les haya retenido el impuesto a la tasa del 15% antes mencionada, podrán efectuar la compensación del impuesto pagado en exceso, exigible del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, contra las retenciones que les efectúen las personas que hagan pagos por intereses exigibles hasta el 31 de diciembre de 1996, siempre y cuando los intereses se deriven de una misma operación de financiamiento.
Los residentes en el extranjero mencionados en el párrafo anterior, en el caso de que no exista la obligación de retener impuesto respecto de la misma operación de financiamiento con posterioridad a la entrada en vigor de esta disposición, podrán solicitar la devolución del impuesto pagado en exceso, antes de la entrada en vigor de la misma.
Los residentes en el extranjero a que se refiere el primer párrafo de esta fracción a los que se les hubiera retenido un impuesto menor al 15% mencionado, podrán aplicar lo dispuesto en esta fracción, siempre que cubran la actualización y recargos correspondientes a la cantidad equivalente a la diferencia de haber aplicado la tasa del 15% y el impuesto efectivamente retenido sobre los intereses exigibles, en el periodo comprendido del 1o. de enero de 1996 a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición.
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
Artículo tercero. Se reforman los artículos 1o. primer párrafo; 6o., fracción V y el antepenúltimo párrafo; 13-A, fracciones I y II; se adicionan los artículos 1o., con un tercer párrafo; 2o-.bis, que se ubicará inmediatamente después del artículo 2o.; 5o.-A con un tercer párrafo y 5o.-B y se deroga el artículo 6o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Activo, para quedar como sigue:
"Artículo 1o. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto por su activo fijo y terrenos por los que obtengan ingresos a los que se refiere el Capítulo III del Título Cuarto y los artículos 133 fracción XIII y 148-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las empresas que componen el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera.
Artículo 2o.-bis. Las personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de inmuebles, que se utilicen por otro contribuyente del impuesto, para determinar el monto original de los mismos, estarán a lo siguiente:
I. Determinarán por separado el monto original de la inversión del terreno y de las construcciones, considerando el valor declarado en la escritura notarial en la que conste la adquisición. Cuando en dicha escritura no se hubiera hecho la separación de dicho monto para el terreno y las construcciones, los contribuyentes considerarán las proporciones que para el terreno y las construcciones se hayan dado en el avalúo practicado a la fecha de la adquisición del bien de que se trate o considerarán las proporciones que aparezcan en los valores catastrales que correspondan a la fecha de adquisición.
En el caso de que no puedan determinarse las proporciones señaladas en el párrafo anterior, se considerará que del monto original de la inversión del bien de que se trate, el 80% corresponde a las construcciones y el 20% al terreno.
II. Cuando no se pueda determinar el monto original de la inversión de un inmueble, se considerará como dicho monto el que resulte conforme a lo siguiente:
a) En el caso de las construcciones, mejoras o ampliaciones del inmueble, se considerará como monto el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra. En caso de que no se consigne el valor correspondiente en el aviso de terminación de obra o de que no exista la obligación de dar dicho aviso, se considerará como monto original de la inversión de las construcciones, mejoras o ampliaciones del inmueble, el 80% del valor del avalúo que al efecto se practique por persona autorizada, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, referido a la fecha en que las mismas se hayan terminado.
b) Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo antes del 1o. de enero de 1981, se considerará como monto el que haya servido para efectos del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo a partir de la fecha antes citada, el que haya servido para efectos del impuesto sobre la renta. Si para determinar la base de los mencionados impuestos se practicó avalúo, éste se considerará el monto original de la inversión referido a la fecha de adquisición.
c) Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, incluyendo las donaciones efectuadas por la Federación, estados, Distrito Federal, municipios u organismos descentralizados, se considerará el monto original de la inversión que dicho bien haya tenido para el autor de la sucesión o para el donante, respectivamente. Si no pudiera determinarse dicho monto, se considerará como tal el 80% del valor del avalúo practicado al bien de que se trate referido al momento de la adjudicación o de la donación, según corresponda.
d) Tratándose de bienes adquiridos por prescripción, se determinará su monto original de la inversión conforme al avalúo que haya servido de base para el pago de impuestos con motivo de la adquisición. Si en la fecha en que se adquirió no procedió la realización del avalúo, se efectuará uno referido al momento en que la prescripción se hubiera consumado, independientemente de la fecha de la resolución que la declare. Cuando no pueda determinarse la fecha en que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como tal aquélla en que se haya promovido ésta.
Cuando para determinar el monto original de la inversión de un bien base de este impuesto, se deba realizar un avalúo en los términos de esta fracción, el contribuyente podrá acreditar el costo del avalúo contra los pagos provisionales del impuesto y el correspondiente al del ejercicio en que se efectuó dicho avalúo.
Artículo 5o.-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo los contribuyentes actualizarán el impuesto que les hubiera correspondido de no haber ejercido la opción a que se refiere este precepto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 5o.-B. Las empresas que componen el sistema financiero considerarán como activo no afecto a su intermediación financiera, los activos fijos, los terrenos, los gastos y cargos diferidos, que no respalden obligaciones con terceros resultantes del desarrollo de su actividad de intermediación financiera de conformidad con la legislación aplicable. No se incluirán los activos que por disposición legal no puedan conservar en propiedad. Estos contribuyentes sólo podrán deducir del valor del activo, las deudas contratadas para la adquisición de los activos mencionados, siempre que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 5o. de esta ley.
Artículo 6o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Se deroga.
III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Las personas físicas residentes en México que no realicen actividades empresariales y otorguen el uso o goce temporal de bienes a las personas a que se refiere la fracción I de este artículo, únicamente por dichos bienes.
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las personas a que se refiere la fracción I de este artículo que mantengan los inventarios a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1o. de esta ley o que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad de un contribuyente de los mencionados en el artículo 1o. de esta ley, a excepción de las que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en los términos de la fracción I del artículo 24 y fracción IV del artículo 140 de dicha ley, pagarán el impuesto por dichos bienes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 13-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. En el ejercicio en que se efectúe la escisión y el siguiente, para efectos de los párrafos tercero y quinto del artículo 7o. de esta ley, determinarán el monto de los pagos provisionales del periodo que corresponda, considerando el impuesto actualizado del último ejercicio de 12 meses de la sociedad antes de la escisión, en la proporción en que, a la fecha de la escisión, participe cada una de ellas del valor de su activo a que se refiere el artículo 2o. de la misma, después de disminuirle en la misma proporción las deudas deducibles, existentes a la misma fecha, en los términos del artículo 5o. de este ordenamiento.
El impuesto del último ejercicio de 12 meses se actualizará por el periodo comprendido desde el último mes del ejercicio inmediato anterior al de 12 meses, hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél por el cual se calcula el impuesto.
II. La sociedad escindente acreditará en el ejercicio de que se trate, la totalidad de los pagos provisionales enterados en dicho ejercicio, con anterioridad a la escisión, incluso cuando los pagos provisionales los hubiera efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o.-A de esta ley. En ningún caso las sociedades escindidas podrán acreditar los pagos provisionales realizados por la escindente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO
Artículo cuarto. Para efectos de lo dispuesto por el artículo tercero de esta ley, se aplicarán las siguientes disposiciones:
I. Las empresas que componen el sistema financiero podrán, a partir del ejercicio de 1996 y hasta el de 1998, realizar el acreditamiento a que se refiere el segundo párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, considerando el impuesto sobre la renta y el impuesto al activo causados en cada uno de los tres ejercicios anteriores al ejercicio de que se trate.
El impuesto al activo que resulte después del acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior y el primer párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, será el impuesto a pagar en el ejercicio de que se trate, para efectos de dicha ley.
II. Las empresas que componen el sistema financiero podrán determinar el impuesto al activo a partir del ejercicio de 1996 y hasta el de 1999, conforme a lo dispuesto por el artículo 5o.-A de la Ley del Impuesto al Activo.
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
Artículo quinto. Se reforman los artículos 2o. fracción I inciso l; 2o.-A, fracciones II, III y VI incisos b, c, d, f y g; 4o.-A primer párrafo; 11 tercer párrafo y 19 fracción II tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) a H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I) Gasolinas: la tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos de los artículos 2o.-A y 2o.-B de esta ley.
J) y K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Artículo 2o.-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Se multiplicarán por el factor de 0.9524 para las gasolinas y el diesel para uso automotriz, por 1.0 para el diesel para uso industrial de alto y bajo azufre y el diesel para uso en vehículos marinos, el monto que se obtenga de adicionar a la comisión que haya pagado Petróleos Mexicanos a los expendios autorizados por el combustible de que se trate en el periodo citado, los costos netos de transporte del combustible de la agencia de ventas de que se trate al establecimiento del expendedor incurridos durante dicho periodo, sin incluir, en ambos casos, el impuesto al valor agregado.
III. Se multiplicarán por el factor de 0.8658 para las gasolinas y el diesel para uso automotriz, por 0.9091 para el diesel para uso industrial de alto y bajo azufre y el diesel para uso en vehículos marinos, el precio de venta al público, del combustible de que se trate vigente en la zona geográfica correspondiente en el periodo citado, cuando la enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado de 10%.
Se multiplicarán por el factor de 0.8282 para las gasolinas y el diesel para uso automotriz, por 0.8696 para el diesel para uso industrial de alto y bajo azufre y el diesel para uso en vehículos marinos, el precio de venta al público, del combustible de que se trate vigente en la zona geográfica correspondiente en el periodo citado, cuando la enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado de 15%.
IV a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Diesel para uso automotriz de alto azufre: el promedio del precio spot fuel oil número 2, 0.2% de azufre y 34º API, vigente en la costa del golfo de los Estados Unidos de América.
c) Diesel para uso automotriz y diesel para uso industrial de bajo azufre: el promedio del precio spot fuel oil número 2 LS, 0.05% de azufre, vigente en la costa del golfo de los Estados Unidos de América.
d) Diesel para uso industrial de alto azufre: el promedio del precio spot fuel oil número 2, 0.2% de azufre y 34º API, vigente en la costa del golfo de los Estados Unidos de América.
f) Diesel para uso en vehículos marinos en la costa del golfo: el promedio del precio spot fuel oil número 2, 0.2% de azufre y 34º API, vigente en Houston, Texas, de los Estados Unidos de América.
g) Diesel para uso en vehículos marinos de la costa del pacífico: el promedio del precio spot fuel oil número 2 LS, 0.05% de azufre, vigente en Los Angeles, California, de los Estados Unidos de América.
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Artículo 4o.-A. Las personas que adquieran diesel para su consumo final y siempre que dicho combustible no sea para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos, podrán acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de este combustible, siempre que se utilice exclusivamente como combustible:
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los productores o importadores de tabacos labrados para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos, el precio de venta al detallista. En el caso de exportación definitiva de dichos bienes en los términos de la legislación aduanera, así como en la enajenación de bienes que la citada legislación aduanera establece como importación temporal realizada por personas residentes en el país a empresas de comercio exterior, considerarán el valor que se utilice para los fines del impuesto general de exportación.
Tratándose de la enajenación de los combustibles a que se refieren los incisos I y J de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, los productores o importadores para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes considerarán como valor el precio a que se refiere la fracción I del artículo 2o.-A de esta ley, multiplicado por el factor de 1.05 en el caso de las gasolinas y el diesel para uso automotriz, y por 1.0 en el caso del diesel para uso industrial de alto y bajo azufre y del diesel para uso en vehículos marinos.
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Artículo 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando se trate de la enajenación de gasolinas, gas natural y diesel para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos, así como de la prestación de servicios gravados por esta ley en relación con dichos bienes, en el comprobante que se expida, en ningún caso se hará la separación expresa del monto de este impuesto debiendo ofrecerse estos bienes o servicios incluyendo el impuesto en el precio o contraprestación.
Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo final en los términos de las fracciones I, II y IV del artículo 4o.-A de esta ley, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate.
III al IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEY FEDERAL DE DERECHOS
Artículo sexto. Se reforman ios articulos; 86-A fracciones IV y Vll; 86-B fraccion I; 120, primer párrafo; 123-F primer párrafo; 138 primer párrafo; 158 fracción I primer párrafo; 159 primer párrafo y fracción VII inciso d; 160 fracción IV; 194-C primer párrafo; 195-U fracción V; se adicionan los artículos 86-A con una fracción VIII; 123-A, fracción IV con un inciso f; 123-C fracción IV con un inciso e; 123-D fracción IV con un inciso e; 1 23-E fracción IV con un inciso e; 123-F, fracción IV, con un inciso e; 138 con un penúltimo y último parrafos; al Titulo Primero, Capítulo Xlll, con una Sección Quinta de la zona marítimo-terrestre, 194-D; 194-E; Sección Sexta, servicios de flora y fauna, 194-F; 194-G; Sección Séptima, impacto ambiental, 194-H; 194-I; 194-J; 194-K; 194-L; 194-M; 194-N; Sección Octava, prevención y control de la contaminación, 194-O; 194-P; 194-Q; 194-R; 194-S; 194-T; 194-U; se derogan los artículos; 90-B fracciones I y II;120 fracciones I, II, III y V; 122 fracción I, inciso d; 123-A, fracción I; 123-B fracción I; 123-C fracción l; 123-D fracción l; 123-E fracción II; 123- F fracción II; 128-C; 128-D fracción III; 153 fracción I; 159 fracciones III, VI, inciso d VII, inciso g VIII, IX, XIII, XXVI y XXVII; del Título Primero, Capítulo IX; Sección Segunda, de la zona marítimo-terrestre, 173-B 174; Seccion Tercera, servicios de flora y fauna, 174-A; 174-B; Seccion Cuarta, impacto ambiental, 174-C; 174-D; 174-E; 174-F; 174-G; 174-1; 174-J; Sección Quinta, prevención y control de la contaminación, 174-K; 174-L; 174-M; 174-N; 174-O; 174-P; 174-Q de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
"Artículo 86-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Por cada certificado fitosanitario para la movilización nacional de productos y subproductos vegetales sujetos a regulación fitosanitaria: $20.00
V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Expedición del certificado zoosanitario para la importación de animales, sus productos y sus subproductos: $390.66
VIII. Por la expedición del formato de requisitos técnico-fitosanitarios para la importación y exportación de productos y subproductos vegetales: $90.00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 86-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Por la certificación fitosanitaria de empresas dedicadas a la explotación, fabricación, elaboración, formulación o maquila, formulación por maquila, mezclado, acondicionamiento, envasado e importado de plaguicida agrícola: $3,987.76
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 90-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Se deroga.
II. Se deroga.
III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 120. Por autorización de modificaciones a permisos de servicios de telecomunicaciones de valor agregado como de otros servicios de telecomunicaciones, que se presten a terceros, que hayan sido otorgados con anterioridad a la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se pagará conforme a las siguientes cuotas:
I. Se deroga.
II. Se deroga.
III. Se deroga.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Se deroga.
Artículo 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Se deroga.
Artículo 123-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Se deroga.
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Modificación a la red: $1,142.30
Artículo 123-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Se deroga.
II a IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 123-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Se deroga.
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Modificación a la red: $1,142.30
Artículo 123-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Se deroga.
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Modificación a la red: $1,142.30
Artículo 123-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Se deroga.
III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Modificación a la red: $1,142.30
Artículo 123-F. Por el otorgamiento de permisos para instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras o transreceptoras, se pagará el derecho de telecomunicaciones, conforme a las siguientes cuotas:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Se deroga.
III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Modificación a la red: $1,142.30 Artículo 128-C. Se deroga.
Artículo 128-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Se deroga.
Artículo 138. Por la expedición de certificados de homologación provisionales y definitivos para equipos, aparatos, dispositivos y accesorios de telecomunicación, se pagará el derecho por homologación en materia de telecomunicaciones, conforme a las siguientes cuotas:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En solicitudes de "certificados de homologación definitiva", que se expidan a solicitud del interesado, después de los certificados provisionales, siempre que no hayan modificado las características técnicas y operativas autorizadas, se cobrará el 100% de la cuota establecida en la fracción I y el 40% de la señalada en la fracción II de este artículo.
El solicitante podrá optar por solicitar directamente un certificado de homologación definitivo sin contar con el certificado provisional, si presenta constancia o dictamen de que el equipo cumple con las normas técnicas nacionales y recomendaciones internacionales aceptadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debiendo pagarse en este caso el 100% de las cuotas señaladas en las fracciones I y II de este artículo.
Artículo 153. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Se deroga.
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Por la expedición o renovación del certificado de aeronavegabilidad por periodo de vigencia:
a) a d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 159. Por la expedición de los siguientes permisos o concesiones, se pagará el derecho de aeronáutica civil, conforme a las siguientes cuotas:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Se deroga.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Se deroga.
VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Taxi aéreo nacional o internacional: $4,542.92
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e) y f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Se deroga.
VIII. Se deroga.
IX. Se deroga.
XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII. Se deroga.
XIV a XXV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXVI. Se deroga.
XXVII. Se deroga.
XXVIII a XXXII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Por la modificación de la concesión o permiso a que se refieren las fracciones I, II y III que anteceden, se pagará el 50% de la cuota correspondiente.
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPITULO IX
De la Secretaría de Desarrollo Social
SECCION SEGUNDA
De la zona marítimo-terrestre. Se deroga Sección.
Artículo 173-B. Se deroga.
Artículo 174. Se deroga.
SECCION TERCERA
Servicios de flora y fauna. Se deroga Sección.
Artículo 174-A. Se deroga.
Artículo 174-B. Se deroga.
SECCION CUARTA
Impacto ambiental. Se deroga Sección.
Artículo 174-C. Se deroga.
Artículo 174-D. Se deroga.
Artículo 174-E. Se deroga.
Artículo 174-F. Se deroga.
Artículo 174-G. Se deroga.
Artículo 174-I. Se deroga.
Artículo 174-J. Se deroga.
SECCION QUINTA
Prevención y control de la contaminación. Se deroga sección.
Artículo 174-K. Se deroga.
Artículo 174-L. Se deroga.
Artículo 174-M. Se deroga.
Artículo 174-N. Se deroga.
Artículo 174-0. Se deroga.
Artículo 174-P. Se deroga.
Artículo 174-Q. Se deroga.
CAPITULO XIII
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Artículo 194-C. Por el otorgamiento de permisos o concesiones para el uso o aprovechamiento de las reservas de la biosfera, parques nacionales, parques marinos nacionales, reservas especiales de la biósfera, monumentos naturales y las áreas de protección de flora y fauna, se pagará el derecho de permiso o concesión de inmuebles federales, conforme a las siguientes cuotas:
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SECCION QUINTA
De la zona marítimo-terrestre
Artículo 194-D. Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el derecho de zona marítimoterrestre, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la recepción y estudio de la solicitud de concesión o autorización: $288.41
II. Por la verificación en campo de levantamiento topográfico presentado por el solicitante de concesión de zona federal marítimoterrestre o terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito que se forme por aguas marítimas:
a) Hasta 1 mil m2 de superficie: $586.28
b) De más de 1 mil m2 de superficie hasta 5 mil m2: $1,172.64
c) De más de 5 mil m2 de superficie hasta 10 mil m2: $2,345.29
d) De más de 10 mil m2 de superficie hasta 15 mil m2: $4,690.66
e) De más de 15 mil m2 de superficie en adelante: $7,036.01
III. Por la cesión de la concesión entre particulares: $1,241.96
IV. Por la verificación de cumplimiento de obligaciones derivadas del título de concesión: $248.34
Cuando la zona marítimo-terrestre se utilice para la agricultura, ganadería o pesca, las cuotas señaladas en este artículo se reducirán en un 50%.
Este derecho se pagará independientemente del que corresponda por el uso o aprovechamiento de la zona marítimo terrestre conforme al Título Segundo de esta ley.
Artículo 194-E. Por el otorgamiento de concesiones, autorizaciones o prórroga de concesiones para el uso o goce de la zona federal marítimoterrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, se pagará anualmente el derecho de concesión de inmuebles federales, conforme a la cuota de: $255.60 Cuando la zona federal se utilice para la agricultura, ganadería o pesca, la cuota a que se refiere el párrafo anterior se reducirá en un 50%.
No se pagará el derecho a que se refiere este artículo cuando el uso o goce de la zona federal se destine para actividades acuicolas de especies reservadas.
Este derecho se pagará independientemente del que corresponda conforme al Título Segundo de esta ley.
SECCION SEXTA
Servicios de flora y fauna
Artículo 194-F. Por los servicios que a continuación se señalan se pagará el derecho por servicios de flora y fauna silvestres, conforme a las siguientes cuotas:
A. Por el registro y refrendo anual:
I. De viveros comerciales de flora silvestre con especies terrestres y acuáticas, raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte: $42.51
II. De mascotas de fauna silvestre o de criadero, raras, endémicas, amenazadas en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte: $130.63
III. De aves de presa consideradas como raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte: $100.94
IV. De viveros no comerciales de flora silvestre con especies terrestres y acuáticas, raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte: $31.17
No se pagará por el refrendo anual del registro a que se refiere la fracción II de este apartado.
B. Por la expedición de permisos y, en su caso, de refrendos, anual o por temporada, así como por la expedición de certificados:
I. Para colecta científica realizada en el país, por extranjeros: $3,790.22 Las personas que realicen colecta científica en el país, bajo algún convenio de cooperación internacional con el Gobierno Federal o con alguna institución mexicana, no pagarán este derecho.
II. Por cada solicitud de certificados relacionados con la exportación, importación o reexportación de especies terrestres y acuáticas, raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte:
a) De trofeos de caza: $194.47
b) De animales de fauna silvestre, para comercialización:
1. De especies mayores: $638.34
2. De especies menores: $320.65
c) De animales de fauna silvestre, para fines no comerciales:
1. De especies mayores: $204.86
2. De especies menores: $106.88
d) Distintos de los anteriores: $106.88
e) De productos y subproductos de fauna silvestre: $106.88
f) De productos y subproductos de flora silvestre: $106.88
III. Para colecta de material parental para su reproducción y propagación con fines comerciales en unidades de producción, de especies amenazadas o en peligro de extinción contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte: $158.84
IV. Por trámite para colecta de material parental de especies amenazadas o en peligro de extinción contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte: $158.84
Artículo 194-G. Por los estudios de flora y fauna silvestres, incluyendo su planificación, manejo y dictamen de impacto ambiental, se pagará el derecho de flora y fauna, por hectárea, conforme a las siguientes cuotas:
I. Distrito Federal, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro: $4.72
II. Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas: $6.32
III. Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Sinaloa: $7.88
IV. Por supervisión anual, por hectárea: $2.34
SECCION SEPTIMA
Impacto ambiental
Artículo 194-H. Por el otorgamiento de la autorización de los proyectos de obras o actividades cuya evaluación corresponda al Gobierno Federal, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:
I. Obra o actividad que requiera manifestación de impacto ambiental en su modalidad general: $497.15
II. Obra o actividad que requiera manifestación de impacto ambiental en su modalidad intermedia: $870.12
III. Obra o actividad que requiera manifestación de impacto ambiental en su modalidad específica: $1,367.37
Artículo 194-I. Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la inscripción en el registro nacional de prestadores de servicios que realicen estudios de impacto ambiental, por cada campo de especialidad o por el refrendo correspondiente: $1,371.75
II. Por la obtención de la versión actualizada del registro a que se refiere la fracción anterior: $15.82
Artículo 194-J. Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la recepción y evaluación del informe preventivo: $745.81
II. Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental:
a) En su modalidad general: $1,491.67
b) En su modalidad intermedia: $2,610.46
c) En su modalidad específica: $4,102.21
III. Por la verificación del cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación: $1,988.93
IV. Por la revalidación de evaluación de la autorización de impacto ambiental:
a) En su modalidad general: $234.48
b) En su modalidad intermedia: $410.39
c) En su modalidad específica: $644.94
Artículo 194-K. Por la recepción, evaluación y dictamen del programa de manejo forestal, para obtener autorización de aprovechamiento de recursos forestales, forestación y reforestación de especies maderables de clima templado y frío, por volumen solicitado para su aprovechamiento, se pagará el derecho de impacto ambiental conforme a las siguientes cuotas:
I. Hasta 500 metros cúbicos: exento
II. De más de 500 metros cúbicos hasta 1 mil metros cúbicos: $266.26
III. De más de 1 mil metros cúbicos hasta 5 mil metros cúbicos: $399.42
IV. De más de 5 mil metros cúbicos en adelante: $621.38
Artículo 194-L. Por la recepción, evaluación y dictamen del programa de manejo forestal para aprovechamiento de recursos forestales, forestación y reforestación de especies maderables de clima árido y semiárido, por metro cúbico solicitado para su aprovechamiento, se pagará el derecho de impacto ambiental conforme a las siguientes cuotas:
I. Hasta 500 metros cúbicos: exento
II. De más de 500 metros cúbicos hasta 1 mil 500 metros cúbicos: $177.49
III. De más de 1 mil 500 metros cúbicos hasta 3 mil 000 metros cúbicos: $266.26
IV. De más de 3 mil metros cúbicos en adelante: $355.07
Artículo 194-M. Por la recepción, evaluación y dictamen de los estudios de uso de suelo forestal y por superficie solicitada, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:
I. De más de una hectárea hasta 10 hectáreas: $342.69
II. De más de 10 hectáreas hasta 50 hectáreas: $742.49
III. De más de 50 hectáreas hasta 200 hectáreas: $1,484.99
IV. De más de 200 hectáreas: $2,284.60
Artículo 194-N. Por la recepción, evaluación y dictamen de manifestaciones de impacto ambiental para aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales y especies de difícil regeneración, así como aquellos que determine la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con base en lo que establecen la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, se pagará el derecho de impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:
I. Manifestación de impacto ambiental modalidad general por un volumen mayor a 250 metros cúbicos: $887.71
II. Manifestación de impacto ambiental modalidad intermedia: $1,775.50
III. Manifestación de impacto ambiental modalidad específica: $2,663.23
SECCION OCTAVA
Prevención y control de la contaminación
Artículo 194-O. Por el otorgamiento de la licencia de funcionamiento a las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la recepción y evaluación de solicitud de licencia: $1,395.75
II. Actualización de licencia de funcionamiento por ampliación o modificación de procesos: $670.40
III. Por la verificación de cumplimiento de las condiciones derivadas de la licencia de funcionamiento: $1,115.37
Artículo 194-P. Por los servicios de verificación y certificación de equipos de medición de contaminantes de vehículos automotores en circulación en centros autorizados, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación conforme a la cuota de: $140.15
Artículo 194-Q. Por el servicio de certificación y verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores nuevos, a través de la prueba de laboratorio de emisiones vehiculares, por el método "CVS 75", se pagará por cada prueba que se realice el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a la cuota de: $4,604.93
Artículo 194-R. Por el servicio de evaluación y verificación de la aplicación de métodos, procedimientos, partes, componentes y equipos que reduzcan las emisiones de contaminantes a la atmósfera generados por vehículos automotores, a través de la prueba estática de emisiones vehiculares, se pagará por cada prueba que se realice el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a la cuota: $47.29
Artículo 194-S. Por el registro de empresas generadoras de residuos peligrosos, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a la cuota de: $280.32 Artículo 194-T. Por el otorgamiento de la autorización en materia de residuos peligrosos, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a las siguientes cuotas:
I. Instalación y operación de sistemas de almacenamiento, recolección y transporte: $3,426.90
II. Instalación y operación de sistemas de reuso, tratamiento y reciclaje: $6,853.80
III. Instalación y operación de sistemas de incineración y disposición final: $20,561.40
Artículo 194-U. Por el otorgamiento del dictamen técnico para la obtención de estímulos fiscales o créditos de organismos financieros, en las actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, se pagará el derecho de prevención y control de la contaminación, por cada dictamen técnico conforme a la cuota de: $557.65
Artículo 195-U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Por el permiso extraordinario para la importación o exportación temporal o definitiva de armas y cartuchos, por las armas y sus cartuchos o sólo cartuchos: $1,028.07
VI a VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
Artículo séptimo. Para efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, las cuotas de los derechos que aparecen publicados en esta ley, se actualizarán en el mes de julio de 1996 en los términos del cuarto párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, excepto las señaladas en los artículos 86-A fracciones IV y VIII; 123-A fracción IV inciso f); 123-C fracción IV inciso e; 123-D fracción IV inciso e; 123-E fracción IV inciso e; 123-F fracción IV inciso e, de la Ley Federal de Derechos los cuales se actualizarán a partir del 1o. de enero de 1997.
