SUMARIO
Comunicación de dicha comisión, referente a los ajustes en la distribución de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 1996. De enterado.
Dos comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
El diputado Luis Sánchez Aguilar, presenta iniciativa con proyecto de dicho código y solicita excitativa. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la misma se realiza la excitativa.
Oficio de la colegisladora, por el que comunica la mesa directiva que funcionará del 15 al 30 de abril. De enterado.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Servando Sepúlveda Enríquez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio del Senado de la República, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Autrique Gómez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la India en Monterrey, Nue\/o León. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que comunica que los ciudadanos Herminia Laura Buendía Cruz, María Villanueva de Aiello, Janett Carol Fuentes Montero, Luis Daniel Chanona Téllez, Francisco Escofet Villalvazo, Felipe Corrales Mancilla, Jorge Sánchez Urrutia, Ana Aleyda Serrato Martínez, Lorena Vizcaya Arellano, Beatriz Díaz-Ceballos Oseguera y Sofía Margarita de la Peña Sánchez, han dejado de prestar sus servicios en la Embajada de ese país y en el Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Roberto Miranda Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Peter Cadó Cortés, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Roberto Pedraza Martínez, presidente de dicha comisión, presenta informe sobre el avance de la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena. De enterado.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ricardo Galán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto con concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pablo González Sada, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Grecia en Monterrey, Nuevo León. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Sofía Román Palencia, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decreto. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
El diputado Joaquín Rodríguez Lugo, se refiere al XLII aniversario luctuoso del político michoacano.
La diputada Olga Bernal Arenas, realiza un homenaje póstumo al músico mexiquense.
Se refieren al tema los diputados:
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Jorge Efrain Moreno Collado
Ramón Miguel Hernández Labastida
Se refieren a hechos relacionados con la Secretaría de Turismo, los diputados:
Luis Sánchez Aguilar
Sara Esther Muza Simón
Luis Sánchez Aguilar, para contestar alusiones personales.
Víctor Manuel Quintana Silveyra, quien además se refiere al problema de carteras vencidas.
El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presenta punto de acuerdo firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios, respecto a hechos ocurridos en Tepoztlan, Morelos.
Se refieren a las tarifas eléctricas en dicha entidad, los diputados:
Alejandro Higuera Osuna
Jorge Abel López Sánchez
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Zenen Xochihua Valdez, para rectificar hechos.
La diputada Matilde del Mar Hidalgo y García Barna, se refiere al CXII aniversario del natalicio de ese poeta español.
La diputada Gloria Sánchez Hernández, se refiere a la huelga de hambre por parte de miembros de esa corporación. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Luis Sánchez Aguilar, comenta carta del ciudadano argentino.
De la próxima sesión.
Presidencia de la diputada María Claudia Esqueda Llanes
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 295 diputados. Por lo tanto hay quorum.
La Presidenta (a las 11:53 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 16 de abril de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Michoacán, Tamaulipas y Quintana Roo.
Iniciativas de diputados
De Código Federal Electoral Socialdemocrático, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.
Oficio de la Cámara de Senadores
Por el que se comunica la mesa directiva que funcionará durante el lapso comprendido del 15 al 30 de abril en que culmina el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura.
Minutas
Con proyecto de decreto, que concede permiso al licenciado Servando Sepúlveda Enríquez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Francisco de Miranda en su Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Juan Autrique Gómez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la India en Monterrey, Nuevo León.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Tres, por los que se comunica que los ciudadanos Herminia Laura Buendía Cruz, María Villanueva de Aiello, Janett Carol Fuentes Montero, Luis Daniel Chanona Téllez, Francisco Escofet Villalvazo, Felipe Corrales Mancilla, Jorge Sánchez Urrutia, Ana Aleyda Serrato Martínez, Lorena Vizcaya Arellano, Beatriz Díaz Ceballos Oseguera y Sofía Margarita de la Peña Sánchez, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Peter Cadó Cortés, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Informe sobre el avance de la consulta nacional sobre derechos y participación indígena a cargo del diputado Roberto Pedraza Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al embajador Ricardo Galán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno de la República de Finlandia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pablo González Sada, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Grecia en Monterrey, Nuevo León, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sofía Román Palencia, para prestar servicios como asistente cultural en la Embajada de Suiza en México.
Comentarios
Sobre el aniversario luctuoso de Francisco J. Mújica, a cargo del diputado Joaquín Rodríguez Lugo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el fallecimiento del músico Luis Sandi a cargo de la diputada Irma Eugenia Cedillo y Amador, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre reforma política a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre promoción turística, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.
Sobre el problema en Tepoztlán, Estado de Morelos, a cargo del diputado Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre tarifas eléctricas, en Sinaloa a cargo del diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el natalicio de León Felipe, a cargo de la diputada Matilde del Mar Hidalgo y García Barna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre la huelga de hambre de la Policía Fiscal Federal, a cargo de la diputada Gloria Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre Enrique Gorriarán Merlo, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La secretaria Leticia Camero Gómez:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves once de abril de mil novecientos noventa y seis correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia de la diputada Osbelia Arellano López
En la Capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta y dos minutos y con una asistencia de doscientos ochenta y ocho diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una comunicación del diputado Leonel Efraín Cota Montaño, informando que opta por el cargo de presidente municipal de La Paz, Baja California Sur. De enterado.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y Zacatecas, informando de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En razón de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, diversas disposiciones de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Luis Manuel Jiménez Lemus, del Partido Revolucionario Institucional y para fundamentar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Humberto Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional y Mónica Gabriela Leñero Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional.
También hacen uso de la palabra, motu proprio, los diputados Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Luis Sánchez Aguilar.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y sin haber reserva de artículos para discutirlos en lo particular, la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y un votos en pro y uno en contra. Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma las diversas de los impuestos Sobre la Renta, al Activo, Especial Sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Alfonso Reyes Medrano, del Partido Revolucionario Institucional y para discutirlo en lo general, los diputados: Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo; Raúl Alejandro Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional; Ismael Alfredo Hernández Deras, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, motu proprio y Luis Sánchez Aguilar.
La Asamblea considera el dictamen suficientemente discutido en lo general y se reservan los artículos primero, segundo y tercero, para discutirlos en lo particular. La misma Asamblea autoriza a que la votación en lo general se realice al término de la votación en lo particular, en un solo acto.
Para expresar sus opiniones en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados: Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo, para rectificar hechos; Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, en el mismo sentido; Salvador Mikel Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, para rectificar hechos.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y autoriza a que la votación sea en lo general, en lo particular y por las proposiciones hechas durante el debate, misma que arroja los siguientes resultados:
Aprobado en lo general y en lo particular por doscientos sesenta y tres votos en pro y ciento treinta y cinco en contra; el artículo tercero, aprobado por doscientos sesenta y dos votos en pro y ciento treinta y seis en contra y las diversas proposiciones se desechan por ciento treinta y cinco votos en pro y doscientos treinta y tres en contra.
Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Para continuar con el orden del día, se realiza la elección de la mesa directiva que fungirá hasta el término del periodo de sesiones ordinarias y, después del escrutinio y cómputo correspondientes, resulta electa por trescientos cinco votos, la planilla integrada por los diputados: María Claudia Esqueda Llanes, como presidenta; Roberto Pedraza Martínez, Gonzalo Alarcón Bárcena, Ysabel Molina Warner y Serafín Núñez Ramos, como vicepresidentes; Florencio Catalán Valdés, Jesús Carlos Hernández Martínez, Leticia Camero Gómez y Héctor Miguel Bautista López, como secretarios y como prosecretarios, los diputados Francisco Javier Hernández Armenta; Raúl Ríos Magaña, Sergio Vázquez Olivas y César Humberto González Magallón.
Presidencia del diputado Ismael Orozco Loreto
Para referirse al peligro de la Encefalopatía Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad de las vacas locas, hacen uso de la palabra los diputados Alfonso Martínez Guerra, del Partido Acción Nacional, cuya intervención y documentos, se turnan a las comisiones solicitadas y Mario Alberto Valdés Berlanga, del Partido Revolucionario Institucional.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere a la reunión que los representantes de los grupos parlamentarios tuvieron con el Secretario de Relaciones Exteriores y propone una subcomisión para tratar todo lo referente al tráfico de drogas. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Para rectificar hechos sobre el mismo tema, hace uso de la palabra el diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática.
Expresan sus opiniones sobre el trato a indocumentados en los Estados Unidos de América, los diputados Froylán Velázquez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y Emilio Solórzano Solís, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Manuel de Atocha Chable Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a los problemas de personas con discapacitación.
Expresan sus opiniones sobre el llamado horario de verano, los diputados: José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, del Partido de la Revolución Democrática; María Carmen Zavala Medel, del Partido Revolucionario Institucional y para rectificar hechos, el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que reforma la Ley que Establece las Bases para la Ejecución en México, Por el Ejecutivo Federal del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Sube a la tribuna el diputado Luis Sánchez Aguilar, quien habla sobre el primer aniversario del conflicto de los trabajadores de la desaparecida empresa Ruta-Cien.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Rodríguez López, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere al accidente ocurrido en los Estados Unidos de América, en el que perdieron la vida mexicanos del Estado de Michoacán.
Para referirse a problemas en Tepoztlán, Morelos, hacen uso de la palabra los diputados Carlota Angela Rosa Botey y Estape, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, de Derechos Humanos, de Reforma Agraria y de Ecología y Medio Ambiente; Juan Salgado Brito, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Antonio Tallabs Ortega, del Partido Acción Nacional y Raúl Ramírez Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
Para referirse a las declaraciones políticas del arzobispo de Guadalajara, Jalisco, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, hace uso de la palabra el diputado César Humberto González Magallón, del Partido del Trabajo.
El Presidente agradece la colaboración de los vicepresidentes, secretarios y prosecretarios, durante el tiempo que estuvieron en funciones.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con treinta y cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
El diputado Jesús Carlos Hernández Martínez:
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
De acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 constitucional, durante el pasado mes de noviembre, el Ejecutivo Federal presentó ante esta soberanía el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1996, para su examen, discusión y en su caso, aprobación.
Por lo anterior y en base al artículo segundo transitorio, en donde dispone que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé cuenta a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los ajustes en la distribución de los recursos a que se refiere ese artículo, en un plazo no mayor de 90 días posteriores a la entrada en vigor del decreto del presupuesto, nos permitimos anexarle copia del documento que enviara el doctor Santiago Levy Algazi, subsecretario de egresos, para cumplir con los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, le reiteramos nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, abril 10 de 1996.- Diputados: Antonio Sánchez Gochicoa, presidente; Marcos Parra Gómez, Raúl Livas Vera, José Manuel García García y Eduardo Guzmán Ortiz, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE MICHOACAN
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.- Morelia.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Nos permitimos hacer de su conocimiento, que el día 15 de marzo en curso, la LXVII Legislatura constitucional del honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, concluyó su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio legal.
Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar.
Presentamos a usted la seguridad de nuestra alta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 1996.- diputados Serafín Ríos A. y Ramón Maya Morales, secretarios.»
De enterado.
El secretario Francisco Javier Hernández Armenta:
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.- Morelia.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Para todos los efectos legales a que haya lugar, nos permitimos informar a ustedes que con fecha 15 de marzo en curso, quedó instalada la diputación Permanente de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual estará en funciones hasta el día 15 de junio del presente año, estando integrada de la siguiente manera:
Presidente: Héctor Terán Huerta; secretarios: Serafín Ríos Alvarez, Francisco José Pérez Pérez; primer vocal: Sergio López Melchor y segundo vocal: Mario Magaña Juárez.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 1996.- Diputados: Serafín Ríos A. y Francisco José Pérez Pérez, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El secretario Sergio Vázquez Olivas:
«Escudo Nacional.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Con fundamento en las disposiciones internas que rigen las actividades legislativas de este honorable Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria celebrada este día, fueron electos los legisladores: Lamberto Rocha Gómez, Luis Lauro García Barrientos, Ranulfo de Jesús Pérez Ruiz y J. Guadalupe Medina Bernal, como presidente, secretarios y suplente, respectivamente, para la integración de la diputación permanente que dirigirá los trabajos durante el receso del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legal de la LVI Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
Sin otro particular, nos es grato reiterar nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 27 de marzo de 1996.- Diputadas: María Doris Hernández Ochoa y María Dolores Salomón Villanueva, secretarias.»
De enterado.
ESTADO DE QUINTANA ROO
El secretario Raúl Ríos Magaña:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
De conformidad con los artículos 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 13 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, nos permitimos comunicarles que la VIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, se declaró legítimamente constituida en sesión celebrada el día 24 de marzo de 1996, previa protesta de ley, quedando integrada por los siguientes diputados:
I distrito: Elina Elfi Coral Castilla, Francisco Alcocer Ojeda, suplente; II distrito: Jorge Mario López Sosa, Martha Elena Morgan Arias, suplente; III distrito: María Esther Montúfar Bailón, Miguel Angel Medina Pérez, suplente; IV distrito: Miguel Soriano Muñoz, Rafael Martínez, suplente; V distrito: Israel Barbosa Heredia, Mauro Javier Uc Medina, suplente; VI distrito: José Domingo Flota Castillo, David Gómez Tox, suplente; VII distrito: Francisco Javier Novelo Ordóñez, Carmela Alvarez Chay, suplente; VIII distrito: Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Cosme Damián Rivera Medina Joaquín, suplente IX distrito: Mariano Toledo Sánchez, María Josefina Muza Simón, suplente; X distrito: Carlos Javier Cardín Pérez, Alfredo Canché y Pool, suplente; XI distrito: Mario Bernardo Ramírez Canul, José Ismael Fernández Fernández, suplente; XII distrito: Antonio Rico Lomelí, Cipriano Jiménez Catalán, suplente; XIII distrito: Mildred Concepción Avila Vera, José Medardo Gamboa, suplente; XIV distrito: Iván Rafael Santos Escobar, Saltiel Montalvo Marín, suplente; XV distrito: Olegario Tah Balam, Raymundo Herrera Llanes, suplente; PAN: Alicia Concepción Ricalde Magaña, Rosendo Ramón Cen Pérez, José Ynés Peraza Azueta, Miguel A. Gómez Hernández, María Florinda Quiñones Villanueva, David José Lizama Vado, Alvaro Ricardo Lozano Ocampo; PRD: Luis Orlando Pérez Escobedo, Isaías Góngora Basto y Rosendo Urich Mis.
Asimismo, se eligió la mesa directiva que fungirá en el primer mes del primer año de ejercicio constitucional, la cual quedó integrada de la siguiente forma:
Presidente: Carlos Cardín Pérez; vicepresidente: Antonio Rico Lomelí; secretario: Iván Rafael Santos Escobar y prosecretario: Isaías Góngora Basto.
El día 26 de marzo de 1996, en sesión solemne, se declaró abierto el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional A la que asistió el ingeniero Mario E. Villanueva Madrid, gobernador constitucional del Estado, para rendir su III informe de gobierno.
Sin más por el momento a que referirnos, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 27 de marzo de 1996.- El diputado Iván Rafael Santos Escobar, secretario.»
De enterado.
CODIGO FEDERAL ELECTORAL
La Presidenta:
Tiene la palabra, el diputado Luis Sánchez Aguilar, para presentar iniciativa del Código Federal Electoral Socialdemocrático.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El día de ayer concluyó la denominada mesa de Barcelona. Ahí se reunió un grupo de amigos durante seis meses, a tomar café, convocados por Emilio Chuayffet; los líderes de tres partidos políticos, produjeron el parto de los montes. ¿Quiénes son ellos, por otra parte, para arrogarse la facultad que corresponde originariamente a esta representación nacional, para concebir y debatir el nuevo orden constitucional respecto de la reforma del Estado.
Esos partidos, compañeras y compañeros diputados, en las últimas 10 elecciones locales celebradas en nuestro país, sólo pudieron llevar a las urnas a un promedio del 13.4% del electorado. En las últimas elecciones en el Distrito Federal, de consejeros ciudadanos, aunque teóricamente no participaban los partidos, pero era obvio que a trasmano lo hicieron, sólo indujeron al 9.2% de la ciudadanía y en la más reciente de las elecciones, celebradas en el Distrito Federal, para elegir jefes de manzana, sólo pudieron impulsar al 4.8% de la ciudadanía. Indice de abstención: más del 95%.
Con semejante limitación en el panorama electoral y de representatividad político-social, esos partidos y las propuestas que ellos hagan, así tengan el aval del Secretario de Gobernación, no representan absolutamente nada para la colectividad nacional. Es la colectividad de la nación, por conducto de su representación en esta honorable Cámara, la que debería iniciar un diálogo alternativo que supere las deficiencias del que se denominó: "Diálogo de Barcelona".
Las pláticas en el Palacio de Cobián, se manejaron bajo el rubro de la reforma electoral definitiva. Aquí viene el primer reconocimiento al fracaso:
No se atrevieron a una reforma política integral, menos a la reforma del Estado y mucho menos, para los priístas, a la reforma del poder como el candidato priísta Colosio, había anunciado en su momento.
Produjeron algunas modificaciones que de ninguna manera cambian el entorno global del aparato electoral. Fue, decíamos, desafortunado decir que la reforma era definitiva, lo cual viene a confirmar que las 36 reformas electorales anteriores, las 15 reformas políticas anunciadas desde la época de Venustiano Carranza, fueron sólo preliminares, tentativas, engañosas y marrulleras y desafortunado también es el término definitivo cuando se cierra la posibilidad de nuevos avances para perfeccionar todo sistema político.
La propuesta que ayer se publicitó mantiene el perverso régimen registral de partidos que es contrario a la Constitución; el artículo 41 de la Carta Magna que declara a los partidos entidades de interés público, de ninguna manera contempla ni sugiere que los partidos para existir deban contar con el reconocimiento o desconocimiento de un grupo de notables. Los partidos en cualquier sociedad democrática son la decisión de los propios militantes y son éstos los que deben sólo comunicar al Gobierno su decisión de constituirse como tales, su decisión de participar en procesos electorales se trata pues de un simple aviso.
Pero no, en este régimen fascistoide y prerrogativo para que alguien exista necesita pedir permiso, es tan ridículo como suponer que a un niño se le puede negar la existencia sólo porque el oficial del Registro Civil diga que no nació, que es nonato.
Es ridículo exigirle a los sindicatos el reconocimiento de la Secretaría del Trabajo para que puedan existir, cuando el sentido común establece que basta con la libre voluntad de los trabajadores para que el gremio tenga vida.
Es ridículo, como lo hizo Salinas, someter al registro a las iglesias para reconocer a la Iglesia Católica con 2 mil años en su fase cristiana de antigüedad, hubo que irle a pedir permiso al Secretario de Gobernación; semejante despropósito sólo puede ocurrir en un régimen totalitario y la mesa de Barcelona mantiene el esquema totalitario de la concepción partidaria.
Mantiene también, para los efectos electorales, el control directo vertical, desde la cúpula hasta la base del proceso electoral en manos del Gobierno, desde la junta ejecutiva del IFE hasta la última de las casillas; mantiene un sistema de consejeros hasta hoy denominados ciudadanos lo cual era ridículo porque no podrían dejar de ser ciudadanos y todos son ciudadanos aun los que no se denominan así, ahora se denominarían consejeros electorales.
Se mantiene la función de ornato de estos individuos frente a la función omnímoda del director del IFE y de la burocracia que de él depende; así tendremos aquí una analogía entre ellos y esos consejos de administración de la banca, que nada pueden ante las facultades del director general, ese mismo criterio empresarial y capitalista es el que subsiste en la propuesta de la mesa de Barcelona y se crea un sistema que nosotros no dudamos en calificar de perverso, diabólico, un sistema ilusorio para hacer creer que esos nuevos consejeros sin la presencia de un secretario de Gobernación en la Presidencia van a poder resolver democrática y efectivamente las grandes cuestiones electorales.
Compañeros diputados: se trata de una simple ilusión. La junta ejecutiva del IFE, el director de esa burocracia con los poderes de que va a seguir disfrutando y algunos más que se le agregan, sólo le va a presentar al honorable consejo las dos opciones, la "A" y la "B" para que los nuevos consejeros electorales resuelvan. Esto es para que escojan entre lo malo o lo peor, para que escojan por decirlo en términos electorales, entre un Carlos Salinas o un Miguel de la Madrid, que es lo mismo de optar entre un Dillinger o un Al Capone.
Este es el esquema que hoy se le pretende vender a esta Cámara de Diputados con una iniciativa de inminente arribo y con la amenaza, atención compañeras y compañeros diputados, de que las fracciones de los tres partidos que se mantuvieron en todas las sesiones del Palacio de Cobián, deberían aprobar en bloque, sin que ustedes tengan ninguna facultad para discutir o analizar, ellos ya resolvieron, ustedes no existen, no tienen talento, iniciativa ni imaginación, deberán disciplinarse todos como lo ordena la burbuja a la mayoría priísta.
Los diputados independientes deberían rebelarse ante ese proyecto y presentar aquí sus propias iniciativas de carácter alterno con relación a la reforma ya no del Estado, ya no del poder, ya no la gran reforma política, sino sólo en materia electoral y con esta fecha venimos a presentar una iniciativa que se intitula "de Código Federal Electoral Socialdemocrático", cuya sigla es Cofesod, esta iniciativa es reglamentaria de aquella que presentamos ante esta soberanía bajo el título de nueva Constitución Socialdemocrática el 28 de abril de 1995.
Hacemos notar a la Presidencia de esta Cámara, que a un año vista, esa iniciativa violando los reglamentos no ha sido aún dictaminada; no obstante ello, venimos a presentar ésta que es reglamentaria de la anterior bajo los siguientes considerandos:
La soberanía nacional es el poder supremo que tiene el pueblo mexicano para autodeterminarse. Dicho poder no estará sometido al control de otra nación u organismos extranjeros; por ningún motivo podrán operar en territorio agencias o agentes extranjeros de investigación, policiacos o militares de cualquier índole, la ley castigará severamente a los infractores de esta norma y duplicará la pena correspondiente a aquellos que realicen dichas actividades encubiertamente.
Igualmente se castigará a los mexicanos que cometan actos de espionaje en contra de sus connacionales. Esto para enfrentar la inminente iniciativa neopanista que se denomina ley contra el crimen organizado.
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, popular, representativa y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Constitución General de la República.
El pueblo ejerce su soberanía directamente con la elección, el plebiscito y el referendum, e indirectamente por medio de sus representantes en los órganos del Estado nacional mexicano, en el caso de la competencia de éste y por los de las entidades federadas en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos establecidos por la Constitución Federal y por las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.
Los representantes populares sólo podrán normar procedimientos y reformarlos cuando sea necesario y ejecutarlos para lograr los objetivos nacionales.
Los órganos para la administración pública del Estado mexicano, que se denominarán ministerios, son: de elección y consulta popular, el consejo del poder popular; de previsión, el consejo de planeación, el consejo de la reserva federal y el consejo de la propiedad nacional; de gobierno, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; de control, el consejo de seguridad nacional y el consejo de la Contraloría y el de coordinación, el consejo de ministros. Estos órganos son la máxima autoridad en su materia y son autónomos e independientes entre sí, por lo que ninguno de ellos controlará ni dirigirá las decisiones de los otros.
Las funciones y los funcionarios de un órgano del Estado, no podrán serlo de otro, a excepción de los ministros para el único objeto de conformar el consejo de ministros, que será coordinado por el Presidente de la República.
Los ministros de la corte serán de elección popular, para impedir que el Presidente de la República, de acuerdo a la Constitución actual y bajo maniobras diversas, los nombre, pues hay abierta contradicción a dicha Carta Magna que establece que no podrán reunirse dos o más de los poderes en una sola persona.
La constitución de partidos y de coaliciones actualmente no es libre, éstos se constituyen sólo si el llamado Instituto Federal Electoral, controlado por el Presidente de la República, otorga el permiso a quienes son sus comparsas. Tampoco es libre el registro de candidatos en una contienda electoral, ya que sólo los partidos que tienen permiso, los registrados, pueden postularlos.
La prohibición de candidaturas comunes, le impide a los ciudadanos la libertad de expresión y de elección. La existencia del Tribunal Federal Electoral confunde el espacio reservado a la Corte de Justicia como órgano jurisdiccional del Estado.
Están obligados en el Código Electoral Socialdemocrático, los partidos sólo a informar de su existencia, no a someterse a un régimen registral. Hoy los partidos están obligados siempre a participar en una elección, bajo la pena de no hacerlo de perder su registro, esto es, no estarían constituidos como tales según el código actual.
Los partidos no sólo tienen la tarea de participar en comicios, tienen entre otras las de divulgar su ideología, capacitar recursos humanos y formar cuadros. No debe por tanto haber ley que obligue a realizar dichas tareas en un orden determinado y menos aún participar a fortiori en una competencia. Esto ha sido así porque el Gobierno fuerza a partidos comparsa para dar la apariencia de un régimen democrático.
El sistema de elección de candidatos a servidores públicos en una sola vuelta con mayoría relativa, ha permitido, independientemente del fraude electoral, que dichos servidores sean electos por una pequeñísima parte del electorado. Esto no les da legitimidad.
El Gobierno debe quedar fuera de las decisiones del órgano electoral y de consulta popular. La constitución de partidos políticos y de coaliciones, serán decisión libre de los ciudadanos que tengan afinidad ideológica. Los candidatos de puestos de elección popular serán postulados por los ciudadanos a través de partidos y de grupos independientes. Los ciudadanos podrán postular candidatos comunes.
El órgano máximo en materia electoral y de consulta popular, será el consejo del poder popular, cuyas decisiones serán tomadas exclusivamente por los consejeros cívicos y de partido que lo integran; las controversias electorales serán resueltas por la corte de justicia.
Se suspenderá el acto reclamado cuando se interpongan recursos en contra de la calificación o de constancia de mayoría en un proceso electoral y en la interposición de cualquier recurso se admitirá cualquier tipo de prueba.
Para postular candidatos partidistas de coalición o independientes a cargos de elección popular, diferentes o comunes a los postulados por otros ciudadanos, el secretario técnico del consejo del poder popular los inscribirá obligatoriamente en el proceso electoral con sólo verificar que sean elegibles, de acuerdo a este ordenamiento y que tienen el aval de 10 mil firmas para los casos de Presidente de la República, ministros, contralor y canciller; de 5 mil para diputados federales, esta iniciativa contempla la desaparición del Senado por inoperante y de 3 mil para jueces de circuito y de 1 mil para jueces de distrito. Para jueces de la corte se propone el aval de 5 mil firmas.
Esta Cámara de Diputados se integrará por 400 diputados uninominales, electos en comicios locales en sus respectivas entidades federativas. Los partidos pueden no participar en elecciones sin que haya pena alguna por parte de la autoridad. Los candidatos a servidores públicos, miembros de los órganos del Estado, se someten a ser declarados física y mentalmente aptos para ellos, para evitar que orates como Salinas puedan acceder a la Presidencia y a ser electos por mayoría absoluta de votos válidos, en una única vuelta si son dos candidatos y si son más y ninguno la obtiene en la primera vuelta, participarán en una segunda, una semana después, sólo los dos primeros lugares de aquélla y por mayoría absoluta de los empadronados y en una única vuelta si es un solo candidato y de no obtenerla se convocará a nueva elección.
De acuerdo a la nueva Constitución Socialdemocrática, los titulares de los 10 órganos máximos de la administración pública serán electos por el voto libre y secreto. El Presidente de la República, el canciller y el contralor serán electos popularmente; los ministros de los consejos de planeación de la reserva federal, de la propiedad nacional, de seguridad nacional y del Congreso y de la corte, serán electos indirectamente. El ministro del consejo del poder popular será electo directamente por la sociedad civil, participante en la política a través de los partidos y grupos políticos.
El Congreso realizará tres periodos ordinarios por año, del 15 de enero al 15 de marzo, del 15 de mayo al 15 de julio y del 1o. de octubre al 15 de diciembre.
Por lo expuesto, los socialdemócratas proponen a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el cual consta de 102 artículos y un transitorio único.
Por brevedad, señora Presidenta, entregaremos a la Secretaría el texto con la petición de que sea incluido en el Diario de los Debates.
«PROYECTO DE CODIGO FEDERAL ELECTORAL SOCIALDEMOCRATICO
(Cofesod)
CAPITULO I
De los ciudadanos
Artículo 1o. Los ciudadanos mexicanos tienen el derecho a:
a) Votar en elecciones y en consultas populares, por vía directa, libre, universal y secreta.
b) Postular candidatos partidistas, de coalición o independientes, a cargos de elección popular, diferentes o comunes a los postulados por otros ciudadanos. El secretario técnico del consejo del poder popular los inscribirá en el proceso electoral correspondiente con sólo verificar que sean elegibles, de acuerdo a este ordenamiento y que tienen el aval de 10 mil firmas para los casos de Presidente de la República y ministros, contralor y canciller, de 5 mil para diputados federales y jueces de la corte, de 3 mil para jueces de circuito y de 1 mil para jueces de distrito.
En todo caso, el secretario mencionado, durante el periodo de registro de candidaturas en un proceso electoral debe inscribir a los candidatos en el acto en que se le solicite por escrito.
c) Organizarse libremente en partidos políticos. Estos tendrán personalidad jurídica cuando se constituyan 500 personas ante notario público para manifestar su voluntad de asociarse en torno a una ideología política y a una estructura determinadas por ellas mismas y, el partido que solicite por escrito integrarse al consejo del poder popular, por ese solo hecho, debe ser adscrito a éste, en ese acto, por el secretario técnico de dicho consejo.
Artículo 2o. El plebiscito y el referendum son las resoluciones adoptadas por los ciudadanos de la República en consultas populares, para determinar el cambio de un ministro del Estado, en el primer caso y la forma y estructura del Estado mexicano y de su Gobierno o grandes cuestiones u objetivos nacionales, en el segundo; se realizarán a más tardar seis meses después de recibida la solicitud correspondiente, avalada por lo menos con las firmas del 1.5% de los ciudadanos del país; serán obligatorios con la mayoría absoluta del total de votos válidos. El resultado de la consulta popular es inatacable y será remitido al consejo correspondiente para su inmediato y estricto cumplimiento. No podrá verificarse nueva consulta popular sobre el mismo asunto sino tres años después.
Artículo 3o. Los ciudadanos de todas las entidades federativas elegirán a los funcionarios del Estado durante el primer miércoles y el segundo, en su caso, de octubre de cada tres años, en elección local o regional, según se trate, los diputados y jueces locales, ayuntamientos y alcaldes constitucionales, los diputados federales que les corresponda al Congreso de la Unión y cuando haya la vacante, los jueces de distrito, de circuito, unitario o colegiado y un juez a la Corte de la Nación. De igual manera, cada seis años, en elección federal, Presidente de la República, canciller y contralor, en los términos del artículo siguiente.
CAPITULO II
De los funcionarios del Estado
Artículo 4o. Todos los miembros de los órganos del Estado serán electos, excepto los secretarios del gabinete, directa y secretamente, previa acreditación de gozar de una salud física y mental excelente, por mayoría absoluta de votos válidos, en una única vuelta si son dos candidatos y si son más y ninguno la obtiene, en primera vuelta, participarán en una segunda, una semana después sólo los dos primeros lugares de aquélla; y por mayoría absoluta de los empadronados en una única vuelta si es un solo candidato y de no obtenerla se convocará a nueva elección; se denominarán funcionarios y tendrán voz y voto en sus respectivos consejos; podrán desempeñar comisión o encargo de la Federación no remunerados, con licencia previa del ministerio correspondiente o del Congreso en el caso de los ministros; al entrar a ejercer el cargo, protestarán guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen ante el ministro del órgano respectivo o ante el Congreso en el caso de los ministros; tendrán fuero constitucional y sólo podrán ser privados de su cargo y ser procesados en los términos del Título Cuarto de la Constitución; podrán gozar de licencia para ausentarse de sus labores, por un plazo nunca mayor de dos meses, en un año, siendo sustituidos en el periodo de ausencia por el suplente respectivo; sesionarán en el domicilio del órgano respectivo al menos una vez al trimestre y sus reuniones serán públicas, excepto las de los consejos de la reserva federal, de seguridad nacional y el de ministros y serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, entre ellos el titular, quien las presidirá con voto de calidad y sus acuerdos se tomarán por consenso o, en su defecto, por mayoría simple, con excepción de los que reformen la Constitución que lo serán por mayoría calificada de dos tercios.
CAPITULO III
De los ministros
Artículo 5o. Los titulares de los órganos del Estado presidirán éstos y se denominarán ministros; nombrarán al personal ejecutivo y administrativo adecuado para desahogar los trabajos respectivos; no podrán tener cargo partidista ni participar en campaña electoral pública; la responsabilidad penal en la que incurran será exigible en un plazo de prescripción nunca inferior a 10 años; ejecutarán las resoluciones adoptadas en consulta popular; podrán ser reelectos en cualquier tiempo, excepto los del consejo de ministros, del gabinete y de la Contraloría, siendo el primero el jefe del Estado, con el nombre de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o de la República, el segundo el jefe del Ejecutivo o del gabinete con el nombre de canciller y el tercero el auditor nacional con el nombre de contralor. El canciller informará al pueblo, ante el Congreso de la Unión, del estado que guarda la nación, el 15 de enero de cada año.
Artículo 6o. El Congreso elegirá a los ministros de los consejos de planeación, de la propiedad nacional, de la reserva federal y de la seguridad nacional, a los 30 días siguientes a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de la legislatura correspondiente. Al efecto, en los dos primeros casos los diputados propondrán los candidatos y en los últimos, el Presidente de la República propondrá una terna, a más tardar 15 días antes de la fecha de la elección.
Artículo 7o. Para ser ministro se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos e hijo de padres mexicanos por nacimiento:
II. Tener, al menos, 35 años cumplidos al tiempo de la elección:
III. Haber residido en el país durante el año anterior al día de la elección:
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto:
V. En los casos de Presidente de la República, canciller y contralor, no estar en activo del servicio público cuando menos seis meses antes al día de la elección:
VI. En el caso del ministro del poder popular, no pertenecer a ninguno de los grupos en contienda.
Artículo 8o. Los ministros de elección popular entrarán a ejercer su encargo el 1o. de diciembre, durarán en él seis años y en el caso de su falta absoluta ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará un ministro interino. Dentro de los 10 días al de la designación de éste, el consejo del poder popular expedirá la convocatoria para la elección extraordinaria, del ministro que debe concluir el periodo respectivo, con los mismos plazos establecidos para la elección ordinaria.
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego, un ministro provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso, para que éste, a su vez, designe al interino y el consejo del poder popular expida la convocatoria a elecciones en los términos del párrafo anterior.
Cuando la falta ocurriese en los últimos cuatro años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al ministro sustituto que deberá concluir el periodo; si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en colegio electoral y haga la elección del sustituto.
Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el ministro electo o la elección no estuviere hecha y declarada el 1o. de diciembre, cesará el ministro cuyo periodo haya concluido y se encargará del ministerio correspondiente el que designe el Congreso de acuerdo a lo previsto en este artículo.
Cuando la falta sea temporal y por más de 30 días y el Congreso de la Unión no estuviese reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que éste resuelva sobre la licencia y nombre, en su caso, al ministro provisional. Si la falta de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone este artículo.
Artículo 9o. El cargo de ministro sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia, con excepción del ministro del poder popular quien lo hará ante su respectivo consejo.
Artículo 10. Todos los ministros, al tomar posesión de sus cargos harán ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro (agregando en seguida la denominación específica), que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande".
Artículo 11. Ningún ministro podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente en su caso y al terminar su encargo nunca podrá colaborar con entidades extranjeras, excepto con propósitos docentes, científicos, literarios, artísticos o humanitarios no remunerados. La infracción a lo anterior se castigará con la pérdida de la nacionalidad.
CAPITULO IV
De la elección e instalación del Congreso
Artículo 12. El órgano Legislativo se deposita en una Cámara que se denominará Congreso General, integrado por 400 representantes del pueblo denominados diputados, electos en su totalidad cada tres años, mediante el sistema de distritos electorales uninominales. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.
La demarcación territorial de los 400 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados.
Artículo 13. El Congreso debe instalarse el 15 de enero del año posterior al de la elección, para celebrar el primer periodo de sesiones ordinarias, hasta el 15 de marzo siguiente y los presentes, en su caso, deberán compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ése solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante ese puesto y se convocará a nuevas elecciones. El segundo periodo ordinario será del 15 de mayo al 15 de julio y el tercero del 1o. de octubre al 1o. de diciembre, de cada año.
CAPITULO V
Del Poder Judicial
Artículo 14. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte de Justicia, en tribunales de circuito, colegiados y unitarios y en juzgados de distrito.
Los juzgados de distrito tendrán un titular electo en el distrito electoral que le corresponda y los tribunales de circuito se integrarán con los jueces electos en los estados a cuyo circuito regional pertenezcan.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 32 jueces electos en comicios locales, uno por cada entidad federativa y funcionará en pleno o en salas.
Artículo 15. Para ser juez se necesita:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles:
II. Tener al menos, el día de la elección, 35 años para la Corte, 30 para el circuito y 26 para el distrito:
III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cuatro años, título profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello:
IV. Gozar de excelente reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal y
V. Haber residido en el país durante los últimos cinco años.
Artículo 16. Todos los jueces durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren reelectos en tres periodos consecutivos serán inamovibles.
Artículo 17. Si faltare un juez por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente de la Corte lo comunicará al consejo del poder popular correspondiente, para que éste expida la convocatoria a la elección de quien deba cubrir la vacante.
Artículo 18. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias derivadas de las elecciones de Presidente de la República, canciller, contralor y de jueces de circuito.
CAPITULO VI
De los partidos políticos y de las coaliciones
Artículo 19. Los partidos políticos son entidades de interés político y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio de la función pública, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.
Artículo 20. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso permanente de franquicias postal y telegráfica y de 15 minutos mensuales o su equivalente, en frecuencias de radio e igualmente en canales de televisión y una plana mensual o su equivalente, en tres diarios de su elección y a participar en las elecciones federales, estatales y municipales, individualmente o en coalición.
Artículo 21. Los partidos deberán tener un domicilio social; se abstendrán de utilizar símbolos, expresiones, alusiones o fundamentaciones religiosas en su propaganda; presentarán sus programas, a la radio y televisión y sus documentos a los diarios correspondientes, con anticipación mínima de 24 horas a la fecha que deban ser difundidos; se financiarán exclusivamente con aportaciones de personas físicas o morales mexicanas radicadas en el país, excepto de asociaciones religiosas y de crédito, de ministros de culto y de los órganos del Estado salvo los casos que estipula la ley; presentarán un informe financiero anual de obtención y aplicación de recursos al consejo del poder popular; no pagarán impuestos sobre las operaciones que realicen o los donativos que reciban para el ejercicio de sus funciones; podrán ser miembros del consejo del poder popular; podrán postular candidatos de elección popular y tener representantes en los órganos electorales correspondientes y perderán ese carácter por falsedad en la información para obtenerlo.
Artículo 22. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para cualquier proceso electoral.
Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.
Artículo 23. La coalición actuará como un solo partido y por lo tanto, la representación de la misma sustituye para todos los efectos a que haya lugar a la de los partidos políticos coaligados; deberá ser inscrita en el proceso electoral correspondiente, por el secretario técnico del consejo del poder popular, en el acto en que se le presente la solicitud respectiva.
CAPITULO VII
De los órganos electorales y de consulta popular
Artículo 24. Los órganos electorales y de consulta popular son los consejos del poder popular, federal, estatales, municipales, distritales y de casillas. Los consejos del poder popular regionales conducen sólo a elecciones. Los consejos de casillas estarán sujetos a la autoridad funcional del consejo de cuya elección o consulta sea responsable.
Artículo 25. Los consejos del poder popular de los estados y de los municipios, de acuerdo a sus leyes, conducirán las consultas populares locales. Los primeros conducirán además, las elecciones de gobernador y las de jueces de la Corte y los segundos, los de ayuntamientos y alcaldes constitucionales. Los consejos distritales conducirán los comicios de jueces locales y federales de distrito y los de diputados locales y federales. Los consejos regionales conducirán las elecciones de los jueces de circuito. Dichos consejos declararán la validez de los procesos que conduzcan y otorgarán las constancias respectivas a los candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos. Las resoluciones electorales podrán ser impugnadas ante los tribunales que corresponda. El resultado de una consulta popular es inatacable y será remitido al órgano local correspondiente para su inmediato y estricto cumplimiento.
Artículo 26. Los consejos de casillas computarán los votos de todas las elecciones y consultas populares locales y federales. Al término de la votación correspondiente, transmitirán de inmediato los resultados, al consejo del poder popular federal, en el caso de consulta nacional o elección de Presidente de la República, canciller y contralor, al estatal, en el de consulta estatal o elección de gobernador, de jueces federales de circuito y de la Corte; al municipal, en el de consulta municipal o elección de ayuntamientos y alcaldes constitucionales; al distrital, en el de elección de diputados locales y federales y de jueces locales y federales de distrito; al regional en el de jueces de circuito y remitirán a éstos mismos consejos la documentación electoral respectiva, inmediatamente después de clausurada la casilla.
CAPITULO VIII
Del consejo del poder popular federal
Artículo 27. El consejo del poder popular federal tiene su domicilio en el Estado de Anáhuac y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional a través de los consejos de casillas.
Artículo 28. El consejo del poder popular federal estará integrado por un secretario técnico, electo por el consejo de ministros y previa inscripción ante dicho secretario, por un representante de cada partido político nacional legalmente constituido, participe o no en los procesos electorales y por uno de cada candidato postulado por un grupo de ciudadanos, que participe, en cualquiera de las elecciones de un periodo comicial, llamándose el primero consejero de partido o de coalición si es el caso y el segundo consejero cívico; expedirá las convocatorias para elecciones populares ordinarias y extraordinarias, de Presidente de la República, canciller y contralor y para los plebiscitos y referendum; preparará, desarrollará, vigilará y calificará la validez de dichos procesos; otorgará las constancias respectivas a los candidatos, que hubiesen obtenido mayoría de votos; remitirá al consejo correspondiente el resultado de las consultas populares y realizará los convenios necesarios con las entidades federativas, para coordinar los recursos materiales y humanos y para usar los padrones estatales, en las elecciones federales.
Artículo 29. La calificación y las constancias señaladas en el artículo anterior podrán ser impugnadas ante la Corte de Justicia en los términos de esta ley. La interposición del recurso correspondiente producirá efectos suspensivos del acto o resolución impugnados.