TRANSITORIO
Artículo único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 9 de abril de 1996.- Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Jorge Padilla Olvera, Saúl Escobar Toledo, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto Campa Cifrián, Jorge Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Heriberto Galindo Quiñones, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Lemus, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, José de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Antonio Sánchez Gochicoa, Dulce María Sauri Riancho, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos y Joaquín Vela González.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE FINLANDIA
El secretario Jorge de Jesús Castillo Cabrera:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Ricardo Galán, para aceptar y usar la condecoración de la "Orden del León de Finlandia", en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Finlandia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al embajador Ricardo Galán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Finlandia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 3 de abril de 1996.- Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
CONFEDERACION SUIZA
El secretario Eduardo Guzmán Ortiz:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 1o. de abril del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sofía Román Palencia, para que pueda prestar servicios como asistente cultural en la Embajada de Suiza en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 2 de abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia interesada prestará, serán como asistente cultural en la Embajada de Suiza en México:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Sofía Román Palencia, para prestar servicios como asistente cultural en la Embajada de Suiza en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 3 de abril de 1996.- Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA HELENICA
La secretaria Josefina Silvia Balleza Sánchez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 1o. de abril del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pablo González Sada, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Grecia en Monterrey, NL, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 2 de abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al consulado de Grecia en Monterrey, Nuevo León, serán de carácter estrictamente consular:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Pablo González Sada, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Grecia en Monterrey, NL, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México,
D.F., a 3 de abril de 1996.- Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE ESTONIA
El secretario Manuel Enrique Russek Valles:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Julia Carabias Lillo, pueda aceptar y usar la condecoración de la "Orden Estonia de la Estrella Blanca", en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Julia Carabias Lillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de abril de 1996.- Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE GUATEMALA
El secretario Desiderio Camacho Garibo:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor José Luis Figueroa Cuevas, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor José Luis Figueroa Cuevas, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de marzo de 1996.- Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Cruz Pérez Cuéllar:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 19 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Arturo Colín Pineda, pueda prestar servicios como inspector de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 28 de marzo, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como inspector de mantenimiento:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Arturo Colín Pineda, para prestar servicios como inspector de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de marzo de 1996.- Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
(Votación.)
Se emitieron 325 votos en pro, cuatro en contra y una abstención, del primer dictamen; 328 votos en pro, uno en contra y una abstención, del segundo dictamen y 329 votos en pro y uno en contra, del tercer dictamen.
La Presidenta:
Aprobado el primer dictamen por 325 votos, el segundo dictamen por 328 y el tercer dictamen por 329.
El secretario Cruz Pérez Cuéllar:
Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
REFORMA DEL ESTADO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Augusto César Leal Angulo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la reforma del Estado.
El diputado Augusto César Leal Angulo:
Con el permiso de la Presidencia:
Suele suceder al perfilar una intervención en este recinto parlamentario, que algún hecho o algún comentario, haga uno o induzca a uno a decir de distinta manera las cosas que ya tenía uno pensado decir y éste es el caso mío.
El hecho que me movió a cambiar de tono y actitud, fue la paliza que le propinaron a una paisana por allá en Riverside y al reflexionar sobre los hechos que acontecieron en Estados Unidos, no tuve más rincón dónde acomodar a este tipo de víctimas, que en lo que canta una copia que a la letra de los jarochos del Papaloapan dicen: "Pobre del pobre que al cielo no va, lo friegan aquí y lo friegan allá".
El comentario que también me movió a cambiar la actitud de esta intervención, fue una declaración de prensa que hiciera el diputado Levín Coppel, en la que por cierto no agregó ningún lustre a la ilustre familia sinaloense a la que pertenece y sí me provocó cierto escalofrío en el sólo pensar que un personaje así se mueva, se rumore como candidato a gobernador en Sinaloa. Dios guarde a los sinaloenses.
Señores diputados, señores diputados todos: Igual que en física clásica, la ley de la gravedad o el principio de los vasos comunicantes, una de las constantes inexorables de la historia es la permanente actitud del hombre que gobierna, a eliminar todo factor que pueda limitar su poder, con la natural y funesta consecuencia de que infundir la noción de gobierno que es noción de orden o del ejercicio de instintos torcidos, como pueden ser el avasallamiento, el dominio personal sobre el patrimonio ajeno y la perversa y peregrina tentación de creer que la ley no es ley si no la dicta él.
Esta desgarradora convicción humana ha producido a lo largo de los siglos el más sombrío espectro de gobiernos autoritarios: sátrapas, tiranos, caudillos, führers y presidentes desenfrenados.
La primera mitad del Siglo XX nos ofrece una magnífica colección de estos especímenes, allá y acá, todos ellos con el signo de Caín en la frente: odio y quizá oburropara los hermanos.
Frente al conocimiento de esta realidad humana, desde las profundidades de la historia, probablemente a la luz de Dios en las cosmogonías religiosas y a la luz de la razón en las filosofías naturales, igual que en las leyes de la física clásica, la ley de la gravedad y los principios de los vasos comunicantes, emergen otras enseñanzas más nobles, de que siendo tan necesario el gobierno de las sociedades como inevitable la condición humana, se diseñen las cosas de tal manera que no sea tan poderoso el rey ni tan débil el vasallo.
Ciertamente, señores, el viaje de los mexicanos hacia el encuentro de su propio destino, ha sido tortuoso y no obstante haber padecido en repetidas ocasiones aquellas alimañas, vamos llegando a la aspiración final en la forma más elaborada moderna de forma de gobierno, la República, concepción que no es en primer término la construcción ideal de una sociedad perfecta de hombres perfectos, sino una realidad formal y absoluta atenta a los riesgos de la naturaleza corruptible.
Pero esta aspiración secular de batallar tiene en su diseño una pieza, un invento un ingenio insustituible que constituye el motor de su funcionamiento: nosotros, el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y todo aquel que vigile, manipule, controle y por tanto atente contra la naturaleza y señorío de ese órgano, se llama sátrapa, tirano, caudillo führer o presidente desenfrenado.
En el hervor de esta olla en la que han sido puestos granos de todos los colores, amarillos, azules, tricolores y hasta uno que otro pintito, se debe cocinar el caldo que alimente a nuestra gente, señores, y sin gorgojos y sin granos podridos.
De nuestros gritos, de nuestras diferencias, de nuestras rebeldías y desacuerdos nace, se cultiva y fortalece la voluntad de lo que representamos y no hay grito estentóreo ni voz estridente si se pega para que se respete el bienestar de los ciudadanos y se controle el poder de otros poderes, que se le llame Presidente de la República.
Yo prefiero, señores diputados, 24 horas de debate que un segundo de sumisión.
Estamos hablando de un caos político y económico que todavía no sabemos qué tributo nos cobrará y muy probablemente es el resultado de haber renunciado a la dignidad y jerarquía que los documentos que nos definen, nos confieren. Es la Cámara, es la Cámara donde se genera la dinámica de la vida americana, que regula los detalles más íntimos de su sociedad. Es la Cámara de ellos la que destina el presupuesto, generoso ciertamente con su Well Fare y severa con su Nixon cuando se atreve a faltar al respeto a su people, a su gente.
Son los lores y los comunes los que doblan la marcha del Commonwealth, es la dieta la que urde y regula la invasión financiera y comercial del Japón en su ecuménico campear. Son las cortes españolas las que después de amargas experiencias consuman el tránsito a la democracia, desde Cádiz hasta la Moncloa. Son el Reichstag y el Bundestag los que reconstruyen y unifican la Alemania destuida por la guerra y derrotada.
Los pueblos, señores diputados, finalmente se rigen y se gobiernan por religiones y leyes. Nosotros, a nosotros nos toca hacer leyes.
Una ley, una ley, señores diputados, una ley sabia hace fértil una piedra, una ley tonta vuelve estéril el más fértil de los valles, ¿por qué nos empeñamos en hacer una capilla de una catedral?
Ojalá estas reflexiones ayuden a entender los cuatro puntos fundamentales sobre los que ha descansado siempre la propuesta nuestra sobre la reforma del Estado.
1o. Afirmamos la privacía de lo político sobre lo económico y vale la pena poner énfasis en este punto, porque ha sido en nombre de la primacía de lo económico como se ha pretendido aniquilar la conciencia ciudadana y se nos ha llevado a este desorden.
2o. Proponemos la restauración de las estructuras de la sociedad, de las estructuras naturales de la sociedad, el reconocimiento y jerarquización de esas formas ineludibles en las que la sociedad se agrupa: familia, asociaciones de trabajo, óigase bien, asociaciones de trabajo, universidades, iglesias, clubes etcétera, cohesionándolos a todos en la nación.
Proponemos un vector intenso en este cauce, porque aquí se esconden muchos de los males que aquejan a este país en nuestros tiempos.
3o. Proclamamos la dignidad de la persona humana; establecemos nuestra fe en el hombre, sujeto a necesidades materiales y portador a la vez de valores espirituales que necesitan cumplimiento.
Reconocemos a los hombres reales, concretos, porque no nos interesa ni nos ha interesado nunca trabajar con masas o con conjuntos de necesidades materiales, sino a un hombre, irrepetible, insustituible y con un destino trascendente.
4o. Urgimos la necesidad de que el Estado sea siempre genuina representación de la colectividad y esté por tanto permanentemente ligado a su vocación y naturaleza comunitaria.
Sostenemos por eso, señores diputados, la dignidad de la política, como sostenemos, en su único sentido generoso, la afirmación democrática, en cuanto que queremos que la nación, la verdadera nación, no una supuesta clase de cualquier cuño, sea la que diga los destinos de la nación.
De estas cuatro posiciones resulta nuestra definición final: Estado que sea la expresión de la nación entera, estructurado eficazmente, reposado en el concepto real de la persona, que tendrá necesariamente que conducirnos al bien común y no podrá por tanto limitarse a ser guardián del orden público ni convertirse en monstruo que todo lo engulle, que todo lo vigila, conculcador de toda iniciativa, de toda libertad, de toda actividad.
Esa es nuestra doctrina; ése es nuestro ideario desde el principio: un Estado, diria Gómez Morín, con amplia capacidad de gestión, sin ser aplastante; la más completa autoridad, sin ser tiránico; la más ágil aptitud para hacer justicia, sin ser subversivo.
Si el diputado Coppel tiene una idea más honda, suya es la tribuna.
Gracias, señores.
La Presidenta:
Tiene la palabra para presentar un punto de acuerdo sobre la reforma del Estado, el diputado Juan Guerra, del PRD.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Muchas gracias, Presidenta. Pido la atención del pleno para leer un punto de acuerdo, suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados.
Si fuera tan amable, Presidenta, en llamar al orden.
La Presidenta:
Señores diputados, esta Presidencia les llama al orden y sobre todo a guardar silencio y les invita a otorgarle el respeto al orador, poniendo la debida atención e interés.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores:
Voy a dar lectura a un punto de acuerdo, firmado por los cuatro coordinadores que integran los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, donde de nueva cuenta se refrenda el interés que ha prevalecido en esta Cámara para avanzar en ese asunto toral que es la reforma del Estado, en la inteligencia de que este vocablo, la reforma del Estado, quizá esté a punto de desgastarse o de sustituirse por otro, donde si no activamos los trabajos, tengamos que reconocer que el tiempo se nos fue, por lo menos para reformas importantes que reclama el proceso político de 1997.
Para evitar eso y como un intento de buscar los consensos y los acuerdos entre los diversos grupos parlamentarios, se presenta el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Considerando que:
1. En el pasado periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados acordó crear en su seno, necesarios espacios de diálogo y discusión, para impulsar la reforma del Estado.
2. Los diversos grupos parlamentarios tienen ya elaboradas sus propuestas sobre los respectivos temas de la agenda para la reforma del Estado.
3. Que existen en comisiones iniciativas presentadas por diputados de diversos grupos parlamentarios referidos a los temas de la agenda de la reforma del Estado.
4. Es necesario apresurar los trabajos en la Cámara de Diputados para presentar acuerdos y dictámenes, que hagan viables los cambios que el país demanda.
Se acuerda que la Presidencia de esta Cámara y la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, concentren todas las propuestas e iniciativas presentadas y adopten las medidas indispensables para que las comisiones ex professo y las legislativas respectivas se reunan y puedan elaborar los dictámenes que deberá discutir el pleno de esta Cámara.
Atentamente. Los diputados Humberto Roque Villanueva, Ricardo García Cervantes, Jesús Ortega Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.»
Muchas gracias.
La Presidenta:
Se le concede el uso de la voz al diputado Píndaro Urióstegui Miranda, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:
Señora Presidenta; respetable Asamblea:
El documento que acaba de leer el compañero diputado Juan Guerra, resume sin lugar a dudas un esfuerzo permanente y cotidiano de los coordinadores de los cuatro grupos parlamentarios de esta Cámara, para hacer más eficiente y dinámico nuestro trabajo legislativo.
En esta ocasión el propósito de dicho documento va encaminado fundamentalmente a acelerar los trabajos relacionados con la reforma del Estado. Creo que para todos nosotros, para el Gobierno, para los partidos políticos, para las organizaciones sociales en lo general, si algo es vital, fundamental y trascendental, es precisamente lograr hechos concretos, que signifiquen una reforma de Estado profunda, dinámica y plenamente identificada con la realidad de nuestro país.
La diputación priísta apoya y se siente plenamente identificada con los acuerdos de los cuatro coordinadores de los grupos parlamentarios expresados en el documento que leyó el diputado Juan Guerra. Respetar esos acuerdos significa dar orden a nuestro trabajo, porque es una expresión de voluntades organizadas y parlamentarias para hacer más fecundo nuestro trabajo. Ojalá y en el seno de esta Cámara representativa de las diversas corrientes políticas de nuestro país, encuentren ellas la respuesta efectiva a la transformación política que México está reclamando desde años atrás. No creo que exista uno solo de los integrantes de esta Cámara que con los criterios particulares, doctrinarios, ideológicos, de sus partidos, se oponga a que nuestro Estado, el Estado mexicano o el poder mexicano, como le llamó Luis Donaldo Colosio en vida, deba perfeccionarse para identificarse más con la realidad nacional.
Todos queremos un cambio, un cambio que genere una democracia más efectiva, más creíble, más convincente; un cambio que fortalezca nuestras instituciones, un cambio que garantice la paz social, un cambio que nos asegure estabilidad política, un cambio que siente las bases firmes del desarrollo económico y político nacional; por lo mismo, lograr este acuerdo es estar cumplimentando un compromiso que nuestro candidato presidencial, hoy presidente de la República, el doctor Zedillo, contrajo con la nación desde los días de su candidatura y que hoy encuentra un pleno respaldo en el seno de esta Asamblea representativa; por lo mismo, creemos que existe por parte de la representación priísta un respaldo y una identificación plena con el documento aquí leído con anterioridad.
Muchísimas gracias.
AUMENTO SALARIAL
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse al tema del aumento salarial.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El tema al que me quiero referir en esta Cámara y en este país, parece ser ya un lugar común que a nadie sorprende. Junto con el desempleo y el deterioro generalizado de las condiciones de vida de millones de mexicanos, parece ser que ya a nadie motiva a la sorpresa, por supuesto y mucho menos a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y demás funcionarios que deciden la política económica y salarial en nuestro país.
Este año se cumplen 19 ya de control salarial y de topes a los aumentos en las percepciones de los asalariados mexicanos. Esta política no ha sido exclusiva de la tendencia neoliberal, de la política económica, sino todos lo conocemos, a raíz de la crisis de 1976 se implantaron los topes salariales y como recordatorio de este reciente aumento, se instauraron con el 10% de tope salarial en 1977, hoy, superado por el 12% que fue objeto de un gran debate, de una gran negociación, pero que debería de llamar a preocupación y quizá a vergüenza, por el monto que significa ese 12% para los trabajadores: 35 centavos diarios, ni siquiera lo que aumentó el litro de leche Conasupo.
Esta política de ya 19 años ha dado como resultado datos por lo menos aterradores en cuanto a la pobreza, en cuanto a la marginación de millones de mexicanos.
La discusión inútil, estéril, de funcionarios públicos, sobre si son 15 millones ó 40 los mexicanos sumidos en la más extrema pobreza también llama vergüenza.
Para todos nosotros cotidianamente lo vivimos, lo conocemos. Claro que estando en esta Cámara, de lejos, esa pobreza que en las esquinas, en la delincuencia, en los niños que no tiene acceso a la educación o que tienen que abandonar la escuela, es cotidiana.
Producto de esta política, la participación de los trabajadores en el producto interno bruto, ha caído de un 46% en 1976-1977, al 23% calculado en el año pasado. Además de un producto que casi no creció en una década y destinado además para por lo menos el doble de trabajadores. Es decir, menor riqueza repartida entre un mayor número de mexicanos; las condiciones, por lo tanto, de existencia cotidiana, está a la vista de todos nosotros.
A partir del 1o. de abril, millones de mexicanos que tienen el privilegio de recibir aunque sea un salario mínimo, por llamarlo de alguna manera, privilegio si a esto se le puede llamar 678 pesos al mes, invitaría a que cualquiera de nosotros y los funcionarios públicos que deciden por supuesto, viviéramos no para todos nuestros gastos, para nuestro proceso de operación cotidiana con 678 pesos al mes, sin mantener una familia.
Estos famosos 2.45 pesos diarios, que ya en una pasada legislatura se pusieron en la tribuna y que invitaría a que nosotros solucionáramos nuestros problemas económicos con esta cantidad, deberían de hacernos reflexionar y que esta soberanía tuviera a bien tomar una participación activa en contra de esta política que se ha impuesto a millones de mexicanos.
Tenemos la responsabilidad de actuar, de sumarnos a una protesta enérgica por las condiciones de vida en que están sumidos millones y millones de mexicanos por una política que de un lado ha dado casi la mitad de la población sumida en la extrema pobreza y de otro, unos cuantos millonarios, supermillonarios que aparecen entre las listas de los más ricos del mundo.
Nos parece por lo tanto, y hoy lo proponemos, que esta soberanía y de aquí por lo menos al 10 de mayo, se sume a una jornada de protesta en contra de la política salarial y de la política que se ha impuesto a millones de mexicanos.
En particular nos parece que los representantes del sector obrero, pero los representantes de todos los partidos, debieran de sumarse a este esfuerzo y a cambio y en lugar de llamar a una jornada de inmovilización, proponemos nos sumemos a una jornada de movilización para enfrentar la política salarial impuesta a la mayoría de los mexicanos y de la cual nosotros tenemos una corresponsabilidad, porque tenemos la obligación de actuar para detener este grave deterioro de las condiciones de vida de millones y millones de mexicanos.
Nosotros, compañeros, tenemos la palabra y una responsabilidad en esto; obviamente los trabajadores tienen en sus manos la posibilidad de actuar. A eso llamamos para detener de una vez por todas, esta situación que ya es insostenible: 20 años de control salarial, pero no 20 años de control de ganancias, de control de especulación y por supuesto, no 20 años de control de salarios de funcionarios públicos y ni de grandes capitalistas mexicanos.
Así pues reitero este llamado nuestro que creo que es un llamado de todos nosotros, a enfrentar esta política salarial, la política económica que ha deteriorado el nivel de vida de todos los mexicanos y que hoy los tiene sumidos en la extrema pobreza.
Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Hildiberto Ochoa Samayoa, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Hildiberto Ochoa Samayoa:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros:
Sobre el mismo tema, el reciente incremento del 12% al salario mínimo a partir del 1o. de este mes, ha quedado rebasado de manera contundente a partir de los incrementos en los precios en los últimos meses y sin contemplar los incrementos en los precios de los meses anteriores, citaremos los que a partir del 1o. de abril se registraron junto al raquítico incremento al salario mínimo:
Desde principios del mes en curso, se encarecieron los bienes y servicios que más repercuten en la economía y que son los que tienen un uso generalizado, como el caso de los energéticos, lo que puede generar, a su vez, aumentos en otros renglones. Así, el precio de la gasolina Magna tuvo un incremento del 6%. Igual porcentaje de incremento tuvo el diesel, cuyo precio se incrementó hasta en 1.89 pesos.
A la par, las tarifas de la electricidad y el gas se ajustarán en 1.2% como mensualmente se ha venido aplicando. Aunado a estos ajustes a precios y tarifas del sector público, también están contemplados aumentos a las tarifas de las autopistas, aeropuertos y servicios auxiliares y de Ferrocarriles Nacionales.
Pero sin duda, los aumentos más drásticos y que impactarán más a la población, será el incremento a la leche, que en el caso de la de consumo popular o sea la de Liconsa, fue del 50% y el incremento al precio de la tortilla, en un 27.3%, lo que repercutirá directamente en los niveles de alimentación y nutrición de la población mexicana.
Aun con el incremento otorgado, el salario mínimo real actual, representa sólo el 22.6% del salario mínimo vigente en el año de 1976, lo cual implica una caída del salario mínimo en términos reales, del 77.4% respecto a ese año. Estas reducciones sistemáticas tan fuertes a los salarios de los mexicanos, han provocado una disminución considerable en los niveles de vida de la mayoría de las familias, lo que constituye la principal de las fallas de los últimos gobiernos que hemos tenido, puesto que han pauperizado a la mayoría de la población.
Cabe señalar que el salario mínimo, de acuerdo con el artículo 123 de nuestra Constitución, debería ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Esto, por supuesto, es imposible con los niveles que tiene actualmente ese salario, que a partir del 1o. de abril del año en curso será de 22.60% en el área geográfica "A", que es la más alta de las tres zonas en que se aplica ese salario. Es una verdadera burla que con 22 pesos de salario sea posible satisfacer todas las necesidades de una familia.
Aunque el Gobierno ha argumentado que ya es muy poca la población que gana ese salario, son todavía, no miles, sino millones, los que perciben ese salario.
En el documento de criterios generales de política económica para 1994, se registra que el porcentaje de la población ocupada que percibe hasta un salario mínimo es de 13.2%. Pero resulta que ese 13.2% representa a 3 millones 91 mil 500 trabajadores que perciben este mísero salario, con el cual es imposible cubrir todas sus necesidades.
Estos niveles tan bajos en el salario de los trabajadores mexicanos contiene la mejor explicación del porqué de la desigual distribución del ingreso en nuestro país. Así, según las cifras más recientes publicadas por el INEGI, en México 1 millón 800 mil familias, la décima parte de la población nacional, concentra el 41.2% del ingreso total. Esa misma capacidad, pero en el polo opuesto, el de los más pobres, apenas alcanza el 1% del total. Lo más grave de este hecho no es sólo que exista una polaridad tan brutal como la que indican estas cifras dadas a conocer por el INEGI en su encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares de 1994, sino que en el curso de los años la desigualdad se ha acentuado cada día más.
Durante la última década el 10% de las familias más ricas aumentó su participación en el ingreso nacional en 7 puntos porcentuales. Esto significa que aproximadamente 14 mil millones de dólares anuales más, esto es más de 100 mil millones de pesos, fueron a dar a manos de los que más tienen.