Artículo 30. Los órganos del consejo son la Asamblea, la dirección general y la secretaría técnica. La Asamblea se integra con los consejeros de partido, cívicos y de coalición, quienes designarán al director. Este, igual que el secretario, asistirá a las reuniones de la Asamblea con voz pero sin voto.
Artículo 31. Durante los procesos electorales el consejo sesionará por lo menos una vez por mes.
Artículo 32. La Asamblea tendrá las facultades de: ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de aquellos que así lo determine; ordenar los estudios y proyectos para la división del territorio de la República en 400 distritos electorales uninominales y en cinco circuitos regionales y la capital de la entidad federativa que será la cabecera de cada una de ellas; aprobar el modelo de la credencial de identificación del ciudadano, base para los padrones electorales de las entidades federativas, en convenio con éstos; conocer los informes de operación y aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del mismo, que presente el director general del consejo; resolver los recursos de revisión y demás actividades que le competan de acuerdo a este código.
Artículo 33. Corresponden al ministro electoral las atribuciones siguientes: convocar y conducir las sesiones de la Asamblea del consejo; vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por ella; proponer a la Asamblea para su aprobación, al nombramiento del director general del consejo y anualmente, el anteproyecto de presupuesto del consejo; remitir éste a la consideración del canciller, de acuerdo a la ley de la materia y las demás que le confiera este ordenamiento.
Artículo 34. Corresponde al secretario técnico: auxiliar a la Asamblea y a su Presidente en el ejercicio de sus atribuciones; preparar el orden del día de las sesiones de la Asamblea; declarar la existencia del quorum; dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación de los consejeros asistentes; informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del consejo; dar cuenta con los proyectos de dictamen de las comisiones; coordinar, en elección federal, a los consejos de casillas y acciones con las entidades federativas para el uso de los padrones estatales; preparar para la aprobación de la Asamblea, el proyecto de calendario para elecciones extraordinarias, de acuerdo con las convocatorias respectivas; recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos o resoluciones de los consejos de casillas y preparar el proyecto correspondiente; recibir y dar trámite a los recursos que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del consejo, informándoles sobre los mismos en su sesión inmediata; integrar los expedientes con las actas del cómputo de los consejos de casillas y dar cuenta a la Asamblea con los informes que sobre las elecciones reciba de dichos consejos; informar al consejo de las resoluciones que le competan dictadas por la Corte de Justicia; llevar el archivo del consejo; expedir los documentos que acrediten la personalidad de los consejeros; firmar, junto con el presidente del consejo, todos los acuerdos y resoluciones que emita y lo demás que le sea conferido por este código, la Asamblea y su presidente.
Artículo 35. Corresponde al director general representar legalmente al consejo; someter al conocimiento y en su caso, a la aprobación de la Asamblea los asuntos de su competencia; cumplir los acuerdos de la misma; ministrar a los partidos, coaliciones y candidatos independientes, los elementos necesarios a que tienen derecho; presidir la comisión de radiodifusión; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del consejo; proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie la Asamblea y a los órganos del consejo de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; establecer el sistema necesario para el conocimiento inmediato en la Asamblea, de los resultados de las elecciones; dar a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, distrito y entidad federativa, una semana después del día de la votación; recibir, para efectos de información y estadísticas electorales, copias de los expedientes de todas las elecciones; elaborar anualmente, de acuerdo con las leyes aplicables, el anteproyecto de presupuesto del consejo para someterlo a la consideración del presidente del mismo; ejercer las partidas presupuestales aprobadas; otorgar poderes a nombre del consejo para actos de dominio, de administración y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial o ante particulares.
Para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al consejo o para otorgar poderes para dichos efectos, el director general requerirá de la autorización previa de la Asamblea y lo demás que disponga este código.
CAPITULO IX
De los consejos del poder popular regionales, estatales, municipales,distritales y de casilla.
Artículo 36. Los consejos del poder popular estatales, municipales y distritales, se integrarán de acuerdo a las leyes locales, en forma equivalente al del consejo del poder popular federal; tendrán las responsabilidades que aquéllas y este código les asigne y sus integrantes, al igual que los de casillas, protestarán cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes que de ella emanen.
Artículo 37. Los consejos regionales se integrarán con un secretario técnico, que será un ciudadano electo en los términos del artículo 4o. de este código, por los presidentes de los consejos estatales, comprendidos en el circuito respectivo y con un representante de cada partido nacional, regional o local, que desee integrarse y con uno de cada candidato postulado por un grupo de ciudadanos, en los términos de los artículos 1o. inciso c y 28 de esta norma.
Artículo 38. Los consejos de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 400 distritos electorales.
Los consejos de casilla tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.
En cada sección electoral se instalará una casilla para recibir la votación el día de la jornada electoral.
Los consejos de casilla tendrán un presidente, un secretario, dos escrutadores y sus respectivos suplentes y se integrarán con los ciudadanos que voluntariamente se inscriban como tales en su distrito y en su defecto, con aquellos que, mediante sorteo, sean escogidos, de entre el padrón electoral, por el consejo distrital respectivo.
Artículo 39. Para ser integrante de un consejo de casilla se requiere:
Ser ciudadano residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; no ser funcionario público ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía y saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.
Artículo 40. Son obligaciones de los integrantes de los consejos de casilla: instalar y clausurar la casilla en los términos de este código; recibir, escrutar y computar la votación; permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura y las demás que les confieran este código y disposiciones relativas.
Artículo 41. Son obligaciones de los presidentes de los consejos de casilla: presidir los trabajos del consejo respectivo y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este código, a lo largo del desarrollo de la jornada electoral; recibir de los consejos distritales la documentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la misma; identificar a los electores; mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario; suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad de las personas; retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afectan la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre las personas; practicar el escrutinio y cómputo con auxilio del secretario y de los escrutadores, ante los representantes de los contendientes, si los hubiere; concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al consejo correspondiente la documentación y los expedientes respectivos y fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones.
Artículo 42. Son obligaciones de los secretarios de los consejos de casilla: levantar durante la jornada electoral las actas que ordena este código y distribuirlas en los términos que el mismo establece; contar inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes presentes de los contendientes, las boletas electorales recibidas y anotar su número en el acta de instalación; comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente; inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con los dispuesto en este ordenamiento.
Artículo 43. Son obligaciones de los escrutadores de los consejos de casillas: contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna y el número de electores anotados en la lista nominal de electores; contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato o fórmula; auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les encomienden.
Artículo 44. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a los órganos de los consejos, señalados en éste y en el anterior capítulos, a petición de los presidentes respectivos, los informes, las certificaciones y el auxilio de la fuerza pública necesarios para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones.
CAPITULO X
De los procesos electorales
Artículo 45. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este código, realizados por los consejos del poder popular que tiene por objeto la renovación periódica de los servidores públicos de elección popular en el país.
Artículo 46. Previo a que se inicie el proceso electoral, el consejo del poder popular federal determinará el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones regionales y de los 400 distritos uninominales.
Artículo 47. Para los efectos de este código, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes: preparación de la elección; jornada electoral; resultados y declaraciones de validez de las elecciones; calificación de la elección y resolución del tribunal respectivo, en su caso.
El proceso electoral ordinario se inicia el 15 de abril del año de la elección ordinaria, con la convocatoria a los partidos y coaliciones a incorporarse a los consejos respectivos y concluye con la calificación de la elección, de no haber controversia. Si éste es el caso el proceso terminará cuando el tribunal correspondiente emita su fallo.
Artículo 48. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer miércoles de octubre y concluye con la clausura de casilla.
La etapa de resultados y de declaraciones de validez y calificación de las elecciones se inicia con la transmisión inmediata de los resultados y remisión de la documentación electoral al consejo que corresponda y concluye con los cómputos, declaraciones y calificaciones que dichos consejos realicen o con las resoluciones que, en su caso, emitan los órganos jurisdiccionales respectivos.
Artículo 49. Los procesos electorales locales y federales, de conformidad con la Constitución, se regirán por los mismos plazos y por la misma secuencia.
Artículo 50. Los secretarios técnicos de los consejos publicarán en tres de los diarios de mayor circulación de su localidad, las convocatorias relativas a los actos del proceso electoral de su competencia. Los consejos distritales harán conjuntamente dichas convocatorias.
Artículo. 51. Los secretarios técnicos señalados en el artículo anterior convocarán, en el año de la elección, a los partidos y coaliciones, el 15 de abril, para que se incorporen a los consejos respectivos entre el 1o. y el 15 de mayo; a los ciudadanos el 15 de mayo, para postular y registrar en los consejos que correspondan, sus candidatos a diputados y jueces locales, diputados y jueces federales de distrito, gobernadores y jueces federales de circuito, miembros de ayuntamientos y alcaldes constitucionales, entre el 1o. y el 15 de junio; a los candidatos el 15 de junio, para participar en la campaña electoral, entre el 1o. de julio y una semana antes del primer miércoles de octubre; a los ciudadanos, el 28 de septiembre, para participar en las elecciones correspondientes, el primer miércoles de octubre.
Igualmente, por parte de los secretarios técnicos de los consejos distritales, el 1o. de mayo, a los ciudadanos para integrar los consejos de casillas, entre el 15 de mayo y el 1o. de junio y por parte del secretario técnico del consejo federal, el 1o. de junio, a los ciudadanos para postular y registrar candidatos a Presidente de la República, canciller y contralor.
Artículo 52. La solicitud de registro de una candidatura deberá anexar dos fotografías, señalar el partido político, coalición o grupo que la postule y los siguientes datos del candidato: apellido paterno, apellido materno y nombre completo; lugar y fecha de nacimiento; domicilio y tiempo de residencia en el mismo; ocupación; clave de la credencial para votar y cargo para el que se le postule.
Artículo 53. Los secretarios técnicos de los consejos que conducen una elección, recibirán toda solicitud de registro de candidatos y en ese mismo acto, con sólo verificar que se cumplen los requisitos formales, les entregarán a cada candidato una credencial con fotografía, haciendo constar en ella el registro respectivo.
Si posterior al registro señalado se advirtiere un error u omisión, se notificará de inmediato al candidato o al grupo que lo postula para que, dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación subsane el error u omisión o sustituya la candidatura y si se encontrare falsedad o falsificación en los documentos proporcionados para obtener el registro de una candidatura, ésta será cancelada de inmediato. La persona que incurra en esta falta quedará inhabilitada por 10 años para participar en cualquier proceso electoral.
Artículo 54. El consejo federal y los consejos locales solicitarán oportunamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos oficiales de cada entidad federativa, respectivamente, de la relación de nombres de los candidatos y de los partidos, coaliciones o grupos que los postulan. En la misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos.
Artículo 55. Para la sustitución de candidatos, los postulantes lo solicitarán por escrito al consejo correspondiente observando las siguientes disposiciones: dentro del plazo establecido para el registro de candidato podrán sustituirlos libremente; vencido dicho plazo exclusivamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los 30 días anteriores al de la elección. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste al consejo general, se hará del conocimiento del grupo que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución.
Artículo 56. La campaña electoral, para los efectos de este código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.
Se entienden por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
Artículo 57. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y particularmente, en la plataforma electoral.
Artículo 58. En los procesos electorales los candidatos deberán contar, en forma equitativa, con los mismos elementos necesarios para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular. La propaganda política electoral en los medios masivos de comunicación se hará exclusivamente a través de los tiempos y espacios que le corresponden al Estado.
Los gastos de dicha propaganda en otros medios tendrán un tope que determinarán, en cada proceso, los consejos del poder popular. Los candidatos deberán presentar al término del proceso electoral un informe financiero de obtención y aplicación de recursos.
Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes los gastos de propagandas y lo gastos operativos de la campaña.
CAPITULO XI
De las casillas y del padrón electoral
Artículo 59. Las casillas deberán ubicarse en lugares que tengan fácil y libre acceso para los electores; propicien la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto; no sean casas habitadas por funcionarios públicos ni por candidatos registrados en la elección de que se trate y que no sean locales de fábricas, partidos políticos, asociaciones religiosas, cantinas y centros de vicio o similares.
Para la ubicación de las casillas, se preferirán los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas. Los secretarios técnicos de los consejos distritales ordenarán la publicación de la lista de los integrantes de los consejos de casillas y la ubicación de éstas, a más tardar el 15 de junio del año de la elección.
Artículo 60. Los representantes de los contendientes, acreditados ante los consejos de casilla, mediante credencial expedida por los consejos y firmada por los candidatos en contienda, tendrán los siguientes derechos: participar en la instalación de la casilla y vigilar el desarrollo de la elección; recibir copia legible de las actas de instalación, cierre, de votación y final de escrutinio, elaborada en la casilla y presentar, al término del escrutinio y del cómputo, escritos o constancias de impugnación.
Artículo 61. El padrón electoral consiste en las listas nominales de electores elaboradas por los consejos del poder popular estatales que contienen el nombre de las personas agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.
La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral y en las listas nominales de electores. Cada sección tendrá como mínimo 50 electores y como máximo 1 mil 500.
CAPITULO XlI
De la documentación y material electoral
Artículo 62. Para la emisión del voto, los consejos del poder popular, tomando en cuenta las medidas de certeza que estimen pertinentes, aprobarán el modelo de boleta electoral que se utilizará en la elección de su competencia.
Dicha boleta contendrá: entidad, distrito, municipio o delegación; cargo para que se postula el candidato o candidatos; color o combinación de colores y emblema del partido político, coalición o grupo independiente; apellido paterno, apellido materno y nombre completo del candidato; un círculo para cada candidato; las firma impresa del secretario técnico del consejo del poder popular correspondiente y espacio para candidatos no registrados.
Los colores y emblema de los partidos políticos, coaliciones y de grupos independientes aparecerán en la boleta por orden alfabético de sus denominaciones.
Artículo 63. En caso de cancelación de una candidatura o sustitución de uno o más candidatos, las boletas que ya estuvieran impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras. Si no se pudiera efectuar su corrección o sustitución o las boletas ya hubiesen sido repartidas a las casillas, los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados al momento de la elección; 20 días antes de ésta, las boletas deberán obrar en poder de los consejos distritales.
Artículo 64. Los secretarios técnicos de los consejos distritales entregarán a cada presidente de los consejos de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente: lista nominal de electores de la sección; boletas para cada elección, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal para cada casilla de la sección; urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate; líquido indeleble; documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios; instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de casilla y canceles o elementos modulares que garanticen que el elector pueda emitir su voto en secreto.
Artículo 65. Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán ser de material transparente y de preferencia plegables o armables y llevarán en el exterior, en lugar visible, impresa o adherida, una boleta de la elección que corresponda.
CAPITULO XIII
De la jornada electoral
Artículo 66. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las mismas.
El primer miércoles de octubre del año de la elección ordinaria a las 8:00 horas, los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de consejos de casillas nombrados como propietarios, procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos y de candidatos independientes que concurran.
El acta de la jornada electoral hará constar el lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación; el nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla; el número de boletas recibidas para cada elección y la hora del cierre de la votación.
Artículo 67. De no instalarse la casilla conforme al artículo anterior, se procederá a lo siguiente:
a) Si a las 8:15 horas no se presentara alguno o algunos de los funcionarios propietarios, actuarán en su lugar los respectivos suplentes:
b) Si a las 8:30 horas no está integrado el consejo de casilla conforme al inciso anterior, pero estuviera el presidente o el suplente, cualquiera de los dos designará a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes y procederá a su instalación:
c) En ausencia del presidente y de su suplente, a las 8:45 horas, el consejo distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la casilla.
d) Cuando no sea posible la intervención oportuna del consejo distrital a las 11:00 horas, los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes ante las casillas designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios, para integrar el consejo de casilla de entre los electores de la sección electoral presentes. En ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los que contienden. Los funcionarios que actuaron en la casilla deberán firmar las actas.
Artículo 68. Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, el presidente del consejo de casilla anunciará el inicio de la votación.
Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor. En este caso, corresponde al presidente dar aviso de inmediato al consejo distrital a través de un escrito en que se dé cuenta de la causa de suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los votantes que al momento ejercieron el voto.
El escrito de referencia deberá ser firmado por dos testigos, que lo serán preferentemente, los integrantes del consejo de casilla.
Recibida la comunicación que antecede, el consejo distrital decidirá si se reanuda la votación, para lo cual tomará las medidas que estime necesarias.
Artículo 69. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la casilla, debiendo exhibir su credencial para votar con fotografía.
Los presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos que estando en la lista nominal de electores correspondientes a su domicilio, su credencial para votar contenga errores de seccionamiento.
El presidente de la casilla recogerá las credenciales para votar que tengan muestras de alteración o no pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a quienes las presenten.
El secretario del consejo de casilla anotará el incidente en el acta respectiva, con mención expresa del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.
Artículo 70. Una vez emitido un sufragio, el secretario de la casilla anotará la palabra "votó" en la lista nominal correspondiente y procederá a marcar la credencial para votar con fotografía del elector que ha ejercido su derecho de votar; impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector y a devolver al elector su credencial para votar.
Artículo 71. Los representantes de los contendientes ante los consejos de casilla, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados. Los ciudadanos en tránsito podrán hacerlo en cualquier casilla que esté en el ámbito de la elección que le corresponda. En ambos casos se anotará el nombre completo y la clave de la credencial para votar, al final de la lista nominal de electores.
Artículo 72. El presidente de consejo de casilla podrá solicitar, en todo tiempo, el auxilio de las fuerzas de seguridad pública a fin de preservar el orden en la casilla y la normalidad de la votación, ordenando el retiro de cualquier persona que indebidamente interfiera o altere el orden.
Artículo 73. Los representantes de los contendientes podrán presentar al secretario del consejo de casilla escritos sobre cualquier incidente que en su concepto constituya una infracción a lo dispuesto por este código.
El secretario recibirá tales escritos y los incorporará al expediente electoral de la casilla.
Artículo 74. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de los consejos de casilla o a los representantes de los contendientes durante la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delito.
Artículo 75. La votación se cerrará a las 18:00 horas. Podrá cerrarse antes de ésta sólo cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente. Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas, aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan votado.
Artículo 76. El presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con lo previsto en el artículo anterior. Acto seguido, el secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la jornada electoral, con la hora respectiva, el cual deberá ser firmado por los funcionarios de la casilla.
Artículo 77. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes del consejo de casilla procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla.
Los integrantes de los consejos de casilla computarán: el número de electores que votó en la casilla; el número de votos emitidos en favor de cada uno de los contendientes; el número de votos anulados y el número de boletas sobrantes de cada elección.
Artículo 78. El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las reglas siguientes:
El secretario del consejo de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre que quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él; el primer escrutador contará el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección; el presidente de la casilla abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía; el segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna; los dos escrutadores clasificarán el número de votos emitidos a favor de cada uno de los contendientes y el número de votos que sean nulos y el secretario anotará en hojas por separado los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que una vez verificados, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.
Artículo 79. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes: se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo círculo o en el cuadro en el que se contenga el emblema o nombre del contendiente; se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada y los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.
Artículo 80. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección que contendrá: el número de votos emitidos a favor de cada contendiente; el número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas; el número de votos nulos; una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere y una relación de escritos, de los representantes de los contendientes al término del escrutinio y cómputo, si los hubiere.
Artículo 81. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas correspondientes de cada elección, las que deberán firmar el presidente y el secretario del consejo de casilla.
Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, el presidente del consejo de casilla transmitirá los resultados de inmediato al consejo del poder popular correspondiente e igualmente remitirá, después de la clausura de la casilla, el expediente de la misma que se formará con la documentación siguiente: un ejemplar del acta de la jornada electoral; un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo y los escritos e incidentes que hubieren ocurrido; las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los votos nulos para cada elección y la lista nominal de electores.
Artículo 82. Los presidentes de los consejos de casilla fijarán avisos en lugar visible del exterior de las mismas con los resultados de cada una de las elecciones.
Artículo 83. Concluidos el escrutinio y cómputo el secretario levantará constancia de la hora de clausura de la casilla.
Artículo 84. Los consejos del poder popular que conduzcan una elección están obligados a difundir sus resultados, el mismo día en que se celebre la votación correspondiente.
CAPITULO XIV
De las nulidades y de los recursos
Artículo 85. Son causas de nulidad de una elección federal las siguientes:
Cuando se acrediten cualesquiera infracciones a este código, en por lo menos el 20% de las casillas; cuando no se instale el 20% de casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida y cuando se ejerza violencia física o moral, generalizada sobre la expresión del sufragio.
Artículo 86. Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y de mayoría no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e inatacables.
Artículo 87. Durante el tiempo en que no haya procesos electorales federales ordinarios, los ciudadanos, los partidos políticos y las organizaciones o agrupaciones políticas podrán interponer ante la Corte el recurso de apelación, en contra de actos o resoluciones del consejo del poder popular federal. En este caso el recurso suspende el proceso hasta que la Corte resuelva.
Artículo 88. Iniciado el proceso electoral y hasta antes del cómputo de la votación, los contendientes podrán interponer ante la Corte el recurso de apelación, en contra de actos o resoluciones del consejo del poder popular. En este caso, el recurso no suspende el proceso. Pasado el cómputo señalado, si se presenta dicho recurso suspenderá el proceso hasta en tanto la Corte resuelva.
Artículo 89. Durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento; si están señalados por días, éstos se considerarán de 24 horas.
El cómputo de los plazos se hará a partir del día siguiente de aquél en que se hubiera notificado el acto o resolución correspondientes.
Artículo 90. Los recursos de apelación deberán interponerse dentro de siete días contados a partir del día siguiente en que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que se recurra.
Artículo 91. En cualquier tiempo, antes de la calificación de la elección, los contendientes pueden solicitar la corrección de errores aritméticos de una elección o la nulidad de ésta.
Artículo 92. Las notificaciones deberán hacerse personalmente al interesado a más tardar al día siguiente de que se dio el acto o se dictó resolución.
Las cédulas de notificación personal deberán contener la descripción del acto o resolución que se notifica, lugar, hora y fecha en que se hace y el nombre de la persona con quien se atiende la diligencia. En caso de que ésta se niegue a recibir la notificación, se hará constar esta circunstancia en la cédula.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, recaídas en los recursos de apelación serán notificadas al consejo del poder popular por oficio, acompañado de copia certificada del expediente y de la resolución, a más tardar al día siguiente en que se dictó la resolución.
Artículo 93. Procede el sobreseimiento del recurso, cuando el promovente desista expresamente; cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o la resolución impugnado de tal manera que quede sin materia el recurso y cuando durante el procedimiento aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia.
Artículo 94. Podrán acumularse los expedientes de aquellos recursos de apelación en que se impugne simultáneamente por dos o más contendientes el mismo acto o resolución.
Artículo 95. En los recursos se debe hacer constar el nombre del actor y domicilio para recibir notificaciones; si el promovente omite señalar domicilio para recibirlas, la autoridad requerirá por estrados al promovente para que lo cumpla y si no lo hiciera se practicarán por estrados; mencionar de manera expresa el acto o resolución impugnados y el órgano electoral responsable; mencionar de manera expresa y clara los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados y los hechos en que se basa la impugnación; ofrecer las pruebas que tuviere y solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que habiéndola solicitado por escrito y oportunamente al órgano competente, no le fueron entregadas y hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.
Artículo 96. Cuando el recurrente omita señalar en su escrito los preceptos legales presuntamente violados o los cite de manera equivocada, la autoridad resolverá el recurso tomando en consideración los preceptos legales que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto y cuando exista deficiencia en argumentación de los agravios, pero éstos pueden ser deducidos de los hechos expuestos en el recurso, la autoridad resolverá con los elementos que tenga a su alcance.
Artículo 97. El secretario técnico del consejo del poder popular, al recibir una impugnación la hará del conocimiento, público de inmediato, a través de cédula que fijará en los estrados y de las partes interesadas dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del recurso.
Dentro de los dos días hábiles siguientes a la de su notificación, los representantes de los contendientes podrán presentar los escritos que consideren pertinentes.
Artículo 98. En lo contencioso electoral podrán ser admitidas cualquier tipo de pruebas.
Artículo 99. Las pruebas aportadas serán valoradas por la autoridad atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia.
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.
Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales y las instrumental de actuaciones, tendrán prueba plena cuando los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.
CAPITULO XV
De las sanciones
Artículo 100. El consejo del poder popular conocerá de las infracciones que cometan los ciudadanos, a lo previsto en este código. La sanción consistirá en multa de 50 a 200 veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal. Será determinada y en su caso aplicada por el propio consejo.
Igualmente, conocerá de las infracciones y violaciones que a las disposiciones de este código cometan los funcionarios electorales, procediendo a su sanción, la que podrá ser amonestación, suspensión, destitución del cargo o multa hasta de 100 días de salario mínimo.
Artículo 101. Conocida una infracción, el consejo integrará un expediente, que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley.
El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al consejo las medidas que haya adoptado en el caso. Este conocerá de cualquiera otra infracción y aplicará la sanción que proceda.
Artículo 102. A quien viole las disposiciones de este código sobre las aportaciones de financiamiento que no provengan del erario público, se le podrá sancionar con multa de hasta el doble del monto aportado indebidamente. Si se reincide en la falta, el monto de la multa podrá ser aumentado hasta en dos tantos más.
TRANSITORIOS
Unico. El presente código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., 16 de abril de 1996.- Diputado Luis Sánchez Aguilar, presidente del Partido Socialdemócrata.»
Aprovechamos la oportunidad, señora Presidenta, para que se sirva usted excitar a la Comisión de Gobernación y ella dictamine la iniciativa que de nueva Constitución presentamos el 28 de abril de 1995.
Segundo. Le rogamos se sirva turnar usted a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la siguiente iniciativa, para su correspondiente dictamen y que asimismo, de no existir inconveniente, se sirva usted ordenar la reproducción y distribución a todos y cada uno de los diputados de esta legislatura, de la presente iniciativa, que en este momento entregamos a la Secretaría.
Muchas gracias, compañeros diputados.
La Presidenta:
Se toma nota de las peticiones del diputado Luis Sánchez Aguilar.
Se hará la excitativa de procedencia y recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la que en este momento ha entregado.
CAMARA DE SENADORES
El secretario Florencio Catalán Valdés:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de esa colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que en sesión pública, celebrada en esta fecha, se eligió la mesa directiva que funcionará durante el lapso comprendido del 15 al 30 de abril en que culmina el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVI Legislatura.
Senadores: Miguel Alemán Velasco, presidente; Enrique Hernández Quinto y Ernesto Navarro González, vicepresidentes; Humberto Mayans Canabal, Pedro Macías de Lara, Auldarico Hernández Gerónimo, Luis Alvarez Septíen, secretarios; Raúl Juárez Valencia, Natividad Jiménez Moreno, Lucía Carrasco Xochipa y Emma Mondragón Navarrete, prosecretarios.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 11 de abril de 1996.- Senadores secretarios: Pedro de León Sánchez y Javier Alvarado Ibares.»
De enterado.
REPUBLICA DE VENEZUELA
La secretaria Leticia Camero Gómez:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Servando Sepúlveda Enríquez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Francisco de Miranda, en su Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 11 de abril de 1996.- Senadores secretarios: Pedro de León Sánchez y Javier Alvarado Ibares.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al licenciado Servando Sepúlveda Enríquez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Francisco de Miranda, en su Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 11 de abril de 1996.- Senadores: Alvaro Vallarta Ceceña, presidente; Pedro de León Sánchez, secretario; Javier Alvarado Ibares, secretario.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 11 de abril de 1996.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA DE LA INDIA
El secretario Jesús Carlos Hernández Martínez:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Autrique Gómez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la India en Monterrey, Nuevo León.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 11 de abril de 1996.- Senadores secretarios: Pedro de León Sánchez y Javier Alvarado Ibares.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Juan Autrique Gómez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la India en Monterrey, Nuevo León.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 11 de abril de 1996.- Senadores: Alvaro Vallarta Ceceña, presidente; Pedro de León Sánchez, secretario; Javier Alvarado Ibares, secretario.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 11 abril de 1996.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 25 de marzo próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Me permito hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, que las personas que se mencionan a continuación se dirigieron a esta Secretaría para solicitar la cancelación del permiso que les fuera concedido por el Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexas sírvase encontrar copias de las cartas de los interesados.
Herminia Laura Buendía Cruz, auxiliar de contabilidad, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; María Villanueva de Aiello, auxiliar de contabilidad, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; Janett Carol Fuentes Montero, operador de computadoras, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; Luis Daniel Chanona Téllez, supervisor de contabilidad, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Al transcribir a ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, anexo al presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 1o. de abril de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio número DAN-00762, con fecha 26 de febrero próximo pasado, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Me permito hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, que las personas que se mencionan a continuación se dirigieron a esta Secretaría para solicitar la cancelación del permiso que les fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexas sírvase encontrar copias de las cartas de los interesados.
Francisco Escofet Villalvazo, asistente de contabilidad, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; Felipe Corrales Mancilla, asistente de contabilidad, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; Jorge Sánchez Urrutia, asistente de nómina, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; Ana Aleyda Serrato Martínez, empleada consular, Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua."
Al transcribir a ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, anexo al presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 1o. de abril de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 3 del actual, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Me permito hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, que las personas que se mencionan a continuación se dirigieron a esta Secretaría para solicitar la cancelación del permiso que les fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexas sírvase encontrar copias de las cartas de los interesados.
Lorena Vizcaya Arellano, operador de computadoras, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; Beatriz DíazCeballos Oseguera, auxiliar de contabilidad, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; Sofía Margarita de la Peña Sánchez, supervisor de contabilidad, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de abril de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
REPUBLICA DE ESTONIA
El secretario Francisco Javier Hernández Armenta:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 11 del actual:
"El general de brigada DEM Roberto Miranda Sánchez, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de abril de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario Sergio Vázquez Olivas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 26 de febrero último, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Peter Cadó Cortés, jardinero, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 1o. de abril de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Roberto Pedraza Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, para informar sobre el avance de la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena.
El diputado Roberto Pedraza Martínez:
Con su permiso, señora Presidenta:
El 6 de diciembre de 1994, al instalarse la Comisión de Asuntos Indígenas de esta LVI Legislatura, las fracciones parlamentarias representadas en ésta, coincidieron en señalar la necesidad de allegarse mayor información en relación a la problemática de los indígenas, que era primordial analizar a profundidad los rezagos que en materia económica, política y social confrontan.
Que la reglamentación o reformas de algunas leyes para preservar y rescatar la cultura, tradiciones y formas de organización comunitarias, era inaplazable.
Es por ello que se acordó que los miembros de esta comisión sostuvieran reuniones con organizaciones y líderes indígenas, mismas que se realizaron y en las que estuvieron representadas la mayoría de las corrientes ideológicas que se han expresado sobre el tema.
Asimismo, acudieron por invitación ante el seno de esta comisión, académicos con diferentes posturas en torno a la problemática indígena; de igual forma, se sostuvieron reuniones con funcionarios gubernamentales, encomendados de la atención indígena.
Ante el reclamo de los pueblos indígenas, se concibió la necesidad de convocar a una consulta nacional para conocer las exigencias de los 56 grupos indígenas que habitan nuestro país, por lo que conjuntamente esta comisión y el Ejecutivo, así como el Senado de la República, se abocaron a encontrar las coincidencias para emitir esta convocatoria.
Esta misma se emitió el 10 de octubre de 1995, y fue publicada en todos los diarios de mayor circulación nacional, en la que se incluyeron los siguientes temas: usos y costumbres de la organización jurídica y política de las comunidades indígenas, cultura indígena, participación y representación política de los indígenas, derecho consuetudinario e impartición de justicia, desarrollo y bienestar social, tierra y patrimonio indígena.
Consulta realizada mediante dos modalidades que fueron: primero, la implementación de foros estatales donde participaron todos los sectores, organizaciones, académicos y público en general, que tuvieron interés en el tema.
Número dos, la realización de encuentros con los pueblos y comunidades en el lugar mismo donde se encuentran asentados, cuyo objetivo fue escuchar y dialogar directamente con los indígenas, para que no sucediera lo de siempre, que otros hablaran por ellos.
Dentro de un marco de respeto y pluralidad política, en una de las reuniones de esta comisión, las cuatro fracciones parlamentarias ratificaron los objetivos de la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena. Dichos objetivos fueron los siguientes:
Los tiempos serían suficientes para que dicha consulta se realizara con la mayor atingencia posible. Que las consultas fueran incluyentes y flexibles de tal manera que se cumplieran los objetivos primordiales, Con el máximo esfuerzo de los diputados de todos los partidos que integran esta comisión, con el auxilio técnico de la Sedesol, del Insol, de la Secretaría de la Reforma Agraria y de otras dependencias auxiliares en esta consulta, hasta este momento se han realizado 31 foros estatales y dos en el Distrito Federal, 91 encuentros indígenas en los que se recibieron 2 mil 500 ponencias, con una asistencia aproximada de 11 mil personas.
Es importante señalar que en la realización de la presente consulta, el gran esfuerzo realizado por su cobertura por los medios de comunicación, fue el siguiente:
Publicación en los medios impresos de todas las entidades federativas de 15 mil carteles; 100 mil folletos trípticos; 7 mil 500 cartas invitación personales, 472 mil 586 impactos de radio en versiones en español en 1 mil 100 emisoras nacionales y regionales; 57 mil 720 impactos de radio en lenguas indígenas en 15 entidades federativas, con 13 variantes de spot radiofónico; 16 mil 731 impactos en televisión en versiones en español, en 82 emisoras del país.
De igual forma en el marco de la consulta nacional se realizaron:
Una reunión de trabajo en el recinto del Senado de la República, convocada por el comité organizador, con la destacada participación del licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Un ciclo de conferencias sobre culturas y derechos de los pueblos indígenas de México, organizado por el archivo general de la nación.
Publicación de artículos sobre temas indígenas en los diferentes diarios de circulación nacional y dos programas de televisión intitulados: "Los pueblos indígenas en el México de hoy".
Del análisis jurídico que se realiza de la totalidad de las propuestas recibidas, se hará el espíritu de las reformas a la ley o la creación de nuevos ordenamientos legales que repercutan en el beneficio de los indígenas y de aquellas que escapen del ámbito jurídico, serán remitidas a las dependencias correspondientes, para que sean consideradas en los planes y programas de la administración pública.
Con esta gama de información, aunada a las propuestas hechas en las mesas de trabajo de Chiapas, consideramos que tenemos el material necesario y suficiente para iniciar nuestro trabajo legislativo.
Se han analizado y se están procesando propuestas emanadas de foros, encuentros, reuniones regionales, documentos emanados de diálogos y asambleas organizadas por organizaciones no gubernamentales y de toda aquella propuesta presentada a esta comisión.
Es de reconocerse públicamente la participación directa de quienes han presidido foros y encuentros, me refiero a ustedes, señores diputados federales y a los senadores integrantes o no de las comisiones de Asuntos Indígenas respectivas, quienes asistieron responsablemente a foros, encuentros y reuniones acordadas, siempre en un clima de madurez política en las 25 reuniones ordinarias que esta Comisión de Asuntos Indígenas ha realizado para la organización, evaluación y seguimiento de esta consulta nacional.
Señores diputados: esta consulta que en un inicio se pensó se efectuaría al vapor, lleva ya seis meses y está por concluir y los integrantes de esta comisión nos gustaría saber algunas de sus propuestas en relación a esta misma consulta en tiempo para así ser consideradas en las propuestas finales de esta consulta.
Es todo, señores diputados.
La Presidenta:
De enterado.
REPUBLICA DE FINLANDIA
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al embajador Ricardo Galán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Finlandia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Ricardo Galán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Finlandia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 3 de abril de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA HELENICA
La secretaria Leticia Camero Gómez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 1o. de abril del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pablo González Sada, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Grecia en Monterrey, Nuevo León, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 2 de abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Consulado de Grecia en Monterrey, Nuevo León, serán de carácter estrictamente consular:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Pablo González Sada, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Grecia en Monterrey, Nuevo León, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 3 de abril de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
CONFEDERACION SUIZA
El secretario Jesús Carlos Hernández Martínez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 1o. de abril del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sofía Román Palencia, para que pueda prestar servicios como asistente cultural en la Embajada de Suiza en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia interesada prestará será como asistente cultural en la Embajada de Suiza en México:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Sofía Román Palencia, para prestar servicios como asistente cultural en la Embajada de Suiza en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 3 de abril de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señora Presidenta, se emitieron 340 votos en pro.
La Presidenta:
Aprobados los proyectos de decreto por 340 votos.
El secretario Jesús Carlos Hernández Martínez:
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
FRANCISCO JOSE MUGICA VELAZQUEZ
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Joaquín Rodríguez Lugo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al aniversario luctuoso de Francisco J. Múgica.
El diputado Joaquín Rodríguez Lugo:
Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:
Este es, ante todo, un acto de compromiso histórico; recordar hoy la figura de Francisco José Múgica Velázquez, a 42 años de su muerte; recordar al hombre y al ciudadano que con su empeño, junto a los extraordinarios compatriotas de su generación, dio contenido social a la Constitución General de la República, al transformar un proyecto de reformas en una nueva Carta Magna.
La Constitución mexicana promulgada en Querétaro, el 5 de febrero de 1917, es la primera Constitución social del presente siglo; merece esta denominación, ya que no sólo se justifica por haber instituido, con la categoría de su propia naturaleza normativa, las garantías sociales, sino también, porque constituye un espejo fiel que proyecta la problemática social, económica, política, educativa y cultural del México contemporáneo.
Es un documento jurídico fundamental que brinda las bases para el tratamiento y la correspondiente solución de los problemas centrales que nos aquejan.
Francisco José Múgica nació en Tingüindin, Michoacán, en 1884. Estudió en varias primarias, al tiempo que su padre, quien era profesor, pasaba de una a otra, brindando su enseñanza; fue en los seminarios de Zamora y Morelia donde aprendió el latín y tradujo a los clásicos cuyos textos recitaba.
Compartió, con muchas otras figuras de la historia de México, la doble calidad: la de intelectual que publicaba pequeños periódicos para atacar al gobernador Aristeo Mercado y la de un hombre de acción que buscaba hacer realidad los sueños y las esperanzas del pueblo, del que se convierte en combativo organizador ayudando a crear y a nutrir la Revolución.
La Revolución Mexicana de 1910-1917, primera de la centuria que está por concluir, calificada por propios y extraños como un movimiento popular y democrático, encuentra sus causas políticas en una serie de incumplimientos, de parte del Ejecutivo, a los principios consagrados de la Constitución liberal de 1857.
El régimen presidencial, señalado en esa Constitución, fue sustituido por un presidencialismo que dominó al Poder Legislativo y al Judicial.
El planteamiento democrático, eje rector del sistema político y parte fundamental de la Constitución juarista, fue cambiado por un poder que avasalló la voluntad popular, erigiendo en su lugar la voluntad personal del dictador.
La institucionalidad, exigencia de la Constitución del 1857, fue sustituida por acciones autoritarias que negaron y pisotearon los principios legales.
Afirmó lo anterior, ya que los procedimientos de Porfirio Díaz eran: mandatos, consignas, exigencias y obediencias ciegas, que formaron el gobierno del hombre y el culto personal en lugar del gobierno de la ley; ello generó un engranaje político que giraba en relación con la voluntad de un dictador, que no respetó, ni ajustó sus acciones a la Constitución y a la ley; por el contrario, su obra dependió de su criterio, que no encontró obstáculos, en virtud de que su fuerza dependía de sí mismo.
El incumplimiento de los principios constitucionales, aunado al problema de la tenencia de la Tierra, la concentración de este factor básico de la estructura económica en pocas manos, que influye desde la derrota de la triple alianza precortesiana, impulsando también a las masas de desposeídos en la guerra de independencia, que sirvió de guía a los liberales durante la reforma, nuevamente arrastró a todo un pueblo que lo mismo tenía hambre de pan que sed de justicia, generando un conflicto de extraordinaria magnitud, denominado "la Revolución Mexicana de 1910".
Esa Revolución que ha resistido con ventura las tendencias que trataron de reducir un movimiento social de tal magnitud, a sólo una contingencia, a una referencia histórica, hoy nuevamente se convierte en la certeza del presente, encontrando en sus virtudes las razones que tenemos para seguir existiendo y para seguir luchando por el destino que todos los mexicanos merecemos.
Cuando Múgica participa como secretario en la redacción del Plan de Guadalupe, en 1913, plan en el cual se explica a los mexicanos de ayer y de hoy los motivos de la lucha y las aspiraciones de los iniciadores, era evidente, al igual que hoy, hablar de reivindicaciones; en este momento sólo me concretaré a ponderar el reclamo original del partido al que orgullosamente pertenezco: democracia y justicia social.
La culminación del movimiento revolucionario es la Constitución Política de 1917; sin embargo, para generar este supremo ordenamiento, fue necesaria una acción de trascendencia política nacional; me refiero a la integración del Poder Constituyente, que pienso debemos verlo como el conjunto de hombres que con todos sus intereses y pasiones demuestran también el sentido de su patriotismo y de su nacionalidad, generando así, una acción de soberanía para estructurar, con bases fundamentales, a un pueblo mediante la creación de una Constitución.
En este sentido la Constitución surge mediante un acto del Poder Constituyente, producto de la voluntad política y social, cuya fuerza y autoridad son capaces de adoptar una serie de decisiones trascendentales para la propia existencia política, a fin de determinar la existencia de esta unidad como una totalidad política.
Quizá nada podría definir mejor la actuación de Francisco J. Múgica como diputado constituyente, cuando electo presidente de la primera comisión de reformas, a la que se turnaron los artículos torales que deberían ser reformados, que lo dicho por sus compañeros: "nadie trabajó más que el diputado Múgica, ninguno estudió tanto como él, nadie rindió mayor labor que la suya, ninguno le superó en la tribuna defendiendo los más altos ideales del pueblo mexicano".
Hacia ese rumbo apuntaba su visión: conformar un Estado soberano, dotarlo de un proyecto político, imprimirle un carácter dinámico, proclamar los principios políticos y socioeconómicos sobre los que se basan la organización y los fines estatales; regular sustantivamente y controlar adjetivamente el poder público del Estado en beneficio de los gobernados.
Figuras como la de Francisco J. Múgica en nuestra historia, hay pocas, pues esas figuras en las que la vinculación con los anhelos de los trabajadores del campo y la ciudad, la identificación clasista, sean nítidas y estrechas, quizá sean la caracterización más cierta del que fuera llamado animador político del Constituyente, el fundamento de su pensamiento y la guía para su acción.
Como funcionario, Múgica tuvo una línea de conducta perfectamente clara y sencilla de comprender. Contemplaba el interés de la sociedad o del país todo, según fuera el caso que se ocupara y procedía a servir a México y a la sociedad, según su entender sin preocuparse para nada de las consecuencias favorables o desfavorables que sus actos producían sobre su figura política.