Del otro lado, el empobrecimiento resulta dramático. En 1984 el 50% de mexicanos con más bajos ingresos tenía poco menos de la quinta parte del ingreso nacional. Las cifras más recientes hablan que ahora la proporción de riqueza nacional que le corresponde a ese grupo es apenas del 16%.
Estas cifras, el raquítico incremento al salario mínimo y los aumentos de precios muestran claramente que continuará la política del actual gobierno de seguir favoreciendo a los que más tienen y por otro lado se observa que no tiene la menor intención de elevar los pauperizados niveles de vida de la población trabajadora.
Recordemos que de acuerdo a los datos oficiales más recientes, el 70% de la población trabajadora recibe sólo hasta tres salarios mínimos. Lo que significa que la mayor parte de los trabajadores mexicanos seguirá sin alcanzar los niveles de ingreso que le permitan satisfacer por lo menos sus necesidades básicas establecidas en nuestra Constitución.
Compañeras y compañeros: uno a veces llega a pensar que toda esta cantidad, que son millones de mexicanos, si se lograsen organizar para dar una lucha en contra de los poderes, fundamentalmente el Legislativo que nosotros lo conformamos y contra las mismas decisiones del Ejecutivo, si ellos se llegasen a rebelar, sería otra la historia de México.
Nosotros deberíamos de atrevernos a dar un menor margen de maniobrabilidad por parte del Ejecutivo para que sea atendida esta sociedad y no lleguemos a lo que podríamos después lamentar.
La Presidenta:
Ha solicitado la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Estamos a escasos días de la celebración más importante de los trabajadores mexicanos, que es el día 1o. de mayo. Hemos conocido que el así autodenominado movimiento obrero organizado ha decidido mayoritariamente no participar en la movilización obrera tradicional del 1o. de mayo, tradicional desde el año de 1913. Esta decisión es una decisión equivocada, errónea, que contribuye, así sea involuntariamente, a fortalecer la visión económica de quienes hoy dominan con su proyecto neoliberal la política económica de nuestro país.
Hoy, cuando el sector obrero del PRI debiera estar preparándose y convocando a una gran asamblea nacional del proletariado mexicano, que le permitiera a toda la clase obrera mexicana unificar sus banderas, unificar sus luchas, unificar sus reivindicaciones y afinar sus propuestas para que cambie el rumbo económico-empobrecedor al que están sumiendo a la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos las políticas del Gobierno Federal, resulta que el movimiento obrero organizado se repliega, se retira, se echa a correr y no le hace sentir a esos señores que dominan la Secretaría de Hacienda y la Presidencia de la República, que ese rumbo económico es profundamente condenable, que es equivocado, porque el rumbo económico que están imponiéndole al país no ha resuelto la ruptura del círculo vicioso de la recesión, no ha roto el círculo vicioso que tiene sumidas a las empresas en una productividad de apenas del 50%, no ha roto el círculo vicioso de los salarios de hambre que hacen que la población no tenga capacidad de consumo y no ha roto el círculo vicioso que hace que la población al no tener capacidad adquisitiva y no consumir, haga que las empresas estén improductivas parcialmente y muchas de ellas tengan que cerrar porque no tienen salida sus productos.
Este círculo de miseria que imponen al país y a los trabajadores desde la Presidencia de la República y de la Secretaría de Hacienda, que debieran hacer como sucedió en Francia, en España o ahora mismo en la República Dominicana, que salieran por millones a la calle los trabajadores. La CTM en particular y posteriormente el Congreso del Trabajo deciden arriar banderas, callar la boca y dejar que esta política empobrecedora, que lastima profundamente la economía de las familias de los trabajadores mexicanos, continúe implacablemente empobreciendo y dejando en la miseria a quienes viven de su trabajo.
Por ello, nosotros pensamos que hoy la alternativa todavía no está cancelada para que se convoque previamente al 1o. de mayo a esta gran asamblea del proletariado, que discuta una serie de reivindicaciones que hagan que cambie el rumbo de la política económica. No hay ningún sector social que tenga la fuerza, que tenga la organización, que tenga las posibilidades de influir de manera decisiva en el cambio de rumbo de la política económica; no hay, insisto, otro sector que no sea el de los trabajadores mexicanos, quienes por su organización, por su extensión nacional, por su fortaleza, pueden obligar a que los niños de Harvard cambien la política económica no por su voluntad sino por la fuerza organizada y la decisión firme de los trabajadores mexicanos.
Pero la huida, el esconderse como una avestruz ante el problema que viven los trabajadores y que padecen las familias de los trabajadores no va a ayudar a resolver esta política empobrecedora neoliberal. Por ello nosotros queremos insistir de nueva cuenta al sector obrero del PRI, a que rectifiquen, a que convoquen junto con las organizaciones independientes y democráticas del sindicalismo mexicano, a esta nueva asamblea nacional del proletariado y a que el 1o. de mayo se invite al señor Zedillo, Presidente Constitucional de México, no a recibir saludos, sino a que vea con sus propios ojos y a que escuche con sus propios oídos cuál es el estado de ánimo de los trabajadores, que escuche y vea directamente cuál es el sentimiento de repudio a la política económica que no quiere cambiar el Gobierno, que viven y tienen y hacen los trabajadores mexicanos; que esté el señor Zedillo en el balcón presidencial para que sienta el calor de la protesta del proletariado mexicano que está harto y cansado de tanta explotación, de tanta corrupción, de tanta pobreza en la que está siendo sumido por los niños de Harvard y por el propio Presidente de la República.
Queremos que sea el Presidente en persona y el Secretario de Hacienda quienes estén en Palacio Nacional oyendo los reclamos libres del movimiento obrero que pueda acudir el día 1o. de mayo a protestar con la libertad que se reclama en estos tiempos de miseria y de pobreza extrema.
Por ello, compañeras y compañeros, creo que el señalamiento que ha hecho el diputado Ortiz y el que nosotros hemos estado reiterando en esta tribuna en varias ocasiones, es prudente y necesario.
Vamos a convocar a una asamblea nacional del proletariado y vamos a convocar, a protestar con firmeza y con libertad el 1o. de mayo en favor de los intereses de los trabajadores mexicanos, hoy día profundamente empobrecidos.
Muchas gracias.
JUVENTUD MEXICANA
La Presidenta:
Para presentar una proposición sobre asuntos de la juventud, se le concede la palabra a la diputada Mara Robles Villaseñor, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor:
Gracias, señora Presidenta; señoras y señores legisladores:
La muchas veces ignorada tarea de legisladores va cada vez en más ocasiones fortuitamente acompañada de la opinión pública; siempre que se legisla se afecta de alguna o de otra manera a todos los mexicanos, pero hay temas que para la ciudadanía representan mucho más que la rutina de la primera lectura y de la aprobación de los dictámenes.
Se trata de temas que constituyen más allá de las cifras, hechos que cambiarán la vida cotidiana de cada uno de nosotros y, que por lo tanto, valen en lo individual y no sólo en la abstracta colectividad. Este es el caso de la iniciativa del Ejecutivo denominada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que ha despertado ya un cúmulo de voces y de opiniones que ya se manifiestan desde una gran pluralidad.
Próximamente sin duda habremos de entrar en materia pero a fin de no enfrentarse a hechos consumados, algunos de los directamente involucrados los jóvenes han decidido venir aquí a invitarnos a ejercer nuestro papel de representantes populares. Se trata de diversos grupos de jóvenes que como numerosos legisladores se oponen a la reducción de la edad penal que forma parte de la mencionada iniciativa de ley.
Quiero pedirles que recibamos esta visita justamente como una prueba de la convicción ciudadana que mueve a miles de jóvenes mexicanos y a que hagamos de este recinto el verdadero espacio para que los más distintos pensamientos se expresen y sean tomados en cuenta a la hora de legislar.
El tema de la reducción penal aparece cíclicamente luego de que un caso de un delito grave o presuntamente cometido por un menor es sumamente publicitado.
"El caso del Pista", por ejemplo y sin que medie ningún análisis sobre la representatividad del caso en el universo de los delitos cometidos por menores y menos aún del universo de delitos cometidos por adultos, se habla de un alarmante aumento de la criminalidad juvenil. De esa manera, cualquiera de los que están aquí podría ser sospechoso. La nula difusión de las cifras oficiales, las de la propia Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores, oculta en realidad el número de menores infractores en la Ciudad de México, la del más alto índice de criminalidad que afortunadamente se ha mantenido estable y que sorprendentemente dada la compleja situación por la que atraviesa nuestro país, aún somos parte de la tendencia internacional que comprueba en forma invariable la reducida dimensión cuantitativa del problema en términos absolutos.
Por ejemplo, el número de menores que han ingresado a la dirección general de prevención y tratamiento de menores, se ha mantenido prácticamente estable. En 1993, fue de 2 mil 989 jóvenes y en 1995, de 2 mil 960, en una ciudad de más de 20 millones de habitantes y esto representa una ínfima proporción en las tazas generales de criminalidad cometidas por adultos.
Evidentemente, no solo queremos que esa tendencia se mantenga, sino que disminuya a tal grado que el número de jóvenes internados, como se dice a los jóvenes privados de su libertad o encarcelados, sea mínimo para que no paseen por las cárceles pero además de la argumentación del alarmante crecimiento de la delincuencia juvenil, la segunda parte de la argumentación a favor de la disminución de la edad penal es el presunto... es que esto se debe a la impunidad de los jóvenes delincuentes, a que entran por una puerta y salen por la otra, a que ya saben que no los van a castigar y por eso abusan. Tampoco es verdad esa afirmación.
En este país los jóvenes no son impunes, existe una Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el DF y para toda la República en Materia Federal; un consejo de menores que depende de la Secretaría de Gobernación que tiene la atribución de aplicar esa ley y desde luego las legislaciones estatales correspondientes.
Pero, por cierto, la condición de imputable o imputable depende de una decisión política asumida por el legislador y son imputables los que en razón de características como la edad no se les puede atribuir las mismas consecuencias que los imputables y por cierto ese tipo de limitaciones en la mayoría de los casos derivan en una concepción que tiene un falso debate entre un fraternalismo ingenuo y un retribucionismo hipócrita, como dice Emilio García Méndez: los menores son siempre objetos de compasión y de la represión de los adultos.
El tema es entonces que la aplicación real de la justicia para los menores va de la extrema arbitrariedad represiva que no distingue a la falta cometida por un junior que tendrá dinero para salir del tutelar, un entorno familiar y una inscripción a una buena escuela y al pobre, que no sabe por qué está en el tutelar y que desde luego no va a cumplir con el laberinto sicológico que se le ha puesto para medir sus avances.
Si nuestra ley actual es tutelar y no garantiza.... y no reconoce los derechos de los jóvenes, eso es lo que hay que cambiar y la experiencia en varios de los estados y en el mundo, es que la baja de la edad penal no produce ninguna consecuencia real en que disminuya o aumente la seguridad pública; al contrario, tiene el efecto contraproducente de la entrada precoz de los jóvenes en el circuito de la criminalidad adulta.
Si la delincuencia organizada abusa de los 16 años, ahora abusará de los que tienen 14.
¿Vamos a enviar a la discreción de los jueces a los menores de 18? Verdaderamente no tiene sentido y éste es el llamado de los jóvenes, menos ahora que nunca, cuando México no sólo se ha sumado, sino que ha sido impulsor de la tendencia internacional que se plantea tratar a los menores de manera distinta a los adultos, cuando en noviembre de 1990 esta soberanía convirtió en ley suprema de esta nación la Convención Internacional de los derechos del Niño.
Apliquemos los acuerdos de Er-Raid, pongamos énfasis en castigar a los que abusan de los menores y no a los menores. No ahora, qué le vamos a decir a la UNICEF, a la propia Secretaría de Gobernación, a la Comisión de Derechos Humanos, a los que hicieron un diagnóstico preciso de la situación de los jóvenes y que tienen propuestas para la transformación de nuestra legislación por una que respete los derechos humanos de los jóvenes.
Pero sobre todo vamos a ponerlo en positivo, sobre todo en futuro, podríamos legislar iniciativas que aumenten realmente las oportunidades de acceso a la educación, fomentemos leyes y reglamentos que potencialicen el empleo para los jóvenes, que posibiliten su acceso a la vivienda, que detengamos los embarazos a adolescentes y el SIDA.
Impulsemos la cultura, la libre expresión de las manifestaciones de los jóvenes; detengamos la tentación de prohibir las minifaldas y promovamos otras tentaciones como la de crear, la de jugar, la de disfrutar, la de trabajar.
Si ustedes quieren esto legisladores, tenemos trabajo. No tiene ningún caso imaginar a la legislatura que creó la comisión de los jóvenes, castigando a los jóvenes.
Elementos técnicos, jurídicos y vivencias son los que están en el documento que los jóvenes van a entregarle a todos los coordinadores parlamentarios, a la Comisión de Justicia, de Derechos Humanos y a la de los jóvenes.
Esta es una tarea que requiere de todos, del PRI, del PAN, del PT, del PRD, de los legisladores jóvenes y de los que como la diputada Elenita, la diputada Consuelo, don Augusto, el diputado Osorio o doña Rosario, tienen más juventud acumulada. Seguramente Marcué estaría en esta comisión.
En síntesis, el mensaje es que no se trata de promover la impunidad para los jóvenes, quienes cometan delitos tienen que ser castigados con una pena justa y digna, que realmente la cárcel sea el último recurso, que reformemos la legislación, que las causas sociales se resuelvan de manera simultánea y paralela, la disyuntiva no es inseguridad e impunidad o mano dura para los jóvenes.
Compañeros legisladores, rescatemos y fortalezcamos los acuerdos internacionales que México ha firmado. Los invito a que retomemos esta visita con el mejor de los ánimos, que le tomemos la palabra a la convocatoria de los jóvenes, que busquemos un acuerdo plural parlamentario para que sumemos a favor de la juventud, tapemos el pozo antes de legislar contra los niños.
Muchas gracias y espero que reciban el documento que los jóvenes les van a entregar.
Hasta luego.
INDOCUMENTADOS MEXICANOS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser, para referirse a los derechos humanos de los indocumentados y violencia en contra de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos de América.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Muchas gracias; compañeras y compañeros diputados:
Todos hemos lamentado los sucesos ocurridos la semana pasada en el condado de Riverside de los Estados Unidos. La explicación que las autoridades norteamericanas han dado a este suceso y las que comparten muchos miembros del propio Congreso de los Estados Unidos, es que se trata, en cualquier caso de un hecho aislado o de dos hechos aislados y de incidentes excepcionales.
Creo que nos corresponde en este Congreso analizar y reflexionar no sólo sobre el acontecimiento, sino sobre la respuesta y el manejo que de este acontecimiento han hecho tanto las autoridades norteamericanas como las nuestras en México.
Las violaciones a los derechos humanos, fundamentales de los mexicanos y de los mexicanos que cruzan la frontera ilegalmente a los Estados Unidos, son hechos sistemáticos, no excepcionales.
Existe un patrón de comportamiento de las autoridades norteamericanas, existen organizaciones en los Estados Unidos conformadas con el exclusivo y singular propósito de llevar a cabo actos de violencia contra nuestros compatriotas en sus intentos por cruzar la frontera.
Estos que se llaman hechos aislados, configuran ya un escenario que no podemos soslayar. Este escenario tiene tres elementos fundamentales que lo explican. El primero es una inducción política que viene desde las más altas esferas del gobierno norteamericano, hasta las decisiones localizadas en los distintos estratos burocráticos y policiacos.
El gobierno de los Estados Unidos ha adoptado, en la última década, un conjunto de medidas sistemáticas de contención a la migración basadas fundamentalmente en el principio coercitivo; la aplicación de medidas policiacas y del uso incremental de la fuerza ha sido adoptada como una decisión de política que trasciende ya a una o a otra administración en el gobierno de los Estados Unidos.
Es a partir de las decisiones políticas tomadas en Washington, transmitidas al Congreso de ese país y repercutidas a las distintas instancias burocráticas, estatales y federales, que se ha institucionalizado una conducta represiva hacia los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos.
La manera como los norteamericanos creen que van a tomar control de sus fronteras es represiva. El enfoque político que han adoptado es un enfoque unilateral, fundamentalmente coercitivo.
El segundo elemento que configura este clima es la xenofobia que existe en muchos sectores de la sociedad norteamericana y respecto a la cual hay un eco en la opinión pública. Esta xenofobia ha venido a emparejarse perfectamente con el comportamiento político de las autoridades, desde las más altas autoridades hasta las autoridades locales. Por tanto, los mexicanos no podemos aceptar como explicación que se trate de un abuso aislado de alguna autoridad y que se vayan a tomar las medidas pertinentes dentro de la ley para detener estos abusos.
Compañeros legisladores, estamos frente a un hecho político. Hay una persecución sistemática a los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, una persecución que tiene un carácter institucional. Nosotros quisiéramos que no fuera así, que fueran hechos aislados, pero el negar que son hechos sistemáticos en nada contribuye a darle una respuesta serena, una respuesta responsable a este acontecimiento.
Lo primero que hay que hacer...
La diputada Marta Alvarado Castañón (desde su curul):
Señora Presidenta, una moción de orden.
La Presidenta:
Esta Presidencia una vez más les hace un atento llamado al orden, señores diputados, sobre todo para guardar silencio y les invita a otorgar también ese respeto al orador, como a todos los oradores que hacen uso de la tribuna, poniendo la debida atención.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Siguiendo la línea de esta argumentación, en el primer paso lo que corresponde es documentar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos contra los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. Esta es una tarea en la que tenemos que participar como Poder Legislativo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con dos elementos muy importantes, el primero de ellos es un sistema de información consular que hace unos seis o siete años ha sido institucionalizado en los distintos consulados de México, que registran casos de lo que la Secretaría llama protección a nacionales en los Estados Unidos.
Y en segundo luga, tiene al personal dedicado de manera sistemática a esta tarea, al personal de protección en los consulados.
Si bien es muy cuestionable la conducta que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha adoptado respecto a este problema desde hace muchos años en la esfera diplomática, es necesario señalar que la Secretaría sí cuenta con una infraestructura para que nosotros en el Congreso tengamos una imagen muy clara de cuáles son esas sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Por tanto, nosotros tenemos que tener acceso organizado, sistemático, regular, a la información con que cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de sus consulados, respecto a las violaciones a los derechos humanos de nuestros compatriotas.
Esta documentación es básica para entender la naturaleza del problema y para enfrentarlo. Por tanto propongo yo aquí en la tribuna que establezcamos en el Congreso los mecanismos necesarios para que exista a nuestra disposición y en particular de las comisiones respectivas, la información ordenada, sistemática y exhaustiva de las violaciones a los derechos humanos, cometidas contra los ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos en los años en los que éstas han sido documentadas.
Si nosotros tuviéramos acceso a esa información, de la cual hay reportes aislados en la prensa, veríamos la magnitud del problema que estamos enfrentando.
Lo ocurrido en Riverside se conoce simplemente porque fue reportado por la prensa, pero todos los días hay incidentes que merecen y deben ser conocidos por nosotros en este Congreso, para poder formarnos un juicio claro respecto a las acciones que hay que tomar y las recomendaciones que es necesario hacer al Ejecutivo.
Las violaciones a los derechos humanos forman parte de un conjunto de fenómenos asociados al problema de la migración, que le dan a este asunto una magnitud extraordinaria, una magnitud que no tiene referente en la jerarquía que ocupa el problema de migración en la diplomacia mexicana respecto a los Estados Unidos y en la agenda de discusiones bilaterales.
Nosotros sistemáticamente colocamos los asuntos que los Estados Unidos quieren en la agenda bilateral como los prioritarios. Por ejemplo, Estados Unidos ha decidido que el asunto más importante de la agenda bilateral en este momento sea el combate al narcotráfico. No fue una decisión soberana del Gobierno de México colocar el combate al narcotráfico en la jerarquía política que le han dado los Estados Unidos en la relación bilateral, pero eso no es lo más grave, a nosotros sí nos preocupa el narcotráfico. Lo más grave es que los instrumentos para combatir el narcotráfico los definen los Estados Unidos en función de su manera de apreciar la jerarquía y la trascendencia de ese problema.
Si nosotros no razonamos el problema de migración, ¿qué es lo que va a suceder?, ¿qué es lo que está sucediendo?
Los Estados Unidos están imponiéndonos una política de migración que corresponde estrictamente a su enfoque de cómo abordar el problema desde una perspectiva unilateral.
Así como los Estados Unidos definen los términos y condiciones bajo los cuales nosotros debemos de combatir el narcotráfico, también están comenzando ya de manera muy clara a definir los términos y condiciones bajo los cuales nosotros abordemos el problema de migración y hay un paralelismo asombroso y ominoso.
Y ese paralelismo es que están trasmitiéndole como una responsabilidad mexicana el poner los filtros y los controles migratorios del lado mexicano de la frontera y cada vez hay más presión del gobierno de los Estados Unidos para que el emigrante no tenga acceso a cruzar la frontera y para que todos los mecanismos de control, policiaco o incluso militar, se trasladen de la frontera norte hacia el interior del país.
Eso es la secuela de los acontecimientos, hacia allá transitamos. Dentro de poco, señores diputados, estaremos discutiendo en este Congreso los mecanismos de verificación que establecerán los congresistas en los Estados Unidos para determinar si hemos cumplido o no con nuestra responsabilidad de detener a los emigrantes en su paso por el territorio nacional hasta la frontera norte; así como hoy nos certifican respecto al narcotráfico, mañana nos van a querer certificar respecto al proceso de contención de la migración hacia los Estados Unidos.
No vamos a agotar aquí las razones que llevan a los mexicanos a cruzar a los Estados Unidos y las responsabilidades que tiene el Gobierno de México con su política económica en inducir esas razones.
Preocupémonos, cuando menos en este momento, de hacer de la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en los Estados Unidos, un primer tema en la jerarquía política diplomática de nuestro país y ésa es una tarea que le corresponde al Congreso.
Propongo, por tanto, que tomemos dos medidas muy importantes. La primera: Que nos hagamos de la información, con lo que ya cuenta el Poder Ejecutivo, para que nosotros le demos la interpretación correcta sobre todas las violaciones que se han cometido contra ciudadanos mexicanos y que han sido documentadas por los consulados en los últimos seis años.
Con base en esa información, celebremos audiencias públicas para que en audiencias públicas nosotros podamos darle a conocer a la opinión pública nacional los términos y las condiciones bajo las cuales se ha convertido en una práctica sistemática las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos en ese país y con base en estos elementos de juicio y en esta discusión pública, asumamos la responsabilidad, el Congreso en hacer las recomendaciones al Ejecutivo, que incida primero sobre la definición de las jerarquías políticas que tienen los temas en la relación bilateral. Si nosotros no le damos la jerarquía política que tiene, si lo consideramos un hecho aislado, que se puede solucionar aisladamente, en los Estados Unidos no habrá ninguna respuesta de calidad a nuestras propuestas. Pero si nosotros le damos la jerarquía política que tienen de eso y le hacemos ver a Washington, que las relaciones de México con los Estados Unidos, se pueden ver grave y seriamente afectadas por esta sistemática violación a los derechos humanos.
Recordemos, señoras y señores, que los Estados Unidos invadieron Grenada, alegando, pretextando, ni siquiera como un motivo, pretextando el bienestar de un grupo de 15 estudiantes de medicina en una escuela. Y nosotros estamos permitiendo que de manera sistemática las autoridades norteamericanas hagan una cacería de nuestros compatriotas, sin que hagamos de ello un asunto nacional, mas que cuando el asunto aparece en televisión y hay que darle una respuesta inmediata.
Señores, no es un asunto de la televisión, es un sistema de tratamiento, es un sistema que qué significa y me duele usar esta expresión, hay una declaración de guerra, de baja intensidad, contra los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Hay una declaración organizada de guerra, estos sucesos no ocurren de manera aislada.
Documentarlo es darnos cuenta de las dimensiones de esta ofensiva y tenemos los datos y están en poder de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Entonces yo creo, señores diputados, que ha llegado el momento que el Congreso, haciendo uso de las facultades constitucionales, de solicitarle la información al Poder Ejecutivo, en relación a los asuntos de nuestro interés, intervengamos, le demos la jerarquía que merece y demostrémosle a los Estados Unidos, cuando menos a nivel del Poder Legislativo, de que las violaciones a los derechos humanos a nuestros nacionales, tienen un costo político real y que no son sucesos que nosotros podamos desechar como elementos aislados.
En relación a ello concluyo proponiéndoles a los distintos grupos parlamentarios que diseñemos una propuesta en este sentido. Que sea parte de un esfuerzo organizado y sistemático del Congreso, si fuera posible de la propia Cámara de Senadores, para que en lugar de rasgarnos las vestiduras, le demos una respuesta orgánica, legal, diplomática y política, a este fenómeno, a este ominoso fenómeno de la guerra contra los mexicanos en los Estados Unidos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al mismo tema: violencia contra inmigrantes.
El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca:
Nuevamente los latinos, los mexicanos, hemos visto con desagrado y amargura hechos de inusitada violencia contra mexicanos indocumentados, que muestran cómo las policías de California arremetieron a golpes a personas mexicanas, cuyo único delito es el deseo del hombre por superarse, cuando en su propia tierra no se le garantiza el derecho básico al trabajo bien remunerado.
Junto a este hecho, para México la muerte de siete compatriotas, el sábado 6 de abril pasado, cuando su camioneta volcó, resultando además 18 heridos, es una tragedia dolorosa para nosotros y para ellos un acto embarazoso.
El discurso y campaña racista de ciertos políticos norteamericanos, como es el caso del gobernador de California, se revierte negativamente hacia la imagen del sistema democrático del vecino país, se cumple el dicho de que "quien siembra vientos, recoge tempestades".
La avalancha de protestas mundiales en su contra es fruto de la hostilidad promovida en contra de los indocumentos mexicanos. Constatamos que falta reciprocidad en el trato que los mexicanos generalmente brindamos a los visitantes estadounidenses, sean turistas o empresarios y por lo tanto, México debe exigir que nuestros compatriotas sean respetados.
Además, hay que cuestionar el hecho de que las familias de indocumentados ilegales son una carga para la economía de los estados de la Unión Americana donde viven; en realidad, hay estudios que señalan que las familias nativas norteamericanas pagan menos impuestos que las familias de los ilegales y éstas, además, reciben menos servicios del Estado. Ya desde mediados de 1970 las familias de inmigrantes pagaban al fisco norteamericano 3 mil 564 dólares promedio, mientras que una familia nativa pagaba 3 mil 008 dólares.
Por ello, los diputados del Partido Acción Nacional, ante esta Cámara, estamos proponiendo y llevando a cabo las siguientes acciones:
1. Que la Comisión Especial para la propuesta 187 que se creó el 5 de noviembre de 1994, establezca y formule un programa integral de apoyo y promoción de los derechos de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos y que por su importancia actual sea reestructurada. Se le den más atribuciones y que vuelva a la actividad y tome medidas preventivas y no sólo reacciones ante hechos consumados para hacer frente a la ola antiinmigrante que existe en ciertas zonas de la Unión Americana. Ese programa debe impulsarse y presentarse a la cancillería y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Debemos señalar, señoras y señores legisladores, que lamentablemente los congresistas mexicanos hemos flaqueado en la defensa de los ilegales mexicanos, por lo que hacemos un llamado a reanimar y reorganizar los esfuerzos que deben ser hechos por los diputados federales y coordinarlos con las diversas dependencias del Gobierno. No se trata de una actitud agresiva contra nuestro vecino del norte, sino una simple, pero firme exigencia de respeto a los principios de justicia universal.
2. Estamos solicitando a todos los diputados de los cuatro partidos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, que firmen una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, William Clinton, en la que se le pida respeto a los derechos humanos consagrados en convenios, pactos y tratados internacionales, así como impulsar las reformas administrativas que los hagan realidad.
Creemos que sería inadecuado que sólo hubiera cambios dirigidos a aumentar las sanciones y modificar las leyes para reprimir la inmigración ilegal, ya que esto únicamente podría propiciar que entrara el crimen organizado por ser más riesgoso el tráfico de indocumentados.
Tales medidas sólo fomentarían el mercado y hasta propiciarían mayor presencia del narcotráfico. También se le pedirá tome en cuenta que se trata de grupos vulnerables y que es más grave que sean víctimas de exceso o maltrato por ser gente en estado de indefensión y que provienen de familias de escasos recursos de los estados de Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Colima y Michoacán, entre otros.
En síntesis, son los grupos débiles del pueblo de México y su rostro es la expresión de la desesperación y sus moradas que habitan son muestra de abandono.
Por eso pedimos al señor Presidente de los Estados Unidos y al señor gobernador de California, que tengan presente esta situación porque así será la forma en que podemos empezar a entendernos mejor y encontrar una solución sensata, sana y justa.
3. Hemos resuelto pedir a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que en la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, a realizarse en nuestro país en los primeros días de mayo, se establezca un punto de la agenda para discutir y aprobar un código de derechos humanos que los legisladores de ambos países se comprometen a promover e impulsar, en el que se incluyan derechos como el respeto a la integridad corporal, a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a ser oído ante un tribunal competente e imparcial, a ser asistido por un abogado y otros derechos que son insuspendibles y mínimos para cualquier detenido o acusado, en cuanto son derechos internacionalmente reconocidos.
Además, que esta Comisión de Relaciones Exteriores se reúna a la brevedad posible con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que informen de las medidas de protección adecuadas que aplica hoy para el respeto a los derechos humanos de los mexicanos ante autoridades migratorias de los Estados Unidos.
Asimismo se expresará en esa interparlamentaria el deseo de que Estados Unidos de América, ratifique tratados internacionales sobre derechos humanos, que se han formulado en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Pero además de eso, mucho podemos y debemos hacer en casa. Desde el 23 de noviembre de 1994, cuando un grupo plural de legisladores nos reunimos con el entonces secretario de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República se comprometió a incrementar los recursos humanos y materiales de los consulados, en especial en California; se comprometió a fortalecer las áreas de la cancillería dedicadas a la protección de los mexicanos en el extranjero; se comprometió a emplear todo recurso diplomático disponible para el mismo fin, así como elaborar un estudio binacional sobre migración, al más alto nivel.
Señoras y señores legisladores: es tiempo apremiante para saber qué se ha hecho al respecto pidiéndole a la cancillería informe de lo logrado con esos compromisos.
También, ya en el marco mundial, se debe pedir a la cancillería, que siga impulsando ante las Naciones Unidas, una conferencia internacional sobre migración, que atienda el flagelo que representa en el mundo este problema.
4. Estamos considerando usar el derecho de presentar una carta informativa y demandante sobre la situación en nuestra frontera, a la Comisión de Derechos Humanos que sesiona en Ginebra, Suiza, durante la última semana de abril, con el propósito de utilizar los medios legítimos que el derecho internacional de los derechos humanos establece para la defensa de los grupos vulnerables.
5. Hacemos un llamado al Gobierno Federal mexicano, para que ataque las causas estructurales de pobreza, la desigualdad de oportunidades educativas, así como el desempleo, especialmente con medidas que apoyen seria y eficazmente a la pequeña y mediana empresa en el país, con el propósito de fundar las políticas públicas que contribuyan a frenar en el mediano y largo plazo, la inmigración.
Finalmente, amigos, hay que recordar a las autoridades migratorias de los Estados Unidos, que no olviden que su país se formó por inmigrantes que ahí llegaron hace más de dos siglos, en busca de una mejor vida para sus familias y que ésta es una aspiración legítima que impulsa también hoy a los mexicanos.
La última vez que visitamos los Estados Unidos, en un panfleto que entrega la Agencia de Información Norteamericana, se cita en la primera página una frase del filósofo inglés que hoy les recordamos:
"Si un hombre es amable y cortés con los extranjeros, esto enseña que es un ciudadano del mundo y que su corazón no es una isla separada de otras tierras, sino un continente que las une." Que se haga valer esta filosofía en este asunto, para que se le dé un sentido no sólo económico, sino humanitario en la nueva y creativa respuesta que juntos debemos buscar. Es nuestro deseo.
Hacemos un llamado al pueblo norteamericano sensible y en especial a sus autoridades migratorias, para que teniendo presente sus grandes valores culturales y espirituales, busquemos juntos, con respeto a ambos países, un nuevo camino que concilie nuestros intereses en la frontera.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Me voy a permitir dar lectura a un punto de acuerdo sobre este tema migratorio, que hemos consensado las cuatro fracciones parlamentarias que tienen representación en esta Cámara de Diputados. El punto de acuerdo dice asi:
"Tomando en cuenta el incremento de las agresiones contra los trabajadores migratorios mexicanos en los Estados Unidos, es necesario que el Poder Legislativo tome iniciativas que tiendan a proteger sus derechos humanos y laborales.
En tal virtud y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos el siguiente:
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe pormenorizado y analítico de las violaciones a los derechos humanos y laborales de nuestros trabajadores migratorios en los últimos cinco años, que se han documentado por los consulados mexicanos en los Estados Unidos.
Segundo. Invitar a las comisiones de Relaciones Exteriores, de Asuntos Fronterizos, de Derechos Humanos y de Población y Desarrollo, de la Cámara de Senadores, para que conjuntamente con las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, convoquen, a la mayor brevedad, a una consulta pública sobre violaciones a los derechos humanos y el clima antiinmigrante, así como de análisis de las leyes antiinmigrantes que actualmente se discuten en el Congreso de los Estados Unidos.
A estas audiencias serán invitados funcionarios consulares víctimas de las agresiones y personas de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes en México y Estados Unidos.
Tercero. Con base en los resultados de esta consulta pública, este poder legislará al respecto un conjunto de iniciativas sobre el tema migratorio y la protección a nuestros connacionales en territorio americano."
Palacio Legislativo, 9 de abril de 1996.- Por el Partido Revolucionario Institucional, los diputados: Augusto Gómez Villanueva, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; Carlos Reta Martínez, Gustavo Salinas Iñiguez, Jaime Rodríguez López, Emilio Solórzano Solís; Oscar Villalobos, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos; Martina Montenegro, Ismael Orozco Loreto; por el Partido Acción Nacional: Tarcisio Navarrete; del Partido de la Revolución Democrática: Jesús Ortega, Ysabel Molina, Alfonso Solórzano, Cuauhtémoc Sandoval; por el Partido del Trabajo: Joaquín Vela González; del Grupo Independiente: Adolfo Aguilar Zinser y Tonatiuh Bravo Padilla.»
Este es el texto, señora Presidenta y en la medida en que está firmado por diputados representativos de los cuatro grupos parlamentarios, me permito solicitar que proceda este punto de acuerdo.
Entrego a la Secretaría el texto firmado.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para el mismo tema, tiene la palabra la diputada Martina Montenegro, Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Martina Montenegro Espinoza:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados; distinguidos miembros de los medios de comunicación; señoras y señores:
El tema de migración es un fenómeno que pone a prueba la capacidad de nuestra política para revisarse, para actualizarse y para responder con eficiencia. No cabe duda que dentro de las principales tareas está la adecuación del marco jurídico, para que la acción gubernamental cuente con sólidos fundamentos.
El problema de los migrantes es de interés nacional, ocupa los mayores espacios de los medios de comunicación y de los círculos de investigación. Tiene de por sí difíciles implicaciones para la vida interna del país y sus relaciones con el exterior.
La migración es un fenómeno sensible y complejo. La migración de indocumentados se incrementa en forma notable en el mundo. Se calcula que más de 100 millones de personas migran en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida. Y más del 60% son impulsadas por motivos económicos y otros por otras causas. Este fenómeno, de no revertirse las tendencias, puede constituirse en un grave desafío para la comunidad de las naciones.
Soberanía, seguridad, legalidad, respeto a los derechos humanos, son los valores que podrían verse en entredicho.
México no puede ser la excepción. La estrecha relación de nuestra frontera norte con la frontera sur de los Estados Unidos, es única en el contexto mundial entre un país en desarrollo y un país en vías de desarrollo, entre dos sociedades y dos culturas distintas, pero unidas y caracterizadas por un intenso y dinámico intercambio.
México tiene una doble condición en el mundo de las migraciones. Es, por una parte, un país expulsor de mano de obra; por otra, es receptor de flujos que buscan nuestro territorio como destino o como un espacio de tránsito hacia los Estados Unidos.
México es un país que por su situación geográfica está en la encrucijada del movimiento migratorio de América latina. Se convierte en un paso obligado de quienes buscan resolver sus problemas domésticos, para ir al país que consideran posee la mayor economía del orbe, convirtiéndolo en modelo y en una aspiración.
El aspecto migratorio para México constituye un principio constitucional de libertad y de movimiento. Sin embargo, para los Estados Unidos es la aplicación estricta de la ley. Se insiste en la sistemática violación respecto de la ley en que incurren los trabajadores indocumentados, pero omiten mencionar que la valía económica y la rentabilidad de su labor le reditúa a su propio país.
Son tratados de manera inhumana, inculpándolos de ser responsables de sus males económicos y sociales, lo que los ha llevado a constituir y a construir muros de acero, aumentar sus fuerzas policiacas y militares en la frontera, como acciones unilaterales. Yendo en contra del espíritu de la amistad y de la cooperación entre vecinos.
Las acciones de violencia en la frontera, que vivimos día a día, que incluyen el abuso y la brutalidad policiaca, son problemas que inciden en la opinión pública en forma negativa y asimismo en la relación bilateral en su conjunto.
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional, atentos a las condiciones de vida que se dan a nuestros compatriotas, en relación con los hechos ocurridos en el condado de Riverside del estado de California, en los que fueron brutalmente golpeados por miembros de la policía de ese condado ciudadanos de origen mexicano, ¡elevamos una enérgica protesta por las actitudes xenofóbicas y antimigrantes que se han recrudecido en los últimos meses!, coincidiendo éstas desafortunadamente con la actividad político-electoral que se desarrolla en el vecino país.
El Partido Revolucionario Institucional presentó, en coordinación con los otros partidos, su total reprobación a estos hechos y planteó con energía y respeto en la reunión con los congresistas el día de ayer, que creo que fuimos escuchados.
Apoyamos desde esta tribuna, de manera irrestricta, las acciones que ha implementado la cancillería y el Consulado de México en Los Angeles y repudiamos las actividades antiinmigrantes que han generado un clima de violencia a lo largo de la franja fronteriza norte de nuestro país y en general del pueblo de México.
Los diputados priístas manifestamos nuestra profunda preocupación por el ya generalizado clima de violencia que ocasiona el trato inhumano de algunas autoridades policiacas de Estados Unidos hacia mexicanos, que en su afán de buscar una mejor condición de vida emprenden una aventura cruzando la frontera.
Exigimos que las autoridades de Estados Unidos de América hagan valer la ley y los Tratados Internacionales de derechos humanos, a quienes atentan contra la dignidad y la integridad física utilizando la violencia en su más barbara y absurda expresión contra ciudadanos humildes e indefensos.
Por lo anterior, los diputados priístas consideramos que es necesario incrementar la cooperación entre México y Estados Unidos frente a problemas de común interés, tomando en cuenta las diferencias entre las economías de ambos países. Asimismo, incrementar la lucha de tráfico de indocumentados, ésta debe ampliarse e incluir una estrategia de cooperación regional en contra de las cadenas del crimen organizado. Y además, una solución integral vinculada con el desarrollo y la estabilidad de México.
Hemos invitado inclusive y creo que estará el día de mañana, al secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, con el propósito de obtener la información actualizada y precisa sobre los alcances de las propuestas que se han hecho.
Y también es importante y así lo consideramos, que en la próxima reunión interparlamentaria se establezca una agenda binacional que considere de manera integral el esquema, causa y consecuencia de la migración, para terminar con la violencia y la xenofobia.
Nos sumamos realmente al acuerdo que mi compañero Cuauhtémoc Sandoval ha leído, porque consideramos que nos permitirá un avance.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Ha solicitado la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, la diputada Ysabel Molina, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ysabel Molina Warner:
El problema de los derechos humanos de los trabajadores migratorios no es nuevo, al contrario, la violencia y los abusos han sido constantes y cíclicamente empeoran de acuerdo con las condiciones económicas y políticas del principal país receptor, es decir, de Estados Unidos.
Sin embargo, nuestros gobernantes negociaron un Tratado de Libre Comercio en el que ni siquiera se toca el tema, a pesar de que las divisas que obtiene México gracias a la exportación de mano de obra, documentada e indocumentada, pero sobre todo indocumentada, son uno de los pilares de la economía mexicana. Para colmo, frente al evidente deterioro en las condiciones que enfrentan los migrantes, la respuesta del Gobierno hasta ahora ha sido vista como muy tibia por muchísimos de los activistas de derechos humanos tanto de Estados Unidos como de México. Probablemente es tibia, porque temen enfrentarse al poderoso vecino ante quien han colocado a la nación entera en un estado de extrema vulnerabilidad.
Fue necesario un video, como lo fue en el caso de Aguas Blancas, para que la opinión pública se moviera. Ojalá que esto no se quede nada más en manifestaciones de indignación y que todos los grupos parlamentarios que aquí nos hemos manifestado, traduzcamos nuestra rabia en acciones concretas.
El fenómeno de la migración no debe verse como una cuestión bilateral, es un fenómeno internacional y requiere de acciones concertadas. Además yo creo que todos tenemos que estar conscientes, y sobre todo en este momento en que estamos tan indignados por lo que les pasó a los mexicanos en Estados Unidos, de que lo que ocurrió allá en Riverside ocurre todos los días en México. En este caso las víctimas no son indocumentados mexicanos, son indocumentados centroamericanos principalmente que intentan llegar a Estados Unidos cruzando por territorio mexicano.
El Gobierno mexicano ha aceptado colaborar con las autoridades estadounidenses combatiendo la transmigración y aplicando medidas que en otros momentos de nuestra historia, en la que había mayor dignidad, jamás hubiésemos aceptado y este tipo de medidas da resultados muy similares o incluso peores que las violaciones a los derechos humanos que ocurren en California.
No hay muchas fuentes para analizar el fenómeno de lo que ocurre en nuestra frontera sur, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó recientemente un informe que se llama frontera sur, en el que detalla con bastante precisión algunas de las cuestiones que han detectado y a mí en lo personal como mexicana me dio una vergüenza horrible cuando lo leí y asumí que tenemos que hacer algo también no sólo para proteger a nuestros mexicanos en Estados Unidos sino también para proteger a los migrantes en general y sobre todo a los que pasan por territorio mexicano y sobre los cuales también tenemos una gran responsabilidad.
El endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno mexicano comienza por el incremento de los requisitos para el otorgamiento de visas y las restricciones en los términos en que se conceden, en particular para las personas provenientes de Centroamérica. Se ha llegado al extremo de otorgar visas limitadas a viajar sólo en la parte sur y centro del territorio mexicano. Si un centroamericano con este tipo de visa intenta ir más al norte de la Ciudad de México, se convierte automáticamente en indocumentado.
Como consecuencia, las personas se ven obligadas a ingresar de manera ilegal al territorio mexicano y por su vulnerabilidad se exponen a condiciones realmente peligrosas; al negarles la visa México propicia que los flujos del indocumentado sean mucho mayores que los de documentados. El ser indocumentados obliga a los centroamericanos a ingresar al país en condiciones clandestinas bajo el amparo de "polleros" que los explotan y ponen en riesgo sus vidas, hemos visto múltiples casos de personas que mueren en el camino por las condiciones que enfrentan; por ejemplo, hace unos meses se encontraban dentro de una pipa sellada 109 migrantes, cuando los sacaron estaban casi asfixiados y deshidratados no habían comido varios días y por supuesto hubo que darles atención médica urgente.
Muchos indocumentados experimentan jornadas que desafían la resistencia humana para llegar a Estados Unidos, recorren kilómetros de brechas plagadas por arbustos y espinas, pasan semanas a la intemperie en temperaturas o muy bajas o muy altas y ha habido cantidad de personas que han muerto en el trayecto.
Además de eso, de esas terribles condiciones, su martirio se triplica si caen en manos de las autoridades mexicanas, de acuerdo con este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 67% de los migrantes detenidos en territorio por autoridades mexicanas reportan haber sido maltratados y se calcula que esta cifra es muy baja porque la mayoría no se atreve a denunciar. Estos maltratos incluyen golpes, amenazas, robos, documentos decomisados, incluso hay muchos informes de violaciones a mujeres y hasta de asesinatos. Cuando se les detiene se les lleva a centros de detención que operan en condiciones deplorables donde permanecen varios días a veces sin alimentos y son víctimas también de todo tipo de irregularidades administrativas, jurídicas y hasta penales.
Tenemos registrados en la prensa mexicana múltiples casos de detenciones de migrantes por parte de cuerpos militares mexicanos que violando la Constitución realizan este tipo de operativos; por ejemplo en Chihuahua el pasado 29 de enero, el vigésimo Batallón de Caballería detuvo a 147 centroamericanos indocumentados que se dirigían a Estados Unidos.
Dice la nota del periódico, que es la primera vez que elementos del Ejército mexicano intervienen en este tipo de casos, ya que la mayor parte de las detenciones son realizadas por agentes federales y estatales de migración, pero nosotros encontramos, simplemente con la revisión de la prensa que seguramente recoge una mínima parte de lo que ocurre, que por ejemplo el 21 de diciembre efectivos del Ejército detuvieron a 75 guatemaltecos en Agua Prieta, Sonora, el 2 de julio efectivos del Ejército detuvieron a 132 centroamericanos en Tenosique, Tabasco, etcétera.
Ante esta situación, tengo algunas propuestas concretas; en primer lugar, que el TLC sea renegociado para incluir cuestiones migratorias, hay muchos asuntos en el TLC que hemos visto ya en la práctica que no han operado, que necesitan ser reanalizadas y uno de estos asuntos es la cuestión migratoria; en segundo lugar, hay que presionar al Gobierno mexicano para que se ratifique la Convención Internacional sobre la Protección a los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, adoptado en Nueva York el 18 de diciembre de 1990, así como otros instrumentos sobre esta cuestión.
En tercer lugar había que promover reformas legislativas y aquí es donde nosotros como Cámara de Diputados debemos tener las iniciativas para que se limiten las facultades discrecionales que en materia migratoria tiene la Secretaría de Gobernación, así como acabar con la impunidad de las autoridades que cometen abusos y violan los derechos humanos de los migrantes.
También habría que presionar porque se modifique el artículo 33 constitucional para que en los casos de expulsión de extranjeros, siempre y cuando no esté de por medio la seguridad nacional, se les otorgue la garantía de audiencia; asimismo prohibir la expulsión colectiva de extranjeros que ocurre cotidianamente en México.
Pedimos también que se revise la práctica de los consulados mexicanos para otorgar visas a personas provenientes de países centroamericanos o de otros países latinoamericanos con objeto de que haya una mayor flexibilidad que no obligue a la gente a ingresar indocumentada al país. Esto desde luego aunado a todas las demás medidas que han señalado los diversos diputados que han hablado sobre el problema.
Yo pido que en la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, asuma como tema prioritario la cuestión migratoria tanto en la frontera norte como en la frontera sur, se vea como un problema global no nada más un problema de tipo bilateral y se proceda conforme el análisis que se derive de la situación con las propuestas legislativas, con el seguimiento de la situación y con la presión a las autoridades responsables de los asuntos migratorios de nuestro país.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Por la Comisión de Derechos Humanos, para el mismo tema, la diputada Guadalupe Morales Ledesma.
La diputada María Guadalupe Morales Ledesma:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
La Comisión de Derechos Humanos de esta LVI Legislatura, ante las agresiones sufridas por los mexicanos indocumentados que se introducen a los Estados Unidos de América y que son objeto de continuas violaciones a sus derechos humanos elementales, manifestamos lo siguiente:
Primero. Expresamos nuestra más enérgica protesta por estos hechos atentatorios a la dignidad humana y a la integridad física de las personas.
Segundo. Exhortamos a las autoridades norteamericanas a la pronta aplicación de las sanciones correspondientes a los culpables.
Tercero. Esta comisión dará seguimiento a estos hechos incalificables y a cualesquier otro que implique violación a los derechos humanos a nuestros connacionales.
Cuarto. Impulsaremos acciones tendientes a una solución integral al problema de los emigrantes mexicanos, por lo que requerimos a nuestras autoridades se apliquen medidas para fomentar el empleo en nuestro país.
Por otra parte, como michoacana y a nombre de la diputación michoacana, reitero la indignación del pueblo michoacano por el incidente ocurrido el sábado anterior cuando se volcó la camioneta en que viajaban un grupo de emigrantes mexicanos y en la que lamentablemente siete de ellos perdieron la vida, entre los cuales tres son de origen michoacano.
El accidente se originó porque eran perseguidos ferozmente por una patrulla fronteriza; lo anterior, a escasos cinco días después de que dos alguaciles de California golpearon con violencia extrema y lastimosa a tres mexicanos, los que también son de origen michoacano.
Hoy, las tierras del gran Morelos, Ocampo, Lázaro Cárdenas, están de luto y exigen como nosotros justicia pronta e inmediata.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, se le concede el uso de la voz al diputado Alfonso Solórzano, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga:
Compañeras; compañeros diputados:
De prácticamente todos los estados del país, salen miles de mexicanos hacia Estados Unidos, para buscar mejores condiciones de vida. Michoacán, el Estado del cual somos originarios la diputada Guadalupe Morales Ledesma, que me acaba de anteceder y todos los que representamos a Michoacán por los diferentes partidos políticos, nos sumamos a esa indignación y a esa protesta hacia el gobierno de Estados Unidos, por la forma que maltratan a nuestros connacionales, que todo su delito consiste en ir a buscar trabajo, en ir a ser productivos, en ir a contribuir para incrementar la riqueza de Estados Unidos y sin embargo, los norteamericanos lo ven no como algo que los beneficie, sino como un estorbo y gran parte de la riqueza de Estados Unidos se debe a los millones de mexicanos que están trabajando allá y que están haciendo los trabajos más difíciles.
Pero esta situación provoca en nuestro país que en los pueblos, en mi Estado particularmente, Michoacán, se queden los pueblos, se queden vacíos, salgan las mujeres y hombres las mujeres más productivas y solamente queden las mujeres y hombres los de más avanzada edad o aquellos que son poco productivos y entonces esos pueblos en lugar de prosperar decrecen económica y socialmente.
Michoacán y por eso me siento aludido, es uno de los estados que más mano de obra aporta a Estados Unidos y es también, por eso no es simple coincidencia sino es consecuencia de la probabilidad, de que en este accidente tres michoacanos hayan perdido la vida y otros más hayan salido lesionados.
Por eso nos sumamos a esta protesta al gobierno de Estados Unidos, pero también queremos aprovechar para demandar del Gobierno de la República de que rectifique su política económica, porque la actual política económica es la que ha generado la gran tasa de desempleo, es la que ha generado que los salarios hayan perdido su valor real y que esto sea un elemento más que contribuya a la estimulación para la emigración hacia Estados Unidos y particularmente a la emigración ilegal. Por eso también este hecho nos debe de hacer reflexionar y al Gobierno, para que cambie su política económica.
Por último, espero que tanto el Gobierno Federal, como en el caso particular del gobierno del Estado de Michoacán, tenga la sensibilidad para que apoye económicamente a los familiares de las víctimas de este accidente en Estados Unidos, porque los familiares de las víctimas quedan en el total desamparo.