Hombre de una sola pieza, Múgica nunca ha padecido desgaste moral, hablo hoy de un hombre íntegro que se entregó al más alto destino al que puede entregarse un hombre: el de construir un futuro que no podría observar ni sentir. Esta es la clase de hombres que dejan huella y que nunca mueren.
Señoras y señores diputados: México atraviesa hoy por una circunstancia que exige un esfuerzo extraordinario de todos, requiere emular y tomar el ejemplo de los grandes hombres, como lo fue Múgica, que no se dejaron abatir por las dificultades; tal tarea requiere de nuestra pasión y entrega, requiere, sobre todo, de unidad, de perseverancia y de confianza renovada en nuestras propias capacidades, requiere reflexionar acerca de que el todo nacional es siempre superior a las partes que aspiran a representarlo.
Nuestra obligación fundamental es la preservación del estado de derecho; nuestro compromiso indeclinable es edificar un país de leyes que se cumplan, que sólo con la unión de todos construiremos.
Sí, compañeros diputados, el pueblo que votó por nosotros quiere que sus reclamos, sus demandas y sus propuestas sean encauzadas en el esfuerzo de todos para abatir el desempleo; para atacar la pobreza, el hambre y la desigualdad; para acabar la impunidad y la corrupción; en síntesis, para obtener un mejor nivel de vida que le permita a los mexicanos participar en el funcionamiento transparente de una verdadera democracia.
Para Múgica una Constitución, por más sabia que fuera, es un documento muerto, si no hay hombres que sepan, quieran y puedan poner en práctica sus benéficas disposiciones.
Hoy Francisco José Múgica Velázquez vive junto con todos aquellos héroes que dieron vida a esta nación, nos acompaña con letras de oro desde su lugar privilegiado en este recinto parlamentario; su nombre está inscrito en la historia nacional y perdurará a través del tiempo y de las generaciones.
Muchas gracias.
LUIS SANDI MENESES
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Olga Bernal Arenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al fallecimiento de Luis Sandi.
La diputada Olga Bernal Arenas:
Gracias, señora Presidenta. Con su venia, compañeras y compañeros diputados:
Con motivo del reciente fallecimiento de quien fuera compositor, director de coros y educador mexicano acaecido el pasado 11 de abril, la Comisión de Cultura de este honorable Congreso de la Unión, por mi conducto rinden un merecido homenaje al maestro Luis Sandi, razón por la cual leeré un texto de Fernando García Torres, coordinador nacional de música y opera del Instituto Nacional de Bellas Artes en un homenaje que se le hiciera en vida en su XC aniversario.
"Luis Sandi, un espíritu de nuestro siglo. A Luis Sandi le tocó nacer en los últimos años del periodo porfirista, el 22 de febrero de 1905; creció en una época de convulsiones y revueltas, de aspiraciones y cambios, épocas en la que el país sufrió una sangrienta revolución que aspiraba a un México más libre y democrático, es en este contexto en que el joven Luis Sandi buscó desarrollar su talento artístico al ingresar en el Conservatorio Nacional de Música, bastión que aún mantenía una importante tradición de enseñanza musical trasmitida por mujeres y hombres formados con vigor y disciplina férrea.
Músicos como los maestros José Rocca Bruna, Gustavo E. Campa y Estanislao Mejía le enseñaron al joven Sandi las virtudes del violín y la magia de la composición. Mujeres como Elvira González lo introdujeron en el maravilloso universo de Liederer. Mujeres y hombres que le heredaron un conocimiento, que con inteligencia y energía Sandi supo comunicar a las generaciones posteriores y adaptar a las circunstancias de la naciente sociedad mexicana, sociedad que requería entonces de individuos como Carlos Chávez, que tuvo el ingenio de elegir al joven Sandi como encargado de las actividades corales del propio Conservatorio puesto que a su vez le permitió a Sandi madurar y fortalecer sus anhelos y expectativas, pero sobre todo nombramiento que favoreció a las instituciones culturales al contar con un nombre que supo transformar y enriquecer las actividades musicales de su tiempo.
Al respecto el mismo Carlos Chávez señaló en alguna ocasión que Luis Sandi se echó a cuestas tareas necesarias al desarrollo musical de México en beneficio general, pero su naturaleza creadora le exigió siempre atender las demandas de su espíritu, así lo demuestra su obra como compositor, que despunta en plena formación académica al escribir algunas piezas para violín y piano, voz y piano y para coro.
Esta naturaleza creadora lo impulsó a incursionar en variadas formas de expresión sonora, así ciertas obras se encuentran inmersas en un movimiento que buscaba plasmar la mexicanidad como punto de partida para una auténtica universalidad y es que Luis Sandi supo aprovechar magistralmente el movimiento nacionalista posrevolucionario.
Como un ejemplo de ello podemos mencionar sus composiciones "El Venado" y el "Ballet Bonampak", obras en las que las percusiones, las flautas indias y otros instrumentos de carácter autóctono suenan integradas metódicamente, pero esto no implicó necesariamente el apego a un estilo o forma establecida. Para 1931 Luis Sandi escribió su "Diez HaiK-ais" para canto y piano y sobre poemas de José Juan Tablada, obra maestra en la que la pequeñez de la forma llevada al máximo y lejos de significar reducción de problemas implicó mayores dificultades por la necesidad de hacer una síntesis extrema, obra en la que la armonía es sencilla y la inventiva melódica, fluida, donde la voz está tratada con flexibilidad y seguro conocimiento.
Del mismo modo y apenas algunos años después, escribe sus obras "Las Troyanas", composición coral de un profundo sentido dramático y de una cautivante belleza musical, en la que utilizó los elementos universalmente aceptados como signos característicos de la música griega, como lo haría magistralmente en subsecuentes composiciones corales y estas obras son sólo una muestra de su interesante repertorio, que comprende tanto partituras orquestales como obras para coro o capela, música para guitarra, canciones, ballets, ópera, música de cámara y varias pequeñas piezas.
El trabajo que hasta entonces había realizado Luis Sandi, sentó las bases para que en el momento en que el país recibía un enorme impulso progresista durante la administración del general Cárdenas, surgiera uno de los coros que mayor importancia han tenido en la historia musical de México, me refiero al coro de madrigalistas, fundado en 1938. Este conjunto vocal difundió desde sus inicios buena música entre las clases populares mexicanas. Lo integraban maestros de canto coral, que a su vez dirigían pequeños coros escolares. El propósito principal de Luis Sandi al formar esta agrupación, fue educar a los niños de todas las escuelas en el gusto por la buena música.
Las actividades que realizó el coro de madrigalistas, abarcaron recitales en escuelas y festivales, tanto en el Distrito Federal como en varios estados de la República. El éxito que alcanzó en su primera temporada, tuvo como consecuencia el decidido apoyo por parte del Estado para fomentar la creación de orfeones escolares y difundir la música en todo el país.
De esta manera el coro de madrigalistas emprendió una incansable labor de constante preparación y superación de su repertorio. Basta con pasar lista a las obras que lo integran, para darse cuenta de la magna obra de Sandi. Figuran en sus programas Monteverdi y Villalobos, Pourcel y Ponce, Palestina y Halster, cantos populares españoles, peruanos, ecuatorianos, franceses y mexicanos, obras que navegan entre el renacimiento, el barroco y la música folklórica latinoamericana. Todo esto Luis Sandi lo sabe interpretar con sobria y ejemplar dirección, con talento y emotividad. Luis Sandi sabe el secreto de cómo hacer cantar a un coro con máxima expresividad, recurriendo para ello a un mínimo de movimientos y gestos.
Titánica labor la que desarrolló al frente del coro de madrigalistas durante décadas, indudablemente debida a un hombre que, citando de nuevo a Chávez, ha tenido que trabajar más para el medio en el que vive que para sí mismo, más en las obras de edificación general, social, que en la obra de formación de su propia individualidad creadora.
Va surgiendo así un creador y hacedor innato de grandes obras, un luchador incansable que construyó y fortaleció las actividades musicales de su país.
Luis Sandi sabía de las necesidades de su pueblo y creía en el arte como medio de expresión y formación de espíritu. Por ello se dio a la tarea de producir obras que propiciaran la enseñanza musical de su tiempo, diseña e implanta programas de estudio que permiten elevar el nivel de educación musical en las escuelas primarias, secundarias y normalistas.
Escribe obras didácticas tan importantes como su "Introducción al Estudio de la Música", que han utilizado tan ampliamente varios países de nuestro continente. Publica también una valiosa antología de sus artículos periodísticos, la cual muestra otra de las brillantes facetas del maestro Sandi.
De la misma manera es necesario resaltar su valiosa participación como fundador de la revista "Nuestra Música", empresa formada por una importante generación de compositores como Carlos Blas Galindo, Chávez y Pablo Moncayo, así como de algunos historiadores y musicólogos como Adolfo Salazar y Jesús Val y Gallo, empresa cultura que si bien no adoptó ninguna postura o ideología, sí postuló como principio rector el deseo de impulsar la corriente innovadora del ambiente musical mexicano y el decidido empeño en divulgar la labor de todos aquellos músicos que pudieran aportar a la cultura musical.
Luis Sandi colaboró en varios números de esta revista y confirmó con ello su convicción en favor de transmitir la música a través de cualquier medio. Bien vale la pena corroborar esta afirmación señalando sólo algunas de sus contribuciones. Como escritor y crítico dirigió las páginas musicales de importantes diarios de circulación nacional; fue conductor por varios años del programa de radio "Conciertos Comentados" de la XELA; fue fundador asociado de Ediciones Mexicanas de Música, una de las pocas casas editoras de partituras.
Fue presidente honorario y también fundador de la Liga de Compositores de Música de Concierto. A él se le debe también la formación de las juventudes musicales de México, asociación dedicada a ofrecer en la juventud conciertos de Cámara, sinfónicos, ballets y otras. Como director su talento encuentra terrenos fértiles en múltiples sectores.
Con la Orquesta Sinfónica Nacional toma la batuta para interpretar magnas obras como "La Pasión, según San Mateo", de Bach; "La Creación", de Haydn; "La Misa Solemne", de Beethoven y "Las Bodas", de Stravinsky.
Como director de coros imprime un personal estilo desde los ensayos y lleva a cabo proyectos de grandes dimensiones como la conducción de conjuntos vocales de más de 10 mil voces en espacios abiertos, conmemorando relevantes eventos cívicos.
Como titular de la Opera de Bellas Artes, llevó a escena producciones como "El Orfeo, de Gluck y "Mefistófeles", de Arrigo Boito. Ha realizado las representaciones de "Atzimba" y "La leyenda de Rubel", del mexicano Ricardo Castro. Montó algunas óperas de sus contemporáneos como "Elena la Traicionera", de Hernández Moncada; "La Mulata de Córdoba", de José Pablo Moncayo; "Misa de Seis", de Jiménez Mabarac y "Tatabasco", de Bernal Jiménez, sin dejar de mencionar sus propias óperas "Carlota" y "La Señora en su Balcón".
Como una última referencia a su obra, cabe resaltar su constante interés por vincular la literatura al quehacer musical. Luis Sandi dispuso de la poesía de Ramón López Velarde, Federico García Lorca, Salvador Novo y José Juan Tablada, para realizar hermosas canciones. Ha recurrido a textos de Elena Garro, Francisco Zendejas y Alfonso Reyes, para la creación de sus óperas y cantatas. Así pues, puede constatarse en este fugaz recorrido, una esplendida galería de hechos que constituyen la obra de un hombre que dedicó toda su vida a la música.
Es entre nosotros un ejemplo de incesante talento y energía, de retos, de obras, un hombre que supo construir las instituciones artísticas que requería una sociedad en desarrollo; un músico heredero de conocimientos que, aunados a su propio esfuerzo, han permitido enriquecer la educación musical en México; un artista cuyas creaciones quedarán plasmadas en la memoria de su pueblo; un hombre que tuvo la visión necesaria para dejar a las nuevas generaciones la responsabilidad de continuar las grandes empresas que merece nuestro país.
Señoras y señores: Luis Sandi vivió 91 años realizando aspiraciones y cumpliendo propósitos y sobre todo expresando musicalmente sueños y aspiraciones.
Muchas gracias.
REFORMA POLITICA
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa del grupo parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la reforma política.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Con su permiso, distinguida Presidenta; compañeras y compañeros:
El día de ayer finalmente tres partidos políticos: Partido de la Revolución Democrática; Partido Revolucionario Institucional y Partido del Trabajo, han logrado acuerdos, consensos sobre dos reformas muy importantes para nuestro país, sobre la reforma político-electoral y sobre la reforma del Distrito Federal.
Estos acuerdos en términos del compromiso adquirido por los grupos parlamentarios en esta Cámara, tendrán que integrarse junto con las propuestas que asimismo han presentado las fracciones parlamentarias para buscar los acuerdos, los consensos y las resoluciones que satisfagan el interés nacional.
Creo que más que descalificar a priori los acuerdos de los partidos, debemos ver la importancia de que finalmente éstos se produzcan. En todo caso estos acuerdos merecen un análisis en sí mismo.
Creo que estamos ante una situación nacional donde lo importante es que con esos acuerdos y con la opinión de los grupos parlamentarios se produzcan resultados que satisfagan no solamente a los partidos políticos, que satisfagan el interés de este país que quiere cambios, que quiere democracia, que quiere estabilidad.
Aquí en este espacio podremos enriquecerlos, podemos también de cara a la nación lograr este propósito tan interesante, pero estamos emplazados también por los tiempos.
En diciembre inicia formalmente el proceso electoral para las elecciones de 1997 y tendría que iniciar para la elección del gobernador del Distrito Federal y antes tenemos que lograr un nuevo marco constitucional y lograr las leyes correspondientes para entrar a estos procesos en circunstancias que garanticen un verdadero avance y estabilidad para nuestro país.
Estamos apretados entonces por los tiempos. La reforma a la Constitución tiene que hacerse ya. Tenemos que recibir formalmente estos resultados de los partidos, porque no podemos solamente darnos por enterados a través de los medios e integrarlos con las otras propuestas para que las comisiones ordinarias, legislativas y las especiales, podamos ver, en acuerdo de los coordinadores, cómo se procesan y esto hay que hacerlo antes de que concluya este periodo de sesiones ordinarias.
Lo único que justificaría extenderse a un periodo extraordinario, es que verdaderamente estemos trabajando desde ahora y sea solamente por las circunstancias que tuviéramos que irnos; de otra forma no habría explicación, no habría razón para dejarlos ahí congelados, esto junto a todas las iniciativas que aquí han sido presentadas. Los tiempos ya no dan para eso.
Ciertamente, y hay que reconocerlo, apenas son acuerdos, y no de todos los partidos, en temas muy importantes, pero no en todos los temas de la reforma del Estado.
La reforma del Estado abarca cuando menos, según definiciones aquí internas de la Cámara, ocho temas, pero estoy seguro que todos pensamos que son más.
Habrá quien opine que quizá lo más pertinente es hacer un gran acuerdo en todas y no empezar. No compartimos esa opinión. Hay que empezar, porque justamente es lo que tenemos que hacer, empezar no para pararnos, empezar no para dejar las cosas inconclusas, sino para que sea la entrada y abordemos los siguientes temas, presionados también por los primeros temas que tendríamos que resolver.
De manera que estamos hoy ante un gran reto, el reto de procesar una reforma que debe de iniciar ahora en este periodo de procesar una reforma que sobre todo satisfaga el interés nacional. Esa es nuestra responsabilidad.
Analizaremos con detenimiento esos acuerdos, nos parecen muy importantes, como lo analizaremos junto con las otras propuestas y esperemos que ahora sí verdaderamente este Congreso, y en particular esta Cámara de Diputados, respondamos a expectativas nacionales que requieren cambios en lo político, también en lo económico, pero es momento de que los cambios empiecen y no sigamos solamente con una lógica de iniciativa en donde lo que vemos son retrocesos y no vemos cómo se abre la luz de un país distinto, fortalecido, reformado, al que aspiramos y que nos permita dirimir nuestra controversias en paz y que permita sobre todo a la población ser cada vez más partícipe de las importantes decisiones que se toman a nivel de Gobierno.
Con ese interés, saludamos la conclusión de esos acuerdos y con esta disposición también planteamos que habremos de consensar aquí entre todos lo que esta soberanía tiene necesidad de resolver por interés nacional.
Muchísimas gracias a todos.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jorge Moreno Collado, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:
Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de esta tribuna para saludar también con reconocimiento y con optimismo los acuerdos a los que llegaron las fuerzas políticas reunidas en la denominada Mesa de Barcelona y cuyo propósito fundamental es perfeccionar el sistema democrático mexicano y alentar una profunda reforma política y una profunda reforma del Estado que haga que el pueblo mexicano tenga constitucionalmente establecidas las bases para que la soberanía nacional se haga valer en toda decisión importante y para que en el ambiente de paz, de racionalidad jurídica, resolvamos nuestros problemas, limemos nuestras asperezas y lleguemos a la recuperación de nuestro desarrollo, a la recuperación de nuestro progreso como pueblo, como nación, como sociedad organizada.
Coincido por ello con el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, es un momento para exaltar y enaltecer la capacidad que tiene el pueblo mexicano de formular acuerdos, de llegar a consensos, de demostrar que lo que nos distingue como pueblo y como sociedad, es la vocación democrática, porque así es como se confecciona un régimen democrático, mediante el diálogo, mediante la concertación, mediante los acuerdos, resolver y superar nuestras diferencias, haciendo notar que somos capaces de reconocer también las coincidencias.
Afirmo desde aquí que para la fracción priísta, es alentador que conozcamos que los líderes de los partidos más importantes, el PRI, el PRD, el PT, junto con las autoridades gubernativas, han diseñado y redactado un documento fundamental que contiene acuerdos para la reforma política, para la reforma electoral, para la reforma del Estado, para la democratización del Distrito Federal.
Que esos acuerdos llegarán para el conocimiento de esta soberanía y que aquí tendremos, todas las fuerzas políticas, todos los grupos parlamentarios, que establecer nuestros propios criterios, confrontarlos unos con los otros, discutir profundamente, llevar al estudio las iniciativas que se han presentado, hacer por lo tanto el trabajo que nos encomienda el pueblo, el trabajo que nos encomienda la Constitución, el trabajo que nos encomienda la sociedad.
Discutir estos asuntos viendo sólo por el bien final, por el bien fundamental, por el bien supremo de la nación. No debe animarnos en este caso otro propósito que el de servir a la nación, que el de servir al pueblo mexicano, que el de mirar y velar por su interés.
Obviamente estos acuerdos preliminares que se han adoptado, nos impulsarán a revisar nuestra capacidad de iniciativa, nuestra capacidad de imaginación, pero aquí se tendrán que discutir en el seno del Congreso. Porque el Congreso, como bien se ha dicho, no renuncia, no ha renunciado ni renunciará jamás a la facultad que tiene de ser el creador de las leyes y de formar parte del poder revisor de la Constitución; ahí seguiremos trabajando.
Eso es lo que nos proponen los acuerdos, que finalmente aquí en las cámaras, en las legislaturas de los estados para las reformas constitucionales, se discuta en bien de México, una profunda reforma cuyos acuerdos hoy planteados por las fuerzas políticas saludamos con entusiasmo y las vemos con la gratitud con que deben ver todos los mexicanos a aquellas buenas voluntades que quieren resolver los problemas de la nación.
Por eso, compañeras y compañeros, estamos aquí hoy con entusiasmo, saludando estos acuerdos. Es un hecho trascendental, es un hecho esperado por los mexicanos, los revisaremos, pondremos en juego nuestras facultades, nuestro entusiasmo, nuestra imaginación, nuestro talento y nuestro patriotismo, para ponernos de acuerdo todas las fuerzas.
Llamaremos al PAN, al Partido Acción Nacional, para que se sume también a este esfuerzo, para que discutamos con él las iniciativas que ya presentó y las cotejemos con los acuerdos que ahora nos han enviado y formulemos las iniciativas que sean necesarias. Por eso, compañeros, es un momento y una oportunidad para decir que México reencuentra el camino del diálogo para resolver sus problemas fundamentales de orden político.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Miguel Hernández Labastida, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida:
Señora Presidenta; señores diputados:
Qué bueno que finalmente llegaron pues algunos puntos de acercamiento en lo que se refiere a la reforma electoral y algunas conclusiones en lo que se refiere a la reforma del Distrito Federal.
Algunos diputados desautorizaban el derecho que tuvimos los diputados de Acción Nacional para el día 1o. y 2 de abril presentar seis iniciativas tanto que reformaban la Constitución en lo que se refiere a implantar la democracia participativa en el país, como el lograr el equilibrio de poderes y también ahí proponíamos una nueva Ley Orgánica y un Reglamento para este Congreso, esta Cámara de Diputados. Pero no nos quedábamos ahí, también propusimos reformas al Cofipe como algunos de los planteamientos que aquí hacen y reforma total al Distrito Federal en lo que se refiere a su transformación político y electoral.
¿Y qué es lo que estamos viendo?, pues que lamentablemente hasta ahora estamos viendo puntos de acercamiento, puntos que todavía ustedes, los tres partidos que estuvieron discutiendo esto en Gobernación, van a explorar en sus partidos y qué bueno y ojalá y sea pronto y ojalá y sea rápido, porque como dice el diputado Guerra y estoy totalmente de acuerdo, es momento de trabajar y de trabajar en torno a iniciativas, más que a convenios, más que a acuerdos, más que a conclusiones y más que a puntos de acercamiento o buenas intenciones y estoy de acuerdo que el país requiere del patriotismo de todos los legisladores de la nación porque no es posible jugar con una reforma sustancial en materia de reforma de Estado.