Hacemos ese llamado al Gobierno Federal y al gobierno del Estado de Michoacán, para que contribuya con algo para que estas familias o los descendientes de esas familias no tengan que correr el mismo camino de nuestros connacionales que perdieron la vida.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Se concede el uso de la voz al diputado Jaime Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional, para el mismo tema.
El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:
Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Diversos hechos en los últimos días parecen confirmar que el país que se autoproclama como el vigilante universal de los derechos humanos tiene dos leyes, una para los norteamericanos y otra, la ley del más fuerte que rige para los indocumentados.
De nueva cuenta la televisión fue la noticia. Las imágenes procedentes de los Estados Unidos dejaron constancia de algo que sucede todos los días: la aplicación abusiva de las leyes, la violación impune a los derechos humanos.
Para confirmar que la golpiza a indocumentados no son un hecho insólito, el sábado pasado, siete mexicanos perdieron la vida en un accidente, al parecer producto de la persecución policiaca.
Diversas autoridades americanas, incluido el presidente Clinton, se lamentaron de los hechos y prometieron que se hará justicia, como si la magia de la televisión les hubiera recordado que sorprendentemente los indocumentados mexicanos también son seres humanos. Ahora llaman a cuidar que la aplicación de la ley se haga en el marco del respeto a los derechos humanos.
Se olvidan que por años y sobre todo en los últimos meses, han promovido y tolerado con sus políticas la perpetración de actos de violencia racista, no sólo contra nuestros connacionales, sino también contra otras minorías, por el grave delito de no ser estadounidenses.
Desde luego propongo que esta soberanía, como así lo ha hecho, condene éstos y otros graves hechos similares. Además, que se le solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores que dé especial seguimiento a estos casos y que exija su cabal esclarecimiento ante el gobierno de los Estados Unidos por lo sucedido, el castigo a los culpables y que se haga justicia a los indocumentados y sus familias.
Asimismo que se solicite a las autoridades mexicanas correspondientes que se les preste el apoyo legal y económico a las víctimas y las familias de los dos casos que aquí se han comentado.
Sin embargo esto no es suficiente. Resultaría absurdo que lo visto en las pantallas de la televisión nos hiciera responder como si acabáramos de descubrir que estas violaciones a los derechos humanos se iniciaron recientemente.
En el mes de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe que documento más de 600 agresiones cometidas en los últimos años contra indocumentados mexicanos que habitan o trabajan en los Estados Unidos. La lista es larga e incluye homicidio, lesiones, detenciones ilegales, violaciones, abusos de autoridad, robo, privaciones a la libertad, decomiso y cancelación injustificados de documentos de identificación o migratorios.
Muchas de estas agresiones fueron protagonizadas por autoridades americanas; según la misma fuente, los abusos más frecuentes de dichas autoridades contra migrantes, fueron golpes con brutalidad que provocaron muchas veces lesiones irreversibles, negativa de atención médica, atropellamiento con vehículos oficiales, amenazas para que no se presenten denuncias, agresiones sexuales, sometimiento a revisiones humillantes sobre todo a mujeres, por parte de agentes masculinos, entre otros.
Entonces, la violencia de la que fuimos testigos gracias a los medios de comunicación, con ser grave y reprobable, no es sino continuación de graves tendencias que se aprecian en el estándar político, social y cultural de los Estados Unidos.
En los últimos años, debido a complejos procesos sociales y económicos, se ha deteriorado el sueño americano y con él se han reducido las posibilidad de empleo, ingreso, educación y mejoramiento del status de los ciudadanos americanos.
Como toda sociedad en situaciones similares, esto ha dado como resultado que amplios sectores allende el Bravo, busquen la solución de esto en el aislamiento del resto del mundo, en la afirmación de ideas simplonas y peligrosas emparentadas con el destino manifiesto y la supremacía de la raza blanca.
Los prosuritistas de las ideas xenófobas y racistas, hechan por la borda la historia de los Estados Unidos, el rico filón democrático de su sociedad y la riqueza pluriétnica y policultural que les permitió llegar a ser lo que son.
Otra tendencia proviene de los políticos americanos en tiempo de campaña, que han encontrado en el ataque a los migrantes un fácil expediente para allegarse votos. De esta forma hemos sido testigos de cómo se han propuesto diversas acciones encaminadas a lograr la simpatía popular de los sectores más conservadores de la sociedad americana, más que resolver los problemas de una compleja relación de vecindad, en la que ambos países tienen intereses y responsabilidades que deben asumir seriamente.
Operación guardián; Ley 187; construcción de nuevos muros fronterizos, mayores recursos tecnológicos y económicos para la patrulla fronteriza parecen ser la respuesta para nuestra mayor apertura económica y comercial con nuestro vecino del norte.
Esto debe movernos en una reflexión sobre el futuro de estas relaciones hasta ahora inequitativas.
Para combatir estas tendencias de la sociedad americana que dificultan la vecindad y que constantemente nos agreden como mexicanos, no basta construir una política exterior de protestas diplomáticas, que si bien pertinentes, son insuficientes, es necesario que la política de vecindad con los Estados Unidos sea imaginativa, institucional, respetuosa pero firme en la defensa de nuestros intereses políticos, económicos, comerciales y sobre todo en la defensa de nuestros compatriotas.
El asunto de la migración debe ser abordado integralmente, adoptando una posición como país soberano, que no parta de la base de esperar tan sólo que se haga justicia en los Estados Unidos o que se acaben las campañas políticas en aquel país para que se mejoren las condiciones de nuestros compatriotas.
Nada de borrón y cuenta nueva en la relación con los Estados Unidos, requerimos que se construya una relación positiva de vecindad, cierto, pero que no se olvide del Siglo XIX y lo más importante, que recuerde que somos una nación con principios, que debe desarrollar métodos propios acorde con nuestros objetivos.
Conforme a lo anterior, si este pleno, como así lo manifestó en el punto de acuerdo, quisiéramos añadir que a las comisiones de Derechos Humanos, de Asuntos Fronterizos y de Relaciones de esta honorable Cámara, se pudieran impulsar ejes de trabajo que tomaran en cuenta los siguientes aspectos:
1o. Establecer mecanismos binacionales para la defensa de los derechos humanos de los migrantes. En el diseño y aplicación de dichos mecanismos deberán participar de manera destacada las organizaciones sociales de ambos lados de la frontera, que justo es reconocerlo, han sido vanguardia en la defensa de los derechos humanos de nuestros paisanos.
También deberán participar los gobiernos estatales, municipales y de los condados de ambos lados, con responsabilidades claras y públicas.
2o. Es de alto interés nacional, conforme a lo mencionado en el punto anterior, que se proceda a estudiar la posibilidad de celebrar un acuerdo México-Estados Unidos para proteger los derechos de los trabajadores migratorios de nuestro país.
En dicho acuerdo se deberán establecer mecanismos de protección a los derechos humanos, estipular claramente las condiciones laborales y de educación, salud y vivienda a los que como seres humanos y de acuerdo a los tratados internacionales firmados por ambos países, tienen derecho los migrantes.
El mantener una política de respuesta casuística ha tendido a disimular una problemática que debe ser conocida públicamente en ambos países, debe sacarse a la luz lo que se ha tratado de ocultar en las sombras y que ha causado muertes y oprobios, xenofobia y racismo.
3o. Fortalecer la red consular, especialmente en el renglón de atención a los derechos humanos y en la asesoría en juicios laborales, civiles y penales. Esta acción se deberá llevar a cabo particularmente en las ciudades o regiones de mayor incidencia de agresiones a migrantes, como es el caso de Brownsville, Dallas, Denver, El Paso, Fresno, Los Angeles, McAllen; Miami, Nueva York, Sacramento, San Antonio, San Bernardino, San Diego, San Francisco, Washington y Tucson.
El sentido último de los consulados es de representar nuestros intereses como nación. ¿Qué mayor interés tenemos que el defender los intereses de nuestros compatriotas?
4o. Fortalecer los programas sociales y de combate a la pobreza extrema en las ciudades expulsoras de población, particularmente Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y las colonias del Distrito Federal y el Estado de México.
Estos esfuerzos deberán de orientarse a la creación de fuentes de empleo, a mejorar los niveles de remuneración y de bienestar.
5o. Un programa de atención a los mexicanos migrantes y sus familias que son expulsados de Estados Unidos, que involucre asistencia médica y sicológica, atención integral a los infantes y jóvenes, capacitación y alimentación.
Esto debe llevarse a cabo como un esfuerzo combinado de los tres niveles de gobierno, respetando en todo momento la soberanía de los estados, pero también reconociendo el interés nacional.
6o. Proponer en complemento al punto anterior, la elaboración de programas de desarrollo social y económico, permanentes en la franja fronteriza, orientados a la población migrante, tanto la que no puede cruzar la frontera como aquella que es devuelta de los Estados Unidos.
Actualmente la población migrante gravita sobre las economías regionales y desborda las posibilidades de tensión de los municipios y los estados.
En este sentido, deben fortalecerse los programas de planeación urbana, equipamiento, creación de empleos y capacitación.
7o. Mayor energía de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto a la defensa de los migrantes mexicanos.
Esto se celebrará en la medida en que se diseñe una estrategia de atención integral al problema migrante, reconociendo sus causas, sus características y redefiniendo los principios y la responsabilidad que el Estado tiene con los indocumentados.
8o. El impulso a campañas de difusión en los Estados Unidos de la riqueza histórica y cultural de nuestro país.
Sin embargo, entendemos que más allá de mejorar la imagen de nuestra nación, un factor importante para ganarnos el respeto de propios y extraños será el de avanzar con pasos decididos a la construcción de un país con democracia plena, con una estructura económica y social tendiente a acabar con la desigualdad social y sus dos caras, la riqueza inexplicable y la pobreza evidente y explicable.
9o. En la problemática de la migración hay un actor que permanece en la sombra y que hay que combatir: el traficante de seres humanos.
Para muchos analistas el tráfico de personas está tan estructurado como el de las drogas, pero es menos perseguido, a pesar de que también compra conciencias y funcionarios y lucra con la pobreza y la vida; debemos de hacerlo tan punible como el narcotráfico.
Quisiera hacer una última reflexión. En la relación de ambos países, hemos conocido más sinsabores que momentos exitosos, pero la xenofobia y el racismo amenazan con llegar a niveles nunca vistos y esto está caminando más allá de la política.
Aquellos que creemos que las mejores tradiciones de ambos países pueden revertir esta situación, estamos obligados a tomar cartas en el asunto de inmediato.
Muchas gracias.
Quisiera decir que este documento también lo firman los diputados José Carmen Soto Correa, Oscar Levín Coppel, César Raúl Ojeda, Maricela Cerón y Francisco Domínguez García, del PRI.
Muchas gracias.
EMILIANO ZAPATA SALAZAR
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Gerardo Roberto Flores González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la figura del general Emiliano Zapata.
El diputado Gerardo Roberto Flores González:
Con su permiso, señora Presidenta; con el permiso de las compañeras y compañeros diputados:
Cuando se nace en un rincón del Estado de Morelos, hablar de Emiliano Zapata Salazar implica el repaso del héroe de la guerra de Independencia y del partido restaurador de la República.
Cuando de niño se escuchaba las conversaciones de los campesinos mayores, que de jóvenes se fueron a la bola, con el propósito de recuperar las tierras usurpadas por los terratenientes, hablar de Emiliano Zapata Salazar, significa recordar al mexicano, que es símbolo de las luchas reivindicatorias del pueblo mexicano.
Cuando en las clases de la escuela primaria se pronunciaban los nombres de los profesores Pablo Torres Burgos y Otilio Montaño, iniciadores de la Revolución en Morelos, hablar de Emiliano Zapata, nos lleva a reconocer la resistente vinculación que ha existido entre los maestros y los campesinos hacia las legítimas causas del pueblo.
En fin, cuando hemos trabajado la parcela ejidal, asistido a las asambleas, participado en los comisariados, militado en la Confederación Nacional Campesina y sobre todo, haber recibido la elevada responsabilidad de representar a mis compañeros de distrito, formando parte de la diputación campesina de esta Cámara de Diputados, hablar de Emiliano Zapata Salazar, conmemorando el LXXVII aniversario del día en que cayó sacrificado por las balas traidoras y asesinas en la hacienda de Chinameca, en ese fatídico 10 de abril de 1919, constituye el compromiso de actualizar las banderas de: tierra, libertad, reforma, justicia y ley, que enarbolan las proclamas de Emiliano Zapata Salazar.
Ahora con la propiedad en firme de la parcela, los campesinos mexicanos demandamos más y mejores apoyos, para seguir produciendo los alimentos que el pueblo requiere, con la libertad alcanzada mediante la apertura, el diálogo y el consenso, demandamos que el desarrollo igualitario del país, se finque en un campo con justos niveles de bienestar.
Con la reforma del Estado en proceso, los campesinos exigimos el trato comedido y atento de parte de los servidores públicos y los recursos que el sector requiere para el impulso cultural, tecnológico, económico y social de nuestras regiones.
En fin, con la justicia y la ley y en base a una nueva alianza campesina con el Gobierno y la sociedad toda, recordar a Zapata, ahora es exigir que la riqueza nacional regrese a quienes, como nadie, ha contribuido históricamente a crearla.
Señoras y señores diputados, el decir del gran poeta español, José Moreno Villa, "la historia de México está en pie, aquí no ha muerto nadie, a pesar de los fusilamientos, de los asesinatos, esto es lo original de México, lo pasado suyo es actualidad palpitante".
En torno al pensamiento de Emiliano Zapata Salazar, como ideología vigente en el campo mexicano, escuchando su voz como el día en que se escribió el Plan de Ayala: "esos que no tengan miedo que pasen a firmar, para que el campo y los campesinos, tengan lo que en derecho les corresponde".
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Carlota Botey y Estape, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al aniversario de la muerte del general Emiliano Zapata.
La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:
Señora Presidenta:
En la memoria de su pueblo y en la continuidad de su lucha, a 75 años de su asesinato a traición, el general Emiliano Zapata Salazar, vive. ¡Zapata vive! ¡Zapata no ha muerto! ¡Zapata sigue presente!, porque simboliza la lucha de los campesinos pobres por la tierra, la justicia y la democracia.
Esto es lo que Zapata representa, por eso su arraigo en la conciencia colectiva y en la memoria histórica de todos los mexicanos.
Zapata fue inclaudicable, por eso hubo que traicionarlo, que engañarlo, que masacrarlo, porque Zapata soñaba que la vida y el pensamiento podían ser libres, si una nueva realidad se construía. Pero lo que en realidad sucedía cuando el traidor Jesús Guajardo ordenó la descarga que segó la vida de Emiliano Zapata, fue perpetuar su memoria y hacer su principal exigencia: ¡Tierra y Libertad! ¡Tierra para los que la trabajan!, que no es otra cosa más que la exigencia de millones de campesinos pobres que convirtiera en una de las aspiraciones más profundas y auténticas de nuestra historia nacional.
Esa historia y no otra, fue la que se condensó en el artículo 27 constitucional y por eso las contrarreformas del artículo 27 de 1992 trastocaron esa historia y traicionaron el pacto entre el Estado posrevolucionario mexicano y los campesinos pobres. Pacto que se reflejó en el espíritu social del Constituyente de Querétaro.
La contrarreforma al artículo 27 y la nueva legislación agraria violentaron el campo mexicano y transtornaron la precaria paz social lograda a través de una reforma agraria de carácter histórico, político y social que hizo posible el llamado "milagro mexicano". Porque gracias a la reforma agraria mexicana y al esfuerzo de las mujeres y los hombres del campo, fue posible mantener por décadas un elevado ritmo de crecimiento económico que hizo posible la alimentación autosuficiente del pueblo mexicano, la producción masiva de bienes-salarios a bajos precios, la transferencia de recursos a otros sectores de la economía, la obtención de divisas por la vía de las exportaciones agrícolas y, sobre todo, gracias a la reforma agraria había sido posible el mantenimiento de la paz social y la posibilidad del mejoramiento de las condiciones de vida de los productores rurales.
Las reformas al artículo 27 constitucional aprobadas en 1992 dieron fin al reparto agrario, sentaron las bases para la liquidación de la propiedad social en el campo, abrieron las puertas a la privatización del ejido y las comunidades, permitieron la recomposición del latifundio a través de la constitución de sociedades mercantiles y de entrega de la economía rural al gran capital nacional y extranjero. A sólo cuatro años de las promulgadas sólo han producido mayor miseria en el campo, la ruptura de la paz social y un recrudecimiento de la violencia que tiene su origen en conflictos agrarios.
En apenas cuatro años ha sucedido lo siguiente: el levantamiento armado del 1o. de enero de 1994 en Chiapas tuvo su origen en las modificaciones al artículo 27 constitucional. Con su ¡ya, basta!, los indios chiapanecos dijeron ¡no!, a la política agraria del neoliberalismo.
Según datos proporcionados por la Depech en esa entidad, en los dos últimos años se registraron 82 muertes de campesinos por motivos agrarios, 200 heridos, 3 mil encarcelados y 2 mil órdenes de aprehensión.
La pobreza rural que empuja a millones de campesinos hacia las ciudades y hacia el extranjero, es la fuente de origen de la migración ilegal hacia los Estados Unidos, misma que termina de expresarse dramáticamente en la represión, como la que hemos visto aplicarse recientemente contra mexicanos en el condado de Riverside, California y en el asesinato de decenas de trabajadores agrícolas y migrantes ilegales a manos de las fuerzas policiacas norteamericanas. La falta de apoyo institucional a los productores rurales y la lucha por precios de garantía a insumos para la producción agrícola, están en el fondo de la violencia que vive Guerrero.
Recordemos que la matanza en Aguas Blancas de 17 campesinos guerrerenses, tuvo su origen en las movilizaciones campesinas que exigían fertilizantes y apoyo crediticio.
Sostiene el Gobierno que el artículo 27 daría certidumbre jurídica a todas las formas de propiedad social y lejos de ello hemos visto cómo los empresarios privados faltando al respeto a las tierras comunales y alegando las reformas a la legislación agraria, pretenden apoderarse de ella, tanto en Tepoztlán, Morelos como en la sierra de Manantlán, Jalisco, sucesos que han traído muertes, represión y encarcelamiento.
Se dijo que las reformas al 27 traerían libertad a los campesinos y ello no ha impedido que se intente aplicar compulsivamente el Procede o que el Gobierno promueva y financie organizaciones seudocampesinas, promotoras de la violencia en el campo, como lo son Antorcha Campesina, Socama y la Opes oficial en Chiapas o como la Ugocem, que dirige Margarito Montes Parra, responsable de los desalojos de las comunidades de Eladio Ramírez López, Cerro de Concha, Emiliano Zapata, en la cuenca del Papaloapan, Oaxaca, realizado en octubre de 1995.
El clima de inseguridad y violencia que vive el campo mexicano, se ve agravado por la existencia y operación de guardias blancas. La propia Comisión de Derechos Humanos reconoció y condenó la acción de estas guardias blancas en Guerrero, en Chiapas, en Veracruz y Oaxaca.
En fechas recientes hemos registrado la irrupción del narcotráfico en el ámbito rural. En Nayarit y Jalisco, grupos paramilitares a servicio de narcotraficantes han agredido a ejidatarios y comuneros y son los ejidatarios y los comuneros solicitantes de tierras a quienes se les acusa de narcotraficantes.
Según la propaganda oficial, la nueva política agraria se aplicaría sólo con el consentimiento de los núcleos agrarios. Pero cuando los campesinos se han negado con justicia, a aceptar las propuestas oficiales, como los fideicomisos para la compra de tierra en Chiapas, la respuesta ha sido la violencia y el desalojo, como los que produjeron tres campesinos muertos en Nicolás Ruiz, el pasado 21 de marzo en los predios: El Gran Poder, El Triunfo y El Paraíso.
Y otros dos campesinos muertos en el predio de San Luis, en el municipio de Pichucalco, el 20 de marzo, desalojados de un predio propiedad del banquero prófugo, Carlos Cabal Peniche.
Sostiene asimismo el Gobierno, que tiene la voluntad de respetar a los pueblos indios y garantizar la integridad nacional. Sin embargo, en estos últimos tiempos hemos conocido denuncias de la creciente militarización de las zonas indígenas como Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco y Nayarit.
Respecto a la integridad territorial, sabemos que la Secretaría de la Reforma Agraria ha incumplido sus propias promesas de solucionar el conflicto de los chimalapas, que en zonas limítrofes con Chiapas y Oaxaca, enfrentan comunidades indias, ganaderos, caciques y narcotraficantes.
La irresolución y agravamiento de los conflictos agrarios en el campo mexicano, se originan por la intervención de la fuerza pública, ha traído como consecuencia, múltiples asesinatos de dirigentes y militantes campesinos, y la existencia de numerosos presos por motivos agrarios. El asesinato de 408 perredistas a nivel nacional, la mayoría de origen campesino y asesinados muchas veces por problemas relacionados por la tierra y la democracia.
La incompetencia oficial en materia agraria, también podríamos ilustrarla en datos provenientes de la propia Cámara de Diputados. A la Comisión de Reforma Agraria que me honro en presidir, han recurrido aproximadamente 180 solicitantes individuales y colectivos demandando nuestra atención en la tramitación de problemas que son de competencia de autoridades agrarias; más del 30 % de estas solicitudes de apoyo, que hemos recibido, corresponden a situaciones en las que se han violentado el derecho a la tierra de grupos campesinos.
Uno de los casos más complejos, de la Comisión de Reforma Agraria, es el de Tezontepec, Hidalgo, que a pesar de existir una resolución presidencial que ampara el derecho de la tierra, de los comuneros, las autoridades agrarias se han negado a resolver en favor de dicha comunidad. Esto ha motivado un conflicto que causó enfrentamiento el pasado 28 de noviembre. Y todo tiene su origen en el comportamiento totalmente parcial y violatorio del derecho por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, como del gobierno del Estado de Hidalgo.
De todo esto, el responsable directo es el doctor Arturo Warman, por aplicar una política agraria totalmente errática y miope. Por eso decimos: si el doctor Warman tiene respeto por su pasado, debería dejar el cargo que actualmente sustenta.
Nosotros pensamos que la cuestión agraria nacional es mucho más compleja que las cuentas alegres de la administración zedillista. Sostenemos que ésta no se reduce, como pretende hacerlo el doctor Zedillo y el doctor Warman, en el rezago agrario, administrativo, de 6 mil 433 expedientes en trámites o a la implementación oficial del Procede; una política agraria favorecedora de los campesinos de México, que son la mayoría, tendría que contemplar: tierras, precios, mercado, la asistencia técnica, la capacitación, el crédito, los insumos, la organización campesina y la soberanía alimentaria. Algo de lo que no ha sido capaz el doctor Zedillo, particularmente ni el Secretario de la Reforma Agraria, instrumentarlo.
Hace un año se firmó un punto de acuerdo demandando la revisión de la actual legislación agraria. Espero que dada la situación de violencia que impera en el campo, hoy se tenga la sensibilidad política de hacer efectivo el compromiso adquirido por las cuatro fracciones parlamentarias aquí representadas.
En nuestra opinión, mientras no se abandone el actual modelo económico, la injusticia, la pobreza y la antidemocracia, seguirán imperando en México, en México todo, no sólo en el México agrario. Por esa razón también exijo desde esta tribuna, el cambio de un modelo económico, el neoliberal, que ha causado la miseria de casi la mitad de los mexicanos.
La Presidenta:
Ha solicitado la palabra, para rectificar hechos, el diputado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna con el propósito exclusivo de aclarar algo de lo aquí expuesto por la compañera diputada que me antecedió en el uso de la palabra.
Menciona hechos en los que se involucra al gobierno del Estado de Hidalgo y a las autoridades agrarias, con relación a un conflicto suscitado entre Mixquihuala y Tezontepec de Aldama, ambos municipios colindantes también desde el punto de vista ejidal.
Es un hecho, que ya ha sido abordado en esta tribuna, que la violencia que se ha desatado ha sido motivada precisamente por la carencia de autenticidad de pequeños propietarios que se dicen comuneros. También por las maniobras seudolegales de "alguien" que afirma haber agotado todas las instancias dentro del derecho agrario y que existe una resolución definitiva para beneficiar al poblado, al ejido de Tezontepec de Aldama lo cual es, desde el punto de vista procesal y en estricto apego al derecho falso.
Se acusa de negligencia al gobierno del Estado, cuando lo único que ha hecho el propio gobierno es tomar las providencias para que esto no desemboque en hechos de mayor violencia.
No se pueden ejecutar determinadas acciones agrarias cuando se pone en peligro un valor superior como es la paz social. Creo que todos coincidimos en que lo fundamental es la preservación de la integridad física de ambos contendientes en el caso agrario y en el caso de cualquier conflicto jurídico. Que la razón se otorgue conforme a derecho y que sean las instancias competentes, no esta Cámara, quien determine y quien diga la última palabra.
¡No es posible que busquemos utilizar esta tribuna simplemente como "caja de resonancia", a sabiendas de que no es la instancia resolutiva!
¡Ya es un respetuoso, un exhorto a los compañeros integrantes de la fracción parlamentaria de la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, para pedirles que sean canalizados los asuntos por la instancia que jurídicamente les compete y que, desde luego, están en su derecho de aludir lo que a su juicio esté fuera del marco jurídico, pero les ruego, simplemente, que sea sin falsear los hechos, sin aludir de manera que me parece por lo menos falta de verdad, a una supuesta negligencia del gobierno del Estado de Hidalgo que, desde luego, no existe!
¡Existe, sí, la preocupación por preservar el derecho de cada quien! ¡Existe, sí, la preocupación por preservar sin duda la paz social como valor supremo de los hidalguenses:
La Presidenta:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos la diputada Carlota Botey y Estape.
La diputado Carlota Angela Rosa Botey y Estape:
¡Realmente el caso de Hidalgo es de suma delicadeza. No hace ni tres días estuvieron en esta Cámara los comuneros, solicitando la intervención de la Comisión de la Reforma Agraria, porque por más de 500 años habían pastoreado ellos su ganado!
¡En este momento el gobernador impidió la actividad económica de esta comunidad!
¡Tengo cabal conciencia de que no soy la Secretaría de la Reforma Agraria, pero sí somos el espacio por representar en cierta forma al movimiento social, de venir, como lo han hecho los demás compañeros, a solicitar que no se violente el campo mexicano, que la Secretaría de la Reforma Agraria cumpla cabalmente con sus funciones y no se reduzca a una lógica del rezago agrario el pensar que va a resolver la violencia!
Compañeros: ¡ni el crédito ni el fertilizante provocan la muerte que provoca la lucha por la tierra! ¡En este momento en la mayor parte de los estados del país, tenemos conatos de violencia!
Por eso tomé la palabra, para decirle a mi compañero priísta que son las modificaciones al 27 constitucional, que es el no pensar que los campesinos son el eje del desarrollo de este país, lo que está violentando el campo mexicano y que en el caso de la comunidad, en algún momento le podré presentar que el señor Secretario de la Reforma Agraria, con papeles en manos de la comunidad, les dijo: ¡Aunque ustedes tuvieran la razón, las tierras van a quedar en el papel! Y el señor gobernador Murillo Karam ha hecho otro tanto.
¡En este momento hay que decidir la justicia agraria por ley y fuera los intereses que nuevamente están representados por una nueva clase de acaparamiento agrario simulado que existe en el país! ¡El 27 constitucional ha abierto las puertas a que los antiguos terratenientes y latifundistas de este país piensan que pueden acaparar la tierra!
Señor: yo solicitaría al diputado que pienso que es del Estado de Hidalgo, a asistir con el señor gobernador y las autoridades agrarias, porque llevo más de seis oficios solicitando esa reunión, para que se nos explique la situación exacta que guarda en este momento el expediente.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández:
Con su permiso, señora Presidenta; con el permiso de mis compañeros legisladores:
Efectivamente, compañera, soy del Estado de Hidalgo, toda mi vida la he pasado en Hidalgo, he desempeñado diferentes cargos públicos en Hidalgo; el último de ellos fue haber sido director general de gobierno, en donde se ventilaban diferentes cuestiones de carácter agrario, en donde definitivamente se tiene la principal responsabilidad de preservar la paz hacia el interior del Estado.
Creo, y esta tribuna así lo registró a través del Diario de los Debates, que cuando estuvieron por aquí presentes los compañeros de Tezontepec de Aldama, fueron antes en primera instancia atendidos por la Comisión de Gestoría y Quejas y nos llamaron a varios diputados del Estado de Hidalgo, en donde tuvimos la posibilidad de entablar diálogo con ellos.
Segundo. Cuando se suscitaron los hechos de violencia hice esta pregunta que ahora reformulo: ¿de qué lado son los heridos? Había cuatro heridos de bala y por aquellas cosas extrañas de la balística, resulta que los heridos estaban del lado de los supuestos agresores.
Es importante, compañera diputada, tener información política, pero también tener responsabilidad moral y conocimiento de los hechos in situ de la naturaleza de la gente, conocer por su nombre a las personas, para no aventurar juicios que pudieran resultar irresponsables.
No es, repito, esta Cámara, la instancia de resolución de un conflicto de naturaleza agraria. No es esta Cámara el lugar que tenga como objetivo formal y material la resolución de este tipo de cuestiones que ponen en riesgo la paz social. Hay que conocer las causas, hay que conocer la génesis de los procesos y de los conflictos, hay que ir al fondo del asunto y después, mediante un proceso de jerarquización de valores, entender cuál es la razón y cuál es la decisión más cuerda que pudiera tomarse.
No es el papel de un gobernador ceder a presiones políticas para en su momento actuar poniendo en riesgo el valor superior de los hidalguenses. No es sin duda un respeto al estado de derecho recibir a una comisión por parte del gobernador del Estado para que les dé una información que sin duda pueden obtener a través de los cauces formal y materialmente competentes para el caso. Estamos bien entendidos y los hidalguenses lo saben, los hidalguenses saben que tienen siempre la respuesta pronta pero inteligente y reflexiva de parte del gobernador del Estado.
No admitimos, de ninguna manera, un juicio necesariamente frívolo y superficial por desconocimiento de causa; no admitimos los hidalguenses que se tome como caja de resonancia esta tribuna para culpar de manera imaginaria al gobierno del Estado por cumplir con su deber.
Le ruego a la compañera que me antecedió en el uso de la palabra y a quienes están interesados en este conflicto, que se adentren, que no defiendan lo indefendible, que verifiquen la personalidad de su supuestos defendidos, que analicen y que no caigan en el juicio a priori porque esto es muy parecido a la calumnia.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos hasta por cinco minutos ha solicitado la palabra el diputado Francisco Patiño, del PRD.
El diputado Francisco Patiño Cardona:
Me parece que el compañero diputado Prisciliano, compañero hidalguense, está confundiendo su labor que él desarrolló como director de gobierno. Yo creo y le quiero recordar, que él es representante de la soberanía popular de su Estado, de nuestro Estado, el Estado de Hidalgo.
Efectivamente el asunto agrario entre dos municipios importantes de nuestra entidad: Mezcahuala y Tezontepec de Aldama, es una cuestión que meses atrás fue tratado en esa soberanía. Yo le quiero decir al señor diputado que el clima de violencia que se vive en esos dos municipios sigue vigente, que los comuneros por más de 500 años han acudido a pastorear en las tierras que sus padres les dejaron en aquel entonces y que ahora por intereses particulares del gobernador no quieren ceder la otra parte para que estos comuneros sigan pastoreando ahí sus animales.
Yo quiero decir que los comuneros ahora de Hidalgo, de esa región, están viviendo un problema bastante grave porque debido a ello parte de sus animales, que es patrimonio total de ellos, empiezan a morir. Pero el clima de violencia en Hidalgo es una cuestión que está a la orden del día. Yo no quiero adelantar vísperas, pero en cualquier momento si el problema agrario ya mencionado no se resuelve, es posible que pueda darse confrontación de violencias y que incluso podría costar la vida de nuestros hermanos indígenas campesinos.
Yo considero que el gobierno del Estado, encabezado por Jesús Murillo Karam, no ha tenido la voluntad política porque el problema sigue empantanado, el problema sigue entrampado, cuando legalmente el derecho le corresponde a los comuneros; sin embargo, ésa es una cuestión que en su momento tendremos que aclarar con los documentos a la mano.
Yo le preguntaría al diputado Prisciliano si realmente está dispuesto a jugar su papel de diputado federal y como representante popular a través de los votos que le dieron los hidalguenses; si en ese sentido él está de acuerdo, creo que conjuntamente todos los diputados, indistintamente de los partidos políticos, que venimos del Estado de Hidalgo, podríamos hacer nuestra parte para invitar al gobierno del Estado para convocar a la Reforma Agraria, para convocar a la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, para encontrar una solución definitiva a este problema.
Hay voluntad para resolver el problema por parte de los comuneros, no hay voluntad por parte de aquellos que están controlados por el gobierno de Murillo Karam y ahí está el problema y por ahí puede venir la violencia.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Ha solicitado la palabra, hasta por cinco minutos para rectificar hechos, el diputado Hugo Meneses.
El diputado Hugo Meneses Carrasco:
Gracias, compañera diputada Presidente.
En coincidencia con los planteamientos realizados en esta tribuna por los compañeros del PRD, yo quiero comentar que al gobernador del Estado Jesús Murillo Karam, en diversas ocasiones se le han realizado peticiones muy serias y muy concretas sobre cuestiones agrarias por seguir con la misma tónica. Jesús Murillo Karam es un digno aprendiz de su maestro Cervera Pacheco, es decir, tiene conocimientos caciquiles y tiene aplicaciones caciquiles dentro del gobierno del Estado de Hidalgo.
El gobernador del Estado de Hidalgo sólo está preocupado por su imagen, dado que esta imagen está empañada por sombras de corrupción, por sombras de nepotismo, pero también por evidencias y estas evidencias las podemos aportar en este recinto.
Sin embargo la razón de mi presencia en esta tribuna es simplemente para avalar los planteamientos realizados por los compañeros del PRD.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos se le concede el uso de la voz al diputado Miguel Angel Islas Chío, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Angel Islas Chío:
Con su permiso, diputada Presidenta; compañeros diputados.
He escuchado con atención los planteamientos de la compañera del PRD, del compañero Patiño y diputado de Acción Nacional y llego a la conclusión que hemos escuchado las razones del corazón que no conoce la razón, porque pareciera ser que hablar de derecho agrario, que hablar de paz social y de tranquilidad, fuera un problema que únicamente pudiera resolverse mediante el ataque y la violencia de las palabras y no mediante la razón de los hechos.
Alguna ocasión decía el diputado Meneses Carrasco una serie de argumentos que desafortunadamente de manera inmediata se demostró que eran producto de un delirio de persecución. De igual forma diría yo que hoy que se habla de un problema agrario tendríamos que entender que ni el gobernador tiene interés en función de uno de los grupos porque es un gobernador que está actuando en función de resolver los problemas, independientemente de filiación partidista o política.
Y con mayor razón cuando se trata de un problema que efectivamente está generando o tiene visos que pudiera generar violencia, porque en estos hechos estamos encontrando que hay intereses partidistas muy serios. Yo convocaría sí, a que habláramos con la verdad, convocaría sí a que buscáramos los medios para poder resolver pero siendo respetuosos de las autonomías de las autoridades correspondientes.
Los hidalguenses creemos en las autoridades y no compete al gobierno del Estado una resolución agraria, porque no es precisamente una de sus funciones; tampoco es el interés que aquí se ha mencionado, porque el gobierno del Estado de Hidalgo tiene funciones específicas y cuando se pretende conservar la paz social, no se hace en función de un grupo o de otro, se hace en función de los intereses de la mayoría y con base en eso es como se debe de actuar.
Compañera diputada, nos dará mucho gusto que conozca el Estado, entendemos perfectamente lo que significa poder hablar de un estado que no se conoce; entendemos perfectamente lo que significa querer abordar un problema que se conoce de oídas, no que se conoce con argumentos; entendemos perfectamente que esto también tiene una intención de querer resolver los problemas, pero no podemos resolver lo que no conocemos ni podemos decidir por quienes no tenemos autoridad.
Somos representantes populares, pero somos representantes populares de unos y de otros, no únicamente de los que nos quieren ver como tales. En esa virtud yo les digo que en Hidalgo se vive un clima de respeto y de derecho, que acabamos de tener un informe de gobierno y que en el informe de gobierno han participado diputados de todas las fracciones partidistas y que en esa virtud están representados todos los partidos políticos que aquí se encuentran y algunos que no están dentro de este recinto.
Y en esa virtud, cuando se está participando, atendiendo la pluralidad, atendiendo a la razón, difícilmente vamos a encontrar unanimidad, unanimidad sí en cuanto a lo que nos guste o no nos guste el resultado, pero tengan la seguridad que los resultados no se hicieron para satisfacer a unos, se hicieron para conocer la verdad y para dar la razón, fundamentalmente para establecer la justicia.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos ha solicitado la palabra la diputada Carlota Botey y Estape, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:
Nosotros lo único que veníamos a solicitar en este caso específico, es que se resuelva por derecho, no por la mayoría, por la minoría, por el amarillo o por el multicolor, sino porque hay un derecho agrario y ese derecho agrario está en favor de los comuneros; estos comuneros en número quizá sean minoritarios, pero la Secretaría y ahí está el problema, se ha negado a dar cumplimiento a su propia relación jurídica, tenía que ejecutar un amparo y no lo ha realizado.
Nuestra solicitud, y yo le digo al compañero de Hidalgo que me da la honra de conocer bien y bien este país, que he recorrido el país casi ejido por ejido, entonces conocemos, quizá no con la profundidad de los compañeros de Hidalgo, pero nosotros queremos que se resuelva por derecho, como las autoridades agrarias de la Secretaría de la Reforma Agraria, no ha dado cumplimiento y en lo particular no le vemos ninguna voluntad política al señor gobernador y que me perdonen pero sí hay y fuertes intereses de acaparamiento de tierra en esa región, nosotros solicitamos al señor Secretario de Gobernación que cite a las partes porque es un estado de violencia la que viven esas comunidades.
Esta solicitud ya está hecha de parte nuestra, después de cinco meses que no nos ha dado ninguna respuesta ni la Secretaría de la Reforma Agraria ni el señor gobernador y el enfrentamiento está pronto. A un grupo que históricamente pastoreaba a sus animales, lo han dejado en este momento sin tierras, por eso nosotros acudimos a que se formara una mesa particular sobre este problema, con el señor Secretario de Gobernación.
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al diputado César Huberto González Magallón, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar sobre el mismo tema, retomando el tema de origen: el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata.
El diputado César Humberto González Magallón:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Mañana miércoles 10 de abril se cumplen 77 años de la traición que segara la vida de Emiliano Zapata en la Hacienda de Chinameca, por las tropas bajo las órdenes de Jesús Guajardo.
Años más tarde, el mismo estado burgués que fraguó y perpetró el crimen, recuperó al jefe del ejército libertador del sur como héroe nacional, colocándolo al lado de otros personajes que sin embargo combatieron los ideales por los que luchó Emiliano Zapata, pues tenían en mente un proyecto nacional muy distinto al que perfilaban los derechos de las masas desposeídas de este país.
El 8 de agosto de 1879 nació Emiliano Zapata en Anenecuilco, Morelos, en el seno de una familia de pequeños agricultores y desde muy joven participó al lado de los hombres mayores en actividades ligadas a la defensa del pueblo.
No era él hombre de dobleces; era hombre de su pueblo y de su gente. Poseía esas raras cualidades de integridad personal y valor sin ambiciones, por eso los campesinos confiaron en él sin temor alguno y en 1909, a la edad de 30 años, lo eligieron presidente de la junta de representantes de Anenecuilco, honor que estaba reservado sólo para los hombres de mayor edad, que por lo mismo habían dado pruebas durante toda su vida de su interés por el bien del pueblo.
La junta de representantes fue la organización histórica de los campesinos con la que defendieron sus derechos y enfrentaron el poder de hacendados y gobernantes, empeñados en arrebatarles sus tierras.
Con ella, los de Anenecuilco y de muchos otros pueblos se lanzaron primero a una larga lucha callada y terca en defensa de sus tierras, dentro de la legalidad y después a la lucha desbordada con las armas en la mano.
No es verdad, como se ha dicho, que Zapata encabezó a pueblos que no querían cambiar y por eso hicieron una revolución. La revolución sobrevino como respuesta última de una sociedad oprimida y agraviada por un régimen dictatorial, ensoberbecido e insensible ante las demandas populares.
Las injusticias y la forma humillante como los campesinos eran tratados por los representantes de la ley, que siempre se inclinaron a favor de los poderosos, alargando interminablemente los trámites o dándoles carpetazo, acabaron con la paciencia secular de los pueblos.
Como ahora, en ese entonces, el grupo llamado Los Científicos consideraba que era una ley natural que la nación pudiese progresar sólo bajo su dirección y dominio. Emplearon todos los recursos legales e ilegales para orientar al país en beneficio de la oligarquía porfirista y de los intereses extranjeros vinculados a ella.
Por esta razón, Emiliano Zapata y su gente, como muchos otros pueblos a lo largo y ancho de la República, abrazaron la causa maderista que en el Plan de San Luis Potosí exponía: los pueblos en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios.
Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos, una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra independencia. Nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable, en cambio de esta tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene como base el derecho, sino la fuerza, porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer un pequeño grupo que abusando de su influencia ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos las concesiones y contratos lucrativos.
Y en esta relación al problema agrario, razón de ser de la lucha zapatista, el artículo 3o. de dicho plan sostenía que: "abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos por acuerdo de la Secretaría de Fomento o por fallos de los tribunales de la República, siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos que se les despojó de un modo tan arbitrario.
Se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se les exigirá a los que adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por el perjuicio sufrido".
Zapata se sumó al torrente revolucionario convencido de la justicia de la lucha por la tierra. Hasta el día que fue traicionado luchó contra todos los gobiernos porque no cumplían las promesas de restablecer los derechos agrarios de los campesinos.
Un reparto justo de las tierras y la restitución de aquellas que les habían sido robadas a los pueblos, fue la razón fundamental para sostener hasta el fin de su vida a los pueblos en armas. Con tal propósito se formaron la junta revolucionaria del Estado de Morelos y el ejército libertador del sur, ambos jefaturados por Emiliano Zapata y se formuló el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1910, en el cual se establece que: "los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y justicia penal, entrarán en posesión de los bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan los títulos correspondientes (artículo 6o.), en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas.
Por esta causa se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos, de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos (artículo 7o.)".
De este modo, con Zapata los pueblos pasaron por primera vez a ser los protagonistas de las luchas agrarias.
En su persona se condensó la lucha milenaria, larga y paciente de los pueblos por defender sus tierras.
Zapata fue producto de Anenecuilco, de su drama, sus esperanzas y su decisión inquebrantable de defender sus derechos y sus tierras, base de la vida y destino.
Por esta razón, Zapata no fue sino muchos de su querido Anenecuilco y de muchos otros lugares del país, de antes y de ahora.
El es el símbolo de la tragedia y la esperanza de los campesinos y de todos los desposeídos de este país. Por eso, también Guajardo simboliza esa otra fuerza actuante en la historia de México: la traición gubernamental a los más altos ideales de nuestro pueblo.
Anenecuilco fue vórtice de los ancestrales problemas agrarios que se extendían por todo el territorio nacional. Desde ahí la lucha revolucionaria campesina sacudió toda la estructura económica y social de México.
En Zapata se concentró la resistencia, no de uno, sino de cientos de pueblos agraviados. Su ideario fue cimiento del capítulo agrario de la Constitución de 1917 y fuente de inspiración de los mejores tiempos de la reforma agraria que iluminaron de esperanza al campo mexicano y contribuyeron a sustentar el pacto social posrevolucionario.
Así, la lucha zapatista generó un importante avance en materia agraria y en la reducción ostentibles injusticias sociales.
Sin embargo, la persistencia de múltiples y agudos problemas en el campo, relacionados básicamente con los sectores sociales más desfavoridos, han mantenido vivos los ideales y el espíritu de la lucha zapatista al grado de que en muchas regiones del país el nombre de Zapata inspira programas, formas de organización y métodos de lucha campesina.
Ahora que el neoliberalismo indujo, introdujo, reformas constitucionales privatizadoras sobre las tierras ejidales y comunales; ahora que sus políticas económicas han desolado el campo mexicano y vuelto más pobre a los pobres y más rico a los ricos; ahora que sus políticas sociales apenas representan gotas de agua en el desierto, la figura y el programa de Emiliano Zapata vuelve a recorrer los pueblos y a reanimar la voluntad de lucha de los campesinos de todo México.
A pesar, compañeras y compañeros diputados, de la artera traición de hace 77 años, Zapata sigue vivo en la palabra y obra de los desposeídos de nuestro país, porque Zapata es el más genuino símbolo político y social de la resistencia nacional antiimperialista.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alfonso Martínez Guerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la Comisión Investigadora del caso Conasupo.
El diputado Alfonso Martínez Guerra:
Gracias a la Presidencia, respetables diputadas; respetables diputados:
Antes que nada quiero agradecerles a los escasísimos asistentes que estén escuchando a los últimos oradores que nos tocó hablar en estos momentos.
En el mes de noviembre de 1995, en pleno periodo de sesiones de esta Cámara, cobró vigencia el justo reclamo popular de abrir una verdadera investigación en torno a los múltiples manejos turbios del organismo descentralizado Conasupo y sus empresas filiales, cuyos excesos eran ya desde hace tiempo del dominio común.
Como consecuencia de ello la sociedad mexicana indiscutiblemente irritada e indignada por tantos abusos, cometidos en detrimento de la deteriorada economía mexicana, que paradójicamente y como una muestra más del surrealismo que nos identifica más allá de nuestras fronteras, en que se usa una empresa, instrumentada al menos en apariencia, para beneficiar a las clases económicas deprimidas, para enriquecer, traficar y beneficiar a muchos funcionarios, dentro y fuera de las citadas empresas.
Sin lugar a dudas los casos más inverosímiles de abusos de poder, ahí se dieron, no solamente con el tráfico de influencias para enriquecimientos diversos, sino que además, saliéndose totalmente del cauce ético que siempre debió guardar en beneficio de los más necesitados, sus operaciones también se canalizaron políticamente, al servicio del PRI a través de todos los caminos imaginables.
Estos son hechos incontrovertibles que todos hemos podido presenciar a lo largo y ancho de la República, fundamentalmente en épocas electorales.
Como consecuencia de esa presión social, los grupos parlamentarios aquí representados en el Poder Legislativo, propusieron a la presidencia la creación de una comisión especial, que se abocara a la investigación de los citados hechos e irregularidades. El consenso se logró el 5 de diciembre de 1995, se declaró formalmente integrada con el nombre de Comisión de Investigación del Funcionamiento Conasupo y sus empresas filiales. Esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93, párrafo tercero constitucional, artículos 42 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta comisión está formada por 32 diputados federales de los distintos grupos parlamentarios, con una mesa directiva integrada por un presidente y cuatro secretarios.
Fue hasta el 25 de enero del 1996 cuando se definieron por fin las primeras ocho líneas generales de investigación que son:
Primera. Analizar los resultados de las auditorías internas o externas practicadas a Conasupo y empresas filiales, así como la revisión de las respectivas cuentas públicas.
Segunda. Detectar e investigar las importaciones, adquisiciones y contrataciones de mayor monto de Conasupo y empresas filiales.
Tercera. Revisión de las importaciones de leche en polvo, contaminadas supuestamente por radioactividad, no apta para consumo humano, así como de la sobrecotización de los precios de compra y sobreestimación de costos de fletes y posible faltante de este producto en territorio nacional.
Cuarta. La revisión de las operaciones de importación de granos, maíz y frijol, específicamente de Estados Unidos y China.
Quinta. Relaciones comerciales de Conasupo con sus principales clientes y proveedores.
Sexta. El seguimiento a los resultados de las investigaciones de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría Federal de la Nación.
Séptima. Revisión del proceso de desincorporación de la planta Milcunsa de Atlacomulco Estado de México y venta de activos y liquidación de las filiales de Conasupo que han desaparecido.
Octava. Analizar las denuncias e informes que reciba la comisión.
Así las cosas, en principio se decidió de común acuerdo, aplicar la lógica en el inicio de sus trabajos, distribuyendo cuatro diputados en cada línea de investigación, para ocupar al total de los 32 diputados. Según sus preferencias, pero independientemente de que cada uno de nosotros podía, libremente, participar de manera solidaria y apoyar a los demás compañeros en otras líneas diferentes a las que ya estaban asignadas.
Mucho nos llamó la atención que ya establecidas las reglas del juego, insistieran súbitamente los diputados del PRI por la vía del mayoriteo, deshacer el esquema ya establecido para proponer, en el colmo del absurdo, participar los 16 propietarios juntos en cada línea de investigación, desperdiciando la fuerza de trabajo que representan los 16 diputados substitutos y de paso, provocar el desorden y desfazamiento de esfuerzos, en querer participar todos en todo a la vez, haciendo a un lado el concepto moderno de la equilibrada distribución de actividades y responsabilidades.
Ese detalle que podía pasar inadvertido si se narrara aisladamente, no lo es para quienes hemos sido testigos de las juntas de trabajo, que más que eso, parece una competencia entre los que queremos llegar al fondo de las cosas y los que velada, sospechosamente y siempre invocando principios jurídicos y de derecho, le cortan abruptamente el paso a las vías más claras y sencillas del actuar directo y sin circunloquios para establecer responsabilidades, no sólo en el pasado inmediato, sino de todo aquello que ha atentado contra la economía y dignidad nacionales por la vía de la corrupción.
El gran celo de los diputados del PRI por no ir en las investigaciones más allá de 10 años, los hace más que sospechoso de no querer afectar a nadie que no sea el que ya está en la cárcel y que es Raúl Salinas de Gortari, la única carta quemada por el momento de la gran y abundante baraja mexicana de la prepotencia y corrupción que ya asfixia a esta nación.
Cuando se convocó a los diputados de participar como integrantes de esta comisión, los que orgullosamente pertenecemos a una oposición que lucha por rescatar los valores de la democracia y la justicia, severamente pisoteados por un régimen que se resiste a perder sus cotos de poder, lo hicimos con todo el entusiasmo que es posible tener y con la esperanza de servirle a la nación y ponerle escarmiento a tantos pillos que tienen sometido a un pueblo entero, castigado con la peor crisis económica, política y social que se recuerde.
Ahora que estamos a más de cuatro meses de estatuidos como comisión y al ver los malos resultados, miserables resultados, que consisten en haber recogido algunas cajas con documentos importantes por su peso, pero cuestionadas por su contenido y que como máximo logro que ha consistido en decidirse por fin en seleccionar a dos bufetes de auditores, que por cierto, los contratos con esos bufetes prácticamente los hizo el Presidente de esta comisión, diputado Manuel Hinojosa, a título personal, ya que en la firma de los mismos no estuvo el pleno de la comisión, ni siquiera la mesa directiva.