Nosotros lo dijimos, no estamos siendo originales, estamos recibiendo los acuerdos y planteando los acuerdos hasta en cuanto y tanto estuvimos en las mesas de discusión, tanto en Gobernación como el Distrito Federal y también tomamos en cuenta los acuerdos del Castillo de Chapultepec; de ninguna manera pretendimos arrogarnos la paternidad de muchas de las iniciativas y de los puntos de acuerdo en que todos estamos en concordancia; pero lo que hicimos fue ponernos a trabajar y eso es lo que requiere el país, que esta Cámara y la de Senadores, se propongan ¡ya! de una vez por todas, realizar las iniciativas de ley que desde luego, licenciado Collado, estaremos dispuestos todos los diputados de todos los partidos políticos a discutirlos en comisiones, pero ¡ya!
Muchas gracias.
TURISMO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para referirse a la promoción turística.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Con la novedad de que en el gabinete presidencial zedillista, tenemos una modelo de fama internacional; se trata de doña Silvia Hernández, nueva modelo aborigen que compite con las más famosas de la pasarela.
Nombrada Secretaria de Turismo, diseñó rápidamente un programa de superación personal, se aplicó al inglés; mas no crean ustedes que era para hablar por larga distancia con sus pares, era para prepararse a una aparición televisiva sin que mucho se notare el acento español.
Fue también al exterior en múltiples viajes que para muchos resultaba un misterio. Ocurría a Yale, a Princeton, a Harvard, a esa universidades de la Ivy League. No, pronto se supo que más bien asistía a esas escuelas como la de Lee Strasberg, el de Actor's Studio o a las escuelas de modelaje para convertirse en un personaje de la televisión.
Así, un día, demostrando lo que bien aprendió en clase de actuación, de pose, con su mejor sonrisa, con un maquillaje que ya envidiaría Cindy Crawford, aparece ante millones de telespectadores de todo el orbe, anunciando y promoviendo la tarjeta American Express.
Yo me pregunto: ¿por qué no la tarjeta "pobremático"? y en totonaca, en español, que es la que corresponde a nuestra realidad. La dama en cuestión se puso al servicio de una empresa transnacional. No importa que diga si cobró o no cobró; porque hay provisiones legales expresas que se lo prohiben.
Mal asesorada doña Silvia, no tomó nota de que el código punitivo federal establece en su artículo 217, que comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del dominio de la Federación.
Corta de luces no captó que el artículo 222 del mismo código preceptúa que cometen el delito de cohecho, los servidores públicos que de manera espontánea, den u ofrezcan dinero o cualquier otra dádiva, a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, la cual dice que: "comete el delito de cohecho el servidor público que por si o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva" y es el caso que American Express dice que nos regala, es una dádiva, una promoción en favor de nuestro panorama, de nuestro turismo.
Tampoco leyó la señora Hernández, que el citado código en el artículo 223 señala expresamente que "comete el delito de peculado, el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue, es una adversativa, es esto o lo otro, alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, con el objeto de promover su imagen política o social de su persona".
Y es el caso que doña Silvia promovió su bella imagen ante decenas de millones de televidentes del planeta.
Desde luego, tampoco conoce la titular de Turismo, que la Ley de Responsabilidades señala en la fracción XI del artículo 46, que los servidores deben abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión, oficial o particular, que la ley le prohiba.
E ignora también que la fracción XIII de esta ley, le obligaba a excusarse de intervenir en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo a aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles etcétera.
En virtud de estas violaciones a la Ley de Responsabilidades, esta fracción Socialdemócrata, el día de hoy a las 11:00 horas entregó al ciudadano oficial mayor, Artemio Meixueiro, demanda de juicio político en materia penal en contra de la ciudadana Silvia Hernández, secretaria de Turismo, del gabinete de Ernesto Zedillo Ponce de León, por los hechos y las consideraciones de derecho que a continuación se señalan.
Leeremos las más importantes:
El primer hecho: el pasado 17 de enero, la licenciada Hernández firmó un contrato de servicios con una empresa publicitaria norteamericana, para usar, publicar y reproducir su nombre e imagen, con objeto primordial de promocionar los atractivos turísticos de México, así como el o los productos y/o servicios del cliente. El cliente de doña Silvia se llama: American Express.
A partir del 25 de marzo comenzaron a aparecer en la televisión norteamericana, dentro de los horarios de mayor audiencia, los anuncios de la tarjeta citada, en los que aparece a varios cuadros, la ciudadana secretaria Hernández, hablando en el idioma inglés, sobre las bondades y beneficios del uso del plástico, teniendo, desde luego, como fondo, imágenes varias de diversos sitios turísticos mexicanos.
En el punto tercero se señalan los términos del clausulado entre la titular de Turismo y la empresa norteamericana.
Para los efectos a que haya lugar, por este conducto otorgó Silvia Hernández, a favor del cliente American Express y de cada uno de sus respectivos licenciatarios, sucesores y agentes, el derecho de usar, publicar y reproducir su nombre e imagen, con el objeto primordial de promocionar los atractivos turísticos de México, así como los productos o servicios del cliente en televisión y medios impresos en todo el mundo, por un periodo máximo de dos años, a partir de la fecha de firma de ese contrato o bien hasta la fecha en que cese su cargo, lo cual debe de ser próximo o lo que ocurra primero.
A pesar de que la anterior cláusula indica que la licenciada Hernández no recibiría "remuneración alguna", la Secretaría de Turismo, por la celebración de este acto jurídico, recibirá la cantidad de 15 millones de dólares en total, por un paquete de convenios de publicidad con otras compañías de tarjetas de crédito, independientes de American Express, como son: Master Card y Visa Internacional, para la promoción en Estados Unidos y Canadá. Esta es la dádiva que en todo caso, encuadra la conducta de la señora Hernández, en uno de los dispositivos del Código Penal.
No tiene, pues, la Secretaría escapatoria alguna, la nueva modelo es una mezcla de la rubia Claudia Schiffer, la novia del mago David Copperfield y de la morena Naomi Campbell. Resulta que está ahora metida en un serio problema, ya no de imagen, de eso sus asesores de American Express podrán sacarla rápidamente sino una cuestión que ustedes compañeros diputados deben resolver, la procedencia de esta demanda de desafuero para que la titular de Turismo sea sometida a un proceso penal.
Los señalamientos que aquí hemos descrito configuran la comisión de distintas infracciones que hacen procedente la instauración del juicio político en materia penal en aplicación a lo dispuesto por los artículos 108 al 112 de la Constitución Federal al tipificarse las siguientes figuras delictivas: uso indebido de atribuciones artículo 217, cohecho 222, peculado 223 fracción II en relación con el 227 del Código Penal, así como el 47 fracciones II, XIII, XVI y XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por lo expuesto, compañeros diputados, esta fracción Socialdemócrata demanda a esta Cámara de Diputados, se sirva:
Primero. Tenemos por presentados ejerciendo la acción popular para denunciar los hechos supradichos ratificándolos en este mismo acto:
Segundo. Instruir el procedimiento de juicio político en contra de la ciudadana Silvia Hernández, en su calidad de Secretaria de Turismo, determinar las responsabilidades correspondientes, remover el fuero constitucional del que ahora goza y, llegado el momento, iniciar averiguación previa ante las instancias que correspondan para que finalmente en apego a derecho sea remitida al reclusorio que para el efecto sostiene el Estado.
Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Sara Esther Muza Simón, sobre el mismo tema.
La diputada Sara Esther Muza Simón:
Con su permiso, señora Presidenta:
He solicitado hacer uso de esta tribuna, para manifestar mi desacuerdo a los conceptos vertidos por el compañero diputado Luis Sánchez Aguilar, coordinador de la fracción Socialdemócrata de esta honorable Cámara de Diputados, en la que por considerarlo totalmente irrespetuoso en cuanto a los conceptos vertidos para una funcionaria, pero sobre todo para una persona y que creo que ésta, la más alta tribuna de nuestro país merece respeto, omitiré dar mis opiniones personales y seguramente coincidentes con muchos de quienes aquí representamos al pueblo de México.
Me suscribiré únicamente a mencionar por si el diputado Sánchez Aguilar lo quiere registrar, a lo que marca el artículo 42 y sus fracciones XIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que establece como facultades de la Secretaría de Turismo respectivamente promover la difusión de información oficial en materia de Turismo que efectúen los sectores social y privado, así como proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación de dichos sectores.
Yo creo que esto ha sido ampliamente discutido, ampliamente aclarado; sin embargo, no estará de más mencionarlo en esta tribuna el día de hoy.
El artículo 19 de la Ley Federal de Turismo señala que la Secretaría de Turismo difundirá los atractivos nacionales a través de los medios de comunicación y promoción y del material idóneo. Asimismo el artículo 20 de la propia ley, dispone que la Secretaría podrá suscribir con bonos, nótese bien, con bonos que tengan por objeto la instrumentación de programas conjuntos de publicidad con prestadores de servicios turísticos nacionales y extranjeros.
En todo caso quiero referirle al compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que desde luego este tema puede ser una buena oportunidad política para traer a la tribuna comentarios que se han hecho en todos los sentidos, pero que bien vale la pena tomar en consideración lo que nos marca la ley y sus reglamentos.
Del marco jurídico se transcribe que cualquier funcionario de la Secretaría de Turismo incluido su titular, tiene facultades legales expresas para promocionar por cualquier medio legal el turismo de México y hacia México. Pudiéramos pasarnos muy buen rato dando explicaciones del por qué y cómo se hizo la promoción que tanto ha sido mencionada ya en los días anteriores.
El artículo 47 en su fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señala como obligación de estos abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley prohiba, esto quiere decir que la presentación de la imagen de la titular de Turismo está en funciones de lo que su cargo y su encargo le confieren y le autorizan.
Y la fracción XVI del mismo precepto establece que dichos funcionarios deben desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener beneficios, creo que esto ha sido demostrado de manera puntual por la titular del ramo y que considero no tiene ningún caso seguir insistiendo sobre lo mismo.
En virtud de lo anterior, no existe incompatibilidad alguna y por lo tanto tampoco responsabilidad administrativa como las que aquí supuestamente ha mencionado en que la función de servidor público y el uso de su imagen en este anuncio publicitario de una empresa privada en virtud justamente del ejercicio de dicha función.
Para concluir yo quiero dejar muy claro que estamos totalmente conscientes y de acuerdo que la Secretaría cumple con su obligación de difundir los atractivos nacionales en este caso a través de los medios de comunicación; que la Secretaría de Turismo no transgrede en ninguna disposición de tipo legal; que si los comentarios vertidos anteriormente fueron un buen motivo para volver a pasar de nuevo a la tribuna, lo aceptamos, pero que pedimos respeto para quienes ejercen los cargos públicos, para quienes estamos en la Cámara y pedimos al compañero diputado coordinador de la fracción Socialdemócrata, Luis Sánchez Aguilar, pida sean retiradas las palabras altisonantes y los adjetivos totalmente incongruentes y faltos de respeto que sobre la persona de la Secretaría vertió.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Solicitó para contestar alusiones personales la palabra, el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Yo lamento no poder obsequiar la petición de la señora diputada Sara Esther Muza, en el sentido de retirar algunas de las palabras antes dichas por el de la voz, porque no he empleado ningún término irrespetuoso, ofensivo, no he proferido injuria alguna, hemos señalado hechos.
Cuando hemos recomendado en lugar de promocionar American Express en inglés, tarjeta pobremático en totonaca o náhuatl, es porque hay tarjeta pobremático del Gobierno de Zedillo y porque hay etnias náhuatl, totonacas, tojolabales, tarahumaras en este país.
Más bien aprovecho la singular oportunidad que me ofrece la diputada, que debe estar relacionada con el turismo, debe ser amiga, admiradora de doña Silvia, vive en Cancún, bello destino turístico, yo la entiendo, viene aquí a defender lo indefendible, cumplió su misión, cobrará por ello, esto no es un insulto, en política se pagan los favores, sino que vengo a agregar un término más a nuestra evaluación de la actividad de la señora Hernández, que me lo sugiere la intervención de la diputada, pero antes de decir cuál es ese término que vamos a agregar, quiero dejar constancia que la compañera diputada en ningún momento desmintió aquí que doña Silvia se haya puesto al servicio de una empresa trasnacional, hubo servidumbre, prestó un servicio, no pudo decir aquí que ha sido abrogada la Ley de Responsabilidades o que han sido derogados del código punitivo los artículos 217, 223, 222, 227, no desmintió nada, nos hizo el favor de aceptar la existencia de los hechos.
Nos hizo el favor, eso sí, de decir cuáles son las funciones de la Secretaria de Turismo, leyó parte de la Ley Orgánica, pero ha quedado constancia del ostensible acto fallido de una defensa fracasada de la imagen de la Secretaria de Turismo, aquí no se impugnó uno solo de nuestros argumentos, no se dio probanza alguna de la inocencia, como contrario al término de culpabilidad presunta, que nosotros hemos manejado.
Por lo anterior, le repito a la diputada Muza, no ha lugar a que retire una sola frase, una sola palabra, un solo punto, una sola coma, podría decir, inclusive, abusando eso sí, ni un solo intervalo, ni un solo silencio. Ratifico todo absolutamente y agrego una última reflexión.
Muy audaz la diputada viene aquí a decirnos que somos irrespetuosos por ejercer la acción popular para denunciar a las malas y malos servidores públicos. Yo lo que señalo aquí es que quien ha faltado al respeto es precisamente la señora Silvia Hernández, que con su conducta ha ofendido evidente, clara, ostensiblemente, a 90 millones de mexicanos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Víctor Quintana Silveyra.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Quiero hacer un llamado a todos ustedes, por un mandato que me acaba de conferir un grupo de ciudadanas y ciudadanos muy importante, y el mandato es muy sencillo: que ya no le demos más importancia, la tiene, pero no hay por qué darle más, a asuntos como el de la Secretaria de Turismo. Creo que el compañero Luis Sánchez Aguilar lo acaba de especificar muy bien.
Pero ya no podemos seguir discutiendo sobre los deslices publicitarios de la Secretaria de Turismo, cuando al Senado acaba de llegar un proyecto de decreto del Ejecutivo, que reforma el Código de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica de Nacional Financiera, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, donde deja prácticamente sin defensa a los deudores de la banca.
El furor neoliberal, el furor fundamentalista del hessvelá neoliberal que se ha apoderado de este país, no conoce límites y ahora pretenden con esta iniciativa de decreto, embargar por fax, embargar por teléfono y no se les ocurrió porque hasta por Internet podrían embargar también.
Pretenden los señores que los bienes que están dados en fideicomiso, como garantía de los adeudos, sean rematados por el fiduciario sin previo juicio. Pretenden agilizar los juicios, eso sí, en contra de los deudores de la banca, no los juicios de un ciudadano común y corriente, pretenden agilizarlos para que hasta en un máximo de 30 días tengan una solución y los 8 millones de deudores se queden sin su patrimonio familiar.
Este tipo de asuntos los que están preocupando a la sociedad mexicana. Dejemos a Silvia Hernández y analicemos estos asuntos que el pueblo mexicano está sintiendo cotidianamente. Estas son las demandas y éstos son los suficientes de nuestros conciudadanos. Que Silvia Hernández pose para American Express o para Cosmopolitan no afecta la paz social en México; que esta iniciativa de ley del Ejecutivo se apruebe por el Senado y por la Cámara de Diputados, es el próximo paso hacia un estallido social.
Compañeras y compañeros, llamo a su conciencia de legisladores. No dejemos pasar esta iniciativa inconsciente del Ejecutivo. No dejemos que el fanatismo neoliberal siga procediendo de esta manera. Retomemos nuestra labor y nuestra responsabilidad histórica. Escuchemos lo que dice nuestra ciudadanía. Veamos, investiguemos y veremos como esta iniciativa de decreto de Zedillo, es un paso más a la expropiación de toda la familia mexicana.
Muchas gracias.
ESTADO DE MORELOS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al problema de Tepoztlán, Estado de Morelos.
El diputado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:
Compañera Presidenta; diputadas y diputados:
Sin demérito de esta alta tribuna quisiera solicitar a mis compañeros legisladores que si vieron la pluma atómica de esta pluma fuente, su compañera, háganla llegar por favor a su servidor, porque se me perdió y tiene un alto valor de estima para mí. Es una pluma atómica que se me quedó por aquí en alguna curul y sé que todos ustedes son muy honrados y me la van a devolver.
Hace cerca de ocho meses viene ocurriendo en el Estado de Morelos un conflicto que a partir de una propuesta de un proyecto de desarrollo urbano, un club de golf en el municipio de Tepoztlán, suscitó todo un conflicto político que terminó con la renuncia del presidente municipal electo, con la constitución de un consejo municipal que no tomó posesión nunca, que nombró la Cámara de Diputados del Estado, con la convocatoria hecha por los diputados del Estado a iniciativa del propio PRD, para que hubiera una elección extraordinaria al esfuerzo de los partidos políticos, particularmente Acción Nacional, el PRD y el PRI, para poder encontrar una elección extraordinaria para que se concluyese posteriormente que no había condiciones para esa elección extraordinaria, que hubiera sido una salida constitucional y legal al conflicto político que vive ese municipio al todavía no existir un decreto o un procedimiento claro de consulta para constituir un consejo municipal nuevamente por parte de la Cámara de Diputados local, a una difícil relación del Gobierno con esta población y con la organización que se denomina Consejo de Unidad Tepozteco, que se hace reconocer como la representación de ese municipio.
Con toda esta situación se llegó a un enfrentamiento muy lamentable el día 10 de abril. Largos ocho meses en que se han planteado alternativas, búsqueda de recursos, esfuerzo de los partidos políticos por alcanzar una salida legal y constitucional a ese conflicto y ahora estamos ante una situación todavía más difícil porque antes perdió la vida un habitante de Tepoztlán y ahora pierde la vida otro habitante de Tepoztlán en el enfrentamiento con la policía, que habrá que reconocer y conocer la investigación, que en opinión de algunos compañeros legisladores es realmente preocupante la forma en que ocurrieron los hechos y sobre todo, como se puede probar en la autopsia y la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se pueda conocer preliminalmente cómo fue ultimado este ciudadano mexicano.
Con todos estos hechos respetuosos de la soberanía del Estado, pero también ejerciendo nuestro derecho y conminados por nuestros compañeros ciudadanos, todos los legisladores de los partidos políticos que estamos en Morelos, que habitamos en el Estado de Morelos, más allá de nuestras posiciones políticas, partidistas, buscando entre todos un precedente que ya ha ocurrido en el caso de la seguridad pública, donde hemos participado diputados como el diputado Tallabs; el diputado Meade; la diputada Ana Lilia Cepeda y su servidor para ver el problema de seguridad pública, como lo vamos a hacer seguramente también a iniciativa del compañero Tallabs, para ver los límites del Estado, como una preocupación compartimos todos, más allá de partidos, queremos enfrentar este problema también en Morelos.
Con el interés legítimo que tenemos como legisladores, como representantes federales, para afrontar un problema grave desde nuestro punto de vista que se vive en el Estado y que tiene que encontrar soluciones políticas apegadas a derecho.
No queremos aquí, que se entienda, que queremos enfrentar el problema de Tepoztlán desde la perspectiva de un partido político en particular, sino queremos enfrentarla con la estricta responsabilidad de que somos legisladores y que tenemos un compromiso como tales y tenemos que afrontar, por el bien de los pobladores de ese municipio, buscar una salida junto con ellos y junto con las autoridades del Estado, para que pueda preservarse el estado de derecho y se castigue a quien haya sido responsable de haber ejecutado este acto criminal en contra de ciudadanos de nuestro Estado.
Hemos hecho un esfuerzo de consenso para presentar un punto de acuerdo que queremos comunicar a este pleno, a esta soberanía.
Con fundamento del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hemos convenido los diputados de las distintas fracciones parlamentarias representantes del Estado de Morelos, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, por intermedio de una comisión plural integrada por representantes de distintos grupos parlamentarios del Estado de Morelos, representados también en esta soberanía, darán seguimiento a los acontecimientos acaecidos en el Estado, que culminaron con los sucesos del pasado 10 de abril.
Con objeto de contribuir a la aplicación de la justicia y a la solución del conflicto que se vive en esa entidad, con pleno respeto a la soberanía estatal y al federalismo.
Dado en el salón de sesiones de San Lázaro, a 16 de abril de 1996.- Los diputados: firman, por el PRI, Juan Salgado Brito, Samuel Palma, Raúl Ramírez, Jorge Meade, Gerardo Flores; por el PAN, José Antonio Tallabs y por el PRD, Ana Lilia Cepeda y su servidor, Graco Ramírez.»
Muchas gracias y dejo este punto de acuerdo a la Presidencia.
ESTADO DE SINALOA
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del PAN, para referirse a las tarifas eléctricas de Sinaloa.
El diputado Alejandro Higuera Osuna:
Con su permiso, Presidenta en turno; señoras y señores diputados:
Desde el día de ayer, en la mayoría de las principales ciudades del Estado de Sinaloa, se instalaron módulos de atención a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, que pagamos servicios por consumo doméstico. El fin de esta medida es el de orientar en la posibilidad de interponer amparos contra la tarifa que a la fecha la paraestatal aplica a la mayoría de los sinaloenses.
Esta lucha ha sido coordinada por el Frente Común Sinaloense, organización que se constituyó a principios de este año, cuyo único objetivo es el de gestionar y presionar con actos de resistencia civil a las autoridades federales involucradas en la determinación de las tarifas eléctricas para que a Sinaloa se le aplique el decreto del 26 de mayo de 1995, en el cual se establece la tarifa 1E.
Este es el motivo por el cual me permito dirigirme a esta Asamblea, con el fin de que la opinión pública conozca la actitud pasiva que han asumido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del doctor Guillermo Ortiz y el director de la Comisión Federal de Electricidad, el ingeniero Rogelio Gasca Neri, a las peticiones que en forma respetuosa ha planteado el Frente Común Sinaloense, para que a todos los usuarios del servicio doméstico en Sinaloa, se nos aplique la tarifa de verano 1E en esta próxima temporada cálida.
El Frente Común Sinaloense es una agrupación constituida por ciudadanos, partidos políticos, sindicatos, cámaras, asociaciones, colegios, colonos y autoridades municipales y estatales como el Congreso local y el gobierno del Estado de Sinaloa.
El propósito de su constitución es el de organizar en un solo ente, la lucha para que los sinaloenses, reitero, contemos con la tarifa 1E en este periodo de calor.
El frente común es la primera organización en su tipo que aglutina a toda la sociedad y al gobierno, sin importar la militancia política de todos los ciudadanos; todos nos hemos unido por un objetivo común: tarifas justas en los meses de calor.
Un poco de historia, el 26 de mayo de 1995, se publicó en el periódico oficial de la Federación, el acuerdo que autoriza la reestructuración de las tarifas para el consumo, para el suministro y venta de energía eléctrica.
En dicho acuerdo se autoriza a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, aplicar la denominada tarifa 1E para aquellas localidades de consumo doméstico, con temperatura mínima en verano de 32 grados centígrados.
Esta tarifa se aplica en el periodo que comprende los seis meses consecutivos mas cálidos del año y permite a los usuarios gozar de un subsidio de hasta 2 mil 500 kilowatts/hora bimestre.
El citado acuerdo de reestructuración de tarifa entró en vigor el 27 de mayo del año pasado, sin que a la fecha la Comisión Federal de Electricidad haya aplicado tal descuento a los usuarios de Sinaloa.
Por tal motivo esta lucha se inició hace aproximadamente más de dos años, inicialmente con los ciudadanos del municipio de Ahome, un comité de usuarios emprendió actos de resistencia civil, encaminadas a presionar al director de la CFE, para que sólo sujetara al cumplimiento de un decreto que le facultaba resolver en forma positiva la petición de los ahomenses.
Sin embargo, la soberbia y el desprecio que funcionarios como el ingeniero Rogelio Gasca Neri y el propio Secretario de Hacienda, doctor Guillermo Ortiz le tienen a la sociedad y eso sea tal vez porque como decimos en Sinaloa: "no le suda el copete para poder pagar un recibo de luz" o tal vez porque ellos creen que la temperatura que existe en la Ciudad de México, sea la misma que hay en Sinaloa.
Para hacer entender la justa petición de los ahomenses, se realizaron marchas de protesta, tomas simbólicas de oficinas y huelgas de pago, logrando con estos actos de resistencia civil, la promesa del director de la CFE de aplicar la tarifa 1E en este periodo de verano de 1996.
Ojalá que esta promesa no sea igual a la que hace el doctor Ortiz sobre el crecimiento de la economía del país. Lo anterior porque es el Secretario de Hacienda de conformidad al artículo 31 de la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, el encargado de fijar las tarifas eléctricas, así como su reestructuración previa propuesta de la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del centro y escuchando la opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
A la fecha la Comisión Federal aplica la tarifa 1C a todos los usuarios del resto del Estado de Sinaloa, obteniéndose un beneficio sólo de 750 kilowatts, argumentando la paraestatal que la aplicación de la misma obedece al promedio de temperaturas que registran las ciudades de Mazatlán y Culiacán. De acuerdo a esta justificación el promedio de temperatura durante la temporada de verano en esta zona del Estado de Sinaloa es de 30 grados centígrados, para lo cual el Frente Común Sinaloense se ha reunido desde principios de año con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, con el Secretario Ortiz, de Hacienda y con el director de la CFE para demostrar, a través de estudios elaborados por peritos en la materia, que la temperatura promedio en todo el Estado es mayor a los 32 grados centígrados y el nivel promedio de humedad en el aire en la zona de Mazatlán fue mayor al 70%. Cabe aclarar que la Comisión Federal de Electricidad no incluye en sus estudios la temperatura y el nivel de humedad en el aire.
En la zona sur de Sinaloa, comprendida en la región del Trópico de Cáncer, experimenta durante la mayor parte de los meses de verano temperaturas medianamente altas acompañadas de un porcentaje elevado de humedad relativa en el aire. La humedad relativa expresada como porcentaje es una medida del contenido de vapor de agua en el aire. La conveniencia de estos dos factores: calor, humedad, origina que predomine un clima incómodo durante el verano.
La cantidad de energía eléctrica requerida para el enfriamiento de la temperatura en esta región, donde se combina calor y humedad, es altísima en comparación con los consumos que se requieren para el enfriamiento de la temperatura donde el calor se presenta con muy poca humedad. Es este el planteamiento específico que se le ha hecho al Secretario de Hacienda y al director de la Comisión Federal para que incluyan la aplicación de la tarifa 1E, el factor de humedad.
Ante esta demanda, hubo el compromiso por parte del Secretario de Hacienda y del director de la CFE desde el 8 de marzo, de dar respuesta a la solicitud del Frente Común Sinaloense. A la fecha, las autoridades parece que ni ven y ni oyen, ya que no han dado respuesta.
Sin embargo, en los principales núcleos urbanos del Estado desde el mes de febrero se han realizado acciones de resistencia civil para que la Comisión Federal, a través de su director vea, oiga y también actúe. La participación de los sinaloenses ha sido exitosa. Se inició con el apagón todos los lunes de 7:00 a 8:00 horas en el viejo horario de primavera. Durante el mes de marzo se realizaron marchas de protesta contra la CFE y se tomaron simbólicamente sus principales oficinas en el Estado. Asimismo, se realizaron caravanas de automóviles en las principales ciudades en protesta por la falta de respuesta a los usuarios.
El día de ayer se dio inicio en el sur de Sinaloa y en el centro del Estado, de la huelga de pagos a través de imponer un amparo contra la CFE para que no se suspenda el servicio a los usuarios que se sumen a esta huelga.
Es ilegal la tarifa que la CFE aplica a Sinaloa, ya que existe desde mayo del año pasado el decreto en el que el secretario Ortiz firmara y publicara el 26 del mes de mayo de 1995 en el periódico oficial. Es reprobable la actitud del director de la CFE, ingeniero Rogelio Gasca Neri, al no dar cumplimiento al mandato de la Secretaría de Hacienda o tal vez a este decreto del doctor Ortiz, el ingeniero Rogelio Gasca Neri lo haya confundido con un criterio de política económica de 1995 y por eso no lo aplique.
Esperamos que los grandes ahorros que la CFE ha cacaraqueado, como decimos en Sinaloa, por la aplicación del horario de verano, se destinen en un acto solidario a subsidiar los altos consumos que se generan en las zonas calientes húmedas del país.
Señoras y señores diputados: desde este espacio en la tribuna de la Cámara le solicito al Secretario de Hacienda y al director de la CFE comuniquen de manera inmediata respuesta positiva para que a partir de junio se aplique la tarifa 1E al resto del Estado de Sinaloa.
Por su atención gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado Jorge Abel López Sánchez.
El diputado Jorge Abel López Sánchez:
Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna para manifestar la solidaridad y el apoyo de la diputación federal priísta sinaloense a la lucha que estamos librando miles de sinaloenses del centro y sur de Sinaloa, que lo componemos 10 municipios de la entidad.
Una lucha contra las tarifas eléctricas que cobra la Comisión Federal de Electricidad, para lo cual en Sinaloa se integró un frente común, del cual los diputados priístas formamos parte, así como representantes de otros partidos políticos.
Lo difícil en momentos por los que atraviesa el país, son tiempo de reflexión y acción en el interés nacional y todas las acciones que se implementen para salvaguardarlo de la crisis económica que vivimos, deben estar permeadas de una profunda sensibilidad política para que las capas más desprotegidas, tengan mejores formas de sortear las dificultades.
Y en la medida como surjan actos que protejan la economía familiar, se aportarán elementos que salvaguarden el interés y el desarrollo nacional. Una familia con los satisfactores necesarios, es una familia creativa y saludable, lo cual se revierte en una sociedad creativa y saludable.
Ante las demandas que la sociedad sinaloense ha venido haciendo en relación a la aplicación de una tarifa preferencial en el cobro del suministro de energía eléctrica, para aliviar en algo la pesada carga que sostienen los sectores productivos y las familias de nuestro Estado, es que venimos ante ésta, la más alta tribuna, para hacer una enérgica llamada de atención a las autoridades competentes en la materia, para que se sensibilicen y regulen sus acciones en correlación con la economía que vive el país y en las capas sociales más débiles, para lo cual deseo hacer algunas consideraciones:
Que las condiciones climatológicas del Estado de Sinaloa, determinan temperaturas promedio superiores a los 30 grados centígrados en el periodo de verano, lo que induce a un mayor consumo de energía eléctrica para fines domésticos, comercial, industrial y de bombeo para riego agrícola.
Que las tarifas aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad son elevadas y dado el consumo ocasionado por las altas temperaturas de nuestra entidad, afectan de manera significativa la economía familiar y la competitividad de los sectores productivos.
Que existe disparidad entre los incrementos de precios de la energía eléctrica respecto de la posibilidad de pago de los usuarios.
Que el índice de incrementos de dichos precios es mayor que el de los salarios, advirtiéndose de ello, que para fijar las tarifas no se toman en cuenta las condiciones socioeconómicas actuales de la población, dándose el caso de que las familias de escasos recursos deban destinar buena parte de sus ingresos al pago de consumo de energía eléctrica.
Que se reconoce el esfuerzo de la Comisión Federal de Electricidad, para que alrededor del 91% de las viviendas particulares de Sinaloa, dispongan de servicio de energía eléctrica.
Que el mayor consumo de energía eléctrica se destina al uso doméstico, representando un 47% del total; correspondiendo el 37 al servicio de media atención y un 11% al consumo comercial.
Que la humedad ambiental es un factor fundamental y determinante en el alto consumo de energía eléctrica, para lo cual la Universidad Autónoma de Sinaloa, realizó un estudio técnico en el cual se prueba y concluye que este factor que influye y obliga a hacer un alto consumo.
La Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda, tienen en su poder dicho estudio del factor humedad que la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó.
Por lo cual se debe considerar en la retabulación de las tarifas de consumo de energía eléctrica, necesarias para mantener el nivel de temperaturas y humedad controladas. A mayor humedad mayor requerimiento de energía necesaria para mantener la constante temperatura y la humedad controlada.
Que es necesario una redefinición del cálculo de la temperatura media mínima que toma como base la Comisión Federal de Electricidad para otorgar el subsidio, ya que hasta hoy sólo considera el promedio de la temperatura máxima y mínima del día y no toma en cuenta las horas promedio que durante el día permanecen las altas temperaturas y tampoco se valora el que dicha lectura varía incluso por la ubicación geográfica de la estación climatológica de referencia.
Los niveles de temperaturas determinan la estructura de las tarifas y por ello las diferencias del subsidio son muy marcadas en las tarifas de 1C hasta 750 kilowatts, 1D hasta mil, 1E hasta 2 mil 500 kilowatts.
Considerándose respectivamente temperaturas media mínima en verano, de 30, 31 y 32 grados centígrados.
Que organizaciones sociales y privadas apoyadas por las autoridades gubernamentales estatales y municipales, han venido realizando en forma persistente gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Comisión Federal de Electricidad para lograr una reestructuración y modificación de las tarifas eléctricas en el Estado de Sinaloa, obteniéndose el 1o. de noviembre de 1995, la autorización de la tarifa 1E, para ocho municipios de la zona centro del Estado, así como el cambio de tarifa de 1C a 1D, para los 10 municipios restantes ubicados en la parte centro-sur, de Sinaloa.
Que dicho logro es una medida considerada positiva, pero que resulta insuficiente, porque no comprende a todo el Estado, donde predomina un clima cálido por nueve meses del año, además de que las nuevas tarifas eléctricas publicadas el 18 de diciembre de 1995, afectan en lo general a todos los usuarios y en lo particular a las familias de bajos ingresos, que son los que consumen menos de 300 kilowattshora.
La sociedad sinaloense se ha organizado ante la desesperante situación, en un frente común que aglutina a los sectores productivos, organizaciones sociales, partidos políticos, asociaciones, colegios de profesionistas, el Congreso del Estado, ayuntamientos, diputados federales y senadores de distintos partidos políticos y el pueblo en general, para hacer un enérgico llamado de atención a las autoridades competentes, como son: la Secretaría de Hacienda, responsable de la autorización de tarifas y cuotas adicionales; a la Secretaría de Energía, que las revisa y da su anuencia y a la Comisión Federal de Electricidad, que propone y aplica las cuotas que hoy nos agobian a todos.
El Frente Común Sinaloense, donde también está representado mi partido en la persona del senador Juan S. Millán, ha encauzado de manera seria y civilizada, las demandas de la ciudadanía, celebrando diversas reuniones y entrevistas ante instancias competentes. Por ello reconocemos que el Poder ejecutivo ha estado atento a nuestra solicitud hecha en audiencias ante los titulares de Hacienda y Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, entrevistas y reuniones hasta la fecha han sido infructuosas porque la respuesta aún se desconoce.
La sociedad civil, a través de diversas organizaciones sociales, inició el día de ayer un movimiento de rechazo al nivel de las tarifas establecidas, promoviendo la suspensión de pagos, la solicitud de amparos judiciales, así como la recolección de firmas para sumarse a este propósito. Por lo que, desde esta tribuna, la diputación federal priísta hace un enérgico reclamo y solicitamos la intervención de este cuerpo colegiado, para la solución de esta demanda; exigimos que se actúe de acuerdo a la situación económica del país, porque las familias sinaloenses, tienen que optar entre el pagar el consumo de energía o comprar sus alimentos.
Hacemos un llamado a la conciencia y a la cordura política, para que las decisiones tomadas en materia económica, estén permeadas de sensibilidad. Por lo tanto, solicitamos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Federal de Electricidad, sea tomado en cuenta el factor humedad y las consideraciones que hemos hecho y se autorice la tarifa 1E para el centro y sur de Sinaloa, que lo integran 10 municipios de la entidad.
De esta manera, la diputación priísta sinaloense se solidariza con este reclamo popular. Sustentamos nuestras exigencias en lo justo de nuestras demandas.
Esperamos una respuesta pronta por parte del Poder Ejecutivo, ya que el verano está muy cerca.
Por último, no permitamos politizar y mucho menos partidizar esta justa lucha social que es del pueblo sinaloense.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Sobre este mismo tema solicitó la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Muchas gracias, Presidenta; compañeros legisladores:
Nada más para expresar nuestra plena coincidencia, en lo fundamental, tanto con el compañero legislador de Acción Nacional, como del Revolucionario Institucional, respecto a la demanda común en Sinaloa para colocar las tarifas eléctricas en el rango 1E y señalar una cosa que me parece importante que se conozca.
Creo que es la única experiencia, la que tenemos en Sinaloa, donde hemos coincidido, confluido, todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios, todos los organismos empresariales, todos los organismos intermedios. Es decir, tenemos verdaderamente un frente común de los sinaloenses, haciendo una sola causa de frente a la insensibilidad que ha prevalecido en el trato con respecto a las tarifas de luz eléctrica para Sinaloa.
Quisiera decirle a mis compañeros, tanto de Acción Nacional como del Revolucionario Institucional, que haciéndonos eco de ese partido sinaloense que hemos hecho, hacíamos gestiones aquí conjuntamente, presionemos para que a la brevedad posible se dé una solución a todas las familias sinaloenses que han estado interesados en el tema y nos coordinemos para hacer la labor que como legisladores y representantes del Estado de Sinaloa nos corresponde y, por supuesto, una aclaración, es un frente y en un frente nadie encabeza, todos confluimos y así tenemos que continuar y yo creo que podemos ayudarle mucho más a nuestros paisanos.
Gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos solicitó y tiene la palabra el diputado Zenen Xochihua Valdez.
El diputado Zenen Xochihua Valdez:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
He querido hacer uso de la voz también después de haber escuchado la participación de los demás compañeros, pero quiero hacer una denuncia ante esta tribuna, en este pleno, lo que la Comisión Federal de Electricidad en el norte de Sinaloa nos ha hecho, ya que no ha respetado la disposición federal la cual en el Diario Oficial del día 26 de mayo de 1995 aprobó las nuevas tarifas para el norte de Sinaloa, que comprende los municipios de Guasave y Los Mochis, Sinaloa la tarifa T1D; no sabemos los motivos por los cuales el gerente de la Comisión Federal de Electricidad, señor ingeniero Lizárraga, en Los Mochis, no haya querido autorizar, a pesar de los movimientos que se hicieron de los distintos partidos políticos y la población, para que sea posible que este señor gerente pudiera aplicar esta ley.
Por este motivo yo considero y pido a la Presidencia de este pleno que la Comisión de Energéticos y la Comisión de Gestoría y Quejas haga una investigación el motivo que tuvo esta comisión de no respetar una disposición federal del Gobierno, por eso yo les pido que a la mayor brevedad se haga una investigación ya que no es posible que ahora que ya empezaron los calores y que en noviembre se aumentó un 7% la luz y ahora en este año se volvió a aumentar un 6%, no es posible que podamos seguir resistiendo tantas tarifas.
Muchas gracias.
LEON FELIPE
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Matilde del Mar Hidalgo del PRI para referirse al natalicio de León Felipe.
La diputada Matilde del Mar Hidalgo y García Barna:
Con la venia de la Presidencia; honorable Asamblea; curules vacías:
Comprometida como miembro de una generación que como muchas otras más han vibrado en los anhelos y en la palabra del poeta universal, recuerdo que León Felipe nace un 11 de abril, allá en la segunda mitad del siglo pasado, él era el instrumento, la mano tendida entre los continentes y el puente entre el ayer, el presente y el futuro.
Viajero del tiempo que arriba al despertar de una nación recién parida en la cuna de los frutos de su revolución; muere en septiembre de 1968, no ve la sangre del futuro derramada en las piedras ancestrales de Tlatelolco, no ve la desesperanza del presente, no ve la angustia del futuro y nos grita, como lo hiciera en su España natal ante la eminencia de un fascismo que presiente que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo y alerta con su voz ronca el anhelo de esta patria como lo hiciera el Quijote milenario, justicia, justicia, justicia.
Entrega en este país a la tierra los huesos del conquistador y pide el tormento de Cuauhtémoc en su anhelo de ser ciudadano del mundo y parte de esta patria y en este momento tenemos la obligación de contestar a nuestros hijos en este siglo, la pregunta del poeta ante su visión del mañana: ¿qué pueblo es éste que puede ser la esperanza del mundo? Es su México, señor.
Gracias.
POLICIA FISCAL FEDERAL
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la huelga de hambre de la Policía Fiscal Federal.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
Gracias, diputada Presidenta; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
Invitados a esta sala, policías federales fiscales en huelga de hambre.
A partir del 26 de marzo anterior fue instalada una huelga de hambre colectiva e indefinida por personal de la Policía Fiscal Federal en el monumento conocido como el Angel a la Independencia, ubicado en el Paseo de la Reforma de esta ciudad. A pesar de las grandes mantas que explican brevemente su situación, la sociedad indiferente, poco sensible, tal vez ya hecha a la permanente protesta contra la injusticia que colma las calles, no reacciona o lo hace de manera insuficiente y por lo tanto las autoridades correspondientes o patrones, mucho menos. ¿Por qué llegaron a tomar esta medida los jóvenes policías ahí reunidos? ¿Qué desean? ¿Sobre qué los han desoído? El fondo del asunto es su necesidad de no perder la fuente de trabajo de la cual han sido dados de baja injustificadamente, como lo demuestra la documentación que entregaré a la Secretaría junto con una petición a la Presidencia de esta Cámara.
El 26 de noviembre de 1990, en su carácter de titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor Pedro Aspe Armella emitió el acuerdo que establece el Manual de Organización de la Policía Fiscal Federal y que delega facultades en los servidores públicos que la integran. El 31 de diciembre de ese mismo año, el acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por lo que de conformidad con el artículo único transitorio su vigencia se inicia a partir del 1o. de enero de 1991 y perdura hasta la fecha.
Función. De conformidad con su artículo 15, la función fundamental de la Policía Fiscal Federal es la de prevenir y evitar la introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera. Dicha función es desarrollada a través de las diferentes aduanas que se localizan en el territorio nacional y que a la vez son identificadas como fronterizas 20, marítimas 16 e interiores 10, que en conjunto suman 46.
Dependencia. La Policía Fiscal Federal depende directamente de la Dirección General de Aduanas, cuyo titular desde el sexenio pasado es el licenciado Luis Manuel Gutiérrez Levi.