Por ello que siendo todos ustedes representantes populares y que por su decisión y aprobación se integró esta comisión, es menester impostergable reconocer el fracaso de esta misión a 16 semanas de su integración; porque nos da vergüenza cuando nos preguntan que como van las pesquisas y tener que contestar que han sido insignificantes. Nos preocupa el pueblo de México que no recibe estímulos de ninguna clase, ni siquiera de comunicarle que los bandidos que se burlaron de todo ese pueblo estén en la cárcel pagando su osadía y que eso sirviera de escarmiento para que de una vez por todas, nadie se atreva a usar la patria que también es nuestra, como si fuera propiedad de los grupos de poder públicos y privados.
Esta es nuestra oportunidad histórica para darle a esta soberanía el brillo y esplendor que no hemos sido capaces de darle, pero que el pueblo de México ya merece y que si no ve indicios de cambio y respeto hacia él, podrá arrasarnos a todos por no haber interpretado sus anhelos y sentimientos.
¡Ay de aquellos que se atrevan a subir aquí, a la máxima tribuna de la nación, para defender a los que sin recato alguno trataron de envenenarnos con su leche radiactiva, pero que llenó sus bolsillos de dinero! Como también aquellos que hablando a nombre de los pobres hicieron compras ficticias o sobre facturaron sus sucias transacciones que ahora, a la luz de nuestros pobres resultados como comisión, se han de estar carcajeando de un cuerpo legislativo que por la tozudez y conveniencia del grupo que se autoproclama mayoritario, impide que los demás grupos parlamentarios presenten con reales posibilidades de viabilidad, propuestas sanas, patrióticas, emanadas de un auténtico deseo popular de que las cosas cambien para beneficio de la nación.
A aquél que le tiemble la mano o que tenga compromisos o ambas cosas, que se haga a un lado y permita llegar al fondo de las cosas a los que sí son capaces de hacerlo.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Juan Salgado Brito, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Juan Salgado Brito:
Señora Presidenta; compañeras; compañeros diputados:
Los integrantes de la Comisión Investigadora del caso Conasupo y sus filiales, todos, todos, estamos actuando bajo la premisa de combatir la corrupción, el tráfico de influencias y todas las formas que conlleven al desvío en el ejercicio del poder, al desvío de los recursos públicos y más aún, si se trata de recursos destinados a mitigar la grave situación de los pobres.
Los del Partido Revolucionario Institucional que participamos en la comisión, estamos decididos, al igual que nuestros compañeros que participan a nombre de los otros grupos parlamentarios, a llegar al fondo de las cosas y a que se proceda con todo el rigor de la ley, contra ex funcionarios o funcionarios actuales, que incurran o hayan incurrido en actos de corrupción o de tráfico de influencias.
Ya el señor diputado Martínez Guerra dio un buen avance de la información que la comisión debe no sólo a nuestros compañeros diputados, sino que ofrece permanentemente a la opinión pública. Pero hay varias cosas en las que no coincidimos: no es cierto que el presidente de la comisión propicie que no se dé la participación, ni que se den las aportaciones y propuestas que hacen los compañeros de las otras fracciones parlamentarias; tampoco es cierto que los priístas estemos porque no se vaya más allá de la investigación de 10 años, como son 1982 a 1992, toda vez que por unanimidad, se acordó, que independientemente del periodo a investigar, podía llegarse y allegarse la información que los propios miembros de la comisión o que ciudadanos en general aportaran, para tener mayores elementos de juicio que nos lleve a resultados serios, a resultados responsables que acrediten confiabilidad, no sólo de la comisión, sino de todo este cuerpo colegiado.
A todos los miembros de la comisión consta que si no se ha tenido el avance deseable, no es imputable ni a la directiva ni a los miembros de la propia comisión, porque en las cinco sesiones ordinarias y en las dos extraordinarias que hemos tenido, ha quedado claro que existe voluntad de todos para actuar con celeridad en este caso y allí mismo se acordó, por consenso, por unanimidad, que el periodo de la investigación fuera de 1982 a 1992 y a todos consta de los pasos dados, del aseguramiento de la documentación para el trabajo técnico de la tarea investigadora, de cómo nos allegamos 132 cajas que se encuentran en resguardo de esta comisión y cuyos documentos ya están siendo analizados por los despachos contratados.
Por lo demás, también consta que en principio se había planteado la contratación de dos despachos que por sus condiciones fuera de contexto, también por unanimidad fueron rechazados.
Hemos tenido muchas entrevistas. Se han tenido entrevistas con el secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, con el Procurador General de la República, con el director general de la Conasupo, con el de Diconsa, con la de Liconsa y en todos hemos estado los integrantes de las distintas fracciones. Hemos recibido información, listados de funcionarios que incurrieron en responsabilidad y que nos ha entregado la Secretaría de la Contraloría. Hemos recibido listados de denuncias y procesos que se siguen en la Procuraduría General de la República. Tenemos amplia información que está siendo revisada por los despachos profesionales que han sido contratados y que están operando en esta Cámara. Estos despachos son: Bladimiers y Compañía, que se ocupa de lo relativo a las revisiones especiales y al funcionamiento de la Conasupo y también Barriguete Alonso López y Compañía, que se ocupa de las filiales.
Tenemos el compromiso de que mensualmente, quincenalmente, mejor dicho, estos despachos habrán de ir proporcionando a la comisión, resultados tangibles de su trabajo y que en agosto próximo habrán concluido el trabajo técnico de la investigación.
Queda entonces claro que por lo que a los priístas miembros de la comisión se refiere, existe toda la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias, toda la voluntad de seguir trabajando con el consenso, con la participación de todos los integrantes y deseamos que lo mismo a través del apartado postal, que de las investigaciones que en lo particular hacen los miembros de la comisión, de las informaciones que los medios de comunicación publican y que todo lo que contribuya a enriquecer la argumentación y los elementos de juicio de esta comisión será bienvenido, porque nuestro compromiso básicamente es con la sociedad, es con esta Asamblea y es con nuestra conciencia. ¡Para bien de México, de los mexicanos, sobre todo de los que menos tienen, combatiendo ejemplarmente la corrupción y toda manifestación de ésta:
Muchas gracias.
La Presidenta:
Ha solicitado la palabra el diputado Alfonso Martínez Guerra, para contestar aIusiones personales.
El diputado Alfonso Martínez Guerra:
Muchas gracias, señora Presidenta:
En primer lugar, quiero agradecerle al diputado que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, que se haya tomado la molestia de estar aquí, de rebatir algunos puntos, que dice que no coincidimos en algunos de ellos.
Menciona el diputado que el presidente de esta comisión, don Manuel Hinojosa, diputado don Manuel Hinojosa, tiene mucha voluntad para que todos trabajemos. Pero yo creo que esa voluntad la tiene muy bien encubierta o realmente no es su voluntad. Tan simple como eso, porque está desaprovechando la fuerza que tienen 16 diputados sustitutos, como ya lo hice saber y claro, ya sé que ahorita van a venir una andanada de argumentos y de reglamentos y de artículos y estoy de acuerdo en que tenemos que trabajar aquí de acuerdo al derecho; pero el derecho tiene muchas interpretaciones y hay veces... Es decir, se me hace tan curioso, tan interesante, que hay veces en que esas interpretaciones las hacen los amigos del PRI a su conveniencia y a veces ven pasar un caudal de ilícitos, sobre todo cuando se trata en el terreno electoral y entonces ahí son ciegos. Así que creo que por puntos y comas no nos debemos detener en esta comisión.
Nos dice además el diputado Salgado Brito, créamelo diputado Salgado Brito yo admiro mucho a los abogados, porque tienen una capacidad enorme para... un esquema jurídico; pero cuando son del PRI es verdaderamente, me llama la atención, los admiro, porque vienen a presentar aquí, a tratar de sustentar lo insustentable, a defender lo indefensible y a justificar lo injustificable.
Y entonces viene con una andanada de argumentos y esto me hace pensar que cuando estan en ese centro de maniqueísmo y de manipulación, llega el momento en que se creen todas las cosas que les dicen y bueno, creo que él está defendiendo sus argumentos, porque así los cree.
Lo importante en este caso es hacerles ver que la realidad es mucho muy diferente porque "por sus obras los conoceréis" y entonces es el caso que esta comisión no ha tenido ningún resultado, como lo he mencionado.
Nos dice que ha tenido muchas entrevistas. Esta comisión no va a vivir de entrevistas, esta comisión va a vivir de resultados. Ni tampoco de argumentos legales. Que si estuviera en mi calificarlo en una escuela de derecho yo creo que le pondría un 10; pero resulta que no estamos en una escuela de derecho, estamos en una Cámara de Diputados y en una comisión investigadora y entonces, me perdona usted abogado, pero en este caso yo lo reprobaría ¡Sería inmisericorde para reprobarlo, porque no hemos tenido nada de resultados:
El dice que..., da el nombre de los despachos con los cuales ya se contactó y se contrató ¡Qué bueno que los menciona! ¡Pero, fíjese diputado, que no nos importa realmente o pasa esto a segundo término; lo que nos interesa aquí es ver las condiciones en que se contrataron! ¡Es en unas condiciones que yo considero que son a espaldas de esta comisión y por lo tanto, ese lenguaje no ha hablado licenciado o diputado, como usted quiera que le digan, ese lenguaje no ha hablado de las actitudes que los hacen sospechosos!
¡Porque si fuera algo transparente, abierto, con toda claridad, invitarían. Quizá hasta pudimos haber tenido un brindis ese día que firmáramos los de la comisión con esos despachos y hacer un sello de buena voluntad para llegar al fondo de las cosas, pero no fue así, fue casi casi en secreto.
Y dicen que tienen la voluntad para trabajar y que el compromiso es con la sociedad. Así que mi distinguido diputado, no se ve, no se ve ni que tengan voluntad ni que su compromiso sea con la sociedad. No dijo usted si era con la sociedad en general, la sociedad mexicana, o con la sociedad de su partido. En ese caso, perdóneme usted, yo creo que sí tenía usted razón, tiene usted razón porque el compromiso es con la sociedad de la cúpula del poder de su partido.
Gracias.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales el diputado Manuel Hinojosa, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz (desde su curul):
Señora Presidenta, no le puede dar la palabra al diputado Hinojosa.
La Presidenta:
Perdóneme compañero diputado, pero sí hizo alusión al nombre del compañero Manuel Hinojosa.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz (desde su curul):
Señora Presidenta, la alusión personal corresponde al orador que ha hecho uso de la palabra y que tiene derecho a regresar a la tribuna cuando es aludido ese orador por el que le sigue en la lista. Entonces, está usted introduciendo a alguien que interviene o que va a intervenir para alusiones personales cuando no está en el debate, me parece que hay que rectificar el procedimiento.
La Presidenta:
Bueno, entonces se le concede la voz al diputado Manuel Hinojosa, para rectificación de hechos.
Permítame, compañero diputado:
Como una moción de orden le solicitaría a usted, si no tiene inconveniente, le concediéramos el uso de la voz a los dos compañeros que están en el orden.
El diputado Manuel Hinojosa Juárez:
Con mucho gusto.
La Presidenta:
Se le concede el uso de la voz, para rectificación de hechos, al diputado Víctor Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:
En este país todos los días se levanta uno en la mañana con la idea de creer en las buenas intenciones del Presidente, del Ejecutivo, de su partido, de la mayoría priísta en la Cámara y todos los días la cruda realidad se encarga de echarle para abajo a uno las buenas intenciones de pensar en las buenas intenciones de los demás.
El compañero Salgado Brito, a quien mucho apreciamos por otra parte, ha venido aquí a decir que hay intenciones por parte del Partido Revolucionario Institucional de llegar hasta el fondo en la investigación de la Conasupo y sus filiales; nos lo ha repetido él y otros diputados a quienes no voy a aludir para no hacer tan largo este debate. Sin embargo, la realidad tosca, tozuda, todos los días nos demuestra lo contrario.
Si hay intención de llegar hasta el fondo e investigar, ¿por qué el mayoriteo? ¿Por qué se constituye una comisión no paritaria? ¿Por qué se niega la voz a los sustitutos y se desaprovecha esa gran fuerza de trabajo para una tarea muy grande, que son los 16 diputados sustitutos? ¿Por qué se elige la forma que en los hechos se ha demostrado la más ineficiente para investigar y la más eficiente para no investigar, que es no constituir grupos de trabajo? ¿Por qué se suspenden de repente las reuniones de la mesa directiva?
¿Si hay buenas intenciones, por qué no se tiene el respeto hacia la oposición de pasarnos los borradores de los contratos antes de firmarlos? ¿Por qué si hay buenas intenciones, por qué en los contratos se trata de una manera diferente al despacho propuesto por el PRI y al despacho propuesto por la oposición? ¿Por qué al despacho propuesto por el PRI si le van a pagar 1 millón 200 mil pesos? ¿Por qué al despacho propuesto por la oposición se le van a pagar 400 mil pesos? ¿Por qué el despacho propuesto por el PRI se le van a entregar cantidades de dinero de acuerdo a ciertas fechas? ¿Por qué al despacho propuesto por la oposición se le van a entregar cantidades de dinero condicionadas al avance de la investigación? ¿Por qué esta diferencia en los tratamientos? ¿Por qué ese mayoriteo? ¿Por qué ese leguleyismo si hay 100 interpretaciones que digan que se pueden hacer equipos de trabajo y 100 interpretaciones jurídicas que digan que no se puede hacer? ¿Por qué el PRI siempre escoge lo que es tarde, lo que entorpezca el ritmo del trabajo.
Puede ser que el PRI tenga toda la intención de avanzar, toda la intención de llegar al fondo, pero aquí hay un problema de asincronía, como ha habido en este país estos últimos dos días y seguramente los compañeros del PRI han olvidado adelantar su reloj. Urge, al pueblo de México le urge que tengamos cuanto antes los resultados de esa madre de todas las corrupciones que es la corrupción en la Conasupo y como vamos, al ritmo en que vamos, ese resultado, suponiendo las buenas intenciones del PRI, van a tardar cuando menos toda esta legislatura.
Sin embargo yo quiero señalar que a pesar de los obstáculos, a pesar de todo esto hemos avanzado, hemos avanzado los diputados de oposición cuando menos y con los recursos que hemos podido hemos ido investigando, hemos ido indagando y haciendo descubrimientos importantes que esperamos muy pronto poner en manos de ustedes compañeras y compañeros diputados.
Hemos ido avanzando porque tenemos firme al convicción de que la democracia para el pueblo de México tiene que fincarse en la construcción de la verdad y si hay buenas intenciones en los compañeros del PRI, yo quiero invitarlos a que muestren las buenas intenciones, retirando todos estos obstáculos a los que hice referencia anteriormente.
Compañeras y compañeros del Revolucionario Institucional, no teman, no es contra ustedes la investigación de la Conasupo ¿De qué se protegen? Ninguno de ustedes está siendo sujeto de investigación, la investigación compañeras y compañeros, si el PRI no se opone a ella, si el PRI colabora con toda su fuerza, sacará más fuerte a todos los partidos políticos que integramos esta Cámara de Diputados, queremos hacerles un llamado, queremos hacerles una invitación a los compañeros del PRI a que se sumen al esfuerzo investigativo, a que las propuestas de la oposición sean retomadas, a que las propuestas de la oposición sean consideradas por ellos con la serenidad debida, no es contra un partido nuestro trabajo, es contra la corrupción hecha sistema y hecha Gobierno en México; no es con ningún afán revanchista nuestra tarea investigativa, es con un afán de construir la democracia sobre la verdad y sobre el compromiso ético con todos los mexicanos.
Muchas gracias La Presidenta:
Para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos, se le concede el uso de la voz al diputado Joaquín Vela del Partido del Trabajo.
El diputado Joaquín Humberto Vela González:
Gracias, señora Presidenta:
El trabajo de la comisión de la Conasupo compañeros legisladores, yo quisiera que todos lo valoráramos, no es el de cualquier comisión, es verdaderamente grave que cuando menos como presunción exista gente que haya intentado desviar estos recursos que la sociedad mexicana le ha dado o intenta orientar a los sectores que menos tienen.
En la simple presunción de que cualquier dinero que fue destinado para los más pobres de este país a través de algún subsidio haya sido distorsionado, haya sido dirigido y haya sido apropiado por otra persona, debe a todos nosotros ponernos en una situación de repudio a esa actitud. Por ello, creo que la comisión hubo un acuerdo global de que la comisión avanzara y pudiera verdaderamente llegar a conclusiones.
Aquí los compañeros de la oposición y cuando hablamos de la oposición porque en la comisión hemos trabajado así conjuntamente, ha venido a hacer el diputado Martínez Guerra una denuncia muy concreta de lo que consideramos que han sido limitantes para que esa investigación llegue hasta sus últimas consecuencias.
Hoy, en estas fechas se cumplen cuatro meses y la verdad de las cosas es que entre reuniones y entrevistas y demás elementos nos hemos trabado y no hemos cumplido con el elemento central para el que fuimos nombrados, que es llegar a fondo de las cosas compañeros. En consecuencia, no debemos y creo que todos por unanimidad debiéramos sacar por consenso un acuerdo el día de hoy de que esta comisión avance lo más inmediatamente posible al grado de que antes de que concluya este periodo esta comisión pudiera traer ya resultados concretos o de avances importantes.
No creo que estemos en la lógica de que, bueno, pues si ya se cumplió el primer año, como en el caso de Colosio, ya vamos en el segundo año y ahí seguimos, ¿no? Aquí finalmente está el periodo totalmente acotado y lo más vergonzoso sería que concluyeramos nuestra legislatura sin que llegáramos a una conclusión precisa sobre el caso de la Conasupo. Por ello, yo vengo a esta tribuna a apoyar las propuestas de los diputados Martínez Guerra, de Víctor Quintana, para que hagamos un exhorto a los compañeros del PRI, de que se quiten todos esos elementos, de que hagamos efectivamente una investigación a fondo y que cumplamos en esta ocasión con el compromiso que nos ha dado el pueblo, de llegar al fondo de esta cuestión.
Es verdaderamente indignante cuando menos el hecho de la presunción, de que de esos recursos destinados a los que menos tienen, cualquiera, aunque sea un peso, se haya malversado. Por ese hecho, debemos llegar al nivel de fondo y si hay responsables señores, todos los que sean responsables tienen que ser exhibidos y presentados a la opinión pública.
No estamos de acuerdo de que solamente bueno, pues el que ya aparece públicamente es Raúl Salinas de Gortari y entonces que le carguemos todas las culpas él; hay más implicados, investiguémoslo y saquemos adelante a todos esos responsables que no deben ser considerados ni mexicanos por estar lucrando con los recursos que esta sociedad mexicana ha destinado a los que menos tienen y por ese simple hecho, por ese simple hecho debieran estar, no riéndose como ahora, porque la comisión no avanza en su investigación sino que deben estar dentro de la cárcel.
En consecuencia, yo apoyo la propuesta de que ya tenemos cuatro meses y que la investigación está trabada y no ha avanzado. Es importante que apoyemos este impulso de la gente como propuso incluso la propia constitución de la comisión y que la saquemos adelante.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Se le concede el uso de la voz al diputado Manuel Hinojosa, para rectificar hechos hasta por cinco minutos, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Hinojosa Juárez:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Ya lo mencionaron aquí, el artículo 93 constitucional contiene las atribuciones de esta importante comisión, que vigile y controle al Poder Ejecutivo.
Un aspecto relevante de la reforma política encauzada por el Ejecutivo Federal, es la de diseñar más y mejores mecanismos para gobernar a los gobernados, a los gobernantes, perdón; es decir, para vigilarlos, controlarlos y sancionarlos.
La Cámara de Diputados así como la comisión investigadora del caso de la Conasupo, tiene la oportunidad histórica de demostrar que el Congreso sí puede como contrapeso del Poder Ejecutivo, es una misión que imbuirá posibles y futuros actos de corrupción, que inhibirá posibles futuros actos de corrupción, le ahorraría al país enormes sumas de dinero, generaría confianza en las instituciones e incrementaría la autonomía y el poder del Congreso mexicano.
La tarea del Poder Legislativo se proyecta indubitablemente hacia un mejor futuro para nuestro país. La pluralidad y la correlación de fuerzas representadas en la Cámara de Diputados, debe ser encauzada hacia los caminos de la democracia, dentro del estado de derecho imperante, ya que el pueblo funda sus esperanzas en la libertad, en la igualdad y la justicia, apartando de las intenciones de otros partidos que en la mayoría de las veces actúan con ánimo de exhibir al Gobierno y a nuestro partido, que por cumplir su tarea de control que constitucionalmente les encomienda.
El creciente interés de la ciudadanía por los asuntos públicos, obliga a este órgano legislativo a procurar consensos que permitan ofrecer soluciones viables a las demandas sociales.
En México existe un planteamiento generalizado hacia los representantes populares, de combatir la corrupción y la impunidad, por lo que este órgano parlamentario debe ofrecer una respuesta expedita y eficaz a la solicitud de la investigación de las presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales, por lo que proponemos, como parte del resultado de nuestras investigaciones, los mecanismos administrativos y de control que permitan a Conasupo cumplir cabalmente con su función social.
La creación de esta comisión investigadora reviste una importancia especial para el pueblo de México, no únicamente por el respaldo coincidente para su integración, sino por los resultados que todos los mexicanos esperamos de la misma.
Estos trabajos implican para nosotros, los miembros de esta comisión, una alta responsabilidad, ya que somos blanco de las miradas de todo el país, que observa en nuestras actitudes voluntad y disposición para el trabajo que nos han encomendado.
Para llegar al fondo de la verdad, debemos conducirnos con objetividad, a fin de contribuir al fortalecimiento de un país en donde la corrupción y la impunidad no tengan espacios.
Por tales motivos, hemos presentado al pleno de esta comisión, en la voz del diputado Salgado Brito, un informe parcial de las actividades desarrolladas por la comisión investigadora, desde la instalación de la misma, que permitan tener una visión más objetiva de nuestra intención, precisamente de llegar al fondo de la verdad.
Los diputados miembros de esta comisión tenemos la responsabilidad de conducirnos en el desarrollo de las investigaciones respetando en todo momento el estado de derecho.
Para los diputados del Partido Revolucionario Institucional es inadmisible ocultar hechos ilícitos o esconder malos manejos; tenemos el propósito firme de esclarecer si existieron ilícitos en la Conasupo y sus empresas filiales. De ser así, señalar a los responsables, pero también es inadmisible el construir culpables con base en rumores infundados de noticias espectaculares sin presentar prueba alguna.
Quienes recurren a esas prácticas, no hacían más que recordarnos las estrategias fascistas en donde una mentira que se repite mil veces, tiende a convertirse en una verdad para la sociedad.
Es necesario dejar claro que detrás de los objetivos de la comisión, que son los de conocer la verdad en la administración de la Conasupo, se esconden otros objetivos por parte de los diputados de oposición que van encaminados a todo un programa en la lucha por el poder, quienes no son capaces de convencer a través de los principios a la ciudadanía. Permítanme puntualizar algunos aspectos.
Al trabajo del PRI se le achaca que ha sido usufructuario de las labores de la Conasupo. Creo que aquí es una verdad a medias o una verdad dicha para llamar la atención.
Yo creo que es un trabajo realizado por toda la comisión, en donde por unanimidad quedó establecido que así fueran y en ningún momento hubo de parte de la directiva, para que esto no fuera así.
Quieren llegar a la verdad; nosotros también. El PRI pugna y lucha por llegar a la verdad. Han pasado cuatro meses. En efecto han pasado cuatro meses pero no solamente es culpa de los miembros del PRI que esto haya acontecido, porque bien claro está para todos que los despachos que se había escogido en primera instancia, no hicieron las peticiones o las propuestas que nosotros les planteáramos.
Los contratos, con todo respeto don Sifonso, dice que lo hice en formal personal. Tenemos toda el acta estenográfica en donde dice que sería la dirección general de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados quien lo hiciera. En efecto, avalé estos contratos.
Los avances son mínimos, por la razón que he expuesto y tal vez sería conveniente que la ampliara. Hemos dicho que si el trabajo lo realizaba el PRI no iba a tener credibilidad; si el trabajo lo hiciera otro partido, tampoco la iba a tener. Para que nadie tenga esta posibilidad hicimos, dentro de la comisión la propuesta que fueran despachos independientes a nosotros. Esa es la razón porque se han contratado esos despachos.
Oportunidad histórica que el pueblo merece. Obviamente merece esa oportunidad histórica para que esta comisión, una de las importantes para este propósito de investigar al Ejecutivo, habremos de lograrlo porque todos tenemos el mismo objetivo: encontrar esos ilícitos que se mencionan y hay ya en este momento los despachos que están trabajando a este respecto.
Abundar a este respecto, abundar sobre lo ya dicho, me parece no sería nada recomendable en obvio de su tiempo. Habría mucho que comentar, sin embargo, respetando sus tiempos y dejar puntualmente claro, los miembros del PRI quieren la investigación, los miembros del PRI, como todos aquí, queremos la verdad.
La Presidenta:
Ha solicitado la palabra para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Navarrete, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz:
Gracias, compañera Presidenta:
En el tema de la investigación de la empresa Conasupo y sus filiales han ocurrido cosas que este pleno no conoce y que la opinión pública tampoco conoce a plenitud, pero es necesario que pronto a partir de hoy, pueda conocer con más detalle.
Yo tengo que venir a esta tribuna, compañeras y compañeros diputados, lamentablemente a desmentir lo que aquí han dicho dos miembros de la comisión de la Conasupo, integrantes del PRI y además miembros de su mesa directiva, uno como presidente y otro como secretario ¿Por qué razones? Porque hay una contradicción entre lo que afirman aquí y el comportamiento que tienen en cada sesión que tenemos cuando nos reunimos, ése es el problema.