Relación de trabajo, laboral o civil. De conformidad con el artículo 1o., los integrantes de la corporación son servidores públicos reconocidos como personal de confianza al servicio de la propia Secretaría de Hacienda. Tal carácter es ratificado por el artículo 5o. del mismo documento, que en su último párrafo agrega: "por consiguiente, disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social que establecen las leyes respectivas". Asimismo, el artículo 22 mandata: "El personal de la Policía Fiscal gozará de las vacaciones, licencias y descansos que establece la ley correspondiente" y agrega en su fracción II que "en los días no laborables por ley, los responsables de la policía en las aduanas, elaborarán el rol de guardia correspondiente".
Resulta obvio que las múltiples menciones que se hacen de la ley, se refieren a la emanada de los principios establecidos en el artículo 123 constitucional y particularmente a la reglamentaria del apartado B, es decir, a la federal del trabajo burocrático.
Es necesario agregar que en los hechos, la mayoría de los integrantes de la Policía Fiscal Federal, los agentes, además de realizar sus labores en instalaciones que son propiedad del patrón, se encuentran subordinados a sus superiores y se desempeñan conforme a los horarios preestablecidos por la propia Secretaría de Hacienda que, dicho sea de paso, son 12 horas continuas como mínimo.
Con base en tales características de la relación de trabajo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y quienes desde la Policía Fiscal Federal le prestan sus servicios, así como en la jurisprudencia existente, podemos concluir que la misma es fundamentalmente de carácter laboral.
La Policía Fiscal Federal, en la actualidad, cuenta con una plantilla de personal que asciende a los 1 mil 500 elementos, entre agentes C, B, A y comandantes.
Hasta finales de 1992, la corporación tuvo como director al comandante Víctor Hugo Enríquez Andrade, quien a raíz del descubrimiento de un cargamento de cocaína que se pretendió introducir a través del aeropuerto de la Ciudad de México, fue removido de su cargo y sustituido por el actual administrador central. Desde entonces y hasta la fecha, además del general Jorge Santillán Gamper, el control de la corporación se ha concentrado en los hermanos Benjamín, Oswaldo y Erwin Luna Alatorre, el primero, maestro en seguridad nacional del Ejército Nacional Mexicano, ocupó el cargo hasta mediados del 1995, de jefe del Estado Mayor; el segundo, ingeniero de profesión, en los hechos heredó de su hermano el cargo y hasta la fecha se sigue ostentando como jefe del Estado Mayor. La fama pública que le acompaña se debe a su actitud prepotente, complementada de múltiples acusaciones que se le hacen por violar los derechos humanos del personal.
Los riesgos de trabajo. En el desempeño de sus funciones, independientemente de grados o categorías, los elementos y sobre todo los agentes, arriesgan constantemente sus vidas. Prueba de ello son, entre otros muchos, los siguientes casos:
a) El viernes 1o. de julio de 1994 por la madrugada, en la garita conocida como La Linda, de la aduana de Ciudad Acuña, Coahuila, fue brutalmente asesinado el elemento de la Policía Fiscal José Angel Martínez Cervantes, de 36 años de edad, quien fue encontrado atado de pies y manos hacia la espalda, con evidentes muestras de tortura y con tiro calibre 38 en la nuca.
Su compañero de guardia, Armando Falcón Cruz, de 23 años de edad, recibió otro impacto de bala en la espalda, a la altura del omóplato derecho, con orificio de salida a la altura del oído del mismo lado. Por fortuna pudo sobrevivir.
Lo que se supo con posterioridad, fue que dichos elementos fueron agredidos por un grupo de contrabandistas de armas. Cabe señalar que no obstante que dicho puesto se encuentra en plena sierra y totalmente aislado, éste hasta estas fechas fue custodiado por órdenes superiores, sólo por dos elementos.
El sábado 10 de diciembre de 1994, aproximadamente a las 22:00 horas, a la altura del kilómetro 214 de la carretera SonoitaCaborca en Sonora, en el momento en que detenía a un vehículo que se había dado a la fuga, el agente C. Salvador Guerrero Rosales, de 23 años de edad, fue arroyado y muerto por el tractocamión marca Peper Vil, modelo 1975, sin placas y con número de serie 72553P, propiedad de la empresa Transportes de Carga Crespo.
El jueves 29 de diciembre de 1995, en el ejido Las Anacuas, de Reynosa, Tamaulipas, fue encontrado el cuerpo sin vida de la agente B, María Flora Ochoa Galván, de 25 años de edad. Dicha agente además de haber sido brutalmente golpeada recibió cuatro tiros por la espalda. Su agresor, Javier Flores Reséndiz, al momento de los hechos se desempeñaba como miembro activo de la Policía Judicial de dicho Estado y había sido detenido en la garita del kilómetro 26 de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, por la agente B, toda vez que se le detectó un cargamento en exceso de cartuchos, un arma de fuego no reglamentaria y un auto robado con placas de circulación sobrepuestas.
La fragilidad. No obstante lo anterior, y en contrasentido con lo que mandata el multicitado manual, a partir del año de 1992 la Secretaría de Hacienda implementó y en los hechos obligó tanto a los agentes como a los comandantes, a la firma de contratos individuales de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado.
Dichos contratos, de conformidad con su cláusula XI, encuadran la relación que se establece entre la Secretaría y los agentes y comandantes, en el Libro Cuarto, Título Décimo, Capítulo II del Código Civil para el D.F., negando de esa forma la existencia de la relación laboral que de hecho y por derecho existe. Más aún, y en el extremo de la mala fe, la Secretaría de Hacienda en los últimos años ha agregado una cláusula que señala la exclusión de los miembros de la corporación de los beneficios de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de esta manera, además de obligar a los miembros de la Policía Fiscal a aportar el máximo esfuerzo, la Secretaría niega la existencia de una relación laboral y consecuentemente anula los derechos de vacaciones, antigüedad, aguinaldo, descansos semanales y obligatorios, pago de horas extras y primas dominicales y vacacionales, entre otros.
De ahí provienen los siguientes relatos de algunos de los actuales huelguistas: "cuando nos capacitan, nos dicen que una parte fundamental de nuestras obligaciones es la de evitar el contrabando, pero la ocasión en que evité el paso de un trailer por la aduana, me despidieron".
Otro. "Tuvimos un compañero al que enviaron comisionado a Mexicali, Baja California; ahí fue afectado por radiaciones, las cuales le provocaron leucemia. Cuando los médicos dieron cuenta de la enfermedad, el compañero fue despedido y como no tenemos Seguro Social ni ISSSTE nunca pudo atenderse".
"Yo sufrí dice otro, un accidente cuyas consecuencias me obligaron a usar muletas, por eso el médico que me atendió me extendió una receta que incluía incapacidad temporal. Por eso el administrador de la aduana ordenó mi arresto y luego me corrieron."
Finalmente. "Una ocasión impedí el paso a una señora que pretendía pasar la aduana con carga no autorizada, ella se enojó y reclamó. Airada, dijo que su hijo trabajaba en la aduana y que me iba a acusar. De todas maneras le impedí el paso, la reporté y me despidieron".
Comisión de Honor y Justicia. Para colmo de males, sin que se encuentre mención alguna sobre su existencia en el manual, al interior de dicha corporación de manera unilateral fue integrada la mal llamada Comisión de Honor y Justicia, misma que cuenta entre sus participantes con la presencia del general Jorge Santillán Gamper, quien, además de presidirla, se desempeña como administrador central de dicha corporación y del ingeniero Osvaldo Luna Alatorre, quien al mismo tiempo se ostenta como jefe del Estado Mayor.
Paradójicamente el grueso de la plantilla de personal que integra la corporación, que es decir los agentes, no tienen en dicha comisión la mínima representación y que con la participación de los funcionarios mencionados dicha comisión en la práctica actúa como juez y parte.
Tal es el motivo por el cual, tanto las formas como las resoluciones emitidas, han resultado del todo arbitrarias, lo que se genera desde el momento en que el personal sometido a "proceso" no goza de las garantías que a todo ciudadano otorga el artículo 20 constitucional, ya que los agentes, y en su caso los comandantes, carecen de toda posibilidad de acceso a su expediente, y en particular al conocimiento sobre los hechos que se relacionan con las supuestas faltas cometidas.
Asimismo son obligados a rendir partes informativos al general Santillán Gamper, sin importar el tiempo transcurrido sobre las actividades que realizaron en las fechas, lugares y horarios en que se registraron las supuestas infracciones. Se les obliga a rendir declaración sin la asistencia de abogado o persona de su confianza; se les impide el ofrecimiento de pruebas a su favor, así como la posibilidad de manifestar alegatos.
De esta manera las "resoluciones" en el extremo de la arbitrariedad han sido dictadas hasta en menos de 24 horas, con la determinación casi invariable de la baja o despido de la corporación.
¿Existe la corrupción? La constante de lo que platican los afectados es la corrupción, aportan ejemplos con datos, fechas, nombres y lugares, de autoritarismo, nepotismo, prepotencia, violaciones a las leyes laborales y fiscales, como el contrabando, influyentismo, suma de complicidades y demás situaciones que no deberían existir entre los responsables autorizados de este ramo.
Informan que en los últimos tres años han sido despedidos injustificadamente unos 2 mil jóvenes de la corporación creada "para sanear el ambiente", mediante decreto presidencial del 31 de diciembre de 1990.
Precisan que lo curioso es que los capacitan, les obligan a que se aprendan de memoria el reglamento y cuando lo aplican los corren.
Ha sido tan irregular e injustificado el despido de esos policías fiscales que se han organizado para lograr su reinstalación. Han tenido reuniones de trabajo con representantes de la subsecretaría de ingresos de la Dirección General de Aduanas, del Estado Mayor, de la Dirección de Personal de la Contraloría Interna y a todos ellos les han demostrado lo injusto de su despido, pero nada favorable les han resuelto.
¿Existe la corrupción, insistimos? En estos expedientes hay una serie de documentaciones que hacen presumible que así sea.
¿Cuál es la verdadera razón del despido? Como decíamos, si en el 90% de las resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia revisadas hay irregularidad marcada en un primer lote, y en otro hay 85% de irregularidades, desde nuestro punto de vista no puede ser considerado error, sino que refleja un alto grado de mala fe y la posibilidad de que estos trabajadores hayan sido utilizados como chivos expiatorios para cubrir conductas ilícitas de otras personas cuya jerarquía y vinculaciones son presumibles.
Para finalizar, compañeras y compañeros diputados, ¿qué hacer ahora con esta huelga de hambre que lleva más de 20 días.
Estoy convencida de que este Congreso tiene mucho que elaborar para que las leyes de nuestro país protejan por igual a todos los trabajadores, a cambio de un desempeño eficiente y digno, pero en este caso concreto sería necesario interesarnos en él y participar en su solución.
Solicitamos a la Presidencia que tenga a bien turnar a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público y a Gestoría y Quejas, un expediente completo de los que aquí depositamos, con objeto de que ellas los analicen y dictaminen con apego a justicia.
También nos pronunciamos porque las autoridades de la Secretaría de Hacienda reanuden las pláticas conciliatorias con los trabajadores de este movimiento, dado que sus demandas son muy precisas y a nuestro juicio alcanzables.
Primero. Reinstalación del personal despedido injustamente.
Segundo. Suspensión del boletinaje que se hizo por parte de la Secretaría de Hacienda ante la Secretaría de Gobernación y otras dependencias de la administración pública, para impedir su ingreso a otras áreas de trabajo, es decir, anular el dictamen de inhabilitación oficial que les han etiquetado.
Tercero. Respeto irrestricto a los términos del Manual de Organización de la Policía Fiscal Federal que los rige, y que establece la existencia de una relación laboral de ellos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que los contrató:
Cuarto. El reconocimiento inmediato de su status como trabajadores al servicio del Estado por las tareas que realizan.
Delicado es el tema que nos ocupa, pero más grave sería no escuchar la voz de estos jóvenes servidores públicos que por medio de una huelga de hambre se han decidido a compartir la angustia justificada que les provoca el perder injustamente un empleo y, lo más dramático, no tener posibilidades de obtener otro, porque ya han sido boletinados, porque ya los han inhabilitado para ello.
Muchas gracias por su atención. Democracia ya, patria para todos.
La Presidenta:
Conforme a lo solicitado, túrnese a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público.
ENRIQUE GORRIARAN MERLO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para referirse a Enrique Gorriarán Merlo.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, compañera Presidenta; compañeros legisladores:
Desde la prisión de Villa Devoto de Buenos Aires, el ciudadano argentino Enrique Gorriarán Merlo, nos ha remitido una carta para ser entregada personalmente en Los Pinos, su destinatario Ernesto Zedillo Ponce de León. ésto ocurrirá mañana a las 9:00 horas.
En esta misma tribuna hemos abordado el affaire Gorriarán. El líder del ERP argentino fue detenido el 28 de octubre próximo pasado, por un comando conjunto de la policía argentina, del SIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado Argentino, de la Policía Judicial Federal mexicana y de los agentes migratorios de la Secretaría de Gobernación.
En el operativo se violaron las garantías individuales del ciudadano Gorriarán Merlo, no importa alegar aquí si es connacional o si es extranjero, en virtud de lo que estatuye el artículo 1o. de la Carta Magna.
Ese día, con lujo de violencia, con armas de alto poder, los mencionados agentes, entre otras conductas delictivas, incurrieron en abuso de autoridad, asalto a mano armada, coalición de servidores públicos, ataques a las vías generales de comunicación, ejercicio indebido del servicio público, espionaje para llevar a efecto la acción definitiva y desde luego el secuestro.
En virtud de lo anterior, el 28 de noviembre del año próximo pasado, presentamos ante la Procuraduría General de la República, denuncia penal de hechos. Ese día demandamos al agente del Ministerio Público, mandar citar a Emilio Chuayffet para que diga si es cierto como lo es, que los agentes bajo su égida intervinieron en el operativo.
Mandar citar al procurador prianista, Antonio Lozano Gracia, para que declare si es cierto como lo es, que los agentes de la Policía Judicial Federal bajo su mando, intervinieron o no en la citada operación.
Citar asimismo al señor embajador de la República Argentina, para que diga si es cierto, como lo es, que su jefe, el señor Carlos Saúl Menen, se ufanó públicamente ante la prensa internacional, de que 50 de sus "chicos", 50 de sus muchachos, miembros del SIDE, habían venido a México con la complacencia del gobierno zedillista, para perseguir, filtrar, espiar y finalmente secuestrar a Enrique Gorrriarán.
El Ministerio Público ha dicho, mas no ha cumplido, que citará a los ya aludidos.
En el mes de noviembre quedó constituido en este Palacio Legislativo el Comité Proliberación y Asilo Político a Enrique Gorriarán. Más de 120 legisladores de todos los partidos se han sumado a esta iniciativa, hay incluso senadores que asimismo se han sumado.
El texto que Gorriarán dirige a Zedillo Ponce de León, es el siguiente: "De mi consideración. Después de saludarlo atentamente paso al motivo que me lleva a dirigirme a usted.
Fui detenido en su país el día 28 de octubre de 1995. Esto ocurrió en la carretera que une las poblaciones de Tepoztlán y Cuautla. De ese lugar me llevaron a la estación migratoria sita en el Distrito Federal donde permanecí hasta las 5:30 horas del domingo 29 de octubre. A esa hora fui trasladado al aeropuerto internacional de la capital mexicana donde esperaba un avión cesna que me llevó a Buenos Aires dejándome en el aeropuerto militar de El Palomar. Ahí, autoridades mexicanas me entregaron a fuerzas de la gendarmería nacional argentina que me ubicaron ilegalmente en una celda instalada en sus dependencias dentro de la unidad militar de Campo de Mayo.
En el acto de mi detención, además del personal mexicano de la Procuraduría General de la República, intervino por lo menos un miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado Argentino SIDE.
Durante los interrogatorios a que fui sometido en la estación migratoria el día 28 y la madrugada del 29, pude observar la participación de tro miembro de la SIDE Argentino, ambos viajaron después en el avión conmigo y podría fácilmente reconocerlos. Junto a los dos argentinos mencionados venían en el vuelo otros cuatro integrantes de la SIDE y otras dos personas más, piloto y copiloto de la misma nacionalidad. También viajaban dos funcionarios mexicanos, uno de los cuales se llama Víctor Modesto Hernández Ochoa, ostenta el grado de comisario inspector y su foto aparece publicada en la página 98 de la revista argentina Noticias del día 5 de noviembre de 1995. Es quien aparece detrás de mi cabeza y de los dos gendarmes que me acompañaban.
Cuando fui detenido portaba pasaporte uruguayo a nombre de Juan Alberto Rodríguez Marenco, el motivo por el cual ocultaba mi verdadera identidad, era debido a la persecución política de que soy objeto en mi país, cuya justicia había requerido mi captura a la Interpol a raíz de los hechos de La Tablada acaecidos el 23 de enero de 1989.
La causa de mi llegada a México fue la de buscar solidaridad para con mis 21 compañeros presos por la misma razón de La Tablada y la de comenzar gestiones para solicitar mi asilo político en su país. Pensaba iniciar dichas averiguaciones a partir de una reunión que tenía prevista con dos personas de nacionalidad mexicana el mismo día en que fui apresado.
Al presentarse la nueva situación hice la solicitud de asilo ante las autoridades migratorias de México a las 02: 00 horas del día 29 de octubre, en ella reconocí la histórica tradición mexicana respecto a su actitud protectora para con los perseguidos políticos, tal como consta en la declaración que firmé a la hora indicada.
Pero a pesar de que las autoridades me comunicaron en el mismo momento y lugar, que el día lunes 30 se iniciarían los trámites correspondientes, esto no sucedió, por el contrario, tres o cuatro horas después fui llevado al aeropuerto internacional y trasladado a Buenos Aires, como le explicaba al inicio.
Los funcionarios de migración actuaron incumpliendo las leyes internacionales y la de México, al permitir la participación de agentes argentinos en mi captura e interrogatorio y al entregarme a las autoridades de este país, sin tramitar mi pedido de asilo y sin que mediara ninguna solicitud oficial para mi extradición a la Argentina.
Por todo ello y por sus probables implicancias, hago responsable al señor Ministro de Gobernación de México, Emilio Chuayffet Chemor, de quien depende el personal de migraciones. Ellos, violando las leyes y tradiciones de su país, han sentado un precedente que puede llevar a nuevas y reiteradas arbitrariedades, poniendo fin a una noble actitud que durante décadas fue merecedora del sincero reconocimiento de los perseguidos políticos y los pueblos del continente y el mundo. Esto se ha comprobado con la actitud del Gobierno en el caso de los etarras.
Confiando en su compresión y con todo respeto me permito solicitarle su intermediación para ser reintegrado a México, a fin de que se proceda legalmente, subsanando así esta flagrante vulneración de mis derechos.
Lo saludo respetuosamente. Enrique Gorriarán Merlo."
Aquí aparece su rúbrica autógrafa y está certificada por el Servicio Penitenciario Federal, que estuvo presente en el momento de la rúbrica.
Posteriormente en el reverso el instituto de detención el 10 de enero de 1996, certifica que la firma del funcionario del penal que obra en ese anverso es auténtica.
Posteriormente el Ministerio del Interior de la Argentina, certifica así mismo que la firma de los anteriores guarda similitud con la que obra en sus registros.
Por último el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, certifica asimismo la autenticidad de este documento.
Este documento, insistimos, será entregado mañana a su destinatario.
Compañeras y compañeros diputados: a las 10:00 de mañana informaremos sobre los resultados de esta demanda. Lo haremos en conferencia de prensa en el inmueble sito en la esquina de Dinamarca número 72 y Marsella, colonia Juárez.
A todos aquellos partidarios de los derechos humanos y que no hayan rubricado o no se hayan adherido al comite proliberación y proasilo político a Gorriarán, y que sientan solidaridad por esta idea, los invitamos a hacerlo en las oficinas de la Comisión de la Reforma Agraria de esta Cámara de Diputados.
Este comité no prejuzga sobre las acciones revolucionarias de nadie. Los integrantes del mismo, estamos sólo por el imperio de la ley, por el disfrute de las garantías individuales y por el respeto a los derechos humanos de todos los individuos, sean éstos de origen mexicano o del exterior.
Muchas gracias, compañeros diputados.
La Presidenta:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Florencio Catalán Valdés:
Señora Presidenta; se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias. Segundo Año. LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 18 de abril de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Secretario de Marina, invita al acto cívico que con motivo del LXXXII aniversario de la defensa del puerto de Veracruz, tendrá lugar el 21 de abril a las 9:00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXLII aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo, tendrá lugar el 22 de abril a las 10:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Morelos, Tamaulipas y Yucatán.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de reformas y adiciones a las leyes General de Instituciones y Sociedades Mutalistas de Seguros, para Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores y Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Servando Sepúlveda Enríquez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Francisco de Miranda, en su Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de permiso del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Autrique Gómez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la India en Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Peter Cadó Cortés, para que pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta (a las 16:05 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 18 de abril a las 10:00 horas.
| CFE | Comisión Federal de Electricidad |
| Cofesol | Código Federal Socialdemocrático |
| Cofipe | Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales |
| DEM | Diplomado de Estado Mayor |
| D.F. | Distrito Federal |
| ERP | Ejército Revolucionario del Pueblo (de Argentina) |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| Insol | (Sin aclaración) |
| Interpol | Policía Internacional |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Sedesol | Secretaría de Desarrollo Social |
| SIDE | Secretaría de Inteligencia del Estado Argentino |