Los compañeros del PRI, nueve en la comisión de la Conasupo, en los hechos están haciendo un lado a la facultad constitucional de la Cámara de investigar a empresas descentralizadas del Gobierno Federal. En los hechos y con el comportamiento que tienen obstaculizan, impiden la investigación, ponen obstáculos, acuerdan por mayoreo de nueve a siete, porque tienen mayoría en la comisión, fórmulas de trabajo que faciliten la investigación. Han llegado al colmo, porque lo es, de establecer un novedoso mecanismo de trabajo, un mecanismo que se asemejaría a que cuando tomamos posesión como diputados aquí el Presidente o Presidenta de la Cámara decretara que en lugar de haber 30 ó 40 comisiones de trabajo, los 500 diputados entráramos simultáneamente a ver todos los asuntos. Ese es el método que nos han impuesto por mayoría.
Han dicho: hay ocho líneas de investigación pero los 16 diputados entran a todo y para que cada asunto se resuelva tiene que tratarse en plenaria, si no, no puede avanzarse. ¿Y qué pasa en las plenarias? Que cada propuesta de la oposición, cada sugerencia de puntos de acuerdo de trabajo es sistemáticamente bloqueada por los compañeros del PRI y esto hay que decirlo porque la opinión pública nos pide resultados, nos exige cuentas, nos pide que digamos qué hemos hecho en esta comisión en cuatro meses y en cuatro meses lo que hemos tenido es una permanente batalla, una trifulca legislativa en la comisión de la Conasupo entre siete diputados que queremos cumplir con nuestras responsabilidades y nueve diputados que en bloque han impuesto un criterio.
Y han llegado a tal extremo, y hay que decirlo aquí, lamentablemente de secuestrar al Presidente de la comisión y hacerlo que vergonzosamente tenga que dar marcha atrás en los acuerdos que tiene en la mesa directiva con el resto de los grupos parlamentarios. Así ha sido.
El Presidente, Manuel Hinojosa, intentando consensar con la oposición algunas medidas de trabajo, ha llegado a las plenarias diciendo lo que ha acordado en la mesa directiva y sus compañeros del PRI le han echado atrás los acuerdos de la mesa directiva. Sus compañeros del PRI lo han exhibido, incluso, negando lo que él ha acordado con el resto de la mesa directiva y hasta hoy las cosas van a paso de tortuga.
Afortunadamente en la oposición, como lo dijo un diputado, somos especialistas en brincar obstáculos y no es la primera vez que tenemos que brincarlos para llegar adelante y gracias al trabajo individual de siete diputados hay un conjunto de actividades investigadas, hay un conjunto de hechos que estamos esclareciendo y hay un conjunto de responsabilidades personales de funcionarios, ex funcionarios por hechos ocurridos en esa empresa.
Pronto esperamos que podamos, que podamos tener las pruebas documentales, si es que no hay un acuerdo mañana u hoy a las seis de la tarde cuando nos reunimos, para impedir que podamos llegar a la documentación que tenemos en las bodegas de varios lugares, entre ellos aquí.
Esperamos que por lo menos las investigaciones que tenemos hasta ahora podamos sustentarla con la documentación que hemos solicitado por escrito y formalmente a la mesa directiva, parte de la cual todavía no tenemos.
Ha pedido la palabra un diputado que estoy viendo que levanta la mano aquí enfrente. Qué bueno que venga a la tribuna; qué bueno que venga a mostrar las razones, ojalá las diga, que ha dicho en la comisión, razones absurdas, entre otras, ojalá las repita aquí en los términos que lo ha dicho allá. Y ojalá este debate permita conocer al pleno que las responsabilidades que nos entregaron no hemos podido cumplirlas plenamente hasta ahora por esta actitud de temor, de miedo y esta actitud de franco encubrimiento.
Gracias, compañeros.
La Presidenta:
Para rectificación de hechos, el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional. Hace un momento nos estaban exigiendo el orden y quisiera comentarles que, con fundamento en el artículo 102, aun cuando no estén inscritos en la lista de oradores, se puede conceder el uso de la voz para rectificar hechos. Así que, discúlpeme, se la concedemos.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señora Presidenta, señoras y señores diputados:
Ya no es el caso hacer una relación de los trabajos y avances de la comisión investigadora de Conasupo, porque ya mi compañero, distinguido compañero, el diputado Salgado Brito, lo ha hecho con todo cuidado.
Sólo añadiré un dato, que acaba también de ser expuesto, que por una coincidencia o sincronía casual, esta tarde nos reunimos en esa comisión.
Por lo que he entendido de expresiones, muchas de ellas falsas totalmente y sobre todo cargadas de partidismo, el agravio más grande que se encuentra o que se ha presentado aquí, es que no hemos aceptado, la mayoría, un método de trabajo que consiste en hacer grupos de investigación.
¿No sé de dónde se ha sacado que en una investigación total es la mejor manera de trabajar?
Nosotros hemos visto en la práctica, y lo vimos desde los primeros días, que ante los millones de documentos que habría tendríamos que poner cierto orden, orden que íbamos a hacer a base de ver resultados anuales para empezar en esto, atender las instituciones e informes de esas instituciones, acudir a aquéllos órganos públicos, Procuraduría y Secretaría, la ahora Secodadm, para saber qué habrá sobre esté mare magnum realmente de documentos sobre la Conasupo y sus filiales.
Vimos también que en ese orden querer investigar arbitrariamente por ciertos capítulos que parecían convenientes, lo único que llevaba era a encontrar una masa de datos confusos, a llegar a conclusiones parciales, difícilmente que podrían encuadrarse en una sola investigación y llegar a confusiones mayores y nunca a resultados positivos.
Entonces por eso decidimos, sí, lo decidimos en un pleno, en un pleno de la comisión, por mayoría de votos, decidimos que el trabajo sería, no como se ha expuesto aquí para ser muy espectacular y seguramente con afán de llevar a otras conclusiones, que los 16 miembros de la comisión íbamos a trabajar en todo, todos los días conjuntamente. No íbamos a examinar, sí, lo que fueran dando por resultados estos despachos contables, a los cuales se les contrató unánimemente. No sólo no es un acto del presidente de la comisión, sino es un acto que por, fortuna, se aprobó por unanimidad en la comisión, contratar dos despachos, ya se han hablado los nombres, Bladinieres y Barriguete, para que empezaran a sacar un orden de ese mare magnum de millones de documentos.
Entonces si decidimos que era mejor un método de trabajo y creo que esto es una opinión tan respetable como de las que creen que debían hacer grupos de trabajo grupos totalmente arbitrarios también, que dificultaban a los mismos despachos atender todas las peticiones que seguramente hubieran formulado cada uno de los grupos, que insisto, hubieran llegado a conclusiones parciales, difícilmente de unificarlas en una sola investigación.
De modo que estas quejas o estos agravios que aquí se han señalado, pues no tienen ningún fundamento práctico, lo que ha pasado es que un grupo pequeño de la oposición, pensó que podría manejar la comisión a su arbitrio. Que podría, como lo hizo en muchas ocasiones y esto sí es público y notorio, salir hacer declaraciones frívolas, acusaciones sin fundamento y hablar de resultados, no de la comisión, sino de lo que ellos consideraban que era conveniente, resultados y opiniones cargados inocultablemente de partidismo.
Señalaban y como se ha señalado todavía aún se habla, han llegado a conclusiones e investigaciones. Queremos verlas, queremos verlas los de la comisión y que las presenten donde quieran presentarlas con fundamento, no como afirmaciones, insisto, frívolas, sin fundamento.
Lo que no hemos permitido, lo que hemos tratado, es de no atropellar al derecho, eso sí lo hemos procurado. No han sido argucias de leguleyo, hemos tratado de no atropellar al derecho ni tampoco hacer esas acusaciones sin ningún fundamento.
Las investigaciones, y no lo vemos sólo en este caso, no tienen tampoco un plazo fijo ni son sujetas, como alguien pidió aquí, a un acuerdo.
Que se acuerde que la investigación termine. Las investigaciones terminan después de que se den los resultados.
Entonces en realidad hemos tratado de ordenar el trabajo, pero efectivamente parece que esto ha sido una tesis que no ha gustado a alguno de los compañeros de la comisión, pues muy respetable su opinión, como muy respetable la nuestra.
Ahora que lo que sí se nota es una espectacular, diría yo, un juvenil espíritu detectivesco en algunos compañeros que han insistido, seguramente han visto mucha televisión, series de televisión policiacas o leen novelas policiacas y entonces quieren convertirse en émulos en rivales de Sherlock Holmes o de Cuarón y ya han encontrado grandes resultados.
Algún compañero dijo, lo cito: "nada más metí la mano a un cajón o a uno de los archiveros y encontré graves irregularidades". Primero, es una expresión, en la que se demuestra la frivolidad y la ligereza, porque no podemos cada uno de los dieciséis, ir a meter la mano a ninguno de los archiveros, son datos que pudieran perderse para bien o para mal.
Entonces realmente ya el sólo hecho o la sola afirmación, pues es una afirmación bastante ligera y bastante poco procedente.
Pienso que hemos cumplido con nuestro deber, que los cuatro meses que llevamos, que las dieciséis semanas que hemos trabajado, lo hemos hecho, se han dado resultados, se han señalado.
Pero además, tampoco esto es una cosa sine die, a los mismos despachos, en los contratos, que insisto son contratos que aprobamos unánimemente, se les ha pedido que a más tardar presenten las conclusiones en agosto.
Sin embargo, ni siquiera podemos todavía asegurar que esas conclusiones son definitivas, porque todavía no lo podemos saber. Lo que se afirme aquí es sin fundamento y si hay esos fundamentos o pruebas como se han atrevido a decir algunos señores de la oposición, pues preséntenlos aquí a las autoridades competentes o en donde se desea.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Diputado Jesús Rodríguez, le quieren hacer una pregunta, ¿la acepta.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Sí la acepto.
La Presidenta:
Sí la acepta.
El diputado Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie (desde su curul):
Gracias, señor diputado:
Usted acaba de afirmar que los contratos fueron aprobados unánimemente por la mesa directiva, yo quiero preguntarle a usted, si esos contratos, en su texto, donde se establecen las condiciones de ambas partes contratantes, fueron conocidos los detalles, todas las condiciones por los integrantes de la mesa directiva y, ¿cuándo fue que tuvieron ese conocimiento los miembros de la mesa directiva?
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
No, señor diputado, no han sido conocidos en sus textos, se aprobó contratar a los dos despachos. Esa es la verdadera expresión.
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Gutiérrez Vidal, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:
Muy amable, señora Presidenta:
Debiera empezar por felicitarme por el calificativo de investigador que nos dio el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez porque, ¡qué caray si esta comisión investigadora no necesita investigadores que trabajen en la comisión! Yo me lamentaría de ser un simple observador calentando una silla o levantando un dedo cuando por instrucciones que, desde luego estamos seguros, son de fuera de esta Cámara, los señores del PRI levanten el dedo para detener el trabajo de los de la oposición.
¡Qué buen discurso, compañero diputado Manuel Hinojosa!, un buen discurso lleno de buenas intenciones, pero la verdad, discurso solamente, porque en los hechos vemos otra cosa. Usted, compañero diputado, con todo el respeto que me merece y la amistad que creo que hemos logrado tener, me parece injusto que venga a esta tribuna a hablar de democracia y pluralidad en los trabajos de la comisión, cuando por un acuerdo exclusivo de los votos de los diputados del PRI, se privó de la voz en la comisión a cualquier diputado que no fuese propietario de la comisión. Es la única comisión en la Cámara de Diputados donde cualquier diputado no siendo propietario de la comisión, e incluso uno que no fuera miembro no tiene derecho a tener el uso de la voz. Es una privación que ustedes, con su mayoriteo, de nueve diputados, atentando a la democracia y a la pluralidad lograron obtener.
Por otro lado, se habla aquí en el informe que nos vino a dar el compañero secretario de la comisión. ¡Caray!, si esto no era un informe. Yo nunca he visto en la comisión que se realice un informe para el pleno, nunca se ha acordado hacer un informe para el pleno. Esto fue básicamente una denuncia de un diputado de Acción Nacional que siente vergüenza de que a los cuatro meses y días de desarrollarse los trabajos de esta comisión, no podamos dar respuesta positiva del trabajo que en comisiones estamos realizando y que tengamos los diputados, en lo personal o como grupo partidista, tener que buscar otros medios para poder acceder a la verdad.
A mí verdaderamente me apena, me desconcierta que se hable de un informe de la comisión cuando la comisión no ha aprobado siquiera alguna vez que se dé este informe que se supone que hoy nos vinieron a dar.
No sé si también, señor diputado Presidente de la comisión, democracia y pluralidad sean los calificativos que priven en el trato que la mesa directiva hemos tenido en las últimas semanas, porque simple y sencillamente se nos cita a las reuniones de la comisión, horas antes como ocurrió la noche de anoche, cuando ya no se nos pregunta: "¿cómo anda tu agenda?", "¿qué posibilidades hay?", "¿cómo la ves?", "éste es el orden del día", simple y sencillamente se convoca en forma unilateral. Se ha abandonado por completo la práctica de las reuniones de directiva, ya de la directiva no vemos absolutamente ningún escrito que no llega, sino es que no lo solicitamos, simple y sencillamente se nos ha hecho a un lado y se ha tomado en una forma autoritaria por el presidente de la comisión los trabajos de la misma.
Y para los señores del "bronx" que tan amablemente me chiflan y me gritan, debo decirles que no vengo desarmado, señores, aquí están las copias de los contratos de los cuales el diputado Rodríguez y Rodríguez dijo, medio bien, que no conocíamos el texto. Efectivamente dijo medio bien, porque anoche por fin pudimos tener el texto de los contratos; contratos que fueron realizados, según dice este mismo texto, el día 26 del mes de marzo, contratos los cuales si bien es cierto, diputado Rodríguez y Rodríguez, acordamos por unanimidad contratar estos despachos, pero también por unanimidad y por consenso acordamos que vertamos los contratos antes de su firma, como también efectivamente dijimos que nos apoyaríamos del órgano técnico de la Cámara, como pudiera ser el Jurídico de esta Cámara de Diputados.
Efectivamente, nos apoyaríamos para la recisión de los contratos, pero en ningún momento se acordó que los contratos serían firmados y vistos únicamente por el Presidente de la comisión en representación de la Cámara, como dicen los documentos. Ningún diputado que no fuera el señor presidente, ha tenido acceso a estos contratos cuando no hubo un partido opositor al suyo y fueron realizados, insistiría yo, en una forma unilateral.
Bastaría, sería abusar del tiempo, pero bastaría ver los contratos y quien lo quiera a detalle lo podemos hacer. Como en todo el texto del contrato, la voz cantante y el único con quien tienen responsabilidad los despachos es con el presidente de la comisión.
Se rinde informe, dice textualmente el contrato, a satisfacción del presidente de la comisión, ni la directiva ni la comisión somos tomados en cuenta para cualquier otra de estas cosas.
Además de ello, grave, muy grave es, que violando los acuerdos mismos de la comisión se contrate un despacho para la realización de la revisión de las empresas filiales de Conasupo, pero nada más se mencionan cuatro, cuando en el periodo, señores de investigación, de 10 años, que está siguiendo la comisión, son 10 empresas filiales de Conasupo. ¿Qué pasa con las demás?, ¿qué pasa con las que están en liquidación, no las quieren tocar?, ¿de qué se trata?
Muy amables señores.
La Presidenta:
Señor diputado Gutiérrez Vidal, ¿le pueden hacer una pregunta.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo (desde su curul):
Yo quisiera aprovechar y hacerle dos preguntas, la primera es: ¿cree usted, considera usted que los diputados priístas están obstaculizando el trabajo de la comisión.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:
Sí, sí lo creo diputada.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo (desde su curul):
Muchas gracias.
La Presidenta:
Se le concede el uso de la voz al diputado Adolfo Aguilar Zinser, para rectificar hechos hasta por cinco minutos.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Compañeras, compañeros:
Tomo la tribuna con un juvenil espíritu detectivesco:
Yo soy el diputado que metió la mano en una caja escogida al azar, tomó un diputado completamente al azar e hizo un hallazgo. Esto ocurrió y estoy preparado a compartir con ustedes este hallazgo, esto ocurrió a principios del mes de marzo, cuando hicimos la inspección de las cajas aseguradas por la comisión de Conasupo, que fueron encontradas en un predio invadido en la calle de Ferrocarril Hidalgo. Algunas semanas después, cuando estas cajas fueron debidamente selladas por personal de la Cámara de Diputados, comparecí con funcionarios de Diconsa al sitio donde se encontraban resguardadas y pedí que como diputado, teniendo acceso a estas cajas, me abrieran una de ellas, la primera que encontré en las gavetas. Abrieron la caja y pedí sacar un documento, saqué un legajo inmenso que había ahí, lo abrí y en la hoja aparecía un acta administrativa seguida contra el gerente de comercialización de Diconsa en la ciudad de México, en el año de 1991. Un acta administrativa en donde se le fincaba responsabilidad por malos manejos, contratos falsos, desviación de recursos, en una cantidad, en un monto que no podría recordar en este momento, pero que sería suficiente para que este Congreso lo viera con una gran sorpresa y admiración.
Pedí entonces a los funcionarios de Diconsa, hicieran un seguimiento porque al leer el acta descubría que al final decía: "Aplíquese la sanción correspondiente a la ley de responsabilidad de funcionarios. " Y la sanción correspondiente era una severa amonestación".
Pedí entonces a los funcionarios de Diconsa, me informaran si este funcionario había sido turnado a la Contraloría, si la Contraloría había turnado el caso a la Procuraduría General de la República. Amablemente la semana pasada, funcionarios de Diconsa me informaron que dicho procedimiento había concluído, en el acta que yo había leído y que no se había seguido ninguna otra acción.
Señores: la corrupción en México no son actos aislados. La corrupción en México son actos y hechos sistemáticos, organizados y estructurados de manera orgánica. Ese es el problema de esta Comisión de Conasupo. Estamos frente a la más grave y difícil de todas las tareas de la transición a la democracia. La más difícil va a ser ponernos de acuerdo sobre los términos y condiciones bajo las cuales vamos a investigar la corrupción. Evidentemente, y el debate de esta tarde demuestra que no estamos de acuerdo. No hemos llegado al diseño de un mecanismo que faculte a estos diputados que nos encontramos aquí, a emprender esta difícil tarea que es comenzar a esclarecer los hechos de corrupción que sistemáticamente han plagado la actividad del Poder Ejecutivo en este país.
La Comisión de Conasupo fue creada con dos propósitos fundamentales: el primero: esclarecimiento de los hechos de corrupción.
Y el segundo tan fundamental y tan trascendental para el país como el primero: El establecimiento de la autoridad del Poder Legislativo para vigilar al Poder Ejecutivo.
Nuestra responsabilidad como diputados es conseguir que el Poder Legislativo quede efectivamente investido de la autoridad moral, política y jurídica para vigilar al Poder Ejecutivo en todos sus actos. Este es el propósito fundamental al que conllevaría el esclarecimiento de los hechos de corrupción que son materia de nuestro trabajo.
Señores diputados: hay suficiente corrupción para que todos, todos la investiguemos y todos nos llenemos con ella las manos de datos, de hechos, de acontecimientos. Y sin embargo, han pasado cuatro meses y todavía seguimos discutiendo el procedimiento a través del cual vamos a sumergirnos en este océano.
Lo que hemos escuchado esta tarde son recriminaciones mutuas. El PRI considera que los diputados de oposición estamos en la comisión, por motivos políticos aviesos y con la intención de denunciar, con la intención de buscar el poder por la vía del denuesto al partido oficial y obviamente, han actuado defensivamente respecto a ello. Ven en cada uno de nosotros, no a quien pudiera estar investigando la corrupción, sino a un enemigo que pudiera estar utilizando esas armas para denunciar y para destruir. Nosotros, los diputados de oposición, por nuestra cuenta, vemos en cada uno de los diputados del PRI, a un encubridor. Yo quisiera pensar que ambos estamos equivocados, pero ambos tenemos algo de razón. En ambas sospechas hay hechos fundados. Tienen razón los diputados del PRI en sospechar de nuestras intenciones políticas; tienen razón también los diputados de la oposición, en sospechar en la intención de encubrimiento.
¿Eso qué significa, señores? Que mientras no lleguemos a un acuerdo político, el problema de la corrupción no lo vamos a poder atacar en el Poder Legislativo y no hay un acuerdo político que respalde el trabajo de esta comisión, que ampare el trabajo de esta comisión.
El partido oficial cree que puede hacer funcionar a una comisión investigadora de la corrupción por el principio de mayoría. No se puede hacer funcionar a esta comisión por el principio de mayoría, señores diputados, porque la mayoría de nada sirve en una investigación. No es por el voto, por el decreto de la mayoría que los resultados de esa investigación se van a conocer y se van a obtener. Tampoco es la denuncia infundada, tampoco es el denuesto. Tenemos que llegar a un arreglo político, tenemos que fortalecer al Congreso internamente en un acuerdo de todas las fracciones parlamentarias para decidir los términos, las condiciones, el alcance, la profundidad de la lucha contra la corrupción en lo que compete al Poder Legislativo. La ciudadanía lo está esperando y éste es el tema más crítico, más grave, el obstáculo más difícil de superar en la lucha por la democracia y en la transición en la que estamos comprometidos.
Y sin embargo, señores diputados, en toda la agenda de la reforma del Estado y la reforma Política no hay una sola mención a la lucha contra la corrupción, como un compromiso de la reforma del Estado. ¡Hagámosla! ¡Incluyamos a la corrupción como un compromiso de la reforma del Estado y lleguemos los diputados del PRI, los diputados del PAN, los diputados del PRD, los diputados del PT y nosotros los Diputados Ciudadanos a un acuerdo en este Congreso sobre los términos y condiciones bajo los cuales debamos de seguir el trabajo de la comisión de Conasupo!
¡No será mediante las denuncias nuestras, que son el recurso fundamental al que podamos recurrir; ni tampoco será por la imposición de la mayoría, que es un recurso absurdo y estéril, como vamos a llegar a cumplir con esta misión! ¡Es con un acuerdo político!
¿Por qué no los coordinadores de los grupos parlamentarios se reúnen y le dan a esta comisión la jerarquía política que tiene y que merece, como parte sustancial del compromiso de este Congreso con la reforma del Estado!
¡Y acordemos ahí! ¡No concertacesionemos para decidir qué se sabe y qué se oculta! ¡No, definamos las responsabilidades y las condiciones bajo las cuales todos queremos que se esclarezcan los actos de corrupción, que avergüenzan al país y que nos exhiben en el extranjero!
¡Si logramos que este Congreso sea la primera instancia eficaz de vigilancia al Poder Ejecutivo en la historia constitucional...
La Presidenta:
Disculpe, compañero diputado. Le solicitamos redondee su intervención, por favor.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Simplemente hago un exhorto para que sea ésta una discusión política y no una tribuna de mutuas recriminaciones. La comisión de la Conasupo es una responsabilidad de este Congreso para demostrar, de aquí en adelante, la autoridad que tenemos para esclarecer los hechos de corrupción y para vigilar al Poder Ejecutivo.
¡No desperdiciemos la oportunidad!
La Presidenta:
Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Cámara de Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta de él.
LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA
La secretaria María Teresa Cortez Cervantes:
«Escudo.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Cinematografía.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., 9 de abril de 1996.- Senadores: Melquiades Morales Flores y Javier Alvarado Ibares, secretarios.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA
Artículo único. Se deroga la fracción II del artículo 5o.; se recorre el texto de la fracción VIII para pasar a ser IX y se adiciona una fracción VIII al artículo 6o., de la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:
Artículo 5o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Se deroga.
III a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 6o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a la VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Dirigir y administrar la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son el rescate, conservación, protección, restauración, difusión y promoción de películas.
Para el otorgamiento de las autorizaciones previstas en la fracción I del artículo anterior, los productores, distribuidores o comercializadores deberán aportar para el acervo de la Cineteca Nacional, copia de las películas, en los términos que señale el Reglamento:
IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los recursos financieros y materiales con los que cuenta la Secretaría de Gobernación para la dirección y administración de la Cineteca Nacional se transferirán a la Secretaría de Educación Pública.
Tercero. Los derechos laborales de los trabajadores que, en su caso, pasen de una dependencia a otra con motivo de este decreto, se respetarán íntegramente.
Cuarto. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 9 de abril de 1996.- Senadores: Alvaro Vallarta Ceceña, presidente; Melquiades Morales Flores y Javier Alvarado Ibares secretarios.»
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 9 de abril de 1996.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a las comisiones de Radio, Televisión, Cinematografía y Cultura.
ORDEN DEL DIA
El secretario Ezequiel Juan de Dios Espinosa Mejía:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 11 de abril de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de diputados.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y Zacatecas.
Dictamen de primera lectura
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 20, fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores y Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de ley que modifica las diversas de los Impuestos sobre la Renta, al Activo, Especial sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta (a las 18:21 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 11 de abril, a las 10:00 horas.
Se pasa a sesión secreta.
| API | Instituto Americano del Petróleo (por las siglas en ingles) |
| Conasupo | Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| CTM | Confederación de Trabajadores de México |
| D.F. | Distrito Federal |
| Diconsa | Distribuidora de la Conasupo, Sociedad Anónima |
| Famerval | Fondo de Apoyo al Mercado de Valores |
| Fobaproa | Fondo Bancario para la Protección al Ahorro |
| INEGI | Instituto de Estadística, Geografía e Informática |
| Liconsa | Leche Industrializada Conasupo, Sociedad Anónima |
| Milcunsa | (Sin aclaración) |
| NL | Nuevo León |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Procede | Programa para la Certificación de Parcelas y Titulación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos en Ejidos |
| PT | Partido del Trabajo |
| Secodadm | Secretaría de Contraloria y Desarrollo Administrativo |
| SIDA | Síndrome de !nmuno Deficiencia Adquirida |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |
| UNICEF | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por las siglas en inglés) |